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Gaceta IAPQROO agosto 2017 Número 5
Consejo Directivo
C.P CARLOS MANUEL
JOAQUÍN GONZÁLEZ
Presidente Honorario
LEÓN RICARDO
LIZÁRRAGA CUBEDO
Presidente del Consejo Directivo
FRANCISCO XAVIER LÓPEZ MENA
Consejero
JUAN MELQUIADES
VERGARA FERNÁNDEZ
Consejero
MANUEL ISRAEL
ALAMILLA CEBALLOS
Consejero
RAFAEL ANTONIO
DEL POZO DERGAL
Consejero
JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA
Consejero
MARISOL ALAMILLA BETANCOURT
Consejera
JORGE ALBERTO PORTILLA MANICA
Consejero
ROSA ELENA LOZANO VÁZQUEZ
Consejera
EDGARDO DÍAZ AGUILAR
Consejero
JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ MORA
Consejero
CARLOS ORTIZ SALINAS
Consejero
FERNANDO ESPINOSA DE LOS REYES
Consejero
CAMINANDO JUNTOS PARA MODERNIZAR AL ESTADO
Quito, Ecuador, Julio 20 de 2017.-
El Mtro. León Lizárraga Cubedo Presidente del Con-
sejo Directivo del Instituto de Administración Pública
del Estado de Quintana Roo A. C. firmó un convenio
marco de colaboración con el Ministerio de Trans-
porte y Obras Públicas de la República de Ecuador,
representado por el Doctor Paúl Granda López en su
calidad de Ministro.
Con este tipo de acciones el IAPQROO consolida la
operación del Modelo para la Modernización de la Ad-
ministración Pública del Estado de Quintana Roo y
construye una Gestión Pública con Visión de Futuro.
La República del Ecuador se ha convertido en
un ejemplo de diseño de políticas públicas con
visión de futuro; un ejemplo de ello es el Plan
estratégico de Movilidad 2013-2037 en el que
confluyen estrategias para el desarrollo, la efi-
ciencia, el fortalecimiento del Estado y desarro-
llo de la soberanía interior con estricto apego a
la transparencia y rendición de cuentas.
Estas alianzas permiten al IAPQROO compartir
experiencias de éxito y fortalecer el quehacer
de la administración pública en nuestro estado.
Firman convenio el IAPQROO y Ministerio de Transporte y
Obras Públicas de la República de Ecuador
Chetumal Quintana Roo, Julio 31 de 2017.
El Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo A. C. impartió dos
cursos sobre el Presupuesto basado en Resultados.
El primero de ellos es el curso taller “Elaboración de Reglamentos Internos” coordinado
por la instructora Alicia Esquer y el segundo es un taller denominado “Metodología para
la Formulación del Presupuesto basado en Resultados “impartido por los instructores
Luis Ocampo y Rodrigo Hernández; estos cursos se presentarán hasta el miércoles 9 de
agosto
El objetivo es el preparar a los servidores públicos en la construcción del andamiaje que
servirá para la implantación del Modelo para la Modernización de la Administración Pú-
blica del Estado de Quintana Roo.
Capacita IAPQROO a personal de las administraciones
públicas quintanarroenses en PbR
Chetumal Quintana Roo, Julio 15 de 2017.-
El Instituto de Administración Pública del Estado de
Quintana Roo A. C. impartió el taller “Modelo de
Adecuaciones Presupuestales con Enfoque PbR” a
personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) con el objetivo de presentar un modelo
de cambio de los programas presupuestarios enfo-
cado al Presupuesto basado en resultados y de pre-
parar a los servidores públicos para la transforma-
ción que tendrá la administración pública del Esta-
do.
El taller es coordinado por la Instructora Martha
Laura Bolívar Meza, que es Licenciada en Ciencias
Políticas y Administración Pública con una Maestría
en Administración Pública y otra en Ciencia Política.
Con estas acciones el IAPQROO construye el andamiaje del Modelo para la Modernización de
la Administración Pública del Estado y contribuye a mejorar la productividad y profesionali-
zación de los servidores públicos del Estado de Quintana Roo.
Imparte IAPQROO Taller “Modelo de Adecuaciones Presupuestales con
Enfoque PbR”
Colaboraciones
Las “oposiciones” son una modalidad de proceso selectivo para el
acceso al empleo público. Sus raíces, como ya se ha visto, se en-
cuentran en el siglo XIX, de donde procede tan singular denomi-
nación.
La expresión, a pesar de su evidente arraigo y de estar recogida
por la RAE como cuarta acepción, no es la más adecuada. Pero
este es un tema menor. Lo importante es la esencia. Y, sobre ello,
debo resaltar que las reflexiones que aquí se vierten se vuelcan
solo sobre los niveles superiores de la Administración Pública
(acceso a cuerpos y escalas o puestos de trabajo del grupo de cla-
sificación A), que es dónde el sector público se juega su futuro.
Tradicionalmente, superar una prueba selectiva de ese carácter se
ha vinculado con “ganar una oposición”, en cuanto que es un pro-
ceso competitivo: unos lo superan mientras que otros no. Su implantación se produjo como medio de
taponar el clientelismo, el favoritismo y la arbitrariedad –que campaba a sus anchas- en el acceso a
la función pública. Y para configurar ese freno institucional se apostó por un tipo de pruebas selecti-
vas basadas en unos temarios (normalmente extensos) que se proyectaban sobre exigencias de con-
tenido memorístico, aunque en algunos casos (los menos) trufadas con algún ejercicio práctico.
Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Al menos la sociedad lo ha hecho. La tecnificación de
plantillas se impone: en Francia 4 de cada 5 plazas cubiertas lo son del grupo de clasificación A. Tam-
bién –aunque en menor medida- ha cambiado la enseñanza, por lo que ahora importa la universitaria
(con la entrada en escena, si bien con dificultades y de forma muy irregular, del “espacio europeo de
educación superior”). Este dato, junto con la irrupción de Internet, el desarrollo de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones, las redes sociales, así como esa sobreabundancia de informa-
ción instantánea y de consumo inmediato a través de innumerables aplicaciones en dispositivos móvi-
les sobre cualquier ámbito que se precie, no destierran el conocimiento memorístico, pero sí lo relati-
vizan mucho.
Las pruebas de acceso a la función pública en las democracias avanzadas caminan por otros derrote-
ros, pues allí se da (aunque no en todos los casos) más importancia a las competencias vinculadas
con las aptitudes y actitudes, que se acreditan fundamentalmente a través de tests y de entrevistas
(por ejemplo: entrevistas estructuradas), y predicen, así, con mayor garantía la adecuación de la per-
sona a las necesidades de la organización. La innovación, por tanto, ha arraigado ya desde hace años
en los procesos selectivos de ciertos países. Algunos ejemplos de tales prácticas, tomados un tanto
aleatoriamente, nos pueden servir de referencia: como es el caso de la Comisión de Servicio Civil de
Canadá: https://www.canada.ca/en/public-service-commission.html; o la Oficina de Selección de la
Administración Federal de Bélgica: http://www.selor.be/fr/. Los test de inteligencia general, así como
Oposiciones1
Rafael Jiménez Asensio
de personalidad, se imponen, junto con otras muchas técnicas. La función pública no necesita
“empollones”, sino personas que presten servicios públicos profesionales de calidad, con capacidad
de adaptación, respuesta, iniciativa, creatividad e implicación.
En cualquier caso, hay una auténtica anorexia de marcos conceptuales y, por arrastre, una ausencia
de competencias básicas para ejercer cabalmente las funciones asignadas (al menos es un fenómeno
que observo) por un buen número de quienes dirigen o trabajan en el sector público. Además, hay
un déficit de actualización a través del estudio. Parte de la culpa la tiene el sistema de acceso: que
pone “todos los huevos en la cesta” de la oposición. La formación light (todavía dominante) contribu-
ye a ese abandono. También el sistema de designación en posiciones directivas o de responsabilidad.
No menos importante es la (casi) general inutilización de la evaluación del desempeño como palanca
de cambio. Presente en las leyes y ausente en la gestión. Preocupante. ¿Dónde están la buena direc-
ción pública y los profesionales (funcionarios) de excelencia? Salvo excepciones, que las hay, no
abundan. No porque no haya capacidades potenciales, sino porque no se estimulan. Afortunadamen-
te, todavía quedan mirlos blancos y personas comprometidas en la función pública. Sostienen el teja-
do de lo público antes de que se hunda. Y hay que agradecérselo, aunque nadie se lo compense: a
los buenos funcionarios, paradojas de la vida, se “les premia” con más trabajo.
Las oposiciones, no obstante, siguen gozando de predicamento social y de una cierta áurea de legiti-
midad. Nadie cuestiona a los funcionarios, porque en su día “ganaron” unas oposiciones; esto es, su-
peraron un proceso selectivo. Nadie se pregunta cómo ni de qué se les examinó (por cierto de cosas
que, por lo común, nada tienen que ver con el presente). Superar una oposición se convierte, así, en
patente de corso. Es el acto más importante de una “carrera administrativa” que fomenta de ese mo-
do “el quietismo”. Ganada la plaza, se puede dormitar. No obstante, sin evaluación no hay remedio.
No sabemos objetivamente qué se hace ni cómo se hace: lo intuimos. Y punto. Una gran paradoja
del “modelo”. Disfuncional a todas luces.
La oposición se considera un método objetivo, más aún en un país en el que la recomendación y el
favor están todavía presentes por todas las esquinas. Y, ciertamente, lo puede ser, siempre que se
plantee cabalmente. Actualmente, el problema real de las oposiciones no es ni su denominación ni
tampoco su función como procedimiento de acceso a la función pública o al empleo público. Las obje-
ciones que se pueden plantear frente a este procedimiento selectivo hacen referencia a su trazado o,
por ser más preciso, en lo que afecta a su diseño. También a su configuración institucional, en parti-
cular a las (escasas) garantías materiales (no formales) que rodean su desarrollo. Veremos ambos
temas, pero en entradas posteriores.
Antes, para cerrar este “aperitivo”, una observación previa: la oposición –en puridad- tendría que ser
el procedimiento ordinario de acceso a la función pública, puesto que es el procedimiento selectivo
que salvaguarda objetivamente con mayor intensidad los principios constitucionales de igualdad, mé-
rito y capacidad.
No obstante, el marco normativo vigente (TREBEP) acepta que tanto la oposición como el concurso-
oposición sean los sistemas de acceso ordinarios al empleo público. Hecha la Ley, hecha la trampa:
el concurso-oposición, a través de un empleador débil e irresponsable que acepta sin rechistar la pre-
sión de unos sindicatos (desatendiendo ambos el interés público que comporta un acceso democráti-
co y exigente a una función pública o empleo público al servicio de la ciudadanía), se ha convertido,
así, salvo en contadas excepciones, en el sistema ordinario de acceso al empleo público: nada mejor
que “trucar” las pruebas edulcorando las bases. Tema muy viejo, hasta insultante, que los tribunales
(empezando por el Constitucional) se han venido “tragando”. Tal vez sea hora de volver a los princi-
pios, esta vez constitucionales. Y reforzar su aplicación. Pero no me interpreten mal, bien planteado
(siempre que la fase de concurso se diseñe correctamente y su peso sea proporcionado) el concurso-
oposición es un buen sistema, pervertido es la antesala de la corrupción (no otra cosa es la quiebra
del principio de igualdad, mérito y capacidad). Las cosas por su nombre. Que quede claro. Nada con-
tra el concurso-oposición, todo contra su mal o perverso uso.
Hay a quien le cuesta entender que lo público lo pagamos todos. También la nómina de los funciona-
rios y de los empleados públicos. Y queremos (más bien es una exigencia democrática y funcional)
que, como es obvio, quienes nos sirvan sean los mejores y lo sigan siendo en el ejercicio ulterior de
sus funciones. Queremos médicos, profesores, policías y funcionarios o empleados públicos excelen-
tes. No personas mediocres ni mucho menos amigos, clientes, familiares o colegas del colegio de
quienes tienen el atributo de nombrarlos o contratarlos a través del “dedo democrático”, del que se
vanagloriaba un necio alcalde (como expuso, en su día, Francisco Longo). Tampoco queremos
“clientes” de los sindicatos. Solo buenos empleados.
Hay una idea que está muy arraigada en aquellos países con instituciones sólidas, no entre nosotros
desgraciadamente. Y no es otra que la naturaleza democrática del acceso a la función pública. Profe-
sionalidad de la función pública y democracia son cuestiones que no se pueden escindir. Quien no
entienda esto no entiende nada de lo que es un Estado democrático. En la página Web de la Comi-
sión de Función Pública de Canadá se explica perfectamente y en pocas palabras: el objetivo funda-
mental que se persigue es disponer de “una función pública no partidista, fundada sobre el mérito y
representativa, al servicio de todos los ciudadanos”. Aclaremos que la igualdad en Canadá es consus-
tancial al principio de mérito. En el Reino Unido, los principios en los que se asienta la selección son
el mérito, la objetividad e imparcialidad y el carácter abierto de las convocatorias. El poder de los
principios.
En España la oposición solo se aplica para el acceso a los cuerpos de élite de la Administración Gene-
ral del Estado y en algunos otros casos más. Una minoría frente al reverdecer del concurso-
oposición. Y eso es algo que se oculta. Todo lo más se intuye. En efecto, de forma imperceptible se
vuelve a imponer de forma generalizada el procedimiento selectivo denominado concurso-oposición
que, por su estructura y finalidad, debería ir dirigido a cubrir determinados puestos de trabajo que,
por sus especiales características, exigieran acreditar experiencia previa contrastada o destrezas es-
pecíficas. Pero, además, se pretende pervertir su esencia: no se premian méritos, se beneficia la an-
tigüedad y otras menudencias formales. Sobre esto ya me despaché a gusto en la anterior entrada.
Se avecinan convocatorias ingentes de pruebas selectivas por “concurso-oposición”. En la sociedad
de las TICS y de la transparencia es difícil ocultar lo obvio: no diga proceso selectivo cuando lo que
pretende es otra cosa. Si no se hace con garantías, un proceso selectivo puede transformarse fácil-
mente en una estafa ciudadana. Habrá impugnaciones en cadena. Las soluciones no son neutras,
menos cuando te juegas un “salario para toda la vida”. Como recordara hace más de veinte años
Alejandro Nieto, el ingreso en la función pública produce “una situación de alivio existencial”: tener la
vida solucionada “para siempre”. Veremos si es así en el futuro. Pero, de momento, hay mucho inte-
rés “económico” y “personal” en cosas aparentemente tan mundanas. Y eso trufa el debate. Más
aún en un sociedad en la que el empleo (privado) está cargado de precariedad. Un empleo público,
como afirma el profesor Joan Mauri, es un bien económico muy preciado, también en la sociedad de
los millennials.
En conclusión, hay que recuperar el acceso a la función pública como principio democrático (pues
así se encuadra ese derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución). Por tanto, solo quie-
nes acrediten talento y virtudes en procesos competitivos y abiertos (sean interinos, temporales o
candidatos en general) deben ser merecedores de un empleo público estable retribuido al servicio
(siempre “al servicio”) del resto de la ciudadanía. Lo demás es jugar con fuego, sembrar vientos
para que se recojan tempestades. Aboguemos por una selección de empleados públicos adaptada a
los tiempos. Exijamos que nuestros funcionarios y empleados públicos sean los más cualificados,
acreditándolo tanto en el momento de su ingreso como en el ejercicio de sus funciones. Es algo que
nos merecemos. Y, además, lo pagamos. Es un derecho de esencia democrática. No solo un dere-
cho fundamental, que también. El valor objetivo de una buena selección de empleados públicos es
algo que no tiene precio. Enriquece a las instituciones y también a la sociedad. Lo contrario es mi-
seria, que solo beneficia a estómagos agradecidos.
[1] Esta reflexión forma parte de una serie de entradas que, bajo el enunciado de La fragilidad del
sistema de mérito, se están difundiendo en el Blog de la siguiente página: https://
estudiosectorpublico.com/blog/ Allí el lector interesado podrá encontrar aquellas entradas que solo
se difundan en esa Web, así como otras sobre Acceso al Empleo Público y Formación en el sector
público.
Sobre el autor: Funcionario excedente de la Administración Pública vasca (Letrado Gobierno vasco 1981-1985 y Jefe del
servicio de estudios y publicaciones del Instituto Vasco de Administración Pública (1985-1992) y de la Universidad del País
Vasco (Profesor Titular de Universidad 1993-2001). Ha sido Profesor de Derecho Constitucional en la Escuela Judicial en
calidad de Letrado del Consejo General del Poder Judicial (1999-2001), Profesor Catedrático de Derecho Constitucional de
ESADE, Universidad Ramón Llull (2001-2004) Acreditado como Investigador Avanzado por la AQU/Cataluña (2004). Cate-
drático de Universidad acreditado ANECA (2012).
La Plata, Argentina
Con la conferencia titulada Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública en América Latina, el Mtro. Alfredo Fer-
nández de Lara Gaitán, representante del IAPQROO, com-
partió con el personal de la oficina de fortalecimiento institu-
cional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires, la relevancia que la transparencia y el derecho a la
información tienen para incentivar una administración públi-
ca más abierta, eficiente y responsable en su actuación ante
la ciudadanía.
A partir del análisis comparado de las experiencias de México, Chile y Colombia el expositor
abordó la expansión que se ha presentado en la creación de leyes de información en la re-
gión latinoamericana, entre 2002 y 2017. Siendo, precisamente Argentina el último país
en decretar una ley de acceso a la información (septiembre de 2016).
El eje de la presentación versó sobre la importancia que tienen la transparencia y las leyes
de información como herramientas que permiten re-
ducir las asimetrías de información entre ciudadanía
y Estado y como instrumento esencial para luchar
contra la corrupción y la opacidad.
Al evento asistieron funcionarios de alto nivel del Mi-
nisterio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires,
entre ellos el secretario general Mauro Solano, quien
abrió el espacio para este intercambio de experien-
cias y buenas prácticas en materia de transparencia
gubernamental.
Mtro. Alfredo Fernández de Lara Gaitán, representante del IAPQROO
dicta conferencia en Argentina
Chetumal Quintana Roo, agosto 1 de 2017.-
El Mtro. León Ricardo Lizárraga Cubedo Presiden-
te del Consejo Directivo del Instituto de Adminis-
tración Pública del Estado de Quintana Roo A. C.;
acudió al programa radiofónico del periodista
Joaquín Pacheco para informar sobre los servi-
cios que promueve el IAPQROO y los avances
que ha obtenido el Instituto a lo largo de ocho
meses de trabajo.
En esta entrevista se destacaron los avances que
ha tenido el IAPQROO en materia de la transfor-
mación y capacitación a los servidores públicos
resaltando 32 cursos/talleres, ocho conferencias,
tres paneles, tres foros, un conversatorio, un
congreso, el seminario México China, una pasantía en España, en donde un total de 2050 servi-
dores públicos han sido capacitados en estos primeros ocho meses de la administración.
El Mtro. León Lizárraga reconoció que la actual administración que encabeza el Gobernador Car-
los Joaquín tiene un reto enorme para con el Estado y por eso con la firma en diciembre pasado
del Acuerdo para la Modernización de la Administración Pública, el IAPQROO ha estado actuando
para cumplir con los compromisos adquiridos.
También hizo mención de la profesionalización a los servidores públicos que el instituto promue-
ve a través de sus becas: la Tercera Beca IAPQROO a la Profesionalización 2017, la Primera Be-
ca IAPQROO a la Investigación 2017 y la Segunda Beca IAPQROO Extraordinaria a la Profesiona-
lización 2017.
Todo parte de la aspiración de organizar la administración pública a través de un modelo de mo-
dernización en donde uno de sus objetivos estratégicos es la organización, la profesionalización
y la administración adecuada de los recursos, se trata precisamente de contar con un modelo de
formación y profesionalización; el IAPQROO viene desarrollando un modelo el cual está en fase
de formación ya que hacen falta realizar once foros ciudadanos en donde la ciudadanía opine
sobre cómo debe ser el actuar de los funcionarios públicos estatales.
Entrevista radiofónica al Mtro. León Lizárraga Cubedo
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