BOLETIN Nº 672

LAS OTRAS NOTICIAS DEL P. P

Del 04 al 10 de Mayo 2013

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INDICE

01.RAJOY RECHAZA UN PACTO DE ESTADO Y SOLO ACEPTA APOYO A SUS REFORMAS 02. ARCHIVADA LA DENUNCIA POR EL ESCRACHE EN EL DOMICILIO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA 03. EL PP PAGÓ SOBRESUELDOS A AZNAR CUANDO ERA PRESIDENTE DEL GOBIERNO 04. LA POLICÍA CONFIRMA LAS PRÁCTICAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PARTIDO POPULAR 05. LA POLICÍA CREE QUE EL DONANTE DEL PP "LÓPEZ HIERRO" Y "LÓPEZ H." ES EL MARIDO DE COSPEDAL 06. EL GOBIERNO RETRASA LA LEY DEL ABORTO ANTE LA DIVISIÓN INTERNA QUE GENERA 07. FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO” 08. LA ESCUELA PÚBLICA SE ECHA A LA CALLE PARA FRENAR LA „LEY WERT‟ 09. LEY DE COSTAS. 125.000 VIVIENDAS SE BENEFICIARÁN DE LA REDUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA COSTA 10. EL TELEDIARIO DE TVE RECOMIENDA REZAR A LOS PARADOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD 11. LOS SOCIALISTAS EXIGEN QUE SE INVESTIGUEN LAS „LISTAS NEGRAS‟ EN TVE 12. C.A LA RIOJA. LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL CHALÉ “ILEGAL” AL PRESIDENTE RIOJANO SE HACE CON UNA ADJUDICACIÓN DE 16 MILLONES DE EUROS 13. C.A . MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE TROCEÓ LAS ADJUDICACIONES A GÜRTEL EN 657 CONTRATOS PARA CAMUFLARLAS 14. C.A MADRID. LA CRISIS DE GOBIERNO DE BOTELLA AVIVA LOS CONFLICTOS INTERNOS EN MADRID 2020 15. C.A MADRID. LA AUDIENCIA MANTIENE IMPUTADA EN EL „CASO MADRID ARENA‟ A LA CÚPULA MUNICIPAL 16. C. VALENCIANA. LA AGENCIA TRIBUTARIA AHONDA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS 17. C.VALENCIANA. EL SUPREMO INSINÚA QUE EL FISCAL DEL „CASO CAMPS‟ ACTUÓ CON POCO CELO 18. C.VALENCIANA. EL CONSELL COLOCA AL LÍDER DE NNGG DEL PP DE SECRETARIO DEL INSTITUT DE LA JOVENTUT 19. C.VALENCIANA. CARLOS FABRA: “EL „NEW YORK TIMES‟ ME LA TRAE AL PAIRO”

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01.RAJOY RECHAZA UN PACTO DE ESTADO Y SOLO ACEPTA APOYO A SUS REFORMAS El presidente negociará pensiones, corrupción, Administración y mercado único Mariano Rajoy acudió ayer al pleno del Congreso a intentar conjurar el pesimismo que dejaron hace dos semanas la presentación de sus programas de reformas y la revisión de las previsiones económicas, que retrasan la creación de empleo a la próxima legislatura. También acudió para defender su política económica, reivindicar los resultados de sus primeros 15 meses en el Gobierno y confirmar que no piensa salir de la vereda en la que se mantiene, por más que se lo pidan todos los grupos parlamentarios e importantes dirigentes de su partido. Que abandonen toda esperanza los que cuestionan su gestión, porque advirtió ayer de que no va a atender “propuestas de cara a la galería ni frivolidad alguna”. Cortó y pegó el discurso del lunes ante la dirección de su partido y ratificó que “no va a haber cambio de rumbo”. Los demás portavoces le pidieron, de forma unánime, un pacto de Estado global y de mínimos para hacer frente a la situación de emergencia de los 6,2 millones de parados, pero el presidente del Gobierno siguió su camino. El pacto de Estado que le exigieron los portavoces él lo troceó hasta dejarlo en acuerdos parciales de adhesión a las medidas que, en distinto grado de avance, tiene en marcha: pensiones, reforma de la Administración, reforma local, corrupción y mercado único. Las pensiones ya fueron recortadas por decreto al margen del pacto de Toledo y están a la espera de conversaciones con sindicatos y patronal para reformas más profundas. Las medidas contra la corrupción se centran en la Ley de Transparencia, que ya se tramita en el Congreso, y en el desarrollo de un informe del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que el Gobierno no ha entregado a los partidos. La reforma local fue negociada sin éxito con el PSOE durante meses, el anteproyecto fue aprobado en el Consejo de Ministros el 15 de febrero y su contenido no lo comparten ni los alcaldes del PP. La reforma de la Administración depende de una comisión interna creada en La Moncloa para estudiar qué organismos se pueden eliminar en una futura ley de bases. Y la ley del mercado único acaba de ser remitida a las Cortes. “No puedo hacer una política económica como la que nos ha traído hasta aquí, porque para eso no me he presentado a las elecciones” y “sobre los pactos de Estado claro que es mejor dialogar que no, pero hay que ver para qué, porque si es para retroceder, no. Es mi obligación decirles que en eso no puedo ceder. No quiero engañar a nadie”, dijo el presidente del Gobierno para dejar claro que está cómodo en su mayoría absoluta y no ve necesidad de pedir ayuda al resto de los grupos. Incluso negó autoridad moral al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, para ofrecer acuerdo alguno. En la intervención de Rajoy no hubo ni una sola medida nueva, ni atisbo de iniciativa política que recupere el pulso ante las cifras dramáticas de paro y el pesimismo ciudadano. Según sus colaboradores, ayer no tocaba. Por eso el listado de medidas lo pusieron sobre la mesa los portavoces de la oposición, llenando el hueco inmenso que dejó el presidente. Especialmente Rubalcaba, que hizo un discurso crítico, pero constructivo, en el que reiteró sus peticiones para que desde Europa se inyecte dinero que ayude a la recuperación. Incluso cuando el presidente frenó sus ofertas de pacto, no desfalleció y le anunció que le hará llegar una propuesta “metodológica” para un “gran acuerdo” que haga frente a la “dramática” situación de España. Cayo Lara (IU) le entregó a Rajoy sus propuestas contra el paro y le pidió elecciones. Josep Antoni Duran (CiU) le pidió: “No se peleen más; la gente no quiere vernos peleando, sino juntos, quiere un pacto de Estado, y eso es posible”. Rosa Díez (UPyD) le reclamó liderazgo y reiteró su propuesta de reforma constitucional. Y Aitor Esteban (PNV) propuso un “mínimo suelo de entendimiento común”. Pero Rajoy no quiere rescate ni de Europa ni del resto de los partidos. Como dejó claro el portavoz del PP, Alfonso Alonso, el Gobierno “no se deja arrastrar por cantos de sirena y mantiene el rumbo marcado”.

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Para insuflar optimismo, el presidente dijo que “queda mucha tarea, pero llegará la cosecha, esto empieza a funcionar”, “hemos salido de lo peor” y “hay datos positivos”. Con el escaso grado de entusiasmo que le es propio, se lanzó tanto por la vía del optimismo que dos veces tuvo que aclarar que hablaba “sin ningún asomo de triunfalismo”. Lo más importante para él es que nadie le pregunta ya si va a pedir el rescate a Europa, porque gracias a sus medidas ha logrado rebajar la prima de riesgo y ha conseguido que Europa flexibilice las exigencias de reducción del déficit. Con las nuevas exigencias “no hay cambios de rumbo en la política del Gobierno, pero sí un marco para movernos con mayor holgura” y no son precisos nuevos recortes. Sobre las negras previsiones que ha hecho, reiteró que se trata de ser realistas y hacer lo posible para que no se cumplan. Y gran parte de su discurso y réplicas volvieron a centrarse en la crítica póstuma a José Luis Rodríguez Zapatero. Tanto insistió, que el líder de la oposición terminó por sumarse al entierro político del anterior presidente y, visiblemente molesto, le respondió: “Ni la de Zapatero ni la de Rajoy, yo le propongo la política de Rubalcaba”. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/08/actualidad/1368036939_776860.html 02. ARCHIVADA LA DENUNCIA POR EL ESCRACHE EN EL DOMICILIO DE SÁENZ DE SANTAMARÍA

El juez cree que no existieron amenazas

El auto dice que el escrache buscaba "expresar en la vía pública [..] las ideas del colectivo"

El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha archivado la denuncia por amenaza y coacciones de José Iván Rosa Vallejo, marido de Soraya Sáenz de Santamaría, contra los convocantes del escrache ante la vivienda de la número dos del Gobierno. El pasado cinco de abril, unas 300 personas se concentraron durante media hora ante el domicilio de Sáenz de Santamaría para, según los organizadores, "señalar" a la vicepresidenta, una de las diputadas que rechazó asumir la totalidad de las disposiciones de la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El auto dictado por el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias "descarta" que exista delito de amenazas y cree que no ha existido "un grave atentado contra la libertad, intimidad y seguridad de la vicepresidenta y de su familia". Sexmero ha visionado las imágenes del escrache y tras escuchar a los agentes de policía y al marido y la madre de la vicepresidenta —que se encontraban, junto al hijo de Sáenz de Santamaría, dentro de la casa durante el escrache— ha concluido también que no se cometieron actos de desobediencia o de ofensas a los agentes, "ya que los denunciados accedieron a identificarse sin problemas". Además, dado que la convocatoria duró apenas una hora, el juez cree que no consta "voluntad rebelde" ante la petición de disolverse. Según el magistrado, "la finalidad del escrache no era quebrantar por la fuerza la voluntad política de Sáenz de Santamaría [...] sino expresar en la vía pública la información y las ideas del colectivo concentrado". En el auto también se recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha fijado que los límites de la crítica admisible son "más amplios respecto a un político en ejercicio, contemplado en ese carácter, que los de un individuo particular". El juez considera que lo relevante no es que la manifestación se haga ante el domicilio particular de un político, sino que el derecho de manifestación se realice "de forma pacífica y sin armas, aunque no se realice la comunicación previa". La delegación de Gobierno sancionó a 18 personas al estimar que la concentración no estaba autorizada. En el auto de archivo se añade que "no podrá prohibirse el ejercicio del derecho de reunión en los casos que se prevea que la reunión provocará un clima de tensión, siempre y cuando esta situación no pueda definirse como de riesgo materia, concreto y grave para el mantenimiento del orden público y

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para la seguridad de las personas y bienes". Para determinar qué es una "alteración del orden público", habrá igualmente que ser, según el juez, "restrictivo y exigente". http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368192884_925932.html 03. EL PP PAGÓ SOBRESUELDOS A AZNAR CUANDO ERA PRESIDENTE DEL GOBIERNO La Ley de Incompatibilidades de altos cargos vigente en 1996 prohibía las retribuciones dobles Cobró tres sobresueldos por un montante total de 2,7 millones de pesetas tras su investidura El cruce de datos de Hacienda y de la contabilidad oficial del PP que están en manos del juez Pablo Ruz, encargado de la investigación del caso Bárcenas, permite concluir que José María Aznar cobró hasta en tres ocasiones “gastos de representación” cuando ya era presidente del Gobierno, en 1996, por importe de 2,7 millones de pesetas (16.755 euros). El partido, sin embargo, congeló toda remuneración a otros miembros que ocuparon cargos en el Ejecutivo. La Ley de Incompatibilidades vigente en aquel momento prohibía a los ministros y al presidente recibir retribuciones dobles. Según un informe que la Agencia Tributaria puso en manos de Ruz, el partido, que entonces tenía como gerente a Luis Bárcenas, abonó a su presidente ese ejercicio 12.174.073 pesetas (73.167 euros) y le practicó una retención del 46%. Esos abonos se realizaron entre el 31 de enero y el 17 de junio, cuando Aznar ya llevaba un mes y medio en La Moncloa. En la contabilidad oficial de la formación conservadora que el Tribunal de Cuentas remitió al juez correspondiente a 1996, Aznar no aparece con su nombre y apellidos, pero sí hay un código, el 053, al que se atribuyen 16 ingresos con distintas cantidades que suman exactamente 12.174.073 pesetas (73.167 euros), los mismos que, según Hacienda, percibió Aznar. En los meses previos a la cita con las urnas, el 3 de marzo de 1996, la corrupción se había subido al carro de las preocupaciones de la sociedad española, que desalojó de La Moncloa a Felipe González, terminando con 13 años de Gobierno socialista. Aznar tuvo por delante dos legislaturas, que estrenó adoptando duras medidas para reducir el déficit y la deuda española de cara a la entrada en la moneda única. Los primeros Presupuestos de su mandato fueron los más restrictivos de España desde 1977 y, entre otras cosas, ordenaron la congelación de los salarios de los empleados públicos. El expresidente percibió 2,7 millones de pesetas tras su investidura Antes de que todo eso ocurriera, su partido le compensó utilizando una fórmula que a día de hoy la formación considera perfectamente legal. Entre enero, febrero, marzo, abril y el 3 de mayo, dos días antes de su toma de posesión, le abonó sobresueldos por un total de 9.392.591 pesetas (56.500 euros). Investido presidente, en tres ocasiones recibió en total otras 2.781.482 pesetas (16.755 euros). Los dos últimos ingresos están fechados el 17 de junio de 1996, un mes y 12 días después de su toma de posesión. La Ley de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno vigente entonces aclaraba que los ministros y el presidente ejercerían sus funciones “con dedicación absoluta” y no podían “compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto (…) de carácter público o privado”. La ley también prohibía las retribuciones “de cualquier percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada”, con tres excepciones. Consultada la sección de Gestión de Incompatibilidades del Ministerio de Hacienda, asegura que ejercer el cargo de presidente de un partido se considera a efectos legales una actividad privada. Como tal, la ley de 1995 solo hacía compatible la presidencia del Gobierno con estas tres situaciones: la gestión del patrimonio propio o cuando su titular participase “como ponente en congresos, seminarios, conferencias (...) de carácter profesional” o en “entidades benéficas”, siempre que como contrapartida no se generase una “relación de empleo”.

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Cuando la formación no gobernaba, los sobresueldos eran habituales en el PP para compensar a sus diputados por los bajos salarios oficiales, como relató el propio Luis Bárcenas ante el juez. Mariano Rajoy, que ese año ingresó 3,5 millones de pesetas (21.000 euros) como gastos de representación del PP, dejó de cobrar sobresueldos del partido cuando fue nombrado ministro de Administraciones Públicas, igual que Francisco Álvarez-Cascos, que en los cinco primeros meses del año que el PP venció en las urnas recibió seis millones de pesetas (36.000 euros). Consultados por este periódico, ni Aznar ni el PP han querido comentar estos pagos. Pagos de partido disparados Año 1996: el presidente del Gobierno de España tenía asignado en los Presupuestos Generales del Estado un salario de 12.076.984 pesetas (72.500 euros), al margen de vivienda y manutención. Esa cantidad era menos de la mitad de lo que José María Aznar había percibido un año antes a través de “gastos de representación” por ser líder del Partido Popular. Aunque no siempre fue tan elevada. Cuando llegó a la presidencia de la formación, en 1990, e inició su meteórica carrera política, el partido le asignó un sobresueldo de 500.000 pesetas al mes con sus correspondientes pagas extraordinarias (siete millones de pesetas en total, 42.000 euros). Al año siguiente se subió un millón (6.000 euros), y en el 92 superó los 10 millones. A partir de ese momento su nombre desapareció de la contabilidad oficial del PP y supuestamente comenzó a figurar bajo el código 530 asignado a las siglas JMA. Entre 1992 y 1993 su retribución se elevó un 104%, hasta los 21 millones de pesetas (130.900 euros). En el 94 arañó otra subida del 9% y en 1995, un año antes de ganar las elecciones, percibió sobresueldos de 25 millones de pesetas que completaron su asignación como diputado. Desde que el PP supo que había ganado las elecciones, en marzo, Aznar recibió 10 pagos (antes y después de tomar posesión) por un total de 8,8 millones que, sumados a las mensualidades de enero y febrero, alcanzaron los 12 millones. De esta manera, José María Aznar no perdió poder adquisitivo con su llegada a La Moncloa. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/09/actualidad/1368117270_295251.html 04. LA POLICÍA CONFIRMA LAS PRÁCTICAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PARTIDO POPULAR “Transformaron donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos anónimos fraccionados por valor inferior”, señala un informe de la UDEF remitido al juez “Se observa una actuación [del PP] persistente en el tiempo consistente en transformar donaciones nominales por encima del límite legal en ingresos en la cuenta de donativos anónimos, dividiendo la cuantía en múltiples partes por valor inferior, con lo que es imposible verificar si se incumplen los límites máximos de aportación”. Esta es la principal conclusión del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía tras analizar los llamados papeles de Bárcenas (la supuesta caja B del PP de los últimos 20 años, entre 1990 y 2008) y cotejarlos con la contabilidad oficial de este partido. El documento, de 131 folios y cinco anexos, confirma que el PP, a través de su extesorero Luis Bárcenas, vulneró supuestamente la Ley de Financiación de Partidos Políticos al ingresar en la cuenta especial del Banco de Vitoria (luego Banesto) donaciones ilegales “troceadas en pequeñas cantidades” para evitar que superasen el tope legal de los 60.000 euros, como adelantó EL PAÍS el pasado 17 de abril, y esquivar así la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. La UDEF señala, además, que las empresas donantes (OHL, Sando, Sacyr, Azvi, Aldesa o Contructora Hispánica, entre otras) recibieron contratas de administraciones públicas, algunas

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gobernadas por el PP y otras por el PSOE y otros partidos. La Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos, que estuvo vigente desde 1987 hasta julio de 2007 —prácticamente toda la etapa que recogen los manuscritos de Bárcenas—, señalaba que “los partidos no podrán recibir, directa o indirectamente, aportaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a la cantidad de 10.000.000 de pesetas al año (60.000 euros)”. Y añadía que también estaban prohibidas las aportaciones procedentes de “empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública”. El informe abunda en la autenticidad de los papeles manuscritos de Bárcenas que publicó EL PAÍS el pasado 31 de enero (están escritos de su puño y letra, según el informe policial caligráfico). Y destaca que existen numerosas coincidencias entre los apuntes de Bárcenas, la contabilidad oficial del PP y los extractos que figuran en la cuenta especial del Banco de Vitoria en la que, por imperativo legal, debían ingresarse esas donaciones en aras de la transparencia. Los papeles de Bárcenas reflejan una supuesta caja B del PP en los últimos 20 años. Una contabilidad paralela que recoge donaciones ilegales al partido de grandes empresarios y supuestos pagos o sobresueldos con ese dinero a su cúpula dirigente. Pagos a políticos (“complementos”, los define Bárcenas en su declaración ante la fiscalía anticorrupción) que también serían ilegales porque algunos de los beneficiarios ya cobraban sueldos como cargos de la Administración y tenían prohibida cualquier otra retribución. La Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía, además, que empresas donantes de dinero a partidos pudieran contratar con la Administración. La policía ha analizado las contratas que recibieron 14 de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas. Y cita varios ejemplos en los que sus gestores dieron donativos y recibieron obras públicas, aunque en ningún caso la policía llega a relacionar las entregas de dinero con la adjudicación de contratos, puesto que en muchos casos recibieron obras de administraciones gobernadas por distintos partidos políticos y no existen pruebas en la investigación abierta de relación directa entre el pago y la obra adjudicada. Los únicos indicios a este respecto figuran en el sumario del caso Gürtel vinculados a Constructora Hispánica. La UDEF concluye sobre las adjudicaciones a estas empresas: “Las fórmulas de entregas [de donaciones] varían de unas cantidades a otras, si bien se observa una continuidad en las aportaciones en el caso de las sociedades Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr, Azvi y Aldesa; y en otros casos [de empresas analizadas] existe una concentración [de adjudicaciones] en un momento determinado, como es el caso de Sedesa, en el año 2004; Copasa, en 2007, y Rubau en 2004”. Es decir, que en algunos casos coincide la entrega de donaciones con un mayor volumen de adjudicaciones por parte de administraciones públicas. Ruz ha citado para fines de este mes a ocho de los empresarios relacionados como donantes en los cuadernos manuscritos del extesorero que publicó EL PAÍS. Pero no están todos: en los papeles de Bárcenas constan otros grandes empresarios donantes que, de momento, no han sido citados, entre ellos Ramón Aigé, de Sorigé, o Adolfo Sánchez, de Asphalt Road. Al término del informe, la policía propone al juez que indague las adjudicaciones de obras recibidas por empresas vinculadas a estos dos empresarios y a José Antonio Romero Polo; Joaquín Molpeceres (Licuas y Desprosa) o Ignacio Javier López de Hierro Bravo (Metrovacesa y Constructora Continental). López de Hierro es el marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Fuentes próximas al juez Ruz otorgan gran valor a este “informe preliminar” de la policía. Lo califican de “concienzudo” y “exhaustivo”, informa F. J. Pérez. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367946677_704079.html

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05. LA POLICÍA CREE QUE EL DONANTE DEL PP "LÓPEZ HIERRO" Y "LÓPEZ H." ES EL MARIDO DE COSPEDAL Propone investigar las adjudicaciones públicas a dos constructoras de las que fue consejero. La aportación al partido sumó 114.192,30 euros La Policía cree que el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio Javier López Hierro, es la identidad completa que se esconde tras los apuntes "López Hierro" y "López H.", a los que se atribuyen dos donaciones al PP por importe total de 114.192,30 euros en 1997 y 1998, según los papeles de Bárcenas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía consigna que una de las dos donaciones --la realizada por "López H." el 8 de julio de 1997 por valor de 15 millones de pesetas (90.151,82 euros)-- excedió además del tope legal anual de 60.000 euros que permitía realizar la ley de financiación de los partidos políticos. La otra donación, atribuida a "López Hierro", fue de 4 millones de pesetas (24.040,48 euros), en noviembre de 1998. El informe de la UDEF, entregado el pasado 29 de abril al juez instructor del caso de los papeles de Bárcenas, Pablo Ruz, destaca que Ignacio Javier López del Hierro Bravo es un empresario vinculado a sectores como la construcción, inmobiliario y asesoría. Al publicarse los papeles de Bárcenas en El País, el esposo de la número dos del PP negó haber realizado esas donaciones, y destacó que en la fecha de las mismas no conocía a De Cospedal y era ejecutivo de la ONCE. Sin embargo, la UDEF propone en su informe al juez Ruz que investigue las adjudicaciones de obra pública a dos empresas constructoras, Metrovacesa y Constructora Continental, debido a su vinculación con López Hierro. En concreto, la Policía pide al juez que requiera a las dos empresas las adjudicaciones de gobiernos nacional, autonómicos o municipales que recibieron, tanto a título individual como formando parte de uniones temporales de empresas (ute's). Señala que López Hierro fue consejero ejecutivo de Metrovacesa entre 2003 y 2012, y apoderado, vicepresidente y consejero de Constructora Continental entre 1991 y 1994. También quiere que se reclamen a la Agencia Tributaria el modelo de declaración de operaciones con terceros presentado por la dos empresas. En el mismo informe, la Policía ha determinado que administraciones públicas gobernadas por el PP concedieron entre 2001 y 2012 obras por importe superior a 12.000 millones de euros a 12 empresas --distintas de Metrovacesa y Continental-- cuyos directivos hicieron donaciones de fondos al partido por más de 4,6 millones de euros, según los 'papeles de Bárcenas' http://www.publico.es/454947/la-policia-cree-que-el-donante-del-pp-lopez-hierro-y-lopez-h-es-el-marido-de-cospedal 06. EL GOBIERNO RETRASA LA LEY DEL ABORTO ANTE LA DIVISIÓN INTERNA QUE GENERA Santamaría matiza a Gallardón y admite que la fórmula está en discusión Rajoy decidirá sobre la prohibición del aborto por malformación La división interna que genera la ley del aborto, y que ha estallado muy claramente esta semana, ha llevado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a aparcar esta norma hasta encontrar un claro consenso interno. A pesar de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegura que presentará el texto “pronto”, la ley no está en la agenda de reformas inminentes, según estas fuentes. De hecho, ni siquiera es la primera en cartera en el Ministerio de Justicia, que antes tiene que sacar adelante la del Código Penal. Y ni el Gobierno en privado ni ayer en público la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, muestran ninguna prisa por sacar adelante esta polémica norma. De modo que el choque interno continuará hasta que Rajoy decida definitivamente. La ley del aborto quema. Cada vez que el PP intenta llegar a un acuerdo sobre ella, estalla la división interna que genera. Acercarse a ella es arriesgarse a que la polémica acabe con la

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imagen de quien la protagoniza. Tal vez por eso los tres principales protagonistas del Gobierno en este asunto —Gallardón, Santamaría y Mariano Rajoy— parecen buscar una forma de repartir el coste. Algunos en el Gobierno señalan que es Gallardón quien ha ido más lejos de lo pactado al plantear la eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto. Lo achacan a su tradición conservadora familiar —su padre fue el promotor del recurso al Constitucional contra la anterior ley en 1983— y a su deseo por reconciliarse con el sector del partido que más recelaba de él. Otros indican que una decisión de este calibre tiene que contar con el aval e incluso el impulso de Rajoy, que evita pronunciarse sobre el asunto. Gallardón hizo un gesto el martes en el Senado. Miró a Rajoy, que se quedó a escuchar su respuesta sobre el aborto —lo habitual es que se marche antes— y dijo “voy a contar una primicia de la ley, con el permiso del presidente, que me lo acaba de autorizar”. Con ese gesto estaba implicando a Rajoy y destacando que esta ley es tan suya como del presidente. Mientras, Sáenz de Santamaría jugó ayer a un equilibrio dificilísimo. Sin desautorizar a Gallardón ni descartar que se vaya a prohibir el aborto por malformación, matizó al ministro y trató de alejar su imagen de las posiciones más duras del PP. Todo de forma sutil, pero claramente estudiada. Tras los juegos políticos para evitar que un asunto tan delicado destruya la imagen pública de sus protagonistas, hay una realidad, según coinciden diversas fuentes del Gobierno y del PP: Gallardón, que ha dado un giro total en los últimos meses hacia posiciones mucho más duras, cuenta con apoyos para sacar adelante el proyecto, y probablemente las instrucciones de Rajoy, pero el asunto genera una enorme división tanto en el Gobierno como en el PP, donde muchos quieren limitarse como mucho a volver a la ley del 85 —que permitía el aborto por malformación— y otros prefieren esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional. Santamaría admitió implícitamente ese debate interno. Cuando se le preguntó por lo más polémico, el aborto por malformación, dejó la responsabilidad en Gallardón: “El Ministerio de Justicia está analizando la convención de la ONU sobre personas con discapacidad [que recomienda, no exige, limitar este tipo de abortos] y la doctrina del Constitucional [que sí los autorizó en 1985] para establecer la mejor manera posible para tener presentes ambos equilibrios”. Esto es, que todo está abierto. A pesar de este aparente distanciamiento, Santamaría firmó en 2010 el recurso al Constitucional en el que se comparaba el aborto por malformación con las prácticas nazis. Ayer dijo que lo importante de ese recurso eran los argumentos jurídicos. El PP, en especial el grupo parlamentario, está muy dividido, según coinciden todas las fuentes consultadas. El sector conservador, en algunos casos vinculado al Opus o próximo a la Conferencia Episcopal, como sucede con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, está entusiasmado ante las propuestas de Gallardón. Otros, más moderados, están descolocados porque creían que se volvería a ley del 85. La idea de eliminar el supuesto de malformación, que obligaría a quienes sufran esa circunstancia a viajar al extranjero si quieren abortar, no genera consenso. Y otros, los más centristas, están directamente indignados. Tanto, que Celia Villalobos, la única que ha mostrado abiertamente su rechazo y se marchó del pleno mientras hablaba Beatriz Escudero, la portavoz elegida por el PP para defender este asunto en el Congreso, ha recibido varias muestras de apoyo de diputados, según personas que han hablado con ella. De hecho, buena parte del grupo evitó aplaudir a Escudero. Una muestra más de esta división que nadie niega: Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, dijo que la ley merece “un debate sosegado” y una “aproximación entre partidos”. Esta división no es nueva. Ya en 2011, a la hora de elaborar el programa electoral, se produjo una enorme batalla interna por el asunto del aborto. Grupos católicos, en especial Hazte Oír, presionaban para que Rajoy prometiera antes de votar que derogaría la ley del aborto socialista. La división interna era tan fuerte que al final se optó por una fórmula especialmente ambigua, de una sola línea, en un programa de 214 páginas: “Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”. Nada se decía del aborto por malformación. Fue el consenso mínimo alcanzado tras una gran polémica. Por eso, para el PP, la situación ideal era la vivida hasta 2010: miraban

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para otro lado y dejaban que se aplicara la ley de 1985, que AP rechazó. Pero ahora toca tomar decisiones y abrir la guerra interna o esperar al Constitucional. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368211571_199887.html 07. FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO” El ministro del Interior relaciona la interrupción del embarazo con el terrorismo Luego matiza sus declaraciones y asegura que no quiso comparar ambos temas El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha relacionado este martes por la mañana el aborto con el terrorismo de ETA en una rueda de prensa convocada para dar detalles de una operación contra la banda en la que han sido detenidos seis presuntos miembros en Francia. Cuando ha llegado la tanda de preguntas, varios periodistas han cuestionado al ministro acerca de otros temas de actualidad, como el aborto y la suspensión de la imputación de la Infanta por parte de la Audiencia de Palma. Díaz, que quería primero contestar a las preguntas relacionadas con la operación policial, ha ido contestando que todos los temas que no estuvieran relacionados con la detención de los etarras se contestarían al final de la rueda de prensa. Preguntado por el aborto, ha dicho que eran dos temas muy diferentes, para matizarlo luego: "Tiene algo que ver, pero no demasiado", ha sentenciado. Posteriormente, y dada la polémica levantada, el ministerio del Interior ha hecho pública una nota matizando las declaraciones de Díaz y negando haber comparado terrorismo y aborto: "En ningún momento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha querido establecer una comparación entre las personas que deciden abortar y los terroristas etarras. La voluntad del ministro era contestar más tarde la pregunta relacionada con el aborto para evitar que se mezclara con las cuestiones vinculadas con la operación antiterrorista. De hecho, así ha sido. El titular de Interior, tras responder a las preguntas relacionadas con la detención de seis presuntos etarras, dio su opinión sobre la cuestión del aborto", dice la nota. Ferviente católico -sus colaboradores diseñan su agenda para que no falte ningún día a misa-, no es la primera vez que el ministro levanta polémicas con sus declaraciones. El pasado marzo indignó a los colectivos de homosexuales al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo "no garantizan la pervivencia de la especie". Díaz ha aprovechado para apoyar al ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la reforma de la ley del aborto. "Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ministro de Justicia. Apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y cómo lo dijo". La número dos del PSOE, Elena Valenciano, ya le ha pedido una rectificación a Fernández Díaz. El ministro era este martes al mediodía uno de los prinicipales temas de conversación en la red social Twitter, donde muchos usuarios pedían su dimisión. También la vicepresidenta primera del Congreso y compañera de partido del ministro, Celia Villalobos, ha exigido este martes "una rectificación en toda regla" por su comparación "impresentable" del aborto con ETA. "Espero que [el ministro] se haya equivocado porque me parece un error gravísimo que no comparto en absoluto", ha manifestado a los periodistas Villalobos, para quien comparar "cualquier cosa con ETA es impresentable". http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367926859_705406.html 08. LA ESCUELA PÚBLICA SE ECHA A LA CALLE PARA FRENAR LA „LEY WERT‟

Miles de personas protestan en toda España contra la reforma y los recortes

Alumnos y padres llevan el peso de la movilización

Padres, alumnos y docentes van a la huelga contra la „ley Wert‟ y los recortes

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La escalada del conflicto educativo desencadenada hace ya más de tres años por los recortes presupuestarios alcanzó ayer un pico máximo. La reforma educativa que promueve el Gobierno sacó ayer a la calle a decenas de miles de personas en toda España y volvió a unir en una huelga general por segunda vez en solo un año a todos los niveles educativos —de la escuela infantil a la Universidad—, impulsada por profesores, padres y alumnos. El Gobierno tenía previsto llevar hoy la citada ley Wertal Consejo de Ministros, pero ha renunciado. Se aplaza al viernes que viene, confirmaron fuentes del Ejecutivo, para afinar algunos detalles técnicos pendientes en la memoria económica que acompaña a dicha ley, La sensación generalizada que movilizó ayer a unos y a otros es que el modelo de escuela pública está en grave peligro, ese modelo que busca la equidad e intenta compensar las desigualdades dando oportunidades a todos. “Protesto porque no quiero que se desmantele todo aquello que elegí para mi hijo, porque creo sinceramente que la calidad está en la enseñanza pública”, explicaba Paz Martínez (funcionaria, madre de un alumno de 15 años) a las puertas de un instituto de Madrid. Las medidas de recorte fijadas el año pasado por el ministro José Ignacio Wert consiguieron unir unas protestas que hasta entonces habían estado muy dispersas no solo entre las comunidades, sino también entre ciclos educativos. Ahora, la reforma educativa lo ha vuelto a hacer. Los convocantes de la movilización, la Plataforma por la Escuela Pública (FETE-UGT, CC OO, STES, CEAPA y el Sindicato de Estudiantes) ven el proyecto (Lomce) como la otra cara de los recortes, que configurará un sistema más barato que separa y selecciona (adelantando itinerarios y recuperando las reválidas), en lugar de ofrecer una atención a la diversidad (con apoyos, refuerzos, etcétera), que es más cara. Además, el texto ha conseguido soliviantar a muchos sectores por muchos frentes: por su apoyo a la Religión, a la enseñanza concertada, por las subvenciones a los colegios que separan por sexo, o por el fortalecimiento de la enseñanza en castellano en Cataluña. Por todo ello, consideraron una provocación el anuncio del ministerio de llevar hoy, al día siguiente de la protesta, la reforma al Consejo de Ministros para pasar su último trámite antes de iniciar su andadura parlamentaria. Ayer, los miembros de la plataforma confiaron en que Wert lo reconsidere tras lo que consideraron el “éxito” de la protesta, con un seguimiento del 72% de los profesores (el Gobierno dice que la cifra no alcanza el 20%) y el 90% de los alumnos. Wert siempre ha defendido que su propuesta fomenta la igualdad de oportunidades al ofrecer a los alumnos caminos más flexibles que se adapten a sus necesidades (la verdadera desigualdad es un sistema como el actual, con un abandono escolar del 25%, ha repetido en numerosas ocasiones). También ha defendido las reválidas como la mejor herramienta para conocer y arreglar los fallos del sistema y fomentar el esfuerzo de alumnos y profesores. La secretaria de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, dijo ayer respetar la huelga, pero insistió en que sería una “verdadera irresponsabilidad” no cambiar el sistema educativo actual y defendió la reforma (Lomce) como la “gran oportunidad” para mejorar su calidad. La Plataforma por la Escuela Pública ya ha anunciado que, si la reforma sigue adelante, las movilizaciones continuarán. Además, independientemente de lo que ocurra con la ley, sigue estando muy presente en las aulas el otro gran motivo de malestar: los recortes. El tijeretazo ha segado ya más de 6.700 millones de euros de los presupuestos educativos desde 2010, lo que se ha traducido en la pérdida de plantillas (unos 60.000 profesionales, calcula CC OO, en los colegios e institutos públicos) y, con estas, en la desaparición de todo tipo de apoyos y refuerzos para los alumnos con dificultades. En el ámbito universitario, se han endurecido los requisitos académicos para conseguir y mantener las becas y se ha aumentado de manera importante el precio de las matrículas, sobre todo, para los repetidores y en los másteres. También está habiendo recorte de plantillas. En ese contexto, los alumnos (y los padres, en el caso de los más pequeños, porque son ellos los que deciden no llevarles a clase) tiraron con más fuerza ayer del paro e hicieron que este se sintiera en todo el sistema. Miles de profesores también lo apoyaron, pero probablemente

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menos que sus compañeros de movilización, castigados por el recorte de sueldo de en torno al 15% y por la acumulación de huelgas en los últimos tres años. En todo caso, hay lugares en los que se ha notado mucho la huelga y otros, en los que muy poco. Este periódico pudo comprobar ayer que había ejemplos de todo tipo: desde el colegio Eugenia María de Hostos, en Madrid, donde apenas tuvo incidencia; hasta la escuela Can Montllor de Terrassa, en Barcelona, donde no fue ninguno de sus 80 alumnos y solo acudieron los dos profesores que estaban obligados por los servicios mínimos. En los colegios concertados, que también estaban convocados, el seguimiento en general ha sido reducido; la principal asociación de padres del sector, CONCAPA, se ha opuesto al paro. La jornada de huelga de ayer fue el colofón de dos semanas de movilización que han incluido centenares de encierros, vigilias y otras protestas en centros escolares y facultades de España. Además, el paro se completó ayer con manifestaciones celebradas en las principales ciudades del país que sumaron decenas de miles de asistentes en Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Murcia, La Coruña, Vigo, Zaragoza, Valencia o Alicante, entre muchas otras. En todas ellas se escucharon consignas contra los recortes, la reforma, contra “la privatización” de la Universidad. En Barcelona —donde se reunieron por la 10.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, y 100.000, según los sindicatos— , la marcha estuvo acompañada en todo momento por un importante despliegue de antidisturbios. Sin embargo, los incidentes más significativos no estuvieron allí, sino en Valencia y en Jaén. En Valencia, dos policías locales resultaron heridos leves por la mañana tras un altercado con un piquete que pretendía incendiar contenedores y neumáticos y cortar la vía del tranvía. Además, poco después, tras una manifestación que congregó a unos 4.000 estudiantes, fueron detenidos tres menores de edad acusados de lanzar objetos e insultar a policías cuando se dispersaba la manifestación. En Jaén, la manifestación de estudiantes concluyó a mediodía en la plaza de Las Batallas, junto a la Subdelegación del Gobierno, con una carga policial, un agente hospitalizado por una fractura en el tobillo y otros dos más con contusiones. Además, un joven estudiante fue detenido acusado de la agresión a un agente. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368090821_258562.html?rel=rosEP 09. LEY DE COSTAS. 125.000 VIVIENDAS SE BENEFICIARÁN DE LA REDUCCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA COSTA 24.000 propiedades levantadas en dominio público se beneficiarán del derecho de trasmisión y se prorroga la concesión a sus propietarios hasta 75 años de otras 12.800 El mismo día en que se aprobará de forma definitiva la nueva Ley de Costas, el PP ha cuantificado en el Congreso de los Diputados el número de viviendas que quedarán amnistiadas tras haber reducido la protección al litoral. El partido en el Gobierno estima que unas 125.000 viviendas construidas en zona de servidumbre pasarán de estar sometidas a un estricto régimen de protección de la costa, que les impide realizar cualquier tipo de obra, a ser consideradas como zona urbana, por lo que tendrán permiso para modificar sus estructuras. Al menos tres de los expertos que participaron en la elaboración de la Ley de Costas de 1988, que quedará derogada en parte, alertan de que estos cambios contribuirán a macizar el litoral español porque dejan el control de estas futuras modificaciones en manos de los Ayuntamientos y bajo supervisión de las Comunidades Autónomas. La diputada María Teresa Lara, portavoz de la comisión de Medio Ambiente, ha pretendido desmontar las "falacias" de los partidos en la oposición, a los que ha acusado de desconocer la exactitud la nueva norma. "Intentamos proteger nuestro litoral", ha insistido. Los tres conceptos con los que el PP vincula la nueva normativa son significativos: empleo, crecimiento económico y riqueza.

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Siguiendo con los cálculos hechos públicos hoy durante el debate de la Ley en el Congreso unas 24.000 propiedades levantadas en dominio público se beneficiarán del derecho de trasmisión, es decir, que podrán ser heredadas, vendidas, alquiladas; se prorroga la concesión a sus propietarios hasta 75 años de 12.800 viviendas construidas en primerísima línea de costa y las amnistías a urbanizaciones de 12 núcleos costeros supondrán otras 3.400 viviendas salvadas. Con respecto a la industria, unas 1.700 instalaciones industriales, "que suponen 17.000 empleos", podrán seguir operando. "Las empresas que se instalen cerca de la costa tendrán que presentar informes medioambientales a las comunidades autónomas", ha subrayado Lara. Para los populares, el deslinde de dominio público impulsado por la Ley de Costas de 1988 estaba incompleto y se había hecho de forma arbitraria. Los expertos estiman que ronda el 95% y los tribunales lo han respetado en una proporción muy alta. La diputada popular ha defendido que no se privatizará el litoral, que los principales beneficiados no son los ricos, sino personas humildes y que no se van a amparar ni amnistiar viviendas ilegales construidas después de 1988. La votación de la Ley será esta tarde y entrará en vigor tras su publicación en el BOE. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/09/actualidad/1368092434_768793.html 10. EL TELEDIARIO DE TVE RECOMIENDA REZAR A LOS PARADOS PARA REDUCIR LA ANSIEDAD El informativo de la cadena pública emite una pieza donde describe los beneficios balsámicos de poner una vela en el altar "Cada vez hay más católicos que compran velas para encomendarse a los santos y por eso las cererías son uno de los negocios que resisten y muy bien a la crisis. Y es que según los psicólogos, acercarse a un altar puede ayudar a calmar la ansiedad por la falta de trabajo o por el temor a perderlo". Con esta entradilla, los periodistas y presentadores del Telediario 2 de TVE, Marcos López y Marta Jaumandreu, dieron paso ayer, antes del bloque de deportes, a un vídeo sobre los beneficios balsámicos de poner una vela en el altar. Lo que ha generado un revuelo entre los telespectadores, que ven en ello una manera de adoctrinamiento y una falta de respeto para muchos desempleados (6.202.700, según la última EPA). En la pieza, que dura un minuto y cuarenta y cinco segundos, se ve a varios fieles pidiendo a San Expedito, el santo de las causas urgentes, acompañados de una voz en off que explica que debido a las circunstancias económicas ha sido rebautizado en una parroquia de Barcelona como el santo de la crisis. Esta misma voz prosigue alabando los beneficios del rezo que, según los psicólogos, tiene un efecto balsámico. Para apoyar esta tesis, la cadena recurre en el vídeo a Guillermo Mattioli, experto en psicología clínica, que especifica que no se trata "de un acto desesperado porque la ceremonia de poner una vela, hincar la rodilla o hacer una plegaria tiene un efecto retroactivo". A partir del minuto 51:30 del Telediario. "Y toda acción, tiene sus consecuencias", continúa la información del telediario. En este punto, TVE asocia ese supuesto efecto sanador con el negocio en alza de las cererías. La cadena ilustra ese auge con una tienda que asegura que en el último año ha vendido el doble de velas; sobre todo con forma de vivienda "para que el santo cuide de la familia y mantenga la casa", explica su dependienta. La pieza acaba comentando la proliferación de los altares virtuales. "Por pedir que no quede", zanja la voz en off. http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/08/actualidad/1368017751_391810.html

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11. LOS SOCIALISTAS EXIGEN QUE SE INVESTIGUEN LAS „LISTAS NEGRAS‟ EN TVE Una directiva de la televisión pública catalogó a un grupo de periodistas en el 'comando Rubalcaba' La entonces directora de Programas y Gestión de los Servicios Informativos de TVE, Cecilia Gómez Salcedo, remitió hace dos semanas por error un informe al Consejo de Informativos de TVE, en el descalificaba a periodistas de la cadena, algunos de los cuales los encuadraba dentro del comando Rubalcaba. Los socialistas han presentado una proposición no de ley en la que exigen una investigación sobre la existencia de "listas negras" por motivos ideológicos dentro de la cadena pública y de una "caza de brujas‟ que ataca a los profesionales". Reclaman, igualmente, que la dirección de TVE informe de a quién iba dirigido, con qué fin y quiénes integraban esa lista. El informe, con el encabezamiento Consejo de Informativos de TVE para Charo, iba dirigido presuntamente a la consejera del PP Rosario López Miralles. El portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, Juan Luis Gordo, asegura que “la dimisión de la directora no es suficiente; RTVE no debe dejar el asunto así y tiene que depurar responsabilidades y explicar qué está ocurriendo en la corporación para que existan denuncias sobre manipulación, listas negras, falta de objetividad, pérdida de calidad y de audiencias”. Además, reclama que “los responsables de la Corporación informen de si existe otro tipo de controles sobre la ideología de los profesionales y cuáles están siendo sus consecuencias”. Al tiempo, recuerda que “la Constitución española protege el derecho a la información y garantiza la libertad ideológica”. Desde que Leopoldo González-Echenique asumió el mando de la corporación, "las denuncias de gubernamentalización son continuas por distintos sectores”, denuncia el portavoz socialista, quien incide en que “el Gobierno del PP abrió la posibilidad de que el presidente de RTVE se eligiese por mayoría absoluta y no por el consenso de los dos tercios del Congreso de los Diputados, como venía ocurriendo desde 2006, y en el caso del Consejo de Administración desde 1980”. La proposición no de ley insta a investigar su existen otro tipo de controles sobre la ideología de los profesionales de RTVE, cuáles están siendo sus consecuencias y si los profesionales de la corporación están sufriendo presiones ideológicas, cómo, cuándo y de qué manera, si existieran, están afectado a su trabajo. También se plantea si existe una relación causal ante los ceses producidos desde que el PP tomó el control de la televisión pública y la relación de profesionales que aparecen citados en el informe. Recuerdan los socialistas que el nuevo presidente cambió nada más llegar al puesto a responsables de Informativos de la cadena publica, "que había alcanzado unos niveles de profesionalidad, objetividad, pluralismo y transparencia reconocidos por numerosos premios y galardones”. “En su lugar, la nueva dirección contrató a profesionales de medios de comunicación con una demostrada línea ideológica ultraconservadora”, añade Gordo. http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/07/television/1367943129_714388.html 12. C.A LA RIOJA. LA EMPRESA QUE REALIZÓ EL CHALÉ “ILEGAL” AL PRESIDENTE RIOJANO SE HACE CON UNA ADJUDICACIÓN DE 16 MILLONES DE EUROS El PSOE destaca la "casualidad" de que el organismo adjudicador está dirigida por la que fuera vicepresidenta de Pedro Sanz durante años La historia de la casita de aperos del presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, no ha tocado aún a su fin. Es lo que sucede cuando conviertes de manera “ilegal” un chamizo de herramientas de labrar en un imponente chalet, que la cosa tiende a extenderse. La empresa Foralia S.A., encargada de las obras para convertir la cabaña en mansión, se acaba de hacer

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con una suculenta adjudicación por valor de más de 16 millones de euros. Una historia truculenta llena de casualidades. Como recordarán, el presidente de la Rioja, Pedro Sanz, era propietario de una casita de aperos situada en un terreno no urbanizable en la localidad de Villamediana que, como desveló ELPLURAL.COM, por arte de magia se convirtió en un chalet de 205 metros cuadrados. Recientemente, el Ayuntamiento de Villamediana aprobó un nuevo Plan de Urbanismo que convertía el terreno de Sanz en urbanizable gracias a los votos de PP, UPyD y el del concejal del Partido Riojano, a quien su partido expulsó por “traición grave”. Más de 16 millones La empresa encargada de las obras en el chalé era Foralia S.A. y su director gerente fue el encargado de pedir la última licencia de construcción, a nombre de Pedro Sanz. Y ahora resulta que esa misma compañía, en una UTE en la que también está Ferrovial, se ha hecho con la adjudicación de las obras de “Abastecimiento de Agua a diversos municipios del bajo Iregua” por un valor de 16.103.469,86 millones de euros. Grandes rebajas La oferta de Foralia y sus socios rebajaba un 36,66% el presupuesto inicial de casi 25 millones y medio de euros. Un descuento nada desdeñable, aunque también es cierto que otras 8 empresas hacían una oferta aún mejor. Sin embargo, acabó prevaliendo la mayor puntuación técnica de esta UTE sobre las demás. Una vieja conocida Eso sí, el PSOE de La Rioja, en una nota de prensa, destaca “la casualidad” de que la adjudicación de la obra depende de la sociedad estatal Acuaebro SA, donde está de directora general Aránzazu Vallejo. Un nombre que sonará a los riojanos por las numerosas Consejerías ocupadas con Pedro Sanz, pero sobre todo por haber sido la vicepresidenta del Gobierno desde 1999. Finalmente, paradojas del destino, la polémica sobre un viñedo ilegal en su pueblo natal, Alfaro, acabó con su carrera política y sus aspiraciones de suceder a Sanz. Diez veces menos No es la primera vez que Foralia se ve inmersa en sospechas de trato de favor. Precisamente de eso le acusaron los socialistas este mes de febrero, cuando se supo que Sanz había favorecido con adjudicaciones públicas por valor de 5,8 millones de euros a esta empresa al adjudicarse las obras del regadío de la margen izquierda del río Tirón. También entonces, el PSOE aseguró que Foralia había realizado obras en el chalé de Sanz por un coste “diez veces inferior al de mercado”. http://www.elplural.com/2013/05/10/la-empresa-que-realizo-el-chale-ilegal-al-presidente-riojano-se-hace-con-una-adjudicacion-de-16-millones-de-euros/ 13. C.A . MADRID. EL GOBIERNO DE AGUIRRE TROCEÓ LAS ADJUDICACIONES A GÜRTEL EN 657 CONTRATOS PARA CAMUFLARLAS La Intervención General certifica que los contratos vulneraron la transparencia y la publicidad Sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se encuentra desde el pasado lunes un informe que certifica el supuesto trato de privilegio y las irregularidades cometidas por la Comunidad de Madrid a favor de las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), máximo responsable del control de la gestión económica del sector público, ha analizado por orden del magistrado todos los contratos celebrados por el ejecutivo regional con las sociedades de la red liderada por Francisco Correa. Estos tuvieron como eje a Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre y que está imputado en la causa por cobrar supuestamente sobornos a cambio de los contratos. El resultado es un cúmulo de sobrecostes,

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concursos amañados, facturas sin justificar y otras vulneraciones de la Ley de Contratos Públicos. Las empresas de Correa se dedicaban principalmente al montaje y organización de actos conmemorativos e institucionales de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Los interventores han verificado 686 actos por un importe de 6,48 millones de euros. Del total de eventos —inauguraciones de escuelas, primeras piedras de hospitales, o entregas de premios diversos— 103 pagos carecen de facturas justificativas, y su gasto ha tenido que imputarse genéricamente a la consejería que supuestamente lo contrató. La Comunidad tramitó seis expedientes de contratación por un importe de 1,14 millones y 657 contratos menores —inferiores a 12.020 euros, y por lo tanto no sujetos a publicidad— por valor total de 5,33 millones. Los auditores de la IGAE consideran que “en al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento”, es decir, que se trocearon los contratos para no superar los 30.050 euros, lo que obligaría a convocar un concurso público. El importe de los expedientes fraccionados suma 3,16 millones de euros, un 69% del total de los contratos menores. Las supuestas irregularidades también alcanzan a los seis expedientes por importe superior a 30.050 euros. Dos de ellos se celebraron por el procedimiento “negociado sin publicidad”, por el que la Administración invita a una serie de empresas a que presenten sus ofertas, y se escoge a la que resulte más ventajosa. En ambos casos, la Comunidad invitó a licitar a tres empresas, pero con una salvedad: todas ellas eran del mismo grupo de Correa. Los otros cuatro expedientes mayores —en los que se celebraron concursos públicos que recayeron en las empresas de la trama— presentan llamativos sobrecostes. En el acto de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de las Artes de 2006, se produjo un “pago indebido” de 15.200 euros por “duplicidad de servicios”. En el contrato para el montaje escenográfico de los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, adjudicado a MQM SL en 2007, la sociedad subcontrató servicios a empresas del mismo grupo, lo que supuso una desviación del 80% sobre el presupuesto de ejecución. Los interventores entienden que el contrato con MQM funcionó “como una especie de cuenta corriente en donde de forma arbitraria se han ido incluyendo o no los servicios prestados” por esa sociedad adjudicataria. Otros actos, como la Cumbre Flamenca de septiembre de 2005, cuya organización costó 21.480 euros, se adjudicó directamente pese a que superaba los 12.020 euros. La factura del acto se emitió en enero de 2007, 16 meses después de la celebración. La visita de Esperanza Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetana, con un importe de 34.700 euros, se adjudicó a una empresa de Gürtel “por razones de urgencia”, que no fueron nunca justificadas. Además, de las 573 facturas que han examinado los fiscalizadores estatales, 418 carecen de desglose o detalle de las operaciones cobradas, como exige el reglamento que regula las obligaciones de facturación de los gastos públicos. Otras 56 facturas apenas cuentan con un concepto genérico. Solo 96 recibos —un 17% del total— están debidamente cumplimentados. El que en las facturas figuren “cantidades a tanto alzado” no solo vulnera el reglamento, sino que “imposibilita verificar y certificar correctamente” que el servicio prestado por las empresas de la trama se correspondía con lo solicitado por la consejería contratante. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/08/actualidad/1368036870_972285.html 14. C.A MADRID. LA CRISIS DE GOBIERNO DE BOTELLA AVIVA LOS CONFLICTOS INTERNOS EN MADRID 2020 La alcaldesa refuerza a Villalonga, pese a las tensiones con el Comité Olímpico Días antes del examen ante el Comité Olímpico Internacional, Madrid 2020 contrató a un grupo de expertos muy vinculado con los Juegos para ensayar con ellos. Entre sus conclusiones, destacaba esta: “Se trata de un trabajo en equipo, y lo que cuenta es ganar. Cada paso que se dé tiene que ser para llevar la candidatura hacia adelante, le cueste lo que le cueste al ego de

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cada uno. Olvídense de disputas internas, no tienen importancia ahora. (…) Entendemos que las autoridades políticas están acostumbradas a ejercer su control y prevalecer, pero no en este caso”. A falta de conocer la nota oficial del COI, el consenso es que no fue bien, fue muy bien. Sin embargo, el examen sirvió para escenificar de una y mil sutiles maneras la profunda división en la candidatura. División en el lado deportivo, división en el lado político, y división entre ambos. Esta guerra de poder se avivó ayer con la decisión de la alcaldesa, Ana Botella, de reforzar a Fernando Villalonga como su representante en la candidatura, después de que el Tribunal Constitucional la obligara a apartarle del cargo de delegado de Las Artes. Y se avivó además con la perspectiva de lo que ocurrirá no ya el 7 de septiembre, cuando el COI decida entre Madrid, Tokio y Estambul; sino después, si la capital, ahora favorita, se impone. Gran parte del futuro político de Botella dependerá de esa decisión, y con él también el del Partido Popular en la capital, donde lleva gobernando desde hace 24 años. Pero las tensiones internas tienen también mucho que ver con otros futuros individuales, tanto en el lado político como en el deportivo. Preguntada al respecto, Botella dijo ayer: “Todos son lo suficientemente inteligentes y saben lo que tienen que hacer, yo hare una labor de coordinación y sabran entenderse”. Decisión de la Casa del Rey. Madrid ya aspiró sin éxito a organizar los Juegos de 2012 y 2016. En ambas ocasiones, lideró la candidatura el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. En verano de 2011, decidió volver a intentarlo, pero, a sabiendas de que con toda probabilidad apenas le quedaban unos meses en el cargo, cedió el testigo al Comité Olímpico Español (COE). “La candidatura está liderada por el ámbito deportivo; se nota, y es muy bueno”, decían las conclusiones del ensayo de marzo. Para ganarse el favor del COI, lo mejor es orillar a los políticos en favor de deportistas o representantes de la casta olímpica. Gallardón quiso poner al frente a Juan Antonio Samaranch, uno de los tres miembros españoles del COI, e hijo del expresidente que logró los Juegos de 1992. Pero la Casa del Rey instó a que fuera Blanco. El Príncipe aceptó después ser su presidente de honor. El 8 de septiembre. Blanco y Gallardón no se pueden ni ver. Blanco y Botella, tampoco. Ni Blanco y el antes secretario de Estado para el Deporte y ahora líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky, clave para el éxito de la candidatura. La relación de Blanco con su número dos, TheresaZabell, es de dura competencia. Y en el lado olímpico de la candidatura, hay otras rivalidades acendradas. Subyace bajo esta lucha de poder, además de choques de personalidades, la idea de que, si Madrid logra los Juegos, no será Blanco quien lidere el Comité Organizador. Hombre fuerte de Botella. En el lado municipal, las aguas corren turbias también. La cabeza visible del Ayuntamiento en la candidatura hasta enero era el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva. Su mano derecha en esas lides era la concejal de Deportes, Patricia Lázaro, consejera del Ayuntamiento en Madrid 2020 junto a Lissavetzky y un cargo de perfil económico. Villanueva fue cesado en enero por Botella, que colocó como su hombre fuerte en la candidatura al delegado de Las Artes, Fernando Villalonga. La relación entre este y el lado deportivo es tan tensa como la que tiene con sus compañeros del lado municipal. Sin embargo, Botella decidió ayer reforzarlo en su papel, nombrándolo además consejero en Madrid 2020 (aún no se sabe si ganando uno o en detrimento de uno de los actuales). Al frente de Las Artes, Botella colocó al edil Pedro Corral, al que teóricamente rendirá cuentas Villalonga. En el lado deportivo de la candidatura, se mezcla el desconcierto por la prolija y complicada organización municipal, y el desaliento de tener que seguir bregando con Villalonga. Queda por ver, en cualquier caso, qué pasará el 7 de septiembre. Fuentes consultadas dudan de que Villalonga se quede en el Ayuntamiento si Madrid pierde. En caso contrario, en cambio, la lucha por colocarse en el Comité Organizador le cogerá bien colocado. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/10/madrid/1368218697_094759.html 15. C.A MADRID. LA AUDIENCIA MANTIENE IMPUTADA EN EL „CASO MADRID ARENA‟ A LA CÚPULA MUNICIPAL

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La Audiencia desestima el recurso del Ayuntamiento, que "carece de legitimidad" Considera que los cuatro imputados deben aclarar los fallos en la seguridad exterior La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso del Ayuntamiento contra la imputación en el caso Madrid Arena del ex delegado de Seguridad, Antonio de Guindos; la edil Fátima Núñez; el director de Emergencias, Alfonso del Álamo; y el inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. El auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera que el recurso “carece de legitimidad”, pero lo resuelve en segunda instancia al haber sido admitido por el juez de instrucción, Eduardo López-Palop. Cree el tribunal que el juez “citó como imputados a los cuatro máximos responsables en Seguridad del Ayuntamiento porque los hechos investigados, muy graves porque se trata del fallecimiento de cinco personas, ocurrieron en un recinto propiedad del Ayuntamiento, gestionado por él y sometido a su control”. Y porque esos hechos “parecieron ser desencadenados por „un fallo clamoroso de las medidas de seguridad más elementales”. “Es lógico”, opina, que declaren “sobre esos fallos” en la seguridad “exterior del recinto”; y como imputados, “si existe algún indicio, por débil que sea”. La Audiencia rechaza que el proceso transcurra con dilación indebida, y recalca su “gran complejidad” y “la actividad instructora incesante”. Y concluye que no debe ser obstáculo, ni se puede controlar, el daño en su imagen que sufran los imputados por serlo. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367951212_960576.html 16. COMUNIDAD VALENCIANA. LA AGENCIA TRIBUTARIA AHONDA EN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS Orange Market defraudó a Hacienda 2,28 millones de euros en cuatro años La Agencia Tributaria ha aportado al juez que instruye el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, nuevas evidencias de la supuesta financiación ilegal del PP regional en la etapa en que Francisco Camps presidía el partido en la Comunidad Valenciana y la Generalitat. Hacienda ha entregado cuatro informes sobre “contingencias fiscales” de Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, relativos a los años 2005, 2006, 2007 y 2008. Aunque no era el objeto principal del análisis, los inspectores constatan que la contabilidad interna de Orange Market refleja cómo la deuda que el Partido Popular tenía con la empresa de la trama “se va minorando” a medida que la firma de El Bigotes recibía pagos de constructoras. A lo largo de 2008, por ejemplo, la “deuda viva” del PP valenciano con la empresa de la trama había ido creciendo por la organización de multitud de actos. Entre ellos, varios relacionados con el XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia, en el que el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se afianzó al frente del partido. Es el caso de los servicios Fiesta del PP congreso (20.358 euros) o Catering congreso (51.681 euros). En noviembre de 2008 la deuda total de los populares con Orange Market ascendía a 560.367. Hacienda comprueba, analizando las contabilidades A y B de la empresa, que ese importe se ve reducido en 180.000 euros gracias a las aportaciones de Sedesa y Lubasa, dos de las empresas investigadas por financiar ilegalmente al PP. La dependencia que el partido tenía respecto a Orange Market en esa época queda patente en el hecho de que el siguiente recuento de deuda del PP analizado por la Agencia Tributaria, poco más de un mes después, había vuelto a ascender a 915.288 euros. La mayor parte de la misma provenía, a su vez, del XII Congreso del Partido Popular valenciano, recogido en dos asientos contables con idéntica fecha y abultados importes: 12º Congreso regional (382.676 euros) y Ampliación de congreso (168.000 euros). El cónclave popular por sí solo generó, por tanto, una deuda de 550.676 euros con Orange Market. Los inspectores vuelven a detectar que esta se ve reducida por un pago de 116.000 euros de otra constructora, Enrique Ortiz e Hijos.

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La Agencia Tributaria detecta numerosas irregularidades fiscales y concluye que entre 2005 y 2008 la sociedad eludió el pago de 2,28 millones de euros a Hacienda por IVA e Impuesto de Sociedades. La rama valenciana del caso Gürtel investiga también el fraccionamiento de la contratación con de Orange Market, realizada por multitud de departamentos de la Generalitat para eludir los procedimientos administrativos y poder adjudicársela a dedo a la firma de El Bigotes. Una testigo, Rosa María Marín, que fue jefa de área en la dirección general de la Mujer, declaró ayer que a partir de 2006 su departamento perdió la competencia para organizar actos, que pasó a estar centralizada en la Consejería de Bienestar Social. Poco después, se celebró el acto Violencia de género. Tolerancia 0, que la consejería, dirigida por Alicia de Miguel encargó a Orange Market. El acto fue dividido en dos, de forma que ninguna de las dos facturas superase los 12.000 euros, lo que hubiera impedido concederlas directamente. Una factura fue por “Iluminación, sonido, fabricación e impresión de lonas, artes finales, tarima y enmoquetado” (11.560 euros). Y la otra, por “Organización del acto, personal, trabajo artístico y coordinación” (9.392 euros). La testigo aseguró que, dado que no se encargó de organizar el acto, no se detuvo a repasar el objeto que figuraba en las facturas. Si se hubiera fijado, añadió, no las hubiera firmado. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/09/valencia/1368126457_251206.html 17. C.VALENCIANA. EL SUPREMO INSINÚA QUE EL FISCAL DEL „CASO CAMPS‟ ACTUÓ CON POCO CELO El tribunal defiende la importancia de la acción popular cuando el ministerio público no es suficientemente activo En la sentencia sobre el caso Camps por la que el Tribunal Supremo ratifica el veredicto de absolución del jurado, el alto tribunal defiende la legitimidad de la acción popular para recurrir una decisión de este tipo aunque no lo haga el fiscal. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps trató de que no se admitiera el recurso de casación contra su absolución precisamente porque lo habían presentado solo un grupo de diputados socialistas valencianos en ejercicio de la acusación popular. Pero el alto tribunal concluyó que los recurrentes estaban plenamente legitimados. No solo eso. La resolución habla de la importancia de la acción popular en los casos en los que la Fiscalía no ejerce la acusación con suficiente intensidad. La sentencia, cuyo fallo se avanzó el 9 de abril, y que adoptan los magistrados de la Sala de lo Penal Carlos Granados, Juan Ramón Berdugo, Manuel Marchena y Antonio del Moral —con el voto discrepante de Joaquín Giménez—, habla en general y no específicamente sobre Camps en este punto. Pero deja caer que, “en el momento actual”, la acción popular “puede asumir un importante papel en la persecución de aquellos delitos que pueden infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social, con respecto a los cuales se ha podido observar un escaso celo por parte del Ministerio Fiscal a la hora de ejercitar la acción y sostener la acusación penal”. La sentencia habla, además, de otro de los temas más polémicos del veredicto del jurado que absolvió a Camps: la falta de motivación suficiente del porqué se llegó a la conclusión de que este era inocente cuando en la causa obraban múltiples pruebas, según el parecer de los recurrentes, de que el expresidente y Ricardo Costa habían recibido múltiples regalos de la trama Gürtel. Absuelto sin argumentos El magistrado Joaquín Giménez García considera en un voto particular que la sentencia absolutoria de Camps es “nula de pleno derecho” por su “clamorosa” falta de argumentación. Giménez explica que el magistrado que presidió el juicio se limitó “sin más” a levantar “un acta” de lo decidido por los miembros del jurado, sin armar un razonamiento de su resolución ni

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justificar el fallo. Y cree que debió haber un mayor esmero en explicar el porqué de la absolución ante “la falta de convicción” que expresó el jurado sobre si Camps participó o no en los hechos juzgados. El discrepante sugiere que la sentencia no cumple el “estándar exigible a toda resolución judicial” para garantizar “la legitimidad de la decisión”, y que por ello debió ser devuelta a su redactor para que motivase la absolución. Los cuatro magistrados consideran que no había contradicción en el relato de hechos planteado por el jurado y que estos se limitaron a valorar las pruebas de una forma determinada. El Supremo habla de la “dosis” necesaria de motivación que debe sustentar las “afirmaciones o negaciones del jurado”. Y opina que, de las tres opciones posibles —que hace falta incluir una “descripción detallada, minuciosa y crítica de la interioridad del proceso psicológico que conduce a dar por probados o no los hechos"; que no es necesaria ninguna precisión; y que el jurado debe individualizar las pruebas y otros elementos de convicción pero sin mucha profundidad—, la más “razonable” es la intermedia. Señala el alto tribunal que “cuando se trata de sentencias dictadas por el tribunal del jurado no puede exigirse a los ciudadanos que lo integran el mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al juez profesional”. Considera que “no es necesario que el jurado haga una ponderación argumentada de los medios de prueba, sino que ponga en conocimiento del público, del acusado, y eventualmente del tribunal que tenga facultades para revisar el fallo, los elementos que permitan juzgar sobre la racionalidad del juicio realizado”. ¿Y cómo se hace esto? ¿Hasta dónde tiene que detallar estos elementos? Según la sentencia —que cita abundante jurisprudencia—, “basta con la enumeración de los medios de prueba de los que el jurado ha partido”. En resumen, la motivación que se exige a un jurado es “bastante menos exigente” que la que rige para los demás tribunales. Si al jurado no es posible exigirle “un juicio técnico”, “tampoco cabe esperar de él un análisis depurado de los distintos elementos de prueba y la razonada valoración sintética del conjunto”. A mayor abundamiento, según los cuatro magistrados, las sentencias absolutorias —como la de Camps— necesitan de menor motivación que las de culpabilidad. http://politica.elpais.com/politica/2013/05/10/actualidad/1368185432_282781.html 18. C.VALENCIANA. EL CONSELL COLOCA AL LÍDER DE NNGG DEL PP DE SECRETARIO DEL INSTITUT DE LA JOVENTUT El dirigente popular, que apela al valor del emprededurismo, cobrará 45.000 euros brutos anuales El presidente regional de Nuevas Generaciones (NN.GG.) del Partido Popular, Juan Carlos Caballero, ha sido nombrado, apenas seis meses después de asumir su nueva responsabilidad en el partido, secretario general del InstitutValencià de la Joventut (Ivaj). Caballero accedió a la presidencia regional de las juventudes del PP el 30 de septiembre del año pasado. En su toma de posesión, el dirigente reivindicó en el discurso de toma de posesión "el valor del esfuerzo para no ser una juventud adormecida sino emprendedora". "Si exigimos sacrificios a los ciudadanos, los políticos debemos ser los primeros, por eso ahora más que nunca debemos ser ejemplares, empezando por NNGG que lo va a ser más que nunca si cabe", aseguró Caballero. El nuevo secretario general del Ivaj cobrará 45.110 euros brutos anuales (casi 3.300 euros brutos al mes). Juan Carlos Caballero (Valencia, 1989) es licenciado en Derecho y se afilió al PP hace algo más de cuatro años. Desde hace dos, Caballero estaba contratado como técnico en el Ivaj para desarrollar el programa Emprenjove, destinado a fomentar el emprendedurismo. El puesto asignado al presidente de NNGG del PP, que hoy aparece publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, es un cargo de confianza política que no existía hasta hasta hace dos años en el Ivaj. El nombramiento se produce a propuesta del director general del

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InstitutValencià de la Joventut y firmado por la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez-Zaplana con efectos desde el 1 de mayo. El portavoz de STA-Intersindical Valenciana, Adel Francés, ha criticado hoy que, mientras a los interinos del Ivaj se les ha recortado la jornada laboral y se les ha reducido el sueldo en un tercio, el Consell sigue colocando cargos de confianza en la Administración valenciana. El salario de Caballero es el máximo al que puede aspirar un funcionario de carrera, ha explicado el portavoz de Intersindical. Por su parte, la diputada de Esquerra Unida, Esther López Barceló,ha lamentado que el Consell utilice el Ivaj para "liberar a un dirigente del Partido Popular" y ha lamentado la "confusión total entre la institución y el partido". López Barceló ha señalado que este tipo de nombramientos supone también restar importancia a las políticas de juventud. El secretario de las Juventudes Socialistas del País Valenciano, Jose Muñoz ha acusado al PP de convertir el InstitutValencià de la Joventut en "una agencia de colocación" para sus cargos. "En Nuevas Generaciones del PP acceden sin preparación como altos cargos de la Administración, mientras miles de jóvenes cualificados tienen que emigrar al extranjero por falta de oportunidades en el mercado laboral", ha dicho Muñoz. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/10/valencia/1368181228_197134.html 19. C.VALENCIANA. CARLOS FABRA: “EL „NEW YORK TIMES‟ ME LA TRAE AL PAIRO” El periódico puso al expresidente del PP de Castellón como ejemplo de la corrupción en España “A mí me la trae al pairo el New York Times y las declaraciones que haya hecho”. Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, se ha referido este jueves a la publicación del diario estadounidense que lo puso como ejemplo de la corrupción política en España en su edición del pasado domingo. The New York Times también se refirió al aeropuerto como un símbolo de derroche de las administraciones. Fabra, quien dimitió como presidente de la sociedad pública que gestiona la instalación (Aerocas) tras la apertura de su juicio oral por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cuatro fraudes fiscales, se ha desvinculado de cualquier responsabilidad sobre la no apertura de las pistas de Vilanovad‟Alcolea. “Tengo la conciencia muy tranquila de no ser el responsable de que ese aeropuerto no esté funcionando”, ha manifestado. Carlos Fabra ha reiterado que puso su cargo al frente de Aerocas a disposición del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pese a no compartir “en absoluto” su línea sobre imputados. La “teoría del enfrentamiento Fabra versus Fabra”, la ha calificado. “Me hubiera gustado dejar la presidencia con el aeropuerto trabajando, pero yo no soy el responsable y cuando llegue el momento, si llega, diré lo que tengo que decir acerca del aeropuerto”, ha insistido. El expresidente asegura que el supuesto grupo hispanolibio sigue en conversaciones con el gobierno valenciano y dejó entrever que es el Consell el responsable de la situación actual del aeródromo. “El grupo sigue hablando con el gobierno de la Generalitat, diga lo que diga la Generalitat, y siguen estando interesados en el proyecto; No me hagan hablar más porque no quiero extralimitarme”, ha incidido. El expresidente popular ha sido interpelado sobre su opinión sobre Luis Bárcenas. En este sentido ha sido rotundo: "Me parece que Bárcenas es un sinvergüenza como la copa de un pino, pero en todos los sitios cuecen habas". También se ha referido a la apertura de juicio oral. Carlos Fabra sostiene que todo es “un sucio montaje” y que tiene la “seguridad” de que va a salir airoso. En este sentido, se ha referido a unas declaraciones que habría hecho ante el juez el empresario que le denunció y que motivó la causa de los supuestos cuños falsos por la que la Audiencia Provincial le retiró la imputación en 2010. “Me ha producido estupor que tenga la increíble desfachatez, tantos años después,

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de declarar que todo fue un fraude y que se lo inventó todo”, ha dicho en referencia al caso por el que ya no está siendo investigado. Sin embargo, ha anunciado que va a estudiar si estas declaraciones pueden beneficiarle en su juicio. “Eso es importante, estoy esperando que llegue el momento para demostrar que si esto es un fraude, lo otro también. Mi abogado ya tiene las declaraciones”, ha manifestado. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/09/valencia/1368099684_486931.html