El delito económico. El Código Penal y el delito económico. El blanqueo de capitales. Los delitos fiscales. Los paraísos fiscales.
1 EL DELITO ECONÓMICO
El delito económico tiene su origen en la época del imperio de los Austrias en el
siglo XVII. Tal y cómo lo define la ONU: El término “delitos económico y
financiero” se refiere, en términos generales, a cualquier delito no violento que
da lugar a una pérdida financiera.
Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales,
incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de
“delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue
siendo un reto. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos rápidos
en las tecnologías, que ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de tales
delitos.
La extensión general del fenómeno es difícil de determinar, en parte debido a la
falta de un concepto claro y aceptado, al hecho de que los sistemas para registrar
la delincuencia económica y financiera difieren enormemente de un país a otro,
y a que algunos casos no se notifican porque las compañías y las instituciones
financieras optan por resolver los incidentes internamente.
La delincuencia económica se distingue del resto por:
1. La lesión de la confianza en el tráfico mercantil.
2. El uso de la credulidad o ignorancia de la víctima, una especial astucia
(apariencia legal del hecho) o afección de vastos sectores de la población,
e incluso a países enteros. Todo lo dicho torna prácticamente imposible
la identificación del autor
3. La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del
hecho pero no de su trascendencia criminal.
4. La imagen de honorabilidad del autor, debido a su posición política, social
y económica. Su respetabilidad obligó a establecer una relación cercana
entre poder económico y poder político.
5. La escasa visibilidad del delito
6. La volatilización de la cantidad de víctimas.
7. Las estructuras anónimas de comunicación.
8. El no aparecer en las estadísticas criminales a pesar del alto costo social
causado; sea por la imposibilidad de desenmascararlos, o por los
obstáculos para perseguirlas por vía de la administración de justicia penal.
2 EL CÓDIGO PENAL Y EL DELITO ECONÓMICO
Los delitos de índole económico y todos aquellos relacionados directa o
indirectamente con el fraude, evasión de capitales, blanqueo, financiación ilegal
y demás tienen cabida, en nuestro vigente código penal.
A continuación, se transcriben algunos de los artículos relacionados con los
delitos económicos, blanqueo de capitales y demás de aplicación:
CAPÍTULO VI - De las defraudaciones
Sección 1ª
De las estafas
Artículo 248.
1- Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio
propio o ajeno.
2- También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática
o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier
activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas
informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas
en este artículo.
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos
obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en
perjuicio de su titular o de un tercero.
Artículo 249.
Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres
años, si la cuantía de lo defraudado excediere de 400 euros. Para la fijación de
la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico
causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios
empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la
gravedad de la infracción.
Artículo 250.
1- El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de un año a seis
años y multa de seis a doce meses, cuando:
1º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de
reconocida utilidad social.
2º Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o
inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o
documento público u oficial de cualquier clase.
3º Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o
científico.
4º Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la
situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
5º Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros.
6º Se cometa abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y
defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
7º Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento
judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar
sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en
el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los
intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
2- Si concurrieran las circunstancias 4ª, 5ª o 6ª con la 1ª del número anterior, se
impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a
veinticuatro meses.
Artículo 251.
Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:
1º Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad
de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por
haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de
éste o de tercero.
2º El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de
cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la
gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente,
en perjuicio de éste, o de un tercero.
3º El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.
Artículo 251 bis.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos comprendidos en esta Sección, se le impondrán
las siguientes penas:
a) Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por
la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los
casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.
Sección 2ª - De la apropiación indebida
Artículo 252.
Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en
perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier
otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión
o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o
devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado
exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en
el caso de depósito necesario o miserable.
Artículo 253.
Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo
de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que
en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de
cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de
seis meses a dos años.
Artículo 254.
Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses el que, habiendo
recibido indebidamente, por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa
mueble, niegue haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su
devolución, siempre que la cuantía de lo recibido exceda de 400 euros.
CAPÍTULO VII - De las insolvencias punibles
Artículo 257.
1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce
a veinticuatro meses:
1º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
2º Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o
generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo
o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o
administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
2- Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la
naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente
eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con
independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica,
pública o privada.
3- En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho
público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a imponer será
de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.
4- Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior
en los supuestos previstos en los ordinales 1º, 4º y 5º del apartado primero del
artículo 250.
5- Este delito será perseguido aun cuando tras su comisión se iniciará una
ejecución concursal.
Artículo 258.
El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión,
y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles
dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones
que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será
castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses.
Artículo 259.
Será castigado con la pena de uno a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24
meses, el deudor que, una vez admitida a trámite la solicitud de concurso, sin
estar autorizado para ello ni judicialmente ni por los administradores concursales,
y fuera de los casos permitidos por la ley, realice cualquier acto de disposición
patrimonial o generador de obligaciones, destinado a pagar a uno o varios
acreedores, privilegiados o no, con posposición del resto.
Artículo 260.
1- El que fuere declarado en concurso será castigado con la pena de prisión de
dos a seis años y multa de ocho a 24 meses, cuando la situación de crisis
económica o la insolvencia sea causada o agravada dolosamente por el deudor
o persona que actúe en su nombre.
2- Se tendrá en cuenta para graduar la pena la cuantía del perjuicio inferido a los
acreedores, su número y condición económica.
3- Este delito y los delitos singulares relacionados con él, cometidos por el
deudor o persona que haya actuado en su nombre, podrán perseguirse sin
esperar a la conclusión del proceso civil y sin perjuicio de la continuación de este.
El importe de la responsabilidad civil derivada de dichos delitos deberá
incorporarse, en su caso, a la masa.
4- En ningún caso, la calificación de la insolvencia en el proceso civil vincula a la
jurisdicción penal.
Artículo 261.
El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos
relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de
aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis
a 12 meses.
Artículo 261 bis.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán
las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene
prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene
prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.
CAPÍTULO VIII
De la alteración de precios en concursos y subastas públicas
Artículo 262.
1- Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso
o subasta pública ; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de
amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio ; los que se concertaren
entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente
quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán
castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses,
así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y
cinco años.
Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o
entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él
representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso,
el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres
a cinco años.
2- El juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias
previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad,
organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la
realización de tales actividades.
CAPÍTULO IX - De los daños
Artículo 263.
1- El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de
este Código, será castigado con la pena de multa de seis a 24 meses, atendidas
la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si éste excediera de
400 euros.
2- Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a
veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si
concurriere alguno de los supuestos siguientes:
1º Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como
consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se
cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que,
como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir
a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.
2º Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
3º Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
4º Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
5º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
Artículo 264.
1- El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase,
dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos,
programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado
producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a
dos años.
2- El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave
obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno,
introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando,
suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado
producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a
tres años.
3- Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente señaladas
en los dos apartados anteriores y, en todo caso, la pena de multa del tanto al
décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
1º Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2º Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses
generales.
4- Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona
jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le
impondrán las siguientes penas:
a) Multa del doble al cuádruple del perjuicio causado, si el delito cometido por la
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
b) Multa del doble al triple del perjuicio causado, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.
CAPÍTULO X - Disposiciones comunes a los capítulos anteriores
Artículo 268.
1- Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los
cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso
judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes,
descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines
en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren
entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación.
2- Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.
Artículo 269.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo,
extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigadas con la pena inferior
en uno o dos grados a la del delito correspondiente.
CAPÍTULO XIII - De los delitos societarios
Artículo 290.
Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en
formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban
reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para
causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero,
serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a
doce meses.
Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad
superior.
Artículo 291.
Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o
el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación,
impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio
de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados
con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del
beneficio obtenido.
Artículo 292.
La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se
aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno
de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida
por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a
quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este
derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o
procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde
si constituyese otro delito.
Artículo 293.
Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o
en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de
los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad
social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán
castigados con la pena de multa de seis a doce meses.
Artículo 294.
Los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad
constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a
supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas,
órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena
de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses.
Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá
decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.
Artículo 295.
Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad
constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso
de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes
de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente
un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios,
cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren,
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa
del tanto al triplo del beneficio obtenido.
Artículo 296.
1- Los hechos descritos en el presente capítulo, sólo serán perseguibles
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando
aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá
denunciar el Ministerio Fiscal.
2- No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión
del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
Artículo 297.
A los efectos de este capítulo se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja
de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil
o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus
fines participe de modo permanente en el mercado.
CAPÍTULO XIV - De la receptación y el blanqueo de capitales
Artículo 298.
1- El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito
contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni
como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los
efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con
la pena de prisión de seis meses a dos años.
2- Esta pena se impondrá en su mitad superior a quien reciba, adquiera u oculte
los efectos del delito para traficar con ellos. Si el tráfico se realizase utilizando un
establecimiento o local comercial o industrial, se impondrá, además, la pena de
multa de doce a veinticuatro meses. En estos casos los Jueces o Tribunales,
atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del
delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial
para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años, y
acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o local.
Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá exceder de cinco años.
3- En ningún caso podrá imponerse pena privativa de libertad que exceda de la
señalada al delito encubierto. Si éste estuviese castigado con pena de otra
naturaleza, la pena privativa de libertad será sustituida por la de multa de 12 a
24 meses, salvo que el delito encubierto tenga asignada pena igual o inferior a
esta; en tal caso, se impondrá al culpable la pena de aquel delito en su mitad
inferior.
Artículo 299.
1- El que con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de hechos
constitutivos de falta contra la propiedad, habitualmente se aprovechara o
auxiliara a los culpables para que se beneficien de los efectos de las mismas,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.
2- Si los efectos los recibiere o adquiriere para traficar con ellos, se impondrá la
pena en su mitad superior y, si se realizaran los hechos en local abierto al
público, se impondrá, además, la multa de 12 a 24 meses. En estos casos los
jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias
personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de
inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de
uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del
establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal, su duración no podrá
exceder de cinco años.
Artículo 300.
Las disposiciones de este capítulo se aplicarán aun cuando el autor o el cómplice
del hecho de que provengan los efectos aprovechados fuera irresponsable o
estuviera personalmente exento de pena.
Artículo 301.
1- El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que
éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera
tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen
ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o
infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con
la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor
de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad
del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer
también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión
o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura
temporal o definitiva del establecimiento o local. Si la clausura fuese temporal,
su duración no podrá exceder de cinco años.
La pena se impondrá en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen
en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372
de este Código. En estos supuestos se aplicarán las disposiciones contenidas
en el artículo 374 de este Código.
También se impondrá la pena en su mitad superior cuando los bienes tengan su
origen en alguno de los delitos comprendidos en los Capítulos V, VI, VII, VIII, IX
y X del Título XIX o en alguno de los delitos del Capítulo I del Título XVI.
2- Con las mismas penas se sancionará, según los casos, la ocultación o
encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino,
movimiento o derechos sobre los bienes o propiedad de los mismos, a sabiendas
de que proceden de alguno de los delitos expresados en el apartado anterior o
de un acto de participación en ellos.
3- Si los hechos se realizasen por imprudencia grave, la pena será de prisión de
seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.
4- El culpable será igualmente castigado aunque el delito del que provinieren los
bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido
cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.
5- Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las
reglas del artículo 127 de este Código.
Artículo 302.
1- En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas
privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una
organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena superior
en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas
organizaciones.
2- En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea
responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas:
a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene
prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.
Artículo 303.
Si los hechos previstos en los artículos anteriores fueran realizados por
empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público,
trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u
oficio, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de inhabilitación
especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, industria o comercio, de
tres a diez años. Se impondrá la pena de inhabilitación absoluta de diez a veinte
años cuando los referidos hechos fueren realizados por autoridad o agente de la
misma.
A tal efecto, se entiende que son facultativos los médicos, psicólogos, las
personas en posesión de títulos sanitarios, los veterinarios, los farmacéuticos y
sus dependientes.
Artículo 304.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos
previstos en los artículos 301 a 303 se castigará, respectivamente, con la pena
inferior en uno o dos grados.
TÍTULO XVIII - De las falsedades
CAPÍTULO I - De la falsificación de moneda y efectos timbrados
Artículo 386.
Será castigado con la pena de prisión de ocho a 12 años y multa del tanto al
décuplo del valor aparente de la moneda:
1º El que altere la moneda o fabrique moneda falsa.
2º El que introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada.
3º El que transporte, expenda o distribuya, en connivencia con el falsificador,
alterador, introductor o exportador, moneda falsa o alterada.
La tenencia de moneda falsa para su expendición o distribución será castigada
con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de aquélla y al
grado de connivencia con los autores mencionados en los números anteriores.
La misma pena se impondrá al que, sabiéndola falsa, adquiera moneda con el
fin de ponerla en circulación.
El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya
después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres
a seis meses o multa de seis a 24 meses, si el valor aparente de la moneda fuera
superior a 400 euros.
Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso
de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el
juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas
en el artículo 129 de este Código.
Artículo 387.
A los efectos del artículo anterior, se entiende por moneda la metálica y el papel
moneda de curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países
de la Unión Europea y las extranjeras.
Artículo 388.
La condena de un Tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza
de los comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los
Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el
antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho
español.
Artículo 389.
El que falsificare o expendiere, en connivencia con el falsificador, sellos de
correos o efectos timbrados, o los introdujera en España conociendo su falsedad,
será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.
El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que,
conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara en cantidad superior a 400
euros será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis
a 24 meses.
CAPÍTULO II - De las falsedades documentales
Sección 1ª - De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y
de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación
Artículo 390.
1- Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a
veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la
autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa
falsedad:
1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter
esencial.
2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error
sobre su autenticidad.
3º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o
atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones
diferentes de las que hubieran hecho.
4º Faltando a la verdad en la narración de los hechos.
2- Será castigado con las mismas penas a las señaladas en el apartado anterior
el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de las
conductas descritas en los números anteriores, respecto de actos y documentos
que puedan producir efecto en el estado de las personas o en el orden civil.
Artículo 391.
La autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en
alguna de las falsedades previstas en el artículo anterior o diere lugar a que otro
las cometa, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año.
Artículo 392.
1- El particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna
de las falsedades descritas en los tres primeros números del apartado 1 del
artículo 390, será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años
y multa de seis a doce meses.
2- Las mismas penas se impondrán al que, sin haber intervenido en la
falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso.
Se impondrá la pena de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis
meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.
Esta disposición es aplicable aun cuando el documento de identidad falso
aparezca como perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer
Estado o haya sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o
en un tercer Estado si es utilizado o se trafica con él en España.
Artículo 393.
El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro,
hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos
precedentes, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los
falsificadores.
Artículo 394.
1- La autoridad o funcionario público encargado de los servicios de
telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro
propio de dichos servicios, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres
años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
2- El que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para
perjudicar a otro, será castigado con la pena inferior en grado a la señalada a los
falsificadores.
Sección 2ª - De la falsificación de documentos privados
Artículo 395.
El que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las
falsedades previstas en los tres primeros números del apartado 1 del artículo
390, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Artículo 396.
El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro,
hiciere uso de un documento falso de los comprendidos en el artículo anterior,
incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.
Sección 3ª - De la falsificación de certificados
Artículo 397.
El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de
tres a doce meses.
Artículo 398.
La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa
trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de
seis meses a dos años.
Este precepto no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social
y a la Hacienda Pública.
Artículo 399.
1- El particular que falsificare una certificación de las designadas en los artículos
anteriores será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
2- La misma pena se impondrá al que hiciere uso, a sabiendas, de la
certificación, así como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare
con ella de cualquier modo.
3- Esta disposición es aplicable aun cuando el certificado aparezca como
perteneciente a otro Estado de la Unión Europea o a un tercer Estado o haya
sido falsificado o adquirido en otro Estado de la Unión Europea o en un tercer
Estado si es utilizado en España.
Sección 4ª - De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
Artículo 399 bis.
1- El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de
crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de
cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos
falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se
cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de
dos a cinco años.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado
7 del artículo 33.
2- La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados
destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la
falsificación.
3- El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a
sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje
falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.
CAPÍTULO III - Disposiciones generales
Artículo 400.
La fabricación o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, sustancias,
máquinas, programas de ordenador o aparatos, específicamente destinados a la
comisión de los delitos descritos en los capítulos anteriores, se castigarán con la
pena señalada en cada caso para los autores.
Artículo 400 bis.
En los supuestos descritos en los artículos 392, 393, 394, 396 y 399 de este
Código también se entenderá por uso de documento, despacho, certificación o
documento de identidad falsos el uso de los correspondientes documentos,
despachos, certificaciones o documentos de identidad auténticos realizado por
quien no esté legitimado para ello.
3. EL BLANQUEO DE CAPITALES
La política de prevención del blanqueo de capitales surge a finales de la década
de 1980 como reacción a la creciente preocupación que planteaba la criminalidad
financiera derivada del tráfico de drogas.
El riesgo de penetración de importantes sectores del sistema financiero por parte
de las organizaciones criminales, al que no proporcionaban adecuada respuesta
los instrumentos existentes, dio lugar a una política internacional coordinada,
cuya más importante manifestación fue la creación en 1989 del Grupo de Acción
Financiera (GAFI). Las Recomendaciones del GAFI, aprobadas en 1990, pronto
se convirtieron en el estándar internacional en la materia, constituyéndose en la
inspiración directa de la Primera Directiva comunitaria (Directiva 91/308/CEE del
Consejo, de 10 de junio de 1991).
Se entenderá por bienes procedentes de una actividad delictiva todo tipo de
activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un delito, tanto materiales
como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los
documentos o instrumentos jurídicos con independencia de su forma, incluidas
la electrónica o la digital, que acrediten la propiedad de dichos activos o un
derecho sobre los mismos, con inclusión de la cuota defraudada en el caso de
los delitos contra la Hacienda Pública.
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que
hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro
Estado.
Existe un marco normativo muy amplio de decretos y leyes de aplicación directa
o subsidiaria; no obstante, nos centraremos en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A
continuación, se reproduce íntegramente algunos artículos de la citada Ley de
especial interés:
Artículo 1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
1. La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema
financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el
establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo.
2. A los efectos de la presente Ley, se considerarán blanqueo de capitales las
siguientes actividades:
a) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes
proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad
delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de
ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de
sus actos.
b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la
disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre
bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad delictiva o
de la participación en una actividad delictiva.
c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento
de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva o de
la participación en una actividad delictiva.
d) La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras
anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las tentativas de
perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas
o facilitar su ejecución.
Existirá blanqueo de capitales aun cuando las conductas descritas en las letras
precedentes sean realizadas por la persona o personas que cometieron la
actividad delictiva que haya generado los bienes.
A los efectos de esta Ley se entenderá por bienes procedentes de una actividad
delictiva todo tipo de activos cuya adquisición o posesión tenga su origen en un
delito, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o
intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos con
independencia de su forma, incluidas la electrónica o la digital, que acrediten la
propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos, con inclusión de la
cuota defraudada en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública.
Se considerará que hay blanqueo de capitales aun cuando las actividades que
hayan generado los bienes se hubieran desarrollado en el territorio de otro
Estado.
3. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por financiación del terrorismo
el suministro, el depósito, la distribución o la recogida de fondos o bienes, por
cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con
el conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la
comisión de cualquiera de los delitos de terrorismo tipificados en el Código Penal.
Se considerará que existe financiación del terrorismo aun cuando el suministro
o la recogida de fondos o bienes se hayan desarrollado en el territorio de otro
Estado.
4. A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición
adicional se considerarán países terceros equivalentes aquellos Estados,
territorios o jurisdicciones que, por establecer requisitos equivalentes a los de la
legislación española, se determinen por la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias.
La calificación como país tercero equivalente de un Estado, territorio o
jurisdicción se entenderá en todo caso sin efecto retroactivo
Artículo 2. Sujetos obligados.
1. La presente Ley será de aplicación a los siguientes sujetos obligados:
a) Las entidades de crédito.
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los
corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros
servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan
reglamentariamente.
c) Las empresas de servicios de inversión.
d) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las
sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad
gestora.
e) Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
f) Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de
capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
g) h) i) j) k) l) Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan profesionalmente
actividades de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes
inmuebles.
m) Los auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales.
n) Los notarios y los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes
muebles.
ñ) Los abogados, procuradores u otros profesionales independientes cuando
participen en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por
cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades
comerciales, la gestión de fondos, valores u otros activos, la apertura o gestión
de cuentas corrientes, cuentas de ahorros o cuentas de valores, la organización
de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión
de empresas o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos
(«trusts»), sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de
clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria.
o) Las personas que con carácter profesional y con arreglo a la normativa
específica que en cada caso sea aplicable presten los siguientes servicios a
terceros: constituir sociedades u otras personas jurídicas; ejercer funciones de
dirección o secretaría de una sociedad, socio de una asociación o funciones
similares en relación con otras personas jurídicas o disponer que otra persona
ejerza dichas funciones; facilitar un domicilio social o una dirección comercial,
postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedad, una asociación o
cualquier otro instrumento o persona jurídicos; ejercer funciones de
fideicomisario en un fideicomiso («trust») expreso o instrumento jurídico similar
o disponer que otra persona ejerza dichas funciones; o ejercer funciones de
accionista por cuenta de otra persona, exceptuando las sociedades que coticen
en un mercado regulado y estén sujetas a requisitos de información conformes
con el derecho comunitario o a normas internacionales equivalentes, o disponer
que otra persona ejerza dichas funciones.
p) Los casinos de juego.
q) Las personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales
preciosos.
r) Las personas que comercien profesionalmente con objetos de arte o
antigüedades.
Las sociedades de garantía recíproca.
Las entidades de pago.
Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.
Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia.
Las personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión
de préstamos o créditos, así como las personas que, sin haber obtenido
autorización como establecimientos financieros de crédito, desarrollen
profesionalmente alguna de las actividades a que se refiere la Disposición
adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva
de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al
Sistema Financiero.
s) Las personas que ejerzan profesionalmente las actividades a que se refiere el
artículo 1 de la Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los
consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
t) Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte
profesional de fondos o medios de pago.
u) Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de
loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
v) Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago, en los
términos establecidos en el artículo 34.
w) Las personas que comercien profesionalmente con bienes, en los términos
establecidos en el artículo 38.
x) Las fundaciones y asociaciones, en los términos establecidos en el artículo
39.
y) Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores
y productos financieros derivados, así como los gestores de tarjetas de crédito o
debito emitidas por otras entidades, en los términos establecidos en el artículo
40.
Se entenderán sujetas a la presente Ley las personas o entidades no residentes
que, a través de sucursales o agentes o mediante prestación de servicios sin
establecimiento permanente, desarrollen en España actividades de igual
naturaleza a las de las personas o entidades citadas en los párrafos anteriores.
2. Tienen la consideración de sujetos obligados las personas físicas o jurídicas
que desarrollen las actividades mencionadas en el apartado precedente. No
obstante, cuando las personas físicas actúen en calidad de empleados de una
persona jurídica, o le presten servicios permanentes o esporádicos, las
obligaciones impuestas por esta Ley recaerán sobre dicha persona jurídica
respecto de los servicios prestados.
Los sujetos obligados quedarán, asimismo, sometidos a las obligaciones
establecidas en la presente Ley respecto de las operaciones realizadas a través
de agentes u otras personas que actúen como mediadores o intermediarios de
aquéllos.
3. Reglamentariamente podrán excluirse aquellas personas que realicen
actividades financieras con carácter ocasional o de manera muy limitada cuando
exista escaso riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
4. A los efectos de esta Ley se considerarán entidades financieras los sujetos
obligados mencionados en las letras a) a i) del apartado 1 de este artículo.
4. LOS DELITOS FISCALES
El delito fiscal es aquel delito consistente en defraudar a la Hacienda Pública por
un importe superior al fijado por la Ley. Se entiende que defrauda quien omite
ingresos tributarios y deja de ingresar la cuota correspondiente.
El incumplimiento de las obligaciones fiscales normalmente constituye una
infracción administrativa, sancionada por la Administración Tributaria mediante
multa que puede ser recurrida en distintos órdenes incluido el jurisdiccional. Pero
junto a esta forma de sancionar las actuaciones ilícitas de carácter tributario, los
ordenamientos jurídicos con un cierto grado de desarrollo, para una mayor
protección de la Hacienda Pública, consideran delitos y no meras infracciones
administrativas los incumplimientos fiscales de mayor gravedad,
correspondiéndole a los Juzgados penales instruir estos procedimientos y
condenar, en su caso, estas actuaciones mediante las correspondientes penas.
No hay diferencias sustanciales entre el delito fiscal y las infracciones tributarias,
se diferencian básicamente por razones cuantitativas, por su mayor gravedad,
por la cuantía del resultado.1
Para que exista delito y no infracción administrativa no es suficiente con dejar de
ingresar la cantidad mínima fijada por la Ley para que sea considerada delito,
sino que es necesario que de forma añadida, exista también el denominado
elemento subjetivo del delito, es decir una actuación del sujeto tendente a evitar
el pago.
El delito fiscal exige la existencia de una conducta intencional y deliberadamente
dirigida a defraudar el pago, es decir el autor tiene que tener conocimiento de la
existencia de una deuda o deber de ingreso tributario, omitiendo el ingreso
mediante la infracción de los deberes formales.
El delito fiscal fue introducido en el Código Penal de España, con la Ley 50/77,
que reformó el sistema fiscal con la llegada del régimen democrático. Se
introdujo el artículo 319, que tuvo una aplicación judicial muy reducida, existiendo
apenas una decena de sentencias ocho años después de su instauración.
En 1985 se reformó su regulación, introduciéndose el delito contra la Hacienda
Pública, que pasó a ser regulado en los artículos 349 y 350 del Código. En esta
reforma se eliminó la prejudicialidad, que exigía un largo proceso administrativo
de fijación de la deuda, antes de acudir a la denuncia judicial del delito.
En 1995 se reforma el artículo relativo al delito de defraudación y se dicta un
nuevo Código Penal que asume esta nueva regulación, pasando su regulación
al artículo 305 y siguientes.2
En 2010, con ocasión de una reforma del Código, se amplía la pena máxima
para el delito de defraudación de cuatro a cinco años.3
El 28 de diciembre de 2012 el BOE publicó la Ley Orgánica 7/2012, de 27
diciembre, que modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995,
del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y
seguridad social. Se amplía la pena máxima para el delito de defraudación de
cinco a seis años. La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, introduce un
nuevo tipo agravado en el artículo 305.bis para tipificar las conductas de mayor
gravedad o de mayor complejidad, sancionándolas con penas que oscilan de dos
a seis años de prisión, incrementando consiguientemente el plazo de
prescripción del delito.
El Código Penal de España regula en su título XIV del Libro II, los "Delitos contra
la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social" (artículos 305 a 310), que
engloba los delitos de defraudación tributaria, contra la Seguridad Social, cobro
indebido de subvenciones y el delito contable.4
El artículo 305 del Código Penal establece que comete este el que por acción u
omisión defrauda a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local:
eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubiesen
debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie;
obteniendo indebidamente devoluciones; o
disfrutando beneficios fiscales de la misma forma.
En cualquier caso, es necesario que la cuantía de la cuota defraudada, el importe
no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o
beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000€.
La ley española fija un límite de 120.000€ de cuota defraudada para que exista
delito fiscal, por debajo de esta cantidad se cometerá una infracción
administrativa que podrá ser perseguida por la correspondiente Administración
tributaria. La cuantía de la cuota defraudada es un elemento inexcusable del
delito y por tanto su cuantificación corresponde a los Tribunales, que procederán
a fijar su importe de acuerdo a la legislación fiscal vigente.
Aunque el artículo 305 que regula el delito no indica nada acerca del dolo
necesario en la conducta del que comete el delito fiscal, ha de ser entendido que
su exigencia se encuentra implícita en la expresión defraudar y que además el
artículo 12 del Código Penal establece que las acciones imprudentes sólo se
castigarán cuando expresamente disponga la ley.
Para el delito de defraudación, regulado en el artículo 305 del Código, se prevé
una pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la
cuantía dejada de ingresar. Las penas señaladas se aplicarán en su mitad
superior cuando la defraudación se cometiere concurriendo alguna de las
circunstancias siguientes:
La utilización de persona o personas interpuestas de manera que quede
oculta la identidad del verdadero obligado tributario.
La especial trascendencia y gravedad de la defraudación atendiendo al
importe de lo defraudado o a la existencia de una estructura organizativa
que afecte o puede afectar a una pluralidad de obligados tributarios.3
Aparte de la pena, la sentencia condenatoria debe contener la declaración de
responsabilidad derivada del delito, ocasionando un cambio del título por el que
la Administración tiene derecho al cobro.
A continuación se expone el contenido del Título XIV del Código Penal, en cuyas
disposiciones se recoge el régimen jurídico penal de estos delitos:
TÍTULO XIV
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Artículo 305.
1- El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal,
autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o
que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente
devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que
la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente
obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros será castigado con la
pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada
cuantía, salvo que hubiere regularizado su situación tributaria en los términos del
apartado 4 del presente artículo.
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la
defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de
los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período
de tres a seis años.
2- A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior:
a) Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones,
periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período
impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de
lo defraudado se referirá al año natural. No obstante lo anterior, en los casos en
los que la defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo
criminal, o por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una
actividad económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será
perseguible desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en el
apartado 1.
b) En los demás supuestos, la cuantía se entenderá referida a cada uno de los
distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de
liquidación.
3- Las mismas penas se impondrán cuando las conductas descritas en el
apartado 1 de este artículo se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea,
siempre que la cuantía defraudada excediera de cincuenta mil euros en el plazo
de un año natural. No obstante lo anterior, en los casos en los que la
defraudación se lleve a cabo en el seno de una organización o grupo criminal, o
por personas o entidades que actúen bajo la apariencia de una actividad
económica real sin desarrollarla de forma efectiva, el delito será perseguible
desde el mismo momento en que se alcance la cantidad fijada en este apartado.
Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de
cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del
tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a
dos años.
4- Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido
por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda
tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el
inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la
determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso
de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio
Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración
autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra
aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen
actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de
diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior
resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito
el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que
se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades
instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de
regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la
regularización de su situación tributaria.
5- Cuando la Administración Tributaria apreciare indicios de haberse cometido
un delito contra la Hacienda Pública, podrá liquidar de forma separada, por una
parte los conceptos y cuantías que no se encuentren vinculados con el posible
delito contra la Hacienda Pública, y por otra, los que se encuentren vinculados
con el posible delito contra la Hacienda Pública.
La liquidación indicada en primer lugar en el párrafo anterior seguirá la
tramitación ordinaria y se sujetará al régimen de recursos propios de toda
liquidación tributaria. Y la liquidación que en su caso derive de aquellos
conceptos y cuantías que se encuentren vinculados con el posible delito contra
la Hacienda Pública seguirá la tramitación que al efecto establezca la normativa
tributaria, sin perjuicio de que finalmente se ajuste a lo que se decida en el
proceso penal.
La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública no
paralizará la acción de cobro de la deuda tributaria. Por parte de la
Administración Tributaria podrán iniciarse las actuaciones dirigidas al cobro,
salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la
suspensión de las actuaciones de ejecución, previa prestación de garantía.
Si no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez
podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si
apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil
reparación.
6- Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del
delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que
transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado satisfaga la
deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será
igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del
obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la
obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros
responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para
la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del
delito.
7- En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la
ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el
importe de la deuda tributaria que la Administración Tributaria no haya liquidado
por prescripción u otra causa legal en los términos previstos en la Ley 58/2003,
General Tributaria, de 17 de diciembre, incluidos sus intereses de demora, los
Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración
Tributaria que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio en los
términos establecidos en la citada Ley.
Artículo 305 bis.
1- El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de
dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada cuando la
defraudación se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de
un grupo criminal.
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad
jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o
territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad
del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía
defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.
2- A los supuestos descritos en el presente artículo les serán de aplicación todas
las restantes previsiones contenidas en el artículo 305.
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante el período de cuatro a ocho años.
Artículo 306.
El que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión
Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil
euros, eludiendo, fuera de los casos contemplados en el apartado 3 del artículo
305, el pago de cantidades que se deban ingresar, dando a los fondos obtenidos
una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados u obteniendo
indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión
u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión
de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.
Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil
euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres
meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de
los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período
de seis meses a dos años.
Artículo 307.
1- El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago
de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo
indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por
cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las
cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de
cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y
multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su
situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente
artículo.
La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la
defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de
los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período
de tres a seis años.
2- A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se
estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.
3- Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se
haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo
reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la
iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de dichas
deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de
que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o
denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de
Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la
iniciación de diligencias.
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior,
resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una
vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía
administrativa.
La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho
sujeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades
instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de
regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la
regularización de su situación.
4- La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social
no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la
deuda contraída con la Seguridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa
prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo
o en parte, el Juez, con carácter excepcional, podrá acordar la suspensión con
dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la
ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La
liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso
penal.
5- Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad
Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que,
antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado,
satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos.
Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito
distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren
activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o
captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos
delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad
Social o de otros responsables del delito.
6- En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la
ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el
importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya
liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora,
los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración
de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de
apremio.
Artículo 307 bis.
1- El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de
dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión
del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones
indebidas exceda de ciento veinte mil euros.
b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de
un grupo criminal.
c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad
jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o
territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad
del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la
determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la
Seguridad Social o del responsable del delito.
2- A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas
las restantes previsiones contenidas en el artículo 307.
3- En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante el período de cuatro a ocho años.
Artículo 307 ter.
1- Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de
la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su
obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación
de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de
informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será
castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión.
Cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados
y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad,
serán castigados con una pena de multa del tanto al séxtuplo.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o
incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis
años.
2- Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o
hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras
b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de
dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.
En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de
cuatro a ocho años.
3- Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas
descritas en los apartados anteriores el que reintegre una cantidad equivalente
al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente
al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el
momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de
actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de
que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio
Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el
representante de la Administración autonómica o local de que se trate,
interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio
Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener
conocimiento formal de la iniciación de diligencias.
La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior
alcanzará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales
que, exclusivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de
reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la
regularización de su situación.
4- La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los
apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente
exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente
obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado
provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente
se resuelva en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la
Administración competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro
salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la
suspensión de las actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no
se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá
acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que
la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
5- En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la
ejecución de la pena de multa y de la responsabilidad civil, los Jueces y
Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la
Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio.
6- Resultará aplicable a los supuestos regulados en este artículo lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.
Artículo 308.
1- El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en
una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las
condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen
impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del
tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere
el apartado 5 de este artículo.
2- Las mismas penas se impondrán al que, en el desarrollo de una actividad
sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas los
aplique en una cantidad superior a ciento veinte mil euros a fines distintos de
aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida salvo que lleve a
cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo.
3- Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de
beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de
tres a seis años.
4- Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y
deberá tratarse de subvenciones o ayudas obtenidas para el fomento de la
misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas
administraciones o entidades públicas.
5- Se entenderá realizado el reintegro al que se refieren los apartados 1 y 2
cuando por el perceptor de la subvención o ayuda se proceda a devolver las
subvenciones o ayudas indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas
en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones desde el momento
en que las percibió, y se lleve a cabo antes de que se haya notificado la iniciación
de actuaciones de comprobación o control en relación con dichas subvenciones
o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes
de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la
Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o
denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de
Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la
iniciación de diligencias. El reintegro impedirá que a dicho sujeto se le persiga
por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la
deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter
previo a la regularización de su situación.
6- La existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos de los
apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente
exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas
indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá
fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que
finalmente se resuelva en el proceso penal.
El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la
Administración, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el
Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las
actuaciones de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar
garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la
suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución
pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.
7- Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena
inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses
desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro a que se refiere
el apartado 5 y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente
aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado al
reintegro o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención
de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para
el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del
patrimonio del obligado o del responsable del delito.
Artículo 310.
Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando
obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros
fiscales:
a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de
bases tributarias.
b) Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio
económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa.
c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o,
en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas
a las verdaderas.
d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias.
La consideración como delito de los supuestos de hecho, a que se refieren los
párrafos c) y d) anteriores, requerirá que se hayan omitido las declaraciones
tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la
cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda,
sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio
económico.
Artículo 310 bis.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las
siguientes penas:
a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida,
si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de
más de dos años.
b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente
obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de
prisión de más de cinco años.
c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.
Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del
derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social
durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para
contratar con las Administraciones Públicas.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales
podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del
apartado 7 del artículo 33.
5. LOS PARAÍSOS FISCALES
Para iniciar la explicación del trasfondo de los paraísos fiscales, recordando qué
es el dinero: monedas, billetes, cheques, tarjetas de débito o de crédito,
préstamos, hipotecas, bonos del Tesoro, acciones, etc…
Porque si, a modo de introducción, nos paramos a pensar de qué se trata
realmente, comprenderemos mejor qué son los paraísos fiscales y cuál es su
papel como parte de los mercados financieros o de la globalización financiera. Y
sobre todo, percibiremos más claramente las consecuencias de las mutaciones
profundas que se han sucedido en los últimos años, entre las cuales se cuentan
la aparición de esos países y territorios, islas o enclaves, por donde fluye en la
opacidad el dinero de la droga, de los delitos económicos y de la corrupción, de
la especulación, de la financiación de los grupos terroristas y de los negocios
poco claros.
El dinero surgió en los albores de la humanidad para simplificar y facilitar el
intercambio de las cosas que nos eran útiles (obviamente un fracaso de misión
como se puede observar hoy día que pocas cosas hay que compliquen tanto la
vida de la gente cómo el dinero), tan pronto unos cuantos humanos comenzaron
a relacionarse pacíficamente y a cooperar entre sí para atender sus necesidades
vitales de alimentación, vestido y alojamiento: surgió de la necesidad de cambiar
la pieza cazada por la fruta recolectada: el trueque que suele reaparecer entre
gentes marginadas de la sociedad que en su mundo de miseria vuelve a la vida
primitiva.
Pero a alguien se le ocurrió utilizar algo para facilitar esos intercambios, algo
físico que solía aceptarse aunque ni se consumía ni tenía una utilidad inmediata
y a eso se llamó dinero (sin duda uno de los peores inventos de la humanidad).
Tenía que ser algo que indiscutiblemente todo el mundo lo aceptara porque era
valioso y apreciado por su escasez y también físicamente de material no
perecedero, que aguantara la manipulación por los humanos, aunque esto último
nunca fue una condición imprescindible: durante la Segunda Guerra Mundial, en
algunos lugares de Alemania los cigarrillos se utilizaron como dinero para
adquirir víveres. Pero lo importante y lo básico en el dinero es la confianza que
la gente le otorga por las razones que sea. Eso vale también hoy para el dólar
de los EEUU que se acepta internacionalmente, aunque quien gestiona su
emisión tenga un endeudamiento enorme con todo el resto del mundo y nadie le
controle su producción monetaria.
Y así, en este relato imaginario el cazador seguía intercambiando sus piezas
cazadas por un dinero y lo mismo hacía el agricultor; y luego también lo hacía
aquel a quien con su habilidad fabricaba artefactos que facilitaban los trabajos
del cazador, de manera que las unidades del objeto utilizado como dinero servían
para comparar y medir los valores de las piezas cazadas o de las frutas cogidas
de los árboles o los artefactos. Y seguramente aparecerían algunos individuos
que una vez satisfechas sus necesidades alimenticias inmediatas preferirían
guardarse algunos de los objetos utilizados como dinero para futuros
intercambios, en días en que no lograran cazar nada pero tendrían que
alimentarse, o también para intercambiarlo por pieles ofrecidas por algún otro
humano, al que se le había ocurrido desollar al animal cazado y aprovechar su
piel para resguardarse del frío de la noche y poder salir de la cueva para
contemplar las estrellas. Más tarde el esfuerzo humano también comenzó a
cambiarse por dinero.
Desde luego, está claro que el dinero es un producto de la evolución social y que
sirve para la vida en sociedad porque solo aparece cuando surge la convivencia
“pacífica” entre los humanos e incentiva el progreso de cualquier sociedad. El
dinero es la base de esas actividades que llamamos económicas porque
satisfacen las necesidades humanas con los medios y productos escasos
disponibles: en la medida que un producto natural escasea se convierte en objeto
de compraventa, es decir, entra en la actividad económica; el agua es un buen
ejemplo de nuestro tiempo. ¿Se comercializará también el aire puro cuando la
contaminación sature nuestro ambiente?
El caso es que ahí tenemos las tres funciones básicas que cumple el dinero en
cualquier sociedad:
a) Facilita los intercambios comerciales de productos y de servicios.
b) Es una medida del valor de los productos y de los servicios disponibles.
(aunque esto dé lugar a que haya necios que confunden valor y precio, como
decía el poeta)
c) Y también sirve como depósito de valor o de reserva de capacidad de compra
de bienes y servicios y de satisfacción futura de necesidades personales.
Los mercados del dinero
Pues bien, una de las grandes transformaciones producidas en las últimas
décadas ha sido que el dinero, además de cumplir esas funciones sociales y
económicas, se ha convertido en un objeto de compra y de venta por sí mismo.
El dinero hoy se compra y se vende a sí mismo: son los llamados “productos
financieros”, desde las acciones de empresa o las letras del Tesoro hasta los
seguros, las divisas, las hipotecas o los llamados derivados y otras formas muy
sofisticadas con las que se reviste el dinero; todos ellos con un objetivo común:
el efecto “boomerang” que consiste en que al final siempre vuelve al que ya lo
tenía en un principio.
En las Bolsas de valores y en los mercados financieros se compran y se vende
las diversas “formas de dinero” que no sirven para satisfacer directamente
ninguna necesidad humana, que por si mismas ni crean riqueza ni crean empleo
y que quienes las adquieren y venden buscan únicamente el aumento de su
precio (le llaman creación de valor) para volver a vender. Y sucede diariamente
que se compran y venden acciones de empresa u otros títulos de valores
solamente porque se espera que esas acciones o el precio de ese valor va a
aumentar, sin que a los compradores les interese qué produce esa empresa cuya
propiedad representan las acciones o que hay detrás de ese “producto
financiero” adquirido.
Cuanto más incierta sea esa espera, cuanta mayor sea la incertidumbre reinante,
mayor será el riesgo y mayor podrá ser la ganancia posible y previsible. Pero
todas esas operaciones de compra y venta de las diversas formas del dinero no
sirven al intercambio de bienes y servicios, dejan en gran medida de relacionarse
directamente con la economía productiva, la que crea riqueza y empleo
satisfaciendo directamente las diversas necesidades humanas. Esas
encarnaciones del dinero se justifican por sí mismas como medio para su propia
multiplicación e innovación. Es la gran economía financiera, la economía de
casino, que funciona hoy junto con la economía productiva.
Y sucede que para actuar en ese entorno nuevo en la historia de la Humanidad
(desde que al dinero se le concedió plena libertad planetaria para moverse por
los mercados del mundo) quienes trasiegan con el dinero en todas sus formas,
“los operadores financieros” (los bancos, los fondos de inversión, las agencias
de valores y los grandes holdings) precisan ejercer al máximo su libertad.
Es ya una historia contemporánea, porque en el intervalo histórico omitido
aparecieron los bancos (o lo que es lo mismo: nuestros dueños absolutos directa
o indirectamente), las empresas y los aseguradores y las Bolsas donde ya el
dinero no era físico sino papel. Desde que se liberalizaron los movimientos
internacionales de capitales, los mercados financieros de banca, seguros y
valores, se convirtieron en mercados mundiales. Y habiendo dejado en libertad
a “las fuerzas del mercado” esas formas del dinero se van multiplicando,
innovando, con nuevas expresiones y nuevos conceptos manifestados y
concretados en meros apuntes electrónicos que se transmitían de un punto a
otro del planeta; por ejemplo desde las islas Bermudas a la City de Londres
pasando por la isla de Vanuatu o Hong Kong y Liechtenstein o Zurich.
Porque los operadores financieros buscan espacios de libertad y mayores
márgenes de maniobra para grandes transacciones de dinero, financieras,
capaces de transformar la geografía de una región o la vida de sus gentes sin
que se percaten de las causas remotas que han generado tales cambios. Y para
atender esa necesidad expansiva de los mercados del dinero se fueron
desarrollando y afianzando los paraísos fiscales para no residentes.
Pero, ¿a qué llamamos paraísos fiscales?
La expresión paraíso fiscal no es muy afortunada porque sugiere la idea de que
aquel país donde se obliga a pagar impuestos es un infierno. Y eso no es cierto
porque los impuestos son la base de la convivencia social organizada.
Los impuestos son la contraprestación de los servicios comunes que
necesitamos y recibimos cuando convivimos en sociedad; cuanto más
desarrollada y avanzada es una sociedad más impuestos son necesarios para
satisfacer las necesidades colectivas que individualmente no podemos atender,
como la educación de los hijos, la atención de la salud, la retribución en situación
de desempleo, las pensiones y el cuidado de los ancianos, la seguridad pública,
la disponibilidad de vías públicas, etc.
La expresión generalizada paraíso fiscal nosotros la aplicamos en sentido
peyorativo pero hay quienes la utilizan en sentido positivo. Y de hecho
encontramos sitios en Internet y en la prensa que contraponen descaradamente
el término paraíso fiscal al de “infierno fiscal”, defendiendo las actividades
financieras de “refugio fiscal” (en inglés, tax haven) para no residentes en ciertas
islas o enclaves geográficos y en algunos países repartidos por la geografía del
planeta, que eximen del pago de impuestos. Es una defensa a ultranza de los
contribuyentes adinerados que reivindican su derecho a escapar con sus
fortunas de los impuestos del “infierno fiscal”, que serían aquellos Estados con
sistemas tributarios progresivos para la financiación solidaria de la protección
social, la educación y la seguridad de su población.
Hablando con rigor tenemos que precisar que el término paraíso fiscal es una
valoración técnico-política acuñada por la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) Término que, aún siendo polémico, nos sirve para
designar a los países y territorios con escasa o nula tributación para las
operaciones financieras y que aparecen relacionados periódicamente con
hechos delictivos y escándalos financieros, que trascienden a los demás
Estados, cuyas economías dañan facilitando la evasión fiscal y la delincuencia
financiera de todo tipo globalizada.
A este respecto hay que estar alerta porque las divergencias terminológicas no
son inocentes y responden a concepciones ideológicas contrapuestas, porque
no existe un pensamiento único sino que las opciones son múltiples y la
democracia requiere que se expliciten para que los ciudadanos tengan la
oportunidad de escoger. Muchas otras veces se trata de intentos de despistar e
introducir confusión en un terreno de por sí complejo; así se habla de “países o
territorios de baja tributación” para quitarle importancia a la cosa; otras veces se
emplea la expresión inocua de “jurisdicción” como término genérico para
denominar la demarcación jurídica, apellidado offshore o extraterritorial porque
la regulación se circunscribe a la actividad financiera de no residentes. En
ocasiones, la literatura comercial promociona “los paraísos fiscales” como
refugios de alta rentabilidad y protección frente al Estado depredador de las
fortunas individuales.
La única definición oficial de paraíso fiscal disponible desde los organismos
económicos internacionales corresponde a la OCDE y solo se refiere al aspecto
fiscal; pero resulta insuficiente porque ignora los otros aspectos del secreto
bancario y de la desregulación que ofrecen para operaciones financieras
enmarañadas, que han tratado de modo parcial y separadamente por otros
organismos internacionales. Por eso también suele utilizarse la expresión
paraíso fiscal y financiero. En todo caso ahí radica la necesidad de una
identificación previa, de precisar a qué le damos generalmente el calificativo de
paraíso fiscal. Hasta ahora, el planteamiento fragmentado seguido por las
organizaciones internacionales sobre esta realidad financiera, ha impedido
abarcar la totalidad y la complejidad de este fenómeno y su papel en la
globalización financiera y en el contexto internacional actual, porque no ha
existido un propósito serio de erradicación de sus consecuencias negativas.
Dejando a un lado su utilización en la promoción de ciertos lugares exaltando
precisamente sus ventajas fiscales, la denominación paraíso fiscal, o su
equivalente inglés “tax haven”, difícilmente la encontramos en los documentos
de los organismos financieros internacionales que prefieren la denominación
técnica de centro financiero extraterritorial (offshore financial center u OFC); a
excepción de la OCDE que definió qué hay que denominar paraíso fiscal.
Cuando se habla de centro offshore, este calificativo en inglés de offshore, que
significa literalmente “fuera de la costa”, en la terminología financiera se traduce
por “extraterritorial”, porque se aplica a la actividad financiera de las personas o
entidades no residentes en ese país o territorio, que por no residir allí se les
conceden privilegios legales y se le exime del pago de impuestos. Los calificados
como paraísos fiscales no lo son nunca para sus habitantes sino para quienes
los que utilizan sus bancos o los servicios financieros establecidos para los no
residentes, sean personas particulares o entidades.
Características básicas de los paraísos fiscales.
La expresión centro financiero extraterritorial u offshore, calificados como
paraísos fiscales, designa aquellas jurisdicciones fiscales, o demarcaciones
acotadas legalmente, que no requieren la residencia de los operadores
financieros en el territorio y que, junto a otras características, configuran una
zona privilegiada fiscalmente y opaca, que generalmente calificamos por la
dimensión de paraíso fiscal, que se identifica con actividades de evasión y fraude
fiscal y planificación fiscal internacional y con actividades ilícitas de blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo. Aunque haya quienes los consideran una
manifestación de la libertad de los mercados de capitales basados en los
movimientos transnacionales, más bien son un ejemplo de competencia desleal
que se mantiene porque beneficia a quienes detentan el poder financiero en el
mundo.
Asimismo, devaluando de este modo la carga negativa de la expresión, suelen
ser calificados como paraísos fiscales ciertos países, territorios, una determinada
región o también zonas de una actividad económica que se busca privilegiar
frente al resto, pero en estos caso generalmente la finalidad suele ser la
captación de fuertes inversiones directas para la creación de empresas, la
promoción el empleo local y otras finalidades económicas y sociales, pero no
suelen atraer a las inversiones puramente financieras. Por eso consideramos
que en esos casos la calificación es inapropiada y resulta abusiva o confusa,
aunque estas situaciones sean también manifestaciones menos relevantes de la
competencia fiscal entre los Estados o meros regímenes fiscales preferenciales
perjudiciales, en la terminología de la OCDE.
Hay que tener en cuenta que sobre la cuestión de los paraísos fiscales a menudo
se escribe para confundir y quitar hierro al tema, porque esconde una cuestión
de poder. La prueba es que estos últimos años, han comenzado a escasear en
las noticias la referencia a los paraísos fiscales en la medida en que las
campañas de Attac han creado mayor conciencia de que se trata de una cuestión
políticamente muy importante y constituye una denuncia del capitalismo
financiero opaco que sólo beneficia a los poderosos.
Así, observamos que cuando nos cuentan relatos sobre corrupción y/o delitos
financieros relacionados con la disponibilidad de los paraísos fiscales, con
frecuencia no se menciona este detalle, como se comprueba leyendo las
crónicas periodísticas sobre el proceso judicial sobre las cuentas secretas del
BBV que no mencionaban que durante catorce años el dinero de los accionistas
estuvo escondido en la isla de Jersey, sin tributar en España. El estudio
publicado por nuestra compañera Nuria Almirón demuestra cómo se omite
frecuentemente la mención a los paraísos fiscales en los medios de
comunicación españoles más importantes.
En resumen, en una primera aproximación diremos que en los paraísos fiscales
extraterritoriales encontramos una combinación de algunos de los rasgos típicos
siguientes:
- La carencia de impuestos sobre el beneficio empresarial, sobre las donaciones
y las herencias.
- El secreto bancario, la existencia de cuentas anónimas y numeradas y la no
obligación para el banco de identificar y conocer al cliente.
- Las fuertes deficiencias en la supervisión y control bancario y sobre las
transacciones financieras; como la disponibilidad de títulos de valores al portador
no registrados o la no obligatoriedad para los bancos de informar las autoridades
sobre las transacciones dudosas.
- La falta de información y de estadísticas completas sobre las operaciones
financieras.
- El volumen desproporcionado de operaciones financieras extranjeras, de no
residentes, con relación a la economía local.
- La simplicidad de la formalización y registro de sociedades mercantiles y la falta
de control sobre las sociedades filiales de grupos empresariales transnacionales.
- La ausencia de penalización o tolerancia en la práctica del blanqueo del dinero
y otras deficiencias formativas.
- La falta de colaboración con las autoridades fiscales y judiciales de los demás
países.
Resulta complicado definir una lista de los paraísos fiscales en el mundo sobre
la cual haya una conformidad generalizada. Primero habría que definir y
consensuar los criterios técnicos y como eso entraña una valoración política en
la práctica surgen las discrepancias. Hasta ahora, el intento más serio lo hizo la
OCDE con su Informe sobre la Competencia fiscal perjudicial de 1998, pero la
aplicación a la realidad fue difícil porque aparecieron las presiones políticas y
algunos centros offshore lograron quedarse fuera; pero su lista oficial sigue
siendo una referencia a la que hay añadir algunos más.
El Informe de la OCDE de 2000 incluyó una lista oficial de las 35 jurisdicciones
fiscales offshore que al reunir los criterios identificativos quedaban clasificadas
como paraísos fiscales, ofreciendo un procedimiento para que pudieran
comprometerse a la eliminación de las prácticas fiscales nocivas antes de 2006,
que no se ha cumplido. En esta relación oficial no aparecen paraísos fiscales tan
conocidos como las Bermudas, las Caimán, Chipre, Malta, Mauricio y San Marino
porque se apresuraron a comunicar a la OCDE su compromiso anticipado de
suprimir esas prácticas perjudiciales precisamente para no verse en esa lista
negra; así fue porque en la OCDE como en el FMI solo las grandes potencias
siguen y controlan los asuntos.
Los paraísos fiscales tienen su origen en la libertad de los movimientos
internacionales de capitales que se introduce al suprimirse los controles
establecidos en los diferentes Estados sobre los bancos y los mercados de
capitales. Son una consecuencia de la “revolución conservadora” y el
“capitalismo popular” que impusieron el Presidente de los EEUU Ronald Reagan
y la primera ministra británica Margaret Thatcher en los años ochenta mediante
políticas neoliberales que se generalizaron en los noventa dentro de la idea de
la “modernización “ de la economía.
Para abreviar, podemos afirmar que el desarrollo de los paraísos fiscales, como
se manifiestan actualmente, se enmarca dentro de la aparición de las actividades
de financiación offshore, para no residentes, como un sector de los mercados
globales, innovaciones que sin moverse de casa permiten realizar compras y
ventas de acciones, bonos, concertar préstamos y seguros y operar con los
diversos productos financieros con mayor rentabilidad porque evitan el pago de
impuestos.
Todos los expertos están de acuerdo en que los paraísos fiscales offshore
surgieron en los años sesenta a partir del mercado de los eurodólares en Europa.
Los expertos del FMI han descrito el desarrollo de este mercado offshore en los
años sesenta, en que se genera una masa de eurodólares fuera de los EEUU
(las multinacionales, las bases militares, etc.) que, libre de las regulaciones del
banco emisor, la Reserva Federal estadounidense, y liberada de las
reglamentaciones locales de los distintos países porque no era su moneda
nacional, es gestionada libremente por la banca internacional que se estableció
en islas y enclaves para funcionar con más libertad frente a los Estados.
Y este desarrollo se acentúa en la década de los setenta con los petrodólares,
acumulados por jeques árabes en bancos europeos, y los tipos de cambio
flotantes surgidos del derrumbe del sistema de Bretton Woods al acabarse en
1971 la convertibilidad del dólar a oro. Aumenta la actividad de todos los grandes
centros financieros, favorecidos por la City de Londres, atraídos los capitales por
la desregulación ofrecida por esas zonas de baja o nula fiscalidad, que
contribuyen a una mayor circulación de los capitales nómadas en busca del
beneficio rápido.
Estas actividades se iniciaron en Europa, principalmente en la City de Londres y
se extendieron pronto a otros centros extraterritoriales u offshore,
fundamentalmente Luxemburgo y las islas del Canal de la Mancha, y a las islas
de Bahrein en Oriente Medio y Singapur, en Asia. Nacía así el mercado
financiero offshore integrado por la red global de paraísos fiscales
extraterritoriales.