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San Luis Potosí, a -------------- de 2014 dos mil catorce.
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Antes de resolver a cerca del lanzamiento inmediato solicitado por ----
------------ en ----------------------------, el juzgador estima pertinente entrar
oficiosamente al estudio del control difuso de constitucionalidad respecto a
varias normas secundarias que regulan el juicio de desocupación.
Control Difuso De Constitucionalidad.
Marco Constitucional y Marco Teórico Conceptual Del Control
1.- Supremacía Constitucional. Sobre este particular, los artículos 1°
y 133 de la Constitución Federal, reformados por decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación, el 6 seis y el 10 diez de Junio de 2011 dos mil
once, disponen: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta constitución establece. Las normas relativas a
los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas
la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia,
tienen la obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los
términos que establezca la ley”. “Esta constitución, las leyes del congreso de la
Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del
Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se
arreglaran a dicha Constitución, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en
contrario que pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.”
En dichas reformas, el legislador federal elevó al rango constitucional
a los derechos humanos de fuente nacional y a los derechos humanos de
fuente internacional. Los primeros están previstos en la Constitución y los
segundos, por remisión expresa, están incorporados y diseminados en
muchas disposiciones externas, pero como quiera que sea, el catálogo de
derechos internos fue ampliado con el catálogo de derechos de fuente
externa. Interna o externa la fuente, siguiendo el texto del artículo 133, se
puede afirmar sin lugar a dudas, que la Carta Magna y los tratados de la
materia, son las normas supremas en el sistema jurídico mexicano, e
independientemente de su procedencia legislativa, entre ella y él, no existen
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relaciones de jerarquía, o sea, que la primera no está subordinada al
segundo ni el segundo a la primera.
Lo anterior es así porque todas las personas que se encuentran en el
territorio mexicano, ya sean nacionales o extranjeras, somos titulares de los
derechos humanos reconocidos tanto en la propia Constitución como en los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos en que el estado
mexicano sea parte. Ambas legislaciones forman parte de un mismo cuerpo
de leyes, y sus relaciones son consonantes, armónicas, al grado tal que un
instrumento puede aclarar, complementar y mejorar el derecho humano
previsto en el otro instrumento, y todavía más, un instrumento puede
contemplar un derecho no previsto en el otro; así que el juzgador, en la
aplicación de la norma, debe preferir la que proteja con mayor amplitud a la
persona.
Cualquiera que sea su fuente, el goce y disfrute de un derecho
fundamental posibilita la realización de otros. Pensando en sentido contrario,
la violación a un derecho imposibilita el goce y disfrute de otros derechos.
Por ejemplo: La violación del derecho a la vivienda impide el derecho a la
realización del proyecto de vida de una persona y a los derechos que
conlleva ese proyecto, porque en la vivienda una persona duerme, come,
estudia, descansa, se asea, vive, etcétera. El ejemplo, pone de relieve que
las personas tenemos diversos derechos humanos que satisfacer; que todos
los derechos deben quedar satisfechos a plenitud; de tal suerte que no es
posible decir que unos Sí pueden quedar satisfechos y que otros no pueden
quedar satisfechos. En este inadmisible escenario, quedan vulnerados los
principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos,
que son 2 dos de sus 4 cuatro principios rectores que las autoridades
mexicanas no deben olvidar al ejercer su facultad y al cumplir a su obligación
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de
la persona. Luego, como un derecho depende y complementa al otro,
entonces esa relación de interdependencia e indivisibilidad excluye jerarquía
alguna entre los derechos humanos. Sin embargo, cuando la Constitución
prevea una restricción, al ejercicio de ellos, el juzgador debe estar al texto
constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, el considerando QUINTO, punto 3, párrafos
tercero, décimo segundo y décimo tercero, de la resolución dictada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis
293/2011,entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado En Materias
Administrativa y de Trabajo Del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal
Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, que dice: “ …Una de las principales de
la reforma constitucional es la creación de un conjunto de normas de derechos
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humanos, cuya fuente puede ser, indistintamente, la Constitución o un tratado
internacional. Así, este conjunto integra el nuevo parámetro de control de regularidad
o de validéz de las normas del ordenamiento jurídico mexicano…una correcta
interpretación del contenido y función del catálogo de derechos humanos previsto en
el artículo 1º constitucional comporta la necesidad de destacar que el párrafo tercero
de dicho numeral prevee como principios objetivos rectores de los derechos
humanos los de interdependencia e indivisibilidad. Según el principio constitucional
de interdependencia, los derechos humanos establecen relaciones recíprocas entre
ellos, de modo que en lagran mayoría de los casos la satisfacción de un derecho es lo
que hace posible el disfrute de otros. Por otra parte, el principio constitucional de
indivisibilidad de los derechos humanos parte de la integralidad de la persona y la
necesidad de satisfacer todos sus derechos, lo que excluye la posibilidad de
establecer jerarquías en abstracto entre los mismos.De acuerdo con lo anterior, de la
literalidad de los tres primeros párrafos del artículo 1º constitucional se desprende lo
siguiente: (i) los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
de los cuales México sea parte integran un mismo conjunto o catálogo de derechos;
(ii) la existencia de dicho catálogo tiene por origen la Constitución misma; (iii) dicho
catálogo debe utilizarse para la interpretación de cualquier norma relativa a los
derechos humanos; y (iv) las relaciones entre los derechos humanos que integran
este conjunto deben resolverse partiendo de la interdependencia y la indivisibilidad
de los derechos humanos – lo que excluye la jerarquía entre unos y otros-, así como
del principio pro persona, entendido como herramienta armonizadora y dinámica que
permite la funcionalidad del catálogo constitucional de derechos humanos.”
De igual manera, sirve de apoyo la diversa jurisprudencia que derivó de
dicha Abril de 2014, Tomo I. Tesis P./J. 20/2014 (10ª) Página 202. Voz
Jurisprudencial: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN
LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL
DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA
UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO
QUE ESTABLEZCA EL TEXTO JURISPRUDENCIAL.
Constitución y tratados como normas de igual jerarquía, imponen al
estado mejica, un universo de obligaciones generales y de obligaciones
específicas que cumplir frente a las personas, a fin de fin de hacerles
realidad los derechos humanos que en abstracto les prometen las
leyes; obligaciones que en el apartado siguiente desplegaré por
separado.
1.1.- Obligaciones Constitucionales. Las reformas al artículo1 de la
Constitución, imponen a todas las autoridades del estado, cada una en el
ámbito de su competencia, una serie de obligaciones a cumplir. En lo que a
este apartado se refiere, el artículo 1 señala: “Todas las autoridades, en el
ámbito de su competencia, tienen la obligación de… respetar proteger… los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, … las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. En esta
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porción normativa, aparecen las obligaciones a cumplir, cuyo examen se
agrupa en 3 tres puntos: Las autoridades y las obligaciones propiamente
dichas.
1.1.1.- Autoridades. El estado azteca es una república democrática,
representativa, laica y popular, compuesta por 31 treinta y un entidades
federativas y un Distrito Federal. La suma de ellos compone nuestra
federación. La soberanía de la nación originalmente pertenece al pueblo,
pero está depositada en sus 3 tres poderes que son: Legislativo, Judicial y
Ejecutivo, cada uno con competencias distintas que les otorga la propia
constitución federal o la Constitución local. Así, el legislativo es el encargado
de expedir leyes compatibles con la Carta Magna y con los tratados, de
abrogarlas y derogarlas; mientras que el judicial es el órgano competente
para aplicar las leyes a los casos concretos que a su decisión le sean
sometidos los ciudadanos que enfrentan un conflicto de derechos, y el
ejecutivo se encarga, como su nombre lo indica, de ejecutar las leyes.
Consecuentemente, las autoridades en el país son de 3 tres categorías;
Federales, locales y del Distrito Federal y Municipios. Artículos 43, 73, 89,
94 y 115 Constitucionales, 6 de la Ley Orgánica Del Municipio Libre de
San Luis Potosí, 57, 72, 80 y 98 de la Constitución Política Del Estado
Libre Y Soberano De San Luis Potosí. Pues bien, estas autoridades y las
que de aquí se desprendan, son las obligadas a prevenir, respetar y proteger
los derechos humanos, cada una en el ámbito de sus respectivas
competencias.
1.1.2.- Obligaciones. Las obligaciones constitucionales son las de
prevenir, respetar y proteger. Las de prevenir imponen a las autoridades, las
obligaciones de evitar violaciones a los derechos humanos, de evitar
prácticas que tiendan a impedir o a dilatar el ejercicio de los derechos, e
inclusive, denunciar las violaciones graves a tales derechos. Las de respetar
imponen a todos los organismos y agentes del estado, una abstención de
ejecutar cualquier acto que obstruya el ejercicio de los derechos humanos,
de no poner trabas que impidan la realización de los mismos. En las de
proteger el estado, a través de sus agentes, es el garante de las personas,
amparándolas o restituyéndolas en el uso y goce de sus derechos humanos
vulnerados.
1.2.- Obligaciones Internacionales. Dicen los artículos 76 fracción I,
párrafo segundo y 89 fracción X de la Constitución Federal, 1 y 4 de la Ley
Sobre la Celebración De Tratados, que El estado mexicano, por conducto
del poder ejecutivo, tiene la facultad de celebrar tratados internacionales, con
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aprobación del Senado de la República, y su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Previa aprobación del Senado, el ejecutivo federal en ejercicio de sus
facultades constitucionales, el 24 veinticuatro de Marzo de 1981 mil
novecientos ochenta y uno, se adhirió a la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, y la publicación de la adhesión tuvo lugar el 7 siete de
Mayo del mismo año.
Mediante la adhesión a este instrumento, nuestro país se obligó a
adoptar políticas públicas, medidas legislativas y otras, mediante los
procedimientos constitucionales y los convencionales, que fueren necesarios
para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la
convención, según se desprende de la parte uno, capitulo uno, articulo dos
del instrumento del que se habla.
Una de las medidas legislativas a adoptar, se refiere a la abrogación y
a la derogación de las leyes internas que no estén adecuadas a la
Constitución ni a los Tratados, ambos en materia de derechos humanos,
para posibilitar la realización de los mismos.
En el sistema interno de los derechos humanos, el estado mexicano
por conducto de las autoridades de las entidades federativas y municipios
de la federación y del distrito federal, son los órganos encargados de cumplir
con las obligaciones internacionales contraídas. Por lo que mira a la materia
judicial del fuero común, aquí en san Luis potosí, capital del estado del
mismo nombre, el legislador se dio a la tarea de proveer al justiciable, de los
recursos judiciales por medio de los cuales pueda combatir las decisiones
jurisdiccionales que perjudiquen sus derechos humanos. Entre tales
recursos, se encuentra el de apelación, que es el idóneo para impugnar la
sentencia definitiva que el juez dicta en el juicio de desocupación, en donde
en su caso, decreta el lanzamiento inmediato.
Retomando el tema inicial, es de decirse que Tratados y Constitución,
como normas supremas, son el parámetro en el control difuso de
constitucionalidad y por tanto, todas las normas secundarias quedan
subordinadas a ellas y no pueden estar por encima de ellas. En caso
contrario, la autoridad judicial está obligada y facultada para ejercer el control
de constitucionalidad en el ámbito de su competencia. El control de
constitucionalidad no únicamente es la simple fundamentación a un acto de
autoridad como inexactamente piensan algunos principiantes y aprendices,
quienes a tan interesante tema, lo reducen al mínimo y creen que ejercer el
control es simplemente fundar y cargar las decisiones judiciales de artículos
contenidos en la Constitución, tratados, convenciones, protocolos, etcétera,
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relativos a los derechos fundamentales. El control consiste además, en la
contrastación de la norma interna secundaria con la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, o con un
tratado de esta materia, para saber si la primera es compatible o
incompatible con las segundas, de acuerdo con la interpretación conforme en
sentido amplio y en sentido estricto. La interpretación conforme es una
herramienta hermenéutica que tiene aplicación cuando una norma admite
dos o más interpretaciones contradictorias, en donde una permite algo y otra
prohíbe ese algo, en cuyo supuesto, el Juez inter americano, debe preferir la
interpretación que se ajuste a la Constitución y/o al Tratado. Si el juez no
logra salvar la norma, entonces ejercerá el control concentrado o difuso de
constitucionalidad. La interpretación conforme puede ser en 2 dos sentidos:
En sentido amplio, quiere decir que los jueces mexicanos deben interpretar
todas las leyes nacionales a la luz y conforme a los Derechos Humanos
establecidos tanto en la Constitución Federal como en los Tratados
Internacionales. En sentido estricto quiere decir que cuando existan varias
interpretaciones, los jueces deben preferir la que resulte acorde con los
derechos humanos, y de esta manera, las autoridades de control
constitucional y convencional, deben o no expulsar las normas internas y los
jueces del fuero común, deben o no deben aplicar las disposiciones
secundarias al caso. Sirve de apoyo a esta consideración el criterio
jurisprudencial que a continuación se transcribe:
Tesis: P.
LXIX/2011(9a.)
Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Décima Época 160525 1 de 1
PLENO Libro III, Diciembre de 2011,
Tomo 1 Pag. 552
Tesis
Aislada(Constitucional)
[TA]; 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1; Pág.
552
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y
CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La
posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento
supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de
ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste
previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control
de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los
siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que
los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-,
deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el
Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la
protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa
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que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben,
partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que
hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los
tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o
vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando
las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica
de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel
de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva
de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. PLENO
VARIOS 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Ser-
gio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis
María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna
Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel
Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el veintiocho de no-
viembre en curso, aprobó, con el número LXIX/2011(9a.), la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a veintiocho de noviembre de dos mil once.
Así que en la impartición de justicia, los jueces federales podrán y
deberán declarar la inconstitucionalidad de una norma secundaria, y de ser
el caso, expulsarla del orden jurídico respectivo, cuando esa norma es
incompatible ya sea con la constitución o con los tratados; mientras los
jueces del orden común, están facultados y obligados a inaplicar la norma
que sea contraria a dichos sistemas normativos. Sirve de apoyo a esta
consideración, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Tesis: 1ª./J.
18/2012 (10a.)
Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Décima Época 2002264 1 de 1
PRIMERA SALA Libro XV, Diciembre de
2012, Tomo 1 Pag. 420 Jurisprudencia(Común,Constitucional)
[J]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1;
Pág. 420. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD
(REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano
deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma
apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución
Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de
constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios
establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del
artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas
las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados
internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también
comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema
jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden
común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los
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derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados
internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se
sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la
Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas
generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la
Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la
inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los
tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del
Estado mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a
la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos
humanos. PRIMERA SALA. CONTRADICCIÓN DE TESIS 259/2011. Entre las
sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados, ambos del Trigésimo
Circuito. 30 de noviembre de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Tesis de jurisprudencia 18/2012 (10a.).
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dieciocho de
enero de dos mil doce.Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la
contradicción de tesis 263/2013, pendiente de resolverse por el Pleno.
Es importante aclarar que el control difuso de constitucionalidad
intrínsicamente lleva el control de convencionalidad. Al respecto es preciso
recordar que con las reformas constitucionales publicadas en el Diario
Oficial de la Federación, los derechos humanos fueron elevados a la
categoría de constitucionales. El catálogo de tales derechos provienen de la
propia Constitución, y por remisión expresa de esta, esos derechos también
provienen de los tratados internacionales en la materia. Es así que ambas
fuentes forman parte del mismo corpus constitucional, esto es: Virtud a las
reformas, los tratados son incorporados a la máxima norma en el país.
Luego, el control concentrado o el control difuso de la Constitución, lleva
implícito el control concentrado o el control difuso de convencionalidad.
Entonces al hablar de uno, se da por hecho que está hablando del otro.
2.- Categorías Sospechosas: Lanzamiento inmediato y su recurso de
apelación. Artículos 448 Bis fracción I, párrafos segundo, tercero y cuarto;
453, 454 y 457 del Código de Procedimientos Civiles.
3.- Bloque De Constitucionalidad: En este apartado, las normas
secundarias objeto del control constitucional, serán interpretadas a la luz de
los derechos humanos previstos en los artículos 1°, 4,14 y 17 de la Carta
Magna; 8.1, 24 y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 11.I del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Observación General número 4 cuatro, puntos 7 y 8 inciso a y
Observación General 7, ambas del Comité De Derechos Sociales,
Económicos Y Culturales, jurisprudencia nacional, jurisprudencia de la Corte
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Interamericana De Derechos humanos que se irán invocando a lo largo del
presente control difuso de constitucionalidad.
Marco Legal y Marco Teórico Conceptual.
1.- Del Juicio. “…Este término, derivado del lenguaje jurídico, tie-
ne cuatro significados principales: … 2º una parte de la lógica; 3º acto
con el cual se asiente a una proposición o se disiente o se la afirma o
se niega… “ Nicola Abbagnano. Diccionario de Filosofía. Actualizado y
aumentado por Giovanni Fornero. Traducción de José Esteban Calde-
rón, Alfredo N Galleti, Eliane Cazenave Tapie Izoard, Beatríz González
Casanova y Juan Carlos Rodriguez. Fondo de Cultura Económica. Cuar-
ta edición en español. P 630.
Siguiendo a tan destacado filósofo, se establece que en Lógica, es
ampliamente sabido que juicio es una afirmación o una negación de algo.
Afirmación y negación son antónimos que no pueden coexistir al mismo
tiempo ni en el mismo aspecto. Desde el punto de vista jurídico, en el escrito
de demanda, el actor afirma o niega o acepta parcialmente los hechos y de-
rechos del demandado, y este, al oponer excepciones y defensas, también
afirma o niega o acepta parcialmente los hechos y derechos de su parte con-
traria. Sobre sendas posturas, ofrecen pruebas, las desahogan y alegan. Por
su lado, el Juez afirma o niega concediendo o denegando las peticiones que
le formulan las partes a largo y ancho del juicio, y lo mismo acontece cuando
sentencia el conflicto de tales hechos y tales derechos.
En este orden de ideas, el concepto “Juicio” adquiere 2 dos denota-
ciones: Una, como procedimiento en cuanto hace a la tramitación de las
afirmaciones y negaciones, a la demostración de las mismas y a los alega-
tos; y otra, como decisión en cuanto mira la sentencia.
Para la ley secundaria, toda contienda judicial empieza con la deman-
da escrita, seguida de su radicación, emplazamiento, contestación de de-
manda, ofrecimiento de pruebas, admisión y desahogo de pruebas, alegatos,
citación para sentencia y sentencia. Artículos 253 Y 448 Bis, fracciones I,
párrafo primero; II, III y IV del Código de Procedimientos Civiles. Desde esta
óptica, un juicio abarca tanto la controversia como el procedimiento y la deci-
sión judicial, que equivale a decir: El juicio inicia con la demanda y termina
con la sentencia.
La contienda judicial está compuesta por una serie de pasos sucesi-
vos que están enlazados uno al otro y el antecedente de uno es el conse-
cuente del anterior y así sucesivamente, hasta llegar a la sentencia definitiva.
Como sentencia, un juicio es ”… toda controversia o decisión legítima de
un negocio, entre dos o más partes; es decir, se requiere que haya Litis…” Novena
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época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tom IV, Diciembre de 1996. Tesis XVII. 2º . 22 k. Página 414. Número de regis-
tro199925. Voz Jurisprudencial: “JURISDICCIÓ VOLUNTARIA, DILIGENCIAS DE, LAS
RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LAS, NO SON SENTENCIAS DEFINITIVAS SINO
ACTOS DICTADOS FUERA DE JUICIO, POR TANTO, LA COMPETENCIA PARA
CONOCERDEL JUICIO DE AMPARO CONTRA DICHA RESOLUCION CORRESPONDE A
UN JUEZ DE DISTRITO.
2.- Sentencia Firme. Sentencia definitiva de primera instancia es la resolu-
ción formal vinculativa para las partes que pronuncia un tribunal de primer grado, al
agotarse el procedimiento, dirimiendo los problemas adjetivos y substantivos por
ellas controvertidos. José Becerra Bautista. El Proceso Civil en México. Editorial Po-
rrúa. Duodécima edición. P 209.
La última fase del procedimiento civil, es la sentencia. El juez es la
autoridad que conforme a los artículos 41 y 52 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, está autorizada para dictar sentencia en los asuntos que
los particulares le sometan a su conocimiento. Para alcanzar la congruencia
legal, dicha sentencia definitiva debe estudiar todos los problemas adjetivos
y sustantivos que las partes hicieron valer con oportunidad, ya sea
absolviendo o condenando a la parte demandada. Artículo 81 del Código de
Procedimientos Civiles.
La condena o absolución puede ser impugnada, pero antes de hablar
sobre la impugnación de la sentencia, es preciso referirnos someramente a
la cientificidad o no cientificidad del derecho, tema que es de mayor
extensión y comprehensión que el tema que nos ocupa; así que en lo
conducente al objeto y al objetivo de la presente resolución, es de señalarse
que el derecho, y la ley como parte de él, es una ciencia cuyo método de
verificación es la razón y no los sentidos. Desde este ángulo, el actor tiene
sus razones para pedir tal o cual prestación del demandado, y este, tiene las
suyas para oponer excepciones y defensas; en tanto que el juez tendrá las
propias para absolver o condenar al demandado. Dichas razones pueden ser
jurídicas, lógicas, axiológicas, etcétera.
Independientemente de lo anterior, el juez – al igual que las partes del
juicio – es un ser humano, y como tal, con sus carencias y miserias, es
susceptible de errar al momento de pronunciar la palabra de la ley.
Con o sin errores del juzgador, las razones jurídicas no
necesariamente es la única ni la última palabra, pues desde el punto de vista
metodológico, su sentido es verificable por medio del recurso de apelación, y
a su vez, la autoridad de segunda instancia, también tendrá razones
jurídicas, lógicas, axiológicas, etcétera, para revocar o confirmar el fallo
recurrido; en tanto que estas razones también son verificables en amparo
directo. Cuya autoridad resolutora al emitir su fallo tendrá razones de la
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índole citada para conceder de fondo o de forma el amparo, para negarlo o
para sobreseerlo.
Atendiendo a su morfología, la palabra recurso está formada por el
prefijo ”re” que significa “volver a”, la raíz “recurs” y el morfema “o”. Recurso
quiere decir volver a dar curso a las cosas, volver a dar el camino correcto a
las cosas.
En el ámbito jurídico, ese camino encuentra fundamento en los
artículos 936, 940, 953 y 958 del Código de Procedimientos Civiles, en base
a los cuales la sentencia de primera instancia es apelable, de modo que la
parte perdidosa o la que obtuvo parcialmente, puede interponer el recurso en
el acto de la notificación o dentro de los 5 cinco días siguientes a la misma.
El recurso tiene por objeto que un tribunal superior en grado, como es el de
alzada, vía agravios y contestación de agravios, revoque, confirme o
modifique el fallo impugnado. Contra la decisión dictada en segunda
instancia, procede el amparo directo.
Ahora bien, la sentencia inicial puede no ser apelada o consentida
expresamente por el justiciable. De esta manera, la sentencia causa
ejecutoria por declaración judicial, y para ello, es necesario el
pronunciamiento judicial en este sentido, o bien, causa ejecutoria por
ministerio de ley, para lo cual no es necesario dicho pronunciamiento.
Artículos 410, 411 y 412 del Código Adjetivo.
El fallo de segunda instancia es intermedio y combatible en amparo
directo, pero puede ser no combatido o consentido expresamente por el
justiciable. La sentencia dictada en amparo directo es terminal e inatacable
por que contra ella, por regla general, no existe ningún recurso que hacer
valer ante la propia autoridad que la dicta ni ante autoridad judicial distinta.
Cuando el justiciable agotó todos los recursos ordinarios y el amparo, ya no
existe ningún recurso que intentar, la sentencia de fondo ha quedado firme y
lo en ella decidido no puede ser variado, por lo que es ejecutable. En
conclusión:
a) Es preciso dejar que transcurra el término para apelar. Al no haber
apelación o al estar consentida expresamente la sentencia, entonces
ejecutar el lanzamiento inmediato.
b) Al haber apelación, esperar la sentencia de alzada y en su caso,
esperar a que transcurra el término para acudir al amparo. Al no existir
amparo, o al estar consentida la sentencia, entonces ejecutar el lanzamiento
inmediato.
c) Al existir amparo, esperar el fallo final, y en su caso, ejecutar el
lanzamiento.
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d) Mientras una sentencia se encuentre sub judice, no es ejecutable.
Por tanto:
e) La sentencia de primera instancia que no se ataca, se acata, y
cuando es consentida, también. Consentida o no atacada, la sentencia está
en condiciones de ser ejecutada.
f) La sentencia de alzada que no se ataca, se acata, y cuando es
consentida, también. Consentida o no atacada, es ejecutable.
Sin embargo - a criterio del suscrito - la ejecución de la sentencia no
está comprendida dentro del concepto juicio, cuenta habida que la interpre-
tación “A rúbrica”, del Código Adjetivo Civil, arroja que dentro del contexto
del código, el legislador ubicó las reglas que rigen la ejecución de las sen-
tencias, en el título décimo cuarto, al que llama, precisamente, “De la ejecu-
ción de las sentencias”, y en el mismo contexto, pero por separado a ese
título, en otro que es el título sexto, llamado “Del Juicio Ordinario” ,dio un lu-
gar a las normas rectoras de la tramitación del juicio. Es así que el plan legis-
lativo fue el de distinguir el concepto juicio, del concepto ejecución de sen-
tencia. En lo que aquí interesa, los juicos civiles son ordinarios y extraordina-
rios. El modelo de juicio es el ordinario porque sus disposiciones rigen a falta
de norma en el extraordinario.
3.- Lanzamiento Inmediato. Al efecto se establece que el artículo 2227
del Código Civil, define al arrendamiento como un contrato por medio del
cual una persona transmite el uso y goce temporal de una cosa, y la otra se
obliga a pagar un precio por el uso y goce de la cosa. De aquí se sigue que
el arrendador tiene la obligación de dar el uso del inmueble y el arrendatario
el derecho a disponer de el para el uso contratado; en cambio, el arrendata-
rio, tiene la obligación de pagar la cantidad acordada por ese uso, y el arren-
dador, el derecho a recibir el pago. El pago del arrendamiento debe hacerse
en el tiempo convenido, reza el artículo 2313 fracción IV del mismo corpus
normativo. Como los contratos se hicieron para cumplir, - pacta sunt servan-
da-, toda obligación asumida debe ser puntualmente cumplida. El contratante
que incumple una obligación, causa un perjuicio al otro contratante, y por
ende, amerita una sanción; de modo que el perjudicado tiene derecho para
acudir ante el juez, para reclamar al incumplido, ya sea el cumplimiento o la
rescisión del contrato.
3.1.- Cumplimiento Y Rescisión. Atento a lo establecido en los artícu-
los 1782 del Código Sustantivo Civil, que dice: “ La facultad de resolver las
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno
de los obligados no cumpliere con lo que le incumbe. El perjudicado podrá
escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación…”.
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Si el perjudicado por el incumplimiento decidió demandar el cumpli-
miento del contrato, la acción procedente es la llamada “Pago de pesos” y
para los efectos del presente estudio no representa ningún problema de con-
trol constitucional que abordar, pero sucede lo contrario si el acreedor opta
por demandar la rescisión del contrato o la desocupación del bien objeto del
contrato. Veamos una y otra:
Rescindir o resolver un contrato, es el volver las cosas al estado en
que se encontraban antes de la celebración del mismo. Antes de la celebra-
ción, el arrendador no había transmitido el uso y goce del bien materia del
contrato ni el arrendatario lo había recibido; como tampoco el arrendatario se
había obligado a pagar un precio por el uso y goce, ni el arrendador tenía el
derecho a recibir el pago. De esta manera, los contratantes quedan desenla-
zados de sus respectivos derechos y sus respectivas obligaciones. Conse-
cuentemente, al quedar rescindido el contrato por falta de pago oportuno, el
ocupante debe restituir la finca al arrendador. Adicionalmente, el arrendador
puede instar la acción de desocupación, cuando el arrendatario ha dejado de
pagar 2 dos o más pensiones rentísticas.
3.2.- En cuanto hace a la definición del vocablo “Desocupación”, cabe
decir que se le suele usar como sinónimo de lanzamiento, desahucio y desa-
lojo. Para hablar del primer y segundo vocablos, previamente es necesario
conocer parte de las reglas que rigen su tramitación. Veamos: CAPÍTULO III
Del Juicio de Desocupación. Artículo. 448.- EL juicio extraordinario de desocupación
procede cuando se funda:
I.- En el vencimiento del término estipulado en el contrato;
II.- En el cumplimiento del plazo que fija el Código Civil para la terminación del
arrendamiento por tiempo indefinido;
III.- En la falta de pago de las pensiones en los plazos convenidos en el contrato o
determinados por la Ley;
IV.- Cuando se ocupe una habitación u otro local o predio sin haberse celebrado en la
forma legal el contrato de arrendamiento respectivo;
V.- En la infracción de cualquiera otra de las condiciones que con arreglo al Código
Civil motiven la rescisión del contrato.
448 BIS.- Las causales de desocupación previstas en el artículo inmediato
anterior, se sujetarán al siguiente procedimiento:
I.- A la presentación de la demanda, el juez procederá a su radicación y en el mismo
auto ordenará emplazar a la parte demandada para que ocurra a contestar la demanda
dentro del término improrrogable de cinco días, contados a partir del día siguiente al
del emplazamiento.
Cuando la demanda se funde en las fracciones III y IV del artículo 448 de este Código,
en el mismo proveído, el juez además mandará requerir al arrendatario para que en el
acto de la diligencia, compruebe con el recibo correspondiente estar al corriente en el
pago de las rentas, o bien para que cubra desde luego su adeudo, o para que, en su
caso, exhiba el contrato de arrendamiento en cualquiera de los casos a satisfacción
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del actor; y de no hacerlo se le prevenga para que, dentro del plazo de cuarenta y
cinco días cuando la finca sirva para habitación, giro industrial o mercantil, o dentro
del plazo de noventa días, cuando se trate de predios rústicos, proceda a
desocuparla, apercibiéndolo de su lanzamiento a su costa, si no lo hace.
Si en el acto de diligencia, justifica el inquilino, haber pagado la pensión o pensiones
según lo convenido; si satisface inmediatamente su adeudo, o exhibe en su caso el
contrato de arrendamiento en cualquiera de los casos a satisfacción del actor, se
suspenderá la diligencia, asentándose en ella los hechos y agregándose los
comprobantes que se exhiberen, o en su caso el pago, para dar cuenta al juez.
Cuando el inquilino en el momento de la diligencia hubiere realizado el pago o
satisfacción del actor el juez mandará entregar a éste el valor de las pensiones
exhibidas y dará por concluido el juicio sin condenación a costas. De igual manera
procederá en caso de que el demandado haya justificado a satisfacción del actor estar
al corriente en el pago de las rentas, o hubiere exhibido en su caso el contrato de
arrendamiento respectivo.
II.- Contestada la demanda o transcurrido el término para hacerlo, el juez,
expresamente, decretará un término común de cinco días para que las partes ofrezcan
todas sus pruebas, sin excepción.
III.- En el mismo proveído que tenga por ofrecidas las pruebas de las partes, el juez
determinará las que se admitan y fijará fecha y hora para que tenga verificativo en una
sola audiencia el desahogo de las mismas, excepción hecha de las que por su
naturaleza requieran preparación especial, las que deberán concluirse a más tardar el
día de la audiencia. En la misma audiencia se llevará a cabo la recepción de alegatos
por su orden, los que podrán expresarse en forma verbal en un lapso no mayor de
quince minutos. Esta audiencia se celebrará dentro de los treinta días siguientes al
auto que la señala, y tendrá efectos de citación para sentencia.
IV.- El juez tendrá un término de cinco días contados a partir del siguiente a la
audiencia a que se refiere la fracción anterior para dictar sentencia.
454.- La sentencia dispondrá siempre, cuando se declare procedente el lanzamiento y
no se hubiere verificado la desocupación, que ésta se lleve a efecto una vez vencidos
los términos señalados en el artículo 448 Bis, los que en ningún caso serán
renunciables. Si ya estuvieren vencidos se procederá sin más trámite a ejecutar la
sentencia, y sin que sea necesario el otorgamiento de fianza cuando se hubiere
admitido apelación.
ART. 456.- La diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado o en su defecto
con cualquier persona de su familia, doméstico, portero, vecino o agente de policía,
pudiéndose romper las cerraduras de las puertas de la casa si fuere necesario. Los
muebles u objetos que en ella se encuentren, si no hubiere persona de la familia del
demandado que los recoja u otra persona autorizada para ello, se remitirán con
inventario, a disposición del Juzgado, a la primera autoridad Municipal del lugar,
haciéndose constar este hecho en las actuaciones.
457. Si el actor lo pide, al ejecutarse el lanzamiento se embargarán y depositarán
bienes bastantes para cubrir las pensiones y costas reclamadas. La designación de
aquéllos se hará conforme a la Ley. Lo mismo se observará al hacerse el
requerimiento de que se habla en este Capítulo.
457 Si el actor lo pide, al ejecutarse el lanzamiento se embargarán y deposita-
rán bienes bastantes para cubrir las pensiones y costas reclamadas. La designación
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de aquellos se hará conforme a la ley. Lo mismo se observará al hacerse el requeri-
miento de que se habla en este capítulo.
La interpretación sintáctica del numeral 448, nos indica que el sujeto
simple de la oración es el juicio extraordinario y que el predicado simple es la
procedencia de dicho juicio; que el complemento especificativo del sujeto es
la desocupación y que el complemento del predicado son las causas de la
desocupación. Por ello, el juicio está limitado a la pretensión de desocupa-
ción, quedando excluidas otras pretensiones distintas a ella, como puede ser
el cumplimiento del contrato en lo que concierne al pago de rentas, que dicho
de paso, es una acción personal y no acción real como es la desocupación.
Las causas de la desocupación están pre establecidas en la ley. Las
fracciones I y II, se refieren al vencimiento legal y contractual del arrenda-
miento; la III a la falta de pago de rentas; la IV a la ocupación del bien arren-
dado cuando el contrato no está celebrado en la forma legal, y la V a cual-
quier otra infracción que motive la rescisión del contrato.
El juicio en donde se probarán estas causales de desocupación, es el
extraordinario, pero con las reglas particulares que se detallan desde el ar-
tículo 448 Bis hasta el 458 del Código Procesal Civil, y a falta de las segun-
das tienen aplicación las primeras.
Esas reglas particulares están divididas en dos grupos, a saber: Re-
glas especiales y reglas comunes. Las especiales consisten en el requeri-
miento al arrendatario para que en la diligencia de emplazamiento, comprue-
be con el recibo correspondiente, estar al corriente en el pago de las rentas,
o bien, para que cubra el adeudo, o para que en su caso, exhiba el contrato
de arrendamiento, y de no hacerlo, se le prevenga para que dentro de 45
cuarenta y cinco días cuando la finca sirva para habitación, giro industrial o
mercantil, o dentro de 90 noventa días, cuando se trate de predios rústicos,
proceda a desocuparla, apercibido que de no hacerlo, será lanzado a su cos-
ta. El resto de las reglas del procedimiento, son las comunes. Las especiales
solamente son aplicables a la desocupación causada en la falta de pago y la
ocupación de una habitación u otro local o predio sin haberse celebrado en la
forma legal el contrato de arrendamiento respectivo, pues la simple literalidad
del 448 Bis, así lo dispone, así que por exclusión, las reglas especiales no
aplican a ningún otro supuesto; en cambio, las reglas comunes se aplican a
la desocupación, cualquiera que sea su causa.
Dicho en otras palabras, de la interpretación literal del artículo 448 Bis
del Código de Procedimientos Civiles, vemos que de manera expresa nos
remite limitativa y solamente a 2 dos y no a todas de todas las fracciones del
artículo 448, así que las reglas especiales se deben observar si la demanda
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de desocupación está apoyada en sus fracciones III y IV, pero no se deben
observar si la demanda encuentra sustento en las demás las porciones nor-
mativas, pues de proceder conforme a la letra esas reglas, llegaríamos a la
irracional e inadmisible realidad de requerir de pago al demandado o de re-
querirlo por la exhibición del contrato, con las prevenciones y apercibimiento
legales, si el actor funda la desocupación en el vencimiento del contrato de
arrendamiento, pues en este caso imaginario, no existe correspondencia en-
tre la causa de la demanda con las medidas procesales, en razón a que no
es lógico ni jurídico pensar que al vencimiento del contrato, la medida provi-
sional que le corresponde, es la exhibición del mismo, o la medida que le
corresponde es un requerimiento de pago de rentas, y todavía más, si el de-
mandado no paga o no justifica el pago de las rentas, se le previene para
que desocupe la finca y no lo hace, se le apercibe de ser lanzado a su cos-
ta, cuando que la causa del procedimiento es la terminación del contrato.
Entonces, la desocupación basada en la falta de pago, es de las pre-
tensiones que Sí se tramitan con reglas especiales y es precisamente, es el
objeto del presente control constitucional; en tanto que la desocupación ba-
sada en las demás causas de rescisión del contrato de arrendamiento, es de
las que se tramita sin tales reglas, y no es el objeto de la presente resolu-
ción.
Luego, en el texto de las reglas especiales antes reproducidas, desta-
can dos palabras que son: Desocupación y lanzamiento. Así tenemos que en
los artículos 448 primer párrafo, 448 Bis párrafo primero, fracción I párrafo
segundo, y 454, en la elaboración de la norma, el legislador se auxilió de la
palabra desocupación; mientras que en los numerales 448 Bis fracción I, pá-
rrafo segundo, 454, 455 y 457, se valió del vocablo lanzamiento. A simple
interpretación, pareciera que los términos mencionados significan lo mismo.
Sin embargo, lo contrario indica su interpretación teleológica y armónica con
las demás reglas del juicio que nos ocupa.
Efectivamente, en la sustanciación de este juicio, el arrendador es re-
querido, prevenido y apercibido. Lo primero porque en la diligencia de em-
plazamiento, es requerido para que en el acto comprueba con los recibos
correspondientes, estar al corriente en el pago de las rentas vencidas en que
su contraria parte, motiva la demanda, o bien, se le requiere por el pago de
tal concepto. Al no justificar el pago con los recibos o al no pagar, se le pre-
viene para que desocupe la finca arrendada, en 45 cuarenta y cinco o 90
noventa días, según corresponda, y se le apercibe que al no desocupar el
bien arrendado, será lanzado a su costa. El lanzamiento es decretado en la
sentencia definitiva, si ya estuvieren vencidos tales plazos y si el demandado
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no desahitó la finca dentro del tiempo que le fue concedido para tal efecto.
En el acto del lanzamiento, el actor puede embargar bienes del demandado,
suficientes a garantizar las pensiones y costas reclamadas.
Nótese que la prevención de ley, es una exhortativa al arrendador, pa-
ra que desocupe voluntariamente la finca arrendada, sin necesidad de que el
estado haga uso de su fuerza para lograr tal fin; pero si el inquilino no de-
socupa voluntariamente la finca, en su oportunidad, el juez decreta el lanza-
miento inmediato, y para obtenerlo, puede ordenar el rompimiento de cerra-
duras y el uso de la fuerza pública. Nótese que el estado ejerce su poder, y
consecuentemente, el lanzamiento es forzoso.
A modo de colofón, desde el punto de vista legal, desocupación es la
pretensión que el arrendador reclama en juicio al arrendatario, o bien, la en-
trega voluntaria del bien arrendado; mientras que el lanzamiento es forzoso.
En el lenguaje vulgar, las palabras desahucio, desocupación, lanza-
miento y desalojo, son sinónimos que comunican una misma idea en pala-
bras expresadas y escritas en forma distinta, sin hacer distinción conceptual
alguna, y por lo tanto esas palabras son aplicables a cualquier contexto, pero
al momento de llevarlas al campo del derecho procesal civil, son de signifi-
cado distinto y comunican ideas bien distinguidas.
En el lenguaje forense, el procesalista Ignacio Medina Lima, anota:
“Desahucio. I. Del verbo desahuciar, quitar las esperanzas. Proviene del latín
fiducia, que significa confianza, seguridad, creencia; por tanto, el proceso de
desahucio lo promueve el arrendador de un inmueble que ha perdido la con-
fianza en su arrendatario y decide expulsarlo, despedirlo del mismo. Suelen
usarse como sinónimos de desahucio, las palabras desalojo, lanzamiento y
desocupación.” Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones
Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. Editorial Porrúa. Sép-
tima edición. Tomo D – H, página 1070.
¡Cuánta razón! tiene ese procesalista por que en los pasillos de los tri-
bunales, de las aulas universitarias y varios lugares más, profesionistas y
alumnos, al hablar del punto en estudio, utilizan indistintamente dichas pala-
bras como términos sinónimos, sin entender la distinción empleada tácita e
implícitamente por el legislador en la confección de la ley.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Ob-
servación General número siete, habla de los desalojos y los define como “el
hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las
tierras que ocupan en forma permanente o provisional, sin ofrecer los medios apro-
piados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. En la
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misma observación, distingue entre los desalojos forzosos y los desalojos
llevados a cabo legalmente.
En este panorama, el marco conceptual a seguir en la presente reso-
lución, es el lenguaje empleado en el Código Adjetivo, puesto que en la im-
partición de justicia, al operador de la ley, no queda otra más que dotar de
significado al lenguaje utilizado por el legislador en la confección de la nor-
ma.
3.3.- Rescisión Y Desocupación. Diferencias Definidos los vocablos
rescisión y desocupación, ahora procede estudiar la semejanza y la diferen-
cia que existe entre la falta de pago como causa de una y como causa de la
otra. Sobre este particular, cabe decir que ambas tienen su fuente en la falta
de pago; pero la rescisión tiene su apoyo en una o varias pensiones no pa-
gadas y la desocupación precisa como mínimo de dos impagos de rentas. La
rescisión tiene su fuente en la falta de pago oportuno, y la desocupación, en
la simple falta de pago. Siendo así, para los ojos de la rescisión, el deudor
que liquidó la renta un día después del acordado con su deudor, merece la
punición legal; en tanto que para los ojos de la desocupación, el arrendador
puede pagar las rentas tiempo después del pactado; tanto es así que el in-
quilino puede cumplir al momento de ser requerido de pago, durante la trami-
tación del juicio y hasta antes de ser lanzado, en cuyos casos concluye el
juicio, a menos que conjuntamente con la desocupación, se hubiere deman-
dado la rescisión del contrato. De este modo, la litis queda reducida a la res-
cisión del contrato, lo cual pone de manifiesto el perjuicio que recibe el de-
mandado, a quien primeramente se le hizo pagar las rentas y después queda
sujeto al juicio rescisorio, en beneficio de su contraparte, que obtiene 2 dos
provechos procesales de una misma causa.
Si el actor optó por demandar la desocupación fundada en la falta de
pago, cabe decir que al radicar la demanda, el juez ordena requerir a la
parte demandada para que pague o demuestre con los recibos estar al
corriente en el pago de las rentas, o bien, para que exhiba el contrato de
arrendamiento, y para el caso de no hacerlo, se la prevenga para que
desocupe la finca arrendada dentro del término de 45 cuarenta y cinco días
cuando la finca sirva para habitación, giro industrial o mercantil, o dentro del
plazo de noventa días, cuando se trate de predios rústicos, proceda a
desocuparla, apercibiéndolo de su lanzamiento a su costa, si no lo hace, y
ordena además, se le emplace a juicio, concediéndole el término de 5 cinco
días para que conteste la demanda. Contestado o no contestada la
demanda, el juez abre el juicio a prueba durante 5 cinco días y en el auto en
donde las tenga por ofrecidas, determinará las que habrán de admitirse,
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señalará fecha y hora para la audiencia de desahogo, alegatos y dictará
sentencia dentro del término de cinco días. Si la sentencia es absolutoria,
evidentemente que el reo es absuelto y queda sin efectos la medida
provisional dictada por el juez en el auto de radicación. En cambio, si la
sentencia es condenatoria, el juez decretará el lanzamiento inmediato, y si el
actor lo pide, al ejecutarse el lanzamiento se embargarán y depositarán
bienes bastantes para cubrir las pensiones y costas reclamadas. La
designación de aquéllos se hará conforme a la Ley. Lo mismo se observará
al hacerse el requerimiento de pago. Contra la sentencia, el demandado
puede interponer el recurso de apelación el cual será admitido en el efecto
devolutivo.
Es así que las sentencias de fondo que recaen a los juicios de resci-
sión y desocupación, ponen en claro el conflicto originado por el incumpli-
miento de un contratante; empero la sentencia del primero, tiene 2 dos efec-
tos: Uno, como su nombre lo indica, el de declarar la rescisión del contrato
de arrendamiento, y el otro es la restitución del inmueble al arrendatario, pe-
ro sin observar ningún trámite especial; en cambio, la sentencia del segundo,
tiene un solo efecto, que consiste en el lanzamiento con apego a los trámites
especiales, que al no estar observados por el demandado, motivan el lanza-
miento inmediato. Luego la restitución es un efecto accesorio porque sigue la
suerte de la rescisión, puesto que al estar rescindido el contrato, habrá resti-
tución, y en caso contrario, no podrá haberla; mientras que la desocupación
es un efecto principal de la sentencia dictada en el segundo juicio. Como se
puede observar, el juicio de desocupación fundado en la falta de pago de 2
dos o más rentas, es en parte sumario y en parte doblemente ejecutivo.
3.4.- Sumario Y Ejecutivo. Es sumario por que una demanda de
desocupación se ventila en la vía extraordinaria civil y por la brevedad de su
trámite procesal antes detallado
Es ejecutivo, en primer lugar, porque no en ejecución de sentencia
definitiva, sino más bien, desde el auto de radicación de la demanda, y su
posterior notificación al demandado, hay un principio de ejecución que
consiste en la preparación del lanzamiento, específicamente, en el
requerimiento al demandado para que en el acto de la diligencia, demuestre
con los recibos correspondientes estar al corriente en el pago de las rentas,
para que pague el adeudo, y de no hacerlo, se le prevendrá para que
desocupe el inmueble en 45 días o 90 noventas, por lo que en sentencia
definitiva, se procederá al lanzamiento inmediato si ya estuviere vencido ese
término, lo cual significa que seguidamente al emplazamiento, ya se está
preparando la ejecución de la sentencia.
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Es ejecutivo en segundo lugar, dado que el precio por el uso y goce
del inmueble arrendado, está constituido por una cantidad líquida de
dinero que se obligó a pagar el arrendatario en cierto lugar, día, mes y
año, según el pacto de las partes en el contrato de arrendamiento y a
falta de domicilio, en la casa habitación o despacho del arrendatario.
Luego, el vencimiento de la fecha y el impago de 2 dos o más rentas,
hacen del contrato, un título ejecutivo que trae aparejada ejecución,
porque en el consta una cantidad cierta de dinero, líquida y de plazo
vencido. Cierta por que la obligación de pagar rentas por el uso y goce
del inmueble arrendado, deriva y consta en el contrato de
arrendamiento; líquida por que la renta está determinada en moneda
nacional o extranjera y vencida por que el arrendatario no pagó la
renta llegado el día de su pago, todo ello con fundamento en las
cláusulas pactadas por las partes en el documento fundatorio de la
acción. De consiguiente, la deuda es exigible y el contrato de
arrendamiento es una prueba preconstituida de la acción y por lo
mismo, trae aparejada ejecución.
Contrastación
1.- Parámetro Constitucional. Artículos 1°, 4,14 y 17 de la Carta
Magna; 8.1, 24 y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; 11.I del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Observación General número 4 cuatro, puntos 7 y 8 inciso a y
Observación General 7, ambas del Comité De Derechos Sociales,
Económicos Y Culturales, jurisprudencia nacional, jurisprudencia de la Corte
Interamericana De Derechos humanos que se irán invocando a lo largo del
presente control difuso de constitucionalidad.
2.- Normas Secundarias: Artículos 448 Bis fracción primera,
párrafos segundo, tercero y cuarto; 453,454 y 457 del Código de
Procedimientos Civiles.
3.- Interpretación Conforme En Sentido Estricto. El motivo del
control difuso de constitucionalidad objeto de la presente resolución, es la
posible compatibilidad o posible incompatibilidad de las normas procesales
con las normas supremas, más no así las posibles interpretaciones que
puedan admitir las primeras.
4.- Interpretación Conforme En Sentido Amplio. Las normas
secundarias serán contrastadas a la luz de los derechos humanos
siguientes: A la vivienda, igualdad ante la ley, debido proceso y recurso
efectivo.
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Cabe resaltar que las normas secundarias tienen a su favor la
presunción de Constitucionalidad. Dicha presunción quiere decir que el
legislador las elaboró con apego a la Carta Magna, y así, conservan su
constitucionalidad mientras no está demostrado lo contrario. Entonces el
control difuso de constitucionalidad que nos ocupa, arranca de esa
presunción.
5.- Derecho a La Vivienda. El artículo 11.I del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el del tenor siguiente: “Los
estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel
de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda ade-
cuados…” mientras que el artículo 4 párrafo sexto de la Norma Suprema en el
país, ordena: “… Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decoro-
sa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal obje-
tivo…” en tanto que el Comité de derechos sociales, económicos y culturales,
en la observación general número 4 cuatro, puntos 7 y 8 inciso a, ha dicho
que es el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte; que
el arriendo es una de las modalidades por las cuales se puede tener acceso
a la vivienda; que uno de los aspectos que contribuye para que una vivienda
sea adecuada, es la seguridad jurídica de la tenencia, que quiere decir que
todas las personas deben tener un mínimo de seguridad jurídica que les ga-
rantice contra el desahucio.
Por ende, la vivienda es el derecho fundamental para el disfrute de to-
dos los demás derechos económicos, sociales y culturales, como son la edu-
cación, la salud, el trabajo, la alimentación, libre desarrollo de la personali-
dad, etcétera, o sea, que la vivienda es necesaria para la supervivencia y
para llevar una vida segura; de modo que la amenaza del derecho a la vi-
vienda, es una amenaza a la integridad física y mental de las personas.
Más específicamente hablando, el arriendo, como una forma de ac-
ceder a la vivienda, es uno de los medios que posibilitan el proyecto de vida
personal. Para tener derecho a una vivienda arrendada, es preciso pagar el
precio por el uso y goce de la cosa arrendada. Cuando el arrendatario deja
de pagar rentas, el arrendado no recibe el pago, no puede por su propia
mano entrar en posesión del inmueble, ni tampoco puede disponer de él para
comprometerlo en nuevo arrendamiento para obtener las rentas que ha de-
jado de percibir. En este escenario, la ley protege al dueño de la finca, pues
de manera provisional, le permite embargar y asegurar con bienes del de-
mandado, el pago de las rentas vencidas e impagadas y las que se sigan
venciendo. Además, en la diligencia de emplazamiento, el actuario judicial
previene al demandado para que desocupe la finca arrendada, cuando no
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paga ni demuestra con los recibos correspondientes estar al corriente en el
pago de rentas, y lo apercibe de desocupar el inmueble o de ser lanzado a la
fuerza al no hacerlo voluntariamente.
Por la línea de la falta de pago, el deudor debe pagar las rentas con
dinero o con bienes de su propiedad; de manera que sí existe
correspondencia entre el antecedente adeudo con su consecuente pago o
embargo de bienes. De aquí se sigue que la garantía lógica y natural del
impago, es el embargo de bienes.
Ahora, por la línea del requerimiento, de la prevención y del
apercibimiento, son contrarios al mínimo de seguridad jurídica de la vivienda,
porque lejos de otorgar al inquilino un mínimo de protección en la
substanciación del juicio, le causan un daño moral que lo amenaza con
lanzarlo, perturbando la paz, la seguridad y la integridad mental con que toda
persona debe vivir, por las siguientes razones: 1.- El demandado litiga
intimidado e intranquilo de ser lanzado. 2.- Como no sabe a ciencia cierta si
triunfará o no triunfará en juicio, tampoco sabe a ciencia cierta si debe o no
debe desocupar la vivienda, antes de ser lanzado. 3.- Si opta por
desocuparla y después obtiene sentencia absolutoria, la tutela judicial no fue
efectiva. 4.- Si opta por no desocuparla y posteriormente la sentencia es
condenatoria, inmediatamente es lanzado, en la calle quedan su proyecto de
vida y los derechos sociales, económicos y culturales que penden o
dependen de la vivienda, aún sin haber intentado ni menos agotado el
recurso de apelación ni el amparo directo.5.- La realidad nos ha demostrado
que frente a esta atmósfera tan incierta y tan sofocante, los demandados se
han visto orillados a desocupar el inmueble antes de que el juez dicte
sentencia definitiva.
Así las cosas, el derecho que la ley concede al acreedor, es
incompatible con los artículos 4 Constitucional y 11.I del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En consecuencia, por
jerarquía, ese derecho secundario no puede estar encima de las normas
supremas del sistema jurídico mexicano.
6.- Igualdad Ante La Ley. El artículo 1 de la Carta Magna, dice:” En
los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Esta-
do Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se inter-
pretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. To-
das las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promo-
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ver, respetar proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En con-
secuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Además, el artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos, establece:” Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuen-
cia, tiene derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”
En el caso Yatama contra Nicaragua. Excepciones preliminares, fondo, repa-
raciones y costas. Sentencia de 23 veintitrés de Junio de 2005 dos mil cinco. Serie No
127, párrafo 186, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo: “El artículo 24
de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no
solo en cuanto a los derechos consignados en dicho tratado, sino en lo que respecta
a todas las leyes que apruebe el estado y su aplicación”
Asimismo, en el caso Castañeda Gutman, contra Estados Unidos Mexica-
nos. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 seis de
Agosto de 2006 dos mil seis, serie No 184, párrafo 210 dos cientos diez, consideró: “El
artículo 24 de la Convención prevé que todas las personas son iguales ante la ley. En
consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección.”
De acuerdo con este bloque de constitucionalidad, todas las personas
son iguales ante la ley, y por ello, tienen derecho a ser tratadas y protegidas
sin distinción alguna, como puede ser distinción por razón de sexo,
orientaciones sexuales, de color, etcétera. La igualdad es uno de los valores
superiores del orden normativo; de modo que en el ámbito legislativo, el
principio de igualdad impone al legislador, en la confección de la norma, dar
trato igual a las personas que se encuentren en la misma situación, y dar
trato desigual a quienes se encuentren en situación diferente; mientras que
en el campo de la aplicación, al operador corresponde individualizar la
disposición general al caso concreto, y en el terreno de la interpretación, el
análisis de la constitucionalidad o de la convencionalidad, debe responder a
los siguientes criterios: a).- La igualdad es el parámetro o término de
comprobación apropiado, que sirve de arranque en la interpretación. b).- La
diferencia debe estar permitida en la Constitución Federal o en algún tratado
de Derechos Humanos, y c).- El trato desigual no debe ser contrario a los
Derechos Humanos consignados en tales instrumentos. Sirve de apoyo a
estas consideraciones, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Tesis: 2ª./J.
42/2010
Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Novena Época 164779 1 de 1
SEGUNDA SALA Tomo XXXI, Abril de 2010 Pag. 427 Jurisprudencia(Constitucional)
[J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Abril de 2010; Pág. 427
IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA
CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA
GARANTÍA. La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre
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dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí
mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la
constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no
se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto
constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que
funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante
para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de
la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que
permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en
éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros
individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio
término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no
sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía
individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato,
debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente
válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no
exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación
derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad
perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las
prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y
tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues
respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable,
sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la
diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es
decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o
posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen
estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este
sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no
contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones
concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad
la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin
perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate
resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se
procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a
efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean
desproporcionados con respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de
proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en
cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea
la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia. SEGUNDA SALA.
Amparo en revisión 1155/2008. Ramón Ernesto Jaramillo Politrón. 21 de enero de
2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel
Martínez Estrada. Amparo en revisión 221/2009. Wal-Mart de México, S.A. de C.V.
(ahora Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.). 20 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela
Domínguez. Amparo directo en revisión 1818/2008. Martha Ponce de León y otros. 24
de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Amalia
Tecona Silva.
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Amparo en revisión 2131/2009. Carlos Ruiz Carrillo y otros. 11 de noviembre de 2009.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria:
Blanca Lobo Domínguez. AMPARO EN REVISIÓN 50/2010. Minera Peñasquito, S.A. de
C.V. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Sa-
las. Secretario: Israel Flores Rodríguez. Tesis de jurisprudencia 42/2010. Aprobada por
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de abril de dos
mil diez.
En el caso que nos ocupa, la igualdad es el parámetro a seguir en la
interpretación de las normas sospechosas, a efecto de saber si existe o no
existe igualdad normativa en el lanzamiento de inmediato. El parámetro está
previsto en los artículos 1 de la Carta Magna, 24 de la Convención y en los
casos Yatama vs Nicaragua y Castañeda Gutman vs Mèxico arriba expues-
tos. Las categorías sospechosas son los artículos 448 Bis Fracc. I párrafo
segundo, tercero y cuarto; 453 y 454 de la Ley Procesal Civil.
Sobre este contexto, en los términos del artículo 2227 del Código Civil,
el arrendamiento es un contrato por medio del cual una persona transmite el
uso y goce temporal de una cosa, y la otra se obliga a pagar un precio por el
uso y goce de la cosa. De aquí se sigue que ambos contratantes, uno como
obligado y el otro como acreedor, se encuentran en el mismo rango contrac-
tual, puesto que al derecho de uno, le corresponde la obligación del otro, y a
la inversa. Luego, si el arrendatario deja de pagar 2 dos o más pensiones
rentísticas, da motivo para que el arrendador le demande la desocupación
del bien arrendado. Entonces el juicio sigue las reglas previstas en los artícu-
los 448 fracción III y 448 Bis fracción I, párrafo segundo, de la Ley Adjetiva
Civil, y conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Es-
tado, la autoridad judicial es la competente para conocer el conflicto. Por tan-
to, arrendador y arrendatario, en la trilogía procesal, se encuentran en un
plano de igualdad porque tienen la calidad de partes en juicio, dada su cali-
dad de actor y de demandado, y por ello, deben de recibir el mismo trato le-
gal.
No debemos olvidar que el juez dicta sentencia definitiva; que ordena
el lanzamiento inmediato si el actuario requirió al demandado por el pago de
las retas vencidas y no liquidadas en que el actor funda la demanda; o bien,
que lo haya requerido por la exhibición del contrato de arrendamiento cele-
brado en la forma legal. De igual manera, que para el supuesto de que el
demandado no haya pagado ni exhibido el contrato lo prevenga para que
desocupe la finca arrendada en el término de 45 días o 90 días según co-
rresponda y que lo haya apercibido de lanzamiento sino lo hace. Luego, el
diligenciario notifica la sentencia al demandado e inmediatamente procede a
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lanzarlo; mientras que al día siguiente al lanzamiento al demandado empieza
a correrle el termino de 5 días para inconformarse con dicho lanzamiento.
La comparación de esta radiografía legal con el ser y con la
interpretación funcional de su normatividad, nos enseñan que el arrendatario
primero será vencido y luego será escuchado en la alzada, lo cual quiere
decir que interpone la apelación con el estorbo, o el tropiezo o el
inconveniente de encontrarse lanzado, fuera del inmueble arrendado, con
sus enseres en la vía pública, expuesto con su familia a la inseguridad
creciente en México sin domicilio legal o convencional, atributo inherente a
las personas físicas y morales, según lo dicen los artículos 23, 24,25, 26
párrafo segundo y 27 del Código Civil, es decir, que si primero es lanzado y
luego le empieza a correr el término de 5 cinco días para inconformarse con
la sentencia definitiva, entonces el término para apelar le arranca desde la
calle, al desamparo de un techo en donde vivir, dormir, alimentarse, y en
general, en donde realizar su proyecto de vida, y en consecuencia, su
derrota sin plena audiencia, le genera una afectación anímica y moral que
muy probablemente lo conduzcan a tomar la decisión de no agotar el recurso
de apelación.
Ante tal drama procesal, el demandado, como cualquiera otra
persona, queda colocado en un estado de incertidumbre o en el dilema de
apelar o no apelar el fallo de primera instancia. Claro, si fue lanzado,
indudablemente que dentro de 5 cinco días de que dispone para apelar, en
un lugar esta viviendo como arrimado o como arrendatario, y entonces lo
más probable es que no interponga el recurso porque no estaría interesado
en la restitución de la vivienda, pues su necesidad de un cobijo la tiene
satisfecha de alguna manera, y entonces, lo más probable es que no vaya a
ejercer su derecho a recurrir, tal y como acontece en la realidad, en la praxis
judicial, encargadas de mostrarnos que en la gran mayoría de las veces, por
temor, por dudas jurídicas o por la imposibilidad de predecir el resultado del
juicio, el demandado, antes de que el juez dicte sentencia definitiva en
primera instancia, opta por deshabitar el bien dado en arrendamiento, y
consecuentemente, no puede acceder a la apelación ni después al amparo
indirecto. Ahora, si decide ejercer su derecho a impugnar la sentencia, sin
lugar a dudas, lo ejerce lanzado y con todas las consecuencias producidas
por el lanzamiento inmediato.
Desde la arista del arrendador, antes de iniciar el juicio, iniciado, trami-
tado y concluido hasta la primera instancia, no tenía la posesión de la finca
arrendada; pero a consecuencia del lanzamiento inmediato, recibe la pose-
sión material y jurídica de ella y lo ubica en la posibilidad de disponerla para
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darla en un nuevo arrendamiento, para autorizar el subarriendo de la finca,
para remodelarla, entre otras cosas más, que inclusive pueden hacer impo-
sible la restitución del bien al demandado, para la hipótesis de que obtenga
sentencia absolutoria en segunda instancia o en amparo directo.
El balance de la situación de arrendador y arrendatario, permite ver
que el primero inicia el juicio sin posesión del bien, mientras que el segundo
se encuentra en posesión del inmueble; al terminar la primera instancia, el
demandado es lanzado inmediatamente y el actor recupera la posesión; pos-
teriormente, el arrendador puede disponer de la cosa objeto del arrenda-
miento, e imposibilitar la restitución del inmueble al arrendatario, si este ob-
tiene sentencia favorable en segunda instancia o en amparo directo; el actor
accede al recurso en su calidad de ejecutante y el demandado en su calidad
de ejecutado; el arrendador accede al recurso en plenitud de condiciones y el
demandado accede al recurso en condiciones adversas a su persona.
Es así que las normas sospechosas dan un trato desigual al arrenda-
dor y al arrendatario, a pesar de que en el ámbito contractual y en el ámbito
procesal se encuentran en un plano de igualdad; pero esta desigualdad no
encuentra su apoyo en un hecho sustancialmente diferente, antes bien, el
hecho es igual porque ya se dijo, arrendador y arrendatario se encuentran en
el mismo rango de igualdad ante el contrato y ante el procedimiento; de tal
suerte que la disposiciones legales en apariencia son iguales para las partes;
pero al aplicarlas chocan con la realidad y van contra la razón.
7.-Debido Proceso. El artículo 14 Constitucional dispone: “… Nadie
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al he-
cho…” y su correlativo artículo 8.I de la Convención Americana Sobre
Derechos Humanos, preceptúa:“ Toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o
tribunal…para la determinación de sus derechos y obligaciones del or-
den civil,…”
En concordancia con estas supremas disposiciones, existe otra de
igual jerarquía, que es el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre De-
rechos Humanos, ordena: ”Toda persona tiene derecho a ser oída con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada
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contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”
A tono con tales disposiciones, el artículo 17 de la Constitución Fede-
ral, dispone: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justi-
cia por tribunales que estarán expeditos para impartirlas en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial…”
Conforme a esta suprema normatividad, todas las personas tienen el
derecho subjetivo de demandar al estado, la impartición de justicia cuando
un arbitrario ha violado sus derechos. A su vez, el estado, tiene la obligación
de establecer tribunales competentes para resolver los conflictos que aque-
jan a los particulares. Los tribunales judiciales, entre otros, son los órganos
del estado facultados para impartir justicia mediante un juicio que debe ob-
servar sus formalidades esenciales y así, los tribunales dicten sentencia de
fondo, ya sea condenando o absolviendo, esto es, que los justiciables deben
primero debe ser oídos y después vencidos en juicio.
Veamos: Todo procedimiento judicial, por lo menos debe abarcar esas
formalidades que son las que posibilitan la defensa del actor y la del
demandado en juicio, y a la autoridad el dictado de las resoluciones
judiciales, como puede ser la sentencia definitiva. Sin embargo, los artículos
que nos ocupan, no establecen cuáles son las formalidades esenciales
mínimas o garantías mínimas que debe cumplir todo juicio. Por ello, ante ese
silencio, el Pleno de nuestro Máximo Tribunal en la república, sentó
jurisprudencia señalando que de manera genérica, las formalidades
esenciales son: Demanda, emplazamiento, ofrecimiento y desahogo de
pruebas, alegatos y sentencia, es decir, que la previa audiencia o debido
proceso consiste en otorgar al gobernado, la oportunidad de defensa antes
de que tenga lugar al acto privativo. Con otras palabras, el justiciable primero
debe ser oído y después vencido, pero no al contrario. Sirve de apoyo a esta
consideración, la jurisprudencia que a continuación se transcribe:
Tesis: P./J.
47/95
Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta
Novena
Época 200234 1 de 1
PLENO Tomo II, Diciembre de 1995 Pag. 133 Jurisprudencia(Constitucional,Común)
[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo II, Diciembre de 1995; Pág. 133
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO
PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional
consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto
privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto
impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga
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"se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que
resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y
que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación
del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y
desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4)
El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse
estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es
evitar la indefensión del afectado. Amparo directo en revisión 2961/90. Opticas Devlyn
del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente:
Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo
directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de
dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de
1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl
Alberto Pérez Castillo. Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de
1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma.
Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia
Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano
Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno en
su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de
once votos de los ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro,
Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero
y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia
que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para
integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco.
De las formalidades esenciales, el pronunciamiento de la sentencia
definitiva es el acto jurisdiccional que en su caso, ordena la privación de las
libertades, propiedades, cosas o derechos del hombre. Para que un
procedimiento legal tenga la calidad de pleno, además de las etapas
señaladas en forma genérica por la jurisprudencia, debe brindar al perdidoso,
la oportunidad de combatir la sentencia definitiva por todos los medios
legales que la ley pone a disposición del sentenciado para la defensa de sus
derechos, y además, le debe dar oportunidad para combatir las resoluciones
judiciales en amparo directo, amparo adhesivo o amparo indirecto, según
corresponda. En el proceso civil local los medios legales son: Los recursos
de revocación, apelación y queja. En el proceso constitucional los recursos
son: Revisión, revisión adhesiva, queja y reclamación. La ley provee tanto los
amparos como los recursos citados y el justiciable tiene la potestad de
hacerlos o no hacerlos valer.
La garantía de audiencia o el debido proceso no está limitada a la
substanciación de la instancia inicial, sino que también tiene vida en los
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recursos o se hace extensiva ellos, por lo que en su tramitación, el recurrente
primero ha de ser oído y luego la autoridad competente dirá si ha lugar o no
ha lugar al acto privativo. En el caso Claude Reyes y otros contra Chile.
Fondo, reparaciones y costas, sentencia de 19 diecinueve de Septiembre de
2006 dos mil seis, serie C No. 151, párrafo 127, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sostuvo que el recurso efectivo de la Convención debe
tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el
artículo 8.1 de la misma.
Agotados los recursos y los amparos, la verdad es que el justiciable
fue debidamente oído y vencido, por lo cual queda firme la sentencia que
ordena el acto privativo. Si el usuario de la justicia, dentro del término legal,
por algún motivo no combatió en apelación la sentencia que ordenó el acto
privativo, tácitamente la está consintiendo, o si por algún motivo no acudió al
amparo directo, la sentencia de apelación que confirmó el acto privativo,
adquiere firmeza y es ejecutable. Es así que el gobernado, con todas las de
la ley, ya puede ser privado de sus posesiones, propiedades o derechos.
Desde este enfoque, primero deben quedar agotadas debidamente las
formalidades esenciales para que el juez dicte sentencia, que de ser el caso,
ordene la privación, y después que la sentencia quede firme, en ejecución de
sentencia tendrá lugar el acto privativo de derechos, posesiones,
propiedades y libertades. Así que las normas procesales internas, para estar
a tono con el debido proceso, deben brindar al usuario de la justicia, la
oportunidad de defensa plena, o lo que es igual, las leyes procesales que
den al justiciable la oportunidad de defensa a medias, son incompatibles con
la Constitución Federal y con la Convención Americana Sobre Derechos
Humanos.
En otro orden de ideas y para acercarnos más al tema de la
desocupación, se establece que desde el punto de vista jurisprudencial, los
actos privativos son los definitivos y no los provisionales o accesorios. Desde
el mismo punto de vista, la garantía de previa audiencia, solo rige para los
definitivos y no así para los provisionales. Rige para los primeros por que se
dictan en la sentencia definitiva, después de haberse emplazado a juicio al
demandado y después de tramitado el juicio por sus etapas legales o
formalidades esenciales; en cambio, no rige para los provisionales porque
estos, se dictan antes del emplazamiento pero subsisten o no subsisten,
dependiendo del resultado de la sentencia. Sirven de apoyo a estas
consideraciones, las jurisprudencias que a continuación se transcriben:
Tesis:
202
Apéndice
1917-
Novena
Época 1011494 1 de 1
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Septiembre
2011
Pleno
Tomo I. Consti-
tucional 3.
Derechos
Fundamentales
Primera Parte -
SCJN Décima
Segunda Sec-
ción - Debido
proceso
Pag.
1145
EMBARGO JUDICIAL. ES UNA MEDIDA CAUTELAR QUE NO IMPLICA UNA
PRIVACIÓN DEFINITIVA DE DERECHOS POR LO QUE, PARA LA EMISIÓN DEL
AUTO RELATIVO, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
garantía de previa audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14
constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendién-
dose por éstos, aquellos que en sí mismos constituyen un fin, con existencia
independiente, cuyos efectos de privación son definitivos y no provisionales
o accesorios. Ahora bien, dado que el embargo judicial constituye una me-
dida provisional encaminada al aseguramiento de bienes del deudor para
garantizar, en tanto se resuelve en definitiva sobre la pretensión hecha va-
ler, el pago de un crédito reclamado con base en un documento que lleva
aparejada ejecución, debe considerarse que para la emisión del auto relati-
vo -exequendo- no rige la garantía de previa audiencia. Lo anterior se corro-
bora por el hecho de que los efectos provisionales del citado auto quedan
sujetos, en todo caso, a la tramitación normal del juicio de que se trate, en
el que el deudor es parte y donde podrá excepcionarse, dictándose en el
momento procesal oportuno la resolución correspondiente, la que sí podrá
constituir un acto privativo.
Amparo en revisión 9757/84.—Martha Badager de Vallejo.—10 de septiem-
bre de 1985.—Unanimidad de veintiún votos.—Ponente: María Cristina
Salmorán de Tamayo.—Secretario: Arturo Iturbe Rivas. Amparo en revisión
1650/94.—Pisos y Azulejos Baja California, S.A. de C.V.—25 de enero de
1996.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: Juventino V. Castro y Cas-
tro.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Roberto
Hernández Pérez. Amparo en revisión 1749/94.—Adalberto Hernández Pi-
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neda y otro.—29 de enero de 1996.—Unanimidad de diez votos.—Ausente:
José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Juan Díaz Romero.—Secretario:
Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo en revisión 497/96.—Promojol, S.A. de
C.V.—25 de noviembre de 1996.—Unanimidad de diez votos.—Ausente:
Humberto Román Palacios.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—
Secretaria: Adela Domínguez Salazar. Amparo en revisión 595/96.—G.G.
Consultores, S.A. de C.V. y otra.—11 de febrero de 1997.—Once votos.—
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretaria: Adriana Escorza
Carranza. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el ocho de sep-
tiembre en curso, aprobó, con el número 66/1997, la tesis jurisprudencial
que antecede.—México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de mil nove-
cientos noventa y siete.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI,
septiembre de 1997, página 67, Pleno, tesis P./J. 66/97; véase ejecutoria en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI,
septiembre de 1997, página 68. Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Cons-
titucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página
227, Pleno, tesis 186.
Tesis: 216 Apéndice 1917-Septiembre 2011 Novena Época 1011508 1 de 1
Pleno
Tomo I. Constitucional 3. Derechos
Fundamentales Primera Parte - SCJN
Décima Segunda Sección - Debido
proceso
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MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE
PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.
Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la
garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo
14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, enten-
diéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existen-
cia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o acceso-
rios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisio-
nales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; ac-
cesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias,
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debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el
peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegu-
rando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garan-
tizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún
menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino
también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurí-
dico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se
reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales
providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales
quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento admi-
nistrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es
parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenien-
tes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no
rige la garantía de previa audiencia.
Amparo en revisión 284/94.—Cuauhtémoc Alvarado Sánchez.—27 de
febrero de 1995.—Once votos.—Ponente: Humberto Román Palacios.—
Secretaria: Laura G. de Velasco de J. O’Farril. Amparo en revisión 322/94.—
Elia Contreras Alvarado.—9 de julio de 1996.—Once votos.—Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Juan Carlos Cruz Razo. Amparo en
revisión 710/95.—Jorge Arturo Elizondo González.—16 de mayo de 1996.—
Unanimidad de nueve votos.—Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Ge-
naro David Góngora Pimentel.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—
Secretario: Óscar Germán Cendejas Gleason. Amparo en revisión 1749/94.—
Adalberto Hernández Pineda y otro.—29 de enero de 1996.—Unanimidad de
diez votos.—Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Juan Díaz
Romero.—Secretario: Jacinto Figueroa Salmorán. Amparo directo en revi-
sión 262/97.—Gabriel Neira Rodríguez y coag.—29 de septiembre de
1997.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre An-
guiano.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Alejandro Villagómez
Gordillo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de
febrero en curso, aprobó, con el número 21/1998, la tesis jurisprudencial
que antecede.—México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de mil nove-
cientos noventa y ocho. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, página 18, Pleno, tesis P./J. 21/98;
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34
véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, No-
vena Época, Tomo VII, junio de 1998, página 173. Apéndice 1917-2000, To-
mo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la
Nación, página 430, Pleno, tesis 374.
Con el propósito de acerarme a la desocupación, en este momento
me ocupo del debido proceso referido a las medidas provisionales y a las
definitivas. A continuación paso a desplegar por separado cada una de estas
figuras procesales.
Medidas provisionales y medidas definitivas. El requerimiento al
demandado por el pago de rentas o por la exhibición del contrato, la
prevención para que desocupe la finca arrendada y el apercibimiento de ser
lanzado son medidas provisionales que el juez dicta al radicar la demanda y
el diligenciario la notifica al demandado en el acta de emplazamiento. Son
medidas provisionales porque pueden quedar subsistentes o insubsistentes
atendiendo a las constancias que obren en autos, en base a las cuales el
juez, al dictar sentencia definitiva resuelve sobre la subsistencia o
insubsistencia.
Ello es así porque si el actor no demuestra las acciones que hizo valer
o si el demandado acredita las excepciones que opuso al contestar la
demanda, al juicio recaerá una sentencia absolutoria, y las medidas
provisionales tomadas al radicar la demanda deben ser levantadas en
definitiva. Suerte distinta corre la hipótesis relativa a la demostración de la
acción o la no demostración de la excepción, en que las medidas
provisionales se elevan a la calidad de definitivas en la sentencia de fondo.
Para ello, el juez, antes de dejar subsistente las medidas, a de verificar si el
diligenciario en verdad requirió, previno, apercibió al demandado y si están
vencidos los 45 cuarenta y cinco o 90 noventa días sin que el arrendatario
haya desocupado la finca arrendada. Si estos requisitos están debidamente
cumplidos, desde el punto de vista legal (y no el constitucional) el juez
ordena el lanzamiento inmediato como una medida definitiva. En
cumplimiento del mandato del juez, el actuario notifica la sentencia al
demandado, y acto seguido inmediatamente procede a lanzarlo.
El lanzamiento inmediato es un acto privativo de la posesión derivada
que el arrendatario detenta sobre el inmueble materia del contrato. Al acto
privativo de nombre lanzamiento inmediato, como medida definitiva, le es
aplicable la garantía de previa audiencia o de debido proceso.
Verifiquemos si el lanzamiento inmediato es respetuoso del debido
proceso o la garantía de audiencia.
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La sentencia definitiva absuelve o condena. En el sistema procesal
mexicano, particularmente en San Luis Potosí, es regla general su
imposibilidad de ser ejecutada inmediatamente por que la parte que no
obtuvo, puede combatirla en apelación y en su caso, acudir al amparo
directo. Mientras transcurre el término para apelarla o mientras corre el
término para acudir el amparo, la sentencia se encuentra sub judice, es
decir, que no se puede hacer efectiva hasta conocer a ciencia cierta el
resultado del recurso o del juicio constitucional. Los artículos sospechosos
contemplan una excepción a la regla general, ya que el legislador permite al
actor ejecutar la sentencia sub judice, y precisamente, aquí está el nudo a
deshilvanar. Esta disposición legislativa, trasciende al debido proceso y a la
garantía de audiencia, en atención a las consideraciones siguientes:
7.1.- De un aspecto, dicha disposición prejuzga el resultado de la
apelación y del amparo, y tácitamente, predice y da por cierto que el
recurrente – quejoso no obtendrá en apelación ni en amparo, o bien, que el
lanzamiento inmediato quedará firme, puesto que lo autoriza en forma
anticipada sin importar ni tomar en consideración las posibilidades de que en
segunda instancia el lanzamiento inmediato sea revocado, o las
posibilidades de que el demandado sea protegido constitucionalmente en
contra del lanzamiento confirmado en la alzada. De otro aspecto, la regla
permite ejecutar el lanzamiento antes de que el demandado ejerza su
derecho a contradecir la orden de ejecución del lanzamiento inmediato; pero
el orden constitucional, lógico y natural es que primero exista una sentencia
condenatoria que ordene el lanzamiento, más no el lanzamiento inmediato.
Segundo: Dejar que inicie y concluya el término para apelar la sentencia.
Tercero: Que esté tramitada la apelación. Cuarto: Dejar que inicie y concluya
el término para acudir en amparo directo. Quinto: Que esté tramitado el
amparo directo. Sexto: Que la autoridad federal haya negado el amparo
solicitado por el quejoso. Reunidos estos requisitos, la sentencia
condenatoria queda firme, y ya es ejecutable, o sea, el arrendatario ya puede
ser lanzado.
7.2.- Es ampliamente sabido que todas las reglas generales, en ellas,
ese orden constitucional y las reglas generales de la ejecución de sentencia,
admiten excepciones como sucede por ejemplo en el juicio ejecutivo civil que
empieza con el embargo provisional de bienes y termina con la sentencia
definitiva que declara subsistente o insubsitente el embargo, en cuya primera
hipótesis, el remate de los bienes embargados se realiza hasta la etapa de
ejecución de sentencia, y que el confeccionador de la norma incorporó el
lanzamiento inmediato en la regla especial, cuyas interpretaciones literal y
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teleológica desprenden que el legislador dotó de fuerza ejecutiva a la
sentencia de fondo, no obstante su falta de firmeza y de ejecutoriedad. Es de
esta forma que al incorporarla, nada dejó para la ejecución de sentencia, no
hay materia para la ejecución de sentencia, pues resulta ilógico decir que en
este momento procesal el diligenciario vuelva a lanzar al demandado y que
al actor nuevamente lo ponga en posesión material y jurídica del inmueble
arrendado; todo lo cual pone de relieve que el lanzamiento inmediato es un
acto que veladamente concluye el juicio sin respetar la previa audiencia o el
debido proceso del demandado para ser oído en apelación o en amparo.
7.3.- No debemos dejar de lado que en la sentencia definitiva, el juez
ordena el lanzamiento inmediato; que el actuario primero notifica la sentencia
al demandado y que acto seguido procede a lanzarlo. Pues bien, el análisis
de esta mecánica de actuaciones judiciales, quita el maquillaje jurídico del
lanzamiento y deja al descubierto la violación al debido proceso, cuenta
habida que el demandado es lanzado sin previo aviso legal que le dé un
plazo razonable para buscar y conseguir un techo en donde vivir o en donde
instalar su negocio industrial, comercial o de la índole que sea, quedando
con su familia sin un domicilio legal o convencional, al desamparo de la vía
pública, de la inseguridad en que desgraciadamente vivimos en México, y
evidentemente que en nuestro querido estado también.
Por las razones hasta aquí expuestas y las que en infra líneas se
expondrán, el lanzamiento inmediato como sanción al incumplimiento de una
obligación, no tiene ninguna justificación lógico- legal ni constitucional, y es
deber del juzgador, vigilar el respeto al debido proceso en la tramitación de
los asuntos y asegurar la permanencia del aquí arrendatario en la finca
citada, no solamente en el mundo de la ley, sino también en el mundo
fáctico, es decir, que el lanzamiento inmediato podría obstaculizar o impedir
la materialización de la sentencia absolutoria, la cual de nada serviría
absolviendo al demandado. Apoyan estas consideraciones la jurisprudencia
internacional: Esta Corte considera que el juez, como director del proceso, debe
velar por que se cumplan a cabalidad las reglas del debido proceso de las partes y el
incumplimiento de éste podría acarrear la aplicación de reglas de nulidad.” Caso Mejía
contra Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 5 de Julio de 2011. Serie C No 228. Párrafo 77.
Como se puede notar, el lanzamiento inmediato trasciende al debido
proceso, puesto que el primero, tiene lugar antes de que empiece a correr el
termino para que el ejecutado pueda recurrir la ejecución mediante el recurso
de apelación, y consecuentemente, si el resultado de la apelación favorece al
recurrente absolviéndolo de las prestaciones reclamadas por el actor, enton-
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ces el fallo de alzada que lo protege, no puede tener la efectividad requerida
por el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
tal y como quedará considerado y fundamentado enseguida.
Desde el rincón de la seguridad jurídica, en específico a la proporcio-
nalidad de la medida definitiva, se establece que en los términos del artículo
2227 del Código Civil, el arrendamiento es un contrato por medio del cual
una persona transmite el uso y goce temporal de una cosa, y la otra se obli-
ga a pagar un precio por el uso y goce de la cosa. De aquí se sigue que am-
bos contratantes, uno como obligado y el otro como acreedor, se encuentran
en el mismo rango contractual, puesto que al derecho de uno, le corresponde
la obligación del otro, y a la inversa. Luego, si el arrendatario deja de pagar 2
dos o más pensiones rentísticas, da motivo para que el arrendador le de-
mande la desocupación del bien arrendado. Entonces el juicio sigue las re-
glas previstas en los artículos 448 fracción III y 448 Bis fracción I, párrafo
segundo, de la Ley Adjetiva Civil, Conforme al artículo 52 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial del Estado, la autoridad judicial es la competente para co-
nocer el conflicto. Por tanto, arrendador y arrendatario, en la trilogía procesal,
se encuentran en un plano de igualdad por que tienen la calidad de partes en
juicio, dada su calidad de actor y de demandado, y por ello, deben de recibir
el mismo trato legal,
Las reglas especiales ya quedaron divididas en provisionales y defini-
tivas. Las provisionales son el requerimiento para que en el acto de la dili-
gencia de emplazamiento, el diligenciario requiera al demandado por el pa-
go de las pensiones rentísticas en que la actora funda su pretensión de de-
socupación, o bien, para que el demandado exhiba el contrato escrito de
arrendamiento, y para la hipótesis de que no haga ni lo uno ni lo otro, se le
prevenga para que dentro del término de 45 cuarenta y cinco días o 90 no-
venta días desocupe el bien arrendado, según corresponda, apercibido que
de no desocuparlo será lanzado del mismo. La regla definitiva es el lanza-
miento inmediato pues el juez, al pronunciar sentencia definitiva, verifica que
el actuario haya hecho saber al demandado, requerimiento, prevención y
apercibimientos citados; que se encuentren vencidos los 45 cuarenta y cinco
o 90 noventa días, y que el arrendatario no haya desocupado el inmueble.
Cumplidos estos requisitos, el juez debe ordenar el lanzamiento inmediato.
Posteriormente, el actuario notifica la sentencia al demandado, e inmediata-
mente procede a lanzarlo.
Siguiendo este camino legal, es fácil advertir que la causa de la pre-
tensión, es la falta de pago de rentas o la exhibición del contrato celebrado
en la forma legal; que la teleología del legislador, es la de sancionar al arren-
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datario incumplido o la de sancionar la falta de contrato de arrendamiento
celebrado en la forma legal, y la de asegurar el éxito de la ejecución de sen-
tencia, primero con el requerimiento, prevención y apercibimiento, y luego
con la notificación de la sentencia y en el instante seguido, con la ejecución
del lanzamiento inmediato, para regresar al arrendador el inmueble materia
del contrato.
El que todo incumplimiento sea sancionado, nadie lo va a discutir,
pues la norma pacta sunt servanda, nos dice que los contratos se hicieron
para cumplir, y adoptando este principio el artículo 1782 del Código Civil, al
perjudicado por el incumplimiento, da la facultad para que reclame la resci-
sión o el cumplimiento del contrato, y además, los artículos calificados de
sospechosos con anterioridad, le permiten reclamar la desocupación con
reglas especiales. Pero que la sanción sea proporcional, es el fondo a discu-
tir.
Para dilucidar el fondo, precisa preguntar: ¿En realidad es necesario
lanzar inmediatamente para lograr el fin perseguido por el confeccionador de
la Ley? En respuesta a la pregunta, se establece que conforme a los artícu-
los 776, 2227, 2310 y 2311de la Ley Sustantiva Civil, las personas tienen el
derecho para adquirir la propiedad de bienes como puede ser un inmueble.
El propietario tiene el derecho a disponer del inmueble, ya sea ocupándolo o
dándolo en arrendamiento o autorizando a otro para que lo dé en arrenda-
miento. Arrendado por sí mismo o por persona autorizada, el arrendador tie-
ne derecho a disponer al pago de rentas y el arrendatario tiene la obligación
de pagarlas; en tanto que el arrendador tiene la obligación de entregar la fin-
ca arrendada para que el arrendatario goce y disfrute de ella.
En el evento de que el arrendatario deje de pagar rentas, no tiene ra-
zón de continuar el contrato, es decir, no puede concebirse un arrendamiento
sin el pago de rentas, ya unilateralmente, por voluntad tácita del ocupante
del bien, dicho contrato quedaría novado por uno de comodato, en el cual un
contratante transmite al otro, la posesión derivada de un inmueble sin ningún
precio a cambio; de aquí se desprende la necesidad de que el contrato sea
cumplido o de que sea rescindido, y para que las cosas vuelvan al estado en
que se encontraban antes de la celebración del contrato, y antes del contra-
to, el arrendador tenía la posesión material del inmueble y el otro contratante
no la tenía, por lo que ahora, el segundo debe entregarla al primero para que
vuelva a disponer de ella, como puede ser ocupándola o rentándola a otra
persona. Adicionalmente, la Ley permite el arrendador volver a poseer el in-
mueble por medio del lanzamiento inmediato en juicio, mismo que el juez
ordena en la sentencia definitiva y el diligenciario notifica la sentencia al de-
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mandado e inmediatamente procede a lanzarlo. Sin embargo, por los funda-
mentos y por las consideraciones vertidos en el apartado subtitulado “ Debi-
do Proceso” no existe razón para lanzar de inmediato al demandado, aun-
que sí la existe para lanzarlo, pues el impago de rentas es la fuente de la
obligación del arrendatario para devolver el bien raíz al arrendador y al no
entregarlo, debe ser lanzado, pero el lanzamiento no puede ejecutarse antes
de que la sentencia adquiera su firmeza legal o de que sea ejecutable, pues
basta la condena a la desocupación y en ejecución de sentencia lanzar al
demandado, de modo que lanzarlo inmediatamente es una medida excesiva,
porque no está asegurando la ejecución de la sentencia, ya que más bien,
está ejecutando la sentencia y no dejo nada para ejecutarla en su oportuni-
dad.
Por último, solo resta agregar que la proporcionalidad no tiene cabida
ni lugar, no tiene nada que ver cuando el demandado que es ejecutado en
primera instancia y después obtiene sentencia absolutoria en segunda ins-
tancia o en amparo, porque probó haber pagado o haber tenido motivo legal
para no hacer el pago, por ello, es arbitraria la ley que ordena dicha medida
que no tiene un mínimo de razón de ser, ya que ninguna correspondencia
existe entre el pago y la justificación del pago, con el requerimiento, preven-
ción, apercibimiento ni con el lanzamiento inmediato, pues este y las medi-
das provisionales previas al mismo, atentan contra la razón y contra la justi-
cia, dado que la sentencia absolutoria en el juicio de desocupación, protege
al demandado negando sea lanzado, y por razones obvias no tiene ejecu-
ción, e injusta es la ley que sin pensar en los recursos de legalidad y de
constitucionalidad, ordena el lanzamiento inmediato anticipadamente.
8.- Recurso Efectivo. El artículo 17 de la Constitución Federal, dispo-
ne: “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirlas en los plazos y términos que fijen las leyes, emi-
tiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”
En congruencia con la Carta Maga, los artículos 8.1 y 25.1 de la Con-
vención Americana Sobre Derechos Humanos, señalan: “Toda persona tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter.” y “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los tribunales o jueces competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometi-
da por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”
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En este bloque de constitucionalidad, todas las personas tienen el de-
recho subjetivo de demandar al estado, la impartición de justicia cuando un
arbitrario ha violado sus derechos. A su vez, el estado, tiene la obligación de
establecer tribunales competentes para resolver los conflictos que aquejan a
los particulares. Los tribunales judiciales, entre otros, son los órganos del
estado facultados para impartir justicia mediante un juicio en donde se les
deben respetar todos los requisitos necesarios para hacer valer sus dere-
chos, y así los tribunales dicten sentencia de fondo, ya sea condenando o
absolviendo, esto es, que los justiciables deben ser oídos y vencidos en jui-
cio. La sentencia que recaiga en juicio, puede ser recurrida por la parte in-
teresada, a efecto de que otra autoridad de mayor jerarquía, se avoque al
conocimiento de la causa y dicte una nueva sentencia, y en su caso, la prote-
ja contra las violaciones a sus derechos fundamentales. Para el los fines del
profesado control, el estado mejica, por medio del poder legislativo en nues-
tra localidad, está obligado a proveer los recursos legales para que el justi-
ciable pueda combatir las resoluciones jurisdiccionales dictadas en primera
instancia.
La Ley local pone los recursos judiciales a disposición del justiciable
los recursos judiciales a fin de que las resoluciones de las autoridades
jurisdiccionales sean revisadas y luego, confirmadas, revocadas o
modificadas. El justiciable tiene la potestad de usar o de no usar su derecho
a recurrir, como a sus intereses mejor convenga. En nuestro orden legal, el
recurso de apelación procedente contra la sentencia definitiva que en su
caso decreta el lanzamiento inmediato, está previsto en los artículos 454 y
455 de la Ley Procesal Civil, que dicen; 454.- La sentencia dispondrá siempre,
cuando se declare procedente el lanzamiento y no se hubiere verificado la
desocupación, que ésta se lleve a efecto una vez vencidos los términos señalados en
el artículo 448 Bis, los que en ningún caso serán renunciables. Si ya estuvieren
vencidos se procederá sin más trámite a ejecutar la sentencia, y sin que sea necesario
el otorgamiento de fianza cuando se hubiere admitido apelación. 455.-La sentencia
que decreta el lanzamiento será apelable en el efecto devolutivo, la que lo niegue será
apelable en ambos efectos.
Hasta aquí, solamente tenemos la existencia formal del recurso
proveído por el legislador para que el justiciable haga uso de este medio
legal y combata la sentencia que decretó el lanzamiento inmediato en su
contra. Empero la Convención exige además, que los recursos como es el de
apelación, tengan entre otras, 2 dos cualidades que son: Accesible y
efectiva, para que la personas víctimas de violaciones a sus derechos
humanos, sean restituidas en pleno uso y goce en que lo venían disfrutando
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antes de ocurrida la violación. Tal es el sentir del criterio jurisprudencial que
a continuación se transcribe:
Tesis: I.4o.A. J/103
(9a.)
Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Décima Época 159900 1 de 1
CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN
MATERIA
ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER
CIRCUITO
Libro XV, Diciembre de 2012,
Tomo 2 Pag. 1053 Jurisprudencia(Constitucional)
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2; Pág.
1053
ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN
EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR
ESE DERECHO. A fin de satisfacer efectivamente el derecho fundamental de acceso a
la justicia, debe acudirse al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda
persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de
derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como
en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este
numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio
sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia
formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir
resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de
derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con
la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la
violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y
rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas
condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no
sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto,
los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a
denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia. CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo
505/2009. Rosalinda González Hernández. 21 de enero de 2010. Unanimidad de votos.
Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Víctor Octavio Luna Escobedo.
Amparo directo 315/2010. Comercializadora de Productos Institucionales, S.A. de C.V.
7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla.
Secretaria: Indira Martínez Fernández. Amparo directo 386/2011. Hilario Gamero
Herrera. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-
Loyola Pérez. Secretaria: Dulce María Nieto Roa. Amparo en revisión (improcedencia)
331/2011. Josefina Peralta Albavera. 29 de septiembre de 2011. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez. AMPARO
DIRECTO 391/2012. José Alberto Montoya Gutiérrez. 23 de agosto de 2012.
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Angela
Alvarado Morales. Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, esta
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tesis se publicó nuevamente con la clave o número de identificación correcto, para
quedar como aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013, página 1695, de rubro:
"ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN
TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE
DERECHO."
8.1 Accesible. En relación con este tópico, un recurso es accesible
cuando permite al inconforme interponerlo en plenas condiciones de certeza
y de seguridad jurídica, lo cual quiere decir que las leyes internas le permitan
acceder al recurso sin ningún inconveniente, dificultad, estorbo, tropiezo ni
atadura. La Corte Interamericana De Derechos Humanos, se pronunció en el
sentido de que:” …los estados regulen los recursos judiciales de forma tal que las
personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso. Caso
Castañeda Gutman contra México. Sentencia de 6 de Agosto de 2008. Excepciones
Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Párrafo 118. se ha pronunciado en el
sentido de que los estados deben reglar los recursos en forma tal para que
las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones.
En el caso a estudio, es preciso tener presentes las siguientes cues-
tiones: En el juicio de desocupación a tramitar con reglas especiales, el juez,
al radicar la demanda, ordena requerir al demandado para que en el acto de
la diligencia de emplazamiento, demuestre con los recibos correspondientes,
estar al corriente en el pago de las rentas en que su contraparte apoya la
demanda, o bien, para que exhiba el contrato de arrendamiento, y que sea
prevenido que para el caso de no hacerlo, desocupe la finca arrendada den-
tro de 45 cuarenta y cinco o dentro de 90 noventa días, según corresponda,
apercibido de ser lanzado a su costa. Dijimos que esta medida tiene la cali-
dad de provisional por que en la sentencia de fondo, atento al resultado de la
Litis, el juez la declarará subsistente o insubsistente, en cuyo caso adquiere
la calidad de definitiva y por ello, es ejecutable si para la fecha de la senten-
cia ya están transcurridos los términos de ley; que en cumplimiento a dicha
decisión, el diligenciario primero notifica la sentencia al demandado, e inme-
diatamente después, procede a lanzarlo; que contra la sentencia el lanzado
puede ejercer su derecho de apelación dentro de los 5 cinco días siguientes
al lanzamiento.
La comparación de esta radiografía legal con el ser y con la
interpretación funcional de su normatividad, nos enseñan que el arrendatario
primero será vencido y luego será escuchado en la alzada, lo cual quiere
decir que interpone la apelación con el estorbo, o el tropiezo o el
inconveniente de encontrarse lanzado, fuera del inmueble arrendado, con
sus enseres en la vía pública, sin domicilio legal o convencional, atributo
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inherente a las personas físicas y morales, según lo dicen los artículos 23,
24,25, 26 párrafo segundo y 27 del Código Civil, es decir, que si primero es
lanzado y luego le empieza a correr el término de 5 cinco días para
inconformarse con la sentencia definitiva, entonces el término para apelar le
arranca desde la calle, al desamparo de un techo en donde vivir, dormir,
alimentarse, y en general, en donde realizar su proyecto de vida, y en
consecuencia, su derrota sin plena audiencia, le genera una afectación
anímica y moral que muy probablemente lo conduzcan a tomar la decisión de
no agotar el recurso de apelación. Ante tal drama procesal, el demandado,
como cualquiera otra persona, queda colocado en un estado de
incertidumbre o en el dilema de apelar o no apelar el fallo de primera
instancia. Claro, si fui lanzado, indudablemente que dentro de 5 cinco días
de que dispongo para apelar, en un lugar estoy viviendo como arrimado o
como arrendatario, y entonces lo más probable es que no interponga el
recurso porque no estaría interesado en la restitución de la vivienda, pues mi
necesidad de un cobijo la tengo satisfecha de alguna manera, y entonces, lo
más probable es que no voy a ejercer mi derecho a recurrir, tal y como
acontece en la realidad, en la praxis judicial, encargadas de mostrarnos que
en la gran mayoría de las veces, por temor, por dudas jurídicas o por la
imposibilidad de predecir el resultado del juicio, el demandado, antes de que
el juez dicte sentencia definitiva en primera instancia, opta por deshabitar el
bien dado en arrendamiento, y consecuentemente, no puede acceder a la
apelación ni después al amparo indirecto. Ahora, si decide ejercer su
derecho a impugnar la sentencia, sin lugar a dudas, lo ejerce lanzado y con
todas las consecuencias producidas por el lanzamiento inmediato, esas
consecuencias detalladas anteriormente, mismas que ponen de relieve 2 dos
visos importantes: Accede al recurso en mi calidad de vencido sin ser oído
previamente, y mi estado de incertidumbre, ambos incompatibles con las
cualidades de certeza y seguridad jurídica de que deben estar dotados todos
los recursos.
Es así que el recurso de apelación contra la sentencia definitiva es
una ilusión que se ve reducido a letra muerta, a mera existencia formal, con
mínima o casi nula probabilidad de acceso. En resumen: El recurso de
apelación contemplado en los artículos 454 y 455 de la Ley Adjetiva, es una
promesa abstracta del legislador, que en la realidad resulta una ilusión.
En términos del deber ser, otro es el contexto que resulta acorde con
la realidad, con el recurso y con el sentido común, cuando el juez dicta sen-
tencia, el actuario notifica la sentencia al arrendatario, empieza a correr y
vence el término para apelar, se tramitan la apelación y en su caso, el ampa-
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ro directo y es firme la sentencia. De ser condenatoria, se procede a lanzar al
arrendatario, quien no tendrá argumento alguno para alegar violaciones a la
accesibilidad a los recursos, dado que primero fue oído y luego vencido; el
término para apelar la sentencia, le empezó a transcurrir y le venció sin ser
lanzado, aún en posesión de la finca, sin afectaciones anímicas ni morales;
estuvo en aptitud de escoger entre usar o no usar su derecho para apelar la
sentencia definitiva; se cerraron las posibilidades de que el arrendador toma-
ra posesión del bien raíz en cualquier manera; la ley le dio certeza y seguri-
dad jurídicas para la interposición del recurso; de todo lo cual 2 dos cosas
son de resaltar: Una, el demandado nunca fue lanzado en ninguna etapa de
ningún procedimiento, ya el inicial, el intermedio o el terminal, y otra, que el
lanzamiento no atenta contra la certeza ni la seguridad jurídicas del recurso,
sino que más bien, es la consecuencia necesaria, lógica y jurídica de la sen-
tencia firme.
En consonancia con el deber ser, los legisladores en la elaboración de
la norma y los jueces al aplicarla, no deben poner trabas, obstáculos, impe-
dimentos, etcétera, al justiciable para acceder a la justicia; por el contrario,
deben evitar en todo momento, las prácticas legislativas y judiciales que
tiendan a limitar o que limiten el derecho de acceso a la justicia, como en
puede ser el acceso a un recurso efectivo. Dichas prácticas son una ilusión o
una simple promesa legal, que no son las esperadas por el usuario de la
justicia, y esa promesa es letra muerta; es una palabra que fácilmente se la
lleva el viento. Sustenta estas consideraciones, la jurisprudencia invocada
con anterioridad y la siguiente y añeja tesis que dice: Quinta época. Instancia
Tercera Sala Fuente Apéndice a Tomo XCVII tesis 629 Pág. 1135 numero de registro
395414 Jurisprudencia. LANZAMIENTO, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL.
No siempre puede restituirse al inquilino en el goce de la cosa arrendada, pues resul-
taría inicuo y antijurídico, cometer una violación a tercera persona, en el caso de que
la finca hubiera sido arrendada a esta, de donde se deduce que el lanzamiento causa
en realidad un agravio irreparable en la sentencia definitiva, y es reclamable desde
luego en amparo. Quinta época Tomo XLII Pág. 870. Amparo Civil. Revisión del auto
de desecho la demanda 3375- 343 1 a.Sec. Méndez Francisco. 22 de septiembre de
1934. Mayoría de tres votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Disi-
dente: Joaquín Ortega. Tomo XLIII Pág. 94. Amparo Civil en Revisión 1773-33, 3 a. Sec.
Garibay Ignacio. 16 de enero de 1935. cinco votos. La publicación no menciona el
nombre del ponente. Tomo XLV, Pág. 3727. Amparo Civil Revisión del auto de sobre-
seimiento 2993-35, 1 a. Sec. Brachetti José. 27 de agosto de 1935. unanimidad de cua-
tro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente. Tomo XLVI, Pág. 299.
Amparo Civil. Revisión del auto de suspensión 3719-35, 1 a. Sec. Chútale Donaciano. 4
de octubre de 1935. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nom-
bre del ponente. Tomo XLVI, PAG. 6063. Amparo Civil en Revisión 3017-35, 1 a. Sec.
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Olvera de Becerra Isidoro. 12 de diciembre de 1935. unanimidad de cuatro votos. La
publicación no menciona el nombre del ponente.
8.2.- Efectiva. A todo recurso corresponde una sentencia mediante la
cual un tribunal competente dirá si existieron o no existieron violaciones a los
derechos humanos de la persona. Cuando el recurso es fundado, recae una
sentencia que protege al inconforme y ordena sea restituido en el pleno goce
de sus derechos humanos vulnerados. Protección y restitución no bastan por
sí solas para alcanzar la eficacia requerida por la Convención, también es
necesario que tengan la capacidad de producir los resultados para los cuales
fue instituido el recurso. Cuando la ley y su aplicación, producen la plena efi-
cacia restitutiva, la tutela judicial efectivamente cumplió su cometido. A este
respecto, cobra aplicación el Caso Castañeda Gutman contra México. Sentencia de
6 de Agosto de 2008. Excepciones Preliminares. Fondo. Reparaciones y Costas. Párra-
fo 118.
En la especie, debemos tener en mente 5 cinco puntos a considerar:
Primero, que desde los puntos de vista dogmático, legal y pragmático, el
juez, en estricto apego a la interpretación y aplicación de la ley, decreta el
lanzamiento inmediato en la sentencia definitiva. Segundo, que el arrendata-
rio, ya lanzado, interpone el recurso de apelación en contra de la sentencia
definitiva que decretó el lanzamiento inmediato en su contra. Tercero, que la
sentencia dictada por la autoridad de segunda instancia, al resolver el recur-
so de apelación puede revocar la sentencia de primera instancia. Cuarto, que
de no obtener el arrendatario en la alzada, la autoridad federal puede conce-
der de fondo el amparo que le pidió el ejecutado en contra de la sentencia de
apelación. Sea que la sentencia de segunda instancia revoque la de primera
o que la sentencia de amparo proteja de fondo al arrendatario contra la sen-
tencia de segunda, el apelante o quejoso, debe ser restituido en el pleno uso
y goce de sus derechos humanos violados. Quinto, que en nuestro sistema
legal potosino, existen 2 dos sistemas de ejecución de sentencias, son el
genera y el especial, así como que conforme a uno, la sentencia se ejecuta
hasta que adquiere su firmeza y que conforme al otro, se dicta una medida
provisional que luego adquiere la calidad de definitiva, en donde encuadra el
lanzamiento.
Dicho de otra forma, el actor probó los elementos constitutivos de su
pretensión; mientras que el fallo pronunciado en la instancia inicial, ordenó el
lanzamiento inmediato en contra del demandado y diligenciario procedió a
ejecutarla; en tanto que la revocación del fallo apelado o la protección de la
Justicia Federal, suponen la no demostración de los elementos de la de-
socupación pretendida por el actor, la demostración de las excepciones
opuestas por el demandado, o bien, la aplicación oficiosa de derechos hu-
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manos. Tanto la revocación de la sentencia como el amparo y su cumplimen-
tación, tienen el efecto de retrotraer las cosas al estado en que se encontra-
ban antes de la violación. Ahora pregunto: ¿Cuál fue la violación? Ahora res-
pondo: Entre otras, fue el lanzamiento inmediato. Continúo preguntando:
¿Cómo estaban las cosas antes de la violación? Continúo respondiendo:
Antes de la violación, el arrendatario tenía la posesión del inmueble arrenda-
do. Entonces formulo la última pregunta: ¿Cómo debe la autoridad restituir al
arrendatario en el uso y goce de sus derechos humanos violados? Última
respuesta: La debe restituir poniéndolo en posesión de la finca dada en
arrendamiento, y justamente aquí es donde se aloja la inefectividad del re-
curso de apelación promovido contra el lanzamiento inmediato. Me explico:
a) En segunda instancia la violación al debido proceso resulta irrever-
sible porque aun cuando el fallo de segunda instancia revoque el de primera
instancia, y por tanto, ordene la restitución del inmueble al demandado, de
todos modos, antes de dicha orden, el arrendatario ya estaba lanzado, y
todo el tiempo que transcurrió desde el lanzamiento hasta la cumplimenta-
ción de esa orden, quedó en el limbo jurídico, ya que la restitución no tiene el
alcance de borrar el tiempo transcurrido y retrotraerlo para que el demanda-
do entre en posesión desde el día en que fue lanzado. Esto significa que el
arrendatario toma la posesión del bien a partir de la fecha y hora en que el
diligenciario le hizo la entrega material y jurídica del bien, pero es imposibe
que el diligenciario le entregue el bien, desde la fecha en que fue lanzado
inmediatamente, o lo que es igual: El demandado recibe la posesión a partir
de la fecha y hora le es entregada en adelante, para el tiempo subsecuente;
pero jamás la recibirá hacia atrás, regresivamente hasta llegar a la fecha y
hora en que fue lanzado inmediatamente, lo cual se traduce en que la pérdi-
da del domicilio convencional jamás se puede reparar y también es irreversi-
ble.
Además, cuando el actor, a consecuencia del lanzamiento inmediato,
recibe el inmueble materia del arrendamiento y dispone de él dándole un
modelo distinto al que tenía en el momento de la celebración del contrato de
arrendamiento y antes de que lo recibiera como consecuencia del lanzamien-
to inmediato; de modo que el demandado puede tomar posesión del bien,
pero la remodelación de este, no le permite usarlo ni disfrutarlo para habita-
ción, negocio, etcétera, según el contrato; pero resulta peor cuando el actor
demuele el inmueble, de modo que hace imposible su ocupación para el ob-
jeto de arrendamiento. La realidad se ha encargado de darnos muchas lec-
ciones que hemos recibido en la casuística judicial.
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b) Situación semejante ocurre en amparo, debido a las siguientes ra-
zones: La violación al debido proceso resulta irreversible porque aun cuando
en ejecución de la sentencia de amparo, la responsable dicte otra en la que
restituya al demandado pero lo condene al a la desocupación prescindiendo
de lanzarlo inmediatamente y le permita apelarla en plenas condiciones de
accesibilidad, de todos modos, antes de la cumplimentación ya lo había lan-
zado, y todo el tiempo que transcurrió desde el lanzamiento hasta la cumpli-
mentación del amparo, quedó en el limbo jurídico por que la restitución no
tiene el alcance de borrar el tiempo transcurrido y retrotraerlo para que el
demandado entre en posesión desde el día en que fue lanzado. Esto signifi-
ca que el arrendatario toma la posesión del bien a partir de la fecha y hora en
que el diligenciario le hizo la entrega material y jurídica del bien, pero es im-
posibe que el diligenciario le entregue dicho bien, desde la facha en que fue
lanzado inmediatamente, o lo que es igual: El demandado recibe la posesión
a partir de la fecha y hora le es entregada en adelante, para el tiempo subse-
cuente; pero jamás la recibirá hacia atrás, regresivamente hasta llegar a la
fecha y hora en que fue lanzado inmediatamente, lo cual se traduce en que
la pérdida del domicilio convencional jamás se puede reparar y también es
irreversible.
Además, cuando el actor, a consecuencia del lanzamiento inmediato,
recibe el inmueble materia del arrendamiento y dispone de él dándole un
modelo distinto al que tenía en el momento de la celebración del contrato de
arrendamiento y antes de que lo recibiera como consecuencia del lanzamien-
to inmediato; de modo que el demandado puede tomar posesión del bien,
pero la remodelación de este, no le permite usarlo ni disfrutarlo para habita-
ción, negocio, etcétera, según el contrato; pero resulta peor cuando el actor
demuele el inmueble, de modo que hace imposible su ocupación para el ob-
jeto de arrendamiento. La realidad se ha encargado de darnos muchas lec-
ciones que hemos recibido en la casuística judicial.
c) Ahora, la micromecánica de las cosas, es que inicialmente, el
arrendador entra en la posesión derivada del inmueble, virtud a la celebra-
ción del contrato de arrendamiento; que en primera instancia, el arrendatario
litigó para mantener la posesión derivada; que luego es lanzado inmediata-
mente, y que después, en la alzada es restituido en la posesión derivada. El
análisis de la micromecánica deja ver que primero el arrendador le da la po-
sesión; acto seguido se la quitan legalmente y acto final, legalmente se la
vuelvan a dar. No se trata de estar viviendo un tiempo aquí, otro tiempo acá,
y luego regresa al primer lugar donde viví. Entrar y salir no tiene ninguna uti-
lidad práctica ni legal, por el contrario, es un efecto del recurso con doble
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violación a los derechos humanos de las personas y una violación a la Ob-
servación General Número 4 del Comité De Derechos Sociales, Económicos
y Culturales, pues por un lado, ofende a la dignidad del arrendador, y por
otro lado, lesiona a la paz con que debe vivir.
Y como el arrendatario al entrar en la posesión se obligó a pagar ren-
tas al arrendador, y después de lanzado se vio en la ineludible necesidad de
adquirir otro lugar donde vivir, muy probable es que haya celebrado un nuevo
contrato de arrendamiento con persona distinta a la del actor; de tal suerte
que al ser restituido, cuenta con 2 dos contratos, y ahora tendrá que pagar 2
dos rentas derivadas de sendos contratos, y ninguno de ellos puede rescindir
ni terminar unilateralmente. En términos teleológicos, de lo que se trata es
que si el arrendatario ha de ser lanzado, que lo sea cuando la sentencia
condenatoria quede firme y en ejecución se sentencia y no inmediatamente
después de que se le notifique la sentencia de primer grado, porque todavía
no tiene la firmeza requerida para ser ejecutable. Si la sentencia de primer
grado, se ejecuta sin ser estar elevada a la calidad de firme, al comparar la
ejecución con la realidad, nos llevará a todas las conclusiones antes anota-
das.
En síntesis: El demandado litigó para conservar la posesión derivada
del inmueble, y no para que lo lanzaran y luego lo restituyeran. Este no es el
resultado lógico ni practico ni efectivo del recurso de apelación ni tampoco lo
que todo justiciable espera de su defensa, por ello, no existe eficacia ni efi-
ciencia en el recurso, no es buena la respuesta que la ley da al recurrente,
ya que unas veces, la restitución tiene lugar con tropiezos prácticos, y otras,
resulta imposible.
9.- Inaplicación de las normas secundarias. Ante la
incompatibilidad de las categorías sospechosas con las normas supremas y
con el fin de prevenir violaciones a los derechos humanos de vivienda,
igualdad, debido proceso, seguridad jurídica y recurso efectivo, y con el
propósito de dar curso constitucional al procedimiento, este juzgado decide
proteger al demandado inaplicando los artículos 448 Bis fracción I Párrafo
segundo, tercero y cuarto; 453, 454 y 457 del Código de Procedimientos
Civiles a efecto de que no sea lanzado inmediatamente y de que sea lanzado
en ejecución de sentencia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
