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1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDOHABLAMOS DE EXCLUSIÓN

El uso creciente del término exclusiónen detrimento del más tradicional depobreza, no ha conseguido aún eli-

minar las ambigüedades e inconsistenciascon las que a menudo es empleado. Probable-mente el empeño por clarificar hasta el ex-tremo el alcance de ambos conceptos sea detodo punto imposible e innecesario en estosmomentos, sin embargo, conviene estableceralgunos límites mínimos a su utilización. Engeneral, se acepta que podemos reservar lapalabra «pobreza» para referirnos preferen-temente a las situaciones de carencia econó-mica y material, mientras que al optar por eluso de la expresión «exclusión social», esta-mos designando más bien un proceso de ca-rácter estructural, que en el seno de las so-ciedades de abundancia termina por limitarsensiblemente el acceso de un considerablenúmero de personas a una serie de bienes yoportunidades vitales fundamentales, hastael punto de poner seriamente en entredichosu condición misma de ciudadanos.

De la misma forma en que pobreza remite,por oposición, a riqueza, y, en la medida enque ambas se generan a partir de la desigualdistribución de la renta y el patrimonio, con-

llevan implícitamente la referencia contrariaa la igualdad económica como aspiración yconsecuencia lógica, así tenemos tambiénque, en cambio, la exclusión social, encuen-tra su negación en el privilegio, y puesto queambos se originan en una desigual asigna-ción de derechos y prerrogativas, resulta in-evitable que la fractura social que conllevan,encuentre su superación en la afirmación dela ciudadanía, en tanto que expansión uni-versalista de los derechos civiles, políticos ysociales entre todos y cada uno de los inte-grantes de una misma sociedad.

Tras un largo período de crecimiento eco-nómico y avances sociales, las últimas dosdécadas han visto emerger en muchos paíseseuropeos una «doble condición ciudadana»(Tezanos, 2001) que sin estar sancionada porlas leyes, sin embargo, separa de forma muyefectiva y real, a quienes tienen un trabajoestable, a tiempo completo, bien remuneradoy prestigioso, que les permite mantener unmundo de vínculos y relaciones sociales sóli-das, significativas y gratificantes («los inte-grados»), de aquellos otros ciudadanos de se-gunda clase que carecen de empleo, o biendeben conformarse con subempleos, subre-munerados y precarios, lo que, con frecuen-cia, se acompaña de un debilitamiento e in-cluso de una pérdida completa de su entornorelacional y afectivo («los excluidos»).

La crisis general del empleo ha puesto derelieve los débiles fundamentos en los que seasentaba la garantía del acceso a bienes yservicios básicos como la vivienda, la sani-

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Cárcel y exclusión

PEDRO JOSÉ CABRERA CABRERA *

* Departamento de Sociología y Trabajo Social. Fa-cultad de Ciencias Humanas y Sociales. UniversidadPontificia Comillas de Madrid.

dad, o la educación. En una sociedad masiva-mente salarizada y de consumo, cuando sepierde la condición de asalariado-consumidoral carecer de ingresos regulares y suficien-tes, vía salario, nos encontramos con que lacondición misma de ciudadano se ve grave-mente puesta en entredicho (Castel, 1997).

1.1. Origen del concepto

De hecho, cuando se empieza a hablar deexclusión social, en Francia allá por los años70 (Lenoir, 1974), está en sus comienzos lallamada crisis del petróleo, cuyos efectos so-bre el mercado de trabajo, acabarán arrojan-do un saldo millonario de personas que, des-de un punto de vista económico, social ypolítico, resultan perfectamente prescindi-bles. Los excluidos pasan a ser no sólo losque están «debajo» en la escala económica,sino sobre todo, cuantos se quedan «fuera»del bienestar general. A la crisis del mercadode trabajo, se le vienen a sumar los recortesen políticas sociales que hacen más difícil po-der compensar a lo largo de la vida los des-equilibrios ya existentes en el origen biográ-fico.

Por doquier se instala una cierta concien-cia de escasez, que al grito de «no hay paratodos» acabará por rediseñar los espacios deintegración-exclusión de nuestras sociedadesoccidentales, y andando el tiempo permitiráque vuelvan a tomar nuevos bríos los viejosmecanismos que habían sido severamentecriticados durante los años sesenta. Meca-nismos e instituciones que a lo largo de lahistoria habían permitido gestionar política-mente el «exceso inútil» de población, la«gente que sobra» de la que ya habló Malthushace siglos, la gente que podía ser puestaaparte y afuera, mediante la pura elimina-ción física (pena de muerte), su transporte atierras lejanas (colonias) 1 o su simple reclu-

sión: dentro del manicomio, el hospicio, y/o lacárcel. La desinstitucionalización psiquiátri-ca, el trabajo social comunitario, las medidasalternativas a la prisión, que habían sido elfruto más palpable de la crítica sociológica alas instituciones totales inaugurada porGoffman (1970) son puestos en solfa una yotra vez desde mediados de los setenta porlos críticos más conservadores, y sus even-tuales excesos y defectos se magnifican hastael abuso en los medios de comunicación paraintentar desacreditarlas ante la opinión pú-blica.

1.2. Factores de exclusión

En cuanto a los factores que influyen másdirectamente en la aparición, crecimiento ytambién, eventualmente, en el descenso delos niveles de exclusión social en las socieda-des más ricas, hay que señalar en primer lu-gar las modificaciones experimentadas por elmercado de trabajo. Hablar de exclusión so-cial en los países desarrollados es hablar delproceso creciente de degradación de la «ciu-dadanía social» al que asistimos a partir dela crisis de empleo que se abre con la crisiseconómica de mediados de los setenta. En lasociedad de la información, en la sociedadred, la mano de obra genérica pierde impor-tancia al ser fácilmente sustituible por lamáquina, lo que trae como consecuencia «laexclusión social de un segmento significativode la sociedad compuesto por individuos des-echados, cuyo valor como productores/consu-midores se ha agotado y de cuya importanciacomo personas se prescinde» (Castells,1998:380).

La llamada crisis del empleo ha significa-do para muchas personas encontrarse en pa-ro durante largos períodos de su vida activa;

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abogaba por una solución final al problema de los gita-nos y nómadas que vivían sin trabajar ni ocuparse ennada útil: su idea consistía en enviarlos al Orinoco aocuparse en factorías piscícolas.

1 En España contamos con el ejemplo curioso deBernardo Ward que en su Proyecto económico (1782)

para otras, en especial para las más jóvenes,ha supuesto tener que acceder a empleosprecarios, a tiempo parcial o estacionales, enrégimen de contratación temporal; empleosmal remunerados, con escasas posibilidadesde promoción, e incapaces de sustentar unrecorrido laboral y profesional de largo al-cance sobre el que edificar un proyecto de vi-da autónomo; subempleos que, si bien pue-den proteger de la exclusión extrema, acabanpor generar una biografía «estabilizada en laprecariedad» 2.

En una sociedad que había edificado sobrela condición de trabajador asalariado la ma-yor parte de las credenciales de acceso al res-to de bienes, servicios y titularidades de losque es posible disfrutar hoy en día, la crisisdel salariado ha venido acompañada de seve-ros ataques al sistema de bienestar que sevenía construyendo en Europa al menos des-de finales de la segunda guerra mundial. Lareducción de los niveles de protección so-cial allí donde éstos habían alcanzado suscotas más elevadas, y la ralentización de suimplantación en países como España en losque el welfare seguía siendo a principios delos años ochenta un sueño más que una rea-lidad, se convirtió también en un factor gene-rador directo de exclusión. La supresión delos subsidios por desempleo, una vez agotadoel período de recepción de los mismos, lapráctica desaparición de las ayudas a la vi-vienda social, la privatización de ciertasprestaciones sanitarias, la parquedad en losincrementos de las pensiones, etc, se vieronacompañadas por la implantación de unosingresos mínimos encaminados a hacer posi-ble la pura y simple subsistencia de ampliascapas de población, que se hallaban exclui-das tanto del empleo tradicional, como de la

buena y amplia protección social que habíavenido siendo habitual hasta entonces.

La reducción de ingresos, cuando no lacarencia absoluta de ellos, así como su ines-tabilidad e inseguridad, o en otros casos, lascondiciones sociales, culturales y simbólicasque entraña su recepción, según se trate deun salario en sentido estricto o de un ingresosocial «para excluidos» con toda la carga deestigma que éste último conlleva, se convier-te así en un tercer factor excluyente de inusi-tada fuerza en una sociedad en la que la in-clusión social plena pasa por la posibilidadde poder hacer un uso efectivo y cotidiano delstatus de consumidor solvente.

Naturalmente, las dificultades relativasal empleo, los agujeros en la protección so-cial, y la insuficiencia de los ingresos, no sedistribuyen aleatoriamente entre toda la po-blación sino que tienen una incidencia muydiferente en razón de variables como la clase,el género, el grupo étnico de pertenencia, o laedad. En general, se puede afirmar que losmiembros de la clase trabajadora, las muje-res, las minorías étnicas y los jóvenes consti-tuyen grupos negativamente privilegiadosentre los que crecen los casos de exclusiónsocial. Finalmente, para acabar de cerrar elciclo que permite seleccionar a los candida-tos a la exclusión, nos encontramos con que,a los aspectos estructurales, se añaden lasbiografías de los propios excluidos, que confrecuencia han quedado marcadas por ele-mentos marginalizadores que incremen-tan y amplifican la exclusión social que yapadecían. Así, por ejemplo, es mayor la inci-dencia y el destrozo que causan en sus vidaslas minusvalías y enfermedades incapacitan-tes, la presencia de abusos y malos tratos, elalcoholismo y las toxicomanías, el decai-miento psicológico y las actitudes negativasde apatía, resignación, pesimismo, e inclusoviolencia, que proveen de un equipaje psico-lógico menos apropiado para competir en lasociedad actual. Finalmente, el encuentrocon el sistema penal viene a añadir una defi-nitiva nota identitaria para la construcción

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2 Resulta muy ilustrativo el reciente cuaderno deCristianisme i Justicia titulado Trabajo Basura (2001:nº107), en él se recogen abundantes testimonios perso-nales en los que se cuenta en primera persona las con-diciones de explotación y precariedad en las que hande trabajar muchas personas en la actualidad.

social de los colectivos excluidos, al marcar-los para el resto de sus días con el estigmaque representan los «antecedentes penales».

1.3. Los espacios de la exclusión

Es bien sabido que en todas las socieda-des, los que difieren de la condición modal ymayoritaria están a un paso de convertirseen excluidos, eso sí, siempre que carezcan delos recursos o del poder necesario para evi-tarlo, ya que en tal caso, ese mismo poder lespermitirá mantener su hecho diferencial yconvertirlo incluso en un signo de distincióny exclusividad frente a la mayoría. Sin em-bargo, en muchos otros supuestos, la inevita-ble organización social de las diferencias seconcreta a menudo en la rechazable segrega-ción espacial y simbólica de los excluidos.

Los espacios de la exclusión se concretanpor ejemplo, en los llamados barrios desfavo-recidos, que en la trama urbana son el lugarespecífico en el que han de habitar y confinar-se los grupos marginados. Del mismo modo,existen multitud de espacios institucionalesdiseñados específicamente para segregar yexcluir. César Manzanos (1991:88) ha trata-do de sistematizar lógicamente lo que llamala «red de espacios segregativos», teniendoen cuenta que «cada ámbito de la vida socialdesarrolla sus propios espacios segregativosencargados de retirar de la circulación y deaparcar a los sujetos que, por diversas cir-cunstancias, han de ser apartados temporal odefinitivamente: aquellos que necesitan un re-fuerzo reeducativo de tipo disciplinar; los quehan de ser aislados por razones de salud públi-ca y peligrosidad social; o quienes simplemen-te estorban debido a que no cumplen funciónsocial alguna y su conducta es anormal e incó-moda». Así, se pueden identificar diferenteslugares de segregación (exclusión) en todos ycada uno de los principales campos de la admi-nistración social, y todos ellos en conjuntoconstituirían lo que denomina el «subsistemainstitucional de control formalizado»:

De entre todos los espacios segregados(manicomio, hospicio, hospital, etc), la cárceles sin duda el lugar privilegiado en el que laexclusión social se quintaesencia y condensahasta sus últimas consecuencias. Por su mis-ma naturaleza, el encarcelamiento consisteen una exclusión. Como señala Rostaing(1996:355): «la prisión es un lugar de exclu-sión temporal que imprime sobre los deteni-dos la marca de un estigma». La persona en-carcelada es puesta aparte, segregada delcontacto social, y confinada en los estrechoslímites de una celda, al interior de una insti-tución que, a partir de entonces, tasará cadaminuto, cada objeto, cada intercambio queestablezca con el mundo exterior. Recorde-mos que el concepto de exclusión no se puedeentender sin una referencia a «aquello de loque se es excluido, es decir, del nivel de viday del modo de inserción laboral y social pro-pio de un sistema de vida civilizado y avan-zado» (Tezanos, 2001:146).

La persona encarcelada, queda pues ex-cluida de la relación y la vida social que haconocido hasta entonces, y pasa a convertirseen el habitante de un mundo aparte en el quesu vida y su tiempo le han sido arrebatados.La paradoja se completa con el hecho empíri-co de que la exclusión, como tratamiento yprofilaxis, se aplica esencialmente a los inte-grantes de las categorías más excluidas de lapoblación. En una muestra salvaje y brutaldel llamado «efecto Mateo», según el cual, alque más tiene se le da todavía más, y al que

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(Manzanos Bilbao, 1991:85)

menos posee se le arrebata incluso lo pocoque aún conserva, nos encontramos con que,a los ya excluidos socialmente, se les excluyeaún más, encerrándoles en prisión.

El complejo proceso por el cual un procedi-miento aparentemente objetivo e imparcial,como es el que pretende llevar a cabo el siste-ma judicial, termina por reclutar a los clien-tes de nuestras cárceles entre los grupos másmarginados de la sociedad, y algunas de lasconsecuencias que todo esto acarrea, ha sidoconstatado una y otra vez por los diferentesautores que se han ocupado de estos temas(Valverde Molina, 1993; Álvarez Uría, 1992;Torrente, 2001). Nuestro objetivo en este ar-tículo consistirá únicamente en proporcionaralgunos datos que abunden aún más si cabeen el sinsentido que supone pretender admi-nistrar y combatir la exclusión social me-diante el fomento y la expansión de institu-ciones y dispositivos excluyentes, como sonlas cárceles.

2. LA CÁRCEL COMO DISPOSITIVOSANCIONADOR EXCLUYENTE

Obviamente, «la prisión es la forma máscategórica de exclusión que permite la ley»(Smith y Stewart, 1996:106), y aunque elartículo 25.2 de la Constitución dice clara-mente que «las penas privativas de libertady las medidas de seguridad estarán orienta-das hacia la reeducación y reinserción so-cial», sin embargo, el hecho cierto es que enla cárcel coexisten y entran en contradic-ción dos principios difícilmente concilia-bles: el punitivo, con su énfasis en la segu-ridad y el control, y el rehabilitativo, queaboga por la reeducación social del preso.En función de este último han de progra-marse actividades formativas y laboralesque, siquiera formalmente, permitan darlegitimidad moral e ideológica al encierroinstitucional, puesto que por lo general, elingreso en las instituciones totales tal y co-mo fueron descritas por Goffman, se justifi-

ca siempre apelando al posterior retorno ala sociedad; supuestamente en mejores con-diciones que cuando se entró. Se ingresa enellas para poder ser reajustado, reparado,reeducado, etc. Todo sugiere la vuelta denuevo al ámbito social de donde se fue ex-tirpado; sin embargo, lo cierto es que el in-greso en estas instituciones segregativasconlleva un proceso inevitable de desidenti-ficación y desocialización, que acaba ha-ciendo mucho más difícil el retorno a unavida socialmente integrada.

Podemos comprender las implicacionesexclusógenas de la estancia en prisión desdeel modelo que presenta César Manzanos, enel que se resumen y sistematizan las aporta-ciones de otros muchos autores (Valverde,Clemente, Munne) que han hablado de losgrandes momentos del proceso de reeduca-ción desocializadora que se pone en marchacon el ingreso en la cárcel. Según Manzanos(1991:106-124), se podrían distinguir hastacinco etapas:

a) Ruptura con el mundo exterior: que con-lleva la separación física, con la consiguienteprivación de estímulos físicos, visuales, audi-tivos, olfativos. El preso se interna en unmundo pequeño, de colores planos y unifor-mes, olores omnipresentes, en donde no es po-sible lanzar lejos la mirada por la interposi-ción constante de un muro o una pared. Y nosólo el mundo exterior se aleja físicamente,también se distancian las referencias perso-nales, los medios de comunicación, los mensa-jes y valores presentes en el exterior, todo locual genera un fuerte sentimiento de debili-dad y desamparo.

b) Desadaptación social y desidentifica-ción personal: mediante una compleja y va-riada sucesión de momentos y situaciones ri-tuales de despojo y expoliación, la personapresa experimenta una verdadera «mutila-ción del yo», que le hace perder su identidadde partida y experimentar un proceso de des-personalización y desindividualización quele conduce a integrarse como un elemento



más (un número) dentro de un colectivo ma-sificado, amorfo y sin perfiles particulares.

Entre las técnicas más frecuentes de mor-tificación y despersonalización se encuen-tran: el aislamiento, que hace de la soledadfísica la condición de partida para lograr lasumisión más absoluta; o la contaminaciónfísica que implica la vida en condiciones dehacinamiento: la pérdida de intimidad, elcontacto inevitable y forzado como paso pre-vio y obligado para la contaminación moral,etc. Las ceremonias degradantes, como loscacheos totalmente desnudos, las formacio-nes para pasar lista, los registros nocturnos;la reglamentación de las más nimias activi-dades cotidianas, la comida, el sueño, el ocio.Se trata de técnicas programadas que tienencomo consecuencia la infantilización de lapersona presa y una sensible merma de laresponsabilidad personal del preso, por loque no es raro que aparezcan alteraciones dela personalidad junto a cuadros depresivos,apatía, ansiedad, stress, trastornos digesti-vos, etc.

c) Adaptación al medio carcelario: comomecanismo de defensa para intentar salvarlos restos del naufragio personal se produceuna readaptación al nuevo contexto físico yrelacional, que algunos han llamado procesode prisionización. Se redefinen actitudes yvalores, se produce una incorporación a lasubcultura carcelaria, que, no lo olvidemos,está atravesada completamente por las rela-ciones de dominación, opresión y autoritaris-mo, tanto en relación al personal funciona-rio, como entre los propios internos, en losque la violencia física y la coacción de unospocos sobre el resto reproducen y amplificanlas condiciones brutales de su encierro. Enestas condiciones, la desconfianza, el recelo,la sospecha, no son tanto patologías psicoló-gicas, como meros requisitos básicos e indis-pensables para la supervivencia.

d) Desvinculación familiar: a la dificultadpara el contacto y el encuentro interpersonalque supone estar encarcelado suele añadirse

la lejanía del lugar de internamiento, lostraslados frecuentes, el aislamiento geográfi-co de las cárceles, que suelen construirse enlugares apartados y con malas comunicacio-nes, etc. Todo ello, sumado a los aspectos psi-cológicos y sociales, acarrea una serie de re-percusiones sobre la malla de relacionesfamiliares que van desde las más leves y co-yunturales (como puedan ser la preocupa-ción, la falta de apoyo, la intranquilidad), aotras mucho más graves (rechazo social, pro-blemas económicos, tensiones, riñas) o inclu-so irreparables (abandono o pérdida de loshijos, divorcio, ruptura de relaciones con lospadres, problemas psiquiátricos, etc).

e) Desarraigo social: la salida de la cárcelse ve envuelta en una pérdida de posibilida-des de cara al empleo por efecto del estigmaque implica la condición de ex presidiario, ytambién como consecuencia de la descualifi-cación que acarrea el período de interna-miento. Junto a ello suelen aparecer trastor-nos psicológicos de insomnio, sentimientosde ser perseguido, o una fuerte inseguridad.También es cierto que el mayor acoso policiala quienes ya tienen antecedentes, la presióndel ambiente y el contacto con antiguos com-pañeros de cárcel hacen que con frecuencia eldesarraigo social y posteriormente el encap-sulamiento dentro de un submundo delin-cuencial sean casi efectos obligatorios tras laestancia en prisión. De la cárcel no se salesiendo un hombre libre, sino convertido enun ex presidiario, con todo lo que esto impli-ca.

2.1. La selección de la clientela:el proceso de criminalización

Por lo general, las cárceles seleccionan suclientela entre personas que han cometidoalgún delito, o que al menos se sospecha quelo han cometido. Por supuesto, la comisión deun delito no le convierte a uno sin más en de-lincuente, y mucho menos se puede sostenerel presupuesto de que todos cuantos se en-

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cuentran encarcelados son delincuentes.También está claro, para quien conozca si-quiera levemente el funcionamiento real delsistema judicial y penal, que no todos los quecometen delitos van a la cárcel. Tal y comodice D. Torrente (2001:74 y 75), «la delin-cuencia como fenómeno y el delito como ma-nifestación, son el resultado de una construc-ción social» en la que intervienen múltiplesactores. De manera que un suceso llega apercibirse o no como desviado (o como delito),en función «de variables tan dispares como elcontexto de la situación, la clase social deldesviado, su relación con la víctima (si lahay), los valores de la persona que juzga, labiografía del sujeto», etc.

Si repasamos brevemente las estadísti-cas sobre delitos cometidos en nuestro pa-ís, conviene recordar, que cuando se mane-jan datos oficiales hay que tener en cuentaque «las estadísticas son informaciones ofi-ciales elaboradas a través de canales buro-cráticos y orientadas por objetivos políti-cos.» ... «responden a las necesidades yestructura de la institución y no necesaria-mente a criterios de investigación científi-ca»... y únicamente...«reflejan el comporta-miento desviado reconocido oficialmente porlas agencias de control social» (Torrente,

2001:171). A pesar de todo, y con todas estasreservas, resulta ilustrativo echar un vistazoa la clasificación de los delitos que llegan aser conocidos por los cuerpos de seguridaddel Estado.

Las estadísticas de la policía y la guardiacivil (ver gráfico sig.), nos muestran que du-rante 1999 (último año para el que se dispo-ne de datos) de un total de 918.053 delitos, el85% fueron delitos contra el patrimonio(779.740), mientras que los delitos contra laspersonas (18.200) representaron el 1,98%, ylos delitos contra la libertad sexual (7.198)supusieron únicamente el 0,8% del total. Esdecir, que, como no deja de ser lógico en unasociedad marcada por la desigualdad econó-mica, los delitos contra el patrimonio consti-tuyen la inmensa mayoría de los delitos quese cometen, o al menos de los que llegan a co-nocimiento de la policía. Esto no es obstáculopara que, entretanto, las páginas de los dia-rios y las imágenes de la televisión proveande abundante información relativa a asesi-natos y violaciones, con la que se alimentaun sentimiento de inseguridad entre los ciu-dadanos que posteriormente podrá canali-zarse hacia una demanda de mayores medi-das de control y rigor por parte de jueces ypolicías.



CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS(C.N. Policía y Guardia Civil. Año 1999)

Fuente: Ministerio del Interior.

Patrimonio

Seguridad colectiva

Libertad

Personas

Orden público

Falsedades

Relaciones familiares

Libertad sexual

Administración jurídica

Resto

Pero es más, si analizamos los delitos con-tra el patrimonio (ver gráfico sig.), podremoscomprobar lo que supone el complejo procesode invisibilización de los llamados delitos deguante blanco. Así, nos encontramos con quese tuvo noticia de 405.772 robos con fuerzaen las cosas, 129.317 sustracciones de vehí-culos, 98.689 robos con violencia o intimida-ción, y 86.124 hurtos. En total 719.902 deli-tos entre estas cuatro categorías, que por logeneral engloban la totalidad de la actividadde los pequeños delincuentes. Frente a estascifras abultadas, la policía nacional y laguardia civil dan cuenta únicamente de 73delitos de blanqueo de capitales, 61 delitossocietarios, y 50 insolvencias punibles du-rante el mismo período de tiempo.

Es evidente por tanto que, para empezar,no todos los delitos llegan a conocerse, (espe-cialmente los delitos cometidos por los miem-bros de las capas más altas de la sociedad), yque muchos actos delictivos permanecenocultos incluso para las propias víctimas. Es

el caso de los llamados delitos sin víctima, enlos que se ponen claramente de relieve las co-nexiones entre la ley y la moral, la realidadpenal y la política. Pensemos por ejemplo enlos delitos contra la salud pública por mani-pulación fraudulenta de alimentos, que sonconsumidos por todas las víctimas sin con-ciencia alguna de que se trata de alimentosadulterados; en los juegos de apuestas no le-galizados, en ciertos comportamientos se-xuales, o en las infracciones de tráfico.

Otros delitos, a pesar de ser conocidos, nollegan a denunciarse, ni se comunican a la po-licía. Con frecuencia, es el caso de la violenciadoméstica, o de muchos delitos económicos,cuya simple denuncia podría acarrear que-brantos aún mayores a las propias víctimas.

En el caso de ser denunciados ante la poli-cía, ésta no siempre se moviliza con la mismaceleridad y diligencia, sino que, con muchafrecuencia, la actuación policial no pasa deser una tramitación burocrática y rutinaria.

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DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (1999)

Si la policía llega a actuar e investiga, só-lo una ínfima proporción de los delitos de-nunciados son finalmente esclarecidos. Y enuna proporción aún menor es posible llegar aconocer la identidad del delincuente y se con-sigue detenerlo.

A partir del momento en que el autor deun delito es puesto a disposición judicial, elingreso en prisión con carácter preventivo nosólo depende de la naturaleza del delito, sinoque la prisión preventiva se aplicará con mu-cha mayor frecuencia en los casos en los queno se disponga de un buen abogado defensor,y, además, en la decisión del juez de enviarlea prisión preventivamente, intervendrán va-riables como la categoría social del detenido,sus relaciones sociales y económicas, su con-dición o no de reincidente, etc.

Finalmente, en el caso de llegar a ser juz-gado, la probabilidad de recibir una condenaserá mucho más habitual en el caso de que elabogado sea de oficio, no haya llegado a estu-diar detenidamente el sumario, o no conozcani de lejos a su defendido como ocurre conmuchos presos comunes. En este punto, elmomento dramático del juicio juega un papelcrucial, para Garfinkel los juicios son «cere-monias de degradación» merced a las cualesse transforma a una persona en un condena-do. Esa persona suele ser alguien socialmen-te ya excluido.

Por último, estas mismas variables inter-vendrán para marcar nuevas diferencias en-tre unas personas y otras, de manera que in-cluso en el supuesto de delitos idénticos, lapena de prisión será mayoritariamente utili-zada con ciertas personas, mientras queotras obtendrán con más facilidad una con-dena no carcelaria, en forma de arrestos defin de semana, multas, indemnizaciones, etc.

Así pues, este complejo y laborioso procesode criminalización se encuentra condiciona-do en cada una de sus etapas, por variablessociales, culturales y económicas, que seránlas responsables del enorme sesgo final. Un

largo proceso cuyo resultado último será quela inmensa mayoría de las personas que seencuentran actualmente en prisión se aca-ban reclutando entre unos cuantos miles defamilias que arrastran una larga historia depobreza y exclusión social.

Esto no quiere decir que el delito sea unanota característica y exclusiva de las clasesbajas. Es más, tal y como se ha demostrado apartir del desarrollo de las encuestas de vic-timización, lo que se puede concluir es queson precisamente las clases menos pudien-tes, pobres y desempleadas, las que sufren,como víctimas, la mayoría de los delitos quese cometen (A. Platt cit. por Torrente,2001:66). Por otro lado, los estudios en losque se indaga por la autoinculpación, mues-tran que son precisamente los más ricosquienes cometen sus delitos más impune-mente. Es decir, aunque hay delitos caracte-rísticos de las distintas clases sociales, el de-lito se encuentra presente y repartido entretodas ellas, siendo precisamente el sistemapenal el que, tal y como ha explicado JeffreyReiman, se encarga de discriminar entreunos y otros impidiendo que los delitos de lasdiferentes clases se mezclen al interior delsistema penal, y en última instancia es elresponsable último de que la mayoría de lagente comparta el prejuicio según el cual laspersonas que cometen delitos son negros (gi-tanos en nuestro país), jóvenes, varones y po-bres.

2.1.1. La cárcel como etapa final del proceso de construcción social deldelito y del delincuente

La cárcel es el dispositivo último en el quefragua definitivamente el proceso de cons-trucción social de la identidad delincuente.Pasar por la cárcel significa ser, para siem-pre y de forma definitiva, un «delincuente».Una sociedad que encarcela a muchos de susmiembros será también, por tanto, una socie-dad capaz de estigmatizar y apartar de la re-



lación social «normal» a un gran número depersonas, encerrándolas en el estrecho e in-cómodo calificativo de ex presidiario. Por logeneral, esta masa sobrante e incómoda es-tará masivamente integrada por los miem-bros más empobrecidos de la sociedad.

a) El auge de la cárcel enNorteamérica

El proceso de criminalización de la mise-ria y la pobreza que según Wacquant está ex-pandiéndose internacionalmente desde susorígenes en EE.UU acaba por deglutir el tra-bajo asalariado precario al interior de un ar-chipiélago penitenciario en continuo creci-miento desde mediados de los años setenta.En este gran proyecto de carácter conserva-dor confluyen a un tiempo tres propuestas:«difuminación del Estado económico, debili-tamiento del Estado social, fortalecimiento yglorificación del Estado penal» (2000:12), demanera que son los mismos representantesdel pensamiento ultraliberal que clamancontra el exceso de intervención estatal en elterreno del welfare y la política social, losque paradójicamente demandan un creci-miento cada vez mayor de las institucionesde control social y penitenciarias.

De acuerdo con esta visión penalizadora,la actuación de la policía pasa a ser guiadapor la que se ha dado en llamar «política detolerancia cero» frente a los pequeños delitose infracciones, política que se traduce en unamultiplicación de los arrestos y detencionesde pequeños traficantes, prostitutas y delin-cuentes menores, es decir, aquella parte dela delincuencia que se muestra más visible-mente, en plena calle, y resulta por lo tantoespecialmente incómoda a los ojos de la clasemedia. En EE. UU. el resultado ha sido unincremento constante de la población pobreencarcelada, que, a la vez que ha visto cómose recortaban las ayudas sociales, ha pasadoa verse entre rejas en una altísima propor-ción. La población norteamericana encarce-

lada se redujo al mínimo en 1975, cuandotriunfaban las ideas sobre las alternativas ala prisión, las penas sustitutorias, etc, hastael punto de que incluso se llegó a hablar dealcanzar el objetivo de una «nación sin pri-siones», ya que por aquella época los deteni-dos eran «sólo» 380.000. Diez años más tar-de, en cambio, eran ya 740.000; superaron elmillón y medio en 1995, y llegaron a rozar losdos millones en 1998. El caso de Californiaes especialmente significativo de esta moder-na tendencia a encarcelar en Norteamérica.En las prisiones estatales californianas, laevolución fue la siguiente: 1975: 17.300 dete-nidos; 1985: 48.300; 1998: más de 160.000; sise le suman los internos en centros de deten-ción de las ciudades y condados california-nos, se alcanzan las 200.000 personas dete-nidas sobre una población total de 33millones de habitantes. Cuatro veces máspresos que en España, para una poblacióncon siete millones de habitantes menos. Estose explica únicamente por el encierro de lospequeños delincuentes, y muy particular-mente de los toxicómanos.

Según esta perspectiva conservadora quealienta la penalización de la miseria, el cri-men y la pobreza no son fruto de las condicio-nes sociales y económicas, sino del comporta-miento irresponsable, poco inteligente,inmoral o vicioso de los propios pobres. Poreso mismo, el trabajo social, lejos de perse-guir reformas estructurales que están fuerade su alcance y que probablemente sean irre-levantes como estrategia para reducir el cri-men, debe empeñarse en corregir las conduc-tas mal adaptadas. En lógica consecuencia,las explicaciones estructurales de la pobrezapierden credibilidad, y se las tacha de mero«sociologismo». Si la pobreza está generadapor el comportamiento poco eficiente de lospropios pobres, claro está, que es ése compor-tamiento lo que hay que cambiar, y no la so-ciedad. Para los conservadores norteameri-canos, igual que para sus epígonos europeos,los empeños en explorar las raíces socialesdel delito, no son otra cosa que «excusas so-

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ciológicas» que se esgrimen para debilitar lallamada a la responsabilidad individual deldelincuente. Así lo formulaba el presidenteBush (padre) cuando en una alocución a es-tudiantes argumentaba diciendo: «tenemosque alzar la voz y corregir una tendencia in-sidiosa, consistente en atribuir el delito a lasociedad más que al individuo [...] En lo queme toca, creo, como la mayoría de los nortea-mericanos, que podremos empezar a cons-truir una sociedad más segura si nos pone-mos ante todo de acuerdo en cuanto a que lasociedad en sí misma no es responsable delcrimen: los criminales son responsables delcrimen» (cit por Wacquant, 2000:61). Por lotanto, lo que corresponde es encerrar y en-carcelar a cuantos más «delincuentes» mejor.

Los argumentos sociales y económicos losintentan rebatir los conservadores, argu-yendo que la comisión de un delito implicasiempre una decisión individual que es laque permite atribuir la responsabilidad mo-ral y penal a los individuos, mientras que,por el contrario, los contextos, las estructu-ras, no son susceptibles de ser inculpadas,ni, por supuesto, castigadas. Las asociacio-nes evidentes entre pobreza, aparición deconflictos familiares serios, penetración delconsumo de drogas ilegales, residencia enespacios segregados, importancia de los en-cuentros con la policía y los agentes de con-trol social, etc, no parecen hacer mella entrelos partidarios de la responsabilidad indivi-dual del delito.

Entre otras ventajas adicionales de estapolítica de tolerancia cero, que multiplica lasdetenciones e ingresos en prisión, nos encon-tramos con que, de paso, esta inflexión repre-siva ha permitido hacer crecer la industriapenitenciaria hasta convertirla en uno de losnegocios más florecientes en estos momentosen Norteamérica. Tras el nacimiento de lascárceles privadas en 1983, la industria peni-tenciaria se había hecho en 1997 con el 7%de toda la población encarcelada, disponien-do de 137.000 plazas repartidas en unosciento cuarenta establecimientos que gestio-

naban o eran propiedad de 17 empresas pri-vadas. En última instancia nos encontramoscon que, tal y como afirma Wacquant, actual-mente en Estados Unidos la desregulacióneconómica camina a la par que la sobrerre-gulación penal, con lo cual, al mismo tiempoque se deja de invertir en acción social, sehan de multiplicar las inversiones en cárce-les y centros de internamiento.

En España, el proceso de privatización dela prisión está en sus comienzos, pero curio-samente las grandes empresas multinacio-nales de seguridad van haciendo su entradaen el sector siguiendo un camino bastantesimilar al recorrido en EE. UU, y posterior-mente, en Inglaterra. Se comienza con laprivatización de algunos servicios de mante-nimiento (comedor, limpieza de oficinas, la-vandería, talleres, etc), se continúa subcon-tratando la gestión de algunos centros dedetención de menores con empresas priva-das. Más recientemente se ha fallado el con-curso 3 que ha puesto en marcha el controlremoto mediante pulseras telemáticas, paralo cual se pedía a la empresa que ganara elconcurso que tuviera capacidad para im-plantarlo en 80 cárceles diferentes y que susistema hubiera sido implantado con éxitoen tres países, uno de los cuales debía serde la Unión Europea. Finalmente, ya co-mienza a hablarse de entregar ciertos servi-cios de vigilancia en las cárceles a empresasprivadas, sustituyendo a la guardia civil porlos guardias de seguridad privados. El pasosiguiente dentro de esta lógica será implan-



3 En el BOE de 4 de julio de 2001 se publicó la re-solución de la DGIP por la que se anunciaba la apertu-ra de un concurso público abierto para la adjudicaciónde un «servicio de monitorización (vigilancia remota) deinternos ingresados en centros penitenciarios depen-dientes de la Dirección General de Instituciones Peni-tenciarias». En el BOE de 11 de julio de 2001 se abre elconcurso para adjudicar el «servicio de alimentación delos internos del centro penitenciario de Valencia cum-plimiento» sobre un presupuesto base de licitación de700 pts por interno/día, etc.

tar en nuestro país la cárcel totalmente pri-vada 4.

Según Wacquant (2000:96 y ss.), la lógicaprofunda que subyace en este vuelco que vade lo social a lo penal, se puede resumir entres componentes principales:

1. En primer lugar, el sistema penal cola-bora de manera directa en la regula-ción de los segmentos inferiores delmercado de trabajo: hace bajar la tasade paro y además genera empleo en elsubsector de bienes y servicios carcela-rios. Además, contribuye al crecimien-to de los empleos más precarios y des-protegidos, al hacer crecer la mano deobra integrada por ex detenidos que nopueden sino aspirar a trabajos degra-dados y mal pagados.

2. Contribuye al mantenimiento del or-den racial, sustituyendo al gueto comoinstrumento de encierro y exclusión deuna población considerada peligrosa ysupérflua tanto en términos económi-cos como políticos, puesto que apenasvotan.

3. Por último, hay una íntima relaciónentre prisión y asistencia social. Por unlado, la visión panóptica y punitiva quecaracteriza a la cárcel tiende a impreg-nar los objetivos e instituciones encar-gadas de la asistencia social. Por otrolado, «las cárceles, quiéranlo o no, de-

ben hacer frente, urgentemente y conlos medios disponibles, a las dificulta-des sociales y médicas que su ‘clientela’no pudo resolver en otra parte: actual-mente, en las metrópolis norteamerica-nas, la principal vivienda social y lainstitución en que se brindan cuidadosy atención sanitaria accesibles a losmás indigentes es la prisión del conda-do». Considerándolo desde un punto devista cínico, todas estas circunstanciasvuelven «rentables» a los presos, tantoen términos económicos como ideológi-cos, lo que lleva a Wacquant a hablarde un «complejo comercial carcelario-asistencial», cuya «misión consiste envigilar y sojuzgar, y en caso de necesi-dad castigar y neutralizar, a las pobla-ciones insumisas al nuevo orden econó-mico según una división sexuada deltrabajo, en que su componente carcela-ria se ocupa principalmente de loshombres, en tanto que la componenteasistencial ejerce su tutela sobre (sus)mujeres e hijos»

b) Las cárceles europeas yespañolas

El caso de España presenta bastantes pa-ralelismos, aunque desde luego cuenta conelementos específicos que convierten en pe-culiar la evolución seguida por nuestro «ar-chipiélago carcelario» en los últimos 25 años.De entrada, conviene tener presente que eneste momento, somos el tercer país de laUnión Europea con más personas encarcela-das por habitante, siendo superados tan sólopor Portugal e Inglaterra, país que se ha con-vertido en el impulsor europeo de las corrien-tes norteamericanas que abogan por el aban-dono del Estado providencia en aras delEstado penitencia 5.

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4 Resulta muy ilustrativa la visita a la página web deCorrections Corporation of America, una de las grandesempresas privadas del sector en Norteamérica(http://www.correctionscorp.com/), por la calidad de lamisma y por los contenidos que se presentan en ella,destinados a un público heterogéneo para el que se handispuesto hasta cinco secciones: visitantes, profesiona-les del sector, medios de comunicación, solicitantes deempleo (a comienzos de septiembre se anunciaban 470ofertas de trabajo) y posibles inversores. Para estos últi-mos, se ofrecen las memorias y la evolución bursátil dela compañía, con resultados francamente espectacula-res.

5 Esta es la fórmula con la que se refiere Wacquantal reemplazo del Estado social y benefactor por un Esta-do punitivo y encarcelador.

En todo caso, aunque estamos a bastantedistancia de los 648 presos por cada 100.000habitantes que existen en EE.UU., tambiénentre nosotros se está produciendo desde ha-ce años una expansión de la cárcel. Este in-cremento de la población encarcelada, se ali-menta cada vez en mayor medida contrabajadores precarios y desempleados, ex-tranjeros inmigrantes, y personas con adic-ción a drogas. Pensemos que a comienzos delos años ochenta no llegaban a diecinuevemil las personas presas en España (ver gráf.sig.), y que una vez salvado el descenso pro-vocado en 1983 con ocasión de la reforma dela Ley de Enjuiciamiento Criminal (siendoministro Ledesma) 6, el número de presos no

cesó de crecer hasta rozar los cincuenta milen 1994, y en este momento, tras un leve des-censo, fruto de las últimas reformas penales,volvemos a estar en torno a las cuarenta yocho mil personas presas.

También a nivel europeo, los trabajos dePierre Tournier para el Consejo de Europapermiten hablar de una importante inflacióny superpoblación carcelaria en la mayor par-te de los países europeos, que en mayor o me-nor grado viven parecidas situaciones de ha-cinamiento en sus cárceles. El alargamientode las penas y el crecimiento del número deinmigrantes que se encuentran en prisión,están en el origen de este crecimiento de lapoblación reclusa, ante el cual sólo caben dosalternativas: aumentar el número de plazasen las cárceles, o bien desarrollar las alter-nativas a la prisión (Béthoux, 2000). De he-cho, si consideramos la evolución seguida porlos países de la Unión Europea durante los



6 Esta reforma consistía en limitar los períodos má-ximos de estancia en prisión preventiva, lo que se tra-dujo en un importante descenso del número de presospreventivos.

EVOLUCIÓN MEDIA DE LA POBLACIÓN RECLUSA

Fuente: DGIP. Datos a 31-8-2001

años 90 (ver tabla sig.), es claro que salvo entres países (Luxemburgo, Noruega y Suecia)en los que la tasa de encarcelamiento perma-nece estable, y otros tres en los que descien-de ligeramente (Austria, Dinamarca y Fran-cia, este último tan sólo desde los dos últimosaños), en los nueve países restantes la tasaha crecido entre 12 y 38 puntos desde 1992hasta ahora.

Como ya hemos dicho, España es el tercerpaís de la UE que más gente tiene entre re-

jas, en proporción a su población, y uno de loscinco en los que la tendencia a encarcelar haexperimentado un mayor crecimiento duran-te los años noventa. Sin que hasta el momen-to la tendencia parezca haber tocado techoen nuestro país, como en cambio sí parece es-tar ocurriendo ya en Reino Unido y en Portu-gal. Este último país, a pesar de continuarostentando el liderazgo en porcentaje de po-blación encarcelada, ha visto reducir su tasamuy sensiblemente en los últimos tres años.

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Este crecimiento de la población encarce-lada en Europa no se ha acompañado siem-pre de un incremento del número de plazas,lo que se acaba traduciendo en un importan-te grado de hacinamiento (ver Tabla sig.). Sinos atenemos exclusivamente a las cifras ofi-ciales respecto del total de personas presas ydel número de plazas oficiales con que cuen-ta el sistema penitenciario, España es elquinto país de la UE en cuanto al grado dehacinamiento oficialmente reconocido. Estono quiere decir que el hacinamiento no seamayor en la realidad, puesto que, como es sa-

bido, al menos en nuestro país, el número deplazas oficiales aumenta de facto por el expe-ditivo método de incluir una nueva cama enuna celda que ha sido construida para alber-gar a un solo individuo, lo que constituye unincumplimiento flagrante de lo establecidopor la legislación penitenciaria, pero inclusoasí, estamos en los puestos de cabeza en loque a hacinamiento se refiere. En este puntolos países mediterráneos (Grecia, Italia, Por-tugal y España, junto con el caso excepcionalde Bélgica) muestran una pauta claramenteregresiva.



Por otro lado, en lo que respecta al núme-ro total de plazas que se necesitarían, estoes, considerando los datos anteriores en ci-fras absolutas, ocupamos la tercera posición,con un déficit oficialmente reconocido de–3.238 plazas, tras Italia (-10.863) y Alema-nia (-3.262). Y no sólo eso, sino que ocupamosel primer puesto en el ránking del tamañomedio de las cárceles, nuestras prisiones sonlas más grandes de Europa: mientras que lamedia de plazas por prisión en el conjunto dela Unión Europea es de 275, el promedio depresos por cárcel en España, alcanza la cifrade 537 (ver anexo).

Llegados a este punto caben sólo dos po-sibilidades, o bien seguir construyendo ma-crocárceles en descampado y lejos de los nú-cleos de población, tal y como se ha venidohaciendo desde la puesta en marcha delPlan de Amortización y Creación de CentrosPenitenciarios, o por el contrario, utilizarmenos la pena de prisión. Esto último puedelograrse con un mayor desarrollo de las pe-nas alternativas, paro lo cual podría sermuy pedagógico, adoptar un numerus clau-sus que forzara a los jueces a ser más imagi-nativos a la hora de dictar sentencia. Estapropuesta, aunque pueda sonar algo desca-bellada, no lo es tanto si pensamos en las te-rribles consecuencias, tanto sociales como entérminos de sufrimiento humano, que aca-rrea la actual superpoblación carcelaria. Porlo demás, tampoco es novedosa; esta políticade intolerancia absoluta a la sobresatura-ción ya se practica en Holanda y Finlandia,y, entre otras ventajas, fuerza a una mayorcolaboración entre los jueces y la adminis-tración penitenciaria (Observatoire Interna-tionale des Prisons, 2000:13). En cuanto alas ventajas presupuestarias de tal políticareduccionista son evidentes: encarcelarcuesta caro (según nuestras estimaciones,actualmente en España el coste por personay año ronda los 3,2 millones de pesetas) y ala larga no es un buen negocio, salvo paralas compañías constructoras que edifican lasnuevas cárceles, pero que, en cualquier caso,

podrían construir centros sociales, escuelas,hospitales...

2.2. ¿Quiénes están presos?

Es de sobra conocida la relación existenteentre pobreza y delincuencia. Utilizando da-tos franceses de mediados de los años 90, po-demos afirmar que la probabilidad de llegara ser encarcelado en el país vecino es muchomayor si se trata de un varón (90% de lospresos), joven (80% menos de 40 años) y queapenas cuenta con un nivel estudios prima-rios (60%), todo lo cual, en la mayoría de loscasos, significa estar desempleado, lo que leslleva a la comisión de pequeños delitos con-tra la propiedad, que en gran parte estánvinculados al consumo de drogas ilegales.Hay que tener en cuenta que, en la práctica,«la cárcel no tiene por función principal de-tener a los criminales, sino más bien gestio-nar los delincuentes: sanciona esencialmen-te las infracciones contra la propiedad (40%de los detenidos condenados), y las infraccio-nes de la legislación sobre estupefacientes(20% de los penados), mientras que las ofen-sas a las personas (asesinatos, disparos o he-ridas voluntarias) no afectan sino al 15% delos condenados. Administra sobre todo pe-nas cortas: el 40% de los condenados debepurgar una pena inferior a un año» (Ros-taing, 1996:355). En general, se puede cons-tatar en todos los países occidentales la rela-ción existente entre desempleo y delito. Peroademás, resulta que, a igualdad de compor-tamiento delictivo, el peculiar funciona-miento del sistema (policía, jueces, funciona-rios de prisiones) hace que una mismaconducta se traduzca en la práctica en unasobrecondena mayor para aquellos indivi-duos que se encuentran marginados delmercado laboral convencional. Esto afectaparticularmente a ciertas categorías de po-blación como por ejemplo: la población jovensin oficio ni beneficio, los inmigrantes po-bres, y ciertas minorías étnicas.

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Si nos atenemos a los datos que se presen-tan en el gráfico anterior, hemos de recono-cer que en una abrumadora proporción, elsistema penal encarcela a los jóvenes: casila mitad de las personas que se encuentranencarceladas en España (el 47%) tienentreinta años o menos. Sin embargo, tal y co-mo sabemos a través de los resultados quearrojan las encuestas de autoinculpación yvictimización, es sabido que, en comparacióncon los adultos, los jóvenes: a) cometen deli-tos menos serios; b) hieren menos gravemen-te; c) actúan más en grupo; d) sus delitos es-tán menos planeados; e) conjugan más laemoción; f) dejan menos beneficio económico,y g) eligen sobre todo víctimas de su edad(Torrente, 2001:121).

No obstante, tal y como vemos por losdatos anteriores, el sistema acaba casti-gando con la cárcel, fundamentalmente alos más jóvenes. Entre otras cosas, esto es-tá originado por la estrecha correlaciónexistente entre cárcel y drogadicción, quese muestra especialmente importante en elcaso de los más jóvenes. Baste con el datoofrecido por Instituciones Penitenciariasen informes recientes según el cual, algo

más del 50% de las personas que ingresanen prisión admite ser drogodependiente: el60% a la heroína y la cocaína, un 25% sóloa la heroína y un 6% únicamente a la coca(La Verdad, 15-05-2000). En nuestro estu-dio (Ríos y Cabrera, 1998: 85 y ss.) encon-tramos que el 56% de los presos encuesta-dos eran drogodependientes, existiendoademás una relación estrechísima entredroga y reincidencia.

En segundo lugar, cada vez se encarcelamás a los extranjeros e inmigrantes po-bres. En toda Europa, los extranjeros y laspersonas de color se encuentran sobrerrepre-sentadas entre la población encarcelada. Enel conjunto de la Unión Europea, los extran-jeros suponen el 22,45% de toda la poblaciónencarcelada. En Inglaterra, los negros proce-dentes de las colonias caribeñas van siete ve-ces más a prisión que los blancos. En Alema-nia ocurre algo parecido con los gitanosrumanos (20 veces más), los marroquíes (8veces) y los turcos (3-4 veces). Ante una mis-ma infracción, se recurre más a la condenade cárcel cuando se trata de extranjeros, yademás el ingreso en prisión se hace efectivoen mayor medida.



POBLACIÓN RECLUSA EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLASPOR GRUPOS DE EDAD Y SEXO

Fuente: DGIP. Datos actualizados a 30-06-2001

Dejando a un lado el caso atípico de Lu-xemburgo por la peculiar configuración de-mográfica y espacial de este pequeñísimopaís, es evidente el importante peso que re-presentan los extranjeros dentro de los paí-ses de la UE, donde en promedio, vienen arepresentar un 22% de la población encarce-lada, siendo así que su peso entre la pobla-ción se puede estimar en torno a un 2,6%(ver Lora-Tamayo, 2001) . España, ocupa de

momento una posición intermedia, aunquela tendencia al alza está creciendo muy rápi-damente.

Muchos ingresan en prisión simplementepor infringir las leyes de permanencia en elpaís. Hay una especie de decisión delibera-da que busca reprimir la inmigración ilegalmediante la cárcel, o en todo caso, mediantela reclusión forzada. En todos los países de

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la Unión Europea se multiplican, las «zonasde espera», los lugares de internamiento yde retención, que tal y como se recoge en losinformes de Amnistía Internacional, al noser cárceles, no cuentan ni siquiera con elmarco jurídico regulador que proporciona laLey Orgánica General Penitenciaria. Los in-formes de Amnistía Internacional han de-nunciado los «frecuentes informes de brutali-dad policial y el aumento de denuncias demalos tratos a inmigrantes» en nuestro país.En Francia funcionan alrededor de treintacentros, que «son otras tantas prisiones queno se atreven a pronunciar su nombre»(Wacquant, 2000:112), en España, los letra-dos Ignacio Alarcón Mohedano y Luis Vidalde Martín Sanz realizaron un trabajo quefue premiado por el Colegio de Abogados deMadrid y publicado como separata de la re-vista Otrosí en febrero de 1999, en el que seponían de relieve los fallos y excesos que seproducían en los Centros de Internamientode Extranjeros (CIE), de manera que el ni-vel de garantía de derechos en que se en-contraban los allí internados era inclusoinferior al establecido por el régimen peni-tenciario en cuanto a «instalaciones, servi-cio médico y de asistencia social, visitas ycomunicaciones, asistencia letrada, régi-men disciplinario y derecho de alegaciones,discrecionalidad, y ausencia de control ju-risdiccional» (pág 38) Todo ello permite ha-blar de una verdadera «criminalización delos inmigrantes» mediante la cual, el ex-tranjero se convierte en el enemigo incómo-do, que resume, simboliza y se convierte enblanco de todos los miedos y ansiedades dela sociedad.

En el caso español, estas nuevas poblacio-nes que contribuyen a «colorear» la poblacióncarcelaria vienen a añadirse a la que tradi-cionalmente ha sido nuestra minoría étnicamarginada por excelencia: el pueblo gitano.Aunque no existen cifras que permitan darporcentajes sobre su presencia dentro de lascárceles, por tratarse de datos inexistentesdesde el punto de vista oficial, es amplia-

mente conocido por todos cuantos frecuentanel universo penitenciario su presencia masi-va en las cárceles españolas. Lo que confirmala tendencia general que habla de un procesode selección penal que tiende a castigar conla cárcel de forma desproporcionada a losmiembros de ciertos grupos étnicos minorita-rios.

A pesar de que en los datos oficiales no serecoge el grupo étnico de pertenencia de laspersonas presas en España, algunos estu-dios nos permiten ofrecer algunos datos em-píricos. Así por ejemplo, en el informe Bara-ñí sobre «criminalización y reclusión demujeres gitanas», se estima que «la repre-sentación de este colectivo tras los muros dela cárcel llega a ser 20 veces mayor a su re-presentación entre la población general», demanera que aproximadamente la cuartaparte de las reclusas en España son gitanas.En general, la pauta de conducta que subya-ce a su ingreso en prisión habla de una fuer-te marginalidad social que se expresa enuna importante interrelación entre la droga-dicción (la mitad de las mujeres gitanas en-trevistadas son o han sido consumidoras dedrogas y el 60% están presas por delitos con-tra la salud pública), y los delitos contra lapropiedad (hasta un 40% de la muestra), loque se traduce en una importante reinciden-cia que hace de la estancia en prisión algohabitual en sus vidas: el 61% de las mujeresencuestadas en el proyecto Barañí eranreincidentes.

En cuanto a los varones, un estudio reali-zado por el Secretariado General Gitano amediados de los años 90, estimaba en un10% su presencia en las cárceles madrileñas,siendo así que «el numero de españoles y es-pañolas gitanos/as puede estar entre 500.000y 650.000 personas, según datos recientesdel Secretariado General Gitano, lo que re-presenta el 1,4% del total de la población es-pañola» (cit. en Barañí), esto significa que seles encarcela en una proporción que es másde 7 veces la que les correspondería según supeso demográfico.



2.2.1. Origen social y familiar

Pueden multiplicarse los datos proceden-tes de diferentes países que muestran cómolas personas que llegan a ser identificadaspor las agencias de control como autores dealgún delito, y acaban etiquetadas por tantocomo «delincuentes», tienden a ser personasque previamente se encuentran ya viviendoen situación de exclusión, entendida ésta nosólo en términos económicos o de desempleo,sino también culturales, educativos y rela-cionales. Así por ejemplo, Smith y Stewart(1997) con datos del Reino Unido proceden-tes de quienes se encuentran en libertad vi-gilada (probation service), ponen de relieveque por lo común se trata de personas cuyafuente de ingresos es especialmente irregu-lar y atípica (trabajos esporádicos, desem-pleo, garantías sociales, etc). Con lo cual, sunivel de ingresos es muy bajo, lo que permitehablar estrictamente de pobreza (económica)en una altísima proporción. Además el empo-brecimiento ha ido en aumento desde losaños 60 para acá, entre otras causas, comoconsecuencia del aumento de la tasa de des-empleo (el 64% de los usuarios del probationservice en 1993 estaban en paro). Lo mismocabe decir de la desproporcionada presenciade fracaso escolar. El nivel de estudios alcan-zado es muy bajo: el 80% dejaron el sistemaeducativo sin conseguir obtener ningún títu-lo, y el 16% dejó la escuela antes de la edadmínima legalmente establecida. En el casode Francia, Anne-Marie Marchetti, profesorade sociología en la universidad de Amiens,autora entre otros libros de la obra tituladaPauvreté en prison, durante el transcurso deuna encuesta realizada por el Senado afirmócon rotundidad que «la prisión es la pena delpobre. La mayor parte de la población encar-celada es de origen socialmente desfavoreci-do»... «En Francia, la prisión está previstasobre todo para la delincuencia del pobre», yterminó su testimonio diciendo: «cada vezque realizo una encuesta en una prisión deFrancia, personalmente, siento vergüenza deser francesa».

Con frecuencia son personas que han vivi-do situaciones familiares problemáticas: con-flictos de pareja, malos tratos, abandonos; loque en una buena parte de los casos ha su-puesto haber tenido que pasar a depender delos servicios sociales: el 26% de los usuariosdel servicio británico de probation han teni-do la experiencia de vivir en algún momentode su infancia bajo la tutela de los serviciossociales (local authority care), frente a sola-mente un 2% entre la población general. Amenudo, todo esto suele haber estado ligadoa problemas de alojamiento y vivienda. Porúltimo, también es desproporcionadamentealto entre ellos el porcentaje de discapacida-des, enfermedades o adicciones, con todos losefectos exclusógenos que conllevan.

En nuestro país, es difícil encontrar estu-dios que analicen el origen social de las per-sonas presas y dispongan de datos empíricosfiables sobre el mismo. El estudio de C. Man-zanos (1991), aunque es de hace unos años yse centra en las personas internas en cárce-les del País Vasco y sus familias, tiene laventaja de proporcionar una visión global eintegrada de la sociodemografía carcelariaen conexión con una sociología de la margi-nación. Según los datos obtenidos en una en-cuesta que llevó a cabo entre 435 familias depersonas que estaban o habían estado presasentre 1982 y 1989, el 46,7% de las personaspresas referenciadas en la muestra no ha-bían llegado a superar los estudios prima-rios, y sólo el 1.8% llegaron a la Universidad.El 61% carecía de experiencia laboral algu-na. Y más de la mitad de los presos (51,2%)unía a esta falta de experiencia laboral, unadesescolarización temprana que les impidiócompletar los estudios primarios. Es decir,las personas presas se reclutan masivamen-te entre la población joven desempleada y sinestudios.

Otro dato adicional que da idea de las difi-cultades de integración social padecidas porlas personas encarceladas es el que se refierea la institucionalización infantil. Si bien úni-camente el 0,4% de los menores de 14 años se

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encuentran en instituciones de acogida, encambio, hasta un 25,4% de los presos de lamuestra habían vivido durante su infancia laexperiencia de haber sido institucionaliza-dos.

En cuanto a la condición socioeconómicade las familias afectadas por la cárcel en laComunidad Autónoma Vasca, Manzanos en-contró que:

— El 63% eran familias emigrantes -defuera de la CAV-, cuando para el totalde la población residente en el PaísVasco, sólo el 15,6% es emigrante. Elloquiere decir que se encuentran sobre-rrepresentados hasta cuatro veces supeso real.

— Se trataba de familias de gran tamaño:el 64% eran familias de seis miembroso más.

— Con muy bajo nivel educativo: el 60%de las personas principales de la fami-lia carecían de estudios.

Por lo que se refiere al nivel de ingresosdel hogar, Manzanos encontró que un 49,5%vivían en situación de pobreza (el 29,5% desus hogares contaban con unos ingresos

mensuales comprendidos entre 40 y 79.000pts) o miseria (menos de 40.000 pts). Aunquecuando se utilizaban las líneas de pobrezaque se habían empleado en los estudios gene-rales sobre pobreza económica realizados enel País Vasco más o menos por aquellas fe-chas por el Dpto. de Trabajo del GobiernoVasco, entonces la práctica totalidad de lasfamilias afectadas por la pena de prisión (el98,6%) caían por debajo del umbral de pobre-za, entendida ésta como «los ingresos míni-mos necesarios para llegar a fin de mes». Deellas, el 64% estaban en situación de estrictamiseria económica, cuando esta situaciónafectaba únicamente al 5% de los hogares dela CAV.

Según estos datos (ver tabla ant.), los ho-gares de las familias de los presos represen-taban el 36,4% de todos los hogares del PaísVasco en situación de miseria económica, y el3,5% de los hogares en situación de pobrezaeconómica. Mientras que la proporción dehogares no pobres (es decir, los que se sitúanpor encima del umbral o línea de pobreza)entre las familias de presos es prácticamenteirrelevante, ya que suponen únicamente el0,06% del total de hogares no pobres del PaísVasco. La cárcel se nutre esencialmente delos miembros de las familias más pobres. La



penalización de la miseria adquiere así todosu significado. Más aún si tenemos en cuentaque una de cada cuatro de estas familias depresos (25%) tenía más de un familiar presoo arrastrando problemas penales.

Naturalmente esto no significa afirmarque la criminalidad sea un patrimonio de lasclases desfavorecidas, sino reconocer el filtroque las instituciones de control, persecucióny sanción carcelaria del delito ejercen. Hastael punto de que, sencillamente, para la poli-cía y los jueces, pasan desapercibidas (no se«ven»), otras formas de delincuencia que sonmás frecuentes entre las clases sociales másaltas (los llamados delitos de cuello blanco), obien no las persiguen con el mismo ardor, o,finalmente, no las llegan a castigar con pe-nas de prisión. El resultado de todo ello esque la cárcel acaba siendo un destino queabre sus puertas casi en exclusiva para atra-par a los miembros de los hogares pobres yexcluidos.

a) Laboral

La condición de excluidos de gran parte delos presos se refleja fielmente en su posiciónsubordinada dentro del mercado laboral. Losdatos que arrojaba la encuesta Mil voces pre-sas del 98, reflejaban que, al menos un 14%

de los presos carecían por completo de cual-quier experiencia laboral previa, circunstan-cia que afectaba al menos al 30% de los pre-sos menores de treinta años. Por lo demásaquellos que sí habían desempeñado algúntrabajo antes de entrar en prisión, lo habíanhecho mayoritariamente en empleos manua-les y poco cualificados (55%). Traducidos es-tos antecedentes laborales a una estratifica-ción en clases ocupacionales, tenemos quelas 4/5 partes de los presos proceden de laclase trabajadora manual con baja o nulacualificación. Esto significa, que si compara-mos la estructura de clases de procedenciade las personas presas, con la estructura declases española, se puede decir que en nues-tro país la posibilidad de ir a la cárcel es 10veces mayor entre la clase trabajadora queentre la clase media 7.

Abundando en la baja cualificación labo-ral de las personas presas, tenemos que en-tre las mujeres gitanas encuestadas dentrodel proyecto Barañí, únicamente el 13% sepodía considerar que tenían un oficio regla-do dentro de los estándares generales de lasociedad actual, el resto se dedicaba a la ven-ta ambulante (38%), o a tareas tradicionalesde muy baja condición, como cestería, ferian-tes, etc. (10%), se declaraban amas de casa(21%) o bien dijeron no tener oficio alguno(14%).

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7 Ver el Cap 2.3 del V Informe Foessa pp. 231-271.

No obstante, podría pensarse que, dadaesta situación de partida, el tiempo que pa-san en la cárcel podría estar siendo aprove-chado para adquirir una experiencia laboralde la que muchos han carecido hasta ese ins-tante. De hecho, el Gobierno aprobó el pasa-do 6 de julio un Real Decreto que reconoce alos reclusos que trabajen, el derecho a la pro-tección de la Seguridad Social, lo que les per-mitirá gozar de sus prestaciones en caso dematernidad, de accidentes de trabajo o de ju-bilación, así como acceder a los subsidios deparo a su salida de la cárcel. Hasta el mo-mento esto no ha sido así y hay serias dudasde que pueda convertirse en algo general. Enprisión, los salarios suelen ser muy bajos, en-tre 26.000 y 50.000 ptas, en el caso de los ta-lleres que gestiona la propia cárcel, y deunas 70.000 ptas cuando se trata de talleresque trabajan para empresas de fuera 8. Portodo ello, el trabajo remunerado dentro de lacárcel, dado el escaso número de plazas dis-ponibles y la situación de indigencia que pa-decen muchos presos, puede ser utilizado co-mo un medio para recompensar la docilidadfrente a la dirección; y esto cuando no se usacomo un puro elemento de chantaje, paraconseguir la sumisión de los presos. Así que-daba reflejado de forma pavorosamente cán-dida en la información de prensa que publicóel diario Ideal (19-08-2001) el mismo día enque se hizo eco de la noticia anterior. Traslas declaraciones de la subdirectora de la pri-sión madrileña de Soto del Real, que explica-ba que en su centro había colas para accedera una plaza, por lo que se habían visto obli-gados a «motivar a los reclusos para que rea-licen actividades de carácter no laboral antela imposibilidad de colocar a todos», se conti-nuaba diciendo que: «para convertirse en unode los afortunados asalariados, los internosdeben primero promocionarse y demostrarsu voluntad de colaborar con las labores del

centro. Así, sólo quienes comienzan desdeabajo, con tareas de limpieza en los módulos,sirviendo la comida a sus compañeros o enlabores de mantenimiento, consiguen que ladirección de la cárcel se fije en su comporta-miento y les asigne una plaza en talleres» 9.

De hecho, con el Real Decreto de julio seincorporaron al régimen general de la Segu-ridad Social 8.200 presos, que sobre un totalde 46.883 a finales de junio, representan es-casamente un 17,5%. Esencialmente se tratade actividades de manipulado, muy básicas yelementales que no cualifican laboralmente.Es muy difícil, por no decir imposible accedera las nuevas herramientas y tecnologías. Se-gún los datos de nuestra encuesta (Ríos y Ca-brera 1998), el 81% de las personas presasdicen no tener posibilidad de realizar activi-dades. El tiempo de la cárcel es un tiempoclausurado e inútil presidido por el aburri-miento y la inactividad. Solamente una mi-noría puede acceder a actividades de forma-ción profesional y laboral.

b) Económico

Claro que, aun siendo malas y faltas detransparencia las condiciones de trabajo enprisión, esto no quita para que sea peor aúnla inactividad forzada a la que se ven conde-nados la mayor parte de los detenidos. EnFrancia, A.M. Marchetti habla de que un



9 Por el contrario, unos meses antes, el periódicoelectrónico La corriente alterna (29-01-2001) publicabalo siguiente:�Las irregularidades en el trabajo de los pe-nados son «el pan de cada día», asegura rotundamenteSor Carmen, coordinadora de la asociación de ayuda alos presos Marillac. Sólo el 20 por ciento de las 44.000personas que componen la población reclusa realizauna actividad laboral, tanto remunerada como formati-va. Y la falta de transparencia sobre la gestión de lospuestos de trabajo, salarios y compensaciones a las em-presas privadas que colaboran con los centros peniten-ciarios es la norma�, y continuaba más adelante que-jándose de los bajos salarios, la imposibilidad dereclamar o denunciar abusos por parte del empleador,etc.

8 En estos casos se trata de empresas que, ademásde pagar sueldos por debajo del salario mínimo, se en-cuentran con las instalaciones y la electricidad gratis.

60% de la población carcelaria está desocu-pada por completo, lo que teniendo en cuentaque no pueden acceder al RMI (Ingreso míni-mo de inserción) hace que se multipliquenlas situaciones de indigencia y pobreza extre-ma dentro de las cárceles, con la consiguien-te secuela de violencia y delincuencia intra-carcelaria que esto genera. Más aún, sitenemos en cuenta que el régimen arcaico yobsoleto del economato hace que todo pueday deba ser comprado, desde productos ali-menticios, hasta tabaco, y a unos precios quemuchas veces están fijados de forma artifi-cial, cuando no claramente abusiva. En lacárcel todo cuesta dinero, por ejemplo, en uninforme elaborado por el Senado francés elpasado año con el expresivo título de «Pri-sons: une humiliation pour la République»,se denunciaba que el alquiler de una televi-sión en la cárcel de La Santé costaba 65 fran-cos por semana, esto es, 270 francos al mes(más de cinco mil pesetas), siendo así que laempresa proveedora cobraba únicamente 70francos por mes. En nuestro país, la Audien-cia Provincial de Madrid condenó en marzodel año 2000 al gerente, al tesorero y a un di-rectivo de Trabajos Penitenciarios por urdir«un plan para enriquecerse con las transac-ciones comerciales que efectuó este organis-mo en los primeros años de la década de los90» (El País, 29-03-2000) mediante la consti-tución de empresas ficticias para canalizarlas compras y las ventas que se realizarondurante aquellos años.

La cárcel no sólo atrapa sobre todo a losmás pobres, sino que además les supone unempobrecimiento económico adicional, al ha-cerles perder ingresos y obligarles a incurriren gastos adicionales. En el estudio de Man-zanos (1991), que ya hemos citado anterior-mente, se analizaban los gastos que suponíapara las familias tener a alguien en prisión.A comienzos de los años noventa, siendo losingresos medios mensuales de las familias delos presos en la CAV, de unas 50-55.000 pts.,el gasto ordinario que les suponía por térmi-no medio tener que atender al familiar preso

venía a ser de unas 12.000 pts mensuales. Esdecir, que la rémora económica que implica-ba tener un familiar en prisión se llevaba al-rededor del 22% de los ingresos de estas fa-milias, que siendo por lo general familias pordebajo del umbral de pobreza, se veían asídoblemente empobrecidas. A esto habría queañadir los gastos extraordinarios que repre-sentaban los viajes para realizar las visitas apresos en cárceles situadas fuera de la Co-munidad Autónoma, circunstancia que veníaa afectar a la tercera parte de las familias depresos durante un período de tiempo mediode unos nueve meses. Estos gastos extraordi-narios para viajes y desplazamientos veníana ser de unas 28.000 pts al mes, lo que signi-ficaba una verdadera ruina para unas econo-mías domésticas ya muy precarias. Y sólohay que pensar que, de acuerdo con los datosobtenidos en la encuesta a presos que reali-zamos hace un par de años (Ríos y Cabrera,1998), alrededor del 50 % de las personas enprisión encuestadas declaraban estar en cár-celes situadas en otra provincia diferente ala de su domicilio familiar.

c) Educativo

Desde el punto de vista educativo, la ex-clusión originaria se refleja en el bajísimo ni-vel de estudios completados por las personaspresas. Según datos de Instituciones Peni-tenciarias, aproximadamente el 10% de laspersonas presas son analfabetos totales, y el19% analfabetos funcionales, siendo así queentre la población española con edades com-prendidas entre 16 y 65 años el analfabetis-mo ha sido prácticamente erradicado. En elinforme Mil voces presas (1998), incluso tra-tándose de una muestra sesgada al alza des-de el punto de vista educativo, ya que habíaque cumplimentar un cuestionario por escri-to - lo que dejaba fuera a quienes no supieranescribir salvo que algún compañero les ayu-dara a responder-, nos encontramos con quemás de la mitad (51%) apenas si contabancon estudios primarios o de FP de primer

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grado (14%), y un 8% carecía por completo deestudios.

Entre las mujeres gitanas de la encuestaBarañí, la situación es especialmente dra-mática: el 32% no sabían leer ni escribir, el28% sabían leer aunque no escribir, y el 25%tenían incompletos los estudios primarios; loque hace un total de un 85% sin ningún cer-tificado escolar mínimo.

Sobre esta base de partida, el tiempo deestancia en la cárcel no supone ninguna me-jora sustantiva. Bien es verdad que resultadifícil valorar lo que representa la oferta for-mativa disponible en las prisiones españolascomo vía para elevar el déficit educativo delque parten las personas presas al ingresar,ya que no resulta fácil disponer de datos ofi-ciales, puesto que los que se publican sonmuy escasos e incompletos. Sin embargo, to-do sugiere un tremendo fracaso de los pro-gramas educativos que se imparten al inte-rior de las cárceles. Por ejemplo, las cifrasque proporciona la Dirección General de Ins-tituciones Penitenciarias en su última me-moria recogen la cifra del número total dealumnos que o bien asisten a clase o simple-mente están matriculados, pero no se ofreceninguna información sobre el porcentaje deellos que logra terminar sus estudios. En to-do caso, las cifras de matriculados tampocorepresentan gran cosa. En general, se tratade personas matriculadas en los niveles deenseñanza más básica: aproximadamentela mitad de todos los 14.324 presos «estu-diantes» a lo largo del curso 98/99, cursa-ban estudios por debajo del nivel de certifi-cado escolar (alfabetización, neolectores,etc); únicamente 526 presos cursaban el ba-chillerato o el COU; y en estudios universita-rios se hallaban matriculadas 694 personas,de las cuales más de 300 estudiaban en laUniversidad del País Vasco, correspondiendopor tanto casi en su totalidad a presos deETA, que claramente disponen de un perfilmuy diferente al del resto de los presos co-munes. Por lo tanto, el preso estudiante, queaprovecha el tiempo en prisión para estudiar

una carrera, es sencillamente un mito queapenas si recoge la situación de menos del1% de los presos españoles. En cuanto a losdatos relativos a la Formación Profesional -que podría pensarse que se trata de un tipode estudios más accesibles e interesantes decara a la reinserción social, dado el penosorecorrido escolar seguido por las personaspresas-, nos encontramos con una realidadaún más dramática: tan sólo 169 personas seencontraban matriculadas en algún módulode Formación Profesional en las cárceles es-pañoles, sobre un promedio anual de casi40.000 personas encarceladas 10.

d) Salud

Instituciones penitenciarias admite queun 19% de los presos son portadores del virusdel sida. Porcentaje que probablemente esmayor, ya que un 10% del total de internosno se ha podido realizar las pruebas.

En general, las condiciones higiénicas delas cárceles no siempre son las adecuadas.Además de las quejas contínuas de los pro-pios presos, tenemos el testimonio de los pro-pios funcionarios que, de tarde en tarde, pa-ra dar más fuerza a sus reclamaciones en losmomentos de conflicto, acompañan sus que-jas laborales con las denuncias sobre las defi-cientes condiciones sanitarias de las prisio-nes. Así por ejemplo, a finales de febrero de



10 La cifra total de personas que estuvieron ingresa-das en algún momento del año no está publicada, peroincluso así, si referimos las cifras de matriculación alpromedio anual, nos encontramos con que apenas untercio se matriculó de alguna cosa. A pesar de todo, eldato más interesante sería el que nos indicara el fracasoescolar, es decir, el porcentaje de presos que no consi-guen superar el curso, pero ésta es una cifra que tam-poco se hace pública. Del mismo modo, en la memoriacitada, se ofrece la cifra de alumnos que inician los cur-sos de preparación para la inserción laboral en el año1999 (en total, 12.502, repartidos en 724 cursos), perono se ofrece el dato de cuántos de ellos consiguieronterminarlos.

este mismo año, el personal de la cárcel deVillabona (El Comercio 27-2-2001), para for-zar a una mesa de diálogo con la direccióndel centro, denunciaba la existencia de unaplaga de ratas y mosquitos que atribuían a lainsalubridad de la cárcel, y se extendía enargumentos alarmistas acerca de los peligrosque esto entrañaba al tratarse de un lugaren el que abundaban las enfermedades con-tagiosas «como el sida o la tuberculosis».

Por lo que se refiere a la salud mental, nosencontramos con que, por ejemplo, el Defen-sor del Pueblo Andaluz ha denunciado laexistencia de unos 400 enfermos mentales enlas cárceles andaluzas –lo que representa al-rededor de un 4% del total de la poblaciónencarcelada–, que prácticamente carecen deatención especializada: mientras en Jaén yAlmería, 80 enfermos recibían la visita de unpsiquiatra cada quince días, en Almería, 50enfermos recibían una visita al mes, y losotros 240 enfermos mentales, repartidos porlas demás cárceles andaluzas, sencillamenteno contaban con ningún psiquiatra.

Particularmente doloroso es el caso de losdisminuidos psíquicos, que en una gran ma-yoría ni siquiera han sido detectados comotales, debido a la situación de marginación ypobreza que normalmente acompaña sus vi-das, lo que les ha impedido contar con unadefensa legal apropiada que hubiera permiti-do su diagnóstico y una exploración reposa-da. De hecho, en el informe elaborado por elDefensor del Pueblo Andaluz (2000:65), deun total de 82 disminuidos psíquicos, sólo 17(el 21%) habían sido evaluados como tales.

3. LA VIDA EN LA CÁRCEL Y SUSCONSECUENCIAS

Vivir en prisión no implica únicamente lafalta de libertad, también conlleva la pérdidade relaciones y contactos sociales, la absti-nencia total, o casi, de relaciones heterose-xuales, la falta de seguridad personal, la im-posibilidad de acceder a muchos servicios y

recursos de todo tipo (culturales, educativos,de ocio y tiempo libre), la exposición a riesgosimportantes para la salud física y mental,etc. Ahora bien, «tal como señala la Constitu-ción, al preso no se le debe privar de aquellosotros derechos que no vengan ya limitadosen la propia condena, el sentido de la pena yla ley penitenciaria. Por tanto, el derecho ala vida, a la integridad física, y a la dignidadsupone un derecho que en modo alguno debeser mermado por su estancia en un estableci-miento penitenciario» (Casas, 1991:258-259).Sin embargo, en la práctica, las personaspresas han de cumplir su condena en talescondiciones, que el ejercicio efectivo de estosotros derechos se ve considerablemente mer-mado.

Para empezar, la persona que ingresa enprisión es sometida a una serie de rituales dedesposesión que tienden a poner de relieve lasuspensión de su identidad por un tiempo in-definido. A este abandono de la identidad an-terior colabora muy eficazmente la inseguraperspectiva que se abre ante ella. Cuando seentra en la cárcel no puede saberse cuándollegará el momento de salir de ella; en mu-chos casos aún se está pendiente de juicio -por ejemplo, en estos momentos, el 27% delas personas encarceladas en España, lo es-tán como preventivos-, e incluso después dehaber sido juzgado y condenado, la penaefectiva puede depender de imponderablesque escapan por completo al preso; circuns-tancias como la eventualidad de una sanción,la refundición o no de penas, etc, puedenalargar hasta el infinito el período de encar-celamiento. En la práctica carcelaria real, eltratamiento disciplinario de las personaspresas termina por «convertir una condenadeterminada, establecida por el poder judi-cial, en condena indeterminada» cuyo finalprevisible es imposible conocer de antemanode forma precisa (Manzanos, 1991:70).

En prisión la exclusión y separación físicacontinúa hasta traducirse en un verdaderodespojo de sí mismo que se consuma día adía. El detenido no puede preservar su inti-

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midad, ya que continuamente es observado,mirado, vigilado (expuesto a una permanen-te «contaminación física» en expresión deGoffman), y obligado a compartir espacioscon otros, en un régimen de promiscuidadpermanente, en el trabajo, el patio, la celda(«contaminación moral»), de manera que to-do es conocido por todos. No hay un lugar alque poder retirarse solo para cambiar la«máscara» y gestionar la propia identidad.Las consecuencias terribles de la vida carce-laria han sido expuestas en muchas ocasio-nes (Valverde, 1993), fijémonos ahora breve-mente en algunos aspectos que tienden atraducirse en un agravamiento de la exclu-sión inicial.

3.1. Consecuencias para la salud

Es conocida la alta incidencia de enferme-dades contagiosas entre la población encar-celada (hepatitis, tuberculosis, VIH), y ennada puede beneficiar el hacinamiento, lamasificación y las deficientes condiciones hi-giénicas, alimentarias y sanitarias de lascárceles para lograr contener su propaga-ción. En la cárcel, hay muchos enfermos yexiste una alta probabilidad de enfermar. Enese sentido conviene recordar que en nuestrasociedad «el sistema sanitario es el entrama-do institucional responsable de satisfacer lasnecesidades sociales básicas relacionadascon la salud en todos sus aspectos. Por ello,las personas enfermas física o psíquicamentea las que se les imputa la responsabilidad dehaber cometido un hecho delictivo no sonuna excepción a la regla. Tienen un proble-ma de salud y por tanto han de ser atendidaspor las instituciones sanitarias correspon-dientes, ya que en el origen de su comporta-miento existen problemas de enfermedad,problemas que motivan, en ocasiones, la pro-pia comisión de delitos» (Casas, 1991: 267),como es el caso de muchas adicciones o dedeterminadas patologías mentales. Sin em-bargo, actualmente la atención sanitariaque se presta a los presos se encuentra se-

gregada del régimen general y depende di-rectamente del Ministerio de Interior. Poreso mismo se multiplican las demandas delpersonal sanitario, –375 médicos, 384 diplo-mados en enfermería y 331 auxiliares–, quetrabaja en las cárceles dependientes del Mi-nisterio de Interior (todas salvo las catala-nas) pidiendo ser incorporados al SistemaNacional de Salud.

La falta de medios e instalaciones de quedispone esta especie de sanidad paralela a ladel resto de los ciudadanos se traduce en unempeoramiento de la atención sanitaria quereciben los reclusos. En un reciente informede la Subdirección General de Sanidad Peni-tenciaria se admiten las deficiencias «de esteservicio asistencial, tanto en eficiencia comoen equidad» a pesar de los 13.000 millones decoste anual que le supone a Interior de los queprácticamente la mitad corresponden a gastosde personal (Diario médico, 29-6-2001 11).Claro que las demandas de los médicos deprisiones en las que se ponen de relieve lasdeficientes condiciones sanitarias de la po-blación encarcelada no están motivadas sólopor la preocupación que les suscita la saludde los presos, sino que sus quejas tambiénexpresan su aislamiento respecto del restode profesionales del Sistema Nacional de Sa-lud, «lo que crea dificultades de coordinacióncon otros servicios asistenciales, así comouna limitación de la carrera profesional». Encierta forma, la cárcel no sólo excluye a losque apresa, sino también a quienes trabajanen ella.

En definitiva, acogiendo a una poblaciónen gran medida enferma, las cárceles son asu vez «generadoras de enfermedades tantofísicas como psíquicas que no debieran recaersobre una población ya castigada a la priva-ción de libertad y doblemente castigada a so-portar las condiciones en que se encuentranlos centros penitenciarios» (Casas, 1991:269).



11 http://www.diariomedico.com/sanidad/informe-penitenciaria290601.pdf.

3.2. Consecuencias para la relaciónsocial

Estar en prisión supone antes que nadaestar excluido de la comunicación. Los inter-cambios con el exterior, con la familia, losamigos, la pareja, se vuelven difíciles y esca-sos, cuando no imposibles, debido a la distan-cia, al coste económico que acarrean, a lafrustración que les acompaña, etc. La comu-nicación con el exterior, si bien se acepta enla legislación penitenciaria como algo nece-sario y conveniente de cara a la posteriorvuelta a la sociedad, sin embargo, en la prác-tica, ha de realizarse en tales condiciones yenvuelta en tal cúmulo de restricciones, quese pervierte hasta el extremo: horarios limi-tados, periodicidad escasísima, ruido am-biental que obliga a hablar a gritos, ambien-te frío e inhóspito en el caso de lascomunicaciones íntimas, urgencia y limita-ción de tiempo asignado... El pasado mes dejulio, el Colegio de Abogados de Zaragoza de-nunciaba que en la ultramoderna macrocár-cel recién inaugurada y destinada a albergarhasta unos 1.500 presos, únicamente dispo-nían de tres locutorios para comunicar consus clientes (El periódico, 03-07-2001).

En la práctica cotidiana, las posibilidadesde la administración penitenciaria para san-cionar mediante una reducción o supresióntemporal de las comunicaciones, someterlasa controles adicionales, o a censura, son tanamplias, que el derecho a comunicar setransforma en un privilegio graciable y suje-to a mil posibles arbitrariedades con el quejuega la Administración para recompensar,castigar, regular, modular y, en definitiva,someter el comportamiento de las personaspresas.

Naturalmente, las consecuencias de estasposibilidades limitadas de contacto y comu-nicación las padece en primer lugar el preso,pero también su familia ya que, por ejemplo,tan insuficiente y escaso resulta para el pre-so como para su pareja tener que limitar elcontacto sexual a una visita al mes, sometida

a un tiempo tasado y desarrollada en un me-dio artificial, extraño y completamente des-personalizado.

Aunque en el artículo 12.1 de la LOGP seseñala que «se procurará» que «cada áreaterritorial» cuente con el número suficientede prisiones como para «satisfacer las necesi-dades penitenciarias y evitar el desarraigosocial de los penados», lo cierto es que sólouna pequeña parte de las personas presas seencuentran cumpliendo condena cerca de sudomicilio, con las negativas consecuenciasque esto entraña, al debilitar el arraigo so-cial, entorpecer la comunicación con el exte-rior y la vinculación familiar, y por tanto di-ficultar la reinserción posterior. Cumplircondena lejos del domicilio familiar suponegastos considerables para la familia (viaje,alojamiento, alimentación) que se añaden ala pérdida de ingresos que normalmente haexperimentado el grupo familiar con el ingre-so en la cárcel de uno de sus miembros. Estose traduce en una reducción del número devisitas y contactos.

Igualmente, la labor de mediación y enla-ce con la red relacional que se debería hacerdesde el servicio de trabajo social peniten-ciario se hace mucho más difícil por no decirimposible. Los permisos a los que se tienederecho, muchas veces no pueden disfrutar-se por no tener medios para desplazarse olugar en donde alojarse. Lo mismo cabe de-cir de la posibilidad de conseguir un empleocuando se está en tercer grado. Naturalmen-te, todos estos inconvenientes inciden parti-cularmente entre aquellos reclusos que pro-vienen de medios sociales con menosrecursos. Con lo que se añade exclusión a losmás excluidos.

Así pues, la cárcel no sólo reduce el capitaleconómico, la cualificación laboral y la saludfísica, sino que corta y debilita las relacionessociales, de parentesco y amistad del preso.Con frecuencia este capital relacional consti-tuye el recurso más importante, cuando no elúnico, de que dispone la persona encarcela-

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da, y su desaparición dificulta al máximo laintegración social a la salida de la cárcel:

«La prisión constituye una vida artificial,una ‘vida fuera de la vida social’. El hechode someter a un individuo a una segrega-ción prolongada tiene necesariamente so-bre él un efecto despersonalizador y de-socializante. No habría que olvidar que es-ta exclusión es temporal. Pero sea cualsea su duración, el encarcelamiento creaun agujero en la historia social. Es fre-cuente que las personas liberadas no reen-cuentren intactas sus familias, sus pare-jas, su medio ambiente, su trabajo. Losantecedentes penales representan siem-pre un obstáculo para encontrar un em-pleo o un alojamiento, incluso aunque lapena haya sido purgada. La prisión estig-matiza, tanto más cuanto que las pobla-ciones afectadas son excluidas socialmen-te o vivían ya en la marginalidad antes desu encarcelamiento» (Rostaing, 1996:361)

4. LA SALIDA DE LA CÁRCEL: LAEXCLUSIÓN INTENSIFICADA

Según Manzanos, a la salida de la cárcelson tres las necesidades más básicas y ur-gentes a cubrir: a) tener alguien que te espe-re; b) disponer de una vivienda o lugar en elque residir, y c) contar con un trabajo que tepermita ganarte la vida.

Frente a estas tres demandas esenciales ysegún los datos que él maneja, el resultadoobtenido al final del encarcelamiento es el si-guiente:

— el 80% de los presos salen desemplea-dos, es decir, no han podido obtener oconservar un trabajo durante su estan-cia en prisión;

— aunque la mayoría tiene a alguien queaguarda su salida, hay casi un 12%que no tiene a nadie esperándoles;

— finalmente, un 10% de las personas ex-carceladas se encontrará literalmentesin domicilio.

El núcleo más abandonado y vulnerable loconstituirá el 3% de personas presas que seencuentran en estado de total abandono, yaque al salir de la cárcel no tienen ni trabajo, nirelaciones afectivas, ni domicilio al que diri-girse. Por lo demás, tampoco esto es original yprivativo de nuestro país; en Francia, el 60%de las personas que salen de la cárcel carecende empleo, el 12% no cuenta con una vivienday a casi una tercera parte no los espera nadie(Wacquant, 2000:150). La cárcel, lejos de re-ducir la exclusión, normalmente la habrá in-tensificado; no sólo no se habrán cubierto losagujeros que había en sus vidas sino que, porlo general, se habrán profundizado.

Por eso, no es raro que, cuando se les pre-gunta a los familiares de los presos, qué creenque necesitaría la persona en prisión para con-seguir una reinserción social efectiva (ver ta-bla sig.), aparezca en primer lugar el empleo,seguido del apoyo de la familia, y del abando-no de la droga. Igualmente, cambiar de ami-gos, y contar con ayuda profesional parecenimportantes, a bastante distancia del hecho



simple de disponer de dinero. Evidentemente,en la óptica de quien vive el problema de cerca,la prevención del delito pasa por mejorar lascondiciones sociales, económicas y laboralesde las personas que delinquen y no tanto poraumentar las medidas de control policial.

En el mismo sentido, los datos de la encues-ta Barañí a mujeres gitanas muestran que elprincipal deseo que expresaban para cuandollegara el momento de salir de la cárcel era«trabajar y volver con la familia» (63%), y encuanto a las demandas prioritarias, se concre-taban en trabajo (32%), formación (14%) y vi-vienda (10%); tres aspectos que remiten al de-seo de superar la situación de marginalidad yexclusión laboral, educativa y residencial.

5. CONCLUSIÓN

Desde nuestra perspectiva, la exclusión yla desigualdad están en el origen de la crimi-nalidad, al ser la expresión más inequívocade la quiebra de los vínculos de solidaridad,intercambio y reciprocidad. Los recortes enpolítica social hacen aún más difíciles lascondiciones de vida de los grupos más empo-brecidos. Por ello, las clases populares aca-ban siendo las más afectadas por el delito (yasea como víctimas o como autores detectadosy penados) con lo que añaden una desventajamás a las que ya de por sí padecen.

La cárcel, como destino de los miserables yfábrica de miseria ella misma, corre el riesgode convertirse a comienzos del tercer milenioen una escoba destinada a barrer y hacer des-aparecer –invisibilizándola–, la precariedady la pobreza de los más excluidos:

«la institución penitenciaria no se confor-ma con recoger y amontonar a los (sub)proletarios tenidos por inútiles, indesea-bles o peligrosos, y ocultar así la miseria yneutralizar sus efectos más desestabiliza-dores; con demasiada frecuencia se olvidaque ella misma contribuye activamente aextender y perennizar la inseguridad y el

desamparo sociales que la alimentan y lesirven de aval. Institución total concebidapara los pobres, medio criminógeno y des-culturante modelado por el imperativo (yel fantasma) de la seguridad, la cárcel nopuede sino empobrecer a quienes le sonconfiados y a sus allegados al despojarlosun poco más de los magros recursos conque cuentan cuando ingresan en ella, su-primir bajo la etiqueta infamante de ‘pre-so’ todos los estatus susceptibles de otor-garles una identidad social reconocida(como hijos, maridos, padres, asalariados odesocupados, enfermos, marselleses o ma-drileños, etc.) y sumergirlos en la espiralirresistible de la pauperización penal, caraoculta de la ‘política social’ del Estado ha-cia los más desfavorecidos, naturalizada acontinuación por el discurso inagotable so-bre la ’reincidencia’ y la necesidad de en-durecer los regímenes de detención (con eltema obsesivo de las ‘cárceles de tres es-trellas’) hasta que por fin se demuestrendisuasivos» (Wacquant, 2000:148-149).

Ante este panorama, se vuelve más urgen-te que nunca diseñar alternativas a la cárcelque sirvan para reducir el impacto de la ten-dencia creciente a custodiar, encerrar y ais-lar que implican las sentencias de cárcel, yabran el abanico de posibilidades sanciona-doras más allá de las penas de prisión queactualmente tienden a monopolizar el casti-go. Bien es verdad, que la implantación deestas alternativas no siempre se ha traduci-do en una verdadera alternativa, sino quepor la carga de estigma y la limitación de de-rechos que encierran, en ocasiones han pasa-do a ser un mero complemento, cuando nouna ampliación modificada del mismo archi-piélago carcelario, al que se suponía que de-bían sustituir.

En todo caso, aunque no sean la panacea,pueden reclamarse sobre todo aquellas alter-nativas a la prisión que favorezcan más ladescarcelación y reduzcan el uso excesivo dela prisión preventiva, estén más lejos de losaspectos punitivos y más centradas en la re-

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solución de conflictos, como ocurre, por ejem-plo, con la mediación. Esto significa abogarpor una justicia más reparadora o restaura-dora, expresada en prácticas de mediación,trabajo comunitario, apoyo familiar, progra-mas de trabajo social con jóvenes, de ayuda alas víctimas, desarrollo de actividades educa-tivas encaminadas a aumentar la empleabi-lidad, y programas de salud comunitaria quereduzcan la marginación y mejoren la accesi-bilidad a los servicios, de toxicómanos enfer-mos y otros colectivos específicos. Todo estoademás es lógico, si tenemos en cuenta que,como defiende Torrente (2001:185), «en reali-dad los tribunales están mal preparados pa-ra procesar disputas» y conflictos; más bien«los tribunales (y en particular los penales)hay que entenderlos en términos de reafir-mación del orden social y legal, como defini-dores de doctrina legal, y como administrado-res de los recursos punitivos» de la sociedad.Entregar a los tribunales el monopolio de lagestión del conflicto social que se expresa enel delito y todo lo que éste entraña y desenca-dena es un error y una irresponsabilidad in-aceptable a comienzos del siglo XXI.

Igualmente es plausible pedir el estableci-miento de un límite, de un número máximode personas que nuestra sociedad está dis-puesta a encarcelar, bien sea mediante el es-tablecimiento de un numerus clausus, o a tra-vés de una moratoria en la construcción decárceles (Larrauri, 1991:214). Sería deseablepoder hacer la justicia más accesible a laspropias víctimas, aumentando su participa-ción en todo el proceso. Conseguir implicar aun número mayor de profesionales de diver-sas especialidades, educadores, monitores detiempo libre, trabajadores sociales, que, ac-tuando en red con el conjunto de los serviciossociales y no encapsulados al interior del sis-tema carcelario, puedan implicarse muchomás en los objetivos de la reinserción. Todoello con vistas a lograr una mayor diversifi-cación de la respuesta penal (Manzanos,1991: 242), un reducción de la capacidad deestigmatización del sistema penal (Torrente,

2001:217), y una mayor implicación del restode la sociedad en la resolución de los conflic-tos que subyacen al delito, evitando que crez-can el miedo y las reacciones defensivas yautoritarias entre la ciudadanía (Smith yStewart, 1996).

Con una política semejante quizás se con-siguiera que, tal y como sugiere C. Manza-nos, (1991: 242 y ss) más que hablar de lareinserción del preso, pudiéramos empezar ahablar de la necesidad de reinsertar en la so-ciedad a la misma estructura penitenciaria,que actualmente está toda ella encapsuladaen sí misma y segregada del resto de la socie-dad, para lo cual sería necesario alterar radi-calmente su diseño y funcionamiento.

El hecho es que, hoy por hoy, el discursooficial en torno a la reinserción opera sobrela base de ensalzar las virtudes del trata-miento penitenciario (valoración criminológi-ca a cargo de equipos multiprofesionales, cla-sificación, plan de actividades, progresión y/oregresión de grado), y busca, mediante técni-cas más o menos sofisticadas de modificaciónde conducta, corregir o reorganizar aquellosaspectos de la personalidad del recluso quese supone están en la base de su comporta-miento desviado o criminógeno. A pesar detodo, la causa que origina la mayor parte delos delitos que acaban purgándose en la cár-cel no se encuentra en ninguna alteración dela personalidad que deba ser reformada, sinoen la marginación social de origen que pade-cen los propios presos y sus familias, y másbien serían estas condiciones sociales de par-tida las que habría que modificar y transfor-mar de raíz. Pero, claro está, en este nivel,nada puede pretender hacer la Administra-ción penitenciaria actual. Esto explica que,en la práctica, el tratamiento penitenciario yla reinserción social, que deberían ser el ob-jetivo principal a perseguir, se conviertan dehecho en simples medios, y terminen por serusados como instrumentos al servicio delúnico objetivo al que se puede aspirar de for-ma «realista»: el mantenimiento del orden, laseguridad y la disciplina dentro de la cárcel.



Un dato que muestra el carácter secunda-rio de los objetivos sociales frente a los de se-guridad es el que se refiere a la evidente des-proporción entre el personal con funciones devigilancia y el que se ocupa de la resocializa-ción. Para el País Vasco, las cifras que apor-ta César Manzanos (1991:425) son las si-guientes: vigilancia (69,8%), asistencia(11,6%), administrativo (14,9%) y manteni-miento (3,6%). Si descontamos el personalsanitario que se incluye en ese 11,6% tene-mos que únicamente un 7,9% del personal sededica específicamente a tareas de trata-miento y resocialización. Y con datos globa-les, extraídos del Informe General 1998 ela-borado por la DGIP y publicado el añopasado, nos encontramos con que el personalque se ocupa de labores de retención y custo-dia representa el 79%, mientras que los des-tinados a reeducación y reinserción apenasson el 9%. Con el agravante de que la situa-ción de este personal es cada vez más preca-ria, encontrándose una buena parte de loseducadores, trabajadores sociales y psicólo-

gos, trabajando como contratados, mientrasque la posición más estable de funcionario sereserva para las labores de vigilancia.

Este énfasis en la seguridad convierte lareinserción en una pura cuestión de marke-ting, una especie de «ideal» que es sistemáti-camente negado por la propia práctica de lainstitución penitenciaria: no se cuenta conmedios, ni con personal, a los funcionarioscasi no se les ofrece formación, y práctica-mente no mantienen ninguna relación de in-tercambio con los que, viniendo «desde fue-ra», entran en las cárceles como miembrosy/o profesionales pertenecientes a asociacio-nes y ONGs, para actuar en programas dereinserción social en favor de las personaspresas. Desde tales planteamientos, la cár-cel, mecanismo excluyente por excelencia, ala que afluyen los grupos más excluidos ymarginales de nuestra sociedad, lejos de re-ducir la exclusión social, no hace sino colabo-rar activamente a consolidarla, intensificar-la y reproducirla día tras día.

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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LASCÁRCELES CLASIFICADOS POR OBJETIVOS

ANEXO



POBLACIÓN RECLUSA TOTALPOR GRUPOS DE EDAD(Penados y preventivos)

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RESUMEN: El artículo, tras repasar brevemente el concepto de exclusión en tanto que proceso y los facto-res que contribuyen a generarlo, pasa a estudiar el caso de la cárcel como espacio exclusógenopor excelencia. Como sistema sancionador y excluyente, la cárcel es el resumen de todo un lar-go periplo que atraviesa el conjunto de las instituciones de control social y acaba por seleccio-nar la clientela carcelaria, fundamentalmente, entre los grupos, colectivos y clases más des-poseídas. En este momento, la cárcel, como etapa final del proceso de construcción social deldelito y el delincuente, está experimentando un considerable auge tanto en EE. UU, como enEuropa. Esta expansión de las prisiones corre en paralelo con los movimientos de privatizaciónde los servicios públicos y la reducción de los sistemas de protección social. Sin embargo, elhecho es que la cárcel ha fracasado completamente como dispositivo para intentar conseguirla reinserción social de los excluidos, y el resultado obtenido a la salida de la cárcel consiste,por lo general en una intensificación de la exclusión (laboral, económica, educativa, sanitariay relacional) que ya se padecía en el momento del ingreso.

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