Políticas culturales para un Estado Plural Políticas culturales para un Estado Plural Confluencia ■ Cuaderno de observación activa 2009 Confluencia ■ Cuaderno de observación activa 2009
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Políticas culturales para un Estado Plural Construcción del Estado Plural desde la interpretación comunitaria de la cultura, los derechos colectivos, el territorio y el poder Confluencia ■ Cuaderno de observación activa 2009 Políticas culturales para un Estado Plural Construcción del Estado Plural desde la interpretación comunitaria de la cultura, los derechos colectivos, el territorio y el poder Confluencia ■ Cuaderno de observación activa 2009
68 Las reformas político administrativas del siglo XVIII: el régimen
de intendencias
69 La primera experiencia ciudadana: el período de las Cortes de
Cádiz y la ciudadanía española, 1808-1814
70 El peso histórico de las regiones
71 La independencia y el periodo nacional: la primera constitución
guatemalteca y la nueva administración político-territorial
74 Territorios perdidos por el Estado de Guatemala después de la
independencia
74 La fragmentación del territorio nacional
75 El impacto del café
76 Ferrocarriles y bananos
77 Reflexiones finales
78 Enrique Gordillo Castillo
79 MECANISMOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL
DERECHO EN ÁMBITOS LOCALES Y SU REPERCUSIÓN
EN LA SUBSISTENCIA Y DESARROLLO DE SUJETOS
COLECTIVOS
Por Byron Paredes
80 Introducción
82 Mecanismos del Estado para el sometimiento y asimilación de
la organización local
82 Mecanismos de descentralización del Estado
84 Mecanismos legales
84 Mecanismos económicos
85 Mecanismos políticos
89 Conclusiones
89 Byron Paredes
91 EL RECLAMO DEL DERECHO COLECTIVO A LA
TIERRA: EL CASO DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
ANCESTRALES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD
XINKA DE JUMAYTEPEQUE
Por Odilia Chavajay
1 Datos históricos de la comunidad xinca de Jumaytepeque
95 Introducción a la problemática sobre reclamos como derecho
colectivo del caso xinca
96 Exposición general del caso
96 La titulación supletoria, principal mecanismo de despojo de las
tierras xincas
4
97 Fundamento legal
97 Cronología de los mecanismos legales y políticos utilizados
100 Resultas del proceso penal
100 Resultas del proceso civil
100 Acción constitucional de amparo
101 Apelación de la sentencia de amparo
101 Mecanismos de diálogo adoptados para la resolución final
102 Medidas adoptadas en la negociación
103 Concluye el conflicto de tierras en la comunidad indígena de
Jumaytepeque
104 Conclusiones e interrogantes
104 Odilia Chavajay Pérez
105 LA EXPERIENCIA DE PODER LOCAL Y ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA EN LOS 48 CANTONES DE
TOTONICAPÁN. ENTREVISTA CON ROMEO TIU
111 LA (AUSENCIA DE LA) DEMANDA AUTONÓMICA EN
GUATEMALA
Por Santiago Bastos
113 Introducción
114 El entorno de la revolución posible (1976-1985)
114 El avance desde la izquierda
115 Las propuestas soberanistas indígenas
117 El momento de la paz y el reclamo de participación (1986-1996)
117 La autonomía en el surgimiento del movimiento maya
120 Debate y convergencia sobre autonomía y otros temas
122 El acuerdo de identidad
123 El contexto del multiculturalismo cosmético del post-conflicto
(1997-2007)
123 Las comisiones paritarias
124 La ausencia de la demanda autonómica en la Guatemala
multiculturalizada
126 ¿El inicio de una nueva fase?
127 Las diferentes versiones de la demanda autonómica
127 La acción política: de la autonomía al reconocimiento
128 La ausencia de lo local en las demandas autonómicas
129 Los avatares de la autonomía territorial: entre la nación
guatemalteca y el pueblo maya
132 Santiago Bastos Amigo
133 LAS COMUNIDADES EMERGENTES DE
CONOCIMIENTO: GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO
PLURAL AL SERVICIO DEL CAMBIO
Síntesis de memorias de trabajo 2009
134 La generación de conocimiento plural y su aplicación práctica
para la transformación de la realidad: Las comunidades
emergentes de conocimiento
134 ¿Qué son las CEC’s?
137 La CEC Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al
149 La creación de un sistema de indicadores para la observación
comunitaria de los derechos colectivos
149 ¿Qué es un sistema de indicadores?
151 Claves para evaluar y mejorar el sistema
5
153 Mapa general del sistema de indicadores
154 El proceso de búsqueda y recolección de información
156 La configuración del sistema según la realidad cultural
comunitaria
157 La plataforma web de gestión de indicadores para sistematizar,
relacionar y comparar datos y generar gráficas
161 El sistema de indicadores
161 Indicadores marco
165 Indicadores de la cultura simbólica
175 Indicadores de la cultura material
187 Indicadores de la cultura social política
3 POLÍTICAS CULTURALES
201 EL PROCESO DE LAS POLÍTICAS CULTURALES
205 EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES
(COMUNIDAD)
211 EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES
(COMUNIDAD – REGIÓN)
215 EN LAS RELACIONES NORMATIVAS
(REGIÓN – ESTADO)
219 EN LAS RELACIONES ESTRUCTURALES
(ESTADO)
4 CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y DEL MARCO
JURÍDICO LEGAL
221 REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO PLURAL
Por Elsa Blanco
222 Algunos antecedentes sobre la reforma constitucional en
Guatemala 1982- 1985
224 Los Acuerdos de Paz
225 Las reformas constitucionales y la consulta popular en
Guatemala
225 El modelo pluralista de la década de los noventa
226 Propuesta de reforma constitucional para la construcción de un
Estado Plural
234 Elsa Angélica Blanco
235 CAMBIOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN
SISTEMA EDUCATIVO PLURAL
Por Benito Morales
236 ¿Educación propia que responda a principios y valores,
cosmovisión, lengua, historia y forma de ver y entender el
mundo de los Pueblos Indígenas?
237 Los Acuerdos de Paz y el No a la reforma constitucional
6
239 ¿Qué hacer?: Reforma constitucional
240 Conclusiones
240 Benito Morales
241 CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNOS REGIONALES QUE
PERMITAN LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS
PUEBLOS
Por Lucía Xiloj
242 Resumen
242 Introducción
243 Fortalecimiento de los espacios de participación de pueblos
indígenas en los consejos de desarrollo urbano y rural y las
mancomunidades, como un camino para la construcción de un
gobierno regional autónomo
246 Propuesta de consolidación de un gobierno regional para la
promoción y respeto de los derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas
247 Conclusiones
247 Lucía Xiloj
249 UN CAMBIO ESTRUCTURAL PARCIAL PERO POSIBLE,
SIN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN
Por Renata Ávila
250 Resumen
250 Introducción
250 Repaso de las memorias de la asamblea nacional constituyente
de 1985 desde distintas ópticas de la comisión de redacción
252 Un cambio estructural parcial pero posible, sin cambiar la
constitución
255 Algunos caminos hacia un Estado Plural
255 Estructura propuesta y pasos a seguir
257 Conclusión
258 Renata Ávila
1 KAME
259 DOCUMENTOS DE APOYO
260 BIBLIOGRAFÍAS, REFERENCIAS Y ANEXOS
260 Bibliografía general
277 Referencia I: El consejo jurídico interinstitucional de
interpretación y asistencia a los derechos colectivos
283 Referencia II: CANEK – Observatorio Cultural
286 Anexo I: Mapas del proceso histórico de división departamental
de Guatemala de 1824 a 1985
7
Q’ANIL
1 Un acercamiento al contenido de este documento…
2 La propuesta: cambiar el sistema
8
UN ACERCAMIENTO AL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO…
El desafío de la interculturalidad es solamente al monopolio de una
sola cultura como patrimonio universal de la humanidad.
Diana de Vallescar1
Guatemala posee una rica y profunda diversidad cultural. Ésta, lejos de lo
deseado, sigue cautiva en el ámbito inmediato de lo doméstico y comunitario ya
que las estructuras que sostienen el actual Estado guatemalteco, construidas
desde una lógica occidental y sobre un proceso colonial que no termina, impiden
la apertura suficiente para que florezca y tenga un alcance institucional
organizado regional y estatal. Las expresiones que le son permitidas son el
folclor y los símbolos de identidad, expresiones fácilmente convertibles en
producto que convienen para el desarrollo del capital/Estado. La
mercantilización de la diversidad cultural impulsa su paulatina inmersión en un
proceso completo de asimilación. Quedan por ello excluidas sus formas propias
de organización sociopolítica de los espacios clave de toma de decisiones. Su
pleno ejercicio supondría la emergencia de nuevos puntos de poder y la
(re)construcción de nuevas estructuras que cambiarían, sin duda, las relaciones
actuales de exclusión y desigualdad.
1 De Vallescar, Diana. Cultura, multiculturalismo, interculturalismo. Hacia una racionalidad
intercultural. P.S. Editorial. Madrid, 2000.
2
CANEK – Observatorio Cultural, junto a la Asociación Centro Civitas y al
Centro Cultural de España, inició en el 2008 un proceso de trabajo dedicado a la
diversidad cultural en Guatemala. Este proceso se inició y continúa planteándose
hoy como una conversación plural y horizontal en la que, a la luz de datos
estadísticos de primera mano obtenidos en contextos comunitarios, se pueda ir
construyendo, poco a poco y de abajo hacia arriba, un Estado verdaderamente
plural. En esta conversación en múltiples vías, pero siempre de ida y vuelta, de
decir para escuchar y aprender, se han sumado hasta la fecha numerosos actores
sociales y políticos que constituyen parte de la profunda y rica diversidad
cultural del país. El trabajo de CANEK no ha sido el de decir y el de proponer, el
de analizar y decidir, ni el de reflexionar y accionar, sino que se ha centrado en
hacer posible que surjan las voces y decidan qué y cómo decir, proponer y hacer
desde su interpretación del mundo y desde su propia comprensión del curso que
tiene que seguir su destino. Para entender la magnitud de este proceso es preciso
tener en cuenta cuán dolorosa deviene la experiencia de tomar la palabra en
Guatemala.
Con estas inquietudes, desde CANEK hemos creído poco sensato (si no es que
poco honesto) pensar que el trabajo del observatorio sea el de observar, sobre
todo cuando el ámbito de observación es la cultura, sus relaciones y el ejercicio
de los derechos colectivos. Sostenemos que cada colectivo debe emerger desde su
interior, interpretándose a sí mismo y sin aplicar ningún molde. Por ello, hemos
creído más razonable comprender el observatorio por su condición (la de
facilitar la observación) y no por su función (la de observar). Desde esta lógica,
CANEK se ha ido construyendo poco a poco durante estos dos años como una
casa donde muchos (diversos), comunicados por los medios que hoy nos ofrecen
las nuevas tecnologías, se observan a sí mismos y observan al sistema dominante
donde están inmersos, cada uno desde su cosmovisión o cosmovisiones, y de
forma sistemática.
No hay peor pobreza que la pobreza de la mente; y no hay peor crimen que
silenciar las voces para urdir una sociedad fundamentada en la unidad de un
solipsismo alienador. Claros en esto, estos dos años nos hemos sumado a la
apertura del diálogo para facilitar la interpretación compleja que precisa un
problema complejo. Como dijo Albert Einstein, gran parte de la solución de un
problema se encuentra en su correcta formulación, y para ello es imprescindible
reunirse, sentarse, reflexionar y dialogar.
Políticas culturales para un Estado Plural es un esbozo resumido pero completo
que combina interpretación, análisis y propuesta para la construcción política y
social, desde el fundamento del derecho y las libertades individuales y colectivas,
de un Estado no sólo reconocedor sino ante todo representativo de la realidad
plural que compone Guatemala. Las propuestas que incluye pretenden reunir
iniciativas para romper con esta dinámica que mantiene a una gran parte de la
población excluida y sin voz.
Este documento es una encrucijada de muchos caminos donde cerca de 400
personas de todo el país se han encontrado durante el 2009 para aportar sus
propuestas acerca de la distribución del poder para el desarrollo de su cultura y
de su territorio. El resultado es esperanzador, voces procedentes de los cuatro
pueblos de Guatemala discuten y proponen juntas sobre cómo construir un
Estado desde la comunidad, que no sea sólo reconocedor sino ante todo
representativo de la diversidad de formas de ver, pensar e interpretar su propio
destino y el mundo. Se expone un recorrido formulado desde la interpretación
comunitaria de la cultura y de los derechos colectivos que vincula la comunidad
con su región y ésta con el Estado, de abajo hacia arriba, y finaliza con una serie
de propuestas de cambios constitucionales y del marco jurídico legal actual
necesarios para sustentar el futuro Estado Plural.
3
Consta de tres partes de contenido, más una de apertura y cierre. La primera,
Construcción social y política del territorio, expone las bases teóricas y
conceptuales sobre las que se sustentan las propuestas sobre regionalismo y de
cambios de los límites político-administrativos del país en base a la
interpretación que han hecho algunas comunidades sobre qué significa territorio
y cómo deberían emerger sus formas propias de organización y toma de
decisiones. Todo ello para asegurar el ejercicio de los derechos colectivos
(derechos que sólo se pueden ejercer de forma grupal, como el derecho colectivo
al idioma, a la posesión y gestión del territorio y del patrimonio natural o a la
autodeterminación, por ejemplo). En esta primera parte es de especial relevancia
el último capítulo, La generación de conocimiento plural, donde se expone el
esfuerzo de dos Comunidades Emergentes de Conocimiento en la construcción
de un sistema de indicadores con plataforma web que permite a cualquier grupo
organizado analizar la situación de los derechos colectivos en realidades
culturales muy diversas, hacer comparativas con entre realidades y con ello
sustentar políticas comunitarias y regionales para el pleno ejercicio de estos
derechos.
La segunda parte, Políticas culturales, presenta una serie de estrategias cuya
finalidad es crear, desde la comunidad, regiones representativas del sentir
comunitario con facultades específicas para crear, finalmente, un Estado Plural
donde esté representada la diversidad.
Finalmente, en la tercera parte, tres abogadas y un abogado exponen, en base a
todas estas propuestas, los cambios necesarios que se deben de hacer a la
Constitución Política de la República de 1985 y al marco jurídico legal actual
para su legalización y para abrir el camino hacia la pluralidad de estado.
El método de trabajo para la elaboración de esta serie de propuestas se ha
construido también de forma participativa. En el 2008 CANEK abrió espacios
para la construcción de una propuesta intercultural (publicada en el libro
Construcción de la comunicación intercultural aplicada) que nos ha servido de
base para trabajar y abrir el tipo de conversación que permitiera relaciones entre
iguales con respeto a la diversidad. En base a esta metodología de trabajo, se
abrió la discusión en el 2009 para elaborar las propuestas que contiene este
documento. Entre los espacios que se abrieron destacan los ciclos
intergeneracionales de debate, la creación y desarrollo de Comunidades
Emergentes de Conocimiento (encargadas de interpretar los derechos colectivos
y hacer consultas comunitarias) y los ciclos de trabajo, con extensa participación
de personas de todo el país, que se llevaron a cabo en Ciudad de Guatemala,
Chiquimulilla y Livingston.
El resultado de este proceso amplio de trabajo es un documento contradictorio.
No hemos pretendido en ningún momento atenuar o anular la contracción, más
bien la hemos fomentado. Ser capaces de hacer emerger la belleza y el poder de
lo diverso se encuentra precisamente en nuestra capacidad (la de todos) de situar
la contradicción en el epicentro de la propuesta y que ésta no vuele en pedazos,
sino que se mantenga sólida y unida por múltiples voces firmemente
entrelazadas, como si se tratara de un petate. Nuestra preocupación ha sido
entonces más bien la de propiciar espacios donde la diferencia fuera respetada y
en donde formas diferentes de pensar pudieran convivir y construir
conjuntamente, sin por ello anularse bajo una homogeneización alienante.
Creemos que la consiguiente creación de un Estado Plural pasará por la
capacidad de crear mecanismos que permitan precisamente sostener la
contradicción como forma de trabajo y de construcción de una sociedad justa y
equitativa; una sociedad donde la igualdad y la diferencia se mantengan en
equilibrio gracias a la cooperación armoniosa entre diversos. Creemos
firmemente también que la lógica del sistema actual debe dejar de ser la igualdad
formal ante una realidad que es desigual y diversa. Ante tan obvia realidad
plural, el actual sistema no tiene más opción que la de desaparecer.
4
Es importante señalar que la consideración conceptual y teórica que se presenta
aquí alrededor de cultura, territorio, poder, colectivo y derechos colectivos no
está vinculada única y exclusivamente a los Pueblos Originarios. Los derechos
colectivos no son los llamados derechos de los pueblos indígenas, porque no son
derechos de grupos específicos, del mismo modo que los derechos individuales
no son sólo para unos individuos, sino que son universales. La vinculación
crítica que fundamenta este documento no es la relación colectivo – étnia, sino
la de colectivo – territorio con diversidad de pueblos organizados en una
institucionalidad compartida.
Para CANEK resulta imperante profundizar en el desarrollo de la teoría política,
económica, jurídica y social referente a la colectividad en Guatemala desde el
prisma de la cultura y el fundamento de la pluralidad. Ello facilitará sin duda la
ruptura de procesos de colonización como lo es la reiterada perpetuación de lo
indígena y lo ladino, palabras y conceptos de origen netamente colonial. Sin
duda, la mayor conquista del colonialismo ha sido colonizar la mente de los
sometidos, hablar por su boca. El triunfo del colonialismo ha sido la
construcción mental del otro prescindible y atroz, del inexistente, del fracaso del
diálogo entre distintos. Su cenit se encuentra en su expresión más terrible: la
colonización del pensamiento. Éste es el catalizador a partir del cual se
reproduce la lógica del divisionismo entre personas, comunidades, iniciativas y
pueblos; cristalizado en principios en la elaboración de políticas: la
discriminación, la exclusión, el individualismo y el racismo; un país
fragmentado y dividido donde la más cruda explotación surca con estruendo las
hendiduras de sus cortes y tajaduras.
Si vemos de cerca esta lógica de la separación, cimentada para asegurar la
perpetuación y la relevancia de conflictos de carácter étnico sobre problemas
estructurales de fondo (como lo son la concentración de la riqueza, de la tierra y
del poder político, ideológico y bélico), nos daremos cuenta que la condición
plural se extingue y se propone de manera uniforme, desde los más diferentes
bandos, la segregación y la brutalidad mística de la pureza. Sumémosle a esto el
financiamiento externo de infinidad de proyectos unitarios sin noción de
conjunto y reducidos al ámbito comunitario de lo inmediato, que disipa aún más
la condición vinculante, organizativa y de relación amplia que precisa la
construcción de colectivos. Sin duda, referirse a la colectividad por su
vinculación territorial, en base a las relaciones, y superando (pero no borrando)
el principio étnico por la institucionalidad compartida (propuesta fundamental
nacida de entornos comunitarios que sitúa al pluralismo en el mero centro del
debate y de la propuesta política) saldará esta problemática, siempre y cuando la
conformación sociopolítica y de representación del colectivo responda a la
realidad comunitaria y a las necesidades de la colectividad desde la participación
local, es decir, desde las bases, hacia lo regional y de ahí hacia al Estado.
Avanzamos entonces en la ruptura de los procesos de colonización (y de
colonización del pensamiento sobre todo) aún hoy plenamente vigentes en el
país.
Equipo CANEK
Guatemala, diciembre de 2009
LA PROPUESTA: CAMBIAR EL SISTEMA
Uniones, federaciones, confederaciones y hasta consociaciones son otros tantos
sistemas políticos desarrollados en el mundo occidental para circunstancias
occidentales. Las circunstancias de Sudáfrica son tan diferentes... que ninguno de
esos sistemas podría trasladarse con éxito a estas partes del mundo sin notables
adaptaciones. Por eso estamos en el proceso de diseñar y desarrollar nuestro
sistema particular en Sudáfrica, un sistema que sin duda incorpora algunos de los
rasgos de alguno o todos esos sistemas, pero no responderá a la descripción de
ninguno de ellos en particular. Desarrollaremos nuestro propio sistema de acuerdo
a los requerimientos de nuestras propias circunstancias. Dejemos después que los
teóricos sueñen un nombre para ello
Palabras de Stoffel van der Merwe en 1986 al referirse al proceso de
transformación constitucional de Sudáfrica1
1 Citado en Albó C., Xavier y Barrios, Franz. Por una Bolivia plurinacional e intercultural con
autonomías. Bolivia: Cuaderno de Futuro 22. Informe sobre desarrollo humano. Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 1ª edición. Bolivia, 2007.
6
La propuesta general, fruto de la apertura de múltiples espacios de discusión y
debate en el 2009, se expone de la siguiente forma:
1111 PRIMERO
Reconstruir la historia de los pueblos y su temporalidad para que, desde su
interpretación de la realidad y del mundo, decidan su propio destino y se
constituyan como sujetos históricos.
Para ello es imperante construir un Estado compuesto, es decir que rompa con el
actual monopolio del poder legislativo concentrado en un solo órgano, con el fin
de consolidar un modelo matricial del poder y la construcción de tantos puntos
de poder como sujetos colectivos se consoliden, sustentados éstos en la
interpretación y ejercicio de los derechos colectivos, en la horizontalidad, la
ascendencia del poder y el desarrollo de la ciudadanía diferenciada.
2222 SEGUNDO
Guatemala, su forma de Estado y sus límites político – administrativos son
producto del proceso colonial iniciado hace más de 500 años. Por ello,
rechazamos esta forma de Estado y estos límites que fragmentan nuestro espacio
vital de relación y de construcción social y política del territorio.
Entendemos por territorio el espacio natural, socio político y simbólico en el que
transcurre (en el tiempo) la existencia de un grupo humano con formas
organizativas nacidas de su propia experiencia, constituido como sujeto
colectivo y por lo tanto con capacidad para ejercer derechos colectivos; basado
en una espiritualidad sustentada en principios y valores solidarios y de respeto y
armonía con la naturaleza, entre personas y comunidades y el cosmos.
Ubicamos el territorio natural que abarca la construcción del Estado Plural aquí
planteado como el territorio que han ocupado históricamente los pueblos
originarios de Mesoamérica (sur de México-Chiapas, Guatemala, Belice,
Honduras, El Salvador, Nicaragua y el nor-occidente de Costa Rica).
Como elementos principales para la construcción del Estado Plural, se toman en
cuenta los siguientes elementos, siempre desde el espacio mesoamericano:
� Desarrollo de la estructura social y política propia, forma de organización
libre y autónoma.
� Recuperación de la armonía entre las relaciones histórico-culturales (arte,
idiomas, dietas alimenticias, costumbres y tradiciones, desarrollo político y
económico, etc.) y las relaciones cosmogónicas, las cuales vinculan nuestra
cultura a una posición geográfica particular y a la biodiversidad que existe en
ella.
3333 TERCERO
Entendemos por cultura como el sistema de relaciones simbólicas (de
significación), materiales (con la naturaleza) y sociopolíticas (entre personas y
comunidades) que dan sentido de unidad y comunidad a una población.
Entendemos por colectividad como la expresión comunitaria y regional de la
cultura. Hablar de colectivo implica hablar de un sistema de relaciones culturales
anclado a un territorio, con estructuras organizativas y de representación
7
propias, y capaz de generar instituciones donde la realidad plural, a todo nivel,
esté representada.
Nos referimos a colectivo como aquella organización territorial de individuos
que poseen y reclaman una ciudadanía diferenciada; demandan ser considerados
como ciudadanos con igualdad de derechos ante el Estado, pero capaces también
de expresar como colectivo humano su alteridad y su derecho a ser diferentes
colectivamente dentro de su territorio. En consecuencia, cada sujeto colectivo es
singular y sólo puede identificarse y emerger desde su interior.
4444 CUARTO
Para la construcción del Estado Plural es preciso desarrollar las siguientes
políticas desde el interior de cada sujeto colectivo:
� Consolidación de una propuesta de región autónoma con su propio
ordenamiento territorial cuya implementación permita interpretar y ejercer
los derechos colectivos.
� Desarrollar espacios de decisión política comunitaria y regional que
permitan el desarrollo de las instituciones políticas propias tanto locales
como regionales, y la construcción desde la comunidad y la región de
instituciones estatales de representación.
� Desarrollo de un órgano regional que autorregule y administre el marco
jurídico y el reglamento legal en función de la realidad cultural plural, de sus
instituciones propias y de sus propios principios y valores.
� Creación de unas finanzas públicas regionales por un órgano fiscal propio
que permita la autogestión financiera y el desarrollo de las propias
instituciones y la ejecución de las propias políticas públicas.
� Creación de una institución educativa pública propia de nuestra región que
responda a nuestros principios y valores, a nuestra cosmovisión, a nuestras
lenguas, historia y forma de ver y entender el mundo, y capaz de crear una
universidad autónoma propia.
� Creación de un órgano regional con facultades de regulación económica que
permita desarrollar propuestas de reforma agraria para la consolidación de
una mejor equidad económica y de posesión del territorio apto para el
cultivo, así como de implementación de políticas públicas para el desarrollo
de la soberanía alimentaria.
� Generar un proceso de cambio constitucional y del marco jurídico-legal
actual que abra las puertas a la generación de relaciones plurales y que
permita la constitución de sujetos colectivos unidos en un solo Estado
Plural.
5555 QUINTO
Los principios que se usarán en la construcción de nuevas estructuras que
permitirán el desarrollo del sujeto colectivo y su legalización son:
� El pluralismo: el sujeto colectivo no es un sistema étnico de dominación sino
que permite la expresión de la diversidad.
� La soberanía: El poder ejercido por el pueblo y administrado por sus
representantes.
� La autonomía: Autodeterminación, autogestión, autogobierno y
autorregulación del sujeto colectivo mediante sus estructuras organizativas y
de representación.
8
� La legitimidad: Autoridades y representantes tradicionales, originarios con
prestigio, ética, credibilidad y reconocimiento a nivel local. Debe existir una
representación real de la población en todos los espacios de relación, de
manera que no excluya o exponga a represalias los diferentes puntos de vista
y formas de pensar.
� La representatividad: Real en función de los intereses y las necesidades reales
del colectivo, desde su propia historia y experiencia. El Estado
(reconstruido) con toda su estructura e institucionalidad fundamentada en
la perspectiva plural del reconocimiento y representación de la diversidad.
Organismos construidos con el principio de representatividad real, con base
en los criterios señalados anteriormente
� Formas tradicionales: No únicamente políticas, sociales o simbólicas, sino
también de producción, porque aunque pertenecen más a la esfera de la
cultura material, su desarrollo permiten tanto el desarrollo de la cultura
simbólica como la cultura social y política.
6666 SEXTO
Por ello, proponemos:
PRIMERO Generar un proceso amplio de consulta que permita identificar a los
sujetos colectivos y con ello reconfigurar el mapa político administrativo de la
región desde la interpretación comunitaria del territorio.
SEGUNDO Crear un consejo territorial en cada sujeto colectivo (conformado
por los consejos, representantes y autoridades propios de cada sujeto colectivo y
respectivos de cada una de las esferas de la cultura), que permita avanzar en un
nuevo ordenamiento territorial nacido desde las bases y la construcción de
nuevos órganos de poder regional desde la comunidad, con atribución específica
de facultades según lo estipulado en los derechos colectivos y la interpretación
que hacen de ellos las comunidades.
Este consejo territorial debe permitir la distribución horizontal y real del poder,
facilitar el intercambio y apoyo entre regiones, situar la cosmovisión de los
pueblos como vértebra para la construcción y desarrollo de las instituciones y de
sus formas de organización.
Formado por representantes electos por las comunidades sin pago de salario.
Con respeto a la pluralidad ideológica, consensuando alternativas para un
bienestar común.
9
CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL TERRITORIO DESDE LA
INTERPRETACIÓN COMUNITARIA
5555 La experiencia de poder local y organización
comunitaria en los 48 Cantones de Totonicapán.
Entrevista con Romeo Tiu
6666 La (ausencia de la) demanda autonómica en
Guatemala
7777 Las Comunidades Emergentes de Conocimiento:
generación de conocimiento plural al servicio del
cambio
1 Cultura, derechos colectivos, territorio y distribución
democrática del poder ante la desigualdad estructural
2222 Historia de conquista y explotación en la construcción
político-administrativa de Guatemala
3333 Mecanismos de individualización del derecho en
ámbitos locales y su repercusión en la subsistencia y
desarrollo de sujetos colectivos
4444 El reclamo del derecho colectivo a la tierra: El caso de
expropiación de terrenos ancestrales propiedad de la
comunidad xinka de Jumaytepeque
10
Síntesis de memorias de trabajo 2009 CULTURA, DERECHOS COLECTIVOS, TERRITORIO Y DISTRIBUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL PODER ANTE LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL ÍNDICE
La cultura como forma de vida, como sistema de relaciones regulado por una
comprensión íntima del tiempo
El colectivo: construcción social y política del territorio desde la comunidad
Los derechos colectivos
Algunos ejemplos de regionalización desde la interpretación comunitaria del territorio
y de los derechos colectivos
La importancia de interpretar el tiempo desde la comunidad
El proceso de interpretación del tiempo
El pueblo xinka , maya, “mestizo” y garinagu
La relevancia de las estructuras en la regulación del tiempo
El capitalismo y el sometimiento del tiempo comunitario
La desigualdad estructural
La estructura piramidal del poder
10
LA CULTURA COMO FORMA DE VIDA, COMO SISTEMA DE RELACIONES REGULADO POR UNA COMPRENSIÓN ÍNTIMA DEL TIEMPO
De vez en cuando
Camino al revés:
Es mi modo de recordar
Si caminara sólo hacia delante,
Te podría contar
Como es el olvido.
Humberto Ak’abal1
En su sentido más clásico y abstracto, la cultura es la expresión del ser de la
sociedad, es decir, de grupos humanos que comparten elementos de identidad
fundamentados en el idioma, las emociones, una historia compartida, un
territorio con el que se identifican, las simbologías, los significados y sus
producciones materiales y sociopolíticas. Al posmodernismo se le atribuye haber
reconstruido esta visión de cultura y considerarla no sólo como una mera
producción y reproducción de formas de ser y de ver la vida, sino también como
la generación de relaciones entre los individuos, con la naturaleza y el cosmos.
Ésta última es una consideración occidental al respecto de la cultura en un
intento por rescatar su propia forma de pensamiento. Ante la angustia que
1 Citado en Visquerra, Sergio. Tiempo y emancipación. Mijaíl Bajtín y Walter Benjamín en la
Selva Lacandona. F&G Editores. Cuadernos del presente imperfecto Nº 3. Guatemala, enero
de 2008
genera en la filosofía occidental presentir (si no declarar ya abiertamente) el fin
de la historia, dado el impacto que el capitalismo ha generado en la
interpretación del tiempo, del progreso y, en consecuencia, del desarrollo; la
interpretación que plantean los pueblos originarios de estas latitudes puede dar
una visión más sustantiva sobre la cultura, al menos más viva. La cultura,
definitivamente, se considera también como un sistema de relaciones, como una
forma de vida completa que no se conoce sólo por los elementos que la
componen sino por la relación que hay entre ellos. Su diferencia estriba de la
occidental en que la consideran siempre gravitando sobre una temporalidad
enraizada en un sujeto histórico, capaz por sí mismo de interpretar, generar,
transformar y rejuvenecer el tiempo. En consecuencia, la inexorable línea recta
que fundamenta la idea de progreso en las relaciones culturales del pensamiento
occidental, se tuerce y se arremolina en las culturas precolombinas. Aunque con
sus múltiples diferencias, en el interior de su diversidad todas son determinantes
en que el ser humano es una metáfora del universo que refleja en su ser
individual la imagen de una unidad cósmica colectiva, universal y
fundamentalmente diversa. Esta(s) cosmovisión(es) de las culturas
precolombinas tiñe las relaciones de temporalidad, de vida. Es desde esta
interpretación íntima del tiempo que se da sentido y contenido al espacio, al
territorio, y a todo lo que en él existe.
Si observamos con este pensamiento, la cultura no se ve como un cúmulo de
rasgos distintivos sino que se concibe como un sistema integrado de relaciones
regulado por un continuum propio, es decir una temporalidad marcada por un
latido que se escucha y se siente en toda forma. Por consiguiente, todo está
interconectado en un mismo pulso sanguíneo que marca el desarrollo del tiempo
en una pauta y un código de relación compartidos. El sistema de relaciones está
marcado por este compás, por esta interpretación del tiempo que se expresa en
la forma con la que el ser humano está vinculado con la naturaleza, el cosmos y
en sociedad. Esta temporalidad (re)genera un ciclo de vida que comparten todos
los seres animados e inanimados. En la cosmovisión propia de cada cultura se
11
narra precisamente la creación del tiempo y en consecuencia de ella se
desprende la forma propia que tiene cada cultura de ver y entender el mundo.
Los ancestros viven junto a nosotros, vivimos con ellos. Cuando los garífunas nos juntamos, nos reunimos, no sólo consultamos a los vivos, también a los muertos, porque ellos conocen el pasado, el origen, y pueden guiarnos mejor.
Intergeneracional, 06/09
Los nawales en la cultura maya, por ejemplo, unen a cada uno de los individuos
al flujo temporal de su calendario, es decir, enlazan a la persona con el sistema
de relaciones propio de su cultura y unen el latido de cada uno de sus corazones
al del universo. El tiempo, entonces, es hacedor de vida porque da sentido a la
persona en su comunidad y en la historia de su pueblo. Esta comprensión del
tiempo es la base con la que se interpretan los símbolos de la vida de cada uno de
los miembros de la cultura maya y la forma en la que se compone y se desarrolla
la estructura de su sistema organizativo, tanto social como político, espiritual y
productivo.
Para elegir autoridades se toma en cuenta la espiritualidad; el nawal de la persona, para determinar qué cargo puede ocupar. Según el calendario, se fijan fechas de reunión y de selección de autoridades, y su número idóneo y sus cargos. La espiritualidad y la cosmovisión abarcan muchos aspectos de la vida, ocupa aspectos sociales, de salud, y de naturaleza política... La identidad es mucho más que folclor, es organización, es vida. Por eso nuestra lucha. Sin identidad estamos muertas.
Intergeneracional, 06/09
Podemos entender ahora la importancia que tiene en la cultura maya el ombligo
y el cordón umbilical, y el profundo simbolismo que se les otorga: la unión con
una memoria compartida (la historia del pueblo maya) mediante la relación del
ser humano con la Madre Tierra; tiempo y espacio entrelazados. Es por ello que,
siguiendo la tradición, al nacer se entierra el ombligo en el lugar de origen,
porque se sigue percibiendo alimento pero no de la madre, sino de la tierra;
dañar la naturaleza es como envenenar la placenta.
La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra.
CEC Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al. 04/09
El tiempo en la cultura maya muere y renace cada cierto periodo, tal y como lo
hacen los seres vivos, regenerándose de esta forma la historia y el marco
ecológico de relaciones en el que se sostiene su cultura.
Aquí entreabrimos ya el desastre que supone, para los ecosistemas en los que
están inmersos los pueblos que componen la diversidad cultural del mundo, la
imposición de una sola forma de entender el tiempo y la destrucción cultural
que implica la obligación de vivir una comprensión aliena del proceso de
relación entre personas, con la naturaleza y con el cosmos, el cual impacta
directamente y destroza su organización social, económica, política y espiritual.
La destrucción de nuestro medio por la industria azucarera destruye también nuestra cultura. Nuestra razón de ser, nuestra forma de organizarnos y de vivir como pueblo xinka, está en cómo cambian los árboles, los animales, los insectos, y el tiempo, que ahora no conocemos, porque, por ejemplo, no llueve cuando debe, y cuando lo hace, por la falta de bosques, todo se inunda y destruye, derribando nuestras casas y matando nuestra fauna. No hablemos ya de lo que nos afecta la quema de la caña.
Ciclo Chiquimulilla, 09/09
Como veremos más adelante en este capítulo, el capitalismo se ha enraizado en
el núcleo regulador de relaciones, y desarrolla una temporalidad marcada por
una velocidad desbocada, que descompone las interacciones de los sistemas
culturales de relación ya que excluye al sujeto de su realidad temporal y lo remite
a una interacción fundamentada en el lucro desenfrenado y la explotación
empresarial, bases de significación de su realidad invasora. «Como lo dice S.
12
Tombazos (en Bensaid, 2003, 144): “El capital es justamente una organización
conceptual del tiempo. No es ni una cosa, ni una simple relación social, sino una
racionalidad viva, un concepto activo, la abstracción in actu” »”2. Carente de
sustrato vital, el capitalismo obtiene su sustento existencial absorbiendo la
temporalidad de los múltiples sistemas de relación que componen la diversidad
cultural. El resultado es el desarrollo de “una misma dinámica económica que
nos engloba a todos y nos uniformiza culturalmente”3.
Los principales responsables de la pérdida de nuestra cultura somos nosotros mismos. Luego las iglesias, los terratenientes y grandes familias de este país. El gobierno. Ahora, además, las empresas y los narcos. Sólo nosotros solos podemos salir de esto, que ya dura demasiado. Estamos siendo gobernados con un Estado tipo finca, donde se utiliza la violencia (represión) como mecanismo naturalizado de control.
CEC Moloj Naoj Kaqchikel, 09/09
La filosofía occidental, cristalizada la mayor de las veces en la teoría científica, a
la vista de las consecuencias que ha generado en el mundo este tiempo abstracto
y depredador del capitalismo, ha hecho increíbles esfuerzos por rejuvenecer su
propio tiempo, detener la explosiva homogeneización y centralización que
produce su pensamiento y regenerar así su cultura con el propósito de construir
una nueva historia. Al respecto es admirable el trabajo de Daniel Matul,
referencia de la intelectualidad maya actual, que hace admirables vínculos entre
la milenaria cultura maya y la teoría científica occidental de las últimas décadas4.
2 Citado en Visquerra, Sergio. Tiempo y emancipación. Mijaíl Bajtín y Walter Benjamín en la
Selva Lacandona. F&G Editores. Cuadernos del presente imperfecto Nº 3. Guatemala, enero de
2008 3 Noëlle Chamoux, Marie y Contreras, Jesús. La gestión comunal de los recursos. Economía y
poder en las sociedades locales de España y América Latina. Icaria. Institut Català
d’Antropologia. Barcelona, 1993. 4 Véase Matul, Daniel. La emergencia de las ciencias contemporáneas y Una fecundidad
insospechada en CANEK – Observatorio Cultural (2008). Construcción de comunicación
Profundicemos ahora en esta visión de la cultura y veámosla como una forma de
vida colectiva que se desarrolla gracias a las relaciones que generan las personas
que la conforman. Desde este punto de vista, la cultura deja de ser un conjunto
de elementos estáticos o de rasgos distintivos; deja de ser algo eminentemente
paralizado para convertirse en un sistema de relaciones dinámico, vivo,
complejo, íntimamente interrelacionado, holístico y en constante transformación
del presente y hacedora del futuro gracias a la interpretación que hacen sus
miembros de su propia historia.
Si la cultura no es una unidad fija e inmutable sino que se encuentra en
constante transformación, un análisis profundo sobre sus niveles de desarrollo o
degradación no puede basarse en el método científico tradicional, es decir, no
podemos diseccionar sus partes y examinar sus componentes. Dado que, desde
esta perspectiva, la cultura no está compuesta por unidades sino por relaciones
impulsadas por un marco temporal propio, para comprender su estado es
preciso entender las transformaciones que se dan en ese conjunto de relaciones
que le dan vida.
Muy a conveniencia de esta línea de análisis se encuentra la perspectiva con la
que Xavier Albó y Franz Barrios abordan la problemática social, económica y
política de Bolivia en su libro Por una Bolivia plurinacional e intercultural con
autonomías.5 Establecen tres esferas o dimensiones de relaciones estrechamente
interrelacionadas: la material, la social o política y la simbólica.
En la cultura material ubicamos las relaciones con la naturaleza, en otras
palabras, lo relacionado con la producción, la ciencia y tecnología, la vivienda, la
intercultural aplicada. Guatemala: Centro Cultural de España en Guatemala, Ediciones
Librovisor. Guatemala, 2008. 5 Albó C., Xavier y Barrios, Franz (2007). Por una Bolivia plurinacional e intercultural con
autonomías. Bolivia: Cuaderno de Futuro 22. Informe sobre desarrollo humano. Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 1ª edición, pp. 75-77.
13
alimentación y todos aquellos vínculos que se generan con los elementos
naturales existentes en el territorio. La cultura social y política se refiere a las
relaciones entre personas y grupos como la familia, la comunidad y la política
(obviamente no sólo partidista). En la cultura simbólica se desarrollan las
relaciones que dan sentido al conjunto y que conforman la cosmovisión propia
de cada cultura, por eso en ella se ubica el lenguaje, los valores, el arte, los
medios de comunicación (modernos y ancestrales), la educación y la
espiritualidad. Estas tres esferas no se desarrollan de forma separada sino que se
encuentran estrechamente vinculadas. Un cambio en una de ellas afecta a las
demás. Por ejemplo, cambiar el tipo de vivienda o la alimentación (esfera de la
cultura material) redunda en un cambio en las relaciones intrafamiliares y en las
decisiones sobre qué producir (esfera social o política) y en un cambio en las
relaciones de lenguaje y de valores (esfera simbólica). Ninguna de las partes es
más prominente ni más importante. Todas integran un sistema mayor a la suma
de sus partes: la cultura. Todas juntas dan vida a la cultura. Con ello queremos
decir que entender una de sus partes implica necesariamente conocer el
conjunto de relaciones con las que se sustenta. En otras palabras, significa
entender su cosmovisión, y ésa es la forma con la que el grupo de individuos que
conforman una cultura demuestran, mediante el tipo de relaciones que
mantienen, cómo interpretan la vida y el mundo. Por ello, como dijimos, toda
relación es integral. Otro ejemplo: las decisiones que toma un colectivo respecto
al ejercicio de su colectividad se dan en un lugar emblemático, con unas
personas y de una forma particular, con un protocolo determinado y en un
idioma o idiomas específicos. Como vemos en este segundo ejemplo las tres
esferas también se dan al mismo tiempo. Con ello queremos dar un salto
cualitativo a la comprensión de la cultura: pasamos de verla sólo como expresión
artística o de símbolos de identidad, lo que la reduce a un mero producto, a
ahondar en la profundidad, totalidad y complejidad (e implicaciones) que
significa verla como un sistema de relaciones gravitando dentro de un marco
temporal propio, que marca el compás de sus signos vitales.
Tiempo
Cultura material
Producción,
alimento,
vivienda…
Cultura simbólica
Lenguaje, valores,
religión, arte…
Cultura social o
política
Familia,
comunidad,
política…
Esfera de relación significadora
que da sentido al conjunto
Esfera de relación entre personas
y grupos
Esfera de relación con la
naturaleza
LA CULTURA COMO FORMA DE VIDA, COMO
SISTEMA DE RELACIONES REGULADO POR UNA
COMPRENSIÓN ÍNTIMA DEL TIEMPO
14
LA IMPORTANCIA DE INTERPRETAR EL TIEMPO DESDE LA COMUNIDAD
La utopía basada en la instauración del cuerpo colectivo que surge con su
propio lenguaje (…). Este es el lenguaje de la autonomía, en tanto cultura
con su propia expresividad y su propia temporalidad.
Sergio Tischler Visquerra
Si profundizamos en cómo un pueblo entiende el tiempo, descubriremos los
principios que regulan las relaciones sobre las que se sostiene su cultura. Esta
comprensión del tiempo es lo que da contenido cultural al territorio porque,
obviamente, las relaciones se dan en un espacio concreto. En otras palabras, el
tiempo comunitario da sentido y contenido al espacio vital donde se habita. En
esta comprensión se manifiesta el código (estructura) a partir del cual se regulan
las relaciones que dan sentido de pertenencia a un grupo de personas en el lugar
donde habitan.
La interpretación del tiempo (o la síntesis de cómo está relacionada nuestra
visión del pasado, del futuro y del presente) y los valores que guían su uso
establecen nuestros principios de desarrollo. Es decir, entender qué es desarrollo
para cada pueblo es entender la forma y el uso que cada uno de ellos hace de su
temporalidad. En consecuencia, desarrollar la comprensión que las
comunidades tienen del tiempo implica que éstas generen su propio destino, es
decir, que éstas tejan su propio tiempo y escriban su propia historia. Supone,
entonces, ver a las comunidades como sujetos históricos. Eso sucede cuando las
comunidades son capaces de agruparse, organizarse y recoger la memoria de sus
ancestros, de desarrollar su comprensión moderna de la historia y de decidir
sobre el futuro de sus miembros. Por eso damos tanta importancia a la
interpretación comunitaria del tiempo: cuando uno siente que forma parte del
tiempo en el que vive, se genera un enorme sentimiento de pertenencia, ya que
se tiene un sentido integral de relación con todo lo que está vinculado al tiempo
en el que se vive y a todo aquello que lo representa. Cuando los pueblos escriben
su propia historia es porque dirigen su propio destino.
Preguntémonos ahora, ¿quién ha escrito la historia de Guatemala? ¿Qué historia
aprenden los niños y las niñas? ¿Qué sucedería si los diferentes sujetos históricos
de Guatemala, construidos desde la comunidad, fueran poseedores de su propio
tiempo y contaran su propia historia con su propia voz?
Me sorprende que los jóvenes de hoy no sepan que vivimos una guerra hace apenas 10 años. Ahora hay violencia en las calles, antes había violencia política. Reunirse y hablar estaba perseguido.
Intergeneracional, 05/09
Hay una gran brecha intergeneracional. El pueblo maya padece una pérdida muy grave de la memoria. Las relaciones que unía el conocimiento de nuestra historia, nuestra historia compartida, se desvanecen.
Intergeneracional, 06/09
Podemos afirmar que vivir la propia concepción del tiempo (lineal, circular,
espiral…) implica decidir sobre cómo se recuerda el pasado, sobre cómo se
comprende la actualidad y sobre cómo debería de ser el futuro. Eso nos muestra
que la cosmovisión de cada pueblo se sustenta en una comprensión particular
del tiempo como sistema regulador de relaciones simbólicas, materiales y
sociopolíticas, es decir, de la persona con su comunidad y con su territorio. Vivir
la propia concepción del tiempo es, en última instancia y como dijimos,
establecer y planificar el propio proceso (sucesión del tiempo) de desarrollo.
Apropiarse del tiempo es restablecer el sentido mismo de la propia existencia: la
interrelación entre sistema de relaciones y territorio, entre tiempo y espacio,
genera el marco de vida definidor de relaciones múltiples de las personas y
grupos que concreta el marco ecológico de su existencia.
15
EL PROCESO DE INTERPRETACIÓN COMUNITARIA DEL TIEMPO
Como expusimos anteriormente, entender cómo los pueblos interpretan y
miden el tiempo nos dará las claves sobre cómo éstos entienden las relaciones
que fundamentan su cultura y, en consecuencia, cómo comprenden el
desarrollo. Este concepto de desarrollo lo contrastaremos más adelante en el
contexto de desigualdades estructurales para saber si pueden o no pueden
llevarlo a cabo como sujetos históricos y qué propuestas existen para
recuperarlo. Los pasos que se siguieron para este ejercicio fueron los siguientes:
PRIMERO: Observar el contexto de prácticas y relaciones
Reflexionar sobre
� Factores determinantes que inciden en la interpretación del tiempo en cada
esfera de la cultura.
� Factores con que se mide y actores que miden el tiempo por esfera de la
cultura.
� Factores estructurales que no permiten el desarrollo del tiempo comunitario
en cada esfera de la cultura.
SEGUNDO: Escribir el texto del discurso
Reflexionar sobre
� ¿Qué pensamos del análisis del tiempo que se ha hecho antes?
� ¿Por qué creemos que sucede y qué crítica tenemos ante esta realidad?
TERCERO: Determinar acciones organizadas para lograr el cambio del contexto
Reflexionar sobre
� ¿Qué podemos hacer conjuntamente para cambiar esta realidad?
Los resultados que hemos sintetizado de las conversaciones que se sostuvieron:
EL PUEBLO XINKA
El tiempo “es el espacio inmaterial o ciclo de vida que permite convivir,
expresar, armonizar, relacionarse con todos los elementos de la cultura y realizar
acciones con medida y exactitud en un lugar determinado para que el hombre
logre sus objetivos”. “El tiempo es el ciclo de vida que Dios le da a cada ser
viviente y es el conocimiento de las formas ancestrales de vida.” “Como valores
dados en el tiempo hay el respeto a la naturaleza, valor a las personas, sentido
comunitario, ayuda mutua y el respeto a la palabra dada”. “El tiempo es la base
para organizarnos y buscar proyectos productivos”. “El tiempo propio de la
Gracias al apoyo del Consejo Coordinador del Pueblo Xinka de Guatemala y del Proyecto Fomento y Salvaguarda de la cultura Garífuna, se elaboró un ciclo de debate en el 2009 que llevó por nombre Construcción de un Estado
Plural desde la interpretación comunitaria del territorio. En este ciclo, compuesto de tres reuniones, se reunieron más de 200 personas de todo el país con representación etnolingüística casi completa y, entre muchas otras cuestiones, se profundizó en la interpretación comunitaria del tiempo, base de significación para entender más tarde el espacio y, con él, el territorio. En la realización de los debates se utilizaron las formas propias de reunión, consenso y representación de los pueblos xinka y garinagu, que exponemos en el capítulo Políticas culturales en el apartado El proceso de construcción
de las políticas culturales. Mostramos a continuación los resultados de este diálogo entre los cuatro pueblos de Guatemala respecto a la interpretación comunitaria del tiempo.
16
comunidad surge cuando nos adaptamos a la naturaleza y en base a ella
podemos trabajar, porque somos parte de la naturaleza”.
“La forma de entender el tiempo es algo que
se ha transmitido de generación en
generación”. Los factores que son
determinantes en la interpretación del tiempo
y que permiten medirlo son “la forma de
trabajo comunitario y uso de la tierra”, “el
conocimiento de los abuelos respecto a la
relación con el hombre y la naturaleza”. Los signos de la naturaleza son
fundamentales para interpretar el tiempo, por lo que hay una relación muy
estrecha, ya que “los efectos o fases de la luna indican el tiempo en el que
debemos cortar madera para la elaboración de instrumentos. También lo es la
entrada del invierno que nos indica el tiempo de siembra de los productos”. “La
posición de los astros como orientación para hacer nuestras cosas. Por ejemplo,
los movimientos lunares para siembra o cosecha. En la mujer juega un papel
importante también la fase lunar”. Al respecto de los fenómenos atmosféricos,
“la ubicación de nubes o de donde llueve para saber si es o no buena el agua”.
La relación con la naturaleza es básica, “el agua,
luna, animales, sol, día, noche. La cosmovisión
encierra un sentir de cada uno de las cosas que
existen dentro del contexto”. “Los animales
como presagio de acciones buenas o malas que
pueden suceder”. Por ejemplo, “cuando la
hormiga cambia de un lugar a otro más seguro
es porque el invierno se acerca”. “Cuando va a ser mal tiempo o se aglomera, la
hormiga saca sus huevos a otro lugar más seguro”. “Cuando truena más y
relampaguea fuerte los cangrejos del río se salen de las cuevas, buscan un lugar
seguro para que la corriente no los arrastre”. “También según nuestra creencia
cuando a las primeras aguas sale a media lluvia el escarabajo quiere decir que el
invierno va a ser malo”. La naturaleza regula los tiempos de producción.
“Invierno siembra, verano cosecha” y ello regula “las acciones de las personas en
su comunidad”. Implica que “dentro de las juntas directivas comunitarias
tengamos ciertos tiempos de desarrollo de las actividades”. Así “fueron
enseñados nuestros abuelos”. “Los abuelos y abuelas determinaban diferentes
tiempos para realizar cualquier actividad y sabían cuándo, por ejemplo con los
cambios de la luna que era hora de cortar madera. De esta forma y muchas más
se medía el tiempo”.
“Un factor que no permite la relación con
nuestro tiempo es la tala de árboles para la
siembra de caña, que altera el clima y toda
nuestra relación con la naturaleza” y la
“contaminación”. Tampoco lo permite el hecho
de que “no hay unidad”, y de que existe
“desunión colectiva en nuestra comunidad. La
poca atención e información de cómo estamos organizados. También es
importante en ello nuestra historia de sumisión y esclavitud” y la “auto
discriminación”. En consecuencia “se pierde la cosmovisión de los ancestros”.
“Perdemos nuestra tradición porque somos como el hombre quiere y no como la
naturaleza quiere”. “Nuestros antepasados cuidaban las montañas, las que hoy
destruimos. Tenemos poco conocimiento de nuestra cultura en la escuela, que
no la conocen ni las autoridades que nos gobiernan, y por eso ni piensan en
ponerla en práctica”. Otros factores son “los electoreros, la conquista y colonia,
los económicos, la no aceptación y reconocimiento de las comunidades, la
deforestación y destrucción de la tierra por la mano del ser humano”.
Es importante “adaptarnos a la naturaleza y en base a ella poder trabajar porque
somos parte de la naturaleza”. Y “recuperar en las escuelas, puestos de salud y
gobierno la presencia y el conocimiento de nuestros abuelos y abuelas”.
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EL PUEBLO MAYA
“Sabemos que ya perdimos el concepto de vida y por eso es que a veces no
podemos dar el concepto de tiempo, ya que parece que la vida ya no nos
interesa. Nos interesa ganar más. Ahora todo es monetario y mercantilista, es
por eso que perdemos la razón de toda nuestra cultura cuando las cuatro
culturas son ricas, en experiencia y conocimiento y para seguir evolucionando
en la vida”. El tiempo “es el círculo de la vida que une a la naturaleza, al cosmos
y a nosotros los seres humanos”. “Nuestros ancestros manejaban el tiempo en su
siembra, en la naturaleza, en el espacio y en la formación de la vida. El tiempo se
conoce mediante el conocimiento de la cosmovisión”. “Se trata de un sistema
donde el pasado, presente y futuro están relacionados”, “es la madre en gestación
constante”. “Estar en armonía con la naturaleza es ser consciente de nuestra
propia identidad y de nuestro propio tiempo”. En definitiva, “el tiempo es un
elemento fundamental en la vida del ser humano para manejarse en la
convivencia armoniosa y equilibrada con la madre naturaleza”.
“A veces no se quiere aceptar que las mujeres descubrieron el tiempo, pero así
es, porque ellas eran las recolectores de los primeros alimentos, y con el pastoreo
de los animales también se dieron cuenta del ciclo sagrado de vida, descubrieron
con los cerdos cuanto tiempo duraba el embarazo. Así es cómo se descubren los
calendarios sagrados a través del trabajo de las mujeres. Esa es la aportación más
grande que tienen las mujeres ante la humanidad en la civilización maya: ellas
descubrieron el tiempo. Esta sabiduría se trasladó a los contadores de tiempo,
científicos que construyeron los calendarios que regulan nuestra vida. Para
nosotros los mayas el tiempo es la energía, es la fuerza del nawal que nos une en
un solo pueblo. Pero ahorita después de la firma de la paz, solo nos entretienen
con talleres, capacitaciones y seminarios. Es hora de que despertemos de nuestra
realidad y aquí es bueno empezar por desarrollar de una vez nuestro tiempo,
nuestra historia. Sentémonos y construyamos nuestra consciencia para volver a
encontrar nuestro espíritu. Aprendamos a leer el tiempo en el 2012: el universo
ha llegado a su vejez, todo está en contra de nosotros, la radio, los medios de
comunicación, el consumismo y la repartición que se hizo del universo.
Necesitamos disciplina para romper este cerco de opresión que nos han
impuesto y nos imponemos”.
Nuestra crítica ante la situación actual es que hemos descuidado nuestra cultura,
nuestros valores, y que nos hemos vuelto consumistas y que hemos aceptado la
invasión de otras culturas. “Se da el desconocimiento porque existe un rechazo a
la propia cultura”.
Los factores que no permiten el desarrollo de nuestro propio tiempo son la
“globalización, la minería, el TLC y los productos químicos”, así como “la
comercialización de productos extranjeros” y los que “cultivan nuestra riqueza la
venden en el extranjero”. También repercute “la falta de participación de las
comunidades en la toma de decisiones ante las autoridades”. También influye el
“sistema estructural de gobierno y estado, que genera una educación, un sistema
judicial, y una política económica y social en la que no está representado nuestro
pueblo”.
“Somos minorías porque estamos divididos. Con un plan unido seremos
mayoría”. En consecuencia, “unifiquemos esfuerzos entre las organizaciones
para accionar ante la problemática”. Por ello, “la comunidad debe establecer el
rumbo a seguir partiendo del uso que se le da a los recursos humanos y
materiales en base al análisis de nuestra historia”. “Es muy importante entonces
tomar en cuenta el conocimiento ancestral para rectificar las acciones del
presente”. Es preciso generar propuestas que “respeten la cultura de cada uno de
los pueblos y que exista una representación equitativa de cada pueblo”, es decir
“crear propuesta colectivas en beneficio de los pueblos, de acuerdo al contexto
coyuntural y de necesidades”.
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EL PUEBLO “MESTIZO”
“El tiempo es una cadena de eventos o sucesos que se entrelazan y que a veces
chocan en donde ocurren cambios, transformaciones, evolución o involución”.
“El tiempo es lineal, donde todo tiene un inicio y un final. Los factores con que
se mide son los procesos históricos, la tecnología que va evolucionando, el
desarrollo y el capital, entendido como trabajo y autonomía. Hoy en día nos
encontramos que parece que nunca hay tiempo para nada, que todo va muy
rápido. Para la mejora de las relaciones proponemos un reencuentro con la
naturaleza y sus tiempos. Para ello creemos necesario dejar a un lado el
consumismo y buscar la autarquía, es decir producir lo que se va a consumir, en
donde cada individuo o familia debe buscarse una forma autónoma de vivir y no
depender de elementos externos. También la autodeterminación individual
(elegir por nosotros mismos) y colectivo, igualdad (jornada de trabajo,
económica y de oportunidades), el respeto (entre etnias y culturas), y amor”.
EL PUEBLO GARINAGU
“Dan liguia”
“Lida le lere leiba guduna ahen busenbubei bachuluru ni hin lu bei bachulura
lumutiwa wasamina luagu linaru le wanibei keisi garinagu ibagaragei. Mabu
leida wamei saruoü”.
“El tiempo”
Cuando la corriente del agua es muy fuerte y quieres llegar a tu destino debes de ir
por la orilla.
“La idea que nos trae la vida de nuestros ancestros en aquellos tiempos guiada
por sus conocimientos astrológicos, pronosticaban el correr del tiempo con los
movimientos de la naturaleza. El calendario occidental marca el tiempo, pero
culturalmente para medir el tiempo los antepasados se concentraban en
elementos como el desplazamiento del sol en el día y de la luna por la noche, las
alertas que dan los animales, la dirección del viento, la posición, forma y color de
las nubes; etc. En el sol, la luna, los ciclos de la naturaleza y el canto de los gallos
para saber cuánto tiempo transcurría. Hoy el pueblo se ha adoptado a las
jornadas oficiales de educación y de trabajo, con lo que se ha roto con la
organización social propia”.
“Con el tema de las modas se ha abandonado mucho el uso de los trajes
regionales o típicos; incluso la comida ya no se elabora de forma tan artesanal,
con la introducción de aparatos tecnológicos y productos procesados, se ha
modificado la elaboración de alimentos, que nos congregaba, incluso se ha
adoptado el consumo de muchos productos no locales. Con ello, se ha destruido
el tiempo doméstico, el tiempo de la familia en la elaboración de nuestro propio
sustento, y con ello la pesca, que genera las relaciones que nos sostienen como
pueblo y nos unen con la naturaleza. Se ha destruido el tiempo espiritual, que
nos relacionaba con los ancestros. Se ha destruido el tiempo social, que nos
reunía en comunidad para tratar los problemas que nos afectan y así hablar con
nuestros muertos. El tiempo está destruido, el tiempo está mudo, ya no se le oye,
y por eso estamos divididos”.
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EL COLECTIVO: CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL TERRITORIO DESDE LA COMUNIDAD
La colectividad es la expresión comunitaria y regional de la cultura; es decir es su
expresión territorial. Hablar de colectivo implica hablar de un sistema de
relaciones anclado a un territorio (vea la definición anterior de cultura y sistema
de relaciones en La cultura como forma de vida). Esta acotación territorial es
fundamental para dar sentido a lo comunitario y a lo regional desde una lógica
cultural de construcción y desarrollo ascendente, es decir, de abajo hacia arriba,
con consideración de la pluralidad, y no de dominación descendente, de arriba
hacia abajo, con consideración monista (de una sola cultura).
Entendamos esta doble personalidad del sujeto colectivo: tiene una personalidad
inmediata, expresada en el ámbito territorial de lo comunitario, y otra
personalidad mediata, expresada en el ámbito territorial de una región. Vendría
a ser algo así como “yo soy de esta comunidad, en la que vivo, y pertenezco a esta
región, en la que me identifico porque en ella desarrollo las relaciones propias de
mi cultura”. La cultura entonces no queda reducida al ámbito doméstico de la
familia y de la comunidad, sino que tiene un alcance territorial amplio. En esta
doble personalidad del sujeto colectivo vamos entreviendo, poco a poco, la
construcción de un Estado Plural desde la comunidad.
Lo local está más circunscrito a la concepto estatal de municipio, tiene una connotación que lo vincula a lo municipal, y lo comunitario posee otra connotación menos viciada por el sistema; más bien el sistema rechaza lo comunitario, lo ha abandonado. El ejercicio comunitario es más legítimo y vinculado a la colectividad y a su territorio, al derecho colectivo y a su ejercicio, desde esta interpretación de cultura fundamentada en relaciones y a la comprensión original del tiempo.
CEC Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al. 04/09
Pero volvamos antes a la definición de colectivo. La consideración de lo
colectivo como expresión territorial de la cultura, como construcción social del
territorio desde la interpretación comunitaria, tiene además un propósito de
carácter jurídico, legal y político: como veremos más adelante, podemos vincular
las tres esferas de la cultura con los derechos colectivos. Esta capacidad por
derecho de ejercer la colectividad, y en última instancia de ejercer la cultura con
toda su complejidad en un territorio específico, tiene implicaciones políticas, ya
que por derecho los colectivos, —dentro del territorio que consideran como
espacio vital para desarrollar su cultura— tienen el derecho de autodeterminarse,
de decidir su propio destino (es decir recuperar su memoria y re-construir su
propia historia). Como podemos ver, aquí estamos vinculando la cultura al
concepto de colectivo mediante la variable “construcción social y política del
territorio”, lo que confiere a la diversidad cultural, en última instancia, una voz,
un cariz político,6 y no, como es usual, una expresión meramente folklórica y
carente del sustento social, económico y organizativo que es en realidad lo que
da vida a estas expresiones. Definamos colectivo desde esta perspectiva.
Nos referimos a colectivo como aquella organización territorial de individuos
que poseen y reclaman una ciudadanía diferenciada; demandan ser considerados
como ciudadanos con igualdad de derechos ante el Estado, pero capaces también
de expresar como colectivo humano su alteridad y su derecho a ser diferentes
colectivamente dentro de su territorio.
La colectividad posee la característica de grupo humano organizado, con un sentimiento de pertenencia e identidad
CEC Colectiva I
Un colectivo es un Conjunto de habitantes que pertenecen a un territorio en el que existe convivencia con armonía, confianza entre habitantes,
6 Díaz Polanco, Héctor (2007). La Rebelión Zapatista y la autonomía. México: Siglo veintiuno
editores.
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donde se persigue el objetivo de la unidad, tomando sus propias decisiones con sus formas propias de organización.
CEC Moloj Naoj Kaqchikel, 09/09
Un colectivo puede definirse a partir del hecho de si las personas que lo componen comparten un territorio, una organización y un sentimiento de identidad, pero se cuestiona sobre la condición del idioma como criterio único, debido a la diversidad, donde grupos etnolingüísticamente diferentes están unidos en un mismo territorio, superando el factor lingüístico como único principio de relación; obviamente es importante tenerlo en cuenta, pero creemos que son más determinantes los lazos sociales y políticos nacidos de la comunidad en esta comprensión de territorio más amplia, regional y compleja.
Ciclo Guatemala, 02/09
Se considera colectivo a un grupo de personas con determinada territorialidad e intereses en común. Enfatizando que el concepto de territorio no se reduce a un espacio geográfico, más bien se construye una relación simbiótica unida a la identidad, el sentimiento de pertenencia y la organización que pueda generar las condiciones apropiadas para que cada persona pueda desarrollarse y alcanzar una realización plena, tanto individual como social. (…) Inclusive, cuando ocurren desplazamientos o migraciones, es posible reivindicar los derechos colectivos, fundamento normativo de la colectividad, partiendo por el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de una ciudadanía diferenciada, independientemente de la zona geográfica.
Ciclo Livingston, 11/09
Pongamos un ejemplo de ciudadanía diferenciada: todas las personas tienen
derecho por igual a un servicio público, de calidad y gratuito de educación y de
salud, porque todos somos ciudadanos con igualdad de derechos. Ahora bien, la
salud y la educación son concebidas, con toda certeza, de forma muy distinta por
un garífuna, un mam o un xinka. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo y qué se educa,
se sana o se previene la enfermedad? Necesariamente, cada cultura debe de tener
la potestad de responder estas preguntas y (re)construir con ellas sus propias
relaciones (simbólicas, materiales y sociopolíticas). Incluyamos un ejemplo más,
preguntémonos ¿qué entiende un garífuna, un mam y un xinka (para seguir con
el ejemplo anterior) por representación, por gobierno, por territorio y, en última
instancia, por desarrollo? Como vemos aquí, la ciudadanía diferenciada posee
una clara cadencia hacia la autodeterminación.
Los colectivos, para sostenerse y desarrollarse, poseen una estructura
organizativa propia, es decir, una institucionalidad que permite la
representación y el desarrollo de las relaciones propias de su ser colectividad, de
su propia cultura o, como veremos más adelante, alianza de culturas en su
territorio. El respeto por la ciudadanía diferenciada significa que el colectivo
puede crear y desarrollar sus propias instancias de representación, instituciones
públicas (sociales, económicas, jurídicas y políticas) y mecanismos de
tributación o autogestión financiera afines a sus diferencias culturales que
permiten financiar su ser colectividad. Dicho de otro modo: pueden crear las
políticas públicas comunitarias y regionales adecuadas para el correcto
desarrollo de sus relaciones. Esto implica que estas instituciones propias, junto
con el territorio y sus recursos naturales, sean gestionadas política y
administrativamente de forma autónoma por los representantes del colectivo
dentro de un mismo Estado.
Debemos hacer hincapié en que aquí no nos referimos a colectivo como grupo
de individuos relacionados por un tema prioritario (mujer, niñez, campesinado,
juventud, orientación sexual, entre muchos otros catalogados normalmente
como grupos sociales), que reclaman la igualdad política para ser tratados con
los mismos derechos que el resto de la población.
Un colectivo posee entonces tres elementos fundamentales: un territorio, una
población con uno o varios sistemas culturales de relación (completos y aliados),
y una institucionalidad que permite la representación de los miembros del
colectivo y la toma de decisiones para su autogobierno (según sus formas
21
propias de relación). Un colectivo consolidado es capaz de desarrollar su
ciudadanía diferenciada porque posee el poder de desarrollar su diferencia
dentro de su territorio.
Entendemos por territorio el área geográfica que posee una población de diversas culturas que se encuentran unidas por sus idiomas, espiritualidades, costumbres, música, tradiciones, visión y unión, que están organizados. (…) El territorio es el área geográfica donde llega la competencia, jurisdicción y capacidad de ser una colectividad.
CEC Moloj Naoj Kaqchikel, 04/09
En base a esta definición, hemos identificado la condición que aparece como la
más elegible para identificar colectivos: la existencia de instituciones propias que
representan al colectivo dentro de su territorio. Su estudio, además, nos permite
identificar cuál es su jurisdicción: qué espacio territorial representan y sobre qué
ordenamiento territorial se regulan.
Los criterios de idioma y símbolos de identidad —denominados
tradicionalmente como “culturales”— son los que prevalecen normalmente para
identificar a colectivos. No obstante, tras una serie de conversaciones con
representantes comunitarios, estos criterios demostraron no tener consistencia
suficiente para determinar a un colectivo. Esto se debe principalmente a:
� En algunos casos debido a su fuerte degradación. De hecho, es preciso
revitalizarlos para entrelazar nuevamente su sistema de vida. Partir de un
criterio lingüístico o de expresión de símbolos de identidad dejaría fuera, por
ejemplo, a individuos que ya no hablan el idioma, pero que comparten la vida
cultural de la comunidad.
� En otros, debido al factor de diversidad etnolingüística que puede componer
un colectivo. La riqueza cultural que existe en Guatemala no puede ser usada
para dividir grupos humanos que conviven en un mismo espacio territorial y
que se encuentran entrelazados por múltiples relaciones, más allá del
lingüístico. Es decir, la distribución del poder que se encuentra en la espina
dorsal de los derechos colectivos no debe de ser pretexto para reproducir el
sistema de desigualdad y dominación en el que se encuentra la diversidad
cultural de Guatemala hoy en día. Además, aunque los derechos colectivos se
formulan en singular, sustentan la posibilidad de un colectivo por tener
idiomas, espiritualidades, formas de representatividad distintas… Partir de un
criterio lingüístico para determinar a un colectivo puede fraccionar su
identidad como pueblo y crear subdivisiones dentro de un colectivo unificado
por encima de las diferencias de relación significadora y simbólica, pese a que
éstas deben de estar adecuadamente reconocidas y representadas. A eso le
podemos agregar las migraciones internas, como consecuencia de la guerra o
la búsqueda de oportunidades, que no pueden redundar en el ejercicio de
derechos colectivos de unos en detrimento de otros.
A partir de estas consideraciones previas, la condición que aparece como
parámetro básico para considerar que un colectivo ejerce su colectividad es el
ejercicio de la libre determinación, es decir, su libre capacidad para decidir su
estatus político. Esto implica:
� La capacidad de organizarse según sus propios principios, valores, tradiciones
e interpretación, no necesariamente reconocidos por el Estado como
instancias “oficiales” de decisión política.
� La auto-identificación como reconocimiento y comprensión de sí y su
pertenencia, representatividad y relación con sistemas superiores de
organización política: de la comunidad a la región y de la región al Estado.
� La autonomía o capacidad para elegir su sistema de gobierno, sus gobernantes
y representantes, sus propias formas de derecho y poder legislativo y judicial
(separación del poder desde una lógica occidental que puede tener otras
formas desde percepciones culturales diferentes).
22
De estos tres puntos podemos deducir que el factor clave para identificar a los
colectivos es, definitivamente, la comprensión del territorio como variable que
cohesiona la colectividad como sujeto diferenciado. La identidad del colectivo
reside entonces en la interpretación (ancestral e histórica) y la capacidad de
gestión del territorio a partir de sistemas propios de representación y de toma de
decisiones, así como en la protección y desarrollo de sus estructuras
organizativas.
Podemos afirmar entonces que un colectivo, más allá de sus diferencias internas,
se caracteriza por concentrarse alrededor de una institucionalidad o ente rector
propio (comunitario o regional) que regula las relaciones y representa a los
individuos y a los grupos que lo componen dentro de un espacio territorial. Para
definirlo es preciso considerar y reconocer:
� El proceso histórico de su constitución y los principios cosmológicos y
ancestrales que le han dado forma y lo relacionan con el territorio.
� Los procesos comunitarios de consulta, representación, gobernabilidad,
resolución de conflictos, formación de consejo y transmisión de valores y de
la identidad colectiva.
� Las múltiples formas que toma la organización comunitaria y regional en las
distintas zonas del país.
Dicha institucionalidad no acepta criterios estándares, sobre todo debido a la
rica y compleja diversidad que compone el país: se trata de una expresión
singular y particular de la colectividad comunitaria y regional hacia su territorio.
Es decir, la fórmula de libre determinación y su operatividad no puede ser dada
ni interpretada desde el exterior sino que debe se ser originada, formulada y
gestionada desde el interior de la comunidad y de la región, lo cual implica
procesos de reflexión comunitaria mediante cauces comunitarios propios (valga
la redundancia) de generación de consejo, negociación y toma de decisiones.
En Guatemala a pesar de que hay tantos convenios internacionales, éstos no funcionan porque en las comunidades los conceptos no encajan (…) Hay que ir con las comunidades para ver cuál es el concepto que ellos utilizan. Hay qué investigar de dónde salió eso. Cómo lo denominan, qué significado le dan, cómo lo ejercen (…) A nosotros nos interesa basarnos en cómo entienden las colectividades los distintos términos. Es fundamental un proceso de interpretación comunitaria, con la dimensión plural que ello significa. (…) Si yo tengo que hacer un monitoreo de justicia social, por ejemplo, es sencillo porque hay procesos, estados de los casos, medidas, sentencias, procedimiento. Pero en el tema de las formas propias en comunidad, no es lo mismo siempre su accionar, como en Sololá, Chichicastenango, pues ahí es muy difícil poner una guía para ambos casos, y hay que estudiarlos por separado, pues aunque existan patrones comunes, siempre existen diferencias determinantes.
Ciclo Guatemala, 02/09
El Estado lo pone a uno a chocar con su mismo grupo y costumbres sociales (…) crea polos opuestos generando confrontación, división. (…) ¿Si un país como éste ha negado los derechos de los distintos grupos, puede en realidad considerarse como un país democrático? Yo diría que no… Nosotros a veces caemos en la tarea de deslegitimarnos. Eso favorece al Estado. Cuando nosotros con otra organización planteamos un amparo en el caso de un lugar sagrado, los tribunales nos preguntaron sobre la personería jurídica, y ello implica hacer un trabajo para poder demostrarlo y llevar el proceso, cuando un lugar sagrado, obviamente, no se ajusta, no encaja con la idea de personería jurídica como lo entiende el derecho oficial. El significado de propiedad es radicalmente distinto, son dos realidades diferentes. Es en este proceso, cuando nos acoplamos al sistema imperante y nos esforzamos en cumplir su ley, que nos deslegitimamos, y muchas veces no nos damos cuenta. El Estado pretende salirse con lo más fácil, y nosotros permitimos a veces que eso suceda. Hay que buscar procesos previos para saber a quién acudir, con quien consultar, a quién preguntar, pues es bastante complicado hacer la defensa de derechos colectivos: para hacerla tenemos que regresar a la comunidad, interpretar y hablar desde la comunidad como comunidad.
Ciclo Guatemala, 02/09
23
No son pocos los casos en los que el territorio de un colectivo se encuentra
dividido entre tres o más límites de la administración política oficial actual. Esto
se debe a que, en muchos casos, el límite municipal y departamental no
responde a la lógica comunitaria sino a la lógica colonial de división y
reproducción del sistema de centralización y dependencia administrativa y
política. La estructura administrativa que crea la división política actual del país
es incoherente y alejada de las estructuras organizativas comunitarias. La
división territorial actual de Guatemala no responde a otra lógica que la de
fragmentar y descomponer los colectivos y su interrelación interna regional,
manteniendo su espacio vital reservado únicamente en la comunidad (ambos
mecanismos son una consecuencia colonial) para hacer operativa la explotación
económica y el divisionismo, mediante la ruptura de posibles instancias de
decisión regional propias de los pueblos, instancias que podrían permitir la
organización y la defensa colectiva ante el saqueo y la dominación. Eduardo
Gordillo, en el capítulo Historia de conquista y explotación en la construcción
político-administrativa de Guatemala, hace un análisis minucioso al respecto.
Podemos concluir que para identificar los sujetos colectivos es preciso abrir
espacios que permitan (re)construir conceptos y prácticas de representación a
partir de los códigos de comunicación propios de cada espacio comunitario (ver
los experiencias de interpretación comunitaria del territorio y de los derechos
colectivos que mostramos más adelante). Un ejemplo es la forma de
representatividad y desarrollo de las autoridades de los pueblos originarios, que
son diferentes, en muchos casos, de una zona a otra. Por tal motivo, en
consideración a la pluralidad, hay que tratar cada caso de forma singular, para
detectar las similitudes y las diferencias, y poder, cuando sea posible, establecer
patrones comunes mínimos. Esta construcción de patrones, incluso de la misma
conciencia colectiva dentro del propio colectivo, implica en un país como
Guatemala un proceso de construcción intercultural (interculturalidad7
entendida como proceso de construcción conjunta de relaciones horizontales
entre culturas, y de relaciones sociopolíticas, simbólicas y materiales) que
permita la construcción no sólo de relaciones interpersonales (que se encuentran
en un plano comunitario-individual), sino también de relaciones institucionales,
normativas y estructurales (de carácter colectivo).
Abrir espacios de reflexión para este tipo de construcción social y política del
territorio desde la comunidad permitiría la posibilidad de avanzar en el
establecimiento de un Estatuto epistemológico del colectivo como sujeto de
derechos, base fundamental para la construcción de un Estado Plural fruto de
una decisión colectiva desde la comunidad.
7 Ver CANEK – Observatorio Cultural (2008). Construcción de comunicación intercultural
aplicada. Guatemala: Centro Cultural de España en Guatemala, Ediciones Librovisor.
24
LOS DERECHOS COLECTIVOS
Dado que el ser humano es eminentemente social, si entendemos la cultura
como una forma de vida colectiva, como un sistema de relaciones, ésta tiene
tanto valor como la vida individual de cada ser humano. Sin relaciones sociales,
políticas, materiales y simbólicas el sentido mismo de ser humano se pierde. Por
eso, junto a los Derechos Humanos Fundamentales, referidos al individuo y que
se ejercen de forma individual (el derecho a la vida, por ejemplo), existen los
Derechos Humanos Fundamentales referidos al colectivo (el derecho al idioma,
por ejemplo) que, obviamente, sólo se pueden ejercer de forma colectiva.
Como podemos ver en el cuadro que incluimos más adelante, hemos vinculado
los derechos colectivos a cada esfera de relación de la cultura. Los derechos
colectivos se sustentan también sobre su interdependencia e inseparabilidad. No
podemos hablar de un derecho colectivo sin hacer mención al cumplimiento e
interrelación del conjunto. Por ejemplo, tener derecho a la educación sin tener
acceso al derecho a la ciencia y tecnología, a la autosuficiencia y al territorio, es
decir, a su aplicación práctica en relación con la naturaleza, ni tener acceso al
derecho a participar en la vida política como colectivo para regular las
instituciones educativas públicas es como no tener derecho a la educación. Una
educación que traduce la educación oficial y que no reconoce la historia contada
por el colectivo no es una educación de la colectividad, aunque esté en su
idioma. En conclusión, todos los derechos están vinculados y se hace precisa una
visión integral para ser capaces de ejercerlos también de forma integral.
Con la finalidad de que cada derecho colectivo que se presenta en el cuadro
siguiente tuviera sustento jurídico y legal, nos hemos basado en las siguientes
declaraciones y convenios internacionales que comprometen al Estado a ofrecer
los mecanismos necesarios para la aplicación de cada uno de ellos. Para su
ejercicio se hace necesario primeramente su interpretación comunitaria y la
identificación territorial que defina los diferentes colectivos que existen en
Guatemala.
El marco jurídico y legal en el que se fundamentan los derechos colectivos es el
siguiente8:
CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES
EN PAÍSES INDEPENDIENTES
� Primer instrumento internacional referido íntegramente a la protección y
defensa de los derechos de Pueblos Indígenas.
� El convenio es el resultado final de discusiones, debates, votaciones y
consensos (habidos entre 1986 y 1989) que decidieron la revisión parcial del
Convenio No. 107 y desembocaron en el texto del Convenio No. 169 que
aprobó la Conferencia Internacional del Trabajo en su septuagésima sexta
reunión realizada en Ginebra en 1989.
� Es un instrumento de carácter vinculante, es decir, un tratado a través del
cual el Estado, con la ratificación, soberanamente, adquiere o acepta
obligaciones y/o compromisos internacionales con respecto a los pueblos
indígenas que viven dentro de su territorio geográfico-administrativo
internacionalmente reconocido; es decir, el Estado que ratifica “se obliga” a
cumplir todas y cada una de las disposiciones contenidas en el Convenio.9
� Adoptado el 27 de junio de 1989, en Ginebra, Suiza, por la Conferencia
General de la Organización Internacional de Trabajo.
� Ratificado por Guatemala el 5 de Junio de 1996.
8 Para una exposición amplia y detallada de estos instrumentos legales y otros vinculados, vea
los Documentos de apoyo expuestos en el apartado Kame de esta publicación.
9 Mario Ibarra – “Notas Sobre Algunos Instrumentos, Documentos y Actividades
Internacionales para una Discusión e Implementación del Derecho de Libre Determinación de
los Pueblos Indígenas”, Ensayo, Primera Impresión, Guatemala, Año, 2007; Pág. 360
25
� Otorgó una nueva dimensión a la importancia e interpretación a los
Acuerdos de Paz que tuvieron lugar ese mismo año.
� Posteriormente a su ratificación, se ha llevado el proceso de implementación
y aplicación en cuanto a los compromisos que implica dicho convenio,
otorgando mayor importancia a la actuación de las organizaciones de
pueblos indígenas.
DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
� Constituye un importante instrumento que precisa sobre derechos colectivos
e individuales de los pueblos indígenas
� El documento final es el resultado de negociaciones y votaciones (en
Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General) de Estados
miembros de la ONU.10
� Aprobado el 13 de Septiembre de 2007 en Nueva York, Estados Unidos, por
la Asamblea General de las Naciones Unidas
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL
� Conforma uno de los principales tratados en materia de Derechos Humanos,
con énfasis a principios de igualdad y no discriminación.
� Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de
Diciembre de 1965.
� Ratificada por Guatemala el 18 de Enero de 1983.
10 Mario Ibarra – “Notas Sobre Algunos Instrumentos, Documentos y Actividades
Internacionales para una Discusión e Implementación del Derecho de Libre Determinación de
los Pueblos Indígenas”, Ensayo, Primera Impresión, Guatemala, Año, 2007; Pág. 84
� Su ratificación originó recomendaciones y esfuerzos por eliminar formas de
discriminación, sobre todo teniendo en cuenta a la población indígena de
Guatemala.
CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA
� Es el primer acuerdo mundial enfocado en la conservación y uso sostenible
de la biodiversidad.
� Este documento es clave para los pueblos indígenas porque en él se afirman
y se reconocen las contribuciones de estos pueblos al mantenimiento de la
diversidad biológica del planeta y la importancia de sus conocimientos
tradicionales.
� Implica entre sus objetivos a la conservación de la diversidad biológica, el
uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los
beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.
� Adoptado el 5 de Junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, denominada “Cumbre de la Tierra”.
� Ratificado por Guatemala el 14 de junio de 1995.
� Constituye un elemento adicional en el marco jurídico guatemalteco que
corresponde a biodiversidad y temas relacionados con recursos naturales, en
un país donde tales objetos de atención son de gran importancia, tanto por
su condición medioambiental como política.
DECLARACIÓN DE NYÉLÉNI
� Importante instrumento en materia de soberanía alimentaria, con la
intervención de delegados de grandes proveedores de alimentación de varios
pueblos de más de 80 países del mundo.
26
� Derivado del foro para la soberanía alimentaria con lugar en Sélingué, Malí,
el 27 de febrero de 2007.
� Describe a la soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos a
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de
forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema
alimentario y productivo”.
Derecho colectivo al
patrimonio cultural y a los
símbolos de identidad
Derecho colectivo al
idioma
Derecho colectivo a
los medios de
comunicación
Derecho colectivo a la
educación
Derecho colectivo a la
espiritualidad
Derecho colectivo a la
autonomía,
autodeterminación,
autogobierno,
autorregulación y libre
ejercicio de la soberanía
Derecho colectivo a
la autosuficiencia y al
desarrollo de la
industria autóctona
Derecho colectivo a
la propiedad y
posesión del
territorio y del
patrimonio natural
Derecho colectivo a
la ciencia y
tecnología
Derecho colectivo a
la participación en la
vida política
Derecho colectivo a
libertad, paz y
seguridad
Cultura social o
política
Familia, comunidad,
política…
Esfera de relación entre
personas y grupos
Cultura material
Producción, alimento,
vivienda…
Esfera de relación con la
naturaleza
Cultura simbólica
Lenguaje, valores, religión, arte…
Esfera de relación significadora
CULTURA
Los derechos colectLos derechos colectLos derechos colectLos derechos colectivosivosivosivos Como la cultura, los derechos colectivos están firmemente relacionados. Por ejemplo, tener acceso a al derecho colectivo a la
espiritualidad, sin tener derecho
colectivo a la propiedad y
posesión del territorio donde están asentados los lugares sagrados ni tener acceso al derecho colectivo a la
participación en la vida política para su regulación, es sencillamente como no tener acceso al derecho colectivo a la espiritualidad.
27
Entreabramos ahora un poco las implicaciones profundas y estructurales que
supone ejercer estos derechos colectivos: implica reconfigurar al Estado, para
que no esté al servicio de un solo grupo de poder sino con diversos puntos de
poder, tantos como sujetos colectivos se establezcan; un poder cuya distribución
horizontal proviene, primero, de la comunidad, y después, de la región que
representa el sujeto colectivo con sus derechos y que se consolida en un Estado
representativo de la diversidad que lo compone. Como vemos, ejercer los
derechos colectivos significa, en última instancia, una reconfiguración radical de
las estructuras que sustentan el Estado actual. Dado que este cambio no se ha
dado, tenemos un Estado que reconoce los derechos colectivos, pero que es
incapaz de hacerlos operativos dada su configuración centralista donde las
decisiones se toman de arriba hacia abajo. Profundizaremos en estas inquietudes
más adelante, cuando hablemos de las desigualdades estructurales.
En cuanto al Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, es muy importante recordar que quedaron fuera de consideración los aspectos sobre Libre Determinación, Territorio y Autonomía.
Ciclo Guatemala, 02/09
La pregunta sale sola: ¿qué camino (cuál sistema) es el más viable para ejercer los derechos colectivos? Tengamos en cuenta que la unión es seguramente la más grande debilidad en esta nuestra realidad guatemalteca. Reestructurar el Estado implica involucrar como ejes centrales la participación representativa, los derechos colectivos y las formas originarias de interpretar el mundo y la realidad. Implica ver a las personas como ciudadanos y fomentar espacios para la participación ciudadana desde la diferencia, la diversidad de formas de participar. Ciclo Livingston, 11/09
Un grupo de consejo de guías espirituales, hoy es una asociación de vecinos en San Juan Sacatepéquez. A veces se convierten en COCODES11. Eso es terrible.
Ciclo Guatemala, 02/09
11 Consejos Comunitarios de Desarrollo.
El revalorizar la organización comunitaria no consiste en cambiarle el nombre y registrarla como COCODE. Las organizaciones tradicionales responden a un sistema de cargos y reconocimiento comunitario.
Ciclo Livingston, 11/09
Desde los COCODES es posible priorizar las formas de organización y de autoridades tradicionales y genuinas. Los valores culturales de solidaridad, el respeto y la colectividad no deben ser absorbidos por los nuevos valores del sistema capitalista. Pero muchas veces los COCODES quedan sólo como entes de ejecución, mas no de planificación que es donde se ven las relaciones de poder. Los intereses personales y políticos de las personas que integran la municipalidad ejercen cierta presión en los COCODES.
Ciclo Livingston, 11/09
Veamos ahora una síntesis de cada uno de los derechos colectivos; resumen
procedente únicamente del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes (recordemos su condición vinculante) por su
gran importancia al respecto de los derechos colectivos, aunque no es el único.
Invitamos a la revisión de todos los instrumentos legales relacionados con los
derechos colectivos, sistematizados en Documentos de apoyo en el apartado
Kame de esta publicación. Como reiteramos anteriormente, se hace precisa su
interpretación comunitaria.
DERECHOS COLECTIVOS REFERIDOS A LA CULTURA SIMBÓLICA
Derecho colectivo al idioma
C169OIT - Art. 28: 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los
pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la
lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. (…) 3.
Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los
pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
28
Derecho colectivo a la espiritualidad
C169OIT – Art. 5: Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: a. deberán
reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y
espirituales propios de dichos pueblos (…).
Derecho colectivo al patrimonio cultural y a los símbolos de identidad
C169OIT – Art. 1: (…) 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se
aplican las disposiciones del presente Convenio (...).
Derecho colectivo a la educación
C169OIT – Art. 26: Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros
de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los
niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional.
C169OIT – Art. 27: (…) 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho
de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación (…). Derecho colectivo a los medios de comunicación
C169OIT – Art. 30: 1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las
tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus
derechos y obligaciones (…) 2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a
traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas
en las lenguas de dichos pueblos.
DERECHOS COLECTIVOS REFERIDOS A LA CULTURA MATERIAL
Derecho colectivo a la autosuficiencia
C169OIT – Art. 23: 1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y las
actividades tradicionales y relacionadas con la economía de subsistencia de los
pueblos interesados, como la caza, la pesca, la caza con trampas y la recolección,
deberán reconocerse como factores importantes del mantenimiento de su
cultura y de su autosuficiencia y desarrollo económicos (…).
Derecho colectivo a la ciencia y tecnología
C169OIT – Art. 11: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y
revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a
mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras
de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, utensilios, diseños,
ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas (…).
C169OIT - Art. 24: 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias
medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud (…).
Derecho colectivo a la propiedad y posesión del territorio y patrimonio
natural
C169OIT – Art. 14: 1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho
de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan (...).
C169OIT – Art. 15: 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos
naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente (…).
DERECHOS COLECTIVOS REFERIDOS A LA CULTURA SOCIAL O
POLÍTICA
Derecho colectivo a la representatividad y participación en la vida política
C169OIT – Art. 6: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los
gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en
particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones
electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas
y programas que les conciernan (…).
29
Derecho colectivo a la libertad, paz y seguridad
C169OIT – Art. 3: 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente
de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni
discriminación (…).
C169OIT – Art. 24: Los regímenes de seguridad social deberán extenderse
progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación
alguna.
Derecho colectivo a la autonomía, autodeterminación, autogobierno
C169OIT – Art. 7: 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo (…).
C169OIT – Art. 27: 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de
esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación (…).
ALGUNOS EJEMPLOS DE REGIONALIZACIÓN DESDE LA INTERPRETACIÓN COMUNITARIA DEL TERRITORIO Y DE LOS DERECHOS COLECTIVO
La conciencia colectiva es un ejercicio permanente, es decir, no es un fin ni un
resultado de la acción individual en grupo, sino que forma parte de un proceso
cíclico en el que se encuentra entrelazada la conciencia individual.
El ser colectivo es un proceso de retroalimentación constante. Al mismo tiempo se es colectivo y se es individual.
CEC Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al. 06/09
En el seno de este ciclo de retroalimentación constante se encuentra la
vinculación de identidad con un territorio, entendida dicha vinculación como
elemento que cohesiona las partes y hace de los individuos algo más grande y
con mayor poder de acción que la mera suma de sus capacidades individuales.
Esta identidad como colectivo parte de saber quién es uno, de dónde viene, a qué
pueblo pertenece, con qué otros pueblos convive y de poder verse representado
en las instituciones que regulan las relaciones que se dan en el territorio. Lo
colectivo deviene, en última instancia, de la capacidad para poder expresar la
propia identidad y verla aceptada y representada en la colectividad. Por eso, lo
colectivo es inherente al ser humano, ya que no es únicamente un medio de
defensa, de resolución de conflictos o de maximización de la cobertura de
necesidades y eficiencia de recursos; se trata del pilar en el que se fundamenta a
su vez la conciencia y la identidad individual.
Entonces, el ejercicio del derecho por parte de un colectivo surge de una
decisión puramente individual. Lo que afecta al individuo afecta al colectivo y
viceversa. De esta manera, a la persona individual no le resultará posible ejercer
derechos de manera individual siempre y cuando su colectivo tampoco pueda
ejercer derechos de manera colectiva y viceversa. La capacidad de acción
colectiva, que ampara al individuo porque éste se encuentra representado en la
colectividad, se convierte finalmente en un derecho. Así, el fomento del derecho
colectivo, desde una interpretación y ejercicio comunitario en un territorio
determinado, es fundamental para revitalizar tanto la colectividad como la
individualidad.
Sin pretender profundizar aquí sobre el proceso histórico de la formulación y
ratificación por el Estado de los derechos colectivos12, así como los elementos del
debate que sigue hoy abierto entre derecho colectivo y derecho individual13, es
12 Al respecto recomendamos la lectura de Ibarra, Mario. Notas Sobre Algunos Instrumentos,
Documentos y Actividades Internacionales para una Discusión e Implementación del Derecho de
Libre Determinación de los Pueblos Indígenas. Ensayo, Primera Impresión, Guatemala, 2007. 13 Al respecto recomendamos la lectura de Ansuátegui Roig, Francisco Javier (diversos autores).
Una discusión sobre derechos colectivos. Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las
Casas”. Universidad Carlos III de Madrid. Dykinson, 2001.
30
importante no perder de vista que un aspecto de reflexión fundamental es que
los derechos individuales se ejercen siempre en sociedad, dentro de alguna
colectividad.
Es muy importante entender que el derecho no es una atribución exclusivamente individual debido a su fundamento de regulación social.
Ciclo Guatemala, 02/09
El sujeto colectivo poseedor de derechos está vinculado a un territorio cuya
administración política está a cargo de las instituciones propias de las personas
que habitan en él. En conclusión, para que el pleno ejercicio de los derechos
colectivos se haga efectivo desde la comunidad, hay dos aspectos principales que
hay que tomar en consideración:
� La adaptación del lenguaje y la interpretación comunitaria de los derechos
colectivos, así como su articulación regional, para que lo comunitario deje de
ser un fin en sí mismo y participe en la construcción de un Estado Plural.
� La compresión del territorio y la generación de relaciones intercomunitarias
entre instituciones propias con la finalidad de dar forma y contenido al sujeto
colectivo.
A continuación mostramos dos ejemplos de interpretación comunitaria del
territorio en base a los derechos colectivos. Éstos fueron elaborados por los
integrantes de las Comunidades Emergentes de Conocimiento de Moloj Naoj
Kaqchikel y Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al. En el mapa vemos los
sujetos colectivos dentro del área punteada en rojo. Para conocer a profundidad
el proceso de interpretación comunitaria, vea los capítulos Las comunidades
emergentes de conocimiento: generación de conocimiento plural al servicio del
cambio y El proceso de construcción de las políticas culturales.
LA COMUNIDAD EMERGENTE DE CONOCIMIENTO JUN K'OLIB'AL
KECH ACHLAXINEM PA QANO'JIB'A
Partimos de un aspecto cosmogónico para entender qué es un territorio. Partimos
de la idea de que la tierra no es nuestra sino que somos de la tierra. Por ello lo
definimos como: nuestro territorio colectivo es el espacio de vida en el cual se
generan relaciones económicas, sociales, políticas y culturales. Desde nuestra
visión holística esta convivencia se da entre el ser humano, la naturaleza y el
cosmos. Partimos de los siguientes principios para delimitar nuestro territorio:
� Históricamente se define como área comarcal que agrupa distintos
municipios más allá del criterio cultural y de los límites políticos impuestos
por el Estado monista.
� Este principio pretende hacer frente a los procesos de asimilación y división–
segregación de los pueblos.
� Se parte del contexto del cosmos y de la naturaleza en la ubicación geográfica
de asentamientos humanos y lugares espirituales.
Fuente: Mapas elaborados a partir de los
ofrecidos en http://www.googlemaps.com
31
LA COMUNIDAD EMERGENTE DE CONOCIMIENTO MOLOJ NAOJ
KAQCHIKEL
Área geográfica que posee una población de diversas culturas que se encuentran
unidas por sus idiomas, espiritualidades, arte, costumbres y tradiciones. Los
principios que guían nuestra comprensión del territorio son:
� La solidaridad – Kuch es nuestro principio de cohesión.
� Lo que confiere unidad a nuestros miembros es el pensamiento cosmogónico
maya. Por ello, delimitamos nuestro territorio en donde se ubican los 49
municipios kaqchikeles
Fuente: Mapas elaborados a partir de los
ofrecidos en http://www.googlemaps.com
Principios de relación entre sujetos colectivos pPrincipios de relación entre sujetos colectivos pPrincipios de relación entre sujetos colectivos pPrincipios de relación entre sujetos colectivos para la conformación conjunta de un ara la conformación conjunta de un ara la conformación conjunta de un ara la conformación conjunta de un Estado PluralEstado PluralEstado PluralEstado Plural El ejercicio pleno de los derechos colectivos permitiría crear un Estado desde la interpretación comunitaria del territorio y del poder, consolidada en sujetos colectivos. A continuación presentamos una propuesta de principios de relación entre sujetos colectivos para la conformación de un Estado Plural. Ésta está tomada del marco ético que presentó CANEK en el 2008 en la propuesta intercultural como parte de su declaración normativa. Como señalamos entonces, con la finalidad de dar más consistencia a los tres principios que tradicionalmente se asocian a la interculturalidad, los hemos desglosado según orientaciones textuales que Xavier Albó y Franz Barrios abordan en Por una Bolivia plurinacional e intercultural con autonomías.1 Principio de ciudadanía o de igualdad: poder vivir una vida plena en sociedad. � Horizontalidad: igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades. � Solidaridad: cooperación en busca del bien común, quienes tienen mejores oportunidades apoyan y se preocupan por los que tienen más necesidades.
� Participación: distribución democrática del poder. Principio de pluralismo o de diferencia: derecho a la alteridad, a ser diferente y a ser respetado como tal. � Subsidiaridad: una estructura social de orden superior no debe de interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior.
� Bien común concurrente: lo que es necesario para todos y que se hace y cumple mejor desde arriba no debe pasarse a niveles inferiores.
� Empatía: valorar la diversidad para el conocimiento y el crecimiento propio. Principio de armonía o de convergencia: unidad en la diversidad. � Reciprocidad: correspondencia entre el cumplimiento de obligaciones y la exigencia de derechos.
� Proporcionalidad: los medios que se proponen no deben ser excesivos si las metas pueden obtenerse con menos esfuerzo. Hay que ponderar el peso relativo de los diversos factores en juego sin enfatizar sólo uno en desmedro de los demás.
� Interacción positiva: hay un todo distinto a la suma de sus partes que permite la convivencia en armonía sin el menoscabo de ninguna de las partes.
Principio de construcción cíclica: consecuencia. � Aprendizaje: es imprescindible conocer el pasado y recuperar el recuerdo y la memoria histórica para sabernos consecuencia y para fundamentar el presente y el futuro.
� Crecimiento integral: es imprescindible fundamentar las acciones presentes para un cambio a largo plazo e integral y no para una retribución a corto plazo y parcial de resultados.
� Retorno: las acciones que se realizan en el presente regresan tarde o temprano en el futuro.
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MARCO JURÍDICO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA CONSULTA POPULAR, VÍA PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO COLECTIVO A LA AUTODETERMINACIÓN
Un eje lo constituiría el derecho colectivo a la consulta, el cual aglutina en función de cuestiones comunes al territorio (…) la consulta dirige al ejercicio del derecho colectivo a la libre determinación.
Ciclo Livingston, 11/09
A diferencia de otros países, en la legislación nacional no existe una definición
propiamente dicha del término “consulta popular”. Sin embargo, se considera
acertada la definición contenida en la Ley 134-94 de Colombia14, referente a las
normas sobre mecanismos de participación ciudadana:
"La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta, de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos la decisión es obligatoria. Cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República”
En el caso de Guatemala, efectivamente la consulta popular podrá ser
convocada, además del Tribunal Supremo Electoral Respectivo, por el
Presidente de la República y el Congreso y, además, se reconoce legalmente
como sistema de participación a nivel municipal según las regulaciones del
Código respectivo, al mismo tiempo que le incluye un sentido más local, pues
reconoce a los Consejos de Desarrollo como conducto provisional de consulta. A
14 Ley 134-94, Congreso de Colombia, República de Colombia, Gobierno Nacional, 1994
AUTONOMÍA INDÍGENA AUTONOMÍA INDÍGENA AUTONOMÍA INDÍGENA AUTONOMÍA INDÍGENA Artículo de Estuardo Zapeta. . . . Publicado en Siglo XXI. ERA LIBERTARIA. Guatemala, 12 de junio 09 Las clases tienen sentido en el contexto del Estado monista, no en uno que refleje una Nación diversa. Propongo repensar el Estado de Guatemala en Autonomías Indígenas, o no les digamos Indígenas sino Regionales.
La crítica del Movimiento Indígena al Estado, guatemalteco en nuestro caso, es que éste ha sido excluyente, racista, centralista, y que con base en esas características —además de su sistema de Justicia monista— ha servido para garantizar privilegios y protecciones a grupos de poder que tienen su mejor representación en el sistema de partidos políticos, en la dizque propiedad privada, y que buscan seguir una relación de explotador-explotado como sistema económico. (Lo sé, esto suena como el regreso a aquellos oscuros años del conflicto armado, y a la discursividad fosilizada, muy lejos de la dinámica global, pero, nos guste o no, esa es la crítica poco evolucionada, porque, debe admitirlo, tampoco el Estado, en sus versión latinoamericana, ha evolucionado).
Sin embargo, me parece una sonora contradicción que cuando propongo el tema de Autonomía Indígena todos mis interlocutores indígenas, con quienes me gustaría tener un debate en esta línea, me acusen de separatista y balcanizador, desestabilizador, y también de racismo por antirracismo.
El problema fundamental para los líderes indígenas al rechazar de entrada el argumento de la Autonomía Indígena está en que muchos fueron formados dentro de las filas de la ex guerrilla, o dentro de un marxismo light, y por lo tanto jamás aceptarían un Estado no unitario que les impida el control central, clave de su persecución del poder en la otrora lucha de clases, y por lo tanto la repartición y redistribución —esa palabreja surge con frecuencia— en la solidificación, pero de ellos, en el poder. Autonomía significa ceder poder y recursos centralizados.
De hecho, las clases tienen sentido sólo en el contexto del Estado monista, no en un Estado que refleje una Nación diversa que pueda coexistir dentro del imaginario Guatemala, y que localmente pueda tomar decisiones para puntualizadas colectividades sin tener que recurrir “al centralismo racista, excluyente, ¡ah! sí, y también monista”, y el rosario de adjetivos que mucho de los cuales comparto.
Para mí, hasta hoy, el argumento indígena contra el Estado es sólo una protesta que se basa en una ideología que ha probado estar equivocada, y que ante la prueba de la Autonomía —una especie de prueba de ácido— se cae. El otro proceso de cambio sería una revolución, pero a eso —y correctamente—renunciaron tanto el Movimiento Indígena, como la ex guerrilla, así como los mismos entes militares que soñaban alcanzar el poder por esos medios arcaicos y poco aconsejables, como el golpe de Estado.
Entonces propongo repensar el Estado guatemalteco en Autonomías Indígenas, vaya pues, no les digamos indígenas sino Regionales, sin un ente central y racista, en el cual las comunidades de manera independiente tomen sus decisiones aún de aplicación de Justicia, sea pertinentemente cultural, autosostenible, y que se reinvente a sí mismo sin centro.
Los primeros en oponerse son mis líderes indígenas; le siguen los izquierdistas estatistas y centralistas, y de la mano con esos dos, no se ría, los derechistas librecambistas y mercantilistas que también usan el Estado central para privilegios y protecciones, y maman de esa vaca central.
Quién lo creería, ¿verdad?
33
la vez, la ley establece el carácter obligatorio de la consulta en asuntos de
reformas constitucionales.
MARCO JURÍDICO NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
La Constitución15 se refiere al procedimiento de consulta en su artículo173, el
cual fue adicionado por las reformas constitucionales del año 93 (Acuerdo
Legislativo 18-93).
Artículo 173. (Adicionado). Procedimiento consultivo. Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del Presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión la o las preguntas que se someterán a los ciudadanos. "La Ley Constitucional Electoral regulará lo relativo a esta Institución".
La Constitución contempla 2 casos específicos en que el resultado de una
consulta es obligatorio: A) La ratificación de las reformas constitucionales
aprobadas por el Congreso; y B) La aprobación del acuerdo definitivo que
resuelva la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice.
Artículo 19. Belice. El Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo definitivo deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 173 de la Constitución. (…)
Artículo 280. Reformas por el congreso y consulta popular. Para cualquier otra reforma constitucional, será necesario que el Congreso de la
15 “Constitución Política de la República de Guatemala” - Asamblea Nacional Constituyente,
Guatemala, 1985
República la apruebe con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados. Las reformas no entrarán en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante la consulta popular a que se refiere el artículo 173 de esta Constitución. Si el resultado de la consulta popular fuere de ratificación de la reforma, ésta entrará en vigencia sesenta días después que el Tribunal Supremo Electoral anuncie el resultado de la consulta.
Existen otras disposiciones en la Carta Magna que no se encuentran
relacionadas de manera directamente concerniente a la consulta, pero sí son
importantes para la aplicación de otras disposiciones pertinentes:
Artículo 46.- preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
Artículo 66.- protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos.
Artículo 253.- autonomía municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a. Elegir a sus propias autoridades; b. Obtener y disponer de sus recursos; y c. Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos.
34
CÓDIGO MUNICIPAL
Al tratar los derechos y obligaciones de los vecinos de un municipio, el Código
Municipal16 reconoce el derecho a la consulta popular:
Artículo 17. Derechos y obligaciones de los vecinos. Son derechos y obligaciones de los vecinos: (…) j) Participar en las consultas a los vecinos de conformidad con la ley. (…) k) Pedir la consulta popular municipal en los asuntos de gran trascendencia para el municipio, en la forma prevista por este Código.
En la parte dedicada a la Creación o Modificación de Municipios, el Código
Municipal señala, en ese sentido, un proceso de consulta a los pobladores en su
artículo 31.
Artículo 31. Procedimientos consultivos. Si el Congreso de la República lo considerase necesario podrá someter a consulta de las poblaciones del o de los municipios o departamentos afectados, cualquier asunto dirigido a dividir o modificar su circunscripción, antes de emitir la ley que lo decida.
En el capítulo relativo a la información y participación ciudadana, se regulan
aspectos importantes sobre la consulta a los vecinos, estableciendo 3 clases de
consulta distintas:
Artículo 63. Consulta a los vecinos. Cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de sus integrantes, podrá acordar que tal consulta se celebre tomando en cuenta las modalidades indicadas en los artículos siguientes.
Artículo 64. Consulta a solicitud de los vecinos. Los vecinos tienen el derecho de solicitar al Concejo Municipal la celebración de consultas cuando se refiera a asuntos de carácter general que afectan a todos los vecinos del municipio. La solicitud deberá contar con la firma de por lo menos el diez por ciento (10%) de los vecinos empadronados en el
16 “Código Municipal” - Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Guatemala,
2002
municipio. Los resultados serán vinculantes si participa en la consulta al menos el veinte por ciento (20%) de los vecinos empadronados y la mayoría vota favorablemente el asunto consultado.
Artículo 65. Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio. Cuando la naturaleza de un asunto afecte en particular los derechos y los intereses de las comunidades indígenas del municipio o de sus autoridades propias, el Concejo Municipal realizará consultas a solicitud de las comunidades o autoridades indígenas, inclusive aplicando criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas.
LEY DE CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Se considera importante el señalamiento que hace La Ley de Consejos de
Desarrollo17 al respecto de su incidencia en la participación de la población en
gestión pública:
Articulo 1. Naturaleza. EJ Sistema de Consejos de Desarrollo es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca.
La Ley de Consejos de Desarrollo reconoce la necesidad de la emisión de una
Ley de Consulta a Pueblos indígenas en su artículo 26, y se refiere a un sistema
provisional en ese sentido:
Artículo 26. Consultas a los pueblos indígenas. En tanto se emite la ley que regule la consulta a los pueblos indígenas, las consultas a los pueblos Maya, Xinca y Garífuna sobre medidas de desarrollo que impulse el
17 “Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural” - Decreto 11-2002 del Congreso de la
República, Guatemala, 2002
35
Organismo Ejecutivo y que afecten directamente a estos pueblos, podrán hacerse por conducto de sus representantes en los Consejos de Desarrollo.
SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE CONSULTA A PUEBLOS INDÍGENAS
Al respecto de los antecedentes de esta ley, se presenta de manera seguida un
extracto de una entrevista al director Ejecutivo del Consejo de Organizaciones
Mayas, Ricardo Cajas, contenida en un Boletín del Centro de Investigaciones
Regionales de Mesoamérica:18
“La ley de consulta de pueblos indígenas de Acuerdo al Convenio 169 de la OIT, tiene antecedentes desde el año 2006 y fue el Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala COMG, quien presentó un anteproyecto de ley de consulta de pueblos indígenas, el cual se logró a través de una sociabilización que se hizo a nivel de organizaciones, con la Asesoría del Licenciado Emilio Sequén.
En 2007 se da la segunda versión y allí hay participación de una coordinadora interinstitucional de ONG’s indígenas y la Comisión de Comunidades indígenas del Congreso de la República. Más reciente se decidió redactar una versión mejorada en el año 2008, y para ello recogimos todas las iniciativas anteriores, para luego socializarlo con varias instituciones del Estado y sociedad civil. En este proceso se contó con la participación de un equipo consultor de la Fundación CEDIM y del Mecanismo de Apoyo de Pueblos Indígenas de Oxlajuj Tz´ikin. En noviembre del 2008 se llevó a cabo un Foro Nacional sobre la consulta, donde participaron más de 35 organizaciones y también comunidades donde se han realizado consultas. Este foro fue interesante porque por primera vez hubo una articulación entre los parlamentarios indígenas del Congreso, organizaciones civiles y organizaciones comunitarias. Este Proyecto de iniciativa de Ley ha sido respaldado por:
� La Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República. � El Foro Indígena Parlamentario.
18 “Derecho Maya” – Boletín Electrónico, Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica
(CIRMA), Guatemala, 2009
� Diversas Organizaciones Indígenas de la Sociedad Civil. � Diferentes entidades públicas.”
Al respecto del objeto de la iniciativa, el señor Cajas se pronuncia de la siguiente
manera:
“El objeto de la ley es establecer la obligatoriedad de la observancia del Convenio 169, así como establecer no solo la reglamentación sino preceptos y procedimientos apropiados para el ejercicio del derecho de consulta. Lo que significa que no habrá una sola forma de hacer la consulta sino que tendrá que ser en las formas propias de las comunidades, es decir que hay comunidades en las que sólo se consulta a los principales, otros levantando la mano, otros participando a una voz en una reunión y en otros casos por representante de cada una de las comunidades o de las aldeas, y debe ser en el propio idioma de la comunidad y de buena fe.”
Por su parte, una publicación de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso
de la República19, al tratar las generalidades de dicha iniciativa explica:
“La presente iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas tiene por objetivo llenar un vacío en la legislación del país referente a los pueblos indígenas, y busca contribuir a resolver un impasse vigente en la sociedad, cual es la validez y el alcance de las consultas a la población indígena sobre decisiones y medidas adoptadas por el Estado que pudieran perjudicar sus intereses y su integridad étnica, cultural, económica y social.
La elaboración de la misma ha tenido como sujetos a dos actores, uno público como la Comisión de Comunidades Indígenas del Congreso y uno civil como las organizaciones e instituciones civiles indígenas interesadas en el avance de la legislación indígena. El proceso y la coordinación de estos actores contaron con la facilitación del Programa de Valores Democráticos y Gerencia Política de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el auspicio de las embajadas de Suecia y de Noruega en Guatemala.
19 “Iniciativa de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas” – Comisión de Comunidades Indígenas
del Congreso de la República, Programa Valores Democráticos y Gerencia Política OEA,
Guatemala, 2007
36
La elaboración de la iniciativa de ley implicó diferentes etapas: a) Inventario de los anteproyectos de ley elaborados y presentados a distintas Comisiones del Congreso. b) Priorización del anteproyecto de ley de Consulta en función de su importancia y urgencia para el país. c) Inventario de los anteproyectos de ley existentes en materia de Consulta y Participación de Pueblos Indígenas con el objeto de integrarlos en uno sólo. d) Análisis comparado de la legislación vigente en la materia tanto en Guatemala como en otros países de América Latina. e) Conocimiento de las propuestas de armonización legal que ya se habían realizado entre la legislación nacional y los preceptos del Convenio 169. En el marco de una colaboración técnica, un equipo de abogados indígenas proporcionó asistencia en la formulación de la ley, en puntos álgidos de la consulta a pueblos indígenas.
Mediante una consultoría específica se integraron las diferentes iniciativas de ley preexistentes y se elaboró la versión articulada de la misma. Un borrador fue distribuido para consulta y retroalimentación sobre el contenido. Los aportes quedaron registrados en un documento que sistematizó dichas observaciones, las que se refirieron a diferentes aspectos de la ley en cuestión.
La iniciativa de Ley consta del Estudio de Antecedentes, de la Exposición de Motivos y de la Iniciativa de Ley propiamente dicha.”
MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL
El principal instrumento internacional relacionado con la consulta popular a
pueblos indígenas es el Convenio 169 de la OIT. Este Convenio incluye en sus
primeros artículos lineamientos para su observancia general basadas en la
participación de los pueblos:
Artículo 2. 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. (..)
Artículo 5. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: (…) c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos
interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.
En la parte de política general de este Convenio20, se establecen algunas
consideraciones sobre la consulta que debe hacerse a los pueblos para aplicar las
disposiciones de ese instrumento:
Artículo 6. 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
En la sección correspondiente a tierras, el instrumento hace alusión a procesos
de consulta a los pueblos:
Artículo 15. 1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos. 2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con
20 “Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” –
Organización Internacional de Trabajo. Año 1989 * Ratificado por Guatemala el 5 de Junio de
1996.
37
miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.
Artículo 17. 1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.
Se considera que en el contenido del artículo séptimo, al tratar las disposiciones
relativas a la aplicación de ese instrumento, se tratan puntos importantes sobre
la participación de los pueblos:
Artículo 7. 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre
esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. 4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
En la parte que corresponde a formación profesional, artesanía y artes rurales, a
pesar de no referirse a un procedimiento formal de consulta propiamente dicho,
se menciona el ejercicio de consulta a los pueblos al respecto de estudios sobre
los programas especiales de formación.
Artículo 22. 1. Deberán tomarse medidas para promover la participación voluntaria de miembros de los pueblos interesados en programas de formación profesional de aplicación general. 2. Cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades especiales de los pueblos interesados, los gobiernos deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos, que se pongan a su disposición programas y medios especiales de formación. 3. Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con esos pueblos, los cuales deberán ser consultados sobre la organización y el funcionamiento de tales programas. Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales programas especiales de formación, si así lo deciden.
Se habla de consulta a los pueblos, en la parte de educación y medios de
comunicación, al tratar la creación de instituciones y sistemas de educación; y la
adopción de medidas para enseñar a los niños de los pueblos en su propia
lengua:
Artículo 27. 1. Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales. 2. La autoridad
38
competente deberá asegurar la formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de programas de educación, con miras a transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la realización de esos programas, cuando haya lugar. 3. Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos apropiados con tal fin.
Artículo 28. 1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan. Cuando ello no sea viable, las autoridades competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que permitan alcanzar este objetivo. 2. Deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país. 3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.
CASOS EN LA REGIÓN MESOAMERICANA SOBRE EL RECLAMO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
EL ESTATUTO DE KUNA YALA
El pueblo Kuna Yala está constituido sobre el territorio de Panamá y porción de
Colombia. El capítulo segundo de la Ley Fundamental de Kuna Yala21, referente
a su Gobierno y Administración, contiene disposiciones relevantes en el tema de
su autonomía. En ese sentido, el artículo 3 se refiere al régimen especial al que se
encuentran sujetos:
Art. 3: La Comarca Kuna Yala constituye una división política, cuya organización, administración y funcionamiento estarán sujetos a régimen especial, establecido en esta Ley y en el Estatuto de la Comarca. Para los efectos de este artículo se consideran sujetas a este régimen especial las comunidades de Puerto Obaldía, la Miel y sus alrededores, salvo en aquellos aspectos etno-culturales propios de sus pobladores.
Los siguientes artículos se refieren a las autoridades propias que poseen:
Art. 4: Las comunidades de la Comarca Kuna Yala estarán sujetas a sus autoridades propias, las cuales son: a. Congreso General de la Cultura Kuna; b. Congreso General Kuna; c. Saila Dummagan; d. Congreso Local; e. Saila. Estas autoridades ejercerán sus funciones según las disposiciones de esta ley y conforme a las normas y costumbres kunas. Además de estas autoridades, cada comunidad podrá tener otras cuyas facultades desarrollará el Estatuto de la Comarca. Art. 5: El Estado reconoce la existencia y la jurisdicción de los Congresos y autoridades mencionados en el artículo anterior como organismos y representantes de carácter religioso, cultural, y político-administrativo de la
21 “Ley Fundamental de Kuna Yala” – Aprobada por delegados de todas las comunidades de la
Comarca Kuna Yala, Kuna Yala, 1995
39
Comarca, cada uno en su respectivo nivel y facultades que establece esta ley y el Estatuto de la Comarca.
Se trata la existencia de un Congreso que promueve aspectos culturales además
del Congreso General en asuntos de política, como máximos órganos de
representación en cada materia:
Art. 7. El Congreso General de la Cultura Kuna es el máximo organismo de expresión religiosa, de protección, conservación y divulgación del patrimonio histórico-cultural del Pueblo. Art. 9. El Congreso General Kuna es el máximo organismo político-administrativo de deliberación y decisión de la Comarca; sus pronunciamientos y resoluciones serán de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades y comunidades de la Comarca, a partir de su divulgación. El incumplimiento de los mismos será sancionado de acuerdo con las normas que fije el Estatuto de la Comarca.
En materia política, existen figuras especiales denominados Saila Dummagan,
que describe la ley de la siguiente manera:
Art. 15: Se reconocen tres Saila Dummagan en Kuna Yala, quienes serán representantes y portavoces del Congreso General y de la Comarca ante el Estado, autoridades públicas y privadas y organismos internacionales. Su elección, mecanismo de representación, sanciones y el periodo de su gestión comarcal serán establecidos en el Estatuto de la Comarca.
Se trata a congresos locales para las comunidades en Kuna Yala, a la vez que se
refiere también a figuras denominadas “Sailagan” como sus autoridades
respectivas.
Art. 21: El Congreso Local es el máximo organismo de expresión religiosa, cultural y político-administrativa de una comunidad; sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para las autoridades y miembros de esa comunidad y demás personas que se encuentren en ella. Art. 22: Los Sailagan de las comunidades son las legítimas autoridades en sus respectivos pueblos. En cada comunidad o pueblo hay un Saila principal, que es la primera autoridad de la misma, y otros subalternos. Su
elección, remoción y ejercicio de sus funciones se realizarán de acuerdo a las prácticas sociales y religiosas propias.
CONSIDERACIONES RELEVANTES PARA EL EJERCICIO DE
AUTONOMÍA Y EL AUTOGOBIERNO EN LOS ESTADOS FEDERADOS
MEXICANOS
El artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos22 vigente garantiza las bases para la libre determinación de los
pueblos y su autonomía en materia política.
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la
22 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” - Constitución publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, Última Reforma: 1-06-09, Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 1917
40
autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. (…) B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. (…)
LA EXPRIENCIA MEXICANA DEL RÉGIMEN MULTIMUNICIPAL EN EL
MARCO DE LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS
Los Acuerdos de San Andrés son el resultado de la primera mesa de discusión
sobre el diálogo por la paz entre el Ejercito Zapatista de la Liberación Nacional y
el Gobierno de México. 4 Documentos firmados el 16 de febrero de 1996 por los
representantes de las partes antes relacionadas, así como de la Comisión de
Concordia y Pacificación (COCOPA) y la Comisión Nacional de Intermediación
(CONAI) integraron dichos instrumentos. Ese trabajo tuvo como base al
Convenio No. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, que para entonces constituía el máximo instrumento en materia
de derechos indígenas, ratificado por México en 1990.
En base a los acuerdos, la Comisión Nacional de Intermediación elaboró una
propuesta de ley donde se pretendía el reconocimiento constitucional de las
comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público,
brindando la posibilidad que por primera vez en la historia éstos pudieran elegir
libre y democráticamente a sus representantes, en el pleno ejercicio de su
Autonomía y buscando su reivindicación. En ese sentido, las organizaciones
afectadas han manifestado: “La reivindicación de los derechos indígenas es
condición mínima para la reconstitución de los pueblos originarios y un modelo
de desarrollo alternativo a la globalización del pensamiento único, la destrucción
de la naturaleza y la crisis agrícola de nuestro país.”23
Sin embargo, la propuesta aludida terminó sin recoger en su totalidad a los
acuerdos, y sólo de esa manera los legisladores se habrían involucrado en la
misma, ante su negativa sobre el abordaje de ese tema en dicha propuesta de
manera más extensa, y aprobando un material que no reconocía los derechos
básicos que se pretendían hacerse valer desde un principio, con los acuerdos. De
esa manera, el tema fue abandonado por el Estado pero no por el pueblo
indígena, surgiendo a lo largo del territorio mexicano diversidad de experiencias
de autonomía, siendo muestra de ello las Justas de Buen Gobierno y los
Caracoles creadas por los zapatistas en el esfuerzo por la implementación de los
acuerdos de San Andrés.
A 13 años de su aprobación, los acuerdos de San Andrés han constituido una
base para distintas clases de manifestaciones indígenas, en aspectos como la
economía (con cooperativas de artesanía y café), educación, salud, tecnologías
apropiadas y en medios de comunicación. Existe actualmente, una Campaña de
Origen Europeo en la que se conmemora la firma de éstos Acuerdos y su
vigencia en la lucha de los pueblos indígenas de México, en la que se busca la
aportación de ideas e iniciativas para buscar acciones con propósito de conseguir
que el Gobierno de México comience a cumplirlos, reconocerlos y respetarlos.24
Al hablar de una propuesta de reforma a la Constitución Mexicana,
específicamente del artículo 15, en vista de cumplir con lo comprometido en los
23 “Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena” – Bufete Jurídico
Tierra y Libertad AD, sección de Derechos Indígenas, Lic. Bárbara Zamora,
México D. F., 2009,
http://www.geocities.com/tierraylibertad_ac/Indigenas/acsnandres.htm 24 Ver página web www.europazapatista.org que sirve de contexto intangible para el
movimiento aludido.
41
Acuerdos de San Andrés al respecto del reconocimiento constitucional de los
derechos de libre determinación y autonomía indígena, un artículo de una
revista digital25 hace referencia al régimen multicipal de la siguiente manera:
(…) “Ésta debería de estar orientada a modificar el régimen del municipio libre que es universal para todos los municipios del país y establecer, a cambio, un régimen multimunicipal que dé cabida a la diversidad municipal de México. Esta reforma permitiría, por lo menos, hacer realidad el autogobierno indígena, al hacer posible que el ayuntamiento se integre de acuerdo a las características sociopolíticas del municipio, y no con la obligatoriedad de que lo haga por presidente, síndico y regidores”. (…)
Tratando a la misma reforma aludido, ese artículo se refiere al régimen
multimunicipal al pronunciarse sobre los beneficios que implicaría aquélla:
(…) “con tal reforma se abrirían nuevos caminos para la constitucionalización de las formas de organización sociopolítica, de autogobierno y de renovación de la autoridad local, abriendo puertas al círculo vicioso en el que se ha entrampado la interpretación de los Acuerdos, aprendiendo lecciones de otros países, como Venezuela, que han avanzado en este sentido. Además, un régimen multimunicipal beneficiaría a todos los indígenas de México y no solo a aquellos que viven en los "municipios indígenas", en zonas culturalmente compactas. En la actualidad miles de indígenas en el país no habitan en territorios en donde ellos sean mayoría, sino en espacios territoriales multiétnicos. En un régimen multimunicipal los indígenas que viven en esa situación podrían crear nuevos tipos de municipios como por ejemplo el "municipio pluriétnico". Un régimen multimunicipal alentaría la creatividad indígena para la innovación en las instituciones y formas de gobierno local democráticas, que ahora se encuentran impedidas por los pobres alcances de la reforma constitucional del artículo 2º que sólo reconoce las formas de gobierno indígena por "usos y costumbres", que no siempre dan respuesta
25 Extracto del artículo Reformar el municipio: autogobierno indígena y régimen
multimunicipal, de Araceli Burguete Cal y Mayor. Publicado en Enlace - Expresiones de la
Sociedad Civil: Revista Digital de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales.
Nueva Época, año 4, número 3, Chiapas, México, 2006. Consulta de junio 2009.
a la diversidad que existe al interior de los pueblos indígenas, que por cierto se caracterizan por su "diversidad en la diversidad". Un régimen multimunicipal contiene adicionalmente un plus democrático para todo el país, ya que con él no serían beneficiados solo los indígenas, sino todos los municipios mexicanos. Con un régimen multimunicipal no se intentaría reconocer solamente la diversidad de las formas de gobierno local indígena, sino la de todos los municipios de México. La diversidad cultural no es patrimonio exclusivo de los pueblos indios; ellos tienen el mérito de insistir en el reclamo, pero sus beneficios pueden irradiar a todos los municipios del territorio nacional. Un régimen multimunicipal reconocería la diversidad como un valor polisémico y no solo étnico”.
EL RECLAMO POR LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE
LEY DE DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS PUEBLOS EN
COSTA RICA
En el mes de marzo de 2009, representantes de los 8 pueblos indígenas en Costa
Rica manifestaron su exigencia frente al Congreso por el envío de parte del
presidente Arias al Legislativo para que éste conozca el Proyecto de Ley de
Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, el cual instrumentaliza la
aplicación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica desde 1992,
pero que no se aplica por falta de una ley interna. Pretenden dicha propósito
buscando el respeto principalmente de sus derechos colectivos que conciernen a
la autonomía, cultura, y sobre tierras. De hecho, éstos representantes motivan a
los habitantes de ese país y a las organizaciones y grupos sociales, así como
comunidades e Iglesias, a apoyarles para mantenerse en el reclamo por la
aprobación de esa ley, pues declaran que no regresarán a sus pueblos de origen
sino hasta lograr dicho objetivo.26
26 “Pueblos Indígenas de Costa Rica reinician la Lucha por sus Derechos” – Agencia
Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, Buenos Aires, Argentina, 2009,
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LAS DOS REGIONES DE LA COSTA
ATLÁNTICA DE NICARAGUA, LEY NO. 28
Entre los principios fundamentales contenidos en el primer capítulo del
Estatuto27, destacan los siguientes. El artículo 1 se refiere al Estatuto como
creador del Régimen de Autonomía respectivo:
Arto. 1. El presente Estatuto establece el Régimen de Autonomía de las Regiones en donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua y reconoce los derechos y deberes propios que corresponden a sus habitantes, de conformidad con la Constitución Política.
El artículo Cuarto se refiere al Régimen de Autonomía del que gozan las
comunidades de la Costa Atlántica:
Arto. 4. Las Regiones en donde habitan las Comunidades de la Costa Atlántica gozan, dentro de la unidad del Estado Nicaragüense, de un Régimen de Autonomía que les garantiza el ejercicio efectivo de sus derechos históricos y demás, consignados en la Constitución Política.
En cuanto al Régimen Político, el artículo sexto divide en dos regiones al
territorio de las Comunidades de la Costa Atlántica, para el ejercicio de su
autonomía:
Arto. 6. Para el pleno ejercicio del derecho de Autonomía de las Comunidades de la Costa Atlántica, se establecen dos Regiones Autónomas-en lo que comprende el Departamento de Zelaya: 1. "La Región Autónoma Atlántico Norte" tiene su jurisdicción sobre el territorio de la Zona Especial I, y las Islas y Cayos adyacentes. Su sede administrativa es la ciudad de Puerto Cabezas". 2. "La Región Autónoma Atlántico Sur" tiene su jurisdicción sobre el territorio de la Zona Especial II, y las islas y Cayos adyacentes. Su sede administrativa es la ciudad de Bluefields." En circunstancias
27 “Estatuto de Autonomía de las Dos Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua” – Ley No.
28, Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, Nicaragua
extraordinarias las administraciones regionales podrán funcionar en otras partes de sus respectivos territorios.
El artículo séptimo se refiere a la división municipal y administrativa de cada
Región Autónoma:
Arto. 7. El territorio de cada Región Autónoma se dividirá para su administración en municipios, que deberán ser establecidos, hasta donde sea posible, conforme a sus tradiciones comunales y se regirán por la ley de la materia. La subdivisión administrativa de los municipios será establecida y organizada por los Consejos Regionales correspondientes, conforme a sus tradiciones.
En cuanto a su administración regional, el Título Segundo contiene las
disposiciones pertinentes, y describe al Consejo y Coordinador Regionales como
las autoridades superiores en las Regiones Autónomas:
Arto. 15. En cada una de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica funcionarán, sujetos a la Constitución Política de Nicaragua y a este Estatuto, los siguientes órganos de administración: 1.- Consejo Regional. 2.- Coordinador Regional. 3.- Autoridades Municipales y Comunales. 4.- Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios. Arto. 16. El Consejo Regional y el Coordinador Regional serán, en sus respectivas esferas, las autoridades superiores de la Región Autónoma correspondiente.
El estatuto regula también al presupuesto de las Regiones Autónomas:
Arto. 32. El Consejo Regional elaborará en coordinación con el Ministerio de Finanzas, el proyecto de presupuesto de su Región Autónoma para el financiamiento de los proyectos regionales, el que estará conformado por: 1.- Los impuestos regionales de conformidad con el Plan de Arbitrios que incluirá gravámenes sobre los excedentes de las empresas que operan en la región. 2.- Fondos provenientes del Presupuesto General de la República.
43
LA COOPERACIÓN INTERMUNICIPAL O INTERMUNICIPALIDAD EN
GUATEMALA
Los casos de reclamo de los derechos colectivos en Guatemala son múltiples. En
este mismo libro analizamos varios de ellos en los siguientes capítulos, sobre
todo en El reclamo del derecho colectivo a la tierra: el caso de expropiación de
terrenos ancestrales propiedad de la comunidad xinka de Jumaytepeque y en La
experiencia de poder local y organización comunitaria en los 48 Cantones de
Totonicapán. Aquí pero deseamos hacer especial hincapié en las iniciativas de
regionalismo nacidas de ámbitos locales, expresadas en el esfuerzo de
cooperación entre algunas municipalidades en la conformación de regiones que
respondan a criterios comunitarios y que significan el ejercicio de su ser
colectividad.
En la obra “La intermunicipalidad y el despertar del municipalismo
iberoamericano”, se hace referencia a la intermunicipalidad de la siguiente
manera:
“La intermunicipalidad implica, en su esencia, el contacto estable y con propósito de profundización para el conocimiento de las realidades singulares de cada comunidad. (…) Junto a ello, la intermunicipalidad también supone una abierta intencionalidad de intercambio para el mejoramiento común de las condiciones de solidez institucional y funcionalidad de las entidades locales, en sus responsabilidades públicas, que comportan no solamente la prestación de servicios comunales, sino también -lo que es tal vez más trascendente y significativo- la configuración del espacio primario de convivencia social, de expresión civilizada de la vida política, en fin, de coexistencia pacífica y constructiva en el espacio público, a través de la fórmula esencial de la democracia, que radica en la práctica efectiva del reconocimiento y el respeto absoluto e irrestricto a las diferencias, dentro de las pautas propias de la civilidad. Como se ha dicho, se trata de un contacto estable, sostenido, ordenado, no eventual, lo que lo transforma en un sistema, susceptible de organizarse bajo criterios de intencionalidad racionalizada. Con ello, es factible perfilar metodologías,
fórmulas operativas de plantearse, concretarse y producirse esos contactos y, a partir de allí, aparecen las correspondientes técnicas de multiplicación de sus expresiones y evaluación de sus resultados para el mejoramiento del comportamiento hacia la búsqueda de nuevas oportunidades de intercambio y la consolidación de las ya existentes (es decir, las fórmulas de contacto impregnadas con un objetivo central de eficiencia).” 28
Por otra parte, un documento en línea denominado “La Cooperación
Intermunicipal en Guatemala: Un perfil de nuevas formas de Gestión del
Desarrollo Local”, al tratar iniciativas de cooperación intermunicipal en
Guatemala y la manera en que éstas se han manifestado bajo el contexto del
proceso de descentralización, expone:
En Guatemala se han impulsado diversas formas organizativas intermunicipales tales como: empresas intermunicipales, asociaciones de municipalidades a nivel departamental, mancomunidades de municipios, asociaciones de municipios fronterizos, asociaciones gremiales de tesoreros y jueces de asuntos municipales y redes intermunicipales. (…) No obstante que la mayoría de estas entidades impulsan proyectos de infraestructura, algunas se plantean como objetivos apoyar y fomentar el desarrollo económico (así aparece en los estatutos) de sus respectivas microrregiones o regiones; (…) Por lo tanto, esta nueva institucionalidad del sector público municipal empieza a conscientizarse sobre la necesidad de promover el desarrollo económico local de sus territorios. Con la idea de visualizar la importancia que en los últimos años han tenido estas formas de cooperación intermunicipal con orientación a fomentar el desarrollo económico local y otros temas.29
28 “La intermunicipalidad y el despertar del municipalismo iberoamericano” – Armando
Rodríguez García, Valladolid en América: El Municipalismo y su proyección Iberoamericana,
Universidad Central de Venezuela, Venezuela, 2007, http://ar.vlex.com/vid/intermunicipalidad-
despertar-iberoamericano-41777900. Consulta: 19 de junio de 2009 29 “La Cooperación Intermunicipal en Guatemala: Un perfil de nuevas formas de Gestión del
Desarrollo Local” – Rolando Alonzo Gutiérrez, Reestructuración Económica y
Transformaciones Institucionales en Centroamérica y México, Revista Pueblos y Fronteras
Digital, Número 1, Universidad Autónoma de México, México, 2006,
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a05n1/art_03.html. Consulta: 19 de Junio de 2009.
44
El mismo documento se refiere a las limitaciones de las cooperaciones
intermunicipales en Guatemala:
En el caso de las Mancomunidades de Municipios, estas limitaciones se concretan (…), primero porque la legislación actual es insuficiente para normar la conformación y funcionamiento de las Mancomunidades y diversas modalidades de cooperación intermunicipal; (…) solamente aparecen seis artículos en el Código Municipal relacionados a Mancomunidades y Asociaciones de Municipalidades. (…) Por otra parte, en el artículo 49 del Código Municipal, se define a la Mancomunidad como una Asociación de Municipios constituida “...para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias” (INFOM:2002: 28). En este caso, la Mancomunidad debería entenderse como un instrumento de gestión pública municipal (enfoque funcional) cuyas finalidades es cumplir en forma más eficiente y efectiva las competencias municipales que son primordialmente la prestación de servicios públicos. En este caso, la mancomunidad se encargaría de gestionar una o más competencias municipales (pero no todas) delegadas mediante acuerdos municipales y estatutos por los mismos municipios. Sin embargo, en la práctica y en la operativización de las Mancomunidades, se ha dado una mezcla de ambos enfoques. Así, la mayoría de mancomunidades en Guatemala se han propuesto objetivos muy amplios y diversos, que implica en cierta medida sustituir al municipio y sus competencias. (…) Por otro lado, otra limitación del movimiento de cooperación intermunicipal, es la ausencia de capacidades institucionales de entidades públicas que estén orientadas a la asesoría y asistencia técnica al sector municipal. (…)“.30
Por otro lado, el mismo texto explica que entre los cambios relevantes que
implicó la reforma del marco legal de la descentralización en Guatemala del año
2002, se encuentra el reconocimiento de las mancomunidades de municipios
30 “La Cooperación Intermunicipal en Guatemala: Un perfil de nuevas formas de Gestión del
Desarrollo Local” – Rolando Alonzo Gutiérrez, Reestructuración Económica y
Transformaciones Institucionales en Centroamérica y México, Revista Pueblos y Fronteras
Digital, Número 1, Universidad Autónoma de México, México, 2006,
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/a05n1/art_03.html; Consulta: 19 de Junio de 2009.
como nuevas formas de cooperación internacional. En ese sentido, el Código
Municipal31 reconoce la asociación de municipios:
Articulo 49. Definición. Las mancomunidades de municipios son asociaciones de municipios con personalidad jurídica, constituidas mediante acuerdos celebrados entre los concejos de dos o más municipios, de conformidad con la ley, para la formulación común de políticas públicas municipales, planes, programas y proyectos, la ejecución de obras y la prestación eficiente de servicios de sus competencias.
Articulo 50. Asociación de municipios en mancomunidades. Los municipios tienen el derecho de asociarse con otros en una o varias mancomunidades. Las mancomunidades tendrán personalidad jurídica para el cumplimiento de sus fines y se regirán por sus propios estatutos. Las mancomunidades no podrán comprometer a los municipios que la integran más allá de los límites señalados en el estatuto que les dio origen. En los órganos directivos de la mancomunidad deberán estar representados, todos los concejos municipales de los municipios que la integran.
Al respecto de las experiencias en la conformación de mancomunidades, es
destacable el caso de la Mancomunidad de la Cadena Volcánica Central
Kaqchikel, o MANKAQCHIKEL.
“En marzo del año 2008, Sotz´il plantea la idea de integrar a los municipios de Chimaltenango y Sacatepéquez en una mancomunidad para resolver problemas de interés regional, promover el desarrollo social, económico y ambiental en beneficio de los municipios de la región kaqchikel; promoviendo la gestión y ejecución de proyectos de beneficio para los municipios que integran la mancomunidad en materia de prestación de servicos y obras de infraestructura sin descuidar el uso y manejo sostenible de los recursos naturales; teniendo de esta manera una visión a largo plazo y con la finalidad de que la mancomunidad sea siempre de utilidad para quienes la integran.
31 “Código Municipal” – Decreto Número 12-2002 del Congreso de la República, Guatemala,
Año 2002
45
El 15 de noviembre de 2008 se realizó un acta constitutiva de conformación de la mancomunidad en el municipio de Patzún y el 4 de febrero de 2009 se constituye legalmente la mancomunidad de la cadena volcánica central kaqchikel MANKAQCHIKEL, protocolo de escritura número veintiuno (21) siendo los municipios integrantes de esta mancomunidad: Tecpán Guatemala, Acatenango, Chimaltenango, Zaragoza, Patzicia, Patzún, Santa Apolonia, Santa Cruz Balanyá, San Martín Jilotepeque, San José Poaquil y Comalapa, estos del departamento de Chimaltenango. Este proceso ha contado con el acompañamiento de insituciones gubernamentales y no gubernamentales: Sotz´il, INAB, Proyecto PARPA, MARN y MAGA”.32
LA RELEVANCIA DE LAS ESTRUCTURAS EN LA INTERPRETACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DESDE LA COMUNIDAD
Ahora enfrentemos la teoría, los conceptos y los derechos colectivos expuestos a
la realidad de Guatemala y pensemos ¿cómo son las relaciones entre personas y
grupos en Guatemala? ¿Son desiguales? ¿O son horizontales y equitativas? ¿Por
qué son así y no de otra manera? Entender cuál es el tipo de relaciones que se
dan en Guatemala es descubrir el tipo de código, de normatividad, sobre las que
se desarrollan.
32 Para conocer más sobre su conformación, estrategias y acciones, les recomendamos consultar
los siguientes vínculos web. Sobre el historial de conformación de la mancomunidad,
http://www.box.net/shared/3qijlxv9y9, sobre su información institucional,
http://www.box.net/shared/o568y4o7vc, para información actualizada de sus acciones,
http://mankaqchikel.blogspot.com
Como anotamos anteriormente, el código se rige por la comprensión del tiempo
que da forma a las relaciones. Cuando este código está establecido socialmente,
es decir, cuando en la sociedad se dan un tipo de relaciones de forma sistemática,
hablamos de estructura. Las estructuras constituyen el andamiaje normativo: los
principios y valores que regulan el funcionamiento de los sujetos colectivos y
repercuten en cómo las personas y los grupos se relacionan entre sí. En
resumidas cuentas, son el código a partir del cual se fundamenta el
funcionamiento de los sujetos colectivos.
Donde hay personas, hay sociedad; donde hay sociedad debe haber normatividad de relaciones, sobre la base de las normas y consejos que han existido desde hace mucho tiempo, herencia de los abuelos y abuelas y que hoy en día, aun se practican en distintas comunidades mayas.33
Una estructura es algo que uno no puede ver con los ojos, es algo que sólo puede
verse con la mente. Son las reglas que organizan la vida en sociedad; en otras
palabras, son las reglas sociales, económicas, jurídicas y políticas que regulan
nuestra vida en sociedad en la comunidad, en la región y en el país. Pongamos
un ejemplo de cómo esta construcción mental tiene repercusiones en nuestra
vida cotidiana: podemos afirmar que el paisaje de Chiquimulilla es resultado de
la estructura económica que rige las relaciones materiales, sociopolíticas y
simbólicas en Guatemala y en el mundo entero: el comercio internacional, en ese
lugar en concreto, expresado en la producción extensiva de caña de azúcar.
Recordemos que en la definición inicial de cultura dijimos que un cambio en
una esfera de relaciones implica cambios en todas las relaciones del sistema.
Entonces preguntémonos: ¿qué impacto supone en las relaciones culturales de
los xinkas el hecho de que se extienda de forma intensiva el cultivo de caña de
azúcar en su territorio?
33 Pú Cach, Higinio.Sistema de cargos y funciones de las autoridades indígenas. Defensoría
Indígena Wajxaquib’ No’j. Guatemala, 2008.
46
Como podemos comprobar, en las estructuras encontramos el código que
establece cómo se debe construir y desarrollar la sociedad. Vendría a ser como el
ADN del sistema sobre el que se construye y se desarrolla el Estado. Ahora bien,
¿quién decide la construcción de las estructuras en Guatemala? La cuestión es
plantearnos si las estructuras actuales están creadas desde la comprensión del
tiempo de la comunidad, desde esa comprensión íntima de desarrollo que regula
las relaciones, si las estructuras nos conducen a través de un proceso de
desarrollo propio y si se puede participar de su (re)construcción.
En una actividad había un 95% de jóvenes graduandos de distintas comunidades lingüísticas de idioma no español. Me acuerdo que se les preguntó sobre cuántas veces habían sido citados, tratados y se les había impartido capacitación como jóvenes pertenecientes a distintos grupos lingüísticos por parte del Ministerio de Educación. Contestaron que ninguna vez. También dijeron que dentro de su pensum no se ha incluido nada al respecto. La realidad diversa queda aplastada bajo una imposición de igualdad, de igualarse al ladino. Eso afecta al joven, no llevan formación a la hora de regresar a sus comunidades y en sus comunidades sucede el rechazo. Y no se trata sólo del idioma: la forma en la que se educa es esencial. Por ejemplo, entre los garífunas siempre tiene que haber un anciano. Ahora el anciano ha perdido toda legitimidad. Ahora ya no son ancianos, personas de conocimiento, ahora son simplemente viejos.
Ciclo Guatemala, 02/09
En definitiva, lo que realmente queremos ver es hasta qué punto las estructuras,
tal y como han funcionado y funcionan, impactan o no en los colectivos
comunitarios y regionales, y en qué medida destruyen o no la diversidad cultural
en pro de una forma única y centralizada de ver y entender el mundo. Esto nos
conduce a un nuevo concepto: la desigualdad estructural. Cuando existe
desigualdad estructural es porque un grupo de personas, amparadas por el sujeto
colectivo —en este caso el Estado—, es capaz de determinar el destino y la vida
en común de otros grupos y relegarlos de la posibilidad de participar en la
construcción estructural.
Como veremos más adelante, las estructuras en Guatemala están diseñadas para
que sólo un grupo pueda desarrollar su propia concepción del tiempo, su
cultura. Y la repercusión de las estructuras es profunda: dado que tienen un
factor normativo, es decir, son lo que debe ser, se da por sentado que las otras
formas de desarrollo no son válidas. De esta manera se excluye, de facto,
cualquier otra forma de ver y entender el mundo que no sea la que rigen las
estructuras establecidas. Entonces, reflexionemos: ¿Cuál es la comprensión del
tiempo sobre la que se han construido las estructuras que hoy rigen las
relaciones en Guatemala?
Los sistemas democráticos han sido construidos con intereses económicos y sus marcos legales se crean para servir a estas economías. Los derechos colectivos van a chocar con estos sistemas democráticos donde el Estado se sustenta sobre la lógica del capital. Además, hay sistemas democráticos inconclusos, lo que ocasiona conflictos más severos. Ello también impide procesos de diálogo para buscar soluciones. No es raro encontrar diversos problemas en pueblos indígenas debido a esos choques.
Ciclo Guatemala, 02/09
EL CAPITALISMO Y EL SOMETIMIENTO DEL TIEMPO COMUNITARIO Capitalismo y colonialismo son dos caras de un mismo sistema que ha
desempeñado y desempeña hoy un papel fundamental en la construcción y
mantenimiento de estructuras en todo el mundo.
Aquí partimos de una visión compleja del capital donde éste no está sólo
referido a la posesión y mensuración de productos, ya sean físicos o intangibles,
como el conocimiento, sino a la posesión y mensuración del tiempo. Nos
referimos a mensurar no sólo en su acepción de medir, sino también de juzgar y
47
valorar. El capitalismo, muy lejos de considerarse un sistema económico,
constituye un sistema de relaciones completo pero, a diferencia de la cultura,
estéril en la generación tiempo. Existe depredando tiempo.
El capital es, ante todo, una relación social vacía que se sostiene mediante la
generación de artificios de temporalidad. Ello lo realiza a partir de la aplicación
de valor, es decir mediante la transformación de los sujetos y sus relaciones
(constelaciones de tiempo) en mercancías, y su consecuente transformación en
dinero.
La base sobre la que se fundamenta el desarrollo capita es el de poder disponer
del tiempo de las personas a cambio de dinero para invertir dicho tiempo en
acciones para generar ganancia. El capitalismo es un sistema de relaciones en el
que se compra y vende tiempo de vida de las personas, y cuanto más rápido es el
retorno del tiempo más aumenta la ganancia. Por eso, la velocidad deviene en
virtud, y disponer del tiempo de las personas, poder. Cuánto mayor es la
reducción del proceso de inversión, más explotación se ejerce sobre el proceso
de trabajo y mayor creación de valor y plusvalía. Así, para desarrollar el sistema,
es preciso que cada vez haya mayor velocidad y mayor volumen de tiempo al
servicio de la producción, el cual se absorbe, obviamente, de las relaciones no
capitalistas. En conclusión, la disposición del tiempo en forma exponencial de
las personas para la generación de ganancia supone, en último término, pérdida
significativa de la apreciación de las personas sobre su propia cultura, ya que el
capital ejerce control sobre su tiempo de trabajo activo (propiamente de
producción) y sobre el tiempo de trabajo pasivo (el de consumo). El capitalismo
genera desarrollo capitalista pero, ante su insaciable depredación de tiempo,
produce subdesarrollo cultural, es decir, humano. Deshace las relaciones que
generan el tiempo propio de los pueblos e inserta a sus miembros en un
solipsismo alienador.
La base de su increíble desarrollo reside en su origen: el colonialismo.
Capitalismo y colonialismo comparten un mismo origen histórico y ambos
subsisten de la base hipócrita del sistema que juntos conforman, porque precisan
de:
� De sociedades capitalistas de consumo sobre las que rotar el capital y poner
como únicos modelos posibles de desarrollo, es decir, de interpretación y
gestión del tiempo.
� De sociedades sometidas a la explotación del proceso de trabajo para abaratar
costos, a las que expone a la velocidad y, por ende, a la depredación con el fin
de generar vías artificiosas hacia su modelo de desarrollo que generen
ambición por acercarse al modelo de las sociedades capitalistas de consumo.
Su evolución, no obstante, es imposible, ya que el capitalismo depende
precisamente de extensas sociedades sometidas para sustentar pequeñas
sociedades con gran capacidad de consumo. El modelo de riqueza del
capitalismo se fundamenta en la existencia de enormes capas de pobreza.
El capitalismo no puede sobrevivir sin el sometimiento de los pueblos. Por eso,
aquí observamos que, por un lado, el capitalismo es un sistema completo porque
posee su propio modelo de desarrollo, a expensas de la pluralidad de modelos de
desarrollo; y, por el otro, que hoy no ser sujeto de consumo significa no formar
parte del sistema y, como tal, no formar parte de la historia, actualmente escrita
por las sociedades capitalistas. Por consiguiente, el capitalismo genera
sociedades paralelas sin historia oficial que conforman la historia subalterna de
los sometidos, de los que no existen, a los que se les extrae el tiempo mediante el
establecimiento del binomio capital/Estado (construcciones políticas
evolucionadas del colonialismo).
Lo nuevo, como temporalidad emergente, implica una lucha entre constelaciones de poder no superadas y la insurgencia de otras. En su forma
liberal, la autonomía es parte de una constelación burguesa del poder. Pensada como categoría crítica, la autonomía es un movimiento de negación de la hegemonía en tanto categoría de dominación consustancial a la forma capital/Estado. En ese sentido, la autonomía es un proceso de rebasamiento
48
de la dominación que se mueve produciendo una temporalidad de emancipación; esto es, un modo de organización del tiempo radicalmente diferente a la temporalidad abstracta y vacía del capital y de las instituciones definidas por la forma valor.
Sergio Tischler Visquerra34
En Guatemala observamos claramente el mantenimiento de procesos de
colonización tan necesarios para mantener activo el sistema capitalista. Vemos la
colonización interna, liderada por la oligarquía, y externa, liderada por las
transnacionales y las organizaciones internacionales del capital, que prefieren:
• Exportar e importar productos para el perfeccionamiento de un solo modelo
de desarrollo, antes que generar estabilidad económica y soberanía
alimentaria interna, porque la estabilidad generaría sujetos colectivos y
ciudadanos de pleno derecho que reclamarían su propia historia y liderar su
propio destino.
• Reducción a su mínima expresión del Estado (privatizando servicios públicos,
reducción de impuestos al proceso de desarrollo capitalista), porque un
Estado fuerte generaría ciudadanos de pleno derecho capaces de crear sujetos
colectivos con su propio tiempo y su propia interpretación de desarrollo.
Ésta es la base a partir de la cual se construyen las estructuras en Guatemala,
cuyo mantenimiento permite:
• Orientar el proceso de desarrollo de los pueblos hacia una sola visión del
mundo y de la vida, que supone por ende su destrucción.
• Mantener una estructura que reduce los pueblos a mano de obra poco
cualificada y, por ello, barata.
34 Tischler Visquerra, Sergio. Tiempo y emancipación. Mijaíl Bajtín y Walter Benjamín en la
Selva Lacandona. F&G Editores. Cuadernos del presente imperfecto Nº 3.Guatemala, enero de
2008
• Mantener a gran parte de la población como engranajes del proceso de
producción.
Ante esta exposición observamos claramente la consumación del racismo
estructural en el código mismo que regula las relaciones entre personas y grupos
en Guatemala debido a que, a raíz del colonialismo, se han construido las
estructuras en pro de una sola forma de relacionarse y en detrimento de todas las
demás.
Como vimos en la interpretación del tiempo que hacían anteriormente los
diversos pueblos de Guatemala, la ruptura de sus relaciones, causadas por la
ruptura de su temporalidad, genera, ante todo, divisionismo, precisamente por
la destrucción de sus relaciones complejas propias de su sistema cultural. El
capitalismo, y su constitución política en capital/Estado genera, en última
instancia, homogeneización y exterminio de la diversidad cultural.
El área ixil ha sido objeto de malas experiencias en relación a la ayuda externa obtenida. Hay una sospecha que planea sobre nuestra conciencia comunitaria. Si nuestra fuente de financiamiento no viene de la comunidad sino del exterior, de la cooperación internacional y los programas sociales paternalistas y existenciales para ser claros, ¿no estamos siendo algo hipócritas con nuestras demandas? Recibiendo apoyo externo estamos matando la verdadera raíz de la organización comunitaria. En el área ixil hemos tratado de incrementar la autoayuda, la autogestión. Eso genera comunidad, eso nos hace hablar entre comunidades, pero es complicado ante tanta ong y agencia de cooperación. La cooperación internacional ha funcionado para que nuestras iniciativas pierdan autonomía en su desenlace, rivalicen para obtener el dinero, pierdan contacto con la realidad y se marchite la cooperación entre comunidades, fuente de trabajo que en realidad debería de ser la principal promotora y sostenedora de los procesos de nuestro desarrollo. Nos tratan como beneficiarios y no como usuarios con capacidad de decisión, con voz. Aquí para ellos sólo somos pobres necesitados de ayuda. La corrupción, aunque no es una consecuencia solo suya, es su resultado más claro, y con ella la debilidad de nuestras instituciones.
Intergeneracional, 06/09
49
LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL
Existe un desequilibrio cada vez menos favorable en la sociedad guatemalteca, y
es que la incoherencia entre los planes de gobierno y la estructura del Estado
(sujeto colectivo) ante la realidad plural dificulta grandemente que los colectivos
que lo componen puedan ejercer sus derechos colectivos y exigir que se
cumplan. Las estructuras del Estado se reproducen en lo comunitario mediante
fuertes mecanismos de alienación que fragmentan la colectividad e inducen a
una comprensión de la diversidad cultural desligada de cualquier raíz de
reivindicación política y territorial, es decir, la desnudan de toda capacidad de
transformación y la presentan como mera expresión artística y folklórica con el
fin de convertirla en mercancía. La diversidad cultural queda anclada al pasado,
estática y muerta, aun pese al reconocimiento de los derechos colectivos y la
planificación de soluciones (de escasa o nula implementación).
El impacto de las desigualdades estructurales en la formación y desarrollo de
colectivos en Guatemala es un hecho. Realizar un análisis profundo de su forma
de operar y sus expresiones tanto a nivel comunitario como regional y estatal, así
como sus repercusiones en las relaciones interpersonales, institucionales,
normativas y estructurales, puede ayudarnos a conocer el grado de pluralismo o
monismo con el que se fundamenta y se desarrolla el Estado. Este aspecto es
crucial para hacer dos cosas: primero, para visualizar hasta qué punto el Estado
es o no en realidad un órgano etnocida y monista cuyas estructuras operan como
un sistema integral y complejo que fragmenta los colectivos culturales e
individualiza la acción de sus miembros; y segundo, para visualizar cómo opera
este sistema y construir de forma colectiva acciones alternativas para la
reconstrucción plural del Estado desde lo comunitario, en base a la diversidad
cultural, a la realidad de las bases y a partir de la generación de conciencia
colectiva.
A lo largo del 2008, y a partir de una serie de mesas de debate, foros, entrevistas
e investigaciones, se analizaron, con la participación de académicos, miembros
de organizaciones civiles, de la cooperación internacional, de la administración
pública e investigadores, las relaciones que a nivel estructural se dan en los
ámbitos económico, jurídico, político, social y cultural en Guatemala. El objetivo
era establecer cuáles eran los mecanismos que imposibilitan el desarrollo de
colectivos así como su capacidad para interpretar y ejercer sus derechos. En base
a este objetivo, se concretó una definición de desigualdad estructural:35
Reproducción sistemática de relaciones asimétricas por parte del Estado con la finalidad de mantener la hegemonía de grupos de poder. Excluye otras visiones y no responde a la realidad plural del país.
En el proceso de análisis se identificaron las desigualdades estructurales, sus
efectos, mecanismos, dinámicas y causas. Este proceso de consulta y debate se
volvió a abrir en el 2009. Se redefinieron, constatando lo siguiente.
Las desigualdades estructurales son:
DDEE1. El Estado está organizado para garantizar la concentración de la
riqueza de los medios productivos y del sistema financiero en manos
de una minoría para perpetuar la hegemonía económica, actualmente
bajo la forma del sistema económico neoliberal. No existe acceso al uso
político y administrativo del territorio más para los que detentan el
poder político, económico y militar.
DDEE2. El Estado se caracteriza por ser etnocéntrico, hecho que se observa en
la aplicación monista del derecho de participación política y de
35 CANEK – Observatorio Cultural (2008). Construcción de comunicación intercultural aplicada.
Guatemala: Librovisor. Ediciones alternativas del del Centro Cultural de España en Guatemala.
50
igualdad de oportunidades en una realidad que es plural y desigual.
Esto implica la perpetuación de un sistema que centraliza y concentra
las decisiones en la formulación de políticas públicas, las cuales son
sesgadas, incompletas, mono-culturales e insostenibles, ya que
responden a los intereses de las élites, que ideológicamente son
conservadoras y neoliberales. Las pocas políticas que se refieren a la
consideración positiva de la diversidad cultural no son implementadas
plenamente y son tratadas de forma superficial.
DDEE3. El desigual acceso a los medios de comunicación y de difusión se
expresa en la defensa de los intereses de los sectores dominantes y en la
criminalización o silenciamiento de las reivindicaciones de los
movimientos sociales.
DDEE4. Existe una hegemonía de la lógica occidental, patriarcal y del español
como lengua oficial y franca que no responde a la diversidad lingüística
ni a la pluralidad de formas de pensamiento, de organización y de
expresión del país.
Los efectos de las desigualdades estructurales afectan a la capacidad
individual para construir relaciones interpersonales horizontales. En su
identificación se tomaron en cuenta los fenómenos que impiden actitudes y
conductas individuales y colectivas de aceptación tanto de la propia identidad
cultural como del culturalmente distinto. También se tomaron en cuenta los
fenómenos que impiden establecer, mantener y fomentar la comunicación
destinada al conocimiento mutuo, a la interacción positiva entre culturas y a la
toma de decisiones de forma conjunta. Se identificaron los siguientes efectos:
E1. Concentración de la riqueza. Se reproduce la estructura de desigualdad
mediante la distribución sin equidad del recurso financiero, la tierra, la
tecnología y los medios de producción.
E2. Agravamiento del desempleo.
E3. Agravamiento de la pobreza y de la extrema pobreza.
E4. La carga tributaria privilegia a ciertos sectores de poder y no hay regreso
del impuesto para el desarrollo local.
E5. No existe un proyecto nacional que convoque a todos y a todas. En
consecuencia, lo local se convierte en un fin en si mismo.
E6. No hay acceso a servicios sociales y públicos que cubran las necesidades
esenciales básicas y que tengan en cuenta la realidad plural.
E7. Aunque la mayoría de actos de discriminación y racismo están tipificados
por la ley, éstos siguen impunes.
E8. Se niega el acceso a la justicia impartida por los pares y se mantiene la
brecha entre organización político-jurídica y la realidad plural.
E9. Se niega el ejercicio de la ciudadanía por ser indígena y/o pobre.
E10. Eliminación y enajenación del y la ciudadana.
E11. Los servicios sociales reproducen la visión de que el indígena forma parte
de una cultura monolítica y atrasada.
E12. El sistema estructural se fundamenta en el racismo, y propicia la
discriminación y la desconfianza en el espacio público local.
E13. Las instituciones cambian, pero se mantiene el esquema de reproducción
de relaciones sociales desiguales y, por ello, perdura la represión de la
organización local.
E14. La migración interna y externa aumenta. Existe un aumento de la
movilidad humana en busca de mejoras en la calidad de vida, con la
fragmentación social que ello implica a nivel local.
E15. Politización de la justicia y generación de leyes y reglamentos para intereses
particulares. El sistema de justicia y el sistema de partidos políticos
responden al modelo económico.
E16. Paulatina ruptura del sistema local étnico de dominación y del modelo de
propiedad (paso de propiedades de ladinos a indígenas) en el marco de un
mimetismo político que no permite cambios reales de fondo.
51
E17. Se procede a la alienación36 cultural: negación de lo propio para acceder al
sistema. Para existir es preciso insertarse en el espacio público y para ello es
necesario obviar la cultura y despojarse de los rasgos de identidad. El
resultado es el exterminio de mentes y el fascismo colectivo.
E18. Existe una escasa capacidad para generar una renovación generacional y
hay ausencia de liderazgos orgánicos.
E19. Los movimientos sociales solo aparecen en los medios de difusión cuando
acontecen actos de violencia. Se niega su acceso para la construcción de
historias alternas al discurso oficial.
E20. El movimiento social está fragmentado y dividido. En su interior se
reproduce la ideología dominante.
E21. En todo trámite ante una instancia pública la documentación y el proceso
se realizan estrictamente en español, hecho que excluye a una parte
importante de la población que no entiende o domina totalmente el idioma
oficial.
E22. Se aplica un sistema de educación mono cultural que no permite el
desarrollo de la identidad local. Hay una gran carencia de gente capacitada,
es decir, de profesionales, formada según sus propios cánones culturales.
E23. Los operadores de justicia no responden a las necesidades de la población y
no están articulados con las instituciones locales/comunitarias de justicia.
E24. El dominio del idioma oficial genera elitismo en las esferas de poder de los
ámbitos locales.
E25. El etnocentrismo y los intereses particulares imperan en el diseño e
implementación de políticas públicas.
36 Alienación [cultural]: La alienación cultural consiste, en esencia, en la interiorización
espontánea o inducida de un pueblo de la conciencia y de la ideología de otro, correspondiente
a una realidad que les es extraña y a intereses opuestos a los suyos. Darcy. Dilema de América
Latina. Siglo XXI, México 1971 (en: Revista Confluencia, año 1, invierno 2003. Mendoza,
Argentina).
Los mecanismos de las desigualdades estructurales afectan a la construcción
conjunta de relaciones institucionales plurales. En su identificación se
tomaron en cuenta los fenómenos que impiden las transformaciones
institucionales internas necesarias para un cambio de paradigma de lo monista a
lo plural. También se tomaron en cuenta los fenómenos que impiden a todos los
actores individuales y colectivos de poder vivir en sociedad y de poder converger
en una unidad que permita su convivencia pacífica sin menoscabo de ninguno
de ellos. Se identificaron:
M1. Mantenimiento subdesarrollado de las capacidades de conciencia y
práctica ciudadana.
M2. Imposición de modelos de consumo que son externos, alienantes y
deshumanizadores.
M3. Distribución incoherente y sin pertinencia del presupuesto público.
Disminución y mal uso del gasto público.
M4. El privilegio que concede el Estado a los intereses del capital nacional
monopólico y a la inversión extranjera antes que la posesión y
administración local del territorio.
M5. Uso del sistema económico para determinar el sistema político.
M6. Los movimientos sociales empujan avances económicos y políticos, pero
no empujan cambios ideológicos a nivel estructural.
M7. La aplicación del terror y el miedo.
M8. El análisis jurídico: aplicación sesgada del Derecho para garantizar los
intereses de las elites económicas y militares.
M9. La operación de instituciones públicas y el ofrecimiento de servicios
básicos carecen de una visión de la realidad plural y de una práctica
consecuente.
M10. Manipulación según intereses particulares de las políticas públicas.
M11. Privatización de servicios públicos.
M12. La limitación e inadecuación de las consultas populares.
52
M13. Inserción forzada y desigual en la globalización.
M14. La declaración de Estado de Prevención se utiliza para disuadir reuniones
de los movimientos sociales.
M15. La ausencia de medios de comunicación alternativos y la generación de
desinformación, información falsa y naturalización de la desigualdad por
parte de los medios de difusión, los cuales criminalizan la defensa de
derechos y territorios.
M16. Las negociaciones y sus acuerdos se realizan estrictamente en español.
M17. Incoherencia de la enseñanza monista del Derecho ante una realidad
plural.
M18. El sistema educativo y los medios de difusión son los principales
reproductores de la ideología dominante.
Las dinámicas de las desigualdades estructurales afectan a la construcción
conjunta de relaciones normativas plurales. En su identificación se tomaron en
cuenta los fenómenos que impiden nuevas transformaciones o síntesis culturales
resultantes de intercambios culturales, y de los principios, valores y leyes que
establecen. Se tomaron en los fenómenos que impiden generar normativa
fundamentada en la realidad plural y con legitimidad. También se tomaron en
cuenta los fenómenos que impiden situar la diversidad como principio
constituyente vertebrador de la sociedad, es decir de considerar decisiones
colectivas y la plena distribución democrática del poder. Se identificaron:
D1. Se prioriza una economía nacional abocada a la exportación antes que la
consolidación de una política de seguridad alimentaria para los más
desprotegidos.
D2. Se privilegia el pacto capitalista por encima del factor trabajo.
D3. Se antepone la comprensión de la tierra como un bien de producción
antes que la comprensión de territorio de la localidad.
D4. Existe un fuerte centralismo estatal que se encuentra desarticulado de la
realidad local. En consecuencia no hay garantías de que la participación
local permita la incidencia y la participación nacional.
D5. Se aplica la igualdad formal en un contexto plural y desigual.
D6. El Estado y sus instituciones carecen de legitimidad debido al monismo
cultural que fundamenta sus estructuras y al no reconocimiento de
sistemas jurídicos y de representación local alternos.
D7. Los partidos políticos no responden ni a la voluntad colectiva de la
localidad ni de los movimientos sociales nacionales.
D8. El mimetismo político induce a la reproducción del sistema imperante.
D9. La primacía del poder económico permite a las elites el control y
monopolio del poder político, el cual margina la pluralidad ideológica.
D10. La práctica monista es reiterada en el diseño de políticas públicas. Existe
el control e imposición de un pensamiento único.
D11. Existe una escasa capacidad para la formación de nuevos liderazgos.
D12. Las agencias de cooperación internacional generan una política de Estado
de dependencia tanto financiera como política.
D13. El monopolio de los medios de difusión.
D14. Se impone el concepto de democracia funcional y participativa del
modelo dominante.
D15. El ejercicio de poder es en extremo vertical y jerárquico.
D16. La doctrina y la legislación sin carácter plural.
Las causas de las desigualdades estructurales afectan a la construcción
conjunta de relaciones políticas y estructurales plurales. En su identificación
se tomaron en cuenta los fenómenos que impiden la adquisición de nuevas
modalidades en las instituciones y estructuras estatales. Se tomaron en cuenta
los fenómenos que impiden a todos los actores colectivos de poder vivir en
sociedad y de poder converger en una unidad que permita su convivencia
pacífica sin menoscabo de ninguno de ellos. Se identificaron:
53
C1. La economía de privilegios y la inequidad en el sistema
tributario.
C2. Herencia de un Estado racista y colonial excluyente y
discriminador que mantiene procesos de colonización interna y
que permite la concentración y centralización del poder
económico, político, religioso, ideológico, social y cultural en
manos de la oligarquía.
C3. El androcentrismo no permite un cambio generacional ni
ideológico.
C4. El miedo fragmenta la sociedad: genera división y una visión de
la otredad deformada y amenazadora, lo que implica la
incapacidad de ver al otro y a la diversidad cultural como
riqueza.
C5. La división política y administrativa del país.
Los efectos, mecanismos, dinámicas y causas de las desigualdades estructurales
no son fenómenos diferenciados: se trata de cuatro dimensiones, cuatro formas
de ver las desigualdades estructurales según el nivel de observación que
adoptemos. Si observamos los efectos estamos viendo el impacto y la influencia
de las desigualdades estructurales a nivel comunitario, en las relaciones entre
personas; en los mecanismos estamos viendo su impacto e influencia en las
instituciones; en las dinámicas estamos viendo su impacto e influencia en la
generación y ejecución de la normatividad, es decir de la parte legal; y en las
causas estamos viendo su impacto e influencia en las decisiones políticas a nivel
estructura.
Estas cuatro dimensiones muestran una verdadera radiografía del tipo de
sistema que opera en Guatemala en todas sus vertientes y niveles de relación.
Como ejemplifica el gráfico siguiente, estas cuatro dimensiones de las
desigualdades estructurales están interrelacionadas y se sostienen entre sí.
Todos los fenómenos que expusimos anteriormente están interrelacionados, es
decir no operan de forma individual sino en conjunto y una acción sobre ellos
debe ser también integral para ser eficaz. Con la finalidad de analizar con más
precisión su impacto en la capacidad de los colectivos para desarrollarse y
transformar su realidad, y la manera en que afectan al ejercicio de los derechos
colectivos, los agrupamos de las siguientes áreas de incidencia, para saber cómo
afectan en:
� Los aspectos económicos
� Los aspectos de acceso a servicios del Estado
� Los aspectos de acceso a la justicia
� Los aspectos sociopolíticos y de organización
� Los aspectos de expresión y transmisión de valores
� Los aspectos de racismo y discriminación
Mostramos seguidamente los resultados del análisis:
Dinámicas de las DDEE
Causas de las DDEE
Mecanismos de las DDEE
Efectos de las DDEE
Sistema de relación de las desigualdades estructurales (DDEE)
54
EN LOS ASPECTOS ECONÓMICOS
Los derechos colectivos directamente afectados son: El derecho colectivo a la propiedad y posesión del territorio y del patrimonio natural
El derecho colectivo al desarrollo de la ciencia y la tecnología
El derecho colectivo a la autosuficiencia y al desarrollo de la industria autóctona
DDEE 1
DDEE 2
DDEE 4
La esfera de la
Cultura material está afectada por
Desigualdades
Estructurales (DDEE)
C 1
C 5
Causas (C)
D 1
D 3
D 4
D 9
Dinámicas (D)
M 1
M 2
M 3
M 7
Mecanismos (M)
M 11
M 12
M 13
M 16
Efectos (E)
E 1
E 2
E 3
E 4
E 14 EN LOS ASPECTOS DE ACCESO A SERVICIOS DEL ESTADO
Los derechos colectivos directamente afectados son: El derecho colectivo a la representatividad y participación en la vida política
El derecho colectivo a la paz, la libertad y la seguridad
El derecho colectivo a la autonomía, a la autodeterminación, al autogobierno, a la autorregulación y al libre ejercicio de la soberanía
La esfera de la
Cultura social o política está afectada por
DDEE 1
DDEE 2
DDEE 4
Desigualdades
Estructurales (DDEE)
C 1
C 2
C 5
Causas (C)
D 1
D 2
D 3
D 7
Dinámicas (D)
M 1
M 2
M 3
M 5
M 6
M 8
Mecanismos (M)
M 9
M 11
M 13
M 16
M 17
Efectos (E)
E 6
E 11
E 21
E 22
D 9
D 10
D 14
D 15
D 17
EN LOS ASPECTOS DE ACCESO A LA JUSTICIA
Los derechos colectivos directamente afectados son: El derecho colectivo a la representatividad y participación en la vida política
El derecho colectivo a la paz, la libertad y la seguridad
El derecho colectivo a la autonomía, a la autodeterminación, al autogobierno, a la autorregulación y al libre ejercicio de la soberanía
DDEE 1
DDEE 2
DDEE 4
Desigualdades
Estructurales (DDEE)
C 1
C 2
C 4
Causas (C)
D 2
D 3
D 4
D 5
D 6
Dinámicas (D)
M 1
M 2
M 5
M 6
M 7
Mecanismos (M)
M 8
M 10
M 13
M 16
M 17
Efectos (E)
E 7
E 8
E 15
E 23
La esfera de la
Cultura social o política está afectada por D 7
D 10
D 13
D 16
55
Los derechos colectivos directamente afectados son: El derecho colectivo a la representatividad y participación en la vida política
El derecho colectivo a la paz, la libertad y la seguridad
El derecho colectivo a la autonomía, a la autodeterminación, al autogobierno, a la autorregulación y al libre ejercicio de la soberanía
DDEE 1
DDEE 2
DDEE 3
DDEE 4
Desigualdades
Estructurales (DDEE)
C 2
C 3
C 4
Causas (C)
D 2
D 3
D 4
D 7
D 8
D 9
Dinámicas (D)
M 4
M 5
M 6
M 7
M 8
M 10
Mecanismos (M)
M 12
M 13
M 14
M 15
M 16
M 17
Efectos (E)
E 5
E 9
E 18
E 19
E 20
La esfera de la
Cultura social o política está afectada por D 10
D 11
D 14
D 15
D 16
D 17
EN LOS ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS Y DE ORGANIZACIÓN
EN LOS ASPECTOS DE EXPRESIÓN Y TRANSMISIÓN DE PRINCIPIOS Y VALORES
Los derechos colectivos directamente afectados son: El derecho colectivo al idioma
El derecho colectivo a la espiritualidad
El derecho colectivo al patrimonio cultural y a los símbolos de identidad
El derecho colectivo a la educación
El derecho colectivo a los medios de comunicación
DDEE 1
DDEE 2
DDEE 3
DDEE 4
Desigualdades
Estructurales (DDEE)
C 2
C 4
Causas (C)
D 3
D 5
D 6
Dinámicas (D)
M 1
M 2
M 3
M 6
M 7
Mecanismos (M)
M 11
M 12
M 13
M 16
M 17
Efectos (E)
E 10
E 16
E 17
La esfera de la
Cultura simbólica está afectada por
D 10
D 13
D 14
D 17
EN LOS ASPECTOS DE RACISMO Y DISCRIMINACIÓN
Los derechos colectivos directamente afectados son: El derecho colectivo al idioma
El derecho colectivo a la espiritualidad
El derecho colectivo al patrimonio cultural y a los símbolos de identidad
El derecho colectivo a la educación
El derecho colectivo a los medios de comunicación
DDEE 1
DDEE 2
DDEE 3
DDEE 4
Desigualdades
Estructurales (DDEE) C 2
C 4
Causas (C)
D 3
D 5
D 6
Dinámicas (D)
M 2
M 5
M 6
M 7
M 8
Mecanismos (M)
M 12
M 13
M 16
M 17
Efectos (E)
E 12
E 13
E 24
E 25
La esfera de la
Cultura simbólica está afectada por D 10
D 13
D 17
56
CONCLUSIONES: LA ESTRUCTURA PIRAMIDAL DEL PODER
En base a estas desigualdades estructurales el actual Estado de Guatemala se
sostiene sobre un sistema de poder piramidal en el que se concentran las
decisiones, donde impera una sola forma de ver y entender el mundo que
rechaza la pluralidad y en el que sólo un grupo poder centraliza las decisiones.
Las consecuencias de este tipo de Estado han sido identificadas por Héctor Díaz
Polanco en su libro La Rebelión Zapatista y la autonomía37:
� Mantenimiento del proceso colonial: el Estado mono-cultural, centralizado y
etnocida.
� Colonialismo externo: funcionamiento del comercio internacional bajo la
lógica del saqueo.
� Colonialismo interno: construcción de un modelo de sociedad considerado
el único válido, entidad políticamente centralizada y culturalmente
homogénea.
� Desconsideración de la organización comunal misma como patrimonio
cultural que se debe preservar y desarrollar y extrema ponderación de
factores culturales simbólicos (lenguas, vestimenta, arte…) que congela el
sistema de relaciones que los produce.
� Fractura de la identidad espacial.
� Recreación de la comunidad: reducción del territorio al espacio vital de la
comunidad y destrucción de pisos superiores de organización
socioeconómica, cultural y política.
� Vinculación directa de la comunidad con el Estado sin capacidad de generar
un ordenamiento territorial más amplio ni una autoridad supracomunal.
37 Díaz Polanco, Héctor. La Rebelión Zapatista y la autonomía. Siglo veintiuno editores. México,
2007.
� Atomización de los habitantes originales en infinidad de comunidades,
herencia que dificulta poner en práctica proyectos de desarrollo integral para
organizar su movimiento y consolidar políticamente su fuerza regional
frente al Estado.
Esta estructura piramidal del poder sostiene un Estado:
� Capaz de reconocer la diversidad cultural.
� Capaz de reconocer derechos colectivos.
� Siempre y cuando no implique transformaciones políticas relativas a la
distribución del poder y a la organización del Estado ni cambios en el
modelo económico.
� Incapaz de hacer operativos dichos derechos colectivos porque no está
preparado ni diseñado para ello.
� Capaz de reverenciar la pluriculturalidad mientras ataca el fundamento
mismo de la cohesión comunal: la organización socio política comunitaria y
supracomunal.
En un esfuerzo por romper con este sistema, generador de exclusión y
destrucción de la diversidad cultural, de pobreza y muerte, se han construido en
el 2009, mediante procesos de trabajo y discusión plural, una serie de Políticas
culturales que pretenden ofrecer guías mínimas para la construcción desde las
bases de un Estado Plural reconocedor y representativo de la realidad diversa de
Guatemala. Exponemos antes un análisis histórico que sustenta lo expuesto en
este capítulo, tres experiencias en el reclamo y ejercicio de los derechos
colectivos en Guatemala y un sistema de generación de conocimiento plural,
esencial para crear nuevos puntos de poder y romper con la lógica del
pensamiento único y centralizado que actualmente rige las estructuras de
relación social, económica, política, jurídica y simbólica de Guatemala y de gran
parte del mundo.
Enrique Gordillo Castillo
HISTORIA DE CONQUISTA Y EXPLOTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL TERRITORIO DE GUATEMALA
ÍNDICE El período colonial: la definición de los primeros territorios
Conquista y definición de primeras fronteras: los derechos de conquista
La implantación de la autoridad real: las leyes nuevas de 1542 y la creación
Las reformas político administrativas del siglo XVIII: el régimen de
intendencias
La primera experiencia ciudadana: el período de las Cortes de Cádiz y la
ciudadanía española, 1808-1814
58
El peso histórico de las regiones
La independencia y el periodo nacional: la primera constitución
guatemalteca y la nueva administración político-territorial
Territorios perdidos por el Estado de Guatemala después de la
independencia
La fragmentación del territorio nacional
El impacto del café
Ferrocarriles y bananos
Reflexiones finales
Mapas del proceso histórico de división departamental de Guatemala de
1824 a 1985
Bibliografía
Enrique Gordillo Castillo
59
INTRODUCCIÓN El 13 de noviembre de 1995, un año antes de la firma de los Acuerdos de Paz,
Rigoberto Quemé Chay ganó las elecciones para la alcaldía de Quetzaltenango.
El hecho fue relevante, y no solamente por haber triunfado el único candidato
k’iche’ entre los diez participantes, ni por haber sido el primero de esa etnia en
asumir el más alto cargo edil en la segunda ciudad de Guatemala en más de un
siglo. Fue el triunfo simbólico de una organización política local. No fue un
logro obtenido bajo el ala de los partidos políticos anclados en Ciudad de
Guatemala, el triunfo del Comité Cívico Xel-jú era el resultado de dos décadas1
de organización local. El acontecimiento no estuvo libre de polémica. A los seis
meses de haber llegado a la municipalidad, Quemé ya era objeto de una
oposición activa desde los medios locales. Sin embargo, el Comité Cívico Xel-jú
participó en las elecciones municipales de Quetzaltenango para el período 2000–
2004 y nuevamente ganó.2
A pesar de que durante mucho tiempo no se reconoció oficialmente,
Quetzaltenango ha tenido una tradición de organización social muy fuerte. Ante
la supresión de la Alcaldía Indígena en 1894, por ejemplo, los antiguos
Principales crearon la Sociedad El Adelanto para promover los derechos
políticos, sociales, étnicos y económicos de los pueblos indígenas del área.
Independientemente de los debates que se han desarrollado sobre la gestión de
Rigoberto Quemé, el triunfo de Xel-jú evidenció que la organización social local
se había fortalecido, lo que constituye uno de los cambios más notables de los
últimos años: el arraigo de diversas formas de organización local en ámbitos que
1 Velásquez Nimatuj, Irmalicia. “Rigoberto Quemé Chay: Quemé es hijo de una familia de
artesanos”, en El Periódico, 9 de julio de 2007. 2 Barrios, Lina (1998). La alcaldía indígena en Guatemala: de 1944 al presente. Guatemala:
Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales; (2001). Tras
las huellas del poder local: La alcaldía indígena en Guatemala, del siglo XVI al siglo XX.
Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.
incluyen lo político y lo municipal. En la actualidad cabe destacar el esfuerzo
orientado a buscar una redefinición de lo regional desde las lógicas locales.
El conflicto armado interno fue una experiencia terrible para Guatemala. No
obstante, la dinámica de la guerra, el período de transición hacia la democracia y
el proceso de las negociaciones de paz sacaron a la luz no sólo los grandes
problemas históricos de desigualdad en el país, sino la posibilidad de promover
acciones para revertirlos. A principios de los años ochenta Luis Alvarado
Constenla y Carol Smith analizaron los desequilibrios territoriales de Guatemala
partiendo del desarrollo de su sistema urbano. Para ese entonces Ciudad de
Guatemala era ya 18 veces más grande que la segunda urbe del país, lo que
evidenciaba un sistema con “primacía urbana”. Ambos autores revelaron que el
crecimiento del área metropolitana de la capital se debía a migraciones internas
y no a un crecimiento natural, e implicaba la excesiva concentración de todo
tipo de servicios, instituciones y oportunidades en un lugar.3
A mediados de la década, se empezó a discutir seriamente en diversos sectores
políticos y académicos la necesidad de romper con la lógica de una estructura
centralizada en Ciudad de Guatemala. Una de las conclusiones evidentes, desde
ese entonces, fue que no se podía promover un proyecto de paz y de desarrollo
integral sin una democratización territorial. No obstante, el recorrido ha sido
difícil porque ha significado enfrentar una tradición de control centralizado,
basada en intereses económicos, que ha predominado durante siglos.
Teóricamente, las formas de distribución del territorio en Guatemala han sido
producto de la conjugación de tres elementos: (1) una ideología de Estado
3 Constenla, Luis Alvarado (1980). El proceso de urbanización en Guatemala. Guatemala:
CEUR; Smith, Carol (1984, diciembre). “Desarrollo de la primacía urbana, la dependencia en la
exportación y la formación de clases en Guatemala”, en Mesoamérica (Publicación del Centro
de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA). Año 5, no 8, pp. 195-278; Gordillo
Castillo, Enrique (2006). Debate teórico sobre el proceso de urbanización, el desarrollo de la
primacía urbana y la metropolización en Guatemala. Serie: El proceso de urbanización en
Guatemala 1944-2002. Volumen II. Guatemala: CEUR.
60
particular, (2) las condiciones imperantes de una forma específica del
capitalismo guatemalteco y (3) las dinámicas territoriales.4
En 1986 se emitió la Ley Preliminar de Regionalización (Decreto 70-86), que
definió oficialmente las “regiones” de Guatemala. De acuerdo con Jorge Aragón,
éstas fueron concebidas como demarcaciones espaciales efectuadas por el Estado
con fines de organización territorial y con el objetivo de hacer más eficiente la
distribución de la inversión pública y la presencia institucional. El concepto de
regionalización fue introducido en los años sesenta mediante los Planes de
Desarrollo (PLADES) —que seguían los lineamientos de la Escuela Francesa de
Ordenamiento Territorial— gracias a la influencia de la AID y la CEPAL, que
prestaron asesoría al gobierno guatemalteco. En ese modelo las regiones se
concebían como espacios intermedios entre la administración central y la
departamental, es decir, como instancias de coordinación territorial
interinstitucional. En términos reales, la regionalización fue vista como una
forma de ampliar la presencia estratégica del Estado y de aumentar el control
sobre algunos territorios que habían quedado fuera del control oficial. La
primera propuesta de regionalización fue elaborada en 1967 por el Ministerio de
Comunicaciones y Obras Públicas sobre la base de anteproyectos anteriores
realizados por el Congreso de la República (1962) y el Instituto de Fomento
Municipal (1966). El proyecto de 1967 se oficializó 18 años más tarde y fue
utilizado como base para la elaboración de un anteproyecto de Ley para la
Regionalización y Funcionamiento de los Consejos de Desarrollo, y la posterior
redacción de la Ley de los Consejos de Desarrollo (2002). Estos esfuerzos
estatales han sido criticados porque, precisamente, continúan con la tradición de
organizar el territorio desde una lógica centralizada.5
4 Constenla, Op. Cit. 5 Aragón, Jorge Rafael (2008). Análisis del sistema de regiones en Guatemala. La regionalización
oficial y otras propuestas 1967-2007. Guatemala: CEUR-USAC.
En la década de los noventa se iniciaron varios esfuerzos que buscaban
identificar las diversas formas de expresión del poder local y de organización
comunitaria. Ya desde entonces, instituciones que trataban de apoyar el proceso
de paz plantearon la necesidad de fortalecer el municipalismo y toda forma de
organización social local,6 pero sólo recientemente se ha percibido un cambio en
la lógica para promover una definición de lo regional-territorial desde esa
perspectiva. Aún es temprano para hacer un análisis de este proceso, no sólo por
lo pionero, sino por la escasez de estudios específicos y la complejidad que
representa la inclusión de todos los esfuerzos y logros. Hasta ahora los estudios
disponibles se han centrado en el análisis de la organización territorial desde el
Estado. Por su indudable importancia, este trabajo ofrece una síntesis del
desarrollo de la organización territorial oficial que se ha creado desde ese ángulo.
Esperamos que pronto se lleven a cabo análisis del desarrollo “desde abajo” que
permitan analizar globalmente los cambios producidos en los últimos años.
Se cuenta con diversos análisis sobre la evolución de la administración político-
territorial de Guatemala, como el estudio de Flavio Quesada Saldaña y las
investigaciones coordinadas por Gustavo Palma Murga y Arturo Taracena
Arriola.7 Sin embargo, aún quedan muchas áreas por estudiar, como el
desarrollo de la administración municipal. La ardua tarea de hacer una
cartografía histórica del desarrollo municipal de Guatemala está aún abierta.
Uno de los principales problemas —indicado por Taracena y sus
colaboradores— es que en pleno siglo XXI la mayoría de municipios de
6 Ochoa, Carlos et al. (1993). Los contextos actuales del poder local: gobernabilidad y
municipalismo. Guatemala: IRIPAZ. 7 Quesada Saldaña, Flavio (1983). Estructuración y desarrollo de la administración política
territorial de Guatemala en la Colonia y la época independiente. Guatemala: CEUR; Palma
Murga, Gustavo. (Coordinador). (1993). La administración político-territorial en Guatemala:
una aproximación histórica. Guatemala: Escuela de Historia, USAC; Taracena Arriola, Arturo;
Pira, Juan Pablo; y Marcos, Celia. Los departamentos y la construcción del territorio nacional en
Guatemala 1825-2002. Guatemala: ASIES, s.a.
61
Guatemala no tienen definidos oficialmente sus límites territoriales.8 Tampoco
es posible en este momento trazar el desarrollo de las regiones construidas desde
la organización social porque todavía son muy pocos los estudios disponibles.
Christopher Lutz y George Lowell han hecho un esfuerzo pionero por tratar de
explicar la formación de las regiones “occidental ladina” y “oriental indígena”
utilizando las nociones de centro y periferia,9 pero pese a los estudios de Arturo
Taracena sobre la formación del “regionalismo altense” y los de Lina Barrios
sobre las alcaldías indígenas todavía queda mucho trabajo por hacer.10
Uno de los retos más importantes en el estudio de la evolución de la
administración político-territorial de Guatemala ha sido explicar por qué se
fraccionó tanto el territorio nacional. Si en 1825 eran solamente siete
departamentos, ¿cómo se llegó a los 22 actuales?, ¿cuáles fueron las causas de esa
división interna del territorio guatemalteco?
Uno de los argumentos ha sido que la fragmentación que hoy conocemos se
corresponde con la estructura implantada durante el período colonial, que
obedecía a una lógica de control centralizado. La creación, en 1825, de siete
departamentos fue un esfuerzo notable por construir una nueva regionalización
basada en una distribución equilibrada de recursos económicos y humanos,
tomando como modelo la “departamentalización” creada tras la Revolución
8 Taracena, Pira y Marcos. Op. Cit., p. 3.
Lutz, Christopher H. y Lowell, George (1991). “Centro y periferia en la Guatemala colonial” en
Lutz, Christopher H.; Lowell, George; Taracena, Arturo; y Ortmayr, Norbert. Territorio y
sociedad en Guatemala, tres ensayos históricos. Guatemala: Centro de Estudios Urbanos y
Regionales. 10 Taracena, Arturo (1991). “El desarrollo económico y las fronteras de Guatemala: El Estado de
los Altos 1770-1838” en Lutz et al. Op. Cit.; Taracena, Arturo (2000). Invención criolla, sueño
ladino, pesadilla indígena. Los Altos de Guatemala: de región a Estado (1740-1871). 2ª ed.
Guatemala: CIRMA; Barrios. Op. Cit.
Francesa. Se trató de un primer proyecto de regionalización que buscaba romper
con la estructura centralizada en Ciudad de Guatemala.
Entre las razones del fracaso de este proyecto se encuentra, en primer lugar, el
desconocimiento de las condiciones de desarrollo de cada uno de los
departamentos que se crearon por la escasa información disponible y,
principalmente, por la estructura económica vigente. Con el rompimiento del
monopolio que los comerciantes de Ciudad de Guatemala ejercían sobre las
provincias centroamericanas, el Estado se vio obligado a sobrevivir con sus
propios recursos. Heredó una economía basada en el monocultivo de productos
como el añil, la grana, el banano y el café con mercados inestables y en
condiciones de total dependencia. El sistema funcionaba sobre la base del trabajo
forzado, también heredado de la Colonia, que dependía totalmente de la
estructura administrativa oficial. Eran los alcaldes quienes suministraban
trabajadores —por medio de los mandamientos— a las fincas. Con el desarrollo
del cultivo extensivo del café, se necesitaban no sólo grandes extensiones de
tierra, sino el suministro permanente de trabajadores. Posteriormente, se
desarrollaron otras estrategias alternativas al colonato, como las fincas de mozos,
que garantizaban el suministro de trabajadores a las haciendas cafetaleras en
momentos específicos sin tener que proveerles de alojamiento ni manutención
permanentes en las fincas. Ambos sistemas requerían de controles rigurosos de
la población trabajadora, fundamentalmente indígena. El experimento de los
siete departamentos creados en 1825 se fue desplomando por la necesidad del
Estado y de las élites de controlar las regiones productivas y, fundamentalmente,
a las regiones proveedoras de trabajadores forzados. El desarrollo se fue dando
de acuerdo con el potencial productivo específico de cada zona.
Por otro lado, en el siglo XIX ocurrieron varios acontecimientos políticos que
provocaron fraccionamientos del territorio con el objetivo de controlar a la
población considerada rebelde. Destaca la creación del Estado de los Altos en
1838, que se separó del Estado, pero que fue finalmente sometido por la fuerza.
62
Es también importante mencionar la Rebelión de la Montaña, en el oriente del
país, que en 1838 y 1948 presionó fuertemente al gobierno central. De igual
forma, el interés por controlar la zona norte se intensificó con el desarrollo de la
Guerra de Castas, ocurrida en Yucatán a mediados del siglo XIX.
En cuanto al desarrollo de la administración político-territorial oficial de
Guatemala pueden identificarse tres grandes períodos. El primero empieza con
la llegada de las primeras expediciones de conquista en 1524 y llega hasta la
implantación de la autoridad real con las Leyes Nuevas y la redefinición
institucional de 1542. Es una etapa de gran inestabilidad política provocada por
el carácter que tuvo la conquista, que fue ejecutada por agentes privados. Si bien
es cierto que la Corona vigiló en gran parte el proceso, permitió que los
conquistadores actuaran con total libertad, utilizando y estimulando su
ambición para ocupar rápidamente los territorios. El ámbito geográfico aludido
es el del Reino de Guatemala, que abarcaba el territorio completo de la actual
Centroamérica y parte del sur de México. Una de las características de este
período es la inestabilidad de las primeras delimitaciones fronterizas, tanto por
el desconocimiento del territorio como por las pugnas entre los conquistadores.
El segundo período inicia en 1542 con la imposición de la autoridad real en el
territorio y llega hasta la independencia de 1821. Esta etapa comienza con la
promulgación e implantación de un instrumento jurídico (las Leyes Nuevas)
emitido por la Corona española para detener los desmanes y arbitrariedades de
los conquistadores y recuperar su poder absoluto sobre los territorios ocupados.
La institución que se creó para representar el poder real fue la Audiencia, que
quedó a cargo de la administración de gobierno y justicia en nombre del rey.
El tercer período empieza con la declaración de independencia y llega hasta
1935, cuando se definen los 22 departamentos que integran actualmente el
territorio guatemalteco. Esta etapa coincide con la división definitiva de
Centroamérica y el reconocimiento oficial de los Estados que la integran en el
presente. En este lapso se produce la pérdida de territorios como Yucatán,
Chiapas, Soconusco y Belice, y el surgimiento, en 1838, del Estado de los Altos
como sexto miembro de la Federación Centroamericana. El período incluye
también las reformas administrativas en Guatemala, de acuerdo con las diversas
etapas de desarrollo económico del país (período conservador, o de los treinta
años, y período liberal).
EL PERÍODO COLONIAL: LA DEFINICIÓN DE LOS PRIMEROS TERRITORIOS Lo poco que se conoce sobre las delimitaciones territoriales antes de la conquista
se basa en documentos indígenas escritos con caracteres latinos en el siglo XVI.
De manera muy general, sabemos que la forma de organización social se regía
por el sistema de parentesco (patrilinajes) y la división en castas.11 Esta
estructura fue total y rápidamente destruida con la llegada de los españoles.
La conquista de los territorios americanos se realizó gracias a una cesión
otorgada desde España a los agentes privados, aunque una vez consolidada la
posesión y dominio la Corona reivindicó su soberanía sobre los nuevos
territorios y sus habitantes, unos territorios cuyos límites fueron definidos
arbitrariamente por las expediciones de los conquistadores. El proceso de
redefinición de los nuevos límites territoriales no estuvo exento de problemas,
debido a la coincidencia de tres expediciones (que habían partido desde México,
Panamá y Santo Domingo) que reclamaron los derechos de los descendientes de
Cristóbal Colón sobre las tierras descubiertas.
11 Barrios, Lina (1996). La alcaldía indígena en Guatemala: época colonial (1500-1821). Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales,
pp. 35-38.
63
Una vez consolidada la centralización del poder en 1542, los territorios indianos
se dividieron en grandes unidades político-administrativas. La actual
Centroamérica recibió entonces el nombre de Reino de Guatemala. Una de las
primeras definiciones territoriales del istmo se derivó directamente de las
Capitulaciones de Santa Fe, sostenidas entre Cristóbal Colón y la Corona. Según
este contrato, Colón y sus descendientes tendrían derechos sobre las tierras
descubiertas por él; en consecuencia, Diego de Nicuesa, hijo del genovés,
reclamó el territorio de Veragua, que iba desde El Golfo de San Blas hasta el de
Urabá o Darién.12
En este momento los conquistadores y primeros habitantes, siguiendo principios
feudales, pretendían obtener para sí territorios independientes de la monarquía,
lo que originó desde el principio problemas de jurisdicción, porque Alonso de
Ojeda también reclamó derechos sobre el territorio de Veragua por habérsele
otorgado la Gobernación de Nueva Andalucía, en la actual Colombia. Los
conflictos de intereses se agudizaron con el nombramiento, en 1513, de Pedro
Árias Dávila como gobernador y capitán general de la Audiencia de Tierra
Firme. Estos ejemplos evidencian hasta qué punto las reclamaciones sobre la
jurisdicción territorial eran arbitrarias.
CONQUISTA Y DEFINICIÓN DE PRIMERAS FRONTERAS: LOS DERECHOS DE CONQUISTA La conquista de Centroamérica se inició, desde el sur, con la expedición de Gil
González Dávila hacia Nicaragua. Los conflictos surgieron inmediatamente por
la ambición de Pedrarias Dávila, que reaccionó enviando a Francisco Hernández
de Córdova desde Panamá para adelantarse en tomar posesión de Nicaragua. En
su camino Hernández de Córdova fundó las ciudades de Granada y León e
12 Quesada Saldaña. Op. Cit., pp. 23-24.
inició la exploración de los grandes lagos, pero fue posteriormente ejecutado por
Pedrarias Dávila por insubordinación. Por haber sido el primero en llegar, Gil
González Dávila fue nombrado gobernador de Nicaragua, pero no pudo ejercer
el cargo al encontrarse en medio de dos expediciones, la de Cortés, en el norte, y
la de Pedrarias Dávila, en el sur, quien acabaría logrando que se le diera el título
de gobernador de la Provincia de Nicaragua, que en ese momento no estaba
sujeta a ninguna jurisdicción. Una de las características de este período es que
los límites territoriales fueron definidos por los mismos conquistadores. En
muchos casos estos acuerdos no fueron reconocidos por la Corona, como el
arreglo entre Pedrarias Dávila y López de Salcedo en el que se establecieron los
límites entre Comayagua y Nicaragua.13
Paradójicamente, las controversias entre los conquistadores, aunque caóticas y
muchas veces violentas, aceleraron el proceso de ocupación. La ambición
estimuló a muchos aventureros a llegar primero, para tomar posesión de grandes
territorios reclamando derechos de conquista. Si bien es cierto que con ello
legitimaban su dominio territorial con el objetivo de enriquecerse rápidamente,
también es cierto que aceleraron el proceso de integración y administración de
los nuevos territorios en beneficio final de la Corona. El caso de la conquista de
Nicaragua es un buen ejemplo.14
Contraviniendo las Capitulaciones de Santa Fe, el rey no le otorgó Veragua a
Diego de Nicuesa, sino a Felipe Gutiérrez; en todo caso, el territorio original de
Veragua se fue reduciendo cada vez más con la definición de la Gobernación de
Nicaragua. El objetivo desde la Corte era recuperar paulatinamente el control de
los territorios; en consecuencia, en 1540, se otorgó a Diego de Gutiérrez el
derecho de conquistar y poblar la Provincia de Cartago (que ocupaba la costa
Atlántica de las actuales Nicaragua y Costa Rica). Finalmente fue Juan Vásquez
13 Ibíd., p. 28. 14 Ibíd., p. 29.
64
quien logró someter militarmente parte de los territorios de Cartago, con lo que
se le otorgó el título de Adelantado de Costa Rica. En 1573 se definieron los
límites de esa provincia y la jurisdicción de Nicaragua. Esta división territorial se
mantuvo durante todo el período colonial.15
A la Audiencia de Tierra Firme o de Panamá, creada en 1538, se le dio
jurisdicción sobre todos los territorios hacia el sur y sobre las provincias de
Nicaragua (que incluía a Costa Rica y Panamá), en otras palabras: desde
Nicaragua hasta el Estrecho de Magallanes.
La conquista de los territorios del norte del istmo centroamericano fue más
rápida que en el sur. Una de las razones fue que los habitantes de estas regiones
integraban sociedades sedentarias y tenían un amplio desarrollo agrícola, lo que
los expuso más fácilmente a los conquistadores. Otra de las razones que facilitó
la invasión fue que las expediciones estuvieron al mando de un solo
conquistador, Hernán Cortés, quien fue más hábil políticamente que Pedrarias
Dávila y mantuvo la lealtad de sus capitanes, de ahí que hubiera cierta
homogeneización y que se evitaran los enfrentamientos y litigios. En suma, la
conquista de esta parte del istmo fue más organizada y se caracterizó por una
dirección centralizada: cada conquistador obtuvo la asignación de un territorio
de acción para dominar y poblar. El proceso se desarrolló con mucha celeridad,
lo cual permitió la apropiación rápida de territorios y dio como resultado que, a
pesar de haber llegado tardíamente a la región, la dominación concluyera más o
menos al mismo tiempo que la conquista y ocupación desde el sur.
Hernán Cortés envió dos expediciones hacia el sur. Una por tierra, al mando de
Pedro de Alvarado, y otra por mar, al mando de Cristóbal de Olid. Alvarado
sometió rápidamente a los kaqchikeles y se dirigió hacia el territorio del actual El
Salvador. El 25 de julio de 1524 fundó la Ciudad de Santiago de Guatemala en
15 Ibíd., p. 34.
Iximché, que tres años más tarde se trasladó al Valle de Almolonga. Con este
gesto se definió el centro de dominación y legitimación de los territorios
conquistados y por conquistar.
Las provincias de Chiapas, Soconusco, Yucatán, Cozumel, Guatemala y
Honduras quedaron bajo la jurisdicción de la Audiencia de México, creada en
1527, por haber sido conquistadas por la misma expedición originaria. Pedro de
Alvarado gobernó la Provincia de Guatemala hasta su muerte en 1541. Apenas
unos meses después, la ciudad de Santiago fue destruida por un deslave del
Volcán de Agua, con lo que se volvió a trasladar, esta vez al Valle de Panchoy
(hoy Antigua Guatemala).
Al igual que en Nicaragua, en Honduras hubo conflictos por la confluencia de
varias expediciones y por la sublevación de Cristóbal de Olid. En términos
administrativos, y por el origen de las expediciones, la Audiencia de Santo
Domingo tuvo jurisdicción sobre Honduras hasta la creación de la Audiencia de
México. Finalmente, Alvarado negoció la cesión del territorio de Honduras a
cambio de Chiapas. Las provincias de Guatemala, Chiapas, Soconusco, Yucatán
y Cozumel entraron a formar parte de la Audiencia de México.16
LA IMPLANTACIÓN DE LA AUTORIDAD REAL: LAS LEYES NUEVAS DE 1542 Y LA CREACIÓN DE LA AUDIENCIA DE LOS CONFINES La primera etapa de la conquista militar se caracterizó no solamente por el
saqueo y el despojo de las riquezas de los territorios sino también por la total
tolerancia de la Corona. El ofrecimiento de tierras e indígenas en forma de
repartimiento y encomienda fueron el estímulo para promover la rápida
16 Ibíd., pp. 42-43.
65
expansión y el control sobre las nuevas tierras.17 Inicialmente la Corona legitimó
estos derechos definiendo y redefiniendo sus extensiones territoriales,
resolviendo litigios y arbitrando las diferencias. Si bien es cierto que esto se hizo
para regular parcialmente el proceso, el interés principal era tomar posesión de
las mayores extensiones territoriales en nombre de los reyes de España.
Al consolidarse la conquista se inició una nueva etapa en la que se crearon las
instituciones necesarias para que la Corte recuperara su dominio sobre hombres
y territorios. Esto se hizo con la promulgación de las Leyes Nuevas, emitidas en
Barcelona el 20 de noviembre de 1542. Este instrumento jurídico fue la primera
disposición emitada por la Corona para recuperar su soberanía. El contenido de
dichas leyes se resume en tres aspectos: 1) la abolición de todo tipo de esclavitud,
declarando que los indígenas eran vasallos tributarios del rey; 2) la reducción de
los indígenas a pueblos, estableciendo un patrón de asentamiento y organización
territorial para su protección, explotación y control tributario 3) la instauración
de la Audiencia como aparato administrativo con jurisdicción territorial, de
gobierno y justicia. En otras palabras los reyes controlaron y usufructuaron el
nuevo orden, relegando el poder de los conquistadores a un segundo plano. La
primera jurisdicción de la Audiencia de los Confines fue la siguiente: por el
norte, Yucatán, Cozumel, Chiapas, Tabasco, Guatemala y Honduras; y por el
sur, Castilla del Oro, Nicaragua y Cartago, quedando en el centro la Provincia de
Honduras y, en ella, la capital de la Audiencia.18
El nuevo orden incluyó una división de la población con criterios étnicos que se
denominó el sistema de las dos repúblicas. Con este mecanismo se pretendía
proteger a los indígenas aislándolos de los españoles. Dentro de la Audiencia, el
17 A la cesión de grandes extensiones territoriales se le llamó repartimiento y al acto por el cual
se “encomendaron indios para su cristianización” se le llamó encomienda. Ambas fueron las
primeras instituciones utilizadas como incentivos para promover que los conquistadores
tomaran posesión de nuevos territorios. En un primer momento la Corona toleró todos los
vejámenes y abusos cometidos por los conquistadores, incluso la esclavitud de los indígenas.
Para esto se utilizó el recurso del requerimiento, que era un documento que se leía a los nativos
advirtiéndoles de que, de no someterse voluntariamente, serían sujetos de esclavitud. 18 Quesada Saldaña. Op. Cit., p. 49.
territorio quedó dividido en ciudades, villas y pueblos. Las dos primeras,
ciudades y villas, fueron destinadas para el asentamiento de españoles y castas
(república de españoles), y los pueblos fueron destinados para asentamiento de
los indígenas (república de indios). A varios nobles indígenas se les reconocieron
sus derechos y se les concedieron privilegios.19 Las comunidades indígenas
participaron en la reestructura ordenada por las Leyes Nuevas, no solamente en
la provisión de fuerza de trabajo para la construcción de las edificaciones
necesarias, sino también en la decisión sobre la mejor ubicación para asentar los
nuevos pueblos que ellos mismos ocuparían. La reducción de los pueblos de
indios tomó alrededor de diez años. Con el traslado de la Audiencia de Gracias a
Dios (Honduras) a la Ciudad de Santiago de Guatemala se dieron algunas
modificaciones en cuanto a su jurisdicción, como la anexión de Soconusco en
1555. Las provincias de Yucatán, Cozumel y Tabasco fueron reincorporadas a la
jurisdicción de la Audiencia de México en 1560. De manera que a la Audiencia
de Guatemala quedaron supeditadas las provincias de Chiapas, Soconusco,
Guatemala, Honduras, Castilla del Oro, Nicaragua y Cartago.20 Algo notable es
que también en 1560 se restableció el sistema de gobernaciones, y se crearon
cuatro: Honduras, Soconusco, Nicaragua y Costa Rica, que estuvieron vigentes
hasta 1786, cuando se instituyó el Régimen de Intendencias. Las gobernaciones
eran jurisdicciones territoriales político-administrativas intermedias.
En 1563 Felipe II ordenó que la Audiencia de los Confines fuera trasladada a
Panamá y que el territorio quedara dividido en dos: las provincias de Chiapas,
Soconusco, Guatemala y Honduras quedarían agregadas a la Audiencia de
México, y las de Panamá, Nicaragua, Cartago y Castilla del Oro integrarían la
Audiencia de Tierra Firme. Inmediatamente se hicieron los reclamos por lo que
implicaba trasladarse a cuatrocientas o quinientas leguas de distancia para poder
acceder a la justicia,21 de tal forma que el 28 de junio de 1568 Felipe II ordenó
que la Real Audiencia volviera a residir en Guatemala. Sin embargo, hasta 1570
no llegaron a Santiago el presidente y los oidores portando el Sello Real.
19 Barrios. Op. Cit., pp. 54-62. 20 Quesada Saldaña. Op. Cit., p. 57. Ver gráfica 7. 21 Ibíd., p. 60.
66
A la Audiencia de Guatemala se le suprimió la Provincia de Castilla del Oro, con
lo que la nueva jurisdicción se redujo a las provincias de Chiapas, Soconusco,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.22 A partir de este momento se
estabilizaron las demarcaciones territoriales. Se superó la primera etapa de
conformación político-administrativa del Reino de Guatemala y se inauguró un
nuevo período en el que se centralizó la atención real en el fraccionamiento
político-administrativo de cada provincia en unidades territoriales menores,
movimiento derivado de la necesidad de ejercer un control total sobre la fuerza
de trabajo. Las Leyes Nuevas suprimieron temporalmente el sistema de
gobernaciones provinciales.
INSTITUCIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS MENORES: AYUNTAMIENTOS, CORREGIMIENTOS, ALCALDÍAS MAYORES Y GOBERNACIONES Los ayuntamientos fueron la primera forma organizativa instaurada por los
conquistadores y primeros pobladores españoles en Guatemala. En términos
generales, su primera función histórica fue la de salvaguardar los intereses
comunes de los primeros pobladores, así como legitimar las nuevas expediciones
hacia territorios inexplorados. Teóricamente los ayuntamientos representaban la
autoridad real. De acuerdo con la tradición, en ausencia del rey, la soberanía
recaía en el pueblo, que se organizaba en ayuntamientos y gobernaba en su
nombre en busca del bien común.23 Entre 1524 y 1542 los ayuntamientos fueron
la única institución representativa de los intereses reales, por lo que adquirieron
un poder político absoluto sobre los nuevos dominios.
22 Ibíd., p. 61. Ver gráfica 8. 23 El ayuntamiento es la institución; la acción de reunión que ejecutan se llama cabildo, por eso
se tiende a confundir ambos términos. Lina Barrios afirma que en Guatemala el término
ayuntamiento se utilizó para las villas y ciudades, mientras que cabildo se usó para referirse a
los pueblos de indios.
De este modo, el ayuntamiento era el organismo que normaba, regulaba y
controlaba la vida económica y política, así como la explotación de los territorios
conquistados. Regulaban los oficios artesanales, hacían nombramientos,
resguardaban los intereses comunes, solicitaban exoneraciones a la Corona,
otorgaban la posesión, ocupación y venta de tierras o solares, disponían sobre la
construcción de edificios y la realización de obras, además de conocer y resolver
conflictos.
Su poder quedó disminuido y subordinado al instaurarse la Audiencia de los
Confines; entonces entraron en una segunda etapa de su funcionamiento, en la
que ejercieron las funciones delegadas por el rey para impartir gobierno y
justicia en primera instancia, pero subordinados a la audiencia, que funcionaba
como un órgano de gobierno superior y como tribunal de segunda instancia.
Con las Leyes Nuevas se creó también el régimen de alcaldías o ayuntamientos
en los pueblos de indios, en los que se reconoció la autoridad de los antiguos
caciques dentro del nuevo orden. En cada pueblo había un número de
funcionarios (alcaldes, regidores, alguaciles) que dependía de su tamaño e
importancia. Todos los puestos eran repartidos entre caciques e indios
principales.24 Las alcaldías indígenas fueron concebidas como instituciones de
administración de gobierno y justicia a nivel local, vinculadas y subordinadas
directamente a la audiencia. Los alcaldes indígenas también representaban la
autoridad del rey para impartir gobierno y justicia en primera instancia, pero
con la creación de estas alcaldías surgió la necesidad de establecer una instancia
intermedia para la administración de unidades regionales mayores y para eso se
crearon, en 1545, los corregimientos que actuaban entre la audiencia y los
ayuntamientos que tenía bajo su jurisdicción un número de pueblos indígenas,
originalmente encomendados. En esta segunda etapa los pueblos pasaron a ser
24 Ibíd., pp. 98-107.
67
tributarios del rey, quien a su vez podía ceder una parte a los encomenderos y
sus descendientes.
Además de los corregimientos, las Leyes Nuevas crearon también las alcaldías
mayores como unidades de administración territorial intermedias. Éstas fueron
establecidas para la administración de gobierno y justicia en las comarcas
“realengas”, en otras palabras, aquellas que no habían sido otorgadas en
encomienda. Varias alcaldías mayores tenían bajo su jurisdicción zonas
estratégicas de extracción de metales y puertos. Los corregidores y alcaldes
mayores tenían la potestad de conocer civil y criminalmente de todo lo que se
ofreciese en sus distritos, tanto entre españoles, como entre españoles e
indígenas y entre indígenas, así como de los agravios que recibieran los
indígenas de sus encomenderos.25 Las gobernaciones se convirtieron en las
extensiones político-administrativas mayores. Éstas fueron restablecidas entre
1560 y 1565 de manera definitiva.
A finales del siglo XVI, existían 32 jurisdicciones político-administrativas: “De
éstas, cuatro tenían título de gobierno, que eran Comayagua (Honduras),
Nicaragua, Costa Rica y Soconusco: nueve alcaldías mayores, San Salvador,
Ciudad Real, Tegucigalpa, Sonsonate, Verapaz, Suchitepéquez, Nicoya,
Amatique, y las minas de San Andrés de Zaragoza: 18 eran corregimientos:
Totonicapán, Quezaltenango, Atitlán, Tecpanatitlán o Sololá, Escuintla,
Guazacapán, Chiquimula, Acasaguastlán, El Realejo, Matagalpa, Monimbo,
Chontales, Queselguaque, Tencoa, Quepo, Chirripo, Pacaca y Ujarraz; y el Valle
de Guatemala que con título de Corregidores, gobernaban los alcaldes
ordinarios de esta ciudad”.26
25 García Peláez, Francisco de Paula (1934). Memorias para la historia del antiguo Reino de
Guatemala. Tomo I. Guatemala: Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, p. 147. 26 Juarros, Domingo (1938). Compendio de la historia de la Ciudad de Guatemala. 3ª ed.
Guatemala: Tipografía Nacional, pp. 38-39.
Los corregimientos se establecieron en los lugares poblados por indígenas
encomendados. De esta forma, el mayor número de corregimientos —nueve en
total— fueron instaurados en la Provincia de Guatemala, abundantemente
habitada por indígenas. Le siguió la de Nicaragua, con cinco, la de Costa Rica
con cuatro y la de Honduras con uno.27
Las alcaldías mayores fueron establecidas en lugares en los que existía relativa
riqueza, o bien un interés estratégico particular. Como se ha señalado, hubo
nueve alcaldías mayores en el Reino de Guatemala. Las más importantes eran
otorgadas para su administración directamente por la Corona, al igual que las
cuatro gobernaciones. Los alcaldes mayores de menor rango y la totalidad de los
corregidores eran nombrados por la Audiencia de Guatemala.
La administración y gobierno del Valle de Guatemala le correspondía a un
corregimiento que tenía varias funciones administrativas únicas. La audiencia
no estaba autorizada para nombrar corregidores; más bien el ayuntamiento de la
Ciudad de Santiago nombraba a sus alcaldes ordinarios, que ejercían el oficio de
corregidores del valle durante seis meses cada uno.28
A finales del siglo XVII la división político-administrativa del Reino de
Guatemala quedó dividida en 11 corregimientos que eran Atitlán, Tecpanatitlán
o Sololá, Escuintla, Guazacapán, Acasaguastlán, Chiquimula, El Realejo,
Matagalpa, Totonicapán, Quezaltenango y el Valle de Guatemala; nueve
alcaldías mayores (que eran las mismas de fines del siglo XVI) Suchitepéquez,
Nicoya, Tegucigalpa, Ciudad Real, San Salvador, Sonsonate, Verapaz, Amatique
y Minas de Zaragoza; y las mismas cuatro gobernaciones de la tercera parte del
siglo XVI: Nicaragua, Comayagua u Honduras, Costa Rica y Soconusco.29
27 Quesada Saldaña. Op. Cit., p. 73. 28 Juarros. Op. Cit., p. 39. 29 Quesada Saldaña. Op. Cit., p. 81. Ver gráfica 10.
68
En las primeras décadas del siglo XVII disminuyó el interés de la Corona por
algunas de las alcaldías. A esto se sumó el descenso de la población que provocó
la depresión de varias regiones, por tanto la Corona emitió disposiciones para
integrar poblados dentro de unidades mayores. Se dispuso, por ejemplo, la
anexión de Amatique al corregimiento de Chiquimula y el de Minas de Zaragoza
a la jurisdicción de Comayagua. Esta región había sufrido una depresión
poblacional y económica, por lo que no se justificaba el gasto público que
implicaba el mantenimiento de alcaldías mayores en la jurisdicción.30 En 1760 la
Corona dispuso unir a Chiquimula el corregimiento de Acasaguastlán.
Con la recuperación de la economía en las primeras décadas del siglo XVIII
empezaron a adquirir importancia las regiones productoras de añil, lo cual
motivó una recomposición en el control de poblados. Los corregimientos de
Guazacapán y Escuintepeque adquirieron mayor protagonismo. La Corona
decidió entonces unir ambos distritos y convertirlos en la alcaldía mayor de
Escuintla. De igual forma, se unieron los corregimientos de Atitlán y
Tecpanatitlán o Sololá, formando la Alcaldía Mayor de Sololá. El corregimiento
del Valle de Guatemala fue dividido en dos para formar las alcaldías mayores de
Sacatepéquez y Chimaltenango, lo que creó un grave conflicto de poder entre el
ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y la Real Audiencia.31
La división político-administrativa del Reino de Guatemala hasta mediados del
siglo XVIII incluía cinco corregimientos (Chiquimula, El Realejo, Matagalpa,
Totonicapán y Quezaltenango), 12 alcaldías mayores (Suchitepéquez, Sololá,
Escuintla, Verapaz, Chimaltenango, Sacatepéquez, Tuxtla, Ciudad Real,
Tegucigalpa, Nicoya, Sonsonate y San Salvador) y cuatro gobernaciones
(Nicaragua, Comayagua u Honduras, Costa Rica y Soconusco).32
30 Ibíd., p. 84. 31 Ibíd., pp. 84-85. 32 Ibíd., p. 86. Ver gráfica 11.
LAS REFORMAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DEL SIGLO XVIII: EL RÉGIMEN DE INTENDENCIAS Con el ascenso de la dinastía de los Borbones al trono español en el siglo XVIII
se inició una era de cambios profundos. A mediados de siglo comenzaron las
llamadas Reformas borbónicas, que abarcaron todas las instancias sociales y
económicas, y que tuvieron repercusiones en lo político-administrativo. De ahí
en adelante, los esfuerzos de la Corona se concentraron en hacer más eficiente el
control administrativo de sus dominios, buscando extraer mayores riquezas y
hacer rentables sus posesiones. En el ámbito que nos atañe, lo más importante
fue la implantación del Régimen de Intendencias como nuevo sistema de
administración territorial.
Con este sistema se perseguía, en primer lugar, centralizar, uniformar,
racionalizar y mejorar el gobierno de la monarquía española. En segundo lugar,
se deseaba eliminar el sistema de alcaldías mayores y corregimientos,
sustituyendo a los funcionarios respectivos por subdelegados de intendentes
pagados por la Corona. A partir de este momento, las intendencias serían las
circunscripciones territoriales intermedias y las subdelegaciones o partidos
serían las circunscripciones menores. En tercer lugar se buscaba eliminar la
venta de los cargos de corregidores y alcaldes mayores. Los subdelegados de
intendentes serían pagados con un porcentaje (5%) de los tributos recaudados
en el distrito, con lo que se buscaba resolver el problema de la mala
administración de los territorios indianos derivada de la venta de los cargos
mencionados. En el caso de Guatemala todas estas medidas trataban de romper
con el monopolio que ejercían los comerciantes de Ciudad de Guatemala sobre
el resto del territorio con el apoyo de alcaldes mayores y corregidores.33
33 Samayoa Guevara, Héctor (1978). Implantación del Régimen de Intendencias en el Reino de
Chimaltenango y Sacatepéquez), y dos corregimientos (Chiquimula y
Quetzaltenango).36
34 Ibíd. 35 Quesada Saldaña. Op. Cit., p. 94. 36 Ibíd., p. 95. Ver gráfica 12.
Yucatán había quedado totalmente al margen de los movimientos
independentistas surgidos en 1810 en la Nueva España (algunos sectores
yucatecos incluso se habían manifestado en contra de cualquier proyecto
independentista), lo que combinado con su relativo aislamiento geográfico, dada
la distancia que la separaba de la capital, motivó su anexión temporal a
Guatemala por real cédula de 16 de octubre de 1814.37
LA PRIMERA EXPERIENCIA CIUDADANA: EL PERÍODO DE LAS CORTES DE CÁDIZ Y LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA, 1808-1814 Los sucesos ocurridos en España en 1808, a raíz de la abdicación forzada de
Carlos IV, la invasión francesa bajo las órdenes de Napoleón Bonaparte y la
posterior captura y traslado de Fernando VII a Francia, provocaron una crisis en
todos los territorios españoles. Inicialmente se dieron manifestaciones de apoyo
a la resistencia en España, pero muy pronto los reinos americanos reclamaron
sus derechos como partes integrantes de la monarquía en condiciones de
igualdad y no como colonias subordinadas a la península. Tras una serie de
discusiones se concluyó que los territorios de ultramar tenían los mismos
derechos y jerarquías que los de la península. Se convocaron las Juntas de Cádiz
que, con diputados electos en cada una de las provincias españolas, redactaron la
Constitución de 1812, promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de
marzo de 1812. Ésta fue la primera experiencia de monarquía constitucional y
tuvo vigencia hasta el 24 de marzo de 1814 con el retorno de Fernando VII al
trono. Durante el período de vigencia de la constitución se declaró al monarca
rey in absentia, y se crearon Juntas de gobierno provisionales en los reinos
americanos para administrar en su nombre. De acuerdo con la tradición, en
ausencia del rey la soberanía la ejercía el pueblo, por lo que se convocó a integrar
37 Ibíd. p. 97.
70
ayuntamientos constituciones en todos los territorios que contaran con más de
mil habitantes.
La Constitución de Cádiz otorgó la ciudadanía española a todos los varones
originarios de territorios españoles. En otras palabras: los indígenas americanos
fueron declarados ciudadanos y se les otorgó legalmente el derecho de elegir a
los diputados a las Cortes, aunque en realidad esto no ocurrió en Guatemala.38
Paradójicamente muchos ladinos fueron excluidos de la ciudadanía por tener
orígenes africanos (al margen de los territorios españoles). La Constitución de
1812, con su estructura de ayuntamientos constitucionales, entró nuevamente en
vigencia en 1820 y fue el escenario sobre el cual se desarrollaron los
movimientos independentistas latinoamericanos.
EL PESO HISTÓRICO DE LAS REGIONES Las tres regiones históricas que se conformaron en el período colonial fueron la
de Los Altos (en el occidente de Guatemala), la del Oriente y la Región Central.
Ésta se construyó alrededor de las ciudades de Santiago de Guatemala y,
posteriormente, Nueva Guatemala de la Asunción, y ha tenido un papel
hegemónico desde el siglo XIX tras el fin de la Federación.
En términos territoriales, el resultado de la política española tuvo un impacto
que ha trascendido hasta el siglo XXI. El aporte de Lutz y Lovell ha sido notable
en el análisis de cómo esta política definió una diferencia entre la composición
38 Éste es uno de los temas que no se han estudiado aún en Guatemala. Hubo distintas
experiencias a lo largo del continente. En algunos casos, como en el Ecuador, los indígenas
ejercieron efectivamente el voto, al extremo de que el diputado electo para las Cortes de Cádiz
fue un indígena. En Guatemala, como en otros lugares, se sabe que los comicios fueron
manipulados y que los indígenas ni siquiera se enteraron de que había habido elecciones.
social y étnica del Occidente y el Oriente guatemaltecos.39 Ambos autores se
basan en el aporte pionero de Murdo MacLeod sobre la división entre un
Oriente “ladino” y un Occidente “indígena”, utilizando las nociones teóricas de
centro y periferia (un “centro desarrollado” y una “periferia subdesarrollada”).40
Lutz y Lovell abordan el tema analizando la percepción de los recursos de los
nuevos territorios, los patrones de tenencia de la tierra y de asentamientos y las
características más sobresalientes de la vida económica y social. De acuerdo con
esto, los españoles evaluaron la base de los recursos que encontraron según sus
propios patrones culturales. Por el carácter empresarial de la conquista y la
colonización, obviamente, preferían los lugares que les ofrecían mayores
posibilidades de enriquecimiento, así como los que se parecían más a los lugares
de donde provenían. Por eso, tuvieron preferencia por las que estaban al sur y al
oriente de la capital. De esta forma, el “centro” quedó definido por la capital y la
región bajo su jurisdicción (el corregimiento del Valle, al que correspondían los
actuales Sacatepéquez, Chimaltenango y Guatemala) y las tierras orientales de
Jalapa y Chiquimula, las tierras bajas del sur, a lo largo de la costa del Pacífico
desde el Soconusco hasta Sonsonate. La “periferia” abarcaba una extensa región
desde la sierra de los Cuchumatanes (los actuales Huehuetenango y El Quiché),
la Sierra de Chamá (parte de Alta Verapaz, hasta la Sierra de la Santa Cruz,
actual Izabal), además de las tierras bajas del norte, bañadas por los ríos Ixcán,
Xaclbal, Chixoy y los afluentes superiores del río La Pasión.
Una mayor presencia española, junto a una tasa acelerada de despoblación
indígena, dio como resultado una región predominantemente mestiza,41
mientras que en la región occidental hubo poca presencia española, no sólo por
las limitaciones legales, sino por las pocas posibilidades de enriquecimiento.
39 Lutz y Lovell (1991). Op. Cit., pp. 9-37. 40 MacLeod, Murdo (1973). Spanish Central America: A Socioeconomic History, 1520-1720.
Berkeley, Los Angeles: University of California Press. 41 Lutz y Lovell utilizan el término ladino como equivalente a mestizo o como personas con
ascendencia maya, africana y española.
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-37.
Lutz y Lovell afirman que la Corona fracasó en
el intento de crear una “república de españoles”
que coexistiera armoniosamente con una
“república de indios”.
LA INDEPENDENCIA Y EL PERIODO NACIONAL: LA PRIMERA CONSTITUCIÓN GUATEMALTECA Y LA NUEVA ADMINISTRACIÓN POLÍTICO-TERRITORIAL La independencia de los territorios que
formaron al antiguo Reino de Guatemala se
desarrolló sobre la base de la estructura político-
administrativa instituida por la Constitución de
Cádiz, puesta nuevamente en vigencia en 1820.
En uso de las facultades que se les otorgaron,
varios ayuntamientos constitucionales optaron
por adscribirse al Plan de Iguala, o Plan de las
Tres Garantías, por medio del cual Agustín de
Iturbide declaró la independencia de México en febrero de 1821.
Ante la presión ejercida por los ayuntamientos de Chiapas, que circularon su
declaración de adhesión al Plan de Iguala, el ayuntamiento y los notables de la
Ciudad de Guatemala se vieron obligados a declarar una independencia
provisional el 15 de septiembre de 1821. Por medio de la misma acta, se convocó
la elección de diputados para integrar un Congreso que se reuniría en marzo de
1822 en Ciudad de Guatemala para decidir sobre una independencia absoluta.
La presión porque el reino se anexara al Imperio Mexicano se hizo cada vez más
fuerte.
Los productores provincianos se opusieron a la anexión porque veían que tras
ella estaba la pretensión de conservar el statu quo; es decir, mantener a
Guatemala como la capital del reino y a los guatemaltecos como los privilegiados
del sistema. Las ciudades y regiones donde se asentaban los productores
(Granada, San José, Tegucigalpa, San Salvador) se declararon partidarios de la
independencia absoluta tanto de España, como de México y Guatemala. Por otra
parte, los provincianos terratenientes conservadores eran partidarios de la
anexión, pues veían la posibilidad de negociar el recorte de los privilegios
hegemonistas de Guatemala. Entre estos últimos se encontraban las élites de las
72
ciudades de Comayagua, León y Cartago. Finalmente, la élite guatemalteca
también se declaró partidaria de la anexión, pero con la pretensión de que el
Imperio Mexicano llenara el vacío dejado por España y respetara los privilegios
que habían disfrutado por siglos los capitalinos.
A pesar de las oposiciones, el 5 de enero de 1822 Gabino Gaínza declaró la
anexión al proyecto de Agustín de Iturbide. Surgieron inmediatamente los
primeros movimientos rebeldes para resistir la anexión, particularmente de los
salvadoreños, que sufrieron la invasión militar de su territorio. Sin embargo, las
aspiraciones imperiales se derrumbaron rápidamente, y a los pocos meses se
instauró la República de México. Ante los acontecimientos, se convocó a las
provincias centroamericanas a integrar el congreso previsto en el Acta del 15 de
septiembre. Este congreso decretó la independencia absoluta de España, de
México y de cualquier otro poder del Viejo Mundo el 1 de julio de 1823,
formando las Provincias Unidas del Centro de América. La anexión al Imperio
Mexicano había durado 18 meses.42
Cada uno de los nuevos Estados centroamericanos promulgó su propia
constitución entre 1825 y 1826. Territorialmente Guatemala quedó conformada
de la siguiente manera: Guatemala, con lo que hasta antes de la independencia
fueron las alcaldías mayores de Suchitepéquez, Sololá, Escuintla, Verapaz,
Totonicapán, Chimaltenango, los corregimientos de Chiquimula y
Quezaltenango. Guatemala perdió la Alcaldía Mayor de Sonsonate, la cual
estuvo bajo su jurisdicción provincial durante toda la Colonia.43
Las jurisdicciones de los nuevos Estados centroamericanos coincidieron con las
intendencias creadas en el siglo XVIII. Esta división, expresada territorialmente
en cinco Estados, fue el resultado de los intereses encontrados de las élites de
42 Quesada Saldaña. Op. Cit., pp. 101-103. 43 Ibíd., p. 103.
cada provincia. Está claro que, en el fondo, se encontraba el resentimiento en
contra de los comerciantes monopolistas de Guatemala y el anhelo por
desarrollar sus propios vínculos comerciales con el exterior.
En 1825, la Asamblea del Estado de Guatemala estableció que su territorio
quedaba dividido en siete departamentos: Verapaz, Chiquimula, Guatemala-
El término departamento surgió como unidad de división territorial republicana
durante la Revolución Francesa en 1789. Se basaba en los principios de
distribución territorial en departamentos, distritos y municipios en función de la
riqueza de la población, los medios de comunicación y las administraciones
existentes. El vocablo empezó a aplicarse en Guatemala en 1824 con la creación
de la república federal. La Constitución del Estado de Guatemala de 1825
indicaba que el país estaba dividido en diez distritos que se integrarían en siete
departamentos. Los términos departamento y distrito se usaron ambiguamente
hasta 1866, cuando el gobierno dispuso que se adoptara solamente la
denominación de departamentos para designar las diferentes divisiones políticas
de la república.44
En términos teóricos podemos decir que estos primeros esfuerzos estaban
dirigidos hacia la construcción de un Estado Nacional que, en abierta oposición
a la estructura del Antiguo Régimen, se basaba en el reconocimiento de las
diferencias entre los distintos estamentos sociales y buscaba la homogeneización
de la población por medio del otorgamiento de los derechos ciudadanos. En
primer lugar, el proyecto incluía la definición de las fronteras nacionales y la
organización interna del “territorio nacional”. Consistía, además, en la
oficialización de una única “cultura nacional”, la oficialización del español como
44 Taracena, Pira y Marcos. Op. Cit.
73
único “idioma nacional”, así como un cuerpo de leyes comunes aplicable por
igual a todos los ciudadanos y derivado de la Constitución Política. En términos
étnicos, la construcción de un Estado Nacional implicaba la imposición de los
valores de una sola etnia, que adquiría una jerarquía nacional frente a las demás,
que quedaban ignoradas. Si bien es cierto que en Guatemala se reconoció
tempranamente la ciudadanía universal a todos los habitantes del territorio
(incluyendo a los extranjeros), muy pronto se fue limitando por razones
económicas y étnicas (conviene recordar que hasta 1944 no se otorgó la
ciudadanía a las mujeres y a los analfabetos).
Para la oficialización de los departamentos creados en 1825 se tomó en cuenta la
importancia administrativa que habían tenido en el período colonial los partidos
y alcaldías mayores, es decir, se partió de la división territorial colonial que se
había desarrollado sobre la territorialidad surgida de la conquista de las diversas
etnias indígenas y su reducción a pueblos, las condiciones económicas de
producción para el consumo interno y el cultivo del añil destinado al exterior. A
esto se sumaban las características físicas de cada territorio; por ejemplo, el
departamento de Sacatepéquez-Chimaltenango unía dos valles de importancia
económica indudable, productores de alimentos y granos para abastecer Ciudad
de Guatemala. También la inclusión de Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa como
partes del departamento de Guatemala obedecía a la intención de la élite
capitalina de controlar la producción de añil. La creación del departamento de
Chiquimula, de gran extensión, vinculaba al Estado de Guatemala con el Caribe
y el océano Atlántico.45
La división territorial de 1825 estuvo vigente hasta 1838. El primer rompimiento
se dio con la separación del Estado de Los Altos, en febrero de 1838, como
Estado soberano de la Federación Centroamericana que incluía los
departamentos de Sololá-Suchitepéquez, Totonicapán-Huehuetenango y
45 Ibíd., p. 3.
Quetzaltenango. El mismo Estado de Los Altos dio a Suchitepéquez la categoría
de departamento en 1839, con lo cual el nuevo Estado estuvo conformado por
cuatro departamentos. Este acontecimiento redujo el Estado de Guatemala, que
se vio obligado a redefinir, en septiembre de 1839, su división política en siete
departamentos y dos distritos dependientes del poder central. Guatemala quedó
definida por los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango,
Escuintla, Mita, Chiquimula y Verapaz, y los distritos del Petén e Izabal.46
En el siglo XIX los criterios económicos y políticos fueron los principales
elementos para ejercer control sobre ciertos departamentos. Los territorios de la
costa del Pacífico (Escuintla y Santa Rosa) perdieron importancia económica al
decaer la demanda internacional de añil, de modo que su subordinación al
departamento de Guatemala dejó de ser importante. Por otro lado, con el auge
de la grana o cochinilla, Sacatepéquez se convirtió en un departamento de
importancia por su papel como centro productor y exportador del nuevo
producto. A esto se sumó su protagonismo político en el triunfo liberal de 1829 y
posteriormente en el derrocamiento de Mariano Gálvez. El territorio de Petén,
adscrito hasta entonces al departamento de la Verapaz, adquirió importancia
por la tensión fronteriza con México, tras la desintegración de la República
Federal de Centro América. Izabal adquirió también mayor peso por la
prioridad de vincular al país con el Atlántico.47 Además, otros acontecimientos
políticos determinaron las redefiniciones territoriales: el Estado de Guatemala se
vio obligado a reconocer un territorio a los insurrectos del Oriente en 1837-1838
(Los montañeses, liderados por Rafael Carrera) con lo que se creó el
departamento de Mita.
46 Ibíd., p. 4. 47 Ibíd., p. 3.
74
TERRITORIOS PERDIDOS POR EL ESTADO DE GUATEMALA DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA Con los acontecimientos anteriores y posteriores a la independencia, Guatemala
perdió varios territorios. Los primeros fueron los de Yucatán, Chiapas y
Soconusco. Yucatán había sido anexada temporalmente a la Audiencia de
Guatemala en 1814 durante las luchas independentistas en México, pero se
adscribió al Plan de Iguala de 1821, y a partir de ese momento quedó
nuevamente integrado a México. Algo similar ocurrió con Chiapas y Soconusco,
que también se adhirieron al Plan de Iguala y tras la caída del imperio de
Iturbide decidieron permanecer como parte de México.
En el primer mapa oficial del territorio de Guatemala, elaborado por Miguel
Rivera Maestre en 1832 y publicado por el Jefe del Estado Mariano Gálvez, así
como en los decretos de la Asamblea desde 1825, no aparece la Provincia de
Chiapas como parte del territorio guatemalteco, ni los partidos de Sonsonate y
Ahuachapán (unidos al Estado de El Salvador en mayo de 1824). No obstante, sí
aparecen Belice y la parte oriental del partido de Soconusco, que eran percibidos
como partes del Estado guatemalteco. El Soconusco fue perdido definitivamente
en 1842 tras su incorporación a México con la campaña militar ordenada por el
General Antonio López de Santa Anna; y Belice, con el Tratado Aycinena-Wyke
de 1859. Guatemala mantuvo su reclamo sobre una parte del territorio del
Soconusco, pero finalmente lo cedió en 1877 con la firma de un tratado en
Nueva York, con lo que también se definieron los límites de Petén.48
48 Ibíd.
LA FRAGMENTACIÓN DEL TERRITORIO NACIONAL Con la reincorporación del Estado de Los Altos en 1840, el Estado de Guatemala
quedó dividido en 11 departamentos y dos distritos dependientes del poder
central. El 8 de marzo de 1847, Rafael Carrera decretó la fundación de la
República de Guatemala, rompiendo definitivamente con la Federación
Centroamericana. En 1850 la división departamental guatemalteca se redujo con
la supresión del departamento de Mita y su reincorporación al de Chiquimula,
que recuperó asimismo la Villa de Gualán y sus inmediaciones. Escuintla
también recuperó algunos de los pueblos que había perdido con la creación de
Mita en 1839. Arturo Taracena ha interpretado que esta supresión fue un gesto
de centralismo político ocasionado por una nueva insurrección en la región de
“La Montaña” (la insurrección de Los Lucios), que amenazaba con aliarse a El
Salvador. Guatemala quedó integrada entonces por 12 departamentos y dos
distritos.
En 1852, superada la crisis de la rebelión de Los Lucios, se restauró el
departamento de Mita, pero dividido en dos; así nacieron los departamentos de
Santa Rosa y Jutiapa. El primero fue integrado con municipios que pertenecían
anteriormente a Guatemala y Escuintla; mientras que el segundo fue
conformado por el territorio de la antigua Mita, salvo su extremo más
suroccidental, los municipios de Cuajiniquilapa, Santa Rosa, Casillas,
Mataquescuintla y Oratorio que pasaron a ser parte de Santa Rosa. Los límites
entre ambos departamentos quedaron definidos en 1864.49
49 Ver gráfica 17.
75
EL IMPACTO DEL CAFÉ En la década de 1860-1870, el cultivo de café ya había alcanzado importancia
económica para Guatemala. Los primeros departamentos en los que empezó a
cultivarse fueron Santa Rosa, Guatemala, Suchitepéquez, Quetzaltenango, San
Marcos, Sololá, Verapaz e Izabal. Estas regiones adquirieron mucha importancia
y dinamismo, lo cual hizo más compleja su administración, particularmente por
la necesidad del suministro de trabajadores. El primer cambio se dio con la
solicitud, en 1866, del distrito de San Marcos —supeditado hasta entonces al
departamento de Quetzaltenango— de ser elevado a la categoría de
departamento. A partir de entonces, empezó a considerarse la importancia
económica que estaban adquiriendo algunas regiones como Izabal, Petén y
Amatitlán, y las dificultades que iban surgiendo para su administración. En
consecuencia, por decreto del 8 de mayo de 1866, el presidente de la república
acordó que los territorios de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y
Amatitlán tendrían la categoría de departamentos.50
Por otra parte, con el desarrollo del cultivo del café, surgió la necesidad de
grandes extensiones de tierra y grandes cantidades de trabajadores. Esto fue lo
que guió el programa de reformas lanzado por los gobiernos liberales a partir de
1871. En términos político-administrativos, el territorio nacional guatemalteco
se fraccionó en un mayor número de departamentos a fin de ejercer un mejor
control. El 10 de noviembre de 1871, para hacer más eficaz “la acción de las
autoridades” en una gran extensión se fraccionó en dos Chiquimula; así se
crearon los departamentos de Chiquimula y Zacapa. De igual forma, en decreto
50 “Habiendo tomado en consideración la solicitud hecha por la Municipalidad de San Marcos
para que el Distrito de este nombre fuese elevado al rango de departamento (y) atendiendo a
que el nombre de ‘distrito’ que llevan hasta el día de hoy algunas de las divisiones territoriales
de la República tuvo su origen en un sistema que ya no existe” decide acordar, “que los
territorios de San Marcos, Huehuetenango, Petén, Izabal y Amatitlán, que han conservado la
denominación de ‘distrito’ se les dé en lo sucesivo la de departamentos (…) sin que ninguno de
ellos conserve dependencia de otro en su régimen político y administrativo”. Quesada Saldaña.
Op. Cit., pp. 123-124. Ver gráfica 18.
de 12 de agosto de 1872 se tomaron porciones de los departamentos de Sololá y
Totonicapán para formar el departamento de El Quiché. Por decreto del 24 de
noviembre de 1873, y por considerarse la extensión de Jutiapa muy grande, lo
cual “dificulta la vigilancia de las autoridades en todos los puntos de su
comprensión”, se segregó el distrito de Jalapa para conformar el departamento
del mismo nombre y “hacer una eficaz acción administrativa”.51
De nuevo, las razones económicas y políticas fueron fundamentales para anexar
municipios de un departamento a otro, fundamentalmente con el objetivo de
ejercer un control y vigilancia eficaces. Tal fue el caso de los pueblos de Telemán
y Panzós, disgregados de Izabal para ser integrados a Verapaz, como parte de la
estrategia para desarrollar una salida fluvial al café producido en la región a
través del río Polochic. Tomando en cuenta la “ineficaz acción de las
autoridades” y la conveniencia de “atender mejor el servicio público de aquellos
pueblos” se creó el departamento de Quiché en agosto de 1872. Taracena
interpreta que en este caso lo que privó fue el control de la fuerza de trabajo
forzado hacia las fincas de café por el sistema de las habilitaciones. Apenas un
año después, se creó el departamento de Jalapa con municipios desagregados de
Jutiapa y de Guatemala, con lo que se llegó a 20 departamentos. Una vez más se
argumentó que la región era muy grande, lo cual dificultaba que las autoridades
pudieran vigilar “todos los puntos de su comprensión”. El municipio de
Sanarate, por decisión propia de sus habitantes, fue reincorporado al
departamento de Guatemala en abril de 1874. En 1877 el gobierno de Justo
Rufino Barrios decidió aumentar a 22 el número de departamentos con la
división en dos departamentos de la Verapaz y de Suchitepéquez, con lo que se
origina Retalhuleu.52 De nuevo, el argumento fue de carácter económico, basado
51 Ibíd., p. 128. 52 El 4 de marzo de 1877, considerando que la “extensión y crecido número de habitantes de
Verapaz y el incremento que en los últimos años ha tomado allí la agricultura, dificulta el
régimen gubernativo de ese importante departamento por medio de una sola jefatura política
(…) se divide el territorio que hoy comprende Verapaz en dos departamentos, que se
76
en el creciente número de habitantes y en el incremento que había tenido la
agricultura y el comercio del café. Hubo otros cambios en los límites
departamentales provocados por el desarrollo del café, como el del traslado del
municipio de Coatepeque del departamento de San Marcos a Quetzaltenango,
en 1885. Para Taracena, la medida parece haber estado dirigida a consolidar la
región cafetalera conocida como Costa Cuca.53
En resumen, hacia finales de la década de 1870-1880, Guatemala contaba con 22
Guatemala, Amatitlán, Chiquimula, Izabal, Zacapa, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa,
Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Totonicapán, Huehuetenango,
Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango y Sacatepéquez.54
FERROCARRILES Y BANANOS Uno de los factores económicos que condicionó el desarrollo de la
administración política territorial de Guatemala fue la construcción de
ferrocarriles y el auge de la producción bananera. Esto influyó claramente en la
creación del departamento de El Progreso —con los municipios de Cabañas,
Acasaguastlán, Morazán, Sanarate, San Antonio La Paz, San José del Golfo,
Guastatoya, Sansaria y las aldeas al noroeste de Chiquimula. El argumento fue
claramente asociado con el ferrocarril (empezando por la elección del nombre El
Progreso, que simbólicamente se representaba con un ferrocarril):
distinguirán respectivamente con los nombres de ALTA y BAJA VERAPAZ”. Con
Suchitepéquez, zona también cafetalera, sucede otro tanto, pues en decreto del 18 de octubre de
1877 se declara que “con motivo del incremento que han tomado en los últimos años el
comercio y la agricultura del departamento de Suchitepéquez, se hace difícil su administración
por medio de una sola jefatura política”; por lo que se manda establecer con una parte del
territorio de dicho departamento el de Retalhuleu. 53 Taracena, Pira y Marcos. Op. Cit., pp. 6-7. 54 Quesada Saldaña. Op. Cit. pp. 128-129. Ver gráfica 19.
(…) la actividad comercial suscitada en los puntos donde la vía férrea interoceánica pasa requiere la más próxima vigilancia de las autoridades no sólo para conservar el orden, sino para encauzar las causas de las diversas corrientes del adelanto a un fin común.55
Con el decreto del 3 de abril de 1934 del último dictador cafetalero, Jorge Ubico,
se restableció El Progreso. Con éste, Guatemala quedó dividida en 23
departamentos. En 1919, se le cambió el nombre por el de Estrada Cabrera,
argumentando que eran los propios habitantes quienes lo habían solicitado en
muestra de agradecimiento y afecto al “Señor Presidente”. Tras el derrocamiento
del dictador en 1920, con el decreto número 756 de 9 de junio de 1920, se
suprimió el departamento y se reintegraron los municipios que lo formaban a
sus anteriores dependencias. Sin embargo, en 1934, la Asamblea Legislativa
decretó una vez más la creación de El Progreso, en respuesta a los deseos de la
United Fruit Company; de hecho, los intereses de las compañías bananeras
llegaron al extremo de provocar problemas fronterizos entre Guatemala y
Honduras que tuvieron que resolverse por medio del Tratado de Arbitraje
Salazar, Silva Peña-Vásquez y del Laudo Arbitral de 1930. La frontera quedó
definida como estaba anteriormente, por lo que no hubo ninguna consecuencia
interna, más que la ratificación de la soberanía guatemalteca sobre el territorio.
La actual división político administrativa del territorio nacional de Guatemala
quedó establecida en 1935. El 29 de abril se suprimió el departamento de
Amatitlán, que quedó absorbido por el circuito de la capital.56 Éste fue el último
cambio en aspectos territoriales del período liberal. Se anexaron los municipios
de Palín y San Vicente Pacaya al departamento de Escuintla, y los de Villa Nueva
y Amatitlán al de Guatemala. Esto se dio como consecuencia de la declinación
económica con la desaparición total del cultivo de la grana, que no hacía
55 Taracena, Pira y Marcos. Op. Cit., p. 7. 56 Quesada Saldaña. Op. Cit., p. 133. Ver gráfica 20.
77
justificable la existencia de un aparato administrativo para un departamento tan
pequeño. El último cambio fue el traslado del municipio de Mataquescuintla del
departamento de Santa Rosa al de Jalapa. Con esto quedó definida la división de
la República de Guatemala en los departamentos que se mantienen hasta el
presente. Han sido pocos los cambios, como el ocurrido en 1985, en que se
segregaron territorios de municipios de Chajul y Uspantán del departamento del
Quiché y del municipio de Barillas (Huehuetenango) para crear el municipio de
Ixcán dentro de la jurisdicción de El Quiché, lo que se ha asociado con la
estrategia contrainsurgente en la región.
Por lo tanto, con la supresión del departamento de Amatitlán, Guatemala quedó
dividida en los 22 departamentos que mantienen su vigencia: Suchitepéquez,
Retalhuleu, El Quiché, Sololá, Escuintla, Guatemala, Izabal, Zacapa, Chiquimula,
Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa, El Progreso, Petén, Alta Verapaz, Baja Verapaz,
Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango y
Sacatepéquez.57
REFLEXIONES FINALES Detrás de la creación de los departamentos se encontraba un anhelo por
trasladar a los territorios la noción de igualdad entre ciudadanos impulsada por
la Revolución Francesa. Esto suponía el reconocimiento de la soberanía
trasladada a los territorios y de la potestad de los habitantes de elegir a sus
administradores. Se realizó un esfuerzo racional que buscaba instaurar un
sistema equilibrado de regiones en términos de superficie, población y recursos.
El modelo rápidamente derivó en el centralismo, ya que fue el propio Ejecutivo
el que nombró a los funcionarios encargados de los departamentos. En
Guatemala la figura fue denominada jefe político o gobernador. A la larga, por el
57 Ibíd., p. 135. Ver gráfica 21.
sentido general de las acciones, orientadas a satisfacer intereses económicos y de
control y vigilancia de la población, el sistema promovió las prácticas
dictatoriales que llegaron hasta el siglo XX.
Con la creación y fragmentación en departamentos se profundizó la división de
los territorios originales anteriores a la conquista y colonización. Con esto
también se desestructuraron las regiones históricas (Los Altos, el Oriente o La
Montaña y la Región Central) surgidas después de la independencia. Las
dinámicas locales y regionales vinculadas a los procesos demográficos, la
colonización agrícola, la expansión del trabajo forzado y el crecimiento
económico también contribuyeron a la evolución del proceso de
departamentalización; un proceso que se dio en base a seis dinámicas (1) las
económicas: producción de grana, café y banano, control de fuerza de trabajo y
de la tierra, construcción de infraestructura vial; (2) la desestructuración del
poder de las regiones históricas de Occidente y Oriente contrapuestas al poder
centralizado en Ciudad de Guatemala; (3) la defensa de la soberanía nacional
(Petén, Izabal); (4) la racionalidad administrativa por el crecimiento
demográfico y económico, así como las demandas locales (Retalhuleu, Zacapa);
(5) los tratados de límites internacionales (San Marcos, Huehuetenango, Quiché
y Petén); y (6) la lógica contrainsurgente del Estado guatemalteco (límites entre
Quiché y Huehuetenango: Ixcán).
En palabras de Arturo Taracena, el criterio que ha predominado en la división
territorial guatemalteca ha respondido a fenómenos económicos, políticos y
sociales, casi nunca a fenómenos étnicos y culturales. El espíritu que animó la
departamentalización fue el centralismo, no la democratización basada en
equilibrios territoriales y económicos. La administración territorial de
Guatemala se fue haciendo cada vez más compleja con el ascenso de los liberales
a finales del siglo XIX. Con el objetivo de hacer más eficiente y dinámica la
78
administración se crearon seis nuevos departamentos en apenas siete años (entre
1871 y 1878).58
Con la crisis mundial del café en 1897, decayó momentáneamente el interés por
este cultivo en el país y empezó a plantearse seriamente la necesidad de
promover la diversificación agrícola. Hacia 1904, la United Fruit Company, que
había llegado a principios de siglo, ya tenía grandes plantaciones en las márgenes
del río Motagua. El dinamismo que adquirió la zona como enclave bananero y la
construcción de la vía férrea motivaron la fundación de El Progreso.
En 1935, Guatemala estaba dividida en 23 departamentos, incluyendo el de
Amatitlán. En muy poco tiempo, éste perdió su importancia económica y cayó
bajo la influencia de la actividad económica de la capital. Con el decreto 2081 de
1935 fue abolido y sus municipios se integraron al de Guatemala, con lo que
quedó instaurada la actual división político administrativa.
58 Ibíd., p. 147.
ENRIQUE GORDILLO CASTILLO
Licenciado en Historia por la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Cuenta con
una maestría y un doctorado en Historia en
la Universidad de Tulane, Nueva Orleans
(Estados Unidos).
Como investigador ha trabajado en las
siguientes instituciones: el Centro de
Investigaciones Regionales de Mesoamérica
(CIRMA); el Centro de Estudios Urbanos y
Regionales (CEUR); y la Dirección General
de Investigación (DIGI).
Ha sido docente en varios programas de posgrado, entre ellos, la Maestría
Centroamericana en Ciencias Sociales de FLACSO y la Maestría en Historia de
la Escuela de Historia. Actualmente es jefe del departamento de investigación de
la división de desarrollo académico.
Es coautor, entre otras publicaciones, de:
� (2002). Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala. Serie “¿Por qué estamos
como estamos?”. Guatemala: Cirma.
� (2001). Historia intelectual de Guatemala. Guatemala: USAC-CEUR.
� (2000). La patria del criollo treinta años después. Guatemala: Editorial
Universitaria.
Mapas del proceso históricoMapas del proceso históricoMapas del proceso históricoMapas del proceso histórico de división departamental de Guatemala de de división departamental de Guatemala de de división departamental de Guatemala de de división departamental de Guatemala de 1824 a 19851824 a 19851824 a 19851824 a 1985 Al final de este libro, en el capítulo Bibliografías, referencias y anexos, en la parte Q’ANIL – KAME, página 178, les adjuntamos 22 mapas regionales en los que se muestra el proceso de división departamental de Guatemala de 1824 hasta la situación actual. Éstos forman parte de la compilación elaborada por Flavio
Quesada Saldaña en Estructuración y desarrollo de
la administración política
territorial de Guatemala en la
colonia y la época
independiente. (Guatemala: Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1983).
Byron Paredes
MECANISMOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL DERECHO EN ÁMBITOS LOCALES Y SU REPERCUSIÓN EN LA SUBSISTENCIA Y DESARROLLO DE SUJETOS COLECTIVOS
ÍNDICE
Introducción
Mecanismos del Estado para el sometimiento y asimilación de la organización
local
Mecanismos de descentralización del Estado
Mecanismos legales
Mecanismos económicos
Mecanismos políticos
Conclusiones
Byron Paredes Tiul
80
INTRODUCCIÓN
Para establecer los mecanismos de individualización del derecho que afectan a
los ámbitos locales y comunitarios y que, de forma directa o indirecta, generan
fracturas en la cosmovisión colectiva de pueblo y comunidad de los pueblos
indígenas es necesario hacer primero una diferenciación entre los derechos
individuales y los derechos colectivos, y situarse en el contexto histórico y la
coyuntura en la que se enmarca su demanda y reivindicación.
Sin duda, el hito histórico fundamental del que emergen formalmente estos
derechos fue la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en 1948, los dos pactos colectivos referentes a los derechos sociales,
económicos y culturales, y los acuerdos políticos y civiles de 1966. De ellos se
desprenden sus principales elementos: el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, como fundamento de los derechos colectivos, y las libertades
individuales, como fundamento de los derechos individuales.
Su consistencia radica en gran medida en su correspondencia. Por ejemplo, en el
artículo 27 de la Convención de los Derechos Civiles y Políticos (1966) se hace
referencia a los derechos del uso del idioma propio y a la libertad de religión y
cultura. Estos derechos se refieren a libertades individuales, es decir, son
otorgados a la persona en particular, pero obviamente su práctica se da de
manera colectiva dentro de los miembros de la comunidad de una misma
cultura o pueblo.
Desde las diferentes formas de interpretar el sujeto de derecho, el individual y el
colectivo, se desarrollan opiniones contrapuestas sobre la conciliación,
reconocimiento y operatividad de ambos planos en un mismo sistema. Por un
lado, encontramos la idea de que los derechos colectivos son especiales,
discriminatorios y afectan directamente a la libertad individual ante las
decisiones del colectivo. Por otro lado, la concepción clásica de los derechos
humanos define como único destinatario a la persona; debido a ese carácter
individualista estos derechos, los colectivos, no pueden aplicarse a los pueblos
que han practicado y practican formas de organización social y política
diferentes a la liberal y basadas en una cosmovisión y unas prácticas
comunitarias que no pueden ser individualizadas.
También es importante exponer que, mientras los derechos individuales poseen
un sujeto totalmente definido, la persona, la principal crítica a los derechos
colectivos es su supuesta titularidad difusa. Es decir, se arguye que no existe una
persona individual a quien se pueda acreditar como poseedora de los derechos
colectivos, ya que éstos se ejercen en colectividad. El derecho colectivo no se
relaciona con un sujeto concreto físico porque no podemos encontrar quien
pueda adquirir e integrar un patrimonio colectivo, si no es un pueblo; sería, por
ejemplo, el caso del derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado o el
derecho a los bienes culturales.
Un mecanismo de individualización nos llevaría a definir acciones
institucionales específicas, públicas o privadas, dirigidas a fragmentar la
conciencia colectiva como tal —y todos su fundamentos como sujeto de
derechos— y a concebir a la persona como único titular de derechos. Los
mecanismos de individualización son, en suma, dispositivos institucionales cuyo
fin es la desintegración comunitaria y la destrucción misma del sentimiento
colectivo de los pueblos. Se trata de medidas que se enmarcan dentro de las
políticas de colonización interna y que se infiltran en lo local para corroer desde
dentro los procesos de cohesión comunal.
La pluriculturalidad es una propuesta que pretende hacer equitativa la relación
entre el sistema occidental y el de los pueblos indígenas; y esto traería como
consecuencia positiva el reconocimiento y respeto de dos sujetos con muchas
diferencias entre sí, pero ambos con derechos.
81
En Guatemala, como en otros países de Latinoamérica, los pueblos indígenas
han sido sometidos a una estructura jurídica y política que impide el alcance
pleno del ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, debido a los
distintos niveles de discriminación relacionados con su origen, cultura e idioma.
Como otros sectores pobres que conforman la nación, son objeto de tratos y
condiciones desiguales e injustas por su condición étnica, económica y social.
La Constitución Política de la República de Guatemala indica que todas las
personas que habitan el país son libres e iguales en dignidad y derechos y
obligaciones,1 lo que nos lleva a unas reglas del juego democrático formalmente
iguales para todos. Además, el Estado ha aprobado y ratificado con anterioridad
varios instrumentos jurídicos internacionales de reconocimiento, promoción y
defensa de derechos humanos de los habitantes en general, de los cuales también
son nominalmente destinarios los pueblos indígenas.
Alcanzar una sociedad justa representada en un Estado Plural depende del
equilibrio entre los unos y los otros; y la falta de equilibrio puede devenir de dar
más importancia al derecho individual que al colectivo. La historia del país relata
un hecho recurrente: se tiende a favorecer los derechos individuales del sector
no indígena o empresarial con la premisa o excusa de que tienen el legítimo
derecho de “invertir y producir”; aunque esto ocasione innegablemente la
vulneración de derechos colectivos como el acceso a la tierra o la sostenibilidad
del ambiente, por mencionar algunos.
Hay una cuestión que debe quedar clara: los pueblos indígenas y sus derechos
existen sin necesidad de ser declarados, aunque es necesario su reconocimiento y
articulación con el derecho occidental u oficial para crear un sistema nacional
1 Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala (Derecho de Libertad e
Igualdad).
que contemple las diferencias y que atienda la diversidad real del país. Cinco son
los valores esenciales que dan forma a los derechos colectivos:
El derecho a la diferencia
Cada persona tiene características propias que lo definen y lo hacen irrepetible,
pertenezcan o no a un pueblo indígena. Esta diferencia se expresa también como
grupo sociocultural, es decir, como la pertenencia a un pueblo.
El derecho a su dignidad
El respeto a la dignidad de los pueblos indígenas implica el reconocimiento de
los derechos colectivos que los asisten; la no discriminación, el no ser explotado,
la personalidad jurídica y la identidad, nacionalidad y seguridad jurídica.
El derecho a la autodeterminación
Todo pueblo pueda determinar libremente su estatus político, económico y
social. La autodeterminación fundamenta los derechos de autonomía que se
traducen en la posibilidad de elegir un sistema de gobierno, escoger sus propios
representantes y establecer una organización social, cultural, política, económica
y jurídica propia; además del derecho a la libertad de elección y organización.
Reconocer la posibilidad de decisión de un pueblo no es romper la unidad, sino
construirla con respeto a la pluralidad, tolerancia y justicia. La unidad peligra en
tanto provenga de la imposición y no de un consenso, derecho íntimamente
ligado con el derecho a la consulta estipulado en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.
El derecho a la igualdad:
Todos los pueblos indígenas tienen derecho a la igualdad formal y real. A gozar
de iguales posibilidades de promoción y desarrollo, así como de protección y
garantía jurídica frente a un peligro o contra un riesgo, es decir, no estamos
hablando de la igualdad común, sino del reconocimiento de una verdadera
justicia, así como el acceso individual y/o colectivo a la jurisdicción del Estado.
82
El derecho al etnodesarrollo:
Es el derecho de los pueblos indígenas al bienestar social, cultural, político y
económico.
Para que todo lo anterior se cumpla es necesario que exista buena voluntad
estatal para descubrir los elementos de coherencia y contradicción entre el
sistema jurídico propio de los pueblos y el sistema jurídico oficial; y que todos
estos puntos estén contemplados en las nuevas regulaciones jurídicas.
MECANISMOS DEL ESTADO PARA EL SOMETIMIENTO Y ASIMILACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL
MECANISMOS DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO
Descentralización ejecutiva
La descentralización del Estado, y la del organismo ejecutivo, se debe afrontar
como una reforma mediante la cual se transfieran competencias,
responsabilidades, decisiones, capacidades, recursos y poder político desde el
gobierno central a instancias de gobierno territoriales cercanas a la población; en
el caso de Guatemala pueden ser las municipalidades, las mancomunidades de
municipios y los consejos de desarrollo urbano y rural.2
A las referidas entidades se les dota de una competencia atribuida por
descentralización. Según disposición legal, tales instancias están dotadas de
independencia y legitimidad política propia a fin de que, con la participación
2 Con los consejos de desarrollo urbano y rural nos referimos a los consejos comunitarios de
desarrollo urbano y rural (COCODE), los consejos municipales de desarrollo urbano y rural
(COMUDE) y los consejos departamentales de desarrollo urbano y rural (CODEDE).
ciudadana y en su beneficio, se mejore la acción Estado en la producción de
bienes y servicios, además de cubrir las necesidades productivas.
El órgano de gobierno o administrativo designado o responsable de la
descentralización es la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de
la República, que programa, dirige y supervisa su ejecución. Los órganos de la
administración pública coordinan únicamente la elaboración de políticas, planes
y programas de desarrollo integral de conformidad con las políticas nacionales,
supervisando, además, que la prestación de servicios que surgen en virtud de la
descentralización cumpla los siguientes criterios de eficacia y eficiencia:
� Cercanía y oportunidad en la presentación de los servicios públicos hacia las
comunidades.
� Mejoramiento de la calidad de los servicios.
� Aumento de la cobertura de servicios.
� Mejoramiento sustancial de la redistribución del ingreso y la asignación de
los recursos.
� Reducción de los costos de operación e inversión.
� Aumento de la rentabilidad social mediante la participación ciudadana.
� Aumento de la equidad económica y social e inclusión del enfoque de
género en el proceso de descentralización del Organismo Ejecutivo.
� Aumento del esfuerzo local propio en la recaudación de ingresos y en el
mejoramiento del gasto público municipal.
83
� Efectiva auditoria social sobre la gestión de los programas y proyectos
descentralizados.
� Coordinación entre la administración pública central y municipal.
Para el procedimiento de descentralización de competencias como tal, el
reglamento de la ley de descentralización solamente plantea dos formas: 1) por
decisión del Organismo Ejecutivo y 2) como resultado de la solicitud de los
municipios o mancomunidades de municipios conforme a la política de
descentralización del Organismo Legislativo.
Descentralización judicial
Según la Constitución Política de la República de Guatemala, el impartir justicia
corresponde exclusivamente al organismo judicial, ésta es la llamada potestad
jurisdiccional, sin embargo se debe reconocer que en Guatemala las autoridades
indígenas, aunque no tienen esa potestad jurisdiccional, administran justicia. La
gobernabilidad en su acepción democrática significa las capacidades de los
poderes del Estado para procesar los conflictos, para abrir canales, espacios,
mecanismos e instituciones para la participación de la sociedad civil y de sus
organizaciones, y procesar sus demandas. Supone la inclusión o exclusión de
actores en el sistema político. La estabilidad de este sistema se deriva de su
capacidad para enfrentar y solucionar adecuadamente los conflictos propios de
toda sociedad para permitir su continuidad, por lo que está directamente
relacionada con el problema de la reproducción del orden social, que es un tema
eminentemente político.
En ese sentido, se puede decir que no ha habido ninguna forma de
descentralización en las funciones del sistema jurídico oficial, pues solamente se
han hecho esfuerzos de desconcentración de la jurisdicción, creando juzgados de
paz comunitarios, centros de mediación o de resolución de conflictos.
El artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica
que: “El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres,
tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres
y mujeres, idiomas y dialectos”.
Por otra parte, dentro de las formas de organización social y las tradiciones de
los pueblos indígenas se administra justicia. En otras palabras, la coexistencia de
sistemas jurídicos en el país es un hecho innegable y reconocido legalmente,
pero que no se destaca en la práctica jurisdiccional.
Descentralización legislativa
No vamos a profundizar en el terreno de la descentralización legislativa, pues en
un país republicano como el nuestro no se puede concebir ningún mecanismo
de descentralización de este poder; un caso muy diferente es de los estados
federados, como México y Estados Unidos. Aun así es importante señalar que
esta ausencia de descentralización es en sí misma un mecanismo de
individualización y sujeción al poder centralizado del Estado, ya que no permite
en ningún modo la conformación de órganos regionales con facultades
legislativas que permitan la autorregulación de los pueblos según sus propios
principios y valores; es decir, no permiten a los pueblos regular sus propios
intereses y su destino según su propia ley. Esto representa, en última instancia,
una barrera para iniciar procesos de consolidación de regiones autónomas que
puedan hacer operativo el derecho colectivo a la autodeterminación.
Cabe decir, para finalizar, que el Congreso de la República, único órgano que
actualmente posee facultades legislativas en el país, está compuesto sólo por un
84
12% de mayas (sin ninguna participación garífuna y xinka) y que son diputados
que no han sido elegidos por sistemas propios de elección y representatividad
según los procedimientos de los pueblos interesados.
MECANISMOS LEGALES
El tema jurídico no deja de ser complejo, debido a que la normativa nacional
únicamente otorga independencia jurisdiccional al Organismo Judicial; aunque
en la realidad las poblaciones indígenas, por medio de sus autoridades, ejercen o
administran justicia en beneficio, por supuesto, de la gobernabilidad del país.
Como mecanismo de sometimiento de las autoridades indígenas, el Estado, para
desmeritar la administración de justicia que realizan dichas autoridades, se vale
de lo que preceptúa el artículo 203 de la Constitución Política de la República,
que indica: “La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes
de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y
promover la ejecución de lo juzgado”.
En ese mismo sentido, la ley del organismo judicial indica lo mismo en cuanto a
la aplicación de justicia, así en el artículo 57 se indica: “La función jurisdiccional
se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los
demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales les corresponde la potestad
de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual
para todos”.
Con esas premisas legales se ha deslegitimado a la autoridad indígena y sus
decisiones para establecer el orden comunitario, aunque ahora existe un
elemento muy importante: el Estado guatemalteco ha ratificado algunas
convenciones, tratados y acuerdos internacionales que otorgan respaldo a las
autoridades indígenas.
La asimilación de la organización local se ha dado justamente en el sistema de
consejos de desarrollo urbano y rural, pero hay que advertir que solamente
algunas autoridades indígenas han llegado a ejercer la doble función que los liga
al Estado mientras mantienen sus cargos tradicionales.
Lo lamentable de la situación es que en algunos casos el Estado, mediante la ley
de descentralización, ha identificado a personas para que se conviertan en
alcaldes comunitarios que nada tienen que ver con las autoridades tradicionales;
esto, en determinados casos, ha incrementado la conflictividad en las
poblaciones indígenas.
Si nos damos cuenta, la lógica estatal es la de generar mecanismos dirigidos a
minimizar la práctica y administración de justicia por parte de un colectivo
diferente, y que se desarrolla dentro del mismo territorio y nación.
MECANISMOS ECONÓMICOS
Se puede determinar que el Estado fácilmente puede utilizar un mecanismo para
el sometimiento o asimilación de la organización local a través del presupuesto
general de ingresos y egresos, usado con el propósito de limitar el desarrollo
local y regional.
Es importante destacar que la mayoría de las instituciones públicas presentan y
confrontan grandes problemas, lo que se traduce en debilidad. Algunas de ellas
presentan debilidades internas y otras externas, es decir, derivadas de problemas
ajenos; en ese sentido, trataremos de puntualizar los más recurrentes.
85
Debilidad institucional. Escasez de procesos internos
Se traduce en la inexistencia de procedimientos internos de validación y
evaluación de las políticas del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones,
tomando en cuenta que es su deber ser eficaces y responder a las necesidades
locales de las poblaciones indígenas.
Esta situación también se refleja en el sistema de consejos de desarrollo urbano y
rural porque, si bien es cierto que tienen un marco referencial de trabajo, no
poseen un método que permita visualizar la forma en que se alcanzan las metas y
objetivos; en consecuencia, no se pueden medir los resultados. Esto se traduce en
la falta de planificación y monitoreo por parte del Estado.
En ese sentido también habría que verificar que los sistemas de consejos de
desarrollo urbano y rural tuvieran la posibilidad de administrar y supervisar no
solamente proyectos de infraestructura sino proyectos de desarrollo
comunitario.
Insuficiente desarrollo de las funciones gerenciales
La mayoría de (por no decir todos) los consejos de desarrollo urbano y rural
carecen de destrezas y conocimientos gerenciales suficientes para complementar
efectivamente los programas y las tareas o actividades necesarias a favor de los
pueblos indígenas.
El problema radica en la deficiente asignación presupuestaria, que no permite
contratar recursos humanos con la formación adecuada para el cumplimiento de
los fines u objetivos identificados.
Gestión de recursos
En Guatemala hay serias dificultades financieras y administrativas para
responder a la problemática social, así como para la programación, seguimiento,
control y coordinación, pues los sistemas de consejos de desarrollo urbano y
rural y las municipalidades dependen de los recursos financieros que les asigna
el Estado.
Lo ideal es que el Estado cubra las necesidades financieras de las entidades
públicas para la satisfacción de los programas y proyectos a favor de los pueblos
indígenas, por lo que es importante emprender una lucha conjunta de las
instancias públicas y los pueblos indígenas para que se incremente el
presupuesto que asigna el Estado (tomando en cuenta que hay algunos
departamentos que requieren más recursos financieros que otros).
MECANISMOS POLÍTICOS
El sistema político de Guatemala tiende siempre a desatender las necesidades de
los pueblos indígenas, pese a que los partidos políticos prometen mejoras a las
poblaciones indígenas especialmente durante sus campañas electorales. Por
ejemplo, el partido que llevó a la presidencia al ingeniero Álvaro Colom
prometió dar a la gestión gubernamental un rostro maya, propósito que a la
fecha no se puede descubrir en qué ámbito de la administración se plasmó, pues
si se revisa el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal
2009 en comparación con el del año 2008, se redujeron algunas partidas
presupuestarias de oficinas, direcciones o unidades que atienden la problemática
de pueblos indígenas.
86
Los espacios de participación política para los líderes indígenas son muy
reducidos, lo que deja al descubierto la poca voluntad política de inclusión en
puestos de decisión a las autoridades indígenas.
Se puede determinar también que no existe consenso entre los distintos actores
sobre la descentralización y sus objetivos. El reglamento de la Ley de
Descentralización del Estado tiene muchas lagunas en cuanto a las formas de
descentralización y la distribución del recurso.
La mejora de la administración de justicia debe ser, en todo caso, la
descentralización del órgano de gobierno judicial, lo que perfeccionará el
sistema cuanto más se aleje del esquema centralista ensayado hasta el momento.
Jueces para la Democracia se manifiesta específicamente en contra de modelos
de gobierno centralistas en tanto que tienden a concentrar el poder, no sólo en el
caso concreto del poder judicial, sino también en el ámbito legislativo y
ejecutivo.
Cómo se convierten estos mecanismos en forma de sometimiento y
asimilación del poder local
El “poder local” es una cuestión a la que se hace constante referencia, y que se
define como la capacidad que tienen y deberían tener los pueblos indígenas para
crear su propio destino de forma integral.3 Es, por tanto, un tema de la mayor
relevancia, por cuanto se relaciona con la participación a que se está
disponiendo a la sociedad guatemalteca para buscar la resolución de sus
problemáticas, tanto sociales como económicas y políticas; y esa participación se
hace más visible y consistente desde lo local, partiendo de la comunidad, el
3 Tomando en cuenta valores previstos en la cosmovisión maya, así como otros elementos
integrales de la persona, como la educación, la salud, la espiritualidad y el respeto de las
autoridades indígenas que aplican el sistema jurídico propio de los pueblos.
municipio y el departamento. El poder local es, a su vez, una noción de dos
facetas, pues por una parte toma en cuenta lo indicado (es decir, el deseo de
participar de los ciudadanos), y por otra parte se deriva de la apertura que los
gobiernos conceden a sus ciudadanos para que esa participación sea eficaz.
No obstante, hablando en términos prácticos, hasta ahora los modelos y
prácticas conocidas de descentralización fueron diseñados no para que la
sociedad gobierne, sino para ser gobernada. No para participar en la búsqueda
de su bienestar, sino para esperar que éste venga de un gobierno “paternalista”, y
de acuerdo con lo que ese gobierno haya asumido como conveniente para la
colectividad; este sistema de cohesión social ha funcionado en países
desarrollados de Europa porque en la mayoría existen espacios de auditoría
social que pueden desarrollarse sin ser criminalizados ni reprimidos.
El Estado se ha convertido en paternalista, pues ha preferido implementar un
plan de gobierno de cohesión social que deja serias dudas en cuanto al manejo
de los fondos por parte de la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del
Presidente (SOSEP). También se ha convertido en una forma de sumisión de los
pueblos indígenas y sus autoridades.
Asimismo, el Estado ha mostrado una gran habilidad para aprobar las reformas
económicas y políticas, así como el ajuste estructural, sin generar inestabilidad
social y creando conformismo; y eso a pesar de que el nuevo fundamento de
gobernabilidad requiere de una reconceptualización y una redistribución del
poder, y no cabe duda de que la promoción del auténtico bienestar colectivo
tiene que darse a través de la participación ciudadana y desde la dimensión de lo
local. Esta modalidad permitiría tomar en cuenta las características propias de
cada comunidad, de cada municipio.
En este sentido, el asunto de la reforma del Estado y la descentralización debe
orientarse a promover el desarrollo local con la participación de toda la
87
ciudadanía. Conviene, eso sí, advertir que el poder local no significa en exclusiva
la autoridad municipal ni la de ningún grupo en particular, sino la auténtica
participación de los pueblos indígenas, que activan la vida ciudadana y que,
desde dentro de la legalidad, plantean y promueven sus demandas.
Es necesario promover la participación a nivel local, siempre y cuando los
habitantes de un departamento o municipio, empresarios, trabajadores,
cooperativistas o autoridades representativas de las comunidades puedan definir
mejor las medidas que los benefician o los afectan. Se debe adoptar un conjunto
de instrumentos que institucionalicen la descentralización de la decisión
socioeconómica, con transferencia real de recursos económicos
gubernamentales y de capacidad para discutir y decidir localmente la asignación
de recursos, la forma de ejecutar los proyectos, las prioridades y las
características de los programas o de las acciones gubernamentales. De esta
forma, los órganos gubernamentales podrán basar sus acciones en las propuestas
que emanen de la conciliación de intereses entre las diferentes expresiones de la
sociedad.
Entendemos la participación ciudadana como la interrelación de la ciudadanía
con su gobierno, con el fin de incidir en su constitución, vía elecciones libres y
democráticas, de exigir derechos, cumplir obligaciones, controlar su gestión e
influenciar los procesos decisorios locales, nacionales o globales que impactan el
espacio local y su vida cotidiana.
En toda decisión para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida
un problema de escasez. Una de las más importantes es la escasez de recursos
monetarios. Precisamente éste es un problema recurrente con el que se
enfrentan todas las instituciones del Estado, y de manera particular las
municipalidades.
En un sentido amplio, el Estado representa, dirige y regula la vida de la sociedad,
que es la encargada de garantizar la satisfacción de sus necesidades públicas, así
como de facilitar y vigilar el adecuado suministro de los bienes privados.
Expresada la naturaleza del Estado en tales términos, el gobierno en todos sus
niveles debe velar por el bienestar social, considerando como principio
fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto
implica, entonces, que la eficacia de las acciones de gobierno debe evaluarse,
fundamentalmente, en función a su “impacto” en el bienestar de la sociedad.
Mecanismos de representación y decisión local para el desarrollo y
fortalecimiento del sujeto colectivo
Según la ley vigente guatemalteca, cualquier instancia de participación debe
contar con un marco definido: el sentido de la participación, los principios en
que se sustentan los ritmos, criterios y mecanismos de funcionamiento. Para ello
se podrá establecer una mínima normatividad que se irá haciendo más compleja
al definirse características cualitativamente más profundas: representación, toma
de decisiones, control de gestión, decisión en la asignación de presupuestos a
prioridades consensuadas, normatividad y legislación.
A su vez, la reglamentación propia incluirá lo relativo al funcionamiento e
integración de los órganos de representación y conducción, los procesos de toma
de decisiones, el manejo de los recursos; la relación con las autoridades
municipales, formas, procedimientos y mecanismos; qué tipo de relación podría
establecerse con agentes externos al municipio (otros niveles de gobierno,
Un aspecto sustancial es el relacionado con los procedimientos y los sistemas de
comunicación dentro de los órganos de participación, que requerirán de sólidos
88
canales de información, consulta, toma de decisión interna y evaluación,
condiciones indispensables para garantizar la expresión de las demandas e
intereses de la población, es decir, para garantizar una sana incorporación de la
participación en la construcción de conductas ciudadanas.
Hablando de los recursos, la permanencia y consolidación de una instancia de
esta envergadura dependerá del impulso que se le imprima por parte de la
ciudadanía, pero también del gobierno local, por lo que es necesario no
escatimar los apoyos convenientes para que pueda operar. Es recomendable
destinar un apoyo permanente e institucionalizado para garantizar su
funcionamiento autónomo.
En realidad, no se encuentran definidos los mecanismos de representación y
decisión local, pero esto no se reduce únicamente al establecimiento de canales
de participación social sino que requiere disponer lo correspondiente en la
contraparte. En el caso de Guatemala, los alcaldes de todos los municipios
desempeñan un papel muy importante al delegar funciones y competencias
municipales a los alcaldes comunitarios o auxiliares; pero también se requiere un
cambio en la estructura técnico-administrativa del cuerpo de gobierno
municipal y, sobre todo, en la visión de gobernar, para hacerlo junto a la
sociedad.
Algunos elementos que los mecanismos de representación y decisión local
deberán considerar para el desarrollo de la colectividad son los siguientes:
� Consolidar órganos supracomunales, es decir, de representación de diversas
comunidades unidas en una región ante los órganos superiores del Estado,
que permitan desarrollar órganos con facultades legislativas, judiciales y
ejecutivas con la forma, principios y valores de las comunidades.
� Estímulo a la generación de instancias de participación social y respeto a las
estructuras y formas de organización propias de la población,4 ya que en
algunos casos los alcaldes comunitarios electos no son forzosamente
autoridades indígenas; situación que no se da con algunas autoridades
indígenas que también son alcaldes comunitarios y miembros del sistema de
consejos de desarrollo urbano y rural.
� Establecer un órgano de promoción social (dirección o departamento),
dentro de la propia estructura municipal, que se encargue del apoyo a la
participación y la capacitación de las autoridades indígenas, y de proyectar la
delimitación territorial y la consolidación de la estructura participativa
mediante una clara actitud descentralizadora para el desarrollo local, con
proyectos no solamente estructurales, sino productivos.
� Contar con órganos de planeación, evaluación y estudios técnicos que
coadyuven al tratamiento de las necesidades de las comunidades y aporten
soluciones apropiadas.
� Fortalecer los sistemas de información y comunicación según lo que
determina la ley del libre acceso a la información, recientemente aprobada.
� Capacitar y sensibilizar a los funcionarios y empleados de todas las
dependencias públicas del Estado, por medio del desarrollo de campañas y
procesos de formación sobre todo dirigidas a aquellos funcionarios que
tienen contacto directo con la población; así como facilitar un traductor en
los lugares donde no existe funcionario de la localidad.
� Promover la institucionalización de los sistemas de participación mediante
la firma de acuerdos y el pleno respeto de los derechos colectivos
consagrados a nivel nacional e internacional, específicamente al derecho de
consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.
4 Hablando de las auténticas autoridades indígenas que realizan labores de resolución de
conflictos sociales y fortalecimiento de los valores y principios cosmogónicos de la cultura
indígena.
89
CONCLUSIONES Es importante tener en cuenta que, aunque el Estado haya planteado sus
mecanismos de inclusión de los pueblos indígenas como sistema de
sometimiento y discriminación, se debe crear el espacio y buscar la participación
efectiva dentro del Estado para que:
1 El mismo Estado cuente con la voluntad política del gobierno.
2 Las políticas se lleven a cabo con fundamento legal y con consentimiento de
los distintos sectores sociales.
En lo nacional, los pueblos indígenas pueden optar por participar en los tres
poderes del Estado, cumpliendo con lo que establece la Constitución, la Ley de
servicio civil y la normativa jurídica de cada dependencia de los tres organismos
del Estado guatemalteco.
En lo regional, la Constitución permite formar distritos económicos, políticos y
sociales dentro del país, con administración descentralizada y desconcentrada,
según establece la ley y el reglamento de descentralización, de modo que se
reflejen los criterios culturales, lingüísticos y ambientales (cuyos principios y
valores conforman la base de su exigencia). Es también importante integrar el
sistema de Consejos de desarrollo urbano y rural con la realidad comunitaria y
desligarlos de la politización que padecen.
En lo departamental, es legal conformar un consejo con los alcaldes de todos los
municipios y representantes de los sectores público y privado, presidido por el
gobernador departamental con el fin de promover el verdadero desarrollo local.
En lo municipal, la participación social está legitimada en el acuerdo de
identidad que reconoce “el papel que corresponde a las comunidades, en el
marco de la autonomía municipal, para el ejercicio del derecho de los pueblos
indígenas para decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo”. Eso
es lo que corresponde pelear a los pueblos indígenas, pues el sometimiento y la
asimilación del poder local seguirá su curso si los pueblos lo permiten; lo grave
del problema que incluye la negación de derechos, discriminación y violencia se
ha plasmado en el Informe de Desarrollo Humano, editado por el Sistema de
Naciones Unidas de Guatemala, el cual concluye que existen cinco áreas de
exclusión:
1 La diferencia entre lo urbano y lo rural.
2 La diferencia de los ingresos presupuestarios del Estado.
3 La gran brecha existente entre indígenas y no indígenas.
4 Las distinciones de género.
5 Distintos grados de participación política y exclusión de indígenas.
BYRON PAREDES TIUL
Es asesor jurídico del Centro para la
defensa legal de los derechos de los pueblos
indígenas. Tiene estudios universitarios en
la licenciatura en Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC). Además cuenta con
estudios a nivel de maestría en Derecho
Indígena avalados por la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Fue miembro de la Junta directiva de la
Asociación de estudiantes “El Derecho” de
la USAC.
90
Odilia Chavajay
EL RECLAMO DEL DERECHO COLECTIVO DE LA TIERRA: EL CASO DE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS ANCESTRALES PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD XINCA DE JUMAYTEPEQUE
ÍNDICE Datos históricos de la comunidad xinca de Jumaytepeque
Introducción a la problemática sobre reclamos como derecho colectivo del caso
xinca
Exposición general del caso
La titulación supletoria, principal mecanismo de despojo de las tierras xincas
Fundamento legal
Cronología de los mecanismos legales y políticos utilizados
92
Resultas del proceso penal
Resultas del proceso civil
Acción constitucional de amparo
Apelación de la sentencia de amparo
Mecanismos de diálogo adoptados para la resolución final
Medidas adoptadas en la negociación
Concluye el conflicto de tierras en la comunidad indígena de Jumaytepeque
Conclusiones e interrogantes
Bibliografía
Odilia Chavajay Pérez
93
DATOS HISTÓRICOS DE LA COMUNIDAD XINCA DE JUMAYTEPEQUE La aldea de Jumaytepeque fue fundada en el año 1520 por 220 indígenas xinca-
pipiles de ambos sexos y de diferentes edades denominados por el cacique
Tonaltet o Tonantel, cuyo nombre significa Piedra del Sol.
Según la tradición oral, el nombre Jumaytepeque tiene origen tolteca: “tepeq,
significa cerro y jumay significa altura, (...) y como aquí vino gente que se metió
del norte (se refieren a migraciones provenientes del actual México), o sea,
nosotros, los xincas tenemos más rato que los de allá (...) esta gente se vino de
allá para acá, por eso somos diferentes a los mayas”.1
No se encontraron referencias escritas sobre la existencia de Jumaytepeque antes
de la época colonial. Sin embargo, existen fuentes de la época en las que se
menciona que el lugar pertenecía al departamento de Santa Rosa, donde se
efectuó el primer enfrentamiento de los pueblos originarios que se alzaron
contra los españoles.
Los indígenas de Jumaytepeque, durante mucho tiempo, ofrecieron resistencia a
la invasión española colonial; pero, a consecuencia de la gran cantidad de
muertos y heridos, decidieron retirarse a las montañas, situación que fue
aprovechada por los colonizadores para tomar el pueblo y posteriormente
incendiarlo.
La historia registra que, después de unos días, los indígenas de Jumaytepeque se
encontraban reponiéndose de sus heridas a la orilla del río Cuajiniquilapa
cuando fueron apresados por los españoles, que les cayeron por sorpresa.
1 Entrevistas llevadas a cabo en el comunidad xinca de Jumaytepeque entre 2003 y 2005.
Hicieron prisioneros a muchos de ellos y los marcaron con hierro candente con
el objeto de identificarlos como esclavos.
En 1740 la Justicia Mayor del partido de Escuintla, por medio de don Alonso
Crespo, escribió una relación geográfica haciendo referencia a su distancia del
pueblo de los esclavos “Pueblo de Jumay”, distante a tres leguas al rumbo del
norte. En lo alto del cerro habitaban 220 indígenas de ambos sexos y de todas
edades. Sus cosechas eran de maíz y trigo. Fueron administrados por un cura
clérigo en lengua singua. Los indígenas tenían una mina de oro muy rica y se
dedicaron a la siembra de trigo en el valle de Jumay.
La población de Jumaytepeque se sitúa a poco más de 28 kilómetros de la
cabecera departamental de Cuilapa, en la parte oriental de Guatemala. Se puede
afirmar que “es sitio fértil y provisto de todas las cosas y con vecindad no muy
distante de los pueblos de Ixguatlán, Comapa, los Esclavos y Jalpatagua y sus
sendas frecuentes para el comercio son los dos ríos peligrosos de Aguacapa y los
Esclavos”.
Jumaytepeque es un pueblo antiguo de indígenas xincas, que nació por real
cédula del 6 de junio de 1752 dictada por el Oidor juez privativo del Real
Derecho de Tierras, doctor Jacobo de Huerta, (certificación de Título Real:
1910:2). La superficie definida en ese título es de 6,760 hectáreas (150 cab, 56 mz,
5,650 v2).
Luego, por acuerdo del 13 de mayo de 1879 del general Justo Rufino Barrios, se
sumaron a estas tierras 583 hectáreas (13 cab, 134 cuerdas y 1.821,5 v2), ubicadas
en el lugar denominado Estanzuela y la Cofradía de la Virgen. Ambos títulos
carecían de especificación de linderos. Por eso, en 1916 se efectuó una nueva
medición de tierras que permitió la inscripción en el Registro General de la
Propiedad de 5,689 hectáreas (126 cab, 64 mz, 475 v2), como consta en la
94
inscripción número 6931, folio 104, libro 58 de Santa Rosa del 31 de mayo de
1916.
Por acuerdo gubernativo del 25 de mayo de 1921, se fijó el arreglo de límites de
Jumaytepeque y Nueva Santa Rosa, pero el municipio fue suprimido por un
nuevo acuerdo gubernativo del 2 de octubre de 1935 dictado por el presidente
Jorge Ubico, y quedó catalogado como aldea de Nueva Santa Rosa.
De acuerdo a las tradiciones locales, a finales del siglo XVIII, las comunidades
xincas de esta región se integraban en seis cofradías. La historia oral se refiere a
la vida desde la etapa colonial como un sufrimiento. Hacia 1800 “la Corona
española exigía muchos tributos a los xincas, no así a los ladinos, que no
pagaban sus tributos y ellos tenían que sembrar cacao y arroz para pagarlos. Fue
tanta la presión que tuvieron que refugiarse en las montañas para que las
autoridades no los siguieran explotando”.
El Archivo General de Centroamérica, en un boletín impreso, mencionó a
Jumaytepeque con el nombre de Tucumaitepeque, perteneciente al entonces
curato de Santiago de Mataquescuintla en la alcaldía mayor de Escuintla. El
Estado de curatos del arzobispado de Guatemala del Tribunal y Audiencia de
Contaduría de Cuentas del 8 de julio de 1806 menciona haber tenido 93
tributarios sin proporcionar el número total de sus habitantes.
El actual municipio de Nueva Santa Rosa es el que posee los terrenos de la
comunidad de Jumaytepeque; y sólo existen referencias históricas de que, en
1916, los ladinos lograron la segregación de una parte del territorio para formar
el nuevo municipio. También “en tiempos del presidente Ubico, éste les
prometió que regresaría la parte del territorio de Nueva Santa Rosa para que
Jumaytepeque se convirtiera en municipio, pero los habitantes dijeron que no
porque en Jumay solo había como unos 20 ranchos de paja”.
Según versiones de los comuneros, que en estos tiempos sufrían mucho y no
podían progresar, sus padres pasaban los días trabajando en las carreteras.2 “No
sólo éramos excluidos del desarrollo sino también despreciados como
indígenas”.
En el momento en que se constituyó formalmente el municipio de Nueva Santa
Rosa, las autoridades locales trataron de arrebatar los títulos reales a los
comuneros. Por eso, según la tradición, los títulos fueron escondidos durante un
largo período hasta que fueron entregados a la municipalidad para su resguardo.
Posteriormente los comuneros debieron emprender una lucha legal para
recuperarlos. Cuando lo lograron, constituyeron la Junta Directiva de la
Comunidad agrícola de Jumaytepeque, que es la entidad responsable del
resguardo, cuidado y tenencia del título del pueblo.
En los momentos en que se perdió la posibilidad de que Jumaytepeque se
convirtiera en un municipio independiente, se escuchaban afirmaciones como lo
siguiente: “Se llevaron el municipio pero no se llevaron el título de propiedad, el
síndico que lo tenía se refugió en la montaña para proteger el título (...); pues
como se dijo, ese título era pretendido por ladinos del lugar, debido a que el
lugar es muy atractivo visualmente y porque el interés primordial era la posesión
de esas tierras y del cerro; es decir, que la intención estaba enfocada a
distribuirse las tierras por medio de la figura legal de la titulación supletoria (...);
además agregaban que los xincas no merecíamos las tierras porque éramos
indios”.
El 14 de agosto de 1960, la comunidad de Jumaytepeque obtiene su personería
jurídica con el nombre de Comunidad agrícola de Jumaytepeque por acuerdo
gubernativo del entonces presidente Ydigoras Fuentes. Esto posibilitaba que se
2 Durante el período de Jorge Ubico se aplicaba la Ley de Vialidad, que obligaba a los hombres a
trabajar dos semanas al año en la construcción de edificios públicos y carreteras.
95
empezara a trabajar por unas mejoras económicas y sociales de los comuneros,
así como en el desempeño y solicitud de planes y proyectos de mejora en la
infraestructura del lugar.
A partir de entonces, la comunidad tiene su propio territorio de 127 caballerías
con tres cuartos de caballería, es decir, un poco más de 56 km2 que colindan al
norte con el municipio de Casillas, al sur con el de Cuilapa, al oriente
nuevamente con Casillas y Cuilapa y al occidente con el de Nueva Santa Rosa, al
cual pertenece y del que dista ocho kilómetros.
INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA SOBRE RECLAMOS COMO DERECHO COLECTIVO DEL CASO XINCA “Los pueblos indígenas, en general, se caracterizan por la tenencia comunal de la
tierra. En el caso específico de la comunidad xinca o Comunidad agrícola de
Jumaytepeque, que ancestralmente ha luchado por mantener el régimen
comunal de tenencia de la tierra mediante real cédula y posterior título ancestral,
ha sido víctima de graves violaciones a sus derechos colectivos como pueblos
indígenas”.
Estas violaciones ocurren cuando el Estado de Guatemala no cumple su función
de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos de todos sus
habitantes y, en este caso particular, la garantía de proteger los derechos
colectivos de la comunidad xinca de Jumaytepeque, que por muchos años ha
luchado por preservar y proteger las tierras que le pertenecen de forma colectiva.
La extensión de tierra que explota cada comunero es variable y se reduce con el
paso del tiempo. Esto se debe, por un lado, a la compraventa de derechos entre
comuneros y, por otro, a la atomización de las parcelas, que son dadas en
herencia a los hijos e hijas en partes iguales.
Uno de los problemas más recurrentes de la comunidad es la usurpación de sus
tierras por personas que no reconocen la posesión comunal. El principal
conflicto ha sido una disputa de linderos con los dueños de la finca El Jute, que
es colindante. El propietario reclama como suyas cerca de 180 hectáreas (cuatro
caballerías) en el sector llamado Los Papeles, y acusa de usurpadores a los
comuneros. Sin embargo, esta finca rústica aparece registrada en el Registro de
la Propiedad por titulación supletoria. No aparece ninguna desmembración del
título ancestral de la comunidad, lo cual evidencia que se traslapó un nuevo
registro sobre las tierras comunales de la comunidad xinca de Jumaytepeque;
tierras que es evidente que la comunidad ha tenido en posesión durante
cientos de años, pues ahí justamente es donde históricamente ha estado
asentado este coletivo de personas.
La población afectada en esta disputa es de, aproximadamente, 200 familias, con
quienes es importante realizar programas de divulgación e información sobre los
derechos colectivos indígenas y la obligación del Estado de garantizar el respeto
de los mismos. Sólo si estas familias conocen sus derechos podrán exigir,
defender y monitorear que el Estado de Guatemala les dé cumplimiento.
De esa manera, la comunidad xinca de Jumaytepeque inicia un litigio por las
tierras comunales ante los tribunales de justicia y reivindica los derechos de
propiedad colectiva mediante distintos procesos. Ante las dificultades
encontradas en los tribunales, la comunidad inicia una lucha política en distintas
instancias del Estado, como la Dependencia Presidencial de Asistencia Legal y
Resolución de Conflictos sobre la Tierra (CONTIERRA), y solicita apoyos
solidarios a organizaciones indígenas para establecer alianzas y estrategias de
negociación para la resolución del problema por medio de mecanismos
alternativos.
Este documento trata sobre la sistematización de la problemática y las vías
utilizadas para reclamar el territorio como un derecho colectivo; de esa manera,
96
se pretende coadyuvar a las futuras sistematizaciones de los casos de violación a
los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Guatemala.
EXPOSICIÓN GENERAL DEL CASO
La comunidad xinca de Jumaytepeque se encuentra en el municipio de Nueva
Santa Rosa del departamento de Santa Rosa. Según el censo de población del año
2002, la población del municipio es de 28,653 habitantes, de los cuales
aproximadamente el 8% es indígena. La aldea de Jumaytepeque está poblada por
2,266 personas (49.5% son hombres y el 50.5%, mujeres). El colectivo se
encuentra organizado políticamente para la administración comunal de la tierra.
Para los efectos de gestión territorial, la Comunidad agrícola de Jumaytepeque se
organiza de acuerdo a unos estatutos que definen a la Asamblea General como
su máxima autoridad, pero es su Junta Directiva la encargada de representar a la
comunidad tanto interna como externamente. Ésta tiene la obligación de
administrar la propiedad comunal y las parcelas que trabajan los comuneros, y
de intervenir en todos los conflictos de tierra que se dan entre los mismos
comuneros y/o personas ajenas a la comunidad.
Los miembros de la Junta Directiva pueden ser removidos si no cumplen con las
funciones establecidas, o por la comisión de faltas que ameriten su expulsión o
destitución. Existen delegados en cada una de las aldeas que cumplen funciones
de vocales auxiliares.
Desde 1997, las tierras comunales se encuentran en litigio ante los tribunales por
la reivindicación de los derechos de propiedad colectiva, motivo por el que han
intervenido distintas instituciones públicas y privadas con la finalidad de
resolver el conflicto. En ese sentido, CONTIERRA ha desempeñado un papel
importante.
Este caso ha sido el más significativo que ha afrontado la comunidad respecto a
sus tierras ancestrales y ha conducido a procesos legales que demuestran las
dificultades para reclamar el derecho a la tierra por parte de una comunidad
indígena. A pesar de que el título ancestral está inscrito en el Registro de la
Propiedad, ha sido difícil que llegue a ser reconocido por el poder judicial.
Como se planteó anteriormente, el dueño de la finca el Jute, el señor Fausto
Fernando de Jesús Aguilar Sarg, emprendió demandas legales para reclamar
cerca de 180 hectáreas (cuatro caballerías) en el sector llamado Los Papeles y ha
acusado de usurpadores a los comuneros. Esta porción de tierra nunca ha sido
desmembrada del título real, según verificaciones realizadas en el Registro de la
Propiedad.
LA TITULACIÓN SUPLETORIA, PRINCIPAL MECANISMO DE DESPOJO DE LAS TIERRAS XINCAS Los territorios xincas tienen su origen en concesiones hechas por la Corona y el
gobierno. Al fundarse el Registro General de la Propiedad, los xincas se vieron
en la necesidad de inscribir sus tierras para cumplir con los requisitos
establecidos en la normativa vigente de la época.
Pese a cumplir con esta inscripción, las comunidades xincas fueron objeto de
usurpación y despojo mediante titulaciones supletorias por parte de particulares.
El procedimiento para estas titulaciones fue establecido en el decreto número
261 del 15 de septiembre de 1880. Este mecanismo legal consistía en denunciar,
ante el jefe político o secretario de gobernación, la posesión de tierra baldías
(aquellas que no están destinadas por la autoridad a un uso público, ni
pertenecen en propiedad, con título legítimo, a particulares o corporaciones),
para eso se tenía que demostrar esta situación por medio de la presentación de
las características generales del terreno denunciado. Si el denunciante no podía
97
demostrar que el terreno era baldío, debía presentar por lo menos tres testigos
para posteriormente publicar la denuncia con carteles en lugares públicos y en el
diario oficial. Tras este trámite, se nombraba un experto medidor que verificaba
las características generales del terreno presentadas por el denunciante o los
testigos. Por último, se extendía un certificado para pasar a su inscripción ante el
Registro General de la Propiedad.
Este mecanismo ha sido utilizado hasta nuestros días, ahora por medio de la Ley
de Titulación Supletoria (decreto 49-79), que en el fondo presenta las mismas
características (denuncia, medida y ratificación), con la variante de que se
traslada la potestad de autorizar a los Juzgados de Primera Instancia del Ramo
Civil Departamentales y la ratificación corre a cargo de la municipalidad en que
se encuentre situado el inmueble.
FUNDAMENTO LEGAL El problema legal ocurre cuando existen dos inscripciones registrales sobre un
mismo espacio territorial, una a nombre de la finca El Jute (cuya inscripción se
encuentra bajo el número 278, folio 378, libro 39 del departamento de Santa
Rosa) y otra a título de la comunidad de Jumaytepeque (que posee una
inscripción registral que data del siglo XVIII, y que se encuentra bajo al número
6931, folio 104, libro 58 del departamento de Santa Rosa).
En ese sentido, el restablecimiento de derechos parte de un principio que indica
que “el primero en registro es el primero en derecho”, y también de lo que
estipula el artículo 1130 del Código Civil: “la primera inscripción será la del
título de propiedad y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho
real relativo al mismo bien”.
De la misma forma, la Constitución Política de la República se refiere a la
protección de grupos étnicos, así como a la protección de las tierras indígenas y
pone especial énfasis en las tierras pertenecientes a las comunidades indígenas;3
el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y los estatutos
de la comunidad aprobados por acuerdo gubernativo el 10 de agosto de 1961
establecen su derecho de gestión y administración de las tierras comunales.
También, la legislación internacional, que en Guatemala tiene un rango
constitucional, como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales (ratificado por el Congreso de la República en 1996) destaca el derecho
de las comunidades indígenas a sus tierras y territorios ancestrales.
En el presente caso, lo más relevante es que se posee una normativa jurídica que
subraya que la comunidad indígena posee derechos primarios de propiedad
debidamente inscritos; sin embargo, existe una problemática creada por el
mismo Estado al haber reconocido la propiedad a una persona distinta sobre
este mismo territorio indígena.
CRONOLOGÍA DE LOS MECANISMOS LEGALES Y POLÍTICOS UTILIZADOS
� Como primer antecedente de la problemática, el 29 de abril de 1994, el juez
de paz del municipio de Nueva Santa Rosa realizó un acta de
reconocimiento judicial en la que indica que, según la inscripción que
aparece en el Registro General de la Propiedad de la zona central, esas
tierras pertenecen efectivamente a los comuneros de Jumaytepeque.
3 Estos derechos sociales se encuentran detallados en los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución
Política de la República de Guatemala.
98
� En el año de 1997, el representante legal de la finca El Jute, señor Fausto
Fernando de Jesús Aguilar Sarg, presentó una solicitud dirigida a la
CONTIERRA para conciliar el conflicto de tierras con la comunidad xinca
de Jumaytepeque, a la que acusaba de ocupar terrenos de su propiedad.
� Primera demanda: Dentro de esta primera acción jurídica, se formaliza una
demanda civil de desocupación en contra del señor Antonio González
Sánchez, comunero de Jumaytepeque. Esta acción conduce el juicio
ordinario número 48-97 para la reivindicación de propiedad y posesión. El
9 de julio de 1995, el juez a cargo del proceso resuelve a favor de Antonio
González Sánchez, dejando íntegros los derechos de posesión en forma
legítima de las 128 manzanas en disputa.
� Segunda demanda: El 7 de abril de 1997, el señor Fausto Fernando de Jesús
Aguilar Sarg inicia un segundo juicio ordinario civil que se identificó con el
número 88-98 y que conoció el Juzgado Segundo de la Primera Instancia de
Santa Rosa. En éste se reivindicaron los derechos de propiedad. Dentro de
dicho proceso, el 29 de enero de 1998, el demandante hace una unificación
de fincas e inscribe dos escrituras con los números 76 y 87.
� El 10 de noviembre de 1997, el señor Aguilar Sarg solicita al Juzgado de
Primera Instancia Coactivo de lo Económico del municipio de Cuilapa,
departamento de Santa Rosa, el reconocimiento judicial de los archivos de
la comunidad de Jumaytepeque, con la finalidad de que los comuneros de
Jumaytepeque le mostraran el título de propiedad sobre las tierras en
conflicto.
� En 1999, el representante legal de la finca el Jute desiste en el propósito de
que la mediación del conflicto se ejerza a través de CONTIERRA, lo que
habilita la exclusividad en la resolución del conflicto a los tribunales de
justicia del país.
� El 10 de enero de 2000, el presidente de la Junta Directiva de la comunidad
de Jumaytepeque presentó un memorial al Juzgado de Primera Instancia
Civil del departamento de Santa Rosa en que expuso la necesidad de que el
Instituto Geográfico Nacional (IGN) realizara la definición de límites
municipales, ya que los linderos de las fincas en cuestión coinciden con los
límites entre los municipios de Santa Rosa y Casillas.
� El 16 de marzo de 2000, el IGN informó al juez encargado del proceso que
la información del área databa del año 1977, por lo que había necesidad de
un nuevo estudio registral y catastral, cuyos costos debía sufragar la parte
solicitante.
� El 27 de marzo del año 2000, el ingeniero Rolando Caballeros rinde un
informe al juez de primera instancia del municipio de Cuilapa,
departamento de Santa Rosa, que indica que en el tomo II del Diccionario
geográfico de Guatemala, específicamente en la página 878, aparece que los
territorios en conflicto pertenecen a una montaña de Nueva Santa Rosa,
municipio en el que efectivamente aparecen en el Registro General de la
Propiedad.
� Con la finalidad de indilgar la comisión de delitos en materia forestal y
ambiental a los comuneros de Jumaytepeque, el 16 de mayo de 2000, el
Instituto Nacional de Bosques (INAB), a solicitud del representante legal
de la finca El Jute, presentó al Ministerio Público de Cuilapa un informe de
avalúo forestal indicando que el área en litigio había sido objeto de tala y
quema de bosques naturales que habían sido reforestados con recursos de
la finca, y que el daño económico ocasionado a los bosques de la región
ascendía a 150,641.28 quetzales (oficio número 091-2000-DRS-IV-2,
INAB).
99
� El 28 de mayo de 2000, la Junta Directiva de la Comunidad de
Jumaytepeque presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, en
dicho documento se expone que el día 26 de ese mismo mes y año, el
propietario de El Jute en compañía de cuatro miembros de la Zona Militar
de Cuilapa, Santa Rosa, realizó disparos al aire con el fin de intimidar a los
comuneros y desalojarlos de forma violenta. Dentro del proceso penal
existen fotografías que prueban estos hechos.
� Acción constitucional de amparo: El 21 de junio del 2000, se presentó
acción constitucional de amparo, que se hizo valer por varios comuneros,
en la que se planteaba concretamente que se habían violentado derechos
constitucionales individuales y colectivos como el derecho de defensa, el
debido proceso y protección a grupos étnicos, a las tierras y a las
cooperativas agrícolas indígenas.
� Dentro del proceso civil, el 22 de junio de 2000, el juez de primera instancia
civil de Santa Rosa solicitó al Instituto Geográfico Nacional una copia de
los planos de archivo en los que se detalla la división territorial de los
municipios de Casillas y de Nueva Santa Rosa.
� El 30 de julio de 2000, la Junta Directiva de la comunidad presentó un
memorial al juez de paz de Nueva Santa Rosa, denunciando que animales
de tiro propiedad de El Jute se encontraban en la zona en litigio, causando
daños a los cultivos de café. Al mismo tiempo, denunciaron que el día 22
del mismo mes se habían llevado a cabo disparos al aire, presumiblemente
por una patrulla de la Policía Nacional Civil.
� El 12 de agosto de 2000, la Corte Suprema de Justicia, cámara civil
constituida como tribunal de amparo, señala audiencia para una vista
pública en la que se presentaron todos los alegatos y argumentos en cuanto
a los derechos constitucionales y legales violados.
� El 9 de septiembre de ese mismo año se notifica al ingeniero Rolando
Caballeros para que practique una inspección ocular de los terrenos en
conflicto. Dicho profesional rindió un dictamen en el que expresa que se ha
medido la totalidad de la tierra en conflicto. El dictamen fue refutado por el
abogado defensor de los comuneros debido a que no se midió la totalidad
del terreno.
� El 14 de septiembre de 2000, en las oficinas de CONTIERRA, se llevó a
cabo una reunión de conciliación entre las partes. El objetivo fue promover
el cese de las acciones violentas y la tala de árboles, pero la situación no
mejoró.
� El señor Aguilar Sarg, el 14 de septiembre de 2000, pide al IGN un nuevo
dictamen donde se indiquen los datos reales de la ubicación de estas tierras.
� El 19 de septiembre del año 2000, el ingeniero Jorge Arévalo efectúa una
nueva inspección ocular de lugar del conflicto acompañado del Señor
Aguilar Sarg. En esa ocasión, sí se midió todo el territorio, por lo que el
juzgado dio valor probatorio a este último informe profesional.
� El 23 de septiembre de 2000, CONTIERRA visitó el área, constatando que
el área tenía uso agrícola por comuneros que producían cultivos de
subsistencia y café.
� El 6 de octubre, el juez nombró un ingeniero independiente que realizó una
inspección de campo para definir el geoposicionamiento de los linderos de
la finca El Jute.
� El 10 de diciembre del 2000 en el Juzgado de Paz de Nueva Santa Rosa, se
presentaron declaraciones testimoniales de varios comuneros de los límites
sobre las colindancias de la comunidad.
100
� El 21 de diciembre del año 2000, hay un reconocimiento judicial en el
Registro de la Propiedad.
RESULTAS DEL PROCESO PENAL
� A 12 de julio del año 2002, el señor Fausto Aguilar presenta una denuncia
en contra del Señor Santos Latín Hernández, (entonces presidente de la
comunidad), Antonio González Sánchez, Leónidas Gonzáles Sánchez,
Bernardo Dimas Pivaral y Ezequiel Gómez Pérez. En la denuncia se les
señala de usurpar, talar y haber provocado un incendio en su finca a finales
de febrero del 2000.
� El 8 de agosto de 2002, el señor Santos Latín presenta un memorial
pidiendo que se revoque el punto VI de la resolución del 7 de junio de
2002, donde se ordenaba la suspensión de las actividades agrícolas a todos
los comuneros de la comunidad de Jumaytepeque.
� El 10 de mayo de 2002, la comunidad solicitó un reconocimiento judicial
para verificar los mojones que dividen e indican los límites de la finca del
señor Aguilar. Lamentablemente, el juez de Nueva Santa Rosa no pudo dar
un informe imparcial debido a la prepotencia del señor Aguilar.
� Este proceso penal terminó indicando que los comuneros de Jumaytepeque
debían ser desalojados del territorio y que las tierras correspondían en
propiedad a la finca El Jute.
� En ese sentido, se inició un recurso de casación, pues se estaban
vulnerando derechos colectivos y el derecho social es superior al derecho
individual. Este recurso fue declarado sin lugar, con lo que este juzgado
avaló la sentencia de primera instancia.
RESULTAS DEL PROCESO CIVIL
� El 29 de octubre de 2001, el juez Ovidio Estrada Marroquín falla en contra
de Antonio González Sánchez y de la comunidad de Jumaytepeque.
� Después se apeló el fallo ante la Sala Quinta de Qpelaciones con sede en
Jalapa, impugnando dicho fallo.
� Se solicitó una vista pública ante la honorable Corte de Apelaciones de
Jalapa, donde también se presentaron todos los argumentos de la
comunidad (pero no fueron tomados en cuenta).
� Según resolución de la Sala Quinta de Apelaciones con sede en Jalapa, con
fecha 20 de mayo de 2002, los magistrados confirman el fallo en contra de
la comunidad; es decir, Jumaytepeque perdió el caso y los comuneros
debían abandonar las tierras.
ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO
Tras denegarse el recurso de casación #158-2002 promovido por la Comunidad
agrícola de Jumaytepque, en el que se solicita adjuntar al expediente la
incorporación de la certificación de los derechos reales que constan en la
certificación extendida por el Registro General de la Propiedad el 9 de mayo del
2003, se presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de
Justicia de la ciudad capital. Este órgano jurisdiccional, tras las etapas procesales
del amparo, deniega el recurso, lo que confirma el fallo.
101
APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO
El 10 de julio del año 2003 se presentó una apelación de la sentencia de amparo
ante la Corte de Constitucionalidad en la que se refiere que la Corte Suprema de
Justicia, cámara civil, no resolvió conforme a derecho, toda vez que se negó a la
comunidad de Jumaytepeque la posibilidad de demostrar la propiedad del
territorio comunal mediante la certificación del Registro General de la
Propiedad (resolución 1934).
El 12 de julio 2003, la Corte de Constitucionalidad confirma el fallo de la Corte
Suprema de Justicia, constituida en tribunal de amparo, indicando que la acción
de amparo no puede llevarse en ningún momento para la revisión de hechos ya
tratados en los procesos instalados en el país (expediente 1121 presentado por el
señor Arnulfo Vásquez Ortiz).
Se debe tomar en cuenta y hacer las consideraciones correspondientes, en el
sentido de que, terminadas todas las diligencias legales, el aparato jurídico
nacional resolvió de forma desfavorable para la comunidad de Jumaytepeque,
por lo que se optó por otras vías para la resolución del conflicto.
MECANISMOS DE DIÁLOGO ADOPTADOS PARA LA RESOLUCIÓN FINAL
Durante todo el proceso de litigio del presente caso se utilizaron mecanismos
alternativos de resolución de conflictos, como consta en la cronología
presentada anteriormente. Habiendo culminado el proceso penal que ordena el
desalojo, el representante legal de la Comunidad agrícola de Jumaytepeque
solicita apoyo a varias organizaciones indígenas para plantear la estrategia de
negociación, en la que participa el Parlamento del Pueblo Xinca, Defensa Legal
Indígena y CNP tierra. Asimismo, se solicitó a CONTIERRA, facilitar y apoyar
la solución conciliatoria del conflicto generado de la pugna simultánea por el
derecho de posesión o propiedad de la tierra.
La vía consistió en convocar a todas las instituciones administrativas del
Estado, con la cual se instala una mesa de diálogo, el 5 de octubre de 2004,
teniendo como sede y coordinación la Gobernación Departamental de Cuilapa.
La mesa se conformó por las siguientes instituciones: gobernador departamental
de Santa Rosa, CONTIERRA, MAGA, Procuraduría de los Derechos Humanos,
COPREDEH, representantes de la Unidad Técnica Jurídica (catastro nacional),
Parlamento del Pueblo Xinca, Defensa Legal Indígena, CNP tierra, y las partes:
Comunidad agrícola de Jumaytepeque y el representante legal de la finca el Jute,
señor Aguilar Sarg, quien no se presentó a la primera reunión.
El 12 de noviembre del año 2004, se llevó a cabo la segunda reunión de la mesa
de diálogo. En este encuentro se establecieron las normas de diálogo, porque se
contaba con la presencia de las partes en disputa. Se lograron compromisos para
garantizar su permanencia y, en cierto modo, respetar un ambiente de tolerancia
y respeto.
Tras establecer el interés de las partes por resolver este conflicto mediante una
mesa de diálogo como mecanismo de solución, se planteó, en un primer
momento, la reflexión y el análisis minucioso de las causas del conflicto. Tras el
cruce de opiniones, se puso en evidencia que tanto la familia Aguilar Sarg como
la Comunidad agrícola de Jumaytepeque presentaban documentos legales sobre
la propiedad de la tierra.
La mesa concluye que el responsable de esta confrontación es el Estado, debido a
que traslapó un nuevo registro sobre las tierras comunales de la comunidad
xinca de Jumaytepeque. En consecuencia, debe ser el Estado el que por los
mecanismos institucionales gubernamentales debe dar solución a este caso. Por
102
parte de la mesa, se acordó que en representación del Estado de Guatemala las
gestiones fueran asumidas por CONTIERRA, el MAGA y la Gobernación
Departamental de Santa Rosa.
A solicitud de la comunidad xinca de Jumaytepeque el Estado debe comprar el
área en conflicto y restituir el derecho colectivo de la comunidad, a fin de que el
título ancestral no sufra modificaciones; o en otras palabras, a fin de que no se
vulnere el régimen de propiedad colectiva.
El Estado asume su responsabilidad y las gestiones las coordina CONTIERRA,
entidad que se encarga de dar seguimiento a los acuerdos de la mesa y a la
negociación del área en conflicto. Se dispuso negociar por las cinco caballerías
en disputa. Luego de avanzar en el diálogo, se planteó una nueva dificultad:
Aguilar Sarg no quería vender una parte de la finca (que tiene un manantial de
agua que utiliza la comunidad y que es el área que solicita que se desaloje).
Este punto de discordia, se trató en otra reunión realizada en CONTIERRA, el
20 de mayo del 2005. Estuvieron presentes el señor Aguilar Sarg, la Junta
Directiva de la Comunidad y Defensa Legal Indígena. En esta reunión, el
finquero muestra una postura firme: no está de acuerdo en negociar sobre las
20-25 manzanas de bosque y el manantial de agua que es útil a la comunidad.
Se realiza una segunda reunión en CONTIERRA el 11 de julio del 2005, donde
se trató de negociar con el finquero nuevamente. Participaron la Junta Directiva
de la Comunidad, el ingeniero Mario Flores de CONTIERRA, Fausto Aguilar
Sarg y Defensa Legal Indígena. No obstante, Aguilar no cambia de opinión y
aclara que no entrará en negociación ni por el manantial ni por la parte de la
finca. La comunidad tendrá que desalojar la zona. Como consecuencia, se
solicitó tiempo para reunir a la comunidad y consultar si existía otro medio para
seguir negociando.
Se llegó a la conclusión de que se realizaría una asamblea en la comunidad de
Jumaytepeque, donde estaría presente el ingeniero Flores de CONTIERRA. En
esta reunión la comunidad decidió que no podía desalojar, ya que en esta área se
encontraban sus cultivos y la fuente de agua en la que sustentan su subsistencia.
Por esta razón, se pide a CONTIERRA que se encargue de hacer una remedición
de las cinco caballerías en disputa. Para el efecto, se conformó una comisión que
fue coordinada por CONTIERRA y los representantes de la Unidad Técnica
Jurídica (catastro nacional) con el acompañamiento y observación de los
miembros de la mesa.
MEDIDAS ADOPTADAS EN LA NEGOCIACIÓN
La propuesta de negociación del caso de litigio de la Comunidad agrícola xinca
de Jumaytepeque, contempló los siguientes puntos:
Legitimidad: Durante el proceso se realizaron consultas comunitarias que
avalan la negociación de la tierra en conflicto
Compromiso político estatal: Se estableció que el Estado se comprometiera
formalmente a solucionar el caso, sin dejar secuelas que en el futuro ocasionaran
enfrentamientos o problemas entre las partes.
Posesión de la propiedad: Se solicitó que la negociación fuera clara y
transparente, que se respetaran los derechos ancestrales e históricos que los
comuneros indígenas tienen sobre las tierras sin olvidar su forma de administrar
las mismas, el derecho consuetudinario, sus costumbres y sus formas de
organización.
Tierra y territorio indígena: Se pidió que no se desmembrara el título ancestral
que les acreditaba como dueños verdaderos de la finca, ya que es un territorio
103
autónomo y las comunidades gozan de protección según el Convenio 169 de la
OIT ratificado por el Estado de Guatemala.
Certeza jurídica: Se pidió al Estado de Guatemala que enmiende los errores
registrales que existen en los asientos del Registro General de la Propiedad.
Nuevos informes: Se solicitó la realización de nuevos estudios de CONTIERRA
para establecer el área a resarcir, para que a partir de los resultados el señor
Fausto Fernando de Jesús Aguilar Sarg traspase inmediatamente las escrituras a
favor de la comunidad indígena xinca de Jumaytepeque, y que a través de
instituciones gubernamentales dedicadas al catastro se le dé un tratamiento a las
tierras en conflicto para definir linderos y mojones que establezcan con claridad
los límites de las tierras comunales de Jumaytepeque.
Valuador propuesto por la mesa de negociación: Los comuneros, por el derecho
posesorio e histórico y el derecho que los títulos reales les confieren, han hecho
mejoras a las tierras en conflicto, por lo que se propone que estas mejoras no
sean tomadas en cuenta dentro de la negociación de compra del Estado a Fausto
Aguilar Sarg.
Litigio de siete años, costos procesales, asesoría y comuneros: Se pide una
indemnización para la Comunidad agrícola xinca de Jumaytepeque por los
daños y prejuicios causados por el mismo Estado de Guatemala, mediante la
aprobación de un proyecto de carretera asfaltada de ocho kilómetros hasta la
cabecera municipal de Nueva Santa Rosa. El proyecto traerá el desarrollo a esta
comunidad que tiene un potencial netamente agrícola, especialmente en la
producción del café. La solicitud ha sido planteada en años anteriores, sin
obtener respuesta durante los gobiernos pasados.
Inclusión de actores de gobierno, sociedad civil y organizaciones indígenas: Se
solicita que sean tomadas en cuenta todas las instituciones gubernamentales,
organizaciones civiles e indígenas que desean participar en la mesa de
negociación, siempre y cuando su objetivo sea acompañar y aportar a la solución
del problema.
CONCLUYE EL CONFLICTO DE TIERRAS EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE JUMAYTEPEQUE
Después de largas décadas de conflicto legal por la posesión de una porción de
terreno de la finca El Jute, jurisdicción de la aldea Jumaytepeque, municipio de
Nueva Santa Rosa, 130 familias fueron beneficiadas con la entrega del título de
propiedad colectiva, respetando el ordenamiento jurídico que por siglos ha
regido en la comunidad. De 1997 a 2004, existió un proceso legal en los
tribunales de justicia, donde los protagonistas fueron los representantes legales
de la comunidad de Jumaytepeque y el supuesto propietario de la finca el Jute, el
señor Fausto de Jesús Aguilar Sarg. En el año 2004, representantes de
CONTIERRA y la Gobernación Departamental ante la mesa de negociación,
asumieron el compromiso de gestionar ante el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación los recursos para la compra de cuatro caballerías y 57
manzanas en disputa. Concluidos los trámites legales y establecidos los acuerdos,
el MAGA procedió a autorizar la compra del terreno. El 15 de junio de 2005, el
Presidente de la República, Óscar Berger, en acto público y acompañado de
representantes de instituciones que conformaron la mesa de diálogo, entregó el
título de propiedad colectiva a los líderes de la comunidad. Santos Latín
Hernández, primer vocal de la Junta Directiva de la comunidad de
Jumaytepeque y actor principal del reclamo y defensa del derecho colectivo,
agradeció esta compra y la entrega del título de propiedad, pues con ello se pone
fin a uno de los problemas sufridos por los comuneros durante varias décadas.
104
CONCLUSIONES E INTERROGANTES
La preocupante situación de la administración de justicia es la eficacia y
eficiencia del servicio que brinda. Es importante que todos los habitantes no sólo
tengan acceso a la justicia sino que ésta sea expedita, transparente y cumplida,
permitiendo un acceso efectivo. En ese sentido, durante el litigio legal la
comunidad desconfió de las autoridades judiciales que llevaron el caso y alegó
que el sistema de justicia no favorecía los derechos de los indígenas pobres
cuando la disputa es con “personas adineradas”.Este caso, además, plantea las
siguientes preguntas:
1) Si la definición de terrenos baldíos contenida en las citadas leyes refiere que
no se pueden titular aquellas que pertenezcan con título legítimo a particulares o
corporaciones, ¿por qué el Estado avaló titulaciones sobre terrenos inscritos y
registrados a favor de comunidades xincas?
2) ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas por los denunciantes para declarar las
tierras como baldías?, ¿fueron presentados los testigos requeridos por la ley?
3) En la actualidad, ¿cuáles son los criterios que los funcionarios tienen que
aplicar a la hora de dar certificaciones para inscribir las tierras denunciadas?
4) ¿Cuáles son las acciones que encaminará el Estado a fin de solventar su
responsabilidad histórica en estos casos?
Éstas son algunas de las irregularidades que se presentan a la hora de realizar el
procedimiento establecido en la normativa vigente, siendo causa de
contradicciones, ya que no toma en cuenta lo establecido en las leyes vigentes,
convenios, acuerdos nacionales e internacionales. Estas irregularidades se hacen
manifiestas a través de: i) titulaciones sobre propiedades plenamente inscritas y
registradas (es decir, se ha propiciado una doble titulación); ii) la usurpación y
despojo de tierras comunales indígenas. Finalmente, lo trascendental de este
caso es que se establecieron mecanismos de reclamo del derecho colectivo de
pueblos indígenas mediante una resolución alternativa de conflictos, a pesar de
los resultados judiciales en contra de la comunidad. Se logró la resolución del
caso pacíficamente y no se trastocó el título ancestral de la comunidad. No se
violentó su forma de organización ni sus normas administrativas de repartición
y control del territorio.
ODILIA CHAVAJAY PÉREZ Maya tz’utujil. Cuenta con una licenciatura en
Relaciones Internacionales en la Universidad
de San Carlos de Guatemala.
Desde 2009 es secretaria ejecutiva de Defensa
Legal Indígena y miembro de la Mesa de
Trabajo de Acceso a la Justicia, Dirección de
Derechos Humanos, Ministerio de Relaciones
Exteriores. Es miembro fundador de Tob’nel
Tinamit (Defensa Legal Indígena, 2003).
Entre 2003–2007 fue defensora regional de Pueblos Indígenas de la Procuraduría
de los Derechos Humanos y representante de la Institución del Procurador de
los Derechos Humanos (IPDH) en reuniones para impulsar la agenda de los
derechos humanos de las mujeres indígenas.
Ha sido coordinadora del equipo de investigación “Poder local desde la
perspectiva maya”, ejecutado por CIRMA y la Municipalidad de Chimaltenango
(2000) y consultora de la Asociación MOLOJ (diseño del proyecto para la Lucha
Contra el Racismo y Discriminación Racial y seguimiento e instalación del
Tribunal de Conciencia contra el Racismo y la Discriminación Racial, 2002)
105
LA EXPERIENCIA DEL PODER LOCAL Y LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN LOS 48 CANTONES DE TOTONICAPÁN
ENTREVISTA CON ROMEO TIU Romeo Tiu es abogado y notario oriundo de Totonicapán. Se ha desempeñado
durante más de diez años como juez y oficial en diferentes municipios del país,
principalmente en los departamentos de Totonicapán, Sololá y Quiché.
Laboró en la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala y como
coordinador de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el
Racismo, entre otras instancias públicas y de la cooperación internacional. Ha
realizado una larga labor de trabajo comunitario, principalmente en
Totonicapán, asesorando a la organización comunitaria en la elaboración de
reglamentos internos e investigaciones sobre la gestión de bosques comunales y
alcaldías indígenas. El acceso y el cumplimiento de la justicia ha sido siempre
la línea principal de su trabajo. La presente entrevista se llevó a cabo el 2 de
junio de 2009 en el Centro Cultural de España en Guatemala.
106
CANEK – Observatorio Cultural (CANEK): ¿En qué medida la centralización
del poder político y de la administración pública afecta a la organización
comunitaria?
Romeo Tiu (RT): Son muy escasas las iniciativas que trabajan con
organizaciones comunitarias, que suelen estar arrinconadas y no son
reconocidas por el centralismo. Normalmente las agencias de cooperación
internacional y los órganos del Estado trabajan con personas y ONG radicadas
en la capital. Estas personas muchas veces han perdido el vínculo con sus
comunidades; de modo que los asuntos que se discuten en Ciudad de Guatemala
son diferentes de los que se discuten en las comunidades, donde hay una
relación real con los problemas que afrontan los indígenas.
CANEK: Sí, el año pasado abrimos una serie de debates en la capital y, aunque
se consiguió la participación de personas originarias de diversos municipios, nos
quedó la sensación de no estar afrontando la realidad. Aun así los resultados
fueron muy interesantes y fueron publicados. En el 2009, iniciamos nuestra
labor desde la perspectiva de los derechos colectivos, pero tratando de
abordarlos desde la interpretación local.
Los derechos colectivos son la base sobre la que se fundamenta el poder local y la
organización comunitaria, pero su ejercicio parece obstaculizado porque la
interpretación de lo colectivo que hace el marco jurídico no coincide con la
interpretación local. En conclusión, si no coinciden las interpretaciones sobre
qué es el sujeto colectivo parece imposible ejercer los derechos que se vinculan al
concepto; en otras palabras: la interpretación es fundamental.
RT: Eso es importante porque a los abogados en Guatemala no se les brinda
formación para interpretar, se les da solamente una base teórica. Yo he tenido el
privilegio de estar 17 años dentro de los tribunales y eso ha facilitado que, en vez
de volverme mecánico, sea interpretativo. Lo que me preguntas va más allá de
quedarnos en afirmar que existen los derechos colectivos. Es excelente que se
hayan plasmado en instrumentos nacionales e internacionales, pero ¿cómo hacer
para que esos derechos se puedan ejercer?
Si tomamos, por ejemplo, un derecho colectivo clásico, el derecho a la tierra,
seguro que encontramos muy pocos abogados que se animen a defenderlo, a
discutirlo, por los parámetros existentes en la legislación nacional. Si nos
atenemos a la jurisprudencia existente, menos todavía.
A partir de este planteamiento de territorio podemos hablar de otro derecho
colectivo: el idioma. Existe, en muchos casos, una conjugación territorial e
idiomática, pero esta unión, esta identificación entre territorio e idioma, escapa
bastante, creo yo, de la interpretación que se hace en las leyes del país. En
Guatemala, cuando se habla de derechos colectivos, normalmente se hace
referencia únicamente a los derechos culturales, quedando desligados y ocultos
los derechos sociales, políticos y económicos, en este orden. Pero si los
interpretamos de forma conjugada y articulada se nos abre otro espacio en el que
aparecen temas como el autogobierno, la libre determinación de los pueblos y la
gestión de los recursos naturales. A partir de aquí surgen debates de
interpretación muy fuertes, especialmente complejos porque la legislación en
algunos casos se contradice. En la universidad te dicen que la ley es de una
manera, pero después uno ve que las convenciones internacionales dictan otras
reglas. En definitiva, hay que hacer un largo trabajo para la comprensión de
estos derechos.
CANEK: La estructura jurídica de un país está sumamente relacionada con su
estructura política y económica, tal como vemos en el caso de Guatemala.
Debido al proceso histórico de su constitución, el Estado está capacitado para
reconocer los derechos colectivos pero no para hacerlos operativos, como
107
consecuencia, sobre todo, del centralismo administrativo y político. Por eso, la
experiencia de Totonicapán nos parece muy relevante, por su formulación de un
autogobierno desde las experiencias locales. En este sentido ¿nos puede explicar
el origen de los 48 cantones de Totonicapán y el tipo de gestión que realizan
paralelamente a las estructuras oficiales como la municipalidad, los COCODES y
el COMUDE?
RT: Un análisis de la investigación que se hizo de los 48 cantones indica que
muchos de los elementos que todavía sostiene esta asociación son prehispánicos.
Aunque tras la conquista hubo una mezcla entre autoridades indígenas y
autoridades del Estado, especialmente municipales, como corregidores,
gobernadores y alcaldes, en la actualidad hay una separación entre el alcalde
ladino y alcalde indígena. En la alcaldía de Xela4 sólo quedó la figura del
corregidor cuarto, que es al que llamaban alcalde indígena y que generalmente
estaba en un lugar separado de la alcaldía municipal. Sin embargo, esta misma
figura ha sido la que ha sostenido, en cierta medida, la presencia de las
autoridades indígenas.
Su presencia se consolidó durante el periodo autoritario que vivió el país con
Justo Rufino Barrios, quien promovió la usurpación de tierras comunales para
su cesión a particulares. Ante eso, la gente trató de preservar sus tierras bajo la
figura de la autoridad comunitaria. Ésa es la razón por la que las alcaldías
indígenas han estado muy relacionadas, precisamente, con las tierras comunales.
Además, la posición de esa autoridad como defensora y gestora de las tierras
comunitarias fue lo que permitió su actual solidez y fortaleza.
La asociación de los 48 cantones gira alrededor de tres elementos esenciales:
consolidar la autoridad comunitaria propia de la organización local para la
gestión del bosque comunal, el agua y la tierra comunitaria productiva. Como
4 Cabecera departamental de Quetzaltenango.
podemos ver los tres aspectos están íntimamente relacionados. En Totonicapán,
además, se ha añadido otro elemento: el de los tributos.
Otro punto que me parece muy interesante: antes, los alcaldes comunales de
Totonicapán no tenían la fuerza que tienen ahora, porque no había
organizaciones ni personas locales que les respaldaran. De ahí surge el trabajo
para apoyarlos en la sistematización de su experiencia. La intención era
visualizar su capacidad organizativa y su autoridad. Esto es importante porque a
partir de ese momento hay una creciente apropiación y concienciación por parte
de la comunidad. Todo eso sucedió hace aproximadamente 12 años, y sigue
creciendo.
CANEK: ¿Surgió, entonces, en el marco de los Acuerdos de Paz?
RT: No exactamente, fue más bien una iniciativa interna, como un despertar.
Ante la situación local, aunque circunscrita en los cambios que estaba viviendo
el país, nos dijimos veámos dónde estamos, veámos si realmente podemos erigir
nuestra forma propia de gobierno.
A partir de esa reflexión surgieron las que hoy son las fortalezas de la institución.
Por ejemplo, aunque ahora parezca inverosímil se abandonó la idea de que este
cargo es un castigo. Una de las creencias, extendidas durante el tiempo de la
guerra, pero presente incluso durante la Colonia, era que el cargo comunitario
era un castigo. Una vez desechada esa creencia, la elección de las autoridades es
realmente fenomenal. En noviembre siempre hay una elección de la junta
directiva de los 48 cantones y se juntan más de mil personas entre autoridades e
invitados. Eso quiere decir que previamente las comunidades se han reunido
para escoger a las autoridades que los van a representar. Hoy este trabajo se
valora de forma muy positiva.
108
CANEK: A eso hay que añadir que las estructuras oficiales comienzan a tomar
conciencia de la existencia de una fuerza en Totonicapán. Por ejemplo, en
algunos documentos del Congreso de la República se hace saber de forma
expresa a los diputados que en cualquier tema relacionado con el manejo del
agua y de la tierra se tiene que consultar a los miembros de los 48 cantones.
RT: Ése es un buen parámetro para ver que realmente se tiene la fuerza para ser
consultado. Y aquí viene una discrepancia entre el discurso, bastante superficial,
que hacen algunos líderes indígenas que hablan sobre el derecho de consulta y lo
que realmente es la práctica específica de los 48 cantones, que hacen un trabajo
permanente, constante y que va más allá de denunciar que no se están haciendo
las consultas populares.
Creo, además, que la administración debe de pasar a otro ámbito de discusión, a
otro nivel, y no quedarse únicamente en los recursos naturales, sino pasar a lo
que rodea su manejo. Por ejemplo, el agua no puede llegar simplemente gratis a
las casas. La mayor parte de la gente centra su atención en este asunto, cuando la
discusión debería ser otra. Debe haber una forma propia de administración
tributaria y de legislación en aspectos que atañen a nuestra comunidad. En
Totonicapán es fácil enfermarse por consumir agua contaminada y, con toda
seguridad, gastamos muchísimo más en curarnos que en buscar la manera de
tratar el agua desde un principio. Si no hay una ley de aguas que regule
claramente eso en Guatemala, especialmente en Totonicapán, vamos a seguir
con casos muy fuertes de enfermedades intestinales graves, entre otras
consecuencias. Por eso se necesitan recursos propios y una legislación
apropiada.
CANEK: Una de las características que define a una comunidad en el ejercicio
de su colectividad consiste en contar con medios propios de tributación, ya sean
o no oficiales; es decir, es preciso que exista una contribución por parte de la
comunidad para que su estructura se mantenga y para que pueda regular
aspectos como los que menciona. En el caso de los 48 cantones, ¿existen
mecanismos de tributación propios?
RT: Sí, existen, pero me parece que tampoco son los adecuados para la realidad
social, económica y jurídica de Totonicapán. Lo que no está valorado es el
trabajo que realiza cada persona. Un día estaba platicando con ellos, y me
dijeron que el Estado había destinado un millón y medio de quetzales para un
proyecto y ellos decían que habían puesto noventa mil. Entonces les hice el
cálculo de cuánto costaba el jornal de cada uno de ellos y se dieron cuenta de
que, en realidad, habían aportado más que el gobierno. Entonces, mi reclamo
fue: “¿Por qué hacen toda esta fiesta para ellos cuando la deberían hacer para
ustedes mismos?”.
CANEK: El trabajo comunitario no se cobra. Es voluntario.
RT: Y no se valora precisamente por eso. Es como el caso de las amas de casa.
Todo esto es resultado de una visión muy centralizada del ingreso de los tributos
y de su función. Vemos comunidades, por ejemplo, que sólo tienen una escuela
para niños mientras que en la capital, en una sola cuadra, puede haber hasta dos
o tres. Ésa es una desigualdad bastante marcada, pero cuya solución mediante
sistemas propios de tributación no es una preocupación en las comunidades…
Educación sí, claro, pero ¿cómo?
CANEK: La negociación entre las formas propias de gobierno y las estructuras
oficiales del Estado es determinante, sobre todo en lo referente a las nacidas a
partir de la aprobación de las leyes de descentralización, pero han sido criticadas
como organizaciones que fiscalizan y neutralizan la organización local.
109
RT: Claro, ése es otro ejemplo de la falta de cohesión entre el discurso de la
gente de la capital y lo que sucede en las comunidades. Esas leyes fueron
perjudiciales para expresiones como los 48 cantones de Totonicapán. Las leyes
crearon otras figuras y la estructura de dentro de las comunidades se fue
debilitando. Los mismos integrantes de la organización local han pedido, para
no perder su fuerza, estar en las nuevas instancias. Dicho de otro modo, se
crearon figuras oficiales paralelas que deslegitimaron a las locales y dejaron fuera
todo el trabajo organizativo que se había hecho. Se rompió, también, con el
planteamiento integral de los 48 cantones. Hay, por ejemplo, comités específicos
para la introducción de agua potable, otros para hacer caminos, otros para hacer
que sean evaluados por la propia comunidad. El COCODE5 significó otra
organización que rompió con lo local, rompió con los esquemas existentes, que
no me atrevo a decir si son tradicionales pero desde luego son expresiones
propias de los pueblos indígenas.
La Ley de Consejos de Desarrollo designa presupuestos para el Consejo
Nacional, para el Consejo Regional, para el Departamental. El alcalde puede
decidir sobre el presupuesto municipal, pero los COCODES, aunque pueden
presentar propuestas de desarrollo comunitario, no tienen competencias sobre
su financiamiento. Es un problema serio, porque al Consejo Comunitario se le
obliga a inscribirse ante el sistema de tributación y ellos no son ejecutores como
tales de los fondos sino facilitadores; y aquí hay una confusión en cuanto al
manejo de presupuestos, porque ¿cómo manejar fondos si no se los dan?
En definitiva, hay una asimilación de todas estas autoridades indígenas. Lo más
grave es que su presencia en los Consejos Departamentales es, en realidad, muy
débil. Tomemos como ejemplo el caso de Huehuetenango: ahí hay un total de
nueve comunidades lingüísticas; hay nueve representantes indígenas dentro del
Consejo Departamental de Desarrollo, y cuando se reúnen llega, por ejemplo, el
5 Consejo Comunitario de Desarrollo.
Consejo de Salud y su opinión es igual o superior a la de un representante de una
comunidad lingüística completa. Hay un desequilibrio en cuanto al manejo
político de la voz y del voto que se tiene en el Consejo de Desarrollo. Todo esto
viene provocado más por el Reglamento que por la Ley de Descentralización
misma, porque la ley no especifica que esos representantes tengan voz y voto. El
origen de esta grave disfunción nace de la forma en que se comenzó a aplicar la
ley, que no siguió un orden lógico. Empezaron a funcionar los Consejos
Departamentales antes que los Municipales, luego algunos Consejos
Comunitarios y finalmente se integró el Consejo Nacional.
Fue un desorden completo. Se podía haber hecho de esta manera: crear los
Consejos Comunitarios de Desarrollo, que de ellos surgieran los Municipales, y
de los Municipales los Departamentales, y así para arriba. Ésa habría sido la
única forma de que hubiera una representación clara y bien medida. Ése es el
caso de los alcaldes comunales de Totonicapán: la junta directiva no toma
decisiones si no se ha consultado a las comunidades. Y a ellos no les corresponde
decidir sobre cuestiones de gran trascendencia, aunque quisieran hacerlo no se
lo permiten. Se lleva a cabo una reunión cada quince días. En la sesión se planea,
por ejemplo: “Miren, señores, tenemos en el Congreso la presentación de la Ley
de Aguas y queremos que ustedes consulten a su comunidad si están de
acuerdo”. Si la gente dice que no, aunque el alcalde quiera decir que sí, se queda
como no. También es importante trabajar con quienes facilitan la información,
porque pueden esconder o tergiversar algunas cosas.
No sé si todo esto es realmente efectivo en Totonicapán. Los problemas suelen
surgir cuando se tratan aspectos fiscales. Es fundamental decir las cosas como
son y especialmente debe informarse a la gente de cuáles son los beneficios reales
que se tienen en el asunto. Me temo que la información, en el caso de haber
llegado, no haya sido muy clara en algunas situaciones. Por otro lado, las leyes
que se han presentado tampoco se caracterizan por su claridad.
110
CANEK: ¿Es posible que se aúnen otras experiencias similares a la de
Totonicapán para generar un movimiento nacional? ¿Qué peligros afrontan
estas organizaciones?
RT: No creo que hasta ahora se haya logrado hacer un movimiento nacional,
aunque existen reuniones sobre, por ejemplo, ordenamiento de tierras o de
recursos naturales. De todos modos, estos intentos no siempre son congruentes,
así muchas veces estas discusiones se centran en la defensa de los recursos
naturales, pero al mismo tiempo se está permitiendo que avance la
deforestación. Yo creo que eso pasa porque quienes dirigen no se comprometen
con los objetivos que subyacen en las organizaciones. Esto sucede en
Totonicapán: a pesar de existir una organización sobre las tierras comunales se
está perdiendo la parte que queda en Quiché. Entonces, para qué sirve una
organización que no halle elementos de cohesión para poder lograr,
precisamente, una organización mayor.
Veámoslo de otra manera. Muchas de las organizaciones que hay, a las que
podríamos llamar “similares”, tienen muchos vínculos religiosos, especialmente
con la Iglesia Católica, y con las ONG. Totonicapán no escapa a esta dinámica.
Hasta hace pocos años no había ninguna ONG que apoyara a los 48 cantones.
Ahora hay unas 15 detrás de la gestión de esos alcaldes, lo cual no es malo, pero
tiene repercusiones, porque no se está reforzando el sistema organizativo, sino
que, incluso, debido a la presión para captar fondos, se han reformulado sus
reglamentos, han aparecido casos de corrupción y algunos directivos han tenido
problemas judiciales. Estos casos podrían generar el colapso de las
organizaciones, y en el caso de Totonicapán sería un desastre.
CANEK: Entonces, ¿cuál es el impacto de las ONG?
RT: Las ONG no son malas. La cuestión es que se centran casi exclusivamente
en la capacitación, pero no se adaptan todavía, en su lugar y momento, a la
forma organizativa propia del lugar. Las obras y las capacitaciones están muy
bien, pero la gente sigue muriéndose de hambre. Como te comenté, el problema
radica en gran parte en el escaso desarrollo de los derechos sociales, políticos y
económicos. Puede haber gente capacitada, pero sin capacidad para poner en
práctica su conocimiento debido a que no hay acceso a los encajes políticos y
económicos. Hay que hacer un ejercicio mucho más fuerte de acercamiento, de
comprensión de las necesidades de Totonicapán.
No se trata sólo de poner un centro de salud, sino de adaptarlo al lugar con la
gente del lugar y la medicina del lugar. La capacidad de autogestión es
primordial. La escasez de oportunidades para aplicar el conocimiento local
minimiza la estructura organizativa local y desintegra el tejido social que nos
une como comunidad. Con lo que respecta a las ONG también es importante
señalar que es una gran irresponsabilidad abrir la discusión sobre los derechos
para luego abandonar a la comunidad en el proceso de su exigencia, y eso es algo
que sucede demasiado a menudo.
Santiago Bastos
LA (AUSENCIA DE LA) DEMANDA AUTONÓMICA EN GUATEMALA*
ÍNDICE
Introducción
El entorno de la revolución posible (1976-1985)
El avance desde la izquierda
Las propuestas soberanistas indígenas
El momento de la paz y el reclamo de participación (1986-1996)
La autonomía en el surgimiento del movimiento maya
Debate y convergencia sobre autonomía y otros temas
El acuerdo de identidad
* Ponencia para el seminario “Construyendo el Estado multiétnico desde sitios múltiples.
Regímenes de autonomía en América Latina”. Quito, 27 y 28 de noviembre del 2008.
CERLAC-Universidad de York / FLACSO Ecuador / GTZ.
112
El contexto del multiculturalismo cosmético del post-conflicto (1997-2007)
Las comisiones paritarias
La ausencia de la demanda autonómica en la Guatemala multiculturalizada
¿El inicio de una nueva fase?
Las diferentes versiones de la demanda autonómica
La acción política: de la autonomía al reconocimiento
La ausencia de lo local en las demandas autonómicas
Los avatares de la autonomía territorial: entre la nación guatemalteca y el pueblo
maya
Bibliografía
Santiago Bastos Amigo
113
INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de cuestiones relacionadas con la autonomía indígena, los
mayas de Guatemala son un caso extraño. Por un lado, son conocidos por el
importante proceso de movilización política a través del Movimiento Maya, tras
la experiencia del genocidio sufrido en manos del ejército a principios de los
años 80 del siglo XX y por el vigor de las propuestas políticas desarrolladas por
sus “intelectuales”; pero, por otro lado, el tema de la autonomía apenas ha
ocupado lugar en ese desarrollo teórico y político. De hecho, ésta ha sido una
pregunta recurrente en los corrillos y conversaciones con los colegas de otros
países: “¿Por qué en Guatemala no se han desarrollado demandas relacionadas
con la autonomía del tipo mexicano, por ejemplo?”. El tema se intenta responder
relativizando en lo posible esa supuesta ausencia —“no es tan claro, algo hay”—
y haciendo referencia a varios factores, como la proporción de la población
indígena en Guatemala, el desarrollo del proceso de paz, etc.
Voy a aprovechar este espacio para avanzar y poner orden en estas ideas,
intentando aportar a la comprensión del caso guatemalteco en el contexto de las
demandas de autonomía política desarrolladas en las últimas décadas por el
movimiento indígena en América Latina. Para ello, me voy a basar en una
revisión de las principales propuestas políticas hechas sobre el tema indígena
desde los años 70 por diversos actores, buscando referencias explícitas al tema
autonómico y a temas o propuestas relacionadas. Evidentemente, la exposición
va a ser siempre selectiva, pues la cantidad de documentos es mucho más grande
de lo que se puede abarcar en este texto y la riqueza de temas, análisis y
opiniones de los que tratan estos documentos, mucho más amplia de lo que acá
se reseña.
Podemos distinguir tres (o cuatro) momentos en la producción de ideas sobre la
autonomía. Todos coinciden con etapas de la historia política reciente de los
indígenas en Guatemala, cuyo desarrollo incide precisamente en las
formulaciones que encontramos. Sólo en uno de estos tres (o cuatro) momentos
encontramos una ausencia casi total de la demanda autonómica en el debate
político, pero coincide con el periodo —el cambio de siglo— de mayor avance
político. Ésta es la etapa en la que esa demanda está más presente en países como
Bolivia o Ecuador, razón por la cual el caso guatemalteco llama más aún la
atención. De todas maneras, la producción y el debate sobre la autonomía
también muestra vacíos y características que lo diferencian de otros desarrollos
como, por ejemplo, el mexicano. Para mostrar esta especificidad de la forma en
la que se plantea la demanda autonómica en Guatemala, voy a desarrollar el
texto a partir de estos tres (o cuatro) momentos, viendo las condiciones que van
haciendo que se avance y consoliden diferentes formas de (no) entender la
autonomía indígena en Guatemala.
Para acotar un término tan amplio, y a veces ambiguo, podemos hablar de tres
niveles en que se utiliza (o no) este concepto. En primer lugar estaría el derecho
a la acción autónoma de los mismos actores indígenas en la arena política,
elemento reclamado, pero sobre todo actuado. Después estaría la autonomía
local, como el reclamo o reconocimiento de una situación de un poder
históricamente creado o políticamente reclamado a este nivel que ha actuado o
actúa de forma “paralela” al poder estatal. Finalmente estaría la autonomía de
base territorial, como una forma de ejercer el control político en un área del país
relacionada con la cuestión de la nación-nacionalidad y su grado o derecho de
soberanía. En las conclusiones se retomará esta clasificación, que se pondrá en
relación con los conceptos de reconstitución, resistencia, autodeterminación y
reconocimiento propuestos por Araceli Burguete (2008).
114
EL ENTORNO DE LA REVOLUCIÓN POSIBLE (1976-1985)
La segunda mitad de los años 70 conocieron un importante desarrollo político
de los indígenas en Guatemala (Arias, 1985; Cojtí, 1997; Bastos y Camus, 2003,
Hale, 2007, MacLeod, 2008), que llevó de la mano un debate en torno a su papel
en la conformación social del país. Así, se iban consolidando experiencias como
los seminarios indígenas y se maduraban propuestas de participación política
como la que condujo a la redacción, en 1978, de la constitución del Frente
Indígena de Integración Nacional (FIN), abanderado por dos diputados mayas
que actuaban como tales en el Congreso (ver Falla, 1978); ese mismo año
aparece públicamente el Comité de Unidad Campesina (CUC), conformado
sobre todo por indígenas del altiplano (Arias, 1985; Menchú y CUC, 1992).
Al mismo tiempo, en 1970, surgen dos obras que analizan el papel del indígena
en la formación histórica de Guatemala, sobre todo en la época colonial: “La
patria del criollo”, de Martínez Peláez y “Guatemala: una interpretación
histórico-social”, de Guzmán Böckler y Herbert. Ambas colocan a los indígenas
en el centro de la problemática de la construcción social y nacional guatemalteca
(Taracena, 2004; Pinto Soria, 2003). Dada la deriva revolucionaria de la
izquierda en toda Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica durante esta
década, estas obras se constituirán en el centro de un debate ideológico sobre el
papel del indígena en la revolución que está en marcha… Una revolución a la
que el Ejército responderá con el mayor ejercicio de represión y masacres de la
historia reciente de este continente (ODHAG, 1998; CEH, 1999)
EL AVANCE DESDE LA IZQUIERDA En este contexto se da el desarrollo político de dos posturas que avanzan a lo
largo de media década y cristalizan en dos documentos producidos al calor de la
tensión represión-revolución de los años 1982-1984. Hacia 1978 existe cierto
debate en el país sobre la calidad política de los indígenas, pues durante la
campaña electoral de Francisco Villagrán Kramer, candidato a la
vicepresidencia, se habla de las “nacionalidades indígenas en Guatemala” (Falla,
1978: 437).1 Comentando esta declaración, Falla comienza por el esquema de las
nacionalidades de la URSS para plantearse la posibilidad de aplicar tal categoría
a los indígenas guatemaltecos; pero termina desechándola, pues no cree que
tengan desarrollo político propio como para llegar a esta categoría, ya que el
capitalismo les ha insertado en la formación social guatemalteca (1978: 438-440).
Ésta es una idea muy propia del desarrollo que se hará desde la izquierda
guatemalteca (no indígena, habría que señalar) durante estos años, y se
caracteriza por un avance en la conceptualización de lo étnico muy acorde con el
papel que los indígenas estaban tomando en la lucha revolucionaria.2
El enfoque puede parecer evidente pero merece ser destacado: lo indígena se
piensa desde la nación guatemalteca, conformada por indígenas y ladinos, en una
desigualdad inserta en la conformación de clases. Esta versión de lo indígena
como parte de lo guatemalteco aparece en la gama de posturas que va desde los
planteamientos clásicos del PGT y las FAR, donde lo étnico sólo es visto como
una “contradicción secundaria”, hasta las ideas más avanzadas del momento.
Incluso el trabajo de Guzmán Böckler y Herbert (1970) está desarrollado desde
la idea de un país en cuya conformación los indígenas fueron colonizados, pero
para la solución de los problemas no piensan sólo en ellos sino en el conjunto de
1 Este político socialdemócrata fue compañero de fórmula del general Romeo Lucas, que era
el ministro de defensa en el anterior gobierno y por tanto ganó las elecciones. El FIN se alió
con esta fórmula, esperando así logar su legalización, pero la mayoría de sus promotores
habían muerto para finales del cuatrienio (Hale, 2007). 2 La preocupación por lo indígena está presente en la izquierda guatemalteca desde sus inicios
(ver Reyes, 1986; Taracena et al, 2004; Pinto Soria, 2003). Como antecedente necesario para
el viraje de los 70, hay que mencionar el “documento de marzo de 1968”, redactado en La
Habana por Rolando Morán y considerado documento “fundacional” de lo que después
sería el EGP.
115
todo el país (Falla, 1978: 440; Reyes, 1986: 6). El texto “Racismo” de ORPA se
hace desde la idea de una nación que está conformada desde el racismo, con el
que hay que acabar precisamente para lograr la unidad de “un pueblo partido en
dos” (1978: 103). En la proclama de formación de la Unidad Revolucionaria de
Guatemala (URNG) entre las cuatro organizaciones mayoritarias, el tema
indígena parece con estas características: “La Revolución garantizará la igualdad
entre indígenas y ladinos, terminando con la opresión cultural y con la
discriminación” (citado en Reyes, 1986: 12).
El texto que tiene un mayor desarrollo de estas propuestas, y que podemos
considerar como el culmen y más representativo para lo que nos interesa, es
“Los pueblos indígenas y la revolución guatemalteca”, escrito por Mario Payeras
y publicado en la revista Compañero, del EGP, en 1982.3 Díaz Polanco (1997: 7)
comenta cómo en su momento supuso un acto de “heterodoxia audaz” por la
“búsqueda de conexión entre lo étnico y lo nacional”. En él se parte de la idea de
que Guatemala fue un “país multinacional”, pero cuyo desarrollo capitalista
borró las nacionalidades indígenas (Payeras, 1997: 74) al mismo tiempo que las
marginaba del desarrollo y de la nación. Esta “contradicción étnico-nacional” se
resolverá “con la gran unidad indígena-ladino” que dará lugar a “la nueva patria
multinacional” (ibíd: 82-84). El reconocimiento de los indígenas como sujetos
políticos lleva al “derecho a la autonomía política local” como forma de ejercer el
“derecho a la autodeterminación” y a su “participación plena a nivel nacional”
(ibíd: 87-88). Así, pese a la negación de un carácter nacional, Payeras llega a una
propuesta que Díaz Polanco considera “un virtual régimen de autonomías”
3 Mario Payeras es uno de los mas influyentes intelectuales revolucionarios de Guatemala.
Formado en las FAR, fue fundador del EGP a inicios de los 70; rompió con esta
organización en 1984, como consecuencia de las derrotas de 1980-82, pero siguió activo
hasta su muerte a mediados de los 90. Escribió textos diversos a lo largo de su trayectoria,
algunos testimoniales como “Los días de la selva” o “El trueno en la ciudad” y otros de
reflexión política como “Los fusiles de octubre” y “La latitud de la flor y el granizo” (ver
Díaz Polanco, 1997).
(1997: 7).4 Pese a estas avanzadas ideas, o quizá gracias a ellas, el tema de la
autonomía no se desarrolla más a nivel orgánico ni aparece en la proclama
fundacional de la URNG.
LAS PROPUESTAS SOBERANISTAS INDÍGENAS
Al mismo tiempo que se iban dando estos planteamientos, la politización entre
los indígenas va llevando a desarrollos muy variados: desde los más culturalistas
y preocupados por el idioma (Fisher, 1999), hasta los que se vincularon más a las
organizaciones revolucionarias por sus planteamientos campesinos, pasando por
los que buscan integrarse al sistema político vigente para abrirlo “desde dentro”.
Entre ellas, se desarrolla una línea claramente política que se piensa en términos
de “naciones indias”, en la línea que se desarrolla en América del Sur por
pensadores como Fausto Reynaga (ver Bonfill Batalla, 1981), y que se apoya en
textos como la Declaración de Barbados o la experiencia kuna en Panamá (Ukux
Be, 2005: 33). La revista Ixim, que se publica en la segunda mitad de la década
(Bastos y Camus, 2003), es un foro para estas posturas, entre muchas otras.
Según Ukux Be (2005) y MacLeod (2008), a finales de los 70 toma forma una
línea que desarrolla sus escritos desde una perspectiva que combina posturas de
izquierda con lo que ellos llaman “el nacionalismo maya”. No son los únicos que
desarrollan esta idea “nacional” —la misma mención del candidato a
vicepresidente en 1978 y la forma en que se separan de “los indianistas” lo
muestran—, pero lo hacen con una gran potencia intelectual que se plasma, a
principios de los 80, en varios escritos firmados por organizaciones que
responden a nombres como el Movimiento Indio Nacionalista, el Movimiento
4 La ambigüedad entre lo nacional guatemalteco y lo nacional indígena se manifiesta en las
formas de denominar a estos últimos a lo largo del documento: “grupos étnico-nacionales”,
“grupos étnicos-culturales”, “pueblos indígenas”…
116
Revolucionario Indígena o el mítico Movimiento Indio Tojil (Bastos y Camus,
fundamentalismo islámico. Empiezan a oírse alusiones como “balcanización”,
“exYugoslavia”, “Kosovo”, “ayotallahs mayas”, que muestran el recelo ante esta
consolidación de una propuesta que va en contra de los intereses de unos
cuantos y de la idelogía —racista— de la mayoría. No voy a desarrollar más este
punto, pero es necesario tenerlo presente al hablar de los desarrollos de la
política maya en Guatemala.
DEBATE Y CONVERGENCIA SOBRE AUTONOMÍA Y OTROS TEMAS
Así, en el inicio de los 90, “el tema indígena” o “lo maya” toma fuerza en el
debate político en Guatemala de la mano de la contracelebración del V
Centenario en 1992 y de su inclusión en la agenda de la paz. Ambos procesos
crean espacios en que “lo maya” va tomando legitimidad y los mayas van
logrando tener una voz propia. Los indígenas populares se piensan, cada vez
más, como “mayas” y la URNG quiere estar presente en los espacios que los
indígenas han conseguido que se les abran como tales. Como consecuencia, se
crea la Coordinadora Maya Majawil Q’ij y se inicia una fase marcada por la pelea
por esos espacios, pero también de confluencia de discursos.9 De forma similar a
lo que ocurre en toda América Latina, las organizaciones campesinas indígenas
van incluyendo cada vez más planteamientos culturales y políticos que
provienen de la tradición del “nacionalismo maya” que cuestionaban en los 80
(Brett, 2006; Burguete, 2007).10
9 Estas luchas por los espacios políticos encontraron un marco en la Campaña 500 años de
resistencia, en concreto en el II Encuentro de la campaña, desarrollado en Quetzaltenango
en octubre de 1991 (Bastos Camus, 1993; Cojtí, 1997; Warren, 1998; Burguete, 2007) y en el
proceso de paz. A partir de 1992 se vive una extraña paradoja, por la que en el exterior la
URNG es la defensora de lo maya, mientras que en la política nacional se pelean los espacios
con quienes defienden esa opción. Para entender mejor las complicadas relaciones entre los
mayas y los revolucionarios, y los mayas revolucionarios (ver Bastos y Camus en prensa). 10 De hecho, Cojtí (1997) considera que, a partir de 1993, las organizaciones populares ya
pertenecen al Movimiento Maya.
121
El resultado de esta dinámica es que en el proceso de paz, el tema de la
autonomía acaba siendo defendido por todas las organizaciones mayas. Pero no
es algo automático ni producto de una negociación fácil, pues los populares
siguen rechazando la idea y el término mismo de “la autonomía”. El primer
esfuerzo por lograr una postura común de los mayas de cara a estas
negociaciones es la Mesa Maya que entre 1992 y 1993 reúne a las diversas
tendencias como parte de la Coordinadora de Sectores Civiles (Bastos y Camus,
2003; Ukux Be, 2005). El intento de unidad fracasa y finalmente los delegados
del COMG se retiran dejando solos a los populares de Majawil Q’ij en la
redacción del documento final. Reflejando esta ausencia, pero también los
cambios, aparece el reclamo de “autonomía para las organizaciones del poder
local y regional”, “autonomía para planificar, decidir y ejecutar proyectos de
desarrollo” y respeto a las “instituciones propias y autónomas de los pueblos
indígenas para los derechos indígenas (Mesa Maya, 1993: 2, 5, 7).
Un año más tarde, no obstante, los mayas logran que se les tenga en cuenta
como actores diferenciados dentro de la Asamblea de la Sociedad Civil que se
crea durante el proceso de paz. De esa manera, se llega por fin al reconocimiento
de la autonomía de acción tanto tiempo reclamada. Se crea, de este modo, la
Coordinadora del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA), que en los
próximos años recogerá todas las tendencias ideológicas del Movimiento Maya,
incluyendo a la URNG cuando se legalice (Bastos y Camus, 2003). Lo primero
que han de hacer es presentar una propuesta común de contenidos de cara al
Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que el Gobierno y la
URNG van a negociar. En estas condiciones se impone un “acuerdo obligado”
entre las partes, y los populares acaban aceptando que la autonomía entre a
formar parte de las demandas básicas que hacen como mayas. Según Esquit, este
tema fue de los más debatidos “no porque estuvieran en desacuerdo, sino por sus
implicaciones en la negociación (…) la sociedad no indígena y el Estado la
verían como algo radical” (2003: 19). Bastos y Camus (1995: 63) también lo
afirman, acompañado del siguiente razonamiento de un actor:
“(…) estamos conscientes de que la autonomía es necesaria, pero conocemos
la sociedad… Planteábamos los elementos de la autonomía, pero no decir la
palabra, que da miedo (…). Al fin avalamos que se quedara autonomía, pero
era por cuestión de forma, de estrategia”.
Y así se refleja en el documento de consenso que se presenta en mayo de 1994.
Entre los “derechos políticos” se reclama “reconocer la autonomía política del
Pueblo Maya” y “el derecho a decidir nuestro destino como Pueblo”, todo lo cual
se concretaría en “una autonomía de tipo territorial delimitada por criterios
históricos y lingüísticos” (COPMAGUA, 1994: 9). No está tan desarrollado
como en el Rujunamil, pero aparecen los elementos básicos del derecho de
autodeterminación y su operacionalización de una forma territorial. Se cierra,
así, otro ciclo, el que comenzó en los 80, cuando los grupos revolucionarios
cerraron la puerta a toda discusión sobre una posible autonomía maya. Ahora
todas las opciones de los mayas organizados asumen la defensa de la autonomía
como principio de acción política y como forma deseada de relación política del
Pueblo Maya —desde el que parten sus ideas— con el Estado guatemalteco. Los
que antes no la aceptaban ahora imponen prudencia, y el resultado es que el
consenso general se logra sobre la base más posibilista, pero que se acepte la
formulación desde el Pueblo Maya.11
En estos años también va tomando forma otra característica de los
planteamientos mayas sobre la autonomía: es un concepto que se vincula sólo a
la categoría de pueblo —normalmente el Pueblo Maya, a veces el Pueblo K’iche’
o el Pueblo Q’anjobal— como categoría de referencia; pero no se desarrolla
apenas nada alrededor de la base municipal. Esto es un reflejo de la desconexión
doctrinaria y organizativa de la política maya con lo local, de la que sólo se
escapa el Comité Cívico Xel-jú en Quetzaltenango (Cajas, 1998).
11 En general, en toda la negociación que siguió a la firma de la paz, los cuadros de la URNG
manejaron posturas mucho más posibilistas y negociadoras que los que venían de la
sociedad civil.
122
EL ACUERDO DE IDENTIDAD
Paradójicamente, este momento de máximo consenso y desarrollo entre los
mayas organizados es el preludio del momento en que pierden el monopolio
sobre su destino y con ello parte de la capacidad de decidir sobre su futuro. El
éxito de lograr el reconocimiento como actores políticos se revela parcial, pues
no son ellos finalmente quienes van a firmar el acuerdo que les afecta. En primer
lugar, la propuesta de derechos indígenas presentada por COPMAGUA es
discutida en la Asamblea de Sectores Civiles (ASC), donde reaparecen viejos
temores y mecanismos de dominación étnica. Solares, presente en las
discusiones, comentaba en su momento cómo el debate de este acuerdo:
“Ha puesto al desnudo las fuertes discrepancias que se dan en torno a
determinados aspectos de las relaciones interétnicas en Guatemala (...)
Cuando se trata de ciertas reivindicaciones culturales, la aceptación o la
indiferencia es la respuesta (...) pero la discusión de los problemas derivados
de las relaciones de desigualdad (...) se convierte en una discusión emotiva
que apela a argumentos de alta sensibilidad (…) Entre los puntos escabrosos
cabe mencionar el relativo a la tierra y territorios, así como lo relacionado
de una u otra forma a la autodeterminación o la autonomía” (1994: 10-11).
El resultado más evidente es que el documento de la ASC retorna a una visión
desde Guatemala, y se da en tal grado que prácticamente anula la posibilidad de
una opción de autonomía ni siquiera entendida dentro de este cuerpo político,
como había propuesto COPMAGUA. El término explícito desaparece y, muy a
tono con el Convenio 169 de la OIT, se habla del derecho a “la posesión, uso y
administración de los territorio habitados por las comunidades lingüísticas
mayas” a través de una “profunda descentralización, desconcentración y revisión
de la regionalización del Estado”, con el derecho a participar en unas “instancias
locales, regionales y nacionales de decisión” que no se aclaran (citado en Bastos y
Camus, 1995: 69).
Con este antecedente, no es de extrañar que en el Acuerdo de Identidad y
Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), que finalmente firman el Gobierno
y la URNG en México el 30 de abril de 1995, tampoco haya apenas referencia
explícita a la autonomía territorial o política como reclamaban los mayas
organizados. Los redactores afirman que se usó el Convenio 169 de la OIT como
base de este Acuerdo (Bastos, en prensa). Así se puede ver en la concepción de
los Pueblos Indígenas como sujetos políticos y en el reconocimiento de la
diversidad intrínseca de la nación guatemalteca, pero no en las formas políticas
de llevarlo a cabo, como la obligación de consulta o el derecho sobre territorio y
recursos naturales. Lo que es evidente es que, como han reclamado
continuamente los mayas organizados, ni la URNG ni el Gobierno ven el
problema como mayas, por lo que la visión es claramente desde la idea de la
Nación guatemalteca, que se define como “de unidad nacional, multiétnica,
pluricultural y multilingüe” (MINUGUA, 1995: 13).
En el texto del AIDPI no aparece el término “autonomía”, pero sí menciones de
algunas cuestiones que se podrían considerar como mecanismos para poner en
marcha algunas facetas de una relación basada en ella. Por un lado, sí queda
bastante definida la autonomía de acción política y la necesidad de participación
de actores indígenas en la toma de decisiones. La mayor expresión es la
propuesta de una serie de comisiones “paritarias” y “específicas” en que los
representantes de las organizaciones mayas se sentarán a negociar con los
delegados gubernamentales las reformas legales en campos como la reforma
educativa, la oficialización de los idiomas indígenas, los lugares sagrados, la
participación “a todos los niveles” y las tierras comunales.
Pero a nivel territorial, en cambio, la cuestión es más ambigua. Por un lado, sólo
se hace mención a una “regionalización, descentralización, desconcentración, en
la administración de servicios educativos, de salud y de cultura”, basada en
criterios “económicos, sociales, culturales lingüísticos y ambientales” (1995: 14);
123
por otro, se menciona la necesidad de “institucionalizar la representación de los
Pueblos indígenas en los niveles local regional y nacional” (ibíd: 15).
En cambio, se desarrollan bastante —en comparación— los contenidos de lo que
podrían ser mecanismos para una “autonomía local y regional” a través del
reconocimiento de las “autoridades tradicionales”, la propuesta de reformas al
Código Municipal para el respeto del derecho consuetudinario y la propuesta de
“formas para la asociación de comunidades en la defensa de sus intereses” (ibíd),
que podrían ser una invitación para construir desde abajo esa autonomía. Parece
como si, desde la izquierda revolucionaria, se hubiera retomado aquella idea de
la autonomías locales y regionales que aparecía en los primeros documentos y se
hubieran puesto algunas bases para llegar a ello. Pero lo que está claro es que el
sujeto de la participación indígena no es “el pueblo” en el sentido que le dan los
mayanistas —y por eso no se reconoce territorialmente—, sino quizá “la
comunidad” entendida en su forma clásica y localmente definida. Esta
insistencia puede ser otra razón para que los mayanistas se alejen de la idea de
este espacio como locus de autonomía.
EL CONTEXTO DEL MULTICULTURALISMO COSMÉTICO DEL POST-CONFLICTO (1997-2007)
El AIDPI y la firma de la Paz Firme y Duradera suponen el inicio de una nueva
etapa en la política guatemalteca en la que cambian muchas menos cosas de las
que se esperaba; no obstante, para los mayas organizados se abre una nueva
época con la posibilidad de intervenir en la formulación de las políticas públicas.
Se iniciará con la puesta en marcha de las Comisiones Paritarias, en que se
centrará prácticamente toda la acción política entre 1997 y 2000 (Bastos y
Camus, 2003); y se continuará con la presencia de prominentes figuras mayas en
puestos de responsabilidad en los siguientes gobiernos y la apertura de espacios
específicos en el Estado y la cooperación internacional (Esquit, 2003; Bastos y
Brett, en prensa). Esta atención en el presente hace que, sin embargo, se olvide el
futuro: a efectos prácticos se da por terminada la producción conceptual sobre
política maya. Ésta es la etapa en que “la autonomía” casi desaparece del mapa
político y discursivo de los mayas organizados.
LAS COMISIONES PARITARIAS
En los primeros años después de la firma de la paz, las energías de
revolucionarios y de mayanistas se vuelcan en sacar adelante el trabajo en las
comisiones paritarias y específicas. Es la “época de oro” de la movilización maya,
cuando todos trabajan juntos en la Coordinación de Organizaciones del Pueblo
Maya de Guatemala, con financiamiento y atención internacional y con
reconocimiento del Gobierno. Pero la fórmula tiene sus límites, tanto por la
escasa voluntad gubernamental de sacar adelante verdaderas reformas, como por
las dificultades que conlleva esa ansiada “unidad maya”. COPMAGUA
desaparece en 2001, después del fracaso de la Consulta Popular y del triunfo del
FRG en 1999 (ver Bastos y Camus, 2003).
La mencionada falta de voluntad gubernamental hace que, año tras año, el
AIDPI aparezca como un acuerdo en el que apenas hay avances, lo que va
llevando a un cambio en la acción y la presión política. Si el acuerdo era, al
principio, “una buena base para ir más allá”, ahora se queda en “aquello que hay
que lograr que se cumpla”, con lo que las metas por las que se pelean
disminuyen de forma considerable.
Por ello no ha de extrañar que en estas negociaciones no se avance en el
desarrollo de la regionalización administrativa de las áreas propuestas —que
124
siguen igual que siempre—, ni en la autonomía local.12 Después de mucho
trabajo, ya en 2003, la Comisión de Participación a Todos los Niveles anunció la
propuesta de unas reformas al Código Municipal y la Ley de Descentralización
que, además de mencionar que Guatemala es un país multilingüe, reconocían a
los alcaldes auxiliares como “alcaldes comunitarios” y aseguraban la presencia de
representantes de los pueblos indígenas en los Consejos de desarrollo
comunitarios, municipales y departamentales; sin embargo, no se avanzó en el
campo del derecho indígena ni en el reconocimiento de autoridades, ni mucho
menos en las propuestas de “asociación de comunidades” que aparecían en el
AIDPI.
La derrota de la Consulta Popular que debería oficializar las reformas
constitucionales que se desprendían de los Acuerdos de Paz es una muestra de
que la sociedad guatemalteca no había hecho suyos los acuerdos (Azpuru, 1999).
Mucha de la campaña en su contra se basó en levantar el miedo ante las posibles
consecuencias del reconocimiento de los derechos indígenas. En artículos de
prensa y debates públicos, un sector volvió a sacar el fantasma de la división y el
separatismo indígena e incluso de “la vuelta a la tortilla” (ver Warren, 2003).
Quizá por ello, nos atrevemos a conjeturar, los gobiernos que vienen después y
ponen en marcha la “normalización post-paz” (Bastos, 2007a) no se arriesgan
mucho en su política étnica. No es algo que les interese más allá de obtener el
visto bueno y el apoyo económico de la cooperación internacional y de una serie
de embajadas.
12 La COMG realizó un estudio con una propuesta de regionalización por criterios lingüísticos,
pero no se llegó más allá.
LA AUSENCIA DE LA DEMANDA AUTONÓMICA EN LA GUATEMALA MULTICULTURALIZADA
Una vez agotado el primer impulso de la paz, a partir del año 2000, se pone en
marcha un “multiculturalismo cosmético” (Bastos y Camus, 2003), basado en el
uso del discurso de la diversidad y la instalación de dependencias y programas
sobre “pueblos indígenas” que son gestionados por mayas; pero no se cuestionan
las bases del poder oligárquico ni el modelo de inserción económica que refuerza
la desigualdad.
Lo “maya” queda apenas reducido a su dimensión cultural, que es el campo en
que se ponen en marcha las políticas de reconocimiento. En esta situación, la
plana mayor de los mayas organizados que habían estado presentes en las
negociaciones previas optan por entrar a esos nuevos espacios para alcanzar al
menos uno de sus objetivos: estar presentes en la toma de decisiones que les
afectan (ver Bastos y Brett en prensa).13 Así, el listón de “lo deseable” vuelve a
bajar: ya no se trata sólo de reclamar las cosas que sería posible negociar, sino de
dar cuerpo y sacar adelante las responsabilidades de cada uno de los (pequeños)
espacios que se gestionan.
En este contexto, en esta década, la producción de pensamiento maya va
cambiando. Existe un gran desarrollo de lo que implica “ser maya” desde lo
cultural, y sobre todo de los valores y la cosmovisión (Bastos, 2007). Es parte y
consecuencia del desarrollo de un “soberanismo” indígena que se va
profundizando en todo el continente y se basa en la idea de la otredad intrínseca
de los “pueblos indígenas” respecto a la civilización occidental, y que se expresa
en ese núcleo cultural que es la cosmovisión (y a veces la espiritualidad). A
cambio, se reduce bastante la producción de pensamiento político en el sentido
13 Éste es el contexto político en que Hale (2002, 2004, 2007) desarrolla sus ideas del
“multiculturalismo neoliberal” y del “indio permitido”.
125
de plantear y argumentar fórmulas de manejo del poder que se deriven de esas
bases soberanas, como la autodeterminación, por ejemplo.14
Por todas estas razones, en esta última década la cuestión autonómica desparece
del debate sobre la etnicidad y la política étnica. Cojtí señala que dentro del
Movimiento Maya existen “autonomistas relativos”, que buscan “cambios en el
reordenamiento étnico permaneciendo en el seno del Estado”, y “autonomistas
absolutos o independentistas”, para quienes “el desarrollo como Pueblo sólo
puede darse a través de la separación o desmembramiento del Estado colonial
que los subordina” (1997: 41). Con ello reconoce que la generalización del
término autonomía supuso la aceptación de la necesidad de cambios en el
“ordenamiento étnico”, pues se mantienen las diferentes formas de entender la
relación entre el Pueblo Maya y Guatemala. Lo que es importante en
comparación con el inicio de la década es que “en la actualidad, por razones de
factibilidad, la tendencia independentista casi no se ha desarrollado”, mientras
que el AIDPI ha hecho que “la tendencia del autonomismo relativo tenga más
desarrollo”, pues consagra el enfoque del “poder compartido” (ibíd).
Así, no es que no se escriba sobre autonomía, es que no está incluida en el debate
como antes; y las menciones son más hacia el “relativismo” que hacia el
“independentismo”. Las demandas se centran en poner en marcha la
regionalización que se presentaba en el AIDPI y que tampoco se acaba de
desarrollar. Un ejemplo es el seminario nacional organizado para presentar
diferentes iniciativas de las “regiones sociolingüísticas para la descentralización
del currículo” (2001). Otra buena muestra de esta situación es la Agenda Maya
recogida por el Comité por el Decenio del Pueblo Maya después de una consulta
entre diversas organizaciones y activistas. Se dedica, sobre todo, a recoger
propuestas sobre “acciones operativas”. Entre sus “temas sustantivos” (la cursiva
14 La combinación de la actuación a base de “políticas públicas” con la culturización del ser
maya se plasma en la idea de la “pertinencia cultural” de estas políticas como eje de la
actuación étnica del Estado (ver SEPAZ–FONAPAZ–Embajadora de Buena Voluntad,
2005).
es mía) aparece la demanda de que “las políticas de descentralización y
desconcentración del Estado sean en función de las características étnicas,
culturales y lingüísticas de Guatemala” (2002: 17), es decir, casi en los mismos
términos que en el AIDPI. La autonomía aparece en el último apartado del
documento, titulado “Anexo. Contexto histórico”, como “el nivel superior del
proyecto político maya” y “depende de un proceso largo de lucha y compromiso
de las actuales generaciones y las que vienen en el futuro” (ibíd: 26).
En estos momentos aparecen también otras propuestas que muestra la
diversidad de posturas. Así, la Asamblea de Representantes del Pueblo Maya,
promovida por organizaciones que vienen de la izquierda revolucionaria habla
de “un Estado y una nación para todos (…) una nación pluricultural y
multilingüe (…) cuya identidad se ha desarrollado en respeto a la diversidad
cultural” (2003: 6).
Mientras, en 2001 CONIC presenta su Propuesta de Ley de Nacionalidades
Indígenas, empujada en cierto modo por lo que está ocurriendo en Ecuador con
el cambio de milenio. Con ella se pretende abrir un debate que pueda llevar a
cambios constitucionales; sin embargo, la misma falta de respuesta ante una
iniciativa por comenzar un diálogo político muestra el cambio de foco. Lo que
llama la atención en esta propuesta es la recuperación del vocabulario
“independentista”, pues utiliza el término “nacionalidades”, desaparecido en los
años 80. En su capítulo 21, “Derechos de Libertad Política”, el artículo 107
plantea una formulación que se acerca mucho al de la autonomía “relativa” de la
que hablaba Cojtí:
“AUTONOMÍA. El Estado guatemalteco reconoce, respeta y contribuye al
proceso de construcción del Derecho de Autonomía Política e Integral que
tienen las nacionalidades indígenas, tomando en cuenta las fronteras
lingüísticas. Esto implica elección de autoridades miembros de las
nacionalidades indígenas a los cargos públicos en los niveles local, regional
126
y nacional. Tendrán como objetivo gestionar el desarrollo integral de las
nacionalidades indígenas en cooperación con funcionarios del Estado
guatemalteco” (2001: 26).
Sin embargo, esta idea da un paso más hacia el “independentismo” en la
propuesta del artículo 108:
“LIBRE DETERMINACIÓN. El Estado guatemalteco reconoce el derecho
de libre determinación que tienen las nacionalidades indígenas. Por tal
razón puede crear libremente su condición política y desarrollar su política
económica, social, y cultural con libertad, es decir, sin intrusión de otros,
puede disponer libremente de la riqueza existente en el territorio. Ningún
grupo o sector social podrá privar a las nacionalidades indígenas de su
derecho a sus propios medios de subsistencia y autosostenibilidad”.
No hay mucho más que decir al respecto en esta época. El desarrollo político de
estos años llega a hacer dudar de que realmente todos aquellos que dicen
trabajar por el Pueblo Maya lo hagan desde la idea de la autodeterminación
como base y objetivo final de la relación política, como parecía haber sido el
consenso en 1994. Podemos plantear que con el reconocimiento estamos ante la
puesta en marcha de un modelo de gestión de la diferencia que de alguna
manera es una opción a las planteamientos autonomistas: no se trata de poner
en marcha políticas multiculturales —o multiétnicas— en una porción del
territorio nacional, sino de multiculturizar toda la política, y con ello toda la
sociedad. En este caso, eso se hace a base de acotar la participación en la toma de
decisiones y de restringir lo étnico a “lo culturalmente diferente”.
¿EL INICIO DE UNA NUEVA FASE?
La situación descrita se desarrolla a lo largo del cambio de siglo, pero en la
segunda mitad de la década algo empieza a cambiar, quizá para dar lugar a un
nuevo contexto político en el que se desarrolla la temática relacionada con la
autonomía. Algunas organizaciones y personas empiezan a ver las consecuencias
políticas de alejarse de las bases y hacer sólo políticas públicas desde espacios
limitados dentro del Estado.
De este modo, se empiezan a repensar las iniciativas que se están dando a nivel
local, y que muestran que algo se ha movido durante estos años, aunque pasara
desapercibido desde el centro. A partir de 2005 comienza una serie de consultas
contra las concesiones mineras, la mayoría en el extremo occidental del país, en
el área maya (Mérida y Krenmayr, 2008; Castillo; 2008, Camus, en prensa).
Están organizadas sobre todo por integrantes o antiguos integrantes de la URNG
sin apenas contacto con esta dirigencia ni con la maya; y se hacen amparándose
en el Convenio 169 de la OIT. En ellas se habla de la defensa del territorio y los
recursos naturales. Esto supone el inicio de los reclamos sobre los recursos desde
un punto de vista asociado a la soberanía, que es la última generación de la lucha
indígena en América Latina, muy vinculada a la dinámica antineoliberal global.
Al mismo tiempo, se van dando una serie de iniciativas que retoman y
revitalizan —a veces resucitan— a las alcaldías indígenas y otras instancias
locales desde la perspectiva mayanista, pero insertas en las luchas locales. Estas
actuaciones hacen a los actores críticos volver la vista hacia “la comunidad”,
hacia los espacios locales. Por un lado, buscan en estos comportamientos y
valores “comunitarios” la base de “lo maya” y de la actuación política maya (ver
Castillo, 2008 y Ajxup, Hurtado y Rogers, en prensa); por otro, se empiezan a
interpretar estas instituciones históricas en clave de autonomía.
En este contexto, la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia refuerza la
capacidad política de quienes han estado cuestionando el formato de
127
participación restringida en el Estado y pone sobre el tapete el rezago de
Guatemala en cuanto a organización y situación social de los indígenas. En 2007,
Naciones Unidas presenta la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos
Indígenas, con referencias concretas a la autodeterminación. De esta manera,
resurgen las ideas que abogan por una crítica más evidente al modelo neoliberal
y que cuestionan el statu quo político.
La autonomía vuelve a estar en boca de muchos mayas organizados como
panacea para salir de la situación actual. En el norte de Huehuetenango se pone
en marcha el “Parlamento Q’anjobal” (ver Camus y Castillo, en prensa). Cojtí
publica el texto “Elementos para un modelo guatemalteco de Estado
multinacional” en el libro Nuevas perspectivas para la construcción del Estado
multinacional, con el objetivo de “superar algunas de las actuales limitaciones
que tiene la lucha indígena y las políticas del Estado con respecto al tratamiento
de los Pueblos Indígenas” (2007: 92). Al mismo tiempo, se ponen en marcha
unos seminarios sobre federalismo y Waqib Kej se une a una iniciativa de
reflexión sobre la autonomía organizada por Hivos a nivel latinoamericano, y en
la que CONIC pretende rescatar su propuesta de ley.
LAS DIFERENTES VERSIONES DE LA DEMANDA AUTONÓMICA
Tras este repaso centrado en la producción política alrededor del tema de la
autonomía en Guatemala, ya tenemos más elementos para entender la situación
que dio origen a este texto. El mínimo análisis realizado muestra que aún hay
mucho que reseñar y desentrañar, por lo que acá se escribe con un carácter
provisional a fin de fomentar las pesquisas y debates sobre este tema, si es que se
quiere reconstruir estas demandas sobre bases sólidas.15
Para ello, vamos a recuperar los tres niveles de los que se habló al inicio, y que se
han ido rastreando con desigual fortuna en las páginas previas. Una primera
conclusión es que, en Guatemala, cuando los actores indígenas u otros se han
referido a “la autonomía” apenas se han referido a las dos primeras acepciones,
lo han hecho sobre todo —o casi exclusivamente— para referirse a la última, y lo
que se ha avanzado en el tema de la autodeterminación ha sido más de la mano
de la construcción de una propuesta del “ser maya” en el siglo XXI, que de la
forma en que se articularía con el Estado guatemalteco.
LA ACCIÓN POLÍTICA: DE LA AUTONOMÍA AL RECONOCIMIENTO
La primera acepción de la que podemos hablar es la que se refiere a las
demandas y al mismo proceso para lograr una autonomía de acción como
actores políticos por parte de las organizaciones, instituciones y personajes
mayas. Sería parte de un proceso más amplio de lo que Burguete denomina la
reconstitución del sujeto indígena, que se refiere en concreto a los actores
políticos que reclaman y ejercen la agencia como tales indígenas.
Es un derecho que se ejerce con la formación del FIN en 1978 —aunque su
trayectoria no llegue a mucho más— y es lo que reclaman el Movimiento Indio
Tojil, MAYAS y otros grupos a la URNG a inicios de los 80: que ninguno hable
por ellos, pues los mismos mayas tienen y demuestran la capacidad para
articular sus propias demandas, que no tienen por qué coincidir con las de otros
actores.
15 Nos han faltado, entre otras cosas, el escaso debate suscitado en la prensa, con los escasos
pero interesantes aportes de algunos no indígenas que han argumentado en los medios a
favor de la solución autonómica en Guatemala.
128
Esta autonomía de acción política se convierte en uno de los reclamos básicos en
el periodo de la transición (y es ganado a pulso) a partir de la conformación de
organizaciones que se definen como mayas. Se logra con el reconocimiento de
COPMAGUA como “el” interlocutor indígena en 1994; y toma forma con el
trabajo de las Comisiones Paritarias en los años siguientes; aunque en esta fase
siempre se dé una intromisión de la URNG en un espacio que sigue
considerando en buena parte suyo.
Podríamos considerar que el grado máximo de esta autonomía se da cuando,
tras el año 2000, un buen sector de los mayas organizados se ponen al frente de
los espacios estatales que se encargan de los temas mayas. Sin embargo, lo
ocurrido en este periodo más bien muestra los límites de la autonomía cuando
entra en relación con el reconocimiento como política estatal (y como
contraparadigma, según Burguete). Al lograr ser reconocidos como actores
aceptan las reglas del juego y pierden —o se pone en riesgo— una buena parte de
la capacidad de acción autónoma que tenían cuando estaban fuera. En el caso
guatemalteco, el proceso político ligado a la paz lanzó a las organizaciones y a los
actores a ocupar espacios, pero lo hizo a expensas de perder el contacto con las
bases a las que decían representar.16 Con ello, el reconocimiento se logró a costa
de quedarse sin la capacidad de presionar al sistema político para logar los
objetivos del movimiento.
Parece que en los últimos tiempos esta actitud está cambiando y se busca una
mayor autonomía respecto al Estado. No obstante, el logro de esta autonomía —
y de la reconstitución como pueblo— puede ser más complicada de lo que
parece. Al analizar las reacciones de los no indígenas ante las demandas de los
mayas se advierte que muchas veces el recelo no es tanto contra las propuestas,
16 Éste no es un problema sólo de los mayas, sino de buena parte de los “actores civiles” y
organizaciones sociales que participaron en el proceso de paz (Bastos, 2006).
como contra el hecho de que fueran los mismos mayas los que las presentaran
como un reclamo (Bastos, 2007b).
LA AUSENCIA DE LO LOCAL EN LAS DEMANDAS AUTONÓMICAS
Hay un elemento que no aparece en las demandas mayas hasta la fase que parece
estar abriéndose ahora, y es el considerar los comportamientos políticos que se
dan en las comunidades como una forma de autonomía que se ha dado de
hecho. Como en otras partes de América, en las localidades mayas de Guatemala
se fueron creando desde la colonia y la república unas instituciones y unos usos
políticos que han funcionado en paralelo a los estatales (ver Barrios, 1996;
Carmack, 1995; Esquit, 2002). Esas instituciones se mantienen en muchos
lugares con diversa fortuna, pero en general con una gran legitimidad local.17
Pueden verse como una forma histórica de resistencia según la acepción de
Burguete, en la que los indígenas han mantenido a nivel local una autonomía de
hecho frente a las estructuras de poder estatales.18
Desde el Movimiento Maya, sin embargo, apenas se ha interpretado la riqueza
de estas experiencias históricas y locales de gobierno local, paralelo o alternativo,
como formas de autonomía a partir de las cuales se pueda construir lo que ahora
llamaríamos “buen gobierno”. Apenas se han desarrollado los contenidos de
17 Totonicapán es el lugar donde la estructura de gobierno indígena funciona de forma más
compleja y a la vez actualizada, muy ligada al control de los recursos naturales (Reyes, 1998;
Ekern, 2006). Además aún hay Alcaldías Indígenas activas en lugares como Chichicastenango,
San Juan Sacatepéquez o Sololá, y prácticamente en todas las comunidades hay cofradías,
comités, alcaldes auxiliares e incluso los recién formados COCODES, que actúan de acuerdo a
este patrón de gobierno paralelo. 18 La paradoja es que esta autonomía se ha logrado en buena parte porque las instituciones que
la ejercían servían como intermediarias ante estos poderes, por lo que también pueden verse
como las que permitieron la sujeción étnica. Así lo entendieron los jóvenes mayas que en los
años 70 lucharon contra el sistema de cargos en sus comunidades como un paso para su
emancipación como indígenas (ver Britnall, 1979 y Wilson, 1999).
129
base local incluidos en el AIDPI, ni se ha buscado avanzar hacia lo regional
desde la articulación desde abajo. Las lecturas sobre las autoridades
tradicionales, por ejemplo, se han hecho más en clave de los valores mayas que
sustentan su trabajo (ver Oxlajuj Ajpop, 2001; Ajxup et al, en prensa), más
insertas en el proceso de reconstitución como pueblo que en el de autogobierno.
Esta ausencia se debe a varios factores que han actuado conjuntamente. Por un
lado, el desarrollo político de la identidad indígena en este último medido siglo
se ha basado en la idea del “pan-mayismo” como unidad de todos y todas los
mayas (Smith, 1991; Warren, 1998). En buena medida, esto se deriva de la idea
de Pueblo como sujeto de la reconstitución, pero también ha sido una forma de
contrapesar la fortaleza de las identidades locales y la forma comunitaria de
entenderse como indígenas, que se entiende como una construcción colonial. En
apoyo a este recelo hacia lo local como espacio de la política maya encontramos
la insistencia desde el mundo no indígena (la URNG, la ASC, el mismo AIDPI)
de que la “unidad política” de los derechos indígenas sea “la comunidad” local y
nunca el “pueblo” con una territorialidad más amplia.
Por otro lado, como consecuencia del proceso de empoderamiento político y
social de algunos sectores mayas, desde los años 70 y sobre todo en los 90, tras la
represión, muchas de las municipalidades de localidades mayoritariamente
compuestas por mayas están gobernadas por mayas (Adams y Bastos, 2003). Eso
sí, se trata de indígenas que no están insertos en el proceso de reclamar su
autodeterminación ni pensarse siquiera como “mayas” (Bastos, 2007b).19 Esto ha
causado que durante mucho tiempo se haya dado un divorcio entre lo local y ese
nivel de Pueblo al que se aspira, y explicaría la otra cara de por qué las
municipalidades tampoco han aprovechado el recurso de la “asociación desde
19 Por su parte, excepto Quetzaltenango y otros casos aislados, los mayanistas apenas han
competido por el poder municipal. La experiencia de Winaq en la últimas elecciones es la
primera que busca de forma articulada una presencia mayanista en las municipalidades.
abajo” propuesto en el AIDPI: no ha habido visión de “pueblo” desde las
autoridades municipales.20
Como se ha dicho, esta distancia entre la reconstitución como Pueblo y la
resistencia local es una de las brechas que parece estar rompiéndose en la última
época, pues las movilizaciones populares alrededor de la minería y otros
recursos naturales se interpretan como una forma de defender y crear soberanía
indígena frente al Estado y las empresas multinacionales. De la misma forma, en
varios lugares las experiencias de aplicación del derecho indígena entendido
como tal son las que están sirviendo de base para la rearticulación de las
instituciones locales como las alcaldías indígenas.
LOS AVATARES DE LA AUTONOMÍA TERRITORIAL: ENTRE LA NACIÓN GUATEMALTECA Y EL PUEBLO MAYA
Finalmente, podemos decir que en estas últimas décadas, cuando los actores
indígenas u otros se han referido a “la autonomía” lo han hecho sobre todo —o
casi exclusivamente— para referirse a la autonomía de base territorial, a una
forma de ejercer el control político relacionado con la cuestión de la nación-
nacionalidad y su grado/derecho de soberanía.
Por lo que hemos estado viendo en los textos mostrados en este artículo, al
referirse a este asunto, se pueden detectar dos líneas de pensamiento que se
entrecruzan en el tiempo y que parten de dos maneras diferentes de entender la
relación entre lo indígena y el Estado, o de la calidad nacional de lo indígena y lo
estatal en Guatemala. En términos de Araceli Burguete, mostrarían la disputa
entre el paradigma de la autonomía como autodeterminación y el de la
asimilación desde la nación. A pesar de que existe un debate entre estas dos
20 Las mancomunidades que se han construido en las últimas décadas han respondido a otras
voluntades e intereses (Castillo, 2008).
130
posturas, apenas podemos hablar de que haya una discusión conceptual o
política sobre todas estas cuestiones que pretenda profundizar en el por qué de
unas u otras soluciones.
La primera línea, la que aparece nítidamente mostrada en el primer texto de
MAYAS, parte de la idea de un Pueblo o Nación indígena que, en el ejercicio de
su derecho de autodeterminación, reclama un reconocimiento a su soberanía
dentro del Estado guatemalteco, para lo que propone un tipo de asociación con
referente territorial en iguales condiciones con los ladinos. Desde este punto de
vista, la autonomía se entiende como una forma posibilista de esa asociación que
no llega al nivel necesario de igualdad, pero que sí conlleva autogobierno,
supone un paso hacia la equidad étnica (Cojtí, 1994).
La segunda forma de entender la autonomía parte de la idea de una nación
guatemalteca que reconoce una diversidad sociocultural que amerita un tipo de
reconocimiento de autonomía a nivel local o regional en algunas áreas.
Supondría el grado máximo de una descentralización que podría llegar a tener
contenidos de autogobierno. Así, aunque el resultado final puede llegar a ser
similar al de la postura previa, la base conceptual y el punto de arranque son
muy distintos.
Lo que es propio del desarrollo de la idea autonomista en Guatemala, y que en
parte ayuda a explicar la imagen de una falta de desarrollo como demanda
política, es la paradoja de que, conforme la línea ideológica que partía de la
existencia de un Pueblo Maya que sufría una situación colonial en Guatemala —
la primera versión— fue obteniendo cada vez más peso dentro de la
movilización política maya y frente al Estado, se fueron disminuyendo las
demandas relacionadas con el nivel de autogobierno, hasta llegar a las formas de
la segunda opción. Se trata de un proceso en que parece que la pragmática de la
práctica política va dando forma a las aspiraciones, en vez de lo contrario; así, lo
que en un momento es un medio se acaba convirtiendo en un fin. Esto se aprecia
al comparar los documentos más importantes que hemos visto en este artículo:
� Para MAYAS la soberanía es el fin y el federalismo se concibe como medio.
� Para COMG el federalismo es el fin y la autonomía, el medio.
� Para COPMAGUA la autonomía es el fin y la regionalización, el medio.
� En el AIDPI (y el CDPM), la regionalización es el fin y las políticas
sectoriales son el medio.
� El texto de Cojtí (2008) podría representar el final de esta tendencia, pues se
reconoce esta situación y se vuelve a situar el federalismo como finalidad y la
autonomía como el mejor medio para salir de la condición de sujeción
colonial.
Este comportamiento no es casual, y responde a varios procesos que han
actuado simultáneamente, llegando a la situación de asumir que “en Guatemala
no hay demandas autonómicas”. En primer lugar deberíamos hablar de un
conjunto de factores que podríamos denominar “estructurales” y que tienen que
ver con la relación de los mayas con Guatemala: al menos la mitad de la
población, en un país tan pequeño (100 mil km2), es maya; que la mitad del
territorio nacional sea indígena ha motivado que cualquier mención a una
posible autonomía se vea por parte de quienes ejercen el poder como una
amenaza a la existencia misma del país.
Por eso, todo el proceso de lucha maya por sus derechos ha estado acompañado
de la presión continua de ciertos sectores que han usado todas las fuerzas, y no
sólo las discursivas, para oponerse. Podemos interpretar el genocidio de los 80
del siglo XX como una reacción “preventiva” ante el proceso de reconstitución de
los indígenas (Bastos, en prensa); de la misma manera, buena parte de las
131
campañas que se desarrollaron con ocasión de la Consulta Popular de 1999
estaban basadas en un “miedo al indio” que nacía de un posible reconocimiento
de los derechos indígenas —mínimos— propuestos para la Constitución.
En este contexto de racismo presente, el peso poblacional y la presencia
geográfica, han llevado a pensar en la posibilidad y la necesidad de acceder a las
políticas, instituciones y el poder central directamente, sin tener que
comportarse como minorías que necesitan un espacio específico para su
desarrollo político. Esto ha dado más vuelo a las propuestas de participación que
de autonomía, como ocurrió en los gobiernos posteriores al 2000.
Como contraparte a esta concentración territorial y social, la gran variedad de
idiomas, 22, en un territorio tan pequeño dificulta la puesta en marcha de
propuestas concretas de una territorialización que se piensa, sobre todo, en
términos idiomáticos. Para terminar, hace al menos medio siglo comenzó a
darse una dispersión territorial de los indígenas fuera de sus espacios históricos
(Camus, 20002), y que ya llega hasta los Estados Unidos (Dardón, 2007; Camus,
2008), lo que hace más difícil aún la delimitación de los posibles territorios.
Hay otra serie de elementos que provienen del mismo proceso histórico en que
se ha enmarcado la evolución de las demandas mayas, y que ha dado más fuerza
a quienes defendían una inserción —diferenciada pero inserción— en lo estatal,
más que un autogobierno maya. En un primer momento, podemos suponer que
la polarización de posiciones entre la izquierda revolucionaria y las iniciativas
“indianistas” desde los 80 (Bastos y Camus, en prensa) está en la base del
abandono de la idea de autonomía por parte de la URNG una vez que fue
asumida por los segundos en el contexto de la transición.21 Así, se perdió la
oportunidad de un debate sobre los diferentes sentidos que se daba al término.
21 A ello habría que añadir cómo la misma lógica militar fue ganando terreno a finales de los 70
e inicios de los 80 y la producción de pensamiento político en la URNG se resintió.
Como consecuencia, la autonomía quedó asociada a las posiciones que la veían
desde lo maya como el conjunto nacional de referencia, mientras que quienes lo
veían desde lo guatemalteco se quedaron sin este recurso político para plantear
propuestas concretas. Cuando la URNG retoma el tema en el contexto de las
negociaciones de paz, se suma al multiculturalismo triunfante y hace sus
propuestas desde la lógica del reconocimiento y no de la autonomía.
En otro nivel, como consecuencia del genocidio cometido por el Ejército de
Guatemala contra los mayas (CEH, 1999) y su continuación en la militarización
de las comunidades, las organizaciones y activistas mayas no tenían mucha
capacidad de presión cuando se abrió la oportunidad en el proceso de paz, y
tuvieron que privilegiar la negociación por encima de la oposición. Su aliado en
este proceso, la comunidad internacional, favorecía soluciones de tipo
multicultural más que autonómicas. Por eso, los mayanistas fueron rebajando de
contenido sus demandas conforme se fue acercando la posibilidad de la gestión
de ciertas políticas. Cuando se llegó a la negociación directa con el Estado a nivel
central, se pusieron en marcha políticas de base multicultural que en la mayoría
de los casos no han contado con un referente territorial claro que apunte
siquiera a la transformación de la estructura administrativa del país. Por el
contrario, este formato de gestión de la diferencia ha estado basado en la idea del
Pueblo Maya como un colectivo culturalmente definido y diferenciado, dejando
de lado el asunto de la soberanía y la autodeterminación que conlleva el
concepto de Pueblo y desarrollando unas políticas de reconocimiento de esa
especificidad cultural.
Como consecuencia, las políticas multiculturales puestas en marcha por el
Estado han conseguido que el escabroso tema de la territorialidad y de la
diferencia étnica no se desarrolle más allá de la descentralización de ciertos
servicios; mientras que la formas de actuar de los mayas organizados no ha
favorecido la búsqueda de autonomías de hecho a nivel local.
132
Además, este contexto favoreció que, en el proceso de reconstitución de los
mayas como Pueblo, se reforzara la parte de la otredad civilizatoria que está en la
base del ser indígenas, originarios, pre- y no-occidentales frente a la búsqueda de
una autodeterminación de base política. Quizá por ello, en una buena parte del
discurso “hegemónico” entre los mismos mayas, el “ser maya” esté compuesto
por unos valores y una cosmovisión propia, pero apenas aparece mención
alguna a su agenda política, al hecho de que hace 30 años protagonizaron una
rebelión para terminar con las condiciones de miseria y racismo en que vivían
(Bastos, Hernández y Méndez, 2008).
Parece, sin embargo, que hay cosas que están cambiando y están terminando
con la forma de entender la política sólo como búsqueda de reconocimiento por
el Estado. Las iniciativas de unas comunidades que se suman al reclamo cada vez
más importante de una gestión soberana de los recursos naturales contra la
depredación neoliberal, el ejemplo de los avances de los pueblos indígenas en
Sudamérica y los límites del modelo intentado en Guatemala están promoviendo
un cambio hacia formas mas autónomas de actuar como movimiento, más
soberanas de entenderse como Pueblo y más ligadas a las experiencia de
resistencia desarrolladas en la comunidades.
SANTIAGO BASTOS AMIGO
Español de origen, se licenció en Historia
Contemporánea por la Universida
Autónoma de Madrid y tiene un doctorado
en Antropología Social por el Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social (CIESAS).
Entre 1998 y 2008 fue investigador de
FLACSO-Guatemala, donde realizó
investigaciones sobre la realidad étnica del
país desde diferentes ángulos. En la
actualidad es profesor investigador de
CIESAS, en su Unidad Occidente en Guadalajara, México, y continúa
colaborando como investigador asociado de FLACSO y de CIRMA (Guatemala).
Entre sus últimas publicaciones destacan Entre el mecapal y el cielo: desarrollo
del Movimiento Maya en Guatemala, con Manuela Camus; Relaciones étnicas en
Guatemala 1944-2000, con Richard Adams; la colección Mayanización y vida
cotidiana, la ideología multicultural en la sociedad guatemalteca, coordinada con
Aura Cumes; y el volumen El Movimiento Maya en la década después de la paz,
coordinado con Roddy Brett.
Las comunidades emergentes de conocimiento
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PLURAL AL SERVICIO DEL CAMBIO ÍNDICE
La generación de conocimiento plural y su aplicación práctica para la
transformación de la realidad: Las comunidades emergentes de conocimiento
¿Qué son las CEC’s?
La CEC Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al
La creación de un sistema de indicadores para la observación comunitaria de los
derechos colectivos
¿Qué es un sistema de indicadores?
Usos y aplicaciones
Mapa general del sistema de indicadores
La configuración del sistema según la realidad cultural comunitaria
El proceso de búsqueda y recolección de información
Claves para evaluar y mejorar el sistema
La plataforma web de gestión de indicadores para sistematizar, relacionar y
comparar datos y generar gráficas
El sistema de indicadores
Indicadores marco
Indicadores de la cultura simbólica
Indicadores de la cultura material
Indicadores de la cultura social política
134
LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PLURAL Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD:
LAS COMUNIDADES EMERGENTES DE CONOCIMIENTO (CEC’s)
¿QUÉ SON LAS CEC’S?
“La clasificación, a diferencia de la desclasificación, desvela un mundo al precio de ocultar todos los demás. Clasificamos desde una posición cuyas coordenadas han sido predeterminadas por una lógica dominante. (…) La maquinaria de la clasificación ha operado eficazmente, en la Modernidad, como escuadrón de ocupación que sucede al asalto —o a la represión— con espadas y fusiles. Y desde
la irrupción ilustrada, la enseñanza de la clasificación de la realidad, el programa de domesticación humana del que habla Nietzsche, se ha apoderado del espacio educativo y social desde la niñez.”
Antonio García Gutiérrez, en Desclasificados1
Sin duda, pretender generar conocimiento plural cuando siguen vivos (y tan
fuertes) procesos de colonización (del pensamiento sobre todo) es un desafío
colosal. Se nos ha enseñado ha descalificar – desechar toda realidad que nuestra
1 García Gutiérrez, Antonio. Desclasificados. Pluralismo lógico y violencia de la clasificación.
Anthropos. Serie Comunicación y periodismo. Barcelona, 2007.
lógica no pueda clasificar. Decimos: esto es inaceptable, ¿cómo puede ser esto si
esto así no es? Todo lo que nuestro pensamiento no puede clasificar deviene
inútil, sin valor, y se rechaza, o se oculta si no es que resulta del todo invisible
ante nuestros ojos. La lógica de nuestra clasificación sólo ve una realidad, la que
nos han enseñado. La radicalización del pensamiento único, en la expansión de
lo homogéneo como única expresión posible de la vivencia del tiempo, va
incluso un paso más allá: todo aquello que contradiga la lógica del sistema de
nuestro pensamiento es altamente peligroso, nocivo, y por ello es necesario
anularlo, porque conduce a la duda y al desequilibrio del sistema que domina
nuestras mentes. Para el pensamiento único es preciso anular toda duda, todo
acto de dudar, ya que ante la duda aparece el presentimiento de que quizá sí es
posible que existan otros mundos en este mundo, de que quizá sí es posible
convivir con otra verdad, incluso con otras verdades. Para el pensamiento único
es fundamental distraer la mente, hacerla ociosa, para que no vea más allá.
Ser capaces de pensar que hay otras formas de pensar, otras formas de ver e
interpretar la realidad, de organizarse y actuar, es aceptar la contradicción como
base epistemológica posible de nuestra racionalidad. Un sistema plural debe de
aceptar la contradicción en su seno y permitir que se generen sobre ella
relaciones contrastadas pero horizontales entre diversidad de formas de
pensamiento. Como dice García, el conocimiento plural es altamente
desclasificador, tanto que descompone por completo los cimientos sobre los que
se asienta la razón única que sólo conoce una verdad, la suya, y desconoce las
demás. La generación de conocimiento plural supone necesariamente el inicio
de un proceso de descolonización del pensamiento. Este proceso implica un
enorme esfuerzo personal (pensar por uno mismo, desarrollar una pensamiento
crítico propio) y colectivo (re-generar un sistema completo de pensamiento y de
relaciones propios). La generación de conocimiento plural se enfrenta a un
sistema implacable. Pero este no es el mayor de los desafíos: el mayor obstáculo
es su aceptación. Como diría Lanza del Basto, la lucha no es contra el opresor,
135
sino contra la aceptación del oprimido, contra esa innoble sabiduría que se llama
pasividad.
Con estas inquietudes, desde CANEK hemos creído poco sensato (si no es que
poco honesto) pensar que el trabajo del observatorio sea el de observar, sobre
todo cuando el ámbito de observación es la cultura, sus relaciones y el ejercicio
de los derechos colectivos. Sostenemos que cada colectivo debe emerger desde su
interior, interpretándose a sí mismo y sin aplicar ningún molde. Por ello, hemos
creído más razonable comprender el observatorio por su condición (la de
facilitar la observación) que por la de su función (la de observar). CANEK se ha
ido construyendo poco a poco como una casa donde muchos (diversos),
comunicados por los medios que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías, se
observan a sí mismos y observan al sistema dominante donde están inmersos,
cada uno desde su cosmovisión o cosmovisiones y de forma sistemática.
Partiendo de esta idea, a inicios del 2009 se propuso a dos organizaciones con
representación comunitaria (Casa No’j en Quetzaltenango y Sotz’il en
Chimaltenango) la creación de Comunidades Emergentes de Conocimiento
(CEC’s). El propósito: crear espacios autónomos, interrelacionados y
autoorganizados que interpreten la realidad y generen información desde la
comunidad (y una vez procesada, conocimiento) sobre el desarrollo de su
sistema de relaciones culturales, sobre su capacidad de ejercicio de los derechos
colectivos y sobre su ser colectividad. Desde esta perspectiva es como se propone
generar conocimiento plural. Pareciera que Sergio Tischler Visquerra habla de
las CEC’s cuando dice (él refiriéndose al zapatismo)2:
2 Tischler Visquerra, Sergio. Tiempo y emancipación. Mijaíl Bajtín y Walter Benjamín en la
Selva Lacandona. F&G Editores. Cuadernos del presente imperfecto, nº 3. Guatemala, enero de
2008.
“un modo de conectar y relacionar las múltiples luchas en un campo
común que va construyendo su propia historia. Ese campo está constituido por los distintos tiempos de las luchas particulares y, a su vez, por el tiempo común que va surgiendo de esa experiencia colectiva. (…) El tiempo común nace de la confluencia y la autonomía de los distintos tiempos particulares, en un proceso abierto. No es un tiempo general que se impone a los demás como norma de poder.”
Vamos entonces en búsqueda de la generación de una constelación de CEC’s,
cada una con el nombre y forma que le otorguen sus miembros, que permita
regenerar el tiempo comunitario, como el reflejo de estrellas unidas en el
firmamento, y hacer emerger al sujeto colectivo. Este proceso debería de
permitir:
1 Abrir un espacio que permita la interpretación comunitaria del territorio
(espacio vital para el desarrollo de su cultura o, en otras palabras, el espacio
donde desarrollan sus relaciones), esencial para determinar el sujeto colectivo
y, por ende, el área donde se realizará la observación activa.
2 Interpretar los derechos colectivos desde la lógica comunitaria, para sustentar
la perspectiva con la que se realizará la observación activa.
3 Re-generar el tiempo comunitario. Ello implica la re-construcción de formas
propias de organización y la consecuente emergencia de la temporalidad que
da forma y sentido a sus relaciones simbólicas, materiales y sociopolíticas de
su ser colectividad.
4 Observar qué factores simbólicos, materiales y sociopolíticos cohesionan y
cuáles desarticulan su ser colectividad.
5 Enfrentar el poder de asimilación cultural que suponen las fuentes de
información estadística del Estado, cuyos resultados se usan posteriormente
para la elaboración y ejecución de políticas públicas, o para justificarlas. Qué
se observa y cómo se observa, con qué herramientas y quién hace las
herramientas y cómo se relacionan los datos son entonces factores
136
fundamentales para ocultar o descubrir la realidad. La CEC deviene entonces
una fuente y centro alternativo de generación de información y conocimiento
en función de su propia interpretación del tiempo.
6 Visualizar y comparar las formas propias del ser colectividad del sujeto
colectivo al que pertenece la CEC con las formas oficiales del Estado actual.
7 Abrir un espacio (puede haber varios en una misma región) de
documentación y comunicación del conocimiento que sustente la emergencia
del sujeto colectivo y con ello elaborar iniciativas estratégicas pertinentes,
integrales y coherentes que cohesionen la colectividad, siempre a la luz de los
datos recabados y de las consultas comunitarias.
En base a esta propuesta, se abrieron dos procesos3 de trabajo:
1 El inicio de un diagnóstico, cuyas herramientas fueran elaboradas por los
miembros de la CEC, que ofreciera datos para la consecuente elaboración de
planes estratégicos para la cohesión del colectivo. El diagnóstico se planteó
también como un proceso de recolección de datos que permitiera analizar el
impacto de las desigualdades estructurales en la comunidad y en la región del
colectivo. La realización del diagnóstico implicó la construcción de un sistema
de indicadores que surgió de la interpretación de la cultura y de los derechos
colectivos. Éste se presenta detalladamente en las siguientes páginas.
2 La apertura de espacios de reflexión paralelos al proceso de diagnóstico, que
dio como resultado el análisis de cuatro ámbitos de relación: el de relaciones
entre personas (comunidad), el de relaciones entre instituciones (comunidad
– región), el de relaciones normativas (región – Estado) y el de relaciones
estructurales (Estado).
3 Ambos procesos se desarrollaron en base a los cambios que los miembros de las CEC’s
hicieron a la propuesta de Construcción de Comunicación Intercultural Aplicada, que CANEK
desarrolló a partir de la apertura de espacios de construcción participativa en el 2008. Ver
CANEK – Observatorio Cultural, La Construcción de Comunicación Intercultural Aplicada, CCE/G, Libro Visor, Guatemala, 2008.
Estos dos procesos están interrelacionados: la información del diagnóstico se
convierte en conocimiento en los espacios de reflexión y en su posterior
devolución, ya procesada, a la comunidad. El proceso de toma de decisiones
surge entonces de la interrelación de ambos procesos. Ésta puede tener múltiples
formas, tantas como CEC’s existan, pero gráficamente creemos interesante
compartir el proceso expuesto por Roberto Escuder y Salvador Carrasco:
La CEC constituye entonces un centro de diálogo y generación de conocimiento
capaz de generar información estadística para la elaboración adecuada de
políticas comunitarias y regionales desde su propia interpretación de los
derechos colectivos. Ello con el fin de desarrollar el proceso de emergencia de su
sujeto colectivo. La CEC interrelaciona experiencias comunitarias y se
interrelaciona con otras CEC’s. Para tener más claridad sobre el proceso de
creación y desarrollo de una CEC, se expone a continuación el caso práctico de
la CEC JUN K'OLIB'AL KECH ACHLAXXINEM PA QANO'JIB'AL creada con
el soporte de Casa No’j en Quetzaltenango.
Realidad actual Observación Generación de
información Datos
Transformación
de la realidad Decisiones Socialización
de la información
Indicadores
TERRITORIO
Sistema
USUARIOS
Medida
Análisis
1 2 3 4 5
10 9 8 7 6
Fuente: Escuder Vallés, Roberto y Carrasco Arroyo, Salvador. Proceso de toma de
decisiones en un sistema de información. La observación y el análisis entre dos realidades
en Cultura. V Congreso Internacional. Cultura y Desarrollo – Ciudad de La Habana.
Junio de 2007.
137
LA COMUNIDAD EMERGENTE DE CONOCIMIENTO JUN K'OLIB'AL KECH ACHLAXXINEM PA QANO'JIB'AL
Por Carlos Escalante y Saknicté Racancoj, representantes de la CEC
Síntesis del proceso de conformación de la CEC en el 2009
Vivimos en una sociedad en donde bajo el pretexto de la globalización se cree y
se acepta que la cultura y el bienestar vienen de afuera. Afortunadamente, la
globalización no solamente implica lo económico sino también la comunicación
y el conocimiento. Redes de comunicación y de intercambio de conocimiento y
experiencias han contribuido a crear redes de cooperación a lo interno y a lo
externo; dejando al descubierto la importancia de la cultura. Los vertiginosos
cambios globales dejan en evidencia la urgente necesidad de reducir la brecha de
desigualdades y de dar un paso hacia adelante en el reconocimiento del otro y
del entorno.
Convencidos de la fuerza de la cultura para desarrollar inéditas formas de
relaciones de convivencia en el municipio de Quetzaltenango, el Consejo de la
Cultura de Quetzaltenango y la Municipalidad de Quetzaltenango, a través del
Centro Cultural Casa No'j, y con el acompañamiento de CANEK, inician en el
2009 un estudio para conocer la realidad plural de varios municipios del
departamento: La Esperanza, San Juan Ostuncalco, Concepción Chiquirichapa,
Cajolá y Quetzaltenango.
El estudio se centra en descubrir cómo las desigualdades estructurales afectan a
las esferas de relación simbólica, material y socio-política. El proceso inicia por
la conformación de un equipo facilitador denominado “Kalpul”, el cual está
integrado por personas de cada municipio. El Kalpul o equipo facilitador se
fundamenta en la recuperación, el aprendizaje y la escucha profunda del pueblo;
así como en el conocimiento ancestral y contemporáneo de la cultura para
reivindicar la práctica de la comunicación comunitaria intercultural por medio
de la convivencia espiritual, generacional y cultural.
El compromiso e identificación de los participantes del Kalpul, así como el
respaldo institucional de las organizaciones mencionadas, permitió la
implementación de la segunda fase del proyecto. Esta fase permitiría la
construcción de una propuesta de trabajo con el propósito de descolonizar el
conocimiento y el pensamiento.
Esta fase se fundamenta en la memoria colectiva, la cual nos permite decodificar
y re-codificar los pensamientos de la comunidad a través de su diario vivir o
cotidianeidad; a través de su sentir, ver, oír, hablar, pensar, intuir y accionar.
Estos elementos culturales construyen la comunicación intercultural, la cual
aplicamos a procesos de organización local. Esta comunicación incide en el
contexto mediato de desigualdades estructurales que viven las distintas
comunidades. En esta segunda etapa se desarrollan diferentes procesos de
trabajo, los cuales constituyen los fundamentos del estudio y que permiten la
comprensión de los resultados.
TIEMPO I. INTEGRACIÓN DE LA CEC (KALPUL MAYOR)
La coordinación Cultural de Casa No’j tuvo el especial cuidado de elegir las
personas del grupo facilitador ya que este grupo debía ser el “idóneo” en
términos de identidad cultural, comunicación y aportación comunitaria e
interrelación fraternal con los pobladores de cada comunidad. Asimismo, se
tuvieron en cuenta las edades, experiencias, la conexión con los orígenes, la
profesión u oficio, la conciencia individual en relación a la conciencia colectiva,
el idioma, la espiritualidad y su colaboración humanitaria, así como la sabiduría,
entre otras cualidades, que son fundamentales para el servicio al otro y para
cumplir la misión que todos tenemos como seres cósmicos.
138
Para iniciar la construcción de conceptos, en relación a las diferentes esferas de
estudio, se conformaron grupos de trabajo en base a la forma de organización
Maya K’iche’ conocida como Kalpul o reunión de pensamientos.
La experiencia tanto individual como colectiva en relación a las esferas de
estudio e indicadores previstos de los integrantes “seleccionados” es importante
en la conformación de los Kalpules, los cuales quedaron conformados de la
siguiente manera:
Kalpul Mayor
Kalpul menor de la
Cultura Simbólica
Kalpul menor de la
Cultura Material
Kalpul menor de la
Cultura Social-Política
Oscar Boj
Ely Lopez
Basilia Colop
Gladys Delgado
Carlos Escalante
Julia María Nimatuj
Yovani Cux
Saknicte Ishchel
Racancoj Sierra
Adolfo Santos
María Antonina Sánchez
Méndez
Edgar Racancoj
Rony Mijangos
Sergio Pisquiy
Wilfredo Velásquez
Después de este primer tiempo, se dio inicio al desarrollo de reflexión,
comprensión y definición del concepto de territorio y colectivo.
Recuperación de formas de organizaciónRecuperación de formas de organizaciónRecuperación de formas de organizaciónRecuperación de formas de organización propias: el Kalpropias: el Kalpropias: el Kalpropias: el Kalpulpulpulpul
El Centro Cultural Casa No’j constituye una singular reivindicación ciudadana del desarrollo cultural en Quetzaltenango. Significa además la primera experiencia clara en Guatemala de democratización cultural, donde la municipalidad ha descentralizado la gestión cultural en un consejo formado por instituciones de la sociedad civil. Carlos Escalante y Saknicté Racancoj, ambos miembros del Centro Cultural Casa No’j, impulsaron y en gran parte sostuvieron el proceso de creación de la CEC JUN K'OLIB'AL
KECH ACHLAXXINEM PA QANO'JIB'AL. La experiencia de un Ajq'ijab y la determinación de una estudiante en ciencias jurídicas se unieron para rescatar y desarrollar en la CEC el sistema propio de organización k’iche’: el Kalpul. Su origen y funcionamiento se presenta a profundidad en las entrevistas que pueden escucharse en:
TIEMPO II. COMPRENDIENDO EL CONCEPTO TERRITORIO Y COLECTIVO
Antes de iniciar esta etapa, se reconoció la necesidad de generar nuevas formas
de caminar en donde se unificaran las ideas que en K’iche’ se dice “chujb'in Ku'k
wokomtaq chomanik”. Un nuevo caminar desarrollando nuevos entendimientos
y una mejor comprensión del territorio y de lo colectivo para decodificar y re
codificar nuestras concepciones en relación a estos temas.
El Colectivo-Territorio
Cuando hablamos de colectivo nos referimos a un sistema de relaciones (la
cultura) que se caracteriza por estar vinculado a un territorio, el cual le da
sentido a lo comunitario y a lo regional.
Para entender qué es un territorio, se partió de un aspecto cosmogónico
fundamental: la tierra no es nuestra sino que somos de la tierra. Desde nuestra
visión holística, la convivencia se da entre el ser humano, la naturaleza y el
cosmos. La reconexión con los orígenes significa reencontrarse con uno mismo,
como persona, como familia, como grupo, como pueblo, como humanidad. Por
eso es necesario aprender de los ciclos pasados y respetar los ciclos presentes
para continuar unidos la vibración evolutiva de la tierra. A partir de esta visión
holística, para definir el territorio, se tomó en cuenta que históricamente se ha
definido como área comarcal a aquella que agrupa distintos municipios más allá
de los límites políticos impuestos por el Estado. Este principio pretende hacer
frente a los procesos de asimilación, división y segregación de los pueblos.
Además, esta comprensión del territorio parte del contexto del cosmos y de la
naturaleza en la ubicación geográfica de asentamientos humanos y lugares
espirituales. Entendemos a nuestro sujeto colectivo como un colectivo plural,
donde confluyen diferentes culturas y étnias que se encuentran entrelazadas por
procesos históricos de relación (simbólica, material y sociopolítica) y por
procesos comunitarios y regionales de consulta, representación, gobernabilidad,
resolución de conflictos, transmisión de valores, formación de consejo y con una
identidad colectiva formada por múltiples identidades comunitarias. Ubicamos
nuestro territorio, es decir nuestro sujeto colectivo, en el siguiente espacio
geográfico:
Fuente: Mapas elaborados a partir de los
ofrecidos en http://www.googlemaps.com
140
Este espacio territorial lo denominamos JUN K'OLIB'AL KECH ACHLAX NEM
PA QANO'JIB'AL, que en el idioma k’iche’ significa Espacio de Convivencia
Cultural. Los municipios que integran la región de nuestro sujeto colectivo son,
en base a los actuales departamentos:
Huhuetenango
San Marcos
Totonicapán
Quetzaltenango
Retalhuleu
El Quiché
Aguacatán
Chiantla
Colotenango
Concepción Huista
Cuilco
Jacaltenango
La Democracia
La Libertad
Malacatancito
Nentón
San Antonio Huista
San Gaspar Ixchil
San Juan Atitán
San Juan Ixcoy
San lldelfonso
Ixtahuatán
San Mateo Ixtatán
San Miguel Acatán
San Pedro Necta
San Pedro Soloma
San Rafael La
Independencia
San Rafaél Petzal
San Sebastián Coatán
San Sebastián Coatán
Santa Ana Huista
Santa Bárbara
Santa Cruz Barillas
Santa Eulalia
Santiago
Chimaltenango
Tectitán
Todos Santos
Cuchumatán
Ayutla Tecún Umán
Catarina
Comitancillo
Concepción Tutuapa
El Quetzal
El Tumbador
Esquipulas Palo
Gordo
Ixchiguán
La Reforma
Malacatán
Nuevo Progreso
Ocos
Pajapita
Río Blanco
San Antonio
Sacatepequez
San Cristobal Cucho
San José El Rodeo
San José Ojetenan
San Lorenzo
San Marcos
San Miguel
Ixtahuacan
San Pablo
San Pedro
Sacatepéquez
San Rafael Pié de la
Cuesta
Sibinal
Sipacapa
Tacaná
Tajumulco
Tejutla
Momostenengo
San Andrés Xecul
San Bartolo Aguas
Calientes
San Cristobal
Totonicapán
San Francisco el Alto
Santa Lucía La
Reforma
Santa María
Chiquimula
Totonicapán
Almolonga
Cabricán
Cajolá
Cantél
Coatepeque
Colomba
Concepción
Chiquirichapa
El Palmar
Flores Costa Cuca
Genóva
Huitán
La Esperanza
Olintepeque
Palestina de los Altos
Quetzaltenango
Salcajá
San Carlos Sija
San Francisco La
Unión
San Juan Ostuncalco
San Martín
Sacatepequez
San Mateo
San Miguel Siguilá
Sibilia
Zunil
Champerico
El Asintal
Nuevo San Carlos
Retalhuelu
San Andrés Villa seca
San Felipe Retalhuleu
San Martín Zapotitlán
San Sebastián
Santa Cruz Mulúa
Canillá
Chajul
Chicamán
Chiché
Chinique
Cunén
Joyabaj
Pachalúm
Patzité
Playa Grande - Ixcán
Sacapulas
San Andrés Sajcabajá
San Antonio
Ilotenango
San Bartolomé
Jocotenango
San Juan Cotzal
San Miguel Uspatán
San Pedro Jocopilas
Santa Cruz del Quiché
Santa María Nebaj
Santo Tomás
Chichicastenango
Zacualpa
El tiempo uno y dos nos permitieron establecer las bases para luego realizar el
trabajo de diagnóstico.
TIEMPO III. TRABAJO DE DIAGNÓSTICO O K´AWILO- XJELB´IL (INTEGRACIÓN DEL COLECTIVO Y MUNICIPIOS MUESTRA)
Es oportuno resaltar el aporte de miembros del Kalpul Mayor, quienes a través
de su experiencia personal como integrantes de instituciones comunitarias,
brindaron su aporte para la obtención del ahora denominado “chujb'in k'uk
wokomtaq chomanik”.
El diagnóstico se apoyó en parte de la metodología de educación popular, la cual
difunde la transmisión de conocimientos y la estimulación de actitudes positivas
para promover la participación de las personas a partir del fortalecimiento de su
identidad; y a partir de allí genera una conciencia crítica de su realidad cotidiana
para luego incidir positivamente en ella. La metodología de la educación popular
se entrelazó con la Danza de la Palabra con la cual cultivamos las relaciones
familiares, vecinales, comunitarias, locales, regionales y nacionales. La palabra se
convierte en diálogo, conversaciones, en ternura en el actuar y en el decir; la
suavidad de la palabra y de las acciones expresan firmeza de esencia y paz del
espíritu.
Esto nos acercó a las comunidades de estudio, quienes nos abrieron las puertas
logrando transmitirles la información que cada uno llevaba. Se buscó compartir
e iniciar la construcción de un primer peldaño piramidal de movilización de los
talentos humanos y así comprender la situación de la población de cada
municipio. Llegando a un consenso en el Kalpul Mayor, se decidió tomar como
municipios muestra del diagnóstico a: Quetzaltenango, Concepción
Chiquirichapa, San Juan Ostuncalco, Cajolá y La Esperanza.
Para el camino de la información se diseñaron módulos basados en la
metodología eminentemente participativa, que parte del conocimiento y
prácticas cotidianas. El diagnostico se ubicó dentro de un proceso sistemático de
trabajo organizativo que permitió conocer y comprender lo que nos plantea la
realidad. Su ejecución nos proporcionó el conocimiento necesario para
planificar acciones viables y relacionadas con las necesidades, interés y
problemas sentidos de la comunidad. El diagnóstico participativo constituyó un
espacio democrático en donde también se respetó el equilibrio entre las esferas
culturales -simbólica, material y socio-política.
La primera participación comunitaria dio a entender la necesidad de participar
en los diferentes procesos de la vida y el desarrollo de los pueblos. Esto despertó
mucho interés por conocer cómo desde las autoridades comunitarias surgen
propuestas con contenido legítimo. El diagnóstico incluyó la creación de un
sistema de planeación estratégica con tres planes fundamentales: programas,
presupuestos y políticas; y cuyos propósitos son crear el futuro deseable,
anticipar, responder apropiadamente al ambiente cambiante, y examinar
honestamente las fortalezas y dificultades del contexto. Entrelazar la Danza de la
Palabra con las tres esferas de la cultura permitió obtener conocimiento sobre
toda la estructura de cada municipio. Esta herramienta permitió conformar un
cuadro de la situación actual del municipio y así de esta manera obtener un
diagnóstico útil para la toma de decisiones.
Los integrantes del Kalpul Mayor obtuvieron la información para evaluar los
procesos de cambio a generar y así formular estrategias que tiendan a mejorar
las desigualdades estructurales de la región de estudio. La preparación del
conjunto de herramientas estuvo diseñada acorde a las capacidad de los
integrantes del Kalpul (la participación es siempre voluntaria). La construcción y
el aprendizaje en el uso de herramientas para la generación de información
estadística se realizaron de manera colectiva; moviendo la conciencia, la
142
voluntad y la energía para desarrollar la identificación, el convencimiento y la
responsabilidad que este estudio implicó.
El diagnóstico significó finalmente poder consultar a las comunidades sobre
nuestras propuestas sobre territorio y sobre la interpretación que hacíamos de
los derechos colectivos. De este modo se enriqueció el proceso de reflexión, se
legitimó y se pudo absorber el sentir de la comunidad. Este proceso en general
permitió observar, indagar e investigar los pasos recorridos de los pueblos en el
pasado; y así comprendimos nuestro presente. Con el entendimiento del pasado
y el presente visualizamos el futuro, como un camino en construcción de un
Estado Plural.
El diagnóstico comunitario sobre derechos colectivos e impacto de las
desigualdades estructurales en los municipios muestra (cuyo sistema de
indicadores se presenta en su totalidad más adelante en este capítulo) se completó
en un 80%.
CONVIVENCIAS GENERACIONALES
Retomando la vida cotidiana de los pueblos participantes en la propuesta
intercultural, las convivencias se realizaron tomando como elemento
fundamental la comunicación entre generaciones. A través de oír a personas de
diferentes edades, las cuales se expresaron ya sea en su idioma o en castellano,
nos dimos cuenta de la forma como cada persona conocía su lugar de origen, su
propia cultura comunal, local, regional y nacional. Las personas mayores
relataron la historia vivida de su comunidad, del caserío, aldea o pueblo. Fue
todo un traslado de conocimientos a las generaciones jóvenes que asistían, y
toda una reflexión. Se sistematizaron los relatos de los mayores en relación a los
procesos de las actividades diarias, la composición de las familias, los trabajos,
los cuidados de los recursos naturales, el respetos dentro del círculo comunal, las
asignaciones de tareas, la autoridad familiar, la autoridad comunal, las ayudas
vecinales, la relación espiritual en la vida, y la comparación de cómo se vivía y
cómo se vive actualmente.
La Danza de la PalabraLa Danza de la PalabraLa Danza de la PalabraLa Danza de la Palabra Proponemos que los encuentros para el intercambio del conocimiento se
constituyan en autenticas danzas de palabras; es decir pláticas que
fundamenten la armonización estética de nuestras perspectivas, esperanzas,
conceptos y categorías respecto al desarrollo y la cultura. En esta danza de la
palabra aspiramos a que suceda la complementariedad entre ciencias, artes y
espíritu. Asumiendo con dignidad que nuestro sentir, ver, oír y accionar son
confiables fuentes de conocimiento; concretamos en nuestras palabras que
nuestras relaciones son holísticas. Recurriremos a iluminadores, enseñadores
del conocimiento ancestral para que desde sus propias visiones nos ayuden a
la expresión comprensible en el quehacer cotidiano y, de este modo, abrir un
proceso de descolonización del pensamiento. Para alcanzar acuerdos,
elaborar definiciones, plantear criterios se hace necesario aplicar métodos
propios del nivel comunitario para converger en encuentros de diálogos (la
danza de la palabra) y acuerdos basados en técnicas y didácticas, para
obtener la luz del conocimiento ancestral vertido en diferentes especialidades,
que permita converger encuentros con comadronas, tertuleros, aj’quijabs,
guías espirituales, rosquiteras, curanderas y otras figuras centrales en el
mantenimiento de nuestras relaciones como comunidad y como expresiones
de nuestra historia, guardas de nuestra interpretación y vivencia del tiempo.
Percepción social y política desde la interpretación comunitaria de los Percepción social y política desde la interpretación comunitaria de los Percepción social y política desde la interpretación comunitaria de los Percepción social y política desde la interpretación comunitaria de los derechos colectivosderechos colectivosderechos colectivosderechos colectivos Dentro de todo el proceso del diagnóstico, se elaboraron una serie de preguntas para conocer la percepción social y política de los municipios de Cajolá, Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco, La Esperanza y Concepción Chipirichapa. La CEC elaboró un informe que se puede descargar en http://www.box.net/shared/vb8pdnrytv
143
Con toda esta base histórica, se discutió cómo se desarrollaría el estudio;
cuestionándonos también sobre los beneficios que se tendrían en el futuro. Las
horas de pláticas abrieron el pensamiento de cada persona e hizo un recuento
sobre lo grandioso que es la vida cuando se vive en armonía, en equilibrio; lo
cual propicia un futuro lleno de alegría, de sueños. La construcción de una
democracia donde se garantice el amor a la dignidad, la paz y reencontrase
nuevamente para generar nuevas formas de convivencias es el sueño de todos;
un sueño donde todos contribuyamos a resolver los distintos problemas que nos
amarran cada día.
Llegando al cierre de un ciclo en que se compartió a través de la Danza de la
Palabra y se recodificaron pensamientos, más que un resultado que se pueda
palpar materialmente, se hizo realidad el más grandioso principio en la vida de
la comunidad: la reorganización de aquellas formas de vida en que se reconocen
las bondades de convivencia armónica y equilibrada dentro de una sociedad;
donde también se tienen presentes los aspectos de comprensión óptima de la
cultura, y de nuevas visiones de vida; que si bien es cierto se tienen desde siglos
anteriores, también es cierto que se pueden aplicar en las épocas de
contemporaneidad del colectivo actual.
LA TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD PARA EL DESARROLLO DE NUESTRA INTERPRETACIÓN DEL TIEMPO Y DEL SUJETO COLECTIVO A continuación presentamos un muy breve resumen de las medidas que
adoptará la CEC para el desarrollo y emergencia del sujeto colectivo. Partimos
de las tres esferas de la cultura y su interrelación como eje central de las
propuestas elaboradas en el 2009. Las estrategias de incidencia de la CEC están
relacionadas con los indicadores del diagnóstico.
Análisis de situación y estrategias por esfera de la cultura tomando en cuenta
las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas en la región
Debilidades y amenazas
En la esfera de la Cultura Simbólica Estrategia
� Falta de conciencia
por falta de
formación.
� La práctica de la
espiritualidad se ha
convertido en un para
concentrar riqueza.
� Pérdida de la
identidad.
� Prejuicios, racismo
discriminación y
pobreza.
� Auto discriminación
� Religiones alienantes
� Comercialización de la
práctica espiritual.
A través de la formación
de conciencia
intergeneracional de
transmisión y práctica de
la espiritualidad se rescata
la identidad y se
disminuyen prejuicios que
tiene la sociedad.
En la esfera de la Cultura Material Estrategia
� Poco recurso
económico para
diversificar la
producción del
colectivo.
� Falta de organización
para aprovechar los
métodos ancestrales y
las nuevas tecnologías.
� No hay capacidad de
producir alimentos de
consumo interno.
� La educación cultiva
un ser individualista
desarraigado de los
conocimientos de sus
ancestros.
Atender las necesidades
sociales y económicas a
través de la recuperación
de las prácticas ancestrales
conjunta con las nuevas
tecnologías, diversificando
y ampliando la producción
material para lograr un
nuevo nivel de calidad de
vida.
En la esfera de la Cultura Social Política Estrategia
� Falta de
comunicación.
� Asimilación de
pensamientos.
� Enajenación.
� Ya no existen medios de
comunicación propios
de la comunidad.
Crear una organización
en la que se fomente los
valores y principios del
colectivo y sea un ente
que regule la transmisión
de mensajes a través de
los distintos medios de
comunicación para evitar
la enajenación.
144
Debilidades y oportunidades
En la esfera de la Cultura Simbólica Estrategia
� Falta de participación y
organización del
colectivo para el
desarrollo de cada
comunidad en
educación (falta de
interés de los padres de
familia dentro de la
comunidad educativa)
� La fuga de talentos
humanos internos y
externos (por
situaciones social y
económico se emigra,
dentro y fuera del país
� Las organizaciones
comunitarias que
sostienen la cultura
(Lugares Sagrados,
ACAM, Grupo Cajolá,
Consejo MAM).
Conformación de red de
instituciones propias del
colectivo para crear
alianzas estratégicas con
instituciones públicas y
privadas. Es decir, generar
la base organizativa
suficiente para sostener
instituciones propias que
generen las relaciones
propias de nuestras
culturas.
En la esfera de la Cultura Material Estrategia
� Falta de políticas
sociales Económicas
culturales, ambientales
y tecnológicas nacidas
de la comunidad y
dirigidas al sujeto
colectivo.
� Falta de participación
del colectivo para el
desarrollo de cada
comunidad en
educación (falta de
interés de los padres de
familia dentro de la
comunidad educativa).
� Aprovechamiento de
todas la funciones y
programas que tienen
las organizaciones
gubernamentales y
ONGS
� Coordinación de Ong’s
e instituciones de
gobierno para mejorar
sus diversas
proyecciones en la vida
del colectivo
Crear una red solidaria
del colectivo e
instituciones estatales
para mejorar las diversas
proyecciones en la vida de
los colectivos
En la esfera de la Cultura Social Política Estrategia
� Carencia de
sistematización de los
conocimientos mayas en
todo el contexto de la
cultura-
� Ver a los cocodes como
parte de la
municipalidad.
� Es importante conocer
e interpretar por
nosotros mismos la
Ley de Consejos de
Desarrollo y el Código
Municipal para ver
cómo podemos
fortalecer nuestras
formas propias de
organización.
Involucrar a los
COCODES para la
recuperación de los
conocimientos
ancestrales al respecto
de organización y
representatividad.
Fortalezas y amenazas
En la esfera de la Cultura Simbólica Estrategia
� Consejo de Ancianos
� Guías espirituales y su
articulación de niños,
jóvenes y ancianos
(transmisión
intergeneracional)
� Organización
comunitaria, que
aunque a veces débil
aún sostiene nuestro
propio sistema de
relaciones – ACAM,
Grupo Cajolá, Consejo
Mam, Kamalbe.
� Influencia de otras sectas
religiosas que rompen
nuestra relación con lo
espiritual.
� Comercialización de lo
espiritual y de la cultura.
� Los medios de
comunicación, en su
gran mayoría, presentan
y uso la cultura maya
como producto para la
venta.
Promover campaña de
información sobre la
normativa sobre la que
se sustentan los
derechos colectivos
(Acuerdos de Paz,
Convenio 169 de la
OIT, entre otros) y
nuestra interpretación
del sujeto colectivo en
las comunidades con el
fin de rescata y
entrelazar nuevo el
tejido social
En la esfera de la Cultura Material Estrategia
� Hay propuestas de ley
que pretenden desarrollar
nuestra ciencia y
tecnología y crear un
nuevo ordenamiento
territorial.
� Falta de voluntad política
de los congresistas para
aprobar as iniciativas de
leyes de los colectivos
Crear mesas de diálogos
con los congresistas
Fomentar la creación de
un congreso propio de la
región
145
En la esfera de la Cultura Social Política Estrategia
� Existen propuestas
concretas por parte
del colectivo para la
elaboración de una
reforma
constitucional que
permita emerger
nuestro sujeto
colectivo.
� Existe armonía
política a través de la
espiritualidad maya
� La educación no
responde a la
composición plural de
Guatemala.
� Estructura y sistema del
Estado monista
� La globalización de los
medios. Es
prácticamente
imposible escapar de
ellos y nosotros no
tenemos ninguna
influencia en ellos.
Generar representatividad
política dentro del
contexto propio de nuestro
colectivo (transformar la
ley de partido), lo que
conllevará al libre ejercicio
de la soberanía,
permitiendo realizar
propuestas en el sistema
educativo, desarrollo de
nuestra ciencia y
tecnología y gestión de
nuestro territorio, con el
fin restablecer las
relaciones propias de
nuestras culturas.
Fortalezas y oportunidades
En la esfera de la Cultura Simbólica Estrategia
� Conciencia colectiva
respecto nuestro espacio
territorial vital sobre el
que desarrollar nuestras
culturas.
� El nuevo curricula se
basa en el que se
incluye el idioma
K’iche’, y enseñanza de
artes propias del
colectivo y
espiritualidad. La
educación debiera de
guiarse por el
calendario maya y
coordinarse con el
calendario gregoriano.
Reconstruir nuestra vida
en base al calendario
maya coordinado con el
gregoriano, para así
expresar en nuestras
relaciones con la
naturaleza, la comunidad
y el cosmos el sentir
temporal de nuestras
culturas.
En la esfera de la Cultura Material Estrategia
� Existe una potencia que
sostiene a nuestro
colectivo y que
contribuye a
fundamentar la base
económica del país.
� Hay instituciones,
nacionales civiles e
internacionales a favor
de implementar
procesos de desarrollo
de los colectivos.
Unificar a las instituciones
gubernamentales, civiles e
internacionales para
desarrollar una voluntad
ciudadana que conlleve a
constituir nuestro
territorio para poder
ejercer nuestros derechos
colectivos.
En la esfera de la Cultura Social Política Estrategia
� Los curanderos,
consejos de ancianos,
ajquijab, kamalbe,
consejo de ancianos,
comadronas, tejedoras
continúan
representando en gran
medida a las
comunidades ya que
confieren armonía
política a través de la
espiritualidad maya.
� Las organizaciones son
consientes del sentir
colectivo.
� Tenemos propuestas de
cambio constitucional.
� Tenemos que conocer
e interpretar para el
beneficio de nuestras
formas propias de
organización la ley de
descentralización, la
ley de consejos de
Desarrollo, Código
Municipal, Acuerdos
de paz y Acuerdos
internacionales.
� Existen pensamientos
ideológicos
progresistas
contextualizados
� Conocimiento de la
Legislación Indígena
en la Universidad San
Carlos - Occidente
Generar relaciones entre
autoridades ancestrales
para que se genere una
fuerza de lo comunitario a
lo regional con el fin de
consolidar un consejo
regional capaz de
demandar la autonomía de
nuestro territorio para el
ejercicio pleno de los
derechos colectivos.
Estrategias por ámbito de relación y esfera de la cultura
Estrategias por esfera de la cultura
Cultura Simbólica Cultura Material Cultura Social-Política
Inte
rper
son
al
(Com
unid
ad)
A través de la formación de conciencia
intergeneracional e intercultural de transmisión y
práctica de la espiritualidad se valora la identidad y se
disminuyen prejuicios que tiene la sociedad.
Impulsar un proceso de educación formal e informal
constante de los colectivos para poder hacer
conciencia y sensibilizar a la población sobre las
necesidades sociales y económicas a través de la
recuperación y aplicación de las prácticas ancestrales,
nuevas tecnologías, diversificando y ampliando la
producción.
Fortalecer el tejido social comunitario por medio del
fomento de valores y principios del colectivo (en las
relaciones de personas y colectivos), a través de la
transmisión de mensajes en los distintos medios de
comunicación para disminuir la enajenación política-
social y fortalecer las relaciones interpersonales sobre
la base de los derechos colectivos.
Inst
ituc
ion
al
(Com
unid
ad –
regi
ón)
Conformación de red de instituciones del colectivo
creando alianzas estratégicas con instituciones
públicas y privadas de la región, para fortalecer la
organización, sensibilización y participación como
colectivo unido en la diversidad.
Crear una red solidaria regional del colectivo
integrada por actores e instituciones estatales y
formas propias de producción que trabajan y
promueven la autosuficiencia y el desarrollo de la
ciencia, industria y tecnología autóctona, en mejorar
las diversas producciones materiales bajo el concepto
colectivo de lo que es desarrollo.
A través de la organización de un consejo regional
integrado por los diferentes sectores
sociales con autodeterminación que garantice el
espacio de representatividad política, social y cultural.
Generar propuestas desde la comunidad sobre cómo
crear un consejo plural de la región desde los saberes
ancestrales.
Nor
mat
iva
(Reg
ión
–
Est
ado)
Promover campaña de formación e información
sobre normativas que sustentan los derechos
colectivos y sobre el ser colectividad referida a la
gestión del territorio para valoración del tejido social.
Implementar políticas autoregulatorias del territorio
sobre el uso de la ciencia y tecnología , promoción de
la industria autóctona y administración de facultades
a los representantes comunitarios reunidos en consejo
regional para la gestión y uso del patrimonio natural,
A través de la recuperación y sistematización de los
conocimientos ancestrales de los pueblos originarios,
se promueven nuevas propuestas de ley que permitan
al colectivo normar según su entendimiento de lo que
es desarrollo económico, político, social y cultural.
Est
ruct
ural
(Est
ado)
Incidir en la aprobación e implementación de las
propuestas de protección de lugares sagrados,
fortalecimiento de programas de educación bilingüe
intercultural del colectivo fundamentados en la
cosmovisión de los pueblos.
Promover una propuesta de reestructuración
territorial y patrimonio natural para la autosuficiencia
(Ciencia y tecnología y desarrollo de la industria
autóctona) del colectivo.
Consultar a las comunidades sobre el espacio
territorial del colectivo e incidir para que sirva de
base estratégica de unión para todas las
organizaciones de la región.
Las anteriores estrategias están interrelacionadas y se respaldan unas a otras. El hilo
que cose las estrategias de las tres esferas de la cultura en cada ámbito de relación es:
Interpersonal Institucional Normativo Estructural
Promoción,
sensibilización de
la aplicación de la
interculturalidad
como medio de
diálogo para la
construcción de
pluralidad.
Fortalecimiento
institucional para
iniciar los cambios
en los diversos
servicios que se
prestan a la
población.
Formulación de
propuestas y
políticas desde lo
local a lo regional
y estatal para
contribuir en los
procesos de
construcción
intercultural.
Promover el
desarrollo del
ordenamiento
territorial con el
sustento de saber
que proviene de
nuestros
ancestros.
Mediante la integración de acciones que fundamenten en lo
Interpersonal Institucional Normativo Estructural
Convivencias
comunitarias en
escuela y con
padres de familia.
Convivencias
generacionales.
Construcción
intercultural de la
institucionalidad.
Interpretar los
derechos
colectivos para
sustentar las
propuestas de
base normativa de
nuestro colectivo.
Aplicación de los
conocimientos
ancestrales
entrelazados con
las nuevas
tecnologías.
Las estrategias en las relaciones interpersonales nos permitirán hacer frente a los
efectos de las desigualdades estructurales en la comunidad; el fortalecimiento de
nuestras institituciones comunitarias permitirá disminuir sus mecanismos en la
comunidad y en la región; el desarrollo de procesos normativos propios en la región
solventará sus dinámicas; y, finalmente, con la acción política resultante de carácter
estructural, podremos hacfer frente a sus causas. Con esta estrategia es importante
destacar que no empezamos con un Qué queremos, que decida de arriba hacia abajo,
sino que iniciamos con un Cómo somos, Cómo hacemos; y el desarrollo de este Cómo
nos dará finalmente, organizados ya, un Qué, una voz colectiva original y legítima
nacida desde abajo, desde las comunidades.
RESULTADO OBTENIDOS DEL PROCESO EN EL 2009
� Recuperación del sistema organizativo Kalpul. Es preciso profundizar más en la
investigación sobre el sistema pop y el calendario maya para fundamentar los
ciclos de trabajo. A partir de febrero 2010, antes de fin de año maya, se
establecerá la estructura de trabajo y representación del siguiente modo: un
Kalpul Menor por municipio cuyo número de miembros se coordine con el
calendario maya (4, 7, 9 ó 13). Por Kalpul Mayor se entenderá el consejo de
representación de toda la región del colectivo, cuya representatividad y
temporalidad se formará por múltiples de 13. La temporalidad y el contenido
que expresan los días del calendario maya fijarán la organización, planificación y
objeto de función temporal tanto de los Kalpules Menores como del Kalpul
Mayor.
� Conocimiento, interpretación y apropiación de los Derechos Colectivos.
� Definición de Territorio y Colectivo desde la interpretación comunitaria.
� Elaboración de indicadores cuantitativos y las herramientas para la recolección
de datos.
� Información general sobre el uso de herramientas y adaptación al nuevo
vocabulario.
� Recolección de información cuantitativa para el diagnóstico en los municipioS
de San Juan Ostuncalco, La Esperanza, Concepción Chiquirichapa, Cajolá y
Quetzaltenango. Desarrollo del diagnóstico en un 80%.
� Incorporación del Ciclo Intergeneracional de debate sobre Colectividad y
derechos Colectivos en todos los municipios.
� Cohesión entre los y las participantes de la CEC
� Primeros pasos del chujb'in k'uk wokomtaq chomanik.
� Conformación de la organización local que le dará seguimiento al chujb'in k'uk
wokomtaq chomanik.
� Integración de equipos a nivel de municipios muestra.
148
MIRAMOS EL FUTURO: IDENTIFICACIÓN DE ESCENERAIO Se consideran interrelacionadas, y no acciones independientes Cultura Simbólica
Respecto al idioma
� Año 2010: Generar conciencia sobre el sujeto colectivo, su territorio y
derechos a través de todos los medios de comunicación disponibles.
� Año 2012: Presencia de la cosmovisión maya como base para la elaboración
del pensum educativo de niños y niñas en todos los centros educativos, tanto
privados como públicos, para que la regulación individual y colectiva de la
vida tenga sentido.
Respecto a la espiritualidad
� Año 2010: Establecer los primeros enlaces entre representantes espirituales de
las diferentes comunidades para dar contenido espiritual a la región.
� Año 2012: Organización regional de “Ajquijab” que esté bien fortalecida para
que constituyan el marco de relaciones materiales, simbólicas y sociopolíticas
de la región mediante la interpretación del calendario.
Respecto al patrimonio
� Año 2010: Proceso de Identificación de Lugares Sagrados en todos los
municipios de Quetzaltenango.
� Año 2012: Que las organizaciones de Ajq'ijab y autoridades locales
administren y tengan el control sobre los lugares sagrados, por hecho o por
derecho.
Respecto a la educación
� Año 2010: Que los catedráticos u alumnado conozcan el significado y la
importancia de la cosmovisión maya con toda su complejidad.
� Año 2012: Que los alumnos dominen su idioma materno oral, escrito y un
segundo o tercer idioma dependiendo del nivel.
Respecto a los medios de comunicación
� Año 2010: Que los medios de comunicación tomen en cuenta la cultura (en
toda su complejidad) como base fundamental de la comunicación del pueblo.
� Año 2012: Democratización de los medios mediante la generación de medios
de comunicación públicos y masivos.
Cultura Material
Respecto a las relaciones entre personas en la comunidad
� 2010: Sensibilización sobre la necesidad de producir y consumir los
alimentos y productos básicos propios de la región.
� 2012: Aplicación de practicas ancestrales tecnológicas para desarrollar el
potencial colectivo de la utilización de tecnología.
Respecto a las relaciones institucionales en la comunidad y la región
� 2010: Fortalecimiento institucional par promover la autosuficiencia.
� 2012: Aplicación de tecnología ancestral en la generación de industria.
Respecto a las relaciones normativas de la región en el Estado
� 2010: Realización de las propuestas auto-regulatorias del territorio sobre el
uso de la ciencia y tecnología así como de gestión del patrimonio natural.
� 2012: Aplicación de las propuestas y políticas.
Respecto a las relaciones estructurales a nivel de Estado
� 2010: Proporcionar una restructuración territorial con actores integrales del
colectivo.
� 2012: Aplicación a nivel local y regional.
Cultura Sociapolítica
� 2010: Consolidación de consejos comunitarios con enlaces a nivel regional.
� 2012: Consolidación del consejo regional.
149
LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES PARA LA OBSERVACIÓN COMUNITARIA Y REGIONAL DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS La CEC Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa Qano'jib'al y la CEC Moloj Naoj
Kaqchikel elaboraron mediante el vínculo de CANEKun sistema de indicadores
amplio y complejo. Este recoge una gran cantidad de elementos de medición que
permiten calcular la capacidad de ejercicio de los derechos colectivos así como el
impacto de las desigualdades estructurales en sus comunidades. El sistema está
fundamentado en la interpretación de las tres esferas de la cultura y sus
relaciones. Permite analizar realidades culturales mono o pluriculturales
diferentes con toda su complejidad o tomando una sola esfera de la cultura,
siempre partiendo de la variable territorio que dirige el análisis hacia la región
del sujeto colectivo. Este sistema de indicadores nos permite:
1 Entender cómo las desigualdades estructurales afectan directamente a la
conformación y desarrollo de colectivos. Ello es fundamental para
comprender que lo comunitario no se encuentra aislado sino que se halla
íntimamente relacionado con las estructuras del Estado y que,
necesariamente, debe de actuar sobre sus mecanismos de alienación para
poder autodeterminarse y desarrollarse según sus propios principios y valores
y sus formas propias.
2 Brindar herramientas para que los colectivos de Guatemala puedan medir,
por un lado, sus niveles de autogestión territorial que cubre su colectividad;
por el otro, los niveles de desarrollo de las relaciones de cada una de las
esferas de la cultura que, en consecuencia, nos darán información sobre la
capacidad de ejercicio de los derechos colectivos. Todo ello con la finalidad de
crear planes estratégicos sustentados en información generada desde la
comunidad para su fortalecimiento e incidencia comunitaria, regional y
estatal.
3 Generar bases estadísticas desde la comunidad que permitan sustentar planes
estratégicos de desarrollo.
4 Facilitar la generación de procesos de reflexión y análisis durante la
elaboración del diagnóstico y la recolección de datos que permitan la
construcción de conciencia colectiva, la recuperación de formas propias de
organización y la interpretación y ejercicio de los derechos colectivos.
¿QUÉ ES UN SISTEMA DE INDICADORES Y QUÉ ELEMENTOS TIENE?
Sistema de indicadores. Un sistema de indicadores es una unidad articulada e
interrelacionada de herramientas de medición (los indicadores) que tiene por
objeto conocer la realidad para poder representarla numéricamente y tener
orientaciones para transformarla. Un sistema de indicadores no es una lista de
indicadores. La clave de un sistema se encuentra precisamente en las
(inter)relaciones que existen entre sus indicadores y, en consecuencia, entre los
fenómenos que se desean medir.
La información que aporta un sistema de indicadores permite abrir un camino
seguro a seguir para la construcción de una estrategia de acción y reflexión que
permita elaborar proyectos que impacten y transformen la realidad observada.
Lo que ofrece el sistema es la interrelación y ponderación (de mayor impacto a
menor impacto en las esferas de la cultura) de fenómenos que ayudan a
construir los indicadores (cuantitativos o cualitativos) que permitirán ir
haciendo el ejercicio de medición de la realidad concreta que se quiere
transformar. Por tanto, un sistema de indicadores no es una batería de fórmulas
150
estadísticas. Para que un sistema de indicadores sea capaz de transmitir de
manera correcta la información debe cumplir con criterios mínimos como:
1 Sostenibilidad: el Sistema debe ser aplicable a partir de los recursos económicos,
de las capacidades técnicas (informáticos, fuentes de información, etc.) y que sea
utilizable en procesos continuos.
2 Legitimidad: la información que proporciona es valiosa (al decir valiosa nos
referimos a que es útil al análisis porque representa efectivamente en alguna
medida la evidencia de relaciones entre fenómenos y permite la ponderación de
los mismos), confiable y rigurosa.
3 Comunicable: la información que el sistema proporciona es fácilmente
socializable, ágil y flexible.
4 Coordinable: permite la fácil coordinación entre las instituciones involucradas.
¿Qué es un indicador?
Un indicador es la “identificación de una magnitud numérica referida a un evento
[fenómeno] que pone en evidencia la intensidad, situación o evolución del mismo.
De su tratamiento es posible establecer la explicación, evolución y predicción de un
fenómeno estudiado”131. Sin ánimo de complicar los conceptos ni las definiciones,
diremos que un indicador es una herramienta que nos sirve para medir, ya sea con
números o con percepciones cualitativas (por ejemplo, cuando valoramos algo
diciendo que está mal, bien, muy bien…), aquello que sucede en nuestra realidad.
Los indicadores nos ayudan a tener medidas de comparación, para saber si estamos
mejorando lo que estamos haciendo, si estamos alcanzando nuestras metas o, si de lo
contrario, estamos fallando. Para definir indicadores en nuestro caso, indicadores
capaces de decirnos nuestra capacidad y avance en el ejercicio de los derechos
colectivos, existe todo un trabajo previo de análisis (la identificación de
desigualdades estructurales, su árbol de problemas, el concepto de cultura y su
relación con el concepto de colectivo y de derechos colectivos) que contribuyen a
determinar cuáles son esos números o esas características que nos darán las claves de
lo que nos interesa medir.
Con el propósito de hacer tan
sencillo como fuera posible la
construcción de indicadores,
porque obviamente éstos
deben de ser reformulados y
adaptados a la realidad local
por los miembros de la CEC,
hemos elaborado esta ficha,
que contiene elementos
imprescindibles para su
formulación.
131 Resumen: Metodología para la formulación de indicadores para el Seguimiento y Evaluación.
Alcaldía Mayor Bogotá D.C., Secretaría Desarrollo Económico 2007.
151
¿Qué es un índice?
Un índice es una medida que para nuestro caso de diagnóstico es estándar, es
decir no la creamos aquí sino que vamos a las fuentes documentadas a que nos
digan cuales son los números o categorías ideales bajo las cuales los indicadores
deberían estar y nos ayudan a hacer los cálculos respectivos para identificar las
características propias de nuestro interés.
¿Qué es una variable?
Una variable es una categoría o fenómeno que está presente en el niverso
estudiado y que cambia de acuerdo al contexto en el que se identifique. Por
ejemplo, la variable principal del diagnóstico a realizar es la de territorio. El
territorio es un factor que cohesiona a las colectividades, es un espacio físico
concreto sobre el cual se ejercen los derechos colectivos y es un elemento del que
su uso y aprovechamiento se obtienen diferentes interpretaciones dependiendo
del contexto en el cual se estudie.
¿Qué es el universo de estudio?
Un universo de estudio es la unidad total sobre la cual haremos nuestra
investigación. Por ejemplo, el universo que interesa a la investigación es la
población que cubre el territorio del colectivo, de ese universo haremos
delimitaciones temporales y espaciales. A partir de estas definiciones
seleccionamos la muestra.
¿Qué es la muestra?
Una muestra es la pequeña fracción de la población que es representativa del
universo y que nos dará los insumos necesarios para definir aquello que estemos
investigando, en este caso los fenómenos que componen nuestros indicadores.
CLAVES PARA EVALUAR Y MEJORAR EL SISTEMA
Antes de pasar a ver los indicadores, proponemos una serie de elementos del
indicador para que sean evaluados y, de ser necesario, reformulados. En su
elaboración se procuró que los indicadores fueran:
� Planteados con claridad
� Relevantes y significativos para los fines propuestos
� Fáciles de medir con los recursos económicos y tecnológicos disponibles
� Validables y observables
� Con suficientes bases y fuentes para ser medibles.
Presentamos a continuación una serie de preguntas que pueden ayudar y a
reformular el sistema:
Los indicadores culturalesLos indicadores culturalesLos indicadores culturalesLos indicadores culturales “Partimos de la hipótesis de que el verdadero banco de pruebas de una cultura consiste en determinar si favorece o no el fortalecimiento de las cualidades humanas y si contribuye a ampliar el abanico de elecciones que se ofrecen a cada individuo (y a la colectividad). Una evaluación de estas características tendría que incluir varias dimensiones importantes. No se trata de evaluar el ‹‹desarrollo cultural›› o, dicho de otra manera, no se busca determinar sí una cultura esta más ‹‹desarrollada›› que otra. Puesto que admitimos que las culturas son únicas y diversas, sería ilusorio tratar de medirlas con un único rasero. Lo que queremos evaluar es su contribución al bienestar humano, el cual posee las suficientes características comunes a todas las culturas para que sea posible comparar la situación entre los diferentes países”.
Terry McKinley, Informe Mundial sobre Cultura, UNESCO, 1998.
152
Instrumento de validación del sistema y de indicadores132
Sí No
Del sistema de indicadores
De legitimidad
� Cuenta con un marco teórico que permita una visión global sobre
el tema
� La información que proporciona es valiosa
� La información es confiable (de fuentes legítimas y válidas)
� La información es rigurosa (profundamente analizada y
concretizada)
De Sostenibilidad
� El sistema permite su implementación considerando las
capacidades económicas del proyecto y de las y los participantes
� Es perdurable en el tiempo (utilizable para mediciones en
diferentes momentos y universos culturales)
� Existen los recursos técnicos necesarios para su realización
� Existen las capacidades técnicas y humanas indispensables para su
aplicación
� Permite el monitoreo del proceso del diagnóstico
� Establece posibles relaciones entre indicadoresEs sostenible desde
lo económico
De comunicación
� La información es comprensible por quien la lee
� La información es transmisible con términos prácticos a la
colectividad
� La información es fácil de manejar a efecto de generar insumos a
partir de sus fuentes
132 Adaptación CANEK con base en Metodología para la formulación de Indicadores para el
Seguimiento y la Evaluación. Alcaldía Mayor Bogotá D.C. Secretaría Desarrollo Económico.
2007.
De coordinación
� La información permite la socialización entre las instituciones
involucradas
� La información permite la discusión entre las instituciones
involucradas
De los indicadores
� Tienen los indicadores elementos relevantes (oportunos) que
puedan vincularse a objetivos posibles en materia de cultura o en
su defecto de cada esfera de la cultura
� Es digno de confianza, es decir que no permite sesgos
� Es sostenible en el tiempo (en recursos, aplicabilidad, tecnología)
� Los datos y las técnicas estadísticas son sólidos y los productos
estadísticos reflejan adecuadamente la realidad
� Se puede aplicar a otras realidades culturales
� Involucra en el proceso de obtención a todos los actores
relevantes, con el fin de asegurar su legitimidad
� Existe una proporcionalidad de los costos para su obtención y la
utilidad de los datos y en consecuencia de la información obtenida
� Es fácilmente comprensible, claro y entendible para poder ser
analizado por cualquier persona
� Permite realizar un seguimiento sobre el fenómeno cultural
observado
� Permite realizar una evaluación del fenómeno cultural observado
153
MAPA GENERAL DEL SISTEMA DE INDICADORES
El sistema de indicadores consta de los siguientes grupos, indicadores y
componentes.
INDICADOR MARCO
IMR - Territorio del colectivo
C1133 - Concepto y delimitación del territorio del colectivo
C2 - Extensión territorial de la región del colectivo
IM1 - Población y territorio por municipio
C3 - Extensión territorial del municipio
C4 – Características de la población del municipio
INDICADORES DE LA CULTURA SIMBÓLICA
CS1 - Medios de difusión que facilitan la promoción social del contenido de los
derechos colectivos C1 – Número y tipo de medios televisivos.
C2 - Cantidad de población que usa los medios televisivos y su tipo.
C3 - Número y tipo de medios radiales.
C4 - Cantidad de población que usa los medios radiales y su tipo.
C5 - Número y tipo de medios de difusión escritos.
C6 – Cantidad de población que usa los medios escritos y su tipo.
C7 - Número y tipo de medios de difusión alternativos.
C8 - Cantidad de población que usa los medios alternativos y su tipo.
CS2 - Recursos educativos que el Estado emplea efectivamente para la
promoción, formación y ejercicio de los derechos colectivos C1 - Cantidad de establecimiento educativos públicos en el territorio del colectivo
por municipio.
133 La C significa Componente del indicador.
C2 - Cantidad de recurso humano que enseña en los establecimientos educativos
públicos.
C3 - Cantidad de horas de enseñanza por año escolar.
C4 - Cantidad de personas en edad escolar por ciclo escolar.
C5 - Cantidad de alumnos por ciclo escolar.
C6 - Grado de problemática estudiantil
C7 - Nº de cursos extracurriculares de promoción social dedicados a los contenidos
de los derechos colectivos del total de ciclos escolares.
C8 - Nº de horas por año dedicadas a cursos extracurriculares de promoción social
dedicados a los contenidos de los derechos colectivos del total de ciclos escolares.
C9 - Cantidad de presupuesto asignado a la educación pública en el territorio del
colectivo por municipio.
C10 - Cantidad de personas por ciclo escolar que dominan un idioma de los pueblos
originarios inscritos en el territorio del colectivo.
CS3 – Gestión y desarrollo de lugares en los que se práctica la espiritualidad C1 - Nº de centros ceremoniales propicios para celebraciones espirituales por
municipio.
C2 - No. de guías espirituales residentes en el territorio por religión.
C3 - Censo de propiedad de los centros ceremoniales de los pueblos originarios.
C4 - Porcentaje de presupuesto asignado al mantenimiento y preservación de lugares
sagrados de los pueblos originarios inscritos en el territorio.
INDICADORES DE LA CULTURA MATERIAL
CM1 – Recursos económicos que el Estado emplea efectivamente para mejorar
el desarrollo económico y del mantenimiento y protección del medio ambiente
en el territorio del colectivo C1 - Presupuesto del Estado asignado anualmente a servicios de desarrollo
económico y protección y mantenimiento del medioambiente
C2 - Grado de problemática económica y medioambiental
C3 - Impuestos recaudados por instituciones públicas en el espacio territorial del
colectivo
154
CM2 - Autosuficiencia en el manejo de los recursos del territorio
C1 - Extensión territorial por clase de suelo
C2 - Extensión de tierra privada propicia para su desarrollo productivo
C3 - Extensión de tierra comunal propicia para su desarrollo agrícola
C4 - Extensión de tierra comunal reforestada, bosque natural y en protección
C5 - Cantidad de tierra
C6 - Extensión de tierras comunales gestionada por organizaciones externas y
pertenecientes a estructuras oficiales del Estado por categorías.
C7 - Extensión de tierras comunales gestionada por organizaciones propias del
colectivo por categorías.
CM3 - Autosuficiencia económica del colectivo C1 - Nº de trabajadores por tipo de organización productiva
C2 - Población económicamente activa
C3 - Destino de la producción por sector productivo
C4 - Salario mínimo por persona
C5 - Ingresos y gastos promedio de la familia
C6 - Precio y origen de los productos de la canasta básica vital
INDICADORES DE LA CULTURA SOCIAL O POLÍTICA
CSP1 - Eficacia de la inversión de recursos económicos del Estado en programas
de desarrollo social en base al grado de problemática socio-política que afrontan C1 - Ingresos públicos totales
C2 - Asignación presupuestaria anual del Estado para cada municipio
C3 - Presupuesto de organismos estatales asignado anualmente para desarrollo social
C4 - Presupuesto de la municipalidad asignado anualmente para desarrollo social
C5 - Grado de servicio voluntario a la comunidad en materia de desarrollo social
C6 - Grado de percepción de la problemática social
CSP2 - Grado de desarrollo del ordenamiento territorial del colectivo desde las
lógicas locales de representación C1 - Grado de desarrollo de la ciudadana diferenciada, directa y orgánica
C2 - Ingresos anuales obtenidos mediante formas propias de tributación o
contribución económica, usados para el autofinanciamiento de estructuras
organizativas propias dedicadas a la definición, ejecución, control y evaluación de la
gestión pública para el mejoramiento de la comunidad
C3 - Grado de distribución territorial del poder para el efectivo ejercicio de los
derechos colectivos
EL PROCESO DE BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Para recabar los datos del sistema de indicadores, debido a su amplitud y
complejidad, es preciso realizar primero un análisis de los indicadores y de la
información que se requiere. Posteriormente planificar el proceso de recolección
de datos. Para la planificación general del proceso, proponemos el siguiente
cuadro:
Planificación Etapa Presupuesto
Tiempo I Tiempo II Tiempo…
Diseño
Ejecución
Revisión de resultados
Relación con estrategias
Validación con comunidad
Comunicación de resultados
Dado el tipo de investigación que se lleva a cabo, los miembros de las CEC decidieron elaborar unos gafetes que permitieran identificarlos. Un ejemplo de la CEC Moloj Naoj Kaqchikel
M. DAVID CHIRIX SOTZ
Delegado CEC
Moloj Naoj Kaqchikel
CANEK Observatorio Cultural
Investigación Desarrollo cultural
0 calle “A” 30-05, zona 7, Utatlán I. Guatemala. 4to callejón final casa 195 Colo. San Rafael z. 2
Chimaltenango Tel. 2434-6655, 78394477
155
Dada la cantidad de componentes y, por consiguiente, de información que
precisan algunos indicadores, las CEC elaboraron la siguiente herramienta de
planificación para la recolección de datos a utilizarse para cada uno de los
indicadores.
El proceso de recolección de datos fue complejo y, en ciertos indicadores, muy
dificultoso. Algunos comentarios de los miembros de las CEC’s al respecto de la
recolección de datos fueron:
� Se tiene que prever mejor la amplitud del diagnóstico.
� Las boletas se han considerado complicadas, aunque existe el pensamiento que
éstas ayudarán a determinar la realidad cultural de las comunidades.
� Las instituciones (tanto públicas como privadas, inclusió de proyección social)
han sido, en muchos casos, conservadoras en cuanto a ofrecer información. Existe
recelo de organizaciones civiles que han trabajado procesos de diagnóstico
parecidos, para dar información. Piensan que se les va a robar la información
� Es importante tener en cuenta que habrán ciertos datos imposibles de obtener ya
que aún no existen las fuentes, por lo que es preciso crearlas.
� Es muy importante realizar reuniones periódicas de los miembros de la CEC para
compartir ideas sobre los datos obtenidos y dificultades que han encontrado en su
recolección. El proceso es muy tardado, es importante simplificar.
� En las cabeceras departamentales a veces es casi imposible obtener información.
� La municipalidad, cuanto más pequeña, menos problemas.
� En muchas instancias públicas no reciben por el hecho de ser mujer.
� Es muy importante popularizar y adecuar el lenguaje de las boletas.
� Hagan una solicitud antes de llegar las instituciones públicas, sino irán por gusto.
La ley de acceso a la información no es ley en todas partes, y hay donde se tiene
incluso que pagar.
� La gente está molesta de que se le hagan consultas y encuestas y que nunca
conozcan después sus resultados. Se ha sabido de delincuentes que se hacen pasar
por encuestadores. Es preciso involucrarlas desde el inicio del proceso y regresar
cuanto antes los resultados para vean el uso y aplicación de la información.
Nombre del indicador:
C Actores clave Fuentes Técnica Instrumentos Tareas Muestra Fechas Costo
1
2
3
…
Eje
mpl
o
Municipalidades
Tesorería
Oficina de
planificación
presupuestaria
Informe
presupuestario
anual municipal
Visita personal
Internet
Boleta,
computadora,
copias, CD
Investigación
personal en
instituciones
locales
Responsable: por
representante de
municipio
Total de
presupuesto por
municipio
8 al 20 de junio
recopilación de
datos
Y 20 al 30 de junio
llena de boletas
Q.20x5= Q.100.00
LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA SEGÚN LA REALIDAD CULTURAL COMUNITARIA Antes de iniciar el proceso de recolección de datos es importante responder a las siguientes preguntas para que los indicadores se configuren según la realidad cultural.
Preguntas de personalización del sistema Indi. C
I ¿Cómo se llama su Comunidad Emergente de Conocimiento (CEC)? Entrada
¿Cuál es (o cuáles son) los municipios que integran la CEC?
¿Cómo se llama nuestra región?
¿Qué municipios integran nuestra región?
¿Qué entendemos por territorio?
¿Qué principios nos guían en la definición de los límites de nuestro territorio?
¿Cuáles son los territorios colindantes al nuestro en el sur, en el norte, en el oeste y en el este?
II
¿Qué entendemos por comunidad?
IMR 1
III ¿Cuáles son los idiomas maternos que se hablan en los municipios representados en la CEC? IM1 2
IV ¿Qué medios de difusión existen que sean propios de los municipios representados en la CEC? Por ejemplo, voceros, pregones, radios de circuito cerrado en
parques y mercados, etcétera.
CS1 7 y 8
V ¿Cuáles son las formas de religión y espiritualidad más representativas en los municipios representados en la CEC? Por ejemplo, la espiritualidad maya, la
religión católica, evangélica, mormona, etcétera.
CS3 1 y 2
VI ¿Cuáles son las formas propias de organización productiva en los municipios representados en la CEC alternativas a las que permite legalizar el Estado? Por
ejemplo, en Chimaltenango son propias las formas Al partir y el Kutch. En Totonicapán existe la forma organizativa Pop. Tales sistemas organizativos no
son cooperativas ni empresas ni asociaciones, sino que son formas propias e históricas del lugar. Algunas veces favorecen la cooperación y otras,
precisamente, logran lo contrario: la persistencia de formas locales de explotación que guardan muchas similitudes con el feudalismo, como Al partir.
CM3 1
VII ¿Qué autoridades y/o representantes locales son propios de los municipios representados en la CEC? En la definición de estas autoridades y representantes
locales tengan en cuenta criterios históricos y ancestrales, además de si están en modo alguno constituidos como instituciones protectoras de la
cosmovisión, principios y valores propios de la comunidad y de si son representantes legítimos. Tengan en cuenta, también, las autoridades y representantes
locales que imparten justicia en su comunidad, aunque no estén facultados oficialmente. Por ejemplo, guías espirituales, cofradías, comadronas, consejos de
ancianos, tertuleros, representantes comunitarios y cantonales, etcétera. Utilicen el nombre local por el que son conocidas tales autoridades y
representantes.
CSP2 1C, 1D,
1E, 3A,
3B
VIII ¿Qué espacios de decisión comunitaria, tanto oficiales como no oficiales, son propios de los municipios representados en la CEC? Utilicen el nombre local
por el que son conocidos estos espacios de reunión y decisión comunitaria.
CSP2 1F, 3A,
3B
IX ¿Qué institución(es) o espacios propios de decisión, tanto oficiales como no oficiales, existen a nivel regional (que cubra el territorio definido por el
colectivo) y donde participen las autoridades y/o representantes locales identificados anteriormente? Utilicen el nombre local por el que son conocidos estos
espacios de reunión y decisión regional.
CSP2 1F, 3A,
3B
157
LA PLATAFORMA WEB DE GESTIÓN DE INDICADORES PARA SISTEMATIZAR, RELACIONAR Y COMPARAR DATOS Y GENERAR GRÁFICAS
Con la finalidad de optimizar el proceso de sistematización de los datos recabados
durante el diagnóstico, y con el propósito de facilitar la relación necesaria entre ellos
para obtener resultados estadísticos y gráficas en los indicadores, se creó, una vez las
CEC’s finalizaron el sistema de indicadores, una plataforma web.
Ernesto Lorenzana, Cesar Joel Bojorquez Curtidor, Erwin Gonzales Bonilla, Cesar
Hernández Mendoza y Francisco Castro Fernandez, ingenieros informáticos
egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el apoyo técnico de
Diani Cabrera y Luís Cruz, adaptaron el sistema de indicadores completo en un
programa informático de acceso vía Internet. Esta plataforma, de uso totalmente
gratuito, permite:
� Uso sin costos de un programa abierto a cualquier grupo organizado que desee
generar planes estratégicos relacionados con los derechos colectivos y precisen
de un sistema de indicadores que les proporcione orientación en la elaboración
de políticas comunitarias y regionales, evaluar el desempeño de sus acciones en
la tgransformación de la realidad y situación de los derechos colectivos en su
región.
� El programa se personaliza según la realidad cultural del lugar y permite hacer
comparaciones, por ejemplo podremos conocer el grado de percepción social y
política de representatividad de los consejos de ancianos mayas y de
hermandades garífunas ante espacios de decisión política oficiales, partidos
políticos e incluso de la cooperación internacional.
� Personalización del sistema. No es necesario usar todo el sistema si no se desea
sino que éste se ajusta al tipo de investigación que se realiza agrupando y
relacionando los componentes que nos interesa comparar. Por ejemplo,
podemos analizar únicamente si el desarrollo de organizaciones comunitarias y
de los elementos de idioma y espiritualidad están vinculados al grado de
posesión del territorio y capacidad de autogestión que tienen los diferentes
actores del territorio y hacer comparativas, por ejemplo, entre la realidad de
Quetzaltenango, Cobán y Chiquimulilla.
� Generar fuentes de información y
reportes estadísticos y gráficos desde
la comunidad que pueden ser
consultadas en todo el mundo vía
web.
� Generar canales de comunicación
entre CEC’s y con el mundo para
compartir información multimedia
mediante páginas web propias para
cada una de ellas.
� Asegurar la correcta sistematización y
guardo de la información, así como la
generación de memorias y de gráficas.
� Relacionar datos de los diferentes indicadores del sistema.
Software libre
La plataforma web está elaborada en software libre. El software libre es la
denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto
adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado,
cambiado y redistribuido libremente. Se refiere a cuatro libertades de los usuarios del
software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el
funcionamiento del programa, y adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con
lo cual se puede ayudar a otros, y de mejorar el programa y hacer públicas las
mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie.
GNU General Public Licence (GPL)
La plataforma web posee licencia GPL. La Licencia Pública General de GNU o más
conocida por su nombre en inglés GNU General Publical License o simplemente su
acrónimo del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free Software
Foundation en 1989 (la primera versión), y está orientada principalmente a proteger
la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el
software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de
apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios.
Especificaciones de la plataforma webEspecificaciones de la plataforma webEspecificaciones de la plataforma webEspecificaciones de la plataforma web
En la siguiente ventana deberá ingresar el nombre de la nueva Comunidad
Emergente de Conocimiento (CEC) que se está creando, cuando haya terminado
deberá dar clic en el botón registrar.
Aparecerá una ventana donde se indica que la nueva región fue ingresada
satisfactoriamente y además solicitará los primeros datos relacionados con la
región que se ingresó.
159
Aparecerá una pantalla donde deberá ingresar parámetros adicionales de la
configuración de la región (nombre, comprensión del territorio y comunidad,
ubicación de la región y principios que guían la definición de los límites del
territorio). Cuando haya terminado de ingresar la información podrá dar clic en
el botón registrar para que los valores de la región queden almacenados
satisfactoriamente.
Comunidad Emergente de Conocimiento (CEC)
Para crear una nueva comunidad Emergente de Conocimiento debe elegir la
opción “Región” del menú superior.
Seleccione la opción “Región”, aparecerán todas las regiones ingresadas en el
sistema. Para poder ingresar una nueva Comunidad Emergente de
Conocimiento, elija la primera columna de íconos, relacionada con la región
que donde pertenezca la CEC.
Aparecerá una pantalla con el detalle de las Comunidades Emergentes de
Conocimiento, para agregar una nueva, debe elegir la opción “Nueva
Comunidad”.
Ingresar el nombre de la nueva Comunidad Emergente de Conocimiento. En la
fila de arriba aparece el nombre de la Región a la que pertenecerá.
160
Luego de Ingresar los datos y oprimir el botón registrar, se desplegarán todas las
comunidades emergentes de conocimiento que están creadas en esa.
Finalmente, la plataforma web se configura según la realidad cultural de la CEC
(ya sea mono o pluricultural). Se realizan una serie de preguntas respecto a la
realidad cultural (simbólica, material y sociopolítica) del municipio o
municipios que integran la CEC.
La personalización del sistema según la realidad cultural comunitaria se
establece mediante la inscripción en el sistema de indicadores de los idiomas
propios del lugar, medios de difusión propios, religión y espiritualidad,
organización productiva, autoridades comunitarias, espacios comunitarios y
espacios regionales tanto de decisión política como de administración de
justicia.
Descargue el manual deDescargue el manual deDescargue el manual deDescargue el manual de usuario de usuario de usuario de usuario de la la la la plataforma webplataforma webplataforma webplataforma web El manual de usuario completo ¡para la inscripción de proyectos de investigación o CEC’s, generación de bases de datos, reportes y gráficas puede descargarse en http://www.box.net/shared/vfyi5ls0iu
161
EL SISTEMA DE INDICADORES
INDICADORES MARCO Ficha de los indicadores, matrices y boletas para la recolección de datos
IMR Territorio del colectivo
IM1 Población y territorio por municipio
Boleta de recolección de datos para el indicador: IMR –TERRITORIO DEL COLECTIVO
Responsable Fecha recolección Nº de boleta
Componente 1: Concepto y delimitación del territorio del colectivo
¿Cómo se llama nuestra región? Pregunta II.a de personalización del sistema
¿Qué municipios integran nuestra región? Pregunta II.b de personalización del sistema
¿Qué entendemos por territorio? Pregunta II.c de personalización del sistema
¿Qué principios nos guían en la definición de los límites de nuestro territorio? Pregunta II.d de personalización del sistema
¿Qué entendemos por comunidad? Pregunta II.e de personalización del sistema
¿Cuáles son los territorios colindantes al nuestro en el sur, en el norte, en el oeste y en el este?
En el sur En el norte En el oeste En el este
Componente 2: Extensión territorial de la región del colectivo.
¿Cuál es la extensión total en km2 del territorio del colectivo? Km2 Fuente Fecha dato
IMR –TERRITORIO DEL COLECTIVO
Definición del Indicador Permite observar las características territoriales y demográficas del colectivo.
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Concepto y delimitación del territorio del colectivo Cdt Cualitativo
2 Extensión territorial de la región del colectivo. Te Nº total de km2 de la región
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� El elemento clave que va a determinar todo el diagnóstico del colectivo es el factor territorio. Se tiene que tener en cuenta que el territorio del colectivo no
necesariamente está vinculado al departamento, sino que tiene que ser resultado del análisis en el que se encuentran expresadas, representadas y vinculadas las tres
esferas de la cultura en el territorio. La extensión total del territorio lo denominamos región.
� En lo posible, es importante la elaboración de un mapa administrativo – político y geográfico propio del colectivo.
Fuentes sugeridas
Estadísticas del INE, Oficina Municipal de Planificación, registros históricos (mapeo de la distribución política del territorio), Informe de
Desarrollo Humano del 2005.
163
Boleta de recolección de datos para el indicador: IM-1 POBLACIÓN Y TERRITORIO POR MUNICIPIO (Pregunta II.1 de personalización del sistema)
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: Extensión territorial del municipio
¿Cuál es la extensión territorial del municipio? Km2 Fuente Fecha dato
Componente 2: Población del municipio
¿Cuál es el total de población por género? Hombres Mujeres Fuente Fecha dato
¿Cuál es el total de población por franja generacional? N135 J136 A137 AM138 Fuente Fecha
Pregunta III.1 de
personalización del
sistema
Pregunta III.2 de
personalización del
sistema
Pregunta III.3 de
personalización del
sistema
Fuente Fecha d. ¿Cuál es el total de población por idioma materno
existente en el territorio de la CEC?
135 N: Niño/a, de 0-15 años 136 J: Jóven, de 16-25 años 137 A: Adulto/a, de 26-50 años 138 AM: Adulto/a mayor, de 51 años en adelante
IM1 – POBLACIÓN Y TERRITORIO
Definición del Indicador Permite observar las características territoriales y demográficas del colectivo.
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Extensión territorial de cada municipio de la comunidad emergente de conocimiento. Tem Nº total de km2
2 Población de cada municipio de la comunidad emergente de conocimiento Ps Nº total de habitantes.
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� El elemento clave que va a determinar todo el diagnóstico del colectivo es el factor territorio. Se tiene que tener en cuenta que el territorio del colectivo no
necesariamente está vinculado al departamento, sino que tiene que ser resultado del análisis en el que se encuentran expresadas, representadas y vinculadas las tres
esferas de la cultura en el territorio. La extensión total del territorio lo denominamos región.
� En lo posible, es importante la elaboración de un mapa administrativo – político y geográfico propio del colectivo.
Fuentes sugeridas Estadísticas del INE, Oficina Municipal de Planificación, registros históricos (mapeo de la distribución política del territorio), Informe de
Desarrollo Humano del 2005.
164
165
INDICADORES DE LA CULTURA SIMBÓLICA Ficha de los indicadores, matrices y boletas para la recolección de datos
CS1 Medios de difusión que facilitan la promoción social del contenido de
los derechos colectivos
CS2 Recursos educativos que el Estado emplea efectivamente para la
promoción, formación y ejercicio de los derechos colectivos
CS3 Gestión y desarrollo de lugares en los que se practica la espiritualidad
CS1 - MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE FACILITAN LA PROMOCIÓN SOCIAL DEL CONTENIDO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
Definición del
indicador
Permite observar el uso que hace el colectivo de los medios de difusión que tienen presencia en el territorio. El uso se refiere a la capacidad de
informar, comunicar y generar opinión referente a la promoción social en torno al contenido de los derechos colectivos.
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Número de medios televisivos Ccc Nº de medios
2 Cantidad de población de la comarca que usa los medios televisivos PCcc % de personas de la muestra
3 Número de medios radiales Cpc Nº de medios
4 Cantidad de población que usa los medios radiales PCpc % de personas de la muestra
5 Número de medios de difusión escritos Cce Nº de medios
6 Cantidad de población que usa los medios escritos PCce % de personas de la muestra
7 Número de medios de difusión alternativos Cpe Nº de medios
8 Cantidad de población que usa los medios alternativos PCpe % de personas de la muestra
Aspectos a tener en cuenta
� El criterio de qué medios de difusión que son externos o son medios de difusión propios del colectivo debe de consensuarlo el mismo colectivo, más allá de criterios
lingüísticos que (1) puedan fomentar la segregación dentro de una misma colectividad, (2) puedan descartar medios locales minoritarios por ser exclusivos de un
municipio o (3) que incluso, por el hecho de valorar únicamente si éstos están traducidos o no a los idiomas locales, puedan llevar a incluir medios que emiten mensaje
alienantes. Por lo tanto, en la boleta de selección múltiple se debe de incluir la pregunta si tal o cual medio de difusión cohesiona o no y si es propio del colectivo.
� Listar todas las subcategorías de medios de difusión que existen dentro del territorio del colectivo, tanto las externas como los más locales. De cada una de las categorías se
listan todos los medios que existan y sean accesibles en el territorio.
� El término promoción social está referido a los contenidos de los derechos colectivos.
� Lo comercial se refiere a aquellos mensajes directos o subliminales que sirven para vender un producto, un servicio, una idea o para hacer proselitismo.
� En la ficha de categorías por componente de este indicador, los medios de difusión alternativos son los de carácter informal no masivos (radios-móviles, radio-mercado,
megáfonos municipales, mítines públicos, voceros, instrumentos –campana, tambor, matraca, chirimilla y el tum-, etcétera). En medios escritos del colectivo entran tanto
masivos como no masivos como, por ejemplo, boletas, volantes, mosquitos, etcétera.
� A la hora de realizar la investigación, es preferible primero conocer el número de medios de difusión por categoría (componentes 1, 3, 5 y 7) y posteriormente llevar a cabo
las encuestas. Las subcategorías de medios de difusión deben de incluir únicamente aquellos que aparecen en el municipio de forma periódica.
Fuentes sugeridas Ministerio de Educación, estaciones de emisión radial, programación de TV, periódicos, revistas y boletines locales o que circulen en el territorio del
colectivo, encuestas directas.
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CS1 Medios de difusión que facilitan la promoción social del contenido de los derechos colectivos
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: No de medios televisivos
¿Cuál es el número de medios televisivos? Fuente Nº IC139 Nº IPS140 Nº EC141 Nº EPS142
Televisión abierta
Televisión por cable
Componente 2: Cantidad de población de la comarca que usa los medios televisivos Niños 0-15 Jóvenes 16-25 Adultos 26-50 Adultos Mayores 51-… ¿Qué cantidad de población
¿Cuál es el número de medios escritos? Fuente Nº IC Nº IPS Nº EC Nº EPS
Periódicos
Revistas
Boletines
139 IC: Internos comerciales. 140 IPS: Internos de promoción social. 141 EC: Externos comerciales. 142 EPS: Externos de promoción social. 143 IPO: En idiomas de los pueblos originarios.
168
Componente 6: Cantidad de población que usa los medios escritos Niños 0-15 Jóvenes 16-25 Adultos 26-50 Adultos Mayores 51-… ¿Qué cantidad de población
Componente 7: No de medios de difusión alternativos
¿Cuál es el número de medios alternativos? Fuente Nº IC Nº IPS Nº EC Nº EPS
Respuesta IV.1 de personalización del sistema
Pregunta IV.2 de personalización del sistema
Pregunta IV.3 de personalización del sistema
Componente 8: Cantidad de población que usa los medios alternativos Niños 0-15 Jóvenes 16-25 Adultos 26-50 Adultos Mayores 51-… ¿Qué cantidad de población
ENCUESTA PARA LA BOLETA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CS-1
Encuestador/a: Fecha: Municipio: [ ] Hombre [ ] Mujer [ ] Vive área urbana [ ] Vive área rural
Idioma materno:____________________
Franja de edad: [ ] Niño/a (hasta 15 años) [ ] Joven (De 16 a 25 años)
[ ] Adulto/a (De 26 a 50 años) [ ] Adulto/a mayor (De 50 años en adelante) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿Qué canales de televisión ve más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué radio escucha más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué periódicos lee más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué revistas lee más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué boletines lee más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué radios de mercado o parque escucha más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué radios móviles escucha en su municipio más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué tipo de pregón y vocero escucha en su municipio más habitualmente? ¿Cuántos son en su idioma materno?
¿Qué otros medios de difusión propios y producidos en su comunidad escucha, lee o ve más habitualmente? ¿Cuántos son
en su idioma materno?
CS2 - RECURSOS EDUCATIVOS QUE EL ESTADO EMPLEA EFECTIVAMENTE PARA LA PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS
Definición del indicador Permite observar el nivel de aplicación de la legislación vigente en materia de educación pluricultural y multilingüe, ello como
medio para identificar las posibilidades del colectivo de interpretar, educar en y ejercer sus derechos colectivos en materia de cultura
simbólica, material y social o política.
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Cantidad de establecimiento educativos públicos en el territorio del colectivo por municipio E Nº de escuelas
2 Cantidad de recurso humano que enseña en los establecimientos educativos públicos Re Nº de personas
3 Cantidad de horas de enseñanza por año escolar H Nº de horas
4 Cantidad de personas en edad escolar por ciclo escolar Pee Nº de personas
5 Cantidad de alumnos por ciclo escolar Pce Nº de personas
6 Grado de problemática estudiantil Gpe % de problemática
7 Nº de cursos extracurriculares de promoción social dedicados a los contenidos de los derechos colectivos del total de
ciclos escolares D
Nº de cursos
8 Nº de horas por año dedicadas a cursos extracurriculares de promoción social dedicados a los contenidos de los derechos
colectivos del total de ciclos escolares Mi
Nº de horas
9 Cantidad de presupuesto asignado a la educación pública en el territorio del colectivo por municipio Pe Valor monetario
10 Cantidad de personas por ciclo escolar que dominan un idioma de los pueblos originarios inscritos en el territorio del
colectivo R
Nº de personas
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� En el componente 2, la categoría Recursos Humanos Externos (vea la boleta de recolección de datos para este indicador) se refiere a las personas que enseñan en los
establecimiento educativos públicos del colectivo pero que no son residentes en el territorio. Con ello se pretende observar la capacidad del colectivo por contar con
profesionales de la educación originarios de su territorio.
� Los cursos extracurriculares se refieren a todos aquellos que están fuera del pensum de estudios oficial.
� En las categorías del componente 9 (vea la boleta de recolección de datos para este indicador), referidos al presupuesto asignado, se tiene que tener en cuenta que tanto el
Estado, mediante el MINEDUC, como las municipalidades gestionan financiamiento de la cooperación. Estos fondos deben de desglosarse e incluirse, precisamente, en la
categoría de la cooperación internacional. Otra vía agregada para identificar el presupuesto que la cooperación internacional asigna a la educación es obteniendo el dato de
los recursos económicos de asociaciones – ONG u otros organismos que operan en el área con fondos de estas agencias.
Fuentes sugeridas Estadísticas del MINEDUC, encuestas directas en los centros educativos.
171
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CS2 Recursos educativos que el Estado emplea efectivamente para la promoción, formación y ejercicio de los
derechos colectivos
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componentes Fuente Fecha
dato
M144 Pre145 Pri146 Se147 Div148
1 Cantidad de establecimiento educativos públicos Nº
2.1 Cantidad de recurso humano externo que enseña en
los establecimiento educativos públicos
Nº
2.2 Cantidad de recurso humano residente que enseña en
los establecimiento educativos públicos
Nº
3 Cantidad de horas de enseñanza al año Nº
4 Cantidad de personas en edad escolar Nº
5 Cantidad de alumnos Nº
6.1 Grado de problemática estudiantil, % ausentismo % No
6.2 Grado de problemática estudiantil, % repitencia % No
6.3 Grado de problemática estudiantil, % abandono % No
7 Nº de cursos extracurriculares de promoción social
dedicados a los contenidos de los derechos colectivos
Nº
8 Nº de horas al año dedicadas a cursos extracurriculares
de promoción social dedicados a los contenidos de los
derechos colectivos
Nº
En el total de ciclos escolares 9.1 Cantidad de presupuesto municipal asignado a la
educación pública
Q
En el total de ciclos escolares 9.2 Cantidad de presupuesto nacional asignado por el
MINEDUC para la educación pública en el municipio
Q
En el total de ciclos escolares 9.3 Cantidad de presupuesto procedente de la cooperación
internacional asignado a la educación pública en el
municipio
Q
10.1 Cantidad de personas por ciclo escolar que hablan un
idioma de los pueblos originarios
Nº
10.2 Cantidad de personas por ciclo escolar que saben
escribir y leer en un idioma de los pueblos originarios
144 M: Unidad de medida del componente. 145 Pre: Preescolar (de 0 a 5 años). 146 Pri: Primaria (de 6 a 12 años). 147 Sec: Secundaria (de 13 a 15 años). 148 Div: Diversificado (de 16 a 17 años).
149 Congreso de la República Guatemala, C.A. Dirección legislativa. Control de iniciativas. Número de registro 3835. 17 de junio de 2008.
CS3 – GESTIÓN Y DESARROLLO DE LUGARES EN LOS QUE SE PRACTICA LA ESPIRITUALIDAD
Definición del indicador Permite observar el ejercicio del derecho a practicar la espiritualidad y elementos de identidad del colectivo y de cómo el Estado
contribuye para que los medios sean accesibles y estén en óptimas condiciones para su uso.
Indicadores marco relacionados Población - IM1 / C3 / total de población
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Nº de centros ceremoniales propicios para celebraciones espirituales por municipio Le Nº de lugares
2 Nº de guías espirituales residentes en el territorio por religión Ge Nº de guías
3 Censo de propiedad de los centros ceremoniales de los pueblos originarios Cpls % de propiedad
% de presupuesto asignado 4 Porcentaje de presupuesto asignado al mantenimiento y preservación de lugares sagrados de los pueblos originarios
inscritos en el territorio Em
Valor monetario
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� Como centros ceremoniales nos referimos al lugar específico de la práctica religiosa (iglesia, sinagoga, templo, altar, etcétera).
� La autonomía en el uso y gestión de los centros ceremoniales de los pueblos originarios se calcula mediante su censo de propiedad. El análisis del acceso se deriva
entonces del nivel de propiedad de dichos centros por parte del colectivo.
� En las categorías del componente 4 “Porcentaje de presupuesto asignado…”, cuando se indague sobre el presupuesto del Estado y del propio municipio en el
mantenimiento y protección de lugares sagrados, se tiene que tener en cuenta que éstos en ocasiones utilizan fondos de la cooperación internacional, monto que debe de
ser separado del fondo público y sumado a la su categoría respectiva, precisamente de cooperación internacional. Otra vía agregada para identificar el presupuesto que la
cooperación internacional asigna al mantenimiento y preservación de lugares sagrados de los pueblos originarios es obteniendo el dato de los recursos económicos de
asociaciones – ONG u otros organismos que operan en el área con fondos de estas agencias.
� Entonces, como lugar sagrado nos referimos a aquellos “espacios vitales para la vida espiritual, social, cultural, científica y productiva de los pueblos originarios, también
son fuente de gran riqueza de diversidad biológica. Los lugares sagrados pueden ser naturales o construidos para fines especiales de acuerdo con el sagrado calendario
maya”.149
Fuentes sugeridas Informe de lugares sagrados de CODISRA, encuestas directas, entidades dedicadas a la aplicación y observancia de la Ley de de lugares sagrados
de los pueblos indígenas.
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CS3 Gestión y desarrollo de lugares en los que se practica la espiritualidad
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: Nº de centros ceremoniales propicios para celebraciones espirituales
¿Cuántos centros ceremoniales propicios para celebraciones espirituales
por municipio?
Fuente Fecha
dato
Nº
Respuesta V.1 de personalización del sistema
Respuesta V.2 de personalización del sistema
Respuesta V.3 de personalización del sistema
Otros
Componente 2: No de guías espirituales
¿Cuántos guías espirituales residentes en el territorio por religión? Fuente Fecha
dato
Nº
Respuesta V.1 de personalización del sistema
Respuesta V.2 de personalización del sistema
Respuesta V.3 de personalización del sistema
Otros
Componente 3: Censo de propiedad de lugares sagrados de los pueblos originarios
¿A quién pertenecen y cuánta extensión cubren los
lugares sagrados de los pueblos originarios?
Fuente Fecha dato Nº Extensión
total m2
Estatal
Propiedad privada accesible al colectivo
Propiedad privada no accesible al colectivo
Componente 4: Presupuesto asignado al mantenimiento y preservación de lugares sagrados de los pueblos originarios
¿Cuál es el presupuesto asignado al mantenimiento y preservación de
lugares sagrados de los pueblos originarios inscritos en su municipio?
INDICADORES DE LA CULTURA MATERIAL Ficha de los indicadores, matrices y boletas para la recolección de datos
CM1 Recursos económicos que el estado emplea efectivamente para mejorar
el desarrollo económico, el acceso a medios de producción y al
desarrollo sostenible
CM2 Autosuficiencia en el manejo de los recursos del territorio
CM3 Autosuficiencia económica del colectivo
176
150 Moreno, Ángel. Insumos para el desarrollo sustentable. Monografía. http://www.monografias.com 151 Referencias encontradas en http://diegobacha.wordpress.com/2009/06/23/urbana-vs-rural/
CM1 – RECURSOS ECONÓMICOS QUE EL ESTADO EMPLEA EFECTIVAMENTE PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL ACCESO A MEDIOS DE
PRODUCCIÓN Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE Definición del indicador Permite observar la distribución y aplicación efectiva de los recursos económicos del Estado destinados al desarrollo económico, al acceso a
medios de producción y al desarrollo sostenible
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Ingresos públicos totales Irp Monto en Q
2 Asignación presupuestaria anual del Estado para cada municipio Pem Monto en Q
3 Presupuesto de organismos estatales asignado anualmente a servicios de desarrollo económico, acceso a medios de producción
y al desarrollo sostenible
Pee Monto en Q
4 Presupuesto de la municipalidad asignado anualmente a servicios de desarrollo económico, acceso a medios de producción y al
desarrollo sostenible
Pme Monto en Q
5 Grado de problemática económica, de acceso a medios de producción y medioambiental Gpe %
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� Por acceso a medios de producción nos referimos a acceso a tres elementos: al capital (créditos y subsidios), al trabajo y a la tierra.
� Por desarrollo sostenible entendemos “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la de las generaciones futuras. (…) Es el uso de recursos naturales
renovables de tal manera que no se agoten o degraden”.150
� En la parte de categorías mostramos fuentes de información, en su mayoría oficiales y de organismos internacionales. Los datos oficiales ofrecen datos sesgados en cuanto a la
desigualdad estructural ya que, aunque en algunos casos aportan información en cuestión de género, la diversidad cultural queda relegada a una diferenciación étnica entre
“indígena y no indígena” que poca validez da a los datos. Una buena auditoría social debería emplear las mismas clasificaciones de indicadores pero profundizar en esta variable y
en la que se refiere a la localización de la población, si en espacio urbano o rural, ambas variables de especial relevancia en Guatemala. Este aspecto, que aquí señalamos en los
indicadores relacionados con aspectos económicos, se debe de asumir tanto en el diseño de boletas como en la definición de categorías y subcategorías en el resto de esferas de la
cultural si se lleva a cabo una recolección total de datos por parte de la CEC y no se toman como referencia los datos oficiales.
� Por espacio rural entendemos “la parte de un municipio que no está clasificada como Área Urbana o de Expansión Urbana —son áreas no urbanizadas al menos en su mayor
parte o destinadas a la limitación del crecimiento urbano, utilizadas para actividades agropecuarias, agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación ambiental—,
incluye también las zonas dedicadas a otros usos (residenciales, industriales, de transporte o de servicios) en los municipios clasificados previamente como rurales al no
sobrepasar los 10,000 habitantes, incluso contando con todos los servicios requeridos por una ciudad.” E espacio urbano “se concreta por sus funciones, su alta densidad de
población y su extensión, así como por ser emisor de servicios y estar perfectamente dotado de infraestructuras. Siendo propio de los núcleos urbanos o ciudades, definidos
numéricamente en el caso de Guatemala desde 10,000 habitantes o ciudades funcionales (ciudad industrial, ciudad de servicios, incluso agrociudades). En Guatemala algunos
centros poblados considerados ciudades y por ende zonas urbanas son: Ciudad de Guatemala, la Ciudad de Quetzaltenango, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Cobán,
Escuintla, Puerto Barrios, Jutiapa y cualquier centro poblado de más 10,000 habitantes”.151
Fuentes sugeridas Ver acceso a datos en el cuadro de categorías de cada componente en la página siguiente. Encuestas directas.
177
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CM1 Recursos económicos que el estado emplea efectivamente para mejorar el desarrollo económico, el acceso a
medios de producción y al desarrollo sostenible
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: Ingresos públicos totales152
¿Cuál es el ingreso anual público en cada
municipio?
Fuente Fecha Organismos estatales Q Municipalidad
Q
Ingresos tributarios
Ingresos no tributarios
Recursos de capital
Componente 2: Asignación presupuestaria anual del Estado para cada municipio Fuente Fecha Asignación de presupuesto en Q
¿Cuál es el presupuesto del Estado asignado al
municipio?
Componente 3: Presupuesto de los organismos estatales asignado anualmente a servicios de desarrollo económico, acceso a
medios de producción y al desarrollo sostenible en el municipio153 Nº beneficiarios
C. Urbano C. Rural
¿Cuál es el presupuesto asignado por
organismos estatales en su municipio
en…?
Fuente Fecha Nº de
Programas H M H M
Gastos
F&A154 Gastos
E&I155
Trabajo y previsión social
Ciencia y tecnología
Agua y saneamiento
Vivienda
Medio ambiente
Minería e hidrocarburos
Energía
Comunicaciones
Programas de transporte
Industria y comercio
Turismo
Agropecuario
Financieras y seguros
Otras actividades de servicios
económicos
152 Datos disponibles en http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/estadisticas/47-estadicas-tributarias/334-recaudacion-tributaria-
2009.html; y en http://www.minifin.gob.gt 153 Datos disponibles en http://www.minifin.gob.gt 154 Gastos F&A: Gastos administrativos. 155 Gastos E&I: Gastos en ejecución e inversión física.
178
Componente 4: Presupuesto de la municipalidad asignado anualmente a servicios de desarrollo económico, acceso a medios de
producción y al desarrollo sostenible en el municipio156 Nº beneficiarios
C. Urbano C. Rural ¿Cuál es el presupuesto asignado por
la municipalidad en…?
Fuente Fecha Nº de
Programas H M H M
Gastos
F&A Gastos
E&I
Trabajo y previsión social
Ciencia y tecnología
Agua y saneamiento
Vivienda
Medio ambiente
Minería e hidrocarburos
Energía
Comunicaciones
Programas de transporte
Industria y comercio
Turismo
Agropecuario
Financieras y seguros
Otras actividades de servicios
económicos
Componente 5: Grado de problemática económica, de acceso a mercados y medioambiental
¿Cuál es el grado de problemática económica en cada municipio de la muestra?
156 Datos disponibles en http://www.minifin.gob.gt 157 Datos disponibles en http://www.ine.gob.gt/descargas/ENCOVI2006/-INE-ENCOVI_2006.zip 158 Datos disponibles en http://www.oim.org.gt/. También en http://www.mintrabajo.gob.gt/org/informacion-y-estadisticas/encuesta-sector-informal 159 Datos disponibles en http://www.ine.gob.gt/index.php/ambiente 160 Datos disponibles en http://www.ine.gob.gt/index.php/ambiente 161 Datos disponibles en http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=32637&IDCat=3&IdEnt=115&Idm=1&IdmStyle=1
179
Nivel de contaminación ambiental
El Instituto Nacional de Estadística contempla los siguientes problemas de contaminación ambiental. Como
anotamos anteriormente, existe la posibilidad de incluir los datos oficiales o realizar una encuesta o reunión local
para tener una fuente directa. Incluir en la boleta la codificación en una prioridad de 1 a 10.
Problema ambiental Código Problema ambiental Código
Deforestación Df Sequía Sq
Drenajes Dr Desastres naturales Dn
Desechos sólidos Ds
Agua contaminada para consumo
humano Ac
Escasez de agua Ea Erosión de suelos Es
Contaminación de ríos Cr Plaguicidas Pl
Contaminación del aire Ca Incendios forestales If
Contaminación por ruido Cru Aguas residuales Ar
Número de industrias de riesgo ambiental por actividad
El Instituto Nacional de Estadística contempla las siguientes, divididas en alto riesgo ambiental y riesgo ambiental
moderado. De nuevo, un censo local daría información más fiable que la recogida en los datos oficiales. Incluir el
número de ellas que existen en el municipio de la muestra:
CM2 - AUTOSUFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL TERRITORIO Definición del indicador Permite observar el poder de decisión del colectivo sobre su territorio basado en la certeza de la propiedad y capacidad de gestión y
administración de la tierra y de los recursos naturales que se hallan en ella
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Extensión de tierra por cobertura y uso de la tierra Ct Nº de hectáreas
2 Formas de tenencia de la tierra Ftt. Nº de personas y m2
3 Destino de los beneficios económicos de la explotación de recursos energéticos y minerales Rre Nº de recursos y monto en Q
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� Minifundio: “(De mini- y -fundio, segundo elem. de latifundio). 1. m. Finca rústica que, por su reducida extensión, no puede ser objeto por sí misma de cultivo en
condiciones remuneradoras”.162 “Finca rústica de dimensiones tan reducidas que impiden alcanzar una escala de explotación eficiente. Así como el latifundio, su tamaño
debe contextualizarse en el espacio geográfico en el que se halle, pues la escala eficiente dependerá de la fertilidad o la tecnología, entre otros factores. Minifundista es
toda explotación incapaz de ofrecer a su explotador un flujo de renta suficiente para permitir el mantenimiento de la unidad familiar, dado el nivel medio de necesidades
y la remuneración a los factores en un momento y lugar. Son explotaciones familiares orientadas al autoconsumo, de precario nivel técnico, sin posibilidad de destinar
recursos a su mejora, y con una economía complementada con trabajos en otras explotaciones. Suelen estar asociados a latifundios, generando condiciones económicas,
políticas y sociales que bloquean el desarrollo económico. Otro problema con consecuencias similares es la sobreparcelación, muy común en España: la explotación
puede tener un tamaño reducido, pero viable, y, sin embargo, está parcelada de forma que la unidad técnica está rota”.163
� Latifundio: “(Del lat. latifundĭum). 1. m. Finca rústica de gran extensión”.164 ”Explotación agraria de gran extensión, caracterizada por el ineficaz uso de los recursos
disponibles. El concepto ‘gran extensión’ debe enmarcarse en las características físicas, sociales y territoriales del espacio geográfico en que se encuentre:
en Europa puede tener algunos cientos de hectáreas, mientras que en Latinoamérica superará con facilidad las diez mil. El latifundio está asociado a ciertas
características: bajos rendimientos, subutilización de la tierra, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, explotación de la mano de obra y bajo nivel de vida de los
trabajadores. Es una pieza más en un engranaje social complejo, y a su alrededor suelen aparecer minifundios y campesinos sin tierra, en una sociedad estratificada y con
dificultades para el desarrollo económico. Se han ensayado distintas fórmulas para solucionar este problema, con claras implicaciones políticas, sociales, económicas y
territoriales, que van desde el cambio en la estructura de la propiedad hasta la modernización de la explotación”.165
Fuentes sugeridas Registro de la propiedad de la Municipalidad, Oficina Municipal de Planificación, Programas de inversión del MAGA, MINFIN, MINECOM,
SEGEPLAN, Mapeos institucionales de la sociedad civil, Informes de AGEXPRONT. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente.
Ministerio de energía y minas
181
Boleta de recolección de datos para el indicador: CM2 - Autosuficiencia en el manejo de los recursos del territorio
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta Componente 1: Extensión de tierra por tipología
¿Cuál es la extensión de tierra por tipología?166 Fuente Fecha Hectáreas
Superficie con cultivos anuales o temporales
Superficie con cultivos permanentes y semi permanentes
Superficie con pastos
Superficie con bosques naturales
Área protegida
Cuerpos de agua m2:
Componente 2: Formas de tenencia de las tierras
¿Cual es el número y extensión de las tierras por su forma de
tenencia y uso?167
Fuente Fecha m2 Nº
Pro.168
m2
Oc.169
m2
Pr.170
m2
Na.171
Estatal
Municipal
Propiedad privada minifundio
Propiedad privada latifundio
Tierras comunales gestionadas por organizaciones externas
y/o pertenecientes a organismos del Estado
Tierras comunales gestionadas por organizaciones propias
del colectivo
Tierras comunales gestionada por organizaciones mixtas
Fuente Fecha Índice de Gini Desigualdad en el acceso a la tierra por municipio172
Componente 3: Destino de los beneficios económicos de la explotación de recursos renovables y no renovables
Valor en Q Nº ¿Cuál es el destino de los
beneficios económicos
generados por la explotación de
recursos naturales? 173
Fuente Fecha
Nca174 Caa175 Can176
Para
empresa
extranjera
Para
empresa
nacional
Para
empresa
local
Para
Estado
Para
Municipio
Mineras
Hidroeléctricas
Carboneras
Refinerías gas
Geotérmicas
Solar
Eolítico
Biocombustibles (Etanol)
Forestales
Otros
166 Datos disponibles en http://www.ine.gob.gt/index.php/ambiente/43-medioambiente/82-estadisticasambientalesmunicipales2004 167 Las columnas en gris se refieren a datos muy interesantes para el análisis, pero debido a la dificultad que supone su recolección los
colocamos como alternativos. 168 Nº Pro.: Número de propietarios. 169 Oc.: Tierra ociosa, es decir, propicia para su desarrollo agroforestal pero no explotada. 170 Pr.: Tierra productiva explotada. 171 Na.: Tierra de área protegida o de bosque natural o reforestado no explotado. 172 “La desigualdad en el acceso a la tierra por municipio a través del índice de Gini, se refiere a la concentración de la tierra en cada uno
de los municipios de Guatemala. Su valor estará entre cero y uno. Cuanto más próximo a uno sea el índice de Gini, mayor será la
concentración de la tierra; cuanto más próximo a cero, más equitativa es la distribución. Su cálculo se realizó a partir de los datos de
tenencia de la tierra reportados por el IV Censo Nacional Agropecuario 2003”.
Fuente: http://www.perfilambiental.org.gt/perfam2006/PERFAM2006.pdf 173 Datos disponibles en http://www.ine.gob.gt/index.php/ambiente/43-medioambiente/82-estadisticasambientalesmunicipales2004 174 Nca: No consultada a la comunidad. 175 Caa: Consultada a la comunidad y aprobada. 176 Can: Consultada a la comunidad y no aprobada.
177 INEGI (2002). Cuentas por sectores institucionales, cuenta satélite del subsector informal de los hogares, metodología. México, p. 8.
CM3 - AUTOSUFICIENCIA ECONÓMICA DEL COLECTIVO
Definición del indicador Permite observar la capacidad de autosuficiencia económica del colectivo
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Nº de trabajadores por tipo de organización productiva Top Nº de trabajadores
2 Población económicamente activa Pea Nº de personas
3 Destino de la producción por sector productivo Psp Valor monetario
4 Salario mínimo por persona Pcbv Valor monetario
5 Ingresos y gastos promedio de la familia Smp Valor monetario
6 Precio y origen de los productos de la canasta básica vital Igf Valor monetario
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� Se relacionan con los gastos mensuales de los hogares concernientes a: vivienda, productos de limpieza y aseo personal, educación, salud, servicios sociales, lavandería,
comunicaciones, transporte, animales domésticos, membresías, alojamiento, servicio doméstico y facturas vendidas por servicios de la vivienda y pago de deudas.
� “El subsector informal puede describirse como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes y servicios con la finalidad primordial de generar empleo e
ingresos para las personas implicadas. Estas unidades se caracterizan por funcionar con un bajo nivel de organización, con poca o ninguna división entre el trabajo y el
capital en cuanto a factores de producción y a pequeña escala. Las relaciones laborales, cuando existen, se basan generalmente en el empleo ocasional, en el parentesco o
en las relaciones personales o sociales, y no en acuerdos contractuales que supongan garantías formales”.177
� La población económicamente activa incluye tanto a aquella gente que se encuentra efectivamente empleada, como la desempleada.
Fuentes sugeridas Instituto Nacional de Estadística (INE), Población Económicamente Activa (PEA), Censo Municipal, Plan Estratégico Municipal, Estrategia de
Reducción de la Pobreza
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CM3 Autosuficiencia económica del colectivo
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: Nº de trabajadores por tipo de organización productiva
Nº de organismos ¿Qué cantidad de trabajadores hay por organización
productiva?
Fuente
Fecha
Internos178 Externos179
Nº trabajadores
Sociedad anónima
Cooperativa
Microempresa
Respuesta VI.1 de personalización del sistema No
Respuesta VI.2 de personalización del sistema No
Sector informal No
Componente 2: Población económicamente activa
Ocupada Desocupada ¿Cuál es la distribución de la población
económicamente activa por sector productivo?
Fuente
Fecha
Infantil180 H M H M
Agrícola
Forestal
Ganadería
Artesanía
Comercio
Industria
Servicios
Componente 3: Destino y valor de la producción por sector productivo
¿Cuál es el destino de la producción por sector
productivo y su valor en Q al año?
Fuente
Fecha Venta a
mercado local
Valor en Q
Venta a
mercado
nacional
Valor en Q
Venta a
mercado
internacional
Valor en Q
Agrícola
Forestal
Ganadería
Artesanía
Comercio
Industria
Servicios
178 Internos, es decir, organismos fundados y gestionados por miembros del colectivo. 179 Externos, es decir, organismos fundados y gestionados por miembros que no son del colectivo. 180 Se considera trabajo infantil aquél realizado por niños de 5 a 14 años. La Organización Internacional del Trabajo lo define del
siguiente modo. “El trabajo infantil que debe abolirse. El trabajo infantil al cual nos referimos y cuya eliminación es la meta común de los
175 Estados Miembros de la OIT corresponde a alguna de las tres categorías siguientes:
• Un trabajo realizado por un niño o niña que no alcance la edad mínima especificada para un determinado trabajo y que, por
consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo del niño o de la niña.
• Un trabajo que se denomina trabajo peligroso porque, ya sea por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza, pone
en peligro el bienestar físico, mental o moral de adolescentes o niños y niñas que están por encima de la edad mínima para
trabajar.
• Cualquiera de las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud,
trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, como el reclutamiento forzoso de niños para
utilizarlos en conflictos armados, explotación sexual comercial y pornografía, y actividades ilícitas”.
184
Componente 4: Salario mínimo por persona
Real Q
Casco urbano Casco rural
¿Cual es salario mínimo por persona? Fuente Fecha Oficial Q
H M H M
Para actividades agrícolas
Para actividades no agrícolas
Para industria de maquila
Componente 5: Ingresos y gastos promedio de la familia
¿Cuál es el total de ingresos promedio mensuales por
familia183?
Fuente Fecha
H M H M
Proveniente del salario
Proveniente de otras actividades no formales
Receptor(a) de la remesa en la familia
Casco urbano Casco rural
¿Cuál es el nivel de dependencia
de las familias de remesas del
extranjero?184
Fuente Fecha Volumen en $ al
año
Nº H Nº M Nº H Nº M
Familias que reciben remesas
181 Exter.: Productos externos, no producidos dentro del territorio del colectivo. 182 Inter.: Productos internos, producidos dentro del territorio del colectivo. 183 http://www.ine.gob.gt/descargas/ENCOVI2006/Resultados_Departamentales.pdf 184 Datos disponibles en http://www.remesasydesarrollo.org
185
Componente 6: Precio y origen de los productos de la canasta básica vital
Precio en Q
de la medida
¿Cuánto valen los
productos de la canasta
básica alimentaria?
Fuente Fecha Medida185
uni total
¿Es un
producto PyP186
en el
municipio?
Si no, ¿es un
producto PyP en
el territorio del
colectivo?
Si no, ¿es un
producto PyP en el
resto del país?
Crema fresca sin envasar 58.28 Litro
Queso fresco 34.46 Libra
Leche pasteurizada 201.21 Litro
Leche en polvo 26.97 Libra
Pollo con menudos 135.59 Libra
Hueso con carne de res 127.85 Libra
Huevos medianos 135.11 Libra
Frijoles negros 339.71 Libra
Arroz de segunda 166.59 Libra
Tortillas de maíz 2,214.77 Libra
Pan francés corriente 235.40 Libra
Pan dulce 92.30 Libra
Pastas para sopa 110.93 Libra
Azúcar blanco granulado 452.06 Libra
Grasas - Margarina 18.95 Libra
Aceite corriente 80.70 Litro
Güisquil 320.11 Libra
Ejote 38.35 Libra
Tomate 169.85 Libra
Cebolla 62.58 Libra
Papas 182.92 Libra
Bananos maduros 209.82 Libra
Plátanos maduros 164.00 Libra
Café tostado y molido 53.80 Libra
Sal común de cocina 53.80 Libra
Bebida gaseosa 191.77 Litro
185 Cantidad diaria consumida, en gramos, por una familia de 5.38 integrantes. Fuente INE, http://www.ine.gob.gt 186 PyP: Producido y procesado.
187
INDICADORES DE LA CULTURA SOCIAL O POLÍTICA Ficha de los indicadores, matrices y boletas para la recolección de datos
CSP1 Eficacia de la inversión de recursos económicos del estado en
programas dirigidos al desarrollo social en base al grado de
problemática sociopolítica que afrontan
CSP2 Grado de desarrollo del ordenamiento territorial del colectivo desde las
lógicas locales de representación
CSP1 - EFICACIA DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL ESTADO EN PROGRAMAS DIRIGIDOS AL DESARROLLO SOCIAL EN BASE AL GRADO DE PROBLEMÁTICA SOCIOPOLÍTICA QUE AFRONTAN Definición del indicador Permite observar la distribución y aplicación efectiva de los recursos económicos del Estado destinados al desarrollo social para afrontar
aquellas problemáticas que fragmentan el tejido social.
Componentes (C) Sigla Unidad de medida
1 Ingresos públicos totales Irp Monto en Q
2 Asignación presupuestaria anual del Estado para cada municipio Pem Monto en Q
3 Presupuesto de organismos estatales asignado anualmente a servicios de desarrollo social Peds Monto en Q y beneficiarios
4 Presupuesto de la municipalidad asignado anualmente a servicios de desarrollo social Pmds Monto en Q y beneficiarios
5 Grado de percepción de la problemática social Gps %
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� Los componentes de este indicador son eminentemente de percepción ciudadana, por lo que es preciso realizar encuestas. Tenga en cuenta que es posible hacer reuniones
comunitarias para agilizar el proceso de recolección de datos, además de que puede servir para abrir el debate sobre la cuestión social y política en su comunidad y generar
más inquietud, participación y conocimiento a la población que las entrevistas individualizadas.
� Entiéndase desarrollo social como la evolución positiva de las relaciones entre personas, grupos e instituciones de una sociedad y la capacidad de los distintos grupos sociales
y étnicos que conforman el país para tener acceso equitativo a servicios sociales básicos (educación, vivienda, salud, entre otros) conforme a su cultura.
Fuentes sugeridas Ministerio de Finanzas Públicas, alcaldías, autoridades e instituciones locales, encuestas directas.
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CSP1 Eficacia de la inversión de recursos económicos del estado en programas dirigidos al desarrollo social en
base al grado de problemática sociopolítica que afrontan
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: Ingresos públicos totales187
¿Cuál es el ingreso anual público en cada municipio? Fuente Fecha Organismos estatales Q Municipalidad Q
1. Ingresos tributarios
2. Ingresos no tributarios
3. Recursos de capital
Componente 2: Asignación presupuestaria anual del Estado para cada municipio
¿Cuál es el presupuesto del Estado asignado a cada
municipio?
Fuente Fecha Asignación de presupuesto en Q
1. Municipio de la muestra
Componente 3: Presupuesto de los organismos estatales asignado anualmente a servicios de desarrollo social188
Nº Beneficiarios
C. Urbano C. Rural
Cuál es el presupuesto asignado por
organismos estatales en su municipio
en…
Fuente Fecha Nº de
Programas
H M H M
Gastos
F&A189
Gastos
E&I190
1. Salud y asistencia social
2. Trabajo y previsión social
3. Educación
4. Arte y expresiones culturales
5. Deportes
6. Seguridad interna
7. Defensa
8. Otras actividades de servicios sociales
Componente 4: Presupuesto de la municipalidad asignado anualmente a servicios de desarrollo social191
Nº Beneficiarios
C. Urbano C. Rural
Cuál es el presupuesto asignado por la
municipalidad en…
Fuente Fecha Nº de
Programas
H M H M
Gastos
F&A
Gastos
E&I
1. Salud y asistencia social
2. Trabajo y previsión social
3. Educación
4. Arte y expresiones culturales
5. Deportes
6. Seguridad interna
7. Otras actividades de servicios sociales
187 Datos accesibles en http://portal.sat.gob.gt/sitio/index.php/esat/estadisticas/47-estadicas-tributarias/334-recaudacion-tributaria-2009.html;
y en http://www.minifin.gob.gt 188 Datos accesibles en http://www.minifin.gob.gt 189 Gastos F&A: Gastos administrativos 190 Gastos E&I: Gastos en ejecución e inversión física 191 Datos accesibles en http://www.minifin.gob.gt
190
Componente 5: Grado de percepción de la problemática social
¿Cuál es el grado de percepción de la problemática social en su municipio?
A. Violencia en el ámbito privado192 Puntúe del 1 al 4, reprensentando el 1 cuando crea que
no ocurre y el 4 cuando crea que es un problema muy grave y generalizado en su municipio.
5 no sabe o no responde.
Fuente Fecha
1. Maltrato infantil 2. Violencia intrafamiliar 3. Abuso sexual
B. Violencia en el ámbito público Puntúe del 1 al 4, reprensentando el 1 cuando crea que no
ocurre y el 4 cuando crea que es un problema muy grave y generalizado en su municipio. 5
no s/r
Fuente Fecha
1. Violencia
colectiva 193
2. Tráfico de
personas
3. Robos 4. Crímenes y
asesinatos
5. Secuestros 6. Extorsiones 7.
Violacio
nes
8. Robo
de niños
9. Tráfico
y venta de
drogas
10. Otro
C. Percepción de seguridad. Marque con una X su percepción. Fuente Fecha
Muy seguro/a (-1) Seguro/a (0) Inseguro/a (+1) Muy inseguro/a (+2)
1. En su casa por la noche se siente
2. Al transitar de noche por su
comunidad, se siente
3. Ante los miembros de seguridad
pública, le da la sensación de estar
4. Respecto el año pasado se siente
D. ¿Cuáles son los principales actores que no permiten el desarrollo social en su
municipio? Puntúe del 1 al 4, siendo 1 cuando crea que no afectan y 4 cuando crea que
su efecto en el municipio sea muy grave. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. Funcionarios
de nuestro
municipio
2. Funcionarios
administración
central
3. Miembros de
otra comunidad
étnica
4. Miembros de
otra comunidad
religiosa
5. Miembros de
la seguridad
pública
6. Ladrones
comunes y
pandillas
7. Narco-
traficantes
8. Sectores
tradicionales
de poder
económico194
9. Otros
actores
E. Discriminación y racismo Puntúe del 1 al 4, siendo 1 cuando crea que no ocurre en
absoluto y 4 cuando crea que es un problema muy grave y generalizado en su
municipio. 5 no s/r
Fuente Fecha
Existe discriminación
en
Por cuestión de
1. La alcaldía 2. Los centros de salud 3. El trabajo 4. La escuela
5. Los operadores de
justicia (Juzgados, MP y
PNC)
Género
Edad
Condición económica
Étnia
Religión
192 La violencia en el ámbito privado es el que se ejerce dentro de la familia. 193 Ejemplos de violencia colectiva son linchamientos, extorsiones y ajusticiamientos que se realizan por parte de grandes grupos de la
comunidad. 194 Por sectores tradicionales de poder económico entendemos finqueros, terratenientes, patrones y familias que tradicionalmente han gozado
del poder económico y han influido en las políticas públicas y en el mantenimiento hegemónico del poder.
191
F. Percepción de fenómenos que impiden el desarrollo social Puntúe del 1 al 4 la percepción que
tiene al respecto, siendo 1 cuando está totalmente de acuerdo y 4 cuando esté totalmente en
desacuerdo. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. La pobreza es resultado de la concentración del poder económico, social y cultural en manos de muy pocos
2. La pobreza es resultado de la herencia de un Estado racista y colonial que genera procesos de colonización interna que no permiten
el desarrollo social ni económico de nuestra comunidad
3. La pobreza es resultado de la escasa iniciativa de nuestra comunidad para encontrar soluciones
4. Los delitos no se detienen porque el sistema actual de justicia favorece la impunidad
5. La diversidad cultural es la causa de la desintegración social
6. La diversidad religiosa es la causa de la desintegración social
7. Una de las causas principales de la desintegración social es la invisibilización y opresión de las mujeres
8. Existe una fractura entre generaciones, es decir, hay muy pocos o nulos espacios de conversación e intercambio de ideas entre
jóvenes, adultos y ancianos
9. Los jóvenes conocen / conocemos muy poco o nada nuestras formas propias e históricas de organización, representación y
autoridad comunitaria
10. Los jóvenes conocen / conocemos muy poco o nada la historia de nuestra propia comunidad y de nuestro pueblo
11. El hecho de que no se conozca la realidad de nuestras comunidades se debe a que hay un monopolio en los medios de
comunicación
12. La ayuda que ofrece la cooperación internacional y las ONG’s hacen que el Estado no cumpla con sus obligaciones
13. La mayoría de las personas de nuestra comunidad no tiene acceso a los programas sociales públicos (educación, salud, vivienda,
entre otros) porque los diseñan y los llevan a cabo personas que no conocen nuestra realidad
14. Existe muy escasa o nula relación entre las instituciones públicas oficiales y nuestras autoridades y representantes comunitarios
15. La pérdida del conocimiento de la espiritualidad de los pueblos originarios195 y su práctica, con todo lo que implica a nivel de
relaciones y respeto entre personas y con la naturaleza, es una de las causas principales de la desintegración social de nuestra
comunidad
16. Escriba, si lo hay, otro fenómeno que impida el desarrollo social de su comunidad u observaciones que tengan al leer las afirmaciones
anteriores
G. Calidad de los servicios públicos Puntúe del 1 al 4, siendo 1 muy
bueno, 2 bueno, 3 malo, 4 muy malo y 5 cuando no exista el servicio
público en su municipio.
Fuente Fecha
1. Escuelas 2. Hospitales
y centros de
salud
3.
Transporte
público
4.
Operadores
de justicia196
5. Unidades
de socorro
(Bomberos)
6. Luz 7.
Agua
8. EP no
comerciales197
9.
Drenajes
10.
Carretera
s
11. Recogida
tratamiento
de basura
Casco urbano Casco rural H. ¿Cuántos son los casos de fallecimientos
anuales por las siguientes causas?
Fuente Fecha
Nº de H198 Nº de M199 Nº de H Nº de
M
1. Mortalidad infantil
2. Mortalidad por causa violenta
3. Mortalidad materna
195 Nos referimos a los pueblos originarios o a los también llamados pueblos indígenas. 196 Juzgados, MP y PNC 197 Construcción y mantenimiento de espacios públicos de convivencia no comerciales 198 H: Hombre. 199 M: Mujer.
200 Escribano, Miguel (2008). Estudio del régimen político de la aristocracia centralizada. En el tratado político de B. Espinoza. España: Cuadernos de Materiales.
CSP2 - GRADO DE DESARROLLO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL COLECTIVO DESDE LAS LÓGICAS LOCALES DE REPRESENTACIÓN Definición
del
indicador
Permite observar el grado de autogobierno y autonomía del colectivo en cuanto a la calidad de su representación en instancias de decisión política local, regional y
estatal y al grado de desarrollo de la conciencia ciudadana en referencia a las capacidades reales de ejercer la ciudadanía diferenciada. Este indicador permite analizar la
capacidad del colectivo para desarrollar sus formas propias de organización local y regional a través de sus instituciones sociales, económicas, espirituales, jurídicas y
políticas propias ante la injerencia de las estructuras del Estado, el crimen organizado y la influencia de la cooperación internacional. La equidad étnica, generacional y
de género es aquí, también, un factor importante para analizar aquí si se reproducen o no las desigualdades estructurales en la conformación y emergencia de los
colectivos.
Componentes (C) Sigla Unidad medida
1 Grado de desarrollo de la ciudadana diferenciada, directa y orgánica Dcd %
2 Ingresos anuales obtenidos mediante formas propias de tributación o contribución económica, usados para el autofinanciamiento de estructuras
organizativas propias dedicadas a la definición, ejecución, control y evaluación de la gestión pública para el mejoramiento de la comunidad
Ifa % y Q.
3 Grado de distribución territorial del poder para el efectivo ejercicio de los derechos colectivos Dot %
Aspectos a tener en cuenta en el cálculo del indicador
� Vea en los pies de página la definición de algunas palabras y la exposición de los derechos colectivos.
� En este indicador es muy importante tener claros cuáles son los espacios propios y tradicionales de toma de decisión comunitaria y cuáles son las autoridades y representantes
locales y regionales propias, más allá de las oficiales como la alcaldía y los consejos comunitarios, municipales y regionales de desarrollo. Por ello, es importante investigar cuáles son
estas instituciones propias, cómo funcionan y cómo están compuestas. Aún y tener hoy en día poca capacidad de incidencia, es muy importante tenerlas en cuenta en el diagnóstico
porque nos darán cuenta de la verdadera capacidad de incidencia de la comunidad en espacios regionales y estatales a partir de las instituciones propias, es decir fuera del marco
institucional oficial regido por el Estado mono-cultural. También nos darán cuenta de la capacidad de construcción de un Estado plural desde las lógicas locales y no desde la lógica
centralista y capitalina que hoy en día rige el país.
� La ciudadanía diferenciada se refiere a las relaciones sociales, económicas, jurídicas y políticas representativas que dan sentido de pertenencia y de unidad territorial a un grupo
humano, ya sea éste pluri o mono cultural, frente a otras formas de relación propias de otros grupos humanos que conforman el resto de unidades territoriales dentro de un mismo
Estado. La ciudadanía diferenciada implica entonces, necesariamente, la capacidad de ejercicio del derecho colectivo a la autonomía y al autogobierno debido a que, para que sea
real, los tres poderes del Estado deben de encontrarse descentralizados y desconcentrados, en mayor o menor grado, en regiones autónomas, es decir en la jurisdicción que el
colectivo delimita como su territorio.
� La ciudadanía directa y orgánica “políticamente hablando es la expresión de la unidad del poder, la proyección de las potencias de los sujetos, totalidad definida como vida (en
cuanto que la alegría supone una afirmación de la vida, de la potencia vital), como articulación siempre abierta, interna y dinámica, de un conjunto orgánico (…) Esto es un peculiar
doble movimiento encerrado en el Estado como estructura política que lo convierte en un cuerpo orgánico y dinámico donde el reflejo del derecho natural sobre el derecho común
no significa más que la identidad de ambos: el ejercicio del poder (natural) de la multitud, como un derecho inalienable a ésta, es al mismo tiempo que poder constituyente la
expresión del poder constituido, sin que ello rompa el carácter dinámico y constructivo del Estado. No es que haya dos movimientos, uno desde la multitud hacia el Estado (el
constituyente) y otro del Estado hacia la multitud (afirmación de este poder constituyente como poder constituido), sino que esos dos sentidos o movimientos se dan
simultáneamente en la acción de la multitud como una afirmación de su singularidad”.200
Fuentes sugeridas Encuestas directas.
193
Boleta de recolección de datos para el indicador:
CSP2 Grado de desarrollo del ordenamiento territorial del colectivo desde las lógicas locales de representación
Responsable Fecha recolección
Municipio Nº de boleta
Componente 1: Grado de desarrollo de la ciudadana diferenciada, directa y orgánica
¿Pueden los y las ciudadanas del municipio participar en espacios de representación y auditoria social ante la administración pública y recibir
los servicios públicos en su idioma y según la cosmovisión de su propio pueblo?
A. Acceso a servicios sociales de su municipio acordes a las necesidades, a los idiomas y a la
cosmovisión de los habitantes. Puntúe del 1 al 9, siendo 1 cuando crea que son totalmente
apropiados a su idioma y cultura y 9 cuando no lo sean en absoluto. En la puntuación tenga en
cuenta, además, los criterios siguientes: (1) si las personas que ofrecen el servicio público son de
su propio municipio, (2) si son de su propia comunidad etnolingüística, (3) si la papelería que
solicitan y ofrecen está en todas las lenguas de su municipio. 10 no sabe o no responde.
Fuente Fecha
1. Centros de
salud
2. Escuelas
públicas
3. Universidad
pública
4. Municipalidad 5. Centros de la
PNC201
6. Juzgados 7. Ministerio
Público
B. Percepción de inseguridad política, corrupción y hechos de violencia política. Puntúe del
1 al 4 la percepción que tiene al respecto, siendo 1 que está totalmente de acuerdo y 4 cuando
esté totalmente en desacuerdo. 5 no sabe o no responde.
Fuente Fecha
1. Participar en movimientos políticos para el mejoramiento de la comunidad es peligroso, ya que puede haber represión
2. Hacer uso de nuestro derecho ciudadano a hacer auditoria social y criticar la función del gobierno y la municipalidad es peligroso,
ya que puede haber represión
3. El hecho de que nos organicemos fuera de los espacios que brinda el Estado para debatir sobre los problemas de nuestra comunidad
y proponer soluciones es peligroso, ya que puede haber represión
4. El uso de la violencia está justificado si se usa como instrumento para conseguir fines sociales, económicos y políticos para la
comunidad de forma más rápida que mediante el uso de los canales políticos convencionales
5. La corrupción está justificada si permite conseguir fines sociales, económicos y políticos de forma más rápida que mediante el uso de
los canales políticos convencionales
6. La diversidad cultural impide el desarrollo social, económico y político de Guatemala. Por ello es preciso excluir sus formas propias
de organización y evitar su participación en los espacios de decisión política
7. Los consejos comunitarios y municipales de desarrollo son espacios políticos de decisión cuya finalidad es eliminar las formas
propias de organización local y sustituirlas por formas propias del Estado
8. La corrupción afecta gravemente a los funcionarios de nuestro municipio
9. La corrupción afecta gravemente a los funcionarios de la administración central
C. Percepción de representatividad. Puntúe del 1 al 4, siendo 1 cuando se sienta totalmente
representado y 4 cuando no se sienta representado en absoluto. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. Comités de
Vecinos o Pro-
mejoramiento
2.
Municipalidad
3. Consejo
comunitario de
desarrollo
4. Consejo
municipal de
desarrollo
5. ONG 6. Gobierno central
actual
7. Respuesta VII.1
de personalización
del sistema
8. Respuesta VII.2
de personalización
del sistema
201 PNC: Policía Nacional Civil.
194
D. Percepción de veracidad de la información ofrecida al ciudadano. Puntúe del 1 al 4,
siendo 1 cuando crea que la información que brindan es siempre totalmente cierta y 4 cuando
crea que la información que dan casi siempre es falsa. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. Comités de
Vecinos o Pro-
mejoramiento
2.
Municipalidad
3. Consejo
comunitario de
desarrollo
4. COMUDE 5. ONG 6. Gobierno
central actual
7. Respuesta VII.1 de
personalización del
sistema
8. Respuesta VII.2 de
personalización del
sistema
E. Percepción de capacidad de comunicación y diálogo con autoridades y representantes.
Puntúe del 1 al 4, siendo 1 cuando crea que la comunicación es muy buena y se puede acudir
siempre y 4 cuando crea que no hay garantías mínimas para dialogar, presentar demandas ni
expresar necesidades. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. Comités de
Vecinos o Pro-
mejoramiento
2. Municipalidad 3. Consejo
comunitario de
desarrollo
4. Consejo
municipal de
desarrollo
5. ONG 6. Gobierno
central
actual
7. Respuesta VII.1 de
personalización del
sistema
8. Respuesta VII.2 de
personalización del
sistema
F. Participación ciudadana. Puntúe del 1 al 4, siendo 1 cuando participa una vez
a la semana, 2 una o dos veces al mes, 3 una o dos veces al año y 4 nunca. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. En un comités
de Vecinos
2. En una
organización
religiosa
3. En una
asociación de
padres de familia
4. Ap y/o
P202
5. En un
sindicato
6. En un partido
o movimiento
político
7. Respuesta VIII.1 de
personalización del
sistema
8. Respuesta IX.1 de
personalización del
sistema
Componente 2: Ingresos anuales obtenidos mediante formas propias de tributación o contribución económica
A. ¿Existe un sistema de tributación o procedimiento de contribución económica en
el municipio o regional que abarque su municipio?
Sí □ No □
Nombre del sistema de tributación o procedimiento de contribución económica
Alcance municipal Sí □ No □ Espacio de decisión comunitaria que
gestiona y administra los fondos203
Alcance regional Sí □ No □ Nº municipios
¿Las personas que gestionan y administran los
fondos perciben salario?
Sí □ No □ Nº de personas que gestionan y administran los fondos
¿La gestión y administración de los fondos implica
mecanismos de consulta popular?
No □ Sí, pero sólo se consulta qué proyectos es preciso realizar □
La comunidad puede participar de la realización de los presupuestos □
Número de contribuyentes de la comunidad Fecha
Cantidad total recaudada al año Fecha
Procedencia de los ingresos (aproximación %) Fuente Fecha
1. Aportaciones periódicas
de personas de la
comunidad
2. Recaudación
por sanciones
3. Por impuestos
sobre la renta204
4. Por impuestos sobre
bienes y servicios205
5. Por impuestos
sobre la propiedad206
6. Aportaciones
externas
7. Otros
202 Asociación profesional y/o productiva 203 Nos referimos a organizaciones locales y regionales paralelas a las oficiales del Estado que recaudan aportaciones o impuestos para el
desarrollo del municipio. 204 Impuestos individuales y de sociedades sobre la renta, beneficios y ganancias de capital. 205 Impuestos sobre producción, venta, transferencias, arrendamiento y distribución de bienes y prestación de servicios. Impuestos sobre
uso o permiso de uso o desarrollo de actividades relacionadas con bienes específicos (licencias). Impuestos sobre bienes y servicios
específicos. 206 Impuestos periódicos sobre la propiedad inmobiliaria. Impuestos sobre herencias, sucesiones y donaciones. Impuestos sobre
transacciones financieras y de capital. Impuestos no periódicos.
195
B. ¿Cuál es el uso que se le da a estos ingresos en programas de desarrollo
de los derechos colectivos en…?
Fuente Fecha Nº de
Programas
Monto asignado
Q
1. Trabajo y previsión social
2. Ciencia y tecnología
3. Agua y saneamiento
4. Vivienda
5. Medio ambiente
6. Minería e hidrocarburos
7. Energía
8. Comunicaciones
9. Programas de transporte
10. Industria y comercio
11. Turismo
12. Agropecuario
13. Financieras y seguros
14. Salud y asistencia social
15. Educación
16. Arte y expresiones culturales
17. Deportes
18. Seguridad interna
19. Otras actividades
Componente 3: Grado de distribución territorial, de género y étnica del poder para el efectivo ejercicio de los derechos colectivos
207 Nivel superior: integrantes con capacidad de tomar decisiones y/o que forman parte del consejo de toma de decisiones de la organización. 208 Nivel medio-bajo: integrantes con funciones administrativas, en capacitación, auxiliares de apoyo y subalternos. 209 IMPO: Integrantes que hablan un idioma de los pueblos originarios. 210 I: Internos, es decir, personas residentes en el municipio. 211 E: Externos, es decir, personas no residentes en el municipio.
A. ¿Cómo están compuestas las formas organizativas e institucionales presentes en su
municipio?
Fuente Fecha
Nº integrantes
Nivel superior207 Nivel medio-bajo208
H M H M
Organizaciones e
instituciones
Nº total
aprox.
Nº total
encuestado
Políticas públicas
relacionadas con los
derechos colectivos
(ver cuadro siguiente) I210 E211 I E IMPO209
I E I E IMPO
1. Municipalidad
2. Juzgados
3. Fiscalía
4. Centros PNC
5. COCODE
6. COMUDE
7. Comités vecinos
8. ONG
9. Respuesta VII de
personalización del
sistema
10. Respuesta VIII de
personalización del
sistema
11. Respuesta IX de
personalización del
sistema
Códigos de los derechos colectivos
Los derechos colectivos son Códi
go
La representatividad y participación del colectivo en la vida política local, regional y estatal 1
La libertad, paz y seguridad 2
El fortalecimiento de la autonomía, autodeterminación y autogobierno del colectivo 3
La autosuficiencia económica de los habitantes del colectivo 4
El desarrollo de la ciencia y tecnología ancestral e histórica propia del colectivo 5
La gestión de la propiedad y posesión del territorio de forma colectiva 6
La gestión y administración del patrimonio natural 7
Los idiomas locales y su educación en escuelas públicas según los principios, valores y cosmovisión de los miembros 8
La espiritualidad como marco de regulación de relaciones interpersonales, institucionales, normativas y políticas 9
La protección, mantenimiento y desarrollo del patrimonio cultural y de los símbolos de identidad 10
La generación de medios de comunicación propios 11
La organización o institución pública no lleva a cabo ninguna política pública relacionada con los derechos colectivos 12
Fuente B. Percepción del grado de influencia en espacios clave de regulación social,
económica, política y jurídica de su localidad y región. Puntúe del 1 al 4,
siendo 1 cuando crea que la influencia del actor es nula y 4 cuando crea que su
injerencia y capacidad de decisión es muy fuerte. 5 no s/r
Fecha
Decisión política. Actor
Influencia en
nuestra comunidad
Influencia en de
nuestra región
Influencia en
nuestro país
Influencia en la
administración
de justicia
Influencia en el
ordenamiento
legal y jurídico
1. Transnacionales
2. Sectores tradicionales
de poder económico del
país212
3. Sindicatos
4. ONG
5. COCODE
6. COMUDE
7. Municipalidad
8. Comités de vecinos o
pro mejoramiento
9. Organizaciones
religiosas
10. Cooperación
internacional
11. Crimen organizado
12. Respuesta VII de
personalización del sistema
13. Respuesta VIII de
personalización del sistema
14. Respuesta IX de
personalización del sistema
212 Por sectores tradicionales de poder económico entendemos finqueros, terratenientes, patrones y familias que tradicionalmente han gozado
del poder económico y han influido en las políticas públicas y en el mantenimiento hegemónico del poder.
198
C. Percepción sobre el desarrollo de la autonomía política de la región. Puntúe del
1 al 4 la percepción que tiene al respecto, siendo 1 que está totalmente de acuerdo y 4
cuando esté totalmente en desacuerdo. 5 no s/r
Fuente Fecha
1. Una de las principales causas de la pobreza social, política y económica en nuestra región es el racismo generalizado
de las instituciones públicas que no respetan ni permiten el desarrollo de nuestras instituciones, autoridades y
representantes locales y de nuestras formas propias de gobernarnos, juzgarnos y regularnos
2. La actual división política del país en departamentos no permite el desarrollo de nuestra comunidad ni de nuestra
región porque no responde a nuestra realidad social y cultural ni la participación de nuestros representantes
comunitarios
3. Gran parte de los problemas que tenemos podrían resolverse si pudiéramos decidir de forma autónoma y por
nosotros mismos el curso de nuestra comunidad sin interferencia del Estado y según nuestros principios, valores,
tradiciones e instituciones históricas
No hay garantías de que la participación local genere cambios importantes porque las decisiones cruciales se toman en
otros espacios
4. -Mostrar mapa del territorio del colectivo y definiciones- Existe un fuerte sentimiento de sujeto colectivo con el que
me identifico y que está representado en este espacio territorial
5. El establecimiento de estos límites políticos permitiría un mejor desarrollo de nuestra comunidad porque permitiría
una mejor representación de nuestras propias instituciones y nuestras autoridades locales
6. Es más efectivo hacer demandas al gobierno central y esperar que se que intentar organizarnos y solucionar los
problemas prescindiendo de la intervención estatal
7. Existe divisionismo y enfrentamientos dentro de la comunidad y entre comunidades que impiden que nos
organicemos para solucionar nuestros problemas y los de la región de forma conjunta
8. Por cómo están pensados que funcionen, los espacios de decisión política que ofrece el Estado no nos permiten
participar según nuestros principios, valores y cosmovisión
9. Las consultas populares son medios eficaces que garantizan que los políticos acaten e implementen las decisiones de
la comunidad
10. Es prioritario desarrollar en nuestro municipio un sistema de poder compartido213 con representatividad regional,
es decir, un espacio de decisión política local y regional que permita el desarrollo de nuestras instituciones políticas con
el mismo poder de decisión que los espacios oficiales como la municipalidad, los COCODES, COMUDES, CODEDES
213 [El régimen de multimunicipal como forma de implementación del poder compartido en espacios municipales] “permitiría, por lo menos,
hacer realidad el autogobierno indígena, al hacer posible que el ayuntamiento se integre de acuerdo a las características sociopolíticas del
municipio, y no con la obligatoriedad de que lo haga por presidente, síndico y regidores. Quedaría pendiente la reforma electoral (nacional y
en los estados) que permita que la renovación del ayuntamiento pueda realizarse mediante mecanismos alternos a la de los partidos políticos
(…). Un régimen multimunicipal beneficiaría a todos los indígenas (…) y no sólo a aquellos que viven en los ‘municipios indígenas’, en zonas
culturalmente compactas. En la actualidad miles de indígenas en el país no habitan en territorios en donde ellos sean mayoría, sino en espacios
territoriales multiétnicos. En un régimen multimunicipal los indígenas que viven en esa situación podrían crear nuevos tipos de municipios
como por ejemplo el ‘municipio pluriétnico’. Un régimen multimunicipal alentaría la creatividad indígena para la innovación en las
instituciones y formas de gobierno local democráticas, que ahora se encuentran impedidas por los pobres alcances de la reforma constitucional
del artículo 2º que sólo reconoce las formas de gobierno indígena por ‘usos y costumbres’, que no siempre dan respuesta a la diversidad que
existe al interior de los pueblos indígenas, que por cierto se caracterizan por su ‘diversidad en la diversidad’ (…). Un régimen multimunicipal
contiene adicionalmente un plus democrático para todo el país, ya que con él no serían beneficiados sólo los indígenas, sino todos los
municipios mexicanos. Con un régimen multimunicipal no se intentaría reconocer solamente la diversidad de las formas de gobierno local
indígena, sino la de todos los municipios de México. La diversidad cultural no es patrimonio exclusivo de los pueblos indios; ellos tienen el
mérito de insistir en el reclamo, pero sus beneficios pueden irradiar a todos los municipios del territorio nacional. Un régimen multimunicipal
reconocería la diversidad como un valor polisémico y no sólo étnico”. Por Cal y Mayor, Araceli Burguete, Reformar el municipio: autogobierno
indígena y régimen multimunicipal.
Publicado en http://www.organizacionessociales.segob.gob.mx/UAO S-Rev4/autogobierno_indigena.html en el número de enero–marzo de
2006.
199
y otros espacios de decisión política tanto locales y regionales como estatales
11. Es prioritario desarrollar un órgano regional con facultades legislativas que permita agilizar las propuestas para
transformar el marco jurídico actual y el reglamento legal en función de nuestra realidad cultural, de nuestras propias
instituciones y de nuestros principios y valores
12. Es prioritario desarrollar un órgano regional con facultades judiciales que permita el desarrollo de cuerpos de
seguridad y operadores de justicia provenientes de nuestros propios municipios y capaces de administrar justicia según
nuestras formas propias y nuestros principios y valores
13. Es prioritario crear una hacienda pública regional que permita el desarrollo de nuestras propias instituciones y la
ejecución de nuestras propias políticas públicas
14. Es prioritario crear una universidad pública propia de nuestra región que responda a nuestros principios y valores,
a nuestra cosmovisión, a nuestra lengua, historia y forma de ver y entender el mundo
15. Es prioritario crear un órgano regional con facultades de regulación económica que permita desarrollar propuestas
de reforma agraria para la consolidación de una mejor equidad económica y de posesión del territorio apto para el
cultivo, así como de implementación de políticas públicas para el desarrollo de la soberanía alimentaria214
16. Es prioritario consolidar un proyecto de región autónoma cuya implementación nos permita interpretar y poder
ejercer nuestros derechos colectivos y poder vivir en un Estado verdaderamente plural de acuerdo con nuestra
diversidad cultural
17. Existe una organización local y regional suficientemente fuerte como para poder llevar a cabo el establecimiento de
un ordenamiento territorial con propuestas que consoliden los puntos anteriores.
18. Es muy probable que en un plazo máximo de cinco años se consoliden y hagan realidad en la región propuestas
relacionadas con los puntos
10 11 12 13 14 15 16
19. Las propuestas de regiones autónomas son un atentado contra la unidad del Estado
214 “La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y
consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”.
Declaración de Nyéléni del 27 de febrero de 2007. Nyéléni, Sélingué, Malí. El texto completo de la declaración se puede consultar en
1 El proceso de construcción de las políticas culturales
2 Políticas culturales en las relaciones interpersonales
(comunidad)
3 Políticas culturales en las relaciones institucionales
(comunidad – región)
4 Políticas culturales en las relaciones normativas (región
– Estado)
5 Políticas culturales en las relaciones estructurales
(Estado)
203
EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES CANEK abrió múltiples espacios de discusión y debate a lo largo del 2009 con la
finalidad de concretar una serie de políticas culturales que pudieran conducir a
acciones estratégicas conjuntas hacia la identificación y emergencia de los
sujetos colectivos y a la construcción desde las base de un Estado Plural. El
proceso de construcción de las políticas culturales está compuesto por tres
elementos:
1111 El árbol de problemas que nos conduce a generar políticas culturales y sus
dimensiones.
2222 Las fases en la construcción de las políticas culturales.
3333 El método con el que se formulan las políticas culturales.
DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y SUS DIMENSIONES A LAS
POLÍTICAS CULTURALES
Para elaborar políticas culturales consecuentes con la realidad, es imprescindible
partir de su análisis y reflexión. Como expusimos en el primer Cultura, derechos
colectivos, territorio y distribución democrática del poder ante la desigualdad
estructural, existen una serie de desigualdades estructurales que no permiten la
conformación y desarrollo de colectivos en Guatemala, el ejercicio de sus
derechos colectivos y la transformación social política, económica, jurídica y
simbólica de su realidad y su territorio.
Esta serie de desigualdades estructurales son la base de reflexión a partir de la
cual se construyen las políticas culturales. Derivamos de sus efectos,
mecanismos, dinámicas y causas las dimensiones de acción estratégica y
organizada de las políticas culturales. Gráficamente se expone del siguiente
modo:
Dinámicas de las DDEE Políticas culturales en las relaciones normativas (región – Estado)
Causas de las DDEE Políticas culturales en las relaciones estructurales (Estado)
Mecanismos de las DDEE Políticas culturales en las relaciones institucionales (comunidad – región)
Efectos de las DDEE Políticas culturales en las relaciones interpersonales (comunidad)
DESIGUALDADES
ESTRUCTURALES
(DDEE)
Reflexión sobre la problemática por dimensión
Políticas culturales por dimensión
Partimos de un
Cómo
Para definir un
Qué
202
LAS FASES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS
CULTURALES
7 ESTADO Para acabar de tejer el
petate, finalmente debatimos sobre
cómo estas regiones representativas de
las comunidades y de los pueblos de
Guatemala pueden interrelacionarse y
crear un Estado Plural.
1111 INTERPRETACIÓN Primero, se
interpretan los derechos colectivos y se
definen los criterios para identificar su sujeto,
es decir la persona que posee estos derechos
colectivos. Recordemos que el sujeto
colectivo está muy relacionado con la
construcción social y política del territorio
desde las comunidades.
2222 TIEMPO Para entender cuál es la
comprensión que tienen las comunidades de
su territorio, primero comprendemos cuál es
su interpretación del tiempo comunitario, es
decir qué principios y valores guían sus
procesos propios de desarrollo, de
organización comunitaria y de relación entre
personas, con la naturaleza y con el cosmos.
3333 DESIGUALDAD ESTRUCTURAL Una
vez conocemos qué significa para las
comunidades desarrollo y qué factores
inciden en su sentimiento como comunidad y
como unión de individuos, nos ponemos en
contexto, es decir en la realidad de
desigualdades estructurales que el Estado
genera y que no permiten que se desarrolle la
comunidad según su propia cultura y sus
derechos colectivos.
A partir de aquí, una vez conocemos cómo las desigualdades estructurales
afectan a la comunidad, empezamos a construir, a tejer un nuevo Estado de
abajo hacia arriba, eso es desde la comunidad a la región y de la región al
Estado.
4444 COMUNIDAD Se analizan las relaciones
entre personas en la comunidad y se hacen
propuestas según los principios y valores
expuestos antes.
5 COMUNIDAD – REGIÓN Se analizan
las relaciones entre las instituciones
oficiales del Estado y las propias y se hacen
propuestas para mejorar aquellas que son
afines al concepto de desarrollo de la
comunidad. Aquí se define qué espacio
territorial administran y representan las
instituciones propias.
6 REGIÓN – ESTADO Una vez sabemos
cuál es el espacio territorial vital donde se
desarrollan las instituciones propias, es
decir qué espacio ocupa el sujeto colectivo,
definimos qué facultades debería de tener
para mantener su autonomía y ser capaz de
definir el destino de sus miembros sin
interferencias externas.
8 LEGALIDAD Con la finalidad
de darle legalidad a las propuestas,
se analiza el marco jurídico actual
y se establecen propuestas sobre
los cambios constitucionales y
legales necesarios para tener un
marco jurídico y un pacto social y
político acorde y representativo a
la realidad plural y a la diversidad
cultural de Guatemala, así como a
las demandas de las comunidades.
Esta fase se expone en el siguiente
capítulo Cambios constitucionales
y del marco jurídico legal, donde
cuatro abogados analizan todas las
propuestas (conceptuales, teóricas
y políticas) de este documento.
203
EL MÉTODO CON EL QUE SE FORMULAN LAS POLÍTICAS
CULTURALES
LA INTERCULTURALIDAD COMO BASE DE TRABAJO
El método de trabajo para la elaboración de esta serie de políticas culturales se ha
construido de forma participativa. En el 2008 CANEK abrió espacios para la
construcción de una propuesta intercultural (publicada en el libro Construcción
de la comunicación intercultural aplicada) que nos ha servido de base para
trabajar y abrir el tipo de conversación que permita relaciones entre iguales con
respeto a la diversidad. En base a esta metodología de trabajo, se abrió la
discusión en el 2009 para elaborar las propuestas que contiene este documento.
Entre los espacios que se abrieron destacan los ciclos intergeneracionales de
debate, la creación y desarrollo de Comunidades Emergentes de Conocimiento
(encargadas de interpretar los derechos colectivos y hacer consultas
comunitarias) y los ciclos de trabajo, con extensa participación de personas de
todo el país, que se llevaron a cabo en Ciudad de Guatemala, Chiquimulilla y
Livingston.
LA ADECUACIÓN DE LOS DEBATES A LAS FORMAS PROPIAS DE
ORGANIZACIÓN Y A LAS TRES ESFERAS DE LA CULTURA
La adecuación del debate y las jornadas de trabajo se realizan según las formas
propias del lugar donde se realiza el encuentro. Por ejemplo, en Livingston, en el
tercer ciclo nacional de discusión y debate sobre derechos colectivos,
resumidamente, se configuró del siguiente modo:
Se integraron grupos de 12 personas; esto porque ese número es muy importante para la población garífuna pues es la cantidad de personas que se asentaron por primera vez en Livingston. Los dos grupos (adamuri) fueron identificados con símbolos importantes para la cultura garífuna: Tambor (garau) y Bastón (badu). Adamuri mi garau y adamuri mi badu. Las personas encargadas de representar al grupo y trasladar las conclusiones a la general, se denominaron “Buyei” que en garífuna significa “guía espiritual” y que se caracteriza por ser el enlace con Dios y la divinidad, poseen mucho conocimiento. Buyei es un medio, es decir, la persona que está más cerca de Dios para comunicarse con nuestros ancestros. También el don de las visiones y presentimientos para saber lo bueno y lo malo que va a ocurrir.
Ciclo Livingston, 11/09
En los debates abrimos tres mesas de debate, llamadas, por lo general, Consejos,
siguiendo la disposición de las tres esferas de la cultura. De este modo los
participantes se situán según su experiencia y conocimiento en el Consejo de la
Cultura Material, en el Consejo de la Cultura Simbólica y en el Consejo de la
Cultura Social y Política. El debate en cada Consejo se centra en un mismo
ámbito de discusión, como vimos más arriba en Las fases de construcción de las
políticas culturales: interpretación del tiempo – comunidad – institución –
región - Estado. A medida que se finaliza la discusión por ámbito, se expone y
discute en plenaria los resultados en el Consejo Colectivo. Las propuestas de
política cultural por ámbito de relación que se presentan más adelante están
204
entonces divididas en las tres esferas de la cultura. Es importante no verlas por
separado sino integradas e interrelacionadas.
LA EDUCACIÓN POPULAR COMO MÉTODO DE DIÁLOGO,
NEGOCIACIÓN Y CONSENSO
Fundamentamos la metodología del debate en el método de educación popular,
cuyos principales elementos tomamos de las enseñanzas del pedagogo
guatemalteco Carlos Aldana Mendoza, principalmente de su libro El educador
popular en Guatemala215. De esta manera, en cada Consejo y durante la discusión
en cada ámbito, se siguen los siguientes pasos:
215 Aldana Mendoza, Carlos. El educador popular en Guatemala. Serviprensa Centroamericana,
Guatemala 1997.
� Primero Diálogo: Observar el contexto de prácticas y relaciones. Aquí
pretendemos saber cómo son las relaciones en cada esfera de la cultura por
cada ámbito de relación. Se genera conocimiento desde la realidad y
conocimiento comunitarios y de las prácticas cotidianas respecto el ejercicio
de los derechos colectivos. Se observa la situación concreta en la que están
inmersos los sujetos involucrados y sus relaciones en el contexto de
desigualdades estructurales. Se elaboran preguntas críticas para reflexionar
sobre la situación. Se identifican ideas, palabras clave y se generan preguntas.
� Segundo Negociación: Escribir el texto del discurso. Aquí pretendemos saber
qué pensamos sobre estas relaciones y qué hacemos o dejamos de hacer para
que se mantengan o se cambien. Se da respuesta a las preguntas generadas y
reflexionamos críticamente sobre el por qué se dan las relaciones
identificadas. Desde la interpretación comunitaria, se definen los conceptos
que aparecen en las preguntas. Se interpretan las intenciones de los sujetos
involucrados. Se definen conceptos clave y se relacionan.
Relación significadora: Lenguaje, valores, espiritualidad, arte…
Derechos colectivos directamente vinculados: Derecho colectivo al idioma,
Derecho colectivo a la espiritualidad, Derecho colectivo al patrimonio natural y
a los símbolos de identidad, Derecho colectivo a la educación, Derecho
colectivo a los medios de comunicación.
En base a la pregunta qué relaciones interpersonales se dan en la comunidad para
el desarrollo de la interpretación de la comunitaria del tiempo en el ámbito
comunitario, en la esfera de la cultura simbólica se identificó lo siguiente.
Respecto a la espiritualidad: � El ejercicio del tiempo desde la comprensión comunitaria está contenido
dentro la espiritualidad y es la forma de ponerse en contacto con el creador
del universo en las múltiples formas de relación que existen. La espiritualidad
confiere equilibrio a la vida de todo lo que nos rodea y sirve de vehículo para
la transmisión de conocimientos.
� Hoy la espiritualidad solo se reconoce dentro de la comunidad en grupos
religiosos que pertenecen a la iglesia católica o evangélica, entre otros.
Observamos por eso que los guías espirituales en muchos casos ocultan esta
práctica propia de nuestros pueblos por temor a ser rechazados o
discriminados incluso dentro de la comunidad. Vemos que hay pocas mujeres
en la práctica de guías espirituales.
� Aún así, la práctica en el diario vivir en muchas comunidades permite la
transmisión del conocimiento de generación en generación, y con él la
espiritualidad, por ejemplo observamos el manejo y uso de la lectura del
tiempo (kajpul) en relación a la siembra y cosecha de cultivo (cabañuelas).
� La tradición oral no sólo es la enseñanza del idioma, sino de la espiritualidad
que mantiene viva nuestra interpretación del tiempo.
� Estela de la cuatriedad, significa conocer el entorno cosmogónico de la
cultura, en todo el accionar de la vida natural.
Respecto al idioma: � El idioma nos identifica con nuestro pueblo. Su pérdida significa en gran
medida la pérdida de nuestra identidad cultural, siendo la educación formal la
principal causante de su interrupción.
� Restaurar el idioma sería restaurar nuestra comprensión del tiempo y, en
consecuencia, de nuestra comprensión de lo que es desarrollo.
Respecto a la comunicación y a los instrumentos originarios: � La comunicación principalmente se realiza en la comunidad mediante el
toque del campanario, de nuestra iglesia o bien por medio de instrumentos
musicales de la región con el fin de comunicar los acontecimientos en la
comunidad.
� Los medios masivos de comunicación serían un gran aliado si partieran de lo
comunitario con el fin de promover información sobre la situación de
nuestras comunidades. Se hace necesaria una regulación pública de los
medios.
Respecto al patrimonio cultural y símbolos de identidad: � Nos identifican en cualquier parte como pueblo indígena o como pueblo
mestizo, sin expresar las diferencias que existen en su interior.
� Es importante fomentar a los valores de nuestra cultura, a través del Centro
Cultural y aprovechando las TICS.
� En los símbolos de identidad se guarda el conocimiento que se ha perdido en
la reducción del uso de nuestros idiomas. Revalorarlos significa revitalizar
nuestra la identidad.
207
Respecto a la educación: � Los procesos de educación rebasan la mera educación formal. Fomentar y dar
seguimiento a la educación informal es el principio para recuperar nuestra
comprensión y uso del tiempo. Esta educación inicia en el hogar desde la
misma concepción y el nacimiento de una nueva vida.
� Es importante la educación familiar, ya que en ella se encuentra la base
primordial para enraizar las costumbres, recuperar nuestra memoria colectiva
y nuestra historia, así como la recuperación de la tradición que inicia en el
conocimiento de nuestro origen.
� En esta educación informal se deben de dar como valores el respeto, la
valorización y la practica comunitaria del tiempo como un ciclo de vivencia
de relación entre personas y con la naturaleza. En el tiempo existe el espacio
inmaterial para exteriorizar, convivir, relacionarse, armonizar y crear –
concebir, es decir dar vida según nuestra cultura a todo, es decir dar
significado a lo que nos rodea.
� La educación debe iniciar en el hogar y luego amarrarla por medio de los
centros educativos, siendo los Principales, quienes formulan los ciclos
educativos formales, ya en la enseñanza y aprendizaje, según las costumbres
que nos heredaron nuestros antepasados. Ello permitirá el traslado de
experiencias, conocimientos, vivencias, valores y principios a las nuevas
generaciones, dando así realidad a la cultura.
� La educación debe de ser sistemática en la promoción de la práctica del
idioma materno como base y partiendo de los valores culturales y la
cosmogonía para interpretar todos los elementos de la educación.
Respecto al entorno cosmogónico y a la lectura del tiempo: � Significa la forma de ver e interpretar determinado lugar o región basándonos
en la forma propia de relacionarnos de nuestra cultura.
� Implica la capacidad o habilidad de poder predecir de manera aproximada el
tiempo basándose en la astronomía que guarda la ciencia de nuestros
ancestros.
Se consideran necesarias las siguientes acciones para el desarrollo del tiempo: � La cuestión es desarrollar relaciones en base a nuestra concepción del tiempo.
� Desarrollar de forma integral las propuestas anteriores entre la familia y la
comunidad (a nivel comunitario) y entre los sujetos de nuestro pueblo (a
nivel regional).
� Las acciones deben de generar a través de sus objetivos específicos
convivencias e intercambio de experiencias para organizar y reconstruir las
relaciones.
Relación de actores y espacios comunitarios para llevar a cabo las acciones
propuestas: � De la familia a la escuela y de la escuela a la familia.
� Entre alcaldes auxiliares, guías espirituales e iglesias (expresado la mayor de
las veces en las cofradías), la organización comunitaria, hoy llamado por el
Estado COCODE y COMUDE, y grupos organizados propios de cada esfera
de la cultura.
208
EXPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA CULTURA MATERIAL
Recordemos, respecto a la cultura material…
Relación con la naturaleza: Producción, vivienda, alimento…
Derechos colectivos directamente vinculados: Derecho colectivo a la
propiedad y posesión del territorio y del patrimonio natural, Derecho colectivo
a la ciencia y tecnología, Derecho colectivo a la autosuficiencia y al desarrollo
de la industria autóctona.
En base a la pregunta qué relaciones interpersonales se dan en la comunidad para
el desarrollo de la interpretación de la comunitaria del tiempo en el ámbito
comunitario, en la esfera de la cultura material se identificó lo siguiente:
� La comunidad se sustenta en el apoyo entre personas desprotegidas y la
cooperación, así como el sentimiento de pertenencia mediante el cuidado y
mantenimiento del trabajo comunal. El intercambio de semillas de campesino
a campesino, por ejemplo. Agrupación por cooperativa (uno solo no se debe
de echar el peso de todo sino que hay que hacerlo en grupo).
� La organización comunitaria se sustenta en base a la organización para el
trabajo agrícola. Aquí vemos la relación integral de la cultura, donde el
trabajo de la tierra se sustenta en la organización social y política de la
comunidad sobre la base del idioma y la espiritualidad, expresada en una
celebración, en un agradecimiento a la tierra.
� El hecho que haya familias completas que se dedican a la producción agrícola
fomenta el tejido internacional en relación al tiempo.
� Una comunidad planifica el tiempo para la producción (siembra, cosecha, y la
venta al mercado, lo hace de una forma colectiva, luego reparten las utilidades
en forma equitativa).
� La colectividad se descompone ante la realidad del comercio internacional.
Una reorganización ante la problemática de acceso a la tierra cultivable en
forma colectiva daría respuesta a las exigencias del mercado con una
repartición equitativa, tanto del trabajo como de las ganancias.
� La individualidad ha generado la venta de tierras a externos, la privatización
en el acceso a la tierra y, en consecuencia, la dependencia, el egoísmo y la
rivalidad. Ello implica la existencia y fortalecimiento de los terratenientes
(persona que maneja todo, dueño de la tierra) y del tipo de producción de
alimentos, muchas veces regido por las necesidades del mercado internacional
y no de las de la comunidad.
� La propiedad privada es con fines de ganancia económica y no espiritual.
� Es una actividad laboral individual que cada quien busca su propio desarrollo
con enfoque a la producción y de desarrollo capitalista, y no el propio de
nuestra cultura.
� La exigencia del mercado internacional conduce a la utilización de abono
químico, que está matando a la tierra porque ya no le dará fertilidad por sí
sola, sino solo con más y más abono químico.
Para la revitalización de la cultura material se precisa el concierto y relación
de � Campesinos, autoridades comunitarias, consejos de ancianos, comadronas,
guías espirituales y COCODES. Ellos son conocedores del tipo de relación con
la naturaleza propio de la cultura comunitaria.
� Entrelazar relaciones entre estos actores supondría la generación de un seguro
agrario y un restablecimiento de las relaciones con la naturaleza propio de
nuestra interpretación del tiempo. Además, permitiría crear una autoridad
comunal capaz de regular las relaciones mediante la generación de tecnologías
limpias, la rotación de campesinos y tierras y la consecución de la propiedad
de la tierra mediante la construcción social y política del territorio.
209
EXPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA CULTURA SOCIAL O
POLÍTICA
Recordemos, respecto a la cultura social o política…
Relación entre personas y grupos: Familia, comunidad, política…)
Derechos colectivos directamente vinculados: Derecho colectivo a la
representatividad y participación en la vida política, Derecho colectivo a la
libertad, paz y seguridad, Derecho colectivo a la autonomía,
autodeterminación, autogobierno, autorregulación y al libre ejercicio de la
soberanía.
En base a la pregunta qué relaciones interpersonales se dan en la comunidad para
el desarrollo de la interpretación de la comunitaria del tiempo en el ámbito
comunitario, en la esfera de la cultura social o política se identificó lo siguiente:
La discusión giró principalmente alrededor de la figura que ha tomado la
organización comunitaria en Guatemala: los COCODES.
� Hay que reconocer que hasta hace poco daba miedo hablar de política.
� En la mayoría de los casos, la organización social y política de las
comunidades, según sus principios y valores, ha quedado estancada debido a
la inserción de los COCODES, los cuales les han restado poder, como por
ejemplo a los Consejos de Ancianos, que poco a poco desaparecen.
� En consecuencia, debido al partidismo, todo se está politizado y se generan
fracturas internas y más divisionismo donde antes no lo había. Los
COCODES, en muchos casos, se acoplan a las exigencias de los diferentes
partidos políticos. Ello no permite el desarrollo desde la interpretación
comunitaria, sino que se acatan órdenes procedentes de fuera de la
comunidad. En consecuencia, los poderes económicos nacionales e
internacionales tienen un impacto directo e indirecto muy fuerte en la
comunidad
� Hoy pareciera que si no hay COCODES no hay proyectos. En resumen, se
trata de un tema político partidista.
� En muchos casos, los COCODES y los alcaldes solo ven por su conveniencia y
no ven el bien de la comunidad, por lo que el conocimiento de nuestros
ancestros pierde la posibilidad de aplicarse en la relación entre personas y
grupos y en la elaboración de proyectos de relación con la naturaleza.
� La necesidad de tener una forma legal imposibilita que las expresiones
comunitarias sociales y políticas no tengan legalidad ni peso en la exigencia y
demanda para tratar nuestras necesidades según nuestra cosmovisión.
� Estas y otras situaciones hacen difícil que los compañeros participen en
política sin ensuciarse las manos.
� Una buena decisión comunitaria debería tener como mínimo la aceptación de
200 familias, y su gestión mediante representantes elegidos por un proceso
propio de la comunidad.
� Hay que conocer nuestras raíces y revalorizar las formas propias de toma de
decisiones sustentadas en la espiritualidad que, por lo general, implican la
participación de la comunidad según su tradición y la elección de
representantes legítimos. Sólo así conseguiremos participación ciudadana real
y la incidencia política necesaria para empezar a generar la autonomía desde
la misma comunidad.
� Es importante ver cómo podemos lograr la construcción desde el interior de
cada uno de los pueblos, con sus diferencias y con igualdad de oportunidades,
ya que fuera del contexto de nuestra propia cultura no podemos argumentar,
más bien nos convertimos en marionetas.
� Esta base cultural es la que debemos desarrollar para entender el autogobierno
y la autorregulación propia de los pueblos. Interpretar nuestro territorio
social y políticamente daría pautas de qué desarrollo deseamos.
� Debemos hacer soberana la participación ciudadana mediante la construcción
de relaciones comunitarias.
� Es importante compartir lo que se aprende con nuestros hijos.
210
211
POLÍTICAS CULTURALES EN LAS RELACIONES INSTITUCIONALES (COMUNIDAD – REGIÓN)
En el segundo ámbito de relación, en el que se vio la relación de la comunidad
con su región, el sujeto de atención pasó de ser la relación entre personas a la
relación entre instituciones; ello con el fin de conocer cómo se construyen, cómo
generan representatividad y, a final de cuentas, en qué territorio se encuentran y
ejercen su papel regulador. Este paso fue esencial para poder establecer, en el
siguiente y último ámbito, el espacio territorial donde se ubican los sujetos
colectivos desde la interpretación comunitaria mediante la comprensión de la
institucionalidad y su jurisdicción.
La pregunta con la que se inició la discusión fue: ¿qué instituciones propias
propician el desarrollo de la interpretación comunitaria del tiempo en cada
esfera de la cultura y representan a la comunidad en su región?
Se tomó en cuenta si existe la capacidad por parte de todos los actores
individuales y colectivos de poder vivir en sociedad y de poder construir
instituciones propias donde sentirse representados. Se analizó también si existen
instituciones que ofrezcan igual acceso a oportunidades y en donde poder verse
representados y respetados por igual. El fin último fue saber qué propicia su
desarrollo y qué no.
La pregunta fue dirigida a conocer el tipo de principios y valores que orientan el
desarrollo de las relaciones institucionales en cada esfera de la cultura. Es decir, a
esclarecer el tipo de contacto que se establece entre actores en el momento de
crear y desarrollar instituciones propias.
Las palabras clave propuestas fueron pueblo, tierra, territorio, región,
En base a la pregunta qué instituciones propias propician el desarrollo de la
interpretación comunitaria del tiempo en cada esfera de la cultura y representan a
la comunidad en su región, en la esfera de la cultura simbólica se identificó lo
siguiente:
� La institucionalidad del ser colectivo inicia en la familia, que propicia la
organización comunitaria y, finalmente la generación de consejo y la
creación de asociaciones civiles paralelas a las que permite la estructura del
Estado, las cuales permiten la fiscalización de las instituciones y la auditoria
social. De este modo, los principios y valores de cada cultura se trasladan a
las decisiones sobre trabajo comunitario, con el fin de regular la producción
y obtener bienestar común. Toda esta integración genera desarrollo desde la
propia interpretación comunitaria.
� La familia constituye la unidad mínima de convivencia donde se desarrolla
la vida cotidiana y la generación de relaciones que luego se representan en el
espacio social.
� Las asociaciones civiles prestan servicio de manera directa e indirecta a las
instituciones que regulan la comunidad para lograr un bienestar de la vida
de las poblaciones.
� La organización comunitaria supone la institucionalización y base
fundamental de regulación de las primeras relaciones entre personas.
� Los consejos son las instituciones comunitarias compuestas por personas
mayores con experiencia y conocimiento de los ancestros, que orienta y guía
la comunidad para alcanzar el desarrollo.
� El trabajo comunitario es la expresión que hace práctica el ejercicio de los
principios y valores propios de la cultura, que significa la interrelación de los
miembros de la comunidad para la realización de beneficios a las familias.
� Con éste, se obtiene el bienestar común, armonía que alcanza la comunidad
en sus relaciones interpersonales, obtenido a partir de la producción, es decir
de todo el beneficio material que obtiene la comunidad después de generar
su trabajo.
� Este conjunto de acciones generan desarrollo integral, tanto simbólico, como
material y sociopolítico.
� El fortalecimiento de la institucionalidad comunitaria y la formación de
liderazgo comunitario genera una visión de región, es decir el espacio
geográfico constituido por la mancomunidad de instituciones comunitarias
que poseen relaciones en las tres esferas de la cultura. En definitiva, su
desarrollo permite la construcción social y política del territorio que
transforma un espacio geográfico específico en espacio vital de nuestra
existencia.
� La política que rige estas relaciones institucionales está fundamentada por la
visión propia de la vida y del mundo que tiene cada comunidad respecto su
cultura o diversidad de culturas.
� Para que este proceso de relaciones se dé es preciso que haya
representatividad según los propios principios y valores, haya igualdad de
oportunidades y conocimiento del contexto en el que está inmerso la
comunidad.
� La organización desde el interior, siendo la familia su núcleo básico, supone
entonces el aspecto crítico y fundamental: restablecer las relaciones
culturales.
213
EXPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA CULTURA MATERIAL
En base a la pregunta qué instituciones propias propician el desarrollo de la
interpretación comunitaria del tiempo en cada esfera de la cultura y representan a
la comunidad en su región, en la esfera de la cultura material se identificó lo
siguiente:
La institución tiene que ser del pueblo y no de otros que vienen al pueblo y se
instalan, porque ellos no tienen conocimiento de las necesidades del pueblo. Los
actores implicados en la generación de relaciones institucionales capaces de
interpretar el territorio son:
� Los acaldes comunitarios y los líderes de la comunidad.
� Los COCODES y los comités de vecinos.
� Consejos de ancianos, los que dan consejos y guían a la comunidad, las
cofradías y las comadronas.
� Abogados capaces de interpretar la propia ley.
� El desarrollo de un nuevo registro de la propiedad.
� El desarrollo de un nuevo fondo de tierra diseñado desde la comunidad.
� Las personas y organizaciones informales que trabajan con eficiencia a nivel
de la comunidad.
Las acciones para desarrollar institucionalidad en base a la cultura material van
dirigidas a fortalecer la ciencia y tecnología propia de los pueblos, que implica:
� El conocimiento profundo del emplazamiento y disposición de los lugares
sagrados.
� La valoración de conocimientos ancestrales.
� El reconocimiento de los centros de medicina natural.
� Soberanía alimentaria.
� Estudios de impacto ambiental desde los principios y valores de la cultura o
culturas existentes en la comunidad
Ello con el fin de generar reformas agrarias, administrativas y políticas a nivel
territorial en base a las directrices de las instituciones propias de cada
comunidad, con el fin de:
� Establecer un ordenamiento territorial que respete la organización ancestral
con consultas comunitarias efectuadas por las organizaciones de la
comunidad.
� Una repartición de las tierras fértiles con coherencia al sistema de relaciones
propio de cada cultura y su legitimidad.
� El manejo de las aguas negras y de la contaminación.
� Aprovechamiento del agua de forma colectiva.
� Cuidar las infraestructuras y auditar su construcción.
� Construcción de viviendas, edificios públicos y escuelas de acuerdo a la zona
climática y geográfica, y según la disposición que orienta nuestra
espiritualidad.
� Construir junto a las nuevas generaciones.
Restablecer la institucionalidad comunitaria permitirá:
� Reconocimientos de las autoridades y organizaciones ancestrales como
modelo político para la regulación del territorio.
� Respeto a las consultas populares para la gestión del territorio y ordenanzas
legales generadas por la misma región mediante un órgano legislativo propio.
� Regulación de las leyes de medio ambiente en beneficio de los pueblos.
� Centros educativos culturales con identidad propia.
� Reciclaje de la basura, manejo de desechos, protección del medio ambiente,
educación ambiental y reducción en el uso de los químicos.
� Proteger los bosques y los ríos y compartir nacimientos de aguas.
� La regulación del mercado enfocado a la soberanía de la comunidad y la
región, abriendo terrenos de gestión comunitaria.
� Poder reflexionar sobre el destino a nivel individual y colectivo en base a la
sabiduría ancestral.
214
EXPOSICIÓN DEL CONSEJO DE LA CULTURA SOCIAL O
POLÍTICA
En base a la pregunta qué instituciones propias propician el desarrollo de la
interpretación comunitaria del tiempo en cada esfera de la cultura y representan a
la comunidad en su región, en la esfera de la cultura social o política se identificó
lo siguiente.
Es preciso desarrollar las acciones y las relaciones que las sustentan en la
desconcentración del Estado en regiones con facultades autónomas que den la
capacidad a los sujetos colectivos de autodeterminarse y ejercer el libre ejercicio
de su soberanía.
Los principios y valores que guían la participación ciudadana en la construcción
de instituciones propias de la comunidad son la armonía, la espiritualidad, el
equilibrio, el respeto, la igualdad, la equidad, y la obediencia. Ello con dignidad
y con respeto a los ancianos, solidaridad, responsabilidad, honestidad, lealtad y
honorabilidad.
Entonces, el fortalecimiento de las instituciones comunitarias propias debe de
permitir la construcción social y política de un ordenamiento territorial donde la
comunidad pueda desarrollarse de acuerdo a sus costumbres y propia
composición social y étnica, ya sea compacta o plural.
Para el desarrollo de las instituciones propias y el financiamiento interno de
políticas públicas comunitarias y regionales, es decir para generar
administración pública y auto gobuierno, que verdaderamente pudieran liderar
la aplicación de un ordenamiento territorial y de reforma agraria para el
ejercicio pleno de los derechos colectivos, es imprescindible crear un órgano de
administración tributaria o autogestión financiera propio.
Los problemas identificados a solventar para la regeneración de relaciones en la
comunidad que puedan dar forma a una institucionalidad regional son:
� Intereses particulares, el divisionismo y el individualismo que busca el
beneficio propio.
� Racismo y la discriminación en las estructuras del Estado, que deslegitiman
la organización social y política como patrimonio cultural a preservar y
desarrollar.
� La exclusión.
� Los altos niveles de corrupción generadores de impunidad.
� La utilización de lo “indígena” y de lo “campesino” para fines partidistas.
� La irresponsabilidad en la que ha caído en muchos casos la gente de la
comunidad.
� La desigualdad y la intolerancia.
� El uso del terror y el miedo y la desinformación que margina las
comunidades y las deja a su suerte y abandonadas.
215
POLÍTICAS CULTURALES EN LAS RELACIONES NORMATIVAS (REGIÓN – ESTADO) El núcleo central del debate giró alrededor de la distribución y democratización
estructural del poder. Se estableció que el territorio, desde esta perspectiva de
construcción desde las bases, se convierte en un espacio relacionado con reglas
propias vinculantes (posee un factor normativo y por ende, posee un órgano con
facultades legislativas). Tiene una jurisdicción y un ordenamiento territorial
propio. En un Estado Plural cada sujeto colectivo se sustenta por sus propios
órganos supracomunales (estructura matricial de poder, es decir tantos puntos
de poder como sujetos colectivos se consoliden desde las bases).
Para el desarrollo del sujeto colectivo, se identificaron primeramente una serie
de aspectos para los que es preciso garantizar condiciones de desarrollo:
� Desarrollo de un espacio de decisión política.
� Creación de un órgano normativo (legislativo).
� Creación de una institución educativa propial
� Creación de un órgano regional con facultades de regulación económica.
� Consolidación de una propuesta de región autónoma con su propio
ordenamiento territorial.
Corresponde a la participación de las comunidades en el tema de la auditoría
social promover la fiscalización de esta nueva estructura, sus representantes y las
autoridades comunitarias y regionales. Tiene que existir apropiación de la
misma población, voluntad de involucrarse y apoyar en los procesos desde los
distintos espacios de incidencia y de generación de desarrollo.
Desde los COCODES es posible priorizar las formas de organización y de
autoridades tradicionales y genuinas, los valores culturales de solidaridad, el
respeto y la colectividad no deben de ser absorbidos por los nuevos valores del
sistema capitalista. Esto parte por una convicción y conocimiento de la propia
cultura para identificar qué elementos y propuestas conviene adoptar y qué no.
Es necesario rescatar la legitimidad y representatividad, más allá del aspecto
legal. Muchas veces los COCODESs quedan sólo como entes de ejecución, mas
no de planificación que es donde se ven las relaciones de poder. Eso se evidencia
en el Listado Geográfico de Obras.
216
En base a estas consideraciones preliminares, se generaron las siguientes
preguntas:
¿Bajo qué criterios deberían construirse nuevas estructuras que permitieran
el desarrollo del sujeto colectivo y su legalización?
� El pluralismo: el sujeto colectivo no es un sistema étnico de dominación sino
que permite la expresión de la diversidad.
� La soberanía: El poder ejercido por el pueblo y administrado por sus
representantes.
� La autonomía: Autodeterminación, autogestión, autogobierno y
autorregulación del sujeto colectivo mediante sus estructuras organizativas y
de representación.
� La legitimidad: Autoridades y representantes tradicionales, originarios con
prestigio, ética, credibilidad y reconocimiento a nivel comunitario. Debe
existir una representación real de la población en todos los espacios de
relación, de manera que no excluya o exponga a represalias los diferentes
puntos de vista y formas de pensar.
� La representatividad: Real en función de los intereses y las necesidades reales
del colectivo, desde su propia historia y experiencia. El Estado
(reconstruido) con toda su estructura e institucionalidad fundamentada en
la perspectiva plural del reconocimiento y representación de la diversidad.
Organismos construidos con el principio de representatividad real, con base
en los criterios señalados anteriormente
� Formas tradicionales: No únicamente políticas, sociales o simbólicas, sino
también de producción, porque aunque pertenecen más a la esfera de la
cultura material, su desarrollo permiten tanto el desarrollo de la cultura
simbólica como la cultura social y política.
¿Qué instituciones deberían fortalecerse (o qué nuevas instituciones deberían
crearse) para dar vida al sujeto colectivo? � Dado que actualmente no existen instituciones regionales de este tipo, es
preciso crear consejos regionales a partir de un proceso amplio de consulta
popular que legitime la interpretación comunitaria del territorio. Nos
podemos apoyar en las redes comunitarias y mancomunidades que han
surgido en los últimos años como medios de presión para la defensa de los
recursos naturales y la lucha contra la minería.
¿Qué facultades deberían tener estas instituciones para poder desarrollar al
sujeto colectivo y así iniciar un proceso de ejercicio de los derechos
colectivos? � Autonomía.
� Representación del sujeto colectivo desde la cosmovisión o cosmovisiones
que integren el sujeto colectivo.
� Generar relaciones interpersonales e interinstitucionales que hagan
converger los esfuerzos comunitarios en la emergencia del sujeto colectivo.
� Capacidad para crear propuestas de ley y de cambios constitucionales que
favorezcan la transición del sistema centralista y mono étnico actual a un
sistema matricial y plural.
� Reconocimiento, desarrollo y legitimidad en la construcción de los órganos
autónomos destinados al desarrollo del sujeto colectivo y a su capacidad
para ejercer derechos colectivos.
� Llevar a la práctica y obedecer el mandato de las asambleas, sistemas de
consejos o representaciones comunitarias.
� Proponer, consultar e implementar acciones que garanticen el ejercicio de
los derechos colectivos.
� Establecer y fortalecer mecanismos de comunicación y retroalimentación de
esas acciones y propuestas.
� Prevenir y mitigar acciones o situaciones que afecten o vulneren los
derechos y las garantías colectivas.
217
� Detener y sancionar prácticas y actividades que perjudiquen o atenten el
ejercicio de los derechos colectivos, respetando la propuestas de sanción y
reparación de daños originarias.
� Tansformación de las prácticas cotidianas (individuales o colectivas), que
atenten contra el medio ambiente y los recursos naturales.
¿Qué acciones organizadas debemos hacer para generar relaciones que hagan
emerger al sujeto colectivo? � Reestructurar el Estado involucrando como ejes centrales la participación
representativa, el espíritu de los derechos colectivos y las formas originarias
de interpretar el mundo.
� Ejecutar acciones de manera conjunta, más allá de los propósitos
individuales de cada persona o grupo, con el fin común de desarrollar el
sujeto y la conciencia colectiva, encontrando su expresión de las múltiples
organizaciones que llevan a cabo proyectos en la región.
� Crear alianzas con organizaciones que apoyen el proceso.
� Impulsar una ley y cambio constitucional de autonomía de los pueblos
indígenas que permita el desarrollo del Convenio 169 de la OIT.
� Crear normativas de relación entre pueblos, que sean las mismas para todos
y que permitan una relación horizontal, tanto entre personas como entre
instituciones y sujetos colectivos.
Respecto a la cultura simbólica
� Fortalecer el sistema de Consejos y las formas originarias de organización
existentes en las comunidades, a través de procesos de conocimiento,
reconocimiento, investigación, revaloración y socialización.
� Generar círculos de dialogo con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que generen procesos de relación.
� Generar procesos de investigación y comunicación de los conocimientos
sobre historia, organización y representación de todos los pueblos contada
por nosotros mismos, y demandar su inclusión en los pensums educativos.
� Debemos centrar la educación en el marco de la espiritualidad y regresar al
uso de nuestro calendario, para que éste vuelva a girar y a generar nuestro
tiempo.
Respecto a la cultura material
� Generar un proyecto de reforma constitucional que permita la autonomía en
el desarrollo de reforma agraria en base al desarrollo de los órganos
autónomos del sujeto colectivo.
� Unir los conocimientos propios de ciencia y tecnología, de industria
autóctona y de gestión y desarrollo agrario con la esfera de la cultura
simbólica (para su comunicación, investigación y enseñanza y estructuración
según la espiritualidad de los pueblos) y con la esfera de la cultura social o
política (para la correcta gestión del territorio, la aplicación del conocimiento
y la recuperación tanto de lugares sagrados como de los recursos naturales).
Respecto a la cultura social o política
� Construir un perfil de representantes de acuerdo con la cosmovisión de cada
pueblo y la interpretación comunitaria de lo que es un representante y qué
significa representar a la comunidad.
� Promover y facilitar la organización y participación comunitaria.
� Fortalecer el sistema de Consejos y las formas originarias de organización
existentes en las comunidades, a través de procesos de generación de
conocimiento, reconocimiento, revaloración y socialización.
� Fiscalizar y auditar a las entidades actuales encargadas de garantizar los
derechos colectivos y prever el proceso de transición del poder hacia los
espacios de decisión propios del colectivo.
� Generar círculos de diálogo con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
� Crear políticas de participación y desarrollo desde las necesidades de los
pueblos.
� Establecer mecanismos de participación en la toma de decisiones.
218
� Realizar una ley de reforma de los partidos políticos que se sustente en los
sujetos colectivos, sus derechos y sus formas propias de representación y
formación de autogobierno.
� Fortalecimiento y reconocimiento de las autoridades legitimas de la
comunidad.
� Crear consejos para que se puedan plantear sus propias propuestas en
defensa de los derechos colectivos.
� Crear un parlamento de pueblos originarios con su propia autonomía.
219
POLÍTICAS CULTURALES EN LAS RELACIONES ESTRUCTURALES (ESTADO)
Se determinó:
Reconstruir la historia de los pueblos y su temporalidad para que, desde su
interpretación de la realidad y del mundo, decidan su propio destino y se
constituyan como sujetos históricos.
Para ello es imperante construir un Estado compuesto, es decir que rompa con el
actual monopolio del poder legislativo concentrado en un solo órgano, con el fin
de consolidar un modelo matricial del poder y la construcción de tantos puntos
de poder como sujetos colectivos se consoliden, sustentados éstos en la
interpretación y ejercicio de los derechos colectivos, en la horizontalidad, la
ascendencia del poder y el desarrollo de la ciudadanía diferenciada.
Guatemala, su forma de Estado y sus límites político – administrativos son
producto del proceso colonial iniciado hace más de 500 años. Por ello,
rechazamos esta forma de Estado y estos límites que fragmentan nuestro espacio
vital de relación y de construcción social y política del territorio.
Entendemos por territorio el espacio natural, socio político y simbólico en el que
transcurre (en el tiempo) la existencia de un grupo humano con formas
organizativas nacidas de su propia experiencia, constituido como sujeto
colectivo y por lo tanto con capacidad para ejercer derechos colectivos; basado
en una espiritualidad sustentada en principios y valores solidarios y de respeto y
armonía con la naturaleza, entre personas y comunidades y el cosmos. Ubicamos
el territorio natural que abarca la construcción del Estado Plural aquí planteado
como el territorio que han ocupado históricamente los pueblos originarios de
Mesoamérica (sur de México-Chiapas, Guatemala, Belice, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y el nor-occidente de Costa Rica). Como elementos
principales para la construcción del Estado Plural, se toman en cuenta los
siguientes elementos, siempre desde el espacio mesoamericano:
� Desarrollo de la estructura social y política propia, forma de organización
libre y autónoma.
� Recuperación de la armonía entre las relaciones histórico-culturales (arte,
idiomas, dietas alimenticias, costumbres y tradiciones, desarrollo político y
económico, etc.) y las relaciones cosmogónicas, las cuales vinculan nuestra
cultura a una posición geográfica particular y a la biodiversidad que existe en
ella.
Para la construcción del Estado Plural es preciso desarrollar las siguientes
políticas desde el interior de cada sujeto colectivo:
� Consolidación de una propuesta de región autónoma con su propio
ordenamiento territorial cuya implementación permita interpretar y ejercer
los derechos colectivos.
� Desarrollar espacios de decisión política comunitaria y regional que
permitan el desarrollo de las instituciones políticas propias tanto locales
como regionales, y la construcción desde la comunidad y la región de
instituciones estatales de representación.
� Desarrollo de un órgano regional que autorregule y administre el marco
jurídico y el reglamento legal en función de la realidad cultural plural, de sus
instituciones propias y de sus propios principios y valores.
� Creación de unas finanzas públicas regionales por un órgano fiscal propio
que permita la autogestión financiera y el desarrollo de las propias
instituciones y la ejecución de las propias políticas públicas.
220
� Creación de una institución educativa pública propia de nuestra región que
responda a nuestros principios y valores, a nuestra cosmovisión, a nuestras
lenguas, historia y forma de ver y entender el mundo, y capaz de crear una
universidad autónoma propia.
� Creación de un órgano regional con facultades de regulación económica que
permita desarrollar propuestas de reforma agraria para la consolidación de
una mejor equidad económica y de posesión del territorio apto para el
cultivo, así como de implementación de políticas públicas para el desarrollo
de la soberanía alimentaria.
� Generar un proceso de cambio constitucional y del marco jurídico-legal
actual que abra las puertas a la generación de relaciones plurales y que
permita la constitución de sujetos colectivos unidos en un solo Estado
Plural.
Los principios que se usarán en la construcción de nuevas estructuras que
permitirán el desarrollo del sujeto colectivo y su legalización son:
� El pluralismo: el sujeto colectivo no es un sistema étnico de dominación sino
que permite la expresión de la diversidad.
� La soberanía: El poder ejercido por el pueblo y administrado por sus
representantes.
� La autonomía: Autodeterminación, autogestión, autogobierno y
autorregulación del sujeto colectivo mediante sus estructuras organizativas y
de representación.
� La legitimidad: Autoridades y representantes tradicionales, originarios con
prestigio, ética, credibilidad y reconocimiento a nivel local. Debe existir una
representación real de la población en todos los espacios de relación, de
manera que no excluya o exponga a represalias los diferentes puntos de vista
y formas de pensar.
� La representatividad: Real en función de los intereses y las necesidades reales
del colectivo, desde su propia historia y experiencia. El Estado
(reconstruido) con toda su estructura e institucionalidad fundamentada en
la perspectiva plural del reconocimiento y representación de la diversidad.
Organismos construidos con el principio de representatividad real, con base
en los criterios señalados anteriormente.
� Formas tradicionales: No únicamente políticas, sociales o simbólicas, sino
también de producción, porque aunque pertenecen más a la esfera de la
cultura material, su desarrollo permiten tanto el desarrollo de la cultura
simbólica como la cultura social y política.
Por ello, proponemos:
PRIMERO Generar un proceso amplio de consulta que permita identificar a los
sujetos colectivos y con ello reconfigurar el mapa político administrativo de la
región desde la interpretación comunitaria del territorio.
SEGUNDO Crear un consejo territorial en cada sujeto colectivo (conformado
por los consejos, representantes y autoridades propios de cada sujeto colectivo y
respectivos de cada una de las esferas de la cultura), que permita avanzar en un
nuevo ordenamiento territorial nacido desde las bases y la construcción de
nuevos órganos de poder regional desde la comunidad, con atribución específica
de facultades según lo estipulado en los derechos colectivos y la interpretación
que hacen de ellos las comunidades.
Este consejo territorial debe permitir la distribución horizontal y real del poder,
facilitar el intercambio y apoyo entre regiones, situar la cosmovisión de los
pueblos como vértebra para la construcción y desarrollo de las instituciones y de
sus formas de organización. Formado por representantes electos por las
comunidades sin pago de salario.
Con respeto a la pluralidad ideológica, consensuando alternativas para un
bienestar común.
221
CAMBIOS CONSTITUCIONALES CAMBIOS CONSTITUCIONALES CAMBIOS CONSTITUCIONALES CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y DEL MARCO JURÍDICO LEGALY DEL MARCO JURÍDICO LEGALY DEL MARCO JURÍDICO LEGALY DEL MARCO JURÍDICO LEGAL
1 Reforma constitucional para la construcción de un
Estado Plural
2 Cambios necesarios para establecer un sistema
educativo plural
3 Consolidación de gobiernos regionales que permitan la
autodeterminación de los pueblos
4 Un cambio estructural parcial pero posible, sin cambiar
la Constitución
222
Elsa Angélica Blanco
REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO PLURAL
ÍNDICE
Algunos antecedentes sobre la reforma constitucional en Guatemala 1982-
1985
El proceso constituyente
Dos principios básicos que completan la fórmula política de la constitución
Los Acuerdos de Paz
Las reformas constitucionales y la consulta popular en Guatemala
El modelo pluralista de la década de los noventa
Propuesta de reforma constitucional para la construcción de un Estado
Plural
Elsa Angélica Blanco
222
ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN GUATEMALA 1982- 1985
EL PROCESO CONSTITUYENTE
El ejército proclamó el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Las
circunstancias que lo motivan son:
� El abuso de prácticas electorales fraudulentas.
� El fraccionamiento de las fuerzas democráticas.
� El desorden y corrupción en la administración pública.
El General Efraín Ríos Montt toma el control de la situación e inicia una gestión
marcada por el genocidio y la imposición de políticas moralizantes de corte
protestante (su religión). A partir de la línea de apertura a la democracia, tres
leyes claves se convirtieron en origen del proceso de transición y recomposición
constituyente:
� El decreto ley 30-83, Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral.
� El decreto ley 31-83, Ley del Registro de Ciudadanos.
� El decreto 32-83, Ley de Organizaciones Políticas.
Este andamiaje jurídico institucional permitió transitar el regreso al orden
constitucional. Ríos Montt fue depuesto el 8 de agosto de 1983 por el alto mando
del ejército y sustituido por su ministro de defensa, el General Oscar Mejía
Víctores. Mejía continuó con el proceso de retorno al orden constitucional:
� Se desarrolla el proceso de empadronamiento de electores.
� El 19 de enero de 1984 se emitió el decreto -ley 3-84, Ley Electoral, para la
elección de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar la
nueva Constitución y dos leyes constitucionales, la Electoral y la de Garantías
Constitucionales, constituidas por la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
Constitucionalidad. Se fijó la fecha del primero de julio de 1984 para realizar
la elección de diputados constituyentes, que serían 88 (23 electos por lista
nacional y el resto por listas distritales según el modelo alemán del doble
voto).
� Se integró un cuerpo constituyente legítimo con representación de muchos
partidos y corrientes que obligó a una negociación abierta y constante. Esta
Asamblea Nacional Constituyente concluyó su trabajo promulgando la nueva
Constitución el 31 de mayo de 1985, la cual entró en vigencia de acuerdo a un
artículo transitorio, del 14 de enero de 1986, cuando quedó instalado el
Congreso de la República. Además, se dictó la Ley Electoral y la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, antes de disolverse.
La Constitución de 1985 es un carta magna muy desarrollada, con 281 Artículos
y 22 disposiciones transitoria y finales, que necesita para funcionar
adecuadamente la emisión de más de cuarenta leyes complementarias, de las
cuales no todas se han dictado. Esta remisión a leyes ordinarias y secundarias ha
sido el recurso más socorrido para alcanzar el consenso histórico que permita
lograr la reconciliación de una sociedad escindida. Dado que fue promulgada en
el tránsito de un gobierno autoritario sumamente duro y sanguinario a otro de
carácter democrático, la obsesión por la garantía de los derechos humanos
constituye su preocupación central. Aparece, incluso en el mismo Preámbulo, un
texto que decreta, dentro del espíritu constituyente, “impulsar la plena vigencia
de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y
popular, donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al
derecho”, con lo cual modifica la estructura general de la tradición
constitucional anterior, y pone como contenido de sus dos primeros títulos, los de
"La persona humana, fines y deberes del Estado" y "Derechos Humanos", además
de incluir un titulo especial, el VI, sobre "Garantías constitucionales y defensa del
orden constitucional".
La igualdad es un valor que se afirma expresamente en el Artículo 4º, al
establecer que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en
dignidad y derechos. Ello se proyecta y desarrolla en todos los derechos y
libertades que garantiza, sin embargo es importante tener en cuenta que se refiere
223
a una igualdad formal ante la ley. La Constitución establece la seguridad jurídica,
entendida como el principio general que establece que toda persona tenga
certeza de sus derechos y obligaciones y de las consecuencias de sus actos, y que
las resoluciones judiciales están sujetas a la ley, son objetivas e imparciales.
La justicia proyecta sobre el articulado constitucional dedicado, todo el capítulo
IV del titulo IV, que se refiere al "Organismo judicial", y al que hay que agregar
también el titulo VI, que recoge el sistema de la justicia constitucional y que se
titula "Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional". Establece al
Organismo Judicial como un poder del Estado independiente, imparcial y sujeto
únicamente a la Constitución y al ordenamiento jurídico, con garantías
específicas: independencia funcional, independencia económica y garantía del
ejercicio de la función, que convierte al juzgador en un verdadero "tutor" de los
derechos consagrados en la Constitución.
DOS PRINCIPIOS BÁSICOS QUE COMPLETAN LA FÓRMULA POLÍTICA DE LA CONSTITUCIÓN La Supremacía Constitucional:
Se considera a la Constitución como derecho fundamental, lo que determina la
supremacía constitucional. Hans Kelsen formuló la idea de la concepción unitaria
del ordenamiento jurídico. Este no sería un sistema de normas coordinadas a un
mismo nivel, sino una estructura jerárquica de preceptos jurídicos desarrollados
en el proceso de creación y aplicación, que viene desde la norma constitucional
pasando por las leyes ordinarias que la desarrolla, y los reglamentos, hasta llegar
a las sentencias judiciales y a los negocios jurídicos. La supremacía de la
Constitución tiene su origen en la fuente espacialísima de donde proviene el
poder constituyente, y esto es lo que le da el carácter de superior sobre toda otra
clase de norma. Este principio se recoge con gran claridad y énfasis en tres
artículos de la Constitución: el 44, que indica que "serán nulas ipso jure las leyes
y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan,
restrinjan o tergiversen los derechos que la constitución garantiza"; el 174, donde
se afirma que "ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución.
Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso
jure"; y el 204, donde se establece que "los tribunales de justicia en toda
resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que
Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado".
Pluralismo Político
La estructura social de Guatemala es por naturaleza heterogénea, y se expresa
como suma de muchas realidades económicas, sociales, profesionales, étnicas, las
cuales muchas veces genera intereses contrapuestos. Un estado moderno post
conflicto es un espacio idóneo para asentar las bases de un sistema democrático
legítimo. El pluralismo significa el reconocimiento de la diversidad cultural y la
canalización de su expresión a través de instituciones intermedias que realicen las
funciones clásicas de articulación y agregación de las demandas sociales, así como
su consiguiente responsabilidad de representación y mediación. La negación de
esa realidad plural y el bloqueo de la expresión de esos intereses contrapuestos
en un sistema abierto de competencia, produce un régimen de exclusión que
deviene en un régimen autoritario. Al reconocer la legitimidad del conflicto y
establecer un régimen realmente democrático en el cual se acepta el conflicto, se
reconoce el pluralismo político y social, se organiza una sociedad abierta con un
gobierno responsable dentro de un régimen de pluralidad. En base a este principio
se establecen mecanismos de intermediación y representación, canales de
conciliación y formación de consenso, instrumentos de movilización y
participación de los miembros de la comunidad para incluir en la organización
política.
En este contexto, los partidos políticos (institución de derecho público) constituyen
un elemento necesario de la vida democrática, como instrumentos a través de los
cuales se realizan, finalmente, los valores del pluralismo democrático y donde es
factible la participación ciudadana.
De acuerdo a la constitución vigente en Guatemala, llama la atención la creación
de tres instituciones, que en última instancia tiene relación con el régimen
especial de protección de los derechos humanos que inspira todo el texto y con
el que se consolida el régimen democrático. Estas tres instituciones son:
224
� Tribunal Supremo Electoral;
� Corte de Constitucionalidad;
� Procurador de los Derechos Humanos.
El sistema democrático adoptado se expresa estructuralmente a través del
reconocimiento de los canales de participación de los ciudadanos en el proceso
de poder. En el Artículo 140, se establece que Guatemala es "un Estado libre,
independiente y soberano", y que su sistema de gobierno es "republicano,
democrático y representativo". En el artíuclo 137 se indica que son derechos
políticos "de los ciudadanos", "elegir y ser electo", "optar a cargos públicos" y
"participar en actividades políticas". 216
Tomando en cuenta todo el proceso constituyente, la convocatoria a elecciones,
el retorno a la democracia, las reformas constitucionales y consecuentemente la
promulgación de la Constitución Política de la república de Guatemala de 1985,
el tema de los derechos de los pueblos indígenas es tomado en cuenta dentro del
contenido de la Constitución, ya que la misma recoge los derechos humanos
como derechos fundamentales de la persona humana. Por lo tanto; todas las
normas constitucionales son aplicables a todos los habitantes de la República,
Asimismo, en el Capitulo II, Derechos Sociales; Sección Segunda, se regula todo
lo relativo a la Cultura de las personas integrantes de comunidades indígenas, la
protección al patrimonio cultural, al arte, folklore y artesanías tradicionales,
promoviendo su cultura en sus distintas manifestaciones; y en la Sección Tercera
regula los derechos de las Comunidades Indígenas con respecto a la protección a
sus tierras y las cooperativas agrícolas indígenas, y la protección a los distintos
grupos indígenas de ascendencia maya, estableciendo en una de sus normas -el
Artículo 70- que una Ley específica regulará lo relativo a estas poblaciones. Lo
que significa que es una herramienta para los pueblos indígenas a efecto de
normar en una ley ordinaria todo lo relativo a sus derechos ya mencionados.
Asimismo, se norma la importancia de la educación de los pueblos indígenas
216 Procuraduría de los Derechos Humanos. García Laguardia, Jorge Mario. Política y
Constitución en Guatemala. La Constitución de 1985. Págs. de la 46 a la 69. Octubre de 1993.
(Extractos del documento)
con relación a la asistencia económica y la enseñanza bilingüe. Todas las normas
antes mencionados son tutelares y representan, desde la Constitución Politíca de
la Reública de Guatemala, el reconocimiento a su diversidad étnica y cultural y la
tutelaridad constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Esta
tutelaridad atribuida a las comunidades indígenas es proteccionista, con el fin de
proteger y garantizar la inclusión y el cumplimiento de los derechos antes
consignados, por lo que es una protección discriminatoria positiva a favor de los
pueblos indígenas.
LOS ACUERDOS DE PAZ
A partir de 1962 y en diferentes momentos históricos, se organizaron grupos
armados revolucionarios, comandados por ex oficiales del Ejército, intelectuales
de izquierda y estudiantes universitarios. Ante las iniciativas de organización
social y con el propósito de neutralizar la participación de los movimientos
guerrilleros, se implementaron por parte del Estado políticas contrainsurgentes
para combatir la “influencia del comunismo del país”, entrando en el contexto
de la guerra fría que imperaba en la época. Estas políticas desembocaron en
acciones de represión generalizada y violencia selectiva, a través de masacres de
comunidades enteras. El marco de esta política de Estado se le llamó “tierra
arrasada”. El conflicto armado interno, la guerra, se prolongó por casi 37 años y
dejó más de 200.000 víctimas, la gran mayoría de ellas población civil ajena a la
guerra. Se generaron varios acuerdos entre los cuales está El Acuerdo de
Cronograma para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz y El Acuerdo para
las Reformas Constitucionales. Este prolongado conflicto armado interno
finalizó con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Guatemala y la
URNG, con el auspicio de las Naciones Unidas y de países amigos.
225
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LA CONSULTA POPULAR EN GUATEMALA
El 26 de octubre de 1998, el Congreso de la República aprobó las Reformas
Constitucionales que tienden a la reestructuración del Estado de Guatemala y al
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, reformas que fueron sometidas a la
aprobación del pueblo mediante Consulta Popular, como condición previa para
que entraran en vigencia. En el debate de prensa, resaltaron fundamentalmente
dos puntos. Uno, el temor de un importante sector de la población ladina de que
las reformas constitucionales alteraran la balanza de poder en Guatemala,
iniciándose hacia un peligroso movimiento al reconocerse el peso mayoritario
de la población maya con sus valores culturales, su espiritualidad, su derecho
consuetudinario y sus lenguas. Debajo de este temor se oculta el racismo que
siempre ha prevalecido en la cultura de los ladinos y los criollos guatemaltecos.
Un racismo que nunca fue tan radical como para proscribir el mestizaje, y que
no fue inscrito en leyes discriminatorias o segregacionistas del tipo “apartheid”,
pero que sí se encuentra inscrito en nuestros textos jurídicos, generalmente por
omisión. Por ejemplo, se omite el derecho de una persona de identidad maya a
expresarse en su lengua cuando tenga que litigar o defenderse en juicio.
Principalmente, este racismo se encuentra inscrito en la lengua del ladino y del
criollo. Se trata de un racismo inconfesable, pero omnipresente. En el debate que
acompañó la Consulta Popular, este racismo aparecía cuando se afirmaba que las
reformas “nos van a dividir”, o que no se pueden “dar privilegios” en la
Constitución a unas etnias sin dárselos a otras, siendo así que, en la práctica,
cualquier ladino, incluso el más pobre, ha considerado siempre que podía mirar
de arriba a abajo a cualquier indígena. Aparecía cuando se afirmaba que
nombrar especialmente a las etnias mayas en la Constitución sería quebrar el
reconocimiento de "la igualdad de todos ante la ley"
El otro punto que resaltó el debate periodístico era bastante legítimo. Era el
temor de que, a través de un decreto legislativo y de una consulta popular con
muy poca asistencia, se siguiera cambiando la Constitución, cuando todas estas
reformas necesarias le correspondería hacerlas a una Asamblea Constituyente en
la que se delegaría la representación popular con tiempo y espacios para
reflexionar y formular mejor los cambios. El temor estaba fundamentado en el
planteamiento que al fin eligió el Congreso para proponer las reformas: 50
reformas, muchas de ellas sin conexión temática entre sí, realmente difíciles de
asimilar. Fue muy difícil opinar sobre su conveniencia o inconveniencia, y
comunicarlas a la población, a la que se le presentaron con procedimientos de
información obsoletos -reducidos a la simple lectura-, obviando otras
metodologías masivas, radiales y visuales, u otros foros con debates cara a cara.
No puede interpretarse ni el abstencionismo ni el "triunfo" del NO, diciendo que
a la gente le fue indiferente el contenido de las reformas o que la gente carece de
capacidad política. Al contrario. Lo que la gente "dijo" es que le hacía falta
información. La empresa encuestadora Borge y Asociados, de Costa Rica, realizó
varias encuestas en el país. Son interesantes los resultados de su segunda
encuesta, realizada después de la Consulta Popular. Se preguntó a la gente "¿Por
qué cree que ganó el NO? La respuesta más mayoritaria, con un 30.3%, fue: “Por
falta de información”. A esta respuesta hay que sumar, muy probablemente, la
del 35.9% agrupado en “no sabe o no responde”, por estar privada de
información. Sólo un 9.2% escogió la respuesta "dura": el NO ganó “porque el
pueblo no quiere cambio”. Un 7.1% respondió que “por falta de credibilidad”.
Otro 4.5% dio una respuesta equivalente a “las leyes son a favor del gobierno”
Si la falta de información fue determinante para que el NO ganara, es claro lo
muy determinante que fue el peso de los votos de la ciudad capital en el
resultado final. En la capital, el NO casi triplicó al SÍ (en la capital vive el 26% del
electorado nacional
EL MODELO PLURALISTA DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA
La década del noventa representa para Latinoamérica un periodo marcado por
cambios constitucionales muy importantes. Los países andinos reconocen el
carácter pluricultural y multiétnico de la conformación de la Nación y el Estado,
226
y, en consecuencia, reconoce una amplia gama de derechos a las comunidades y
pueblos indígenas, oficialización sus idiomas y reconociendo el derecho
indígena consuetudinario. También ratifican el Convenio 169 de la OIT sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Durante la última década en Guatemala se firman los Acuerdos de Paz y se
ratifica el Convenio 169 de la OIT, los cuales constituyen una obligación jurídica
del Estado guatemalteco. En ambos casos, se reconocen los derechos e identidad
de los Pueblos Indígenas. Los Acuerdos de Paz reconocen la conformación
multiétnica, pluricultural y multilingüe de la Nación y el Estado, la oficialización
de los idiomas indígenas y plantean el reconocimiento del derecho
consuetudinario o indígena. Las recomendaciones del Informe de la Comisión del
Fortalecimiento de la Justicia, emanada de los Acuerdos de Paz, hablan
expresamente del reconocimiento del Pluralismo legal. La propuesta de Reforma
constitucional de los Pueblos Indígenas, presentado por COPMAGUA con cinco
mil firmas, recogiendo tal espíritu propone el reconocimiento del derecho
indígena. Las recomendaciones del Informe de la Comisión de Esclarecimiento
Histórico refuerzan las hechas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia.
En el marco del modelo pluralista, se propone un modelo de justicia plural:
1 Que la justicia estatal respete el carácter multiétnico, pluricultural y
multilingüe de la población; garantice la consideración de los valores
culturales y el peritaje cultural, como el acceso a la justicia en idiomas
indígenas.
2 El reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena con sus propias
normas, valores, procedimientos, instituciones y autoridades para regular la
convivencia social y resolver conflictos, mientras no viole los derechos
humanos.
3 El reconocimiento y ampliación de mecanismos alternativos de resolución de
conflictos.
La concreción de este modelo todavía está pendiente en Guatemala. Se trata de
un compromiso político que no ha cuajado en cambio constitucional ni legal,
salvo la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Las ideas pluralistas, el respeto
a la diferencia y el reconocimiento de los pueblos indígenas, todavía tiene mucho
camino que recorrer, hasta encarnarse en normas, cobre forma institucional,
prácticas sociales y cultura cívica.”217 El pluralismo jurídico es un hecho en
Guatemala: la Constitución Política de la Republica reconoce y fundamenta el
derecho de los Pueblos indígenas.
PROPUESTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO PLURAL
Tomando en cuenta el marco histórico de aprobación y propuestas para la
realización de cambios a la Constitución de la República de Guatemala de 1985,
y habiendo analizado las propuestas para la construcción de un Estado Plural
recabadas en espacio abiertos de participación por parte de CANEK –
Observatorio Cultural, se presentan a continuación las reformas constitucionales
necesarias para que las relación plurales constituyan el núcleo del pacto social y
político que deviene la aprobación de una Constitución.
Los cambios constitucionales que se presentan han sido elaborados
confrontando las propuestas a la actual Constitución de la República de
Guatemala. Cuando es preciso, si la Constitución no las sostiene, se hacen
propuestas de cambio constitucional y, para finalizar propuestas de reforma o
desarrollo de leyes ordinarias.
217 Irigoyen Fajardo, Raquel. Pautas de coordinación entre el derecho indígena y el derecho
estatal. Págs. 50 y 51. Fundación Myrna Mack. 1ra. Edición, Guatemala, agosto de 1999. 1ra.
Reimpresión, Guatemala, noviembre 2003
227
Contenido de la Constitución Política de la
Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de consulta de
CANEK Reforma constitucional
Reforma o desarrollo de leyes
ordinarias
El problema radica en que los Derechos
Colectivos no están desarrollados de
manera sistemática en la Constitución.
Están desarrollados claramente los Derechos
Humanos Individuales y Derechos Sociales,
los cuales se basan en la protección de la
persona Humana, sin especificar el sentido
de persona humana Individual o persona
Humana Colectiva.
Los derechos siguientes están entre los
Derechos Sociales:
Artículo 57: Derecho a la cultura. Toda
persona tiene derecho a participar
libremente en la vida cultural y artística de
la comunidad, así como a beneficiarse del
progreso científico y tecnológico de la
Nación.
Artículo 58: Identidad cultural. Se reconoce
el derecho de las personas y de las
comunidades a su identidad cultural de
acuerdo a sus valores, su lengua y sus
costumbres. ( Arts. 57 al 65) Comunidades
Indígenas ( Arts. 66 al 70)
La cultura y los derechos colectivos están
firmemente relacionados. Lo referido a la cultura
simbólica son:
� Derecho Colectivo al Idioma.
� Derecho colectivo a la Espiritualidad.
� Derechos Colectivos al Patrimonio Cultural y a
los símbolos de identidad.
� Derechos Colectivos a la Educación.
� Derechos Colectivos a los Medios de
Comunicación. (Convenio 169)
Crear una institución educativa pública propia de
nuestra región que responda a nuestros principios
y valores, a nuestra cosmovisión, a nuestra lengua,
historia y formas de ver y entender el mundo,
capaz de crear una Universidad Autónoma propia.
Desarrollo de un Espacio de decisión política
comunitaria y regional que permita el desarrollo de
las instituciones políticas propias tanto locales
como regionales, y la construcción desde la
comunidad y la región de Instituciones Estatales
Para tener un Estado Plural es necesario
realizar una reformar estructural en la
Constitución Política de la República de
Guatemala, de esa manera visualizar Los
Derechos Colectivos del conglomerado
nacional.
Esto permitiría el desarrollo de normas
encaminadas a desarrollar leyes
ordinarias que permitan la creación de
instituciones propias de la colectividad.
La Constitución vigente en
Guatemala Capitulo II,
Derechos Sociales. Sección
tercera de comunidades
Indígenas artículo 70 dice: Ley
Específica. Una Ley específica
regulará a las materias de esta
sección.
En el Congreso de la República
existe una iniciativa de Ley en la
materia, la cual esta siendo
impulsada por los congresistas
Indígenas, sin embargo son
minoría, y la falta de voluntad
política de los diferentes,
manifestaciones tácitas de
discriminación y racismo que
persisten no dejan la posibilidad
de que avance.
Contenido de la Constitución Política de la
Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de
consulta de CANEK Reforma constitucional Reforma o desarrollo de leyes ordinarias
Entre los Derechos Sociales encontramos:
La Familia, La cultura, Las comunidades
indígenas, Educación, Deporte, Salud,
Seguridad y Asistencia Social, Trabajo,
Trabajadores del Estado y el Régimen
Económico y Social. Éstos están
comprendidos en los Artículos que van del
118 al 134. Uno de los puntos importantes
en esta sección es el de la Descentralización
y Autonomía. Estos se fundamentan en la
justicia social.
No puede haber Justicia Social cuando no
se reconocen los Derechos Humanos
Colectivos y cuando la administración de
los recursos del Estado y las decisiones
políticas esta centralizadas. No puede
hablarse de Autonomía cuando las
instituciones no generan sus propios
recursos y son subsidiadas por el Estado a
favor de la minoría y en perjuicio de la
mayoría.
Los Derechos Colectivos referidos a la
Cultura Material son:
� Derecho colectivo a la Autosuficiencia.
� Derecho Colectivo a la Ciencia y
Tecnología.
� Derecho Colectivo a la Propiedad y
Posesión del Territorio y Patrimonio
Natural.
Crear una institución educativa pública
propia de nuestra región que responda a
nuestros principios y valores a nuestra
cosmovisión, a nuestra lengua, historia y
formas de ver y entender el mundo, capaz
de crear una Universidad Autónoma
propia.
Desarrollo de un Espacio de decisión
política comunitaria y regional que
permita el desarrollo de las instituciones
políticas propias tanto locales como
regionales, y la construcción desde la
comunidad y la región de Instituciones
Estatales.
Reformar el Régimen económico y Social de
los Artículos 121, 124, al 131. Agregar un
último párrafo, por ejemplo: Se tomará en
cuenta que las poblaciones afectadas deben
ser consultadas a efecto de no afectar su
territorio y sus derechos humanos
colectivos. En todo caso los beneficios deben
dirigirse exclusivamente al fortalecimiento
de sus instituciones propias, quienes
tendrán autonomía en las dediciones y en la
administración de sus recursos.
Agregar un último párrafo al artículo 122.
Por ejemplo: Por ningún motivo estos
territorios deben ser concesionados,
enajenados, ser posesionados ni adquirirlos
en propiedad. Son de dominio público y
deben ser protegidos por el Estado y las
colectividades territoriales que las limitan.
Reformar el Artículo 134. Descentralización
y autonomía. También son
descentralizados y autónomos los sujetos
colectivos desde sus lógicas comunitarias
con sus instituciones que representan a su
población, además de respetar su formas
propias de representación y regulación
pública,
Reformar las siguientes Leyes:
� Código Municipal
� Ley General de Descentralización.
� Ley de los consejos de Desarrollo
Urbano y Rural.
� Ley de Parcelamientos Urbanos, Ley y
Reglamento de las áreas de reservas
territoriales del Estado de Guatemala.
� Ley de Titulación Supletoria. Y otras
leyes afines al tema.
229
Contenido de la Constitución Política de la
Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de consulta de
CANEK Reforma constitucional
Reforma o desarrollo de leyes
ordinarias
Los Artículos 4, 5, 28, 33, 34, 35, 36, 42, y los
siguientes:
Derechos y Deberes Cívicos y Políticos: Entre
estos derechos y deberes esta el Derecho de
Petición en materia Política. Atr. 137. Estos
derechos y deberes dan el parámetro a todas
y todos los guatemaltecos del ejercicio pleno
de la ciudadanía. Con relación al Estado y su
forma de Gobierno: artículo 143 Idioma. No
es posible que en un Estado multiétnico,
multilingüe y pluricultural no se reconozcan
los idiomas y se tomen como lenguas
vernáculas marginándosele de la oficialidad.
Con relación al Ejercicio del Poder Público,
Organismo Legislativo: Congreso de la
República: Artículo 160. Autorización a
diputados para desempeñar otros cargos. El
ciudadano elige a sus diputados para legislar
y no para desempeñar otros cargos.
Derechos Colectivos referidos a la Cultura Social o
Política:
� Derecho Colectivo a la Representatividad y
Participación en la vida Política.
� Derecho Colectivo a la Libertad, Paz y
Seguridad.
� Derecho Colectivo a la Autonomía,
Autodeterminación, Autogestión. (Convenio
169)
Desarrollo de un Espacio de decisión política
comunitaria y regional que permita el desarrollo
de las instituciones políticas propias tanto locales
como regionales, y la construcción desde la
comunidad y la región de Instituciones Estatales
Desarrollar un órgano regional que auto regule y
administre el marco jurídico actual y el
reglamento legal en función de la realidad
cultural plural, de sus instituciones propias y de
sus propios principios y valores.
Artículo 173. Procedimiento Consultivo
Agregar otro párrafo después del segundo
que estipule lo siguiente: Las decisiones
políticas de especial trascendencia que
afecten a un territorio o región
determinado, deberán ser sometidas a
procedimientos consultivos del colectivo
que lo conforman, dicha consulta deberá
ser convocada por el Tribunal Supremo
Electoral a iniciativa de autoridades
locales, que fijarán con precisión la o las
preguntas que se someterán a sus
habitantes. Artículo 157.
Potestad legislativa e integración del
Congreso de la República Buscar la forma
de legislar a favor de que haya un
Organismo Legislativo en el territorio de
cada sujeto colectivo y que su presidente
conforme el regional. Se trata de romper
con el monopolio del poder legislativo
que actualmente se concentra en el
Congreso de la República y que no
permite una correcta representatividad ni
interpretación legislativa desde la
comunidad.
Reformar:
� Ley Electoral y de Partidos
Políticos.
� Ley Orgánica del organismo
Legislativo.
230
Contenido de la Constitución Política de la
Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de consulta de
CANEK Reforma constitucional
Reforma o desarrollo de leyes
ordinarias
Organismo Ejecutivo:
Ministros de Estado. Artículo 193. Para el
despacho de los negocios del Organismo
Ejecutivo, habrá los ministerios que la Ley
establezca, con las atribuciones y
competencia que las mismas señalen.
Desarrollar un órgano regional con facultades para
administrar y gobernar el municipio y la región.
Desarrollo de un Espacio de decisión política
comunitaria y regional que permita el desarrollo de
las instituciones políticas propias tanto locales
como regionales, y la construcción desde la
comunidad y la región de Instituciones Estatales
Creación de unas finanzas Públicas regionales por
un órgano fiscal propio que permita la autogestión
financiera y el desarrollo de las propias instituciones
y la ejecución de la Políticas Públicas.
Crear una institución educativa pública propia de
nuestra región que responda a nuestros principios y
valores a nuestra cosmovisión, a nuestra lengua,
historia y formas de ver y entender el mundo, capaz
de crear una Universidad Autónoma propia.
Creación de un órgano regional con facultades de
regulación económica que permita desarrollar
propuestas de reforma agraria para la consolidación
de una mejor equidad económica y de posesión de
territorio apto para el cultivo así como de
implementación de políticas públicas para el
desarrollo de la soberanía alimentaría.
Organismo Ejecutivo:
Ministros de Estado. Agregar otro artículo
que estipule que: Cada sujeto colectivo
tendrá la capacidad de generar un
gobierno propio. Esto con el objeto de
descentralizar el organismo Ejecutivo.
Reformar:
� Ley del Organismo Ejecutivo.
231
Contenido de la Constitución Política de la
Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de consulta de
CANEK Reforma constitucional
Reforma o desarrollo de leyes
ordinarias
Organismo Judicial: Corresponde a los
tribunales de justicia la potestad de Juzgar y
promover la ejecución de lo juzgado. Art.
203.
Desarrollo de un Espacio de decisión política
comunitaria y regional que permita el desarrollo de
las instituciones políticas propias tanto locales
como regionales, y la construcción desde la
comunidad y la región de Instituciones Estatales.
Tener un marco jurídico y un pacto social y
político acorde y representativo a la realidad plural
y a la diversidad cultural de Guatemala, así como a
las demandas de las comunidades.
Proveer asistencia legal a casos específicos donde se
vean violados los convenios internacionales que
hacen expreso al Estado la defensa y desarrollo de
los pueblos constituidos en sujetos colectivos.
Organismo Judicial: Agregar un artículo
que estipule: Para tratar las necesidades
de justicia se deberán crear los
mecanismos necesarios para equiparar los
derechos colectivos y conformar los
juzgados que refleje claramente las
expresiones comunitarias sociales y
políticas que se demandan, de acuerdo a
su cosmovisión y cultura; siempre y
cuando no se violenten derechos humanos.
Estos Juzgados deberán estar bajo el
control y supervisión del Organismo
Judicial. Las sentencias emanadas de dicho
ente serán tomadas como cosa juzgada.
Reformar:
� Ley del Organismo Judicial.
� Desarrollar una Ley
especifica.
Contenido de la Constitución Política de la
Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de consulta
de CANEK Reforma constitucional
Reforma o desarrollo de leyes
ordinarias
Régimen de Control y fiscalización:
Contraloría General de Cuentas. Atr. 232.
Régimen Financiero:
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado. Art. 237
Desarrollo de un Espacio de decisión política
comunitaria y regional que permita el
desarrollo de las instituciones políticas propias
tanto locales como regionales, y la
construcción desde la comunidad y la región
de Instituciones Estatales
Creación de un órgano regional con facultades
de regulación económica que permita
desarrollar propuestas de reforma agraria para
la consolidación de una mejor equidad
económica y de posesión de territorio apto
para el cultivo así como de implementación de
políticas públicas para el desarrollo de la
soberanía alimentaría.
Creación de unas finanzas Públicas regionales
por un órgano fiscal propio que permita el
auto gestión financiera y el desarrollo de las
propias instituciones y la ejecución de la
Políticas Públicas.
Descentralizar la Contraloría General de
Cuentas. Debe haber una Contraloría en
el territorio de cada sujeto colectivo y sub.
Contralorías Municipales.
Los territorios de cada sujeto colectivo
generarán sus propios ingresos, los cuales
distribuirán de manera prorrateada de
acuerdo a los ingresos y egresos de cada
Municipio.
Reformar:
� La Ley Orgánica de la
Contraloría General de
Cuentas.
� La Ley del Presupuesto
General de Ingresos y
Egresos del Estado.
233
Contenido de la Constitución Política
de la Republica de Guatemala 1985
Propuesta recabadas en el proceso de
consulta de CANEK Reforma constitucional
Reforma o desarrollo de leyes
ordinarias
Ministerio Público Y Procuraduría General De La
Nación:
Ministerio Público. Artículo 251
Procuraduría General de la Nación. Art. 252.
Régimen Municipal:
Autonomía Municipal. Art.253
Gobierno Municipal. Art. 254
Recursos Económicos del Municipio Art. 255.
Asignación para las Municipalidades. Art. 256.
Proveer asistencia legal a casos
específicos donde se vean violados
los convenios internacionales que
hacen expreso al Estado la defensa y
desarrollo de los pueblos
constituidos en sujetos colectivos.
Tener un marco jurídico y un pacto
social y político acorde y
representativo a la realidad plural y a
la diversidad cultural de Guatemala,
así como a las demandas de las
comunidades.
Desarrollo de un Espacio de decisión
política comunitaria y regional que
permita el desarrollo de las
instituciones políticas propias tanto
locales como regionales, y la
construcción desde la comunidad y
la región de Instituciones Estatales
Sin necesidad de reformar
Sin necesidad de reformar
Reformar:
� Ley Orgánica del Ministerio
Publico.
� Ley Orgánica de la Procuraduría
general de la Nación.
Reformar:
El Código Municipal.
CONCLUSIONES
1 En Guatemala, existen desigualdades estructurales que afectan al
conglomerado social, y que impactan en el desarrollo de la ciudadanía
diferenciada.
2 La estructura política y administrativa del Estado de Guatemala no responden
a las necesidades de los territorios y personas que la habitan. Los Derechos
Colectivos no están desarrollados de una manera sistemática en la
Constitución Política de la República de Guatemala. Están desarrollados
claramente los Derechos Humanos Individuales y los Derechos Sociales, que
se basa en la protección de la persona Humana, sin especificar el sentido de
persona humana Individual y persona Humana Colectiva.
3 Las decisiones políticas, económicas y sociales son tomadas desde la
superestructura social y no de la estructura, siendo que a ella se debe el Estado
para su funcionamiento. La concreción de un Estado Plural todavía está
pendiente en Guatemala. Se trata de un compromiso político que no ha
cuajado en cambio constitucional ni legal. Las ideas al respecto del pluralismo,
el respeto a la diferencia y el reconocimiento de los pueblos indígenas todavía
tiene mucho camino que recorrer, hasta encarnarse en normas, instituciones,
prácticas sociales y culturales.
RECOMENDACIONES
1 Se debe reformar la Constitución Política de la República de Guatemala a
efecto de conformar un Estado verdaderamente incluyente plural, en donde
las personas sean consideradas como ciudadanos y ciudadanas con igualdad
de derechos ante el Estado así como de ser reconocidos como colectivo
humano que posee un territorio y una estructura organizativa propia.
2 Es necesario desarrollar los Derechos Colectivos en la Constitución Política de
la República de Guatemala a efecto de que la administración pública sea
coherente con las características multiétnica, pluricultural y multilingüe del
Estado, confiriendo a todo colectivo categoría política para su desarrollo, de
manera descentralizada y autónoma.
3 Las personas en lo individual y colectivo, concientes de sus derechos y
obligaciones y siendo la base del Estado, son llamadas a ejercer su ciudadanía
plena, es decir a participar en todo lo que compete a la refundación del Estado
de Guatemala. Para eso es necesario estar informados, organizados y con
lineamientos concretos de manera pro-activa, presentando las propuesta
necesarias para la conformación de un Estado Plural.
ELSA ANGÉLICA BLANCO
Abogada y notaria garífuna, licenciada en
Ciencias Jurídicas y Sociales USAC. Ha
laborado en Acción Ciudadana, en la Red
de observación Mirador Electoral, y en la
Fundación Myrna Mack, en el área de
participación ciudadana. Asistente de
Defensor Público en la Defensa Pública
Penal. Voluntaria Nacional de Transición
en la Misión de Verificación de Naciones
Unidas Para Guatemala MINUGUA-
Zacapa. Derechos Humanos y Justicia. Coordinadora de la Defensoría
Auxiliatura de los Derechos de los Derechos de la Mujer
Benito Morales
CAMBIOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA EDUCATIVO PLURAL
Ensayo elaborado en base a la propuesta
CREACIÓN DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA PROPIA DE NUESTRA
REGIÓN QUE RESPONDA A NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES, A NUESTRA
COSMOVISIÓN, A NUESTRA LENGUA, HISTORIA Y FORMA DE VER Y ENTENDER EL
MUNDO, CAPAZ DE CREAR UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA PROPIA.
ÍNDICE
¿Educación propia que responda a principios y valores, cosmovisión, lengua,
historia y forma de ver y entender el mundo de los Pueblos Indígenas?
Educación en la Constitución Política de la República
DIGEBI
Los Acuerdos de Paz y el No a la reforma constitucional
La Consulta Popular de 1999
¿Qué hacer?: Reforma constitucional
Conclusiones
Benito Morales
236
¿EDUCACIÓN PROPIA QUE RESPONDA A PRINCIPIOS Y VALORES, COSMOVISIÓN, LENGUA, HISTORIA Y FORMA DE VER Y ENTENDER EL MUNDO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS? EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA
El tema de la educación regulado, obviamente, en la Constitución Política de la
República, al igual que otros grandes temas como la salud, el idioma, la justicia,
etc.; responde fielmente a un modelo de Estado excluyente. Veamos: En el
artículo 71, al tratar el derecho a la educación, se afirma que se garantiza la
libertad de enseñanza y de criterio docente, y en el 72 se regula que los fines de la
educación son el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la
realidad y cultura nacional y universal.
Hasta aquí, se podría pensar en la posibilidad de una educación propia,
autónoma, basada en el principio de libertad de enseñanza, pero en el artículo
73, la misma Constitución, al tratar sobre la libertad de educación, se afirma, que
todos los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado
y están obligados a llenar, por lo menos, los planes y programas oficiales de
estudio. Obviamente, los centros estatales también, con mayor motivo, deberán
llenar los mismos planes y programas oficiales. ¿Dónde queda la libertad de
enseñanza y el criterio docente? Quizá, solamente en la forma de impartir las
distintas materias, de explicar, etc; pero siempre bajo el “yugo” de los planes y
programas oficiales.
Sin embargo, la Constitución abre la puerta de la educación bilingüe, y en su
artículo 76, regula que en las escuelas establecidas en zonas de predominante
población indígena, la enseñanza deberá impartirse preferentemente en forma
bilingüe.
La forma oficial de poner en práctica este artículo fue la Dirección General de
Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI-, que en la actualidad está regida por el
Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural. EL VICEMINISTERIO Y LA DIGEBI
La Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural fue creada como
Dependencia Técnica Administrativa del Ministerio de Educación, mediante el
Acuerdo Gubernativo No. 726-95, el 21 de diciembre de 1995, un año antes de la
firma de los Acuerdos de Paz.
Posteriormente y conforme el Acuerdo Gubernativo 526-2003 fue creado el
Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural con la atribución de definir
y regir las políticas de educación bilingüe, pasando la DIGEBI a una función más
operativa del proceso de Educación Bilingüe Intercultural –EBI-, de las
comunidades lingüísticas Maya, Xinka y Garífuna. Su filosofía se sustenta en la
coexistencia de varias culturas e idiomas del país, orientada a fortalecer la
unidad en la diversidad cultural. El proceso de Educación Bilingüe Intercultural
–EBI- está basado en algunos principios que conviene tener en cuenta. Por
ejemplo:
� Se entiende por educación bilingüe intercultural al enfoque educativo
orientado al refuerzo del conocimiento propio y de la autoestima del
individuo, sobre la base del aprendizaje, enseñanza y uso escolar de dos o
más lenguas: la primera y la segunda.
237
� El reconocimiento y aceptación oficial del saber y de los conocimientos
propios, incluidas la o las lenguas del educando, que constituyen la base para
la selección crítica y selectiva de elementos culturales pertenecientes a otros
pueblos y culturas del país y del mundo.
� La EBI reinscribe en el proceso educativo formal los modos y formas de
aprender y enseñar propios de los pueblos indígenas, para a través de ellos
enriquecer la visión pedagógica de la escuela y de la educación. Así, de la
confluencia de modos y formas distintos de aprender y enseñar y de la
complementariedad que se busca entre los mecanismos propios y aquellos
que provienen de otras tradiciones pedagógicas, como la occidental, se
construye también una pedagogía desde y en la diversidad; es decir, una
pedagogía intercultural.
� En Guatemala, la EBI es sobre todo una propuesta educativa estatal dirigida a
la atención exclusiva de la población indígena.
Las críticas a la –EBI- llegaron principalmente del Consejo Nacional de
Educación Maya -CNEM-, y principalmente consistió en una propuesta de
Educación Maya frente a la –EBI-, basándose, fundamentalmente, en:
� El Consejo Nacional de Educación Maya (CNEM) entiende por educación
maya un sistema educativo alternativo propuesto en respuesta a la situación
que, según sus líderes, caracteriza a la educación guatemalteca actual,
incluida la –EBI-.
� La educación maya busca superar la exclusión en la toma de decisiones en
materia educativa, y propende a la transformación de la educación para
superar la discriminación, el paternalismo, el asimilacionismo y la alienación
que atentan contra la continuidad cultural y la supervivencia de la sociedad
maya.
� La educación maya es entendida como endógena, formativa, práctica y
humana. Fortalece los valores éticos, estéticos y morales, así como los
vínculos entre naturaleza y del hombre con el hombre.
� Según esta visión, se trataría de una educación para la resistencia cultural y
para, simultáneamente, contribuir a la construcción de una nación justa e
incluyente, pluricultural, multiétnica y multilingüe.
Pero, ¿cómo lograr una nación justa e incluyente, pluricultural, multiétnica y
multilingüe, si la propia Constitución de la República no define así a nuestro
país?
LOS ACUERDOS DE PAZ Y EL NO A LA REFORMA CONSTITUCIONAL Los Acuerdos de Paz pudieron ser el camino para el arranque de una educación,
al menos con pertinencia cultural y en el propio idioma, pues en ellos se
planteaba el “ el uso de todos los idiomas indígenas en el sistema educativo, a fin
de permitir que los niños puedan leer y escribir en su propio idioma o en el idioma
que más comúnmente se hable en la comunidad a la que pertenezcan,
promoviendo en particular la educación bilingüe e intercultural e instancias tales
como las Escuelas Mayas y otras experiencias educativas indígenas218”; y se
proponía como sistema educativo uno que fuera “descentralizado y regionalizado
a fin de que se adapte a las necesidades y especificidades lingüísticas y culturales;
donde las comunidades y a las familias, como fuente de educación, cumplieran un
papel protagónico en la definición de las currícula y del calendario escolar y la
capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de
responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales; que
integrarás las concepciones educativas maya y de los demás pueblos indígenas, en
sus componentes filosóficos, científicos, artísticos, pedagógicos, históricos,
218 Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, apartado III, inciso A,
referente al idioma, Derechos Culturales. México, D.F. a 31 de marzo de 1995.
238
lingüísticos y político-sociales, como una vertiente de la reforma educativa
integral219”.
Estos ideales, peticiones, exigencias, se fueron al traste con la Consulta Popular,
realizada el día dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la que
la posición ganadora fue la desfavorable a la ratificación de la totalidad de las
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la República el día
dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho. En consecuencia, las
reformas constitucionales decretadas y aprobada por el Congreso de la
República el día dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho no
tuvieron vigencia220.
LA CONSULTA POPULAR DE 1999
Este NO a las reformas constitucionales que planteaba la consulta popular de
1999, truncó grandes posibilidades de cambios. Por ejemplo:
Frente al actual Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada
por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de
ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida,
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en
hombre y mujeres, idiomas y dialectos, se proponía:
Artículo 66. Identidad y espiritualidad de los pueblos indígenas. El Estado
reconoce, respeta y protege el derecho a la identidad de los pueblos Maya,
Garífuna y Xinca; sus formas de vida, organización social, costumbres y
219 Ídem, apartado II, inciso G, Reforma Educativa.
220 Acuerdo 229-99 del Tribunal Supremo Electoral, de fecha 21 de mayo de 1999, sobre la
validez de la Consulta Popular.
tradiciones; el uso del traje indígena en hombres y mujeres y sus distintas formas
de espiritualidad, idiomas y dialectos y el derecho a transmitirlos a sus
descendientes. Para los fines y en los términos del último párrafo del artículo 203
de esta Constitución, el Estado reconoce a las autoridades tradicionales de las
autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, prevaleciendo la unidad
de la Nación, la integridad del territorio y la indivisibilidad del Estado de
Guatemala. También reconoce, respeta y protege su derecho a usar, conservar y
desarrollar su arte, ciencia y tecnología así como el derecho de acceso a lugares
sagrados de dichos pueblos, bajo las modalidades que establezca la ley.
O también, frente al actual, Artículo 143.Idioma oficial. El idioma oficial de
Guatemala, es el español. Las lenguas vernáculas, forman parte del patrimonio
cultural de la Nación, se propuso:
Artículo 143. Idioma. Son idiomas oficiales del Estado: El Español para todo el
territorio nacional y los idiomas indígenas que establezca la ley, fijando su ámbito
de aplicación material de acuerdo a criterios técnicos, lingüísticos y territoriales. El
Estado reconoce, respeta y promueve los siguientes idiomas indígenas: Achi',
corrupción, para ello también el poder debe estar concentrado en el grupo social
que generalmente ha sido el mismo desde la época colonial.
Todo lo anterior justifica que entre las principales demandas de los Pueblos
Indígenas se encuentra la necesidad de que el Estado reconozca su derecho de
libre determinación, que implica decidir sus propias formas de gobierno,
perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente,
sin injerencias externas. Lo cual intrínsecamente lleva a la necesidad que todo
esto se haga en un ámbito espacial determinado. FORTALECIMIENTO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS CONSEJOS DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Y LAS MANCOMUNIDADES, COMO UN CAMINO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO GENERALIDADES
La gran diversidad geográfica y cultural de Guatemala, necesita de una
organización política administrativa que refleje dicha diversidad.
Aquí es cuando surge la pregunta ¿será posible el establecimiento de una región
con su propio ordenamiento territorial cuya implementación permita
interpretar y poder ejercer los derechos colectivos y poder vivir en un Estado
verdaderamente plural de acuerdo con la diversidad cultural?
Se ha discutido, principalmente, desde las demandas sociales la necesidad de que
haya gobiernos regionales que reflejen más fielmente la necesidad del respeto de
la cultura, idioma, organización de los pueblos indígenas, lo que podría lograrse
con la creación de regiones autónomas, la creación de una república federal, o el
fortalecimiento de un Estado descentralizado en cuanto al poder político.
Sin embargo, estas ideas causan en quienes han detentado el poder ciertas
molestias y rápidamente surgen voces que señalan que con estas propuestas lo
que se quiere es dividir al Estado de Guatemala a través de crear un Estado
Indígena, cuando todos somos guatemalteco, afirman estas personas. De esta
cuenta -por el momento y para que pueda ser viable- es importante utilizar el
marco legal existente para lograr la creación de un gobierno regional que luego
podría repercutir en una propuesta de reforma Constitucional. MARCO JURÍDICO
La Constitución Política de la República de Guatemala
En el Capítulo II, Régimen Administrativo, de la Constitución Política de la
República de Guatemala, Artículo 224, encontramos que se establece que el
territorio de la República, se divide para su administración en departamentos y
éstos en municipios. Como es sabido, actualmente existen 22 departamentos y
333 municipios.
Si bien es cierto que entre estos 22 departamentos es fácil determinar en donde
se ubican mayoritariamente los pueblos indígenas; también es cierto que cada
uno de estos departamentos no se identifica específicamente con una
244
comunidad lingüística o un pueblo indígena determinado; contrario a lo que
sucede en las históricas comunidades autónomas de España, por ejemplo.
Esto empieza a generarnos dificultades al momento de querer consolidar un
gobierno regional con un propio ordenamiento territorial, ya que no hay
claridad sobre qué aspectos comunes se deben tomar en cuenta para la creación
de dicho espacio regional: ¿se deberá tomar en cuenta la ubicación geográfica de
las comunidades indígenas independientemente de su comunidad lingüística;
debe ser el idioma un factor determinante para crear una región autónoma; o un
interés común como la defensa de los recursos naturales será lo que permita la
creación de esta región autónoma?
Esta situación se agrava si observamos que desde las instituciones del Estado se
ha intentado hacer un ordenamiento territorial sin tomar en cuenta la diversidad
de la sociedad guatemalteca, es decir, sin tomar en cuenta aspectos sociales y
culturales; tal como lo podemos evidenciar con la Ley Preliminar de
Regionalización. Ley Preliminar de Regionalización, Decreto 70-86 del Congreso de la
República
De acuerdo a los considerandos, esta ley, que data del año 1986, se creó para
impulsar el desarrollo urbano y rural del país, a fin de lograr el bienestar de la
población; asimismo promover y garantizar la participación de la población en
la identificación de problemas y soluciones, y en la ejecución de programas y
proyectos de desarrollo. Su objeto principal es la descentralización de la
administración pública para lograr que las acciones de gobierno se lleven a cabo
conforme a las necesidades de la población.
Sin embargo, estas regiones oficiales son únicamente demarcaciones espaciales
efectuadas por el Estado con fines de organización territorial, buscando
fundamentalmente la eficiencia de la inversión pública y la presencia de
instituciones públicas, no para operativizar y respetar la autodeterminación de
los pueblos indígenas, porque de acuerdo a dicha ley la división que se propone
se realiza para incentivar regiones de desarrollo, de ahí que la división como
podemos observar no toma en cuenta aspectos culturales:
1 Región Metropolitana: integrada por el departamento de Guatemala.
2 Región Norte: integrada por los departamento de Alta y Baja Verapaz.
3 Región Nororiente: integrada por los departamentos de Izabal, Chiquimula,
Zacapa y el Progreso.
4 Región Suroriente: integrada por los departamentos de Jutiapa, Jalapa y
Santa Rosa.
5 Región Central: integrada por los departamentos de Chimaltenango,
Sacatepéquez y Escuintla.
6 Región Suroccidente: integrada por los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez.
7 Región Noroccidente: integrada por los departamentos de Huehuetenango y
Quiché.
8 Región Petén: integrada por el departamento de Petén.
Esta forma de regionalización del territorio nacional no ha funcionado, quizá
porque realmente no hay puntos de interés entre los departamentos que
conforman estas regiones oficiales porque no se tomaron en cuenta por ejemplo,
relaciones culturales e idiomáticas entre estos departamentos. De ahí que en el
año 2005 la Comisión Paritaria de Reforma y Participación conjuntamente con
la Secretaría de Planificación Estratégica contemplaron una nueva distribución
geográfica por regiones de la siguiente manera223:
223 Secretaria General de Planificación. Modelo de Regionalización, Guatemala, 2005.
245
REGIÓN DEPARTAMENTOS ÀREAS LINGUÍSTICAS
I Central Guatemala, Sacatepéquez y
Chimaltenango
Poqoman, Kiche, Kaqchikel, y
Español
II Norte Alta Verapaz y Baja
Verapaz
Queqchi, Poqomchi, Achi,
Kaqchikel, y Español
III
Vertiente
del
Atlántico
Izabal Queqchi, Garífuna y Español
IV Oriental Jutiapa, Jalapa, El Progreso,
Chiquimula y Zacapa
Xinca, Poqomam, Chortí, y
Español
V Vertiente
del Pacífico
Retalhuleu, Suchitepéquez,
Escuintla y Santa Rosa
Kiche, Mam, Tzutujil, Kaqchikel,
Poqomam, Xinca y Español
VI Nor-
Occidental
Sololá, Totonicapán,
Quetzaltenango, San
Marcos, Huehuetenango y
Quiché
Kiché, Uspanteko, Queqchi,
Poqomchi, Sakapulteco, Ixil,
Mam, Awakateco, Chalchiteko,
Akateko, Chuj, Popti, Qanjobal,
Tektiteko, Sipakapense, Kaqchikel,
Tzutujil y Español
VII Petén El Petén Mopán, Itzá, Queqchi y Español
Esta nueva distribución está elaborada en el sentido de incentivar programas de
desarrollo del gobierno con el fin de descentralizar los servicios públicos, y no
constituyen en sí formas para propiciar el respeto de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, principalmente el derecho a la auto determinación fundamental para
crear un espacio real de respeto a las formas de organización propias de los
Pueblos Indígenas.
Es necesario recalcar que la norma constitucional mencionada anteriormente
también contempla la posibilidad de que cuando convenga a los intereses de la
Nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país,
estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier
otro sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal.
Esta norma también es desarrollada por la Ley Preliminar de Regionalización,
que indica que a propuesta de los Consejos de Regionales y del Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, se podrá proponer al Congreso de la
República la modificación de la integración y número de regiones cuando así
convenga a los intereses de la Nación.
Con este marco legal, podríamos encontrar una ruta a seguir con el objeto de ir
fortaleciendo la participación de los pueblos indígenas para lograr tener una
modificación en la división administrativa y política del Estado de Guatemala,
con la salvedad de que es un camino que no permite la desaparición de los
municipios y los departamentos como hasta ahora están concebidos porque así
lo establece la Constitución Política de la República, en el segundo párrafo del
Artículo 224 mencionado anteriormente, al indicar que “La administración será
descentralizada y se establecerán regiones de desarrollo con criterios
económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más
departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del
país”.
Hay que hacer énfasis en que la forma en la que se ha concebido la división
territorial del país es simplemente administrativa, no toma en cuenta como se
mencionó anteriormente, aspectos de identidad cultural de las comunidades que
habitan en este país, ni muchos menos la posibilidad de que sean los propios
pueblos indígenas quienes decidan qué gobierno quieren, qué tipo de desarrollo
246
económico y social necesitan para la satisfacción de sus necesidades y
consecución de sus aspiraciones como pueblos.
PROPUESTA DE CONSOLIDACIÓN DE UN GOBIERNO REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN Y RESPETO DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS De acuerdo a lo anterior, sí sería necesario que se adoptara una nueva
Constitución Política de la República o por lo menos una reforma de la misma,
en el sentido de permitir la modificación o incluso la eliminación de las figuras
de departamentos y municipios con las demarcaciones territoriales que
actualmente tienen.
Mientras que esta adopción de una nueva Constitución o su modificación no sea
definida y ejecutada, se podría utilizar el marco jurídico actual que abre una
pequeña posibilidad de participación directa de los pueblos indígenas y para ello
quiero hacer referencia a la experiencia de los municipios del occidente del país.
Como lo mencionaba anteriormente, aún no hay claridad de las bases sobre las
cuáles se puede partir para hablar de una región autónoma con la facultad de
gobernar, impartir justicia, impulsar proyectos de desarrollo, etc. Sin embargo,
en la actualidad, existe una fuerte demanda por la instalación de megaproyectos
principalmente en comunidades indígenas. De ahí que los pueblos indígenas del
occidente del país han encontrado un punto de coincidencia para trabajar de
manera coordinada por la defensa de los recursos naturales de la tierra y
territorios que les pertenecen.
Para ello, principalmente en Huehuetenango, se ha impulsado la realización de
consultas comunitarias de Buena Fe, que ha tenido el apoyo de los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, autoridades que se han convertido en un referente
fuerte para las comunidades.
De ahí ha surgido el Consejo de los Pueblos de Occidente integrados por los
departamentos de Quiché, Totonicapán, Quetzaltenago, Huehuetenango y San
Marcos. En este espacio participan miembros de los Consejos Comunitarios de
Desarrollo y otras personas pertenecientes a organizaciones sociales que han
logrado influir en las actividades de las autoridades locales electas mediante
sufragio universal.
Es decir, que uno de los caminos que se podría seguir para lograr consolidar un
gobierno regional autónomo, es ubicar en primer lugar un interés común entre
las distintas comunidades indígenas de un espacio geográfico determinado.
Posteriormente, la creación de un espacio que de manera directa conozca las
necesidades de cada comunidad. Siendo que este espacio es fuerte en
coordinación e incidencia puede influir en la conformación de los Consejos
Regionales, por medio de los cuales se puede hacer la propuesta de modificación
de la división territorial del país, creando así las regiones que tienen un interés
común.
De acuerdo a la forma en que estos espacios regionales funcionen, se podrá
solicitar con más respaldo una reforma Constitucional para que esas regiones
sean declaradas autónomas y tengan la facultad de decir lo relativo a la forma en
que debe ser impartida la educación y en general la prestación de servicios.
Por otro lado, la figura de las mancomunidades, es otra vía importante que
permite abrir espacios de coordinación y fortalecimiento entre municipios que
tienen intereses similares en cuanto cultura, idioma y protección de recursos
naturales; lo que en algún momento determinado también podría permitir la
modificación de la división territorial del Estado.
247
CONCLUSIONES
Es importante partir de las experiencias que han surgido de las propias
comunidades, fortalecer esas experiencias, y no impulsar leyes como por
ejemplo la Ley General de Pueblos Indígenas que pretende desarrollar los
principios constitucionales e internacionales relacionados con Pueblos
Indígenas, pero que no contempla un mecanismo claro de aplicación e
implementación de los Derechos que en dicha propuesta de ley se enumeran.
Con el marco jurídico actual, se puede ir trabajando en la consolidación de un
espacio regional que analice primero los puntos en común que tienen las
distintas comunidades indígenas, para que de la práctica se demande el
reconocimiento de una forma de organización territorial diferente a la que
actualmente tenemos.
Con estas experiencias, impulsar una reforma constitucional que modifique la
división territorial del país en razón de aspectos culturales, idiomáticos y
protección de recursos naturales, lo que conlleva incluso el desaparecimiento de
las instituciones departamentales tal y como actualmente las conocemos.
LUCÍA XILOJ Lucía Inés Xiloj Cuin, maya kiche, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Abogada y Notaria, pénsum cerrado de
Maestría de Derecho Constitucional en el 2009,
ambas por la Universidad de San Carlos de
Guatemala. Abogada litigante en Derecho
Penal, Civil y Administrativo. Actualmente
abogada en el área de Derechos Humanos de la
Fundación Rigoberta Menchú Tum.
Consultora en investigaciones relacionadas con
Derechos de los Pueblos Indígenas,
específicamente en Derecho a la Consulta,
aplicación de la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial y el Convenio 169 de la
OIT.
248
249
Renata Ávila
UN CAMBIO ESTRUCTURAL PARCIAL PERO POSIBLE, SIN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN
ÍNDICE
Resumen
Introducción
Repaso de las memorias de la asamblea nacional constituyente de 1985 desde
distintas ópticas de la comisión de redacción
Un cambio estructural parcial pero posible, sin cambiar la constitución
Algunos caminos hacia un Estado Plural
Estructura propuesta y pasos a seguir
Conclusión
Bibliografía
250
Renata Ávila
RESUMEN Esta propuesta toma como punto de partida las discusiones de la constituyente
que redactó la norma máxima del ordenamiento jurídico guatemalteco entre los
años 1984 y 1985 y hace un breve acercamiento a las discusiones de los
constituyentes respecto de la estructura de Estado que debería adoptar
Guatemala. Detalla además las posibilidades de autogestión y ejercicio del poder
que tiene una comunidad organizada, dentro del ordenamiento jurídico vigente
y sin tener que reformar la constitución.
Una vez descritas las posibilidades que a una comunidad le permite la
constitución y la legislación guatemalteca, se describirán brevemente distintos
procesos de reestructuración del Estado hacia una pluralidad de sujetos
colectivos llevados a cabo en Nicaragua, México, Bolivia y Costa Rica. La última
parte es una invitación al diálogo, proponiendo las vías posibles hacia la
construcción de un Estado plural en Guatemala, haciendo énfasis en la
importancia del ejercicio de una ciudadanía activa desde las instituciones que
existen hoy. Es un llamado urgido a ocupar los espacios dados para activar los
cambios desde lo básico, desde lo interno de las comunidades e intervenir desde
dentro las estructuras del Estado.
INTRODUCCIÓN La crisis de gobernabilidad que ha aquejado durante la última década a una
porción importante del territorio nacional plantea la necesidad de analizar cuán
efectivamente se ha aplicado el marco legal que existe para facilitar todos los
espacios de diálogo y participación social que permitiría ejercer un poder local
real. En Guatemala la capacidad de consumo más alto es veintidós veces más alta
que la capacidad de consumo más baja. Esas profundas desigualdades, al analizar
la distribución geográfica, hace notoria la centralización no solo de los entes
gubernamentales, sino del ingreso, del consumo, de la inversión pública y de los
problemas sociales urgentes de la población. El presente documento analiza, en
primer lugar, cuál es ese marco legal y sus principales características.
En el período comprendido desde la Reforma Liberal hasta 1985 se descompuso
la forma de organización comunitaria colonial, las cofradías, cajas de la
comunidad y hasta la forma de vida habitual de la mayoría de la población
cambiaron radicalmente al enfrentarse con las demandas de la industrialización
y la agro exportación. Además de la concentración geográfica del bienestar
resultado de los nuevos procesos de generación de riqueza, también se centralizó
el desarrollo de la infraestructura social. Las principales instituciones educativas,
culturales y de gobierno se situaron en los principales centros urbanos. Junto
con esto el proceso de decisiones y el Estado mismo se centralizó en la Ciudad de
Guatemala.
REPASO DE LAS MEMORIAS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1985 DESDE DISTINTAS ÓPTICAS DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN
Para la aprobación de la actual Constitución Política de la República de
Guatemala, se contó con el trabajo de una comisión redactora integrada por
treinta diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes someterían
un proyecto discutido y preaprobado del articulado constitucional a la Asamblea
Nacional, para su aprobación. Al haber leído el intercambio entre los miembros
de las comunidades, casi un cuarto de siglo después de la promulgación de
nuestro ordenamiento jurídico máximo, resulta interesante detenerse en esos
aspectos comunes que preocupan a las comunidades hoy, para las cuales los
constituyentes trataron de plasmar en el texto constitucional los mecanismos
que ellos consideraban adecuados para resolver problemas que persisten a la
fecha y que fueron discutidos por los redactores de la constitución. Sobre el
centralismo el representante Amando Vides Tovar recordaba durante la
discusión sobre la organización administrativa del Estado, que ya desde 1871,
251
con la creación del Estado Liberal y la consolidación de la economía agro
exportadora, se provoca la centralización de las funciones administrativas,
políticas, sociales y económicas en la Ciudad de Guatemala, y que entonces la
desconcentración de recursos llevaría un cambio en la estructura agraria, lo cual
difícilmente se realizaría sin producir una perturbación en el ya frágil equilibrio
de 1985. También recordaba que la asignación de funciones que en 1944 se les
otorgó a las municipalidades, a través de la autonomía municipal, no llegó a
concretarse ya que el Estado le otorgó poca participación a éstas como
generadoras del desarrollo en su propio mecanismo de decisión, además añadía
que se concentraba en la Ciudad de Guatemala la dotación de los mejores
servicios, revirtiendo algunos de los pocos beneficios a ciudades del interior y
por lo general, por razones de índole política y no de interés nacional.
Cabe señalar que durante esta discusión no se tocó el tema de la pluralidad de
los sujetos que componían una región, más bien se redujo el tema a aspectos
técnico-legales enfocados a la descentralización administrativa y económica. No
obstante lo anterior, entre los representantes del área rural, surgió la posibilidad
de gestionar recursos y ejercer ciertas funciones desde lo rural ya que era
fundamental para un cambio real en sus localidades. Así lo expresaba el
Representante Téllez al decir “Habría que pensar en una regulación
administrativa funcional, que propicie el desarrollo de los pueblos abandonados
de la República. Es conveniente la regionalización y la descentralización
administrativa. Los diputados provincianos la propiciamos”.
La regionalización fue también apoyada por quien llegara a ocupar la
Presidencia de la República años después, el representante Ramiro De León
Carpio: “Si algo necesita Guatemala, si no a nivel de programa de gobierno,
como un distinguido Diputado lo mencionara, a nivel de norma Constitucional,
es la descentralización del país, desde el punto de vista administrativo, político y
financiero”. Aún con la importancia que le fue dada en el texto constitucional al
poder local y a la descentralización, no hubo acuerdo ni uniformidad en el
contenido que cada representante de la Comisión de los Treinta le daba a cada
concepto incluido en el texto constitucional. Para el diputado Scheel la
regionalización era ”...una estrategia de planificación para agrupar espacios
territoriales que presentan características homogéneas de clima, vocación en el
uso del suelo, recursos, cultura, etcétera. Esto permite optimizar la aplicación de
planes naturales de desarrollo urbano y regional”. Es decir, la cultura como
elemento de cohesión social era nada más un aspecto dentro de una estrategia de
planificación más bien enfocada a lo económico y administrativo. Esa idea era
compartida por la representante Soberanis, que señalaba: “La idea, por eso, no es
crear una esfera de autonomía; la idea no es darle una regionalización de tipo
político, sino una regionalización de tipo administrativo”, posición que difería
de la expresada por el representante De León Carpio, que resaltaba la
importancia de lo político. Especial atención merece la definición del
constituyente González Quezada, para quien “la región se define por los lazos
existentes entre sus habitantes, los cuales proveen comprensión, que es una
característica de coherencia y organización”. Es esta definición la más cercana a
la discusión facilitada por CANEK.
Durante las sesiones de la comisión que redactó la constitución, fueron
especialmente los representantes de los departamentos más pobres del país los
que consistentemente abogaron por la inclusión de posibilidades a futuro para
descentralizar y localizar el poder, para pedir una justa distribución de los
recursos, para que el beneficio quede en el territorio donde se genera la riqueza y
se defendió la posibilidad de ser actores directos desde lo local, por medio del
sistema de consejos de desarrollo, tanto en la ejecución como en la auditoría
social de los planes y programas de desarrollo y ordenamiento territorial.
Es importante recordar que la discusión de la Constitución se dio en un contexto
de lucha contrainsurgente, donde la estabilidad del país era más bien frágil y
donde los espacios a los diversos pueblos que forman el Estado Guatemalteco
aún era un escaño por subir.
252
UN CAMBIO ESTRUCTURAL PARCIAL PERO POSIBLE, SIN CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN Las posibilidades que la Constitución Política de la República de Guatemala le
otorga a una comunidad organizada no han sido exploradas ni materializadas.
Además, leyes específicas aprobadas después de los Acuerdos de Paz brindan la
posibilidad, dentro del marco constitucional, de nuevas formas de administrar y
ordenar los territorios, instituciones propias y diferenciadas en cada región o
división administrativa. Hay flexibilidad constitucional para proponer formas
novedosas de administración de los recursos que se encuentran en cada
territorio, y para reconfigurar la división administrativa del Estado mismo, su
sistema educativo, económico y financiero. Un cambio estructural del Estado
centralista y monocultural no solo es posible, sino que es congruente con los
deberes del Estado y con los fines últimos para los cuales el Estado fue creado.
Entre los deberes del Estado que enuncia la Constitución está el deber de
garantizar el desarrollo integral de la persona224.
El Régimen económico y social de Guatemala225 obliga al Estado a orientar la
economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el
potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo
y la equitativa distribución del ingreso nacional. A este enunciado debe dársele la
importancia que merece ya que sería entonces en contra del régimen económico
y social que manda el ordenamiento constitucional aquel diseño social que
tienda a lograr una distribución desigual del ingreso nacional y que no desarrolle
el potencial social del país. Las obligaciones fundamentales del Estado de
Guatemala que deben resaltarse para efectos de este análisis y para someter a
escrutinio las leyes que se analizarán con posterioridad, son las contenidas en el
artículo 119 Constitucional, especialmente el inciso b) que obliga al Estado a
promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa,
para lograr un adecuado desarrollo regional del país, la c) que obliga adoptar las
224 Artículo 2. Deberes del Estado. Constitución Política de la República de Guatemala (y su
interpretación por la Corte de Constitucionalidad). Corte de Constitucionalidad (2002) 225 Artículo 118. Ibid.
medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y aprovechamiento
de los recursos naturales en forma eficiente así como el i) impedir el
funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de
bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad.
Es decir, la Constitución se orienta hacia la equidad en distribución de los
ingresos, al desarrollo regional, a la desconcentración de bienes y medios de
producción y a una sistemática descentralización. Paralelo a ello resalta la
importancia de la conservación y uso eficiente de los recursos naturales, que
como muchas buenas prácticas lo prueban, solo puede concretarse si se gestiona
por la comunidad donde se encuentran éstos. La autonomía y la
descentralización están reguladas en la Constitución. La autonomía puede ser
concedida en aquellos casos en que ésta se considere indispensable para la mayor
eficiencia y mejor cumplimiento de ciertos fines, requiriendo para la aprobación
una mayoría calificada del Congreso y debiendo, luego de ser concedida a cierta
entidad, mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del
Estado, remitir información al Organismo Ejecutivo y Legislativo así como ser
fiscalizable y documentar adecuadamente su gestión. Cualquier órgano de la
Administración Pública, de acuerdo al ordenamiento constitucional
guatemalteco, se puede crear, modificar o extinguir por medio de una ley así
como se pueden trasladar las competencias que se soliciten por una comunidad
o por un órgano desde el gobierno central, si así se desarrolla esta competencia
de una forma más eficiente, para el adecuado cumplimiento de los fines del
Estado.
Sobre la estructura y organización del Estado para la división administrativa del
mismo, en el artículo 224 la Constitución indica que la administración del
Estado será descentralizada, estableciéndose regiones de desarrollo con criterios
económicos, sociales y culturales, que podrán estar constituidos por uno o más
departamentos, es decir, es facultativa la conformación de regiones siguiendo el
criterio de la división administrativa del Estado vigente. Es más, la Constitución
establece dentro del mismo artículo que si conviene a los intereses nacionales se
puede modificar cualquier sistema, siempre que no se menoscabe la autonomía
municipal. La autonomía municipal que se debe respetar es la que tiene cada
253
municipio de elegir sus autoridades, obtener y disponer de sus recursos, los
servicios públicos locales (que puede delegar), y el ordenamiento territorial de su
jurisdicción (que debe ser formulado por el Consejo Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural). Sin embargo, existen una serie de competencias y funciones
que actualmente ejerce el gobierno central que podrían trasladarse a órganos
regionales con autonomía para ejercicio de dichas funciones. La división
administrativa del Estado tal cual se encuentra hoy regulada es solo una de las
muchas posibilidades que la Constitución permite, siempre que no menoscabe la
autonomía del Municipio. Una acotación importante es la siguiente: aunque se
protege la autonomía del municipio, no se establece como la única forma de
administración desde lo local. No hay provisión alguna en la Constitución
Política de la República de Guatemala que impida una forma paralela de
organización de los territorios. Sería interesante explorar la posibilidad de
constituir a territorios que pertenezcan a determinada comunidad como
entidades autónomas, actuando por delegación del Estado y estableciéndose en
los mismos regímenes especiales de administración, que ya existen en otros
cuerpos legales para temas específicos, pero es importante señalar que existe ya
cierta identificación de los sujetos por su pertenencia municipal, especialmente
en el área rural, más que la identificación que pudiera existir a nivel
departamental o regional, por lo que sería complicado crear una estructura que
se asemeje.
Considero pues que para un exitoso rediseño del Estado Guatemalteco es el
municipio la pieza de rompecabezas, el elemento indivisible del cual se puede
partir y con el cual se podría empezar para armar nuevas estructuras tanto por
su autonomía como por las posibilidades que ofrece desde la realidad nacional.
La potestad legislativa es exclusiva del Congreso de la República de Guatemala,
tal como está contemplado por el artículo 157 constitucional. Para modificar el
poder legislativo y desconcentrarlo en órganos regionales sí sería necesaria una
reforma constitucional y sería un paso necesario previo para poder modificar el
sistema tributario y la asignación de los recursos a las distintas localidades.
A continuación se describe brevemente el desarrollo legislativo posterior a la
promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala y se
describen las posibilidades que abre cada una de estas normativas a una
comunidad organizada.
a) Decreto 70-86 “Ley Preliminar de Regionalización”, la posibilidad de una
nueva división regional.
El objetivo de este cuerpo normativo es el de descentralizar la administración
pública y lograr que las acciones del gobierno se lleven a cabo conforme las
necesidades de la población. Es importante resaltar la definición de Región que
da dicha ley, describiéndola como “la delimitación territorial de uno o más
departamentos que reúnan similares condiciones geográficas, económicas y
sociales, con el objeto de efectuar acciones de gobierno en las que junto o
subsidiariamente con la administración pública participen sectores organizados de
la población”. Faculta en su artículo 4 a los Consejos Regionales para proponer
vía el CONADUR al Congreso de la República de Guatemala la modificación de
la integración y número de regiones. Dicha Ley es un instrumento para que se
pueda modificar la división regional del Estado y se potencie el objeto de la
Región, que es efectuar acciones de gobierno con la participación de la
población.
b) Decreto 12-91 Ley de Educación Nacional y Acuerdo Gubernativo 13-77
“Reglamento a la Ley de Educación”, la posibilidad de llevar la voz de los
pueblos a la mesa de decisión de las políticas públicas de educación.
De acuerdo al artículo 12 de la Ley Nacional de Educación, el Consejo Nacional
de Educación es un órgano multisectorial educativo encargado de conocer,
analizar y aprobar conjuntamente con el Despacho Ministerial, las principales
políticas, estrategias y acciones de la administración educativa, tendientes a
mantener y mejorar los avances que en materia de educación se hubiesen
254
logrado. Dentro de dicho Consejo hay representantes de todos los pueblos que
forman el país, por lo que sería importante desde lo comunitario canalizar las
aspiraciones comunitarias en materia educativa. Por ejemplo, una estrategia
nacional para mejorar los avances educativos puede plantearse como una gestión
autónoma o rediseño de los contenidos educativos y los métodos aplicados por
los educadores en determinada comunidad o región. Este Consejo, a pesar de
tener la obligación de reunirse una vez al mes, y de estar integrado por los
diversos representantes de los pueblos que componen el Estado, no ha logrado
aprovechar el espacio y el mandato legal del cual es titular.
c) Decreto No. 14- 2002 “Ley General de Descentralización” y Acuerdo
Gubernativo 312-2002 “Reglamento de la Ley General de Descentralización”
como el vehículo para trasladar competencias
Es el instrumento legal que permite trasladar las competencias administrativas,
económicas, políticas y sociales del Organismo Ejecutivo a otras instituciones,
incluyendo las comunidades organizadas, siempre y cuando se participe desde la
Municipalidad que corresponda. Se puede transferir hacia las comunidades el
poder de decisión, la titularidad de competencia, las funciones, los recursos de
financiamiento y hasta el ejercicio del control social sobre la gestión
gubernamental y el uso de los recursos del Estado. Es una ley de orden público y
aplicación general, por lo que prevalecería sobre otros ordenamientos. Los
principios que deberían orientar el proceso incluyen la solidaridad social, la
eficiencia, el respeto a las distintas culturas e idiomas, el diálogo, la equidad, el
desarrollo humano integral, la erradicación de la exclusión social, la
conservación del equilibrio ambiental y la participación ciudadana. Además, la
ley otorga a las comunidades organizadas facultades de fiscalización y auditoría
social de los programas de descentralización que se lleven a cabo en sus
localidades. De conformidad con la Ley, una comunidad podría solicitar a la
Contraloría General de Cuentas la práctica de una auditoría a los ejecutores.
Para el traslado de una competencia hacia una comunidad organizada basta con
un Acuerdo Gubernativo del Organismo Ejecutivo, siempre que éste sea
solicitado por los destinatarios.
Estas leyes junto al cuerpo legal fundamental para la conformación y
participación de los sujetos colectivos, el Decreto 11-2002 “Ley de los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural” abren una gama de posibilidades para
organizarse y participar de forma activa en la ejecución y fiscalización del
desarrollo integral del país. Este grupo de leyes no solo permite diseñar
estrategias desde lo local para aliviar las necesidades inmediatas, sino también
participar en lo político. Estos espacios deben ser aprovechados para una
construcción participativa de las políticas públicas, el sistema nervioso de la
estructura del Estado. Estos espacios son necesarios para dirigir a las
instituciones para los propósitos que fueron creadas y para contrarrestar la
corrupción institucional que ahora orienta al Estado a cumplir fines particulares.
Aún si se cambiara la constitución y se aprobara la más perfecta ley de
autonomías, sin el elemento previo de la comunidad organizada, entonces
seguiría siendo un Estado frágil y disperso, sin capacidad coercitiva ni
gobernabilidad. Indica el autor mexicano Díaz Polanco226 que para que funcione
un gobierno autónomo es necesario que los colectivos que lo componen sean
reconocidos como grupos con identidades propias, puedan elegir su propio
gobierno, se demarque su ámbito territorial de actuación, tengan facultades para
ejercer poder sobre sus lenguas, usos y costumbres, puedan participar en las
instancias locales y nacionales de decisión y puedan decidir sobre sus recursos
propios y recibir recursos del gobierno central. Eso necesariamente implica
haber llevado una fase previa anterior de reconocimiento y conformación de los
colectivos.
226 Héctor Díaz Polanco. “Diez años de autonomía en Nicaragua”. ALAI, América Latina en
Movimiento (1997).
255
ALGUNOS CAMINOS HACIA UN ESTADO PLURAL
Para poder entender las complejidades y distintas vías seguidas durante los
últimos años, encaminadas hacia un gobierno de autonomías, es ilustrativo
repasar ejemplos cercanos en la región, que por medio de cambios
constitucionales, legislación o movimientos sociales, han abierto las puertas a
nuevas formas de concebir el Estado. Cada sistema solo es igual a sí mismo y es
difícil pensar que un Estado puede copiar fórmulas e implementarlas, pero sí
puede aprender de los procesos y experiencias de otros países.
El primer ejemplo de proceso autonómico a describir es el de Nicaragua. En
Nicaragua fueron creados territorios con un Estatuto autónomo aprobado en
1987. Este proceso fue pedido por la comunidad y facilitado por el gobierno
central. Desde hace más de veinte años en cada Región se elige un Consejo y
Gobierno Autónomo y los resultados son positivos. Es importante notar que las
comunidades miskitas ya ejercían control sobre sus territorios, estaban
organizadas y en resistencia en un momento bastante complejo de la historia
nicaragüense. A pesar de reformas constitucionales y desarrollos legislativos
posteriores, se ha respetado y reforzado dicha autonomía y es la mejor forma
para gobernar dichos territorios de la Moskitia227.
Otra vía es la insurgente y así surge en 1994 en el Estado Mexicano de Chiapas,
el movimiento zapatista, que hasta la fecha busca una reforma fundamental del
Estado Federal. El movimiento zapatista ejerce un poder autonómico en 30
"Municipios autónomos" gobernados por 5 "Juntas de Buen Gobierno", pero aún
no se han concretado sus demandas originales.
En Bolivia el agente que activó los cambios en la estructura del Estado desde la
base fue la Ley de Participación Popular (1994) que descentraliza al Estado con
la municipalización de todo el territorio nacional. Esta reforma transfirió a la
ciudadanía amplias competencias para participar en las decisiones sobre las
227 Marlen Ivette Llanes. “El Proceso de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica
Nicaragüense.” Editorial Envío. Instituto Histórico Centroamericano. 1995.
inversiones locales y para controlar la gestión local. Esta descentralización
incluyó una importante transferencia de recursos estatales a favor de los
municipios, para que pudieran enfrentar sus nuevas competencias. El proceso
boliviano de descentralización por la vía municipal fue especialmente valioso, en
la medida en que potenció la participación social, encaminándola hacia el
ejercicio ciudadano, y avanzó en la construcción de una institucionalidad
democrática. Actualmente se discute un paso más a dar: el de la autonomía y se
enfrenta el reto de la unidad nacional228.
Por las similitudes entre los países discutidos y por la pluralidad de los
territorios que conforman el Estado guatemalteco, considero que el paso
adecuado sería de un municipalismo hacia un regionalismo-federalismo, una vez
haya sido revitalizada esa participación de cada ciudadano en los colectivos que
conforman el Estado, empezando por la participación en la política local.
ESTRUCTURA PROPUESTA Y PASOS A SEGUIR
A continuación describiré la serie de pasos a completar para que las demandas
recogidas en las memorias proporcionadas por CANEK se materialicen e
implementen en forma gradual, que satisfaga las necesidades y demandas
concretas desde cada comunidad. Me atrevo a afirmar que cualquier intento
autonómico sin la conformación de una base comunitaria organizada está
destinado al fracaso, aún cuando se cuente con una nueva constitución. La base
comunitaria organizada debe ser el punto de partida, luego vendrá la autonomía.
La clave fundamental para responder a la interrogante de qué puede hacer,
dentro del andamiaje legal guatemalteco, una comunidad organizada se
encuentra en el Decreto 11-2002 “Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y
Rural”. Considero que, conforme a lo plasmado las comunidades plurales
organizadas como un punto de partida hacia la construcción de un Estado
228 Renata Hoffmann y Martín Pérez “Participación Ciudadana en el Proceso de
Descentralización de Bolivia. FLACSO.
256
Plural. En esta sección detallaré las posibilidades que tiene una comunidad
organizada dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco.
La figura que mejor encaja en las discusiones facilitadas por CANEK es la del
Consejo Comunitario de Desarrollo, que puede ser el vehículo que los lleve a
materializar el Estado Plural al que aspiran. Cada Consejo Comunitario de
Desarrollo tiene por objeto que los miembros de una comunidad interesados en
promover y llevar a cabo políticas participativas, se reúnan para identificar y
priorizar los proyectos, planes y programas que beneficien a su comunidad. Al
integrarse determinada comunidad y cada vez que haya que decidir algo, se
realiza una Asamblea Comunitaria, la cual es el órgano de mayor jerarquía del
Consejo, compuesta por todos los integrantes. Las decisiones en el Consejo
deben tomarse por consenso y solo excepcionalmente, por mayoría de votos.
Esto quiere decir, de acuerdo a la definición del Diccionario de la Real Academia
Española, que debe haber acuerdo entre todos los miembros de la comunidad.
Las políticas para un Estado Plural que se proponen pueden ser puestas en
práctica a través del Sistema de Consejos de Desarrollo, ya que desde la
Asamblea Comunitaria pueden:
� Decidir quiénes coordinarán a su comunidad organizada y por cuánto
tiempo. Esto lo pueden hacer de acuerdo a sus propios principios, valores,
normas y procedimientos de cada comunidad. No tiene que ser de acuerdo a
una forma estandarizada.
� Desde un Consejo Comunitario se puede promover, facilitar y apoyar la
participación efectiva de sus miembros para establecer qué es lo más
importante para ellos como necesidades comunitarias, qué problemas
enfrentan como comunidad y cuáles son las soluciones que proponen para
lograr un desarrollo integral.
� También son la herramienta para coordinar entre las autoridades
comunitarias, las organizaciones que ya existan en la comunidad y las
instituciones públicas y privadas. Son el mecanismo idóneo para
comunicarse desde la comunidad hacia éstas como un sujeto colectivo
representado y no desde lo individual.
� A través de la organización de un consejo comunitario es posible promover
políticas, programas y proyectos diseñadas por la propia comunidad y
dirigidos hacia grupos priorizados de la misma, como son niños,
adolescentes, jóvenes y mujeres.
El Consejo Comunitario tiene la posibilidad de:
� Proponer Políticas Públicas, Planes, programas y proyectos diseñados desde
la Asamblea Comunitaria hacia el Consejo Municipal de Desarrollo, para
que éste lo incorpore en las políticas del municipio.
� Dar seguimiento a la ejecución de las políticas, programas y proyectos de
desarrollo comunitario y hasta proponer medidas correctivas al Consejo
Municipal de Desarrollo o a la entidad que los ejecute. Ésta función es muy
importante en términos de auditoría social cooperativa.
� Evaluar la ejecución, eficacia e impacto de los proyectos de desarrollo.
� Tienen la potestad de promover la obtención de financiamiento para
programas y proyectos de desarrollo a la comunidad. Pueden además
aportar insumos a la política fiscal a seguirse por el gobierno central.
� Tienen una labor de denuncia importante: pueden reportar sobre el
desempeño de los funcionarios públicos con responsabilidad sectorial en la
comunidad.
Aunque la misma ley delimita la posibilidad de crear COCODES por los
residentes de una misma comunidad, el Reglamento de la Ley limita la
posibilidad de integración de los COCODES a solamente aquellos residentes
dentro de una misma aldea. Sin embargo, la modificación de dicho reglamento
depende enteramente del Organismo Ejecutivo y es mucho más fácil modificarlo
y adaptarlo a las necesidades específicas de cierta comunidad.
257
Considero que dentro del Sistema de Consejos de Desarrollo, la comunidad, a
través de su participación activo, y respaldada por los otros cuerpos normativos
ya detallados, puede materializar y dotar de contenido y acción a estas políticas:
1 Desarrollo de un espacio de decisión política comunitaria y regional que
permita el desarrollo de las instituciones políticas propias tanto locales como
regionales, y la construcción desde la comunidad y la región de instituciones
estatales.
2 Desarrollo de un órgano regional con facultades para administrar y gobernar
el municipio y la región (con las limitantes ya descritas supra en el tema
legislativo).
3 Creación de un órgano regional con facultades de regulación económica que
permita desarrollar propuestas de reforma agraria para la consolidación de
una mejor equidad económica y de posesión del territorio apto para el cultivo,
así como de implementación de políticas públicas para el desarrollo de la
soberanía alimentaria.
4 Consolidación de una propuesta de región autónoma con su propio
ordenamiento territorial cuya implementación permita interpretar y poder
ejercer los derechos colectivos y poder vivir en un Estado verdaderamente
plural de acuerdo con a la diversidad cultural.
El objetivo de participación representativa, espíritu de los derechos colectivos y
las formas originarias de interpretar el mundo, puede darse dentro del Consejo
Comunitario. Permite adaptarlo a las prácticas originarias pero además hacer
que éstas se adapten para incluir a otros miembros de la comunidad, y esto a su
vez abre la puerta para plantearse objetivos comunes y ejecutar acciones de
manera conjunta, más allá de los propósitos individuales de cada persona o
grupo. También permite crear alianzas con organizaciones que apoyen el
proceso. El Consejo Comunitario no debería ser paralelo a los Consejos
tradicionales, sino una forma de fortalecer el sistema de Consejos y las formas
originarias de organización existentes en las comunidades. Desde los Consejos
Comunitarios y hacia los Consejos Municipales, Departamentales y Regionales
de Desarrollo existen las vías para generar círculos de diálogo con instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, para diseñar las políticas públicas que la
comunidad quiere. Pero para ello se necesita la participación y el compromiso
de cada miembro que compone la comunidad.
El Sistema de Consejos de Desarrollo debe ser estudiado con detenimiento y
explorado en la práctica por las comunidades, independientemente de que ya
existan estas instancias en sus comunidades, ya que en su correcta aplicación
debería facilitar los aspectos culturales y políticos que la comunidad busca para
configurar un Estado Plural, la construcción de un perfil de representantes de
acuerdo con la cosmovisión de cada pueblo, la promoción y facilitación de la
organización y participación comunitaria, y la auditoria social a las entidades
encargadas de garantizar los derechos colectivos así como los distintos y
particulares mecanismos de participación en la toma de decisiones y el
fortalecimiento de las autoridades legítimas de la comunidad. Reitero que las
decisiones por consenso que promueve el Sistema de Consejos de Desarrollo son
de suma utilidad ya que permiten la apertura al diálogo, discusión y
participación de todos los miembros de la Asamblea Comunitaria. Propicia
escuchar al otro, debatir, cambiar el rumbo de la mayoría hacia un camino para
todos. Esto solo se puede lograr asumiendo el compromiso personal del ejercicio
de una ciudadanía activa e informada.
CONCLUSIÓN
El fin que buscan alcanzar las comunidades reunidas es el de “Construir un
Estado compuesto, es decir que rompa con el actual monopolio del poder
legislativo concentrado en un solo órgano, con el fin de consolidar un modelo
matricial del poder, es decir la construcción de tantos puntos de poder como
sujetos colectivos se consoliden, que permita la horizontalidad y el desarrollo de la
ciudadanía diferenciada”
258
La participación social está ligada por definición a la descentralización y
viceversa. Es un aspecto que fue discutido extensivamente por los redactores de
la Constitución del año 1985. Es innegable que el continuar un sistema
centralista donde las desigualdades sociales son a su vez desigualdades de
ciudadanía que impiden el ejercicio de los derechos colectivos no es la vía
correcta. Es un tema en torno al cual existe consenso académico y político pero
que, contradictoriamente no avanza hacia una nueva dirección. Mientras la
problemática nacional avanza, el Estado se hace más ineficiente y débil. Sin una
ciudadanía activa y ejercida en forma colectiva y desde lo local, la población es
altamente susceptible de ser convencida por proyectos clientelistas y
paternalistas, atomizados y sin relación.
Esto no solo reduce la capacidad de auditoria social sino además neutraliza la
posibilidad de actuar como colectivo para la participación en la solución de sus
problemas. La percepción de inequidad y el no tomar parte en las decisiones que
importan a la comunidad incrementa la desconfianza al interior de los grupos
sociales reduciendo la formación de capital social y la operación en redes,
esencial para las nuevas formas de desarrollo territorial.
Aunque en este documento sugiero que es necesario que previamente o
paralelamente al planteamiento de una refundación del Estado (una nueva
constitución) o de una Reforma a la actual, se desarrolle, fortralezca y
aprovechen los espacios y las facultades que la actual Constitución otorga a las
comunidades organizadas, también creo que es un paso modesto. No basta para
la construcción de un Estado Plural pero es el punto de partida.
Guatemala, para avanzar hacia otra etapa, necesita reformar su sistema de
partidos políticos. Por la historia y las condiciones sociales actuales, únicamente
una organización política que se base en las alianzas de estas comunidades
organizadas puede tener el apoyo de base y la claridad para lograr metas
comunes y el necesario acomodo de las élites locales que tendrían que aprender
a compartir el ejercicio del poder, ya no centralizado en un territorio y en un
sistema plural. Compartir el poder y descentralizar su ejercicio son las vías que
quedan para liberar a las instituciones estatales de la corrupción institucional
que las aqueja, del tráfico de influencias que ha distorsionado y deslegitimado
ante los ojos de la ciudadanía lo público, y la credibilidad que lo público tiene
ante la comunidad y que va más allá de meros favores o sobornos. Para poder
lograrlo es necesario primero participar para luego neutralizar las economías de
influencia, la corrupción institucional que corroe todas las instituciones, desde
las locales hasta las nacionales y regionales. Eso solo lo logra una ciudadanía
activa e incluyente, que espacios como CANEK busca facilitar y construir.
RENATA ÁVILA
Es Licenciada en Ciencias Jurídicas y
Sociales, cuenta con una Maestría en
Propiedad Intelectual (Universidad de
Turín), asistió a la Academia de Derecho
Internacional en La Haya, Holanda. Fue
pasante en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, trabajó como
investigadora y litigante en casos de acceso
a la justicia de los pueblos indígenas en
Guatemala, publicando diversos estudios
de justicia transicional. Ha participado en
la investigación de Global Integrity Report
2008, Privacy and Human Rights del
Electronic Privacy Center en Washington . Actualmente trabaja como analista de
políticas públicas para Fundación Guatemala 2020 y colabora como consultora
independiente para la iniciativa OpenNet, un proyecto de cuatro universidades,
liderado por el Centro Berkman de la Universidad de Harvard. Es la encargada
del Proyecto de Creative Commons Guatemala, y autora de Guatemala para
Global Voices Online.
259
KAMEKAMEKAMEKAME
1 Documentos de apoyo
2 Créditos
260
DOCUMENTOS DE APOYO SOBRE DERECHOS COLECTIVOS Y MARCO JURÍDICO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS
Disposiciones internacionales relativas a sistemas de autogobierno
http://www.box.net/shared/dcx1eznsad
Marco legal de la consulta popular en Guatemala
http://www.box.net/shared/uiqaqx5x6p
El papel de la corte y comisión interamericanas de derechos humanos:
presentación de generalidades y análisis del modo en que abordan el tema de
derechos colectivos en el ejercicio de sus funciones
http://www.box.net/shared/z1cpctp8y1 Los movimientos de protesta sobre derechos colectivos y acuerdos derivados
http://www.box.net/shared/urv3xtob2n
Acciones relevantes y recientes bajo el contexto de los derechos colectivos en
los países de Latinoamérica
http://www.box.net/shared/bmmbjmzp14
El marco jurídico sobre la descentralización en Guatemala
http://www.box.net/shared/o8ssbrvmjv
Entidades con visión de defensa y promoción de intereses sociales y
derechos colectivos en Guatemala y Mesoamérica
http://www.box.net/shared/dnkuk6q7qh
Instrumentos internacionales con importancia para la aplicación y defensa
de los derechos colectivos en Guatemala
http://www.box.net/shared/2i9vjak85k
Disposiciones del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes que ocupan a los derechos colectivos en relación a
las esferas de la cultura
http://www.box.net/shared/ypqbdvn8jh
Ciclo de entrevistas sobre diversidad cultural y desigualdad estructural en el
ámbito de relación social, política, económica y jurídica en Guatemala.
Entrevistas con Daniel Matul, Edgar Esquit, Aroldo Camposeco, Irma Alicia
Nimatuj, Mario Roberto Morales, Martín Arévalo, Miguel Ángel Reyes,
Míriam Bolaños, Reny Bake, Ricardo Zapeda y Susana Gauster
http://www.box.net/shared/du9epk1qa8
La construcción de comunicación intercultural aplicada. Propuesta
intercultural y sistema de indicadores para la adecuación de proyectos,
programas y políticas a la realidad plural de Guatemala, y su incidencia en
las desigualdades estructurales de carácter cultural
http://www.box.net/shared/qsxigk70qu
El sistema de multimunicipalidad, intermunicipalidad y autogobierno
http://www.box.net/shared/uqglnu4eyz
260
BIBLIOGRAFÍAS, REFERENCIAS Y ANEXOS
BIBLIOGRAFÍAS
CULTURA, DERECHOS COLECTIVOS, TERRITORIO Y DISTRIBUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL PODER ANTE LA DESIGUALDAD ESTRUCTURAL
BIBLIOGRAFÍA I
MEMORIAS DE TRABAJO DE LOS ESPACIOS DE DEBATE ABIERTOS POR CANEK EN EL 2009 DE LAS CUALES SE HA ELABORADO ESTE CAPÍTULO
Foros nacionales
Criterios de elegibilidad para determinar a un colectivo como sujeto poseedor de
derechos. 5 de febrero de 2009, Centro Cultural de España en Guatemala.
Redefinición territorial de los límites administrativo políticos de Guatemala desde
la interpretación comunitaria de los derechos colectivos. Del 9 al 11 de
septiembre, en Chiquimulilla.
Formulación de bases de política cultural para la distribución y democratización
estructural del poder. Del 2 al 6 de noviembre, en Livingston.
Espacio de debate, Radio Conciencia Colectiva 106.9 FM
¿Qué es la colectividad y cómo se genera la conciencia colectiva? ¿Cómo lo
interpretan las mujeres como ciudadanas y como movimiento social y político?, 6
de mayo
Imaginarios sociales e identidad colectiva. 20 de mayo.
Autodeterminación del colectivo mediante los mecanismos de consulta popular: El
caso de san Juan Sacatepéquez. 3 de junio.
Soberanía alimentaria y reforma agraria en el acceso a los derechos colectivos a la
tierra y a la autosuficiencia. 1 de julio.
Racismo, derechos colectivos y medioambiente. 22 de julio de 2009.
Territorio y representatividad comunitaria. 2 de septiembre.
La Constitución de 1985 ante la realidad plural guatemalteca. 2 de diciembre
Políticas culturales para un Estado Plural. 9 de diciembre
Ciclo intergeneracional de debate sobre colectividad y derechos colectivos
¿Qué entienden los jóvenes, los adultos y los ancianos por colectivo y conciencia
colectiva? 16 de mayo de 2009.
¿Qué propuestas existen de los jóvenes, adultos y ancianos de los cuatro pueblos de
Guatemala para construir una ciudadanía plena, donde todos nos sentamos
útiles, partícipes y representados en las instituciones públicas y civiles? 27 de junio
de 2009,
¿Cuál ha sido, es y debería de ser el poder de los colectivos locales y el compromiso
intergeneracional en la construcción de nuevas instituciones públicas? 1 de agosto
de 2009.
261
Consultas comunitarias sobre territorio y derechos colectivos
La Esperanza, 1 de octubre.
San Juan Ostuncalco, 7 de octubre.
Quetzaltenango, 8 de octubre.
Cajolá, 11 de octubre.
San Bartolomé Milpas Altas, 13 de octubre.
Concepción Chipirichapa, 14 de octubre.
San Antonio Aguas Calientes, 15 de octubre.
Acatenango, 17 de octubre.
Chimaltenango, 23 de octubre.
Comunidad Emergente de Conocimiento Jun K'olib'al Kech Achlaxinem Pa
Qano'jib'al, centro de reuniones en Casa No’j, Quetzaltenango
25 y 26 de marzo, 28 y 29 de abril, 27 y 28 de mayo, 22 y 23 de julio, 19 y 20 de
agosto, 28 y 29 de octubre
Comunidad Emergente de Conocimiento Moloj Naoj Kaqchikel, centro de
reuniones en la Casa de la Cultura, Chimaltenango
2 y 3 de abril. 7 y 8 de mayo. 4 y 5 de junio. 30 y 31 de julio. 27 y 28 de agosto, 22
y 23 de octubre.
Reuniones grupales de las Comunidades Emergentes de Conocimiento
12 y 13 de marzo en Guatemala. 25 y 26 de junio en La Antigua Guatemala. 12 y
13 de noviembre en Quetzaltenango.
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Acuerdo Gubernativo 312-2002 “Reglamento de la Ley General de
Descentralización”
Acuerdo Gubernativo 461-2002 “Reglamento de la Ley de los Consejos de
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Comisión de los treinta. ANTEPROYECTO DE CONSTITUCIÓN ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE SESIONES ORDINARIAS: TOMO IV
Nº 91 Guatemala, lunes 8 de abril de 1985
Comisión de los treinta. ANTEPROYECTO DE CONSTITUCIÓN ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE SESIONES ORDINARIAS: TOMO IV
Nº 92 Guatemala, martes 9 de abril de 1985
DIARIO DE LAS SESIONES ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.
SESIONES ORDINARIAS TOMO III Guatemala, martes 26 de marzo
de 1985. No. 57
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Corte de Constitucionalidad). Corte de Constitucionalidad (2002)
Decreto 11-2002 “Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural”
Decreto 114-97 “Ley del Organismo Ejecutivo”
Decreto 12- 2002 Código Municipal
Decreto 12-91 Ley de Educación Nacional
Decreto 70-86 “Ley Preliminar de Regionalización”
Decreto No 42-2001 “Ley de Desarrollo Social”
276
Decreto No. 14- 2002 “Ley General de Descentralización”
Decreto No. 266 “Ley de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Oaxaca” (1998)
Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica Nicaragüense. Ley
No. 28 Oficina de Desarrollo de la Autonomía de las Regiones de la
Costa Atlántica Nicaragüense.
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Héctor Díaz Polanco. “Diez años de autonomía en Nicaragua”. ALAI, América
Latina en Movimiento 1997-09-17
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Renata Hoffmann y Martín Pérez “Participación Ciudadana en el Proceso de
Descentralización de Bolivia. FLACSO.
277
REFERENCIAS EL CONSEJO JURÍDICO INTERINSTITUCIONAL DE INTERPRETACIÓN Y ASISTENCIA A LOS DERECHOS COLECTIVOS El inicio de una experiencia de cooperación intercultural e
interinstitucional para sustentar jurídicamente la emergencia de
sujetos colectivos en Guatemala:
Breve diálogo para la constitución del consejo
INTRODUCCIÓN
El lunes 18 de mayo de 2009, CANEK – Observatorio Cultural organizó, gracias
al apoyo del Licenciado Benito Morales de la Fundación Rigoberto Menchú
Tum, la primera reunión para la posible creación en el 2010 de un Centro
jurídico interinstitucional de interpretación y asistencia de los derechos
colectivos.229
Esta iniciativa surgió inicialmente ante la necesidad por parte del observatorio
de contar con asistencia legal ante la posibilidad de que surgieran conflictos en el
229 El nombre que se utilizó entonces fue Centro de atención legal de derechos colectivos, pero
siendo la propuesta más de carácter jurídico que legal al abrir la iniciativa de una cambio de
paradigma para la inclusión de los derechos colectivos, con las repercusiones político-
administrativas que ello implica, quedó, por el momento como propuesta preliminar a
consensuar en la segunda reunión con el grupo, como Consejo jurídico interinstitucional de
interpretación y asistencia de los derechos colectivos.
proceso de interpretación local y demanda de derechos colectivos; proceso que
actualmente se está desarrollando en el área de Chimaltenango y
Quetzaltenango.
Un análisis preliminar del marco jurídico-legal del país, realizado en el 2008,
reveló que las estructuras actuales del Estado están en condiciones de reconocer
dichos derechos pero que no están diseñadas ni preparadas para hacerlos
operativos, ni para abrir el espacio para que los diversos sujetos colectivos del
país emerjan, los interpreten y hagan uso de ellos.
Por ello, ante la implicación seria y profunda que supone un real ejercicio de los
derechos colectivos, sobre todo por el carácter de libre determinación que
conlleva, y con la pretensión de ir más allá de la puntual asistencia de casos
reales, CANEK solicitó la asistencia de representantes de diversas instituciones
(tanto públicas como privadas) para iniciar la reflexión sobre la posible creación
interinstitucional, es decir de colaboración compartida, de un centro dedicado a,
por un lado, la generación de reflexión, debate e interpretación de los derechos
colectivos, con la finalidad de absorber las distintas posturas; por el otro, a la
formulación de iniciativas de cambio del marco jurídico-legal y constitucional y
a la asistencia de casos específicos en los que se violan de los derechos colectivos.
La propuesta, en definitiva, es la creación de un espacio múltiple capaz de
conformarse como plataforma jurídica de las propuestas políticas relacionadas
con los derechos colectivos que, en última instancia, devienen en iniciativas de
reestructuración de las condiciones administrativo-políticas del país.
Mostramos a continuación el detalle de la propuesta, aún en estado embrionario
muy prematuro aún incluso para llamarla propuesta pero base para iniciar un
proceso de cooperación interinstitucional, y las observaciones de los y las
participantes en esta primera reunión.
278
ASISTENTES
Nombre Organización
Benito Morales Fundación Rigoberta Menchú Tum
Álvaro Castellanos RACSA
Norma Sactic Comisión Pueblos Indígenas (CR)
Magdalena Jocholá CODISRA
Evelyn Blanck Asociación Centro CIvitas
Carlos Chex Sotz’il
José Antonio Puac ODHAG
Marta Juana López Oxlajuj Ajpop
Carlos Lacán Tob’nel Tinamit
Mario Figueroa CANEK
Isaac de los Reyes CANEK
PRESENTACIÓN
Durante la reunión del lunes 18 de mayo se presentó al inicio a grandes rasgos
las características de la propuesta. Posteriormente, mediante una serie de
preguntas, se fueron presentando sus rasgos más importantes. Antes de mostrar
el detalle de la propuesta y las observaciones de los participantes, preferimos
mostrarles las preguntas que se hicieron, para que la reflexión se realice del
mismo modo. Éstas fueron:
Las preguntas que se realizaron
� ¿A qué sujeto asistiría el consejo? ¿Es necesario crear el sujeto de
atención o ya existen tanto el sujeto como las condiciones para
asistirlo?
� ¿Es preciso crear un nuevo centro o es preferible reforzar procesos ya
existentes?
� ¿Qué implicaciones y alcances tendría un consejo de este tipo?
Las preguntas que quedaron en el tintero pero que es preciso reflexionar
� ¿Es posible una coordinación interinstitucional público-privada para
constituirlo o es preferible crear una entidad autónoma e
independiente?
� ¿Cómo operaría el consejo para incluir el pluralismo desde su misma
base? Inclusión de la espiritualidad en la concepción de territorio y
gestión del tiempo en el proceso.
� En base a la pregunta anterior, ¿qué pasos tenemos que seguir para la
