Delitos econmicos en el mbito de la empresa.RESPUESTA DE LA GUIA
01Concepto DELITO: Es toda conducta de accin u omisin tipificada
por la Ley como antijurdica, contraria a derecho, culpable y
punible y que viola el orden jurdico vigente.ESPECULACION: Segn la
Ley Antimonopolio y la Competencia desleal es la ganancia o
beneficio que se obtiene en la compra venta en operaciones
burstiles y diversas transacciones lucrativas.ACAPARAMIENTO: Es la
acumulacin de artculos, en manos de una o varias personas que actan
de comn acuerdo con la intencin de dejarlos a un precio que no es
el resultado del juego natural de la oferta y la demanda.BOICOT: Es
interrumpir una relacin especialmente comercial, con una persona,
grupo o nacin para perjudicarlos y obligarlos a ceder en
algo.ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIO: Son actos que consiste en
difundir noticias falsas, en emplear violencia, amenazas, engao, o
cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los alimentos
o productos sometidos a control de precios.ALTERACION FRAUDULENTA
DE OFERTA Y DEMANDA: Es todo acto con la finalidad de alterar las
condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional destruya o
haga desaparecer alimentos o productos sometidos a control de
precio, o los instrumentos necesarios para su produccin o
distribucin.CONTRABANDO DE EXTRACCION: Son actos que consiste en
extraer alimentos declarados de primera necesidad o sometidos a
control de precios cuya comercializacin se haya circunscritos al
territorio nacional.USURA GENERICA: Es un acto que consiste en
realizar un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma
utilizada para hacer constar la operacin, ocultarla o disminuirla
para obtener para s o para un tercero una prestacin que implique
una ventaja desproporcionado a la contraprestacin.USURA EN
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: Son acto que consiste realizar
operaciones de ventas a crditos de bienes o servicios de
financiamiento para tales operaciones obtenga a titulo de
intereses, comisiones o recargo, cualquier cantidad por encima de
los lmites fijados por el Banco Central de Venezuela.DELITO: Es una
conducta humana externa, positiva o negativa contraria a la ley, y
tipificada en esta como delito, la cual trae como consecuencia una
sancin que puede ser administrativa, civil o penal entre
otros.DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS:BOICOT: Es un
acuerdo tcito o explicito para infligir un perjuicio pecuniario o
moral, a un individuo o pas, evitando toda relacin con
el.ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIOS: Es la difusin de noticias
falsas u otras maquinaciones para aumentar los precios de bienes
con precio controlado.ALTERACION FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA:
Consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos
a control de precio, o los instrumentos necesarios para su
produccin o distribucin, con la finalidad de alterar las
condiciones de la oferta y la demanda.CONTRABANDO DE EXTRACCIN: Es
la persona que mediante acto u omisin, eluda o intente eludir la
intervencin o cualquier tipo de control de la autoridad aduanera,
en la introduccin, extraccin o trnsito de mercanca al territorio y
dems espacios geogrficos de la Repblica Bolivariana de
Venezuela.USURA GENERICA: Quien por medio de acuerdo o convenio,
cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la
operacin, ocultarla o disminuirla, obtenga para si o para un
tercero, directa o indirectamente, una prestacin que implique una
ventaja o beneficio notoriamente desproporcionada a la
contraprestacin que por su parte realiza.USURA EN LAS OPERACIONES
DE FINANCIAMIENTO: En sentido estricto, el inters o precio que
recibe el mutuario o prestamista por el uso del dinero prestado en
el contrato de mutuo o prstamo.Fundamentos constitucionales de los
delitos econmicos La constitucin de la repblica bolivariana de
Venezuela en su captulo sptimo que se refiere a los delitos
econmicos, establece en su artculo 113 la contradiccin de la
prctica monoplica con la misma, tambin se refiere al abuso de la
posicin de dominio y a las demandas concentradas en todos estos
casos, la norma establece que el estado est en la obligacin de
adoptar medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos de
estas prcticas. Igualmente el estado se reserva, en los casos de
explotacin de recursos naturales, propiedad de la nacin o de la
prestacin de servicios de naturaleza pblica (comunicaciones,
electricidad, entre otros), el otorgamiento de concesiones por
tiempo determinado siempre y cuando se garantice contraprestacin o
contrapartida en beneficio del inters colectivo. Por otra parte el
artculo 114 consagra la penalizacin severa de acuerdo con la ley de
todos los delitos Econmicos. Diferentes delitos econmicos, causas y
consecuencias Nuestra constitucin consagra en su artculo 114 los
siguientes delitos econmicos: el ilcito econmico, la especulacin,
el acaparamiento, la usura, la cartelizacin y otros delitos
conexos. Segn Kraus Tredemann, en su libro poder econmico y delito
plantea que: los delitos econmicos son las trasgresiones en el
mbito del derecho administrativo econmico o sea contra la actividad
instructora o reguladora del estado en la economa. Los actos
ilcitos en materia econmica y financiera se producen a partir de
las conexiones entre las decisiones econmicas pblicas y los
intereses privados, afectan contra la libertad de competencia y se
sustenta en el abuso del poder. En las consecuencias consideramos
que como los delitos econmicos no solo se dirigen contra intereses
individuales sino tambin contra intereses sociales o supe
individuales (como en los casos de obtencin fraudulenta, de
subvenciones o crditos estatales). Anlisis Penal de los delitos
econmicos sealados Como lo plantea la constitucin en su artculo 114
estos delitos sern penados severamente de acuerdo con la ley. Como
sabemos los distintos delitos econmicos tienen su propia ley que
los sancionan y penalizan de acuerdo a sus caractersticas y
gravedad. En base a esto nos vamos a referir a la ley sobre los
delitos contra la seguridad alimentaria y el acaparamiento por
ejemplo su artculo 2 establece:toda conducta que signifique
acaparamiento, especulacin, boicot y cualquier otra que afecte el
consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios
se considerar contraria a la paz social, al derecho a la vida y a
la salud del pueblo. Y el artculo 20 entre otros establecen las
penalidades en cuanto a: quien restrinja la oferta, circulacin o
distribucin de alimentos o productos sometidos a control de
precios, retenga dicho artculo con o sin ocultamiento para provocar
escases y aumento de los precios, incurrir en el delito de
acaparamiento y ser sancionado con prisin de dos a seis aos, y con
multa de ciento treinta a veinte mil unidades tributarias.
Consecuencias sociales que produce su transgresin Como ya citamos
las consecuencias sociales en la respuesta n 2 podemos agregar lo
siguiente: que las transgresiones en el mbito del derecho
administrativo ya referidas, se incluyen los delitos patrimoniales
clsicos (estafa, extorsin, defraudacin, entre otros). Cuando estos
se dirigen contra patrimonios supra individales, produciendo
grandes perjuicios en contra del pas y de todos los ciudadanos al
ocasionar la prdida de grandes cantidades de dinero que debieron
permanecer como recursos fiscales. Definiciones: Delito: El delito,
en sentido estricto, es definido como una conducta, accin u omisin
tpica (tipificada por la ley), antijurdica (contraria a Derecho),
culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho
penal, es decir, una accin u omisin tipificada y penada por la ley.
La palabra delito deriva del verbo latino delinquiere, que
significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del
sendero sealado por la ley. La definicin de delito ha diferido y
difiere todava hoy entre Escuelas criminolgicas. Alguna vez,
especialmente en la tradicin, se intent establecer a travs del
concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural.
Hoy esa acepcin se ha dejado de lado, y se acepta ms una reduccin a
ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado
momento, decide punir. As se pretende liberar de paradojas y
diferencias culturales que dificultan una definicin universal.
Especulacin: En economa, la especulacin es el conjunto de
operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la
obtencin de un beneficio econmico, basado en las fluctuaciones de
los precios. Un especulador no busca disfrutar del bien que compra,
sino beneficiarse de las fluctuaciones de su precio. En sentido
extenso, toda forma de inversin es especulativa; sin embargo, se
suele limitar el trmino a aquella inversin que no importa ninguna
clase de compromiso con la gestin de los bienes en los que se
invierte, limitndose al movimiento decaptales. La actividad
econmica especulativa es muy antigua. Ya en el Antiguo Egipto, segn
la historia bblica de Gnesis captulo 41, Jos salv de la hambruna a
Egipto despus de interpretar los sueos de vacas gordas y vacas
flacas del Faran. Como primer ministro grav con un impuesto de
grano a la agricultura en los aos de cosecha abundante (vacas
gordas) y luego lo vendi en los aos de escasez (vacas flacas). De
esa forma mitig la hambruna en los aos de malas cosechas y adems
enriqueci al gobierno. La especulacin se basa por tanto en la
previsin y en la anticipacin, de forma que elEspeculador tambin
puede equivocarse si no prev correctamente la evolucin de los
precios futuros, de forma que tendr que vender barato algo que
compr caro. El mercado especulativo por tanto premia a los buenos
previsores y castiga a los malos. Acaparamiento: Prctica que
consiste en retener o comparar bienes en grandes cantidades antes
de que llegue al mercado de consumo. El acaparamiento se basa por
lo tanto, en la previsin de un aumento de la demanda y es una
prctica especulativa que en general puede considerarse normal.
Boicot: Consiste en negarse a comprar, vender o practicar alguna
otra forma de relacin comercial de otro tipo con un individuo o una
empresa considerada, por los participantes en el boicot, como
autores de algo normalmente reprobable. En ocasiones se ha
utilizado internacionalmente el vocablo espaol embargo. Usura: El
concepto de usura lleva implcita la conviccin de que existe un
precio justo o razonable para el ahorro, con independencia de las
condiciones de oferta y de demanda, lo que ha llevado a que algunos
gobiernos fijen, arbitrariamente, tipos mximos de inters, con el
supuesto propsito de proteger a los prestatarios, pero con el
efecto prctico de crear mercados paralelos para los prstamos y
crditos. Alteracin fraudulenta de precios: Consiste en la alteracin
fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, que afecta
principalmente al mercado y a los consumidores. Alteracin
fraudulenta de oferta y demanda: Quien con la finalidad de alterar
las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional se valga
de medios que no estn sujeto a la ley. Contrabando de Extraccin: Es
un delito formal, es decir, no requiere del xito de la empresa para
que se verifique.
DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA:Qu es un
Delito?Impartiendo de este concepto, deducimos que todas las
acciones u omisiones que conllevan a transgredir el marco del
ordenamiento jurdico que rigen las normas para la convivencia en
armona con el Estado y la sociedad, que originan penas y sanciones,
las cuales garantiza el Estado.Delito en el acceso a los bienes y
servicios: Son todas las acciones delictivas que se cometen contra
los derechos e intereses individuales o colectivos, al acceso de
las personas a los bienes y servicios, con la finalidad de
obstaculizar la obtencin, goce y disfrute de las necesidades, el
marco jurdico establece y garantiza las sanciones, penalizacin y
resarcimiento de los daos ocasionados a las personas, resguardando
la paz social, la justicia, el derecho a la vida y la salud del
pueblo.Especulacin Art. 137 (Ley para la defensa de las personas en
el acceso a los bienes y servicios):Es la compra y venta de bienes
de primera necesidad con el nico propsito de beneficiarse de los
recursos en su precio de mercado, an cuando en determinada condicin
la distribucin del producto esta garantizada por el
Estado.Acaparamiento Art.138: (Ley para la defensa de las personas
en el acceso a los bienes y servicios):Circulacin o distribucin de
alimentos o productos sometidos a control de precio, retencin de
dichos artculos con o sin ocultamiento para provocar escasez y
aumento de los precios.Boicot Art.139: (Ley para la defensa de las
personas en el acceso a los bienes y servicios):Para la defensa de
las personas en el acceso de los bienes y servicios, son acciones
que impiden de manera directa e indirecta, la relacin comercial o
social impuesta a una persona, Industria y Comercio etc. En el
Comercio es muy comn el Boicot en sus produccin y distribucin de
productos y servicios sometidos a control de precios.Alteracin
Fraudulenta de Precio Art. 140: (Ley para la defensa de las
personas en el acceso a los bienes y servicios):Cambio o
modificacin, que representa alteracin en lo jurdico, empleando
difusin de noticias falsas, empleo de violencia, amenazas, engao o
cualquier otra maquinacin para alterar los precios de los alimentos
y servicios de productos sometidos a control de precios.Alteracin
Fraudulenta de Oferta y Demanda Art. 141: (Ley para la defensa de
las personas en el acceso a los bienes y servicios):Son todas
aquellas acciones negativas, con la finalidad de alterar la oferta
y la demanda en el mercado nacional de los bienes declarados de 1ra
necesidad, o los instrumentos necesarios para su distribucin o
produccin.Contrabando de Extraccin Art. 142: (Ley para la defensa
de las personas en el acceso a los bienes y servicios):Extraccin de
alimentos o productos sometidos a control de precios cuya
comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional.Usura
Art 143: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los
bienes y servicios):El cobro excesivo de intereses sobre prstamos,
la realizacin de operaciones fraudulentas con el fin de obtener
ganancias notoriamente desproporcionadas.PARTE IIDELITOS ECONOMICOS
EN EL AMBITO DE LA EMPRESADiferentes Delitos Casos y
Consecuencias:Los diferentes delitos son el acaparamiento, la
especulacin, la censura, la cartelizacin. Estos delitos traen como
consecuencia el desabastecimiento de los productos de primera
necesidad, se crea una escasez ficticia en los mercados y centro de
distribucin, otra consecuencia es la elevada desproporcin de los
precios, haciendo inalcanzable para la poblacin, el acceso a estos
bienes crea un desequilibrio en la sociedad y por ende en la
familia.Anlisis Penal de los Delitos Econmicos Sealados:Los delitos
econmicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de
las personas en el acceso a los bienes y servicios, mediante esta
ley se establecen los ilcitos administrativos sus procedimientos y
sanciones por tanto siendo servicios pblicos que satisfacen
necesidades de inters colectivo, tambin son sancionados y
penalizados en el cdigo penal Venezolano, en sus artculo
372.Consecuencias Sociales que produce su transgresin:Cuando se
transgreden las leyes para producir delitos econmicos se causa
conmocin individual o colectiva ocasionando contrariedad con los
principios fundamentales de la Constitucin y provocando efectos
nocivos y violentos a la sociedad que a su vez toman medidas para
evitar los abusos a los cuales es sometida.Fundamentos
Constitucionales de los delitos econmicos:Estos fundamentos estn
expresamente asentados en el Art. 113 de la CRBV, donde nos indica
que no se permitir elMonopolio actividad econmica de los
particulares y el abuso de la posicin de dominio en conjunto o
particularmente por personas, empresas y de las demandas
concentradas.El Estado garantizar y tomar las medidas necesarias
para contrarrestar todos los efectos nocivos y restrictivos del
monopolio, el abuso de la posicin de dominio y de las demandas
concentradas, protegiendo as al pblico consumidor a productores
(as) y mantener asegurada la efectividad de la competencia en la
economa
Ctedra: Delitos Econmicos en el mbito EmpresarialGuacara, Abril
de 2010Captulo VIIDe los Derechos EconmicosArtculo 112. Todas las
personas pueden dedicarse libremente a la actividad econmica de su
preferencia, sin ms limitaciones que las previstas en esta
Constitucin y las que establezcan las leyes, por razones de
desarrollo humano, seguridad, sanidad, proteccin del ambiente u
otras de inters social. El Estado promover la iniciativa privada,
garantizando la creacin y justa distribucin de la riqueza, as como
la produccin de bienes y servicios que satisfagan las necesidades
de la poblacin, la libertad de trabajo, empresa, comercio,
industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para
planificar, racionalizar y regular la economa e impulsar el
desarrollo integral del pas.Artculo 113. No se permitirn
monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales
de esta Constitucin cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo
de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento
de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e
Independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su
existencia, cualquiera que fuera la forma que adopte en la
realidad. Tambin es contraria a dichos principios el abuso de la
posicin de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas
o una empresa o conjunto de dominio que un particular, un conjunto
de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o
haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios,
con independencia de la causa determinante de tal posicin de
dominio, as como cuando se trate de una demanda concentrada. En
todos los casos antes indicados, el Estado adoptar las medidas que
fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos
del monopolio, del abuso de la posicin de dominio y de las demandas
concentradas, teniendo como finalidad la proteccin del pblico
consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de
condiciones efectivas de competencia en la economa.Cuando se trate
de explotacin de recursos naturales propiedad de la Nacin o de la
prestacin de servicios de naturaleza pblica con exclusividad o sin
ella, el Estado podr otorgar concesiones por tiempo determinado,
asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o
contrapartidas adecuadas al inters pblico.Artculo 114. El ilcito
econmico, la especulacin, el acaparamiento, la usura, la
cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de
acuerdo con la ley.Artculo 115. Se garantiza el derecho de
propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y
disposicin de sus bienes. La propiedad estar sometida a las
condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con
fines de utilidad pblica o de inters general. Slo por causa de
utilidad pblica o inters social, mediante sentencia firme y pago
oportuno de justa indemnizacin, podr ser declarada la expropiacin
de cualquier clase de bienes.Artculo 116. No se decretarn ni
ejecutarn confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por
esta Constitucin. Por va de excepcin podrn ser objeto de
confiscacin, mediante sentencia firme, los bienes de personas
naturales o jurdicas, nacionales o extranjeras, responsables de
delitos cometidos contra el patrimonio pblico, los bienes de
quienes se hayan enriquecido ilcitamente al amparo del Poder Pblico
y los bienes provenientes de las actividades comerciales,
financieras o cualesquiera otras vinculadas al trfico ilcito de
sustancias psicotrpicas y estupefacientes.Artculo 117. Todas las
personas tendrn derecho a disponer de bienes y servicios de
calidad, as como a una informacin adecuada y no engaosa sobre el
contenido y caractersticas de los productos y servicios que
consumen, a la libertad de eleccin y a un trato equitativo y digno.
La ley establecer los mecanismos necesarios para garantizar esos
derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y
servicios, los procedimientos de defensa del pblico consumidor, el
resarcimiento de los daos ocasionados y las sanciones
correspondientes por la violacin de estos derechos.Artculo 118. Se
reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para
desarrollar asociaciones de carcter Estas asociaciones podrn
desarrollar cualesquier tipo de actividad econmica, de conformidad
con la ley. La ley reconocer las especificidades de estas
organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al
trabajo asociado y su carcter generador de beneficios
colectivos.
El Estado promover y proteger estas asociaciones destinadas a
mejorar la economa popular y alternativa.
LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIN Y EL BOICOT,
DENOMINADA LEY ESPECIAL DE DEFENSA POPULAR CONTRA EL ACAPARAMIENTO,
LA ESPECULACIN, EL BOICOT Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE AFECTE EL
CONSUMO DE LOS ALIMENTOS O PRODUCTOS DECLARADOS DE PRIMERA
NECESIDAD O SOMETIDOS A CONTROL DE PRECIOS, FUE REFORMADA A TRAVS
DEL DECRETO LEY N 5.835 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2008, PUBLICADO EN
GACETA OFICIAL N 38.362 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2008.a) La Ley se
aplica a las conductas que afecten el consumo de bienes de primera
necesidad o sometidos a control de Precios. Se agrega la frase
bienes de primera necesidadb) Medidas preventivas: Adems de la
ocupacin temporal preventiva, se incluye la intervencin, concepto
indeterminado jurdicamente que conlleva la administracin y
explotacin temporal del bien o servicio.c) Se ampla el concepto de
especulacin para incluir a quien compre alimentos o productos
sometidos a control de precios con fines de lucro y no para consumo
personal o familiard) Se establece una nueva conducta ilegal
indeterminada denominada Alteracin fraudulenta de condiciones de
oferta y demanda.e) Las personas dedicadas a las actividades objeto
de regulacin, quedan obligadas a suministrar la informacin y
documentacin que le sea requerida por el rgano competente en la
materia, para la ejecucin de la Ley.: La Ley se aplica a toda
conducta que afecte el consumo de productos o alimentos. Declarados
de primera necesidad o sometidos al rgimen de control de precios.
La Ley define deficientemente las conductas que pueden generar
sanciones, permitiendo las interpretaciones extensivas. Se declaran
de utilidad pblica todos los bienes necesarios para producir,
importar, transportar, almacenar, comercializar, etc. los bienes de
primera necesidad o sometidos a control de precios, lo cual los
deja afectos a ser sometidos a expropiacin sin necesidad de una
nueva declaratoria de inters pblico o social. Sin embargo, el
Estado deber seguir el procedimiento de expropiacin establecido en
la Ley de Expropiacin por Causa de Utilidad Pblica o Social. Se
define como servicios pblicos esenciales las actividades de
produccin, importacin o cualquier actividad propia de la cadena de
distribucin de alimentos o productos de primera necesidad, o
sometidos al control de precios. Tales servicios deben ser
prestados de forma continua, regular, eficaz, eficiente e
ininterrumpida, para satisfacer las necesidades colectivas, so pena
de ser intervenidas por el Ejecutivo. Se crean los Comits de
Contralora Social para el Abastecimiento, a travs de los cuales
actuarn los Consejos Comunales para vigilar que se cumpla la
comentada Ley a travs del Ejecutivo. La propiedad de las mercancas,
la operacin, explotacin y administracin del negocio, pueden ser
asumidas por el Estado sin justa compensacin, cuando durante el
procedimiento administrativo sea dictada una medida preventiva de
ocupacin temporal o intervencin, comiso o cierre. El sancionado con
comiso o con cierre temporal preventivo o punitivo, tiene que
seguir pagando a sus trabajadores a pesar de que no reciba el
servicio personal. Muchas de las disposiciones estn redactadas de
manera amplia para permitir una aplicacin extensiva de la Ley. An
cuando la Ley debera estar referida solo a bienes de primera
necesidad o sometidos a control de precios, expande sus efectos
sobre otros bienes y servicios, al no regular el supuesto en que
unos activos productivos son utilizados para la produccin de bienes
regulados y bienes no regulados. El producto de las ventas de los
bienes de primera necesidad, o sometidos a control de precios y las
multas, pasan al Fondo Nacional de los Consejos Comunales, lo cual
crea incentivos, para que stos se conviertan en un aparato
represivo. La Ley parece indicar inconstitucionalmente que las
sanciones penales, se aplican adicionalmente a las sanciones
administrativas. No se atribuye la competencia para hacer cumplir
la ley a ningn organismo pblico de forma directa, por lo que varios
organismos actuarn redundantemente. Las inmensas diferencias entre
las sanciones mnimas y mximas, y la discrecionalidad otorgada al
Juez, hacen que las consecuencias de los ilcitos puedan ser muy
diferentes en distintos casos.
CONDUCTAS DECLARADAS ILEGALES:Acaparamiento: restriccin de la
oferta, circulacin o distribucin de alimentos o productos sometidos
a control de precios, con el objeto de provocar escasez o aumentos
de precios. Es similar a la Ley de Proteccin al Consumidor y al
Usuario (LPCU), pero poniendo nfasis en que se trate de productos
de precio controlado.Especulacin: venta de bienes de precio
regulado a un precio superior a la regulacin. Es similar a la de la
LPCU.Adicionalmente, se establece que se entender tambin por
especulacin, quien compre alimentos o productos sometidos a control
de precios para fines de lucro y no para consumo personal o
familiarAlteracin fraudulenta de precios: es similar a la de la
LPCU, pero referido a bienes con precio controlado. Es la difusin
de noticias falsas u otras maquinaciones para alterar los
preciosAlteracin fraudulenta de condiciones de oferta y demanda:
consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos
a control de precios, o los instrumentos necesarios para su
produccin o distribucin, con la finalidad de alterar las
condiciones de la oferta y la demanda.Contrabando de extraccin:
similar a la de la LPCU. Consiste en sacar del territorio nacional
bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios, cuya
comercializacin se haya circunscrito al territorio nacional.Boicot:
no es un ilcito nuevo, ya que la Ley Para Promover y Proteger el
Ejercicio de la Libre Competencia lo regula en su artculo 7 como
una prctica prohibida que restringe la libre competencia. Sin
embargo, el presente decreto lo limita slo a bienes de primera
necesidad o sometidos a control de precios ylo define como aquellas
acciones que impidan directa o indirectamente la produccin,
importacin o cualquier otra actividad propia de la cadena de
distribucin.
FACULTADES ATRIBUIDAS AL ESTADO:Expropiaciones: de las
inversiones hechas con la finalidad de producir, importar,
comercializar, etc., bienes de primera necesidad o sometidos a
regulacin de precios. Es de notar, que no se requerir la declaracin
de inters pblico o social para iniciar la expropiacin.Medidas
preventivas: (las aplica el Ejecutivo.): -Ocupacin temporal
preventiva. Incluye la desposesin inmediata del local as como la
administracin y explotacin del negocio, sin que se limite esto a lo
relacionado con los bienes regulados. -Comiso de los productos
sometidos a control de precios y -Cualquier medida que el Ejecutivo
considere necesaria para garantizar el abastecimiento de los
productos controlados.Cierre temporal y multa: (las aplica el
Ejecutivo en sede administrativa) Hasta por noventa das y multa
entre 13 y 5.000 UT (entre 598 y 230.000 Bs. F.)
SANCIONES PENALES(Deben ser objeto de juicio penal en
tribunales) Prisin: El acaparamiento, la especulacin, la alteracin
fraudulenta de precios, el contrabando de extraccin y el boicot,
tienen sancin de prisin entre 2 y 6 aos. La alteracin fraudulenta
de las condiciones de oferta y demanda, conllevar una pena de
prisin entre 5 y 10 aos. Debemos recordar que esta conducta
representa una novedad en el Decreto 5.835. Multa: La multa por los
delitos anteriores puede ascender entre 130 y 20.000 UT = entre Bs.
F 5.890,00 y Bs. F 920.000,00 arazn de Bs. F 46,00 por UT.
Igualmente, la alteracin fraudulenta de las condiciones de oferta y
demanda, tiene una sancin de multa entre 500 y 10.000 UT.= entre
Bs. F. 23.000,00 y Bs. F 460.000,00 a razn de Bs. F. 46,00 por UT.
Agravante: Si los delitos tienen como fin afectar la seguridad,
desestabilizar las instituciones democrticas o generar alarma, la
prisin y la multa pueden ser duplicadas. Inhabilitacin para el
comercio: El juez puede adems, inhabilitar al condenado para
ejercer el comercio hasta por 10 aos despus de que se cumpla la
condena.
ANALISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ECONMICOSUna
serie de casos de gran resonancia en Europa y Amrica del Norte
durante el ltimo decenio han proporcionado amplios detalles sobre
los daos que pueden causar los delitos econmicos y financieros, que
incluyen la prdida de credibilidad de las empresas y las
instituciones, la bancarrota y la prdida de empleo. En el mundo
desarrollado, las repercusiones de tales delitos quiz sean ms
fciles de contener debido al tamao de las economas y la capacidad
de establecer los mecanismos reglamentarios apropiados. En el mundo
en desarrollo, sin embargo, las repercusiones a largo plazo sobre y
los costos para el desarrollo sostenible son significativamente
mayores debido a que los marcos normativos son dbiles y la
capacidad del gobierno es limitada.Concepto y extensin de la
delincuencia econmica y financieraEl trmino delitos econmico y
financiero se refiere, en trminos generales, a cualquier delito no
violento que da lugar a una prdida financiera. Estosdelitos, por lo
tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales,
incluidos el fraude, la evasin tributaria y el blanqueo de dinero.
La categora de delincuencia econmica es difcil de definir y su
conceptualizacin exacta sigue siendo un reto. La tarea se ha ido
complicando a raz de los adelantos rpidos en las tecnologas, que
ofrecen nuevas oportunidades para la comisin de tales delitos.La
extensin general del fenmeno es difcil de determinar, en parte
debido a la falta de un concepto claro y aceptado, al hecho de que
los sistemas para registrar la delincuencia econmica y financiera
difieren enormemente de un pas a otro, y a que algunos casos no se
notifican porque las compaas y las instituciones financieras optan
por resolver los incidentes internamente. No obstante, hay una
percepcin cada vez mayor de que los delitos econmicos y
financieros, particularmente el fraude, se cuentan entre los
delitos de crecimiento ms rpido.Las repercusiones de los adelantos
tecnolgicosLos grandes avances de las tecnologas han transformado
los flujos mundiales de informacin y la forma en que se realizan
los negocios. La Internet y su alcance mundial, la complejidad
creciente del sector bancario y otros adelantos en la tecnologa han
creado nuevas oportunidades para grupos de delincuentes organizados
ms complejos. La utilizacin fraudulenta de las tarjetas de dbito y
crdito, por ejemplo, se ha convertido en un negocio globalizado. El
robo de la identidad es otra esfera creciente de la actividad
delictiva, que incluye la obtencin de datos de individuos y la
falsificacin de sus identidades. En varios delitos econmicos que
usan alta tecnologa, no se requiere la presencia fsica del
infractor: esto significa que estos delitos pueden cometerse en
pases con marcos jurdicos e infraestructuras de aplicacin de las
leyes para contrarrestarlos ms dbiles. Los datos parecen indicar
que los delitos econmicos y financieros han seguido creciendo
rpidamente, principalmente debido a los adelantos tecnolgicos,
especialmente la aparicin del sector bancario electrnico y la
ampliacin de los servicios de Internet.Blanqueo de dineroEl
blanqueo de dinero es una de las formas ms difundidas de delitos
econmicos y financieros.Las actividades delictivas generan
ganancias ilegales que hay que blanquear para que puedan integrarse
en el sistema financiero legtimo. El blanqueo de dinero proporciona
flujos de efectivo y capital de inversin a los perpetradores. Como
sucede respecto de todos los tipos de delincuencia econmica y
financiera, los pases con reglamentos y medidas de control dbiles
en el sector financiero son ms vulnerables al blanqueo de dinero.
Esto, a su vez, daa la integridad de sus instituciones financieras,
distorsiona los mercados financieros y obstaculiza la inversin
directa extranjera.Repercusiones sobre el desarrollo
sostenibleActividades como las descritas ms arriba socavan las
actividades econmicas legtimas y desalientan la inversin. Los
delitos econmicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo
grave al desarrollo socioeconmico pacfico y democrtico. Los
mercados financieros no pueden prosperar en los pases donde las
actividades econmicas y financieras ilegales son aceptadas por la
sociedad, porque dependen de la existencia de normas profesionales,
jurdicas y ticas estrictas. Aun la percepcin de que hay actividades
econmicas y financieras ilegales puede causar un dao econmico.La
sospecha pblica mina la legitimidad del gobierno. La lucha eficaz
contra estos delitos es, por consiguiente, crucial para el fomento
de las instituciones y el desarrollo sostenible.Medidas de
prevencin y lucha contra los delitos econmicos y financieros Se ha
propuesto una accin ms eficaz por parte de la comunidad y las
instituciones internacionales para combatir la delincuencia
financiera, especialmente el blanqueo de dinero. El Grupo de alto
nivel sobre las amenazas, los desafos y el cambio identific la
delincuencia organizada transnacional como una amenaza fundamental
a la comunidad mundial y recomend la negociacin de una convencin
internacional amplia sobre blanqueo de dinero. Aunque ningn
instrumento internacional aborda especficamente el problema de la
delincuencia econmica y financiera, tanto la Convencin de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
como la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin
incluyen disposiciones para construir un marco internacional que
permita hacer frente a esas actividades delictivas. Un enfoque
mundial comn para abordar el problema podra contribuir a fortalecer
la cooperacin y los mecanismos internacionales de aplicacin de la
ley. Esto requerira la normalizacin de las definiciones legales de
delitos econmicos y financieros y conocimientos tcnicos
especializados para investigar tales delitos dentro de los
organismos de aplicacin de la ley, especialmente en los pases en
desarrollo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito ya proporciona asistencia tcnica para ayudar a los gobiernos
nacionales a fortalecer sus capacidades para combatir la
delincuencia econmica y financiera, especialmente el blanqueo de
dinero.BIBLIOGRAFIAConstitucin de la repblica bolivariana de
Venezuela.
Pagina web del tribunal Supremo de Justicia. Sentencia N 468 de
21 de julio de 2005.Ley especial de defensa popular contra el
acaparamiento, la especulacin, el boicot y cualquier otra conducta
que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de
primera necesidad o sometidos a control de precios, fue reformada a
travs del decreto ley n 5.835 de fecha 28 de enero de 2008,
publicado en gaceta oficial n 38.362 de fecha 31 de enero de
2008.
DELITOS ECONMICOS Y FINANCIEROS: RETOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLEDELITOS BANCARIOS EN VENZUELALos delitos bancarios son
los cometidos por las instituciones de crdito que se considera
ofrecen servicios de banca y crdito, de captacin de recursos del
pblico en el mercado nacional para su colocacin en el publico,
mediante actos causantes del pasivo directo o contingente, quedando
el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su caso, las
acciones financieras de los recursos captados todava se mantienen
los mismos delitos bancarios de 2001, que fueron 15 ms que el otro
DecretoHabilitante de 1993. As se pueden llamar los 26 Decretos
Leyes con Rango y Fuerza de Leyes (los Decretos) que han sido
anunciados por la Asamblea Nacional para que el Poder Ejecutivo
dictase las normas financieras.Y regule as a estas instituciones.
En concreto, la cada de varios bancos con innumerables clientes que
fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis. Lo peor
de todo es la tipificacin de delitos y su efecto sobre los bancos.
Todava se estn pagando los platos rotos de la mala gestin del
Decreto que elimin en el ao 2001 los delitos contra el Sistema de
Identificacin y cosas tan bsicas como la falsificacin de cdulas de
identidad.La desaparicin de los delitos monetarios del texto de la
Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la
aplicacin de los viejos de delitos derogados en 1992 del Cdigo
Penal. Cunde la impunidad y est libre un camino para la legitimacin
o blanqueo de capitales. Como corolario, la Ley Orgnica contra la
Delincuencia Organizada (LOCDO) establece que los delitos bancarios
y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art. 16.4)
y responsabiliza penalmente a las personas jurdicas, con exclusin
del Estado y sus empresas (Art. 26), con lo cual crea un velo
corporativo que puede servir para que bandas organizadas infiltren
tales organismos pblicos o que corrompan a sus funcionarios.Estos
delitos se han tipificados como especiales, al exigir una calidad
en el sujeto activo, sea empleado o funcionario de una institucin
de crdito o una persona acreditada. La norma penal tiene una funcin
protectorade los bienes jurdicos, permitiendo descubrir la
naturaleza del tipo, dndole sentido y fundamento. Los bienes
jurdicos que se tutelan en las instituciones de crdito, son
aquellos que tienen la debida y adecuada prestacin del servicio de
banca y crdito y el control que sobre dicho servicio debe tener el
Estado.Existe la ley monetaria, que establece el sistema bancario
nacional, la forma en cmo ste est integrado, que en el pas lo es el
Banco Central, las instituciones de banca mltiple, las
instituciones de banca de desarrollo, el patronato del ahorro
nacional y los fideicomisos pblicos constituidos por el gobierno,
en fin.Es muy complejo el estudio de la banca mltiple, tambin
llamada banca o bancos comerciales; es decir, por ser instituciones
que reciben depsitos o efectan prstamos o conceden crditos y tienen
en la actualidad una gran variedad de los llamados "servicios
auxiliares" (que abarcan la administracin, transacciones burstiles,
custodia de valores, transacciones de moneda extranjera,
arrendamientos financieros, la banca mltiple tiene forma jurdica de
sociedad annima de capital fijo y requiere autorizacin del Gobierno
Central que otorgan las Secretaras de Estado, v,g., la de Hacienda,
la de Economa y Planificacin, con la opinin del Banco Central y la
Junta Monetaria, que es como una Comisin Nacional Bancaria.La
importancia que significan las instituciones de crdito, ya sean de
banca mltiple o de desarrollo es evidente, porque sirven de soporte
indispensable a cualquier economa moderna. No puede concebirse la
vida econmica de un passin el apoyo de las actividades bancarias,
ya que stas posibilitan o facilitan en gran medida, diversas
operaciones o transacciones entre personas fsicas, empresas
pequeas, medianas, grandes, transnacionales, e inclusive entre
pases.Los bancos tienen especial relevancia tambin por los grandes
volmenes de capital que manejan, producto en su mayora de los
depsitos que pequeos o grandes inversionistas o ahorradores hacen
en las diversas instituciones bancarias. Por lo anterior surge la
necesidad indispensable de que las instituciones de crdito, as como
las operaciones que realizan sean protegidas legalmente, inclusive
con la norma ms enrgica del sistema jurdico nacional, que es la
norma penal.Los delitos bancarios (llamados a veces fraudes
bancarios) se definen como los actos u omisiones que atentan contra
las actividades bancarias, consideradas bsicamente como operaciones
consistente en recibir y custodiar depsitos y prestar dinero; y
contra las instituciones que realizan tales operaciones; y que la
ley correspondiente tipifica y sanciona (sic).Entre las conductas
sancionadas por la ley de crditos, encontramos: Prestar el servicio
de banca y crdito sin la autorizacin correspondiente; Proporcionar
datos falsos referentes a activos y pasivos, a instituciones de
crdito para obtener un crdito, con quebranto patrimonial para la
institucin; Conceder crditos conociendo la falsedad en lo declarado
respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la
institucin; Presentar avalos falsos para obtener un crdito causando
quebranto patrimonial a lainstitucin; Otorgar crditos conociendo la
falsedad en el avalo de los bienes que garanticen el crdito,
produciendo quebranto patrimonial para la institucin; Autorizar
operaciones a sabiendas de que causarn quebranto patrimonial a la
institucin; Otorgar crditos a sociedades constituidas para otorgar
financiamiento, sabiendo que las mismas no han integrado el capital
registrado en el acta constitutiva; Otorgar crditos a personas
insolventes, substituyendo activos en los registros de la
institucin de crdito, para liberar a un deudor; Otorgar crditos a
personas insolventes, siendo previsible que no respondern de las
obligaciones derivadas del crdito, causando quebranto patrimonial
para la institucin; Renovar crditos parcial o totalmente vencidos a
personas insolventes; A sabiendas permitir al deudor desviar el
importe del crdito, causando quebranto patrimonial a la institucin;
No destinar el importe de un crdito a los fines pactados, causando
quebranto patrimonial a la institucin de crdito; Desviar un crdito
otorgado para fines especficos, si stos determinaron el
otorgamiento en condiciones preferenciales; Omitir o alterar los
registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones
realizadas afectando activos, pasivos, cuentas contingentes o
resultados, y as, en general. Quiz estas inconductas fueron las que
se deliberaron en la sala de audiencia, en el caso del Banco
Intercontinental, que recordaremos para siempreDELITOS BANCARIOSLos
delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crdito
que se considera ofrecen servicios debanca y crdito, de captacin de
recursos del pblico en el mercado nacional para su colocacin en el
publico, mediante actos causantes del pasivo directo o contingente,
quedando el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su
caso, las acciones financieras de los recursos captados.Los delitos
bancarios (llamados a veces fraudes bancarios) se definen como los
actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias,
consideradas bsicamente como operaciones consistentes en recibir y
custodiar depsitos y prestar dinero; y contra las instituciones que
realizan tales operaciones; y que la ley correspondiente tipifica y
sancionaEntre las conductas sancionadas por la ley de crditos,
encontramos: Prestar el servicio de banca y crdito sin la
autorizacin correspondiente; Proporcionar datos falsos referentes a
activos y pasivos, a instituciones de crdito para obtener un
crdito, con quebranto patrimonial para la institucin; Conceder
crditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y
pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institucin;
Presentar avalos falsos para obtener un crdito causando quebranto
patrimonial a la institucin; Otorgar crditos conociendo la falsedad
en el avalo de los bienes que garanticen el crdito, produciendo
quebranto patrimonial para la institucin; Autorizar operaciones a
sabiendas de que causarn quebranto patrimonial a la institucin;
Otorgar crditos a sociedades constituidas para otorgar
financiamiento, sabiendo que las mismas no han integrado el capital
registrado en el acta constitutiva; Otorgar crditosa personas
insolventes, substituyendo activos en los registros de la
institucin de crdito, para liberar a un deudor; Otorgar crditos a
personas insolventes, siendo previsible que no respondern de las
obligaciones derivadas del crdito, causando quebranto patrimonial
para la institucin; Renovar crditos parcial o totalmente vencidos a
personas insolventes; A sabiendas permitir al deudor desviar el
importe del crdito, causando quebranto patrimonial a la institucin;
No destinar el importe de un crdito a los fines pactados, causando
quebranto patrimonial a la institucin de crdito; Desviar un crdito
otorgado para fines especficos, si stos determinaron el
otorgamiento en condiciones preferenciales; Omitir o alterar los
registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones
realizadas afectando activos, pasivos, cuentas contingentes o
resultados, y as, en general.Los Bancos: son instituciones
financiera cuya finalidad es la captacin de capital en forma de
depsitos de pequeos o grandes inversionistas y ahorristas, para
producir sus propios capitales a travs de la inversin.En el
circuito econmico de un pas es imprescindible la intervencin tanto
de la banca privada como de la banca pblica, pues sirven de soporte
indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal,
facilitando en gran medida las diferentes operaciones o
transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema
econmico, tales como empresas pequeas, mediana, grandes;
transnacionales, instituciones del Estado.En tal sentido surge la
necesidad de que las instituciones decrdito, as como las
operaciones que realizan sean protegidas legalmente, inclusive con
la norma ms enrgica del sistema jurdico nacional, que es la norma
penal, para tal fin se crea la Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras, para ejercer la supervisin y regulacin,
mediante la inspeccin de los sujetos sometidos a su control, con el
objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema
financiero de la Repblica Bolivariana de Venezuela, respondiendo a
las necesidades sociales, econmicas y de justicia de los ciudadanos
y ciudadanas, consagrando as los fines supremos del Estado y la
NacinSUDEBAN ejerce una supervisin y regulacin de los sujetos
sometidos a su control, bajo esquemas preventivos y correctivos
conforme a los estndares universalmente establecidos y en
concordancia con los postulados de justicia social, transparencia
conforme lo consagra la Constitucin Venezolana Y La Ley General de
Bancos y Otras Instituciones Financieras.As pues, el Art., 213 de
la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras
establece que tendr como funciones: La inspeccin, supervisin,
vigilancia, regulacin y control de los bancos, entidades de ahorro,
etc.La historia reciente de nuestro pas nos hace recordar la triste
consecuencia que tuvieron sobre los bancos los Decretos
Habilitantes emanados en los aos 90. En concreto, la cada de varios
bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal
manejo de esa enorme crisis.Lo peor de todo es la tipificacin de
delitos y su efecto sobre los bancos. Todava se estn pagando los
platos rotos de la mala gestin del Decreto que elimin en el ao 2001
los delitos contra el Sistema de Identificacin y cosas tan bsicas
como la falsificacin de cdulas de identidad.La desaparicin de los
delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de
Venezuela no es subsanable con la aplicacin de los viejos delitos
derogados en 1992 del Cdigo Penal. Cunde la impunidad y est libre
el camino para la legitimacin o blanqueo de capitales.Como
corolario, la Ley Orgnica contra la Delincuencia Organizada
("Locdo") afirma que los delitos bancarios y financieros son
propios de la delincuencia organizada (Art. 16.4) y responsabiliza
penalmente a las personas jurdicas, con exclusin del Estado y sus
empresas (Art. 26), con lo cual crea un velo corporativo que puede
servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos
pblicos o que corrompan a sus funcionarios.ANEXOSCirculan cheques
de banco no registrado en el BCV Cheque del presunto Banco
proactivo, Banco Universal. Valencia, julio 22 (REDACTA).- El Banco
Central de Venezuela (BCV) inform, a travs de una circular, que la
Cmara de Compensacin Electrnica ha recibido informacin de la
reciente recepcin por parte de algunas instituciones financieras de
cheques en depsito de un supuesto Banco proactivo, Banco Universal,
identificado con el cdigo 0193.El gerente de Tesorera (e) Cristbal
Bonnin, advirti que en el BCV no reposa registro de alguna
institucin bancaria con esa denominacin, ms an, el cdigo
0193actualmente no es un cdigo activo dentro del sistema de pago.
Por ello, dice la circular, es importante que se evalen las medidas
necesarias para incrementar los mecanismos de control y verificacin
en las taquillas de las agencias, a los fines de que ese tipo de
cheques no circulen a travs del sistema.Ponencia de la Magistrada
Blanca Rosa Mrmol de Len.De conformidad con lo dispuesto en los
artculos 462 y 465 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, corresponde a
este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casacin Penal,
pronunciarse sobre la desestimacin o no del recurso de casacin
interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS, venezolana, titular
de la Cdula de Identidad N 5.205.270, asistida por el abogado JUAN
ARCNGEL AVENDAO ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N
58.195, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Mrida, que DECLARO CON LUGAR la
apelacin ejercida por la parte fiscal contra el fallo dictado por
el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N 2 del
referido Circuito Judicial, que DECLARO SIN LUGAR LA SOLICITUD
fiscal de SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra Mrida Entidad
de Ahorro y Prstamo (MERENAP) y la Asociacin Civil Simn Bolvar Los
Frailejones (ASOC S.B.F), DECRETO LA NULIDAD DE LA DECISIN
RECURRIDA y conforme lo previsto en los artculos 318 ordinal 3, 20
encabezamiento y 21 del Cdigo Orgnico Procesal Penal, DECRETO EL
SOBRESEIMIENTO de la causa seguida contra Mrida Entidad de Ahorro y
Prstamo (MERENAP) y la Asociacin Civil Simn Bolvar Los
Frailejones(ASOC S.B.F), en virtud de que contra la denuncia
interpuesta por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS, oper la COSA
JUZGADA.Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia,
Sala de Casacin Penal, correspondi inicialmente la ponencia al
Magistrado Rafael Prez Perdomo.En fecha 4 de marzo de 2004, se
reasign la ponencia a la Magistrada Blanca Rosa Mrmol de Len, quien
con tal carcter suscribe la presente decisin. Cumplidos como han
sido los dems trmites procedimentales, se pasa a dictar sentencia
en los trminos siguientes:HECHOSLa ciudadana ANA MYRELLA ROJAS
denunci que Mrida Entidad de Ahorro y Prstamo y la Asociacin Civil
Simn Bolvar Los Frailejones cometieron irregularidades en el manejo
del Fideicomiso F-05. Indic la nombrada ciudadana, en su denuncia,
que para el ao 1991 se organizaron varias familias para constituir
una asociacin civil para dotarse de viviendas, que ...en fecha 30
de mayo de 1993, se fusionaron las Asociaciones Simn Bolvar y Los
Frailejones sin fines de lucro, pro vivienda (Asoc. S.B.F.), con el
consentimiento de todos los socios, como consta del acta registrada
en fecha 7 de junio de 1993, bajo el N 13, tomo 30, protocolo
primero, por ante la Oficina de Registro Pblico del Estado Mrida.
Posteriormente se firma un Contrato de Fideicomiso (F-05) anexo
marcado (A), con Mrida Entidad de Ahorro y Prstamo (MERENAP), en
fecha 27 de mayo de 1994, acto este establecido en la Ley de
Poltica Habitacional (L.P.H.), para poder depositar los aportes del
Ahorro Habitacional, de mi propio peculio al fondo. Y la forma: en
la esperanza yconfianza en la sana administracin por parte de las
Juntas Directivas de ambas asociaciones, en la bsqueda de un Fin
Social Colectivo, como es una vivienda social en estos tiempos.
Lgica intil, aunque el objeto muy noble, me olvid que las juntas
administradoras de ambas asociaciones decidieron expiar sus
debilidades al actuar con conductas negligentes, omisivas, daosas,
punitivas, intencionales e irresponsables en la administracin del
dinero aportado al Fideicomiso (F-05). Es por lo que esta
impericia, demostrada en el ejercicio de estas funciones, condujo a
que los aportes de Ley de Poltica Habitacional, socios,
instituciones pblicas como el Instituto de Previsin Social del
Magisterio (Ipasme) y los mos en particular, fueron malversados a
costa de la necesidad y dao que sufriera el asociado....Adems
denuncia las malas prcticas contables, impericia en entregar
balances, manipulacin de stos, para producir engao y confusin entre
los socios.Tambin denunci fraude en la venta del apartamento de la
mencionada ciudadana a un comprador de mala fe, que an conociendo
de la querella y que existe medida cautelar, est disfrutando de su
apartamento.
RECURSO DE CASACINCon fundamento en el artculo 460 del Cdigo
Orgnico Procesal Penal, denuncia la formalizante: ..Observarn
respetables Magistrados, anteriormente por la materia la naturaleza
de la accin que se discute, para este caso en referencia, delito
bancario, por ser Jurisdiccin Especial bancaria le corresponda a
los extintos Tribunales Bancarios. Por lo que le estaba negado a
los Tribunales OrdinariosPenales bajo el derogado Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal y Constitucin, conocer en materia que no
fuera de su competencia (delitos bancarios). Es as, hasta la
entrada en vigencia de la Novsima Norma Adjetiva Penal (COOP), que
extingue a los tribunales bancarios y suprime los procedimientos
especiales penales de origen bancario y pasan a ser conocidos por
los Tribunales Ordinarios Penales artculo 501 del anterior (COOP)
de la vigencia y derogatoria ver sic...Ante este reconocimiento por
el legislador penal, adquiere competencia para conocer en materia
bancaria en consecuencia conoce de los delitos de accin bancaria y
se libera de que se les acuse como Incompetencia repito
incompetencia.De lo que se infiere por razonamiento del ciudadano
Fiscal Primero, con motivo de sus funciones, solicita Actos
Conclusivos en la figura jurdica del Sobreseimiento de la Cosa
Juzgada en contra de la accin por delito bancario intentada por la
vctima, conforme al artculo 325 ordinal 3ero del anterior Cdigo
Procesal Penal, enterado, consciente, como es evidente que el
extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de
Jurisdiccin Ordinario que conoci del primer caso, anterior al
(COPP), es incompetente por la materia para conocer de delitos
bancarios, en consecuencia no es el juez natural y por su
incompetencia, no llena los requisitos de objeto, causa y persona.
As lo explico y alert suficientemente como consta en escrito
complementario aportado en la audiencia especial para or a la
vctima antes de dictar sentencia concedida por el juez de Control N
2, donde impugn y demuestro el error la irregularidad, la falta de
fundamentacin, omisin al debido proceso, la falta de su funcin debe
con carcter constitucional y Adjetiva Penal, por parte del
ciudadano Fiscal Primero, al falsear, confundir los hechos y
elementos probatorios en la etapa preliminar, con su medida de
Preclusin del proceso que favorece mas a la impunidad que al fin de
justicia, como consta de los folios 153 hasta 158 ver infra
expediente y se patentiza con la apelacin.Porque los componentes de
la Corte de Apelaciones admiten la Apelacin solicitud de
sobreseimiento por cosa juzgada, de forma extempornea, hecho que se
evidencia con la simple regla o cmputo a partir del ltimo
notificado, como fue el ciudadano fiscal en fecha 10 de julio de
2000, as consta de los folios (159 y 160) ver infra expediente,
hasta la presentacin de la apelacin por parte del ciudadano fiscal
en fecha 17-07-2000, hasta aqu haban transcurridos 7 das de
despacho, cuando la anterior Norma Adjetiva Penal en su artculo 440
reconoce un lapso de cinco (5) das, se demuestra que no cumple con
los requisitos de la norma in comento y est manifiestamente
infundado. Lo que alert mediante escrito.Los componentes de la
Corte de Apelaciones, al admitir la apelacin fiscal, en los mismos
trminos, incurren en omisin judicial, lo cual es una aberracin
jurdica (falaz), por cuanto que si llego a conocer el anterior,
extinto Juez Segundo en lo Penal Ordinario, de materia bancaria por
los delitos bancarios que se mencionan, no es el juez natural, es
incompetente y usurpara las funciones de otros tribunales, en
consecuencia el anterior, extinto Juzgado Segundo Primero (sic) en
lo Penal de esta circunscripcin judicial con jurisdiccin ordinaria,
es incompetente para conocer jurisdiccin bancaria. Por tal motivo
no se viola el principio de nica Persecucin o el principio latino
non bis ib idem o lo que en buen castellano significa no mas de lo
mismo artculo 20 del COPP ver sic...Por lo que la beneficiaria hoy
vctima de un delito bancario, est en todo su derecho de solicitar
como en efecto lo hizo ya que el delito bancario nunca pudo ser
conocido por el extinto o anterior Juez o Tribunal Segundo de
Primera Instancia de Jurisdiccin Ordinaria Penal por su condicin de
incompetente para conocer.Aclaro que en alzada se revisa es el
derecho y no los hechos que sera lo correcto; pero como el ponente
valora los hechos a favor del recurrente y no valora los hechos a
favor de la vctima ponderando la igualdad, me veo en la obligacin
de informarlos al fondo respetables magistrados.... (...)...En el
presente caso el vicio de procedimiento, al cual se ha hecho
referencia, no poda ser convalidada por los componentes de la Corte
de Apelaciones, ya que infringe la garanta del debido proceso y en
consecuencia, no se puede utilizar en el mismo procedimiento un
(rgimen de vigencia plena) y a la vez otro de (vigencia intemporal)
como lo alert en los folios 13, 15, 139, 153, 154, 155, 156, 157,
183, 158 y 215 ver infra expediente.De esta forma se observa una
evidente violacin de la ley, por falta de aplicacin, por indebida
aplicacin o por errnea interpretacin de ella que desde el primer
punto de mi ejercicio del derecho pertinente quiero hacer notar
exaltadamente, sobrando decir que es una injusticia.... (...)...El
ponente de la sentencia recurrida, en su exposicin, entra a
conocer, observa, valora los argumentos del ciudadano Fiscal y las
evidencias que sustentan su solicitud de Acto Conclusivo en la
figura del sobreseimiento por cosa juzgada (decisin de fecha
19-05-1999 folios 78 al 84, emitida por el extinto juzgado Segundo
de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripcin Judicial del
Estado Mrida y la sentencia de la Corte de Apelaciones de este
Circuito Judicial Penal) donde destaca que la aqu, vctima aparece
entre otros, como denunciante en contra de la Asociacin Civil Simn
Bolvar, Los Frailejones (Asoc SBF); pero no de Merenap y no
explica, no fundamenta, no motiva suficientemente su exposicin,
sino solo se limita a valorar lo que expresa el Fiscal Primero del
Ministerio Pblico, por lo que contradice y confunde las normas que
rigen la materia....
La Sala para decidir observa:De la lectura de la denuncia
presentada se evidencia que la misma carece de la debida
fundamentacin, toda vez que en esta se atribuye de manera conjunta
a la recurrida el haber admitido el recurso de apelacin en forma
extempornea, el haber conocido un recurso de apelacin
manifiestamente infundado, la falta de valoracin de hechos a favor
de la vctima, haber violado el debido proceso, haber incurrido en
fraude procesal, adolecer del vicio de inmotivacin, adems de haber
incurrido en una evidente violacin de ley, por falta de aplicacin
por indebida aplicacin o errnea interpretacin.... El artculo 462
del Cdigo Orgnico Procesal Penal, establece: Interposicin. El
recurso de casacin ser interpuesto ante la Corte de Apelaciones,
dentro del plazo de quince das despus de publicada la sentencia,
salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en
el cual este plazo comenzar a correr a partir de la fecha de su
notificacin personal, previo traslado. Se interpondr mediante
escrito fundado en el cual se indicarn, en forma concisa y clara,
los preceptos legales que se consideren violados por falta de
aplicacin, o por errnea interpretacin, expresando de que modo se
impugna la decisin, con indicacin de los motivos que lo hacen
procedente, fundndolos separadamente si son varios. Fuera de esta
oportunidad no podr aducirse otro motivo.Y por cuanto el escrito
presentado carece de la debida fundamentacin, la Sala lo rechaza
declarndolo desestimado por manifiestamente infundado, de
conformidad con el artculo 465 del Cdigo Orgnico Procesal Penal. As
se decide.
DECISINPor las razones expuestas, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casacin Penal, Administrando Justicia en
nombre de la Repblica y por Autoridad de la ley, DECLARA
DESESTIMADO POR MANIFESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casacin
interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS. Publquese,
regstrese y remtase el expediente.Dada, firmada y sellada en el
Saln de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casacin Penal, en Caracas a los 11 das del mes de JUNIO de dos mil
cuatro. Aos: 194 de laIndependencia y 145 de la Federacin.El
Presidente de la SalaAlejandro Angulo FontiverosEl
Vicepresidente,Rafael Prez PerdomoLa Magistrada Ponente,Blanca Rosa
Mrmol de LenLa Secretaria,Linda Monroy de DazBRMdeL/hnq.RC. Exp. N
04-0035
VOTO SALVADORafael Prez Perdomo, Magistrado de la Sala de
Casacin Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en la
presente decisin, en base a las siguientes consideraciones:La
decisin, de la cual disiento, conoci del recurso de casacin
propuesto por la ciudadana Ana Myrella Rojas, en su condicin de
vctima (asistida por el abogado Juan Arcngel Avendao Romero,
inscrito en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el
nmero 5.205.270), contra la decisin de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Mrida, que anul el fallo dictado
por el Juzgado Segundo de Control, del mismo Circuito Judicial
Penal, y, en consecuencia, declar el sobreseimiento, solicitado por
el Ministerio Pblico, a favor de la Empresa Mrida Entidad de Ahorro
y Prstamo (MERENAP) y la Asociacin Civil Simn Bolvar Los
Frailejones (ASOC SBF), de conformidad con los artculos 318,
numeral 3, 20, encabezamiento y 21, del Cdigo Orgnico Procesal
Penal.Considera el disidente que la sentencia recurrida no es
susceptible de ser impugnada en casacin, por las razones que de
seguidas se pasan a exponer:Establece el artculo 325 del Cdigo
Orgnico Procesal, la procedencia de los recursos de apelacin y
casacin contra los autos que, en la etapa de investigacin del
proceso, decreten el sobreseimiento. En conceptode esta Sala, la
referida norma no es aplicable cuanto al recurso de casacin se
refiere. En efecto, nuestro actual sistema procesal adopt el
principio acusatorio, segn el cual resulta inviable un proceso
penal sin la acusacin del Ministerio Pblico. El ejercicio del ius
puniendi corresponde, pues, en nuestra legislacin, a esta
institucin, a excepcin de los delitos reservados a la instancia de
la parte agraviada (artculos 285, numeral 4, de la Constitucin, 11
y 24 del Cdigo Orgnico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgnica del
Ministerio Pblico).Por consiguiente, la norma invocada (artculo
325), referente a la procedencia del recurso de casacin, del
sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso, no
es aplicable, por contrariar preceptos de jerarqua constitucional.
En efecto, el artculo 19 de la Constitucin reconoce el control
jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. Estos
deben abstenerse de aplicar normas que colidan con la Constitucin
y, la norma referente al recurso de casacin contra las decisiones
de sobreseimiento, como acto conclusivo de la investigacin, no
podrn conducir a la declaratoria de procedencia de la acusacin
fiscal, por cuanto el ejercicio de esta accin es un deber exclusivo
de esta institucin (artculo 285, numeral 4 de la Constitucin).Cabe
sealar, a mayor abundamiento, que los principios de la tutela
judicial efectiva, son de jerarqua constitucional (artculos 26 y
49). En consecuencia, el acceso al procedimiento, no puede hacerse
a ultranza y, en nuestra legislacin, corresponde al
MinisterioPblico, como se dejo dicho, ejercer o no la accin penal,
a excepcin de los casos sealados. No puede, en consecuencia, ser
compelido a ello, como ocurra en la legislacin inquisitiva
derogada. El recurso de casacin no tiene vocacin meramente terica o
formal sino prctica y utilitaria. Ello implica la ineptitud de una
sentencia de casacin que tendiera a imponer al Ministerio Pblico el
ejercicio de la accin penal. Se tratara, en consecuencia, de
casaciones intiles que, no sera, por lo dems, deseable propiciar.
Fecha ut supra.
El Presidente de la Sala,Alejandro Angulo FontiverosEl
Vicepresidente,Rafael Prez PerdomoDISIDENTELa Magistrada
Ponente,Blanca Rosa Mrmol de LenLa Secretaria,Linda Monroy de
DazRC. Exp. N 04-035
Resea Histrica del amparo en VenezuelaEl origen del amparo en
Venezuela, concebido como instrumento de defensa de los derechos y
libertades, es de creacin relativamente tarda, comparndolo con los
ordenamientos jurdicos de su mbito cultural latinoamericano. Las
influencias ms perceptibles de Amparo en nuestro pas, son la
anglosajona y la tradicin hispnica. Respecto a la primera, tiene su
origen en Inglaterra mediante el habeas Corpus, declaraciones de
derechos y culmina su desarrollo con el Estado Constitucional
norteamericano, cuya influencia penetr con gran fuerza en las
nuevas repblicas iberoamericanas durante los primeros aos de la
vida de stas.La influencia estadounidense se percibe claramente en
su formulacin no slo de la rgida divisin de poderes, sino en el
sentido de la limitacin de los mismos; as, en elproceso
constituyente norteamericano confluyen los factores necesarios para
determinar la supremaca de los jueces bajo la reforma de la
"judicial law", continuidad de la tradicin inglesa que contempla a
los jueces como rganos independientes creadores de derecho, y el
controvertido concepto de la soberana parlamentaria que se
complementa con la idea de que la Constitucin es una ley
fundamental ante la que han de someterse el resto de las leyes, y
que es funcin propia de los jueces, no de la legislatura,
interpretar y aplicar las leyes. Respecto a la influencia hispnica,
sta no es menor que la anglosajona, simplemente diferente, as desde
el propio trmino amparo, que tiene su origen en el derecho espaol y
que ha sido adoptado por los diversos ordenamientos
latinoamericanos. Sin embargo, la influencia ms clara en cuanto a
proteccin de derechos se refiere se contienen la Leyes de Indias,
en cuyo corpus se proclaman las formulaciones emanadas por el Rey
de Castilla referente al tratamiento de que deban ser objeto los
indgenas de las tierras americanas por parte de los conquistadores
primero y de la Administracin colonial posteriormente, a las que
limitaba en gran medida su actuacin.En Venezuela, la influencia ms
reciente es la mexicana donde primeramente se conform el amparo en
un texto constitucional, hacindose en la constitucin del Yucatn de
16 de mayo de 1841, en sus artculos 8, 9, y 62, aunque su mbito de
aplicacin se refera slo al estado en referencia. El objeto de la
introduccin de esta institucin era proteger a los habitantes del
Estado contraactos de la autoridad que violara la Constitucin y los
derechos fundamentales.El ejemplo mexicano produjo algunos intentos
de establecer una figura similar en la constitucin de 1811, aunque
su proclamacin no se producir hasta el texto de 1961, en su artculo
49, reglamentndose por la Ley orgnica de Amparo sobre derechos y
Garantas Constitucionales del 22 de Enero de 1988.Sin embargo
podemos sealar que los antecedentes del amparo constitucional en
Venezuela datan en principio de 1947. En la Constitucin Nacional
aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el cinco de Julio
de ese ao solo se desglosan de manera, diramos efmera, los llamados
deberes y derechos individuales y sociales , tal y como lo disponan
los artculos 20 al 28 del mencionado texto.Luego en la Constitucin
Nacional de 1953, la cual surgi en un sistema de fuerza no existe
ningn desarrollo en materia de amparo Constitucional, ms bien queda
reducido el campo conceptual de la Constitucin de 1947 por motivo
del sistema imperante.La Constitucin del 23 de Enero de 1961
consagra el amparo constitucional en los artculos 49 y 50, dentro
de los llamados derechos o disposiciones generales que engloban los
artculos 43 al 50.
Naturaleza jurdicaEs un derecho constitucional, lo que implica
que toda persona puede ser amparada ante la violacin de cualquier
derecho que este consagrado en la Carta Magna incluso cuando no lo
est, siempre y cuando sea un derecho que se considere inherente a
la persona. Lo caracterstico de este derecho es que comprende un
procedimiento breve, pblico, oral, gratuito y sencillo lo que
garantiza una verdadera y urgente atencin. Es por ello una garanta
de restablecimiento de la lesin actual o inminente. Entonces, la
situacin que busca restituir el Amparo, es aquella cuya garanta
estaba resguardada por la Norma Fundamental, y fue lesionada con
ocasin de efectuada una situacin o de dictado un acto, bien sea,
porque los agentes pblicos o los particulares, debiendo conducirse
de acuerdo con un precepto de este rango, lo desconocieron o
aplicaron mal. Aunque, tambin puede deducirse que, el Amparo puede
ser utilizado como mecanismo de prevencin ante una inminente
violacin de derechos fundamentales, ya que a travs de ste se pueden
suspender los efectos del acto considerado lesivo y as evitar daos
irreparables. Por lo tanto, su procedencia no solo se da cuando hay
una violacin sino que tambin cuando hay amenaza de violacin,
permitiendo as evitar la materializacin o permanencia del hecho
lesivo y de sus efectos. El Amparo es considerado como una garanta
constitucional especfica, para restablecer situaciones que
provengan de violaciones de derechos y garantas fundamentales
inherentes a la persona, pero de ninguna forma de las reguladas
legalmente ya que, si as fuere, el Amparo perdera todo sentido y
alcance y se convertira en un mecanismo ordinario de control de la
legalidad. El Amparo Constitucional goza de una serie de principios
que lo particularizan de otras figuras, al respecto tenemos que
dentro del proceso no se pueden relajar las normas de procedimiento
ni las constitucionales, a excepcin del desistimiento de la accin
de amparo constitucional solo en casos en que el orden
constitucional no sea tan trgico, esto es, principio del orden
publico del proceso. Adems es importante rescatar que en materia de
amparo constitucional se encuentran habilitados todos los das
incluso los de vacaciones, por lo tanto, los jueces as sean
temporales, estn en la obligacin de tramitarlo y sentenciarlo. Esto
es, principio de la doble instancia y de la habilitacin permanente,
respectivamente. En el Amparo Constitucional, se da el principio de
Inquisitividad, donde el juez, dado el tipo de derecho que se
encuentra en discusin, tiene facultades amplias hasta el punto de
poder mejorar las peticiones del accionante, evacuar pruebas que
considere necesarias para hacerse un mejor criterio del asunto, y
en fin puede realizar actos oficiosos revestidos de carcter
inquisitivo conforme a lo previsto en el articulo 11 del Cdigo de
Procedimiento Civil. Dado el tipo de derecho que se encuentra en
juego, el juicio de Amparo se encuentra revestido de los principios
de celeridad y urgencia, lo que por consiguiente nos lleva al
principio de la informalidad, simplicidad procesal y gratuidad, es
por ello que a propsito el artculo 254 de la constitucin elimino el
pago de aranceles judiciales para todo proceso jurisdiccional. Esto
tambin se hace ver en lo dispuesto en los artculos 26, 27 y 257 de
nuestra Carta Magna, donde dice, que no se requieren largos
procesos, lentos y llenos de formalismos, por el contrario, se
busca agilizar la justicia mediante procedimientos rpidos, breves,
orales, pblicos, gratuitos, sin formalismos, imparciales,
independientes, responsables, equitativos y expeditos.Cabe resaltar
que la Constitucin de 1961 consagro en su parte dogmtica todo un
mosaico de derechos, los cuales resultan obligantes para un estado
que se precie de ser garante de los derechos humanos. Antes de la
Constitucin de 1961 exista el amparo como recurso, pero no como una
autentica accin, ya que siempre eran tanto su solicitud como su
trmite, aplicacin y ejecucin de carcter extraordinario.
La primera ley de Amparo y Garantas Constitucionales apareci
publicada en la Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela nro.
33.891 de fecha 22 de Enero de 1988. La misma sufri una reforma
circunscrita nicamente al texto del artculo 8 y se publico en
Gaceta Oficial nro. 34.060, del 27 de Septiembre de 1988. En esta
reforma se incluyen las acciones de amparo constitucional en contra
del Consejo Supremo Electoral y dems organismos electorales del
pas.Al dictarse la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela en 1999, esta establece nuevos principios procesales
destinados a garantizar la proteccin de los derechos de las partes
en proceso, pero tales disposiciones resultan incompatibles con la
dictada Ley de Amparo y Garantas Constitucionales, por ello, esta
ley ha sido objeto de innumerables interpretaciones y
modificaciones por va jurisprudencial, situacin que se mantendr
hasta tanto sea dictada una nueva ley especial de amparo.Base
constitucional del amparoEn el ttulo III, captulo I, art. 27 se
encuentra ubicada la accin de amparo constitucional. En efecto
establece el artculo:Artculo 27. Toda persona tiene derecho a ser
amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos
y garantas constitucionales, aun de aquellos inherentes a la
persona que no figuren expresamente en esta Constitucin o en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos.El
procedimiento de la accin de amparo constitucional ser oral,
pblico, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad
judicial competente tendr potestad para restablecer inmediatamente
la situacin jurdica infringida o la situacin que ms se asemeje a
ella. Todo tiempo ser hbil y el tribunal lo tramitar con
preferencia a cualquier otro asunto.La accin de amparo a la
libertad o seguridad podr ser interpuesta por cualquier persona, y
el detenido o detenida ser puesto o puesta bajo la custodia del
tribunal de manera inmediata, sin dilacin alguna.El ejercicio de
este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la
declaracin del estado de excepcin o de la restriccin de garantas
constitucionales.Base legal de la accin de amparo La encontramos en
la ley orgnica de amparo sobre derechos y garantas constitucionales
publicadas en el ao 1988, y que sirvi para desarrollar el precepto
constitucional sobre amparo que traa la antigua constitucin de 1961
en su art. 49. En razn de que la vigente ley de amparo es de 1988 y
la actual constitucin es de 1999, muchos de sus preceptos no se
corresponden con la vigente carta magna razn por la cual la sala
constitucional del Tribunal Supremo deJusticia ha hecho algunas
modificaciones de la actual ley de amparo.Modalidades del
amparoExisten en la Ley Orgnica del Amparo sobre derechos y
garantas constitucionales 5 tipos o modalidades del amparo:1.
Amparo contra normas (art. 3)2. Amparo contra decisiones judiciales
o amparo judicial ( art.4)3. Amparo cautelar ( primer aparte del
art. 5)4. Habeas corpus (art. 38)5. Amparo sobrevenido (art. 6
ordinal 5)Amparo contra normasEst previsto en el artculo 3 de la
mencionada ley orgnica de amparo sobre derechos y garantas
constitucionales en los trminos siguientes:Tambin es procedente la
accin de amparo, cuando la violacin o amenaza de violacin deriven
de una norma que colida con la Constitucin. En este caso, la
providencia judicial que resuelva la accin interpuesta deber
apreciar la inaplicacin de la norma impugnada y el Juez informar a
la Corte Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisinSi bien
el artculo establece que la accin procede cuando la violacin derive
de una norma que colida con la constitucin, el mximo tribunal de la
repblica ha establecido en sala constitucional que realmente
procede contra el acto de aplicacin de la norma y no contra esta
directamente, puesto que las normas por si solas no son capaces de
incidir en la esfera jurdica de los sujetos de derecho por su
carcter abstracto, sino que requieren un acto de aplicacin que
produzca el vinculo entre la norma y la situacin jurdica lesionada
de un particular (Sala constitucional, 4/marzo/2004 sentencia nro.
282)Asimismo la sentencia de esa sala constitucional asienta que la
incapacidad del acto normativo de lesionar directamente al sujeto
de derechos deviene que no sera, en principio una amenaza inminente
y no sera realizable por el imputado (el legislador) puesto que
este no tiene a su cargo la ejecucin de las normas que dicta. Por
ello, se ha concluido que en los casos de amparo contra actos
normativos, la norma no es objeto del amparo, sino la causa del
acto de aplicacin que resulta lesivo de derechos o garantas
constitucionales.Excepcin: existen situaciones en las que se puede
prescindir del acto de aplicacin o ejecucin de la norma
cuestionada, e igualmente es procedente el amparo in comento, tal
es el caso de la norma autoaplicativa. Est definida como aquella
que con su sola promulgacin adquiere operatividad inmediata sin que
haya necesidad de un acto posterior de reglamentacin o siquiera de
aplicacin 1. Verbigracia: la ley que establece el impuesto al valor
agregado (I.V.A), toda vez que su sola promulgacin implica una
obligatoriedad efectiva y actual para las personas all
previstas.Competencia para conocer del amparo contra normaLa sala
constitucional estableci: que en esta modalidad de accin de amparo
constitucional lo que viene a determinar la competencia del rgano
jurisdiccional que ha de conocerla es el objeto de la accin, es
decir, la situacin jurdica concreta cuya violacin se alega, que
debe ser subsumida objetivamente dentro de los principios de
competencia que establece la Ley Orgnica de Amparo sobre Derechos y
Garantas Constitucionales. De manera que,deber determinarse, en
principio, cul es el sujeto encargado de la aplicacin de la norma
cuestionada por inconstitucionalidad, para verificar la regla de
determinacin de la competencia, ratione materiae y ratione loci, a
que se refiere el artculo 7 de la referida Ley Orgnica, conforme a
la cual la competencia para conocer del amparo contra actos
normativos le correspondera a los tribunales de primera instancia
de acuerdo con la afinidad con las materias que le han sido
asignadas, en la jurisdiccin correspondiente al lugar donde ocurri
el hecho, acto u omisin que haya motivado la accin en cuestin; ser
competente, en cambio, esta Sala Constitucional de acuerdo a la
regla de determinacin de la competencia, ratione personae, prevista
en el artculo 8 eiusdem, si se verifica que el acto, hecho u omisin
adoptado en ejecucin de la norma procede de una de las altas
autoridades all mencionadas, o de las que la jurisprudencia de esta
Sala ha venido incorporando (Sentencia nro. 104 S.C 1 febrero
2006)
Amparo judicial Tambin conocido como amparo contra sentencias,
es una accin de carcter extraordinario, que permite fortalecer el
control constitucional de las decisiones de los tribunales de la
repblica, para mitigar la angustia y desesperacin causada por algn
fallo judicial lesivo de normas fundamentales. Est previsto en el
artculo 4 de la ley Orgnica de Amparo sobre derechos y garantas
constitucionales que reza:Articulo 4.Igualmente procede la accin de
amparo cuando un Tribunal de la Repblica, actuando fuera de su
competencia, dicte una resolucin o sentencia u ordene un acto que
lesione un derecho constitucional. En estos casos, la accin de
amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emiti
el pronunciamiento, quien decidir en forma breve, sumaria y
efectiva. Vale la pena acotar lo que la jurisprudencia de la sala
constitucional del TSJ, configura dentro del supuesto de la
norma:Amparo contra omisin o falta de pronunciamientoEn sentencia
nro. 80 fechada el 9 de marzo del 2000 y con ponencia del doctor
Jos Delgado Ocando se estableci que si bien se menciona en la norma
el amparo contra una resolucin, sentencia o acto del tribunal, debe
entenderse comprendida adems en la misma disposicin, la posibilidad
de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de
pronunciamiento; situaciones que constituyen una omisin que podra
tambin ser susceptible de conformar un caso de violacin de derechos
de rango constitucional. Amparo contra un tribunal que actu fuera
de su competenciaSe ha analizado la frase que contiene el articulo
4 cuando dice actuando fuera de su competencia y establece la sala
que cuando la norma habla de competencia no se refiere
exclusivamente al concepto tcnico procesal, esto es a la materia,
cuanta y territorio sino que involucra tambin el supuesto de abuso
de poder y extra limitacin de las atribuciones. (Sentencia nro. 1,
24 de enero de 2001)Competencia para conocer del amparo
judicialConforme al propio artculo 4 de la ley especial de amparo
el tribunal competente es el superior jerrquico del juez que dicto
la sentencia.
