1831 · 2017. 12. 31. · REVISTA BIMESTRE CUBANA de la Sociedad Económica de Amigos del País...

R evistaB imestreC ubana

VOLUMEN CXXI ENERO-JUNIO, 2017

ÉPOCA III, No. 46 La Habana, Cuba ISSN 1012-9561

1831

REVISTA BIMESTRE CUBANA

de la Sociedad Económica de Amigos del País Fundada en 1831

Avenida Salvador Allende No. 710 e/ Soledad y Castillejo, La Habana, Cuba

Director: Dr. Fidel E. Vascós González Subdirector: Lic. Lázaro Mora Secade

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Asesora técnica: Dra. Araceli García Carranza Edición digital: Lic. Tatiana I. Elejalde Patino

Colaboraciones especiales: Dr. Julio A. García Oliveras

CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN Esta Revista publicará especialmente escritos de autores cubanos y extranjeros sobre

temas cubanos o asuntos foráneos que tengan especial interés para Cuba, así como bibliografías, estadísticas, etcétera.

LA REVISTA BIMESTRE CUBANA PUBLICA SEIS FASCÍCULOS (BIMESTRALES) AL AÑO, REUNIDOS EN DOS VOLÚMENES

La Revista se envía a los socios de la Sociedad Económica de Amigos del País y a los suscriptores. Los trabajos publicados son de la responsabilidad exclusiva de los autores y no siempre coinciden con el criterio del Consejo Editorial de la Revista. No se devuelven

ni se sostiene correspondencia sobre trabajos no solicitados.

Diríjase a: Dr. Fidel E. Vascós González Director

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La Habana, Cuba

Para cheques SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS

Edición al cuidado de: Lic. Ramón Caballero Arbelo

La Revista Bimestre Cubana recibe financiamiento del Fondo para el Desarrollo de la Educación y la Cultura.

ÍNDICE

Carta del director ...............................................................................5

ANIVERSARIOEl Ataque al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1957: 60 Aniversario ....................................................................................6

Dr. Julio A. García Oliveras

CIENCIA POLÍTICAReflexiones sobre aspectos de la Ciencia Política en el contexto cubano actual ..............................................................9

Dr. Fabio Raimundo Torrado

EDUCACIÓN Y CULTURACincuenta y cinco años del triunfo de la Campaña Nacional de Alfabetización ...............................................................................31

Dra. Zoila Benítez de Mendoza

CIENCIA Y TÉCNICALa idea de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cuba: orígenes, vicisitudes, futuros (Primera parte) ....................................35

Dr. Emilio García Capote

Debate acerca del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Cuba ...............................................................................................48

MSc. Daymaris Martínez Rubio

ARQUITECTURADel barrio a la ciudad: una experiencia de planeamiento participativo en barrios de La Habana ...............................................54

Dra. Gina Rey Rodríguez

ECONOMÍAEconomía cubana 2016 y 2017: la coyuntura y los retos del crecimiento ...................................................................................78

Dr. Juan Triana Cordoví

HISTORIALa Diputación Patriótica de San Antonio Abad: un caso atípico ...................................................................................100

Dr. Oscar Andrés Piñera Hernández

DOCUMENTOSEstatutos de la Sociedad Económica de Amigos del País ..................116

SECCIÓN OFICIALMemoria Anual 2016 .........................................................................132

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CARTA DEL DIRECTOR

Con este No. 46, correspondiente a enero-junio de 2017, se produce un relevo de posta en la dirección de la Revista Bimestre Cubana. El Dr. Julio A. García Oliveras, por solicitud propia por razones de salud, pidió concluir su labor como Director de la Revista con la edición de la No. 45 (junio-diciembre de 2016). La excelente ejecutoria del Dr. García Oliveras al frente de la publicación, durante más de 20 años, avala una rica experiencia en este trabajo que no se perderá, pues continuará su atención personal con importantes colaboraciones especiales para la Revista. El también Coman-dante del Ejército Rebelde y miembro que fuera de la Dirección Nacional del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, supo coordinar con acierto su respon-sabilidad en la publicación con la de Vicepresidente Primero de la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP), en la cual acumuló igualmente una meritoria labor. El tesón y la inteligencia del Dr. García Oliveras garantiza-ron que, bajo su dirección, se entregaran en fecha las 45 ediciones a su cargo con una creciente calidad en el contenido de los artículos. Hay que destacar la amplia difusión del órgano oficial de la SEAP durante este período, que incluyó su distribución en numerosos países por la vía del intercambio, así como mediante el sitio web. Asimismo, se debe mencionar el apoyo recibido del Consejo Editorial de la Revista, integrado por prestigiosos intelectuales de nuestro país. Sirva esta breve nota como recordatorio del compromiso de quienes ahora asumen el trabajo de edición de la Revista para continuar la marcha ascendente que la impronta del Dr. Julio A. García Oliveras plasmó en la publicación.

La Habana, 20 de mayo de 2017“Año 59 de la Revolución”

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EL ATAQUE AL PALACIO PRESIDENCIAL EL 13 DE MARZO DE 1957:

60 ANIVERSARIODr. Julio A. García Oliveras

Colaborador especial

EL 13 de marzo es una efeméride insigne de la Historia de Cuba. Ese día un grupo de audaces revolucionarios llevaron a cabo una acción con el objetivo de poner fin a la sangrienta tiranía del general Ful-gencio Batista. El hecho tuvo profunda repercusión porque trajo a la capital de la República la guerra revolucionaria iniciada por Fidel en la Sierra Maestra con el desembarco del Granma. Ese día cayó en combate el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria José Antonio Echeverría, firmante con Fidel de la Carta de México en la que se precisaba: “La Federación Estudian-til Universitaria (FEU) y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, los dos núcleos que agrupan en sus filas la nueva generación y que se han ganado en el sacrificio y el combate las simpatías del pueblo cubano, acuerdan dirigir al país la siguiente declaración conjunta: Que ambas organizaciones han decidi-do unir sólidamente su esfuerzo en el propósito de derrocar la tiranía y llevar a cabo la Revolución Cubana”.

Hoy, a más de medio siglo de ese acuerdo y ausente el hermano mayor de aquel proyecto revolucionario, se hace difícil escribir sobre esta página histó-rica, pero tiene especial importancia recordar aquel episodio del movimiento revolucionario cubano.

Los inicios de la lucha habían sido difíciles. Tras los resultados de los asal-tos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Fidel y Raúl fueron condenados a largos años de prisión por el régimen dictatorial. En esas con-diciones, la juventud y, en particular, los estudiantes tuvieron que ocupar la primera línea de la lucha contra la tiranía. Echeverría, como presidente de la FEU declaró: “En los momentos actuales solo puede haber revolución cívica, pero iremos a donde tengamos que ir”, trazando la estrategia que habría de realizarse de manera ascendente –protestas, huelgas y manifestaciones– entre

El ataque al Palacio Presidencial... / RBC 46 / 7

los años 1953 y 1956. El primer paso fue promover la unidad de todos los secto-res estudiantiles: el universitario, los institutos preuniversitarios, las escuelas de comercio, de artes y oficios e incluso con los alumnos de las escuelas privadas existentes entonces, que en su totalidad representaban un contingente cercano a los cien mil estudiantes.

Con las acciones del movimiento estudiantil y la incesante labor revolucio-naria de Fidel –desde la cárcel primero y en el exilio después– la oposición popular a la dictadura fue creciendo hasta finales de 1955 cuando se organizó, desde la Universidad de La Habana, el apoyo del estudiantado a la gran huelga nacional de los trabajadores azucareros que se extendió de un extremo a otro de la Isla. La protesta, que se realizó en muchas ciudades, sacudió al régimen, alcanzando el punto más alto de la lucha política y de masas y llegando hasta las mismas puertas de la etapa insurreccional. El llamado de Fidel a finales de aquel año: “En el año 1956 seremos libres o seremos mártires”, marcó his-tóricamente el fin de la lucha cívica para dar paso a la guerra revolucionaria.

El movimiento estudiantil, bajo la dirección de Echeverría según incre-mentaba sus actividades iba creando las condiciones para el inicio de la lucha armada. En octubre de 1955 se inició la organización del Directorio Revolu-cionario, cuya secretaría general la ocupó Echeverría como Presidente de la FEU. El 24 de febrero de 1956, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana se hizo pública la organización y los objetivos del Directorio. En su discurso, Echeverría destacó: “Si el Directorio Revolucionario fuera un gru-po más, inspirado en la mezquina aspiración de mando de unos cuantos o el optimismo iluso de un puñado de bienintencionados, no tendría razón de ser y sería causa de divisionismo en la masa revolucionaria. ¿Y qué cubano hon-rado querría hacerse responsable del crimen de atomizar la fuerza necesaria que ha de enfrentársele a una tiranía cruel y sin escrúpulos armada hasta los dientes? ¿Qué cubano no comprende la necesidad de juntarse en pensamien-to único verdaderamente renovador del sistema político, económico, social y jurídico, para que la revolución iniciada por Joaquín de Agüero y nunca concluida hasta ahora dé un paso hacia la conquista de la libertad política, la independencia económica y la justicia social? La FEU, a través del Directorio Revolucionario, se propone coordinar todos los esfuerzos necesarios para la acción insurreccional necesaria para el derrocamiento de la actual tiranía y para el establecimiento del estado revolucionario, que satisfaga la urgencia de libertad, paz y justicia del pueblo cubano en esta hora triste, y siente las bases estructurales de la república nueva, soberana en su derecho, justa para todos sus hijos, honrada en los hombres que la sirvan, próspera y segura en su economía, proyectada con caracteres propios hacia la cultura universal y orientada hacia el cumplimiento de su destino americano”.

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En los meses de agosto y octubre de 1956 se efectuaron las reuniones fina-les en México entre Fidel y Echeverría para puntualizar la estrategia a seguir en la guerra revolucionaria que asegurara la victoria sobre la dictadura. Fidel había madurado totalmente su estrategia de lucha guerrillera desde las mon-tañas de la Sierra Maestra y el Directorio establecía sus planes sobre la base del desarrollo de la lucha urbana. Finalmente, se acordó que el Directorio llevara a cabo un levantamiento en La Habana similar al que el 30 de noviem-bre realizaría Frank País en Santiago de Cuba, coincidiendo con el regreso de Fidel. Pero, para esa fecha las dos organizaciones no habían completado su equipamiento y se acordó dirigirse al expresidente Carlos Prío, que había reunido un importante arsenal clandestino, para que contribuyera a la campa-ña insurreccional. Las gestiones encontraron una respuesta negativa por parte de Prío, y cuando el 27 de noviembre de 1956 se recibió el telegrama de Fidel anunciando la salida de la expedición desde México, el Directorio solo con-taba, en La Habana, con unos cuarenta hombres armados. Evidentemente, un potencial muy pequeño para la tarea que se proyectaba. Esto impidió llevar a cabo los planes de la organización en cuanto al inicio de la lucha armada.

Por la actitud del expresidente había disidentes entre sus seguidores, que criticaban su inactividad en la lucha. Así, a fines de diciembre de 1956, se recibió la oferta de algunos para entregar al Directorio un número considera-ble de armas. Ellos propusieron la acción del ataque al Palacio Presidencial para ajusticiar al tirano, a la que aportarían además de armamento, un grupo de combatientes, propuesta que fue aceptada por la dirección del Directorio, como acción inicial del levantamiento insurreccional al que se convocaría si-multáneamente a la población de la capital, realizando las acciones insurrec-cionales con las que, aun con retraso, se daba cumplimiento a lo acordado con Fidel en México.

El 13 de marzo de 1957 se produjo una de las acciones revolucionarias más importantes de la lucha contra Batista: el asalto al Palacio Presidencial, donde entregaron sus vidas heroicamente treinta combatientes revolucionarios.

Exactamente treinta y ocho días después, el 20 de abril, fueron asesinados en Humbolt 7, víctimas de una vil delación, Fructuoso Rodríguez Pérez, sucesor de Echeverría como presidente de la FEU y secretario general del Directorio Revolucionario; Joe Westbrook Rosales, Juan Pedro Carbó Serviá y José Ma-chado Rodríguez, hecho que también conmemoramos en este aniversario.

9

REFLEXIONES SOBRE ASPECTOS DE LA CIENCIA POLÍTICA EN EL CONTEXTO

CUBANO ACTUALDr. Fabio Raimundo Torrado1

Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País

EN la Enciclopedia Británica, la Ciencia Política se define en térmi-nos que algunos consideran como ambiguos, al señalar que se trata de la disciplina académica que estudia el gobierno y la política. Según Thalía Fung Riverón, dicha Enciclopedia, a posteriori, al describirla, enumera un conjunto de cuestiones que amplían su espectro y que no solo conciernen a las funciones del gobierno, al comportamiento de los votantes, a la operación de los partidos políticos, a la influencia de las organizaciones políticas, sino que analizan los patrones de comportamiento y principios deri-vados de los hechos.2

Para Thalía, los cientistas políticos, particularmente los europeos y nortea-mericanos, prefieren considerar como objeto de la Ciencia Política: la forma-ción de la agenda de gobierno; la formulación y legitimación de la política; la toma de decisiones; el diseño organizacional; la estructura y dinámica de las relaciones de poder, con prioridad en la gobernabilidad y el conflicto; el

1 Doctor en Derecho por la Universidad de La Habana (1960); Máster en Ciencias Políticas por la Facultad de Filosofía e Historia, especialidad de Ciencias Políticas de la Universi-dad de La Habana; Licenciado en Ciencias Sociales en la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba; Profesor Titular, reconocido por el Ministro de Educación Superior. Ha impartido clases en la Escuela Superior del Partido, y luego en la Universidad de La Habana, en las facultades de Derecho y de Filosofía e Historia, en Cursos de Maestrías de Ciencia Política; Miembro de Honor de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, de la cual fue su vicepresidente por dos mandatos consecutivos, y miembro de la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas, actualmente forma parte de su Junta Directiva Nacional. Asimismo, es miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País, donde forma parte de las Secciones de Ciencias Sociales y de Economía y Ciencias.

2 Ver al respecto: “La pluralidad y la complejidad en el objeto de la Ciencia Política”, en Colectivo de autores: Una Ciencia Política desde el “Sur”, Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, p. 6. (Todos los subrayados y negritas del artículo son del autor.)

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estudio de los sistemas políticos con todos sus componentes, entre los cuales la cultura política ocupa un lugar relevante.3

Como puede apreciarse a partir de lo expuesto, en la Ciencia Política la toma de decisiones y el proceso que se sigue para su adopción reviste un importante papel, el cual se acentúa si tomamos en cuenta que tal como se ha dicho por Fung Riverón:

“El problema del poder, constante de la política y de su reflexión, proble-ma eterno por cuanto se refiere, en su sentido lato, a la posibilidad de tomar decisiones en cualquier esfera, posee un carácter hegemónico y específico en cuanto a la conducción del comportamiento de los hombres ante determinados fenómenos sociales.

”Con la cuestión del poder político se relaciona, de un modo u otro, un es-pectro amplísimo de cuestiones que, a veces, con un reduccionismo racional o no, se constriñen a la asunción del gobierno, el cual se identifica con el poder político en algunas teorías dominantes, al tomar como referencia o paradigma eterno, la existencia del Estado o de un tipo de Estado”.4

Justamente, dentro del proceso de toma de decisiones, el proceso electoral constituye, en las sociedades modernas, una problemática de excepcional impor-tancia, pues la celebración de elecciones es una de las formas más usuales en que se manifiesta el ejercicio del derecho político que tienen las personas de participar en el gobierno de su país y adoptar, en consecuencia, las decisiones sobre quié-nes deben ser los que ejercerán el poder y tomarán en su nombre las decisiones correspondientes en las funciones de gobierno dentro del Estado. Este derecho, recogido en el Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no lo disfrutan, por lo general, las personas que son residentes en un país, aunque existen excepciones, sino solamente los que son considerados ciudadanos de este.

Esta diferenciación fue señalada desde la antigüedad por pensadores como Aristóteles y encontró su expresión más clásica en la famosa democracia ate-niense de la antigua Grecia, donde ni los esclavos ni los extranjeros tenían derecho a participar en las deliberaciones que se hacían en el ágora,5 lugar donde se discutían los asuntos más importantes que tenían que ver con la colectividad y, por supuesto, tampoco las mujeres, aunque ellas fueran ciuda-danas atenienses, pues su lugar era el gineceo.6

3 Ibídem, p. 12.4 Thalía Fung Riverón: “La Ciencia Política en el tránsito al siglo xxi”, en Búsqueda

de salidas ante la complejidad, Editorial Félix Varela, Corporación Paz Colombia, noviembre de 2000, pp. 110-111.

5 Así se conocía en la antigua Atenas su principal plaza pública.6 Como se conocía en la antigua Grecia la parte de la vivienda dedicada a las personas

del sexo femenino.

Reflexiones sobre aspectos de la Ciencia... / RBC 46 / 11

Las elecciones tienen lugar sujetándose a las reglas y procedimientos exis-tentes en cada país, todos los cuales, en su conjunto, constituyen el Sistema Electoral del país de que se trate. Precisamente, esta faceta de la Ciencia Polí-tica, ha sido tratada por mí en otras oportunidades y en diversas publicaciones.

Su existencia, según se ha reconocido por el mundo académico, es un re-sultado del hecho de que hay y debe haber decisiones públicas, en las cuales los ciudadanos eligen de manera explícita entre diferentes posibilidades de acción, también públicas. Por supuesto que esto únicamente puede hacerse en la práctica, mediante formas de procedimiento, generalmente aceptadas como obligatorias, dentro de una sociedad política.

A su vez, las votaciones constituyen uno de tales procedimientos, pero no el único. En la Historia Universal han existido y todavía existen formas tales como la votación propiamente dicha, el acuerdo expreso previa negociación, o incluso, “como inspiración divina”.

Como punto de partida, sostenido generalmente, se considera que para que exista una elección, tal como se la concibe, a los fines del tema que nos ocupa, se requiere la existencia previa de puestos o funciones reconocidas (cargos), que al ser ocupados, confieren determinados poderes o facultades y, a la vez, imponen ciertos deberes, dentro de un Estado dado.

Se ha dicho que llenar una papeleta (boleta electoral) y depositarla en una urna no es “elegir”, a menos que el elector “decida” en un sentido socialmente significativo.

Asimismo, según esa manera de expresar esta cuestión, “decidir”, es decir, “escoger”, no es “votar en unas elecciones”, a menos que el elector se ajuste al procedimiento legal previamente establecido para ello.

Si a ello agregamos que los sistemas electorales constituyen, a su vez, uno de los puntos de enfrentamiento más complejos en la contradicción existente entre las llamadas “democracias pluralistas occidentales”, de una parte, enten-diéndose por tales, en su acepción más clásica, las que existen en el contexto europeo occidental, norteamericano y latinoamericano, en general; y de otra parte, la democracia socialista que se ha implementado en Cuba, apoyándose en los principios del marxismo-leninismo, en sus tradiciones históricas y en el ideario del líder de la Revolución, el compañero Fidel Castro Ruz, la cual intenta construir una nueva sociedad socialista ajustada a las características de nuestro país.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la concepción, hoy día en boga, en los países que se encuentran inmersos en el ámbito de las “democracias pluralistas occidentales”, a la cual nos referimos en el párrafo precedente. Se-gún las corrientes de pensamiento predominantes al respecto, y que aparecen consignadas en un trabajo del autor Nerio Rauseo, se ha concebido que:


“Hoy no es suficiente que un Estado sustente la soberanía en el pueblo para ser considerado como un Estado democrático. El desarrollo de las teorías polí-ticas y jurídicas exige de otras condiciones para que un sistema sea calificado democrático; son necesarias elecciones disputadas; y para que existan estas las normas jurídicas deben prever básicamente:

”La posibilidad de varias ofertas al elector y de distintos orígenes. (Cuando nos referimos a ofertas incluimos candidaturas, programas, o a partidos).

”La universalidad del voto; esto es, que todos los ciudadanos tengan dere-cho a elegir.

”La libertad de elección con la obligatoriedad del secreto del voto. ”La igualdad del voto; es decir, que no existan ciudadanos de primera y

ciudadanos de segunda, en cuanto al valor del voto: un hombre, un voto.”Un proceso electoral para que los electores conozcan las ofertas electora-

les y racionalicen la selección. ”La revocabilidad de la decisión electoral, expresión sinónima de alterna-

bilidad del poder. ”Si falta cualquiera de estos requisitos, no hay democracia representa-

tiva [...]”.7 Dicho autor concluye sus valoraciones argumentando que en los estados

modernos, para que podamos hablar de Estado de Derecho democrático, es absolutamente necesario que esos principios o requisitos mencionados con anterioridad, puedan materializarse en la práctica.

Según su decir, el Derecho determina quiénes pueden votar y quiénes pueden ser elegidos, las características del voto, qué asociaciones de ciudadanos pueden presentar ofertas y realizar campañas, cuál es el sistema electoral que convierte los votos en puestos. Pero para él no es suficiente que el Derecho consagre es-tas disposiciones, también es indispensable la existencia de organizaciones que desarrollen todos los procesos necesarios para materializar y garantizar el cabal ejercicio de los ciudadanos y de las asociaciones políticas hasta el final, deter-minando quién o quiénes obtuvieron la representación. Finaliza aseverando que es también necesaria la existencia de organismos electorales.

Tal concepción, que expone de forma conceptualizada la esencia de lo que es el sistema electoral de las democracias pluralistas occidentales y sustento de lo que se conoce como “poliarquía” en el lenguaje técnico de la politología, con independencia de algunos elementos positivos que contiene, a nuestro modo de ver, pudiera calificarse de exclusivista, absolutizadora y discrimina-toria, al descalificar cualquier corriente de pensamiento o experiencia electoral

7 Nerio Rauseo: “La organización electoral en Venezuela y en América Latina”, en Innovación democrática, mitos políticos y organización electoral, Publicaciones del Consejo Supremo Electoral. Colección Cincuentenario No. 4, Caracas, 1988, pp. 179-181.


diferente, aunque sea en su más mínima expresión, a la propugnada por ella, como es el caso de nuestro país, cuyo sistema político se ataca basándose en esos argumentos arbitrarios. A lo anterior y para mayor descrédito, ocurre que de forma generalizada dichos requisitos, llamémosle así, ni siquiera se respe-tan o cumplen de manera cabal.

A lo largo del devenir histórico, se pueden aquilatar mejor las implicacio-nes derivadas de esta forma de pensar en el ámbito de las relaciones políticas y académicas, tanto en el plano nacional como en el internacional. Tal pareciera como si “el otro”, es decir, los que no piensan igual o que actúan de manera distinta, recibieran el mismo tratamiento que los antiguos griegos daban a los que no pertenecían a la “Hélade”, sin importar que estuvieran presentes dentro del “oikumene”, es decir, el mundo conocido de aquel entonces, considerando a esos otros como “los bárbaros”.

Existen otras tesis más académicas en el mundo occidental moderno, y más concretamente una, que por presentar matices menos excluyentes en muchos aspectos, respecto a los sistemas electorales no coincidentes, pudiéramos ma-tizarlas con términos positivos, a diferencia de la anterior.

Se trata de la que considera a los sistemas electorales como técnicas que buscan encontrar las fórmulas que hagan lo más perfecta posible la represen-tación de los gobernados al interior de los órganos representativos del Estado.

En ese sentido se manifiesta Nogueira Alcalá, quien declara que la elección en una sociedad democrática tiene por función establecer la representación de los ciudadanos y legitimar, facilitando las relaciones de poder entre goberna-dos y gobernantes.8

Por su parte, el Diccionario Electoral, preparado por el Instituto Interamerica-no de Derechos Humanos, con sede en la capital de Costa Rica, consigna que “tan-to en el lenguaje político como en el científico suelen emplearse como sinónimos los conceptos de sistema electoral, derecho electoral, e incluso, ley electoral”.9

Asimismo, ese Diccionario agrega que: “Lo que se determina a través de un sistema electoral es la cuestión relacionada con la representación política, el principio que la definirá –principio mayoritario o proporcional– y de entre las diversas técnicas disponibles para alcanzar uno de los dos principios, el procedimiento que se prefiere aplicar”.10

8 Humberto Nogueira Alcalá: “Sistemas electorales y sistemas de partidos”, en Sistemas electorales. Acceso al sistema político y sistemas de partidos, Publicaciones del Consejo Supremo Electoral, Caracas, 1987, p. 20.

9 Dieter Nohlen: “Sistemas Electorales”, en Diccionario Electoral, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro Interamericano de Asesoría y Promoción Electoral, San José, Costa Rica, 1989, p. 636.

10 Ídem.


En todas estas definiciones encontramos un denominador común, indepen-dientemente del tipo de gobierno y de sistema político que exista en el país dado y que es el elector. Es decir, quién o quiénes pueden elegir; es decir, votar en las elecciones, cómo lo pueden hacer y su papel en la determinación de quiénes serán los candidatos que se presentarán para ser electos a los cargos que se requieran elegir.

En la actualidad existen numerosos sistemas electorales, cuyos diseños en los países caracterizados por pertenecer a las denominadas democracias pluralistas occidentales, parten siempre de la existencia de partidos políticos constituidos y organizados con fines electorales.

A modo de ejemplo, mencionaremos algunos: a) Los sistemas electorales mayoritarios (plurinominal o de lista y unino-

minal a una y a dos vueltas); b) los sistemas empíricos (voto limitado y voto acumulado); c) los sistemas proporcionales (con una amplia gama de variantes tales como el proporcional integral, proporcional parcial, etc.; y d) los siste-mas electorales mixtos (sistema que reposa en dividir al país en circunscrip-ciones mayoritarias y circunscripciones proporcionales.11

No puede hablarse, por tanto, de un sistema electoral modelo, pese a los inten-tos de algunos de presentar al suyo como paradigma para los demás. Cada uno de estos sistemas tiene, al ser una obra humana, sus defectos y virtudes, las que a su vez están condicionadas según el sistema político al que deseen aplicarse.

El conocido politólogo alemán Dieter Nohlen ya citado, reconoce la falta de consenso o acuerdos al respecto al declarar:

“En todo análisis y debate sobre los sistemas electorales es imprescindible saber qué se entiende por sistema electoral. Esto resulta particularmente im-portante dado que, por un lado, el término parece entenderse por sí mismo y, por otro, en la práctica se define de manera múltiple. Vale mencionar que en la Ciencia Política tampoco existe un consenso al respecto”.12

Asimismo, para ese autor existen dos principios básicos para clasificar los sistemas electorales: la representación por mayoría y la representación pro-porcional. De la lista de sistemas electorales existentes, que a título de ejem-plo mencionamos en párrafos precedentes, podremos apreciar si dicho autor tiene o carece de razón en ese pronunciamiento. No obstante, reconoce que en el mundo “abundan los sistemas electorales, y cada día surgen otros nuevos, pues las posibilidades creativas son prácticamente ilimitadas”.13

11 Ver Humberto Nogueira Alcalá: “Sistemas electorales y sistemas de partidos”, ob. cit. 12 Dieter Nohlen: Elecciones y sistemas electorales, 3ra. ed., Fundación Friedrich Ebert,

Editorial Nueva Sociedad, Caracas, Venezuela, 1995, p. 31. 13 Ibídem, p. 39.


Resulta necesario aclarar previamente, que pueden existir dentro de un mismo país diversos sistemas electorales, según se trate de elecciones muni-cipales, provinciales o nacionales, con diferentes tipos de escrutinio para el conteo de los votos, según el caso.

El derecho a elegir comprende una serie importante de derechos derivados, entre ellos, el derecho al sufragio, es decir, la participación en las elecciones. Hoy en día, este es un derecho que, según resulta casi universalmente acepta-do, es libre, igual, directo, secreto y universal, ejercido al votar en las eleccio-nes para los órganos representativos de carácter público, y que le corresponde a los ciudadanos que reúnan para ello los requisitos establecidos en las leyes de cada país

No siempre ha sido así, tal como apuntamos en párrafos precedentes. Para llegar al contenido actual de este derecho, fue necesario que la humanidad re-corriera un largo camino, pues los métodos para participar en las elecciones no siempre tuvieron el mismo contenido, ni alcance en objetivos, procedimientos y electores.

Atendiendo a estos razonamientos, podríamos plantearnos como valora-ción general, que dada la significación de los procesos electorales en el mun-do actual, se hacen cada vez más imperiosas las preguntas: ¿Resultan dichos procesos adecuados a los cambios de las sociedades y de los grupos sociales hoy? ¿Mantienen su valor político los procesos electorales establecidos por la Ciencia Política occidental?

Para responder a estas, encontramos las respuestas constatando la ausencia de idoneidad política en los procesos electorales instituidos en las democra-cias representativas del sistema político pluralista occidental, y en particular ante la evidencia de que los procesos electorales en curso en las democracias representativas de los países capitalistas se encuentran en crisis.

Debemos reconocer que tal aseveración tiene su origen en algunos juicios y afirmaciones que están apuntadas de forma muy parcial en la obra de va-rios tratadistas e investigadores de los procesos electorales, las que han tenido lugar a lo largo de los algo más de doscientos años de historia de las demo-cracias representativas pluralistas occidentales, pero ninguno de ellos la ha presentado de forma integral abordando todos sus elementos, en cada una de las partes que componen dichos procesos electorales de manera conclusiva.

Por el contrario, se han dedicado a diseñar nuevos sistemas electorales, pero bajo los mismos principios, tratando de corregir sin éxito las deficiencias e in-convenientes presentes en los que han motivado sus conclusiones parciales.

Desafortunadamente, la bibliografía específica sobre los sistemas electora-les y elecciones, proveniente de especialistas cubanos, de existir como tal, no nos fue posible encontrarla, pues a excepción de la obra realizada de manera


coyuntural por el Centro de Estudios Europeos, referida a los procesos elec-torales que tienen lugar en Europa, con especial énfasis después del derrumbe del campo socialista, y de las que se hicieron sobre América Latina, por el Centro de Estudios de América, solamente encontramos en nuestras indaga-ciones artículos periodísticos concretos, o aspectos muy generales, abordados de forma incidental en libros referidos al Derecho Constitucional.

No obstante lo antes expuesto, podríamos considerar que en nuestro país el desarrollo de la Ciencia Política y en especial su aspecto centrado en el enriquecimiento y perfeccionamiento de su sistema político en gene-ral, y en particular los procesos electorales que se desarrollan en nuestro país, no es un tema todavía concluso o acabado. De ahí, la necesidad de tener dominio de esos pronunciamientos arropados de tecnicismos y do-minados por la ceguera clasista de la sociedad que les dio origen, para no estar contaminados de sus conceptos y tratar de introducirlos en nuestra experiencia nacional.

El desarrollo anteriormente mencionado, concebido de forma estructural, comenzó en el año 1963, si tomamos como base el pronunciamiento del com-pañero Fidel Castro Ruz, entonces Primer Ministro del Gobierno Revolucio-nario, en el discurso del 21 de mayo de ese año, ante los estudiantes cubanos y otros invitados, en la Universidad Lomonosov.

“En nuestro país igualmente están por resolver muchas cuestiones de tipo institucional [...] para darle una forma nuestra al régimen socialista que inspi-rados en el marxismo-leninismo, estamos creando.

”No hemos querido hacerlo de una manera idealista; hemos preferido no apurarnos, puesto que no es un buen procedimiento imaginar leyes e institu-ciones, y luego tratar de adaptar las realidades a esas formas ideales. No son las realidades las que deben adaptarse a las instituciones, sino las institu-ciones las que deben adaptarse a las realidades”.14

Siguiendo esa política, se fueron dando pasos mesurados en la institucio-nalización del país a nivel local. En 1965 se decidió pasar a nuevas formas de atención a las actividades de la administración del Estado a nivel de lo-calidades, y comenzó a organizarse lo que se conoció como “Poder Local” o “Administración Local”.

Su origen radicaba en que, como señaló el compañero Fidel Castro du-rante la reunión celebrada los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1965, en las “Conclusiones sobre el Poder Local”, aparecidas en la Revista Cuba

14 Fidel Castro Ruz: “Discurso pronunciado ante estudiantes cubanos y otros invitados en la Universidad de Lomonosov, donde se le hizo entrega del diploma de Doctor Honoris Cau-sa”, Universidad de Lomonosov, Moscú, 21 de mayo de 1963.


Socialista No. 51, de noviembre de 1965: “Ni siquiera se habían podido hacer distinciones bien claras entre aquellas funciones que en cualquier circunstan-cia, hoy y mañana, pertenecen siempre a la esfera local, y aquellas funciones que hoy pueden pertenecer a la esfera nacional y mañana a la esfera local, o bien aquellas funciones que hoy pueden pertenecer a la esfera local y mañana, por el desarrollo de esas mismas funciones, pasen a la esfera nacional. No había una distinción clara acerca de eso”.15

Con la creación de los poderes locales se aspiraba a que las administracio-nes de cada localidad conocieran, de manera descentralizada, de un cúmulo de asuntos que se dirigían y atendían desde los organismos centrales del Estado. Entre ellos se encontraban los de distribución de mercancías, los ómnibus locales, los servicios de tintorería y peluquería, las cafeterías, las escuelas, la reparación de casas, etc. También, la planificación se haría por región con control de la provincia.

Otra medida aplicada fue la elección de los funcionarios administrativos locales, la cual se llevaba a cabo por intermedio del Partido, partiendo de que este representa a las masas y se organiza y mantiene con la constante partici-pación de los trabajadores. El Partido tenía, además, la facultad de revocar el mandato a cualquier funcionario, incluido el Presidente de la Administración Municipal (localidad), si consideraba que no desempeñaba correctamente la función encomendada.

A su vez, se establecían las funciones de los “delegados a las administra-ciones municipales y regionales”. Los que actuarían como tales, serían ele-gidos por los trabajadores, bien por intermedio de los centros de trabajo y organizaciones de masas e, incluso, según jurisdicciones territoriales. Se es-tableció además el principio de rendición de cuentas de las administraciones locales ante los “delegados de la localidad”.

Poco tiempo después comenzó el denominado proceso de institucionali-zación del Estado cubano, el cual surgió, según afirmó el General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del Seminario a los delegados del Poder Po-pular, celebrado en Matanzas el 22 de agosto de 1974: “[...] a partir de 1970 es que comienza el proceso de institucionalización en nuestra Revolución, proceso que se acelera a partir de 1972, en que maduraron las condiciones, se produjo una recuperación en la economía, se había avanzado bastante en el proceso de recuperación y fortalecimiento de las organizaciones de masas”.16

15 Fidel Castro Ruz: “Conclusiones sobre el Poder Local”, Revista Cuba Socialista No. 51, noviembre de 1965.

16 Raúl Castro Ruz: “Discurso de clausura en el Seminario a los delegados del Poder Popular”, Matanzas, 22 de agosto de 1974.


Vale la pena consignar que el 3 de mayo de 1974, mediante la Ley No. 1269, el Consejo de Ministros acordó varias medidas dirigidas a realizar la experien-cia en la provincia de Matanzas. Por esa ley se creó una comisión encargada de organizar, reglamentar y dirigir la elección, constitución y funcionamiento de las asambleas y comités ejecutivos municipales, regionales y provincial como órganos del Poder Popular, a fin de obtener la experiencia necesaria para que pudieran redactarse y promulgarse, por los organismos competentes, las leyes y reglamentos requeridos para su establecimiento en todo el país.

La ley establecía que los órganos del Poder Popular actuarían en su con-dición de entidades de poder estatal con facultades para ejercer gobierno, ad-ministrar entidades económicas de producción y servicios, emprender cons-trucciones y reparaciones y en general, desarrollar las actividades requeridas para satisfacer necesidades sociales, económicas, culturales, recreativas y educacionales propias de la colectividad de la demarcación en que ejercieran su competencia.

El proceso de institucionalización no supuso ningún cambio con relación al ejercicio del poder político, ni tampoco la legalización de un sistema de go-bierno o la creación de un régimen democrático, ya que todos estos conceptos estaban presentes en la época precedente. Significó, en cambio, nuevas formas mediante las cuales las masas ejercían el poder político y una mayor y mejor participación en la toma de decisiones.

En su discurso por el XXX Aniversario de los asaltos a los cuarteles Mon-cada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1983, Fidel Castro Ruz consignaba: “La Revolución ha institucionalizado el país, proclamado la Constitución socialista, creado la Asamblea Nacional y los Poderes Populares, experiencia desbordante de riqueza política y posibilidades sociales, escuela de autogobierno donde participa todo el pueblo. Las funciones del Estado han sido ampliamente descentralizadas en un grado tal que no conoce ningún ré-gimen burgués”.17

Pese a los logros alcanzados durante el tiempo decursado en la organiza-ción estructural de los órganos locales del Poder Popular, el IV Congreso del Partido, celebrado entre el 10 y el 14 de octubre de 1991, al analizar y valorar la existencia de un grupo de deficiencias y limitaciones en el funcionamiento de dichos órganos, que hacían necesario su reordenamiento, aprobó una reso-lución al respecto. Ello conllevó a la remodelación de los principios organiza-tivos que los conformaron desde sus orígenes, y en especial de las facultades de gobierno que tenían asignadas. Se decidió la supresión de sus comités

17 Fidel Castro Ruz: “Discurso pronunciado por el XXX Aniversario de los asaltos a los cuar-teles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes”, Santiago de Cuba, 26 de julio de 1983.


ejecutivos surgidos de su seno y que eran los que dirigían las actividades es-tatales, y las ejecutivo-administrativas que tenían lugar en las provincias y los municipios, en los períodos que mediaban entre las sesiones de las asambleas, y de manera novedosa, pero sin someterlos a una comprobación previa, fueron constituidos los denominados Consejos de la Administración, órganos que no estaban facultados para realizar actividades de gobierno, según los principios que se tuvieron en cuenta a la hora de su concepción anterior, los que tampo-co tenían recogidas esas funciones en los reglamentos correspondientes, pues hasta ese momento solo tenían a su cargo, exclusivamente, la realización de tareas administrativas de dirección. Esta nueva concepción para los órganos y organismos locales, fue legaliza mediante las reformas constitucionales que tuvieron lugar en el año 1992, al aprobarse la Ley de Reforma Constitucional correspondiente por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Comoquiera que las asambleas mantuvieron su concepción inicial, de no ser órganos permanentes, sino que sesionaban en períodos no mayores de dos o tres días, una vez cada trimestre como mínimo y tantas veces como se les convocara por su Presidente con carácter extraordinario, y por carecer de un órgano cole-giado de dirección, que las representara en esos períodos intermedios, ocurrió que al presentarse situaciones urgentes, estas debían ser resueltas por sus diri-gentes profesionales con carácter permanente, y en especial por sus presidentes.

Los cambios aprobados en esa materia en la Reforma Constitucional de 1992 no fueron producto de una experiencia para comprobar su validez funcional, sino de una valoración de las dificultades existentes y de la adopción de de-cisiones que tenían como fin encontrar las soluciones adecuadas para ellas, propósito que no pudo materializarse a cabalidad.

De ahí que en los reglamentos de dichas asambleas, aprobados mediante acuerdos del Consejo de Estado de la República de Cuba, adoptados simul-táneamente el 13 de septiembre de 1995, se autorizara a sus presidentes –que a la vez lo eran de los ya mencionados Consejos de la Administración– para tomar las decisiones correspondientes e informarlas posteriormente para su ratificación a las respectivas asambleas, en su próximo período de sesiones.

Ello tuvo como consecuencia que, con el tiempo, aparecieran inconvenien-tes similares e incluso mayores que los constatados al celebrarse el IV Con-greso del Partido, los que resultaron además potenciados por las incidencias del período especial, pues un órgano colegiado como lo era el Comité Ejecu-tivo, fue reemplazado por una autoridad individual, que aunque no dejara de colegiar sus decisiones, en dependencia de su voluntad al respecto, lo hacía de motu propio con sus asesores, o con otros miembros de la dirección de la Asamblea e, incluso, por lo general, con el Consejo de la Administración respectivo, tal como se ha apuntado en diversos momentos en nuestra prensa


diaria, particularmente, en las cartas de ciudadanos publicadas por nuestra prensa revolucionaria, y especialmente por el periódico Granma.

Otras experiencias a tomar en cuenta son las ocurridas a partir de los acuer-dos y resoluciones de los recientes congresos del Partido Comunista de Cuba y su Primera Conferencia Nacional, y en especial el VI Congreso, que hace evidente la existencia de diversos aspectos que se abordan en ellos, que tienen incidencia en la estructura del Estado socialista cubano y en la búsqueda de un sistema democrático organizativo superior.

Es decir, tomando como base las experiencias adquiridas en el transcurso de los casi sesenta años desde el 1 de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución y entre ellos, se adoptaron decisiones que tienen incidencia en el Sistema Elec-toral, el cual está llamado a ser objeto de reordenamiento y perfeccionamiento, a partir de los contenidos presentes en la “Resolución sobre el Perfeccionamiento de los Órganos del Poder Popular, el Sistema Electoral, y la División Político-Administrativa”, aprobada por la Primera Conferencia Nacional del PCC en enero de 2011, y en especial lo expresado en el Objetivo No. 76, de que:

“La integralidad de un proceso de esta naturaleza, demanda variar proce-dimientos, términos legales y realizar otras adecuaciones en nuestro Sistema Electoral, sobre la base de los principios esenciales que lo sustentan y demues-tran su carácter democrático y participativo. Estos cambios requerirán modi-ficar un conjunto de normas jurídicas para ajustarlas al escenario actual”.18

Vale recordar que según el diseño dado actualmente por nuestra Constitu-ción, y condicionados por la división político-administrativa y territorial vi-gente, existen dos tipos de órganos del Poder Popular. Los órganos superiores, que se tratan en la Constitución en el Capítulo X, y los órganos locales, que se abordan en el Capítulo XII. Los órganos locales, a su vez, tienen dos instancias, según su demarcación territorial, pues pueden ser provinciales o municipales.

A los órganos del Poder Popular se suman los órganos judiciales y fiscales que aparecen tratados en el Capítulo XIII de la Constitución, que está dedica-do a los Tribunales y a la Fiscalía.

Pudiéramos agregar la existencia de una situación, dada por el hecho de que la Constitución socialista actual, no tiene prevista en su contenido de ma-nera integral, la existencia de órganos de control específicos, con el rango de órganos superiores del Estado, como es el caso de la Contraloría General de la República, lo cual determinaba su ausencia en la estructura estatal.

Esta omisión, aunque persiste en el texto constitucional, fue resuelta en el año 2009, por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de

18 Ver al respecto, el texto de la citada resolución reproducido en Bohemia. Ver Bohemia No. 9, Año 103, 6 de mayo de 2011, La Habana, p. 37.


los Consejos de Estado y de Ministros, quien indicó al Ministerio de Auditoría y Control la creación de un Grupo de Trabajo encargado de realizar los estudios y análisis correspondientes, con vistas a la elaboración de un proyecto de ley, que sería presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, regulando la crea-ción, organización, estructura, facultades y obligaciones de esa nueva institución, precisando su carácter de órgano nacional, de naturaleza vertical, con un sistema similar al de la Fiscalía General de la República y el Sistema de Tribunales.

Como resultado de esa encomienda, fue elaborado un proyecto de ley, que luego de diversos análisis a los más altos niveles de dirección del Gobierno y del Partido, fue presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la cual lo aprobó en su período de sesiones del mes de agosto de 2009, con la Ley No. 107, “De la Contraloría General de la República de Cuba”, el 1 de agosto de 2009, me-diante la cual se creaba la Contraloría General de la República de Cuba, con el objetivo y misión fundamental de auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno.

Asimismo, dicha ley trasladó a ese nuevo organismo las atribuciones y funciones que hasta ese momento había tenido en materia de control estatal el Ministerio de Auditoría y Control, el cual fue absorbido por la nueva ins-titución, además, se le asignaron algunas otras funciones adicionales, con el objetivo de velar por la correcta utilización de los fondos públicos y del en-frentamiento a los hechos delictivos relacionados con el manejo de estos, entre otros particulares.

Aunque la Contraloría tiene, como ya dijimos, la consideración de órgano su-perior del Estado, a la par de la Fiscalía General y del Sistema de Tribunales Po-pulares, el hecho de no aparecer en la Constitución, no ha motivado a su actividad percance alguno, pues ha sido reconocida de forma tal, que además recibe ese tratamiento en el presupuesto del Estado y en los planes anuales de la economía.

Su estructura vertical se materializa, al estar presente en las divisiones po-lítico-administrativas del país, a nivel de provincias y en algunos municipios, cuando en estos últimos, por su importancia en materia financiera, así lo requie-ren. La Contraloría General de la República en el tiempo que lleva de creada ha diseñado un sistema de trabajo eficiente y útil para cumplir sus objetivos.

Asimismo, para una buena parte de su labor se apoya, de manera funda-mental, en la Comisión de Control Estatal, creada el 19 de febrero de 2013, por acuerdo del Consejo de Estado; la Contralora General de la República es la que desempeña su presidencia.

El otro aspecto que estaba ausente en la Constitución socialista, aprobada en 1976, era la organización institucional del país durante las situaciones ex-cepcionales. Esta omisión fue resuelta a partir de la Reforma Constitucional


de 1992, de manera que ya en la Constitución socialista cubana actual está presente dentro de la institucionalización del Estado lo relativo a las situacio-nes excepcionales. Para estudiar el diseño de estas instituciones debe atender-se de manera fundamental, a la situación excepcional que haya sido declarada, pues según sea ella, así será la estructura y composición de los órganos del Estado que actuarán en su transcurso.

Valga expresar, como antecedente, que en situaciones normales están presentes unos órganos y organismos del Estado conocidos y recogidos en las normas legales correspondientes, mientras que en situaciones excepcio-nales están previstos otros órganos diferentes. A continuación se tratará de ofrecer una visión al respecto a partir de las situaciones excepcionales que están previstas en la Constitución de la República, es decir, Guerra o el Es-tado de Guerra, el Estado de Emergencia y la Movilización General del País.

Durante el período en que estén vigentes las situaciones excepcionales, los órganos superiores del Estado adoptan otra estructura, ya que quedan unifica-dos en los denominados consejos de Defensa. O sea, el Consejo de Defensa Nacional, los consejos de Defensa provinciales, los municipales y los de Zona de Defensa, los que se apoyan para su labor de dirección a nivel del país en las provincias, municipios y de zonas de Defensa, en las diversas estructuras organizacionales que crean a este subordinadas.

En consecuencia, ya pudimos apreciar cómo los acuerdos del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, influyeron en la concepción de la estructura organizacional del Estado socialista cubano.

No obstante, ocurrió que los resultados de la labor de modificación y con-ceptualización del perfeccionamiento de nuestro sistema político llevaron a considerar que dicha labor no había quedado terminada, pues en fecha tan temprana como el año 2008, en un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 24 de febrero de ese año, en ocasión de la toma de posesión como Presidente del Consejo de Estado, cargo que había venido ejerciendo hasta ese momento de manera provisional, ante la enfermedad del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el General de Ejército Raúl Castro Ruz hizo algunos pronunciamientos en materia de organización y funcionamiento del Estado y el Gobierno:

“Hoy se requiere una estructura más compacta y funcional, con menor nú-mero de organismos de la administración central del Estado y una mejor dis-tribución de las funciones que cumplen.

”Lo anterior permitirá reducir la enorme cantidad de reuniones, coordina-ciones, permisos, conciliaciones, disposiciones, reglamentos, circulares, etcé-tera, etcétera. Contribuirá además a concentrar algunas actividades económicas


decisivas hoy dispersas en varios organismos, y hacer un mejor empleo de los cuadros.

”En resumen, tenemos que hacer más eficiente la gestión de nuestro Gobierno”.19

Tal situación, a nuestro modo de ver, puede ser una de las principales causas que llevaron a la adopción de las disposiciones transitorias de la Ley No. 110, “Modificativa de la Ley No. 1304 de 3 de julio de 1976 de la División Político-Administrativa”, publicada en la Gaceta Oficial el 2 de septiembre de 2010, en la cual se disponían cuestiones novedosas para la organización, con-formación y estructuras de la administración del Estado a nivel provincial y municipal, al establecer la realización de una experiencia y según sus resulta-dos generalizarlos a todo el país.

Se aprovechó para realizar esa experiencia, la creación por esa ley de las provincias Artemisa y Mayabeque, tal como apuntamos anteriormente, por las disposiciones transitorias incluidas al final de la citada ley, ya que desde la implantación nacional de los órganos locales del Poder Popular, generalizados en 1976, no se había dispuesto, legalmente, realizar una experiencia dirigida a perfeccionar la administración estatal y los órganos de gobierno.

Esta experiencia tuvo su implementación y desarrollo, luego de amplios y detallados análisis y estudios, valorando las consecuencias y posibles dificul-tades que surgirían, a partir de la labor realizada al respecto por comisiones creadas con ese objetivo por el Consejo de Ministros durante casi dos años, mediante el Decreto No. 301, “Sobre las Funciones Estatales y de Gobierno que se ejercen y cumplen en las provincias y municipios objeto del experi-mento autorizado a realizar en sus respectivos territorios”, aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de octubre de 2012, cuyo objetivo consistía en:

Definir las funciones estatales que cumplen los organismos de la admi-nistración central del Estado y entidades nacionales y sus relaciones con las provincias y municipios de Artemisa y Mayabeque, que a partir del experi-mento que se realiza mediante las estructuras de los órganos de dirección de las administraciones locales, así como las atribuciones y obligaciones de sus jefes y sus relaciones de trabajo para lograr un funcionamiento ajustado a las nuevas condiciones.

Asimismo, entre los principales aspectos regulados en el decreto mencio-nado, se encontraban:a) El ámbito de aplicación de las normas por las que se rige el experimento; b) el funcionamiento general de las administraciones locales;

19 Raúl Castro Ruz: “Discurso pronunciado ante la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, La Habana, 24 de febrero de 2008.


c) las relaciones generales entre las administraciones locales y los organis-mos de la administración central del Estado y entidades nacionales;

d) las funciones, atribuciones y obligaciones específicas asignadas a las admi-nistraciones locales para el desarrollo del experimento en las actividades de: Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, Energía, Salud Pública, Educación, Cultura, Deportes, Vivienda, Transporte, Comercio, Recursos Hidráulicos, Informática y Comunicacio-nes, Planificación Física, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Agri-cultura, Defensa, Seguridad y Orden Interior, Colaboración, Relaciones Exteriores, Atención a Combatientes, Inspección y Justicia;

e) el tratamiento para la solución de las discrepancias que surjan entre los orga-nismos de la administración central del Estado, las entidades nacionales y las administraciones locales en el marco del desarrollo de la experiencia. Como puede apreciarse, las actividades asumidas por las administraciones lo-

cales estaban enmarcadas en el campo de competencia de casi todos los organis-mos de la administración central del Estado, lo que determinó que surgieran un buen número de instrucciones, metodologías y procedimientos aprobados por las direcciones respectivas, complementarias de las precisadas en el citado decreto.

Ello resultaba necesario, pues la experiencia no solo implicaba la regula-ción de las relaciones de dichos organismos con las administraciones locales, sino que también debía que tener prevista la forma en que ellas incidirían en las funciones y relaciones que hasta ese momento se habían mantenido con las asambleas del Poder Popular existentes en dichas provincias y municipios.

En la Ley No. 110 de 2010 citada, se establecía que dicha experiencia tendría una duración, la que estaba sujeta al plazo determinado en esta, la cual producto de las complejidades presentes en su implementación fue objeto de varias prórrogas.

Como es conocido, en el mes de abril de 2016 tuvo lugar el VII Congreso del Partido Comunista, en el que fueron objeto de valoración y análisis cuatro temas de gran importancia para el futuro de nuestro país, y de ellos hemos identificado como de particular importancia para el tema que estamos desarrollando en este trabajo, el segundo, denominado “Bases del plan nacional de desarrollo eco-nómico y social hasta 2030: Propuesta de visión de la nación. Ejes y sectores estratégicos”, y el tercero, “Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista”.

Hacemos estas referencias debido a que los principios y contenidos abor-dados en esos dos documentos tienen particular importancia, no solo para el país en general sino también para la marcha de la experiencia que se está realizando en Artemisa y Mayabeque, atendiendo a que las modificaciones en el desarrollo y regulación de la economía al incentivar la marcha de la


labor de creación y desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, entre otras iniciativas dirigidas a la ampliación del sector no estatal de la economía, así como la decisión de que las provincias y municipios puedan reservar un por ciento de las finanzas obtenidas por el pago de impuestos para dedicarlo a la satisfacción de las necesidades de sus respectivos territorios, lo cual introdujo profundos cambios en materia de planificación económica y presupuestaria a realizar anualmente en provincias y municipios.

De ahí, que no debamos pensar en que la labor a realizar en materia de im-plementación del funcionamiento de los órganos y organismos locales a nivel general y en Artemisa y Mayabeque en particular, sea algo fácil pese al tiempo transcurrido desde su autorización.

No debemos desechar que a los efectos del tema, en el Informe Central al VII Congreso del Partido, se recogían enunciados de alto valor para compren-der mejor el tema que estamos abordando en ese artículo. Es por ello que a continuación citamos el siguiente:

“Desde la aprobación de los Lineamientos por el pasado Congreso nos que-daba claro que el proceso de su implementación no constituiría un camino fácil, libre de obstáculos y contradicciones, así como las transformaciones fundamen-tales requeridas para la actualización del modelo nos tomarían más de un quin-quenio. La práctica ha confirmado la justeza de aquella apreciación [...]”.

“El obstáculo fundamental que hemos enfrentado, tal y como previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta, que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro. No han faltado, como era lógico esperar, sentimientos de nostalgia hacia otros momentos menos complejos del proceso revolucionario, cuando existían la Unión Soviética y el campo socialista. En el otro extremo han estado presentes aspiraciones enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas”.20

Asimismo, en el Informe Central el General de Ejército Raúl Castro hizo un pronunciamiento al abordar la implementación de los nuevos sistemas de pagos, que por su contenido y certeza de lo por él expresado es válido para su aplicación a cualquier tema o iniciativa que sea objeto de implementación, atendiendo a su valor pedagógico. Nos referimos al que a continuación con-signamos: “Las experiencias nos enseñan que no basta con que los documen-tos normativos estén bien elaborados, hay que preparar a los ejecutores direc-tos [...] comprobar su dominio de las regulaciones, exigir con sistematicidad que se cumplan en la práctica las disposiciones y reaccionar oportunamente ante las desviaciones [...]”.21

20 Raúl Castro Ruz: “Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba”, La Habana, 16 de abril de 2016.

21 Ídem.


A nuestro modo de ver, esas dificultades y situaciones motivaron que en el período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de ese propio año, se presentara la propuesta de que fuera prorrogado, extendiéndose su duración hasta fines del 2018.

Estos pronunciamientos seleccionados por mí, a partir de su alcance y oportunidad, ponen en evidencia cómo los acuerdos y decisiones del VI Con-greso del Partido Comunista de Cuba y de su Primera Conferencia Nacional, así como los del VII Congreso antes citado han influido en las experiencias y documentos normativos aprobados para su implementación, así como sus adecuaciones según los resultados alcanzados y las dificultades que han tenido para lograr su más eficiente funcionamiento.

Particular importancia para la presente exposición revisten los pronuncia-mientos abordados por Raúl en el discurso de clausura del Sexto Período de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, por estar vinculados a la labor de aseguramiento jurídico de las decisiones que se tomaban y entre las cuales podemos destacar las siguientes:

“Estos hechos dan una idea del trabajo que en materia de ordenamiento jurídico tenemos por delante con el fin de reforzar la institucionalidad –eso no es porque nos gusten los papeles, toda actividad tiene que estar regulada en un documento, aprobada oficialmente– del país, y eliminar tantas prohibiciones irracionales que han perdurado por años, sin tener en cuenta las circunstancias existentes, creando el caldo de cultivo para múltiples actuaciones al margen de la ley, que frecuentemente dan lugar a la corrupción en distintos grados [...]”.

[...]“Al propio tiempo, se impone simplificar y agrupar la legislación vigente,

por lo general bastante dispersa. Los documentos rectores se elaboran para ser del dominio de aquellos responsabilizados con su cumplimiento, no para ser engavetados [...]”.

[...]“Vale recordar, otra vez, que el desconocimiento de la ley no exime a nadie

de su cumplimiento y que, según la Constitución, todos los ciudadanos tienen iguales derechos y deberes, por lo cual quien cometa un delito en Cuba, con independencia del cargo que ocupe, sea quien sea, tendrá que enfrentar las consecuencias de sus errores y el peso de la justicia [...]”.22

Asimismo, en el discurso de clausura del VI Congreso del Partido, Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hizo algunos pronunciamientos referidos a la labor jurídica que debía

22 Raúl Castro Ruz: “Discurso de clausura en el Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular”, La Habana, 18 de di-ciembre de 2010.


realizarse para su implementación. Entre ellos pudiéramos citar, por constituir ideas que enfatizaban en la necesidad de contar con las disposiciones legales requeridas para la implementación de los Lineamientos, los siguientes:

“La actualización del modelo económico no es un milagro que pudiera obrarse de la noche a la mañana, como algunos piensan; su despliegue total se logrará gradualmente en el transcurso del quinquenio, pues es mucho el trabajo de detalle, planificación y coordinación, tanto en el plano jurídico como en la preparación minuciosa de todos los que intervengan en su ejecución practica”.23

Unos párrafos después, consignó: “[...] los Lineamientos aprobados por el Con-greso serán sometidos al análisis de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para su ratificación legislativa en los sucesivos períodos de sesiones, a medida que va-yamos completando la elaboración de las normativas legales correspondientes”.24

A partir de los acuerdos del VI Congreso, se ha estado trabajando en su materialización, pero ante las dificultades sufridas se ha constatado que esas experiencias están requeridas de cambios sustanciales en la legislación que conforma el sistema político cubano a la hora de valorar su estructura estatal. De ahí que se haya anunciado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la Sesión de constitu-ción de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el Palacio de Convenciones, el 24 de febrero de 2013, que:

“[...] En concordancia con los acuerdos del VI Congreso, será preciso ar-monizar los postulados de la Constitución de la República con los cambios asociados a la paulatina implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

”Entre las modificaciones que nos proponemos introducir a la Constitución se encuentra la de limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años el desempeño de los principales cargos del Estado y del Gobierno y esta-blecer edades máximas para ocupar esas responsabilidades.

”Al propio tiempo, no resulta saludable estar reformulando continuamente la Carta Magna de la Nación y comoquiera que efectuar una reforma constitu-cional nos tomará necesariamente un tiempo prudencial, ya que si bien algunas cuestiones pueden modificarse por el propio Parlamento, otras más importantes requieren además la ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciu-dadanos en referendo; deseo esclarecer que en mi caso, con independencia de la fecha en que se perfeccione la Constitución, este será el último mandato”.25

23 Raúl Castro Ruz: “Discurso de clausura del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba”, La Habana, 19 de abril de 2011.

24 Ídem.25 Raúl Castro Ruz: “Discurso en la clausura de la Sesión Constitutiva de la Asamblea Nacional

del Poder Popular, en su Octava Legislatura, y del Consejo de Estado”, La Habana, 24 de febrero de 2013.


Precisamente, en el Informe Central al VII Congreso del Partido, en abril de 2016, Raúl Castro hizo hincapié en la necesidad de reformar la Consti-tución de la República en los próximos años, considerando las importantes transformaciones asociadas a la actualización del modelo económico y social, y su conceptualización. En esos pronunciamientos consignó las siguientes di-rectrices:- En la Constitución hay que reflejar todo lo que vamos haciendo, en el mo-

mento en que ya estén listos los que deban ser recogidos en la misma y, sobre todo, discutidos con la población.

- El proceso de reforma, que previamente deberá ser aprobado por la Asam-blea Nacional, en correspondencia con sus facultades constituyentes, prevé una amplia participación popular, incluyendo la realización de un referen-do constitucional.

- En el alcance de estos cambios constitucionales propondremos ratificar el carácter irrevocable del sistema político y social refrendado en la ac-tual Constitución, que incluye el papel dirigente del Partido Comunista de Cuba en nuestra sociedad.A lo anterior se unen los postulados que aparecen en el Objetivo No. 76,

aprobado por la Primera Conferencia Nacional del Partido, al cual ya nos he-mos referido, destacando en su contenido lo concerniente a la decisión de que: “resulta recomendable limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”, abordado en el Informe Central al VI Congreso, y en el que encuentra una expresión más concreta al expresarse en él, como uno a lograr, el de “Pro-yectar la renovación paulatina en los cargos de dirección y definir los límites de tiempo y edades, según las funciones y complejidades de cada responsa-bilidad. Limitar a un máximo de dos períodos consecutivos de cinco años, el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales”.

Las decisiones recogidas en los acuerdos de esa Primera Conferencia, lle-van implícita la introducción de reformas en la actual Ley Electoral del país, en la cual no aparecen recogidas esas determinaciones, ya que, por ejemplo, a nivel municipal el período de desempeño de cargos políticos electivos está previsto que sea cada dos años y medio, y no se encuentra establecida la pro-hibición de resultar reelegidos, pudiendo serlo por límites indeterminados, mientras los electores así lo consideren.

Tan es así, que al abordar el tema de la introducción de límites adicionales en la composición de los organismos de dirección superior del Partido, el Ge-neral de Ejército en el Informe Central mencionado, consignó la orientación de que “Estas modificaciones en materia de plazos y edades límites para el


desempeño de cargos de dirección, deberán fijarse en la Constitución de la República que nos proponemos reformar [...]”.26

Dicha orientación puede ser válida también para los casos de los cargos de dirección superior del Estado y el Gobierno. Habría que introducir tam-bién la determinación de los niveles y complejidades que estarían incluidos en la aplicación de esas reglas. Así, por ejemplo, en los cargos de Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y de Delegado a las asambleas provinciales del Poder Popular, el período de duración del ejercicio de esos cargos o mandatos, para los cuales se resulta elegidos, es de cinco años, lo que limitaría a solo 10 años el tiempo que podrían desempeñar esos car-gos, caso de resultar reelectos al vencimiento del primer período, para pasar a desempeñar otros cinco años en el mismo. A lo anterior se une que no existe limitación alguna en cuanto a los niveles de edad a tener para poder desempeñar estos.

A su vez, ello incidiría en el tiempo que pudieran desempeñarse cargos electivos en las elecciones de segundo grado, que se realizan en el seno de estos órganos, para determinar quiénes desempeñarán cargos como presiden-tes o vicepresidentes de las asambleas locales. Asimismo, en el caso de la Asamblea Nacional del Poder Popular, habría que prever lo referido a la elec-ción de los cargos de miembros del Consejo de Estado, y los de presidente y vicepresidentes de este último órgano, los cuales al tener que surgir del seno de los diputados electos para dicha asamblea, estarían sometidos por su parte a idénticas limitaciones.

Otro aspecto a valorar y tener en cuenta para la aplicación de estas deci-siones es la existencia de diversos procesos electorales no previstos en la Ley Electoral, sino en leyes especiales, que tienen regulaciones referidas a que la elección de personas para ocupar determinados cargos, tiene que hacerse mediante elecciones de segundo grado por los integrantes de las asambleas del Poder Popular, constituidos en colegio electoral, como es el caso de los miembros de los Tribunales de Justicia, que carecen de ese tipo de limitacio-nes, e incluso, en el caso de estos, se dice expresamente que dicha elección es sin sujeción a término alguno.

Pudieran añadirse a lo anterior, los casos del Fiscal General y de los vice-fiscales generales, que lo son, al igual que el Presidente, los vicepresidentes y jueces del Tribunal Supremo, por los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, aunque esas leyes especiales tienen prevista, de forma expresa, la posibilidad de que lo sean por el Consejo de Estado cuando no se encuentre

26 Raúl Castro Ruz: “Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba”, ed. cit.


la Asamblea en actividad, y sea entonces su órgano permanente y representan-te de ella para asumir en esos casos dicha función. En estos casos la elección se produciría bajo la forma de elección de tercer grado.

De manera similar ocurre con el cargo de Contralor General de la Repú-blica y los vicecontralores generales, los cuales igualmente son electos sin sujeción a término.

Existe, incluso, el caso de cargos que son desempeñados por personas que son electas expresamente en elecciones de tercer grado, al determinarse en sus leyes específicas, que corresponde al Consejo de Estado, órgano surgido en elecciones de segundo grado, proceder a su elección, como ocurre en el caso de los jueces de los Tribunales Militares de la República de Cuba, los cuales forman parte del Sistema de Tribunales Populares.

En fin, que la norma legal que sustituya a la actual Ley Electoral vigente, para cumplir las decisiones del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y de su Primera Conferencia, solamente en la parte referida al Objetivo No. 76, debería pronunciarse al respecto, bien modificando lo actualmente previsto o aprobando una nueva Ley Electoral, acogiendo en ella pronunciamientos en ese sentido, y eliminando así la dispersión legislativa existente.

Por supuesto, existen otros aspectos derivados de las decisiones anterior-mente mencionadas, los que deben abordarse por la Ley Electoral, como bien pudieran ser, a modo de ejemplo, los derivados de la reforma constitucional anunciada en su momento por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros o sea, entre otras, la decisión aprobada que se encuentra en fase de experiencia en las provincias de Artemisa y Mayabeque, de separar el ejerci-cio de los cargos de presidentes de los consejos de la administración respecto a los de presidentes de las asambleas locales del Poder Popular, los cuales, hoy día, está previsto en la Constitución que se ejerzan por una sola persona, pese a ser dos cargos diferentes, lo cual implicaría, junto a las situaciones apunta-das, introducir algunas reformas en el texto de nuestra Constitución socialista, a la hora de su implementación.

Esperamos que, con estas reflexiones, hayamos podido contribuir modesta-mente al proceso de elaboración del conjunto de normas jurídicas requeridas para la implementación de los cambios a realizar.

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CINCUENTA Y CINCO AÑOS DEL TRIUNFO DE LA CAMPAÑA NACIONAL

DE ALFABETIZACIÓN1

Dra. Zoila Benítez de Mendoza Vicepresidenta de la Sociedad Económica de Amigos del País

LA Revolución Cubana protagonizó, hace 55 años, la más grande epo-peya por el derrocamiento de la ignorancia que haya conocido un pueblo, y compartió prontamente con países hermanos sus mejores experiencias: la Campaña Nacional de Alfabetización.

En la formación de la nación cubana están las raíces de la alfabetización, que vinculaba el aprendizaje de la lectura y la escritura a la formación de valo-res patrios. El proceso de alfabetización se ennoblece en las luchas mambisas por la independencia.

Durante la colonización española, patriotas y hombres prominentes de la burguesía criolla se les reconoce entre otros méritos, sus esfuerzos por fo-mentar la cultura y la educación pública. La mayoría de ellos integraban la Sociedad Económica de Amigos del País, la que estaba integrada también por ilustres pensadores cubanos como fueron José Agustín Caballero, Félix Vare-la, José de la Luz y Caballero.

Era crítica la situación de la educación antes del triunfo de la Revolución en 1959, según datos consultados en los archivos del Museo de la Alfabeti-zación: se identifican grandes contrastes entre las áreas urbanas y el campo. De cuatro cubanos, uno era analfabeto, y el nivel promedio de los restantes no rebasaba los primeros tres grados primarios. Se corrobora el hecho de que el tema educacional ocupara un lugar sustancial en el programa del Moncada, según La Historia me absolverá, alegato de autodefensa de Fidel Castro en el juicio por los acontecimientos del 26 de Julio de 1953. Durante la lucha insurreccional, de 1956 a 1959, el Ejército Rebelde organizó la educación en pleno monte y en las zonas liberadas.

1 Acto nacional por el 55 Aniversario de la Campaña de Alfabetización, 22 de diciembre de 2016. Palabras de Zoila Benítez de Mendoza, Alfabetizadora brigadista Conrado Benítez.

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Al triunfo de la Revolución en 1959 se comienza a organizar y desarrollar la Campaña de Alfabetización, que en el año 1961 tiene su etapa decisiva por su masividad, participación popular, y se rompe los moldes tradicionales.

El Año de la Educación, en 1961, recogió sus mejores frutos, pero el blo-queo imperialista, la presencia de personajes reaccionarios en los propios or-ganismos internacionales y regionales, mantuvieron silenciadas las experien-cias cubanas.

Fue en el año 1964 por una misión enviada por la Unesco, integrada por la Srta. Anna Lorenzetto y el profesor Karel Neys, que se dio a conocer la verdad de la obra. En su informe plantearon: La Campaña no fue un milagro sino una difícil conquista, lograda a fuerza de trabajo, de técnica y organización.

El estudio de la experiencia alfabetizadora permite sustentar la existencia en la actualidad de una Escuela de Alfabetización cubana.

La conmemoración del aniversario 55 de la declaración de Cuba como Territorio Libre de Analfabetismo se celebró en la histórica Ciudad Escolar Libertad, campamento militar convertido en fortaleza docente luego del triun-fo de 1959. A continuación transcribimos las palabras pronunciadas en repre-sentación de los alfabetizadores:

Sin la Revolución no podría haberse llevado a cabo la Campaña Nacional de Alfabetización. Tras el triunfo revolucionario se trabajó por cumplir el programa del Moncada, que recogía la crisis en que se encontraba la edu-cación y la propuesta de una estrategia que tendría por centro la dignifica-ción del magisterio cubano, la reforma integral del sistema de educación y la lucha contra el analfabetismo.

No era una tarea aislada la Campaña de Alfabetización, se trataba de trans-formar la vida del país, teníamos derecho a una Cuba digna y culta. Era necesario erradicar las causas del analfabetismo como problema social y se centró la atención en lograr la universalización del acceso de todos los cubanos a la educación y la cultura.

El 26 de septiembre de 1960, en su comparecencia en la XV Asamblea Gene-ral de la ONU, Fidel dio a conocer al mundo la decisión de Cuba de eliminar el analfabetismo en 1961. Y así fue, el 22 de diciembre de ese año Cuba era declarada Territorio Libre de Analfabetismo. Como todas las grandes campa-ñas de la Revolución a las que nos convocó Fidel, esta fue una tarea de todo el pueblo, donde participaron niños, jóvenes, hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad, estudiantes, obreros, amas de casa, campesinos.

El llamado de Fidel a la juventud cubana para constituir un ejército de cien mil alfabetizadores no se hizo esperar. El curso escolar se adelantó para concluirlo en abril y facilitar la incorporación de los estudiantes a las

Cincuenta y cinco años del triunfo... / RBC 46 / 33

Brigadas Conrado Benítez, denominadas así en homenaje al joven maestro voluntario asesinado en enero de ese propio año por bandas contrarrevo-lucionarias.

A la Campaña se sumaron también, además de los maestros, los alfabeti-zadores populares, fundamentalmente en las ciudades y pueblos, los briga-distas obreros Patria o Muerte y todos aquellos que pudieran contribuir con su labor a alcanzar el objetivo propuesto.

En Girón, al decidirse el destino de la Revolución Cubana, se decidió tam-bién el triunfo de la Campaña de Alfabetización. En ambos combates, con-ducidos directamente por nuestro Comandante en Jefe, la inteligencia, el valor y la fuerza del amor fueron decisivos.

Ardua labor la de la Comisión Nacional de Alfabetización. Nacen la Carti-lla Venceremos y el Manual Alfabeticemos. Las experiencias mambisas y de las columnas guerrilleras estuvieron presentes.

La cartilla Venceremos fue motivación para cumplir otros objetivos, pues en su redacción se tuvieron en cuenta asuntos de interés nacional con los que se formaron las lecciones, entre ellas: qué era la OEA, la reforma agra-ria, la milicia del pueblo, la salud, la vivienda, que sirvieron también para explicar y esclarecer la obra de la Revolución.

El Museo de la Alfabetización guarda oro de alto quilate, las cartas que como prueba final, enviaban los recién alfabetizados a Fidel. Mis alumnos Florencio, Flora, Pura, Antonio, María e Isabel reflejaban en sus cartas a Fidel la confianza en la Revolución triunfante y la fe en el gigante barbudo, que muy rápidamente aprendieron a escribir y a leer su nombre: FIDEL.

Hoy, muchos de aquellos alfabetizados y sus hijos y nietos son técnicos, ingenieros, maestros, médicos, entre otras profesiones.

En esta grandiosa obra se involucró directamente la familia cubana. Nues-tros padres firmaban la planilla autorizándonos a participar y partir a llanos y montañas lejanos. Y los bohíos humildes nos abrían sus puertas, creció la familia. Evoco el encuentro de las dos familias, la de Luyanó, de La Ha-bana y la de Jobabo, en la intrincada zona de Potosí Sur, en Las Tunas, lo que se repitió por toda Cuba.

Los hechos vandálicos de la contrarrevolución llegaron a su clímax el 26 de noviembre, con el asesinato del brigadista Manuel Ascunce Domenech, Manolito, como le decíamos sus compañeros de aula en la Secundaria Bá-sica América de Luyanó, donde ambos estudiábamos, lo que no impidió que el 22 de diciembre Fidel declarara ante el mundo que se había cumpli-do con lo prometido.

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Allí, en medio de la Plaza de la Revolución, victoriosos, preguntamos a Fidel qué otra cosa teníamos que hacer y su respuesta no se hizo esperar: “estudiar, estudiar y estudiar”.

Y le cumplimos, porque también el fabuloso plan de becas que él creo para nosotros nos permitió convertirnos en profesionales, intelectuales y cientí-ficos en todos los sectores de la sociedad.

Muchos hicieron posible esta proeza, pero el jefe del Ejército de Alfabeti-zadores, nuestro invicto Comandante en Jefe trazó la estrategia: la unidad nacional, la masividad de la cultura y la confianza infinita en la juventud cubana.

De la historia y con la historia hay que transitar para interpretar el proceso alfabetizador, lo que nos permite profundizar en la naturaleza del socialis-mo cubano.

Hemos compartido con Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros países del mundo las celebraciones al convertirse en territorios libres de analfabetis-mo con la ayuda de educadores cubanos, labor que también con orgullo compartimos muchos de aquellos alfabetizadores de 1961.

A la educación le corresponde una parte importante de la realización de las finalidades estratégicas de la Revolución y le corresponde también per-petuar el pensamiento y las enseñanzas que Fidel Castro, nuestro máximo inspirador nos legara”.

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LA IDEA DE UN SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN CUBA:

ORÍGENES, VICISITUDES, FUTUROS1 (PRIMERA PARTE)

Dr. Emilio García Capote Académico de Mérito. Academia de Ciencias de Cuba

Resumen

SE presenta, desde un punto vista histórico y dentro de las limitaciones impuestas por la disponibilidad de fuentes primarias, un primer acer-camiento a la problemática de la introducción de la idea de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI) en Cuba desde mediados de la década de los noventa del siglo pasado. Se ofrece una breve exposición de algunos elementos del concepto de SCTI y de sus antecedentes en nuestro país y se aportan precisiones historiográficas de su inserción en el espacio nacional de las acciones de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Entre los múltiples factores que influyen en la eficacia del SCTI cubano, que debe ser reordenado según lo orientado por el Lineamiento 130, aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), en abril de 2011, se analizan los siguientes: (i) multiplicidad de funciones asignadas al Citma, (ii) trayectoria de los progra-mas para la investigación-desarrollo y la innovación, (iii) disponibilidad de una estrategia CTI nacional y (iv) condiciones en que se desenvuelve la empresa socialista cubana. Se presentan, finalmente, algunas implicaciones generales entre la naturaleza del sistema a implementar y elementos esenciales de la sociedad en la que este sistema se encontraría embebido.

Palabras clave: Cuba Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, Cuba po-lítica de ciencia, tecnología e innovación, Cuba política científica.

Summary

A first approach to the troublesome aspects concerning the inception, by the middle nineties of the twentieth century, of the idea of a Science, Technology

1 Este trabajo fue publicado anteriormente en la revi

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