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IDEAS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA EFICAZ DE CAMBIO POLÍTICO EN VENEZUELA.
ELABORADO POR MOVERSE, ABRIL, 2014
En un anterior trabajo intentamos una caracterización del régimen chavista. El propósito
de ese documento era provocar un debate estrictamente privado al interior de la oposición
que, en el mejor de los casos, pudiera facilitar un consenso mayoritario sobre el diagnóstico
de la situación en la que nos encontramos hoy, y que en el peor de los casos pudiera
estimular a los diversos líderes, fuerzas políticas y movimientos sociales que integran la
oposición a clarificar las bases conceptuales sobre las que parten las divergencias
existentes que, en algunos casos, alcanzan el plano estratégico.
Nos corresponde, en esta oportunidad, aportar algunos elementos adicionales que
componen el cuadro de circunstancias que hoy encara la oposición, y señalar algunas ideas
con el objeto de contribuir al diseño de una estrategia eficaz de cambio político a escala
nacional. Esto último significa reconocer los aciertos que ha tenido la Mesa de la Unidad
Democrática a lo largo de casi 5 años de existencia, pero también señalar algunas de sus
debilidades y carencias, siendo este el énfasis que le daremos a este documento.
Del mismo modo que el anterior documento (“Un diagnóstico para avanzar”) que hemos
distribuido entre algunos líderes y fuerzas de oposición con la finalidad de incentivar un
debate sereno y racional, la intención de este es que sea manejado con carácter confidencial
y privado por las razones antes expuestas.
Abordaremos, en primer lugar, las implicaciones políticas de la caracterización propuesta,
para pasar a formular, en segundo lugar, algunas ideas que intentan mejorar el desempeño
y la capacidad de representación política de la oposición entre diversos sectores sociales.
Las actuales circunstancias del país sugieren la necesidad de introducir algunas
modificaciones en la forma como la oposición ha encarado la “competencia política” con el
“chavismo”, de lo cual depende, en nuestra opinión, la ulterior eficacia de su estrategia de
cambio político.
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1. ¿Cómo enfrentar exitosamente un “autoritarismo competitivo” con rasgos
totalitarios?
En un documento anterior propusimos una caracterización tentativa del régimen chavista,
a saber: un régimen político crecientemente autoritario con rasgos totalitarios, pero no por
ello equivalente a un autoritarismo tradicional o a un régimen totalitario, al menos si
tomamos en cuenta la literatura en ciencias políticas y sociología política dedicada al tema
desde los 60 hasta la fecha.
De allí que la definición más próxima a la realidad venezolana sea la de autoritarismo
competitivo, apoyándonos en un artículo de Steven Levitsky y Lucan Way publicado en
20021, en el que, por cierto, ya se asomaba la posibilidad de que el régimen político
venezolano pudiera ser denominado de este modo. Hemos dicho deliberadamente
“definición más próxima” porque la de autoritarismo competitivo no satisface por entero, en
nuestra opinión, las características del régimen chavista en la actualidad.
En efecto, en el análisis que emprendimos en el documento ya referido llegamos a la
conclusión de que en tres de las cuatro arenas a las que se refieren Levitsky y Way (la
legislativa, la judicial y la de los medios de comunicación) la competencia política entre
gobierno y oposición estaba reduciéndose a un “simulacro”, de modo que el régimen
chavista pareciera encontrarse en algún punto del continuo entre un autoritarismo
competitivo y un autoritarismo con rasgos totalitarios. Únicamente la competencia
existente en la arena electoral impide que caractericemos, al menos por los momentos, al
régimen chavista como un autoritarismo a secas, pues es preciso reconocer que el chavismo
ha sido mayoría política y electoral gran parte de los 15 años transcurridos y que ello le ha
otorgado legitimidad sociopolítica.
1Steven Levitsky y Lucan Way: “Elections Without Democracy: The Rise of Competitive Autocracy” en Journal ofDemocracy, Vol. 13 (2), National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, abril de 2002,pág. 51-65. Existe una versión disponible en castellano de este artículo (traducción de Darío López López):“Elecciones sin democracia: El surgimiento del autoritarismo competitivo” en Revista Estudios Políticos No.24.Medellín, enero-junio 2004, pág. 159-176.
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No se niega ni discute el hecho de que las condiciones de la competencia electoral son cada
vez más desventajosas para la oposición, ni mucho menos que el uso inconstitucional e
inmoral de recursos por parte del gobierno (institucionales, logísticos, económico-
financieros, etc.) vuelvan tremendamente exigente un cambio político en Venezuela.
Lo que se desea enfatizar es que la oposición ha tenido dificultades para convertirse en
mayoría tanto por el efecto de las reglas de juego y el abuso de poder por parte del
gobierno como por sus propios errores de análisis, diseño e implementación de estrategias,
y que si el chavismo ha sido mayoría buena parte de los 15 años transcurridos ello también
tiene que ver con las estrategias y políticas que ha desplegado, que le han permitido
conquistar y retener a una mayoría. A estas alturas no debería extrañar que, además del
efecto de las reglas de juego y de los errores de la oposición, los recursos fiscales petroleros
disponibles en el período 1999-2013 –particularmente desde el año 2003- y una estrategia
política que llamaremos “hiper-populismo” han vuelto posible que el chavismo haya sido
mayoría gran parte del tiempo.
Por todo ello, lo que interesa remarcar aquí es que la especificidad del régimen chavista
demanda un mayor esfuerzo por parte de sectores vinculados a la oposición en cuanto al
diseño de una estrategia política eficaz, pues en otras circunstancias el carácter autoritario
del gobierno y una creciente represión serían incentivos (ciertamente no suficientes, pero
no despreciables) para que se produzcan cuestionamientos al interior de la coalición
chavista. Y este parece ser, digámoslo así, un tipo de autoritarismo que, a la fecha en que se
escriben estas notas, aún posee respaldo popular.2 Un respaldo que ciertamente disminuye
en virtud de los impactos de la crisis económica y de la desproporcionada actuación del
gobierno frente a las protestas, pero que números más números menos ronda el 40% de la
población.
Es preciso comprender que el sistema político erigido en 1999 todavía mantiene un
fundamento de legitimidad para un importante sector del país y que aún resulta atractivo
para los estratos más bajos de la población. De modo que la estrategia política de la2Aunque resulte paradójico, ciertos autoritarismos son capaces de conservar, hasta un determinado momento,apoyos políticos. Pero ello no debería sorprender en el caso venezolano, pues varias investigaciones demostraron,desde finales de los 90, la existencia de segmentos o conglomerados con actitudes políticas pro-autoritarias.
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oposición debe hacer un esfuerzo adicional para atraer a sectores de la sociedad que aún
no se sienten convocados ni representados por la MUD o por cualquiera de las
organizaciones que la integran.
Es cierto que la crisis económica en desarrollo puede contribuir a minar la confianza de las
bases del chavismo en las instituciones, y que el creciente autoritarismo puede hacer otro
tanto pues actúa en contravención de lo que el discurso chavista ha postulado
históricamente. Pero ello, en nuestra modesta opinión, no es suficiente, y allí radica la
importancia crítica de una estrategia más asertiva por parte de la oposición.
De otro lado, se entienden perfectamente las implicaciones comunicacionales que tiene un
diagnóstico tan complejo como el que hemos sugerido, y sobre ello quisiéramos señalar lo
siguiente: una caracterización que intenta fijarse en la mayoría de la opinión pública no
tiene por qué corresponder exactamente con la caracterización académica que hemos
propuesto. De lo contrario, imagínese por un momento el nivel de confusión al que
contribuiría el intento de comunicar masivamente la expresión autoritarismo competitivo
con rasgos totalitarios. La mayor parte de la población no conoce el significado ni las
implicaciones de tal definición, de modo que, en un sentido comunicacional, tendría poca
utilidad. Y si bien su utilidad política radica en que intenta precisar el “espacio conceptual”
en el que podríamos ubicar al régimen para saber cómo actuar en consecuencia, sería
suficiente, desde una perspectiva comunicacional, caracterizar públicamente al régimen
como autoritarismo. Al margen de la facilidad para comunicarlo -recuérdese que la
simplicidad es un principio básico de la comunicación masiva-, tal expresión recogería
tanto el comportamiento crecientemente autoritario del gobierno como la trayectoria final
recorrida hasta ahora, aunque no se precisen las particularidades del caso venezolano.
Hechas estas observaciones, pasemos a las implicaciones básicas de la caracterización
académica propuesta:
Un autoritarismo competitivo con rasgos totalitarios demanda de la oposición un
consenso robusto en torno a la estrategia global a la hora de actuar, al margen de
que existan desacuerdos en torno a esta materia y se implementen distintas
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tácticas. Al final del día, si existe coordinación estratégica, en la oposición puede
operar una suerte de “división del trabajo” conforme a los acentos y énfasis que
las distintas fuerzas deseen implementar como parte de su actividad.
Pero esto requiere, primero, determinar qué constituiría un “consenso robusto” en el
seno de la oposición e identificar qué procedimientos podrían contribuir a procurarlo.
Y segundo, requiere que los principales decisores de la MUD abran un “espacio” de
reflexión y análisis, al que sean convocados representantes de todas las fuerzas
políticas opositoras y algunos de los líderes de sectores sociales más destacados de ese
mismo signo. En nuestra opinión, la forma como se estructuró la MUD y la manera en
que toma decisiones limita seriamente las posibilidades de consolidar una mayoría en
el contexto que hoy vive el país. En condiciones normales, tal configuración podría ser
suficiente. Pero bajo un autoritarismo con rasgos totalitarios, es necesario configurar
una coalición más incluyente y dinámica.
Este “espacio” que sugerimos abra la MUD puede tomar la forma de una serie de
encuentros, con una agenda previamente acordada, destinados a evaluar el impacto de
las actuales circunstancias que vive el país, incluyendo la naturaleza del régimen y la
crisis económica, para señalar dos de los temas que pudieran ser tratados. El objeto de
las reuniones sería discutir estrategias conjuntas de cara al futuro y, sobre todo,
acordar mecanismos para “procesar” las diferencias, evitando que éstas conduzcan a
las descalificaciones mutuas entre sectores de cara a la opinión pública, pues ello
termina desprestigiando ulteriormente a toda la oposición.
A esta serie de encuentros podrían ser convocados, además de los representantes de
los partidos políticos opositores, líderes de los sindicatos, del sector empresarial, del
movimiento estudiantil, de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de
otras ONG’s con trayectoria y de algunos gremios profesionales (particularmente el
que agrupa a comunicadores sociales), entre otros.
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Naturalmente, la presencia (física) de éstos y otros actores en los encuentros
dependería de la existencia o no de garantías mínimas de seguridad y confidencialidad,
por lo que también se podría evaluar el establecimiento de mecanismos de enlace o de
información y consulta con algunos de ellos. Pero es claro que, conforme a nuestra
propuesta, la serie de encuentros debe estar animada por la genuina voluntad de
promover un diálogo al interior de la oposición, pues, primero, hace tiempo que esto no
sucede con la fluidez deseable, y segundo, se precisa que la MUD amplíe su “radio de
interlocución”.
Esto último intentaría abordar una preocupación que varios líderes opositores han
señalado en privado, a saber: que algunas decisiones de primer orden relacionadas con
la estrategia opositora son tomadas en instancias en las que sólo participan algunos
pocos actores (los llamados G7 o G4), una de las razones (ciertamente no la única) que
impide un consenso más generalizado.
Se propone este esfuerzo, entre los muchos que podrían pensarse, en virtud de que
frente a un autoritarismo se requiere la mayor cohesión posible de las fuerzas
opositoras, tarea en la que, según nos parece, la MUD puede avanzar aún más. En lo
esencial, estamos proponiendo el fortalecimiento de la coalición opositora teniendo en
mente la incorporación e integración real a la toma de decisiones de muchos más
actores de los que en este momento están.
La experiencia internacional sugiere que para enfrentar regímenes autoritarios se
requiere una coalición robusta en la que se multipliquen los “ganadores”, en la que se
establezcan un conjunto de reglas que permitan canalizar los desacuerdos, en la que
exista incertidumbre sobre las decisiones finalmente tomadas (esto es, que no estén
predeterminadas de antemano en función de la capacidad de influencia de los grupos
más poderosos) y en la que los decisores tengan suficiente madurez y racionalidad
como para abordar con serenidad temas polémicos y complejos.
Un régimen crecientemente autoritario, que tiene, adicionalmente, rasgos
totalitarios, demanda de la oposición una estrategia política destinada a
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encuadrar la lucha simultáneamente en varios “territorios”, que ciertamente
incluyen el electoral, pero que no puede limitarse ni exclusiva ni
predominantemente en este último.
La MUD ha desempeñado un importante papel en la reunificación de la oposición desde
2009 y en la superación de estrategias y cursos de acción que condujeron a errores y
fracasos en el pasado. Ciertamente, los primeros documentos de la MUD y las
posteriores declaraciones de sus voceros enfatizaron el carácter político en sentido
laxo de la alianza y el propósito de no limitarse a la promoción de acuerdos entre
partidos de cara a las coyunturas electorales.
Pero en la práctica, la mayor parte de los esfuerzos de los partidos que integran la MUD
parecieran haber sido efectuados con motivo de consultas electorales, e incluso, podría
decirse que buena parte de sus logros radican en los avances que la oposición ha
obtenido en este “territorio”.
Basta recordar que una de las motivaciones esenciales para la creación de la MUD en
2009 fue el resultado obtenido por la oposición en las elecciones de Gobernadores y
Alcaldes de noviembre de 2008, en las que conquistó5 de las 22 Gobernaciones en
disputa, la Alcaldía Metropolitana de Caracas y 56 de las 335 Alcaldías. Analistas
independientes que sumaron la votación obtenida por los diversos partidos de
oposición llegaron a la conclusión de que la coalición pudo haber conquistado al menos
70 Alcaldías adicionales si hubiera acordado una “alianza electoral perfecta” –con lo
que la oposición hubiera alcanzado 126 Alcaldías. De allí que la MUD pareciera haber
tenido por misión esencial la creación de un “espacio” de conversaciones y la
facilitación de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas de cara a escenarios
electorales.
¿La creación de este “espacio” era estratégicamente necesaria, incluso teniendo en
mente los objetivos propiamente electorales? Sin duda. Pero era claro, como se advirtió
tempranamente, que concentrarse en la creación de “alianzas electorales” de cara a
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varias consultas, esencialmente por la vía de las conversaciones interpartidistas,
terminaría por reducir el diseño de la estrategia política a la estrategia electoral. Y este
curso de acción, conforme se sabía, podía enfrentar dos serios problemas: el primero,
¿serían suficientes las negociaciones interpartidistas para alcanzar la mayoría en las
consultas electorales?; el segundo, ¿qué hacer si el régimen se volvía crecientemente
autoritario y las asimetrías en las condiciones de la competencia entre gobierno y
oposición aumentaban? Estos siguen siendo dos de los problemas que enfrenta la MUD.
No se subestiman los logros de la MUD, pero en la actualidades inevitable tocar dos
aspectos vitales para las posibilidades futuras de la oposición: por un lado, tras 15 años
de haberse producido la instalación de un nuevo sistema político, la posibilidad de que
se produzca un cambio de gobierno y eventualmente de algunas reglas de juego no
parecieran estar consolidadas aún, lo que nos lleva a la consideración de “fórmulas”
mediante las cuales puedan optimizarse los esfuerzos en el terreno propiamente
electoral; y por otro lado, la MUD no pareciera tener una estrategia clara para los
períodos no-electorales, que entre otras cosas permita mantener o elevar el nivel de
cohesión interna y facilite la conquista de “metas políticas y simbólicas” que sirvan de
plataforma para avanzar en el resto de los “territorios” en los que se produce la lucha
entre gobierno y oposición.
Además del “territorio institucional”, que comprende desde el punto de vista orgánico
a la Presidencia, el Parlamento, los Tribunales de Justicia, la Fiscalía General de la
República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y el Consejo Nacional
Electoral –instituciones bajo control del chavismo-, y desde el punto de los procesos a
la competencia electoral, es preciso actuar más proactiva y eficazmente en otros
“territorios” tales como:
La opinión pública nacional, espacio en el que los medios de comunicación
juegan un papel central, y en el que tanto comunicadores sociales como líderes de
opinión (no-comunicadores) tienen mucha influencia. Sobre este tema
dedicaremos algunas líneas más adelante.
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“La calle”, espacio vinculado a la opinión pública nacional que, desde un punto
simbólico, puede comunicar mensajes de impacto, pero que en un sentido real
puede llegar a congregar a diversos intereses, sectores y actores bajo banderas o
reivindicaciones comunes, que deberían articularse cada vez más eficazmente.
La sociedad civil, compuesta hoy tanto por las organizaciones tradicionales, a
saber: sindicatos, cámaras empresariales, gremios profesionales, Iglesias y
organizaciones religiosas conexas, como por otras de creciente protagonismo en
los últimos tiempos: organizaciones de defensa de los derechos humanos,
organizaciones estudiantiles, movimientos ambientalistas, Consejos Comunales,
Consejos Locales de Planificación Pública, etc.
El militar, no con el objeto de promover una “sedición” sino para obtener
información acerca del nivel de penetración y avance de la ideología oficial, así
como sobre el nivel de influencia de Cuba.
El internacional, constituido por los gobiernos, parlamentos y en general las
instituciones públicas de otros países; los organismos multilaterales; la opinión
pública internacional, espacio en el que los medios de comunicación de otros
países, incluyendo las cadenas internacionales de noticias, son particularmente
importantes; y las ONG´s y movimientos sociales internacionales o de otros países.
Un examen detenido de la situación actual de la oposición en cada uno de estos
“territorios” podría dar cuenta de avances recientes (por ejemplo, en “la calle”, en
algunos sectores de la sociedad civil y en la sociedad internacional), al tiempo que
en otros parecieran haberse producido estancamientos o retrocesos (en los medios
de comunicación, en otros sectores de la sociedad civil y en el militar).
Desde esta perspectiva, la pregunta que viene al caso es la siguiente: ¿cuál es la
estrategia que la dirección política de la oposición viene siguiendo para articular los
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esfuerzos en cada uno de estos “territorios”? En nuestra opinión, esta sigue siendo una
tarea pendiente.
Un régimen crecientemente autoritario con rasgos totalitarios demanda de la
oposición que los eventuales avances del gobierno en la dirección de un
creciente autoritarismo tengan altos costos, del mismo modo que una creciente
represión debe tener altos costos en diversos sectores, incluso entre el liderazgo
y las bases de apoyo del chavismo.
Si dos de los problemas más importantes de la MUD son: a) el hecho de que sectores de
la oposición no se sienten representados en la instancia o que, cuando menos, existen
serias críticas sobre su integración y su funcionamiento, y; b) que se requiere elevar la
capacidad de planificación estratégica de la oposición, este apartado es una
consecuencia lógica del anterior. La oposición estaría en mayor capacidad de elevar los
costos del gobierno por eventuales avances en la dirección del “socialismo del siglo
XXI” –que comporta, como muestra la historia, un avance del autoritarismo- si la
articulación entre los partidos políticos y diversos sectores sociales fuese aún mayor.
Estamos hablando de la necesidad de alcanzar un mayor nivel de articulación en el
seno de la oposición, que pasa, de un lado, por reconfigurar la MUD –para integrar a
otros actores distintos a los partidos políticos-, y de otro lado, por construir y poner en
marcha un “aparato de inteligencia política”. Como estos dos puntos se desarrollan en
lo sucesivo, no haremos aquí mayores comentarios.
Un régimen crecientemente autoritario con rasgos totalitarios demanda de la
oposición el desarrollo de un conjunto de protocolos y cursos de acción
destinados a prever las consecuencias de eventuales nuevas oleadas de
represión, censura o persecución.
Los últimos tiempos parecieran haberse encargado de persuadir a diversos actores
sobre esta posibilidad que se viene anunciando desde hace años, pero aún resta por
organizar las alternativas de acción disponibles para las fuerzas y actores políticos
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sometidas a la presión gubernamental en un contexto crecientemente autoritario
(incluso más del que ya presenciamos).
Para estos casos se requiere orientar los esfuerzos en una doble dirección: por un lado,
elevar los esfuerzos (que ya se vienen haciendo) en la opinión pública nacional e
internacional para denunciar el creciente autoritarismo en Venezuela; por otro,
preparar al liderazgo político y social para escenarios de mayor censura, represión y
violencia política provocados por el Estado, lo que podría involucrar prever
modalidades de actuación clandestina o semi-clandestina.
Al margen de los desacuerdos que existen con la estrategia política emprendida por el
partido Voluntad Popular desde inicios de este año (en concreto, respecto del timing de
las protestas o lo que pareciera haber sido la no-búsqueda de un consenso más amplio
con otros actores de oposición), no queda duda que la reacción del gobierno ha sido
desproporcionada y que compromete seriamente el futuro de las organizaciones
políticas y sociales, sobre todo si al interior de la coalición chavista se terminan
imponiendo, como pareciera ser hasta ahora, los sectores más radicales (en lo que al
tratamiento de la oposición se refiere).
Todas estas reflexiones preliminares nos llevan a formularle a la MUD las siguientes
recomendaciones estratégicas:
1. Reestructurar el formato de organización.
La MUD ha obtenido varios avances en materia electoral en parte gracias al formato de
organización que instrumentó. Una instancia que agrupara únicamente a la representación
de los partidos políticos de oposición estaba en mejor capacidad de procurar acuerdos
estratégicos de tipo electoral que una que integrara a partidos políticos y movimientos
sociales, sin importar su antigüedad, tamaño, capacidad de representación, imagen o
impacto social, tal y como ocurrió en la Coordinadora Democrática.
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No obstante, este formato, que demostró tener utilidad de cara a eventos electorales, tiene
serias limitaciones a la hora de enfrentar escenarios no-electorales. Ciertamente, el
desempeño de la MUD en el terreno electoral también es susceptible de críticas3, pero es
indudable que desde su conformación ha habido avances en esta dimensión de la lucha
política de la oposición.
Las limitaciones se hacen más evidentes si consentimos la necesidad de diversificar los
esfuerzos de la oposición en los “territorios” de lucha antes señalados, precisamente en
virtud del esfuerzo del gobierno de suprimir la competitividad política de la oposición en
los espacios que todavía están a su disposición. De allí se concluye que, tanto para las
actuales circunstancias como para los desafíos futuros que deberá encarar la oposición, el
formato de representación estrictamente partidista no es apropiado. Limitar la lucha al
terreno estrictamente electoral, o concentrar los mayores esfuerzos allí, puede restringirle
opciones futuras a toda la oposición y poner bajo amenaza su propia supervivencia política.
De este modo, las circunstancias parecieran imponer un cambio del formato de
organización y funcionamiento de la MUD, una reestructuración o una modificación
sustantiva en su patrón de toma de decisiones. Tanto el contexto que vive el país como los
ejercicios de escenarios futuros que se han elaborado parecieran exigir la construcción de
una coalición sociopolítica más robusta y plural en el seno de la oposición que la que
estimula el actual formato de la MUD.
3Son cinco las críticas más relevantes que se le han hecho a la MUD en los últimos años en lo que respecta a sudesempeño electoral: 1) que se privilegian los acuerdos entre los partidos opositores “grandes”, de modo tal queéstos terminan actuando como “partidos-cartel” a la hora de tomar decisiones; 2) que este “cartel” configuradopor AD, COPEI, PJ y UNT, según indican algunos críticos, ha bloqueado iniciativas de algunos de los partidosrestantes representados en la MUD, e incluso, se han observado casos en los que tres de los “partidos-cartel” hanllegado a bloquear propuestas del “cuarto miembro”, sin que éstas sean discutidas con el resto de los miembros dela MUD; 3) que aún de cara a una elección se debate escasamente sobre la estrategia conjunta de la oposición, locual debería involucrar a todos los actores representados en la MUD; 4) que ha habido oportunidades en las que,habiendo debatido elementos de la estrategia político-electoral global, los acuerdos no son implementados, y; 5)que el método de selección de las candidaturas incorpora escasamente las de partidos emergentes o laspropiamente no-partidistas que, en algunos casos, tienen mejor imagen y mayor potencial electoral que lascandidaturas partidistas (tal y como ocurrió en seis circuitos de cara a las elecciones parlamentarias de 2010, loscuales, según se argumenta, le hubieran dado la mayoría electoral a la MUD, y de cara a las elecciones municipalesde 2013, en las que no se consideraron, según se argumenta, los líderes naturales de algunas localidades).
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Para señalarlo en el lenguaje de la teoría de juegos: con el actual formato de organización y
funcionamiento de la MUD los más importantes “ganadores” seguirán siendo los partidos
políticos, y dentro de ellos, algunos de los más grandes (esencialmente cuatro: PJ, AD,
COPEI y UNT). Pero una coalición en la que algunas fuerzas de oposición se perciben como
“perdedores” y en la que otros sectores sociales no se sienten parte sustantiva de las
decisiones y los avances, mientras el gobierno atropella las garantías democráticas de toda
la oposición, es una coalición vulnerable frente a escenarios complejos.
La historia nos recuerda que el entretejido social que se esconde detrás de las coaliciones
políticas es un asunto de primer orden. Esto es lo que sería apropiado recordar de los
pactos fundacionales que dieron lugar a la transición a la democracia en Venezuela y Chile,
pues en ambos casos usualmente se mencionan los acuerdos celebrados entre las
principales fuerzas partidistas, pero se olvidan los que fueron suscritos entre diversas
organizaciones de la sociedad civil y entre éstas y los partidos.
No es políticamente sostenible ni históricamente correcto seguir defendiendo (o
promoviendo) el falso dilema partidos políticos versus sociedad civil en la Venezuela de
hoy, en la que enfrentamos un régimen crecientemente autoritario. Ambos sectores deben
formar parte de una coalición más sólida porque los tiempos que vienen requieren niveles
superiores de coordinación y articulación. Y no es apropiado seguir pensando, si fuese el
caso, que sólo la “conducción política profesional” es suficiente para alcanzar los objetivos
que la oposición se ha propuesto.
Así las cosas, nuestra recomendación es crear mecanismos de integración y enlace con las
representaciones de los sectores sindical, empresarial, eclesiástico estudiantil y las ONG’s
de defensa de los derechos humanos, para señalar sólo algunos de los más relevantes, con
el objeto de que sus opiniones, análisis y recomendaciones sean incorporadas a un centro
de discusión política y de toma de decisiones. Esta sugerencia podría operacionalizarse
conforme se señala a continuación.
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2. Constituir un “Centro de Dirección Política de la oposición”.
La MUD ha avanzado también en la constitución de una instancia integrada por actores
políticos (el llamado G7), que comparte información, puntos de vista y analiza las
eventuales consecuencias de cursos de acción, pero no son pocos los líderes de oposición,
analistas y hasta asesores políticos que señalan que, pese a sus aciertos, tal instancia no
constituye un genuino “Centro de Dirección Política”. Si ese fuese el caso, valdría la pena
concentrar los mayores esfuerzos en su construcción, pues resulta imprescindible para los
tiempos que siguen dada la necesidad de alcanzar consensos mínimos en torno a la
estrategia opositora.
No nos referimos sólo a una instancia que promueva alianzas electorales –objetivo loable,
por demás- ni a una que eventualmente discuta temas de coyuntura respecto de los cuales
la oposición tiene algo que decir y hacer. Nos referimos a la necesidad de una instancia de
discusión permanente, que se reúna con una periodicidad de al menos dos veces por
semana, cuya misión sea decidir cursos de acción sobre la base de unas “coordenadas
estratégicas” previamente acordadas entre todos los factores de oposición o una mayoría
significativa de ellos.
Para decirlo con más claridad, estamos sugiriendo la creación de una instancia de discusión
y toma de decisiones que, integrando tanto a representantes de los partidos políticos como
de sectores sociales, llegue a un acuerdo sobre la estrategia conjunta de toda la oposición y
que, adicionalmente, sea capaz de responder a las exigencias de las diversas coyunturas
con mayor celeridad que la que actualmente se exhibe.
Es cierto que en ocasiones el tratamiento de algunos temas posee tanta importancia como
para impedir mayor rapidez en los cursos de acción que la MUD decide e implementa, pero
en este último sentido la idea primaria sería elevar su capacidad de respuesta frente a
eventos del entorno. Una vez que las “coordenadas estratégicas” se hayan acordado en una
primera ronda de discusiones entre los factores que aquí se proponen, las discusiones
ulteriores no deberían producir mayores demoras, salvo las excepciones de rigor.
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Para que no haya lugar a malas interpretaciones, no estamos señalando que algunas de
estas discusiones no se den en la actualidad en el seno de la MUD sino que, por un lado,
pareciera apropiado redimensionar quiénes son los actores que integran tal instancia, y por
otro, que el desempeño político-estratégico del gobierno exige, del lado de la oposición, una
mayor asertividad y rapidez, al tiempo que se garantiza una mayor cohesión entre todos los
factores involucrados en esta última coalición. A este respecto se recomienda que, entre los
temas de agenda que podrían debatirse para llegar a consensos estratégicos mínimos, se
incluya tempranamente el de cómo resolver y canalizar institucionalmente las diferencias
existentes entre algunos de los miembros de la coalición. Es muy importante hacer un
esfuerzo por establecer garantías de mutuo acuerdo, de forma tal que el nivel de cohesión
de la oposición sea el máximo posible.
¿Cómo integrar exitosamente a otros actores, evitando reproducir los problemas que se
produjeron en la Coordinadora Democrática? Pensamos que del siguiente modo:
Creando un centro de dirección política en el que, además de los partidos políticos,
estén representados los sectores señalados, salvo aquellos que por decisión propia
prefieran establecer mecanismos de enlace con dicho centro (y no participar de
manera presencial de las reuniones) para resguardar su imagen de los posibles
ataques del gobierno. En particular, nos referimos a los sectores empresarial,
eclesiástico y estudiantil, que podrían ser objeto de vigilancia por parte de cuerpos
de seguridad del Estado y de críticas públicas del lado del oficialismo.
Los sectores que decidan no participar presencialmente en el centro de dirección
política pudieran designar representantes, voceros o enlaces, para hacer llegar sus
opiniones o sugerencias de manera fluida o, alternativamente, celebrar reuniones
bis a bis con el Secretario Ejecutivo de la Mesa, que mantendría algunas de sus
funciones en el marco del nuevo rol asignado.
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Dependiendo de las materias a tratar en determinadas reuniones, los miembros de
la Mesa podrían sugerir invitaciones de representantes de otros sectores sociales
(por ejemplo, académicos y rectores de universidades nacionales, comunicadores
sociales, artistas o deportistas).
Incluso, en virtud de las contribuciones de algunos de estos representantes o
“interlocutores”, podría pensarse en su integración a las sesiones, ya sea como
miembros permanentes o como miembros itinerantes.
Nuestra propuesta contempla que la Mesa siga bajo la conducción de los líderes políticos -y
particularmente los “jefes” de los partidos políticos- pero funcionaría más como un cuerpo
colegiado, evitando las prácticas que restringen la participación en las discusiones y la
toma de decisiones. La idea básica del centro de dirección política es que su integración sea
lo más plural, atendiendo las necesidades de inclusión y eficacia política.
3. Desarrollar un “Aparato de Inteligencia Política”.
La anterior recomendación nos conduce a esta. Un “Centro de Discusión Política” como el
que se propone requiere no sólo de un órgano de soporte técnico sino de un sistema de
información, seguimiento y análisis de alto nivel.
Es claro que los recursos a disposición del gobierno durante 15 años se han traducido en
una elevada capacidad estratégica, al margen de que ello también, para bien y para mal,
está asociado a la incorporación de los militares a la política. Esto se ha traducido en una
variedad de dispositivos de investigación y análisis y de herramientas de toma de
decisiones con los que cuenta el gobierno: salas situacionales, war rooms, contratación de
múltiples estudios cualitativos y cuantitativos de opinión pública, servicios de monitoreo
de medios, sistemas de información en tiempo real, el uso de diversos métodos de
planificación (situacional, por escenarios, etc.), intelectuales venezolanos y foráneos
contratados, el uso indiscriminado de la inteligencia policial y militar, etc.
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Así las cosas, la oposición requiere elevar sus capacidades estratégicas, echando mano de
una amplia maga de métodos de investigación y análisis e introduciendo cambios en los
procedimientos de toma decisiones, de modo tal que se integre el conocimiento técnico con
la experiencia de los actores políticos. Por tanto, la oposición requiere desarrollar lo que
podríamos denominar como un “Aparato de Inteligencia Política”. El logro de este objetivo
podría traer como consecuencia colateral que la Mesa empiece a contar con el concurso de
otros sectores y actores que originalmente no se sienten representados en la misma.
Se piensa aquí en una instancia que le haga seguimiento permanente a indicadores, que se
alimente de análisis técnicamente bien fundados, que evalúe escenarios, y en general que
tenga a la mano una variedad de fuentes de información de primera línea; una instancia
que discuta sobre temas de alta política y que le efectúe recomendaciones al “Centro de
Dirección Política”; en fin, una instancia que aborde issues estructurales y coyunturales que
requieren desarrollos estratégicos y tácticos. La función de esta instancia es clara:
proporcionar información y análisis de alta calidad científica y técnica para alimentar las
discusiones de los actores políticos.
Podría pensarse que un organismo similar a este ya existe, pues a la Secretaría Ejecutiva de
la MUD está adscrita una “Sala de Análisis” integrada por profesionales de alto nivel, que
dirige el reconocido abogado, historiador y politólogo Diego Bautista Urbaneja. Pero no es
esto lo que proponemos, sino la construcción de un “Centro de Inteligencia Política” cuya
función sea dirigir:
- El monitoreo y análisis del entorno informativo, con señales de alerta que notifiquen
en tiempo real a los técnicos, analistas -y si así lo desean, a los actores políticos-
cuando se trate de coyunturas de importancia. En este primer apartado se incluyen
los análisis de cobertura de medios sobre grandes temas, issues de coyuntura y
actores políticos y sociales.
- El seguimiento y análisis de las declaraciones de los principales voceros del
chavismo y de la oposición.
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- El seguimiento y análisis de la opinión pública venezolana, mediante la realización o
contratación de estudios cualitativos (entrevistas de profundidad, grupos focales y
estudios etnográficos) y cuantitativos (encuestas por muestreo y, cuando sea
posible, estudios de panel).
- La administración y procesamiento de la información resultante de “redes de
informantes y comunicadores populares” en barrios y urbanizaciones de diversas
ciudades del país (que podrían ser militantes de partidos y miembros de
organizaciones sociales) y la utilización de las mismas en un doble sentido: (i) para
recabar información acerca de acontecimientos, especialmente de aquellos que no
están siendo publicados en los medios de comunicación, y; (ii) para “colocar” o
“distribuir” mensajes aprobados por el “Centro de Dirección Política” opositor (al
estilo de lo que se conoce en comunicación política como “Clínica del Rumor”). Este
apartado incluiría los mecanismos especiales de procesamiento y análisis de la
información proveniente de las comunidades, así como sobre el efecto de los
“memes” distribuidos por la red.
- La constitución de una red de “Inteligencia Militar-Policial”, que suministre
información a una sala. Los Gobernadores y Alcaldes de oposición podrían hacer una
contribución en la dirección de este propósito, para lo cual se requieren protocolos
especiales de seguridad para la “recepción” y “transmisión interna” de las
informaciones.
- La planificación por escenarios que involucra, por un lado, la construcción de
escenarios futuros a un plazo de 1 o 2 años y el desarrollo de alternativas
estratégicas y tácticas, así como repertorios de cursos de acción para cada escenario
(mejor conocidos como “Complejos Modulares Potenciales”). En este último caso, el
equipo encargado debería hacer una actualización trimestral de los escenarios y una
revisión del “Sistema de Monitoreo”, para ajustarlo conforme se identifiquen nuevas
variables.
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Un “Aparato de Inteligencia Política” como el que se propone no tiene por qué excluir el
funcionamiento de la “Sala de Análisis” adscrita a la Secretaría de la MUD (de hecho,
algunos de los miembros de esta sala podrían formar parte del “Centro de Inteligencia
Política” o bien permanecer dentro de la misma estructura de la “Sala de Análisis”,
haciendo las veces de un “grupo de contraste” de los productos derivados del centro). Pero
lo que estamos proponiendo pretende redimensionar los insumos necesarios para la toma
de decisiones de los actores políticos, en el entendido de que el gobierno ha venido
“perfeccionando” los instrumentos y dispositivos a su disposición para recolectar
información y analizar diversas dimensiones y variables del entorno (de hecho, se conoce
extraoficialmente que en Miraflores funcionan tres salas situacionales).Es importante que
la dirección opositora tenga en mente esto último.
En nuestra opinión, el equipo de profesionales del “Centro de Inteligencia Política” debe
cumplir con las siguientes pautas:
- Deber ser un equipo multidisciplinario eminentemente técnico, en el sentido de que
debe estar integrado por especialistas reconocidos en las diversas áreas asociadas a
las actividades antes señaladas y, sobre todo, en el sentido de que su misión es
estrictamente investigativa y analítica.
- Los profesionales que integren el “Centro de Inteligencia Política” deben
desempeñarse en diferentes actividades y sectores, y preferiblemente ser de
diversas corrientes político-ideológicas (aunque es obvio que todos deben tener
“afinidad intelectual” con la “alternativa democrática”). Estos requisitos pretenden,
primero, evitar los sesgos habituales de equipos muy identificados con
determinados partidos políticos u organizaciones privadas, así como los efectos
negativos del “pensamiento de grupo”, que surge típicamente en equipos
consolidados y de escaso contacto con entornos distintos a los habituales, y
segundo, procurar garantizar un clima de “ausencia de restricciones internas” a la
producción intelectual, por lo que la pluralidad de visiones y enfoques es vital.
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- Debe ser autónomo en el sentido de que no debe depender financieramente de
alguna organización política en particular ni de los recursos que administra la Mesa
para su funcionamiento. Esto puede volverse viable mediante el apoyo financiero de
varias empresas del sector privado, sobre lo cual ya se han hecho algunas gestiones,
en las que se han conseguido empresarios dispuestos de hacer aportes.
- Los líderes políticos no pueden ejercer influencia alguna sobre las investigaciones y
análisis en el sentido de procurar pre-determinar la dirección de estos, aunque
naturalmente es deseable que aporten insumos e informaciones y que hagan
solicitudes que, si están dentro del ámbito de competencias previamente acordado
con el “Centro de Dirección Política”, deben ser atendidas diligentemente por el
equipo. Este apartado busca establecer como principio que el equipo
multidisciplinario no es susceptible de “intentos persuasivos” por parte de los
decisores para orientar los análisis en una determinada dirección.
- Todos los miembros celebrarán un contrato privado de confidencialidad, para
asegurar el correcto manejo de la información. La información resultante de las
investigaciones, los análisis y las discusiones del equipo es estrictamente
confidencial y deberá ser administrada en los espacios de trabajo para ello
destinados. Ello involucra la no divulgación tanto privadamente como a través de
medios de comunicación de los contenidos, cualesquiera que ellos sean. El contrato
de confidencialidad también establecerá regulaciones para la aparición de los
miembros del equipo en los medios de comunicación, que no pueden utilizar
información del trabajo que llevan a cabo.
Usualmente algunos líderes políticos piensan que proyectos como el del “Centro de
Inteligencia Política” son inmanejables o que sus costos exceden las posibilidades reales de
financiamiento proveniente de sectores opositores. Afortunadamente, no es ese el caso. Ya
existe una versión de este proyecto que se le ha presentado a varios sectores
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empresariales, algunos de los cuales, se insiste, han mostrado su disposición de efectuar
aportes.
4. Generar “Consensos Estratégicos Mínimos”.
Uno de los hechos que pusieron de relieve las protestas iniciadas en febrero de este año es
la existencia de desacuerdos estratégicos de envergadura entre algunos de los principales
líderes de la oposición. Ciertamente, algunas de estas divergencias no son novedosas, pero
en esta ocasión llamó la atención, por un lado, el distanciamiento de las posiciones entre
sectores que anteriormente lucían más “afines” (como las de Ledezma y ABP respecto de
las de la Mesa) y la “agrupación” de otros (como ocurrió con los sectores representados por
Ledezma, López y Machado). Y por otro lado, el resurgimiento de debates similares a los
que se produjeron en el período 2001-2005 (particularmente las acusaciones mutuas entre
“colaboracionistas versus extremistas”), que ya parecían superados.
Al hurgar entre los argumentos de los dos grandes sub-bloques aparentemente en
desacuerdo, haciendo abstracción, por un momento, de los matices que efectivamente
habitan en cada uno de ellos, se consigue que las tesis centrales de ambos, si son
formuladas de manera dicotómica, inevitablemente conducen al desacuerdo. Pero si, por el
contrario, se hace un esfuerzo de síntesis, procurando rescatar aquello que resulta
complementario, se tendrá una visión integrada de ambas posturas, las mismas que al
principio lucían como irreconciliables.
Por ejemplo, un importante sector de la MUD y el entorno que encabeza Henrique Capriles
sostienen, palabras más palabras menos, que la estrategia para promover un cambio
político en el país debe estar en el marco de la Constitución y que se debe evitar cualquier
tentación de apartarse de ella; que se deben preservar los avances que la oposición ha
conquistado, teniendo en mente la necesidad de consolidar una mayoría a favor del cambio.
La mayoría de los opositores, tanto en el liderazgo como en la base, está de acuerdo con
esta postura.
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Por su parte, el sector representado tentativamente por líderes como Leopoldo López,
Antonio Ledezma y María Corina Machado sostiene-al margen de los “acentos” que cada
uno comunica con su discurso y actuación- que ha llegado la hora de transcender la ruta
estrictamente electoral –lo que no significa negarla- y que, por ello, es momento de
movilizar a los ciudadanos, tanto para canalizar el malestar que se viene acumulando por
diversas razones como para contener los intentos del gobierno de avanzar en la dirección
del “socialismo del siglo XXI”, teniendo en mente la idea de elevarle los costos frente a la
opinión pública nacional e internacional. Formulado de esta manera, la mayoría de los
opositores también está de acuerdo con esta postura.
Como se puede ver, los elementos expuestos –ciertamente escogidos de manera
deliberada- pueden formar parte de un consenso estratégico mínimo en el que la protesta, si
es pacífica y se orienta a reivindicaciones sentidas por parte de los ciudadanos, puede estar
integrada perfectamente a una estrategia que promueve el cambio político por vías
institucionales.
Incluso, aun considerando otros argumentos, algunos de ellos cargados de “etiquetas” entre
ambos sectores, se siguen hallando zonas de “potencial acuerdo” –para lo cual, obviamente,
hay que trascender o “evadir” algunas “trampas” a que conducen determinados elementos
del discurso de ambos-.En efecto, un sector le critica al otro el “conservadurismo” y el
“exceso de parsimonia”, y señala haber “apostado” por elevar el clima de conflictividad para
intentar “sacudir” a la opinión pública nacional e internacional, en virtud del clima de
frustración y desesperanza que resultó de la derrota en las elecciones municipales del 8-D
de 2013 (y, por tanto, de lo que se perfilaba como un avance más del “socialismo del siglo
XXI”); por su parte, el otro sector, que valora la “paciencia” como la virtud política más
importante y reprocha la reiterada conducta de free ryder de algunos actores, señala haber
convocado algunas manifestaciones pacíficas, enfatiza que es contraproducente emprender
acciones que pongan en riesgo los logros y la base de apoyos políticos conquistados por la
oposición, argumenta que los esfuerzos debieron orientarse, más bien, a hacerle “pagar” al
gobierno las consecuencias de sus errores en materia de política económica e insiste en que
hubiera sido “irresponsable” exponer vidas humanas.
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En fin, podríamos seguir abordando otros elementos del discurso para encontrar que, pese
a las diferencias de fondo, sí existen aspectos complementarios si nos ocupáramos de
construir una visión más integral. Pero desafortunadamente este no es el espíritu que está
dominando, salvo honrosas excepciones, la mayor parte de los debates que se producen
hoy en el seno de la oposición, y ello sugiere la existencia de una inadecuada comunicación
entre los factores que la integran, como en efecto se ha constatado en varios momentos.
Dada la desconfianza mutua que se ha ido creando entre sectores de la oposición parece
que llegó el momento de darle freno a ese clima de creciente hostilidad. De modo que, en
esta dirección recomendamos hacer un esfuerzo por incorporar al “Centro de Dirección
Política” a los principales líderes de los partidos de oposición, incluyendo las fuerzas
emergentes, con el propósito de iniciar un proceso de diálogo interno que pudiera tener
como agenda preliminar:
- La caracterización del actual régimen político.
- La visión sobre la estrategia política destinada a promover un cambio político (en
donde cada partido expondría su “tesis”).
- Puntos de disenso y consenso más relevantes.
- La agenda de “consensos estratégicos mínimos”.
- Mecanismos permanentes para canalizar las diferencias.
5. Abordar los problemas de comunicación masiva.
Desde el año 2007 se le planteó a la oposición un desafío crucial, a saber: que el gobierno
tenía la voluntad estratégica para intentar dominar el circuito de formación de la opinión
pública, lo que implicaba “neutralizar” a los medios de comunicación no afines a la línea
oficial “controlando” su programación por intermedio de la legislación, abriendo
averiguaciones administrativas, imponiendo multas, comprándolos o, incluso, no
renovándoles la concesión que otorga el Estado, lo que en la práctica equivalía al cierre.
23
El caso RCTV fue el primero de una serie de esfuerzos por parte del gobierno destinados a
ejercer un creciente control sobre los espacios más relevantes para la formación de la
opinión pública. Luego vinieron las presiones sobre varias estaciones de radio y algunos
periódicos, al margen de la estrategia del Estado de “unificar” la pantalla de los medios
públicos en cuanto a la presencia del relato oficial y algunos de los contenidos, lo que se ha
dado en llamar el “Sistema Nacional de Medios Públicos”.
El caso es que hoy, tras la compra de Globovisión y de la Cadena Capriles, se le plantea a la
oposición un nuevo desafío. Incluso, se habla de la posible compra de El Universal y de
Venevisión, lo que terminaría de completar el cuadro dibujado por la estrategia de la
“hegemonía comunicacional”. Este último canal fue neutralizado tempranamente tan
pronto se aprobó la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión, con lo cual el cambio en
su línea editorial fue evidente.
Estos cambios en el “territorio” de los medios de comunicación amenazan seriamente las
posibilidades de la oposición de convertirse en mayoría en el corto plazo, en la medida que
incrementan las dificultades ya existentes para comunicar mensajes masivos y persuadir a
amplios sectores de la población. Y esto es precisamente lo que está en juego: los “canales”
por intermedio de los cuales se despliega una estrategia de comunicaciones destinada a
facilitar la construcción de una mayoría. De modo que la pregunta sobre ¿qué hacer? es
cada vez más urgente en este tema.
Lo primero que deseamos sugerir es que este es un tema que requiere una discusión
estratégica de fondo, por lo que convendría que el “Centro de Dirección Política” que hemos
propuesto, junto con el aporte que haga el “Centro de Inteligencia Política”, elaboren
algunas alternativas. Sin pretender agotar el tema, aquí queremos sugerirle a los actores
políticos evaluar la factibilidad de las siguientes opciones:
Concertar con algunos empresarios afines a “la causa” la compra de uno o varios
medios de comunicación masivos existentes, con especial énfasis en un canal de
televisión, que como se sabe es el medio de mayor penetración en Venezuela y buena
24
parte del mundo. La idea sería poner en manos de profesionales de la comunicación la
operación del medio, teniendo en mente que el propósito es abrirle una “ventana” a los
actores de oposición en medio del creciente “cerco comunicacional” que viene
impulsando el chavismo.
No obstante, esto significa también evitar cometer los errores de algunos medios en el
pasado, que terminaron haciendo exactamente aquello que se critica respecto del
gobierno y que asumieron una política editorial que dificultaba la posibilidad de que
los líderes opositores pudieran atraer y persuadir al sector más moderado del
chavismo y a una parte de los “No alineados”.
Presionar al gobierno en virtud de la escasa visibilidad que tienen actores sociales y
políticos de la oposición en los medios del “Sistema Nacional de Medios Públicos”. En
este caso, no se está pensando ingenuamente que el chavismo atenderá con diligencia
la exigencia –lo más probable es que la subestime en una primera instancia, y
dependiendo de la presión de opinión pública que la oposición sea capaz de
estructurar, quizás la atienda muy parcialmente, con un encuadramiento favorable
para el gobierno-, sino más bien en la preparación de un “caso de opinión pública
nacional e internacional” que le eleve los costos al gobierno por la “uniformidad” de los
medios de comunicación públicos, y la intolerancia y el carácter antidemocrático de
una conducta que impide mostrar a los actores de la oposición y sus visiones en tales
medios con la misma frecuencia y cobertura que ocupan los actores oficialistas.
Dicho de otro modo, se pretende hacer jiu jitsu, utilizando precisamente el poder del
Estado para usarlo en su contra, procurando elevar los costos de este comportamiento
antidemocrático. Pero ello requiere de una denuncia permanente y creativa, y la
demostración reiterada de la intolerancia gubernamental mediante eventos simbólicos.
Instalar una estación de radio en un país cercano, cuya señal y frecuencia lleguen al
país.
Crear nuevos periódicos (en formato digital, por ejemplo).
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Diseñar una estrategia de comunicaciones en la que se integren más eficazmente los
medios masivos disponibles con el uso de las redes sociales.
6. Trabajar en una idea-fuerza común, atractiva para la mayoría.
La lucha política entre el chavismo y la oposición ha tenido implicaciones simbólicas de
envergadura, en lo que podríamos denominar como el “territorio” de las representaciones
sociales, por lo que es necesario emprender una revisión de los efectos que ha producido la
disputa registrada durante los últimos 15 años en la opinión pública.
Existe abundante evidencia empírica que demuestra que el chavismo logra instalar la
creencia de que es la opción política que “más se preocupa por los pobres” a partir de la
implementación de las Misiones en 2003, la estrategia que le permite a Chávez superar los
problemas de imagen que confrontó entre diciembre de 2001 y septiembre de 2003 y que
le facilita la victoria en el referéndum revocatorio el 2004.
Y a partir de allí, el gobierno ha procurado asociar su propuesta y discurso a valores tales
como la igualdad y la justicia social, posicionándose como la opción más atractiva para los
pobres en Venezuela. La data de las encuestas de opinión pública confirma que durante la
mayor parte de los 15 años transcurridos el chavismo ha tenido mayoría de respaldos en
los estratos D y E, especialmente en este último.
Por su parte, la oposición ha defendido históricamente valores como la libertad y el
progreso, de modo que ha logrado reunir un nivel de respaldos que, cifras más cifras
menos, osciló durante años alrededor del 40% (mientras el chavismo reunía alrededor del
60% de la votación: una distancia de 20 puntos porcentuales), hasta que se produjo el
referéndum sobre la reforma constitucional de 2007.
A partir de allí, salvo algunas excepciones, la brecha entre la votación del chavismo y la de
la oposición se redujo en alrededor de 10 puntos porcentuales para descender luego a una
distancia contenida entre 2 y 4 puntos aproximadamente en consultas tales como las
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parlamentarias de 2010 y las elecciones presidenciales de 2013. Estos resultados son
ciertamente una combinación de diversos factores, entre ellos el radicalismo chavista y la
ineficiencia en áreas de política pública tales como seguridad, combate contra la
corrupción, promoción de la inversión privada y estado de los hospitales públicos, entre
otros, y más recientemente en el combate contra la inflación y la escasez, conforme se
reconoce en las encuestas de opinión pública.
Pero es necesario destacar que esta reducción de la brecha, aun estando Chávez vivo, fue
también el resultado del impacto que tuvo el viraje implementado por parte de algunos
factores de oposición en la estrategia de comunicaciones masivas. Estos esfuerzos, que se
empezaron a hacer desde 2007 y se profundizaron en 2010, partieron por reconocer que
no era suficiente con utilizar las comunicaciones masivas como instrumento para reafirmar
las convicciones propiamente opositoras, sino que se requería hacer un esfuerzo adicional
de persuasión de cara a un sector de los “No alineados” (que hasta 2006 tuvieron
mayoritariamente actitudes pro-gobierno, pero que a partir de 2007 empezaron a
desarrollar progresivamente actitudes políticas favorables a la oposición, en su mayoría).
Pues bien, se desea plantear aquí que, en la medida que las difíciles circunstancias
socioeconómicas del país pueden ser una oportunidad decisiva para afectar negativamente
el impacto del “relato chavista” y, por tanto, para que la oposición se convierta en mayoría
en el corto plazo, se requiere un esfuerzo adicional por atraer a los sectores que restan para
concretar esta posibilidad. Y esto pasa por identificar, en el seno de la oposición, una idea-
fuerza común lo suficientemente poderosa y seductora como para facilitar la conquista de
ese objetivo.
Para ello proponemos iniciar un programa de investigación, análisis y discusión en el seno
de la oposición, en el que intervengan los órganos técnicos y políticos que aquí se han
propuesto, así como organizaciones sociales y expertos. La idea básica sería identificar la
idea-fuerza en cuestión y sus diferentes modalidades de comunicación, de modo que ella
contribuya a legitimar masivamente los esfuerzos comunicacionales que de manera
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independiente hacen los partidos políticos y las organizaciones sociales que forman parte
de la oposición.
No nos estamos refiriendo a un “programa de gobierno” sino, en un sentido político y
comunicacional, a una “genuina demanda social” que sea la punta del iceberg de los
componentes básicos de un “Proyecto de País” y que comunique claramente la finalidad y
motivaciones de las aspiraciones opositoras.
Si, por un lado, AD encarnó las aspiraciones de una época con la demanda de “elecciones
libres, universales y secretas” y la etiqueta del “Partido del Pueblo”, y por otro, Chávez hizo
lo propio en nuestro tiempo con la noción de “cambio radical” y la propuesta de la
“Constituyente”, la oposición, que en su conjunto no puede formular un proyecto común
por su heterogeneidad, sí puede comunicar una idea-fuerza común esperanzadora.
7. Trabajar en contenidos de avanzada del discurso opositor.
Finalmente, deseamos recomendar un esfuerzo adicional de las diversas fuerzas políticas
opositoras en cuanto al diseño y comunicación masiva de sus propuestas. Varios estudios
de opinión pública y comunicación política sugieren que esta es un área en la que se
pueden hacer mejoras, que deberían partir por examinar cuál es el impacto que tienen los
discursos políticos de figuras y fuerzas de oposición en la opinión pública.
No estamos sugiriendo que la comunicación de propuestas deba reducirse a las muchas
veces inestables e imprecisas apreciaciones de la opinión pública, pues en política las
convicciones pesan mucho y la coherencia político-ideológica paga “dividendos” a largo
plazo. En contraste, sí estamos sugiriendo que en el caso de algunos partidos es evidente la
necesidad de una actualización discursiva, que pasa por un debate de fondo acerca del
tiempo que vivimos y de las actuales relaciones entre Estado y sociedad, mientras que en el
caso de otras, que lucen más ajustadas a estos tiempos, parecieran requerirse ajustes de
comunicación de otro tipo.
A este respecto vale la pena señalar dos observaciones que podrían contribuir con el
mejoramiento de las comunicaciones de todas las fuerzas políticas opositoras en general.
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La primera: sería aconsejable revisar la agenda de temas relevantes para la oposición, lo
cual incluye a la MUD. Un ejemplo de ello es el tratamiento relativamente tangencial que se
le ha dado a la materia de las energías renovables, cuando esta es una tendencia mundial en
desarrollo que está produciendo una sustitución del patrón de consumo de combustibles y
un redimensionamiento de las economías, particularmente de sus fuentes de ingreso.
Si, más allá de una declaración retórica, se toma en serio el tema de las energías renovables,
se verá que esta es una forma adecuada y contemporánea de abordar la necesidad de
superar el rentismo petrolero. Y las implicaciones entre esto y un nuevo modelo de
desarrollo son obvias, del mismo modo que lo son las relaciones existentes entre la
estrategia de desarrollo elegida y la calidad de la institucionalidad.
La segunda: sería interesante hacer un esfuerzo por trascender la coyuntura propiamente
local y agregar temas a la agenda que forman parte de los debates contemporáneos a nivel
mundial. Por ejemplo, el reconocimiento de la igualdad de género y la diversidad sexual; la
internacionalización de los esfuerzos contemporáneos en materia de defensa de la
democracia; el énfasis en materia de defensa de los derechos humanos, al punto que podría
proponerse que la materia forme parte de los pensum de las instituciones educativas; la
promoción de la tolerancia y la condena de su contrapartida en todas sus formas, etc.
En fin, lo que se propone a este respecto es que las organizaciones políticas emprendan un
programa de reflexión y debate interno que les conduzca a redimensionar la agenda de
temas en torno a los cuales giran sus propuestas. A veces da la impresión de que el discurso
político venezolano está cargado de un cierto “parroquialismo” que, contra-intuitivamente,
podría estar limitando las posibilidades de abrirle “opciones” a otros sectores de la
población para conectarse más eficazmente con la “alternativa democrática”.
Recapitulando. Le recomendamos a la MUD emprender un proceso de reflexión interna con
la finalidad de mejorar su desempeño, que en nuestra modesta opinión pasa por:
1. Reestructurar el formato de organización.
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2. Constituir un “Centro de Dirección Política de la oposición”.
3. Desarrollar un “Aparato de Inteligencia Política”.
4. Generar “Consensos Estratégicos Mínimos”.
5. Abordar los problemas de comunicación masiva.
6. Trabajar en una idea-fuerza común, atractiva para la mayoría.
7. Trabajar en contenidos de avanzada del discurso opositor.
MOVERSE ABRIL, 2014
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