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Programa de Formación y Gerencia Política INTEC /UNIBE /PARTICIPACION CIUDADANA
(2005-2010)
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y VISIÓN DE LOS ACTORES
ANA BELÉN BENITO SÁNCHEZ (Editora)
ANA BELÉN BENITO SÁNCHEZ
CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM
WILFREDO LOZANO
ROTSAY ROSALES VALLADARES
DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL
SISTEMA DE PARTIDOS EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
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El Programa de Formación y Gerencia Política es gestionado por tres
prestigiosas instituciones de República Dominicana: el Movimiento Cívico
Participación Ciudadana, el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y el Centro de Investigación
y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE). Cuenta con el
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en
la República Dominicana (USAID/DR).
Este Programa apoya procesos de democratización en los partidos políticos,
formando y entrenando a sus jóvenes líderes entre los 18 y los 45 años de edad.
Su actividad central son los Cursos de Formación sobre Liderazgo y Gerencia
Política, que pretenden contribuir tanto a modernizar el sistema político como a
una mejor y más cercana relación entre el sistema de partidos y la sociedad
civil, afirmando así un nuevo y joven liderazgo democrático en el país.
Editora Ana Belén Benito Sánchez
Autores Ana Belén Benito Sánchez, Carmen Luisa Figuerias Prim, Wilfredo Lozano y
Rotsay Rosales Valladares
Revisión Ana Selman
técnica
Cuidado Manuel Ortega
de la edición
Diseño
Mayor información: CEGES/INTEC Avenida Los Próceres, Urbanización Galá, Santo
Domingo, República Dominicana
(809) 567-9271 ext. 410 http://gerenciapolitica.org.do1
*Esta publicación fue preparada con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), bajo los términos del Acuerdo de Cooperación 517-A-00-09-00105-00 con
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ÍNDICE PRÓLOGO
Rafael Toribio, Roberto Cuéllar y José Thompson
EL DIAGNÓSTICO: PRESENTACIÓN Y APUNTES METODOLÓGICOS
Wilfredo Lozano
PRIMERA PARTE: EL MARCO NORMATIVO
Ana Belén Benito Sánchez y Rotsay Rosales Valladares
1. LAS REGLAS DEL JUEGO INTERPARTIDARIO NACIONAL
2. LAS REGLAS DEL JUEGO INTRAPARTIDARIO 2.1 Institucionalización
Eje 1. Estatutos, principios y reglas formales de organización
Eje 2. Membresía, militancia
Eje 3. Estructura orgánica, instancias decisorias y funcionamiento de órganos partidarios
Eje 4. Reclutamiento de nuevos miembros
2.2 Democratización
Eje 5.Selección de autoridades partidarias
Eje 6. Selección de candidatos a puestos de elección popular
Eje 7. Definición de políticas
Eje 8. Inclusión: representación de grupos y sectores sociales
Eje 9. Disciplina partidaria
Eje 10. Pluralismo: movimientos, corrientes y tendencias internas
Eje 11. Capacitación y espacios para el debate y la deliberación
2.3 Transparencia interna
Eje 12. Control financiero y rendición de cuentas de la gestión financiera del partido
Eje 13. Legalidad interna, protección derechos de los miembros e instancias de apelación
SEGUNDA PARTE: LA VISIÓN DE LOS ACTORES
Carmen Luisa Figueiras Prim
3. VALORACIÓN DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN 3.1 La normativa interna de los partidos
3.2 Las estructuras partidarias
3.3 Militancia y reclutamiento de nuevos miembros
3.4 La JCE y su aporte al proceso de institucionalización partidaria
3.5 Valoración general y perspectivas futuras en el proceso de institucionalización
4. VALORACIÓN DE LA DEMOCRATIZACIÓN INTERNA 4.1 Democracia interna y toma de decisiones
4.2 Disciplina partidaria
4.3 Pluralismo, participación de la juventud y equidad de género
4.4 Capacitación y espacios para el debate: valoración de la formación partidista
5. VALORACIÓN DE LA TRANSPARENCIA INTERNA 5.1 Control de la gestión partidaria, financiera y la rendición de cuentas
5.2 Valoración de los representantes ante la JCE sobre el financiamiento y la transparencia
TERCERA PARTE: PRINCIPALES CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA
ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA DEL SISTEMA DE PARTIDOS
DOMINICANO (1978-2010)
Wilfredo Lozano y Ana Belén Benito Sánchez
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Participación Ciudadana. El contenido y las opiniones expresadas aquí son responsabilidad de
Participación Ciudadana y no necesariamente reflejan las opiniones de la USAID ni del Gobierno de los
Estados Unidos de América.
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Rotsay Rosales Valladares, Ana Belén Benito Sánchez y Carmen Luisa Figuerias Prim 1. Matrices Normativas de Resultados
2. Matriz Comparativa de Resultados de los Grupos Focales
PRÓLOGO
Rafael Toribio
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La contribución posible a cualquier problema se inicia con el conocimiento del mismo.
La literatura más reciente sobre la gobernabilidad democrática hace referencia a una situación
problemática en los partidos políticos. Hay el señalamiento de que se encuentran en crisis o, al
menos, atraviesan algunas dificultades. Por eso toda propuesta que contribuya a su
fortalecimiento redunda en beneficio de una mejor democracia.
En 2005 el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de Asesoría y Promoción
Electoral (IIDH-CAPEL) realizaron un diagnóstico sobre la situación de los partidos políticos
en Bolivia, Chile y República Dominicana, centrado en el tema de la democratización interna.
Los resultados de ese diagnóstico dieron lugar a la elaboración de un Plan Estratégico con las
acciones necesarias para contribuir al fortalecimiento de los partidos de esos tres países, que se
extendió desde 2006 al 2010. Este aporte al fortalecimiento de los partidos políticos,
instituciones esenciales en la democracia, debía entenderse como una etapa dentro de un
proceso.
El Programa de Formación y Gerencia Política, ejecutado por el consorcio formado por el
Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo
(CEGES/INTEC), el Centro de Investigación y Estudios Sociales de la Universidad
Iberoamericana (CIES/UNIBE), el Movimiento Cívico Participación Ciudadana, con el auspicio
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) decidió unir
esfuerzos y recursos, junto al Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Centro de
Asistencia y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL) para actualizar el diagnóstico que había sido
realizado.
En esta oportunidad, el diagnóstico abarca solo a partidos políticos de la República Dominicana
y está centrado en la Institucionalización, la Democracia Interna y la Transparencia. La
situación de los partidos, respecto a los tres ejes indicados, fue estudiada desde dos perspectivas
complementarias. Primero por un análisis documental de las normas generales existentes en el
país con relación a los partidos, completado con el estudio de las reglamentaciones internas de
los partidos.
A este estudio documental se agrega la visión y opinión de actores políticos, mediante la
metodología de Grupos Focales respecto a los ejes antes señalados. Representantes de la
estructura de los partidos políticos en sus distintos niveles, así como en su dimensión territorial
y sectorial, hicieron conocer sus pareceres sobre estos importantes temas. Por otro lado,
egresados del Programa de Formación y Gerencia Política, en representación de organizaciones
de la sociedad civil, también fueron consultados.
Por la metodología utilizada, en este estudio tenemos una visión más amplia y actualizada de la
situación de los partidos políticos en República Dominicana. Conociendo sus fortalezas y
debilidades respecto a su Institucionalización, Democratización Interna y capacidad de
Transparencia, estaremos en mejores condiciones de contribuir a su fortalecimiento.
Rafael Toribio
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EL DIAGNÓSTICO: PRESENTACIÓN Y APUNTES
METODOLÓGICOS
Wilfredo Lozano
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EL DIAGNÓSTICO: PRESENTACIÓN Y APUNTES METODOLÓGICOS
El presente informe es producto de la colaboración inter institucional del Programa de
Formación y Gerencia Política (PFGP) con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y
el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH/CAPEL). Desde hace más de una década, el
IIDH/CAPEL, en su propósito de fortalecer la democracia en América Latina a través del los
sistemas de partidos políticos, ha desarrollado diferentes proyectos de investigación para
conocer el estado de la cuestión en cada uno de los países. Por su parte, en República
Dominicana, gracias a la alianza estratégica con IIDH/CAPEL el Programa de Formación y
Gerencia Política que ejecuta el consorcio Participación Ciudadana-UNIBE-INTEC, y bajo el
auspicio de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de América (USAID), se han
llevado a cabo diversas actividades formativas y de investigación que tienen como propósito
diseñar estrategias de intervención en las áreas de institucionalización, democracia interna y
transparencia de los partidos políticos.
Fruto de la colaboración entre estas dos instituciones es el presente diagnóstico del sistema de
partidos en República dominicana. Como el el mismo actualiza el diagnóstico elaborado en el
2006 sobre el sistema de partidos dominicano titulado “Democratización de los partidos
políticos en Bolivia, Chile y República Dominicana” (Rosales y Valverde 2006), cuyo período
de análisis comprende 1999-2004. En el presente estudio ha sido fuente de referencia obligada
y punto de partida de este informe, los valiosos aportes del trabajo previo elaborado por Rotsay
Rosales (2010): “Institucionalización, democracia y transparencia interna de los partidos
políticos. Fortalecimiento de los partidos políticos de la República Dominicana 2010”,
preparado en el marco del programa de Fortalecimiento de los Partidos Políticos en República
Dominicana del IIDH/CAPEL. En el mismo se analiza el marco normativo nacional e
intrapartidario en base a los ejes institucionalización, democracia y transparencia y sus 13
variables de existencia normativa, en el periodo comprendido entre 2005-2010. El diagnóstico
que aquí se presenta complementa el elaborado por Rosales, incluyendo a los partidos
minoritarios que quedaron fuera de su análisis e incorporando las percepciones de los actores
involucrados, con el objetivo de mostrar una fotografía fidedigna del panorama partidario
dominicano, más allá del marco formal normativo.
En el diagnóstico actual, que abarca 2005-2010, se sigue el protocolo metodológico en él
establecido para poder identificar en el tiempo, los cambios y continuidades en el sistema de
partidos en la República Dominicana.
Los tres ejes o dimensiones que guían este diagnóstico son:
Institucionalización: proceso de renovación, regeneración y creación de estructuras que le dan
vida propia a una organización, a través de mecanismos internos que se ejecutan de forma
permanente y predecible. Un partido debe considerarse institucionalizado cuando establece
lealtades y alianzas mediante relaciones comunes de identidad, valores, expectativas e intereses,
que van más allá de líderes o circunstancias políticas específicas.
Democratización: conjunto de normas y actuaciones que garantizan que la escogencia de
autoridades, la designación de candidatos a puestos electivos y el diseño de la plataforma
política sea producto de la voluntad libremente expresada de la mayoría de sus miembros.
Transparencia: existencia de claridad en la procedencia, distribución, manejo y uso de los
fondos con que cuentan los partidos políticos para financiar sus actividades. Se relaciona con la
eficaz existencia de órganos y procedimientos reglamentarios que garanticen el control y el
respeto de las normas y el comportamiento ético de todos los miembros del partido, tanto al
interno de ese órgano como en el ejercicio de funciones públicas.
Estas tres dimensiones serán valoradas en función de los preceptos que regulan estos aspectos
en la normativa nacional y en la estatutaria interna, y se contrastará con las opiniones de los
actores entrevistados representantes del escenario político electoral dominicano. Cada una de las
dimensiones y ejes identificados se acompaña de una matriz de resultados donde se cuantifican
los indicadores de existencia normativa, para cada uno de los partidos considerados: Partido de
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la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Partido
Reformista Social Cristiano (PRSC), Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), Alianza por
la Democracia (APD) y Fuerza Nacional Progresista (FNP).
Este diagnóstico se apoya en diversos tipos de fuentes de información y datos:
1. Fuentes primarias
Legislación nacional: El análisis de la normativa aplicable permitirá conocer el conjunto de
mecanismos que establecen el “deber ser” de la dinámica del sistema de partidos en la
República Dominicana. Un marco legal que está definido por el contexto político de cada
momento, y por lo tanto, un valioso indicador de cómo los actores dan respuesta legal y
adaptan el juego partidario a los requerimientos de la consolidación democrática. Se analizarán
la Constitución de 1994, la nueva Constitución de 2010, la Ley Electoral No.275 de 1997, y el
Anteproyecto de Ley de Partidos Políticos.
Normativa partidaria interna: Los Estatutos, Declaraciones de principios y valores,
Reglamentos internos y Programas electorales de los partidos políticos permiten conocer cómo
adaptan sus estructuras al marco de referencia nacional. Este conjunto de disposiciones
muestran el “deber ser interno” de los partidos.
Grupos focales: Esta técnica de investigación social permite conocer de primera mano las
percepciones de los actores implicados a través de un diálogo abierto y estructurado. La validez
metodológica de estas opiniones se fundamenta en el carácter representativo de los mismos, ya
que son una representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial. Para la
elaboración de este diagnóstico se realizaron siete (7) grupos focales (GF) con representantes
de los siguientes colectivos: 1) organizaciones de la sociedad civil; 2) delegados de los partidos
políticos ante la JCE; 3) mujeres egresadas del PFGP y representantes de la Mujer del partido;
4) jóvenes egresados del PFGP y encargados de Juventud del partido; 5) dirigentes del PLD; 6)
dirigentes del PRD; y7) dirigentes de la APD. En cuanto a los perfiles seleccionados en cada
uno de los GF, éstos fueron: responsables nacionales de formación, juventud y mujer; tres
dirigentes provinciales y/o municipales (presidentes, secretarios generales o de organización),
tres síndicos y/o autoridades municipales, y tres legisladores.
2. Fuentes secundarias
Artículos de opinión, trabajos académicos y resoluciones de la JCE: Se trata de un
conjunto de documentos que analizan e interpretan los eventos partidistas más importantes
acontecidos en el periodo que abarca este estudio (2005-2010). Para este propósito se
recopilaron más de un centenar de artículos de opinión y editoriales de los periódicos de mayor
circulación del país, estudios de caso sobre diferentes aspectos del escenario político nacional,
informes de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales sobre las
contiendas electorales de 2006, 2008 y 2010, y resoluciones de la JCE sobre las controversias
partidistas internas. Un acervo documental que facilita un acercamiento especializado y
pormenorizado al estado de la cuestión desde múltiples ópticas. Especialmente valiosa es la
óptica que ofrecen las llamadas “voces que hacen opinión”; análisis de politólogos y sociólogos
dominicanos sobre aspectos tan relevantes como el peso de la movilización clientelar en el país,
las elecciones internas, el reparto de poder entre facciones, el voto preferencial o la reelección
presidencial entre otros temas, y cuyo esfuerzo de recopilación será sin duda un aporte clave
para el estudio de la micropolítica en la República Dominicana.
Para la elaboración de este diagnóstico se ha utilizado una estrategia de investigación cualitativa
y diacrónica (2005-2010), con el propósito de identificar cambios y continuidades en la
dinámica del sistema de partidos en la República Dominicana. Durante el periodo objeto de
estudio, se han celebrado dos contiendas legislativas y municipales (2006 y 2010) y una
presidencial (2008); escenarios de obligada referencia para descender al terreno de la
fenomenología en las tensiones que origina la selección de candidatos, la transmisión del
mensaje al electorado o el peso de la maquinaria partidista entre otros. En esta tarea, se sigue el
protocolo metodológico del diagnóstico del año 2006, en base a las tres variables o ejes ya
señalados: institucionalización, democracia interna y transparencia y sus 13 indicadores de
existencia normativa. Los hallazgos de este trabajo de investigación se recogen en las cinco (5)
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matrices de resultados que acompañan el análisis, permitiendo una visualización sistemática de
los mismos.
El diagnóstico que aquí se presenta ofrece un panorama de recurrente fragilidad institucional y
cuya máxima expresión es el incumplimiento de los estatutos y la ausencia de sanciones. En
este escenario, priman los arreglos informales para solventar las controversias y las vicisitudes
en la organización de la vida de los partidos dominicanos. Viejas prácticas como el caudillismo,
la personificación de la política, y el clientelismo, siguen dominando la relación entre políticos
y electores en la República Dominicana, ahora utilizadas con destreza por los nuevos actores.
La ausencia de proyecto colectivo y la desideologización son suplidas con la promesa
individual y el intercambio particularizado de prebendas, convirtiendo al partido en mera
máquina electoral al servicio del candidato. El informe constata que el voto preferencial ha
exacerbado las luchas internas, y que las elecciones primarias y la renovación de autoridades
partidarias engendran batallas que debilitan al partido. El relevo generacional y la participación
de la mujer en condiciones de equidad, encuentran la resistencia de las viejas figuras y de los
propios compañeros de partido respectivamente.
Hay que destacar por novedosa, la regulación constitucional de las funciones de los partidos
políticos, en un ejercicio que supera la concepción puramente electoralista de la legislación
anterior. Por primera vez se establecen como funciones esenciales de los partidos políticos la
satisfacción del bienestar colectivo y el interés general. Estas previsiones exigen una adaptación
del modo de concebir el ejercicio de la política y la función pública en el país, y ameritan un
cambio en la legislación político electoral actual. Sin embargo, la resistencia de los
protagonistas se hace evidente en las dilaciones interesadas en la aprobación del Anteproyecto
de Ley de Partidos Políticos y sus mayores controles en materia de institucionalización,
democracia interna y transparencia.
Resumen avances identificados con respecto al diagnóstico anterior de 2004
Resistencias Logros
Persistencia de la institucionalidad
informal en la vida partidaria
Regulación constitucional de las funciones
de los partidos políticos
Debilidad de las instancias de
fiscalización, transparencia y
sancionadoras
Especificidad y concreción de la normativa
partidaria interna y de las instancias de
decisión
Débil movilización ideológico
programática
Avances en materia de formación política
y espacios de deliberación interpartidaria
Aprobación de un marco normativo
integral que regule la vida de los partidos
políticos
Mayor inclusión de jóvenes y mujeres
En cuanto a la estructura del documento, el informe se divide en tres partes. En la primera se
analiza el escenario formal que rige las reglas del juego político en la República Dominicana en
sus dos dimensiones: en el nivel suprapartidario (marco legal nacional) y en el nivel
intrapartidario (marco estatutario/reglamentario). Este retrato del marco formal está
determinado por las peculiaridades del contexto político y la correlación de fuerzas de cada
momento, a la vez que sirve de referencia a la hora de valorar las desviaciones que la rutina y la
vorágine partidista imponen. Este retrato se subdivide en tres apartados dedicados al proceso de
institucionalización (con especial atención a la ideología y contenido programático); la
democratización interna (elección de autoridades partidarias y el fenómeno de la judicialización
de la selección de candidatos); y la transparencia (en particular, el financiamiento). En la
segunda parte del informe, y a través de las percepciones de los protagonistas entrevistados, se
perfila el escenario alternativo de reglas informales que rigen la práctica de la vida partidista
dominicana. Por último, en la tercera parte, se analizan los factores explicativos en la
evolución de la estructura de la competencia partidista, se identifican los cambios y
continuidades en el sistema de partidos dominicano con respecto al diagnóstico elaborado en
2006 y se reflexiona sobre sus consecuencias en el escenario político institucional futuro.
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I- PRIMERA PARTE: EL MARCO NORMATIVO
Ana Belén Benito Sánchez y Rotsay Rosales Valladares
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EL MARCO NORMATIVO En esta sección se presenta el contexto normativo que rige la vida de los partidos políticos en la
República Dominicana en sus dos niveles: a) nivel nacional, y b) nivel intrapartidario. El
propósito será evidenciar los avances y/o retrocesos en cada uno de los tres ejes que guían este
diagnóstico (institucionalización, democracia interna y transparencia), y mostrar la constante
dicotomía entre lo formal y lo informal que caracteriza el quehacer partidario en el país.
1. LAS REGLAS DEL JUEGO INTERPARTIDARIO A NIVEL NACIONAL El marco normativo nacional que es objeto de análisis en esta sección está formado por: la
Constitución de 1994, la nueva Constitución de 2010, la Ley Electoral No. 275 de 1997 y sus
más recientes modificaciones. La matriz de resultados No.1, permite visualizar de forma
sistemática las peculiaridades de los indicadores de existencia normativa y los avances en cada
una de las variables, que se detallan a continuación:
Con respecto a la dimensión Institucionalización, las dos variables utilizadas en este diagnóstico
-existencia de un apartado específico sobre partidos políticos y definición de sus funciones-,
evidencian novedades con respecto a la normativa anterior. Los partidos políticos, relegados en
la Constitución de 1994 al Título XII, dedicado a las “Disposiciones Generales” (art. 104),
pasan ahora en la nueva Constitución de 2010 al Capítulo III del Título X dedicado al “Sistema
Electoral”. Este reconocimiento diferenciado viene acompañado de una descripción de
funciones ausente en la Constitución anterior y tan importantes como: canalizar la participación
ciudadana, garantizar el pluralismo en la elección de cargos públicos, servir al interés nacional y
al bienestar colectivo (art. 216). La enumeración de estas funciones de marcado carácter
inclusivo y general, es especialmente significativa ya que, como se verá en el análisis de las
percepciones de los actores entrevistados, el personalismo y la ausencia de proyecto colectivo
caracterizan la relación entre ciudadanos y políticos en la República Dominicana. Además
supone un avance con respecto a la conceptualización meramente electoralista de la Ley No.
275 de 1997, que atribuye a los partidos políticos el fin primordial de ser el vehículo que
permite la elección de cargos públicos (art. 41), sin referencia alguna al contenido sustantivo.
Ninguno de los tres textos analizados acoge formalmente una definición de partido político,
salvo la enumeración de los requisitos para su válida conformación. No obstante, es revelador
que la Ley Electoral de 1997 exija para su reconocimiento, respetar la Constitución y las leyes,
mientras que la nueva Carta Magna añade la necesidad de que tanto su conformación como su
funcionamiento se sustenten en el respeto de la democracia interna y la transparencia. Con
respecto a la última de las variables de la dimensión institucionalización, no existe en
República Dominicana imperativo constitucional de que los partidos cuenten con estatutos para
normar su vida interna. Este vacío es regulado por la Ley Electoral, que en su art. 42 no habla
directamente de estatutos, pero sí de documentos relativos a sus principios y propósitos.
La valoración del eje Institucionalización es por tanto positiva con respecto al diagnóstico del
periodo anterior, por la importancia del reconocimiento constitucional de los partidos políticos y
la descripción de funciones esenciales de carácter colectivo/inclusivo, frente al intercambio
particularizado y personal del clientelismo dominante. En este sentido es ilustrativa la opinión
que expresaba uno de los entrevistados: “… los partidos políticos hemos influido en que los dominicanos/as no podamos
trascender el inmediatismo, trascender de lo personal a lo colectivo (…) Si
escuchas a cualquier compañero te das cuenta de que él tiene una serie de
proyectos y propuestas que tienen que ver con la gente de su pueblo que lo apoye,
pero no necesariamente con el bienestar colectivo de la sociedad dominicana
(GF1)”.
Con respecto a la dimensión Democratización, la Constitución de 2010 no ha supuesto cambios
fundamentales más allá de la mera exigencia de democracia interna que debe regir el
13
funcionamiento de los partidos políticos. Al igual que la Constitución de 1994, no contempla la
presencia de órganos tipo “tribunal interno”, un número mínimo de militantes ni de
organización en las provincias, ni cuotas afirmativas en sus órganos de dirección (mujeres,
jóvenes, discapacitados, grupos étnicos). Sin embargo, con respecto a las mujeres, la actual
Constitución en su art. 39 consagra el deber del Estado de promover y garantizar la
participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección
popular en el ámbito público, en la administración de justicia y en los órganos de control del
Estado, por lo que esta previsión de carácter general a nivel constitucional, ha tenido desarrollo
legislativo. Tal es el caso de la cuota del 33% que establece la Ley Electoral en su art. 68 y el
50% para el caso de las sindicaturas y vicesindicaturas de la Resolución 4/2010. A pesar de
estas previsiones, en las elecciones legislativas y municipales de mayo de 2010, la Junta Central
Electoral (JCE) obligó a los partidos mayoritarios a corregir las irregularidades detectadas en las
listas al no cumplir con la cuota femenina. Como queda de manifiesto en las opiniones de los
actores entrevistados, esta medida de discriminación positiva, encuentra las dificultades de la
resistencia de los propios compañeros de partido; las barreras de una cultura política machista
que reserva el espacio público a los hombres y en el que las mujeres son meros agentes de
movilización; y principalmente, el acceso al financiamiento de la mujer política.
Con respecto al número mínimo de militantes para la inscripción y la exigencia de una
organización mínima en el territorio nacional para poder operar, la Ley Electoral de 1997,
establece el 2% de los votos emitidos en las últimas elecciones generales para la inscripción del
partido, así como la organización “provisional” en cada municipio cabecera de provincia y en el
Distrito Nacional. Puesto que no hay en la normativa examinada el deber de garantizar
posteriormente la permanencia organizativa del partido en dichos lugares, hay que concluir que
esta provisionalidad resiente la institucionalización, ya que la estructura partidaria pasa a ser
mera máquina electoral al servicio del candidato que desaparece tras las elecciones.
Con respecto a la Transparencia, salvo la mención del art. 216 de la actual Constitución de
2010, no hay cambios significativos en los cinco indicadores de esta dimensión. El
financiamiento y la publicidad de las cuentas del partido no es un mandato constitucional sino
legislativo, siendo la Ley Electoral de 1997 la que regula estos importantes aspectos (art. 45-
55). En ella se estableció la aportación pública regular a los partidos políticos, que hasta
entonces dependían únicamente de las donaciones privadas. Para la contienda de mayo de 2010,
los partidos recibieron 1.085.488.243 millones de pesos (29 millones de dólares), de los que el
80 por ciento se distribuyó a partes iguales entre los partidos mayoritarios PLD Y PRD –
aquellos que alcanzaron el 5% de los votos en las pasadas elecciones-, y el 20% restante a
partes iguales entre los 24 partidos minoritarios. El aumento exponencial del coste de las
campañas – que puede oscilar entre tres millones de pesos (81.000 dólares) para un diputado y
cinco millones (135.000 dólares) para los senadores-, ha incrementado la dependencia de la
financiación privada, de la que no existe requerimiento alguno en cuanto a límite de cuantía y
publicidad. A pesar de que los partidos políticos han de presentar informes de sus estados
financieros, a un mes de las elecciones ni el PLD ni el PRSC habían cumplido con esta
obligación2. La Misión de Observación Electoral de la OEA denunció la falta de equidad en la
financiación, controles y topes, así como en el uso de los medios de comunicación públicos en
esta campaña de 20103. La Ley no exige a los partidos el registro periódico de militantes, sólo
obliga a poner en conocimiento de la JCE el registro de los miembros de sus órganos directivos
(art. 47).
El presente diagnóstico se realizó en un clima de cambios normativos de especial trascendencia,
como la promulgación de la Constitución número 38 del 26 de enero de 2010 -que redefinió el
diseño institucional-, pero también importantes y recurrentes olvidos legislativos como el eterno
proyecto de Ley de Partidos Políticos. Con la entrada en vigor de la nueva Constitución, el país
2 Ver periódico Diario Libre de 23 de abril de 2010.
3 Declaraciones del Embajador y Jefe de Misión de la Misión de Observación Electoral de la OEA en
República Dominicana, en periódico Clave Digital de 17 de mayo de 2010.
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se sumaba al proceso de reformas del constitucionalismo latinoamericano que se inició hace
más de dos décadas, y también a la más actual fiebre reeleccionista de países como Bolivia o
Venezuela.
Uno de los objetivos prioritarios del proceso de reingeniería institucional ha sido la
modernización de la Justicia, con la creación del Tribunal Constitucional (TC), el Consejo del
Poder Judicial (CPJ), y medidas como la jubilación de los magistrados de la Suprema Corte
(SCJ) que superen los 75 años de edad. Se separan las funciones administrativas y contenciosas
de la Junta Central Electoral (JCE), quedando estas últimas en manos del Tribunal Superior
Electoral (TSE), otorgando mayor independencia a la JCE para la administración de las
elecciones y tratando así de afrontar las denuncias acerca de su politización que históricamente
han rodeado a este órgano. En cuanto al Legislativo, aumenta el número de diputados de 178 a
190, de los cuales 7 representarán a la comunidad dominicana residente en el exterior y se
unifican las elecciones congresuales, municipales y presidenciales a partir de 2016. La
Constitución allana el camino de la representación de los partidos minoritarios en la Cámara,
con la inclusión de 5 diputados nacionales por acumulación para aquellos que superen el 1% de
los votos válidos. Estos partidos -más de 20- se han convertido, gracias al juego de las alianzas,
en pieza clave para conquistar mayorías, circunstancia ésta por la que son recompensados con la
ya usual “repartidera” de cargos en las instituciones del Estado (Benito Sánchez 2010). Sin
embargo, y como se desprende de los resultados electorales de mayo de 2010, los diputados
nacionales han quedado en manos de los dos partidos principales (3 PLD y 2 PRD), y es que
tres meses antes de la elección se aprobaba la Ley 37-10 en la que se establecían los criterios de
asignación y se excluía del reparto a aquellos partidos minoritarios cuya alianza hubiese
conseguido representación. De esta manera, ni APD, BIS, PQDC, ni el MODA, que alcanzaron
1,41%, 1,36%, 1,13% y 1,44%, respectivamente, pudieron acceder al reparto de escaños.
Durante el periodo objeto de análisis en este diagnóstico (2005-2010), el Proyecto de Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas fue objeto de debate parlamentario y de discusión en los
medios públicos. En la legislatura 2006-2010, la JCE advirtió a los legisladores que para que
esta ley rigiese las elecciones de 2010, debería ser promulgada antes del 15 de septiembre de
2009. A pesar del respaldo en la Cámara de Diputados, las dilaciones interesadas en el Senado
impidieron que prosiguieran los trámites para su aprobación. Esta futura Ley, establecería
medidas relativas a la democratización y transparencia tales como la obligatoriedad de
renovación periódica de los cuadros directivos y de formación doctrinaria de sus dirigentes;
limitación temporal y económica de las campañas; restricciones al uso de la publicidad en los
medios estatales; deberes contables y fiscalización de las cuentas del partido; y especialmente
significativa, decreta que la propiedad del escaño corresponde al partido y no al legislador. Con
esta capitulación sobre la titularidad, se daría fin a la práctica transfuguista de los últimos años
con la que se ha hecho efectiva la exitosa estrategia de atraer a nuevos votantes cooptando a los
legisladores, a quienes, en ausencia de referentes programáticos, les une una lealtad personal
más allá de adscripciones partidistas.
La matriz de resultados No. 2 permite verificar de forma sistemática si los seis partidos aquí
considerados cumplen en su normativa interna con los requerimientos de institucionalización,
democracia interna y transparencia de la futura Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Con
respecto a las exigencias de mayor institucionalización, en general los 6 partidos contemplan en
sus estatutos las disposiciones del Anteproyecto en relación al organigrama directivo y su
funcionamiento. Sin embargo están ausentes en todos ellos el deber de contribuir a la
formación política y adiestramiento técnico de todos los ciudadanos en los asuntos del Estado,
independientemente de su afiliación política, con el “objetivo de formar ciudadanos con
profunda vocación de servicio al país, dotados de las necesarias competencias y convicción
democrática para el desempeño de las funciones públicas” (art.22). Un precepto que busca a
través de la formación ciudadana, atajar el creciente desencanto de la ciudadanía con los
políticos y revalorizar el ejercicio de la vida pública en el país. También a través de la
formación política el Anteproyecto combate el déficit ideológico/programático de los partidos
políticos dominicanos, al imponer el deber de establecer centros de educación política,
obligación con la que hasta el momento, cumplen 4 de los 6 partidos aquí considerados. La
15
mayoría de los partidos minoritarios no cuentan con escuelas de formación de ámbito nacional,
un indicador de su vacilación ideológica y de su vocación de supervivencia institucional.
En cuanto al nivel de Democratización, ninguno de los 6 partidos cumple con las estipulaciones
del Anteproyecto que tienen como objetivo garantizar la alternabilidad democrática, al
establecer un límite en el tiempo y prohibir las designaciones que no emanen de la voluntad de
los organismos competentes. Ésta es sin duda, una de las estipulaciones del Anteproyecto que
más resistencia provoca en las cúpulas de los partidos políticos, reacios a aceptar la alternancia
y acabar con el dedazo como forma de elección interna. La celebración de las primarias en los
meses previos a la contienda electoral de mayo de 2010 puso en evidencia la lucha entre
facciones y corrientes que desató la renovación de las autoridades partidistas. Como se verá en
el análisis de las percepciones de los actores de la segunda parte de este diagnóstico, son los
jóvenes los que más se quejan de la falta de relevo generacional por la resistencia de las viejas
figuras del partido.
Sin duda, las mayores falencias se localizan en el área de la Transparencia, ya que el
Anteproyecto establece un completo y constante sistema de control, publicidad y auditoría de
las finanzas del partido que vendría a suplir la parca regulación de la Ley Electoral de 1997 en
esta materia. Los 6 partidos tendrían que adaptar su normativa interna para incorporar, entre
otros, un registro público de donantes y un libro de campaña con el detalle de gastos que
deberán ser validados ante la JCE.
2. LAS REGLAS DEL JUEGO INTRAPARTIDARIO
El marco normativo que ordena la vida interna de los partidos está formado por los Estatutos,
Declaraciones de Principios, Programas y demás disposiciones reglamentarias que regulan la
organización y funcionamiento de las fuerzas políticas.
2.1 El proceso de Institucionalización
El diagnóstico sobre el nivel de institucionalización de los 6 partidos considerados en este
estudio, se fundamenta en la valoración de cada uno de los ejes que se presentan a continuación:
Eje 1. Estatutos, principios y reglas formales de organización
En este eje se valora la existencia y grado de especificidad de las normas básicas de toda
organización partidista: Estatutos, Reglamentos y Declaración de principios e ideología. Con
respecto a los primeros, todos los partidos cuentan con Estatutos y detallan quién es el órgano
encargado de su promulgación: Congreso Nacional (PLD), Asamblea Nacional Extraordinaria
(PRSC), Comisión Nacional Extraordinaria (PRD y BIS), y Asamblea Nacional (APD y FNP),
pero sin especificar el procedimiento de promulgación. La misma ambigüedad se refleja a la
hora de especificar el procedimiento de reforma, donde se distingue un grupo de partidos que no
detalla en sus estatutos el procedimiento de reforma (PLD, PRSC, APD) y otro que sí lo hace
(PRD, BIS y FNP), otorgando esta competencia a la Comisión Permanente de Reforma y a la
Comisión Nacional respectivamente. Como se desprende de la matriz de resultados No. 3a, en
estos cinco años la mayoría de los partidos han reformado sus estatutos, en ocasiones, y
producto de la ambigüedad normativa, estas reformas estatutarias han tenido como objetivo
legitimar actuaciones que no se ajustaban a lo establecido en la normativa básica, en una suerte
de formalización de los arreglos informales que imperan en la vida del partido. Y es que, como
atestiguan los actores entrevistados el incumplimiento de los estatutos es una de las constantes
de la vida partidista en el país e indicador de debilidad institucional: “… es necesario participar en los procesos entendiendo las reglas no escritas
(GF1)”; “… aplicar los estatutos sería un gran logro para el partido… (GF2)”
En relación a la normativa complementaria que desarrolle lo establecido en los estatutos, los 6
partidos cuentan con un conjunto de reglamentos para ordenar todos los aspectos de la vida
interna de la organización. Hay un grupo de partidos (PLD, PRSC y APD) que otorga la
facultad de dictar esta normativa a órganos centralizados (Comité Político, Asamblea Nacional
16
Extraordinaria y Dirección Nacional respectivamente), mientras que PRD, BIS y FNP
descentralizan esta competencia permitiendo que sean los propios organismos los que regulen
su funcionamiento. Sin embargo, de nuevo hay un vacío normativo en cuanto al procedimiento,
ya que ninguno establece cómo se ha de generar esta producción de normas secundarias.
En el apartado dedicado a la ideología y declaración de principios, los estatutos de la mayoría de
los partidos reflejan la debilidad ideológica que caracteriza la competencia partidista en la
República Dominicana. Mientras que el FNP solo menciona la existencia de la ideología del
partido sin especificarla, la APD enumera una serie de valores generales tales como la
honestidad, la solidaridad, la eficacia o la tolerancia, que no permiten identificar la adscripción
ideológica de la organización. El BIS remite en este apartado a los lineamientos de la
Internacional Socialista, al igual que el PRD que lo hace a los postulados del Socialismo
Democrático, y el PLD al Boschismo. Aunque todos identifican en sus estatutos quién es la
instancia encargada de establecer la línea ideológica y valores que inspiran la actuación del
partido, ninguno especifica el procedimiento a seguir, ni tampoco el procedimiento de reforma,
salvo el PRSC. La debilidad ideológica/programática de los partidos dominicanos se ha
acentuado tras la desaparición de los caudillos históricos que proporcionaban sustento
ideológico a los mismos. En este escenario, el clientelismo y el particularismo son las armas de
movilización del electorado dominicano. Así lo constatan los protagonistas de la escena política
que participaron en los GF: “Una de las grandes debilidades de los partidos políticos en la República
Dominicana es su pérdida de identidad (...), los liderazgos no se desarrollan en
base a proyectos de país, sino a proyectos personales (…) las aspiraciones
colectivas fueron desplazadas por las individuales (…) Le gente entiende que tu
eres un buen líder en la medida en que resuelves sus problemas personales, no los
problemas colectivos (GF 6)”. “Los partidos se han convertido en tendencias
particulares (…) Somos un partido socialista democrático, pero no necesariamente
eso se aplica en la práctica (GF2)”. “Ya no se sigue una ideología, ya no se busca
una visión común, los grupos han propiciado que cada quien busque sus intereses
(GF3)”
La debilidad ideológica se manifiesta también en el juego de alianzas que caracteriza la
interacción partidista de los últimos años en el país. Lejos de consensuar agendas programáticas
con partido ideológicamente afines, los compañeros de pacto se eligen en función de los
puestos y cargos a repartir: “La política en la República Dominicana se ha convertido en alianzas para poder
ocupar espacios (…) No discutimos alianzas en procesos de negociación con una
plataforma o ideológica para que el país avance. Aquí las negociaciones se hacen
en base a cuotas de poder de los candidatos y expresan la propuesta individual del
candidato (GF5)”
Eje 2. Membrecía, militancia
Los seis partidos contemplan en su normativa estatutaria y reglamentaria un apartado dedicado a
miembros y militantes, todos establecen el catálogo de derechos y deberes, y todos salvo el
BIS, regulan el procedimiento para la adquisición de tal condición. En cuanto al órgano
encargado de tramitar la inscripción, el FNP y el PRSC no especifican quién será el encargado,
dejando esta competencia a “los organismos competentes del Partido” y “al Partido”
respectivamente. Con respecto al órgano encargado de llevar un registro actualizado de
miembros, los partidos mayoritarios se decantan por la Secretaría Nacional de Organización,
mientras que los llamados partidos emergentes, descentralizan esta competencia a favor de la
Dirección Municipal (APD) y el Comité Municipal (BIS). El FNP no establece disposición
alguna al respecto. Sin embargo, la práctica política no refleja la precisión a la que obliga la
norma, ya que hasta la fecha, son constantes las acusaciones de abultamiento en el padrón en las
contiendas internas de los partidos políticos, que optan a conveniencia entre la modalidad de
padrón abierto, semiabierto y/o cerrado, dependiendo del nivel de competencia y hasta de
posibles acuerdos informales entre facciones para favorecer a algún candidato en particular.
17
Eje 3. Estructura orgánica, instancias de toma de decisión y funcionamiento de los órganos
partidarios
Todos los partidos dominicanos han fijado de forma clara y precisa el organigrama funcional,
representativo y deliberativo en su normativa interna, tanto a nivel nacional como a nivel
provincial y municipal. En todos existe una autoridad máxima que adopta la forma de Congreso
Nacional (PLD), Asamblea Nacional (PRSC, FNP), Convención Nacional (PRD, BIS),
Dirección Nacional (APD), con la potestad de fijar la teoría oficial y principios básicos de la
organización, aprobar los estatutos y el programa de gobierno que se ofrece al electorado. Todos
ellos cuentan también con órganos de naturaleza representativa y deliberativa tipo Asamblea
Nacional (PRSC, APD) o Pleno Nacional de Dirigentes (PLD, PRD, BIS, FNP), con potestad
para elegir y fiscalizar a la alta dirigencia, así como asegurar la unidad doctrinaria. Ni el PRD ni
el BIS especifican las funciones de este órgano representativo, que le serán asignadas según lo
estime conveniente la Comisión Política.
Todos ellos han establecido sedes descentralizadas de la organización del partido, bajo la forma
de Comités Seccionales, Municipales e Intermedios (PLD); Asambleas de Distrito Municipal,
Municipal y Filial, Comisión Política provincial y del Distrito Nacional (PRSC); Comité
Regional y Provincial (PRD); Asamblea Provincial, Municipal y del Distrito Nacional (APD);
Consejo Regional, Comité Provincial y Municipal, Consejo Interzonal y Comité de Aéreas
Electorales (BIS); Asambleas Provincial y Municipal, Direcciones de Área y Tribunal
Disciplinario Provincial y Municipal (FNP).
Sin embargo, la realidad partidista imperante ha desvirtuado este organigrama de instancias de
decisión. Por un lado el excesivo centralismo deja inoperantes las instancias decisorias
inferiores, y por otra, el personalismo y la cooptación patrimonial de los cargos, debilitan la
institucionalidad partidista. Un indicador de este carácter más personal y menos institucional,
es que en numerosas ocasiones, las casas de los dirigentes se erigen en sedes alternativas al
partido, donde se deciden asuntos tan importantes como la reforma de los estatutos4. A la
cooptación personal se une la lucha entre corrientes por el control de los puestos de poder
dentro del partido: “Los intereses particulares afectan al relevo de los líderes, falta la alternabilidad en
las funciones y en los cargos (GF4)”
Eje 4. Reclutamiento de nuevos miembros
Como se desprende de la matriz de resultados No. 3d, todos los partidos, salvo el PLD -que deja
esta actividad en manos de “los propios miembros del partido”-, han delegado en un órgano
específico las actividades proselitistas para la captación de nuevos miembros: la Comisión
Nacional de Crecimiento (PRSC), las Fracciones Sociales y Comités de Base (PRD),
Direcciones Municipales y Equipos de Trabajo (APD), Frente de Masas (BIS), y Secretarías
Nacionales y Frentes Sociales (FNP). Por lo tanto, todos ellos, salvo el PRSC, descentralizan
esta actividad en las unidades organizativas más cercanas al ciudadano. Los 6 partidos
coinciden en la falta de especificación de los programas para la captación de los nuevos
miembros, así como al otorgarles igualdad de derechos y deberes sin discriminación por razón
de antigüedad. Sin embargo, hay diferencias significativas a la hora de reconocer igualdad de
derechos y deberes entre las autoridades del partido en función de la antigüedad, ya que en el
caso del PLD los nuevos miembros no podrán ser elegidos en las Secretarías ni en los
Departamentos. El PRSC refuerza el principio de igualdad entre autoridades al designar a una
serie de organismos como garantes de la equidad en las campañas internas, mientras que la
APD, establece un sistema de estímulos y méritos para premiar la disciplina y el
comportamiento ejemplar de sus autoridades.
4 Ver periódico Hoy, de 28 de Junio de 2009.
18
2.2 Democratización Eje 5.Selección de autoridades partidarias
Las contiendas internas para la selección de autoridades y la renovación de cargos en los
partidos políticos dominicanos han sido objeto de controversia constante. Acusaciones de
favoritismo entre tendencias, cismas internos y deserciones… que han acentuado aún más el
faccionalismo endémico del sistema de partidos dominicano, producto de la tradición caudillista
y la competencia entre liderazgos. En 2009, con ocasión de la renovación de las cúpulas
partidistas tuvo lugar este enfrentamiento público entre las corrientes internas que se disputaban
el acceso a los cargos. En el caso del PRD, no logró el consenso necesario para la celebración
de sus primarias en junio de 2009 que tuvieron que retrasar y celebrar en dos sesiones distintas.
El 15 de septiembre de 2009, la JCE anuló la mayoría de las resoluciones adoptadas en la
Convención Ordinaria del PRD del 19 de agosto, pero respetó la juramentación de Vargas
Maldonado como presidente y los nombramientos que hizo en el Comité Ejecutivo. La
exclusión de candidatos dio paso a las protestas de aquellos que se sentían desplazados por
pertenecer a la facción contraria, y comenzó su peregrinación en busca de oportunidades en las
listas de otras organizaciones políticas.
En cuanto al PRSC, sus primarias han estado salpicadas de acusaciones entre candidatos a la
presidencia del partido, denuncias ante la JCE y la solicitud de retraso de su Convención interna.
La batalla entre facciones que rechazaban el acuerdo fue llevada a la prensa, donde los
candidatos excluidos denunciaban la violación de su derecho a participar en igualdad de
condiciones, tal y como la JCE les había reconocido5. Finalmente, el 9 de agosto de 2009 se
celebraron tres accidentadas Asambleas: la oficial, donde se eligió presidente a Carlos Morales
Troncoso; una improvisada, en la segunda planta de la sede reformista, de un grupo de
dirigentes y una paralela, en la que se proclamaba a Leonel Fernández “líder viviente de los
balagueristas”6. Organizados bajo el nombre de “Balagueristas Auténticos”, “Consenso
Electoral” y “Corriente Balaguerista”7, grupos de reformistas que dieron apoyo al Presidente
Fernández y se integraron al “Bloque Progresista”, conformado por partidos y dirigentes aliados
del PLD.
Los actores entrevistados relatan algunas de las vicisitudes que acontecen en las campañas
internas para la renovación de las autoridades partidarias: “No queremos que nuestro liderazgo nos lo robe el que está al lado, que tiene
derecho también a aspirar, porque si hay democracia, deja que el otro pase…
Entonces, ahí empieza el problema, no hay transparencia en los procesos, que esa
es una de las consecuencias de no respetar los estatutos, se refleja en la no
transparencia. No importa el partido, tienen que hacer cumplir o sancionar los está
sucediendo, porque si yo paso con todas esas debilidades… qué yo voy a
representar el país! Si yo pagué por estar en esa posición! (GF1)”
“Yo tuve que hacer maravillas con el sector ancestral de la dirigencia de mi partido
en mi circunscripción para poder llegar al Comité Central, fraudulento…,
acorazarme con los muchachos de la juventud, coger un préstamo para resolver
logística –que la logística antes eran los poloshirt, las gorras- … la logística ahora
“es otra cosa” lamentablemente (GF4)”
“Los conflictos en las elecciones internas son réplicas de las campañas externas.
Son arrolladoras. Son conflictos por intereses particulares que afectan al relevo de
los líderes, falta alternancia en las funciones y cargos. Las elecciones implican
logística y ésta implica dinero (GF4)”.
5 Ver la proclama a la opinión pública: “La Verdad Sobre el PRSC: No hay Consenso”, firmada por
Modesto Guzmán y Alexandra Izquierdo. En Periódico Hoy de 3 de agosto de 2009. 6 En Periódico Diario Libre de 10 de agosto de 2009.
7 Lideradas por Modesto Guzmán, Alexandra Izquierdo y Héctor Rodríguez Pimentel respectivamente.
19
En este eje se valora la especificidad de la normativa interna a la hora de definir los organismos
encargados de la selección de autoridades y el procedimiento.
Y como se observa en la matriz de resultados No. 4 a, todos los partidos establecen el quién y el
cómo de la elección de la autoridades máximas del partido a nivel central y también en el
escenario provincial y municipal. Un escenario formal que parece convivir con mecanismos
informales como el dedazo, la reserva de cuotas y el reparto de espacios entre tendencias. Solo
el PRD establece una cuota de representación en los órganos directivos del partido para aquellos
grupos o sectores de la sociedad. Los seis partidos cuentan con una Secretaría de Asuntos
Electorales (PLD, PRD, PRSC, BIS, FNP) o Comisión Electoral Nacional en el caso de la APD,
encargada de organizar y fiscalizar los procesos eleccionarios internos y nacionales. A pesar de
ello, cada vez son más numerosas las reclamaciones ante la Cámara Contenciosa Electoral,
creada en 2003 como órgano especializado de la JCE, para resolver las controversias en la
selección interna de autoridades.
Eje 6. Selección de candidatos a puestos de elección popular
Como puede observarse en la matriz de resultados No. 4b, los partidos establecen de forma
precisa en su normativa interna quién es el órgano encargado de selección de candidatos en los
distintos escenarios, pero todos adolecen de cierta ambigüedad en cuanto al procedimiento de
dicha selección. Con respecto a los candidatos presidenciales, el nombramiento recae en las
más altas instancias de la organización, tales como el Comité Central (PLD) y la Convención
Nacional Extraordinaria (PRSC, PRD, BIS). La APD y la FNP guardan silencio al respecto en
sus estatutos. En el escenario legislativo, los candidatos han de contar con la aprobación de
diversas instancias. En el caso del PLD, es necesario el refrendo del Comité Intermedio, de la
Convención Provincial en el PRD, la Comisión Organizadora de las Primarias en el PRSC, la
Comisión Nacional de Elecciones de la APD y la Asamblea Provincial en el caso de los
candidatos de la FNP. Además de la afiliación al partido exigida por todos los partidos, el PRD
establece el requisito adicional de acreditar 5 años de militancia ininterrumpida para el caso de
los aspirantes a diputados y senadores, y 4 años para los candidatos a síndicos y regidores. En el
escenario municipal, es precisa la aprobación del Comité Intermedio (PLD), del Pleno Regional
(PRD), la Comisión Municipal de Elecciones (APD), o de la Asamblea Municipal (BIS, FNP).
Sin embargo, y a pesar de estas previsiones, las pasadas elecciones legislativas y municipales de
mayo de 2010, pusieron de manifiesto no solo la flexibilidad de estos criterios, sino la
importancia trascendental de otros tan importantes como los recursos disponibles, la
negociación política y el transfuguismo. La cultura clientelar ha penetrado en los mecanismos
informales de los procesos de selección de candidatos, representando un factor que erosiona la
institucionalidad de los partidos políticos dominicanos. Las prácticas clientelares se reproducen
también al interior de los partidos entre las facciones existentes. En ocasiones se lleva a cabo un
reparto de candidaturas entre los diferentes grupos o tendencias con el propósito de evitar
desestabilizaciones en el ámbito parlamentario y partidista, obligando a reformar los estatutos
para legitimar los arreglos informales (Mateos Díaz 2011).
Los actores entrevistados expresaron su opinión al respecto de la influencia del dinero a la hora
de aspirar a un cargo de elección popular: “(…) esto está asociado a su vez al crecimiento del clientelismo político y al
ingreso con fuerza en los partidos de nuevos sectores sociales ligados a formas no
tradiciones o convencionales del ejercicio empresarial: bancas de apuestas y
banqueros. Este sector ha entrado con un poder que no viene del ejercicio político
con militancia, con ideología, con concepto… sino del dinero (GF6)”
“Se hace fraude, se va la comisión a investigar y se demuestra un fraude. Entonces
la comisión investigadora de ese partido que es la encargada de sancionar y
averiguar, qué es lo que hace? Olvida eso, deja la persona que está porque él tiene
los recursos para poder pagar la campaña, y esto trae descontento a lo interno del
partido (GF2)”.
20
Los criterios se flexibilizan y al final, la decisión de las altas instancias prevalece incluso sobre
los mecanismos de consulta utilizados en el procedimiento: “No hay transparencia en cuanto a las encuestas para escoger candidatos. Yo no
aspiraba a ninguna candidatura, pero en el segmento que representaba me
encontraba con ocho encuestas que daban ganador a un joven y una sola le daba
como perdedor… y ésa fue la que hicieron ahí. Y por más que uno discutiera, al fin
y al cabo, lo que podía conseguir era una sanción bien fuerte (GF1)”
El transfuguismo y la negociación individual de los candidatos que buscan un lugar en la boleta
electoral es otro de los mecanismos informales no contemplados en el proceso de selección de
candidatos. A partir de marzo de 2010 se sucedieron en cascada las migraciones partidarias de
aquellos que no habían conseguido un lugar en la papeleta electoral. Así lo hicieron la alta
dirigencia del PRD en la provincia Santiago Rodríguez encabezada por su diputado, 450
dirigentes y militantes perredeístas de la provincia de Dajabón, un centenar de Higuey, El Seibo,
Boca Chica y Santo Domingo Este, 40 regidores y alcaldes del PRSC y PRD de La Romana, así
como el candidato a senador de la provincia de Ázua entre otros. El común denominador del
éxodo en las filas de la oposición fue la lucha entre facciones. De igual manera las deserciones
ocurrieron en el seno del PLD. Los diputados de las provincias de La Vega y Santiago, o los
alcaldes de El Cercado y Batista, pasaban a las filas del PRD porque “les fue arrebatada su
candidatura o manipularon las encuestas para favorecer a otros compañeros”8.
El actual juego de alianzas también afecta al proceso de selección de candidatos, ya que la
negociación para fijar los términos se basa en determinar cuántos escaños corresponden a cada
partido en las provincias seleccionadas. En las pasadas elecciones, negociación entre peledeístas
y reformistas se prolongó hasta la misma noche en que los pactos debían formalizarse ante la
JCE, quienes tenían como propósito alzarse con 568 candidaturas (3 senadores, 32 diputados, 26
alcaldías, 56 distritos municipales, 217 regidores, 229 vocales de distritos y 4 diputaciones al
PARLACEN)9. A cambio del apoyo, tras las elecciones, se concertó el acceso a los puestos
clave en la dirección de la Cámara (principalmente la Presidencia del Congreso), la Liga
Municipal o el Tribunal de Cuentas y otros cargos en la administración del Estado. La presión
por acomodar a los candidatos desamparados se acrecentaba ante la urgencia por determinar la
boleta definitiva; una situación que fue denunciada por el presidente de la Cámara de Diputados
que se lamentaba de que los partidos se habían convertido a última hora en “carros
fúnebres…que recogen dirigentes derrotados u olvidados por sus organizaciones”10
. “Desde la óptica del partido pequeño el proceso democrático para candidaturas es
una cosa extraña… muy particular… es distinto. No es un proceso institucional, ni
democrático, ni transparente. En el caso de los partidos que vamos como aliados,
las posibilidades de determinar cuáles de esas reservas nos corresponden a
nosotros no se sabe sino hasta las 10:30 u 11:00 de la noche. Eso hace muy difícil
estimular la participación en procesos democráticos internos (GF4)”
El pacto entre Miguel Vargas Maldonado y el Presidente Leonel Fernández en mayo de 2009
para consensuar la reelección no consecutiva, además de otros preceptos de la futura
Constitución, “resolvió” informalmente la batalla por la presidencia en el PRD. Al elegir a
Vargas Maldonado como su interlocutor, Leonel Fernández resolvía de facto la contienda que a
nivel interno se estaba librando en las filas del PRD para renovar su equipo directivo. Este
pacto, firmado a título individual y no en representación de sus respectivos partidos, fue
criticado por la personalización caudillista del acuerdo, ya que favorecía los liderazgos
individuales y debilitaba la institucionalidad partidista
8 En periódico Listín Diario de 14 de marzo de 2010.
9 Finalmente el PRSC consiguió 622 candidaturas, entre ellas 3 senadurías, 27 diputaciones y 23
alcaldías. En cuanto al partido APD, consiguió en la negociación 59 cargos, entre ellos 4 diputaciones, 3
alcaldías y 6 vicealcaldías. El partido alidado FNP consiguió 37 candidaturas, 4 de ellas diputaciones. 10
Declaraciones de Julio César Valentín, en periódico Hoy de 3 de marzo de 2010.
21
Eje 7. Definición de políticas
El patrón de competencia interpartidista en la República Dominicana está hoy caracterizado por
la débil presencia de vínculos programáticos entre ciudadanos y políticos, y por la ausencia de
polarización ideológica. El gráfico 1 constata la tendencia hacia la convergencia ideológica y la
competencia centrípeta en el sistema de partidos dominicano11
.
Autoubicación ideológica de los Diputados y polarización (1994-2010)
5.75
6.5
8
5.725.17 4.85
5.06 5.14.54 4.24
6.726.18
0.210.36
1.261.54
0
5
10
1994-1998 1998-2002 2002-2006 2006-2010
PRSC
PRD
PLD
Polarización ideológica
Fuente: Benito Sánchez, Ana Belén. (2011). “La marea morada: elecciones congresuales y municipales de 2010 en la
República Dominicana”, en M. ALCÁNTARA y M.L. TAGINA (eds.), América Latina: Política y Elecciones en el
Bicentenario (2009-2010). Cuadernos y Debates 209, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Los tres partidos mayoritarios han experimentado un proceso de progresiva derechización hasta
el escenario actual, donde los tres compiten por ser “atrápalotodo” en el espectro de la derecha.
La debilidad de los vínculos programáticos e ideológicos ha dejado espacio a otros de naturaleza
más contingente, donde el personalismo o la eventualidad de las campañas, condicionarían hoy
la decisión del votante dominicano (Benito Sánchez 2010). Así lo confirma el Gráfico 2 sobre
las razones que a juicio de los legisladores, fundamentaron su elección en la pasada legislatura
2006-201012
.
La simpatía del candidato y el tipo de campaña son percibidos por los parlamentarios como los
criterios que guían el voto del electorado dominicano. Destaca la ausencia total del programa en
las motivaciones de los votantes reformistas, y del liderazgo en los votantes perredeístas, ambas
opciones con un 0%. En ninguno de los tres partidos, la combinación “ideología+programa”
alcanzó el 50% (33,9% PLD; 23,1% PRD; Y 10% PRSC), un indicador de su nivel de
institucionalización, de su debilidad programática y de la naturaleza particularista de la
representación. Este déficit programático en la contienda congresual y municipal de las
elecciones de mayo de 2010 se hizo patente en la negativa de los principales candidatos a
debatir públicamente con sus contrincantes las respectivas agendas legislativa y municipal. La
publicidad electoral durante los largos meses de campaña puso en evidencia esta debilidad, ya
que la mayoría de los spots destacaban las cualidades personales del candidato y hacían escasas
o nulas referencias al proyecto programático del partido (Benito Sánchez 2011).
11
PELA pregunta P64: “Como recordará, cuando se habla de política se utilizan normalmente las
expresiones izquierda y derecha.cEn esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha,
donde el 1 es la izquierda y el 10 la derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud. teniendo en cuenta sus ideas
políticas?” 12
PELA pregunta P54: “Y por cuál de estas razones cree Ud. Que ha sido principalmente elegido
diputado? Por el líder de su partido, por la campaña electoral llevada a cabo, por el programa de su
partido, por la tradición familiar del votante, por simpatía personal, por la ideología política de su partido,
por su experiencia anterior en otros cargos políticos y/o públicos”.
22
Razones de la elección de los Diputados dominicanos (2006-2010)
26.9
7.7
0
3.8
15.4
88.5
53.8
15.1
77.449.1
24.5
9.4
7.5
5.7
20.0
100.0
30.0
10.0
0.0
10.0
30.0Tradición familiar votante
Lider del partido
Programa
Experiencia
Ideología
Campaña
Simpatía
PRSC
PLD
PRD
Fuente: Fuente: Benito Sánchez, Ana Belén. (2010) “La política del poder: alianzas e interacciones partidistas
estratégicas en República Dominicana”, en Revista de Ciencia Política, Santiago de Chile: Universidad Católica de
Chile, Vol.30, Núm. 3.
La ausencia de referentes programáticos en la competencia interpartidista dominicana,
simplifica y allana el camino de las deserciones partidistas y el transfuguismo, donde la
supervivencia institucional prima sobre la batalla electoral por determinar las políticas. De igual
manera las alianzas entre partidos, a falta de referentes programáticos que sirvan de base a la
implementación de políticas públicas consensuadas, se han centrado en concertar el acceso a la
tarta del Estado. Las percepciones de los actores entrevistados corroboran este marco informal
de la actuación de los partidos dominicanos: “Las alianzas o bloques políticos se han hecho fundamentalmente alrededor de
cuotas de poder y desprovistas de cualquier consideración de tipo programática
(…) En nuestro país el proceso de alianzas está totalmente desvirtuado. No
discutimos en la negociación con una plataforma programática o ideológica. Se
conforman equipos de gobierno muy difíciles para la gobernabilidad, la
institucionalidad y democracia del país (…) Eso es lo más peligroso que está
sucediendo ahora mismo (…) si ustedes ven las noticias, lo que se está hablando
ahora mismo es de posiciones nada más. En la campaña no se está hablando de
proyectos. Aquí nadie está presentando nada (GF5)”
“Los partidos no se acercan a la gente con una agenda política de avance, de
crecimiento y de aporte a las comunidades. Predomina el interés particular.
Alcanzan posiciones abandonando después a la gente (…) Lo que está ocurriendo
en los partidos tiene que ver con no tener políticas de inclusión social que
combatan real y efectivamente la pobreza (…) Los partidos se manejan hoy día en
base a negociaciones, no en base al respeto al voto de la ciudadanía. La política en
República Dominicana se ha convertido en alianzas para poder ocupar espacios”
Como muestra la matriz de resultados No. 4c, los 6 partidos de este estudio definen con
precisión el marco estatutario al respecto. En la definición de la línea doctrinaria se pueden
distinguir dos grupos: aquellos que dejan esta competencia en manos de organismos de
representación y deliberativos como el Congreso Nacional (PLD), la Convención Nacional
Extraordinaria (PRD y BIS), y la Asamblea Nacional (APD): y aquellos otros en los que esta
tarea corresponde a órganos de dirección ejecutiva como la Dirección Ejecutiva Nacional
(FNP), o la Comisión Política (PRSC). Sin embargo a la hora de fijar la estrategia política, esta
función recae en instancias ejecutivas como el Comité Central (PLD), la Comisión Política
(PRSC, PRD, BIS), y la Dirección Ejecutiva Nacional (APD y FNP), pero en ninguno de ellos
los estatutos especifican el procedimiento a seguir. Solo tres partidos políticos (PRD, BIS y
23
FNP) cuentan con una Comisión Consultiva en este proceso de definición de la línea política y
programática. En cuanto a la revisión y modificación de la línea partidista decidida por la
organización, PLD y PRSC guardan silencio al respecto en sus estatutos, mientras que PRD y
BIS otorgan esta competencia al Comité Ejecutivo Nacional, APD a la Dirección Nacional y la
FNP a la Asamblea Nacional.
Eje 8. Inclusión: representación de grupos y sectores sociales
En cuanto a la inclusión de diversos grupos y sectores sociales en la organización de los
partidos políticos dominicanos, la matriz de resultados No. 4d muestra que todos ellos cuentan
con órganos especializados de trabajo, con cierta autonomía en su funcionamiento pero siempre
bajo la coordinación y supervisión del Comité Político y la Secretaría de Organización,
destacando no obstante, la mayor libertad de acción de la que gozan los Frentes de Masas del
PRD. El PRSC establece en sus estatutos la previsión de reservar el 33% de los puestos en los
órganos de dirección del partido a las mujeres y el 15% a los jóvenes, el PRD estipula el 33% y
el 25% respectivamente, mientras que el BIS reserva el 20% a las féminas.
Con respecto a los cargos de elección popular no hay reserva específica en los estatutos del
PLD, BIS y FNP, y el resto se remite a lo que establezca la legislación vigente, que en la
actualidad alcanza el 33% para las mujeres y sin previsión alguna para el caso de los jóvenes.
A pesar de esta reglamentación, las Secretarías de la Mujer y de Juventud no han asumido el rol
de ser agentes activos en la definición de políticas de igualdad y de promoción, ni a lo interno
del partido ni a nivel de proyecto de nación. Su función de movilización electoralista minimiza
su responsabilidad de lograr que los partidos políticos, agentes de la representación, sean
catalizadores de la mayor profundización democrática y de la construcción de una ciudadanía
pluralista en el país. Con respecto a las mujeres, a pesar de que constituyen el 51,4% de la
población dominicana y el 56% del electorado, su presencia en los órganos directivos de los
partidos apenas llega al 15%, un reflejo de la desigual presencia de las mujeres dominicanas en
la vida pública13
. En las pasadas elecciones legislativas y municipales de mayo de 2010 se
postularon 16.190 candidatos, de los que 6.914 eran mujeres (42,7%). A pesar de la cuota de
discriminación positiva establecida, las listas presentadas por el PLD y PRD, fueron rechazadas
por la JCE, que obligó a los dos partidos mayoritarios a cumplir con la cuota legal del 33 % en
cada circunscripción y no en base a la composición total de sus nominaciones. En el caso de los
municipios, cuando la candidatura a síndico recaiga en un hombre, la de vicesíndico tendrá que
ser asignada a una mujer, situación mayoritaria en los Ayuntamientos dominicanos, que ha
resuelto así y de manera formal, el acceso de las mujeres a los puestos de representación. Y es
que como reconocen las propias protagonistas, los mayores obstáculos los encuentran en el
seno de sus organizaciones y de sus compañeros: “Los hombres entienden que la inclusión de las mujeres en el espacio de la política
les resta un espacio que ellos entienden les corresponde por derecho…sienten un
desplazamiento en el manejo del poder (…) No hay compromiso de la cúpula para
promover y crear las condiciones para las mujeres (…) En los partidos a la primera
que sacrifican es a la mujer, porque el organismo de decisión al respecto está
integrado completamente por hombres (GF2)”
En la práctica, las Secretarías de la Mujer de las diversas organizaciones partidistas funcionan
como meros agentes de movilización en las contiendas eleccionarias, asignándoles tareas de
logística y organizativas. Además, estos órganos han asumido funciones asistencialistas
ayudando a las compañeras mujeres con asuntos como la muerte de un familiar o situaciones de
desamparo de diversa índole… por lo que se reproduce en el ámbito partidario y público el
tradicional reparto de roles y responsabilidades.
A estas limitaciones que se derivan de una cultura machista y patriarcal, se suman los
obstáculos del financiamiento y el voto preferencial. Con respecto al primero, las protagonistas
13
Idea Internacional, 2007.
24
consultadas reclamaban la fiscalización de la JCE como garante del reparto equilibrado de
fondos a lo interno del partido: “Hay obstáculos, por ejemplo, como el tema de los recursos con los que cuentan,
que tienen que ser abordados con justicia, con voluntad política, y tomar acciones
comenzando con resoluciones de la JCE. Que obligue a los partidos políticos a que
los recursos que le lleguen a los partidos garanticen una cuota en igual proporción
que la cuota de representación para las mujeres y sus candidaturas para potenciar
su liderazgo, recursos para las mujeres (GF2)”
En la guerra de “todos contra todos” que desata el voto preferencial, las mujeres son las más
perjudicadas: “Ya en el caso de la elección popular, el voto preferencial deja sin efecto la cuota,
la sepulta, y si no se buscan mecanismos que armonicen la aplicación de la cuota
con el voto preferencial, olvidémonos del 33% en el caso de las diputaciones
(GF2)”
En situación muy similar se encuentran los jóvenes políticos, que resienten la falta de recursos y
la resistencia de las viejas figuras del partido. Las Secretarías de Juventud, se activan en
periodo electoral, utilizando a los jóvenes de “llena guaguas”: “El nivel de injerencia de los jóvenes en los procesos electorales es muy limitado,
nos llaman porque somos lo que más capacidad de masificación tenemos, porque
los jóvenes somos más. En los procesos electorales cobramos vigencia, después
no nos llaman mucho (GF7)”
“Los proceso de alianza tronchan mucho las expectativas de los candidatos de los
partidos más pequeños porque es imposible determinar cuáles espacios van a estar
garantizados a la juventud (GF7)”
La falta de recursos impide que se presenten al electorado nuevas caras y nuevas ideas: “La participación de la juventud en los procesos se hace sumamente difícil por
razones económicas. Aquel joven que esté en política y tiene riquezas es por
alguna herencia de sus padres, porque tengas sus propias empresas (…) Es por eso
que nosotros vemos tanto derroche de millones de pesos, las candidaturas están
carísimas ahora mismo, no hay oportunidad para la juventud pasar y expresar otro
proyecto (GF7)”
Eje 9. Disciplina partidaria
Todos los partidos políticos establecen en sus estatutos un listado de faltas y sanciones, salvo el
PLD, que lo hace en un reglamento ad hoc. Bajo la modalidad de Tribunal Disciplinario (PLD,
PRSC, FNP), Consejo de Disciplina (PRD, BIS) y Comisión de Méritos y Disciplina (APD),
estos órganos tienen la competencia de garantizar que la actuación de los miembros y militantes
se ajuste a las directrices de sus órganos ejecutivos y a la doctrina que los identifica ante el
electorado. En todos se verifican las garantías mínimas de un enjuiciamiento democrático, ya
que se consagran las garantías del debido proceso, pero sólo los tres partidos mayoritarios
establecen en su normativa interna la posibilidad de recurrir las sanciones impuestas por los
tribunales disciplinarios. La mayor debilidad de la normativa interna en materia de disciplina se
refiere a la lealtad partidista. Como se observa en la matriz de resultados No. 4e, aunque todos
ellos sancionan aquellos que se aparten de la línea del partido en su actuación pública, no hay
una especificación detallada de las situaciones en que tal situación se produce. Este limbo
normativo es el escenario idóneo al fenómeno del transfuguismo que caracteriza la interacción
partidista de los últimos años en la República Dominicana.
En la actualidad, y en el ámbito legislativo, el escaño pertenece al diputado, por lo que cuando
un legislador migra hacia otra fuerza partidista, éste conserva su curul. El Anteproyecto de Ley
de Partidos pretende poner fin a esta situación, otorgando la propiedad del escaño al partido. Las
opiniones al respecto de los diputados dominicanos consultados en 2006, varían
significativamente de una fuerza a otra. Mientras que la mayoría de los diputados del PRD están
de acuerdo con la expulsión de un parlamentario que vote en contra de las directrices del partido
25
(54% a favor), los legisladores entrevistados pertenecientes a la bancada del PLD y PRSC
rechazan esta medida disciplinaria (con un 61% y 64% respectivamente)14
. Las migraciones de
miembros entre estos dos partidos es la base de la exitosa estrategia del PLD de atraer a los
votantes reformistas a través de la cooptación de sus legisladores. Ejemplo de la flexibilidad de
la lealtad partidista en la República Dominicana es la previsión que establecen los estatutos del
PRSC, en la que se permite bajo dispensa de la Comisión Ejecutiva, que autoridades
reformistas ocupen cargos en una Administración de Gobierno perteneciente a otro partido15
.
Con respecto a la disciplina y la lealtad partidista en el país, los entrevistados destacaron: “…lo que más me preocupa, es el incumplimiento de reglamentos y normas que
existen en los estatutos de nuestro partido, porque no hay una actitud real y
efectiva de penalizar y hacerlos valer. Si a los reglamentos y a los estatutos no se
les teme, la gente sigue cometiendo infracciones porque las penalizaciones son
muy laxas. Esto también ha impedido que el proceso de disciplina, que debe ser
esencial en cualquier organización política, porque disciplina es sinónimo de
organización y de avance, no se haya podido llevar a cabo (GF2)”
“La Ley de Partidos Políticos es una necesidad inmensa que tiene nuestro país para
acabar con el transfuguismo. Hay que poner reglas claras para esto (GF1)”
Eje 10. Pluralismo: movimientos, corrientes y tendencias internas
En este eje se hace evidente la clara contradicción entre lo establecido formalmente en la
normativa interna y lo que acontece en el escenario partidista de la República Dominicana.
Como se observa en la matriz de resultados No.4f, ninguno de los 6 partidos del estudio
permiten la formación de movimientos, corrientes o tendencias con autonomía ideológica,
financiera y/o electoral. Si bien, todos ellos permiten la constitución de órganos especializados
tipo Frente de Masas –bien sea de mujeres, jóvenes, agropecuarios, estudiantes…- estos actúan
como meros agentes movilizadores de los diferentes sectores de la sociedad.
Sin embargo, el faccionalismo hoy, lejos de ser reflejo de la democracia interna en el seno de las
organizaciones, es un mal endémico producto de la tradición caudillista y la competencia feroz
entre liderazgos y sus séquitos. Las primarias internas previas a la contienda legislativa y
municipal de mayo de 2010 pusieron en evidencia la rivalidad entre facciones y grupos. La
renovación de sus cúpulas y la selección de candidatos estuvieron salpicadas por el
enfrentamiento público entre las corrientes internas que se disputaban el acceso a los cargos. En
el caso del PRD, la facción liderada por el ex presidente Hipólito Mejía, impugnó la XXVII
Convención Nacional Ordinaria que proclamaba a Miguel Vargas Maldonado como presidente
del partido y candidato presidencial para 2012, contraviniendo así sus estatutos que no
permitían la combinación de ambos cargos en una misma persona. El triunfo de la corriente
liderada por Miguel Vargas desplazaba al resto de las facciones no sólo de los cargos directivos
del partido, sino del acceso a los cargos electivos, ya que la Comisión Política se reservaba el 30
por ciento de las candidaturas a senador, diputado y síndico; 155 puestos para negociar las
alianzas con otros partidos, y el 50 por ciento de las nominaciones para regidores y directores de
los distritos municipales. En cuanto al PRSC, la batalla entre facciones se escenificaba en una
accidentada Convención en la que corrientes como “Balagueristas Auténticos”, “Consenso
Electoral” o “Corriente Balaguerista”16
, se integraban al “Bloque Progresista”, conformado por
partidos y dirigentes aliados del PLD. Al momento de la redacción del presente diagnóstico, en
14
Boletín Élites Parlamentarias Latinoamericanas, Núm. 30, Agosto 2008. OIR, Instituto de
Iberoamérica, Universidad de Salamanca. 15
El Canciller, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Ing. Carlos Morales Troncoso, el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Ing. Héctor Rodríguez Pimentel, el
Director General del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), Dr. Modesto Guzmán, el Presidente de
la Comisión Nacional de Energía (CNE), Arístides Fernández Zucco (El Chato), el Secretario de Estado,
Asesor Avícola del Poder Ejecutivo, Ing. Víctor Hugo (Tito) Hernández, así como el Director Ejecutivo
de la Comisión Especial para la Reforma del Sector Salud (CERSS), entre otros, se vieron favorecidos
por la dispensa otorgada por la Comisión Ejecutiva del PRSC. 16
Lideradas por Modesto Guzmán, Alexandra Izquierdo y Héctor Rodríguez Pimentel respectivamente.
26
el PRSC se hacía una doble convocatoria de la Comisión Política, cada una de ellas en
representación de corrientes lideradas por Amable Aristy y Federico Antún Batlle
respectivamente17
.
Eje 11. Capacitación y espacios para el debate y la deliberación
Todos los partidos –salvo la FNP- establecen en sus estatutos un organismo especializado
encargado de la formación política, bajo de modalidad de Secretarías de Formación y Doctrina.
Además, los tres partidos mayoritarios y el APD cuentan con escuelas de formación de
cuadros han venido desarrollando sus actividades de forma muy desigual. En el caso del
Instituto Nacional de Formación Política Dr. Joaquín Balaguer (PRSC), los problemas de
divisiones internas de la organización han afectado su capacidad operativa, y en la actualidad su
actividad es muy limitada debido, entre otras cosas, a sus restricciones financieras. El PRD
bifurca sus actividades formativas entre el Instituto de Formación Política José Francisco Peña
Gómez y las actividades de la Secretaría Nacional de Educación y Doctrina. Actualmente
imparten distintos diplomados y cursos de contenido doctrinario y de gestión política y el
pasado año se constituyó la Escuela de Formación Política de Santo Domingo Este. Con
respecto al PLD, en el año 2005 en el VII Congreso Ordinario Dr. Rafael Kasse Acta se
estableció la educación política obligatoria, como requisito para aspirar a cualquier cargo
electivo, con excepción de los cargos por pacto y la cuota de la Dirección Política. Hasta la
fecha el Instituto de Formación Política Prof. Juan Bosch, no ha podido dar cumplimiento a este
objetivo tan ambicioso, que requiere de una infraestructura y medios descentralizados con los
que no cuenta la organización. En el caso de la APD, desde el año 2007 asumió el propósito de
impartir formación doctrinaria en todo el territorio nacional, y a pesar de no contar con una
escuela con sede física en la capital, desarrollan periódicamente cursos en todo el territorio
nacional en niveles básico, avanzado y especializado.
En el actual contexto de desideologización del sistema de partidos dominicano, la formación
política no ocupa un lugar prioritario en la agenda de los mismos, la selección del candidato se
determina por su capacidad de arrastre, y no por su nivel de formación y compromiso partidario.
Como reconocía uno de los miembros entrevistados: “No todas las candidaturas tienen que ser internas, sino que en la sociedad, en otras
organizaciones hay gente que puede ser candidato, y que no necesariamente tienen
que asumir al partido como su organización. Nosotros respetamos su
independencia. Si después esa persona se convence y quiere entrar, tiene los brazos
abiertos, pero ni un requisito para la candidatura (GF5)
En el caso particular de las mujeres, las propias interesadas reconocen que su menor presencia
en los cargos orgánicos y de elección popular, no obedece tanto a la falta de formación sino a
las dificultades de acceso a los recursos para financiar su campaña: “¿Cuáles son las 60 o 70 mujeres que vamos a preparar para que sean las que
vayan a competir? No es simplemente cursos de formación, de tallercitos, porque
nada más buscamos “cuartos” para hacer talleres, dizque de formación, pero no
damos el siguiente paso (…) A la compañera que dirige el departamento de
educación yo le decía: míra, a mí no me invites más a hablarle a las mujeres, que
están hartas de eso. Cuando tu me invites que sea a un taller de identificación de
recursos para potenciar la participación de las mujeres en los procesos de elección
(…) Estoy convencida que el problema no es de formación. Ya son mil quinientos
ochenta mil, qué sé yo cuántos millones de talleres… (GF2)”
17
Periódico El Caribe de 16 de febrero de 2011, “Otra crisis a punto de estallar en el PRSC”.
27
2.3 Transparencia interna El diagnóstico sobre el grado de transparencia interna de los 6 partidos considerados en este
estudio, se fundamenta en la valoración de los siguientes dos ejes:
Eje 12. Control financiero y rendición de cuentas de la gestión financiera del partido
La permisibilidad del sistema de financiamiento político en la República Dominicana es un
indicador revelador de la complicada relación del dinero y la política en el país. La distensión de
los controles en cuanto a los donantes privados -sin límite de cuantía ni obligación de registro y
publicidad-, amenaza la integridad y autonomía del sistema político dominicano, favoreciendo
el intercambio de favores entre los donantes y los políticos y condicionando la orientación de las
decisiones públicas. Además de la presencia de los grupos de interés en el opaco escenario del
financiamiento, el uso de fondos estatales en las campañas electorales resiente la participación
de los partidos políticos dominicanos en condiciones de equidad. Salvo la prohibición de
donaciones privadas de origen ilícito y de organismos extranjeros, no hay limitación alguna en
cuanto a la cantidad recibida ni al tiempo que han de durar las actividades proselitistas, lo que
ha sumido al país en una constante campaña electoral que alcanza proporciones descomunales.
Esta laxitud también se refleja en la regulación interna de las finanzas del partido. La matriz de
resultados No. 5a, ilustra la falta de previsión normativa interna en cuanto a la distribución
racional/funcional del presupuesto entre los órganos jerárquicos y las unidades descentralizadas.
Solo el PRD prevé en sus estatutos transferir el 50% del presupuesto partidario a los órganos
barriales/municipales, mientras que la FNP contempla la posibilidad de subvenciones a estos
entes en caso de necesidad. Todos los partidos salvo el PLD, designa en sus estatutos la
instancia partidaria central para la rendición de cuentas de las finanzas internas, otorgando esta
competencia de control al Comité Política Nacional, Comité Ejecutivo y Directorio Nacional
(PRSC); la Dirección Ejecutiva (APD y FNP); o las Comisiones de Control creadas
específicamente para esta materia (PRD y BIS). El PRD es el único partido que además de la
instancia ejecutiva central (Comité Político), permite controles financieros descentralizados, ya
que son competentes para conocer el manejo de las cuentas del partidos la Comisiones de
Control Nacional, Provincial, Municipal y Zonal en sus respectivas circunscripciones.
Pero sin duda la mayor de las lagunas en el control financiero de las fuerzas políticas es la
ausencia de sanciones por parte de la JCE ante la no presentación de sus estados financieros.
Esta falta de penalidad desvirtúa el sistema de control convirtiéndolo en obsoleto.
Las percepciones de los actores permiten descifrar cómo las peculiaridades del sistema de
financiamiento y control, condicionan el ejercicio de la política en el país: “Va a ser difícil que la Ley de Partidos ponga límites… aquí es costumbre utilizar
los recursos del Estado en las campañas. En los últimos años esto se ha
desbordado, porque cuando colocas a un funcionario como candidato… esto es una
carta abierta para que use los recursos públicos… y lo hacen sin miramientos y sin
esconderlo (GF4)”. “Los recursos privados al final a lo que llevan es a la
corruptela… Si aquel me dio 10 millones, 20 millones hay que resarcírselo
después, pasa factura (GF6)”. “La Cámara de Cuentas tendría que jugar un papel
preponderante, que no sea solamente que llevaron unos papeles y dijeron lo que
gastaron allí… hay que verificar si es verdad que lo gastaron y exigir a los
candidatos que los recursos privados se conozcan (GF7)”
En cuanto a la peligrosa influencia de los grupos de interés en las decisiones públicas y de las
organizaciones ilícitas, los entrevistados opinan: “Aquí no hay obligatoriedad con respecto a declarar todas las fuentes. Ahora se
comienza a decir que hay que tener cuidado, que el narco no penetre. Habría que
decir de dónde viene el dinero, cada centavo que recibe un candidato debería
ponerlo en su página web. ¿Hacia dónde deberíamos caminar? Que no haya
financiamiento privado… para evitar tener que recibir dinero, incluso de sectores
empresariales a los que después hay que devolver favores (GF2)”.
28
En cuanto a las dificultades del quehacer partidario en las provincias y municipios, los actores
revelan que la falta de financiamiento está trayendo a la política un gran número de outsiders,
sin identidad política, precipitando la desideologización del sistema de partidos dominicano: “La política se ha desvirtuado. Yo no entiendo que para hacer política haya que
tener millones de dinero. La política tiene que hacerse con el debate de ideas. Por
eso cuando no hay periodo electoral no hay política (GF1)”. “Los partidos no
utilizan sus recursos para financiar candidaturas. Los recursos recibidos son usados
en comisión, papeleos… Todo el que decide competir por puesto internos tiene que
buscar recursos propios (GF7)”
“Los recursos para las provincias y los pueblos son casi nulos. Lo poco que destina
el partido para los pueblos es exclusivo para la campaña y llega a los candidatos a
síndicos, senador y diputado (GF3)”. “Ahora en el municipio presentamos una
boleta electoral de banqueros, colmaderos, comerciantes… porque los dirigentes,
los políticos, los que están preparados para dirigir el Estado no tienen capacidad
económica. Tienen el liderazgo… pero viene un “Juan” con dinero y conquista,
porque el elector está esperando que le den 100 pesos (GF5)”
A la ausencia de sanciones por parte de la instancia nacional que debe inspeccionar
el uso de los fondos públicos y privados, le acompaña la realidad de una ciudadanía
que no asume su rol fiscalizador de estas instancias de representación: “El financiamiento no se cumple fuera ni dentro, los partidos no le rinden a nadie.
No hay cultura de rendición de cuentas. A la membresía de los partidos no se les
ocurre cuestionar el uso de recursos (GF2)”
Eje 13. Legalidad interna, protección de los derechos de los miembros e instancias de
apelación ante incumplimientos
Como refleja la matriz de resultados No. 5b, todos los partidos identifican en sus estatutos el
órgano encargado de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los miembros,
salvo el PLD que lo hace en una disposición de carácter reglamentario. El Tribunal
Disciplinario Nacional (PRSC y FNP), el Consejo de Disciplina (PRD y BIS), el Consejo de
Mérito y Disciplina (APD) o el Tribunal Nacional de Disciplina y Ética (PLD) son las
instancias internas con competencia a la hora de sancionar los agravios de/hacia los miembros y
militantes del partido. En cuanto al órgano competente para garantizar que las actuaciones de
sus representantes se ajusten a la línea política y doctrinaria del partido, esta responsabilidad
recae en las más altas instancias ejecutivas del partido: el Comité Central (PLD), la Dirección
Central Ejecutiva (PRSC), la Comisión Nacional de Control (PRD y BIS), y la Dirección
Nacional (APD). En el caso de la FNP, será el propio Tribunal de Disciplina Nacional.
Sin embargo, ninguno de los seis partidos aquí considerados establece en sus estatutos el
procedimiento para elevar los incumplimientos internos, ya sean de disciplina o de legalidad
doctrinaria, ante la JCE.
Este marco normativo sin embargo, es solo el escenario garante formal de los derechos de los
miembros y de la legalidad partidaria, ya que el quehacer partidario muestra un escenario de
incumplimientos reiterados, imposiciones extraestatutarias por parte de las corrientes
dominantes a lo interno del partido y una creciente judicialización de las controversias
internas. Con respecto a este último fenómeno, los mayores agravios han tenido lugar con
ocasión de la selección de candidatos y la conformación de la boleta electoral tras las alianzas.
La práctica aliancista ha desvirtuado la competencia en las elecciones internas, ya que la
reubicación de candidatos objeto del canje pre-electoral, tiene preferencia sobre el puesto
alcanzado por el candidato en las primarias internas. Así lo decidió la JCE en 2006, ante las
reclamaciones de los afectados que se vieron despojados de su derecho a ser candidato o
perdieron su lugar en la lista. Desde la creación de la Cámara Contenciosa Electoral en 2003
como órgano especializado de la JCE, se dictaron apenas 13 y 10 resoluciones en 2003 y 2004,
frente a las 172 resoluciones emitidas con ocasión de las primarias en las municipales y
congresuales de 2006. En las elecciones de mayo de 2010 se interpusieron 256 recursos ante la
29
JCE, un fenómeno que llegó a poner en peligro la confección de la boleta en los plazos
establecidos en la Ley, en espera por la inclusión de los candidatos definitivos.
La voz de los actores refrenda las vicisitudes descritas: “Al partido le ha hecho mucho daño la falta de sanciones ante la indisciplina,
porque se han hecho muchas cosas que han quedado en el olvido (…) El arbitraje
no se cumple. Los estatutos tienen mecanismos de disciplina y control, pero en las
comisiones se eligen personas recomendadas por los grupos de poder dentro del
partido o representantes de grupos minoritarios como compensación (GF 2)”
“No hay arbitraje creíble. Los árbitros de turno defienden los intereses de su grupo.
Esto ha provocado que en los últimos procesos internos del partido, que las
Comisiones Organizadores terminen desmoralizadas. Nadie les cree (GF2)”
“En los últimos procesos internos las grandes decisiones las está tomando la JCE,
tomando decisiones que sustituyen muchas veces la voluntad de la militancia y el
arbitraje del partido. Nos vamos despojando de atributos que nos corresponden
(GF4)”
30
II- SEGUNDA PARTE: LA VISIÓN DE LOS ACTORES
Carmen Luisa Figueiras Prim
31
LA VISIÓN DE LOS ACTORES
En esta sección se presentan las percepciones de los representantes de los partidos políticos y de
las organizaciones de la sociedad civil que participaron en los grupos focales. Sus opiniones
dan cuenta del escenario real que impone la vida partidista, más allá de la formalidad del marco
normativo en la que se circunscribe. El objetivo inicial fue realizar diez (10) grupos focales,
pero finalmente se realizaron siete (7), ya que el proceso de levantamiento de información
coincidió con las elecciones congresuales y municipales de 2010; una coyuntura que afectó a la
disponibilidades de los protagonistas, inmersos en la vorágine de la contienda electoral.
La composición de los Grupos Focales respondió al siguiente formato:
1. Tres (3) grupos focales con representantes de partidos políticos.
Tres partidos políticos participantes del “Programa Permanente de Formación de Jóvenes
Líderes de Partidos Políticos” (PFGP): los dos partidos más votados en las últimas elecciones
presidenciales de 2008 (PLD y PRD), que a la vez forman parte del consejo consultivo del
Programa de Formación, y un partido minoritario (APD), escogido del conjunto de partidos
participantes en el programa.
2. Un grupo focal con representantes de los partidos políticos ante la JCE.
3. Un grupo focal con mujeres dirigentes de partidos y egresadas del PFGP.
4. Un grupo focal con jóvenes egresados del PFGP y dirigentes de partidos.
5. Un grupo focal con organizaciones de la sociedad civil.
En total, participaron en los grupos focales 44 personas; 38 representantes de partidos políticos
y seis (6) representantes de diversas instancias de la sociedad civil. Con una representatividad
de 36.3% de mujeres (16) y 63.6% hombres (28). La finalidad de la realización de los grupos
focales fue el levantamiento de información sobre las circunstancias actuales, potencialidades y
necesidades de los partidos políticos dominicanos en las tres dimensiones que guían este
Informe: institucionalidad, democracia interna y transparencia. Sus opiniones resultan
fundamentales para identificar los avances y las resistencias en el proceso de modernización del
sistema de partidos en República Dominicana.
3. VALORACIÓN DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN
3.1 La normativa internas de los partidos
El análisis del marco normativo de los partidos en la primera parte del presente estudio da
cuenta de que todos los partidos del país disponen de estatutos y reglamentos. Sin embargo, una
de las principales problemáticas se relaciona con la ausencia de procedimientos formalmente
definidos para operacionalizar dicha normativa, dando pie a manejos poco institucionalizados y
dificultando la gestión de los partidos políticos. Este vacío procedimental a lo interno de los
partidos ya fue reseñado en el diagnóstico elaborado por Rosales en 2006. En lo que concierne a
la normativa interna de los partidos (estatutos y reglamentos), la valoración de los diversos
sectores consultados es altamente positiva. Sin embargo, los niveles de institucionalidad real de
los partidos, entendida como la efectiva aplicación y cumplimiento de dichas normas y
reglamentos son en general, mal valoradas, especialmente en los partidos mayoritarios. En el
caso del PRD, éste considera sus estatutos claros, avanzados y coherentes con una visión de
modernidad y democracia interna, mientras que el PLD considera que sus disposiciones del
partido están bien concebidas, discutidas y responden al imaginario político boschista. Sin
embargo, ambos partidos destacan algunos problemas relacionados con sus normativas:
a) Ambos identifican como problema principal el incumplimiento de su normativa interna, y en
consecuencia, evidencian las dificultades para su aplicación en los asuntos que genera la vida
partidaria
b) El PRD identifica como problema específico algunas inconsistencias entre los estatutos y la
realidad de las estructuras del partido
c) Ambos partidos coinciden en la necesidad de revisión de sus normativas internas de cara a su
actualización
32
El PRD enfatiza la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normativas internas que,
conjuntamente con la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, serían signos claros de
modernización y transparencia. Considera también necesario analizar la coherencia de los
estatutos con la naturaleza actual del partido en el marco de la nueva forma de organización del
Estado. Es necesario revisarlos para adecuarlos en términos de disciplina y la consecuente
penalización, tomando medidas conjuntas de educación y prevención. Consideran que los
procesos electorales, tanto internos como nacionales, conspiran contra los intentos de revisar y
adaptar la normativa a las necesidades actuales. Sus representantes entrevistados afirmaron que
lograrlo sería un objetivo importante para el partido. En este sentido, sus propuestas de cambio
se relacionan con la revisión de su normativa, de re-estructurar el partido y con la necesidad de
implementar mecanismos de participación-comunicación interna con las bases. De manera
específica:
a) Re-estructurar y reactivar en los barrios los organismos de base en las comunidades. Solo así
se mejorará el desempeño del partido en las contiendas electorales.
b) Necesidad de acercarse a las bases del partido para activarlas, garantizar mayor comunicación
con éstas, especialmente en la definición de las candidaturas, así como en la valoración de la
normativa y estructura del partido mediante el uso de encuestas y otros mecanismos de consulta.
La democratización del partido pasa por la garantía de que las bases opinen y sean informadas
sobre las decisiones que se toman.
En el caso del PLD, los entrevistados consideraron que el partido requiere de actualización, pero
en general, no identifican áreas concretas a ser revisadas y redefinidas. La APD, por el
contrario, valora positivamente tanto su normativa en términos formales, como la adecuada
aplicación de la misma. Consideran que los estatutos del partido están basados en valores
humanos y sociales y son acordes con los tiempos, pero se reconocen abiertos a readecuaciones
ante la cambiante realidad. Parten de la premisa de que en el partido ha de afrontar dificultades
y son necesarios algunos cambios. Entre estos:
a) Mejorar el manejo de los aspectos metodológicos en los distintos procesos partidarios.
b) Superar las dificultades de seguimiento a las decisiones tomadas.
c) Elegir las candidaturas a lo interno de la Dirección Nacional mediante Convención cuando
hay más de una candidatura.
En general, aunque los partidos consultados comparten valoraciones positivas sobre el
contenido de sus normativas y los partidos mayoritarios valoran negativamente la aplicación de
las mismas, todos comparten actitudes positivas a la idea de revisión de sus estatutos y
reglamentos. En el caso específico de las mujeres y jóvenes consultados/as de todos los
partidos, ambos grupos coinciden con las apreciaciones anteriores de que las normativas de sus
partidos son en general adecuadas, pero no se cumplen. Atribuyen el incumplimiento a la poca
consideración que se tiene a las normas y a la falta de penalidad, pero en particular, señalan que
el juego de alianzas genera compromisos que llevan a obviar y ningunear la normativa
partidaria. En cuanto a la participación equitativa en los órganos de decisión de los partidos, las
mujeres consideran que la igualdad de género es sólo discursiva en los partidos mayoritarios y
parte de una estrategia para conquistar del voto femenino. Identifican los siguientes como
obstáculos específicos que confrontan las mujeres:
a) La cultura machista como principal obstáculo para el acceso de mujeres a puestos de
dirección partidaria
b) Condiciones de partida desiguales en la competencia con los hombres
c) Ausencia de compromiso político de la élite partidaria para crear condiciones equitativas de
competencia
c) El incumplimiento de la normativa
d) Un trabajo no sostenido de promoción en los mecanismos internos de las mujeres
e) La falta de solidaridad entre mujeres
f) La responsabilidad casi exclusiva del cuidado familiar por parte de las mujeres
g) El voto preferencial como obstáculo, en tanto deja sin efecto la cuota
33
Los/as jóvenes, por su parte, aunque valoran la existencia de garantías mínimas para la juventud
en sus partidos, como por ejemplo la existencia de estructuras propias reconocidas por sus
partidos y de niveles de apoyo a los jóvenes, señalan que las élites partidarias no garantiza la
participación juvenil equitativa.
Las Mujeres en los estatutos de los partidos políticos
18
(similitudes entre los partidos mayoritarios)
a) Todos los partidos han adoptado el lenguaje de género en la redacción de sus estatutos y documentos
internos. Pocos esfuerzos adicionales de implementación efectiva de medidas de equidad de género
más allá de las obligaciones legales relacionados con la cuota.
b) Todos contemplan la existencia de mecanismos de mujeres (así como de mecanismos de jóvenes) con
pocos niveles de fortaleza de cara a la defensa de los derechos de las mujeres a lo interno.
c) En todos hay un significativo predomino masculino en los organismos de dirección.
d) En todos existen porcentajes de cuotas de candidaturas reservados a la dirección del partido, con
predominio de la tendencia a favorecer hombres.
En el transcurso de las entrevistas que se realizaron, la mayoría de los partidos reconocieron que
han vivido cambios internos significativos en los últimos años: En el caso del PLD, se señala
una mayor apertura, crecimiento y algunas secuelas negativas aparejadas a la masificación del
partido; fundamentalmente el clientelismo, la pérdida de relevancia del militante a favor de la
preponderancia del elector y el desmonte de algunas estructuras partidarias para ser sustituidas
por la influencia del alto liderazgo del partido.
En el caso de la APD, señalan como cambios relevantes realizados en los estatutos y
reglamentos internos la incorporación de la cuota de género (33%) durante el Primer y Segundo
Congreso del partido. Igualmente, consideran un cambio importante en términos de estructura
interna el establecimiento de reglamentaciones particulares para la militancia del partido
residente en el exterior.
Las opiniones recabadas en el presente estudio sobre la falta de institucionalidad en los partidos
dominicanos, particularmente en los partidos mayoritarios, es coincidente con lo expresado en el
Informe “Exploración de Opiniones y Valoraciones Sobre los Partidos Políticos Dominicanos”,
realizado en 2005 con el auspicio de Participación Ciudadana,19
lo que permite inferir que no ha
habido cambios sustanciales en las valoraciones de los diversos sectores sobre la
institucionalidad en los partidos nacionales, a pesar de algunos pocos avances formales en el
marco normativo nacional, como la nueva Constitución (2010) y los previstos en la Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas, aún no aprobada.
3.2 Las estructuras partidarias
El análisis del marco normativo partidario contenido en la primera parte de este documento
refiere que todos los partidos nacionales cuentan con organigramas, tanto a nivel nacional como
provincial y municipal, que definen las autoridades máximas, órganos representativos y
deliberativos y sedes descentralizadas de los partidos. Sin embargo, la valoración que establecen
los partidos con relación a su estructura vigente evidencia niveles diferenciados de preocupación
que guardan relación con las circunstancias actuales que vive de cada uno de ellos. En el caso
del PLD, estiman que las estructuras del partido funcionan adecuadamente en la medida en que
sus principales instancias (Comité Político) cumplen con las disposiciones relativas a reuniones
18
Figueiras Prim, Carmen Luisa. 2009. “Experiencias en la Vida Política de las Mujeres Alcaldesas
Dominicanas: Rutas de Elección y Reelección, Logros y Desafíos en la Gestión Municipal”. Instituto
Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer
(UN-INSTRAW). Santo Domingo, R.D. P.P. 45-46. 19
Figueiras Prim, Carmen Luisa. 2005. Informe “Exploración de Opiniones y Valoraciones Sobre los
Partidos Políticos Dominicanos”. Participación Ciudadana. 8 abril, 2005. S.D, RD. Documento Inédito.
34
periódicas y adopción de medidas. De manera que su valoración parece cimentarse en el
cumplimiento de mínimos-formales en el funcionamiento de estas estructuras.
Resalta como su más importante cambio estructural el rápido crecimiento del partido,
estableciendo relación directa entre este crecimiento y fenómenos como el clientelismo,
valorado como resultado de la entrada indiscriminada de personas al partido. En esa lógica
plantean que, aunque el partido cuenta con principios y métodos de trabajo claros, muchos
nuevos aliados y votantes no conocen el ideario del partido y no se han adaptado a sus métodos,
incluso aunque hayan accedido a puestos de dirección. La “sustitución del militante por el
elector”20
y el “desmonte de determinados estamentos y estructuras” han propiciado que
prevalezca el “liderazgo nacional” por encima de la institucionalidad del partido. Las estructuras
partidarias han sido sustituidas por liderazgos personales. Los estamentos medios de los partidos
están “dormidos o reservados para tareas muy coyunturales en procesos electorales o en
políticas de corte social”. En el caso de la APD, aunque valora positivamente su estructura, su
valoración trasciende aspectos formales estructurales, enfatizando la naturaleza colegiada de
éstas que se traduce en una operatividad más flexible, de mayor apertura y voluntad
democrática, en la que señalan “predomina el trabajo en equipo como criterio fundamental de
funcionamiento en todas las estructuras’ y la “toma de decisiones por consenso”.
El PRD, por el contrario, muestra una valoración negativa con relación a su actual estructura
partidaria, ya que opinan no disponen de “las estructuras deseadas para responder a la
ideología, doctrina, principios y estatutos existentes”. Esta valoración parece estar muy
directamente relacionada con la coyuntura actual que vive el partido, en la que su estructura fue
recientemente adecuada para acogerse a los llamados “Comités de Colegio Electoral”, siguiendo
la estructura organizativa establecida por la JCE y eliminando los tradicionales “Comités de
Base”, más cercanos a las comunidades. Señalan que existe resistencia de la dirigencia a
adaptarse a los cambios por temor a perder espacios consolidados de poder, prefiriendo
mantener sus vínculos con los Comités de Base, lo que obstaculiza la adecuación del partido a la
nueva estructura. En su defecto, el partido ha tratado de usar en el distrito la modalidad de
“Comités de Recinto”, que no figuran en los estatutos. Mayoritariamente expresaron la
necesidad de regresar a la modalidad de Comités de Base.
Las dificultades de adaptación a estos cambios en la estructura del PRD se han traducido a su
vez en:
a) Dificultades en la designación de autoridades del partido, especialmente en las provincias, lo
que ha llevado a la desmovilización partidaria. Enfatizan que “la actividad política se ha
mantenido, no porque el partido está funcionando, sino porque hay intereses particulares de los
candidatos de activar el partido en (…) las zonas”
b) Dificultades para completar el proceso de reorganización del partido
c) Mayores dificultades de organización de la militancia, ya que los Comités de Base
aseguraban el trato más personal con sus integrantes
d) Fortalecimiento del clientelismo
e) La mayoría del electorado que vota en los Colegios Electorales no vive en el domicilio de la
Mesa Electoral en la que votan, siendo por tanto personas desconocidas para los/as dirigentes
del partido. Por ello, en los últimos procesos electorales no se pudo usar el padrón interno, sino
un padrón semi-abierto
f) Las dificultades de financiamiento ha abierto la puerta del partido a candidaturas de personas
económicamente solventes (banqueros, comerciantes, etc.) sin vínculos o compromiso
partidario
20
Las frases que aparecen entre comillas en el documento recogen las ideas literales expresadas por los/as
participantes en los Grupos Focales (GF). Se presentan de esta forma garantizando fidelidad a las
opiniones expresadas y a la fuerza expresiva de las mismas. La fuente de verificación de las mismas son
las transcripciones de GF.
35
En el PRD consideran necesario revisar estas situaciones de cara a impulsar el fortalecimiento
del partido, señalando el Anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas como
mecanismo para la institucionalización de controles al respecto. Las preocupaciones y
valoraciones del PRD con relación a su estructura se refieren a la funcionalidad de la misma de
cara al éxito en los procesos electorales, y no relativas a la necesidad de actualización,
democratización, garantías de transparencia y equidad, y adecuada aplicación de la estructura
que rige al partido.
Contrario a esto, las opiniones de las mujeres y los/as jóvenes se concentran en valorar qué tan
equitativas y transparentes resultan las estructuras partidarias. En este sentido, todas las
mujeres de los partidos consultados coinciden en denunciar la discriminación por razones de
género en relación con las estructuras partidarias. Plantean que predomina una situación
caracterizada por la falta de correspondencia entre la intensa participación y activismo de las
mujeres y su poca representación en los espacios de toma de decisiones del partido,
mayoritariamente ocupados por hombres.
A este respecto, el siguiente cuadro recoge una panorámica de la composición por sexo en las
directivas de algunos de los partidos políticos nacionales:
Miembros de las Directivas de los Partidos Políticos según Sexo
21
Partidos
1993 1996 2003
Ambos
Sexos
Total
%
Ambos
Sexos
Total
%
Ambos
Sexos
Total
%
Partido Reformista Social Cristiano, PRSC
- Comisión Ejecutiva
- Directorio Central
39 10 25.6 100 31 31
75.42
49
557
1368
5
65
18.1
10.2
17.1
Partido Revolucionario Dominicano, PRD
- Comité Ejecutivo Nacional
- Comité Político Nacional
297
30
10.1
104
9
8.7
1218
316
25.9
Partido de la Liberación Dominicana, PLD
- Comité Central
- Comité Político Nacional
36 4 11.1 52 23 44.2
300
21
34
2
11.3
9.5
Partido Quisqueyano Demócrata, PQD 23 1 3.8 25 4 16
Partido de Trabajadores Dominicanos, PTD 27 1 3.7 17 1 5.9
Bloque institucional Social-Demócrata, BIS 22 1 4.5
Unidad Democrática, UD 22 4 18
Partido Revolucionario Independiente, PRI 35 3 8.6
Partido Nacional de Veteranos Civiles,
PNVC 5 1 20.0
Partido Liberal La Estructura 31 7 22.6
Partido Popular Cristiano, PPC 11 5 41.5
Partido Renacentista Nacional, PRN 9 2 22.2
Alianza Social Dominicana, ASD 15 3 20.2
Fuerza Nacional Progresista, PNP 7 0 0.0
Partido Demócrata Institucional, PDI 18 3 16.7
Concertación Democrática, CD 36 8 22.2
Partido Comunista Dominicano, PCD 22 1 4.5
Unión Patriótica, UPA 11 0 0.0
Movimiento Independiente de Unidad
Capitaleña, MIUCA 9 1 11.1
Nota: Los datos del PRD y del PLD en la columna del año 1993, corresponden a informaciones de 1991. Para el 2003
también incluidos toda la militancia del PRSC por sexo.
21http://mujer.gob.do/LinkClick.aspx?fileticket=wD%2BbaEYUe9E%3D&tabid=140&
mid=592 Construido a su vez a partir de: 1) CIPAF, Quehaceres, Año 13. 1993. Unidad de
Investigación de República Dominicana. Proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras. 2) Para 1999 los
datos fueron suministrados directamente por miembros de los partidos. 3) Para el 2003 los datos del
PRSC por el Centro Nacional de Información y Cómputos y las del PLD y PRSC fueron tomadas de la
Tesis de Ramona García sobre Mujer y Política.
36
En la actualidad, de 26 partidos políticos y un movimiento municipal reconocidos por la JCE,
sus órganos directivos está integrados por un total de 6,337 personas, 5,233 (83.99%) son
hombres y 1,014 (16.01%) son mujeres. De estas 27 instancias sólo una tiene una mujer en la
presidencia y dos tienen Secretarias Generales. Sólo dos mujeres fungen como Delegadas
Políticas y una como Suplente.22
Al igual que las mujeres, la valoración mayoritaria de los/as representantes de la juventud
acerca de las estructuras internas de sus partidos coincide en resaltar la limitada participación de
jóvenes en ellas. Al respecto plantean que la participación de la juventud dentro de las
estructuras orgánicas de los partidos es “una lucha a veces titánica y en muchas ocasiones
frustrante” y que las estructuras de decisión “no quieren muy cerca a los jóvenes”. Expresan un
sentir generalizado de que la juventud “trabaja mucho, pero no recibe la importancia que
merece”.
3.3 Militancia y reclutamiento de nuevos miembros
Las preocupaciones fundamentales de los partidos consultados giran en torno a la inobservancia
o violación de las disposiciones en materia de reclutamiento. De manera específica, advierten
de la flexibilización de los requerimientos de entrada para las nuevas membrecías. Esta
flexibilización está relacionada con el juego de alianzas entre partidos y el transfuguismo en el
marco de los procesos electorales, para dar entrada a nueva membresía de base, dirigencia
media o alta a posiciones candidateables. Esta flexibilización viene a su vez aparejada a
problemas relacionados con:
a) El debilitamiento o cese de los procesos formativos regulares de entrada anteriormente
vigentes.
b) La anulación de pre-requisitos y condicionalidades de tiempo de militancia, historial en el
partido y otros aspectos meritocráticos anteriormente vigentes como precondición para el acceso
a puestos.
c) Inconformidades y molestia en la militancia actual por el incumplimiento de las normativas
partidarias y los privilegios dados a la nueva membresía y al liderazgo entrante en los partidos.
Esta problemática es identificada en el diagnóstico elaborado por Rosales (2010) como aspectos
clave a fortalecer en el proceso de institucionalización. El otro asunto a destacar es la debilidad
en los mecanismos regulares de comunicación-información de los partidos hacia su militancia,
así como de mecanismos garantes de la participación de ésta en la toma de decisiones y el
respeto a las decisiones; aspecto éste también observado en anteriores diagnósticos (Figueiras
2005).
3.4 La Junta Central Electoral y su aporte al proceso de institucionalización partidaria
Entre los representantes de los partidos ante la JCE predomina una valoración general positiva
sobre los niveles de institucionalización alcanzados por la JCE y sobre su desempeño en la
administración de los procesos electorales. Consideran que “se han dado pasos y avances en el
sistema electoral dominicano”, sobre todo a partir del 1994. Algunos elementos específicos de
avance identificados por los representantes de partidos ante la JCE en términos de
institucionalidad son:
a) Mayor independencia y autoridad de la JCE
b) Unificación de los documentos de identificación en uno sólo, generando mayor confiabilidad
en el padrón electoral
c) La selección por el Senado de los miembros de la JCE con participación de partidos y
sociedad civil
d) El avance tecnológico en la elaboración del padrón
e) La separación de las funciones contenciosa y administrativa de la JCE, permitiendo a una
parte de la JCE dedicación completa a la organización de las elecciones
22
Fernández, Aura Celeste. 2010. “Palabras de Aura Celeste Fernández R”. Consejo Directivo de la
EFEC. Mesa de Género. Género, Participación Política y Elecciones. 23 de febrero de 2010.
37
f) Participación activa de la JCE en dirimir conflictos entre partidos políticos
i) Cumplimiento de los plazos en la formación de las Juntas Municipales de los últimos
procesos electorales
j) La institucionalización de la propia JCE
Y entre las necesidades de cambio, los representantes ante la JCE identificados las siguientes:
a) Aunque el procedimiento adoptado es regular y democrático, la Junta, y la Cámara
Contenciosa deben dar a los partidos políticos un margen mayor para resolver sus problemas
internamente
b) Politización de la JCE, debería ampliarse el espectro de escogencia de los jueces que
conforman la JCE
c) Persisten las irregularidades en la cédula de identidad personal, ya que ésta contiene dos
números: el anterior y el incorporado al nuevo carnet, provocando muchos errores de
identificación de electores
3.5 Valoración general de la situación actual y perspectivas futuras en el proceso de
institucionalización
Los diversos sectores en los partidos así como las organizaciones de la sociedad civil
consultadas, coinciden en identificar la falta de institucionalidad como principal problema que
frena el proceso de modernización del sistema de partidos dominicano. La ausencia de
institucionalidad, estrechamente relacionada con la ausencia de normativa y procedimientos,
con la violación de los estatutos y con la indisciplina interna, es uno de los aspectos más
enfatizados por los partidos. Los partidos no cumplen sus propios procesos y reglamentaciones
internas expresando, sobre todo en periodo electoral, violaciones permanentes a la
institucionalidad y a los derechos democráticos de la membrecía. Todos los actores consultados
coinciden en que el clientelismo se ha fortalecido al punto de que en ocasiones sustenta la
propia existencia de los partidos, distanciándolos de la ideología que les dio origen. En esta
situación, juega un papel importante el hecho de que los aspectos ideológicos y de declaración
de principios de los partidos a nivel estatutario estén débilmente definidos, como ya se destacó
en el análisis normativo en la primera parte de este Informe. El rápido crecimiento de algunos
de los partidos ha contribuido a afianzar el clientelismo en las altas esferas y en la militancia,
intercambiando favores por puestos y candidaturas. Para los miembros del PLD consultados, la
situación de los partidos políticos en el país “no es diferente al resto de América Latina”, ya que
tienen debilidades, pero también han hecho aportes a la democracia. Consideran que los partidos
han avanzado, se han fortalecido y tienen hoy día una visión amplia de la democracia. Por eso
consideran que la aprobación del Anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas
contribuirá a consolidar estos avances. El partido oficialista considera que los principales
partidos políticos dominicanos están en “un proceso de transición del relevo de su liderazgo
histórico”, pero en este proceso de transición “hay estilos que rompen con las bases estatutarias
de los partidos”. El proceso de transición se da en el marco de un “ejercicio contradictorio de
apego a las prácticas pasadas, aunque el discurso sea diferente”. Los partidos tienen aún
suficiente fortaleza como para ser “el punto de apoyo para avanzar en democracia y
transparencia y seguir fortaleciendo el sistema de partidos”. Identifican entre esas fortalezas la
“consistencia del voto partidario”.
Señalan como una de las grandes debilidades de los partidos dominicanos la pérdida de su
identidad, relacionada con liderazgos basados en proyectos personalizados, no en proyectos
sociales partidarios con objetivos de nación. El reto es “recuperar la identidad” partidaria propia
más allá de los caudillos históricos. El sesgo personalista identificado en la mayoría de los
partidos políticos dominicanos, deviene en confrontaciones entre estructuras formales e
informales de toma de decisión. Las opiniones recogidas en este Informe documentan las quejas
sobre el manejo personalista de las organizaciones y por tanto, una práctica que debilita la
institucionalidad partidista.
38
Para los miembros de la APD entrevistados, los partidos políticos atraviesan un fuerte “proceso
de descomposición” y “uno de sus momentos más difíciles de crisis”, relacionados ambos con la
“pérdida de su ideología y razón de ser”. Predomina el interés particular y quienes intentan un
ejercicio político distinto confrontan dificultades. Hay rechazo a los sectores políticos
tradicionales del país, que han perdido credibilidad. Encuestas nacionales y latinoamericanas
sustentan este planteamiento mostrando que la población dominicana tiene una valoración
negativa y gran insatisfacción con el funcionamiento de la democracia en general, las instancias
públicas y los partidos políticos en particular, siendo las mujeres quienes muestran mayores
niveles de insatisfacción (62%).23
En el 2004, el 64% de la población consideraba que la clase
política dominicana contaba con poca credibilidad (DEMOS 2004). Más recientemente, en la
Encuesta Latinobarómetro 2008 el 64.7% de la población consideró que la clase gobernante de
América Latina no cumplen sus compromisos y miente para ganar las elecciones, mientras que
el 70% consideró que la clase política gobierna en beneficio de intereses minoritarios. La
República Dominicana encabezó con un 89% la lista de los países que se manifestaron en esta
dirección24
.
Las mujeres consultadas en los grupos focales denuncian que los partidos políticos, sobre todo
los mayoritarios, no siguen parámetros institucionales convirtiéndose así en organizaciones
clientelistas, por lo que estiman necesario activar y priorizar los principios programáticos y los
valores. Los/as representantes de las instancias de la juventud identifican el transfuguismo
como uno de los principales problemas de los partidos. Ven “peligrosa la conversión del sistema
de partidos en uno bi-partidista, por la falta de opciones que esto genera y consideran necesario
devolver a la ciudadanía la confianza en los partidos políticos”. Asumen la existencia de
movimientos juveniles no partidarios como “reflejo de la debilidad partidista para captar
espacios”, considerando que “debe de ser a través de una organización política que estos grupos
encuentren espacio para expresar su frustración”. Según su opinión, los jóvenes que militan en
organizaciones de la sociedad civil, no participan en los partidos porque no creen en éstos.
En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, éstas coinciden en definir la situación
actual de los partidos dominicanos como “reflejo del contexto de la sociedad global”. Los
partidos políticos se encuentran signados por una evidente ausencia de institucionalidad, de
predominio de normas informales y por una situación de indisciplina partidaria. Predomina el
caudillismo, el nepotismo, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas. Consideran
que predomina una ideología conservadora, presente también en la sociedad dominicana y
producto del “triunfo aplastante del neoliberalismo”.
Las organizaciones de la sociedad civil expresaron en los grupos focales que la política se ha
convertido en un medio de ascenso social y enriquecimiento rápido, donde predomina el
clientelismo, el patrimonialismo, el interés personal y comercial, en detrimento del interés
colectivo. Todas las organizaciones consultadas sentenciaron que los partidos dominicanos no
son mecanismos de representación de los intereses sociales, han perdido la credibilidad y
confianza de la ciudadanía y deberían por tanto “organizar, formar la militancia, ser
contrapeso frente a los partidos en el poder, y crear condiciones y capacidades para gobernar”.
Sin embargo, han centrado su práctica sólo en la contienda puntual, convirtiéndose en
maquinarias electorales y perdiendo visión sobre sus funciones sociales.
En este escenario dibujado por las organizaciones de la sociedad civil, consideran
determinantes fenómenos como:
a) El conservadurismo y neoliberalismo predominantes
b) La incidencia de la influencia del narco
23
Ver Brea, Ramonina, Duarte, Isis y Seligson, Mitchell. 2005. La democracia vulnerable: insatisfacción
y desconfianza (1994-2004). PUCMM. Santo Domingo. 24
Ver Corporación Latinobarómetro. 2008, pp.82-83.
39
c) La injerencia empresarial en la vida política a través de “un nuevo tipo de empresario
informal interesado en la política”. Predomina el dinero en la toma de decisiones internas y en la
selección de candidaturas y dirigentes, lo que está asociado al crecimiento del clientelismo
político y al ingreso de nuevos sectores sociales ligados a formas no tradicionales de ejercicio
político
d) La incapacidad de renovación y transición por parte de los partidos. Los partidos se han
igualado ideológicamente, han perdido la capacidad de ofertar planteos reformadores, actúan de
acuerdo a viejos esquemas políticos, y es evidente la “reticencia a una transición política hacia
un ejercicio político no tradicional”
e) Debilidad de la sociedad civil que ofrece “cancha abierta para los políticos”. No hay un
“ejercicio de ciudadanía crítica que derive en costo político para las acciones de la clase
política”. Reconocen el surgimiento de nuevas expresiones sociales, fundamentalmente de
jóvenes, mujeres y redes sociales, pero aún “dispersos, sin articulación fuerte, su visión y
propuesta sobre los temas fundamentales”
Aunque la apreciación anterior contrasta con estudios que demuestran que la República
Dominicana tiene (a la par con Brasil) los mayores niveles de participación social de la región
(60%), es coherente con el hecho, evidenciado por este mismo estudio, de que este alto
porcentaje de participación está focalizado sobre todo en actividades religiosas (20.6%),
comunitarias (19.6%), asistenciales/benéficas (15.1%) y deportivas. El país muestra, así mismo,
la mayor participación en organizaciones y partidos políticos (cerca de 10%), pero concentrada
en aspectos político-partidarios y electorales,25
siendo mayor la participación femenina (Morgan
y Espinal 2006:170). La participación de la ciudadanía en el diálogo y la concertación con el
Estado de cara a la toma de decisiones es aún débil26
. Estos aspectos fueron revalidados en el
estudio “Exploración de Opiniones y Valoraciones Sobre los Partidos Políticos Dominicanos”
(Figueiras 2005), donde la mayoría de los sectores consultados consideraron que los partidos
políticos dominicanos se encontraban en situación de crisis interna y pérdida de credibilidad a
causa del uso de la política como medio de enriquecimiento personal rápido, de la corrupción y
la impunidad, la indiferencia de los políticos, su falta de preocupación por el desarrollo del país,
la incoherencia respecto a su propio discurso y el incumplimiento frente a la ciudadanía. Los/as
consultados/as en dicho estudio reconocieron situaciones de falta de democracia interna que
coarta liderazgos, falta de capacitación, falta de vinculación de los partidos con las fuerzas vivas
de la nación y la ciudadanía, pérdida de los principios ideológicos de los partidos y búsqueda
del poder en sí mismo. Por tanto, hay que concluir que esta tendencia sigue acentuándose
progresivamente desde entonces, y no hay indicios de mejora.
En cuanto a las proyecciones sobre el futuro de los partidos que realizaron los actores
entrevistados son variadas, pero el elemento común es la creencia de que la sociedad
dominicana tiene un rol importante que jugar en el proceso de institucionalización. Los partidos
sugieren tres modalidades de mecanismos que podrían contribuir a mejorar la situación de los
partidos políticos:
a) Mayores controles y de garantías frente al incumplimiento de los estatutos
b) Fortalecimiento de procesos y espacios para el debate entre políticos, militante y electores
c) Garantizar la disciplina partidaria a través de mecanismos de sanción internos y de la propia
JCE
25
Red Interamericana para la Democracia. 2005. “Índice de Participación Ciudadana, 2005”. Informe 9.
República Dominicana. Buenos Aires, pp. 8-16. 26
Red Interamericana para la Democracia. 2005, pp. 8-16.
40
En términos de mecanismos de control, los representantes del PRD consultados abogaron por la
pronta aprobación del Anteproyecto de Ley de Partidos Agrupaciones Políticas como punto de
inflexión en aras de “la modernización y la transparencia” y contra el transfuguismo. En lo
relativo al fortalecimiento de procesos y espacios, enfatiza la necesidad de robustecer la
institucionalidad del propio Estado y de los partidos políticos para acabar con el transfuguismo
y el clientelismo. Sobre garantías de disciplina partidaria y mecanismos de sanción, el PRD
considera necesario implementar una estrategia combinada de educación política y creación de
“muros de contención”, así como propiciar “sanciones morales en términos de opinión pública
que se traduzcan en castigo a través del voto”. Con respecto al PLD, sus representantes sugieren
fortalecer la democracia interna en los partidos, promover la reflexión amplia sobre costo y
modalidad de las campañas, violaciones a los estatutos y reglamentos y a la disciplina partidaria
y definir líneas estratégicas o reglamentos para enfrentar el crecimiento de los partidos políticos
y el desconocimiento de los estatutos por parte de la nueva membrecía.
La APD concentró sus sugerencias en torno a garantías de disciplina partidaria y mecanismos de
sanción, priorizando la necesidad de respeto a los derechos y a la sociedad por parte de los
políticos y las instituciones políticas. Por otro lado, las organizaciones de la sociedad civil
ponen énfasis en el desarrollo de iniciativas desde la propia sociedad, y plantean la necesidad de
generar cambios internos en los partidos: cambios que no se generarán por sí solos, por lo que el
“factor detonante debería ser el ejercicio ciudadano del voto”. En este sentido, plantean
necesario que la ciudadanía empiece a hacer un “ejercicio critico a través del voto”, usándolo
como mecanismo de sanción. Para ello hay que “crear las bases para que la ciudadanía cuente
con elementos críticos para hacerlo”. En este sentido, consideran necesario abrir posibilidades
de alianzas desde la sociedad civil con sectores progresistas emergentes de los partidos y con
sectores específicos como mujeres y jóvenes, apoyándolos en su lucha interna para ganar
espacios y promoviendo el surgimiento de un liderazgo colectivo alternativo, en una suerte de
combinación de apertura hacia las alianzas y vigilancia ciudadana. Consideran también
necesario mejorar los marcos legales mediante la aprobación del Anteproyecto de Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas, para facilitar el rol de la JCE como mecanismo de control,
disminuyendo el poder del dinero y de las prácticas informales.
La mayoría de las anteriores propuestas de mecanismos de mejora en los partidos fueron
también enfatizadas en el estudio anteriormente citado de Figueiras (2005), por lo que hay que
concluir que se siguen arrastrando las mismas debilidades y ofertando soluciones que no se
llegan a implementar.
4. VALORACIÓN DEL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN INTERNA
4.1. Democracia interna y toma de decisiones
La valoración de los partidos acerca del ejercicio de su democracia interna, fundamentalmente
en el marco de las contiendas electorales internas y nacionales, arroja como principal
problemática la falta de respeto a la voluntad de las bases, ya que predomina la designación
“dedocrática” por parte de las altas esferas de los partidos. Esta valoración negativa es
coincidente con la opinión expresada en el marco del estudio “Exploración de Opiniones y
Valoraciones Sobre los Partidos Políticos Dominicanos” (Figueiras 2005). Para la totalidad de
los/as consultados/as en ese momento no había democracia interna en los partidos políticos
dominicanos o la democracia interna en los mismos era muy débil. De manera que el balance
sobre la democracia interna en los partidos parece seguir siendo negativo. Los sectores
partidarios consultados consideran que el irrespeto a la voluntad de las bases en períodos
electorales cobra mayor relevancia a causa de las alianzas entre partidos.
En los partidos mayoritarios las alianzas generan malestar por las facilidades y ventajas
otorgadas a la dirigencia proveniente de otros partidos y a la designación de éstos/as en puestos
y candidaturas.
41
Como partido emergente, la APD mostró preocupación por este juego de alianzas,
considerando que en el país la lógica de las alianzas ha sido desvirtuada en la medida en que
éstas no están basadas en plataformas programáticas o ideológicas, sino “en cuotas de poder de
los candidatos (que) expresan la propuesta individual del candidato”, generando “equipos de
gobierno muy difíciles para la gobernabilidad, la institucionalidad y la democracia del país”.
Catalogan las experiencias de alianza de la APD como difíciles en tanto la presentación de
candidaturas del partido debió respetar los acuerdos con el partido aliado. Sin embargo, sienten
que la APD ha logrado mantenerse cohesionada y no salir fracturada de los procesos electorales
porque mantiene una comunicación fluida y procesos de consulta permanentes con su
militancia, lo que los unifica y dota de coherencia interna, aún en los desacuerdos.
Por su lado, las mujeres que participaron en los grupos focales señalan que las alianzas “son
determinantes hoy día en la política nacional”, sin embargo, éstas dificultan el cumplimiento de
los estatutos partidarios en tanto que la obligación de adherirse a acuerdos en ocasiones choca
con los contenidos estatutarios. Los jóvenes también tienen una percepción desfavorable en
relación con las alianzas. Consideran que la juventud no “gana nada” en los procesos de alianza
y que la incertidumbre que éstas crean dificulta estimular la participación en procesos
democráticos internos. En el caso de los partidos pequeños, los/as jóvenes consideran que los
procesos de alianza “no son muy democráticos” y que “tronchan las expectativas de los
candidatos (…) porque es imposible determinar cuáles espacios van estar garantizados a la
juventud”. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil entienden que las alianzas entre
partidos en los últimos procesos electorales “se han hecho fundamentalmente alrededor del
reparto de cuotas de poder y desprovistas de cualquier consideración de tipo programático”.
Una segunda problemática en relación con la democracia interna se refiere a la fuerte presencia
del clientelismo y el transfuguismo. Al respecto el PRD señala que el clientelismo “ha llevado a
los liderazgos naturales de base a no tener acceso a puestos porque los costos de la competencia
son insostenibles”, mientras que el PLD, enfatiza la responsabilidad del partido respecto a estos
fenómenos.
Un tercer elemento de preocupación compartido entre los dos partidos mayoritarios es el tema
del voto preferencial, con el que ambos partidos están en desacuerdo. Para el PRD, el voto
preferencial “desequilibra, divide y debilita a los partidos porque genera gran competencia
interna”, mientras que para el PLD es “un elemento que está dando al traste con la
institucionalidad de los partidos”. Esta opinión es compartida por los representantes de los
partidos ante la JCE, quienes consideran que el voto preferencial no ha dado los resultados
esperados, convirtiéndose en una “fuente de incentivo al clientelismo político” en la medida en
que propicia las dádivas como medio de obtención de votos.
Respecto a las anteriores aseveraciones es conveniente señalar que el espíritu del voto
preferencial, vigente desde las elecciones congresuales y municipales del 2002, busca un
ejercicio ciudadano más libre y no remitido a imposiciones de los partidos, propiciando que las
candidaturas favorecidas sean las de mayor simpatía en la ciudadanía. En esta medida,
representa un avance en términos de democratización del derecho ciudadano a la elección de sus
representantes, pero cuyos efectos quedan desvirtuados en sistemas de partidos poco
institucionalizados y en ausencia de referentes ideológicos y programáticos. El voto preferencial
no hace más que evidenciar los vicios históricos de la relación particularista entre políticos
ciudadanos en el país y el faccionalismo endémico de sus partidos.
Otro aspecto que es valorado negativamente por los actores consultados en los grupos focales
es la reserva de candidaturas por las altas instancias del partido. Las direcciones de todos ellos
se reservan entre un 20% y un 50% del total existente de candidaturas para asignarlas a
discreción, alegando la necesidad de garantizar espacios disponibles para negociar en caso de
alianza y garantizar que una determinada cantidad de puestos estén disponibles para los/as
dirigentes nacionales de los partidos.
42
De esta manera, el PRSC se reserva una cuota del 20%, el PLD un 50% y el PRD un 30%
(Duarte 2002: 17). Esta práctica es en general mal vista, sobre todo por las dirigencias medias
de los partidos consultados, y de manera fundamental por mujeres y jóvenes, quienes resultan
los sectores más afectados, en la medida en que limita el acceso a candidaturas. La ciudadanía
coincide con esta valoración. Así lo confirma la Encuesta de Cultura Política y Democracia
DEMOS 2001, ya que el 58% piensa que son las bases de los partidos las que deben escoger los
candidatos/as a puestos públicos. En la DEMOS 2004 este porcentaje es de 67% (CESDEM
2004).
Las reglamentaciones internas de los partidos mayoritarios en las pasadas elecciones
congresuales determinaron el porcentaje de candidaturas reservadas:
Partido Reglamentos para la Elección Candidaturas a Cargos Congresuales y Municipales
(2010)
PLD27
El Comité Político, por razones de conveniencia del Partido, o acuerdos electorales con otras fuerzas
políticas y sectores de la sociedad, se reserva el derecho de disponer de cualquier candidatura. Dicha
reserva se hará con anterioridad a la inscripción de las precandidaturas.
PRD28
Artículo 13 (párrafo 2)
La Comisión Política del CEN podrá reservarse hasta las siguientes candidaturas:
a) Hasta un 15% de todas las candidaturas para las alianzas electorales.
b) Hasta un 30% de las candidaturas a Senador/a, Diputado/a, Síndico/a para militantes del partido.
c) Hasta un 50% de las candidaturas a Regidor/a y Director/a y Vocal de los Distritos Municipales.
d) Hasta la totalidad de las candidaturas a Suplentes de Síndicos/as y Suplentes de Regidores/as.
Artículo 13 (párrafo 3)
Para garantizar la representación de la mujer y la juventud en el Partido Revolucionario
Dominicano, a nivel Congresual, en los lugares que aplique, de cada tres (3) candidaturas ganadoras
una será para la mujer y de cada cuatro (4) candidaturas ganadoras una será para la juventud. De tal
forma queda garantizada la representación de la mujer y la juventud en la boleta del Partido
Revolucionario Dominicano, tanto en el nivel Congresual como en el Municipal. Los niveles,
cantidad y lugares para la aplicación de estas disposiciones serán establecidos por la CONACEX.
PRSC29
Art. 7, Párrafo II: En atención a lo que establece el art. 38, párrafo V, y el art. 80, párrafo V, la
Comisión Política Nacional (CPN), puede reservarse hasta el 15% de las candidaturas a cargos de
elección popular en los niveles congresual y municipal. Estas candidaturas no tienen que ser
sometidas a ninguna de las modalidades estatutarias para la elección de candidatos.
Los/as representantes de las instancias de la juventud consultados en los grupos focales señalan
la incoherencia por parte de la dirigencia partidaria de negarse a garantizar cuotas de acceso a
puestos para la juventud manteniendo, sin embargo, porcentajes de cuotas reservadas para la
dirección de los partidos.
Los partidos expresaron algunas preocupaciones específicas en este ámbito. El PRD señaló la
dualidad de funciones de las nuevas autoridades del partido en el marco de los procesos
electorales, en la medida en que frecuentemente éstas son también candidatos/as. Esta dualidad
resta imparcialidad al desempeño de sus funciones internas en el partido. En los últimos
procesos internos las grandes decisiones las ha tomado la JCE y consideran esto una pérdida de
facultades y atribuciones partidarias. Esta valoración fue compartida por buena parte de los
representantes de los partidos políticos ante la JCE, quienes ven necesario fijar el alcance de su
injerencia.
27
Partido de la Liberación Dominicana (2009). Reglamento para la Elección de los Candidatos y
Candidatas a Cargos Congresionales y Municipales para el Periodo 2010-2016. 28
Partido Revolucionario Dominicano (2009). Reglamento de la XXVIII Convención Nacional
Extraordinaria. XXVIII Convención Nacional Extraordinaria. Comisión Nacional Organizadora. 29
Partido reformista Social Cristiano (2009). Reglamento que Servirá de Marco Normativo al Proceso de
Escogencia de los Candidatos a Cargos Congresuales y Municipales. Comisión Ejecutiva Nacional
(CEN), Santo Domingo, República Dominicana.
43
Abogan por ello que los partidos “tengan estructuras y procedimientos internos conformes a su
visión de la dirección del Estado y la participación en los procesos políticos”, siendo el rol de la
Junta asegurar el derecho a participar y la aplicación de principios democráticos, para lo cual
debe garantizarse el acuerdo entre partidos. En el caso del PLD resaltan la dicotomía que se
suscita en el partido en períodos electorales y no electorales: “el partido institucional, que está
fuera de las elecciones, y el partido electoral o la maquinaria electoral”. El partido institucional
resulta de alguna manera suplantado por la maquinaria electoral, lo que supone reglas del juego
propias de las dinámicas electorales, colocando al partido en términos institucionales en una
suerte de “limbo” en la medida en que durante los períodos electorales priman reglas del juego
definidas por cada candidato y sus coordinadores. Un planteamiento similar resaltó el PRD en
relación con la dinámica partidaria en el interior del país durante las coyunturas electorales.
Contrario a los partidos mayoritarios, la APD tiene una valoración positiva sobre el ejercicio de
la democracia interna y el manejo de sus procesos electorales. El partido decide su participación
a partir de “procesos amplios de consulta interna y externa con pequeños grupos ciudadanos”.
Consideran que sus procesos internos se encuentran institucionalizados, contando con
reglamentos claros cuyo respeto está garantizado por la Comisión Electoral y la Dirección
Ejecutiva y Nacional. Consideran diferentes sus procesos electivos en tanto “se respeta el
derecho de elegir y ser elegido” y “reconocen, sin embargo, algunas dificultades relacionadas
con la implementación de la cuota de género”.
La apreciación de las mujeres y jóvenes con relación a la democracia interna en sus partidos y al
manejo democrático en contextos electorales es igualmente crítica. Las mujeres señalan que las
campañas internas son réplicas de las campañas externas, es decir, “arrolladoras”. La lucha
interna impone los intereses de los más fuertes afectando el relevo del liderazgo, la sana
alteridad en las funciones y cargos.
El valor del voto es sustituido por negociaciones. En el caso de las mujeres, de nuevo estos
problemas fueron ya identificados en el pasado, en el Informe elaborado por Figueiras (2005)
donde la mayoría de los/as consultados consideraba que había problemas de participación que
obstaculizan el paso a los jóvenes y las mujeres. En cuanto a los representantes de las instancias
de juventud valoran a los partidos como garantes de la democracia, pero reconocen que su rol
actual no responde a esta noción, señalando que los partidos se han convertido en “instituciones
con fines de lucro” y que “no hay transparencia en los procesos” como resultado del irrespeto a
sus estatutos. Además resaltan las dificultades de la juventud para participar en la política y su
limitada capacidad de injerencia en los procesos electorales en la medida en que el ejercicio de
la política “ha degenerado, el dinero juega un papel preponderante en el votante y el joven no
tiene riquezas”. La situación de la juventud empeora en tanto “no hay garantías de respeto al
voto”. Los partidos permiten candidaturas fraudulentas en función de su disponibilidad de
recursos de campañas.
4.2 Disciplina partidaria
Todos los partidos políticos objeto de este estudio establecen un listado de faltas y sanciones,
definen sus órganos disciplinarios competentes y dan garantías del debido proceso, como se ha
reseñado en el análisis del marco normativo de la primera parte de este Informe, aunque sólo los
tres partidos mayoritarios definen mecanismos para cuestionar las sanciones impuestas por los
organismos disciplinarios. La práctica partidaria sin embargo revela un escenario de
incumplimientos y arreglos informales muy distinto. Así lo corroboran las percepciones de
los/as actores de los partidos mayoritarios, reconociendo que existen serios problemas de
disciplina en estos partidos. Por el contrario, los entrevistados de la ADP no manifiestan
problemas en este ámbito, y consideran que en el partido se abordan los temas relativos al
orden y disciplina de manera democrática, en un clima de estímulo a las buenas prácticas, y de
reconocimiento de los méritos de sus integrantes.
44
Para el PRD por el contrario, el partido cuenta con “reglamentos (disciplinarios) claros (pero
que) no se cumplen en lo más mínimo”. Consideran que “las violaciones de las leyes, tanto en
los partidos como en la sociedad en su conjunto, vienen de arriba” y que los partidos políticos
“no escapan a la falta de institucionalidad (del) país en sentido general”. Señalan que esta falta
de institucionalidad es un “rasgo” del partido y estiman el arbitraje como algo “muy difícil y
poco creíble” en la medida en que “los árbitros de turno defienden intereses de grupo”. Añaden
que en los últimos procesos internos las decisiones importantes en torno a conflictos de intereses
y reclamos las ha tomando la JCE, lo que de alguna manera consideran sustituye la voluntad de
la militancia y la competencia interna del partido en el arbitraje de sus controversias. Los
perredeístas consultados se mostraron partidarios de modificar los estatutos para endurecer las
sanciones y detener así el deterioro del partido.
Consideran que “solo la educación partidista podría funcionar como muro de contención”
frente a los incumplimientos y la indisciplina. “Sólo un proceso de empoderamiento de la
sociedad dominicana puede frenar la corrupción y el incumplimiento de las leyes”. Abogan por
la aprobación de la Ley de Partidos Políticos como mecanismo garante al respecto.
Los representantes del PLD entrevistados identificaron los cambios producidos a partir de 1994
como punto de quiebre en la formalidad y rigor disciplinario en el partido. Consideran que “la
falta de sanciones y de disciplina han hecho daño al partido” y a pesar de que los estatutos
establecen claramente las responsabilidades en la toma de medidas disciplinarias, en muchos
casos las personas responsables no actúan en consecuencia. Los entrevistados del partido
oficialista advierten que la indisciplina es mayor en periodos electorales, donde la vorágine de la
selección de candidaturas y puestos en la boleta ningunea la voluntad de las bases del partido en
la designación de candidatos, primando la conveniencia política. Este panorama de indisciplina e
impunidad también fue señalado como una constante en el estudio de Figueiras, por lo que hay
que concluir que se siguen arrastrando las mismas prácticas viciadas hasta la actualidad. Casi
todos los partidos reconocieron en ese entonces la existencia de Comités Disciplinarios, pero
fueron catalogados como “elefantes blancos” que se activan de manera parcializada sólo ante la
profundización de fuertes conflictos internos y que eran estructuras infuncionales (Figuerias
2005).
4.3 Pluralismo, derechos, participación de la juventud y equidad de género
La participación de mujeres en las instancias partidarias
Todos los partidos consultados cuentan con representación formal de sectores de mujeres que
buscan contribuir a modificar la cultura y estructuras partidarias para propiciar equidad en la
participación política de las mujeres. Sin embargo, una mirada a la realidad de las mujeres en
los partidos políticos dominicanos muestra que aunque algunos de los mecanismos de la mujer
de los partidos han logrado niveles de influencia e impacto en determinadas coyunturas, en
general no han logrado suficiente fortaleza como para incidir significativamente en favor de la
participación y el acceso equitativo de las mujeres a puestos internos.
En el PRD, la Federación Dominicana de Mujeres Social-Demócratas (FEDOMUSDE), se
constituyó en su momento como una estructura de participación masiva y de gran capacidad de
negociación interna, obteniendo logros significativos para las mujeres del partido. En la
actualidad, sin embargo, en ausencia del líder que la impulsó y en un marco de menor voluntad
política hacia la equidad en la participación femenina, la Federación ha perdido su anterior
fuerza e influencia en el partido.
45
Estructuras de la Mujer en los Partidos Políticos
APD PLD (1994) PRD PRSC BIS (2007)
Secret.
Nacional
de
Género
Secretaría de la Mujer.
Propósito: “fortalecer los
liderazgos de las mujeres
al interior/exterior del
partido”.
Territorialidad nacional
(mecanismos de
coordinación provincial,
Direcciones Municipales,
y en Comités de Base).
Federación Dominicana
de Mujeres Social-
Demócratas
(FEDOMUSDE).
Organismo parte de la
Internacional Socialista
de Mujeres. Su Presidenta
integra el Comité
Ejecutivo Nacional.
Secretaría de la
Mujer.
Su titular es parte del
Secretariado Nacional
de Organización,
adscrito al Directorio
Nacional, máximo
órgano de dirección
del Partido.
Frente Nacional de
Mujeres Bloquistas
(FRENMUBIS).
Actualmente se
conforma la
estructura de
mujeres, con un
porcentaje dirigiendo
estamentos internos.
Fuente: Figueiras Prim, Carmen Luisa. 2009, pp 45-46.
En el caso del PLD, el trabajo de promoción de políticas de equidad de género está a cargo de la
Secretaría de la Mujer del partido, que tiene como propósito “fortalecer los liderazgos de las
mujeres al interior y exterior del partido”. Esta Secretaria desarrolló planes de trabajo hasta el
2002. A partir de entonces sus planes se han visto mermados a causa del activismo de los
liderazgos locales en el marco de contiendas electorales cada dos años, y que se superponen a los
planes de la Secretaría de la Mujer del partido. Esto sucede en la medida en que los dirigentes,
que forman parte de las direcciones medias del partido, focalizan sus esfuerzos en sus proyectos
personales. La representación del PLD consultada en los grupos focales señala que “el sistema
bianual de elecciones ha desmontado las propuestas de trabajo y de formación política al interior
de los partidos”. La APD por su lado, como partido incipiente, cuenta con una Secretaría
Nacional de Género, de reciente creación, que muestra logros con la aprobación una cuota
interna de participación femenina en los organismos del partido.
Todos los sectores consultados incluidos los representantes de la sociedad civil, ponen de
relieve las dificultades particulares que confrontan las mujeres para la participación y el acceso
equitativo a posiciones partidarias. A pesar de que es una realidad la llamada “feminización de
la política”,30
que se traduce en una intensa integración y participación femenina en los partidos
a nivel latinoamericano, estos niveles de participación se dan fundamentalmente en estamentos
jerárquicamente bajos, asumiendo las mujeres gran parte de las actividades proselitistas y
organizativas de activismo comunitario. A mayor nivel en los diferentes estamentos partidarios,
mayores dificultades al acceso y presencia de las mujeres. A juicio de los representantes
consultados en el PRD, las mujeres compiten en desventaja en tanto los hombres “disponen de
más tiempo para el ejercicio político y de recursos económicos”. Plantean adicionalmente que
“la sociedad todavía cree más en los hombres que en las mujeres”.
Algunos estudios nacionales realizados en la pasada década daban cuenta de cambios
importantes en la opinión pública favorables a la participación política de las mujeres. La
Encuesta DEMOS 2001, por ejemplo, evidenciaba que un 70.7% de la población consideraba
que la mujer debía participar en política equitativamente y que la mayoría de la ciudadanía
asumía que la política no era asunto de hombres. En el 2004 un 63.7% de la población pensaba
que la mujer estaba igual o mejor capacitada que el hombre para gobernar y 88.8% de la
ciudadanía dominicana era partidaria de una mayor participación política de las mujeres.
La Encuesta Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana (2008)31
reporta
igualmente cambios favorables a la participación política de las mujeres entre mediados de la
década de los 90 y mediados de la pasada década.
30
Al respecto ver datos del Consejo de Ministras de la Mujer / Sistema de la Integración Centroamericana
(COMMCA/SICA). 31
Universidad de Vanderbilt (2008). Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana. El
Impacto de la Gobernabilidad. LAPOP. USAID.
46
Sin embargo, esta misma encuesta da cuenta de una suerte de revés en las actitudes de la
población a la participación de las mujeres en la política, que atribuye a lo que considera “un
declive en el movimiento de mujeres, y el abandono de una agenda explícita” a favor de las
mujeres por parte de los partidos y el Estado.
Evolución de las Actitudes Hacia la Participación Política de la Mujer en RD (DEMOS)
32
Categorías de Opinión DEMOS
1994
DEMOS 1997 DEMOS
2001
DEMOS
2004
Favorable a una mayor participación de la mujer en
política. 72.9 87.4 88.8 N/D**
Favorable a que el 30% de las candidaturas de los partidos
sean de mujeres. N/D N/D 83.8 N/D
Opinión de que la política no es asunto hombres. 49.5 64.8 72.0 58%*
Convicción de que la mujer debe participar en la política en
igualdad con el hombre. 49.5 60.6 70.7 76.8
Convicción de que la mujer está igual o mejor capacitada
que el hombre para gobernar. 48.6 57.4 63.7 63.7
Las mujeres sólo deben participar cuando no impidan sus
obligaciones familiares. 39 32 23 N/D
Confían más en las candidaturas de mujeres. .24 40 51 N/D
Confían más en las candidaturas de hombres. 60 43 34 N/D
Los hombres tienen más capacidad que las mujeres para
gobernar. 52 44 36 N/D
* La diferencia con relación al 2001 se explica por el uso de una escala diferente de medición en la encuesta 2004.
** N/D: No disponible. Se usó una escala de medición diferente en la encuesta del 2004. La convicción sobre la
participación igualitaria entre hombres y mujeres es mayor en el caso de las mujeres (77% en las mujeres frente un
69% en los hombres). En todos los demás renglones las proporciones de las mujeres son ligeramente más elevadas.
Para el PLD, las mujeres sufren las consecuencias de la cultura general y de los valores
imperantes en los partidos que la discriminan. Reconocen que el PLD también refleja esta
cultura prevaleciente. Consideran que “una mayor representación política de las mujeres viene
acompañada de una mejor democracia en los partidos y de una nueva ética de la promoción”, y
requiere una nueva “ética política y un trabajo más dirigido y focalizado hacia lo interno de los
partidos en materia de derechos de las mujeres y conciencia”.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil plantean que, debido a la “gran resistencia
del liderazgo masculino tradicional”, ha habido “poco avance en la participación real de
mujeres y jóvenes en las estructuras partidarias, a pesar de la existencia de cuotas en muchas
de ellas”. Los partidos evidencian una gran resistencia a la equidad de género y al
fortalecimiento y democratización de sus procesos internos. Señalan que la participación de
sectores de mujeres y jóvenes al interior de los partidos contribuyen a su fortalecimiento en la
medida en que, propician estructuras más democráticas, generan mayor equidad en la
competencia, enriquecen la visión, propuestas y proyectos de los partidos, y propician mayor
respeto de los derechos políticos de sectores tradicionalmente excluidos.
32
Construido a partir de: a) Poder y Representación Femenina. Hasbún, Julia.; Arvelo, Josefina.
República Dominicana. 2002. Editor Mediabyte S. A. 83 págs. b) Rosario Espinal, Jonathan Hartlyn, Jana
Morgan Kelly. Democracia y Género en la República Dominicana. Temple University. Universidad de
Carolina del Norte. c) Encuestas DEMOS. Tomado de Figueiras Prim, Carmen Luisa. 2009.
“Experiencias en la Vida Política de las Mujeres Alcaldesas Dominicanas: Rutas de Elección y
Reelección, Logros y Desafíos en la Gestión Municipal”. Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN-INSTRAW). Santo Domingo,
R.D. (En proceso de edición).
47
Valoración de la cuota femenina
Con relación a la cuota de las mujeres hay ideas encontradas entre los/as representantes de los
diversos partidos consultados. Los que están en contra de la cuota alegan que es un limitante
para las mujeres en la medida en que establece un porcentaje tope al que deben atenerse,
propiciando posturas acomodaticias basadas en el menor esfuerzo, o contraviniendo mayores
niveles de aspiración. Además, consideran que la cuota es un privilegio para las mujeres y que
éstas deben competir con los hombres y ganar sus posiciones.
Los partidarios de la cuota femenina plantean que ésta sólo establece un mínimo innegociable,
pero no implica topes y que constituye un mecanismo para garantizar el espacio de crecimiento
a sectores en desventaja.
Los resultados de su aplicación han propiciado el crecimiento en la representación política
femenina en el país. A pesar de las opiniones anteriores, a nivel internacional la asignación de
cuotas de participación para las mujeres ha contribuido a ampliar la participación femenina y su
acceso a pociones de toma de decisión. En América Latina al menos 12 países cuentan desde
inicios de los 90 con mandatos legales que garantizan cuotas en los diversos estamentos del
Estado, siendo Argentina el país pionero, el que cuenta con mayor representación
parlamentaria femenina y el noveno en relación con el resto del mundo, superado sólo por
países nórdicos como Suecia, Alemania, Australia y Holanda (Aquino 2004). La aceptación de
la cuota femenina es actualmente significativa en Latinoamérica. Así lo confirman las encuestas,
en las que 2/3 partes de la población opina que son beneficiosas, mientras que un 57% apoya el
aumento de la representación de mujeres en cargos políticos, considerando que las mismas
contribuyen con mejores gobiernos en tanto son más honestas que los hombres (66%) y mejores
en la toma de decisiones (85%)33
.
El cumplimiento de la cuota de las mujeres en los partidos
Todos los partidos están obligados, mediante disposición 5-2001 de la JCE a aplicar la cuota del
33% en las candidaturas de elección popular. Al ser esta una medida de aplicación obligatoria,
los partidos están supuestos a definir los mecanismos y procedimientos internos garantes del
cumplimiento de la misma, sin embargo, la Ley no es explícita en este mandato, por lo que no
todos los partidos han definido dichos mecanismos en sus normativa interna. Para las
elecciones congresuales y municipales del 2002, el PLD dispuso en su reglamento interno
(artículo 6) que en la elección de los candidatos/as “deberá respetarse estrictamente la
proporción de un 33% de mujeres de acuerdo a lo establecido por la Ley Electoral” y que el
orden de aparición de los/as candidatos/as a regidores y regidoras en la boleta electoral de este
partido “será estrictamente el que les corresponda de acuerdo al número de votos obtenidos en
las elecciones internas”, mismo que sólo podría ser variado “en los casos en que sea necesario
dar cumplimiento a lo que establece la Ley Electoral en relación a la cuota del 33% de mujeres
que deben ser incluidas en las boletas electorales” (artículo 12).
Sin embargo, con frecuencia se implementan subterfugios que obstaculizan el número de
mujeres candidatas seleccionadas. Por ejemplo, en la selección de candidaturas congresuales y
municipales del 2002 el partido sugirió de manera escrita en la boleta electoral a los votantes un
número específico de hombres y mujeres a votar, limitando el número de mujeres. Así mismo,
los candidatos implementaron la estrategia de gestionar el apoyo de las mujeres planteando que
la cuota femenina estaba asegurada y que las mujeres contaban con un porcentaje interno
adicional asegurado por la dirección del partido (Duarte y González 2002). En las pasadas
elecciones (mayo 2010), las disposiciones del PLD sobre la cuota de las mujeres referidas en su
reglamento de elecciones internas fueron más escuetas, y en el art. 16 “Sobre la Participación
Femenina” especificaban que “en cada demarcación territorial se deberá garantizar el
cumplimiento de lo que establece la Ley Electoral 275-97, sobre la cuota del 33%”.
33
Diálogo Inter-Americano/Gallup. 2000. “Latinoamericanas en el mando. Una encuesta a la opinión
pública”. Compendio ejecutivo. Noviembre.
48
Por su lado, el PRD aunque no era muy específico en el procedimiento de selección de la cuota
femenina, explicitaba en sus reglamentos internos para las elecciones congresuales y
municipales del 200234
, mediante el artículo 28 de sus reglamentos, que habría “…en cada
demarcación electoral, por lo menos, las candidaturas femeninas que establece la ley” (Duarte y
González 2002). En ese momento la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas
(FEDOMUSDE), jugó un rol trascendente al negociar con la dirección del partido el
procedimiento para garantizar el cumplimiento de la cuota mediante una convención electiva de
FEDOMUSDE, así como la alternancia por sexo en las candidaturas para regidurías hasta cubrir
la cuota femenina del 33 %. Los Reglamentos del PRD para las elecciones congresuales y
municipales del 2010 en su acápite sobre espacios a cargos electivos para el cumplimiento de la
cuota del 33% de la mujer establecen y especifican que “en las provincias y circunscripciones
electorales se aplicará el mínimo del 33% de mujeres como candidatas a Diputadas al Congreso
Nacional, reservando el espacio para la referida cuota”. El PRSC por el contrario, no explicitó
en su reglamento para las elecciones congresuales y municipales del 2002 ningún mandato en
relación con los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento de la cuota electoral
femenina. En su “Reglamento que Servirá de Marco Normativo al Proceso de Escogencia de los
Candidatos a Cargos Congresuales y Municipales”, elaborado en el 2009 con el objetivo de
servir de marco normativo para el proceso congresual y municipal del 2010, no hace ninguna
referencia a la cuota de las mujeres.
Para el 2002, los partidos no hicieron público los resultados finales de sus convenciones, lo que
dificulta conocer el nivel de aceptación de las candidaturas femeninas en la militancia. La JCE
evaluó el cumplimiento inicial de los partidos constatando que el PRD y el PRSC no cumplieron
con la cuota mínima de 33% de candidaturas femeninas. La presión conjunta de las mujeres de
los partidos y la negativa de la Junta a recibir listados de candidaturas que no cumplieran la
cuota garantizó que estos partidos completaran posteriormente el porcentaje estipulado para las
mujeres (Figueiras 2005). En las pasadas elecciones congresuales y municipales 2010, la JCE,
en un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de la cuota femenina estableció mediante
resolución No. 4/2010-BIS la obligatoriedad de los partidos, alianzas y agrupaciones políticas
de incluir de manera alterna un porcentaje no menor al 33% a favor de mujeres del total de
cargos propuestos en cada nivel de elección para las candidaturas a cargos de Diputados/as,
Regidores/as, Suplentes de Regidores/as y Vocales de Distritos Municipales. Adicionalmente,
determinó la cantidad específica de mujeres a incluir en las listas según demarcación o
circunscripción electoral y cargo; 61 mujeres en total para las diputaciones, 43 en el caso de las
regidurías y de los/as Suplentes de Regidores/as respectivamente. En el caso de los Distritos
Municipales, la Junta estableció un mínimo de 33% de mujeres para los cargos de Directora,
Subdirectora y Vocal (mínimo de 2 mujeres en Distritos con 5 cargos y de 3 mujeres en
Distritos con 7 cargos, presentada de forma alterna una mujer cada 3 posiciones). En el caso de
alcaldías y Vice-alcaldías, la Junta dispuso la presentación de no menos de un 50% de mujeres
en forma alterna.
A pesar de estas medidas, en las pasadas elecciones fue difícil evitar la burla de la cuota
mediante la implementación de subterfugios por parte de los partidos. Según el Presidente de la
Cámara Administrativa de la JCE, entre 426 irregularidades cometidas por los partidos políticos
en la inscripción de candidaturas, 74 se relacionan con la cuota femenina y 125 con la
alternabilidad de cuota. Trece (13) agrupaciones políticas incumplieron la inscripción de una
mujer por cada tres hombres en las candidaturas municipales hasta agotar el 33 por ciento
obligatorio de candidaturas femeninas. El PRD obvió la alternabilidad en 33 casos, el PLD en
30, el PRI en 22, y el PRSD en 14.
34
Se toma como referencia comparativa el proceso electoral 2002 por la mayor disponibilidad de datos.
49
Otros 9 partidos políticos que también incumplieron la alternabilidad fueron la Alianza Social
Demócrata (ASD), el Movimiento Unidad y Cambio-Acción por Cambio (MIUCA), la Unión
Demócrata Cristiana (UDC), el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Movimiento
Independiente Unidad y Progreso (MIUP), el Partido Socialista Verde (PASOVE), el Partido
Liberal de la República Dominicana (PLRD), el Partido Verde de la Unidad Democrática
(PVUD) y el Partido Demócrata Institucional (PDI).35
Adicionalmente, algunos partidos no
presentaron candidaturas femeninas en sus boletas congresuales provinciales, el PLD en 9
provincias y el PRD en cinco. En los distritos municipales, aunque la Junta reglamentó un 33%,
se presentaron sólo 13% candidaturas de mujeres. Los datos provistos por la JCE evidencian
una disminución en términos absolutos en la presentación de candidaturas femeninas en
comparación con el 2006. A nivel del Senado 27 candidaturas femeninas en el 2006 frente a 16
en el 2010. En las diputaciones 334 frente a 278 en el 2010. En términos municipales 12% en el
2006 y 11% en el 2010 (Galván 2010). En relación con las sindicaturas, en las pasadas
elecciones se estima una disminución significativa del número de mujeres Síndicas 11 (7.75%)
en comparación con una tendencia sostenida al crecimiento en los procesos electorales
anteriores; 2 Síndicas de 115 (1.7%) en el 1988, 9 de 125 (7.2%) en el 2002 y 17 de 151
(11.26%) en el 2006. A nivel de Distritos Municipales, esta disminución es mayor con sólo 5
mujeres electas (2.18%) (Matías 2010).
El panorama anterior evidencia que, tal como plantea Alejandra Massolo (2007), la existencia
de la Ley de cuotas para las mujeres “no significa inmediatamente que las candidaturas de
mujeres tengan la posibilidad real de traducirse en una proporción semejante de escaños (…) en
la medida en que (…) la experiencia evidencia que puede cumplirse con la norma sin cumplir
con su espíritu…”, mediante el uso de un conjunto de subterfugios utilizados con destreza por
los partidos. Rosales (2010) por su parte, observa que la literatura internacional especializada
afirma que la cuota como medio formal con miras a la inclusión de la mujer en la política es
poco efectiva si no va acompañada de esfuerzos para propiciar valores democráticos y cambios
en la cultura política.
La situación específica de cada partido en relación con la aplicación de la cuota es valorada con
relatividad por parte los/as representantes de los partidos consultados. Por un lado, se valoran
los avances legales al respecto y se rescatan momentos en los que se ha logrado el cumplimiento
de las normativas respecto a la cuota. Por otro, se reconocen las limitaciones y obstáculos en la
aplicación de la cuota para las mujeres. En el caso del PLD, reconocen momentos en los que se
ha cumplido, pero también debilidades y el predominio de prácticas que atentan contra su
eficiencia. El PRD centró su reflexión en los grupos focales en torno al voto preferencial,
considerando que el mismo “no contribuye a que haya mujeres electas en las diferentes
provincias”. La APD, considera que el partido ha ido avanzando en el tema de las mujeres, no
sin enfrentar fuertes obstáculos a la cuota. Este partido es el único de los consultados que reporta
haber definido mecanismos que garantizan el cumplimiento efectivo de la cuotaen todas las
instancias del partido y que consiste en elaborar dos listas; una integrada por un 66% de hombres
y otra integrada por un 33% de mujeres. Su aplicación en la estructura descentralizada despertó
recelos, por lo que está pendiente de aplicación.
Los actores consultados en el PLD reconocieron no disponen de cuota interna para las mujeres.
Admiten que persisten situaciones de discriminación en la representación femenina en los
espacios de poder, fundamentalmente en el Comité Central y el Comité Político. En el caso del
BIS, el 20% de los puestos directivos han de estar ocupados por mujeres, sin embargo, todavía
se trabaja al respecto para que se cumpla lo establecido en sus estatutos.
35
Lissette Rojas/Clave Digital JCE: Partidos políticos incumplieron la cuota femenina en unos 125 casos.
25 de marzo de 2010. / Loyda Peña. El PLD y PRSC conminados a cumplir cuota femenina. Hoy Digital.
24 Marzo 2010.
50
Participación de Jóvenes en las instancias partidarias
Todos partidos cuentan con instancias de representación de la juventud, pero la mayoría de
los/as consultados reconocen serios obstáculos y limitaciones para la participación equitativa de
jóvenes en los organismos de decisión del partido. Los representantes del PRD entrevistados
consideran que éste es uno de los sectores que menos se integra al partido por la falta de
oportunidades, a pesar de que fue el primer partido que aplicó la cuota de la juventud en el país,
que era inicialmente de 20% y elevándose posteriormente al 25% en la reforma estatutaria
(Figuerias 2005). En el PLD, el sector juvenil consultado reconoce y valora las oportunidades
existentes, principalmente en capacitación, pero lamentan que fuera de la Secretaría de la
Juventud del PLD, los jóvenes no tienen otros espacios de representación y participación. En la
actualidad, solo 3 de los 412 miembros del Comité Central son jóvenes. En cuanto al PRSC,
establece en sus estatutos reservar un 15% a los jóvenes, pero las dificultades han sido
numerosas para su efectiva aplicación. Al igual que sucede con la cuota femenina, hay
opiniones diversas en relación a la reserva de puestos para los más jóvenes. En el PLD, no está
establecida la cuota, pero los representantes entrevistados se muestran favorables a la misma por
las oportunidades de acceso que se generan. Por el contrario, en la APD, a pesar de que en la
Dirección Nacional del partido sólo hay un joven, los/as representantes de la Secretaría de la
Juventud no están a favor de las cuotas porque entienden que el acceso a posiciones debe
depender de la capacidad personal y no de medidas de discriminación positiva como ésta.
4.4 Capacitación y espacios para el debate: valoración de la formación partidista
Las escuelas de formación política en el país
A pesar de la existencia de que la mayoría de los partidos establecen la formación política en su
normativa interna, los entrevistados dan cuenta de las debilidades de estos organismos
educativos y de la formación política de su militancia. Y es que, aunque los partidos confirman
que sus escuelas están operando, o que al menos ofrecen cursos de diversa naturaleza, se
evidencia que tienen un funcionamiento muy limitado y precario, con particularidades de
acuerdo a la realidad específica de cada partido.
En el PRD, los entrevistados llaman la atención sobre el vínculo entre la disponibilidad de
recursos y sus posibilidades de impulsar procesos de formación política. Consideran que “los
programas de formación política no están mal, pero necesitan recursos”. Señalan que el
Anteproyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas obliga a destinar el 25% del
presupuesto de los partidos a educación y reconocen que actualmente, sus estatutos establecen
fondos para la formación, sin embargo, el partido “prácticamente no destina nada a capacitación
porque no cree que haya que formar a los individuos” y la membrecía ha tenido que formarse
con recursos propios. La formación política que se ofrece está dirigida, a fortalecer
fundamentalmente a la juventud. A las mujeres se les ofrecen cursos de género paralelos a los
cursos regulares, basados en el criterio de que la participación política de la mujer no será
factible sin la asunción por parte de los hombres de su co-responsabilidad en el terreno de lo
privado. Reconocen que los programas de formación electoral “son los que mejor se cumplen”,
aunque esto no significa que se cumplan adecuadamente. Observan que los votos nulos van en
aumento en el partido, lo que evidencia la necesidad de capacitar a electores y facilitadores.
Los participantes de los grupos focales identificaron como causas de las deficiencias en
educación política:
a) Falta de voluntad política y ausencia de visión y planificación a largo plazo a causa del
individualismo y el caudillismo
b) Falta de un liderazgo visionario que fomente en el relevo generacional
c) La sustitución del/la militante por el/la votante en los partidos políticos
d) La pérdida de vínculos partidarios con organismos internacionales y otros partidos afines
51
En el caso del PLD, asumen como fortaleza que su escuela de formación política aún esté
funcionando, aunque reconocen que ésta “no tiene capacidad suficiente por el crecimiento del
partido”. Señalan que “su programa de formación política es para un partido con una estructura
controlable”, sin embargo, su acelerado crecimiento, cuya membrecía calculan en más de 2
millones de personas, dificultan la operatividad de su escuela de formación. Aunque los estatutos del PLD establecen como requisito para aspirar a cargos electivos congresuales,
municipales o nacionales haber aprobado el programa de formación política del partido, esto no
se aplica a los/as aliados/as y dirigentes de otros partidos, por lo que ya no se exige a nadie.
Consideran, sin embargo, que el programa de formación de un partido político “no es sólo el
contenido expuesto, sino la estrategia que se utilice”. En este sentido, lo importante del
programa de formación política del PLD era “la estrategia utilizada para desarrollarlo, que
llevaba a la unificación de criterios, respetar la decisión de la mayoría, tener disciplina y un
vigor que hacía que el militante se distinguiera de los demás militantes políticos de la República
Dominicana”. Todos ellos consideran necesario reactivar la formación en los/as jóvenes para
garantizar el relevo. En lo que respecta a las opiniones de las mujeres peledeístas consultadas,
éstas resaltan como preocupante que no existe un plan a largo plazo en la Secretaría de la Mujer
del partido para la formación de líderes, lo que dificulta la formación de un liderazgo femenino
joven y consideran que la Secretaría de la Mujer del partido necesita mayor apertura.
Los miembros de la APD consideran que en los últimos años su organización ha sido “la única
que se preocupa por la formación política de sus militantes”, señalando que “ese tema está
olvidado en los grandes partidos”. Enfatizaron que creen en el cambio y lo practican, pero el
cambio demanda formación política, por ello, para entrar al partido cada militante debe tomar un
curso inicial. Estas deficiencias identificadas en los grupos focales en el plano de la formación
política confirman el señalamiento de Rosales (2010) de que la variable “capacitación y los
espacios para el debate y la deliberación” es la menos desarrollada en el periodo objeto de
estudio, a pesar de su relevancia como recurso para propiciar procesos democratizadores.
Contenido de los programas de capacitación de los partidos
La mayoría de los partidos cuenta con programas de formación con mayores o menores niveles
de formalidad: a) El PLD, APD y PRSC cuentan con programas de diseño conceptualmente más amplios y
acabados. Con excepción de la APD, que incorpora elementos de capacitación de carácter más
técnico, muestran contenidos de naturaleza ideológica convencional, incorporando pocos
aspectos técnicos actuales.
b) El PRD, PPC y el PRSC parecen tener programas menos formalizados y de diseño más
pragmático, en ocasiones focalizados en torno a las contiendas electorales.
c) Ninguno de los programas contempla temas de interés específico para las mujeres o para la
juventud, aunque estén también dirigidos a éstas/os, o en ocasiones se destinen cursos a estas
poblaciones.
El elemento más importante a resaltar es que estos programas no están siendo implementados
con regularidad, siendo sustituidos por procesos de formación asistemáticos, concentrados en
los períodos electorales y en torno a aspectos prácticos relacionados con las elecciones. La falta
de recursos destinados a la formación política, que ha sido identificada como una de las causas
de la limitada actividad de las escuelas de formación, contrasta con la disponibilidad de
recursos públicos y privados, por lo que hay que concluir la escasa importancia dada a la
formación política. En este escenario, la capacitación política de los jóvenes ha comenzado a ser
impartida por instituciones y espacios de formación no partidista.
52
Respecto a esto, el estudio “Consultoría para la Elaboración de un Diagnóstico Sobre los
Mecanismos de Formación de los Partidos Políticos en la República Dominicana y Elaboración
de una Propuesta de Mejora” (AECID/PNUD 2008), ofrece un inventario ilustrador de los
espacios de formación no partidista existentes, cuyo perfil general se presenta en el siguiente
cuadro:
Espacios no Partidistas de Formación Política
Nombre
Institución
responsable
Fecha de
Creación
Financia
Criterios de Selección
Programa de
Formación y
Gerencia Política
INTEC(CEGES)
PC / UNIBE (CIES)
2006
USAID
Postulados por el partido.
Selección final del equipo académico
Diplomado
Democracia,
Ciudadanía y
Liderazgo Político
EFEC-UASD
2008
AECID
PNUD
Representantes de los partidos políticos y líderes
comunitarios con capacidad real de asumir puestos de
responsabilidad. Nivel previo de licenciatura
Diplomado en
Ciencias Políticas
FLACSO
Particular
Personas interesadas en el conocimiento de la Ciencia
Política. (legisladores, funcionarios municipales,
dirigentes políticos con estudios universitarios previos)
Master en Alta
Dirección Pública
FUNGLODE
Instituto Universitario
Ortega y Gasset
2006
Particular
Directivos de la administración pública y privada de todos
los niveles de gobierno, empresas públicas, ONGs,
partidos políticos, congresistas, con estudios universitarios
previos
Master en Ciencias
Política para el
Desarrollo
FUNGLODE
Universidad de
Salamanca
2008
Particular
Profesionales de partidos, congreso, administración
pública y privada, ONGs, académicos. Interesados en
especializarse en Ciencia Política,con estudios
universitarios previos
Escuela de
Capacitación
Política de la Mujer
Secretaría de Estado
de la Mujer
2003
OEA
SEM
Ser mujer con cargo de representación política o aspirante.
Acreditar activismo sindical, social...
Programa de
Formación Política
Liderazgo Social y
Político
Fundación Friedrich
Ebert
2002
Fundación
Friedrich
Ebert
Postulados por partidos, organizaciones civiles. Selección
final del equipo académico. Formación universitario
previa
Fuente: Rodríguez, Leticia y Benito, Ana Belén. “Consultoría para la Elaboración de un Diagnóstico Sobre los
Mecanismos de Formación de los Partidos Políticos en la República Dominicana y Elaboración de una Propuesta de
Mejora”, AECID/PNUD, 2008.
Hay que resaltar, que durante el transcurso de los grupos focales, los entrevistados mencionaron
algunas de las instancias formativas aquí recogidas como importantes apoyos en los procesos
educativos y espacios de deliberación interpartidista que se llevan a cabo en el país.
En lo concerniente a las valoraciones de las mujeres, la juventud y la sociedad civil sobre las
diferentes escuelas e institutos de formación de los partidos, hay que resaltar que aunque los cinco partidos consultados afirman que ofrecen formación a su militancia, sólo en el caso de
la FNP y la APD, las mujeres consultadas plantean que sus escuelas de formación operan con
sistematicidad y regularidad.
Las mujeres pertenecientes al BIS señalan que el partido no dispone de una escuela de
capacitación, pero cuentan con una Secretaría de Formación que ofrece cursos permanentes y
el partido se beneficia de ofertas de otras instituciones no partidistas. Añaden que las mujeres
tienen mayores posibilidades de formación en género en espacios externos al partido, pero que
la mayoría no puede aprovecharlo debido a la tendencia de centralizar todas las actividades en la capital.
53
Las mujeres consultadas pertenecientes al PLD resaltan la importancia histórica que tuvo la
formación política en el partido, pero debido a la masificación de su membrecía “la educación
permanente y sistemática está un tanto abandonada”. Actualmente cuentan con una Secretaría
de Formación Política que ofrece cursos sobre temas muy puntuales y coyunturales, pero esta
formación no abarca a la generalidad de la membrecía del partido como ocurría en el pasado. En
el caso del PRD, la escuela de formación José Francisco Peña Gómez continúa funcionando con
un personal mayoritariamente femenino, pero afirman no contar con los recursos necesarios.
Para los/as representantes de las instancias de la juventud de los partidos, la ideología y doctrina
se han perdido porque la formación “ha sido sustituida por las prioridades de los altos
dirigentes”. Consideran que es responsabilidad de los partidos asegurar la educación a sus
adeptos no sólo política, sino también personal y ética. Valoran positivamente el proceso
formativo llevado a cabo por INTEC/CIES/PC y su programa de Formación y Gerencia Política,
ya que “ha creado conciencia en la juventud”, formando a una generación política “consciente
de la situación y problemas del país, y que permitirá abrir espacios de participación para los
jóvenes y eliminar obstáculos”.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que “ha habido un desmantelamiento de las
escuelas y los programas de formación de los partidos”, por lo que toda iniciativa de
formación resulta importante, aunque “representan pequeños aportes en comparación con la
magnitud de los déficits existentes”. Consideran que “un partido sin formación política, tanto
ideológica como técnica, se quedará desfasado, y será necesario que la futura Ley de Partidos
obligue a los partidos a destinar un porcentaje de sus ingresos a educación”.
Las anteriores valoraciones de los representantes de los partidos, así como de los grupos de
mujeres y jóvenes consultados, son coincidentes con las apreciaciones realizadas por los
dirigentes partidarios en el marco del estudio “Exploración de Opiniones y Valoraciones Sobre
los Partidos Políticos Dominicanos”. Ya en el 2005 se daba cuenta de la inactividad de las
escuelas de formación política de los partidos mayoritarios en materia ideológica, así como de
su puntual activación con ocasión de las contiendas electorales en materia técnica y de
administración de las elecciones (gerencia de campañas, reclutamiento de miembros de mesas
electorales, formación de delegados). La dirigencia apreciaba en la nueva militancia niveles
importantes de desinformación sobre los orígenes de los partidos, sus principios, trayectoria y
objetivos. Todos los sectores consultados en ese momento reconocieron la necesidad de retomar
la formación, tanto de la dirigencia como de la militancia de los partidos. La capacitación
política es especialmente relevante en el país dada la ausencia de fundamentación ideológica de
los partidos dominicanos en la actualidad, tras la desaparición de sus grandes liderazgos
tradicionales. A este respecto, autores como Catrain, Espinal o Lozano, planteaban la relación
entre la muerte de las escuelas políticas y la muerte ideológica de los partidos, afianzándose con
ello el clientelismo.
Las necesidades de capacitación de la militancia
Aunque todos los partidos, con excepción de las mujeres consultadas, admiten la necesidad de
retomar los procesos internos de formación política, en términos generales no muestran una
reflexión consistente sobre las necesidades internas de capacitación. Las mujeres se quejan de
que su formación es asumida como una actividad más, y no con un carácter estratégico que
beneficie al partido y a la sociedad. Las mujeres consultadas lanzan el reto de “repensar los
programas de formación y los programas de capacitación en función de la identificación de las
necesidades reales de las mujeres políticas”.
Identifican como necesidades prioritarias de formación de las mujeres los siguientes aspectos:
a) Identificación de recursos económicos para la campaña electoral
b) Formación sobre la representación de mujeres en espacios de toma de decisiones
c) Historia política
d) Comunicación y capacitación para hacer escuchar su voz
54
Los sectores consultados en 2005 en el marco del estudio “Exploración de Opiniones y
Valoraciones Sobre los Partidos Políticos Dominicanos”, identificaron en esa ocasión las
siguientes áreas de mayor relevancia para la capacitación:
Identificación de las Necesidades de Capacitación en los Partidos Políticos
La Nación
Dominicana y la
Dominicanidad
- Educación política fundamentada en la nación dominicana y sus principios.
- La sociedad dominicana, sus orígenes y economía, las características y situación
del país, su historia, la situación de la pobreza, situación económica, el entorno
internacional del país y condiciones que pueden afectar su futuro.
Información y
Herramientas
para el Quehacer
de Estado:
- Plan de desarrollo nacional.
- Respuestas a las necesidades de la sociedad dominicana y su bienestar social.
- Democracia en el país y democracia interna del partido.
- Formación de los militantes en Teoría del Estado, ética, gestión económica y
relaciones internacionales.
- Educación ciudadana, cívica y política.
- Capacidades técnicas para gobernar en las diferentes áreas de la administración.
- Buen gobierno y sus prácticas.
- Medio ambiente y la relación con Haití.
Formación Sobre
el Partido:
- Conocimiento y análisis de los estatutos de los partidos.
- Los principios del partido y su ideología.
- Composición y naturaleza de un partido político, compromisos del partido político.
- Historia del partido. Fuente: Figueiras Prim, Carmen Luisa, 2005.
Las percepciones de los actores consultados coinciden con las recogidas en el trabajo realizado
en 2008 “Consultoría para la Elaboración de un Diagnóstico Sobre los Mecanismos de
Formación de los Partidos Políticos en la República Dominicana y Elaboración de una Propuesta
de Mejora” (AECID/PNUD), y cuyos resultados reproducimos en el siguiente cuadro:
Tendencias identificadas en materia de formación partidista en República Dominicana
a) Todos los partidos políticos dominicanos poseen algún tipo de estrategia de formación, pero su
envergadura varía mucho de partido a partido.
b) No se ha encontrado en muchos de los partidos dominicanos una reflexión profunda sobre la
necesidad de relanzar o generar herramientas para la formación política de sus cuadros.
c) Los actuales esfuerzos en materia de formación partidista son iniciativas aisladas de fragmentos y/o
personas de cada partido, pero no constituyen realidades generalizadas ni consensuadas al conjunto de la
organización.
d) A pesar de que la formación política se sitúa formalmente entre las prioridades de los partidos
políticos dominicanos, las actividades que se realizan en este rubro son prácticamente desconocidas más
allá de las oficinas de las secretarías de formación del partido.
e) La división en el interior de los partidos afecta a la capacidad organizativa de los mismos, también en
materia de formación.
f) Se aprecia un ánimo desmesurado entre los partidos políticos dominicanos por crear o revitalizar su
propia escuela de formación.
g) Existe, en la mayor parte de los partidos y entre los miembros de los mismos, una confusión entre
formación/capacitación política y lo que podría denominarse adoctrinamiento ideológico-programático.
h) Por otro lado, existe una amplia oferta de capacitación política que tiene su origen y es gestionada
fuera de la órbita de los partidos políticos.
i) La mayor parte de la formación que se imparte en los partidos y la que está a cargo de la sociedad
civil, queda circunscrita a la capital y a los cuadros político-partidistas que operan en ella.
j) Existe el riesgo de que la formación no afecte a la práctica real en los partidos. Fuente: Rodríguez, Leticia y Benito, Ana Belén. “Consultoría para la Elaboración de un Diagnóstico Sobre los
Mecanismos de Formación de los Partidos Políticos en la República Dominicana y Elaboración de una Propuesta de
Mejora”, AECID/PNUD, 2008, pp.72-75.
55
5. VALORACIÓN DE LA TRANSPARENCIA INTERNA
5.1. Control de la gestión partidaria, financiera y la rendición de cuentas
Todos los partidos consultados son partidarios del financiamiento público. Los representantes
del PRD consideran que es responsabilidad del Estado financiar los partidos políticos, ya que
“esto fortalece el sistema democrático”; el PLD agrega la necesidad de que el financiamiento
público sea supervisado por el Estado; y la APD lo considera positivo en la medida en que
garantiza un dinero público no sujeto a compromisos particulares. Los partidos mayoritarios
consultados son partidarios de mantener el financiamiento privado, así como de rescatar la
cotización interna en los partidos. La APD, por el contrario, considera que el financiamiento
privado debe ser anulado, manteniendo sólo el de carácter público. Todos los partidos
entrevistados reconocen la existencia la falta de transparencia y rendición de cuentas en el
manejo de los fondos públicos y privados que reciben sus organizaciones. Un escenario
consecuencia de las debilidades de la Ley electoral, que no exige publicidad ni límites a las
aportaciones, como ya fue señalado en la primera parte de este Informe.
Para el PRD, “a pesar de las estipulaciones de la futura Ley de Partidos Políticos, hay grandes
lagunas en cuanto a la utilización de los recursos” y denuncian la impunidad ante “acciones
visibles y cuestionables de uso de recursos no tienen ningún tipo de consecuencias”. La APD
respalda la afirmación anterior, sosteniendo que los partidos políticos tradicionales “no hacen
rendición de cuenta del dinero público ni privado que reciben”. Por ello, todos los partidos
consultados creen que la futura Ley Para todos los Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es
el mecanismo idóneo y necesario para controlar eficazmente la delicada relación que genera el
dinero y la política en el país, aunque para el PRD la futura Ley, sigue permitiendo el manejo
antojadizo de los fondos recibidos”. El PLD valora positivamente la futura aprobación de la Ley,
mostrándose partidario de que se conceptualice, limite y controle el financiamiento privado. Los
representantes de la APD consultados denunciaron que el actual diseño del reparto del dinero
favorece a los partidos mayoritarios, y aseguran que “uno de los obstáculos de los partidos
emergentes es el monto de financiamiento público que reciben”. Consideran además que los
criterios para definir este monto deben estar relacionados con el tiempo y la trayectoria de los
partidos, a la vez que proponen que se refuerce la obligatoriedad de declarar las fuentes de los
fondos privados.
Sobre el manejo interno de los recursos públicos y privados, los partidos explorados muestran
posiciones diversas. El PRD se mostró profundamente crítico al respecto, señalando que en el
partido “nunca ha habido una partida presupuestaria establecida para educación”, que
consideran debe ser prioridad de cara al fortalecimiento partidario, ni “ha habido una política de
destinar fondos para financiar a los candidatos”, y los recursos destinados a las provincias son
“casi nulos y exclusivos para la campaña”, llegando exclusivamente a los candidatos a síndicos,
senador/a y diputado/a. Estas opiniones son coincidentes con las valoraciones de dirigentes
medios de los diversos partidos recabadas en el estudio “Exploración de Opiniones y
Valoraciones Sobre los Partidos Políticos Dominicanos” (Figuieras 2005) y en el que los
consultados señalaron que los fondos públicos “no se usan ni siquiera para mantener las
estructuras partidarias (pago de locales, etc.), sino incluso para pagar negociaciones políticas”.
En este sentido los representantes perredeístas consultados estimaron necesario establecer
“reglas claras para que las autoridades del partido no usen los recursos en provecho de proyectos
propios” y la definición de montos para educación, género, infraestructura, publicidad y
fortalecimiento del partido. En el seno del PLD por el contrario, sostienen que el partido
garantiza la distribución equitativa de los fondos de campaña: “si se decide que a una diputación
le van a corresponder 200 mil pesos, igual suma le dan a otro”. Práctica, sin embargo,
cuestionada por algunos/as consultados/as con el argumento de que el trato igual a desiguales
profundiza la desigualdad.
56
La APD señala que el partido ha establecido criterios para la distribución de los recursos
durante los procesos electorales según líneas relevantes de trabajo (campaña institucional, apoyo
a la propaganda, líneas generales y aporte a candidaturas particulares). En una reflexión más
abarcadora, plantean que la política en el país “se ha desvirtuado en sentido general, para hacer
política no hay que tener millones”, puesto que el ejercicio de la política debe estar basado en el
debate de las ideas. Consideran que “la ideología hoy día no es izquierda o derecha, es el
debate de las ideas, es el ideario para hacer los cambios”. Afirman que esa visión se ha perdido
en República Dominicana y hoy se compite con publicidad, de manera que cuando no hay
contexto electoral, “no hay política”.
Las mujeres consultadas enfatizan las dificultades de acceso a recursos económicos como el
gran “talón de Aquiles” para competir equitativamente por posiciones internas y externas.
Señalan que los partidos usan los recursos que reciben para gastos operativos y de logística, pero
no para financiar candidaturas. Esto significa que los/as candidatos/as deben “buscar sus
propios recursos”, siendo una práctica común desviar recursos para favorecer candidaturas
según conveniencia. Igualmente, señalan que el monto de gastos es siempre superior a lo
recibido, lo que se traduce en que, ante la necesidad de acortar gastos, “se sacrifican los temas
de género sin mayores preocupaciones”. Estas situaciones resultan inevitables porque las
mujeres están “ausentes o sub-representadas en los espacios donde se toman las decisiones de
hacia dónde van los recursos”. Las mujeres representantes de los partidos minoritarios
señalaron que en sus organizaciones aún no se dan las dinámicas propias de los partidos
tradicionales en cuanto al uso de los recursos, y que para su distribución se “toma en cuenta el
trabajo y el liderazgo a nivel nacional o territorial”. Denuncian igualmente que no reciben
suficientes fondos para campaña.
Con excepción de las mujeres representantes de partidos pequeños, quienes consideran que en
sus partidos hay una adecuada rendición de cuentas, la mayoría de las consultadas señalan que
“los partidos no le rinden cuenta a nadie” y a la “membrecía de los partidos no se les ocurre
cuestionar el uso de los recursos”. Consideran necesario “tomar medidas para que los partidos
sean claros y específicos en la rendición de cuentas de sus gastos internos”, establecer reglas
claras y destinar gran parte de esos recursos a la formación política. En este sentido, la JCE debe
emitir resoluciones que obliguen a los partidos a “garantizar una cuota en igual proporción de
recursos que la cuota de representación femenina”, garantizar un porcentaje para la propaganda
política de las mujeres y equilibrar así la competencia desigual, y destinar fondos a potenciar la
educación para las mujeres. Todos estos aspectos opinan, deberían incluirse en la futura Ley de
Partidos. En cuanto a la opinión de los/as jóvenes, éstos denuncian que los recursos no les
llegan, dificultando sus posibilidades de avance. Señalan que “la democracia y transparencia son
débiles porque no hay institucionalidad”. Algunos pocos, plantearon en el transcurso de los
grupos focales, que en sus partidos la transparencia y el manejo de recursos es buena, pero que
en el proceso hay irregularidades, y que en ocasiones requieren del uso de influencias personales
para el acceso a fondos. En lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil, coinciden
en estimar que existe una “falta total y absoluta de rendición de cuentas” por parte de los
partidos, lo que está deteriorando la confianza de la ciudadanía. Consideran que los niveles y
modalidades de financiamiento público existentes han sido el “detonante de conflictos,
contradicciones y luchas internas en los partidos”. Están de acuerdo en el financiamiento público
en la medida en que contribuye a la transparencia, pero no según la modalidad implementada en
el país, que debería ser objeto de revisión para garantizar el acceso en condiciones de equidad.
La corruptela en el uso de los fondos públicos y privados ha sido objeto de debate público
durante los cinco años que abarca este Informe, y que contrasta con el periodo del diagnóstico
anterior elaborado por Rosales (2006). Esta mayor publicidad y preocupación pública es un
signo positivo a valorar, en la medida en que se denuncia a los responsables y se crea conciencia
ciudadana al respecto. A pesar de ello, las diversas encuestas sobre cultura política en el país
(LAPOP 2006 y ss), evidencian que la corrupción es vista como “normal” por los dominicanos.
57
5.2 Valoraciones de los representantes de partidos ante la Junta Central Electoral sobre el
financiamiento y la transparencia
Los representantes de partidos ante la JCE coinciden en valorar negativamente el control y la
transparencia de los fondos para financiar los procesos electorales en el país. Todos ellos
coinciden en señalar como meta evitar la entrada de fondos de origen dudoso, pero también
limitar el uso de los recursos del Estado durante las campañas electorales, pero ambos
propósitos “se han maleado” en la práctica. Varios de los entrevistados se mostraron partidarios
de abolir el financiamiento privado, debido a que este propicia la “corruptela en el gobierno”.
Los representantes de partidos minoritarios ante la JCE insisten en que la distribución del 80%
del financiamiento público entre los partidos grandes les condiciona su estrategia operativa y de
crecimiento, y supone un techo de cristal difícil de romper. Con relación al manejo de los
recursos públicos, señalan que los partidos deben desconcentrar la distribución de los fondos e
informar sobre sus gastos. Todos ellos reclaman que la Cámara de Cuentas debería jugar un
papel fiscalizador más preponderante, al igual que las Juntas Municipales con respecto a los
gastos municipales y provinciales.
58
III- TERCERA PARTE: PRINCIPALES CAMBIOS Y
CONTINUIDADES EN LA ESTRUCTURA DE LA COMPETENCIA
DEL SISTEMA DE PARTIDOS DOMINICANO (1978-2010)
Wilfredo Lozano y Ana Belén Benito Sánchez
59
PRINCIPALES CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA ESTRUCTURA DE LA
COMPETENCIA DEL SISTEMA DE PARTIDOS DOMINICANO (1978-2010)
Desde 1978, en presencia de los caudillos y tras su desaparición, la fórmula de la supervivencia
del sistema de partidos dominicano ha sido la combinación de: fragilidad institucional y fuerza
electoral. Los partidos dominicanos son hoy más estables pero no más institucionalizados. El
autoritarismo que ha caracterizado al sistema político dominicano desde los años sesenta hasta
finales del siglo XX no se ha apoyado únicamente en la apelación a la fuerza y a la represión, la
clave de la estabilidad ha sido el control político a través del clientelismo y la movilización
prebendalista. Este mecanismo, no solo es un arma de control social, sino que asegura bases
firmes de legitimidad.
En el imaginario caudillista, el Estado desempeñaba una función modernizadora y articuladora,
ya de la élite burocrático militar (Balaguer), del partido (Bosch) o del movimiento popular
(Peña Gómez). En la actualidad el Estado asume una función asistencial y es el mediador en la
política clientelista del sistema de partidos. Con el fin del Estado populista/ desarrollista de la
década del noventa, se ha fortalecido en el país una nueva gestión estatal rentista y clientelar.
Esta gestión se nutre exclusivamente de los impuestos al consumo que no devuelve a la
sociedad en forma de servicios, y que se destinan a: comprar y reclutar seguidores,
enriquecimiento de la élite política en el poder, y la focalización de políticas sociales para
asegurar clientelas electorales. Esto ha convertido al Estado dominicano del siglo XXI en
principal actor político, legitimando el sistema de partidos más allá de las contiendas
electorales. A su vez, el sistema de partidos en ausencia de sus líderes históricos, ha
robustecido el carácter delegativo del poder, debilitando la institucionalidad del Estado y
fortaleciendo el poder presidencial. Esta situación se ha recrudecido tras la reforma
constitucional de 2010, ya que se ha reforzado el poder del presidente en la selección de los
jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Electoral
(Lozano 2010:33).
Para entender la dinámica de la competencia del sistema de partidos en la etapa de la
consolidación democrática, es necesario comprender el rol del Estado en la economía del país.
Con el giro hacia la exportación de servicios (maquila y turismo) y la privatización de la década
de los noventa, disminuyó la regulación del orden económico y aumentó en consecuencia la
autonomía del empresariado. El Estado focalizó su fuente de ingresos en los impuestos al
consumo, incrementando su capacidad recaudatoria, lo que también independizó del
financiamiento privado a los actores políticos que controlaban las instituciones. Esto generaba
una tensa relación entre la facción que controlaba el Poder Ejecutivo (y los recursos) y su
partido, y estimuló el ejercicio de la acción clientelista como eje fundamental de la legitimación
de quienes controlaban el poder central. Así sucedió en los gobiernos perredeístas entre 1978-
1986 y 2000-2004, pero también en las administraciones peledeístas de 2004-2010.
El sistema de favores ha constituido el vehículo central de la legitimación del régimen
dominicano. El autoritarismo (y sus variantes) permitieron organizar verticalmente la relación;
la presencia de los caudillos históricos de entonces y de los líderes carismáticos hoy, asegura el
sometimiento de la clientela a la voluntad del patrón. Y ahora con la descentralización, el país
asiste a la multiplicación de los espacios de competición entre patronos y aspirantes a patronos.
En este esquema de relaciones y lealtades primarias entre políticos y ciudadanos en el país,
predomina el individualismo entre los clientes, que compiten entre sí por lograr los favores
públicos, pero también entre los mismos jefes políticos, por la conquista del voto. Se impone la
lealtad al líder y no al aparato institucional. Un caldo de cultivo donde encuentra arraigo el
personalismo, la competencia feroz entre liderazgos y sus séquitos, y el faccionalismo endémico
del sistema de partidos dominicano.
La historia política dominicana ha evidenciado la gran flexibilidad del clientelismo,
coexistiendo en esquemas políticos de competencia democrática, apoyado en una ciudadanía
restringida, precaria en el manejo de sus derechos y débil en su organización propia. El nivel de
confianza interpersonal en República Dominicana se sitúa en un promedio de 57,7 (LAPOP
60
2010). Como ha destacado la literatura, en contextos de focalización de la confianza (Roginer
1990), los vínculos tienden a particularizarse: un capital social “perverso” donde emerge y se
reproduce en clientelismo (Máiz 2003). Los distintos grupos se vuelven competitivos, se
bloquea la cooperación entre clientes en una batalla donde los más poderosos asumen la
articulación de las demandas. El papel protagónico y sectarista de los sindicatos y federaciones
del transporte -a quienes popularmente se les conoce como “los dueños del país”-, ilustra esta
batalla y sus efectos en la delimitación de las políticas públicas en el país.
La escasa confianza en los sindicatos como interlocutores sociales entre la clase política y la
ciudadanía (en 2004, solo un 20,8% decía confiar en ellos), es indicador de las dificultades de
la acción colectiva institucionalizada en República Dominicana y en consecuencia, de los
obstáculos a la representación programática. La limitada confianza en la gestión de los servicios
públicos y los funcionarios (en 2006, solo un 10,5% decía confiar en ellos), refuerza el papel de
los legisladores como proveedores de bienes y servicios en sus circunscripciones electorales con
el barrilito y el cofrecito36
, dando espacio a vínculos más personales y particularizados que se
afianzan a través de la dádiva y la prebenda en la permanente campaña electoral en que vive el
país (Benito 2011). En 2004, el 85% de los encuestados consideraba que el país estaba
gobernado para el beneficio de unos cuantos intereses poderosos y en 2008, el 50,45%
denunciaba que el mayor obstáculo para el progreso del país era la oligarquía dominicana. La
variedad de organizaciones empresariales (COPARDOM, CNHE, CONEP, AIRD, ANJE, ADAVIT,
ONEC, CORFITUR, FEDECO, AIREN, APEDI, ASONAIMCO, MIPYMES, CODOPYME, ACOPROVI,
CADOCO, ASONAHORES, ADOEXPO…), contrasta con el perfil de vida asociativa de la
ciudadanía. Un activismo que encuentra su espacio en el ámbito religioso. En 2004 el 50,5% de
los dominicanos no participaba en ningún tipo de organización y en el año 2006, los que sí lo
hacían, el 12,4% colaboraba con organizaciones civiles, el 17,8% lo hacía en organizaciones de
carácter político y el 56,0% en organizaciones religiosas. Desde la segunda transición, la Iglesia
católica ha desempeñado un papel protagónico como mediador, interlocutor político y garante
de la estabilidad democrática, con dos escenarios de conflicto: el primero, durante las revueltas
urbanas que siguieron a la crisis económica de 1984; y el segundo, la crisis post-electoral
originada por el fraude en las elecciones presidenciales de 199437
. Hoy, la voz autorizada de la
Iglesia católica en los asuntos laborales, económicos y políticos del día a día, a pesar de la
separación Iglesia-Estado consagrada en la Constitución, cuenta con el respaldo del electorado
más conservador de toda América Latina (Corral 2008), siendo además la institución mejor
valorada y en la que más confían los ciudadanos dominicanos38
.
La salida de la escena política de los grandes caudillos en torno a los cuales se definió la política
dominicana durante más de tres décadas, brindó oportunidades de modernización del sistema
político, pero también introdujo componentes problemáticos. La desaparición de los líderes
carismáticos lanzaba a los nuevos actores el reto de reorganizar los partidos sobre bases menos
personalistas que las impuestas por Joaquín Balaguer, Juan Bosch y Francisco Peña Gómez en
sus organizaciones. El paso del tiempo ha evidenciado la transformación de esa oportunidad de
institucionalización en un reordenamiento del poder que en la práctica está fortaleciendo a las
élites partidarias atrincheradas en facciones y grupos que, lejos de (re)instaurar el vinculo
36
Expresión popular derivada del inglés “pork barrel” con la que se denomina a la asignación mensual
que reciben los legisladores para obras sociales en su circunscripción. 37
En 1985 fue la promotora del diálogo entre empresarios y sindicatos, para delinear la política
económica y social del país. En 1994, fue mediadora en la crisis postelectoral. En 2001, monseñor
Agripino Núñez coordinó la Comisión para la Reforma Constitucional. En 2010, la noche previa a las
elecciones congresuales, el cardenal Nicolás de Jesús convocó a la ciudadanía a unirse en una gran cadena
de oración e instruyó a los electores en los “Diez Mandamientos de los Votantes”, advirtiendo a los
electores de no votar por aquellos candidatos que se opusieron a la consagración en el nuevo texto
constitucional de la defensa de la vida desde el momento de la concepción, sin posibilidad de aborto
terapéutico. 38
En 2006, el 62,3% de los encuestados afirmaba confiar mucho en la Iglesia Católica (LAPOP 2006).
61
ideológico programático, incentivan el clientelismo como mecanismo de articulación con la
sociedad. En la actual etapa de consolidación democrática, la política en el país ha pasado a ser
no solo más instrumental, sino también más corporativa, introduciendo en el sistema un
(manejable) potencial permanente de ingobernabilidad. En este marco, la clientelización de la
política parece ser la modalidad efectiva del autoritarismo dominicano contemporáneo en
condiciones de competitividad electoral, ciudadanía de baja intensidad, bajo perfil del Estado de
Derecho y fuerte presidencialismo. El sistema de partidos hoy, es uno en proceso de cambio,
con gran poder de convocatoria electoral, débilmente institucionalizado, que se sostiene en un
Estado neopatrimonial (Hartlyn 2008) y en un poder presidencial profundamente delegativo.
Fuente: Lozano W. y Benito A.B “Nuevos actores y viejos patrones: evolución del sistema de partidos en República Dominicana
(1978-2010)”en, Alcántara y Freidenberg (ed.) Estabilidad y Cambio de los sistemas de partidos en América Latina, GIPSAL,2011.
En 2006 el diagnóstico elaborado por Rosales y Valverde dibujaba un escenario de predominio
de la institucionalidad informal en la vida partidaria; debilidad de las instancias de fiscalización,
y sancionadoras; débil movilización ideológica: y de persistentes lagunas en la regulación de la
vida de los partidos, tanto a nivel interno como nacional. La ausencia de regulación específica
de procedimientos para llevar a cabo procesos tan importantes como los disciplinarios, la
elaboración de manifiestos públicos o de reforma estatutaria entre otros, promovían la
arbitrariedad en el quehacer diario de los partidos dominicanos, acrecentando las divisiones
internas y el faccionalismo. Un círculo vicioso de consecuencias perversas para la
institucionalidad partidista.
Como ha quedado expuesto en el presente diagnóstico, cinco años después, muchas de estas
debilidades en el sistema de partidos dominicano siguen constituyendo puntos de resistencia
que frenan la modernización de los partidos políticos en el país. Y como prueba de ello, baste el
ejemplo de la interesada demora en la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas y la dificultad para lograr un consenso sobre las mayores garantías y controles en
materia de transparencia, democracia interna e institucionalización. Un avance significativo a
reseñar es la regulación constitucional de las funciones de los partidos políticos y la exigencia
Sistema
de
partidos
CONTINUIDADES 1978-2010 CAMBIOS 1978-2010
- Estabilidad del sistema de partidos
-Institucionalización informal
-Movilización clientelar
-Liderazgo caudillista, personalismo
-Faccionalismo
-Tradición pactista
-Bipartidismo
-Desideologización
-Transfuguismo
-Alianzas decisivas con partidos minoritarios
Sistema
de
gobierno
-Fuerte Presidencialismo
-Democracia electoral delegativa
-Neopopulismo conservador
-Estado populista/desarrollista
-Neopatrimonialismo
-Corrupción
-Politización de la Administración Pública
-Reparto pragmático del poder
-Marco formal de instituciones de
accountability y control entre poderes
-Estado rentista y clientelar
-Nueva matriz de fuente de recursos,
recomposición de la relación
Estado/Empresarios
Sociedad
civil
- Pobreza y desigualdad
-Desconfianza, confianza particularizada
-Desmovilización, poca capacidad de acción
colectiva
-Identificación partidista
-Apoyo al sistema de partidos
-Cultura política paternalista
-Conservadurismo
-Mediación conservadora de la Iglesia
-Presión de los grupos de interés
-Sociedad más fragmentada y corporativizada
-Mayor nivel de desarrollo organizacional
62
de democracia y transparencia, sin embargo, estas previsiones de la Carta Magna de 2010, no
resuelven la escueta regulación de la Ley Electoral de 1997, especialmente en materia de
financiamiento. Otro de los logros identificados es la mayor inclusión de jóvenes y mujeres, lo
que es sin duda una conquista democrática que incide positivamente en la calidad de la
representación y la participación política en el país.
Aunque los espacios de formación política siguen teniendo poca relevancia en la estrategia de
las organizaciones, en este periodo se observa una mayor atención pública sobre la importancia
de reactivar la capacitación ideológica para superar la languidez ideológico/programática de los
partidos dominicanos en la actualidad, donde el programa colectivo ha sido sustituido por la
promesa del beneficio individual en una práctica clientelista que desdibuja los límites entre
partidos, y vigoriza el personalismo caudillista. En este escenario, el Programa de Formación y
Gerencia Política (PFGP) ha ocupado un lugar protagónico en materia de capacitación,
promoviendo un cambio en la cultura política del país en un espacio de deliberación
interpartidista donde se fomenta el diálogo y la concertación. Si bien el PFGP no suple la
formación doctrinaria, competencia legítima de los propios partidos, empodera a los jóvenes
líderes en el manejo eficiente y transparente de la gestión pública, profundiza sus conocimientos
sobre la democracia y genera un cambio de patrones hacia el liderazgo democrático. Todos
estos aportes, afectan positivamente a la calidad de la democracia en República Dominicana en
el medio plazo, ya que desde el año 2006, se han graduado en sus aulas 1.770 jóvenes líderes de
entre 18 y 45 años de edad; una generación que será protagonista del escenario político nacional
y artífice del cambio.
El diagnóstico sobre el sistema de partidos dominicano que se presenta en este Informe, permite
delinear a grandes rasgos las debilidades de la democracia dominicana, en el actual contexto de
rearticulación y redefinición de la élite política emergente:
Debilidades de la Democracia Dominicana
Democracia delegativa y electoralista
Predominio en los partidos del particularismo sobre el
interés general
Autoritarismo
Crecimiento económico sin redistribución
Debilidad del Estado de Derecho
Politización de la Administración Pública
Poca confianza de la ciudadanía en los partidos políticos
Los contextos de crisis y rearticulación como el que está viviendo actualmente la República
Dominicana, son sin embargo, escenarios propicios para el cambio y puntos de inflexión
creativos. En este sentido, los partidos políticos y sus dirigentes tienen por delante una agenda
de desafíos y oportunidades que afrontar en materia de institucionalización, democratización
interna y transparencia:
Retos y oportunidades de los partidos políticos dominicanos y sus dirigentes
*Lograr un consenso interpartidario que impulse la aprobación de la Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas. Es necesario en el país un marco normativo que dé respuesta a
las mayores garantías y controles que exige la competencia partidista en democracia.
*Reforma de los Estatutos para que éstos sean el marco normativo de todos los procesos
y eventualidades de la vida del partido. Las lagunas normativas fomentan la
discrecionalidad y atentan contra la institucionalidad partidaria.
*Garantizar el funcionamiento eficiente e imparcial de los organismos que velan por la
legalidad partidaria y el cumplimiento de la línea política del partido, mediante procesos
públicos y democráticos. Solo así se enfrentará la impunidad ante la indisciplina.
63
*Los partidos políticos son los articuladores claves de la representación política, y como
tales, deberán garantizar la representación en equidad de mujeres, jóvenes y otros
sectores/grupos de la sociedad. La representación pluralista es condición necesaria de la
calidad de la democracia.
*Reactivar la formación política en el seno de sus organizaciones para afrontar el
progresivo declive ideológico/programático. La ausencia de diferenciación ideológica
deriva en una competencia personalista y particular, donde los líderes se imponen sobre
los partidos. En ausencia de referentes partidistas, el clientelismo es la base de la
movilización electoral. En el juego de alianzas, esta carencia se traduce en
negociaciones para repartir espacios de poder y no en consensuar una agenda
legislativa o de gobierno que garantice la gobernabilidad.
*Reactivar los vínculos con las organizaciones y la militancia de base. Garantizar y
respetar su participación en la toma de decisiones es condición necesaria de la
democracia interna de los partidos.
*Los representantes de los partidos políticos ante la JCE deben exigir que ésta fiscalice
y penalice la gestión financiera irregular de los partidos políticos. La parca regulación
del financiamiento privado, sin topes ni obligatoriedad de publicidad, está generando
una complicada relación entre dinero y política en el país con la entrada de empresarios
políticos, y el más preocupante fenómeno del dinero procedente del narcotráfico.
*Presentar al electorado dominicano un programa de interés colectivo, incluyente y
abarcador, para recuperar su confianza, en el que el partido presente a la sociedad su
proyecto de nación, más allá de intereses personales de facciones o grupos. El
fortalecimiento de los partidos asegura la estabilidad del sistema político y pone freno a
los liderazgos providenciales.
Afrontar estos retos modernizadores del sistema de partidos requiere del esfuerzo no sólo de la
clase política dirigente, sino de la presión de la sociedad civil más allá de la rutinaria cita con las
urnas cada cuatro años. Una ciudadanía activa que reclame su legítimo espacio en la vida
pública, fiscalice y sancione la actuación de sus políticos y defienda su papel en la definición
de políticas.
Con la entrada en vigor de la nueva Carta Magna de 2010, el país se suma al proceso de
reformas del constitucionalismo latinoamericano que se inició hace más de dos décadas, y
también a la más actual fiebre reeleccionista de países como Bolivia o Venezuela. Con su
promulgación, el Presidente Leonel Fernández coronaba la llamada “Revolución democrática”:
una promesa de reinventar la “vida institucional dominicana para generar las condiciones del
desarrollo”. Este proceso de reingeniería institucional y de cimentación del estado de derecho
deberá afrontar dos grandes retos en aras de alcanzar y garantizar la calidad de la democracia
dominicana:
1) El reto distributivo: modernización económica y pobreza. La formula económica del
desarrollo dominicano (zonas francas + sector turístico + economía informal urbana)
no ha resuelto el problema de la desigualdad social y los altos índices de pobreza en el
país. Por el contrario, ha desarticulado la fuerza sindical de los trabajadores, limitando
la acción colectiva, su papel como interlocutores sociales y convirtiéndolos en gremios
en competencia por alcanzar los favores públicos.
2) El reto democrático: modernización política y participación ciudadana. La
consolidación del Estado de Derecho y de la democracia dominicana será posible en el
escenario de un liderazgo democrático que fomente la participación de la sociedad civil,
y no solo del empresariado organizado. El equilibrio de poderes, instituciones más
inclusivas y plurales, y la cuestión haitiana… constituyen asuntos prioritarios para
enfrentar las debilidades de la representación política en República Dominicana.
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ANEXOS
Rotsay Rosales, Ana Belén Benito Sánchez y Carmen Luisa Figueiras Prim