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El gasto de gobierno en la seguridad pública ¿administración o
despilfarro? una perspectiva heterodoxa.
Gerardo Gutiérrez Jiménez
Jorge Tovar García
Resumen:
Ante el creciente embate de la delincuencia organizada que es cada vez
más violenta en el país, el presente artículo trata de describir las variables
macroeconómicas que influyen potencialmente en el aumento de la inseguridad,
pretende identificar el origen, las causas y los efectos que se han producido en
materia de inseguridad pública. Aun cuando no procura dar una respuesta, si
tiene la finalidad de analizar los puntos vulnerables en las estrategias empleadas
en los dos últimos sexenios. En la primera sección, se describe en forma general
los antecedentes del problema, posteriormente, se hace un comparativo
utilizando el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo y de los salarios, así
como los índices de inflación y emisión de dinero en circulación. La siguiente
sección, pretende mostrar el contraste en la distribución del gasto público
destinado para reducir los índices delictivos y finalmente, se analizan las
estrategias empleadas por las administraciones gubernamentales más recientes
en materia de seguridad pública, las alternativas subyacentes y desesperadas
para solucionar el problema de seguridad pública.
Palabras Clave: Seguridad pública, variables macroeconómicas, gasto público y disyuntivas.
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¿Seguridad o inseguridad?
Al iniciar el tema nos encontramos con una incertidumbre, ¿el título que proponemos
debería llevar la frase seguridad pública o inseguridad pública? Oficialmente el término empleado
es seguridad pública, debido a que del total de los ingresos públicos que recauda el gobierno una
proporción de ellos se destina a este propósito, no obstante, debemos cuestionar ¿realmente existe la
seguridad pública en nuestro país? Aun cuando el objetivo del artículo es atender de soslayo las
variables económicas y las estrategias ofrecidas que han influido sobre el tema de la inseguridad,
debe tenerse presente que la variable económica a la que debemos referirnos es gasto público y
posteriormente, al rubro de seguridad pública.
La ola de violencia ha sido insospechada, la intención del gobierno ha sido disminuirla,
pero el fallido intento no ha logrado ni siquiera contenerla. Aun cuando en ninguna parte del mundo
se ha logrado erradicar el problema de inseguridad, el compromiso debe dirigirse a atender las
variables que son la raíz del problema y no precisamente a las constantes que son síntomas
inequívocos de una salud económica y social enferma de gravedad. Ante esta situación, cada vez
más creciente de violencia, cuyo reflejo son los altos índices de delincuencia que actualmente
padecemos los mexicanos, hemos tenido que cambiar radicalmente nuestros hábitos, a tal grado de
no creer más en las autoridades, en la impartición de justicia, desconfiamos de las instituciones,
pero principalmente hemos sufrido la perdida de los valores y la confianza en nuestros semejantes.
La probabilidad en la esperanza de vida de las personas se ha visto afectada drásticamente,
ya que en muchos de los casos ha dejado de ser una variable natural, esto es, a dejado de ser
propiamente una cuestión de salud, edad o accidental, para dar paso a una variable aleatoria llamada
inseguridad, donde la vida de las personas se convierte potencialmente en una variable intencional,
con la salvedad de ser un situación azarosa cuyo desenlace puede ser o no fatal.
El 2012 es un año electoral, se desenvuelve en un ambiente contaminado y lleno de
pretextos para hacer campañas con programas ambiciosos pero muy poco reales, el combate a la
delincuencia organizada se ha convertido en un distractor de la situación económica actual. Bajo
esta premisa surge una primera disyuntiva ¿cómo se debe abordar el problema de seguridad
pública? Reiteradamente hemos observado que los presidentes que han gobernado hasta el momento
no han respondido a las expectativas y los que se proponen gobernar este país tampoco saben como
hacerlo.
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El propósito del presente documento gira en torno a un análisis descriptivo de las variables
macroeconómicas correlacionadas positivamente con el tema de inseguridad pública, si observamos
en conjunto el comportamiento y las características de cada uno de estos agregados económicos
podemos entender una de las principales causas del problema de inseguridad. En este documento,
hemos renunciado al debate sobre la psicología y la naturaleza del individuo, dejando de lado su
forma de pensar y de actuar, sea de forma particular o colectiva; hemos renunciado a su entorno
social, al contexto histórico e inclusive a los cambios en los paradigmas sociales y económicos que
influyen notablemente en el actuar de una sociedad.
No se pretende dar una solución o hacer un análisis exhaustivo. Se pretende buscar cuáles
han sido las causas y las estrategias empleadas que influyen y permiten la propagación de este
cáncer social que destruye el tejido económico, político y social. Asimismo, nos permite reflexionar
sobre las estrategias adoptadas por los últimos gobiernos, observándose una tendencia creciente que
lejos de generar una sensación de seguridad salvaguardada por el orden público, lo que genera es
una inseguridad que nos ha convertido en cautivos o rehenes de la delincuencia organizada, cuyos
tentáculos han alcanzado a los diferentes niveles socioeconómicos, ramas productivas, esferas de la
política y de los gobiernos.
Si bien, el tema a tratar es la inseguridad que vivimos en México, no podemos soslayar que
las estrategias y respuestas al problema giran considerablemente en los indicadores económicos,
principalmente en el gasto público que se destina con la intensión de proporcionar la seguridad
pública; por lo tanto, el título está en función de la seguridad publica, que es el objetivo que se
pretende conseguir y la inseguridad representa la característica del problema. Sin una adecuada
estrategia que permita mejorar la situación económica actual, no hay solución al problema; la
intersección entre los altos índices de pobreza, los bajos niveles en el salario y el empleo, constituye
una bomba de tiempo que puede desestabilizar y poner en riesgo la aparente tranquilidad y libertad
en la que hoy vivimos.
Antes de iniciar con el análisis advertimos al lector sobre distintos conceptos de la
seguridad, ésta se clasifican de la siguiente manera: Seguridad Nacional, Seguridad del Estado y
propiamente lo que es Seguridad Pública. La primera tiene que ver con la soberanía del país y los
conflictos entre naciones. Mientras que la segunda, permite perpetuar el sistema, aislando y
reduciendo el efecto de los conflictos o manifestaciones civiles que pongan en riesgo la estabilidad
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del Estado en sus tres niveles de gobierno. Finalmente, la Seguridad Pública, concepto al cual nos
referimos en la presente investigación, cuyo objetivo es servir a la población para salvaguardar sus
bienes, propiedades y principalmente el derecho a la vida. La seguridad pública, pretende hacer
valer los derechos tanto propios como los ajenos, vigilar y hacer cumplir las normas sociales
establecidas, procurando la convivencia armónica entre los individuos.
Las variables macroeconómicas:
En la alborada del nuevo siglo las cosas no han ido del todo bien; los 10 primeros años de la
economía mexicana son comparables con la “década perdida” en la Gran Bretaña de 1945 – 1955, o
al caso de América Latina en la década de los ochentas, donde la característica principal es un
notable estancamiento de las principales variables de la economía. En México, la primera década
del Siglo XXI está marcada por los peores indicadores económicos: el Producto Interno Bruto (PIB)
más bajo, el desempleo en sus niveles más elevados, los salarios decrecieron aún más, la pobreza
extrema se agudizo, entre otras variables fundamentales que influyen directa o indirectamente en la
inseguridad del país.
La tendencia del PIB de los años 1990-2011 ha sufrido sus peores momentos en la crisis
financiera de 1994, tal y como se observa en la gráfica 1, producto de la recesión económica
estadounidense y del cambio de administración en el gobierno mexicano y, más recientemente por
los estragos causados por la crisis mundial de 2008—2009 producto de la exagerada emisión de
dinero ficticio principalmente en los bienes inmuebles en Estados Unidos. No obstante, la tendencia
no es uniforme, observamos que el primer año de la administración de Vicente Fox Quezada, el PIB
no alcanzó ni siquiera el 1%, cabe señalar que no se trataba de un periodo recesivo, por el contrario,
este fue el inicio de un marcado declive en las variables macroeconómicas que perduró a lo largo de
toda la década.
EL PIB es una variable fundamental ya que representa la actividad económica de un país,
de ella depende el ingreso disponible de una nación, por lo tanto, refleja el nivel de empleo, la
capacidad productiva, la inflación, la base monetaria y los ingresos públicos para poder hacer frente
a los programas económicos y sociales previstos en la agenda pública de cualquier nación. La
gráfica 1, nos muestra las fluctuaciones (altas y bajas) del PIB, pero también nos permite observar
que las caídas han sido más prolongadas comparadas con los mejores momentos de la producción
nacional. Durante los periodos recesivos en una economía, los salarios, el empleo y los niveles de
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pobreza se agudizan, empujando de esta manera el aumento en la cantidad de delitos que se
comenten diariamente y que en años recientes ha marcado la pauta para que la delincuencia se
organice y vulnere cualquier tipo de estrategias en materia de seguridad pública.
Gráfica 1: Producto Interno Bruto en términos porcentuales
Fuente: propia utilizando datos del INEGI.
La crisis mundial de 2008 y 2009 nos dejó severos daños en las variables macroeconómicas
y el empleo no fue la excepción; como se puede observar en la gráfica 2, el número de
desempleados aumento en 2009, mientras que el número de afiliados al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) reportó una caída que se ha venido mejorando paulatinamente; sin embargo,
no se ha logrado ni siquiera bajar la desocupación a los niveles del año 2005 que incluso, en ese
mismo año, el desempleo era demasiado alto.
Una de las causas significativas en el incremento de la delincuencia organizada es
indudablemente el nivel de empleo; esto debido a que la delincuencia aprovecha la coyuntura
reclutando principalmente a los desempleados y a los llamados “ninis” —jóvenes que ni estudian ni
trabajan- ofreciendo salarios atractivos, y en muchos de los casos, dicha retribución es de facto.
Muchos de estos jóvenes son enrolados en cárteles de la droga producto de un entorno de violencia
permanente, con hogares pobres, sin oportunidad de empleo o educación y en medio de una
sociedad que los margina y condena a la delincuencia. Según datos oficiales, en los últimos cuatro
años han muerto en diversos enfrentamientos 2,526 adolescentes, y de éstos 346 son menores de 15
años (Nájar, 2010).
Los jóvenes que son utilizados por el crimen organizado deben ser vistos como síntoma del
fracaso de las políticas públicas dirigidas a ese sector. Cuando la falta de opciones para una mejor
vida se combina con el fácil acceso a las drogas y las armas, la violencia impregna el vecindario,
unirse a la delincuencia organizada es una opción tentadora. De manera significativa, muchos niños
y niñas describen esa opción como la única, en un momento dado. El crimen ofrece a estos niños y
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PIB %
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niñas las recompensas, el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad de manera
legal. De hecho, entre las principales razones enumeradas por las y los involucrados en el
narcotráfico están: la pobreza y la exclusión social, los malos tratos, la ambición de poseer bienes
de consumo, dinero fácil, acceso a un estatus social elevado, la búsqueda de identidad y
reconocimiento, la necesidad de protección y el deseo de venganza.
Gráfica 2: Tasa de desempleo y Empleo Formal
Fuente: tomado de (OCDE, 2011)
Evidentemente la correlación que existe entre la desocupación y el sector informal es alta
como se muestra en las gráficas 3 y 4. A partir del año 2007 el sector informal sigue una tendencia a
la alza. Los salarios de castigo han provocado que los trabajadores además de un empleo tengan la
necesidad de subemplearse en actividades que incrementen su ingreso familiar (sector informal), en
el mejor de los casos en actividades económicas informales (realizando actividades laborales en su
tiempo libre, explotando sus habilidades u oficios, mismos que en su mayor parte no se registran
ante las instituciones de salud) y en el peor de los casos, en actividades ilícitas (que van desde la
comercialización de una diversidad de productos apócrifos, tráfico de droga, secuestro de personas,
trata de seres humanos, extorsiones, contrabando, piratería, corrupción, etc.) influyendo así en los
altos niveles de delitos que se generan día con día.
Gráfica 3: Tasa de Desocupación Gráfica 4: El Sector Informal
Fuente: tomado de (UAM-A, 2011) Fuente: tomado de (UAM-A, 2011)
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Es en el año 2000, cuando comienza una drástica caída tanto en los salarios reales como en
los salarios nominales; es a partir de 2002 que los salarios nominales muestran una tendencia muy
estable misma que ha permanecido hasta el año 2012, tal y como se observa en la gráfica 5,
mientras que el salario real oscila por debajo y en menor medida por encima de los salarios
nominales. A partir del año 2010 los salarios reales han ido ganando terreno y se encuentran por
encima de los salarios nominales, esto es positivo en términos del poder adquisitivo del salario.
Pero no debemos eludir que aun se encuentran por debajo de los niveles alcanzados antes del año
2000.
Gráfica 5: Salario Nominal y Real en México
Fuente: Propia utilizando datos del INEGI
El punto de inflexión del año 2000 a 2002, muestra los niveles que se tenían antes del año
2000 y los que hemos tenido a lo largo de la década; los salarios reales sufren su peor momento en
el año 2004 y no así en los años 2008 y 2009, como habría de esperarse, producto de la recesión
económica mundial; cabe señalar, que es en el año 2005 cuando los salarios reales encuentran su
mejor momento y esto no vuelve a ocurrir sino hasta 2010 y 2011 respectivamente.
La inflación es una variable corrosiva que está dentro de las variables objeto de estudio, ya
que afecta en forma directa al poder adquisitivo de los salarios y éstos, entre más bajos, incitan a
satisfacer necesidades de consumo en un mercado de productos que bien pueden ser apócrifos o
ilegales, coludiéndose y haciéndolos participes de un delito a quienes comercian y consumen
productos en estos mercados.
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Salario Real
Salario Nominal
Salario Nominal y real en México (2000 - marzo 2012)
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Como lo muestran las gráficas 6 y 7, el poder adquisitivo de las familias ha venido de la
mano con el proceso inflacionario, ambas se han correlacionado de manera positiva al punto que
podemos decir que el salario mínimo se ha ajustado ligeramente por debajo del incremento
generalizado en el nivel de precios, registrando así la misma tendencia, esto de ninguna manera es
alentador, ya que los salarios no han logrado repuntar, se mantienen en niveles predominantemente
soeces y por debajo de la inflación.
Gráfica 6: La inflación y los salarios
Fuente: propia utilizando datos del INEGI.
En términos porcentuales, la gráfica 7 indica que después del primer semestre de 2009 los
salarios reales han experimentado una recuperación frente al incremento en los precios, esta
tendencia parece ir disminuyendo en el año 2012. Sin embargo, no olvidemos que por ser año
electoral, posiblemente se busquen distractores para desviar la percepción de la opinión pública o
como ha ocurrido en otros sexenios, -tal es el caso, con Carlos Salinas de Gortari en 1994- donde la
estabilidad de las reservas internacionales que sustentaban la paridad del peso-dólar se estabilizó
mediante la emisión de bonos y de esta manera se pudo mantener la paridad cambiaria del peso. En
ese sentido, los salarios reales son percibidos por la opinión pública de forma positiva, no obstante,
la pregunta esta en el aire ¿se está utilizando un mecanismo de endeudamiento que sustente el buen
posicionamiento de los salarios reales?
Gráfica 7: El Índice Nacional de Precios al Consumidor y los salarios
Fuente propia utilizando datos del INEGI
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Periódo
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INPC
Salarios
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Un argumento a favor del poder adquisitivo pero en contra del proceso inflacionario, puede
estar sustentado en la emisión de circulante que se expande considerablemente a partir del año 2005
como lo indica la gráfica 8. Los bancos en este sentido se han manejado con prudencia; sin
embargo, el dinero en poder del público no guarda las mismas proporciones. Si consideramos la
crisis mundial del año 2008, la base monetaria debió contraerse al menos durante ese año y el
siguiente, además, el PIB después de dicha crisis no ha aumentado significativamente para
considerar que se deba inyectar permanentemente circulante de dinero como lo indica la gráfica 8.
Debemos imaginar por consiguiente que la emisión de saldos monetarios tiene como propósito
financiar el déficit presupuestario, que bien puede realizarse para mantener una estabilidad en el
poder adquisitivo de los salarios. Si esto es así, entonces surge una duda ¿cómo han logrado
estabilizar el proceso inflacionario? será que nuevamente ¿están jugando al mago y la realidad se
muestre después de tener un (a) nuevo (a) y flamante presidente (a)?
Gráfica 8: Emisión de dinero en circulación.
Fuente propia utilizando datos del INEGI.
La administración pública del gasto en materia de seguridad pública.
En la gráfica 9, se indica que el gasto total utilizado durante los años de 2007 a 2009 como
proporción del PIB representa el 8.08 % en promedio anual; si consideramos el gasto total como la
unidad, podemos decir que en 2007 y 2008 el gasto público destinado a la seguridad pública
representó el 16.09 y 16.78 % respectivamente, mientras que en el año 2009 y a pesar de la
situación adversa en la economía representó el 19.17%, lo que significa un aumento en el gasto
público orientado a la seguridad pública.
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Total de
circulante
Circulante al
público
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Gráfica 9: Gasto Total como proporción del PIB
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
El gasto público se ha distribuido de la siguiente forma según se observa en la gráfica 10: El
gasto federal representa el 36.2%, 36.90% y 39.9% respectivamente para el periodo 2007 - 2009,
mientras que el gasto destinado a los Estados representó el 56.6%, 52.5% y 50.6% para el mismo
periodo. El total de recursos destinado a los municipios fue el siguiente, para 2007 se destinó el
7.3%, para 2008 el 10.6% y para 2009 el 9.5%.
Como puede observarse en la gráfica 10, la mayor parte de los ingresos públicos se destina
principalmente a los Estados y en menor proporción al nivel federal y solo una pequeña cantidad a
los municipios. Esto tal vez sea la causa para que existan municipios o delegaciones más
conflictivas que otras o con altos índices de delincuencia; no debemos soslayar el contexto
socioeconómico de cada una de estas entidades.
Gráfica 10: El Gasto Público
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
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2007 2008 2009
PIB nominal 11,206,070,000,000 12,110,555,000,000 11,281,884,000,000
Gasto total 826,358,399,474 952,015,597,663 1,016,016,487,707
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Gasto como proporción del PIB
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2007
2007 2008 2009
Municipal 9,651,987,268 16,882,621,249 18,480,820,893
Estatal 75,194,934,471 83,921,422,886 98,521,633,154
Federal 48,110,735,960 58,982,681,383 77,766,516,435
Gasto Público
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El gasto público federalizado representó en 2007 el 36.2% del presupuesto de egresos,
mientras que en 2008, 2009 y 2010 fue de 36.9%, 39.9% y 38.6% respectivamente, lo que significa
que se ha venido incrementando año con año excepto en 2010, la variación porcentual de 2008
respecto al año anterior fue de 18.43%, mientras que la variación porcentual de 2009 fue de 24.15%
y finalmente, la variación porcentual de 2010 fue de -0.28%. En términos porcentuales, el
incremento en el gasto público federalizado es considerable (Véase gráfica 10). Esto nos permite
ver que la estrategia es gastar más recursos federalizados sin que estos hayan logrado mejorar la
situación de inseguridad en el país. El gasto público destinado a los Estados muestra la misma
tendencia. Sin embargo, cada vez se suman más Estados de la República Mexicana a la lista de
entidades más peligrosas del mundo (Ciudad Juárez, Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, etc.).
Gráfica 11: Gasto Federalizado.
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
El gasto federalizado se distribuyó en Prevención Social, Situacional del delito, Procuración
de Justicia y Administración de justicia que durante 2007 fue de 28.4%, 19.16%, y 52.44%
respectivamente, para 2008 considerando los mismos rubros fue de 33.42%, 15.78% y 50.80%, para
2009 y 2010 los datos son muy similares. El rubro en el que más se gasta es en la administración de
justicia seguido de la prevención social. Si comparamos los gastos utilizados (36.3% promedio
anual de los gastos federalizados, ramo 36) con el número de delitos de alto impacto como el
secuestro y la extorción han experimentado un aumento impresionante tal y como lo indica (ICESI,
2011) nos indica que de 2007 a 2008 hubo un incremento de 102% y de 2008 a 2010 el incremento
fue 73% promedio anual, podemos observar que tienen tendencia a la alza, dejándonos en claro que
0 20,000,000,000 40,000,000,000
2007
2009
2007 2008 2009 2010
PJ 25,229,513,906 29,963,249,983 32,539,820,490 32,113,632,017
PGR 9,216,539,400 9,307,808,800 12,309,857,565 11,781,474,057
SSP 13,664,682,654 19,711,622,600 32,916,838,380 32,437,776,662
Gasto Público Federalizado
En seguridad pública
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no necesariamente gastar más implica mejores resultados. Cabe mencionar que los recursos
destinados a readaptación social, defensoría pública, Subsidio para la Seguridad Pública Municipal
(SUBSEMUN) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se aplican únicamente
para los gastos públicos estatales y se incluyen además los rubros anteriores.
Los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se han duplicado del año
2007 al año 2010, pasando de $13,664 millones de pesos a $32,437 millones de pesos, como lo
indica la gráfica 11. En el caso del gasto destinado a la Procuraduría General de la República (PGR)
también muestra un incremento, en menor proporción durante el mismo periodo. Al analizar los
datos arrojados en el Presupuesto de Seguridad 2011, (Campos, 2012; Luken,2010) observamos
que, el incremento en las plazas de trabajo ofrecidas por la Policía Federal, antes Policía Federal
Preventiva (PFP) cuyos ingresos le son asignados a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las
plazas de trabajo ofrecidas por la Policía Ministerial (PM) antes Agencia Federal de Investigación
(AFI) cuyos ingresos económicos le son asignados a la PGR aunado a los atractivos salarios que se
ofrecen, están estimulando a los egresados de las distintas universidades a no buscar trabajo ya que
el salario de un recién egresado representa una tercera parte de lo que percibe un policía federal o
ministerial de reciente incorporación, esto está provocando cuerpos policiacos mercenarios ya que
la mayoría de los aspirantes buscan enrolarse en estas instituciones que representan un mecanismo
de represión por parte del Estado más por los salarios que se ofrecen que por una vocación de
servicio. Esto facilita enormemente los nexos entre servidores públicos y la delincuencia
organizada.
Por otro lado, considerando los montos del gasto público total la pregunta sería ¿nos hemos
endeudado? Según (SHCP, 2011) “el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal al cierre
del primer trimestre de 2011 se ubicó en 2 billones 817 mil 112.6 millones de pesos, monto superior
en 8 mil 192.4 millones de pesos al observado al cierre de 2010. Esta variación fue el resultado
conjunto de: a) un endeudamiento interno neto por 89 mil 986.7 millones de pesos, b) un
incremento en las disponibilidades del Gobierno Federal por 94 mil 417.0 millones de pesos y c)
ajustes contables al alza por 12 mil 622.7 millones de pesos, derivados principalmente, del efecto
inflacionario de la deuda interna indizada. La participación de los valores gubernamentales a tasa
nominal fija de largo plazo en el total pasó de 60.5 % al cierre de 2010 a 61.9% al término del
primer trimestre de 2011”.
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Aunque esto nos indica que los incrementos en la deuda interna se deben principalmente a
los ajustes por inflación, debemos tener presente que la emisión de circulante representa una forma
de financiamiento del gasto público. Por otro lado, la emisión de valores gubernamentales,
representa el otro tipo de deuda interna que puede financiar el aumento en el gasto público.
¿Debemos seguir utilizando mecanismos de endeudamiento para financiar el gasto público para
mantener una guerra estéril contra la delincuencia? o ¿debemos aprender a administrar los recursos
para disminuir la pobreza, generar empleo, mejorar los salarios y diseñar estrategias adecuadas para
combatir el problema de inseguridad?
Utilizando la misma fuente, (SHCP, 2011) “Al cierre del primer trimestre de 2011, el saldo
de la deuda externa neta del Gobierno Federal se ubicó en 56 mil 864.9 millones de dólares, monto
superior en 4 mil 525.9 millones de dólares al registrado al cierre de 2010. Como porcentaje del
PIB, este saldo representa 5.0%. Un desendeudamiento externo neto de 384.1 millones de dólares,
derivado de disposiciones por 1 mil 340.1 millones de dólares y amortizaciones por 1 mil 724.2
millones de dólares. Ajustes contables positivos por 199 millones de dólares, que reflejan la
variación del dólar con respecto a otras monedas en que se encuentra contratada la deuda. Los
activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa presentaron una
disminución de 4 mil 711 millones de dólares. Este cambio refleja, la variación negativa en el saldo
neto denominado en dólares de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación”.
En cuanto a la deuda externa es preciso indicar que la paridad cambiaria actuó en favor de
la deuda, ya que los ajustes por el tipo de cambio permitieron aminorarla, en este sentido no
tenemos indicio de que el gobierno pudiera financiar el gasto público mediante préstamos con los
organismos e instituciones internacionales, podemos decir, que el gobierno se ha manejado con
prudencia, lo que resulta muy positivo para el presupuesto público y los contribuyentes que son
quienes terminamos pagando la deuda pública que se genere.
Considerando la gráfica 12, el aumento en el gasto público destinado a la seguridad pública
deja en claro que la estrategia tiene como intensión disminuir la delincuencia mediante el
incremento en el gasto público del Estado; tal vez, más con la intensión de aumentar la seguridad
del Estado que con la firme intensión de disminuir la inseguridad pública prevaleciente en México.
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Gráfica 12: Tipo de Gasto.
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
Si consideramos el gasto privado durante el periodo 2007-2009, fue de 82.90%, 82.24% y
79.66% respectivamente, lo que muestra una ligera disminución en los gastos de particulares en
materia de seguridad. Sin embargo los gastos de los particulares son elevados e influyen
directamente como un costo de producción haciendo que aumenten los precios y disminuya el poder
adquisitivo de las familias.
La gráfica 13, nos muestra que el sector privado mismo que comprende a la industria,
empresas y familias es quien más gasta con la intensión de salvaguardar sus bienes y su integridad
física. Datos que son de llamar la atención, ya que un incremento en los gastos de la industria o
empresa representa un costo adicional en la producción, reflejándose en el precio de venta, donde se
observa que este tipo de distorsión en el mercado influye directamente sobre el proceso
inflacionario provocando un desajuste sobre diversas variables macroeconómicas, produciendo un
círculo vicioso. No podemos negar que el gasto que realiza el gobierno se ha incrementado
ligeramente pero es muy inferior al que realiza el sector privado y no ha tenido la eficacia suficiente
para por lo menos disminuir los índices delictivos.
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2007 2008 2009
Tipo de Gasto
Gasto Público Gasto Privado Gastos Indirectos
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Gráfica 13: El Gasto Privado
Fuente: propia usando ICESI, Cuaderno No. 5.
Las encuestas respecto a gastos en salud, pérdidas por delito y seguridad en el hogar
sumaron la cantidad de $ 123,239 millones de pesos mexicanos en el año 2007, para el año 2009 en
pleno proceso de la recuperación de la crisis la cifra aumentó a $ 53,929, millones de pesos, esto
representa un incremento del 30.4%. Según (Mendoza, 2009) “El monto total de las pérdidas fue de
685,038.7 millones de pesos en 2007 y de 782,918.6 millones en 2008. Las encuestas realizadas por
el ICESI, revelan que los gastos para prevenir el delito y como consecuencia de éste, representaron
una quinta parte del resto de los gastos, siendo aquellos destinados al pago de sobornos los que
mayor peso tuvieron con el 95.3%”.
Gráfica 14: Otros Gastos Privados
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
0 100,000,000,000 200,000,000,000
2007
2009
2007 2008 2009
Gastos en Salud 8,498,147,136 8,036,648,279 3,044,532,321
Pérdidas por delito 84,843,215,649 97,893,132,939 131,112,155,522
Seguridad en el hogar 29,898,509,250 40,922,412,410 43,012,914,111
Encuestas 123,239,872,034 146,852,193,629 177,169,601,955
Gasto Privado
0 200,000,000,000 400,000,000,000 600,000,000,000 800,000,000,000
2007 2008 2009
Finanzas judiciales 215,600,000 228,300,000 251,400,000
Seguros por dinero y valores 482,300,000 551,200,000 607,379,676
Seguros robo de mercancías 368,500,000 421,200,000 447,371,088
Seguros robo con violencia y asaltos a
casa habitación181,900,000 207,900,000 229,042,199
Seguros de autos 6,173,500,000 7,056,400,000 8,856,055,067
Sobornos 536,980,900,000 606,115,500,000 594,402,700,650
Fraudes 10,796,100,000 12,186,000,000 17,500,000,000
Robo de combustibles 6,600,000,000 9,300,000,000 9,906,204,800
Otros Gastos Privados
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En el rubro de otros gastos encontramos los gastos más comunes, mismos que representan
una parte del gasto poco significativo. Cabe destacar que en la gráfica 14, el soborno es el mayor
gasto privado que se realiza, ocupa el 95.58%, seguido del fraude, mismo que representa el 1.92%,
continúa el robo de combustibles con el 1.17% y los seguros de autos con 1.10%, mientras que el
seguro por robos con violencia, seguro por robo de mercancías, seguro por dinero y valores y,
finanzas judiciales no llegan al 1% del total de gastos privados y sumados representan el 0.22%.
Podemos añadir algunos gastos adicionales producidos por la inseguridad en el país según
se observa en la gráfica 15, donde la productividad en los internos ocupa el primer lugar, seguido
del gasto que realizan las empresas por concepto de seguridad privada. El tercer lugar lo ocupa las
pérdidas por homicidio. Seguido en cuarto lugar, por el gasto que se realiza producto de la
reclusión, así lo informa (Mendoza, 2009).
Gráfica 15: Pérdidas por delitos que se cometen en México
Fuente: ICESI, Cuaderno No. 5.
Disyuntivas frente a las estrategias:
La delincuencia organizada no reconoce fronteras y es un enemigo cada vez más fuerte,
mejor preparado y con campos de acción más diversificados; sin duda, el combate a esta
problemática ocupa un lugar prioritario. Se requiere de la más alta cooperación entre las autoridades
encargadas de proporcionar seguridad, pero qué hay de las estrategias adoptadas por el gobierno,
¿realmente se ha incrementado la confianza de los ciudadanos en sus autoridades? ¿La delincuencia
organizada ha permeado en las instituciones públicas, al punto de neutralizar cualquier estrategia
que adopten los gobiernos? Desde nuestro punto de vista no se puede entender de forma
irreversible una pregunta sin incluir a la siguiente.
0 2,000,000,000 4,000,000,000 6,000,000,000
2007
2008
2009
Pérdidas por dejar de ir al cine
Pérdidas por homicidios
Pérdidas por el inicio de averiguaciones
previas
Pérdidas por reclusión
Productividad en los internos
Seguridad privada
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En México, el problema del crimen organizado y el narcotráfico no son nuevos. Sin
embargo, el grado de violencia producto de estos ha alcanzado niveles alarmantes nunca antes
vistos. La ira y la crueldad son ahora los nuevos rostros de la violencia. Si vivimos en una sociedad
donde la violencia se ejerce y se tolera, el resultado es que generamos personas violentas. De
acuerdo con, Clementina Rodríguez García, Directora Ejecutiva de Prevención y Readaptación
Social del GDF: “Si no le damos a los jóvenes educación y un trabajo digno bien remunerado la
única alternativa que les queda es la calle y en las calles están las bandas delictivas que están
jalando a esos jóvenes de entre 19 y 29 años de edad” (Alcántara, 2009). La incapacidad del Estado
para mantener la paz y preservar la integridad de los ciudadanos es evidente. En su desesperación se
ha optado por aplicar medidas inadecuadas que han producido pérdidas enormes, más violencia y
un sentimiento de inseguridad generalizado. Aun cuando no es el objetivo de este documento,
podemos decir que ambas son el resultado de la negligencia e ineficiencia de nuestro sistema
político.
Para resolver estas preguntas sería necesario identificar si se incurre reiteradamente en una
ceguera legislativa por intereses creados de ciertos grupos o, simplemente es una bochornosa
ignorancia de los gobiernos que tienen poca seriedad, ética y responsabilidad. Cualquiera de las dos
situaciones que esté ocurriendo, debemos considerar que es necesario reformar y no simplemente
restructurar nuestro sistema político, el marco jurídico y penal, así como la conciencia del pueblo.
Tenemos que hacer frente a los problemas sociales como pueblo maduro y no como nos han querido
ver nuestros gobernantes.
Los recursos económicos destinados a la seguridad pública son cuantiosos. Bajo esta
premisa es pertinente hacernos la siguiente pregunta, ¿debemos considerar la parte de los egresos
públicos destinados a la seguridad pública como un gasto público o cómo una inversión pública? Si
lo vemos como gasto público, la estrategia de “combate a la delincuencia” emprendida por el
presidente Felipe Calderón Hinojosa es adecuada en el sentido del derroche de recursos económicos
que se traducen en mayor consumo y genera nuevas fuentes de empleo (más cuerpos policiacos,
grupos de inteligencia, tecnólogos en criminalística, adquisición de armamento, tecnología y
subsidio a las “Victimas del delito”, etc.), de esta manera los déficit compensatorios cobran sentido
frente a la estrategia de hacer hoyos y taparlos.
El combate a la delincuencia es y seguirá siendo una estrategia parcial ya que sólo se ocupa
de enfrentar a los cárteles de las drogas, considerando así al narcotráfico como raíz del problema y
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promotor del resto de los delitos. No obstante, la estrategia emprendida no ha permitido que
disminuya el número de asesinatos colectivos, extorción, secuestro en sus distintas modalidades,
robo de combustibles, robo a casa habitación, robo a transeúntes, entre muchos otros delitos.
Desataron a los demonios y ahora no saben como devolverlos al infierno. En la llamada “Guerra
contra el narcotráfico” tan solo en los primeros meses de 2010, según el reporte de Guillermo
Valdés, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), había 28,000 muertos
relacionados al crimen organizado y las autoridades reconocieron que no se había logrado recuperar
la seguridad nacional ¿seguridad nacional? (Nájar, 2010).
Una estrategia alterna surge de los grupos activistas y sugiere legalizar las drogas, entonces
debemos preguntar ¿A quién puede interesarle legalizar las drogas? Sin duda a quien las vende,
consume o al menos a quien obtiene un beneficio de dicho comercio. El pasado 28 de abril de 2009,
mientras la pandemia de la influenza AH1N1 mantenía al pueblo mexicano atemorizado y
enclaustrado es sus hogares, nuestros legisladores (SENADO, 2009) aprobaron que cualquier
ciudadano puede portar pequeñas cantidades de drogas para su consumo personal (dos gramos de
opio; 50 miligramos de heroína; cinco gramos de mariguana; 500 miligramos de cocaína; 0.015
miligramos de LSD y 40 gramos de metanfetaminas, principalmente), no olvidemos que las
adicciones son un problema de salud, si se legalizan las drogas habrá que gastar en campañas que
informen a los consumidores el daño irreparable que se tiene, en rehabilitación y no deja de ser un
gasto público en el rubro de salud pública.
Los activistas han fundamentado esta propuesta con más de diez razones respetables todas
ellas, sin embargo, en nuestra opinión el único argumento a favor, por así decirlo, para legalizar las
drogas es el hecho de que no aumenta el consumo, sería como considerar que las personas están en
espera de un precio bajo para iniciarse en el consumo de drogas. Aun cuando no se espera que
aumente el consumo de dichas sustancias, para nosotros no representa una estrategia que resuelva el
problema de seguridad pública, sino que defiende el derecho que todos tenemos a decidir como
queremos llevar nuestra vida, Además, debemos tener presente que en los países donde se ha
legalizado la droga son países con bajos índices de violencia (Holanda, Italia, Suiza, Alemania,
Bélgica, España y en Estados Unidos en los Estados como California, etc.).
En los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales se señala que en
México existen los narcotraficantes más buscados y ricos del mundo, debemos preguntar ¿en qué
lugar los buscan? por que en este país siguen operando libre e impunemente. La legalización de la
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droga sería tanto como hacer de los altos mandos de la delincuencia —personas sin escrúpulo, ni
moral— honorables empresarios con influencia y participación en la opinión pública y vida
económica, social y política de nuestro país. Es admitir que la delincuencia organizada está por
encima del Estado, es aceptar que nuestros principios, cultura y nuestra moral se pueden ofrecer a
cambio de nuestra “seguridad” o “tranquilidad”. Si se legalizan las sustancias prohibidas, entonces
¿qué hacemos con los secuestros? ¿Los legalizamos? Ya que los secuestros también son un cáncer
social y están presentes en la vida cotidiana de los mexicanos, ¿se podrían establecer reglas válidas
para los candidatos a ser secuestrados y otras que respeten la vida de las victimas? Consideramos
que no se puede resolver un problema dejándolo de lado o legislando a favor de un mal social.
Si lo vemos por el lado de la inversión pública que es lo recomendable, la estrategia
empleada deberá ser capaz de generar una tasa de retorno, un beneficio que se pueda traducir en un
bienestar social y que resuelva el problema de fondo. Las propuestas deben apuntar hacia las
variables clave como la educación de calidad y no populista (lo que reditúa buenos dividendos en
las urnas) con becas que se otorgan de manera casi irracional y lo único que se provoca es una sobre
oferta de profesionistas con grados académicos que no encontrarán cabida en el mercado laboral,
provocando el subempleo y desempleo de mano de obra calificada. Esto solo constituye caldo de
cultivo para nuevos integrantes en las filas de la delincuencia. Se debe entonces impulsar
paralelamente a la educación con la industria, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), el
campo, la investigación tecnológica y científica, así como toda actividad económica que procure la
ocupación o empleo, establecer políticas antinflacionarias y de mejora a los salarios reales, ya que
son éstas las herramientas que solucionan el problema de fondo y no las armas como una medida de
solución.
Históricamente las armas representan la fuerza, la represión, y en manos de los gobiernos
actuales la imposición y como estrategia no han dado frutos y el gasto publico se convierte en un
singular consumo. En México, la formación de grupos paramilitares pone en riesgo la seguridad del
Estado y la seguridad pública, mientras el narcotráfico se asegure de ampliar su mercado en este
mundo globalizado, cualquier lucha será en vano. Aun cuando la delincuencia organizada posee
armamento sofisticado, no le han declarado la guerra al gobierno mexicano y cuando les es
necesario han aportado cuantiosos recursos económicos a las guerrillas como en el caso las FARC
en Colombia.
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Lamentablemente, si analizamos a la delincuencia organizada como el gran negocio que
representa, podemos obtener algunas lecciones respecto a las estrategias. El narcotráfico opera
como si se tratara de una empresa transnacional, son exportadores potenciales, se trata como si
fuera una economía paralela que bien podríamos llamar “economía criminal”. En México, es el
segundo negocio por sus dimensiones, sólo por debajo del petróleo. Estas bandas están equipadas
con tecnología de punta y armamento. Poseen buenos canales de distribución, han hecho más
productivo el campo, ofrecen empleo al margen y fuera de la ley a los desempleados, poseen una de
las mejores nominas del país, ha incursionado en seno de la empresa mediante el lavado de dinero,
utilizan los cuerpos policiacos estatales o federales para entrenar a sicarios sin costo alguno
mediante la infiltración y la corrupción, etc. ¿debemos aprender algo?
Si algún gobierno decide negociar con la delincuencia organizada, equivale a negociar la
forma en que nos despojaran de nuestros bienes. Es acordar con la delincuencia, que disminuya el
robo entre otros delitos para que las estadísticas de un gobierno sean flamantes, ya sea con fines
electorales o políticos y a cambio se agregue una nueva modalidad de delinquir como lo es
actualmente el llamado “renteo”, misma que utiliza la delincuencia para proporcionarnos una
aparente seguridad que el Estado no ha sido capaz de ofrecer, es una cuota obligada y violenta que
atemoriza a la victima y por la misma razón no se denuncia. Ésta solo puede ser una estrategia con
fines electorales pero jamás será una estrategia que resuelva el problema. La cuantiosa cantidad del
gasto público que se destina a la seguridad pública debe ser administrada eficientemente para
erradicar el problema y no para salir del paso.
La estrategia del gobierno ha obligado a sacar de los cuarteles al ejército, tenemos que tener
presente que el ejército fue diseñado para la seguridad nacional, la policía federal fue diseñada para
la seguridad pública, son adiestrados para servir a la población y mantener el orden entre los
pobladores, no utilicemos el destornillador como si se tratara de un cincel para partir una roca. Así
no se puede decir que exista administración de los recursos económicos. Despilfarrar los recursos
económicos no se llama administración.
Por otro lado, en el operativo “rápido y furioso” los Estados Unidos de Norte América
violaron nuestra soberanía —seguridad nacional— permitiendo el paso de armas y la infiltración de
cuerpos de inteligencia en nuestro país, el gobierno mexicano se quedó casi sin respuesta, se solicitó
al gobierno vecino una explicación de lo ocurrido. Pero como nuestra intensión no es el uso de las
armas, sino de la estrategia, entonces, debemos considerar que los Estados Unidos de Norte
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América son productores y vendedores potenciales de armamento, su constitución les permite
comerciar libremente las armas de asalto, por lo tanto, debemos fortalecer la vigilancia de nuestras
fronteras, nosotros somos responsables de salvaguardar nuestro patrimonio y soberanía, no
podemos esperar a que ellos legislen en contra de lo que su constitución les permite. No sigamos
buscando alternativas que no representan estrategias.
Finalmente, la delincuencia organizada ha utilizado la psicología del individuo ya que las
drogas mitigan los estados depresivos de los individuos. Las drogas afectan el sistema central
nervioso donde se alteran las conductas del individuo. Los narcos aprovechan los dolores morales
de una situación a veces precaria económicamente y a veces precaria en la transmisión de valores.
En este sentido, si quien administra los recursos económicos no es capaz de mitigar las condiciones
precarias de los individuos y solo piensa en remedios y no en soluciones, entonces no hay
estrategia, esto de ninguna manera se puede llamar administración, no se puede pensar en un mundo
mejor, justo o equitativo. Según, la encuesta nacional de adicciones, en 10 años la depresión será
prevalente lo cual constituye caldo de cultivo para la obesidad y las adicciones, entonces, ¿qué
hacemos? Todo parece indicar que no queremos ver nuestra realidad.
Hace falta salud mental en nuestros gobernantes, las adicciones son una enfermedad social,
después de 5 años el daño no es nada más moral sino también orgánico, lo que hace más difícil la
rehabilitación. El problema de inseguridad en nuestro país lleva más de 5 años mal administrado, ya
no representa solo un daño moral, sino orgánico y la rehabilitación será costosa, lenta y dolorosa. El
consumo de drogas tiene un efecto inicial que estimula al individuo, éste efecto no lo vuelve a
encontrar jamás y en su afán de volverlo a sentir, aumenta la dosis, asesinándose poco a poco.
Utilizando el ejemplo, la corrupción ha estimulado a la inseguridad pública y para recuperar la
seguridad pública ahora debemos aumentar los recursos económicos, si seguimos gastando en lugar
de invertir, la inseguridad nos irá consumiendo poco a poco tal y como está ocurriendo en Nuevo
León o Cancún Quintana Roo principalmente, donde los negocios poco a poco van cerrando sus
cortinas.
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Consideraciones finales:
Debemos pensar en hacer reformas estructurales y no solo coyunturales. La solución a los
problemas de seguridad pública se resuelve de forma integral, multidisciplinaria, pensando en
estrategias dinámicas, es decir, pensando en el movimiento que se realiza -y los que podría en un
momento dado realizar- en cada una de las piezas, y considerando que la contraparte tiene
capacidad de respuesta, no debemos subestimar y pensar que haciendo gasto público se soluciona el
problema. Estratégicamente, debemos invertir en educación de calidad, creando nuevas fuentes de
empleo que sean capaces de absorber en lo posible los niveles de desocupación, mejorar los salarios
y combatir los altos niveles de extrema pobreza, sustituir aquellos programas sociales que sólo
perpetúan la miseria de la población. La inversión puede ser con capital propio tal que mejore la
calidad de vida de los individuos y en caso de no contar con recursos económicos, debemos pensar
en alternativas como la Inversión Extranjera Directa en sectores productivos y no en sectores
estratégicos como PEMEX, CFE y otras paraestatales.
Debemos entender que el endeudamiento es positivo cuando los déficits presupuestarios
están dirigidos a la capacidad productiva. Cuando el endeudamiento se destina al consumo de los
recursos no se puede hablar de administración ya que lo único que se consigue es un
sobrendeudamiento que nos está rebasando, constituyéndose una bomba de tiempo que tarde o
temprano terminará por estallar. La estrategia debe ser en función de asignar recursos a las variables
macroeconómicas que marcaron pauta para el acrecentamiento del problema, y no a destinar los
recursos económicos en gastos improductivos y estériles, que solo nos han endeudado y han
desatado aun más la ola de violencia en el país. Cambiemos el fusil por la estrategia y los gastos por
inversión.
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