PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN POPULAR-Por la presunta violación de los derechos colectivos afectando la salud pública COMPETENCIA-El Tribunal Administrativo de Risaralda al conceder el amparo del derecho colectivo ordenó efectuar acciones que no son propias de su competencia En el presente caso, la apelación presentada por la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, discuten la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al conceder el amparo del derecho colectivo y la seguridad pública en cuanto a que ordenó efectuar acciones que no son propias de su competencia, las cuales, deben ser por su competencia ejecutadas, por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, y el ICA, en lo que respecta a los insumos orgánicos para la producción agrícola, y el Municipio de Guática, tal y como lo establece el artículo tercero de la Ley 136 de 1994, en cuanto al bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. ACCIÓN POPULAR-Versa sobre la necesidad de erradicar la problemática de la mosca doméstica Si bien la acción popular versa sobre la necesidad de que se realicen todas las medidas necesarias para controlar y erradicar la problemática de la mosca domestica, ya que ésta implica una problemática para la salubridad pública y el medio ambiente de la población de Guática (Risaralda), debido al mal manejo que se hace de la utilización de la gallinaza y la porquinaza como abonos orgánicos en los cultivos de cebolla y tomate. Hay que decir tal y como lo hace el a quo dentro del análisis de la providencia apelada, previo a la determinación de las competencias individuales de los accionados, que no se vislumbra una vulneración de los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la salubridad pública, conforme lo obliga la Ley 472 de 1998, en su artículo 4º, literales a, y g, toda vez, que de las pruebas arrimadas para demostrar las acciones tendientes a controlar el problema de la proliferación de la mosca domestica, éste despacho hace mención en primer lugar las del Municipio de Guatica, tales Como: las actas de reunión que obran a fls. 96, 98, 99, 102 a 108, de enero 8, 28 de 2009, a la cual asistieron autoridades del orden municipal a efectos de tratar temas tendientes a evitar la instalación de porquerizas y criaderos de animales domésticos en el área urbana, y verificaciones de controles sanitarios. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. [email protected]Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co
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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
ACCIÓN POPULAR-Por la presunta violación de los derechos colectivos afectando la salud pública
COMPETENCIA-El Tribunal Administrativo de Risaralda al conceder el amparo del derecho colectivo ordenó efectuar acciones que no son propias de su competencia
En el presente caso, la apelación presentada por la Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda, discuten la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, al conceder el amparo del derecho colectivo y la seguridad pública en cuanto a que ordenó efectuar acciones que no son propias de su competencia, las cuales, deben ser por su competencia ejecutadas, por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, y el ICA, en lo que respecta a los insumos orgánicos para la producción agrícola, y el Municipio de Guática, tal y como lo establece el artículo tercero de la Ley 136 de 1994, en cuanto al bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.
ACCIÓN POPULAR-Versa sobre la necesidad de erradicar la problemática de la mosca doméstica
Si bien la acción popular versa sobre la necesidad de que se realicen todas las medidas necesarias para controlar y erradicar la problemática de la mosca domestica, ya que ésta implica una problemática para la salubridad pública y el medio ambiente de la población de Guática (Risaralda), debido al mal manejo que se hace de la utilización de la gallinaza y la porquinaza como abonos orgánicos en los cultivos de cebolla y tomate. Hay que decir tal y como lo hace el a quo dentro del análisis de la providencia apelada, previo a la determinación de las competencias individuales de los accionados, que no se vislumbra una vulneración de los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la salubridad pública, conforme lo obliga la Ley 472 de 1998, en su artículo 4º, literales a, y g, toda vez, que de las pruebas arrimadas para demostrar las acciones tendientes a controlar el problema de la proliferación de la mosca domestica, éste despacho hace mención en primer lugar las del Municipio de Guatica, tales Como: las actas de reunión que obran a fls. 96, 98, 99, 102 a 108, de enero 8, 28 de 2009, a la cual asistieron autoridades del orden municipal a efectos de tratar temas tendientes a evitar la instalación de porquerizas y criaderos de animales domésticos en el área urbana, y verificaciones de controles sanitarios.
DERECHOS COLECTIVOS-No se vislumbra vulneración al goce de un ambiente sano y la salubridad pública
Múltiples son las pruebas analizadas que permiten determinar que las entidades demandadas, han llevado a cabo acciones tendientes a controlar el aumento de la mosca en el Municipio de Guatica, y que al parecer entre sus múltiples causas de reproducción se encuentran las fitosanitarias concernientes con la tenencia de animales como cerdos y aves en porquerizas y corrales en condiciones de higiene inadecuadas. Pero de lo valorado hasta aquí, la Delegada del Ministerio público es consecuente con el a quo para
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decir que no se encuentra demostrado en parte alguna la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, al deducirse que las acciones adelantadas por los demandados, se relacionan con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio del ecosistema, la protección de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible con la calidad de vida del hombre.
ACCIÓN POPULAR-Se ejercen para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos/DERECHOS COLECTIVOS-Con relación al abono de cultivos con gallinaza y porqueriza omisión que al parecer genera la proliferación de la mosca doméstica
Resulta entonces determinante para la Delegada del ministerio público, que el Municipio, la CARDER y la Secretaría de Salud Departamental, adelantaron acciones encaminadas a frenar la reproducción de la mosca doméstica, concretamente dirigidas a encontrar el foco del problema, realizando inspecciones sanitarias en establecimientos de comercio donde se venden y distribuyen alimentos, comprobando el estado de higiene y fitosanitarios de las porquerizas y galpones de pollo, de donde salta la producción del abono en referencia. Sin embargo, con relación a los cultivos de cebolla, y a la forma como se abonan dichos cultivos con gallinaza y porqueriza, omisión que al parecer genera la proliferación de la mosca doméstica, no se observan medidas adoptadas para lograr que los cultivadores obren conforme lo establece el Acuerdo 020, que regula la forma de aplicación y utilización del abono en el Municipio.De otro lado, en la Ley que reglamenta las acciones populares, se establece que se ejercen para hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, que beneficien el interés general de la comunidad.
ACCIÓN POPULAR-Si procede en razón a que la violación de los derechos colectivos no ha cesado de manera definitiva
Considera este Despacho que no existe improcedencia de la Acción Popular por hecho superado, pues si bien es cierto que rezan pruebas que demuestran la estructuración de planes y programas para combatir los vectores de incubación y propagación de la mosca doméstica, también es cierto la orfandad probatoria para demostrar la ejecutoria de lo planeado y aprobado dentro del Acuerdo 020 de 1998, lo que no significa que la violación de los derechos colectivos alegados hayan cesado de manera definitiva, por lo que se hace indispensable fortalecer las medidas de control y crear actividades y proyectos que regulen de manera efectiva el Plan de Acción para controlar la proliferación de la mosca doméstica nacida de la aplicación incontrolable de los abonos de gallinaza y porqueriza aplicados sobre los cultivos de cebolla junca y tomate, previa verificación de los controles requeridos como lo explica el a quo.
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ACCIÓN POPULAR-Se debe elaborar e implementar el Plan de Acción a efectos del control técnico de los insumos agropecuarios
En criterio del Ministerio Público la providencia de primera instancia se deberá confirmar en tanto que si hay lugar a elaborar e implementar el Plan de Acción a efectos de ejecutar lo dispuesto en el Acuerdo 020 de 1998, adoptando las acciones ordenadas de fumigación para el control de vectores o cuando la proliferación de insectos transmisores de enfermedades con origen en la mosca doméstica lo requieran, tanto en la zona urbana como en la rural del Municipio de Guática. Además, adoptando sanciones para imponer en caso de desacato a lo ordenado por el mismo acuerdo mencionado.Igualmente, se sugiere que la comisión verificadora del cumplimiento del presente fallo, sea acompañada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, quienes a pesar de no haber sido accionados dentro de la presente acción, son en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad, los potestados directos para desarrollar lo dispuesto por el Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, para ejercer el control técnico de la producción y comercialización de los insumos agropecuarios, como la gallinaza y la porquinaza, abonos de los cuales se probó nace la mosca doméstica que afecta la seguridad y salubridad pública del Municipio.
CONCEPTO No. 104 /2013
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Bogotá, D. C., mayo 21 de 2013
SEÑORESCONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSECCIÓN PRIMERAConsejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala E. S. D.
EXPEDIENTE: 660012331000201000260 01Acción: Acción PopularACTOR: HUGO ALBERTO SERNA HOYOS DEMANDADO: Municipio de Guática - ESE Hospital Santa Ana de Guática – Departamento de Risaralda (Secretaría de salud) y la Corporación Autónoma de Risaralda (CARDER)
Sentido del concepto: El Ministerio Público solicita a esa Honorable Corporación
CONFIMAR la sentencia apelada, mediante la cual se ordena al Municipio de Guática y al
Departamento de Risaralda (Secretaría de Salud), Que en el término de dos meses
contados a partir de la ejecutoria de la misma, de manera coordinada concurran a realizar
gestiones efectivas al cumplimiento del Acuerdo 020 de 1998, adoptando acciones tanto
en la zona urbana como rural del ente territorial para evitar la propagación de la mosca
doméstica.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso
de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de
la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la
Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.
1. ANTECEDENTES
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Para el caso en cuestión serán tenidos en cuenta los siguientes referentes
normativos y jurisprudenciales:
2.2.1.2 Ley 472 de 1998
ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.
ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias;
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
Art. 2359.- Por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción.
Art. 2360.- Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados.
2.2.1.3. Artículo 43 – Ley 715 de 2001
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ARTÍCULO 43. COMPETENCIAS DE LOS DEPARTAMENTOS EN SALUD. Sin perjuicio de las competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones:
2.2.1.4. Ley 136 de 1994. Artículo 3, modificado por el art. 6 de la Ley 1151 de 2012, estableció entre las funciones de los Municipios:
“Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente de conformidad con la Constitución y la Ley.
2.2.1.5. Acuerdo 020 de 1998, mediante la cual fue reglamentado el comercio, transporte, almacenamiento, aplicación y utilización de la gallinaza y productos similares orgánicos y se declara el nivel de prevención por concentración de contaminantes en el Municipio de Guática (Risaralda)
2.2.2. Marco Jurisprudencial
2.2.2.1. La sentencia C-293/02 del veintitrés (23) de abril de dos mil dos (2002) de
la Corte Constitucional declara exequible el principio de precaución como está
consagrado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 y recoge la
"Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo".
Ratificada por Colombia, en materia ambiental:
“Se debate si el "principio de precaución", que consiste en que las autoridades ambientales "cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente" ( numeral 6 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993), le está otorgando facultades ilimitadas a tales autoridades ambientales, para que, sin que medie la certeza científica absoluta, de que la actividad produzca graves daños al ambiente, adopte medidas que pueden lesionar los derechos e intereses de personas que resulten afectadas con tales decisiones.
(…)
Desde el punto de vista del deber constitucional del Estado en la protección del medio ambiente, la Corte ha dicho que "Uno de los deberes del Estado es
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garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, previniéndolas de cualquier injerencia nociva que atente contra su salud, como es el caso del bromuro de metilo. En este orden de ideas es constitucional la adopción de mecanismos, fruto de una regulación internacional, tendentes a la protección de este derecho, toda vez que es clara la relación entre la utilización de dicha sustancia con el agotamiento de la capa de ozono y con la afectación de la salud humana." (Sentencia C-671 de 2001, M.P., doctor Jaime Araújo Rentería).
2.2.2.2. El derecho al medio ambiente ha sido definido por el Consejo de Estado como2:
'La Carta Política Colombiana le dispensa especial protección. En su artículo 79 reconoce el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y le atribuye al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Con miras a una adecuada materialización de tales propósitos dispone que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar/o. Desde el punto de vista constitucional, el medio ambiente involucra aspectos relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural. Tal consideración suprema la reafirma el legislador en el articulo r del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente3 al disponer que "Toda persona tiene derecho a disfrutar de ambiente sano", y al relacionar en el articulo 8, ibidem, como factores que deterioran el ambiente, entre otros: a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica; (. . ).d. Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; k. La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios" (negrillas fuera de texto).
Igualmente sobre el derecho colectivo a la salubridad pública se ha manifestado:
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"En diferentes ocasiones la jurisprudencia Se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas, lo cuales han sido tratados como parte del concepto de orden público. Uno y otro lo constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria" (negrillas fuera de texto).
Análisis del caso concreto
Teniendo en cuenta el problema jurídico a resolver se precisa:
En el presente caso, la apelación presentada por la Secretaría de Salud del
Departamento de Risaralda, discuten la decisión adoptada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, al conceder el amparo del derecho colectivo y la
seguridad pública en cuanto a que ordenó efectuar acciones que no son propias
de su competencia, las cuales, deben ser por su competencia ejecutadas, por la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, y el ICA, en lo que
respecta a los insumos orgánicos para la producción agrícola, y el Municipio de
Guática, tal y como lo establece el artículo tercero de la Ley 136 de 1994, en
cuanto al bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida de la población
en su respectivo territorio.
Si bien la acción popular versa sobre la necesidad de que se realicen todas las
medidas necesarias para controlar y erradicar la problemática de la mosca
domestica, ya que ésta implica una problemática para la salubridad pública y el
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entidades encargadas de supervisar el ingreso de la gallinaza a las zonas
rurales del Municipio ha incrementado la problemática. Al respecto hay que
mencionar que el Municipio mediante Acuerdo 020 de 1998, aborda en concreto
este tema reglamentando el comercio, transporte, almacenamiento, aplicación y
utilización de la gallinaza y productos similares orgánicos y declara el nivel de
prevención por concentración de contaminantes en el Municipio disponiendo lo
siguiente:
“Articulo Primero: mitigar y reducir la concentración de contaminantes por la reproducción de la mosca” (fls.7 y 8)
Articulo segundo: las medidas adoptadas serían aplicadas, implementadas, coordinadas y vigiladas por la UMATA, la ESE Hospital Santa Ana y la Promotora de Acción Comunal, y que podrían ser adoptadas, aplicadas, implementadas, coordinadas y vigiladas por el Servicio Seccional de Salud y la CARDER que deseen colaborar con el Municipio en desarrollo de competencias.”
Resulta entonces determinante para la Delegada del ministerio público, que el
Municipio, la CARDER y la Secretaría de Salud Departamental, adelantaron
acciones encaminadas a frenar la reproducción de la mosca doméstica,
concretamente dirigidas a encontrar el foco del problema, realizando
inspecciones sanitarias en establecimientos de comercio donde se venden y
distribuyen alimentos, comprobando el estado de higiene y fitosanitarios de las
porquerizas y galpones de pollo, de donde salta la producción del abono en
referencia. Sin embargo, con relación a los cultivos de cebolla, y a la forma
como se abonan dichos cultivos con gallinaza y porqueriza, omisión que al
parecer genera la proliferación de la mosca doméstica, no se observan medidas
adoptadas para lograr que los cultivadores obren conforme lo establece el
Acuerdo 020, que regula la forma de aplicación y utilización del abono en el
Municipio.
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