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Flexibilización de la legislación laboral
Julián Serulle
Parece ser que mis pensamientos e ideas se mezclan con la
esperanza y la frustración. Confieso que, con gran interés y
tesón, lucho para que la frustración no se adueñe de mi vida,
razón por la cual, cada segundo del andar lo dedico a pelear
contra el tiempo, en el interés de vencer los vicios que el
sistema capitalista nos impone, en particular: el individualismo,
el consumismo, la corrupción, la pérdida del principio de la
solidaridad y, de derechos sociales; a su vez, contra el
parasitismo sindical, ante el “yo ísmo” de muchos de sus
cuadros, como el recelo a la toma de conciencia por parte de los
trabajadores a través de la educación, impidiendo que, en el
mañana, se constituyan en auténticos y reales dirigentes
sindicales.
Con el alto sentido de alimentar la toma de conciencia en
hombres y mujeres de la tierra que me vio nacer, cito a Jean
Jaurés, político socialista francés, asesinado el 31 de julio de
1914, tres días antes del inicio de la Primera Guerra Mundial:
“Saludamos con el mismo respeto a todos los héroes de la
voluntad. La historia (incluso concebida como el estudio de las
formas económicas) no dispensará nunca a los hombres de la
valentía y la nobleza individual. El nivel moral de la sociedad del
mañana estará definido por la altura moral de las conciencias
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de hoy. Poner como ejemplo a todos los combatientes heroicos
que, desde hace un siglo, han tenido pasión por una idea y han
sentido un sublime desprecio hacia la muerte es hacer una
labor revolucionaria”.
Hoy, luego de 44 años en el ejercicio profesional, envuelto en
luchas y acciones en pos de los derechos y reivindicaciones de
los “descamisados”, como bien bautizó Eva Perón a los
trabajadores del campo y la ciudad, me resulta complejo
examinar todo cuanto guarda relación con la modificación del
Código de Trabajo, sintiéndome algo así como Sísifo: empujando
la roca una y otra vez colina arriba, para, acto seguido, verla
rodar colina abajo. Esto me ha llevado a un claro interés y
curiosidad por las nuevas ideas económicas y financieras como
aquellas del pasado, encarnadas, en particular, por Ricardo,
Adam Smith, John Kenneth Galbraith, sin dejar de recordar a
Carlos Marx, finalmente, llegando en nuestros días al Premio
Nobel Joseph E. Stiglitz.
Lo dicho, nos lleva a comprender que la economía ha
experimentado una trayectoria sinuosa, escalando hasta
cumbres desconocidas y desplomándose con la misma
celeridad, dejando a su paso una recesión de escala mundial.
Jeremy Rifkin, en su afamada obra “El Fin del Trabajo”, trae a
colación que, incluso en la cúspide del ciclo económico, el
desempleo estructural se mantiene en niveles sumamente
peligrosos, y esto a pesar del aumento de la productividad
mundial y del producto interno bruto. En 1995, se registraba
que en el mundo 800 millones de personas estaban sub-
empleadas o en desempleo. Y seis años después, en el 2001,
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más de mil millones de personas se inscribían en una de esas
dos categorías.
Los terremotos que sacudieron las bolsas de valores durante el
septiembre negro del 2008 aumentaron los males propios al
capitalismo y pusieron fin, en cierto sentido, a las bondades
exhibidas del capitalismo. La arquitectura financiera
internacional se vio fuertemente resquebrajada, y aún los
riesgos de mayores sacudidas del sistema están latentes. En
ese contexto, es posible que las cosas no se vuelvan a ver como
antes.
EL ESTADO, COMO MAL O SOLUCIÓN
Esa crisis la encontramos en los Estados Unidos de América y
se ha expresado, de una forma u otra, en casi todos los países
de Europa, con muy pocas excepciones, como ha sido el caso
de los países nórdicos.
Transcurridos ocho (8) años de aquel septiembre negro que
provocó el desplome de Wall Street, algunos economistas
consideran, con razón o sin razón, que ese fenómeno de la
esfera financiera fue algo similar a lo ocurrido en la geopolítica
cuando se produjo la caída del Muro de Berlín. Lo definen como
un cambio del mundo y un giro copernicano. Así, por ejemplo,
Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, afirma: “Esta
debacle es para el capitalismo lo que la caída de la Unión
Soviética fue para el comunismo”.
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En la época del Presidente Ronald Reagan se estimó que el
Estado “no es la solución, es el problema”. Durante 30 años, los
fundamentalistas del mercado repitieron que éste siempre tenía
razón, y afirmaron luego que la globalización era sinónimo de
felicidad y que el capitalismo financiero edificaba el paraíso
terrenal para todos. Se equivocaron.
La llamada globalización llevó a la economía mundial a tomar la
forma de una economía de papel, virtual, inmaterial.
La situación planteada, la cual es el resultado de la ambición
desmedida de los grupos del poder económico y político en las
entrañas de los países capitalistas de Occidente, nos lleva a
encontrarnos con millones de trabajadores, desde los Estados
Unidos de América pasando por Francia, Italia, Grecia, países
del Este de Europa y llegando hasta España, que se encuentran
hoy sub-empleados o desempleados, y que albergan escasas
esperanzas de obtener un empleo a tiempo completo.
Históricamente han engañado aquellos que consideraban o
consideran aún que el mercado era o es más sabio que el
Estado. Entre esos apologistas del mercado se encuentran altos
líderes empresariales y personas que fueron electas en altos
cargos por el mismo pueblo. Ellos declaraban con euforia que
los Estados Unidos y España habían resuelto sus problemas de
desempleo y, con orgullo y arrogancia, nos presentaban sus
estadísticas, las cuales presentaban un descenso del 6 % en
enero de 1994 al 4% en enero del 2000, circunstancia que llevó
a algunos economistas a alardear de que el desempleo era cosa
del pasado.
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Cuidado si nos seguimos engañando y buscamos o
pretendemos ignorar que los países más desarrollados del
mundo continúan sufriendo el malestar de un elevado
desempleo crónico.
En ese contexto, me surge la siguiente pregunta: ¿Cuál será el
futuro del trabajo, si hacemos hincapié en las lecciones que se
desprenden de los tumultuosos acontecimientos económicos de
los últimos años? Sin dejar de lado el hecho de que la
humanidad posiblemente se encuentra en la antesala de una
Tercera Guerra Mundial, y para vislumbrar una perspectiva de
tal naturaleza sólo basta observar cuanto acontece en el Medio
Oriente, Ucrania, Asia del Este, en distintos países del África, y
los afanes de grandes potencias en su desmedida búsqueda de
controlar mercados, recursos naturales y, por qué no, dominar
territorios y regiones completos. Se habla incluso de un retorno
a los tiempos de lo que fuese llamado “Guerra Fría”.
Las voces críticas contra las políticas económicas de los
gobiernos, como expresión de la preocupación que existe en
importantes estamentos de la sociedad por el elevado índice del
desempleo, los impuestos, los intricados regímenes reguladores
y onerosos sistemas del bienestar, hechos que para algunos
sólo perpetúan el estancamiento económico, forman parte de
una batalla ideológica encarnizada sobre sí se deben reformar
las normas que regulan el empleo, el comercio y la industria y,
en caso afirmativo, de qué modo.
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Mientras los políticos, empresarios y líderes sindicales discuten
asuntos relativos a la creación de una política laboral flexible,
la reducción de los impuestos y la reformulación de las leyes
que regulan las prestaciones y pensiones del Estado del
Bienestar, sigue sin abordarse, en el debate sobre la política
estatal, la verdadera causa del desempleo.
Al respecto, el señor Jeremy Rifkin, se permite afirmar: “Si la
clave de la creación de nuevos empleos radicara sólo en la
aplicación de dichas reformas los Estados Unidos deberían
contar con un empleo robusto. Al fin y al cabo, en ese país se
han realizado casi todas las reformas que otros países intentan
aplicar ahora. Pero los trabajadores estadunidenses –y por ende
también los de casi todas las restantes economías nacionales
del mundo – viven tiempos difíciles”.
Mientras nosotros recurrimos a la auto masturbación, buscando
respuestas sobre la procedencia o no de flexibilizar la
legislación laboral, dejamos de lado que la economía mundial
experimenta un cambio radical en la naturaleza del trabajo, con
profundas consecuencias para el fututo de la sociedad. En la era
industrial, la mano de obra humana masiva trabajaba junto con
las máquinas para producir bienes y servicios. En la era del
acceso a las máquinas inteligentes en forma de software,
ordenador, robótica, nanotecnología y biotecnología, estos
instrumentos sustituyen progresivamente la mano de obra
humana en la agricultura, la industria y el sector servicios. Las
granjas, fábricas y muchas industrias de servicios se
automatizan a gran velocidad. Cada vez el trabajo físico y
mental es más desarrollado por las maquinas inteligentes del
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siglo XXI, ahora más asequibles y eficientes, puesto que
desarrollan desde tareas nimias, repetitivas hasta el trabajo
profesional sumamente conceptual. Los trabajadores más
baratos del mundo probablemente no serán tan baratos como la
tecnología que llega en línea para sustituirlos.
En estas circunstancias científico-tecnológicas, se hace de
imperativa obligación estar conscientes de que a mediados del
siglo XXI el ámbito comercial tendrá los medios y la capacidad
organizativa necesarios para proporcionar bienes y servicios a
una creciente población humana utilizando sólo una mínima
parte de la mano de obra empleada actualmente. En el año
2050, por ejemplo, es posible que sólo se necesite el 5% de la
población adulta para dirigir y manejar el sector industrial
tradicional. Las granjas, fábricas y oficinas manejadas casi sin
personal será la norma en todos los países. No volveremos a
ver a miles de trabajadores saliendo de las puertas de las
fábricas y centros de servicios como sucedía en el siglo XX.
De hecho, millones de trabajadores ya han sido eliminados de
los procesos económicos, y ya una gama bien amplia de
empleos específicos han sido reducidos en importancia, o bien
reestructurados, o han desaparecido.
La idea de que la innovación tecnológica estimula el
crecimiento y el empleo de forma perpetua se ha topado con
una fuerte oposición a lo largo de los años. En su primer
volumen de El Capital, publicado en 1867, Karl Marx
argumentaba que “los fabricantes intentan continuamente
reducir los costes laborales y obtener un mayor control sobre
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los medios de producción mediante la sustitución de seres
humanos por equipos, siempre y cuando les fuese posible. Los
beneficios de los capitalistas no solamente proceden de una
mayor productividad, de una reducción en los costes y de un
mayor control sobre los puestos de trabajo, sino también de la
creación de un amplio abanico de trabajadores desempleados,
disponibles, cuya capacidad de trabajo potencial esté en
condiciones de ser utilizada en algún otro lugar de la
economía”.
Con esta política de sustituir a los trabajadores por las
máquinas, o sea producir la eliminación directa del trabajo
humano del proceso de producción y mediante la creación de
un ejército de reserva formado por desempleados cuyos salarios
podrían ser constante y permanentemente reducidos, los
capitalistas podían estar inconscientemente cavando su propia
tumba, puesto que serían cada vez menos los consumidores con
suficiente nivel adquisitivo para comprar sus productos.
Me permito recordar a Henry Ford, quien sugirió que los
trabajadores fuesen pagados lo suficiente como para poder
comprar los productos que las empresas producían. Si no, se
preguntaba, ¿quién comprará mis vehículos? Sus colegas
empresarios decidieron ignorar esta recomendación. De la
misma forma actúan hoy muchos de nuestros empresarios ante
la sugerencia hecha por el Presidente de la República,
Licenciado Danilo Medina. En efecto, se tapan los oídos en vez
de favorecer el alza de los salarios de los trabajadores, lo que
redundará a favor del incremento del consumo para bien de la
producción nacional y por un mundo más decente para aquellos
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que tienen la suerte de ser beneficiados por un puesto de
trabajo.
Justo a las puertas de la nueva aldea global de base
tecnológica, encontraremos un creciente número de seres
desesperados y sin futuro, muchos de los cuales se ven
obligados a delinquir, colaborando así a la creación de una
vasta subcultura criminal. La nueva cultura fuera de la ley está
empezando a plantear una seria e importante amenaza para la
capacidad de los gobiernos a la hora de mantener el orden y de
garantizar la necesaria seguridad de sus ciudadanos.
El aumento de la productividad supone que pueden producirse
más bienes y servicios con menos mano de obra humana. En
consecuencia, la cuestión que siempre se plantea es de si debe
reducirse la jornada laboral o disminuirse la mano de obra para
adaptarse al aumento de la productividad. En otras palabras,
¿qué preferimos: más ocio o más desempleados? Durante más
de cien años, la sociedad prefirió continuar reduciendo la
jornada laboral e incrementar el salario y las prestaciones
sociales con cada progreso de la productividad.
Sigo escuchando a determinados representantes de los
empresarios sobre la necesidad de aumentar la jornada de
trabajo y dejar de lado todo pago por concepto de horas extras.
Muchos de nuestros empresarios olvidan que todo país necesita
crear un mecanismo formal que vincule el aumento de la
productividad con jornadas laborales cada vez más reducidas;
ahí está el caso de Francia con 35 horas a la semana y se paga
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en base a 39 horas. Una jornada semanal más corta significa
que es posible mantener empleados a más trabajadores.
Cuando se habla de reducción de la jornada semanal, los
gobiernos deben compensar a las empresas liberándolas de los
impuestos sobre la remuneración u otros gravámenes fiscales,
en proporción directa a los gastos realizados en la reducción de
la jornada laboral. Se puede afirmar que los Estados perderán
ingresos inicialmente, pero al final los recuperarán. En
consecuencia, el aumento de la población activa supone una
menor dependencia del Estado del Bienestar, más salarios, más
consumo, mayor ahorro e inversión personal, y un número
superior de la población empleada, lo que coadyuva a ampliar
los ingresos públicos, a través de los impuestos sobre la renta y
la transferencia de bienes y servicios.
He hecho referencia a un libro extraordinario que lleva por
nombre EL FIN DEL TRABAJO, escrito por JEREMY RIFKIN. El
autor afirma que si los empresarios pudieran elegir, preferirían
una plantilla adaptable a las necesidades de cada momento.
Este es el objetivo último de la llamada “política de mano de
obra flexible”. De esta forma, desde la perspectiva del mercado,
es razonable el empleo de recursos humanos sólo cuando se
necesitan. Sin embargo, el problema es que, desde el punto de
vista de la sociedad en general, tal política causaría estragos
sociales. Los trabajadores no son un factor más de producción.
Tienen familia que alimentar y planes de futuro.
Nos causa sorpresa oír a muchos de los empresarios hablar de
política de horario flexible, pero jamás hacen referencia a la
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seguridad y las necesidades de los trabajadores. Esta aptitud
hace recordar la expresión en francés: Après moi, le déluge
(Después de mí, el diluvio).
La era industrial puso fin al trabajo esclavo. La era del acceso a
las nuevas tecnologías acabará con el trabajo asalariado
masivo. La cuestión es qué hacer con los millones de jóvenes
que cada vez serán menos necesarios en una economía global
progresivamente automatizada.
¡No! Quiero oírlos recapacitando, quiero escucharlos, reflexionar
sobre sintaxis y formas específicas de hablar para
comprendernos mejor, para procurar una vida larga. Esto
demanda una estabilidad conceptual. No como hacían algunos
señores de zona franca, que poniendo en práctica la llamada
“Liquidación Periódica”, mediante lo cual se llevaba a cabo el
proceso de liquidación de los trabajadores. Primero se hacía
cada dos meses y veintinueve días, y después se dieron cuenta
que esto no les convenía y lo subieron a cinco meses y
veintinueve días y, por último, a once meses y veintinueve días.
Enseñaban su disciplina, su metodología, y entonces en
diciembre los dejaban sueltos para que la competencia se los
llevara. Es una mentalidad totalmente arcaica, atrasada.
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO LABORAL
Hoy, se nos convoca para hablar y escuchar sobre cómo y
dónde está llamado a ser modificado el Código de Trabajo. Sin
embargo, no nos damos cuenta de que la respuesta no está en
lo que diga un código, o en lo que diga una ley. La respuesta
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está más allá. Esa respuesta tiene que buscarse en el orden y
sistema económico vigentes, en cuanto guarda relación con la
transformación de figuras arcaicas. Todo dependerá en gran
medida del concepto que se tenga sobre la ciencia, la
tecnología, la automatización; sobre quiénes deben involucrase
y cómo deben ser preparados para poder involucrarse con esa
alta tecnología. De lo que se trata es de buscar respuestas en
todo cuanto guarda relación con la producción, con el mercado,
la competencia y la mano de obra calificada. Por otra parte, en
lo que respecta a la estabilidad contractual, debemos avanzar
en todo lo relacionado al salario digno y al auténtico régimen de
la Seguridad Social en pos de proteger al ser humano desde el
vientre de la madre hasta la muerte, sin dejar de lado un
auténtico y real sistema de educación.
Con el término flexibilidad laboral se suele aludir a la alternativa
de que las empresas obtengan más posibilidades de reducir los
costos asociados a la contratación y ruptura de los contratos de
trabajo, así como al logro de mayores libertades de gestión en
materia laboral, que puedan adecuar indiscriminadamente el
tiempo y el lugar de trabajo, cambiar las funciones
desempeñadas por los operarios y, en general, ampliar las
posibilidades para modificar las condiciones de trabajo según
convenga al mejor desenvolvimiento de la empresa.
Con esta terminología, se plantea, además, una visión crítica de
las normas jurídicas sobre el trabajo asalariado, a las que se
exige facilitar la cada vez más necesaria adaptabilidad
empresarial en un contexto de permanente aumento de
competitividad. Por eso se habla una y otra vez de la flexibilidad
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como buena receta para mejorar el desempeño empresarial y la
creación de empleos. Esto tendría simplemente como
consecuencia que el derecho colectivo de trabajo se deje de
lado, restringiéndose de esta forma el derecho a la sindicación y
constituyéndose la negociación colectiva en simple quimera.
La flexibilidad es sinónimo de política de ajuste empresarial
para obtener más trabajo por menor costo. Podríamos
preguntarnos: ¿Permite este tipo de flexibilidad laboral la
creación de más empleo? No.
No podemos ignorar que la flexibilidad laboral o desregulación
del mercado de trabajo hace referencia a la fijación de un
modelo regulador de los derechos laborales que elimina trabas
y regulaciones para contratar y despedir trabajadores por parte
de las empresas y organizaciones privadas. La misma está
relacionada a las medidas de regularización del mercado laboral
en lo referente a la libertad de contratación y el contrato
individual de trabajo. Esto con miras a flexibilizar los
mecanismos logrados por los convenios y resoluciones
provenientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y por los sindicatos en el siglo XX, esperando con ello mantener
el crecimiento de todo el sector privado.
De acuerdo con los partidarios de aumentar la flexibilidad
laboral, esta permite ampliar las oportunidades a las empresas
y a las personas en el mundo globalizado donde las estructuras
rígidas y las legislaciones abultadas y complejas constituyen
obstáculos a ser superados. Esto último en pos de una mayor
libertad para la población económicamente activa. Sin embargo,
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diversos economistas, tales como el premio Nobel Joseph
Stiglitz o el economista institucionalista Ha-Joon Chang, han
criticado el concepto de flexibilidad laboral aludiendo que el
mismo representa un eufemismo por inseguridad o mutualidad
del puesto de trabajo, y niegan que en todos los casos tenga el
efecto positivo que le atribuyen los partidarios de la misma.
La obtención de más libertades empresariales para usar y
desechar el trabajo, se ha revelado insuficiente para la
promoción del empleo. Lo que se obtiene en realidad no es más
empleo, sino una mayor inestabilidad en éste. Así, los empleos
estables se vuelven inestables y aumenta la oferta de
ocupaciones con salarios bajos y variables, adaptados a las
necesidades de los negocios.
En este caso, se obtiene que más personas se empleen en los
tiempos de bonanza económica, pero a costa de destruir
fuentes estables de empleo, las que se transforman en
temporales e inestables, y que estén destinadas a terminar en
cuanto la actividad económica decaiga.
Los defensores de la flexibilización, incluyendo el Fondo
Monetario Internacional (FMI), no se detienen a pensar en el
hecho de que vivimos en un país donde la mano de obra no es
calificada, por lo que el desempleo no se considera
simplemente como una pérdida de recursos, sino también como
algo que socava la autoestima del individuo y conlleva a un
conjunto de consecuencias sociales no deseables – incluida la
violencia, la que por cierto estamos viviendo a diario.
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En el contexto actual, se busca establecer un conjunto de ideas
que tengan como común denominador introducir una
adaptación respecto a lo que fue considerado como el
tradicional esquema que normaba el trabajo asalariado, el cual
se presentaba como estable y de duración indefinida.
Muy poco se habla de política de reingeniería, de aumentar el
conocimiento y de procurar una justa adaptación a los cambios
tecnológicos, científicos, dinámica productiva, valor agregado a
nuestros productos agrícolas y mercado. No se habla del
derecho que asiste a los trabajadores en adecuar su jornada
laboral para asistir a cursos de formación profesional, a
sabiendas de que el tiempo destinado a la formación sea
considerado como jornada efectiva de trabajo. Al respecto la
OIT se ha pronunciado mediante la “Recomendación sobre la
orientación profesional y la formación profesional en el
desarrollo de los recursos humanos” del año 1975.
La inestabilidad contractual, el salario bajo, la pérdida de
derechos sociales y, por ende, la disminución en el poder
adquisitivo, la inestabilidad y la pérdida de sueños ante una
pensión pírrica o inexistente, son elementos que se constituyen
en el epicentro de una situación social insostenible. Todo se
vuelve como un volcán en erupción, creador en lo social, por las
precariedades, hambruna, desesperación de padres al ver a sus
hijos lanzados a las calles ante la inestabilidad reinante en el
hogar, en una violencia sin control... Este volcán social se
agrava en su erupción por los bajos niveles de consumo y de
producción nacional, y en la falta de productos de primera
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necesidad. Todo esto como resultado directo de la pérdida
creciente del poder adquisitivo de la población.
Tras la cuestión de una política de empleo, se busca la
respuesta en el uso de las tecnologías, dejando de lado los
imprevistos que se plantean a través del desarrollo de las
tecnologías informáticas. Partiendo de este hecho, de
naturaleza tecnológica, se abren nuevas perspectivas para
países como la India o algunos Estados de Europa del Este. De
ahí, que esta tendencia pueda llegar a acentuar aún más la
marginación de los países menos desarrollados.
El contraste de percepciones entre los países del mundo
industrializado y las naciones en vías de desarrollo puede
modificarse si se analizan los verdaderos motivos de los
desplazamientos productivos. Sus principales vectores son las
empresas multinacionales. Estas, en efecto, buscan, de un país
a otro, mejorar su rentabilidad financiera, haciendo que entren
en competencia los sistemas socio-productivos, aprovechando
así las diferencias en términos de salarios, cargas sociales,
niveles de productividad laboral, legislación social y de
protección del medio ambiente, ventajas impositivas, etc.
Con el fin de atraer a los capitales internacionales, muchos
países son impulsados a lanzarse a una feroz competencia, a
través de sus “ventajas comparativas”: escaso o nulo respeto
de las reglas de protección social y del medio ambiente,
violación de derechos laborales básicos… Esta competencia
frustra cualquier perspectiva de un verdadero desarrollo
económico y social. Esta es una cuestión fundamental para la
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humanidad, si se tiene en cuenta la amplitud de las
necesidades que siguen insatisfechas en el mundo. En realidad,
las deslocalizaciones productivas plantean una cuestión
esencial: el derecho al desarrollo, así como la mejoría y respeto
de las normas sociales y medioambientales en todo el planeta.
Las deslocalizaciones de procesos productivos alcanzan a todos
los sectores industriales y de servicios, lo que inquieta a los
asalariados de los países desarrollados. Pero estas tampoco
aseguran una dinámica económica y social sostenible en los
países en vías de desarrollo. Esta contradicción confirma la
necesidad de una nueva regulación de las relaciones
internacionales.
Este análisis debe, sin duda alguna, integrarse en la estrategia
de las fuerzas sociales que militan en la dirección de construir
una opción diferente a la globalización liberal, a la estrategia de
generar la competencia entre los propios trabajadores.
El sistema capitalista que de forma cíclica se ha visto envuelto
en crisis, o que encuentra en su propia naturaleza los elementos
fundamentales de crisis cada vez más agudas, que afectan en
lo esencial al mundo del trabajo, ha recurrido a soluciones con
rostros o características diferentes en el pretendido interés de
buscar respuestas al desempleo.
Sobre el particular, veamos lo que se recoge en el ATLAS que
nos presenta LE MONDE DIPLOMATIQUE, en su edición
española: “¿SEGURIDAD SOCIAL O CARIDAD? La ley sobre el
trabajo y la responsabilidad individual, sancionada en 1996 por
el presidente William Clinton, transformaba el welfare (Estado
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de bienestar) y los estilos de vida supuestamente ´asistidos´ del
periodo anterior en workfare. Se trataba de ´devolverles el
gusto por el trabajo´ a los desocupados, culpabilizados e incluso
sancionados por rechazar un empleo, aunque fuera no
cualificado e insuficientemente remunerado. De ahí en
adelante, las prestaciones quedaron subordinadas a la
obligación de trabajar, en las condiciones que fueran. Así se
pasó a una ideología y un sistema que crean obligaciones de los
pobres con el Estado y no a la inversa” (pág. 109).
En el artículo citado, se señala además: “La ´guerra contra la
pobreza´ cedió su lugar ´a la guerra contra los pobres´, en la
que la criminalización de la marginalidad y la miseria asume el
papel de política social. Mientras que en 1975 el seguro de
desempleo en Estados Unidos cubría al 81% de los asalariados
que habían perdido su trabajo, en 1995 apenas beneficiaba a
uno de cada tres”.
La política de flexibilización, puesta en práctica en algunos
países del mundo, ha provocado el desmantelamiento o merma
en todo lo que tiene que ver con la garantía en el desempleo
como a prestaciones sociales, jubilaciones y beneficios fiscales
se refiere.
Siguiendo lo anteriormente establecido, pasemos a observar el
caso de un país que en el Medio Oriente es el principal aliado de
los Estados Unidos de América: Israel. En este país, los
desocupados deben aceptar cualquier trabajo, no importa su
baja cualificación o mínima remuneración.
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En el campo de las prestaciones sociales, en Israel se ha estado
verificando una disminución de los subsidios para personas de
edad avanzada, niños, madres solteras e inválidos (ver El
ATLAS, Le Monde diplomatique, edición española, 2004, pág.
113). Si observamos lo que ocurre en el mundo de las
obligaciones, nos percatamos que la reforma del 2003 redujo
las jubilaciones en más de un 30%. Asimismo, la edad de
jubilación legal pasó de 65 a 67 años para los hombres, y de 60
a 67 años para las mujeres.
Procede tener en cuenta que el mundo del empleo no se
mueve, y el panorama es cada vez mas fragmentado. Sin contar
el trabajo doméstico, realizado mayoritariamente por mujeres y
no contabilizado en las estadísticas oficiales, ni tampoco el
trabajo informal (difícil de cuantificar), la población activa
mundial está en ascenso constante, y supera los 3,300 millones
de personas.
En el documento antes citado, se recoge lo siguiente: “Las
estadísticas de la desocupación descendieron, pero la cantidad
de trabajadores pobres está en ascenso en todas partes: en
2004 comprendían entre el 6% y el 8% de los asalariados en la
Europa de los Quince, y más del 10% de los trabajadores en
Estados Unidos. La situación en los países en vías de desarrollo
es aún peor, ya que unos 550 millones de personas ganan
menos de un dólar por día”. (Ibid., p. 110). Es importante
observar que la precariedad y el trabajo a tiempo parcial se han
generalizado.
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De manera concreta, manteniéndonos en el corazón del tema
que estamos tratando, en los países de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aumenta el
número de asalariados “flexibles”, que carecen de protección
social y que pueden ser despedidos con facilidad. El trabajo a
tiempo parcial literalmente ha estallado (equivale a uno de cada
seis empleos en la OCDE), lo que permite a las empresas no
pagar los tiempos muertos (espera de clientes, reparación de
maquinarias, etc.). Los asalariados pagan el coste, sobre todo
las mujeres, la categoría más afectada (tres cuartas partes de
los casos), las que en su mayoría aspiran a trabajar más.
Entre las primeras víctimas están los niños: en todo el mundo,
casi uno de cada cuatro niños es forzado a trabajar. No faltan al
respecto declaraciones que muestran todo lo indigno de esto.
Sin embargo, la realidad no cambia.
En la actualidad, reducir el gasto público es la consigna de
prácticamente todos los dirigentes del planeta. Los sistemas
públicos de protección social están siendo desmantelados en
todas partes. No sólo la vida cotidiana se vuelve cada vez más
incierta, sino que muchas familias ya no acceden a la atención
médica por falta de dinero, y lo más grave es que reaparecen
enfermedades consideradas como erradicadas.
La política en pos de la flexibilización laboral y dirigida a la
población misma da por resultado menor reembolso de los
gastos médicos, jubilaciones a edad más avanzada. Así, las
protecciones públicas contra los avatares de la vida
(enfermedades, accidentes, vejez, etc.) tienden a restringirse
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allí donde existían. Esto ocurre tanto en los regímenes
financiados con recursos provenientes del empleo y
administrados paritariamente (tal como sucede en Alemania y
Países Bajos), como en los estatales, sostenidos mediante
impuestos (así sucede en el Reino Unido, Italia, y Suecia, por
ejemplo) o incluso mixtos (como ocurre en Francia.
Esto se manifestó de forma concreta, entre 1993 y 2003, con la
reducción de la porción del PIB destinada a la remuneración del
trabajo. En efecto, su caída fue de 10% en los países de
capitalismo desarrollado. Como habría de esperarse, la parte
volcada a la retribución del capital subió otro tanto. En materia
de jubilaciones, esto significó una reducción del poder
adquisitivo y un alargamiento del tiempo de trabajo. En los
países se asiste a una disminución de las prestaciones médicas,
a un aumento de los costes relacionados con la sanidad y a una
carencia de recursos para los hospitales públicos.
Sobre el particular, veamos lo que ha ocurrido en tres de las
naciones donde se observa una estabilidad económica en el
campo de las prestaciones sociales.
ISRAEL. Disminución de los subsidios para personas de edad
avanzada, niños, madres solteras e inválidos.
REINO UNIDO. Es obligación para los beneficiarios de un
subsidio de padres solteros hacer unas prácticas o aceptar un
empleo a tiempo parcial.
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ALEMANIA. Fusión de subsidios de desempleo y ayuda social al
cabo de un año. El cálculo de los subsidios de desempleo toma
en cuenta los ingresos del cónyuge, los bienes inmobiliarios y
las cuentas de ahorro de la familia.
En los Estados Unidos de América como en países de Europa,
tales como España, Portugal, Grecia, Italia y Francia, a partir de
lo que algunos llamaron la gran estafa del 2008, las
prestaciones sociales han venido mermando de forma
vertiginosa. Por ejemplo, la edad oficial de retiro ha aumentado.
En cuanto a la sanidad, la reducción del gasto público es un
tema problemático en todas partes y se acelera la marcha del
sistema hacia la privatización. Las consecuencias no son
sorprendentes: las desigualdades aumentan y en algunos
países incluso ha retrocedido la esperanza de vida.
Ante la situación descrita, nos surge las siguientes preguntas:
¿Son los trabajadores los culpables de la crisis en Europa? ¿Son
ellos los culpables de lo que está pasando en Grecia, en España,
en Italia? ¿Fueron ellos los culpables de la crisis del 2008, del
derrumbe de Wall Street, de la banca norteamericana y de
muchos países de Europa? ¿O son los trabajadores de zona
franca de Santiago los culpables de la caída de esta y sus
servicios?
Por lo visto, como los efectos de la llamada crisis recaen sobre
los trabajadores europeos y es sobre ellos que el rescate de la
economía pretende hacerse, la pregunta debiese formularse,
pues, de la siguiente forma: ¿Por qué tienen que pagar los
trabajadores europeos y del mundo las consecuencias de una
39
llamada crisis que no está más que relacionada al propio
proceso de acumulación y centralización que es propio al
sistema capitalista de producción e intercambios, y de la cual
han salido sólo beneficiarios aquellos que concentran las
principales riquezas del mundo?
No podemos olvidar que las empresas que fueron desde sus
inicios instaladas en Zona Franca, recibieron por un tiempo
privilegios extraordinarios, como, por ejemplo, el no pago de
impuestos a la importación y exportación, salarios bajos, no
pago de participación en los beneficios, complicidad por parte
del Estado en evitar el ejercicio del derecho a la sindicación.
Se puede afirmar que hay costes sociales relacionados con el
paro que las empresas privadas simplemente no toman en
cuenta. Si la protección del empleo es mínima, los empresarios
pueden despedir trabajadores con un coste bajo o nulo,
abonando, en el mejor de los casos, una pequeña
indemnización.
Esto que acabamos de decir, se profundiza en los países
subdesarrollados, a sabiendas de que en los países
industrializados el daño de los desahucios o los despidos es
reconocido y en parte mitigado por la red de seguridad de las
prestaciones por desempleo. En los países menos
desarrollados, los trabajadores parados generalmente no se
convierten en una carga pública, ya que rara vez cuentan con
esquema de seguro de paro. Pero a pesar de todo, pueden
generarse grandes costes sociales, los que se manifiestan en
39
las peores formas, es decir, en criminalidad, violencia urbana,
más delincuencia y perturbaciones sociales y políticas.
Muchos se circunscriben en buscar en los trabajadores el coste
de producción, como si fuese la receta mágica para abordar las
crisis que continuamente se presentan en el mundo de la
producción y de mercado.
PACTO DE NACION
Contrario a lo que sostienen los promotores de la flexibilización,
debemos tener pendiente que la democracia social era y debe
seguir siendo un nuevo orden social y político. Gobiernos
respaldados por coaliciones de obreros y campesinos se
responsabilizaban de la gestión macroeconómica, la seguridad
social y los derechos laborales. Como contestación a la posición
de la flexibilización, debemos remontarnos y seguir teniendo
presente las experiencias de dos países: Suecia y Estados
Unidos de América. Suecia, en sus inicios, dio lugar a la gestión
anti-cíclica de la demanda, con la que el gobierno pretendía
aliviar la recesión económica. Los gobiernos socialdemócratas
fueron más allá, intentando reducir la amplitud y frecuencia de
los declives cíclicos en general, como manera concreta de
mantener el pleno empleo. Utilizaron la política monetaria para
evitar que los precios cayeran o subieran demasiado y la
política fiscal (gastos públicos e impuestos) para mantener la
actividad económica.
A finales de 1938, representantes del gobierno sueco dieron
lugar, junto a la fuerza patronal y a los sindicatos y otras
39
instituciones sociales, a firmar el histórico acuerdo de
Saltsjobaden. En efecto, empresarios y trabajadores acordaron
gestionar las relaciones laborales de forma centralizada a
escala nacional, llevando consigo la aceptación de altos salarios
y los beneficios del Estado del Bienestar, política fiscal de pleno
empleo y activismo gubernamental en pro de los servicios
sociales. Todo esto, por supuesto, no fue gratuito. Se hizo a
cambio de la paz laboral (esto es ausencia de huelgas), el
mantenimiento del control privado sobre la propiedad y los
mercados de capital y la apertura con respecto a la economía
mundial.
Al otro lado del Atlántico, una configuración política distinta
condujo a resultados parecidos. Una vez llegado a la
presidencia, Franklin D. Roosevelt, dio lugar a planes de
emergencia, y tras estos produjo en 1933 un “Nuevo Acuerdo”
(New Deal), que incluía programas de creación de empleo
público, seguridad social y derechos laborales.
El gobierno del Nuevo Acuerdo se concentró en reducir el
desempleo y en proporcionar seguridad social a la población, a
la vez que fomentaba los derechos laborales.
Tanto en los Estados Unidos como en Suecia, se motivaba la
gran unión entre los integrantes de las fuerzas productivas y el
gobierno se constituía en el gran modulador, en artífice de la
seguridad y la estabilidad. La mayor innovación de la
administración Roosevelt en el mercado laboral fue la Ley de
Relaciones Laborales de 1935, que estableció un procedimiento
39
para el reconocimiento de los sindicatos y exigía a los patronos
negociar con ellos.
El nuevo acuerdo que Roosevelt puso en práctica se basó en el
compromiso con la gestión de la demanda, programas sociales
y obras públicas a escala nacional y un lugar para los
trabajadores en la negociación colectiva y en la política.
La mayoría de los países industriales se movieron en una
dirección parecida. En Dinamarca, Noruega, Bélgica y Suiza se
promulgaron reformas sociales sustanciales y se organizaron
consultas nacionales entre patronos y trabajadores.
El caso más reciente tiene que ver con Irlanda, país que estuvo
envuelto en una guerra civil, y dividido también por asuntos de
carácter religioso: católico-protestante. Logró firmar la paz,
elecciones libres y un gran pacto de nación. Sobre este país, el
señor Andrés Oppenheimer, en su obra “Cuentos chinos”, da a
conocer lo siguiente: “Esto se llevó a cabo a través de un
´acuerdo social´ entre empresarios y obreros de apostar a la
apertura económica, la ayuda europea, la eliminación de
obstáculos a la creación de nuevas empresas, la desregulación
de la industria de telecomunicaciones, un blanqueo de
capitales, cortes de impuestos individuales y corporativos, una
fuerte inversión en la educación, y el hecho de que los
sucesivos gobiernos del país hubieran mantenido el rumbo pese
a los traspiés iniciales. No había otra opción que seguir adelante
con la apertura económica, continuar con el recorte del gasto
público y bajar las tasas de impuestos corporativos para atraer
39
inversiones extranjeras, por más trauma social que estas
reformas causaran durante los primeros años”.
De ahí, que el gobierno decidió que la prioridad del país debería
ser un acuerdo con los sindicatos obreros para que aceptaran
menores aumentos de salarios a cambio de incrementos
futuros, a medida que la economía volvía a crecer.
Todo esto se gestionó sin la ayuda del Fondo Monetario
Internacional, ya que simplemente se llegó a un punto en el
cual se determinó que el capitalismo nacional había sido un
fracaso porque las élites políticas y empresariales estaban
apostando únicamente a las inversiones seguras, o sea en cosas
como bienes raíces o terrenos, en lugar de tomar riesgos y
crear industrias que generaran empleos. Entonces, posterior a
esto, se creó una apertura comercial, es decir, un capitalismo al
estilo norteamericano que estimulara el riesgo y premiara a los
emprendedores. Los sucesivos gobiernos de Irlanda habían
decidido, como política de Estado, cultivar al máximo las
relaciones con sus comunidades en los Estados Unidos,
especialmente con sus miembros más exitosos del mundo
empresarial. Los funcionarios de la embajada de Irlanda en
Washington, por ejemplo, conseguían a través de Internet o de
registros públicos listas con los directivos de empresas de
origen irlandés en todo Estados Unidos, y los contactaban.
Muchos de los capitalistas en la República Dominicana piensan
diferente, pues se olvidan de que si la mayor parte de los
beneficios se reinvierten, contratan a más trabajadores y se
producen más artículos, la demanda aumentará y habrá un
39
mercado más amplio para las mercancías producidas. No es
lamentándose, no es llorando, no es guardando su dinero y
manteniéndose a la espera del tiempo deseado y las
condiciones anheladas. Es caminando a tono con las nuevas
tecnologías, la automatización, la ciencia, la mano de obra
calificada y, con un concepto claramente definido sobre toda
política de competencia y mercado, que se puede dar el salto
Para la década de 1930 fue cuando los gobiernos adoptaron
planes de seguridad social, definieron el mundo de la jornada
de trabajo, las vacaciones, el derecho a la sindicación, el
nacimiento de los convenios colectivos. Muchas firmas vieron
que su impacto era relativamente intranscendente. Los
capitalistas percibieron rápidamente que en la medida en que
todas las empresas tuvieran que contribuir a los programas de
desempleos y de pensiones, no se afectaría la competencia. En
la comunidad empresarial había incluso quienes pensaban que
tales programas serian buenos para sus negocios. Las
corporaciones modernas, para las cuales era crucial contar con
empleados fíeles y motivados, habían establecido desde hacía
tiempo salarios altos y mejores condiciones de trabajo, con el
fin de atraer a una mano de obra cualificada. Durante las
décadas de 1920 y 1930 muchas de esas firmas constataron
que reducir la incertidumbre de la fuerza de trabajo también
contribuía a estabilizarla y mejorarla. En el caso nuestro, no se
entiende el porqué de las liquidaciones periódicas o la
preocupación por concepto de pago de prestaciones laborales
cuando tales cargas económicas se ponen a cargo del sistema
de la seguridad social liberando al empleador de toda
responsabilidad económica, solo basta detenerse la ley 87-01,
promulgada el 9 de mayo del año 2001 (con esto no estamos
39
defendiendo dicha ley), nos limitados a recalcar que el norte del
empleador debe circunscribirse en dar lugar a la estabilidad
contractual y a la reingeniería permanente y constante del
trabajador en pos de aprovecharse de la disciplina, de la
metodología implementada para el trabajo, la lealtad, el amor a
la empresa, la experiencia acumulada y el alto sentido en la
calidad de la producción.
La globalización presenta serios problemas, y, en el contexto
del capitalismo que se desarrolla, son inevitables. Ahora bien,
de lo que se trata es de evitar que esos problemas recaigan
sobre los trabajadores y oprimidos del mundo. Ese es el papel
de los sindicatos, partidos y gobiernos responsables.
Es conocido el hecho de que la globalización conduce a una
desigualdad cada vez mayor en los países subdesarrollados,
porque los salarios, sobre todo de los trabajadores no
cualificados, se reducen. La disminución creciente de la masa
salarial implicará un aumento vertiginoso del desempleo.
Sabemos lo que ha provocado la globalización y el libre
comercio. Ese libre comercio permite a los consumidores
comprar productos extranjeros baratos. Esto trae consigo una
competencia no deseada por los productores autóctonos. Las
corporaciones multinacionales aportan nuevas tecnologías y
métodos. Con este fenómeno, tal como sucede en una sociedad
que persigue el máximo de ganancia y está basada en un
proceso de centralización de capitales, se expulsa del mercado
a las empresas locales. La deuda exterior permite a los
gobiernos gastar más de lo que ingresa al erario. Todo esto
39
puede generar crisis insoportables. Los gobiernos abren las
fronteras de las naciones a la economía mundial y proporcionan
a algunos ciudadanos la posibilidad de enriquecerse, lo que
condena, en los hechos, a muchos ciudadanos a pasar apuros y
penalidades.
Todo lo expuesto nos conlleva a reiterar la necesidad inmediata,
sin pérdida de tiempo, de establecer, con criterios científicos y
objetivos claros, y con una visión auténticamente democrática,
de inclusión real, un GRAN PACTO DE NACIÓN.
En ese Pacto de Nación, la formación, la educación técnica y los
conocimientos deben constituirse en las herramientas
fundamentales.
El caso de la República Popular China es un ejemplo a estudiar.
Este país se integró a la Organización Mundial del Comercio con
gran retraso. Lo hizo sólo cuando se sintió seguro de que podía
insertarse en el mercado mundial sin poner en peligro sus
planes de Nación.
Tal como habían establecido los funcionarios chinos, el motor
que hace avanzar a los países que progresan en la economía
global del siglo XXI no es simplemente firmar acuerdos de libre
comercio, sino ser más competitivos.
El ranking se basa en la percepción de los entrevistados sobre
los principales factores que atraen las inversiones, como el
39
clima para los negocios, la calidad de las instituciones y los
niveles de corrupción.
Gracias a una disciplina fiscal férrea y a una política económica
responsable, la calidad de las instituciones públicas, la
ecuanimidad de gobiernos en su trato con las empresas
privadas, o la incidencia de la delincuencia común en los costos
de hacer negocios no ha cambiado las reglas del juego.
Entonces, sus propios empresarios, y los extranjeros, apuestan
a su futuro. Estos tienen en común el ofrecer previsibilidad,
seguridad jurídica y un clima favorable a los inversionistas.
No es posible que, en cada gobierno, se puedan reinventar los
objetivos estratégicos del país. La estrategia de desarrollo
nacional debe ser duradera, basada en planes estratégicos
claves, insisto, sostenidos en el tiempo. Cuán importante es
observar que cada vez es mayor el consenso en nuestro país
sobre esta cuestión, fundamental para el logro de un destino
mejor para toda la nación. Y esto, por supuesto, va de la mano
con la necesidad de tener políticas económicas serias y
responsabilidad fiscal.
Tal como lo señaló magistralmente Rudiger Dornbush, el
fallecido economista del Massachusetts Institute of Technology
(MIT), cuando le preguntaron, durante una visita a la Argentina,
por qué motivo ese país tenía tantas dificultades: “Los países
desarrollados tienen normas flexibles de cumplimiento rígido”.
Esto quiere decir que en los países que funcionan, los
Congresos actualizan sus leyes periódicamente, pero una vez
que lo hacen sus gobiernos las hacen cumplir. En los otros, las
39
leyes son estáticas, pero no necesariamente inflexibles.
Mientras no se respeten las leyes y no exista confianza, los
países no recibirán inversiones nacionales ni extranjeras, y
tendrán que seguir endeudándose para mantener sus
economías a flote.
Quizás hemos perdido demasiado tiempo en discutir qué
modelo económico seguir, en lugar de cómo mejorar la
educación de nuestra gente.
Gran parte de las universidades latinoamericanas son estatales,
y los gobiernos no les exigen mucho en materia de control de
calidad. Y cuando intentan exigirles calidad, las universidades
se resisten escudándose en el principio de la autonomía
universitaria.
Para Jeffrey Puryear, el experto en educación internacional del
Diálogo Interamericano en Washington D. C., los países con
rezagos educativos deberían adoptar tres objetivos básicos: una
mayor participación de los padres en la educación de sus hijos,
la aplicación de los estudiantes y un sistema de rendición de
cuentas de profesores y directores de escuela.
En varios países se han hecho reformas educativas para
incentivar la rendición de cuentas y la evaluación de los
estudiantes y sus escuelas con excelentes resultados. De igual
modo, en América Latina se consideró prioritaria la cantidad,
pero no la calidad.
39
Los dueños del dinero que circula en los circuitos de la
producción y de los intercambios capitalistas deben comprender
que la clase obrera fue el principal protagonista de la evolución
hacia la democracia social. Los trabajadores no anhelan vivir en
un mundo de incertidumbre económica, alimentan el sueño de
un gran régimen de seguridad social y de reingeniería
permanente en procura de mantener la estabilidad contractual.
Esto, por supuesto, hasta que lleguen nuevos tiempos.
Una clase obrera unida ayuda a promover la democracia social,
y se erige, a su vez, en factor de estabilidad al desarrollo de las
propias empresas y de la economía de una nación.
No tenemos porque dar consejos al capitalismo. Pero sus
dueños y promotores deben de estar conscientes de que para
mantener el capitalismo global en el siglo XXI, están obligados a
combinar la integración internacional con un gobierno
políticamente receptivo y socialmente responsable. Los
ideólogos actuales con muchos galones – ya sean pro y anti
globalización, progresistas o conservadores -, arguyen que esa
combinación es imposible o indeseable; pero la teoría y la
historia indican que es posible que la globalización coexista con
políticas comprometidas con el progreso social, y corresponde a
los gobiernos y a los pueblos poner esto en práctica lo antes
posible.
Debemos estar conscientes de que la respuesta no la
encontraremos en impulsar políticas económicas conservadoras
(como la privatización de la seguridad social o el aniquilamiento
del derecho colectivo que presenta el Código de Trabajo). Es un
39
error considerar sustraer derechos a los trabajadores o que los
mercados, por si solos, puedan conducir a la eficiencia
económica.
Debemos detenernos en propugnar el equilibrio adecuado entre
sector privado y sector público, así como proponer políticas que
promuevan la igualdad y el pleno empleo.
Ese equilibrio debe proporcionar que los ciudadanos reciban
ingresos adecuados, dignos. De lo contrario, se encontrarían
bajo el manto de la sensación de inseguridad e impotencia.
Quienes no tienen empleo se sienten marginados, apartados de
la sociedad. Ahora bien, para quienes tienen trabajo, buena
parte de su inseguridad surge del riesgo de ser despedidos o de
que los sueldos caigan en picada. Basta recordar lo que ocurrió
a finales de la década de 1990 en la crisis de Latinoamérica,
Rusia y el Este Asiático, en toda Europa y cuanto ocurrió en los
Estados Unidos a partir del 2008.
La crisis se profundiza en aquellos pueblos que se deja de lado
la presencia del Estado a través del Gobierno Central y se
abandona la formalización y desarrollo de un auténtico y real
sistema de seguridad social.
En la República Dominicana no contamos con el seguro de
desempleo y mucho menos con un auténtico y real sistema de
seguridad social, dado que el vigente no es más que parte del
mercado privatizado. Estamos a cien años luz de poder ofrecer
la asistencia social desde la cuna hasta la tumba.
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No hemos sido capaces de pensar en la incorporación de las
organizaciones obreras al sistema político, lo que significa
consultas organizadas entre los empresarios y los líderes
sindicales para gestionar las relaciones en la empresa.
Con la flexibilización seguimos con el pensamiento de la década
de los sesenta, nos mantenemos en el pasado. No
comprendemos que la respuesta para todos, para cada una de
las clases sociales, para cada una de las fuerzas que intervienen
en la producción nacional, está en la búsqueda de un Gran
Acuerdo o Pacto de Nación: gobierno, empresarios y
trabajadores.
No somos opuestos a los cambios, a las transformaciones, a las
readaptaciones, así como llega el crepúsculo llega el amanecer,
o sea, un mañana, un día con ilusiones y esperanzas diferentes.
En tal sentido, no descartamos una revisión permanente de las
instituciones que regulan las relaciones laborales para que, con
base en los principios tuitivos que les son propios, se realicen
las correcciones oportunas de los trastornos que las afectan, sin
que esto traiga consigo la perturbación de los derechos
esenciales de los trabajadores en el plano socio-económico y
cultural.
CONCLUSIONES
1. El Estado debe erigirse en el ente regulador del Mercado, en
el gran moderador de las fuerzas que intervienen en la
producción nacional y en el promotor del desarrollo de la
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inversión nacional y extranjera. De igual forma, debe hacer
cumplir y ampliar las conquistas sociales y económicas de los
trabajadores.
2. Legislar sobre el régimen del Seguro de Desempleo.
3. Viabilizar la toma de conciencia sobre la importancia del
Derecho Colectivo de Trabajo, en particular, el derecho a la
sindicación. La aplicación de políticas que viabilicen los
Convenios Colectivos, es de suma importancia porque permite
la unión de los trabajadores y motiva la toma de conciencia de
cuanto guarda relación con la disciplina y el rol que debe
desempeñar cada trabajador en la empresa. El sindicato está
llamado a constituirse en una escuela que dé conciencia al
trabajador sobre sus derechos y obligaciones, y sobre la
importancia del desarrollo espiritual y la estabilidad material
que la empresa debe garantizarle. Por otra parte, debe
incentivar la firma de convenios colectivos, sin ignorar los
factores inherentes a cada empresa, desde el capital a la
naturaleza de la producción. El Estado debe velar por la
aplicación de un sistema especial para las micros y medianas
empresas, como en Alemania y Suecia, por ejemplo.
4. El Estado debe propiciar el Pacto de Nación, con el aval de los
distintos sectores empresariales y sindicales. Para esto, el Pacto
debe contemplar la ejecución de proyectos que dinamicen la
producción nacional y fortalezcan el sistema fiscal. Por demás,
en cada área de producción y de aquellas que guarden relación
con el contexto jurídico-político de los derechos de los
trabajadores, es necesario contar con la colaboración de
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nuestros mejores especialistas
5. Instaurar un sistema de Seguridad Social, que garantice la
protección del ser humano, desde la cuna hasta la tumba. En
esto, el Estado debe asumir el papel protagónico, a fin de
impedir que la Seguridad Social sea privatizada y se constituya
en alto coste para la producción en detrimento de las empresas.
6. En cuanto a la educación, nos parece que debemos
abandonar los métodos tradicionales, ya superados en modelos
más avanzados que el nuestro. Debemos ser más innovadores y
creativos. La relación maestros y estudiantes debe llevarse al
plano de la participación en la búsqueda del conocimiento. El
objetivo de nuestra educación debe ser formar a los técnicos y
profesionales del futuro para crear e investigar, y poner los
conocimientos al servicio del desarrollo material y espiritual de
nuestro pueblo.
Volver a la idea de los politécnicos quizá sea una manera de
adentrarnos en la tecnología y en la ciencia, y llenar el territorio
de escuelas de arte y bibliotecas sea la vía idónea para elevar
nuestro espíritu, tan necesario hoy día.
Muchas gracias.
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