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Participación Ciudadana
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PARTICIPACION CIUDADANAMovimiento cívico no partidistaCalle Wenceslao ALvarez No. 8Zona UniversitariaSanto Domingo, D.N.República DominicanaTeléfono (809) 685-6200Fax (809) 685-6631Correo electrónico [email protected]://www.pciudadana.com
Título:Veinte años de impunidad: investigación de casos decorrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
Investigación de campo:Dr. Santiago Sosa CastilloDra. Melisa Sosa Montás
Colaboración:Fausto Rosario AdamesAlfonso Abreu ColladoIsidoro SantanaFrancisco Alvarez ValdezMarina Hilario
© Participación Ciudadana
Cuidado de edición:Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana
Impresión:Mediabyte, S.A.
Impreso en República DominicanaPrinted in Dominican Republic
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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INDICE
Presentación ........................................................................ 5
Introducción ......................................................................... 7
Los esfuerzos organizados .................................................. 9
Matriz de ubicación de casos de corrupciónen la justicia:
Casos con decisiones judiciales definitivas ....................................... 18
Casos pendientes de decisiones judiciales definitivas ..................... 25
Otros casos sin ubicación en la justicia ............................................. 43
Denuncias en el DEPRECO con recomendación de
sometimiento judicial ........................................................................... 44
Denuncias en el DEPRECO concernientes al Gobierno
Central e instituciones descentralizadas ............................................. 49
Casos en el DEPRECO desestimados o con recomendación
de desestimación .................................................................................. 64
Casos correspondientes a miembros del poder judicial ............... 71
Casos concernientes a funcionarios municipales ............................. 80
Casos de corrupción privada vinculados al sector público .......... 85
Participación Ciudadana
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Resultados de la investigación .......................................... 91
Recomendaciones ............................................................ 117
Anexos
Anexo No. 1Objetivos y metodología de la investigación ........................... 123
Anexo No. 2Legislación nacional en materia de corrupción ....................... 131
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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La corrupción administrativa se ha convertido en uno de losproblemas más lacerante de la sociedad dominicana, la cual havisto durante décadas, una cada vez mayor depredación del era-rio, sin que desde las instituciones responsables de sancionar es-tas prácticas lesivas al patrimonio nacional se produzcan accio-nes contundentes, que envíen un mensaje claro de la intención deque las mismas no queden impunes.
Participación Ciudadana pone a disposición de la ciudadaníaesta investigación, que recoge un inventario de los casos de co-rrupción denunciados en sede judicial en los últimos veinte años(1983-2003), con el fin de llamar a la reflexión colectiva sobreeste tema de tanto interés para nuestro devenir como sociedadorganizada.
El trabajo presenta los casos denunciados como corrupciónadministrativa, el manejo judicial que se le ha dado, las decisio-nes que han intervenido y la situación de los procesados al mo-mento de la investigación.
Al poner a disposición de todos y todas, los resultados de lainvestigación, esperamos que los mismos se conviertan en otropunto de apoyo para fortalecer los argumentos de la ciudadaníaen torno a la necesidad de que el país cuente con un sólido siste-ma judicial, que garantice la aplicación equitativa de las leyes, sinvulnerar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Con este esfuerzo, nuestra entidad aporta nuevos elementospara que los actores involucrados produzcan una reflexión seriay profunda sobre sus respectivas responsabilidades en el procesode adecentamiento a que debe ser sometida la sociedad políticadominicana. Sobre todo, para que contribuyan con sus recomen-
Presentación
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daciones y labores a la consecución de una administración públi-ca transparente, donde los actos de corrupción sean la excepcióny no la regla.
Aspiramos a vivir en un país donde los recursos públicos seanadministrados con pulcritud y destinados primordialmente a me-jorar la calidad de vida de los sectores de menores ingresos.
Finalmente, Participación Ciudadana agradece a todas laspersonas e instituciones que hicieron posible esta investigación yespera que su contenido sirva de referencia para las acciones fu-turas de los organismos responsables de evitar que la impunidadsiga imponiéndose.
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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La corrupción en la administración pública y privada es unlastre que afecta y retrasa el desarrollo de la sociedad dominica-na. Ha sido uno de los factores que más ha contribuido con elcreciente desprestigio de la actividad política y de las funcionespúblicas.
La determinación de los gobiernos para hacerle frente a lacorrupción queda plasmada cada cuatro años en los programasque los candidatos presentan al electorado. Esos programas, alllegar los líderes de los partidos y sus allegados a las funcionespúblicas, quedan relegados desde temprano, y al pasar la primeramitad del período son sepultados casi en forma absoluta.
La decisión política de enfrentar la corrupción debe estaracompañada de un férreo apego a la institucionalidad, apartede la honestidad individual de los principales funcionariosdel Poder Ejecutivo, y debe ir despojada de cualquier interésdel Presidente y su equipo por extender los vínculos políti-cos más allá del período gubernamental por el que ha sidoelecto.
Contando con la decisión política, para combatir la corrup-ción es necesario sumar un Ministerio Público independiente yuna administración de justicia con coraza y voluntad para actuarrápidamente y sin contemplaciones, sin importar los nombres nilos apellidos implicados.
Ninguno de estos elementos se ha juntado en los últimos 20años para que el país pueda contar una historia digna de combatea la corrupción. La sola revisión de los casos aquí reseñados su-cintamente, es la más elocuente evidencia de la inexistencia devoluntad política para combatir la corrupción.
Introducción
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Los datos también descubren el velo sobre los funcionariosdel Ministerio Público de los últimos 20 años, que con contadasexcepciones, no cumplieron su deber, lo mismo que los jueces detodas las instancias a los que ha correspondido conocer casos decorrupción.
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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Los esfuerzos organizados
Desde la creación de un movimiento de Moralidad Públi-ca, en 1986, para apoyar la persecución contra los casos decorrupción que denunciaron subsecuentemente los funciona-rios del Gobierno del doctor Joaquín Balaguer (1986-1990),especialmente para perseguir al ex presidente Salvador JorgeBlanco y algunos de sus funcionarios, hasta la conformación ydesaparición de Acción Contra la Corrupción, a finales de losaños noventa, es mucho lo que se ha estudiado, firmado y con-certado sobre fórmulas para perseguir y sancionar la corrup-ción.
Organizaciones como Participación Ciudadana y la Funda-ción Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han desarrollado cam-pañas y programas que tienden hacia un compromiso más fuertedel Estado y la sociedad contra este flagelo. FINJUS lanzó hacecasi tres años su Plataforma Nacional Anticorrupción, y la entre-gó en el Congreso, con el propósito de que fuera ponderada porlos senadores y diputados, y nada ocurrió, pese al control casiabsoluto de las cámaras que ha tenido el Partido RevolucionarioDominicano, organización que se entendía con un fuerte com-promiso con las consignas por la transparencia en el uso de losrecursos del Estado.
El Programa de Transparencia de Participación Ciudadana hadesarrollado un fuerte compromiso con la comunidad, ha apoya-do las auditorías sociales, ha reforzado el vínculo entre el Minis-terio Público y la comunidad, los jueces y la comunidad, ha desa-rrollado acuerdos con la Procuraduría General de la República,en interés de profundizar el esfuerzo del país para combatir lacorrupción.
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Participación Ciudadana también lanzó la campaña “Es tiempode actuar: La Corrupción es cosa de todos”, dio a conocer 10propuestas para combatir la corrupción, aparte de que relanzócasi todos los proyectos de la Plataforma Anticorrupción que habíarecogido FINJUS. No satisfecha con este esfuerzo, ParticipaciónCiudadana recopiló toda la legislación anticorrupción del país,aprobada en diferentes momentos de la vida nacional, y realizóun estudio sobre las propuestas anticorrupción que se habían pre-sentado al Congreso Nacional.
A través de su Programa de Transparencia de la Gestión Pú-blica, Participación Ciudadana dio a conocer todas las leyesanticorrupción vigentes en el país, con publicaciones enfocadaspor sectores, y promovió la aprobación en el Congreso de los pro-yectos de leyes anticorrupción engavetados en ambas cámaras,aparte de desarrollar encuentros, seminarios, talleres y otras ac-ciones de compromiso con los legisladores.
Conjuntamente con el Departamento de Prevención de laCorrupción, Participación Ciudadana promovió el cumplimientode los compromisos del país con la Convención InteramericanaContra la Corrupción (CICC), y realizó numerosos aportes al se-minario de evaluación del cumplimiento de la CICC realizado enel país en el 2003, bajo la coordinación de la Procuraduría Gene-ral de la República. A raíz de esto fue creada la comisión de se-guimiento a la implementación de la Convención InteramericanaContra la Corrupción, compuesta por una treintena de organiza-ciones y que tiene listo su primer informe alternativo de los avan-ces de la CICC en el país.
Junto a numerosas organizaciones de la Sociedad Civil, a raízde los fraudes bancarios en el país, destapados en mayo de 2003,Participación Ciudadana estuvo entre las entidades que confor-maron la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad,precisamente con el interés de insistir en que los fraudes banca-rios nunca quedaran impunes, y demandar de la justicia agilidad,eficiencia, honestidad y sanción contra todas las personas quemanejaron entidades privadas que fueron asaltadas por dentro,defraudando el dinero de los ahorristas y también el dinero del
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Estado, que debió acudir en auxilio de los depositantes en el casoBaninter.
Desde el primer momento estuvo claro para ParticipaciónCiudadana que el país estaba ante la más grande estafa bancariade su historia, y vio que ese fraude podría constituir un elementoesperanzador para el país, en el sentido de que se encontrabanreunidos todos los indicios y las pruebas de cómo había operadoel sistema de estafa y ocultamiento. Los signos exteriores de opu-lencia eran, además, otra prueba irrefutable para el país de quealgo andaba mal en el sistema financiero.
Y la responsabilidad no solo era de los banqueros defrauda-dores, sino también de las autoridades que durante años se ha-bían hecho de la vista gorda, o cómplices, para permitir que unelefante con pies de plomo creciera frente a ellos.
Cuando se destapó el escándalo del fraude, a principios delaño 2003, las autoridades asumieron ante el país y el mundo elcompromiso solemne de llevar este caso hasta las últimas conse-cuencias en los tribunales de la República.
Tanto por el anuncio como por la magnitud de los hechosdenunciados, prácticamente hubo consenso nacional en el senti-do de que se debía proceder judicialmente sin dilación ni discri-minación para reparar los daños derivados del fraude denuncia-do.
Sectores tradicionalmente conservadores para emitir su opi-nión en torno a este tipo de casos (como las asociaciones de em-presarios y las iglesias) saludaron la iniciativa y pidieron en todaslas formas posibles que todo fuese debidamente esclarecido so-bre la base de lo que ordenan las leyes. En el litoral de los cientistassociales se ponderaba el caso y se abrigaba la esperanza de que sesentara un precedente que sirviese de punto de partida para eladecentamiento, la transparencia y la institucionalidad de la so-ciedad y el Estado.
La mayoría de las encuestas y estudios sobre preferencia polí-tica en la República Dominicana efectuados en los últimos lustrosrevelan una creciente incredulidad de la población respecto altema de la corrupción y las posibilidades de que desde el Estado
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(no importa qué partido o mandatario tenga a su cargo la admi-nistración pública) se encaminen acciones serias para reducir losniveles de corrupción en todas sus modalidades y para llevar a laJusticia a los sospechosos de haber participado en hechos de co-rrupción en perjuicio del bien común y de particulares.
En la serie de encuestas sobre cultura política, que dirigieronlas sociólogas Isis Duarte y Ramonina Brea, bajo el título ¿Haciadónde va la democracia? (1994-2001), se reveló que en 1994 para88 de cada 100 ciudadanos la corrupción era un problema “gravey muy grave en los gobiernos y la política”.
En 1997 esa evaluación fue dada por casi 90 de cada 100ciudadanos, y ya para 2001 subió a poco menos de 94 por ciento.Porcentajes igualmente pesimistas aparecen en las encuestasGallup, publicadas por la revista Rumbo y el periódico DiarioLibre (y anteriormente en el periódico Hoy).
Es la misma percepción negativa registrada en las encuestasHamilton, Beattie and Staff publicadas por el periódico Hoy, yen las encuestas de la Penn and Schoen, primero publicadas porel desaparecido matutino El Siglo, y luego por El Caribe.
Se acentúa la mala percepción
Esta mala percepción se ha incrementado, a juzgar por losresultados de la última encuesta efectuada por la Gallup (2003),en la que se requirió la opinión de la ciudadanía sobre la corrup-ción en la actual administración (Hipólito Mejía-PRD) en com-paración con la pasada (Leonel Fernández-PLD).
En efecto, 97.4 de cada 100 dominicanos percibe que en elactual gobierno existe corrupción, divididos entre 85.2 de cada100 que creen que hay “mucha corrupción” y 12.2 de cada 100que creen que hay “poca corrupción”. Apenas el 0.8 por cientoestaba convencido de que no había corrupción en el presentegobierno.
Incluso entre los encuestados que se definieron como simpa-tizantes del PRD, el 63.9 por ciento cree que hay mucha corrup-
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ción en el presente gobierno, y 30 por ciento cree que hay corrup-ción, pero “poca”. Apenas 32 por ciento de quienes se identifica-ron como perredeístas para la encuesta creen que no hay corrup-ción en el actual gobierno.
La percepción de los que se identificaron como peledeístases, lógicamente, más pesimista, con 92.4 por ciento que cree quehay mucha corrupción. De los reformistas, 90.7 por ciento perci-be que hay mucha corrupción.
Al comparar los gobiernos del PRD y el PLD, 67.7 de cada100 dominicanos perciben que en el gobierno actual hay más co-rrupción que el pasado, mientras que 16.4 de cada 100 piensanque hay igual nivel de corrupción, y 13.4 por ciento está conven-cido de que hay menos corrupción ahora en comparación con elgobierno peledeísta.
El antecedente de dejar hacer y pasar, de comenzar y no darseguimiento ni concluir los procesos en materia de corrupción enla administración pública y en el sector privado, ha reforzado estaactitud pesimista. Y, lo que es peor, las encuestas citadas hancoincidido en revelar que para la mayoría de la población la co-rrupción no es uno de los principales problemas nacionales, o porlo menos no lo incluyen en la lista de las tres principales priorida-des nacionales (Ver encuestas Hamilton, Beattie and Staff publi-cadas en el periódico Hoy entre 1998 y 2002).
Todo esto pesa de manera determinante en la percepción dela gente sobre la complicidad de los gobiernos y de la justicia conla corrupción pública y privada.
La presente investigación sobre los casos de corrupción de-nunciados y que entraron a alguna sede judicial desde 1983 hastael 2003 es la prueba sobre la lenidad y complicidad de todo elsistema de administración de justicia con la corrupción. Es tam-bién la prueba de que los Gobiernos que hemos tenido en esos 20años han carecido del interés para sancionar la corrupción que seorigina en sus propios funcionarios como la corrupción que vienecomo secuela de gobiernos anteriores.
De los 130 casos de corrupción que se identificaron y quefueron o están abiertos en los tribunales, solamente seis resulta-
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ron con decisiones judiciales definitivas, pero en solo un casohubo sanción, pero no penal, contra el inculpado. El resultado esmuy claro y decepcionante: “Hasta la fecha, nadie ha sido conde-nado a penas criminales, por corrupción, en los últimos veinteaños”.
En cinco de los seis casos que tuvieron decisiones judicialesdefinitivas fueron descargados de responsabilidad los inculpados.Un caso en que hubo sanción, el del doctor Salvador Jorge Blan-co, en la presente administración, el Estado decidió desistir de laconstitución en parte civil que había sostenido en primer grado.
Para todos los casos, aparte de la lenidad de la justicia y de laausencia de voluntad política, ha habido siempre un recurso utili-zado a favor de los presuntos prevaricadores: el hábeas corpus.Con la anterior y con la actual legislación, los recursos de hábeascorpus sirven de sombrilla a la impunidad.
Este documento debe servir a las propias autoridades judi-ciales para darse cuenta de las fallas del sistema de administra-ción de justicia. La justicia es lenta a favor de los prevaricadores,y es lenta en perjuicio de la ciudadanía. También debe servir a lospolíticos en campaña y a los políticos en el poder, para que com-prueben el resultado de sus acciones, en uno u otro sentido.
El doctor Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema Cortede Justicia, el día del Poder Judicial, el pasado 7 de enero de 2004,dijo que “es preciso que la justicia sea puesta en condiciones dedar respuesta pronta y oportuna a los que acuden ante ella en labúsqueda de la solución de los conflictos propios de su compe-tencia”. Eso hay que ponerlo en práctica, porque la sed de justi-cia ha estado presente en la sociedad dominicana desde su funda-ción en 1844.
Y a modo de recordatorio, dejamos a ustedes el decálogo decómo combatir la corrupción, preparado por Participación Ciu-dadana el año pasado.
1. Trabajar para que exista un marco legal adecuado en la
lucha contra la corrupción y a favor de la transparenciaen los sectores público y privado. La plataforma
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anticorrupción presentada por diversos sectores de la so-ciedad civil en el año 2000, los resultados de la evalua-ción del plan nacional de Prevención y Lucha contra laCorrupción y del Seminario Internacional de Aplicaciónde la Convención Interamericana Contra la Corrupciónofrecen importantes propuestas para lograr este objetivo.En este sentido, hacemos un llamado al Congreso Nacio-nal para que coloque en agenda y apruebe en la próximalegislatura diversos proyectos de leyes sometido a su con-sideración en los últimos años, tales como: el de Contra-taciones de Obras y Servicios del Estado, el de Acceso ala Información Pública, la reforma de la Ley de Declara-ciones Juradas de Bienes, el que crea la FiscalíaAnticorrupción, la modificación de las leyes de la Cáma-ra de Cuentas y la Contraloría General de la República, lade Presupuesto. Los miembros del Congreso deben man-dar un claro mensaje a la ciudadanía de que aportarán lavoluntad política necesaria en esta lucha de todos. Y elPresidente de la República debe dar el ejemplo aplicandopor decreto aquellas disposiciones de los proyectos de le-yes pendientes de aprobación que no impliquen una vio-lación a disposiciones legales y constitucionales vigentes.Un primer paso podría ser la aplicación por la vía admi-nistrativas de normas más estrictas para el otorgamientode obras públicas y la compra de bienes y servicios porparte del Gobierno hasta tanto sean aprobadas nuevasdisposiciones legales al respecto.
2. Que se fortalezca la capacidad técnica operativa del Con-greso Nacional de manera que cumpla el rol de fiscalizadorde la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, pres-tando atención al uso en los gastos discrecionales que seproducen en la administración pública, tal como lo con-signa la Constitución de la República.
3. Que los organismos gubernamentales y las organizacio-nes que reciben fondos estatales lleven a cabo procesosde rendición de cuentas obligatorios. Que se creen estos
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mecanismos de rendición de cuentas con la participaciónactiva de las organizaciones de la sociedad civil y la ciu-dadanía en general, tal como lo contempla el proyecto deLey de Participación Social.
4. Que las organizaciones de la sociedad civil y la ciudada-nía en general participen activamente en las Comisionesde Auditoría Social creadas por el Decreto 38-2003 y secreen las condiciones que faciliten esta participación. Estascomisiones deben abarcar a todas las instancias del Esta-do que realizan inversión en obras públicas.
5. Ofrecer todo el apoyo necesario a la Oficina de Adminis-tración de Personal (ONAP) para que la Ley de ServicioCivil y Carrera Administrativa, sea aplicada de manerageneralizada.
6. Solicitar que el presupuesto del Departamento de Pre-vención de la Corrupción Administrativa sea aumenta-do substancialmente, con el fin de que este organismoadscrito a la Procuraduría General de la República, pue-da ejecutar con eficiencia y eficacia el Plan Nacionalde Prevención de la Corrupción que elaboró en el año2001.
7. Hacer un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Públi-co para que se imparta justicia con objetividad, imparcia-lidad y celeridad en los casos de corrupción que se hanencuentran en los tribunales y aquellos que sean presen-tados en el futuro. Que el Procurador General de la Repú-blica tramite hacia los tribunales los casos de Corrupcióninvestigados por el Departamento de Prevención de laCorrupción y que permanecen en su despacho.
8. Reforma Institucional de la Administración Pública, quefortalezca los pasos dados en los organismos de controlque tiene el Estado dominicano. Fortaleciendo el controlautomatizado de los procesos financieros con suconectividad vía la Internet.
9. Recomposición y funcionamiento del Consejo Asesor enMateria y Lucha Anti Corrupción, mediante la incorpora-
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ción de representantes del Congreso, del Poder Judicial yla Cámara de Cuentas, entre otros.
10. Las autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo yPoder Judicial deben ofrecer a la ciudadanía claros men-sajes de que las prácticas no éticas serán sancionadas ejem-plarmente sin excepciones y sin dilaciones.
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Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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Resultados de lainvestigación
La ubicación y determinación de la situación de casos rela-cionados con hechos de corrupción administrativa, es el fruto deuna búsqueda exhaustiva en todas las instancias de los órganosjudiciales, en el Distrito Judicial del Distrito Nacional1, el Depar-tamento de Prevención de la Corrupción y la prensa escrita de losaños 1983-1997.
La investigación de los casos de corrupción denunciados ensedes judiciales, en los últimos 20 años, revela la existencia dedoscientos veintisiete (227) casos de corrupción que fueron loca-
1 Estas instancias fueron también examinadas en el Distrito Judicial de Santiago de losCaballeros.
DEPRECOJuzgado de InstrucciónCamara CalificaciónCamara Penal Juzgado Primera InstanciaSuprema Corte de JusticiaDecisiones Judiciales DefinitivasCasos privados vinculados al sector públicoCamara Penal de la Corte de ApelaciónProcuraduría a la espera de dictamenOtrosTotal
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lizados en las diferentes instancias judiciales y el Departamento dePrevención de la Corrupción, en el periodo enero 1983 – octubre2003.
De los supuestos casos detectados:
• Ciento cincuenta y cinco (155) corresponden a eventua-les irregularidades en el manejo del gobierno central e ins-tituciones descentralizadas
• Cuarenta 40 casos de denuncias en el DEPRECO sobreactuaciones irregulares de funcionarios del poder judicial.
• Veinticinco casos (25) fueron denunciados de situacionesirregulares cometidas por funcionarios municipales.
• Finalmente, se registraron 7 casos relativos a fraudes eninstituciones bancarias con importante relación de causaefecto con la administración del Estado.
En total, como muestra el gráfico, sumados estos últimos selocalizaron 227 casos, aunque es de reconocer que muchos deellos son simples denuncias sin la debida sustentación.
Ennumeración de casos de corrupción por ámbito
Casos de manejofraudulento eninstitucionesbancarias
Casos deactuacionesirregulares defuncionarios delpoder judicial
Denunciasconcernientes afuncionariosmunicipales
Casos de supuestasirregularidades enel gobierno centrale institucionesdescentralizadas
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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Los 155 casos localizados en las diferentes instancias judiciales yel Departamento de Prevención de la Corrupción coorespondientesal gobierno central e instituciones descentralizadas se analizarán acontinuación, de acuerdo a la situación y la fase en que se encuen-tran:
Casos con decisiones judiciales definitivas
Seis (6) casos han sido resueltos definitivamente por las ins-tancias judiciales2, durante el período estudiado, para un 3.9%del total de casos ubicados.
Sólo el licenciado Rafael Flores Estrella, acusado de desfalco yabuso de confianza en perjuicio del estado dominicano ha sido con-denado, por desfalco, por la Suprema Corte de Justicia3, a nueve (9)meses de prisión correccional, multa por un poco más de quince mi-llones de pesos y un millón de pesos de indemnización en provechodel Estado dominicano. Tres (3) meses y cuatro (4) días después dela Sentencia, mediante Decreto No. 372-88, firmado por el entoncesPresidente doctor Joaquín Balaguer, el licenciado Flores Estrella fueindultado. Sin embargo, además del tiempo que permaneció despuésde la condena, se mantuvo en prisión preventiva desde el 12 de agos-to de 1987 hasta el 12 de mayo de 1988, cuando se emitió la senten-cia, para un total de un (1) año y cuatro (4) días en prisión. El licen-ciado Flores Estrellas solicitó en varias ocasiones a la Suprema Cortede Justicia la fijación de una fianza para obtener su libertad provisio-nal y siempre le fue negada la petición.
La acusación de abuso de confianza fue desestimada por laSuprema Corte de Justicia, quien además valoró la existencia decircunstancias atenuantes a favor del acusado, para condenarlo aprisión correccional de nueve meses y no a prisión de reclusiónque es una pena criminal.
2 Un caso se considera definitivamente resuelto, cuando la sentencia que interviene adquiereautoridad de cosa juzgada: No se puede interponer ningún recurso contra la misma.3 El licenciado Flores Estrella fue juzgado por la Suprema corte de Justicia en Única yÚltima Instancia, por ser diputado y gozar de jurisdicción privilegiada.
Participación Ciudadana
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Los inculpados en los restantes cinco (5) casos fallados conautoridad de cosa juzgada, han sido descargados de responsabili-dad. Hasta la fecha, nadie ha sido condenado a penas criminales,por corrupción, en los últimos veinte años.
El más relevante de estos casos decididos es el del doctorSalvador Jorge Blanco, por tratarse de un ex Presidente de laRepublica. El doctor Jorge Blanco fue acusado, junto a otraspersonas, de atentado a la libertad individual, prevaricación,asociación de malhechores y estafa en perjuicio del Estadodominicano. Posteriormente, fueron condenados en primer gra-do, a la pena de veinte años de reclusión, multas eindemnizaciones en favor del Estado dominicano. Pero la sen-tencia de primer grado fue anulada por la Primera Sala de laCámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,en fecha 9 de mayo del 2001. Al día siguiente, la misma Sala,declaró no culpables a todos los inculpados, por no haber co-metido los hechos.
Alrededor de trece años transcurrieron entre las sentencias deprimer y segundo grado, coincidiendo el conocimiento del recur-so de apelación contra la sentencia de primer grado con los si-guientes hechos:
• El partido del ex Presidente acusado había vuelto al po-der.
• El Estado, administrado por ese partido, desistió de laconstitución en Parte Civil que había sostenido en primergrado y en parte del proceso de segundo grado, contra losinculpados.
• El Ministerio Público varió su posición frente a los preve-nidos para favorecer que fueran descargados.
El proceso y la sentencia de primer grado que condenó a losinculpados contrastan con los de segundo grado, pues mientrasen primera instancia se analizaron cientos de documentos conte-niendo miles de páginas y se escucharon a decenas de testigos einformantes durante varias semanas de debate, en la Corte hubo
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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una reducida instrucción del expediente. El tribunal de alzada selimitó a escuchar al Ministerio Público, los acusados y sus aboga-dos, que no produjeron debate propiamente dicho, porque hubocoincidencia, en lo fundamental del proceso. La Primera Sala dela Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacionalacogió el pedimento de los acusados, sin oposición del MinisterioPúblico, de anular la sentencia de primer grado, alegando viola-ción al derecho de defensa. Anulada la sentencia, quedó sin efec-to toda la instrucción de primer grado, reduciéndose el expedien-te al documento de la “famosa denuncia querella” presentadapor el doctor Marino Vinicio Castillo. No hubo oportunidad deponderar los testimonios de la gran cantidad de testigos que de-pusieron en el juicio ni la abundante documentación presentadaen el proceso.
Anulada la indicada sentencia y con ella, las actas que conte-nían los testimonios y la documentación que pretendía sostenerla acusación, el juicio debió partir de cero y no habiéndose proba-do los hechos imputables a los prevenidos, éstos fueron descar-gados.
La sentencia de primer grado fue ampliamente motivada,mientras que la de segundo grado no contiene motivaciones paraproducir el descargo. (Es una práctica contraria a la Ley, que lascortes de Apelación no motivan las sentencias que no son recu-rridas en casación).
Por otro lado, el caso del ex Administrador del Banco Agríco-la, Adriano Sánchez Roa, merece algunos comentarios. ContraSánchez Roa se presentaron tres querellas conteniendo acusacio-nes de atentado a la libertad, falsificación, prevaricación, asocia-ción de malhechores, robo, estafa y abuso de confianza, en per-juicio del Estado, en el año 1998. Se produjo una providenciacalificativa, enviándolo por ante el tribunal criminal, por lo quese apoderó a la Tercera Sala de la Cámara Penal, del Juzgado dePrimera Instancia del Distrito Nacional, para conocer del juiciode fondo, sobre los hechos imputables. Esta Sala decidió enviarde nuevo el expediente al mismo Juzgado de Instrucción que ha-bía producido la Providencia Calificativa, para que realizara una
Participación Ciudadana
- 96 -
instrucción suplementaria del caso, bajo el alegato de que el pre-venido no había sido interrogado en instrucción.
El expediente nunca regresó a la Tercera Sala, ya que la decisióndel Juzgado de Instrucción fue emitir un auto de no ha lugar a laspersecuciones criminales, en fecha 30 de julio del 2003, el cual al noser apelado adquirió la autoridad de cosa juzgada. Las decisiones delos Jueces de Instrucción sólo pueden ser revocadas por una Cámarade Calificaciones. La realización de una instrucción suplementariano debería culminar con un auto de no ha lugar a persecuciones cri-minales, si ya se ha producido una providencia calificativa.
Durante el proceso principal, en el año 1998, el señor SánchezRoa no fue interrogado, ni apeló la Providencia Calificativa, por-que cuando se presentó la denuncia de los supuestos hechos quehabría cometido, abandonó el país, regresando, poco tiempo an-tes de que la Tercera Sala iniciara el conocimiento de su expe-diente. Vencido el plazo para apelar la decisión del Juzgado deInstrucción, la instrucción suplementaria evitó el juicio criminal,el juez actuante fue Ruben Dario Cedeño Ureña.
Cuatro de los seis fallos definitivos que hemos documentadose produjeron en el período constitucional 2000-2004, culminan-do todos con sentencias de descargo, teniendo dos de ellos, elelemento común de que fueron denunciados como hechos su-puestamente ocurridos, en el período constitucional 1982-1986.
Otro de los casos fue decidido con sentencia de condenaciónen el período 1986-1990, pero tres meses después de la condenael inculpado fue indultado. El caso restante, fue decidido consentencia de descargo, al final del período 1996-2000.
Los seis casos fallados representan, de acuerdo con las acusa-ciones, una suma de dinero superior a los trescientos millones depesos dominicanos, en perjuicio del Estado y pueblo dominica-no. Sólo una sentencia condenando a un inculpado a pagarRD$15,772,256.53 de multa y un millón de pesos de indemniza-ción en provecho del Estado, adquirió autoridad de cosa juzgada,pero no encontramos documentación que nos indique que las re-feridas sumas de dinero fueron pagadas, ya que como se ha dichoel condenado fue indultado.
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Los casos fallados definitivamente involucran cuarenta y uno(41) inculpados, de los cuales 40 han sido descargados y 1 fueindultado, después de ser condenado.
Casos pendientes de decisiones judicialesdefinitivas
Veintiséis (26) casos de corrupción se encuentran en las dife-rentes instancias judiciales, pendientes de decisiones, represen-tando un 20% del total de procesos identificados. Los mismos seencuentran distribuidos en las siguientes instancias judiciales: Uno(1) en la Procuraduría General de la República para fines de dic-tamen; Nueve (9) en Juzgados de Instrucciones; Dos (3) en laCámara de Calificación del Distrito Nacional; Diez (10) en Salasde la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DistritoNacional; Uno (1) en la Primera Sala de la Cámara Penal de laCorte de Apelación del Distrito Nacional y Dos (2) en la Supre-ma Corte de Justicia en funciones de Tribunal Criminal.
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El tiempo promedio que transcurre entre el sometimiento a lajusticia y la decisión de los Juzgados de Instrucción, es de 13meses.
Los casos decididos mediante sentencias definitivas, tarda-ron entre 14 y 15 años.
A pesar de la mejoría en el tratamiento de la corrupción,seguimos encontrando reticencia por parte de los empleados dela justicia para dar información sobre los casos de corrupción.La burocracia limita el acceso a los procesos, sobre todo a losmás antiguos y en las instancias más altas. Y lo que es más graveaún, no contamos con fallos definitivos que condenen estosactos.
Nota Aclaratoria: Los casos pendientes de fallos implican a ciento sesenta y seis(166) acusados de corrupción, en los últimos veinte años, los cuales se encuentranen libertad provisional bajo fianza.La suma de dinero envuelta en estos casos pendientes de decisión en la justicia,supera los mil quinientos millones de pesos.
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Casos pendientes de investigación en elDEPRECO
Noventa y cinco (95) casos se encuentran en proceso de in-vestigación, lo que equivale a un 50.3% del total de casos decorrupción localizados, correspondientes a los Poderes Ejecuti-vo y Legislativo. Sesenta y cuatro (64) casos han sido desestima-dos, es decir un 34.6% y catorce (14) remitidos al ProcuradorGeneral de la República con recomendación de sometimiento ju-dicial, correspondientes a un 9.7% del total de casos en elDEPRECO. Finalmente, diez (10) fueron declinados a otras ins-tancias judiciales y dos (2) casos cuyo situación no pudo ser de-terminado.
No todos los casos que el DEPRECO investiga concluyencon una recomendación de sometimiento judicial. Muchos sondesestimados por falta de indicios de culpabilidad. Tampoco sonnecesariamente sometidos a la justicia todos los casos recomen-dados a tales fines, pues el Procurador General de la Repúblicano está atado por la recomendación de uno de sus procuradoresadjuntos, calidad que ostenta el director del DEPRECO. Estoquiere decir que el Procurador podrá someter o no un caso, aten-diendo a diferentes criterios. En ocasiones uno de los criterios hasido el principio de oportunidad, enunciado en la Ley 78-03 so-bre el Estatuto del Ministerio Público.
Tiempo de investigación en el DEPRECO
Tiempo promedio actual en instrucción
Tiempo para sentencia definitiva
Tiempo Promedio de los procesosProceso Tiempo
7 meses
13 meses
8.5 años
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Otro aspecto importante a destacar, es el tiempo que tardanlas denuncias de corrupción en ser investigadas en el DEPRECO,para recomendar su sometimiento a la justicia o desestimarlas.
El DEPRECO tarda alrededor de siete (7) meses promediopara desestimar o recomendar el sometimiento a la justicia. Perotienen casos pendientes de investigación desde el año 2000. Másde tres años después de presentada una denuncia.
Pueden observarse diferencias en el tratamiento de la corrup-ción, antes y después de la creación del DEPRECO. Anterior-mente, los casos que llegaban a la justicia eran muy aislados ysólo eran sometidos, como ya hemos indicado, durante el gobier-no siguiente a aquel en el cual se “cometieron” los actos de co-rrupción. En la actualidad, encontramos casos de corrupción so-metidos a la justicia donde están involucrados funcionarios delmismo gobierno de turno.
Pese a que la existencia del DEPRECO es un paso de avan-ce, la lucha contra la corrupción sigue siendo lenta. Aún cuandoes palpable el incremento de los casos de corrupción que salen a
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la luz pública y son investigados, la mayoría de los que se some-ten a la justicia son los de menor trascendencia o solamente aque-llos que responden a conveniencias políticas de los gobiernos.Casos que involucran a personalidades influyentes permanecenengavetados o simplemente reposan en alguna instancia de la jus-ticia, sin ser aún conocidos. Entre otros, podemos citar los casossiguientes: Un caso Juan Marichal, se mantiene en el despachodel Procurador General de la República, a pesar de haber sido reco-mendado su sometimiento; lo mismo ocurre con las “Obras Priori-tarias del Estado” del período 1996-2000; el proceso de AnisiaRissi (Dirección de Aduanas), a pesar de tener varios años en laQuinta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instanciadel Distrito Nacional, hasta la fecha aún no ha sido fallado.
Casos que involucran a miembros delpoder judicial
De cuarenta (40) casos de denuncia que involucran a funcio-narios del ámbito judicial, veintidós (22) han sido desestimadospara una proporción de 55%, nueve (9) se encuentran en procesode investigación para un 22.5%, y nueve (9) se encuentran conrecomendación de declinatoria para un 22.5%.
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A esto hay que agregar que de los casos identificados en esteámbito, veinticinco (25) para un 62.5% corresponden a trece(13) procuradurías fiscales. De estos, trece (13) pertenecen alactual período de gobierno y doce (12) casos no fueron identifi-cados los períodos de gobierno.
De los veinticinco (25) casos de denuncia a procuradurías,dieciséis (16) fueron desestimadas, cinco se encuentran enproceso de investigación y cuatro (4) se encuentran con re-comendación de declinatoria ante diferentes instancias judi-ciales.
A diferencia de otras denuncias, estos procesos fueron abor-dados con cierta celeridad en comparación con otros expedientesque reposan en el DEPRECO, si tomamos en cuenta que el tiem-po promedio de desestimación fue de ocho meses. Un elementoa tomar en cuenta es que la mayoría de las denuncias están referi-das a las funciones de estos representantes del Ministerio Públicotales como; supuesta orden de libertad irregular, supuesta parcia-lidad, abuso de poder, denegación de justicia y embargo irregular,entre otros.
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A pesar de este último dato, la alta tasa de denuncia queinvolucra a procuradores fiscales o sus asistentes mueve a pre-ocupación, dada la responsabilidad que tienen estos en el proce-so de impartir Justicia y la importancia que tiene para el cumpli-miento de esta labor la confianza y respeto hacia la figura de losprocuradores fiscales; unido al hecho de que al ser el Departa-mento de Prevención de la Corrupción Administrativa una ins-tancia dependiente directa de la Procuraduría General de la Re-pública, las investigaciones y posterior toma de decisiones sobreestos funcionarios podrían verse parcializadas.
Casos concernientes a funcionarios municipalesque siguen en el departamento de prevención dela corrupcion administrativa (DEPRECO).
Los casos identificados son veinticinco (25) e involucran adieciséis (16) ayuntamientos. Por lo menos cinco de estos ayunta-mientos tienen en su haber más de una denuncia de corrupción;estos son el Distrito Nacional, Las Yayas, Sosúa, Neiba yBarahona.
Aunque en sentido general las denuncias están referidas asupuestas irregularidades, destaca el hecho de denuncias vincula-
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das a venta de solares municipales, expedición irregular de per-misos de construcción o de instalación de plantas de gas.
Un hecho a resaltar es que sólo tres organizaciones socialesaparecen como denunciantes en sus respectivos municipios, sonestas: el Movimiento Defensor de Villa Altagracia, Fundación ProDefensa del Derecho de Propiedad (FUNDEPRO) y la Funda-ción de Desarrollo de Sabana de la Mar. Los restantes denuncian-tes son personas individuales y en algunos casos síndicos entran-tes o bloques de regidores de partido diferente al del síndico.
En la actualidad la situación de los casos denunciados es elsiguiente; trece (13) se encuentran en proceso de investigaciónen el DEPRECO, para un 59.9%; Seis (6) desestimados o enproceso de desestimación, para un 27.2%; tres (3) con recomen-dación de sometimiento a la Justicia, para un 13.6%; uno (1) conrecomendación de auditoría, para un 4.5% y uno (1) en la Cáma-ra de Calificación del Departamento Judicial de San Cristóbal,para un 4.5%.
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Casos de corrupción privada vinculadosal sector público
La presente investigación fue concebida para analizar la co-rrupción en el Estado y, más concretamente, en el Poder Ejecuti-vo. Pero en el curso de la misma, hemos encontrado casos queaunque se atribuyen a personas que no trabajan para el gobierno,sus efectos son lesivos para el Estado y su ocurrencia no seríaposible sin, por lo menos, una falta o negligencia de algún funcio-nario estatal. Nos referimos a los bancos quebrados y al consumomillonario de una Tarjeta de Crédito, por parte de un oficial mili-tar al servicio del Poder Ejecutivo.
Bancos quebrados
Por la suma de dinero envuelta en la quiebra del Baninter ypor la repercusión que las autoridades gubernamentales atribu-yen a este hecho en la actual crisis monetaria e inflacionaria, estees el más importante de los casos que hemos llamado “vincula-dos”.
El Banco Intercontinental S.A. surge a finales de la década delos ochenta, y años después asume, con una generosa ayuda delBanco Central, la compra del quebrado Banco del Comercio, en-grosando su patrimonio y ampliando su radio de acción en toda lageografía nacional.
Su trayectoria se enmarcó en una carrera vertiginosa de am-pliación de sucursales, proyección de imagen y sistema publicita-rio exagerado que aparentaba una fuerte solidez en el mercado,transmitiendo al público una confianza y seguridad que le permi-tió alcanzar en los últimos tiempos, según las cifras publicitadas,entre un segundo y tercer lugar del sistema financiero nacional.Después se descubrió que las cifras publicadas estaban falseadasy que, al incluir las operaciones ocultas, en realidad era el bancomás grande del mercado.
De la misma manera que amplió su capital, usó el dinero delos depositantes para realizar inversiones en “empresas vincula-
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das”, hacer donaciones a instituciones y personas de diferentessectores y adquirir cuantiosos activos.
Unos ocho meses antes de estallar la crisis denominada como“Agujero de Baninter”, en los medios de comunicación serumoraba la situación de quiebra de esta entidad. La primera re-acción del Banco Central fue inyectarle liquidez por medio delmecanismo del otorgamiento de redescuentos, aunque sobrepa-sando el límite legalmente establecido. Posteriormente, cuandose descubre que no se trataba de un simple problema de iliquidez,sino de insolvencia como efecto de un enorme fraude, entoncesel Banco Central asume las operaciones de Baninter y comenzódirectamente a devolverle el dinero a los depositantes por cuentade los contribuyentes. En ese momento se violó por completo elordenamiento jurídico, echando al cesto de los desperdicios larecién promulgada Ley Monetaria y Financiera.
El 13 de mayo del 2003 en una comparecencia pública, elgobernador del Banco Central, José Lois Malkum, declara un “frau-de colosal”, imputándole a su presidente y dos funcionarios delbanco, una acusación de estafa, abuso de confianza, expediciónde cheques sin fondos y lavado de activos.
El 14 de mayo del 2003, luego de recibir una querella de losabogados del Banco Central, el Ministerio Público toma los me-dios de comunicación propiedad del presidente del banco, inter-viniendo los mismos amparados, en la Ley 72-02 de lavado deactivos. Baninter sin embargo no es tocado, ya que previamentehabía quedado bajo la supervisión y manejo del Banco Central,para su posterior liquidación y entrega de los dineros de losahorristas, según las autoridades.
En esa misma fecha es apresado el señor Ramón Báez Figueroajunto a sus vicepresidentes Marcos Báez Cocco y Vivian Lubranode Castillo. Posteriormente es arrestado Luis Álvarez Renta, bajoacusación de coautor de lavado de activos, de quien se ha dichoera asesor del grupo Baninter, y el abogado del referido banco,Jesús María Troncoso Ferrúa.
A la caída de Baninter, le siguieron el Banco Nacional de Cré-dito y el Banco Mercantil. El propietario y un directivo del
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Bancrédito tendrán que presentarse ante un Juez de Instrucción,ya que la Jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción delDistrito Nacional, pese al requerimiento negativo del fiscal, con-sideró que en el caso existen indicios serios que comprometen laresponsabilidad penal de los indicados directivos. Sin embargo,ninguno está ni ha estado preso.
El caso Baninter, más los otros dos bancos en que aparecie-ron situaciones de manejo fraudulento, constituye el caso de co-rrupción más importante y nefasto de la historia nacional conoci-da hasta hoy, a juzgar por la gran cantidad de agentes, de diversasinstancias públicas y privadas, que tuvieron algún nivel de víncu-lo o recibieron algún beneficio, pero sobre todo, por su impactoen la economía nacional y particularmente sus efectos sobre lapoblación más pobre. En realidad, este fraude bancario es el casode corrupción que más directamente ha afectado la vida cotidia-na de la gente, pues, al decidir el Gobierno cubrir el agujero conla emisión de miles de millones de pesos inorgánicos, ha obligadoa sectores de todas las clases sociales a cargar con costos que nole correspondían.
Aunque en un primer momento se habló de que se trataba deun agujero de RD$55,000 millones, a lo que se agregarían otrosRD$20,000 millones de Bancrédito y RD$5,000 millones delMercantil, lo cual conjuntamente sumaría 80,000 millones de pe-sos, la realidad es que la operación de salvamento ya ha costadoal pueblo dominicano una suma superior a los RD$108,000 mi-llones, como se muestra en el gráfico siguiente (más de 6,000millones de dólares a la tasa de cambio del momento en que ocu-rrió la irregularidad), creando una crisis económica de la cual to-davía no se perfila solución.
Desde que el Banco Central comenzó a emitir dinero, de ma-nera ilegal, para salir en auxilio de Baninter, bajo el argumentode que se quería evitar contagio hacia todo el sistema bancarionacional, inmediatamente comenzó a devaluarse la moneda na-cional, y esto a su vez ha generado un proceso inflacionario queha terminado de golpe con doce años de crecimiento económicoy estabilidad de que disfrutaba el país. De hecho, en el gráfico
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siguiente se puede apreciar claramente que el incremento de laemisión monetaria, como efecto del salvamento bancario, es loque se ha traducido de inmediato en elevación de la tasa de cam-bio.
Pero eso no es lo peor. Si todo el dinero que el Banco Centralemitió estuviera circulando, entonces el impacto habría sido mu-cho más terrible. Pero para contrarrestar esto, una vez emitido eldinero, el Banco Central ha intentado recoger una parte, para locual se ha dedicado a una carrera de emisión de Certificados deInversión a altas tasas de interés. De esta forma se ha creado unaenorme deuda cuasifiscal de la cual todavía no sabe cómo salir.
Entiéndase que sólo para poder pagar los intereses se hantenido que crear nuevos impuestos, al tiempo que el Gobiernoha tenido que reducir su gasto en inversiones y en servicios so-ciales. Por ejemplo, en el año 2004 se estima que se destinarátres veces más dinero al pago de intereses que lo gastado eneducación.
Al mismo tiempo, la devaluación que sobrevino a esta granemisión de dinero indujó que se encareciera enormemente el cos-to de la generación eléctrica. Por temor a traspasarle este costo ala población el Gobierno se vio comprometido a otorgar a lasempresas eléctricas un fuerte subsidio, pero al no tener suficientedinero para sufragarlo, se ha generado una grave crisis de sumi-nistro eléctrico.
Tanto la inflación como los apagones, sumados a los nuevosimpuestos y la reducción del gasto público social y de inversión,han provocado un proceso de empobrecimiento de la poblacióndominicana que la han devuelto a los niveles de vida que desdehace décadas habían sido superados, haciendo del escándaloBaninter el más costoso socialmente de los casos de corrupciónconocidos.
El tratamiento de los casos bancarios ha sido diferente. A losdirectivos del Bancrédito, por ejemplo, se les permitió negociarcon otras entidades bancarias sus activos, sus carteras de présta-mos y de tarjetas de crédito, dejándoles las empresas vinculadas,bajo el compromiso de pagar en plazos determinados, como deu-
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da, las sumas que el Banco Central había dado como avances yredescuentos, para “evitar la quiebra” de ese banco. En principio,no se presentaron acusaciones penales. Cuando se hizo, no se in-cluyó lavados de activos entre los posibles crímenes. Después deconsumadas las transacciones con el Estado y las entidades queadquirieron este banco, el Banco Central se querelló contra susdirectivos, bajo la acusación de haber cometido un supuesto frau-de, superior a los 20,000 millones de pesos, pero, el Presidente dela Republica impidió que fueran apresados.
Lo mismo ocurrió con el Banco Mercantil. Sin embargo, eneste caso, hasta la fecha no se ha producido ningún sometimientopenal contra sus ejecutivos o propietarios.
Los casos de bancos quebrados ponen en evidencia un eleva-do componente selectivo para enfrentar la situación ante igualeso parecidos argumentos para explicar la quiebra de los bancos, lasautoridades no son coherentes al actuar frente a los hechos.
Por otro lado, se destaca el valor y la responsabilidad paradescubrir y develar las causas de las quiebras, nada se dice delas autoridades monetarias, sin cuyo concurso de acción, falta onegligencia, no sería posible lo ocurrido. Si las acciones defini-das como fraudulentas pudieron ser encubiertas por tantos años,es obvia la falta de la autoridad, respecto a su obligación decontrolar y fiscalizar la actividad bancaria aún suponiendo queel hecho pudo ser ocultado, sin falta ni negligencia de parte dela Superintendencia de Bancos y el Banco Central, la culpa ofi-cial se hace evidente, al otorgar créditos y redescuentos por al-rededor de 110,000 millones de pesos, una vez conocida la si-tuación.
En el momento en que los referidos bancos solicitaron crédi-tos por iliquidez, si no se conocían las causas de las mismas, eraobligatorio determinarlas antes de otorgar el crédito. Sin embar-go, éste no fue el proceder de la autoridad monetaria, la cual sinsin observar estas causas, otorgó un crédito muy superior al quepermite la ley. Posteriormente, se presentó una querella penal,sólo contra los banqueros, dejando sin explicación, porqué no seobservó la ley para actuar.
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Para mayor ilustración veamos lo que dice el Código Moneta-rio y Financiero, en su artículo 33: Alcance y Prohibiciones.
a) “Alcance. La Junta Monetaria reglamentariamentedeterminará las circunstancias en las que el Banco Cen-tral podrá otorgar crédito a las entidades de intermediaciónfinanciera con el objeto de atender deficiencias tempora-les de liquidez que no estén causadas por problemas desolvencia. El monto del crédito podrá ser de hasta unavez y media (1½ veces) el capital pagado de la entidad, ypodrá instrumentarse mediante un préstamo garantizadocon títulos, depósitos en el Banco Central, o cartera debajo riesgo, o mediante compra de títulos con pacto derecompra o mediante compra de cartera de bajo riesgo. Elvalor del colateral no podrá ser inferior a una vez y media(1½ veces) el principal del préstamo. El plazo de dichocrédito podrá ser de hasta treinta (30) días calendario.Reglamentariamente se determinará el número máximode créditos que podrán otorgarse a una misma entidad y
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la tasa de interés, la cual tendrá carácter diferenciado enfunción de los distintos objetivos regulatorios de esta fa-cilidad”.
La responsabilidad de los hechos hay que compartirla, en laproporción que corresponda a cada cual, entre los banquerosinvolucrados y la autoridad monetaria. Si el crimen fue ocultadopor tanto tiempo, porqué se viola la Ley, para tratar de encubrirlo,cuando se evidencia. Si la violación a la ley se produjo, antes deconocerse el fraude, ¿por qué se otorgan créditos tan altos antesde investigar las causas de una iliquidez tan alarmante?
Uso Tarjeta con Crédito Millonario, otorgada por Baninter
Los señores Alberto Sebastián Torres Pezzotti, Pedro JuanDíaz Ramos y Pedro Julio Goico Guerrero, fueron acusados deestafa en perjuicio del Baninter, alegándose que se habían produ-cido consumos superiores a los 40 millones de pesos, con unatarjeta entregada al jefe de la avanzada presidencial, para que la
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usara en todo lo que fuera necesario para el desenvolvimiento desus funciones.
La tarjeta, según declaraciones del jefe de la avanzada, en laFiscalía del Distrito Nacional, le fue entregada por el señor Ra-món Báez Figueroa, presidente del Baninter. Siguiendo las mis-mas declaraciones, el presidente del banco, le instruyó para queentregara los recibos de consumo, a un empleado del banco, quienrealizaría el pago de la indicada tarjeta.
Se trataba de una tarjeta otorgada por el banco a un funciona-rio oficial muy cerca del Presidente de la República, la cual seríapagada por el propio banco.
Ante el elevado consumo de la indicada tarjeta, el banco en-vió una carta a las Fuerzas Armadas, solicitándole colaboraciónpara investigar supuestas irregularidades en perjuicio del banco,donde podrían estar envueltos un empleado de Baninter y miem-bros de las Fuerzas Armadas.
Al término de la investigación realizada por las Fuerzas Ar-madas y la propia Fiscalía del Distrito Nacional, se llega a la con-clusión que el principal sospechoso de los hechos, es el señorTorres Pezzotti, imputándole al oficial jefe de la Avanzada Presi-dencial, Pedro Julio Goico Guerrero, una posible complicidad.
El Fiscal del Distrito Nacional consideró que se trataba deuna estafa en perjuicio de un particular y dio al expediente lacategoría de correccional, enviándolo por ante el Juez Presidentede las Salas Penales del Distrito Nacional, quien apoderó a laUndécima Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distri-to Nacional. Esta Sala consideró que el asunto es criminal y lodeclina por ante el Procurador Fiscal, para que éste apodere a lajurisdicción de Instrucción. Esta decisión fue apelada por los in-culpados y la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte deApelación del Distrito Nacional anuló la sentencia, por falta demotivos. Abocándose al conocimiento del fondo, declinó el expe-diente por ante la jurisdicción civil, al considerar que “no hansurgido a juicio de la Corte, elementos que hagan presumir la co-misión de alguna infracción a las leyes represivas de la Repúbli-ca”.
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Durante el tiempo transcurrido entre el apoderamiento de laSala Penal y la sentencia de declinatoria por ante la jurisdiccióncivil, el coronel Goico Guerrero se mantuvo “preso”, en la Se-cretaría de las Fuerzas Armadas, alegando razones de seguri-dad.
Otro asunto muy debatido, al inicio del proceso, fue la perti-nencia o no de que se le otorgara una fianza al coronel Goico, yaque está involucrado, junto a otras personas, en un expedientecriminal, con acusaciones de desfalco, prevaricación y estafa, enperjuicio de la Lotería Nacional.
La ingerencia política en los procesos sobrecorrupción
El matiz político no parece ser ajeno a los sometimientos a lajusticia, alegándose crímenes de corrupción. Los sometimientos“masivos” a raíz de un cambio de gobierno, podrían ser un indica-dor. Por esta razón, analizamos los casos de corrupción dentrode cada período de gobierno.
En el período analizado (1983-2003), han ocurrido seis pe-ríodos gubernamentales diferentes, aunque sólo tres cambios demando, observándose que cuando continúa el mismo partido enel poder, no se verifican sometimientos de los funcionarios delperíodo de gobierno anterior. En el período 1982-1986 no fuedetectado en los archivos judiciales ningún sometimiento a la jus-ticia por corrupción del gobierno anterior. Se trató del cambio degobierno en el año 1982, de Antonio Guzmán al doctor SalvadorJorge Blanco, ambos del Partido Revolucionario Dominicano(PRD).
Sin embargo, con la llegada al poder nuevamente del doctorJoaquín Balaguer en el año 1986, se observan una serie de denun-cias de actos de corrupción, supuestamente cometidos durante elperíodo de gobierno 1982-1986. En los diez años del mandatopresidencial de Balaguer (1986-1996), se verificó el sometimien-to de funcionarios del gobierno de Jorge Blanco, incluyendo almismo ex presidente.
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Perteneciente al período 1982-1986 (Gobierno de Jorge Blan-co), fueron localizados seis (6) casos, todos sometidos durante elperíodo siguiente de Balaguer.
En el período 1986-1996 (tres períodos de Balaguer) se loca-lizaron sólo cuatro (4) procesos, siendo uno de ellos llevado a lajusticia durante ese mismo mandato, (año 1994) y tres sometidosdurante el período de gobierno del doctor Leonel Fernández (1996-2000).
Correspondiente al período 1996-2000 (Gobierno deFernández) encontramos cuarenta y nueve (49) casos denuncia-dos como corrupción: Ocho (8) están sometidos a la justicia; uno(1) fallado; veinte (20) en proceso de investigación en elDEPRECO; catorce (14) desestimados y seis (6) remitidos al Pro-curador General de la República, en espera de ser sometidos a lajusticia.
Hay que destacar que sólo en el gobierno de Leonel Fernández,sólo fueron detectados tres casos sometidos a la justicia, corres-pondientes al gobierno anterior, 1986-1996. También se destacaque esta es la única gestión en la cual no hubo ningún someti-miento de casos por corrupción ocurrida durante su propio go-bierno.
En el presente gobierno del ingeniero Hipólito Mejía (2000-2004) es cuando más casos fueron ubicados, con cuarenta y cin-co (45), de los cuales: seis (6) están conociéndose en instanciasjudiciales; veintisiete (27) en proceso de investigación en elDEPRECO, ocho (8) desestimados y cuatro (4) remitidos al Pro-curador General de la República, en espera de ser sometidos a lajusticia.
Factores que influyen en la corrupción
En República Dominicana son muchos los factores que influ-yen en la arraigada existencia de corrupción en toda la esfera es-tatal. La falta de institucionalidad favorece en gran medida lacorrupción. Nuestras instituciones son muy débiles y esto posibi-lita que, en ocasiones, los mismos se manejen de acuerdo a crite-
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rios personales y en consonancia con los intereses de los funcio-narios de turno. A esto se une la falta de controles internos yexternos que trae como consecuencia poca o ninguna transparen-cia en la gestión de los funcionarios públicos.
Del mismo modo, el sistema de contratación pública existen-te en la actualidad permite también la concesión de privilegios yuna amplia facultad de las autoridades públicas en la asignaciónde obras del Estado y en la compra de bienes y servicios.
Por otro lado, el sistema judicial no cuenta con la suficienteindependencia para llevar a cabo una real persecución de loscorruptos. Los procesos, de manera general, se estancan en lasdistintas instancias de la justicia, transcurriendo años para diluci-dar un caso que muchas veces se resuelve, en el momento queconviene a los prevenidos. Tampoco contamos con el marco ju-rídico que sería necesario para fortalecer el sistema y prevenir ysancionar los actos de corrupción, de manera que pueda lograrsela erradicación de este grave mal.
Los autores de actos de corrupción saben que la administra-ción de justicia es débil y en muchas ocasiones flexible, por loque se preparan para resistir y enfrentar el debate de sus casos enlos medios de comunicación, que es donde mayor beligerancia seobserva. Al paso de cada gobierno se señalan cada vez más per-sonas que se han enriquecido a expensas del Estado y no pode-mos decir lo mismo de la lista de condenados. Esta situación vadesacreditando el sistema judicial, los gobiernos, los partidos y elsistema político.
Se ha argumentado, que un factor propiciador de la corrup-ción puede estar constituido por el hecho de que los salarios esta-tales no guardan relación con el mercado salarial privado. En elperíodo constitucional 1996-2000 se produjo un ajuste de salariobastante amplio y, sin embargo, desde el inicio del actual manda-to, tenemos decenas de casos reportados como corrupción, queenvuelven supuestos actos de malversación de fondos por másde RD$1,500 millones en perjuicio del Estado dominicano.
Hasta ahora, el resultado de la lucha contra la corrupción hasido que entre los casos ya fallados, y aquellos en trámite judicial,
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hay involucrados 207 personas, de las cuales ninguna está presay sólo una ha cumplido parcialmente condena. Vale decir, en Re-pública Dominicana se ha intitucionalizado la impugnidad.
Descargados
Condenado y luego indultado
Pendientes de fallo en libertad“provisional bajo fianza
Condenado y en prisión
Situación actual de las personassometidas a la justicia por corrupción
Situación No. de pesonas
Total
40
1
166
cero
207
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A la luz de los datos arrojados en la presente investigación,consideramos pertinente sugerir la necesidad de unificar en un solotexto y actualizar el crimen de corrupción, incluyendo hechos queen la actualidad no pueden ser perseguidos y sancionados, por faltade leyes que los prevean y los sancionen, extendiendo e igualandolas sanciones para alcanzar tambiés a los corruptores.
Establecer mecanismos y procedimientos expeditos y adecua-dos para reducir el tiempo de instrucción de los procesos, sinperjuicio del derecho de defensa, garantizando sanciones adecua-das a los que resulten culpables, resarcimiento moral y económi-co de los que resulten inocentes y retorno efectivo al patrimonioestatal de los fondos sustraídos.
Desde el Departamento de Prevención de la Corrupción Ad-ministrativa deben crearse los mecanismos que garanticen la im-parcialidad en los procesos de investigación incluyendo el esta-blecimiento de criterios de prioridad de los casos a investigar yestableciendo como norma la no divulgación de informacionesalusivas a los mismos antes de la determinación de indicios seriosa través de las investigaciones correspondientes.
Mientras se producen las modificaciones deseadas a la legis-lación, para garantizar la transparencia, se hace necesario aplicarla legislación vigente con rigurosidad e imparcialidad, dentro deplazos razonables, para evitar que los inculpados dirijan los pro-cesos en función de sus intereses, aprovechando circunstanciaspropicias para lograr decisiones favorables. La justicia debe sereficaz para investigar, juzgar y castigar los actos de corrupción.
Recomendaciones
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Es necesario aplicar el Estatuto del Ministerio Público, yaaprobado, en lo relativo a la constitución y funcionamiento dela Escuela Nacional del Ministerio Público y el Consejo Na-cional de Procuradores, para que el Ministerio Público, vitalen la administración de justicia, adquiera la independenciadeseada. Esto evitaría, en gran medida, que la persecución dela corrupción dependa de la conveniencia del Poder Ejecuti-vo.
Asimismo deben de ejecutarse acciones de prevención dirigi-das a:
-Aplicar la legislación vigente sobre contratación de obrasdel Estado y compras gubernamentales, para que ninguna obrapública pueda ser otorgada grado a grado, hasta tanto se aprue-be la nueva “Ley de Contratación Pública para la Adquisiciónde Bienes, Obras, Servicios y Concesiones”, que actualmentese encuentra en proceso de aprobación en la Cámara de Diputa-dos.
-Aplicar en toda su extensión la legislación sobre ServicioCivil y Carrera Administrativa y designar a los servidores públi-cos, estatales y municipales, excepto el gabinete, por concursosde oposición, supervisados por una comisión constituida porrepresentantes de los tres poderes del Estado, los ayuntamien-tos, las universidades y la sociedad civil, así como cancelar opromover a los empleados públicos por evaluaciones de desem-peño.
-Promover reformas efectivas en las estructuras y los proce-sos administrativos estatales que obliguen a las instituciones ofi-ciales a una relación interna transparente y un vínculo con la ciu-dadanía que supere el clientelismo. La ausencia de controles fa-vorece el dispendio, la deficiencia y la corrupción. Por el contra-rio, controles administrativos adecuados deben reducir la ocu-rrencia de irregularidades y facilitar el trabajo del investigadorjudicial, cuando sea requerido ante la sospecha de un acto decorrupción.
De igual modo, legislar para reformar y/o producir leyes ade-cuadas a la realidad actual sobre:
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• Contrataciones públicas y compras gubernamentales• Financiamiento de los partidos políticos, control a fin de
establecer sobre los recursos que les son otorgados• Protección a denunciantes y testigos• Libre acceso a la información en todas las instancias de la
administración pública.
Reactivar el Consejo Asesor Contra la Corrupción a fin deque asuma, con voluntad firme, la determinación de combatir lacorrupción, mediante:
a) Vigilancia permanente de la transparencia con que debenconducirse los servidores públicos.
b) Demandando rendición de cuentas a los funcionarios delEstado antes y después de asumir el cargo.
c) Dando seguimiento al cumplimiento, por parte del gobiernonacional, de la Convención Interamericana Contra la Co-rrupción, ratificada por el Estado dominicano en 1998.
d) Difundiendo los contenidos de leyes, decretos, resolucio-nes y reglamentos relativos a la gestión de la administra-ción pública y de la Convención Interamericana Contra laCorrupción.
e) Reclamando a los gobiernos de turno la aplicación de lapolíticas anticorrupción, contenida en el “Plan Estratégi-co Nacional”, diseñado esencialmente para garantizar latransparencia en la gestión pública y en caso contrarioactuar sobre quienes se aprovechan de los bienes públi-cos.
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Anexos
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivos Generales
La investigación sobre los casos de corrupción denunciadosen sede judicial durante los últimos veinte años en RepúblicaDominicana, tiene como objetivo principal identificar y localizarlos casos de corrupción del referido período 1983-2003, a losfines de determinar el curso de los mismos en la justicia.
Siendo uno de los objetivos, determinar la situación actualde los casos de corrupción denunciados en sede judicial, estaindagatoria servirá de diagnóstico del manejo que hasta el mo-mento se le ha dado a la problemática de la corrupción en nues-tro país.
Objetivos Específicos
• Realizar un inventario de los casos de corrupción identi-ficados en el período indicado, a través de la elaboraciónde una matriz contentiva de los datos referentes a dichoscasos.
• Analizar los resultados que arroja la investigación, indi-cando la situación actual en la que se encuentran los pro-cesos de corrupción (Sometimiento a la justicia, fase deinvestigación en el Departamento de Prevención de laCorrupción, Fallo definitivo).
Anexo No. 1Objetivos y metodología
de la investigación
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• Determinar la ubicación de los procesos que han sido so-metidos a la justicia, estableciendo el porcentaje de loscasos que se encuentran en las diferentes instancias delPoder Judicial y determinar el tiempo promedio que tar-dan los procesos en la justicia y en la actualidad, en elDepartamento de Prevención de la Corrupción.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
La labor de investigación para inventariar los casos de co-rrupción denunciados en sede judicial durante los últimos veinteaños (1983-2003), ha sido dividida en cuatro fases esenciales.
En una primera fase, delimitamos el amplio espectro de lacorrupción estableciendo los delitos comprendidos en esta figu-ra, a la luz de la legislación dominicana: Constitución de la Repú-blica, Código Penal Dominicano y Leyes y Decretos que sancio-nan la corrupción en diversos ámbitos.
Del mismo modo, señalamos a grandes rasgos, los delitos queen esta materia contempla el Código Penal Francés, en el enten-dido de que de allí se derivan los orígenes de nuestra legislación.Una revisión de las disposiciones legales actuales en dicho país,es a nuestro entender un elemento importante y enriquecedor.
Analizados estos aspectos fundamentales, procedimos a ini-ciar la investigación documental de campo, segunda fase de nues-tra labor. El primer paso en ese sentido fue la consulta en el De-partamento de Prevención de la Corrupción Administrativa(DEPRECO)1, de todos los casos que han sido manejados endicha dependencia de la Procuraduría General de la República,desde su creación en el año 1997.
1 Visitas realizadas en fechas 10/10/2003, 15/10/2003, 21/10/2003, 24/11/2003, 25/11/2003, 26/11/2003, 27/11/2003. Entrevistas en la Sección de Inves-tigaciones del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa(DEPRECO).
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En dicho organismo, obtuvimos entrevistas sucesivas con lapersona encargada de las investigaciones, quien nos informó sobrelos casos que están en proceso de investigación, o en curso en lajusticia. También acerca de casos antiguos que no han podido sermanejados por el DEPRECO, por encontrarse ya sometidos a lajusticia o porque nunca llegó a incoarse ninguna acción judicial.
Luego de examinados los archivos de esta entidad, se nos pro-porcionó información de los casos manejados a partir de Agostodel año 2000. Dichos casos comprenden, no sólo los denuncia-dos durante el presente período gubernamental 2000-2004, sinotambién, aquellos que corresponden al pasado período guberna-mental: 1996-2000. A partir de la recopilación de estas informa-ciones, procedimos a la elaboración de un listado provisional delos casos de corrupción localizados.
Dada la falta de información sobre posibles casos de más an-tigüedad: 1983 – 1997 y en vista de que la investigación en eltren judicial, debe hacerse partiendo de datos específicos, proce-dimos a investigar en la prensa escrita. Para ello, dedicamos va-rias semanas a la exploración de los periódicos de la época, en lahemeroteca de la Biblioteca Nacional2. Los hallazgos en la prensaescrita fueron adicionados a nuestro listado original.
Esta labor investigativa previa, nos permitió mayor celeridady efectividad en la búsqueda realizada en el órgano judicial. Ini-ciamos en la Fiscalía del Distrito Nacional3. Allí, obtuvimos unaentrevista con uno de los magistrados ayudantes4, quien desde suposición ligada estrechamente al Magistrado Procurador Fiscaldel Distrito, nos indicó, a grandes rasgos, una panorámica de al-gunos casos de corrupción que le fueron consultados.
2 Consultas en los archivos de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional en fechas13/10/2003, 14/10/2003, 15/10/2003, 16/10/2003, 17/10/2003, 18/10/2003,20/10/20003, 21/10/2003, 22/10/2003, 23/10/2003, 24/10/2003, 25/10/2003,26/10/2003, 27/10/2003, 28/10/2003, 29/10/2003, 30/10/2003, 31/10/20033 Visita realizada en fecha 27/10/2003.4 Entrevista realizada en fecha 28/10/2003.
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Sin embargo, la indagación realizada en la Fiscalía no arrojólos frutos esperados, en relación con los expedientes antiguos.Según la información recibida de empleados de esa entidad, loslibros donde se asentaba la entrada de los casos sometidos a lajusticia en dicha jurisdicción, antes del año 1994, han desapareci-do.
Luego de la búsqueda en los archivos de la Fiscalía, nos tras-ladamos a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instruc-ción del Distrito Nacional5, órgano encargado de sortear los ex-pedientes y atribuirlos a los diferentes Juzgados de Instrucción,labor ésta que anteriormente correspondía a la Fiscalía. Allí con-versamos con la Magistrada Juez Coordinadora de los Juzgadosde Instrucción6.
Del mismo modo, visitamos todos los juzgados de instruc-ción7 de la mencionada jurisdicción, donde investigamos los ca-sos de corrupción que se encuentran en esa fase del proceso judi-cial. Entrevistamos algunos de los magistrados de dichos juzga-dos8. Allí obtuvimos la información pertinente para localizar loscasos, algunos aún en dicha fase, otros ya en la fase de juicio, enalgunas de las salas de la Cámara Penal del Juzgado de PrimeraInstancia del Distrito Nacional.
El siguiente paso fue un recorrido, en el mismo tenor, por lassalas que componen la mencionada Cámara Penal del DistritoNacional. Luego, nos dirigimos a la Corte de Apelación Penal delDistrito Nacional e hicimos el mismo sondeo que hiciéramos enlos lugares antes mencionados. Para concluir con el procesoinvestigativo en todo el tren judicial de la jurisdicción del Distri-to Nacional, realizamos el rastreo correspondiente de casos quese encuentran en la Suprema Corte de Justicia.
5 Visita realizada en fecha 3/11/2003.6 Entrevista realizada en fecha 12/11/2003.7Visitas realizadas en fechas 3/11/2003, 4/11/2003, 5/11/2003, 7/11/2003,12/11/2003, 14/11/2003, 17/11/2003, 19/11/2003.8 Entrevista a la Magistrada Jueza del Juzgado de Instrucción de la Sexta Circuns-cripción del Distrito Nacional, en fecha 12/11/2003.
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No obstante, es preciso acotar que la información obtenidaen todos los órganos que componen el Poder Judicial, fue limita-da, siendo difícil el acceso a la información, en la mayoría de lasocasiones. Pese a todo esto, logramos identificar los casos exis-tentes en los archivos disponibles, en el tren judicial. Debido a lainconsistencia de los registros y la falta de estadísticas judiciales,no se descarta la posibilidad de casos no identificados. Vale des-tacar que pudimos obtener copias fotostáticas de algunas piezasde ciertos procesos judiciales trascendentales.
Nuestro último paso en esta segunda fase de investigación docu-mental de campo, fue el traslado hacia la jurisdicción de Santiago delos Caballeros, donde realizamos el mismo recorrido que en el Distri-to Nacional: Fiscalía, Juzgados de Instrucción, Salas Penales y Cortede Apelación Penal. En esta jurisdicción sólo encontramos un caso.
En relación con la tercera fase: Sistematización de la infor-mación, procedimos a elaborar una matriz contentiva de los da-tos que consideramos necesarios para reflejar de manera óptimala información compilada durante la segunda fase.
De ese modo, dicha matriz está conformada por renglonesque de manera sucesiva y horizontal, presentan:
1)- No. del proceso o denuncia (numeración hecha de acuerdo a lafecha, de manera ascendiente, del más antiguo al más reciente)
2)- Fecha del sometimiento a la justicia, de entrada del expe-diente al DEPRECO o del conocimiento público del actode corrupción
3)- Motivo de la denuncia o infracción cometida4)- Inculpado de la infracción5)- Persona, física o moral, denunciante6)- Trámite (se trata del curso seguido por el proceso en la
instancia en que se encuentra)7)- Status del proceso o denuncia en cuestión
Es preciso aclarar que la referida matriz fue dividida además,según la fase en que se encontraba el caso, en cuatro grandesrenglones:
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1)- Procesos con decisiones judiciales definitivas.2)- Procesos pendientes de decisión en la justicia: dentro de
esta fase se distinguen: a) La fase de instrucción: Juzgadode Instrucción y Cámara de Calificación b) La fase de jui-cio: Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, Cor-te de Apelación Penal y Suprema Corte de Justicia y c)una tercera categoría para ubicar un solo proceso que seencuentra en la Procuraduría General de la República enespera de dictamen.
3)- Denuncias no localizadas en sede judicial, identificadasmediante la prensa, pero no ubicadas en sede judicial, apa-rentemente por falta de sometimiento
4)- Denuncias ante el Departamento de Prevención de la Co-rrupción.
Finalmente, en una cuarta fase, realizamos el análisis de todala información recopilada, de acuerdo a los resultados materialesque arrojó el proceso de investigación documental.
El contenido de este análisis que hemos denominado “resul-tados de la investigación”, presenta a nuestro juicio, una panorá-mica bastante acabada, sobre la situación legal de los procesos decorrupción de los últimos veinte años (1983-2003), en RepúblicaDominicana.
Delimitación del campo de trabajo
La corrupción involucra la esfera estatal, especialmente el áreagubernamental, nacional y local. La primera, conformada por elgobierno central o el ejecutivo, el Congreso y el sector judicial, esdecir, los tres poderes del Estado. La segunda, por los gobiernosmunicipales o ayuntamientos.
Los actos de corrupción de mayor trascendencia son precisa-mente los que se originan en el gobierno central. Esto, debido asu hegemonía dentro de la administración estatal y al monto delos recursos envueltos, pues el poder ejecutivo es el encargado deejecutar mas del 90% del presupuesto público nacional. De he-
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cho, el área donde se han dirigido las acusaciones de corrupciónen una mayor proporción, es el gobierno central o rama ejecutiva.
La presente investigación comprende de manera principal loscasos de corrupción cometidos en el Poder Ejecutivo y dentrodel mismo, de manera más específica, aquellos que involucran lasSecretarías de Estado, las Direcciones Generales y las institucio-nes descentralizadas, conforme al organigrama del Estado domi-nicano.
Sin embargo, ciertos casos que involucran el Poder Legislati-vo no podrían dejarse de lado, a los fines de lograr una investiga-ción lo más completa posible. Dichos casos, aunque se encuen-tran en menor proporción, constituyen junto a los casos del PoderEjecutivo, la matriz contentiva de un inventario de los casos decorrupción denunciados en sede judicial durante el período 1983-2003.
Otras denuncias ante el Departamento de Prevención de laCorrupción y que competen a funcionarios del Poder Judicial y afuncionarios municipales, han sido incluidas en la presente inves-tigación en una sección distinta que sólo figura a título de refe-rencia, por no encontrarse ambos sectores dentro de los límites yalcances propuestos en la investigación. Lo mismo sucede conlas denuncias ante el referido departamento que conciernen a ins-tituciones del Poder Ejecutivo a nivel nacional, es decir, en lasdistintas provincias del país.
Asimismo, hemos incluido en nuestro estudio, casos que aun-que no constituyen actos de corrupción administrativa de mane-ra directa, por no tratarse de funcionarios públicos actuando encontra del Estado, indirectamente afectan los bienes públicos ydeben ser vinculados a la corrupción. Esto así, pues además, di-chos actos dolosos de gran magnitud, no podrían materializarsesin la actitud pasiva de la administración pública. Nos referimosa los casos del Banco Intercontinental, Pedro Julio Goico Gue-rrero, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y Banco Na-cional de Crédito.
Por todo lo antes expuesto, la delimitación del campo de tra-bajo puede resumirse de la siguiente forma:
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En cuanto al espacio:
A Nivel Territorial: Jurisdicción de los Distritos Judiciales delDistrito Nacional y de Santiago De Los Caballeros.
A Nivel Institucional:
• Corrupción en el Poder Ejecutivo (Secretarías de Estado,Direcciones Generales, Instituciones Descentralizadas).
• Corrupción en el Poder Legislativo (Miembros y emplea-dos del Senado y de la Cámara de Diputados de la Repú-blica).
• Denuncias de Corrupción de otros Poderes del Estadoante el Departamento de Prevención de la Corrupción(Poder Judicial, Gobierno Local o Municipal) y del PoderEjecutivo a Nivel Nacional.
• Corrupción en otras Esferas que de manera Indirecta afec-ta a los Bienes Públicos (Escándalos financieros de insti-tuciones bancarias).
El período del estudio abarco de 1983-2003 (Enero 1983-Octubre 2003)
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El Art. 102 de la Constitución de la República, establece que“será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquelque, para su provecho personal, sustraiga fondos públicos oprevaleciéndose de sus posiciones dentro de los organismos delEstado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtengaprovechos económicos. También serán sancionadas las personasque hayan proporcionado ventajas a sus asociados, familiares,allegados, amigos o relacionados”.
En lo que respecta al Código Penal Dominicano, éste tipificadiversos actos de corrupción en el Estado, como son entre otrosel desfalco (apropiación de valores), la concusión (cobros en ex-ceso o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar un ser-vicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), ac-tos que en conjunto configuran la prevaricación, esto es, el cri-men cometido por un funcionario público en el ejercicio de susfunciones9.
Los dos primeros artículos del Código Penal que se refieren ala corrupción, los encontramos bajo el título de “Crímenes y De-litos contra la Seguridad Exterior del Estado”. Así, el Art. 81establece que “todo funcionario público, agente o delegado delGobierno que, encargado en razón de su oficio, del depósito deplanos, de fortificaciones, arsenales, puertos, ensenadas, abras oradas, hubiere entregado uno o muchos de aquellos al enemigo, o
Anexo No. 2Legislación nacional enmateria de corrupción
9 www. procuraduría.gov.do/depreco
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a los agentes del enemigo será castigado con la pena de treintaaños de trabajos públicos. Si los planos han sido entregados a losagentes de una Potencia enemiga, aliada o neutral, la pena será lade detención”.
Asimismo, continúa el Art. 82 con lo siguiente: “cualquierpersona que, por corrupción, fraude o violencia, logre sustraerdichos planos, y los entregue al enemigo, o a los agentes de unaPotencia extranjera, será castigado como el funcionario o agentemencionado en el artículo anterior, y según las distinciones queen él se establecen.
Si dichos planos se encontraban en manos de la persona quelos entregó, sin que para obtenerlos se empleasen medios ilícitos,la pena en el primer caso del artículo 81, será la de detención; yen el segundo caso del mismo artículo, se impondrá al culpable laprisión correccional de uno a dos años”.
Luego encontramos, como “Atentados contra la Libertad”, losiguiente: “los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno,que hubieren ordenado o cometido un acto arbitrario o atentatorioa la libertad individual, a los derechos políticos de uno o muchosciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de ladegradación cívica. Sí justificaren, sin embargo, que han obradopor orden de superiores a quienes debían obediencia jerárquicapor asuntos de su competencia, quedarán exentos de la pena, laque en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado laorden”.(Art. 114)
“Si el acto contrario a la Constitución se ha ejecutado, falsifi-cando la firma de un Secretario de Estado o de un funcionariopúblico, los autores de la falsificación, y los que a sabiendashubieren hecho uso del acto falso, serán castigados con la penade trabajos públicos”. (Art. 118).
Bajo el título de “Coalición de funcionarios”, encontramoslos siguientes artículos: “Los funcionarios o empleados públicos,las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pú-blica que concierten o convengan entre sí la ejecución de medi-das y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismoobjeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán
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castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absolu-ta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos”. (Art. 123)
“Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios yempleados de que trata el artículo anterior, tiene por objeto con-trariar la ejecución de las leyes o de las órdenes del Gobierno, seimpondrá a los culpables la pena de destierro.
Si el concierto se ha efectuado entre las autoridades civiles ylos cuerpos militares y sus jefes, aquellos que resultaren autores oprovocadores, serán castigados con la reclusión, y los demás cul-pables lo serán con la pena de destierro”. (Art. 124)
“Si del concierto resultare un atentado contra la seguridadinterior del Estado, la pena de veinte años de trabajos públicos seimpondría a los culpables”. (Art. 125)
“Los funcionarios públicos, que deliberadamente hubierenresuelto dar dimisiones, con el objeto de impedir o suspender laadministración de justicia, o el cumplimiento de un servicio cual-quiera, serán castigados como reos de prevaricación y castigadoscon la pena de confinamiento”.(Art. 126)
“Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados conla degradación cívica: los jueces, fiscales o suplentes, y los oficia-les de policía que se hubieren mezclado en el ejercicio del PoderLegislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones le-gislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes odeliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promul-garán”. (Art. 127)
“Se castigará con la misma pena, los jueces, fiscales o sussuplentes, y los oficiales de policía que se excedieren en sus atri-buciones ingiriéndose en materias que correspondan a las autori-dades administrativas, ya sea que reglamenten en esas materias, oya que prohiban que se ejecuten las órdenes que emanen del Go-bierno”. (Art. 128)
“Además de las penas señaladas en los artículos de esta sec-ción, se podrá condenar a los culpables a los daños y perjuiciosque hubieren ocasionado”. (Art. 129)
“Los Gobernadores de provincias, los Ayuntamientos, síndi-cos y demás administradores, serán castigados con la degrada-
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ción cívica, cuando se injieran en el ejercicio del Poder Legislati-vo, tomando disposiciones o dictando providencias generales,cuyas tendencias sean intimar órdenes o prohibiciones a los tri-bunales. (Art. 130)
“En igual pena incurrirán los empleados administrativos indi-cados en el artículo anterior que usurparen atribuciones judicia-les, injiriéndose en el conocimiento de derechos e intereses priva-dos de la jurisdicción de los tribunales, y que después de la recla-mación de las partes o de una de ellas decidieren, instruyeren ohicieren recomendaciones a las autoridades judiciales para queciñan sus actuaciones, decisiones o fallos, al interés o criterioparticular de aquellos”. (Art. 131)
Los dos siguientes artículos los encontramos bajo “Falsedaden escritura Pública o Auténtica” El Art. 145 establece que “serácondenado a la pena de trabajos públicos el empleado o funcio-nario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometiere fal-sedad, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica, alteran-do la naturaleza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo enun acto la intervención o presencia de personas que no han teni-do parte en él, intercalando escrituras en los registros u otros ac-tos públicos después de su confección o clausura”.
“Serán además castigados con la pena de trabajos públicos:todo funcionario u oficial público que, en el ejercicio de su minis-terio, hubiera desnaturalizado dolosa y fraudulentamente la sus-tancia de los actos y sus circunstancias, redactando convencio-nes distintas de aquellas que las partes hubieren dictado o formu-lado; haciendo constar en los actos, como verdaderos, hechosfalsos, o como reconocidos y aprobados por las partes, aquellosque no lo habían sido realmente; alterando las fechas verdaderas,dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, omanifestando en ella cosa contraria o diferente de lo que conten-ga el verdadero original” (Art. 146).
Siguiendo el orden de nuestro Código Penal, “De la Prevari-cación, y de los Crímenes y Delitos cometidos por los Funciona-rios Públicos en el ejercicio de sus funciones”, constituye el próxi-mo título relativo a la corrupción. Así, dentro de éste, el Art. 166,
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establece que “el crimen cometido por un funcionario público enel ejercicio de sus funciones, es una prevaricación”. El Art. 167.señala que “la degradación cívica se impondrá al crimen de pre-varicación en todos los casos en que la ley no pronuncie penasmás graves”. Y el Art. 168 aclara que “los simples delitos no cons-tituyen al funcionario público en estado de prevaricación”.
La Prevaricación “es el delinquir de los funcionarios públicosque a sabiendas o por ignorancia inexcusable, dictan o profierenresoluciones de manera injusta. Es el acto del funcionario queviola la ley en el ejercicio de sus funciones para obtener un finilícito. Es también prevaricador, el abogado que abusa de la con-fianza de su representado, aunque la corriente prevaleciente enlos últimos años es de reservar su aplicación para designar la co-rrupción en la administración de la Justicia”10.
El Art. 169 dispone en otro orden, bajo el título “De las sus-tracciones cometidas por los depositarios públicos”, que “los fun-cionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyodeber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de se-mejantes valores o pagar y desembolsar fondos públicos, deberánhacer los depósitos y remesas de tales fondos, rendir cuenta deellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentrodel plazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y regla-mentos”.
“Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad com-petente para conservar, guardar o vender sellos de correos, deRentas Internas o papel sellado, remitirán el producto de talesventas y rendirán cuenta de los que quedasen en su poder, y delos cuales son responsables, dentro del período y en la forma ymanera establecida por el Poder Ejecutivo”
El Art. 170 señala que “la falta, negligencia o negativa decualquier funcionario o empleado en depositar o remitir fondos,cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le sean pedi-dos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquiermodo sea ordenado entregarlos, por autoridad competente, todos
10 “El Flagelo de la Corrupción en República Dominicana”, www.monografías.com
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los sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado, te-rrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material, suministros yotras cosas de valor de los cuales debe responder, será considera-da como desfalco”.
Por su parte, el Art. 171 dispone que “la apropiación por par-te de cualquier funcionario o empleado, de dinero, propiedad,suministros o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aque-llos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o lafalta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero re-cibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papel sellado,terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suminis-tros, u otras cosas de valor, se tomará como evidencia prima faciede desfalco”.
Asimismo, el Art. 172 establece que “cualquier funcionario oempleado público, convicto de desfalco, de conformidad con lodispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multano menor de la suma desfalcada y no mayor de tres veces dichacantidad y con la pena de reclusión. Sin embargo, si antes de ha-berse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquierforma que sea el daño causado, o se reintegrare el dinero o losefectos desfalcados, ya sean muebles o inmuebles, la pena será lade no menos de un año de prisión correccional y la inhabilitaciónpara desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años”.
El art. 173, dispone además, que “el juez, administrador, fun-cionario u oficial público que destruyere, suprimiere, sustrajere ohurtare los actos y títulos, que en razón de sus funciones lehubieren sido remitidos, comunicados o confiados en depósitos,será castigado con la pena de reclusión. La misma pena se impon-drá a los agentes, delegados u oficiales y dependientes de las ofi-cinas de gobierno, de las administraciones, de los tribunales dejusticia o de las notarias y depósitos públicos que se hagan reosdel mismo delito”.
Estas sustracciones cometidas por los depositarios públicos,constituyen la figura del “Peculado”. “El peculado “es la expre-sión usada en derecho romano y en el antiguo derecho francés – ya veces todavía en el moderno – para designar la sustracción o
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malversación por un funcionario público de los bienes del Estadoo de fondos públicos11”.
En otra acepción “es usurpar los fondos que forman parte delos asuntos en que un funcionario interviene como Juez”. Elpeculado “no sólo consiste en la apropiación por parte del agentede los bienes que administra o custodia, sino que también los useindebidamente, permita que otro los use, los retenga en caso deerror ajeno, dé aplicación oficial diferente de aquella a que estándestinados, o por su culpa dé lugar a que se extravíen, se pierdano dañen”12.
El delito de concusión está establecido en el Art. 174, bajo eltítulo “Concusiones cometidas por los Funcionarios Públicos”,en el cual se indica que “ los funcionarios y oficiales públicos, susdelegados o empleados y dependientes, los preceptores de dere-chos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o munici-pales y sus empleados, delegados o dependientes, que se haganreos del delito de concusión, ordenando la percepción de canti-dades y valores que en realidad no se adeuden a las cajas públicaso municipales, o exigiendo o recibiendo sumas que exceden latasa legal de los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o ren-tas, o cobrando salarios y mesadas superiores a las que establecela ley, serán castigados según las distinciones siguientes: los fun-cionarios y oficiales públicos, con la pena de reclusión; y sus em-pleados, dependientes o delegados, con prisión correccional, deuno a dos años, cuando la totalidad de las cantidades indebida-mente exigidas o recibidas y cuya percepción hubiese sido orde-nada, fuere superior a sesenta pesos. Si la totalidad de esas sumasno excediese de sesenta pesos, los oficiales públicos designadosantes, serán castigados con prisión de seis meses a un año; y susdependientes o delegados, con prisión de tres a seis meses. Latentativa de este delito se castigará como el mismo delito. Ade-más, se impondrá a los culpables una multa que no excederá lacuarta parte de las restituciones, daños y perjuicios, y que no ba-
11 Capitant Henri, Vocabulario Jurídico12 “ El Flagelo de la Corrupción en República Dominicana”, www.monografías.com
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jará de la duodécima parte de esas mismas restituciones. Las dis-posiciones del presente artículo serán aplicables a los secretariosy oficiales ministeriales, cuando el hecho se cometiere sobre in-gresos de los cuales estuvieren encargados por la ley”.
La definición ofrecida por el Vocabulario Jurídico de HenriCapitant, nos señala lo siguiente: “La concusión es la infracciónconsistente en que los funcionarios u oficiales públicos, o susdependientes o empleados, ordenen percibir, exijan o reciban loque saben no se debe, en concepto de derechos, tasas, contribu-ciones o rentas o por sus salarios o sueldos”
Por otra parte, encontramos los “Delitos de los Funcionariosque se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad” ,así, “el empleado o funcionario u oficial público o agente del Go-bierno que, abiertamente, por simulación de actos, o por interposi-ción de persona, reciba un interés o una recompensa, no previstapor la ley, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuya adminis-tración o vigilancia esté encomendada a la Secretaría de Estado uoficina en la cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expre-sadas personas cuando los actos, adjudicaciones o empresas fuereniniciadas o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado uoficina, será castigado con prisión correccional de seis meses a unaño y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni menorque la duodécima parte de las restituciones y redenciones que seconcedan. Se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilita-ción perpetua para cargos u oficios públicos”. (Art. 175)
El Art. 176 dispone que “las anteriores disposiciones tendránaplicación respecto de los funcionarios o agentes del Gobiernoque hubieren admitido una recompensa cualquiera en negocios,cuyo pago o liquidación debían efectuar en razón de su oficio, opor disposición superior”:
Este delito es lo que se conoce como “Tráfico de Influencias”,que consiste en el hecho de aceptar ofertas o promesas, o recibirdonaciones o presentes, para hacer que se obtenga de la autoridadpública un beneficio cualquiera, o para tratar de obtenerlo13. .
13 Capitant Henri, Vocabulario Jurídico
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Otro delito de esta índole es el “Soborno o Cohecho de losFuncionarios Públicos”, el cual está contemplado en el Art. 177,que a la sazón establece que “el funcionario o empleado públicodel orden administrativo, municipal o judicial que, por dádiva opromesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aun-que justo, no esté sujeto a salario, será castigado con la degrada-ción cívica y condenado a una multa del duplo de las dádivas,recompensas o promesas remuneratorias, sin que, en ningún caso,pueda esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seismeses el “encarcelamiento” que establece el artículo 33 de estemismo Código, cuyo pronunciamiento será siempre obligatorio”.
“En las mismas penas incurrirá el funcionario, empleado uoficial público que, por dádivas o promesas, omitiere ejecutarcualquier acto lícito, o debido, propio de su cargo”.
“Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o expertonombrado, sea por el tribunal, sea por las partes, que hubiereaceptado ofertas o promesas, o recibido dádivas o regalos, paradar una decisión o emitir una opinión favorable a una de laspartes”.
“Si el cohecho o soborno tuviere por objeto una acción crimi-nal, que tenga señaladas penas superiores a las establecidas en elartículo anterior, las penas más graves se impondrán siempre alos culpables. (Art. 178)
A la luz del Art. 179, “el que con amenazas, violencias, pro-mesas, dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligareo tratare de sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos,agentes o delegados mencionados en el artículo 177, con el fin deobtener decisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones ocualquier otro documento contrario a la verdad, será castigadocon las mismas penas que puedan caber al funcionario o emplea-do sobornado.”
“Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose deidénticos medios, obtuvieren colocación, empleo, adjudicación ocualesquiera otros beneficios, o que recabaren del funcionariocualquier acto propio de su ministerio, o la abstención de un actoque hiciere parte del ejercicio de sus deberes”.
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“Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencias hubierenquedado sin efecto, los culpables de estas tentativas sufrirán tansolo la pena de tres meses a un año y multa de cincuenta a dos-cientos pesos”.
El Art. 180 expresa que “al sobornante nunca se le concederála restitución de las cosas o los valores entregados por él, ni la delvalor que aquellas representen. Serán confiscados en provechodel Fisco”:
Tal como establece el Art. 181, “el juez que, en materia cri-minal, se dejare sobornar, favoreciendo o perjudicando al acusa-do, será castigado con la pena de reclusión sin perjuicio de lamulta del artículo 177”.
“Si a consecuencia del soborno se impusiere al reo una penasuperior a la de reclusión, esa pena, sin importar su gravedad, seimpondrá al juez sobornado”. (Art. 182).
“Aquellos jueces o administradores que, por amistad u odio,provean, en pro o en contra, los negocios que se someten a sudecisión serán reos de prevaricación, y como tales, se les impon-drá la pena de degradación cívica”. (Art. 183).
En sentido general el “soborno” o “cohecho” consiste en “laentrega de dinero u otra utilidad, promesas, remuneraciones, di-rectas o indirectas para evitar u obtener un acto propio del cargodel funcionario que lo recibe”. Según Francisco J. Ferreira Delga-do “se debe entender por cohecho como la compra y venta de lasfunciones que le corresponden al servidor público que las ven-de14”.
Una última disposición de nuestro Código Penal en esta ma-teria, establece que “los empleados y funcionarios públicos a quie-nes esté encomendada la represión de los delitos, y que se hicierenreos de dichos delitos o de complicidad en ellos, serán castigadossegún lo establece la escala siguiente: 1ro. si se tratare de un deli-to correccional, sufrirán siempre el máximun de la pena señaladaa ese delito; 2do. si se tratare de un crimen, serán condenados a lareclusión, si el crimen trae contra cualquier otro culpable la pena
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de la degradación cívica; a la detención, si el crimen tiene señala-do para otro culpable la pena de reclusión; y a la de trabajos pú-blicos si el crimen contra cualquier otro tras la pena de deten-ción”. (Art. 198)
Luego de un recorrido por las disposiciones legales conteni-das en el Código Penal Dominicano, es preciso señalar que ac-tualmente existe un proyecto de ley para modificar varios de losartículos que sancionan la corrupción.
A continuación transcribimos dicho proyecto, a los fines deseñalar los cambios de que serán objeto algunos artículos citadosprecedentemente.
“ARTICULO 1: Se modifican los artículos 172, 174, 175, 177y 179, del Código Penal, para que en lo sucesivo se lean de lasiguiente forma:
Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convic-to de desfalco de conformidad con lo dispuesto por los artículosanteriores, será castigado con una multa no menor de la sumadesfalcada y no mayor de cinco veces dicha cantidad y con lapena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y degradación cívi-ca. Sin embargo, si antes o después de haberse denunciado el casoa la justicia, se reparase en cualquier forma que sea el daño cau-sado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, ya seanmuebles o inmuebles, se aplicará el mínimo de la pena y la inhabi-litación durante diez (10) años para el desempeño de cargos uoficios públicos. En estos casos se tomará en cuenta la jerarquíadel funcionario o empleado público para la aplicación de la pena.
En caso de insolvencia, se aplicará al condenado sobre la penaenunciada, un dia más de reclusión por cada cincuenta (RD$50.00)pesos de multa, sin que en ningún caso esta pena adicional puedaser mayor de tres (3) años.
Art. 174.- Los funcionarios y oficiales públicos, sus delega-dos o empleados o dependientes, los perceptores de derechos,cuotas, contribuciones, ingresos, rentas públicas o comunales, ysus empleados, delegados o dependientes, que se hagan reos delcrimen de concusión, ordenando la percepción de cantidades yvalores que en realidad no se adeuden a las cajas públicas o muni-
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cipales, o exigiendo o recibiendo sumas que excedan la tasa legalde los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas o leycobrando salarios o mesadas superior a los que establece la ley,serán castigados según las distinciones siguientes: los funciona-rios y oficiales públicos, con la pena de tres (3) a diez (10) añosde reclusión; y sus empleados, dependientes o delegados, con re-clusión de dos (2) a cinco (5) años, cuando la totalidad de lascantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepciónhubiese sido ordenada, fuere superior a tres (3) salarios mínimos,si la totalidad de esas sumas no excediere de tres (3) salarios mí-nimos, los oficiales públicos designados antes serán castigadoscon prisión de tres (3) meses a un (1) año de prisión. En todos loscasos en que fuere pronunciada pena de reclusión, a los culpablesse le impondrá la pena de degradación cívica a la inhabilitaciónpara el desempeño de funciones públicas por un período de diez(10) años contados desde el día en que hubieren cumplido la con-denación principal. La inhabilitación también se impondrá porigual período a los condenados a pena de prisión. Podrá además,el tribunal por la misma sentencia, someter a los culpables bajo lavigilancia de la alta policía, durante igual número de años. Ade-más, se impondrá a los culpables una multa cuyo monto no serámenor de cinco (5) ni mayor de diez (10) veces el salario quedevengare el concusionario. Las disposiciones del presente artí-culo serán aplicables a los secretarios y oficiales ministeriales,cuando el hecho se cometiere sobre ingresos de los cualesestuvieren encargados por la ley. En estos casos se tomará encuenta la jerarquía del funcionario o empleado público para laaplicación de la pena.
Art. 175.- El empleado o funcionario, oficial público, agentedel gobierno o de instituciones o empresas públicas, que, abierta-mente, por simulación de actos, o por interposición de persona,reciba un interés o una recompensa, no prevista por la ley, en losactos, adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilan-cia esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina en lacual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas per-sonas cuando los actos, adjudicaciones o empresa fueren inicia-
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das o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado u ofici-na, será castigado con pena de tres (3) a diez (10) años de reclu-sión y multa equivalente a las restituciones y redenciones que seconcedan, no pudiendo ser en ningún caso menor de cinco (5)veces el monto del salario que devengare el servidor público almomento de cometer la infracción. Se impondrá además, al cul-pable la pena de degradación cívica o la inhabilitación durantediez (10) años para ocupar cargos u oficios públicos. En estoscasos se tomará en cuenta la jerarquía del funcionario o emplea-do público para la aplicación de la pena.
Art. 177.- El funcionario o empleado público del orden admi-nistrativo, municipal o judicial que, por dádiva o promesa, prestaresu ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no estésujeto a salario, será castigado con penas de tres (3) a diez (10)años de reclusión, y condenado a una multa equivalente al doblede las dádivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin queen ningún caso, pueda esa multa ser inferior al monto de cinco (5)veces el salario devengado por el servidor público. Se impondráademás al culpable, la pena de la degradación cívica o la inhabili-tación para desempeñar cargos o empleos públicos por un perío-do de diez (10) años. En estos casos se tomará en cuenta la jerar-quía del funcionario o empleado público para la aplicación de lapena. En las mismas penas incurrirá el funcionario, empleado uoficial público que, por dádivas o promesas, omitiere ejecutarcualquier acto lícito, o debido, propio de su cargo.
Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o expertonombrado, sea por el tribunal, sea por las partes, que hubiere acep-tado ofertas o promesas, o recibido dádivas o regalos, para daruna decisión o emitir una opinión favorable a una de las partes.
Art. 179.- El que con amenazas, violencias, promesas, dádi-vas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratarede sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes odelegados mencionados en el artículo 177, con el fin de obtenerdecisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquierotro documento contrario a la verdad, será castigado con las mis-mas penas que puedan caber al funcionario o empleado sobornado.
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Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose de idén-ticos medios, obtuvieren colocación, empleo, adjudicación o cua-lesquiera otros beneficios, o que recabaren del funcionario cual-quier acto propio de su ministerio, o la abstención de un acto quehiciere parte del ejercicio de sus deberes.
Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencias hubierenquedado sin efecto, los culpables de estas tentativas sufrirán tansolo el mínimo de la pena y multa por un monto no menor delequivalente de cinco (5) ni mayor de diez (10) veces el salariodevengado por el servidor público hallado culpable.
Párrafo: En los casos de este artículo, si el sobornante, fuereprofesional, industrial o comerciante, la sentencia podráincapacitarlo para el ejercicio de la profesión, de la industria o elcomercio por un período de dos (2) años a cinco (5) años, a con-tar de la sentencia definitiva, o según los casos, determinar elcierre o intervención del establecimiento profesional, industrial ocomercial que estuviere bajo su dirección, por un período no mayorde un (1) año. Si hubiere reincidencia, el tribunal podrá imponeruna clausura de hasta tres (3) años.
ARTICULO 2: Se modifica el Artículo 265 y el Párrafo 1 delArt. 266 del Código Penal, para que en lo sucesivo se lea de lasiguiente forma:
Art. 265.- Toda asociación formada, cualquiera que sea suduración o el número de sus miembros; todo concierto estableci-do, con el objeto de preparar o de cometer crímenes contra laspersonas o contra las propiedades o bienes públicos o privados,constituye un crimen contra paz pública.
Párrafo I (Art. 266): La persona que se ha hecho culpable delcrimen mencionado en el presente artículo, será exenta de pena,si antes de cualquier persecución, ha revelado a las autoridadesconstituida, el concierto establecido, o hecho conocer la existen-cia de la asociación. Cuando el concierto o la asociación tenganpor objeto perpetrar cualquiera de las infracciones previstas enlos artículos 172, 174, 175, 177, 179 se impondrán las penas mí-nimas a aquellos implicados que aún después de iniciadas las per-secuciones, hayan prestado cooperación a las autoridades judi-
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ciales en orden a esclarecer los hechos criminales y sus responsa-bles, así como a asegurar la recuperación de los cuerpos de delitoo de los bienes por ellos generados.
ARTICULO 3: Las personas acusadas como autoras,coautoras, cómplices de las infracciones previstas en los artículos172, 174, 175, 177 y 179, no se beneficiarán de la Libertad Con-dicional ni del Perdón Condicional de la Pena”.
En otro orden, debemos destacar la Ley No. 120-01 que ins-tituye el Código de Ética del Servidor Público, del 20 de julio del2001, cuyo objetivo es normar la conducta de los funcionariospúblicos, definiendo los principios éticos que éstos deben mante-ner en el desempeño de sus funciones y prohibiendo de maneraexpresa conductas inadecuadas precisas.
Según el referido Código, estos principios éticos son la hones-tidad, la equidad, el decoro, la lealtad, la vocación de servicio, ladisciplina, la honradez, la cortesía, la discreción, la transparenciay la pulcritud.
El órgano encargado de velar por el cumplimiento de esteCódigo es el Departamento de Prevención de la Corrupción. Lassanciones en que puede incurrir un servidor público que viole lasdisposiciones de este Código pueden ser de prisión, multas, desti-tución de su cargo e inhabilitación para ocupar una función pú-blica.
Por otro lado, cabe mencionar algunos decretos dictados porel Poder Ejecutivo, en relación con el tema de la corrupción. Así,mediante el Decreto No. 343-96, el primero dictado por el Doc-tor Leonel Fernández Reyna, en fecha 16 de agosto de 1996, altiempo que se designó al entonces Procurador de la República, enadición a las atribuciones de este funcionario, se le invistió comoencargado de coordinar y dirigir el Programa Nacional de Luchacontra la Corrupción Administrativa.
El 24 de junio de 1997 se dictó el Decreto No. 322-97, me-diante el cual se crea el Departamento de Prevención de la Co-rrupción Administrativa como una dependencia de laProcuraduría General de la República, el cual transcribimos acontinuación:
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“NUMERO: 322-97
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente
DECRETO:
Artículo 1.- Se crea el Departamento de Prevención de laCorrupción Administrativa, como una dependencia de laProcuraduría General de la República, especializada en el manejode todo lo relativo a la corrupción administrativa en la RepúblicaDominicana.
Párrafo 1.- Se crea el Departamento de Prevención de la Co-rrupción Administrativa, como una dependencia de laProcuraduría, como una dependencia de la Procuraduría Generalde la República, especializada en el manejo de todo lo relativo ala corrupción administrativa en le República Dominicana.
Párrafo: El Departamento de Prevención de la CorrupciónAdministrativa estará a cargo de un Abogado-Ayudante del Pro-curador General de la República, a quien se reportará.
Artículo 2.- El Departamento de Prevención de la Corrup-ción Administrativa será el responsable del diseño, ejecución ymanejo del Programa Nacional de Lucha contra la CorrupciónAdministrativa y para ello hará uso de todas las atribuciones queles son propias como parte e instancia superior del MinisterioPúblico.
Artículo 3.- Además de las señaladas en el artículo anterior elDepartamento de Prevención de la Corrupción Administrativatendrá las siguientes atribuciones:
a) Elaborar y desarrollar todo tipo de políticas tendentes a evi-tar la comisión de actos de corrupción en la administraciónpública;
b) Elaborar y desarrollar políticas tendentes a cambiar la actitudde la ciudadanía en torno a la corrupción administrativa y a lalucha contra ella;
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c) Investigar todos los hechos de corrupción de que tenga noti-cias, a través de cualquier medio como a través de los mediospropios que la Procuraduría General de la República establezcapara ello, como son, entre otros, líneas telefónicas y progra-mas radiales especializados, así como ventanillas anti-corrup-ción en todas las fiscalías del país;
d) Llevar un registro detallado y actualizado de todos los hechosde corrupción de que tenga noticias a través de cualquiera delos medios señalados en el inciso anterior;
e) Enviar a la justicia todos los casos de corrupción que consi-dere pertinente;
f) Coordinar con todas las instituciones públicas el proceso de aná-lisis, investigación y envío a la justicia de todos los expedientessobre hechos de corrupción en la República Dominicana;
g) Dar seguimiento ante las instancias judiciales a todos los ex-pedientes de corrupción que sean sometidos a ellas;
h) Realizar auditorías en las instituciones en que lo crea necesa-rio, para lo cual podrá contar con un cuerpo de auditores concalidad para ellos sin perjuicio de las atribuciones de laContraloría General de la República;
i) Realizar los operativos que estime necesarios, con el propósito deobtener los elementos probatorios, documentales o de cualquier otrotipo, en torno a los hechos de corrupción de que tenga noticias;
j) Desarrollar jornadas de orientación y proselitismo en todaslas dependencias públicas en torno al fenómeno de la corrup-ción administrativa y a la prevención de la misma;
k) Preparar estudios, estadísticas o de otro tipo, que permitanconocer cada vez mejor la problemática de la corrupción enla República Dominicana;
l) Preparar informes que permitan conocer mejor la realidad dela corrupción en la República Dominicana, así como de lasacciones que se desarrollen contra ella.
Artículo 4.- Se ordena al Director Nacional de Presupuesto yal Tesorero Nacional disponer de los Fondos necesarios para lacreación de este Departamento.
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Artículo 5.- Se ordena al Secretario de Estado de las FuerzasArmadas, al jefe de la Policía Nacional, al Director del Departa-mento Nacional de Investigaciones (D.N.I.) y al Contralor Gene-ral de la República, prestar toda la colaboración que sea necesariapara el desarrollo de los trabajos de ese Departamento.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Ca-pital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días delmes de julio del año mil novecientos noventa -y siete, año 154 dela Independencia y 134 de la Restauración”.
El Decreto No. 783-01, por su parte, crea el Consejo Asesor enMateria de Lucha Anticorrupción, de fecha 24 de julio del 2001.
Otro Decreto a ser destacado es el 149-98 que ordena la crea-ción de Comisiones de Ética Pública en las distintas dependen-cias del Poder Ejecutivo, a saber:
“NUMERO: 149-98
CONSIDERANDO: Que la corrupción administrativa es unmal que socava la integridad moral del pueblo dominicano, asícomo sus posibilidades de desarrollo económico y social;
CONSIDERANDO: Que es interés fundamental de esteGobierno enfrentar este mal, no sólo mediante la sanción a lasactuaciones corruptas sino también mediante la prevención delas mismas;
CONSIDERANDO: Que esta lucha debe desarrollarse inte-grando a la mayor cantidad de sectores y personas;
CONSIDERANDO: Que el Procurador General de la Repú-blica ha sido encargado por el Poder Ejecutivo para la organiza-ción y coordinación de un Plan Nacional de Lucha Contra la Co-rrupción Administrativa;
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 322-97 del24 de julio de 1997, se creó el Departamento de Prevención de laCorrupción, como una dependencia de la Procuraduría Generalde la República, especializada en el manejo de todo lo relativo ala corrupción administrativa en la República Dominicana;
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En el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente
DECRETO
Artículo 1.- Se ordena a los Secretarios de Estado, Directoresy Administradores Generales la formación, en un plazo no mayorde un mes a contar de la fecha de este decreto, en cada una de susdependencias, de una Comisión de Ética Pública, que tendrá porobjetivos los siguientes:
a) Servir de entre promotor de la vigencia y el fortalecimientode la ética y la transparencia en la gestión administrativa de laentidad a la que pertenecen;
b) Servir de canal de comunicación entre dicha dependencia y elDepartamento de Prevención de la Corrupción, para el dise-ño, promoción y desarrollo de planes y actividades de fortale-cimiento de la ética y la transparencia en la gestión de esadependencia pública.
Artículo 2.- Las Comisiones de Ética Pública serán organis-mos de carácter cívico, no partidista, que estarán compuesto porno menos de cinco ni más de nueve personas, sin distinción desexo, color, raza, credo religioso, ni simpatía partidaria. Sus miem-bros deberán ser empleados de la dependencia en la cual funcio-nará cada Comisión, sin que para ello importe distinguir la sec-ción o el departamento en el que trabajo ni el nivel jerárquico queocupa, pero sí la eficiencia y la dignidad en el servicio y de luchacontra la corrupción. En este sentido, se reconoce la importanciaque puede tener la participación de empleados de algunos depar-tamentos particularmente sensibles a esta problemática, como son,entre otros, los departamentos jurídicos, de auditoría, de com-pras, de transportación.
PARRAFO I: La metodología para la conformación de di-chas comisiones será mediante la escogencia por parte del titularde la entidad pública de que se trate, del cincuenta por ciento de
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sus miembros, mientras que el otro cincuenta por ciento será es-cogido por el Departamento de Prevención de la Corrupción. Entodo caso se tomarán en cuenta a aquellos empleados que mani-fiesten su disposición a trabajar en estas comisiones. Cada Comi-sión de Etica Pública tendrá un Coordinador que será escogidopor sus miembros y que será el principal responsible de su funcio-namiento y de la coordinación de sus trabajos, quien se reportarádirectamente al Director del Departamento de Prevención de laCorrupción, de la Procuraduría General de la República.
PARRAFO II: Los Secretarios de Estado, Directores y Admi-nistradores Generales enviarán de inmediato al Director del De-partamento de Prevención de la Corrupción, una relación con losnombres y cargos de las personas que conformen las Comisionesde Ética Pública en cada una de sus dependencias, así como de lapersona que fungirá como su coordinador.
PARRAFO III: En el caso de que algunas de las institucionesgubernamentales tengan oficinas regionales en el interior del país,en cada una de estas oficinas se creará una Comisión de ÉticaPública.
Dado en Santo Domingo de Guzmán, distrito Nacional, Ca-pital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días delmes de abril del año mil novecientos noventa y ocho, año 155 dela Independencia y 135 de la Restauración”.
Entre otros decretos, cabe citar el No. 39-03 que crea lasAuditorías Sociales, las cuales se unen al plan de prevención de lacorrupción que pretende llevar a cabo la dependencia de laProcuraduría General de la República, que tiene a su cargo estafunción.
Cabe citar además, el Reglamento No. 81-94 para la aplica-ción de la Ley No. 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administra-tiva del 29 de marzo de 1994, el cual dispone ciertos deberes yprohibiciones a cargo de los servidores públicos. Las sancionesque impone este Reglamento pueden ser una simple amonesta-ción oral, la destitución o bien la inhabilitación para prestar ser-vicios al Estado durante cinco años.
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En otro orden de ideas, un hecho trascendental en este pro-ceso de lucha contra la corrupción lo constituye la firma de la“Convención Interamericana contra la Corrupción” el 29 de Mar-zo del año 1996, en Caracas, Venezuela y su posterior ratifica-ción mediante Resolución 498-98 del Senado de la República, enfecha 1 de Noviembre de 1998.
Indudablemente, la firma de esta Convención nos coloca a lavanguardia en la lucha por la erradicación de este mal de la co-rrupción y contribuye al fortalecimiento de nuestra legislación enesta materia.
En ese sentido, es oportuno observar los aspectos más rele-vantes de este importante Tratado Internacional. En primer lu-gar, el establecimiento de medidas preventivas. En su artículo III,la referida Convención dispone las siguientes:
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención,los Estados Partes convienen en considerar la aplicabilidad demedidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destina-das a crear, mantener y fortalecer:
1. Normas de conducta para el correcto, honorable y ade-cuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas nor-mas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de in-tereses y asegurar la preservación y el uso adecuado delos recursos asignados a los funcionarios públicos en eldesempeño de sus funciones. Establecerán también lasmedidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicosinformar a las autoridades competentes sobre los actosde corrupción en la función pública de los que tenganconocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la con-fianza en la integridad de los funcionarios públicos y enla gestión pública.
2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichasnormas de conducta.
3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que ase-guren la adecuada comprensión de sus responsabilidades ylas normas éticas que rigen sus actividades.
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4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasi-vos por parte de las personas que desempeñan funcionespúblicas en los cargos que establezca la ley y para la publi-cación de tales declaraciones cuando corresponda.
5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y parala adquisición de bienes y servicios por parte del Estado queaseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de losingresos del Estado, que impidan la corrupción.
7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier per-sona o sociedad que efectúe asignaciones en violación de lalegislación contra la corrupción de los Estados Partes.
8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciuda-danos particulares que denuncien de buena fe actos de co-rrupción, incluyendo la protección de su identidad, de con-formidad con su Constitución y los principios fundamenta-les de su ordenamiento jurídico interno.
9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar meca-nismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erra-dicar las prácticas corruptas.
10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicosnacionales y extranjeros, tales como mecanismos para ase-gurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asocia-ciones mantengan registros que reflejen con exactitud y ra-zonable detalle la adquisición y enajenación de activos, yque establezcan suficientes controles contables internos quepermitan a su personal detectar actos de corrupción.
11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedadcivil y de las organizaciones no gubernamentales en los es-fuerzos destinados a prevenir la corrupción.
12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen encuenta la relación entre una remuneración equitativa y laprobidad en el servicio público.
Otro aspecto clave de esta Convención es la definición de losactos de corrupción, contenida en el inciso 1º del Artículo VI:
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“Actos de corrupción1. La presente Convención es aplicable a los siguientes actos
de corrupción:
a. El requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente,por un funcionario público o una persona que ejerza funcio-nes públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otrosbeneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas parasí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realiza-ción u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funcio-nes públicas;
b. El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o indirectamente,a un funcionario público o a una persona que ejerza funcio-nes públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otrosbeneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas paraese funcionario público o para otra persona o entidad a cam-bio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejerci-cio de sus funciones públicas;
c. La realización por parte de un funcionario público o una per-sona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omi-sión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtenerilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenien-tes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presenteartículo; y
e. La participación como autor, co-autor, instigador, cómplice,encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativade comisión, asociación o confabulación para la comisión decualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo”.
Los Estados partes que no hayan tipificado algunas de estasacciones como delitos en sus legislaciones, se comprometen así ahacer las modificaciones pertinentes a sus disposiciones legalesinternas.
Otros elementos interesantes que pueden extraerse de la Con-vención es en primer lugar la novedosa figura del “soborno
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transnacional”, definido en su Artículo VIII y la tipificación del“enriquecimiento ilícito” como delito de tipo penal, contenida ensu Artículo IX.
“Soborno transnacionalCon sujeción a su Constitución y a los principios fundamen-
tales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte prohibirá ysancionará el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario públicode otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacio-nales, personas que tengan residencia habitual en su territorio yempresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniariou otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, acambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto,en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con unatransacción de naturaleza económica o comercial.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delitode soborno transnacional, éste será considerado un acto de co-rrupción para los propósitos de esta Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el sobornotransnacional brindará la asistencia y cooperación previstas enesta Convención, en relación con este delito, en la medida en quesus leyes lo permitan”.
“Enriquecimiento ilícitoCon sujeción a su Constitución y a los principios fundamen-
tales de su ordenamiento jurídico, los Estados Partes que aún nolo hayan hecho adoptarán las medidas necesarias para tipificar ensu legislación como delito, el incremento del patrimonio de unfuncionario público con significativo exceso respecto de sus in-gresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que nopueda ser razonablemente justificado por él.
Entre aquellos Estados Partes que hayan tipificado el delitode enriquecimiento ilícito, éste será considerado un acto de co-rrupción para los propósitos de la presente Convención.
Aquel Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimien-to ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en esta
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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Convención, en relación con este delito, en la medida en que susleyes lo permitan”.
Otras leyes, mencionadas sólo a título de referencia, prevén ysancionan la corrupción en República Dominicana, dentro delmarco que cada una regula. A saber:
• Ley No. 72-00 sobre Lavado de Activos• Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad So-
cial, del 10 de mayo del 2001;• Ley General de Salud (No. 42-01) del 8 de marzo del 2001;• Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (No.
64-00), del 18 de agosto del 2000;• Ley No. 19-00 sobre el Mercado de Valores en la República
Dominicana, del 18 de abril del 2000;• Ley No. 141-97 de Reforma a la Empresa Pública, del 24 de
junio del 1997;• Ley 11-92 (Código Tributario de la República Dominicana),
del 26 de marzo del 1992;• Ley No. 672 (Código de Conducta para los Encargados de
hacer cumplir la Ley), del 19 de julio del 1982;• Ley No. 130 sobre Autorización Especial para viajar al exte-
rior a los funcionarios que manejen fondos públicos, del 15de marzo del 1974;
• Ley General de Bancos (No. 708), del 14 de abril del 1965;• Ley No. 3998 que sanciona las operaciones comerciales frau-
dulentas realizadas en perjuicio de los intereses fiscales, del 4de diciembre del 1964;
• Ley No. 285 que suprime el Tribunal de Confiscaciones y con-fiere atribuciones a la Corte de Apelación de Santo Domingo,del 6 de junio del 1964;
• Ley No. 5924 sobre Confiscación General de Bienes, del 26de mayo del 1962;
• Ley No. 5096 sobre Estadística y Censos Nacionales, del 6de marzo del 1959;
• Ley de Patentes (No. 456), del 24 de mayo del 1956;• Ley No. 3788 sobre Compañías de Seguros, del 19 de marzo del 1954;
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• Ley No. 3489 sobre el Régimen Legal de Aduanas, del 25 defebrero del 1953;
• Ley No. 3483 (Código de Justicia de las Fuerzas Armadas),del 13 de febrero del 1953;
• Ley de Rentas Internas (No. 855), del 13 de marzo del 1935;
Finalmente, es preciso mencionar algunos proyectos de leyesimportantes en el proceso de lucha contra la corrupción. Se tratapues, de las reformas sustanciales en la estructura y funciona-miento de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría de la Repú-blica. Sabido es que estos dos órganos son claves en el control ysupervisión del manejo de las finanzas públicas. La forma de nom-brar a sus miembros y las funciones que se les otorguen, determi-nan en gran medida la eficaz prevención de actos dolosos en laadministración pública así como las debidas denuncias de losmismos ante las autoridades competentes. En ese sentido, la in-dependencia de estos miembros no puede estar coartada ni supe-ditada a las órdenes del Jefe del Estado.
Otro proyecto que está en curso en el Congreso es el que serefiere al acceso a la información, lo cual es un elemento clavepara la transparencia en la gestión pública. Esta ley permitirá elflujo necesario de la información para que la administración delos fondos públicos sea más clara y los actos irregulares puedanser denunciados por cualquier ciudadano con mayor facilidad.
Todos estos proyectos forman parte de la adecuación de nues-tra legislación a los principios y compromisos contraídos con laratificación de la Convención Interamericana contra la Corrup-ción. De ahí que varios proyectos han sido recientemente apro-bados, otros están por aprobarse, en las Cámaras Legislativas:“Ley sobre Declaración Jurada de Bienes y Enriquecimiento Ilíci-to”, “Ley sobre Probidad Administrativa y Salvaguarda del Patri-monio del Estado”, “Proyecto de Ley de Contratación Públicapara la Adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones”,Proyecto de Ley para la Creación de la Fiscalía Nacional Anti-Corrupción” y “Proyecto de Ley sobre Soborno Transnacional”.
Veinte años de impunidad: investigación de casos de corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.
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Participación CiudadanaMovimiento cívico no partidista
Consejo Nacional
Alfonso Abreu Collado
Coordinador General
Miembros:
Juan Bolívar Díaz
Luis Schecker
Luis Rosa Valerio
Oscar Grullón
Rafael Toribio
Ramón Tejada Holguín
Samir Chami Isa
Vilma Arbaje
Samuel Encarnación
Isidoro Santana
Mu-Kien A. Sang
Javier Cabreja
Director Ejecutivo
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Esta edición del libroVeinte años de impunidad: investigación de casos de
corrupción en la justicia dominicana 1983-2003.se terminó de imprimir,
en los talleres de la Editora Mediabyte, S.A.,en el mes de enero del 2004.