CARTOGRAFIA SOCIAL

Aspectos metodológicos y de contexto de la cartografía social en la zona insular del Caribe Colombiano

Por: Daniel H Nadal1

¿Cómo llegar a una idea común de territorio? ¿Cómo trabajar con una propuesta conjunta de

territorialidad para fortalecer los procesos organizativos de las comunidades? ¿Cómo defender

la autonomía de cada proyecto colectivo? Estas preguntas identifican algunas de las cuestiones

claves que han de ser resueltas al abordar procesos cartográficos comunitarios.

En este sentido, la apropiación y defensa del territorio que vienen ejerciendo los Consejos

Comunitarios del Caribe en Cartagena plantean interesantes espacios de trabajo desde los que

ensayar y construir nuevas herramientas. Abordar problemáticas y aprendizajes sobre la

tenencia, ordenamiento y manejo de territorios colectivos en el Caribe permite plantear

diferentes estructuras para proyectar una idea de territorio a partir de sistemas cartográficos y

procesos de mapeo social participativo.

El acompañamiento del Observatorio de Territorios Étnicos a estos procesos organizativos ha

permitido crear un marco común desde el cual entender la importancia de la cartografía en

1 Profesor-Investigador del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Universidad Javeriana

daniel.nadal@gmail.com

iniciativas colectivas de defensa del territorio. Este proyecto de acompañamiento aborda dos

cuestiones principales: la elaboración de Sistemas específicos de Cartografía Social; y el ensayo

de una propuesta de redescubrimiento y apropiación de la Territorialidad.

A partir de estas iniciativas se abren opciones de continuidad, pequeñas alternativas de futuro

que implican la proyección necesaria hacia la elaboración de Diagnósticos Estratégicos que

recogen y amplían el carácter estructural y el profundo significado de Proyectos de Vida y

Planes de uso y manejo que vienen proyectando las comunidades. Situaciones e iniciativas que

en todo caso abordan indefectiblemente la construcción de una idea común de territorio y el

reconocimiento de un proyecto integral de comunidad.

[Sistemas de cartografía social: proyectos de construcción comunitaria]

Es escasa la interacción teórica entre procesos de reconocimiento comunitario y espacio que

ubica a la cartografía como argumento proyectual. Generalmente el espacio se aborda como

una asociación natural entre análisis básicos y la necesidad de ubicar a las comunidades en

determinados lugares a partir de un enfoque convencional de la idea de territorio.

“Desde el Observatorio de Territorios Étnicos, se entiende que los mapas son artefactos políticos

y de poder en sí mismos, además de ser una categoría articuladora de otros problemas, como el

territorio y la diferencia. Por lo que resulta importante trabajar con una cartografía que tenga

como propósito y como estrategia política visibilizar una “identidad territorializada” colectiva.

Bajo este punto de vista, la cartografía social no puede ser tomada como una simple técnica que

ayuda a describir contextos físicos o sociales y que puede acompañar diagnósticos. La

cartografía resultante de ejercicios comunitarios es, ante todo, una práctica afirmativa del lugar

y de los derechos de estas comunidades, especialmente cuando se abordan regiones donde se

compite con estrategias y procesos de desplazamiento y despojo.” Johana Herrera [2012]

Por otro lado, como los conflictos son variables y las identidades de las comunidades son

dinámicas, resulta importante trabajar con sistemas cartográficos que eludan conclusiones

precipitadas o estáticas. La cartografía social aparece como uno de los recursos más efectivos

para caracterizar e interiorizar el territorio, y abordar con garantías de éxito los procesos de

afirmación comunitarios.

La cartografía aparece como una táctica política, como una acción. Pero desde su capacidad

para revelar aspectos no evidentes del territorio, aparece también como el arte de encontrar

algo. En palabras de Brian Holmes [2005]: “encontrar un lugar, encontrar al otro o simplemente

encontrar la utopía”. En cierto modo, es el arte de reunir a la gente: de encontrarse a uno

mismo en una realidad compartida con otros. Esta idea abre la oportunidad de abrir espacios

de encuentro y establece la necesidad de definir recursos y estructuras básicas para habilitar

estos lugares. La cartografía pasa por ser una interpretación de la realidad, un filtro de

información. Trabajar a partir de aproximaciones cartográficas permite sentar las bases de un

conocimiento profundo de la problemática que se ha de abordar y del perfil, inquietudes y

sentimientos de la comunidad. Precisamente en este sentido construir un mapa es construir un

lugar compartido: un lugar donde se puede intervenir conjuntamente porque se ha acordado

una idea de territorio y un modo de habitar común.

Se pasa de una interpretación de la realidad a una transferencia de necesidades espaciales y de

planeamiento: elementos visibles (recursos, tierra, sociedad, amenazas) elementos ocultos

(conflictos, militarización, colaboraciones solidarias) o elementos imaginarios (deseos, sueños,

miedos, utopías). Lo que implica procesos de hibridación y transferencia de datos técnicos y

humanos simultáneamente. Obviamente, es necesario trabajar a partir de sistemas inclusivos y

flexibles de mapeado, lo que lleva hacia trabajos participativos y liderados por las comunidades

como opción alternativa a los sistemas de mapeado o fichas sociales que derivan de los

sistemas oficiales, en gran medida ineficaces o simplemente inexistentes.

No escapa en este orden de cosas la cartografía contemporánea cargada de tintes políticos, que

intenta incorporar representaciones territoriales superpuestas, cada una representando un

aspecto independiente y aislado del resto de variables significativas. Estos sistemas obvian

sistemáticamente características territoriales esenciales de los mapas oficiales en detrimento

de los derechos fundamentales que asisten a las comunidades, con intención de afirmar planes

estratégicos institucionales de clara orientación económica y empresarial. Esta situación es

similar a lo que resulta en la práctica del mapeo social. Cuando las comunidades realizan su

propia cartografía, no pretenden retratar un espacio físico, sino afirmar sus formas de vida.

Hablamos, por tanto, de estrategias cartográficas que pueden determinar la viabilidad de un

determinado modelo social y por lo tanto de un ejercicio determinado de derechos y modos de

vida. Lo que confirma la importancia y la validez de la cartografía social en procesos de

reivindicación social y política por el derecho al territorio.

En este escenario, los ejercicios de mapeo social han implicado para organizaciones y

comunidades un ejercicio de memoria y de recuperación de las historias de desplazamiento,

retorno y afirmación, así como una toma de conciencia sobre la gestión de recursos naturales y

manejo del ecosistema y de documentación de los canales de gestión de sistemas de propiedad

y titulación individual y colectiva. Esto no siempre se ha reflejado en los sistemas de cartografía

social, ya que políticamente es necesario modificar las categorías convencionales con las que se

reconocen y se gestionan los territorios de comunidades afro en proceso de afirmación

territorial.

De cualquier modo, los mapeos comunitarios y los datos obtenidos no son un fin en sí mismos:

hacen parte fundamental en la sucesión de etapas que estructuran los procesos largos y

complejos de autodeterminación, máxime si se fija el objetivo de generar cambios sociales

profundos que permitan desarrollos dignos e inclusivos.

Se trata por tanto de dar el salto de la informalidad a la formalidad, rompiendo la dicotomía tan

errónea y extendida que enfrenta la propiedad formal y la ocupación informal. La tenencia

debe estar asegurada para garantizar el reconocimiento de la comunidad: un reconocimiento al

espacio documentado a través de sus mapas, uniendo las percepciones internas y externas de

su problemática. La cartografía permite el reconocimiento externo de la comunidad, y garantiza

al mismo tiempo el reconocimiento interno de las familias que forman la comunidad.

Esto permite a cada persona y a la comunidad ubicarse en el lugar y recuperar desde allí la

memoria colectiva, su historia, sus vivencias y el significado del territorio. La cartografía permite

su uso como instrumento para planificar estrategias de defensa y sostenibilidad en el territorio,

tanto desde la apropiación simbólica y material del territorio cotidiano, como de aquel que

constituye su recurso colectivo vital. Por otro lado, los ejercicios de mapeo refuerzan la

cohesión de la comunidad: los procesos de cartografía generan objetivos comunes que

trascienden los intereses individuales, lo que afianza su concepción en procesos de intercambio

y negociación, estableciendo una cohesión y confianza comunitaria. De manera específica, los

procesos de cartografía participativa permiten abordar procesos paralelos de formación y

educación, clarificando y compartiendo información cualitativa, y ofreciendo la oportunidad de

construir una comunidad reforzada e informada capaz de identificar y resolver ambigüedades, y

de abordar procesos de consolidación y ubicación espacial.

El intercambio de información cartográfica permite el intercambio interno de información en

procesos de proyecto, pero también habilita el intercambio de datos precisos con las

instituciones e interlocutores oficiales. La superposición de información sensible e información

precisa puede ser usada para cuantificar la extensión de cada una de las cuestiones que van a

ser abordadas.

La construcción de mapas sociales en las comunidades a partir de la elaboración de información

local, incorpora cuestiones relacionadas con la construcción y protección de la memoria, con los

sistemas de explotación de recursos naturales, con la distribución y localización de amenazas, lo

que invalida la consideración de la cartografía y de los levantamientos de mapas como sistemas

de trabajo especializado. Las estrategias y los sistemas de mapeado se mueven sobre procesos

colaborativos, de carácter horizontal y abierto, con el propósito de contribuir eficazmente a

consolidar las dinámicas internas de las comunidades.

De este modo los sistemas cartográficos dejan de ser ejercicios simples de levantamientos

geométricos georreferenciados desde el momento en que hacen referencia al proceso, a la

acción política que lleva a la elaboración de mapas con intención de intervenir sobre la acción y

los sistemas de representación institucionales o convencionales de un territorio específico.

Tengamos en cuenta que los derechos y conflictos que se tratan en las comunidades son

complejos, y aún hoy, bajo la perspectiva de un escenario de paz, las comunidades en procesos

de afirmación y reclamación territorial siguen formando parte de las geografías de la violencia

armada y de presiones que derivan del desarrollo agroindustrial, minero y turístico, que

constituyen motivo de amenazas paramilitares y violencia ilegítima. Inevitablemente las

metodologías de análisis espacial, mapeo social y sistemas cartográficos deben incluir estas

problemáticas como parte de la construcción y defensa del territorio. Estas referencias son

indispensables tanto en el planteamiento de proyectos como en los escenarios de interlocución

y negociación a nivel institucional.

[Pedagogía del territorio: una producción colectiva]

Al abordar la construcción de los procesos comunitarios se propone una idea de pedagogía

entendida como proceso de descubrimiento compartido. Los procesos pedagógicos son

experiencias abiertas que parten de una investigación humanista y humanizadora para abrir las

puertas de un intercambio participativo. Lo que permite cierta construcción simbólica del

territorio, una construcción comunitaria que permite conocer y construir un conocimiento

integral del territorio, definiendo el valor del espacio y de las relaciones sociales y

antropológicas que lo estructuran. Al trabajar en la definición de estos modelos y alternativas

estratégicas, se puede concluir el valor de la pedagogía en tanto que fortalecimiento de

vínculos y de presencia comunitaria de cara a procesos compartidos.

A su vez, la apuesta contemporánea por una educación social que defienda los procesos

democráticos ciudadanos y la transferencia hacia la formación propia y específica de las

comunidades, resulta mediada y amenazada por el avance recursivo de la oferta mercantilista

de las academias. Cuestiones como el territorio o los procesos afirmativos de comunidades

civiles deberían quedar recogidas en las planificaciones e incidir al mismo tiempo sobre

escenarios locales, y sobre problemáticas cotidianas de familias y comunidades. La divergencia

entre necesidades formativas y ofertas educativas de comunidades desplazadas, en situaciones

de conflicto, o de comunidades en procesos de autodeterminación y los recursos que dedican

actualmente las instituciones responsables es crítica y exige mayor atención y apuestas más

creativas.

En la elaboración de alternativas que permitan confirmar algunas de estas expectativas de

pedagogía territorial, ha de preverse que las características y formas de planificación

participativa pueden variar en función de las dinámicas y problemáticas de cada Consejo

Comunitario: desde la legitimización de los procesos nominales en los que una asociación,

corporación o unidad institucional actúa en nombre de la comunidad, pasando por sistemas

consultivos en los que se oferta la posibilidad de participar de manera no vinculante aportando

una opinión, hasta procesos instrumentales o sistemas representativos en los que se permite

una cuota de participación política dentro de un sistema organizado previamente. Ahora bien,

la eficacia de cualquier propuesta, en términos de toma de decisiones e implantación de

soluciones, es transformadora única y exclusivamente cuando se produce la alianza entre

actores diferentes, que permiten un consenso en la construcción del territorio, análisis

conjuntos y desarrollo de planes colaborativos.

Llegado este punto conviene puntualizar que desde la pedagogía, que no es otra cosa que un

trabajo de descubrimiento en común, no se abordan cuestiones de toma de decisión ni se

desarrollan los sistemas de ejecución, que forman parte de diferentes tácticas y estrategias de

acción, sino que se trabaja sobre los sistemas de construcción y valoración de alternativas. La

valoración participativa permite identificar necesidades y prioridades de la comunidad,

participar en la búsqueda de soluciones, y obtener acuerdos que afectan al desarrollo de

proyectos y a la planificación de acciones comunitarias. Estos enfoques innovadores distinguen

precisamente entre los sistemas de valoración participativa, que no son herramientas de toma

de decisión, de los proyectos de intervención.

Cuando hablamos de la importancia de la pedagogía del territorio, el objetivo principal de las

estrategias de desarrollo comunitario se centra en ofrecer un acuerdo sobre la idea de

territorio, estrategias, planes de acción y mecanismos de seguimiento. Permitiendo una

comprensión precisa de necesidades y prioridades, coordinación y coherencia de los

planteamientos de proyectos y esfuerzos de intervinientes, desarrollo y fortalecimiento de

mecanismos consultivos y participativos, así como la consideración de una gama más amplia de

soluciones que las abordadas en planificación y proyectos convencionales.

La revisión de estos sistemas lleva a definir estrategias que superponen proyectos de base

periódica, intervenciones y acciones periódicas e intensas, con proyectos de base continuada,

sistemas formativos y participativos continuados de baja intensidad. Desde esta construcción

comunitaria, la eficacia del proceso se multiplica si los resultados afectan al mismo tiempo las

vidas diarias de las personas y los proyectos de futuro de la comunidad: los mecanismos han de

ser relevantes y adecuados a la escala y finalidad de la intervención.

Tanto en la construcción comunitaria como en la planificación de acciones y proyectos, la

conformación de las ciudades y en general de las políticas urbanas se ha caracterizado por la

insistencia recurrente de las fuerzas empresariales a apropiarse de los recursos naturales y

despojar el territorio, lo que ha supuesto el deterioro progresivo y alarmante de la calidad del

hábitat y el atropello sistemático de los derechos humanos de las comunidades campesinas,

afrodescendientes o indígenas. Según explica Davis [2008], la paradoja permanente del sistema

de vida contemporáneo, y el desarrollo de una visión estrictamente urbana del crecimiento

económico de las naciones, está protagonizando una catástrofe ecológica: La gravedad de esta

situación resulta crítica si se tiene en cuenta la profunda falta de conocimiento de la dimensión

no lineal del territorio, lo cual debería implicar la revisión y reestructuración urgente de los

sistemas de configuración urbana, especialmente desde los sistemas de Planificación y

Ordenamiento Territorial, y de los sistemas de pedagogía territorial hacia una nueva dirección

que atienda nuevos análisis y aproximaciones desde ámbitos transdisciplinares como ecología,

derechos humanos, sociología o antropología, entre otros.

Según Sassen [2010], la economía mundial actual y los procesos de globalización

contemporáneos han alterado los sistemas relacionales que definen el espacio público y que

activan el espacio urbano. El Homo Urban Sapiens del siglo XXI no está siendo capaz de integrar

la complejidad de relaciones que se configuran a partir del territorio. Dentro de este marco,

algunas comunidades en proceso de afirmación territorial aparecen localizadas como

emplazamientos vitales para las redes financieras y tecnológicas, pasando a formar parte de

una red internacional de lugares estratégicos, y configurando una nueva cartografía

empresarial de carácter centralista que relaciona y engloba numerosos países. Obviamente

estos flujos y estrategias no reparan sobre las condiciones y derechos de las comunidades

implicadas. Así, del mismo modo que dentro de los crecimientos urbanos surgen nuevos

espacios de exclusión, a escala territorial muchas comunidades aparecen desprotegidas o

marginadas.

Todo este proceso esconde el distanciamiento del Estado sobre funciones y responsabilidades

económicas, sociales y políticas relevantes, a pesar de la destrucción y desarticulación de

tejidos sociales y redes de subsistencia elementales, y el incremento continuo de la pobreza y la

desprotección de las comunidades frente a derechos fundamentales.

Desconcierta constatar que el avance en las políticas institucionales tiende a reforzar y ampliar

los mecanismos de control económico o militar y las sanciones sobre sectores deprimidos

mediante programas que eluden afrontar las responsabilidades básicas, en primer lugar, y en

segundo lugar obvian los problemas reales de más grave calado como los atentados contra los

derechos humanos, amenazas, desplazamientos forzados, cultivos y tráficos ilegales, y

corrupción, verdaderos atentados contra cualquier estado democrático que acentúan la

exclusión de comunidades civiles que reclaman sus derechos.

Las experiencias de pedagogía territorial vinculadas a las dinámicas que se exponen han sido

tratadas de diversas maneras recientemente, aunque casi todos los casos se han centrado en

ámbitos de formación académica, reduciendo la posibilidad de concretar modelos reales de

intervención que superen las actuales contradicciones en los modelos de gestión territorial. La

reflexión propuesta subraya la importancia de recordar que la formación y participación en

procesos territoriales inclusivos no se basa en la capacidad de ofertar una serie de

conocimientos o disciplinas, sino en la posibilidad de colaborar de manera activa en las

prácticas de afirmación que las comunidades proponen. De alguna manera, adquieren

importancia las investigaciones que permiten arrojar alguna luz sobre el futuro, efectos y

complejidad asociada a los espacios de afirmación civil de los últimos años, intentando asumir

la necesidad de reconstruir la realidad de los espacios y territorios de comunidades reclamantes.

Sin embargo las iniciativas locales no han sido valoradas como procedimientos que necesitan

recursos especializados con un fortalecimiento pedagógico horizontal. Esto es, a nivel

institucional se hace necesario explorar las vías necesarias para desarrollar una política del

suelo que permita la identificación de las comunidades y el reconocimiento del territorio a

partir de sistemas de planificación participativa.

Estos procesos pedagógicos, además, deben producir resultados con frecuencia: es necesario

tener un mapa de ruta consensuado definiendo objetivos claros para cada fase, y estableciendo

los ámbitos de intervención, ya sean comunitarios, locales, municipales o estatales, previendo

estrategias integrales y procesos integradores.

Las opciones para abordar una pedagogía del territorio bajo esta perspectiva son diversas:

Implican definir sistemas de intervención estableciendo una conciencia del territorio, por un

lado, y una conciencia de los derechos derivados del mismo, por otro. Montar unidades de

coordinación, intercambiar información previa, planificar talleres de intercambio, capacitación

o trabajo, establecer mecanismos que permitan la representación de todas las partes

implicadas, incorporar ideas, desarrollar opciones políticas, generar expectativas, plantear

asuntos técnicos e identificar problemas específicos, elaborar planes de acciones, grupos de

trabajo concretos, desarrollar herramientas de comunicación que mantengan a las

comunidades involucradas.

Todas estas manifestaciones de procesos colaborativos, sumadas a las propias de la formación

individual y comunitaria, significan la apropiación de dinámicas y propuestas comunitarias.

Desde aquí, la pedagogía territorial interviene y facilita el desarrollo de políticas sociales y

culturales de carácter transversal, unidas a través de los planteamientos de la población,

potenciando el conocimiento e interés social, ampliando los procesos democráticos de base, y

en definitiva, propiciando la construcción de un territorio, unos recursos y unos derechos para

todos. En algún sentido, abriendo la formación y el derecho a la vida, desde y por los derechos

humanos.

[Diagnósticos estratégicos: procesos de transformación individual y colectiva]

Proyectar con las comunidades dentro de este marco implica definir objetivos comunes,

desarrollar esquemas de trabajo colectivo, revisar y definir los procesos de gobernanza y

transferencia de responsabilidades, y establecer plataformas comunes de intercambio.

Reconocer la simultaneidad de procesos que surgen desde el individuo y desde la comunidad es

un trabajo arduo y fundamental. La comunidad está formada de manera dinámica por los

individuos que participan de ella, pero en ningún momento se puede optar por soluciones

estándares o de compromiso. Las prácticas colaborativas implican procesos donde el

conocimiento no es segmentable porque perdería el valor de la diversidad. La formación del

individuo en estas dinámicas y la integración de cada aporte personal conllevan la consolidación

de la comunidad. Esto es, el progreso de la comunidad implica el progreso personal. Lo que

articula a las estrategias de intervención con procesos de acción planificados. Son sistemas con

un profundo potencial transformador, donde el valor reside en la capacidad de la inteligencia

colectiva para desarrollar proyectos completos e incentivar un uso comunitario de estas nuevas

estructuras.

Estas comunidades de práctica permiten desarrollar sistemas de proyecto continuos y abiertos,

donde la acción colectiva define cuestiones capitales con respecto al uso del territorio y de la

infraestructura habitacional básica, que afectan tanto al sentido último de los derechos

fundamentales que les asisten, como a los procesos que deben responder por la defensa y

garantía de los mismos.

Pierre Lévy [1997] habla de la afirmación de los procesos como "espacio de conocimiento" en

donde el valor del encuentro en las comunidades no depende tanto de la formación profesional

o estrato social, como de la posibilidad de intercambiar saberes y experiencias vitales. Lo que

implica la viabilidad de configurar un espacio de alto significado ético, claramente inclusivo, que

permite un esfuerzo solidario en la creación de espacios de afirmación social, de viviendas

dignas, de infraestructuras eficaces, de procesos de asentamiento con derechos reconocidos,

sistemas de participación institucional responsables y eficaces, así como la inclusión en

propuestas participativas de investigación y gestión de recursos que respondan a intereses y

necesidades legítimos.

La importancia en el reconocimiento de estos procesos individuales y comunitarios es la

necesidad de cerrar la brecha entre los especialistas y las comunidades, derivada de la

especialización y la segmentación del conocimiento. Entendamos que perpetuar este modelo

tecnificado o academicista tiende a excluir a las comunidades del debate institucional sobre

asuntos centrales que están relacionados con condiciones y proyectos vitales, lo que finalmente

debilita los mismos procesos de retorno, afirmación y reclamación de justicia social, que deben

ser alimentados desde el intercambio de experiencias, ideas y opiniones.

Este modo de intervenir ha dado lugar, entre otros, a la creación de lo que Gibbons [1997] ha

definido como conocimiento socialmente distribuido, lo que supone que la identificación de los

problemas, la edición de diagnósticos, y la planificación de estrategias se hace provocando la

reunión y debate entre técnicos, comunidad y representantes institucionales coordinados a

partir de redes colaborativas. Este sistema alternativo de trabajo amplía las posibilidades

representativas y participativas de las comunidades tanto en la afirmación y reconocimiento de

derechos humanos como en la definición de políticas territoriales, permitiendo que se

consoliden como políticas públicas, por oposición a las propuestas más generalizadas, de

carácter técnico y excluyente.

Se potencian y se desarrollan herramientas, prácticas y abordajes utilizados en el ámbito de la

planificación y gestión comunitaria. Precisando la capacidad de las comunidades para

evolucionar, tanto por medio de mecanismos de diferenciación y afirmación como de

innovación, integración, y colaboración. De algún modo, resulta posible afirmar que los

instrumentos de colaboración construyen conocimiento colectivo. Afirmación que nos llevaría a

preguntar ¿qué tiene que suceder, cómo han de diseñarse los procesos comunitarios, o bien

qué factores deben existir, para que se produzca y sea eficaz este conocimiento colectivo?

Tendríamos que considerar a partir de estas premisas la necesidad de producir una inquietud

personal, una red interactiva y un medio de visibilización.

El diagnostico estratégico parte del estudio del territorio, del hábitat de la comunidad, de su

situación cultural, social, pautas de adaptación, patologías sociales asociadas, actitudes en

relación al problema específico y a la solicitud de afirmación expresada. Asume la comprensión

psicosocial y del funcionamiento de la persona y de la comunidad con respecto a su situación,

su capacidad, sus posibilidades y la utilización de los recursos naturales, sociales y políticos. Es

un proceso continuo, flexible, que está en permanente evolución. Es importante poder

distinguir lo superfluo de lo importante en cada una de las fases de proyecto, desde la

valoración de la situación de conflicto y síntesis de la problemática, definiendo causas y

desencadenantes de cada proceso, hasta llegar a determinar cuáles son los elementos

individuales, familiares y comunitarios capaces de modificar la situación de principio para abrir

vías de consolidación. Este trabajo es un proceso complejo que superpone la investigación,

documentación, propuesta y revisión de opciones.

A partir de la construcción simbólica del territorio, se despliegan diferentes instrumentos para

diagnosticar:

DAFO participativos (matrices de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades],

flujogramas, talleres de innovación social, ejercicios de socialización de cartografía, mapas de

redes, o reelaboración de la cartografía producida. La superposición de Mapas tradicionales

(técnicos, informativos) y Mapas sociales (comunitarios, interpretativos) permite trazar un

diagnóstico de partida a partir de la cartografía social: Mapas de conflicto que exponen

situaciones problemáticas, Mapas de redes que reflejan actores y movimientos, y Mapas de

recursos que describen el equilibrio de fuerzas. Los mapas de conflicto exponen situaciones

problemáticas, experiencias, y situaciones visibles o silenciadas. Los mapas de redes expresan

las relaciones entre actores y sus vínculos con los conflictos (afinidad, cercanía, indiferencia u

oposición) reflejando si se trata de vínculos fuertes, débiles, confrontaciones, o inexistentes.

Reflejar la intensidad y los tipos de vínculos ofrece posibilidades de establecer perspectivas

relacionales, posicionales o conjuntos de acción. Los mapas de recursos recogen medios

materiales, infraestructuras, posibilidades económicas, medios humanos, y permiten descubrir

la disponibilidad o carencia de medios, y por lo tanto posibilidades de intervención.

Elaborar un diagnóstico estratégico a partir de este trabajo implica sintetizar, interpretar y

evaluar tanto la problemática sobre la que se prevé intervenir, como sobre la viabilidad y

opciones de los proyectos y procesos comunitarios. Estos sistemas suponen al mismo tiempo

un proceso de análisis y síntesis, una visión estratégica que sirve como guía de intervención.

Las ventajas de este trabajo significan la reducción de la información, filtrando la importancia y

viabilidad de objetivos, la facilidad de visualización, análisis intuitivo, y el trabajo dentro de un

proceso educativo dinámico. A partir de aquí, el reto está en integrar investigación, educación y

acción. Este sistema es un Proceso, no una solución en sí misma, que debe resultar en mapas

propositivos y de intervención, superando las fases descriptivas y analíticas. Es capital conseguir

respuestas eficaces que impliquen a la comunidad.

Ha de remarcarse que estos procesos necesitan una comprensión y definición común y clara de

objetivos. La reformulación de vínculos y sistemas no puede derivar en indefiniciones, sino que

debe multiplicar los criterios de proyecto. Así todo, la flexibilidad y el tiempo de respuesta son

factores cruciales, por lo que deben variar los interlocutores, las organizaciones implicadas, y

diversificar los sistemas de financiación.

Dentro de este esquema de producción, la responsabilidad política y social impregna el proceso

de afirmación de manera integral. Lo que confirma la proyección de las estrategias de

planificación e intervención hacia escenarios que no pueden ser contestados exclusivamente en

términos técnicos o científicos, sino que deben redundar en una propuesta integral, en la que

los procesos cartográficos quedan inmersos como elementos de intervención de una relevancia

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