E n junio de 2008 el Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, declaró que “la región entera de Darfur [era] una escena del crimen”. En su informe bianual al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual remitió la situación de Darfur a la CPI en 2005, Moreno Ocampo describió las dos nuevas investigaciones: una para examinar los ataques en contra de personal humanitario y de mantenimiento de la paz, y la otra para establecer quiénes eran “los máximos responsables” de cometer crímenes en contra de población civil. Afirmó que su evidencia deja en claro que los crímenes cometidos de manera generalizada en contra de civiles “requieren de una movilización sostenida de la totalidad del aparato estatal de Sudán”. Mientras el Fiscal de la CPI se dirigía al Consejo de Seguridad, el proceso de paz se encontraba detenido, la violencia se había in- crementado en el terreno, y la posibilidad de que UNAMID se implementara en su totalidad y a tiempo, era un sueño lejano. La dificultad de las circunstancias, unida a la desesperación por lograr avances y la falta de nuevas ideas, llevó a que activistas y diplomáti- cos apoyaran el trabajo del Fiscal como una nueva oportunidad para mejorar la situación en Darfur. Fue así que el Consejo de Se- guridad, bajo la presidencia de Estados Unidos, se unió a dicho movimiento emitiendo una enérgica declaración instando al gobi- erno de Sudán, y a las demás partes involucradas en el conflicto de Darfur a cooperar con la Corte. Un mes después, en julio de 2008, el Fiscal de la CPI solicitó se libre una orden de arresto en contra del Presi- dente sudanés Omar Hassan Al-Bashir por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esta es la primera vez que el Fiscal invocó el crimen de genocidio, el cual además señaló se seguía perpetrando. Asimismo, es la primera vez en la cual el Fiscal señala como respon- sable a un jefe de Estado en funciones. Al momento de la publicación, los jueces de la CPI no habían determinado si era posible o no librar una orden de arresto en contra de Bashir. La solicitud de una orden de arresto por parte del Fiscal generó preocupación respecto a la posibilidad de una escalada de violencia y de generar un ambiente de mayor dificultad para las organizaciones humanitar- ias. Sin embargo, también generó un nuevo marco para quienes defienden los derechos humanos que obliga a los Estados a actuar, o a abstenerse de actuar, para detener la comisión del genocidio. Es importante aclarar que entre los crímenes cometidos, ninguno es peor que otro y cada uno requiere acciones similares por parte de la comunidad internacional. Las violaciones graves en contra de los Convenios de Ginebra y los crímenes de lesa humanidad son tan atroces como el crimen de genocidio, y el Estatuto de Roma invistió a la CPI con la responsabilidad para juzgarlos a todos por igual. De manera parecida, de acuerdo con el principio emergente de la Re- sponsabilidad de Proteger, los Estados tienen el deber de proteger por igual a su población en contra crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y genocidio. No obstante, el crimen de genocidio es único en un aspecto. De ac- uerdo a la Convención de 1948 sobre el genocidio, los Estados tienen el deber, no sólo de castigar el genocidio cuando éste ocurra, sino también de prevenirlo en su territorio, así como en el de otros Esta- dos. En un caso paradigmático de 2007, (“el caso” sobre genocidio) la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial Genocidio en Darfur: retos y oportunidades para actuar Por Nicolas Burniat y Betsy Apple continúa en p. 11 EDICIóN No. 37 La solicitud de una orden de arresto por parte del Fiscal ge- neró preocupación respecto a la posibilidad de una escalada de violencia y de generar un ambiente de mayor dificultad para las organizaciones humanitarias. Sin embargo, también generó un nuevo marco para quienes defienden los derechos humanos que obliga a los Estados a actuar, o a abstenerse de actuar, para detener la comisión del genocidio. El Presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir saluda a sus simpatizantes durante un tour en El-Fasher, al Norte de Darfur el 23 de julio, una semana después de que el Fiscal de la CPI solicitara su arresto por cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Crédito: KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images El MONITOR Diario de la Coalición por la Corte Penal Internacional
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En junio de 2008 el Fiscal de la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, declaró que “la región entera de Darfur [era] una escena del crimen”. En su informe bianual
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual remitió la situación de Darfur a la CPI en 2005, Moreno Ocampo describió las dos nuevas investigaciones: una para examinar los ataques en contra de personal humanitario y de mantenimiento de la paz, y la otra para establecer quiénes eran “los máximos responsables” de cometer crímenes en contra de población civil. Afirmó que su evidencia deja en claro que los crímenes cometidos de manera generalizada en contra de civiles “requieren de una movilización sostenida de la totalidad del aparato estatal de Sudán”.
Mientras el Fiscal de la CPI se dirigía al Consejo de Seguridad, el proceso de paz se encontraba detenido, la violencia se había in-crementado en el terreno, y la posibilidad de que UNAMID se implementara en su totalidad y a tiempo, era un sueño lejano. La dificultad de las circunstancias, unida a la desesperación por lograr avances y la falta de nuevas ideas, llevó a que activistas y diplomáti-cos apoyaran el trabajo del Fiscal como una nueva oportunidad para mejorar la situación en Darfur. Fue así que el Consejo de Se-guridad, bajo la presidencia de Estados Unidos, se unió a dicho movimiento emitiendo una enérgica declaración instando al gobi-erno de Sudán, y a las demás partes involucradas en el conflicto de Darfur a cooperar con la Corte.
Un mes después, en julio de 2008, el Fiscal de la CPI solicitó se libre una orden de arresto en contra del Presi-dente sudanés Omar Hassan Al-Bashir por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Esta es la primera vez que el Fiscal invocó el crimen de genocidio, el cual además señaló se seguía perpetrando. Asimismo, es la primera vez en la cual el Fiscal señala como respon-sable a un jefe de Estado en funciones. Al momento de la publicación, los jueces de la CPI no habían determinado si era posible o no librar una orden de arresto en contra de Bashir. La solicitud de una orden de arresto por parte del Fiscal generó preocupación respecto a la posibilidad de una escalada de violencia y de generar un ambiente de mayor dificultad para las organizaciones humanitar-ias. Sin embargo, también generó un nuevo marco para quienes defienden los derechos humanos que obliga a los Estados a actuar, o a abstenerse de actuar, para detener la comisión del genocidio.
Es importante aclarar que entre los crímenes cometidos, ninguno es peor que otro y cada uno requiere acciones similares por parte de la comunidad internacional. Las violaciones graves en contra de los Convenios de Ginebra y los crímenes de lesa humanidad son tan atroces como el crimen de genocidio, y el Estatuto de Roma invistió a
la CPI con la responsabilidad para juzgarlos a todos por igual. De manera parecida, de acuerdo con el principio emergente de la Re-sponsabilidad de Proteger, los Estados tienen el deber de proteger por igual a su población en contra crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y genocidio.
No obstante, el crimen de genocidio es único en un aspecto. De ac-uerdo a la Convención de 1948 sobre el genocidio, los Estados tienen el deber, no sólo de castigar el genocidio cuando éste ocurra, sino también de prevenirlo en su territorio, así como en el de otros Esta-dos. En un caso paradigmático de 2007, (“el caso” sobre genocidio) la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial
Genocidio en Darfur: retos y oportunidades para actuar Por Nicolas Burniat y Betsy Apple
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La solicitud de una orden de arresto por parte del Fiscal ge-neró preocupación respecto a la posibilidad de una escalada de violencia y de generar un ambiente de mayor dificultad para las organizaciones humanitarias. Sin embargo, también generó un nuevo marco para quienes defienden los derechos humanos que obliga a los Estados a actuar, o a abstenerse de actuar, para detener la comisión del genocidio.
el Presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir saluda a sus simpatizantes durante un tour en el-Fasher, al norte de darfur el 23 de julio, una semana después de que el Fiscal de la cPi solicitara su arresto por cargos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. crédito: KHALed deSOUKi/AFP/Getty images
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Carta del Coordinador GeneralEsta edición de El Monitor es publicada en un momento crucial para la Corte Penal Internacional (CPI) y para el Estatuto de Roma. Al mo-mento de enviarse a imprenta, no sabemos si la Sala de Cuestiones Pre-liminares hará lugar a la orden de arresto para el presidente de Sudán, ni sabemos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Los recientes avances en el caso Lubanga en cuanto a la revelación de evidencia podría significar que el juicio continuara. Podemos infor-mar, sin embargo, que el Consejo de Seguridad no ha suspendido—invocando el artículo 16—el caso de Sudán en la CPI, a pesar de la enorme presión del gobierno de Sudán y de otros actores.
Recuerdo que algunos “realistas” en política exterior me dijeron allá por 2002, que no habría ninguna actividad por parte de la CPI en sus prime-ros 10 años. Por el contrario, la Corte tiene pendientes cuatro juicios, 300 personas bajo el programa de protección de testigos, 960 postulacio-nes por parte víctimas, y 496 juzgamientos, decisiones y órdenes.
La CPI no puede ejecutar las órdenes de arresto- esto es responsabi-lidad de los estados partes, de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. Las 66 recomendaciones del informe de la Corte sobe cooperación representan años—¡años!—de negociaciones difíciles, y su puesta en práctica también llevará tiempo. A la vez, los estados par-tes no han comenzado a analizar ni a accionar con respecto a los prin-cipios de complementariedad de manera comprehensiva, ni la Asam-blea de los Estados Partes (AEP) se ha preparado adecuadamente con miras a una exitosa Conferencia de Revisión en 2010.
El informe sobre cooperación refleja el liderazgo de los diplomáticos holandeses y daneses, pero también del Presidente saliente de la AEP, el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica Sr. Bruno Stagno-Ugarte. En este Monitor queremos expresar nuestra profunda gratitud hacia el Sr. Stagno-Ugarte, no sólo por su liderazgo como Presidente de la AEP, sino también como Canciller de un estado miembro de la CPI en el Consejo de Seguridad de la ONU. Stagno y el gobierno de Costa Rica han demostrado un extraordinario liderazgo, integridad y compromiso a los principios en servicio de la justicia internacional, bajo unos términos raramente oídos en la sala del Consejo de Seguridad de la ONU.
Atentamente,
William R. Pace, Coordinador de la CCPI
el
MONITORDiario de la Coalición por la Corte Penal Internacional Edición No. 37: noviembre 2008 - abril 2009 Las opiniones aquí expresadas pertenecen al autor y no representan necesariamente los puntos de vista del Secretariado de la CCPI, sus miembros, o nuestros patrocinadores.
Secretariado de la CCPIWilliam R. Pace coordinador General, nueva York y La Haya Tanya Karanasios directora del Programa, nueva York Brigitte Hamadey Asociada de enlace para Membresía y de Programa, nueva York Maaike Matelski Asistente del Programa y Tecnologías de la información, La Haya
Área de ComunicacionesAnaga dalal Jefa de información y comunicaciones, nueva YorkLinda Gueye Oficial Principal de comunicaciones en Francés, nueva YorkSpencer Lanning consultor Técnico, Austin Oriane Maillet Oficial de comunicaciones, La Haya Kattia ninahuanca desarrollo del Portal internet y de Bases de datos, nueva YorkMariana Rodríguez Pareja Oficial Principal de comunicaciones en español, Buenos Aires, ArgentinaSasha Tenenbaum Oficial de comunicaciones, nueva York Peony Trinh coordinadora del Portal internet y Publicaciones, nueva York
Área de DesarrolloKirsten Meersschaert Oficial de desarrollo y Políticas, La Haya daniel Rees Asociado de desarrollo, nueva York
Área de Administración y FinanzasStaci Alziebler Oficial de Finanzas, nueva YorkJoseph Bahar Asociado de contabilidad, nueva York casey Schepp Asistente de Recursos Humanos y contabilidad, nueva York Astrid de Vries coordinadora de Oficina y Finanzas, La Haya
Área Legalcecilia nilsson Kleffner Jefa de la Oficina de la Haya y Asesora Legal, La Hayaisabelle Olma Oficial Legal, La HayaWasana Punyasena Oficial Legal, nueva York Oswaldo Zavala Giler Oficial Legal, La Haya
Área RegionalBrigitte Suhr directora de Programas Regionales, Los Ángeles Ata Hindi Oficial de enlace para Medio Oriente, África del norte y europa, nueva York Stephen Lamony Oficial de enlace para África, nueva York Francesca Varda coordinadora Regional para América Latina y caribe; Oficial de enlace para Asia y el Pacífico, nueva York
Área Regional DescentralizadaÁfricaFátima da cámara Asesora de campaña Lusitana, Londres, Reino UnidoFrancis dako coordinador Regional para África Francófona, cotonou, BenínBenson chinedu Olugbuo coordinador Regional para África Anglófona, Abuja, nigeriaasia y el Pacíficoevelyn Balais Serrano coordinadora Regional para Asia y el Pacífico, Manila, Filipinas Rebecca Lozada Asociada de Programa en Asia, Manila, Filipinas Marcelina Valderrama Asistente de Oficina, Manila, FilipinaseuropaLuisa Mascia coordinadora Regional para europa, Bruselas, Bélgica Virginie Amato Asistente del Programa en europa, Bruselas, Bélgica
Medio oriente y África del norteAmal Basha coordinadora Regional para Medio Oriente y África del norte, Sana’a, Yemen
Comité Coordinador Informal de la CCPIAcción Mundial de Parlamentarios • Amnistía Internacional • Asociación pro Derechos Humanos • Centro de Documentación y de Desarrollo de Recursos Civiles • Comisión Andina de Juristas • Federación Internacional de Derechos Humanos • Foro Asiático por los Derechos Humanos y el Desarrollo • Human Rights First • Human Rights Watch • Iniciativas de la Mujer por la Justicia de Género • Movimiento Federalista Mundial • No Peace Without Justice • Red de Derechos Humanos – Uganda • The Redress Trust
Sobre la Coalición por la CPILa Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) aboga por una CPI jus-ta, efectiva e independiente. La Coalición está entrando en su décimo tercer año en el 2008 y ha demostrado ser una de las más exitosas redes y campañas globales de la sociedad civil, con más de dos mil quinientos organizaciones miembro hasta el momento y con una membresía en continua expansión. La Coalición ha trabajado en estrecha colaboración con sus miembros, con go-biernos de países afines, con organizaciones regionales e internacionales, con el sistema de las Naciones Unidas y con la prensa para lograr el establecimiento de la CPI y ha abogado por la ratificación y la implementación de su tratado fundacional, el Estatuto de Roma. Ha tratado además de generar conciencia y conseguir apoyo a la justicia internacional.
El Monitor es la principal publicación de la Coalición y se distribuye mundial-mente en inglés, francés y español.
La ccPi recibe importantes contribuciones financieras de la comisión europea, la Fundación Ford y la Fundación John d. y catherine T. MacArthur, y de los gobiernos de Finlandia y Países Bajos. La ccPi recibe un importante financiamiento adicional de Open Society institute (Zug) y de los gobiernos de irlanda, Liechtenstein, noruega y Suiza.
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En su entrevista con el ex Secretario Bruno Cathala, en la edición 36 de El Monitor se destacan dos temas importantes: las actividades de proyección exterior y la presencia de la CPI en el terreno.
Luego de un difícil comienzo, el trabajo en cuanto a actividades de proyección exterior de la Corte ha mejorado, pero se precisa aún más, especialmente en Sudán. La CPI es parte del futuro de Sudán y Sudán es parte del futuro de la CPI: la CPI debe realizar activida-des de sensibilización en Sudán y en Darfur, en donde la información es vital. Tal como sucedió en 2006, los estados deben pagar mayores costos adicionales, si es necesario, bien explicado, bien justificado y—lo más importante- mejor utilizado.
Solo una fracción del presupuesto general de la CPI es destinado al terreno. Y el hecho que la CPI trabaja en áreas de conflicto no debe sorprender: ¿en dónde más se espera que su-cedan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio? Otras organizaciones cuyos “clientes” viven en el terreno parecen tener una actitud diferente: alrededor del 87% del personal de la OACDH está en el terreno, y el 13% en la sede central, una proporcion casi inversa al caso de la CPI. La CPI no es la OACDH, pero para poder realizar su trabajo de manera efectiva y eficiente, debe saber en donde se encuentran “sus clientes.”
Esperamos que mejore la performance en este respecto tomando en cuenta el compromi-so de la nueva Secretaria de hacer de la CPI una institución más cercana al terreno.
Alison Smith Coordinadora, Programa de Justicia Penal Internacional, No Peace Without JusticeBruselas, Bélgica
En su última edición celebraron el décimo aniversario del Estatuto de Roma pero en Colom-bia vivimos diariamente con impunidad por los miles de crímenes de lesa humanidad per-petrados entre 2002 y 2006 por grupos paramilitares en connivencia con el Estado. Varios grupos de derechos humanos le han solicitado al Fiscal abrir una investigación y su oficina ha pedido mayor información al gobierno y visitado el país. Esto, sin embargo, no es suficiente.
Parlamentarios y oficiales gubernamentales establecieron el marco jurídico que permitió la supuesta desmobilización de unos 36,000 paramilitares, y existen indicaciones que hasta 105 parlamentarios están implicados en estos crímenes. Además, sólo 245 paramilitares se han acogido a la Ley de Justicia Paz que otorga penas reducidas y sólo dos están al inicio del juicio. El resto ha enfrentado leyes incluso más inadecuadas y débiles. De igual forma 16 de los máximos jefes de esas estructuras fueron extraditados a los EE.UU. con el propósito de sustraerlos de su responsabilidad penal por crímenes bajo el Estatuto.
El Estado claramente no tiene la capacidad ni la voluntad de avanzar la justicia y por ese motivo la CPI debe abrir una investigación cuanto antes en Colombia.
Eduardo Carreño WilchesVice Presidente, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Bogotá Colombia
Sección
edito
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Portadaoportunidades de acción producto de la acusación del Fiscal sobre la existencia de genocidio en darfur
4 Asamblea de los Estados PartesUna mirada general a las candidaturas
de 2009 para jueces de la cPi; el juicio de lubanga suspendido, el mecanismo de supervisión de la cPi y el llamado del Fondo Fiduciario para recaudar fondos para víctimas de violencia sexual
8 Casos y situaciones Principales temas en las investigaciones
actuales de la cPi y los casos de la república democrática del congo, la república centroafricana, Uganda y Sudán (darfur).
12 ONU-CPIentrevista con la nueva alta
comisionada de las naciones Unidas para los derechos Humanos navanethem Pillay, desarrollos en la onU y el artículo 16.
14 Regional actualización de información sobre
las actividades de miembros en África, asia, europa y américa latina incluyendo entrevistas de Serbia e irán.
20EE.UU-CPIconsejos de nuestros miembros y
líderes de opinión al Presidente electo de los estados Unidos
CartasEN ESTE NÚMERO
Celebrando el décimo aniversario del Estatuto de RomaEl Secretariado de la CCPI ayudó a organizar eventos de alto perfil para conmemorar el décimo aniversario del Es-tatuto de Roma en Nueva York, Sudáfrica y La Haya (de izquierda a derecha).
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TEMAS CLAVE DURANTE LA SÉPTIMAASAMBLEA DE ESTADOS PARTES Entre el 14 y el 22 de noviembre de 2008,
representantes de cada uno de los ahora 108 Estados miembros, se reunirán en
la ciudad de La Haya para celebrar la Séptima Asamblea de los Estados Partes (AEP) del Es-tatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-nal (CPI). En esta reunión, los Estados Partes acordarán el presupuesto de la Corte para el año 2009 y discutirán sobre una serie de temas que son fundamentales para su funcionamiento.
Cada año, más de 200 organizaciones no guber-namentales (ONG) participan en la AEP como observadores. A través de las sesiones informati-vas, reuniones de trabajo, audiencias temáticas, almuerzos regionales, documentos de posición y una conferencia de prensa, el Secretariado de la Coalición por la CPI (CCPI), sus miembros y sus 12 equipos temáticos buscarán influenciar a los gobiernos, funcionarios de la Corte y repor-teros sobre un amplio espectro de temas. Cada equipo de la Coalición emitirá una serie de re-comendaciones a la Asamblea para promover la adopción de un presupuesto revisado cuida-dosamente, así como de un plan estratégico que asegure el funcionamiento de una Corte justa y efectiva. Los miembros de la Coalición también se reunirán con los Estados que participan en la AEP y que aún no son miembros del Estatuto de Roma con el fin de conseguir su próxima ra-tificación, así como explorar posibles estrategias para implementación del Estatuto.
Presupuesto: Para el año 2009, la Corte solici-tó un presupuesto de €102.6 millones de euros, lo que representa un incremento del 13.5 por ciento del presupuesto solicitado para 2008, pero excluye presupuesto adicional para el caso Jean Pierre Bemba Gombo, el cual equivale a un total de € 2,516,300 euros. La solicitud presupuestal inicial no incluye gastos para este caso, ya que Bemba fue transferido a la Corte cuando el análisis del presupuesto para 2009 se había realizado. En septiembre, el Comité sobre Presupuesto y Finanzas recomendó recortar en un 3.7 por ciento el presupuesto de 2009 para reducirlo a €101.2 millones de euros, lo cual in-cluía ya el presupuesto extra para el caso Bemba. La recomendación incluye además una serie de recortes importantes en fondos destinados para la asistencia legal.
Cooperación: La Corte, al no contar con su propia fuerza policíaca, depende de la coope-ración tanto de los Estados Partes como de los Estados no Parte y de las organizaciones inter-nacionales. Lo urgente de poder contar con la cooperación y la asistencia internacional radica en el hecho de que actualmente, la Corte ha li-brado siete órdenes de arresto en cuatro países situaciones aún por ejecutarse, tiene seis casos
pendientes y a cuatro personas detenidas en La Haya. Sin dicha cooperación, es difícil lograr los arrestos de las personas acusadas, el conge-lamiento de cuentas, la protección y la asistencia a las víctimas y testigos y la implementación del Estatuto de Roma. La Séptima AEP ofrecerá nuevas oportunidades a la Corte para fortalecer y promover las estrategias de cooperación, así como los compromisos de los Estados con res-pecto a estos asuntos.
Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas: El Fondo Fiduciario presentará su informe anual en la AEP. Los Estados decidirán sobre si deben aceptar o no los importantes recortes recomendados por el Comité sobre Presupuesto y Finanzas al presupuesto del Fondo Fiduciario y podrán igualmente analizar el Reglamento actual del Fondo y las restricciones impuestas a éste. Es probable que los Estados, las Organi-zaciones no Gubernamentales y los oficiales de la Corte, discutan sobre temas vinculados con víctimas en diferentes reuniones.
Proyección Exterior: Es muy probable que la Asamblea conceda la mayor parte de los recur-sos solicitados por la Corte para llevar a cabo actividades de proyección exterior adecuadas. Sin embargo, el Comité sobre Presupuesto y Fi-nanzas ha recomendado recortar el presupuesto destinado para contratar un productor audiovi-sual—un puesto que las ONG consideran fun-damental para sus actividades de proyección ex-terior con comunidades afectadas que podrían ser más receptivas a medios audiovisuales. Asi-mismo, oficiales de la Corte, incluyendo al per-sonal sobre el terreno, presentarán una informe general sobre las actividades de proyección exte-rior realizadas en el 2008.
Asistencia legal: El Comité sobre Presupuesto y Finanzas ha propuesto recortes considerables a los fondos de la Corte destinados a la asistencia legal para personas detenidas y víctimas que no pueden pagar los costos de la representación le-gal ante la Corte. Es probable, que los esquemas de asistencia legal de la Corte sean discutidos en reuniones informales.
Visitas familiares a personas detenidas de ba-jos recursos: En seguimiento a las discusiones sostenidas durante la Sexta AEP en diciembre de 2007, los Estados Partes debatirán el tema de las visitas familiares a personas detenidas de ba-jos recursos financiadas con fondos de la Corte.
Mecanismo de supervisión: Seguramente, la Asamblea adoptará un informe y un esquema para la creación de un mecanismo independien-te de revisión que lidie con casos disciplinarios del personal de la Corte (ver cuadro página 6).
Conferencia de Revisión: Los Estados debe-
rán acordar la sede para la Primera Conferen-cia de Revisión del Estatuto de Roma, que será llevada a cabo durante el primer semestre de 2010. Los Estados también deberán continuar las discusiones relativas al alcance y la duración de la Conferencia.
Crimen de agresión: Se dedicarán dos días de la AEP a la labor realizada por el Grupo Espe-cial de Trabajo sobre el Crimen de Agresión, el cual ha estado trabajando en una propuesta de definición de dicho crimen que pueda ser presentada en la Conferencia de Revisión. Los Estados continuarán las discusiones sobre el crimen de agresión (como conducta individual), al acto de agresión (la conducta estatal), las con-diciones jurisdiccionales que caracterizarán este crimen, entre otros temas relevantes.
Local: La Asamblea considerará las opciones de financiamiento para la construcción del lo-cal permanente de la Corte. Se anunciará al arquitecto/a encargado/a de diseñar la Corte como resultado de una competencia internacio-nal. En octubre, tres de las 19 compañías que participan en la competencia, fueron seleccio-nadas. La CPI comenzará a negociar con una o más de estas compañías para determinar cuál será el diseño ganador, así como los pasos si-guientes para la construcción del edificio y el di-seño final será anunciado a principios de 2009. Hans Heemrood, de nacionalidad holandesa, ha sido contratado como Director de la cons-trucción. La Coalición por la CPI está partici-pando en el panel calificador como observador, y ha promovido que el diseño de un edificio que funja como ícono de la justicia internacional, y que al mismo tiempo acoja a las víctimas, testi-gos y otras personas que participan en la CPI.
Séptima sesión resumida—Elecciones: En-tre el 19 y el 23 de enero de 2009, durante la primera sesión de la Séptima sesión resumi-da de la AEP a llevarse a cabo en la sede de la ONU en Nueva York, tendrán lugar dos elec-ciones importantes. En una de ella, seis jueces de la CPI serán elegidos para reemplazar a los jueces salientes cuyo mandato llega a su fin en marzo de 2009. (ver cuadro de elecciones pá-gina 5) En la otra elección, seis miembros del Comité sobre Presupuesto y Finanzas serán elegidos. Adicionalmente, 18 miembros del Mesa de la AEP, el órgano ejecutivo de la AEP, serán electos para reemplazar a aquellos países cuyos mandatos terminarán este año. Como preparativo a dichas elecciones, la Coalición por la CPI ha llevado a cabo una campaña para promover unas elecciones transparentes y jus-tas, a través de dar a conocer las candidaturas y evaluar las cualidades y la experiencia de cada los/as candidatos/as.
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Una mirada general a las candidaturas de 2009 para jueces de la CPI
En marzo de 2009, el período de seis años de cinco de los jueces de la Corte, junto con la Jueza Fumiko Saiga de Japón quien completa su período abreviado de quince meses, llega a su fin. Las elecciones
para estos puestos se llevarán a cabo durante la primera sesión resumida de la Séptima sesión de la AEP, la cual tendrá lugar entre el 19 y el 23 de enero de 2009 en la ONU en Nueva York. Adicionalmente, se elegirán a seis miembros del Comité sobre Presupuesto y Finanzas.
El período de nominación fue programado del 21 de julio al 13 de octu-bre de 2008, pero fue extendido al 10 de noviembre, pero dado que no se alcanzaron los requisitos mínimos de voto con respecto a diversidad regional en Asia y América Latina/Caribe. El período puede extenderse nuevamente por dos periodos adicionales de dos semanas cada uno, si no se llegara a cumplir con los requisitos necesarios.
La AEP eligira a los jueces que obtengan el mayor numero de votos con
una mayoria de dos terceras partes de los Estados presentes y votantes de un listado de candidatos nominados por Estados partes. Los candida-tos deberán demostrar tener conocimientos en derecho penal y procesal (candidatos de la lista A) o en áreas relevantes del derecho internacional (candidatos de la lista B). Se requerirá a los Estados miembros votar por un número mínimo de candidatos con base en cada grupo regional, experiencia legal y género.
Al igual que en las elecciones anteriores, el Secretariado de la Coalición ha solicitado a los/as candidatos/as que llenen un cuestionario en el que describan su experiencia para el cargo. La CCPI no tomará partido por ningún/a de los/as candidatos/as. Nuestro objetivo es promover la nomi-nación y elección de aquellos/as candidatos/as más calificados a través de un procedimiento justo y transparente.
A continuación se presenta una síntesis de los/as candidatos/as por región que presentaron su candidatura al momento de la publicación de este ejemplar. Para consultar datos más actualizados, incluyendo las respuestas al cuestionario de la CCPI, visite: http://www.iccnow.org/?mod=electionjudges2009.
Estados AfricanosJoyce Aluoch (Kenia)Cargo reciente: Juez para la División Criminal de la Corte Suprema de KeniaEducación: Licenciatura en Derecho, Universidad de Nairobi
Lombe P. Chibesakunda (Zambia)Cargo reciente: Jueza y posteriormente Vicepresidenta, Tribunal Admi-nistrativo del Banco Africano de Desarrollo Educación: Licenciada en Derecho International, Universidad Nacional de Australia, Australia
Chile Eboe-Osuji (Nigeria)Cargo reciente: Presidente de las Salas, Tribunal Penal Internacional para Rwanda Educación: Licenciatura y Maestría en Derecho, Universidad de McGill, Canadá
Gberdao Gustave Kam (Burkina Faso)Cargo reciente: Juez del Tribunal Penal Internacional para Rwanda Educación: Maestría en Derecho, Universidad de Ouagadougou
Sanji Mmasenono Monageng (Botswana)Cargo reciente: Jueza de la Corte Suprema del Reino de SwazilandiaEducación: Licenciatura en Derecho, Universidad de Botswana
Aminatta Lois Runeni N’Gum (Gambia)Cargo reciente: Oficial Legal, Tribunal Penal Internacional para RuandaEducación: Maestría en Derecho Internacional Público, Universidad de Leiden, Países Bajos
Vonimbolana Rasoazanany (Madagascar)Cargo reciente: Juez Presidenta de la Sala en la Suprema Corte de MadagascarEducación: Maestría en Derecho y Diplomacia, Instituto de Estudios Judiciales, University of Antananarivo
Angélique Sita-Akele Muila (República Democrática del Congo)Cargo reciente: Oficial de Protección Nacional, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la República Democrática del Congo (Kinshasa)Educación: Doctorado en Derecho, Universidad of Aix-Marseille III, Francia
El Hadji Malick Sow (Senegal)Cargo reciente: Juez suplente en el Tribunal Especial para Sierra LeonaEducación: Maestría en Derecho Interacional y Comparado, Univer-sidad Metodista del Sur, Texas, EUA; Maestría en Derecho Privado y Mercantil, Universidad de Dakar
Rosolu John Bankole Thompson (Sierra Leona)Cargo reciente: Juez en el Tribunal Especial para Sierra LeonaEducación: Doctorado en Derecho, Universidad de Cambridge, Reino Unido
Estados AsiáticosFumiko Saiga (Japón)Cargo reciente: Jueza CPIEducación: Licenciatura en Estudios Ingleses, Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros
América Latina y el CaribeMohamed Shahabuddeen (Guyana)Cargo reciente: Juez, Tribunal Internacional para la Antigua YugoslaviaEducación: Licenciatura, Maestría y Doctorado en Derecho y LLD, Universidad de Londres, Reino Unido
Estados de Europa Occidental y otros EstadosPhani Dascalopoulou-Livada (Grecia)Cargo reciente: Asesora legal y Encargada de la Sección de Derecho Internacional Público, Departamento Legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de GreciaEducación: Doctorado en Derecho Internacional y Comparado, Universi-dad Brunel, Reino Unido Cuno Tarfusser (Italia)Cargo reciente: Fiscal en jefe de la Procuraduría Pública de la Juez del Distrito de BolzanoEducación: Licenciatura en Derecho, Universidad de PaduaWilhelmina Thomassen (Países Bajos) Cargo reciente: Ministra de la Suprema Corte de Justicia de los Países Bajos Educación: Maestría en Derecho, Universidad de Leiden Christine Van Den Wyngaert (Belgium) Cargo reciente: Jueza en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua YugoslaviaEducación: Licenciatura en Derecho y Criminología, Doctorado en Derecho por la Universidad Libre de Bruselas.
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Estados de Europa OrientalDragomir Vukoje (Bosnia y Herzegovina)Cargo reciente: Juez de Corte de Bosnia y HerzegovinaEducación: Facultad de Derecho de Belgrado
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Llamado para recaudar fondos para las víctimas de violencia sexual
Mientras la Corte Penal Internacio-nal (CPI) cuenta actualmente con diversos mecanismos externos de
supervisión financiera y estructuras internas para lidiar con la mala conducta de su perso-nal, hasta la fecha no cuenta con capacidades independientes de investigación. Algunos miembros de la Coalición han venido pro-moviendo la creación de un mecanismo in-dependiente de supervisión. Éste será clave, aseguran, para garantizar la credibilidad y la reputación de la Corte, y ayudará a la Asam-blea de Estados Partes (AEP) a mejorar la su-pervisión de la institución.
El Estatuto de Roma dispone que la AEP puede establecer “un mecanismo indepen-diente de supervisión para la inspección, eva-luación e investigación de la Corte, para for-talecer su eficiencia y sus finanzas”. Durante su quinta sesión de la AEP, en noviembre de 2006, la AEP invitó a la CPI, previa consulta con la Mesa de la AEP, a presentar propues-tas concretas para el establecimiento de un mecanismo de supervisión independiente en su siguiente sesión. La Corte esperaba que los avances en el seno de las Naciones Unidas en este tema podrían impactar en la creación de su propio mecanismo, sin embargo no hubo avances significativos durante 2007, por lo
que la AEP renovó su invitación a la Corte durante su sexta sesión.
En febrero de 2008 Andreas Mavroyiannis, ex Representante Permanente de Chipre ante a las Naciones Unidas, fue nombrado por la Mesa como facilitador para el mecanismo de supervisión, por lo que formuló una se-rie de recomendaciones. Asimismo realizó diferentes consultas sobre la creación de un mecanismo de supervisión independiente que evitara la duplicación de funciones con los mecanismos ya existentes. Durante su sépti-ma sesión, en noviembre de 2008 es probable que la AEP adopte el informe del facilitador y decida sobre los pasos a seguir dentro de la resolución ómnibus. La Mesa también solici-tó el nombramiento de un nuevo facilitador para reemplazar a Mavroyiannis, quien dejó su cargo.
“A pesar de los admirables esfuerzos de la Mesa a lo largo de este año, aún es necesario trabajar aún más para establecer, sin más de-mora y, en consulta con la sociedad civil, un mecanismo de supervisión eficiente”, dijo Jo-nathan O’ Donohue del Programa de Justi-cia Internacional de Amnistía Internacional. Con el fin de ayudar a resolver los importan-tes asuntos técnicos que aún quedan pen-
dientes por resolver, Amnistía Internacional presentó recientemente una serie de prin-cipios para facilitar las discusiones sobre el tema. Estos principios incluyen la necesidad de que el mecanismo sea independiente, que cuente con un mandato claro, con funciones multidisciplinarias, que esté localizado en la sede de la Corte y que sea supervisado por un órgano subsidiario de la AEP. “En particular, insistimos en se establezcan mecanismos de investigación efectivos para asegurar que no haya impunidad en casos de faltas disciplina-rias serias o conductas delictivas cometidas por personal o por agentes de la Corte”, agre-gó O’Donohue.
Mejorando el mecanismo de supervisión de la CPI
Algunos miembros de la Coalición han venido promoviendo la creación de un mecanismo independiente de super-visión. Éste será clave, aseguran, para asegurar la credibilidad y la reputación de la Corte, y ayudará a la Asamblea de Estados Partes (AEP) a una mejor supervisión de la institución.
El 10 de septiembre de 20008, durante su 5ta reunión anual, el Consejo de Directores del Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas (FFV) hizo un llamado para recaudar €10 millones de Euros para asistir a las más de 1.7 millones de víctimas de violencia sexual que se encuentran actualmente en los cuatro países bajo investigación de la CPI. “Las mujeres y niñas son
generalmente las principales víctimas de las guerras y revueltas civiles, son víctimas de violación, abuso sexual y de la destrucción de las familias. Este [Consejo] considera necesaria la administración de ayuda específica y especializada para quienes son los más vulnerables dentro de la jurisdicción de la CPI”, dijo la Presidenta del Consejo la Señora Ministra Simone Veil. En respuesta a su llamado, el gobierno de Dinamarca anunció públicamente la donación de € 500,000 euros, hasta ahora la donación más cuantiosa que el FFV ha recibido.
Su eminencia Arzobispo desmond Tutu (izq.) y la Señora Ministra Simone Veil durante una conferencia de prensa llevada a cabo el 10 de septiembre de 2008 para recaudar fondos para las víctimas de violencia sexual. durante una de las sesiones, el consejo entró en un diálogo abierto con miembros de la ccPi. crédito: ccPi.
Veil (izq) y la embajadora danesa Kirsten Malling Biering. dinamarca fue el primero en donar €500,000 en respuesta. La embajadora Biering dijo que los crímenes contra las mujeres “representan un ataque contra todas las mujeres- a su posición ante la sociedad y a sus derechos fundamentales.” crédito: icc-cPi
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Cuando el líder militar congolés Tho-mas Lubanga Dyilo se convirtió en la primera persona detenida en la Cor-
te Penal Internacional (CPI) y después en la primera persona acusada, las víctimas del violento conflicto en la República Democráti-ca del Congo (RDC), pensaron que finalmen-te se haría justicia. Dos años después, el juicio de Lubanga, cuyo comienzo se esperaba para el 27 de junio de 2008, se encuentra oficial-mente suspendido debido a complicaciones vinculadas con la revelación de evidencia a la defensa. Para las víctimas y los miembros de la Coalición por la CPI que contribuyeron en el armado del caso en contra de Lubanga, esto ha representado un importante revés; mien-tras que para aquellos que hacen énfasis en la importancia de un debido proceso en el pri-mer caso de la Corte, el a veces lento avance de la justicia internacional es indeseable pero esencial para la consolidación de la Corte como una institución judicial justa, efectiva e independiente en el largo plazo.
El 16 de junio de 2008, la Sala de Primera Instancia I decidió interrumpir todos los as-pectos del juicio de Lubanga debido a que la fiscalía no pudo poner a disposición de la de-fensa materiales potencialmente exculpato-rios entre los que se encuentran documentos que demostraban o tendían a demostrar la inocencia del acusado, mitigar la culpabilidad del acusado o que pudieran afectar la credibi-lidad de las pruebas de la fiscalía. Muchos de estos materiales fueron obtenidos a través de las Naciones Unidas y se encuentran sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad debido a la naturaleza sensible del material, que tiene relación con el conflicto actual.
El 2 de julio de 2008, la Sala emitió una orden concediendo la liberación incondicional de Lubanga porque los jueces consideraban que no tendría acceso a un juicio justo. La Fiscalía apeló la orden de liberación y el 21 de octu-bre de 2008, la Sala de Apelaciones decidió mantener suspendido el juicio, pero rechazó la decisión de la Sala de Primera Instancia de liberar a Lubanga. Los jueces de apelación reenviaron la cuestión de la posible liberación de Lubanga a la Sala de Primera Instancia, la cual deberá decidir si el acusado debe perma-necer bajo Al momento de publicación, fun-cionarios de la Corte indicaron que el juicio se llevaría a cabo.
“Mientras algunos de nuestros miembros es-tán decepcionados por las decisiones, tanto de la Salas de Apelaciones como la de Primera Instancia- éstas, al menos mínimanente, re-
fuerzan el compromiso de la CPI de mantener los estándares más altos para un juicio justo, incluso para aquellas personas acusadas de come-ter crímenes de guerra,” dijo William R. Pace. “La justicia e independencia de los jueces es fundamental si la CPI busca asegurar el apoyo de la comu-nidad internacional. El intercambio de información y revelación de la evi-dencia son uno de los aspectos más complicados de la justicia internacio-nal, y también son aspectos con los que la CPI recién está comenzando a lidiar,” agregó.
En el Congo, las opiniones son bas-tante menos optimistas: “la posible liberación de Lubanga sentaría un antecedente peligroso para la Corte, la cual perdería credibilidad,” dijo Gilbert Tchoga’mva Angwandi, pun-to focal de la Coalición congolesa en la región oriental Ituri de la RDC, en donde los supuestos crímenes de Lu-banga tuvieron lugar. En Ituri miles de personas han perdido la vida des-de que comenzó el conflicto y es en este mismo lugar que organizaciones de la sociedad civil han luchado por poner fin a la impunidad.
Durante los cuatro meses que el juicio fue suspendido a la espera de una decisión por parte de la Sala de Apelacio-nes, las víctimas y miembros de la Coalición por la CPI que colaboraron en el caso contra Lubanga se mostraron extremadamente de-cepcionados y preocupados. “Cuando la no-ticia sobre la suspensión del caso Lubanga se hizo pública, se registró un incremento consi-derable en el reclutamiento de niños soldados en el Este de la RDC debido a que los señores de la guerra creyeron que podían gozar de im-punidad sin importar sus actos,” dijo Bukeni Tete Waruzi de WITNESS, “mucha gente ha perdido su fe en la Corte y hay un senti-miento generalizado de que Lubanga será liberado en cualquier momento. Incluso se cree que otras investigaciones, por ejemplo la de Katanga, Ngudjolo o Bemba, están desti-nadas a fracasar también.”
Para contrarrestar la desinformación y las percepciones negativas que actualmente se tienen de la Corte, la Sección de Información Pública y Documentación de la CPI ha soste-nido diversas reuniones con poblaciones del Congo, así como entrevistas por radio y tele-visión para explicar el proceso judicial.
De acuerdo con Waruzi, quien acaba de re-gresar de un viaje al Congo, los esfuerzos de la CPI por dar a conocer su trabajo son in-suficientes. “La Corte necesita duplicar el nú-mero de personas que trabajan en el terreno respondiendo preguntas acerca de los proce-dimientos y necesita mejorar la calidad de sus mensajes para explicar más allá de la infor-mación básica y cubrir los complejos procesos judiciales en curso” mencionó.
“No es suficiente que la Corte difunda simple-mente sus mensajes, se necesitan indicadores concretos de que estos mensajes están siendo recibidos adecuadamente, y de que realmente se están atendiendo a las preocupaciones de la gente que se encuentra en el terreno”, men-cionó Waruzi.
El 11 de julio de 2008, la Fiscalía solicitó a la Sala de Primera Instancia retomar el juicio debido a que los nuevos procedimientos de las Naciones Unidas permitirían a los jueces revisar toda la evidencia potencialmente ex-culpatoria. Pero dos meses después, la Sala de Primera Instancia reiteró su decisión de man-tener suspendido el procedimiento porque
La Sala de Apelaciones emite su sentencia pero el juicio de Lubanga continúa suspendido
para monitorear las investigaciones nacionales sobre posibles crímenes contemplados en el Esta-tuto de Roma.
• LasactividadesdemonitoreodelaCPIincluyeca-sos donde los responsables son soldados, políticos, paramilitares y grupos guerrilleros. Adicionalmen-te, la Fiscalía está investigando informes de redes que apoyan y asisten a los grupos armados.
Actualmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se encuentra investigando la comi-
sión de crímenes graves en cuatro países “situación”: la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Uganda y Sudán (Darfur). Además, exis-ten varios países del mundo en los cuales la Fiscalía mantiene investigaciones o está
consideró insuficiente la propuesta del Fiscal para asegurar un juicio justo para el acusado.
“Mientras los abogados y académicos entienden los asuntos legales implicados en el caso, Tho-mas Lubanga—quien se presume inocente—se mantiene en un estado de indefinición que debe ser frustrante, algo que no puede prolongarse por mucho más tiempo,” dijo Lorraine Smith de la Barra Internacional de Abogados. “El acusado tiene el derecho a saber en un tiempo razona-ble si será juzgado o liberado.”
Lubanga es acusado de enlistar y reclutar niños menores de 15 años para que participen acti-vamente en las hostilidades entre septiembre de 2002 y el 13 de agosto de 2003 en la RDC, cuando supuestamente era líder de Union of Congolese Patriots y el comandante en jefe de la facción militar conocida como las Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC).
Dado el tropiezo en el comienzo del juicio a Lubanga, hay algunos actores como la Coalición por la CPI de la República Centroafricana, que en voz de Bruno Hyancinthe Gbiegba, han hecho un llamado a la Fiscalía para que “prepare su evidencia y la revele de manera apropiada para evitar errores similares en otros casos.”
Lubanga (Continúa de la paginá 7)
LA CPI ENVíA EL SEgUNDO CASO DE RDC A jUICIO
El 26 de septiembre de 2008, la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI confir-mó todos los cargos, menos tres, presentados por el Fiscal en contra de Germain Katanga y Matthieu Ngudjolo Chui, con lo cual envió su caso a juicio. “Esta deci-
sión ofrece una gran esperanza para las víctimas en Ituri de que se hará justicia” comentó Christian Hemedi, Director de la Coalición por la CPI en la República Democrática del Congo (RDC).
Los jueces que integran la Sala de Cuestiones Preliminares encontraron que existía suficien-te evidencia para juzgar a Germain Katanga, señalado como un antiguo líder de las Fuerzas de Resistencia Patriótica en Ituri (FRPI) y a Matthieu Ngudjolo Chui señalado como un antiguo líder del Frente Nacional de Integración (FNI) y Coronel de las fuerzas armadas de RDC (FARDC), por siete conductas consideradas crímenes de guerra y tres conductas consideradas crímenes de lesa humanidad. Ambos están acusados de asesinato, esclavitud sexual, violación, utilización de menores en las hostilidades, ataques intencionales contra población civil, pillaje y destrucción de la propiedad. Los crímenes fueron presuntamente cometidos en la población de Bogoro en el Distrito de Ituri al Este de la RDC entre enero a marzo de 2003. Gilbert Tchoga’Mva Angwandi, punto focal para la región de Ituri de la Coalición por la CPI en la RDC expresó su satisfacción ya que a su parecer “esta decisión refleja lo que pensamos sobre los hechos que estas personas cometieron”.
La Sala rechazó los cargos de crímenes de guerra en su modalidad de tratamientos inhu-manos o degradantes sobre la dignidad humana, así como el crimen de lesa humanidad en su modalidad de actos inhumanos. “El hecho de que los jueces hayan confirmado casi todos los cargos presentados por el Fiscal es un indicativo de la independencia que éstos gozan frente al Fiscal y demuestra que se realiza un estudio minucioso de las evidencias en cada etapa del procedimiento” comentó William R. Pace.
Los jueces tuvieron 60 días para tomar una decisión, después de las tres semanas de audien-cias públicas durante las cuales fue requerida la presentación de pruebas suficientes para cada uno de los cargos que demostraran la presunta responsabilidad de ambos acusados. La defensa tuvo igualmente la oportunidad de contrarrestar los cargos. Adicionalmente, los cinco representantes legales de 57 víctimas también participaron en las audiencias.
Ahora que los cargos han sido confirmados, la Sala de Juicio se reunirá para llevar a cabo el juicio. Se espera que se realicen audiencias de preparación antes de que inicie el juicio. Se estima que el juicio comience a principios de 2009, por lo que ahora el Fiscal tiene la obligación de dar a conocer a la defensa las evidencias con las que cuenta. En este sentido Christian Hemedi hizo un llamado a la Fiscalía para que “trate de evitar que se presente una situación como la del caso Lubanga, ya que ésta ha puesto en duda, legítimamente o no, la reputación de la Corte”.
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Estados Partes
Estados no partes
analizando situaciones con el fin de determi-nar si debería iniciar una investigación, de acuerdo con el criterio previsto en el artículo 15 del Estatuto de Roma: si existe fundamen-to suficiente para concluir que se ha cometido crímenes; si el caso sería admisible; que es en interés de la justicia proceder con la investiga-ción y que ésta resulte posible. Los crímenes sobre los cuales tiene jurisdicción la Corte son
los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio.
Cualquier persona puede enviar información al Fiscal y éste puede buscar información adi-cional. Desde el primero de febrero de 2006, la Fiscalía ha recibido 1732 comunicaciones provenientes de 103 países. El 80 por ciento de éstas no caen dentro de la competencia de la Corte. Hasta el momento, ninguna de las
situaciones que están siendo públicamente analizadas han sido enviadas a la Corte por un Estado; esto significa que el Fiscal tendría que buscar la aprobación de los jueces antes de iniciar con una investigación de oficio o “motu propio”.
En el siguiente mapa, resaltamos algunas de las situaciones de más alto perfil que son se-guidas actualmente por la Corte.
Venezuela• LaFiscalíarevisólascomunicaciones
recibidas por supuestas crímenes cometidos por el gobierno venezolano y por grupos de la oposición. La Fiscalía concluyó que los requisitos para iniciar una investigación no habían sido reunidos. El 9 de febrero de 2006, la Fiscalía anunció que reconsideraría esta decisión a la luz de nuevas evidencias o nuevos hechos.
Cote d’Ivoire • Enseptiembrede2003Costade
Marfil aceptó la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometi-dos en su territorio desde el 19 de septiembre de 2002.
• Ennoviembrede2007,enlasextaAEP, el Fiscal informó que espe-raba visitar al país a fin de llevar a cabo una evaluación preliminar.
Chad• Estaesunasituaciónbajoanálisis
y la Fiscalía está monitoreando con atención los efectos de la violencia proveniente de Darfur.
Kenia• LaFiscalíaseencuentramonito-
reando la situación en Kenia, luego de la violencia postelectoral que se desató entre diciembre de 2007 y febrero de 2008.
• Enagostode2008,laComisióndeDerechos Humanos de Kenia, pu-blicó un informe e hizo un llamado a que la Fiscalía que abra una inves-tigación en dicho país. El gobierno no ha remitido esta situación para consideración de la Fiscalía.
Irak• LaFiscalíahamonitoreadola
situación en Irak; sin embargo, concluyó que la información reci-bida no cumple con los requisitos necesarios para comenzar una investigación. El 9 de febrero de 2006, la Fiscalía anunció que re-consideraría su decisión a la luz de nuevas evidencias o nuevos hechos.
Afganistán• LaFiscalíaestámonitoreandola
situación y ha solicitado mayor información.
Osetia del Sur, territorio en pugna de Georgia • La Fiscalía continúa monitoreando
los acontecimientos en Georgia como consecuencia del estallido de violencia en Osetia del Sur a principios de agosto de 2008. Ofi-ciales gubernamentales de Georgia y Rusia han sometido a la Fiscalía algunos documentos que describen la posible comisión de crímenes gra-ves. Osetia del Sur es un territorio que se declaró independiente en los 90s, pero su estatus nunca ha sido reconocido por las Naciones Unidas.
Situaciones bajo análisis
NOTA EN LETRAS PEQUEÑAS AL PIE DEL MAPA: Nota: La información en estas páginas no refleja las opiniones del Secretariado de la Coalición o de alguno de sus miembros. Las fuentes de la CCPI incluyen declaraciones públicas o comunicados oficiales de la CPI y funcionarios gubernamentales.
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El 24 de mayo de 2008 la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el arresto del primer sospechoso en la situación
de la República Centroafricana: Jean Pierre Bemba Gombo, líder del “Mouvement de Libération du Congo” (MLC) y ex vicepresi-dente de la República Democrática del Con-go (RDC). Jean Pierre Bemba, arrestado en Bélgica y transferido a La Haya, es acusado de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en RCA entre el 25 de octubre de 2002 y el 15 de marzo de 2003. Actualmente, el Sr. Bemba es el político de más alto perfil que se encuentra detenido en La Haya. Adicionalmente, dos aspectos sig-nificativos se encuentran en el caso Bemba: la inclusión de crímenes sexuales en las acusa-ciones y la oportuna cooperación estatal que facilitó su arresto.
Las noticias del arresto del Sr. Bemba fueron bien recibidas en República Centroafricana, particularmente por organizaciones de dere-chos humanos. Bruno Hyancinthe Gbiegba de la Coalición de RCA por la CPI expresó su satisfacción y alivio: “El arresto de Bemba trajo alivio y satisfacción en un momento en donde la lentitud de los procedimientos comenzaban
a crear dudas sobre las acciones del Fiscal de la CPI. Su arresto complació a las víctimas y les dio esperanzas de que se hará justicia.”
Iniciativa de Mujeres por la Justicia de Géne-ro, con sede en la Haya, saludó el arresto y el traslado de Bemba a la CPI: “(El arresto) es significativo ya que al momento de llevar-se a cabo el Sr. Bemba era la única persona que había sido arrestada en base a la orden de detención de la CPI por cargos de viola-ción,” dijo Brigid Inder, Directora Ejecutiva de IMJG. Jean-Pierre Bemba es acusado de cometer, entre otros, violaciones sistemáticas como crimen de guerra y como crímenes de lesa humanidad.
En la apertura de la investigación en RCA, en el año de 2007, el Fiscal de la CPI Luis More-no Ocampo anunció que se enfocaría princi-palmente en las alegaciones que indicaban la comisión de crímenes sexuales al explicar que había información “detallada y sostenida” y que “la violación de civiles fue cometida en números que no podrían ser ignorados por el derecho internacional”.
El caso Bemba ha sido acogido por organiza-ciones de mujeres, muchas de las cuales consi-
deran que la CPI ha investigado tardíamente crímenes de género. En este sentido, la pri-mera persona detenida y acusada ante la CPI, el Sr. Thomas Lubanga Dyilo de la República Democrática del Congo, líder de la Union of Congolese Patriots (UPC) grupo armado que presuntamente ha cometido violaciones gene-ralizadas y otras formas de violencia sexual. En una declaración luego de un seminario de IMJG, miembros de la Coalición Congolesa por la Justicia Transicional y una larga lista de organizaciones de mujeres llamaron a la CPI a abordar la violencia contra las mujeres perpetrada por la UPC. Sin embargo, esto no fue reflejado en los cargos en contra de Lu-banga, cuyo caso quizá sea el primero de ser juzgado ante la CPI.
Otro aspecto significativo del arresto de Bem-ba, es lo expedito en la ejecución de la orden de arresto por parte de las autoridades belgas, tan solo un día después de que fuera dictada bajo sello la orden por la Sala de Cuestiones Preliminares III.
Para facilitar la cooperación con la CPI, las autoridades belgas, establecieron un Grupo de Trabajo Especial sobre CPI para mane-jar todas las solicitudes de cooperación de la Corte y enviarlas a las diferentes secretarías o ministerios involucrados, incluido el Mi-nisterio de Justicia, la Policía y Migración. Este procedimiento facilitó el intercambio de información, así como la pronta y eficien-te coordinación de esfuerzos para asegurar el arresto del Sr. Bemba
Luego del traslado de Jean-Pierre Bemba a La Haya el 3 de julio de 2008, el Fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo expresó su re-conocimiento a las autoridades belgas por la eficiencia en la ejecución de sus obligaciones como Estado Parte de la CPI. “El caso de Jean-Pierre Bemba es un ejemplo de manual de cómo la cooperación [con la CPI] debe funcionar” concluyó.
El arresto de Bemba trajo alivio y sa-tisfacción en un momento en donde la lentitud de los procedimientos comen-zaban a crear dudas sobre las acciones del Fiscal de laa CPI. Su arresto compla-ció a las víctimas y les dio esperanzas de que se hará justicia”
El caso Bemba resalta la decisión del Fiscal de abordar la violencia contra la mujer y asegura la efectiva cooperación estatal
Un soldado del partido MLc de Bemba en el sector PK12 de Bangui, capital de la República centroafricana. crédito: AFP PHOTO/FiLeS/deSiReY MinKOH
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de las Naciones Unidas, sostuvo por primera vez que el deber de prevenir el genocidio no se trataba únicamente de una cuestión retórica, sino que se trataba de una obligación legal, “normativa y obligatoria”, con implicaciones concretas y reales.
La Corte explicó que el deber de prevenir el genocidio surge una vez que un Estado sabe o razonablemente debería haber conocido sobre el riesgo real de que se está cometiendo genoci-dio. La Corte concluyó que un Estado violaría su obligación de prevenir el genocidio si, bajo dichas circunstancias, “manifiestamente falló en tomar todas las medidas que estuvieran a su alcance, las cuales hubier-an contribuido a prevenir el genocidio”. En el caso sobre genocidio de 2007, la CIJ en efecto condenó a Serbia y Montenegro por no prevenir el genocidio en Bosnia y Herzegovina.
El cargo por genocidio presentado por el Fis-cal de la CPI, surge de la apertura de una investi-gación solicitada por el Consejo de Seguridad de la ONU actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU. Al presen-tar cargos por genocidio en contra del Presidente Bashir de manera pública, el Fiscal de la CPI ha dado aviso oficial a los gobiernos de la “existen-cia de un riesgo serio” de que se está cometiendo genocidio en Darfur. Como resultado de esto, los miembros de la comunidad internacional no pueden alegar que desconocían la existencia de dicho riesgo de la comisión del crimen para justificar su inacción. Por el contrario, los car-gos en contra de Bashir enfatizan la urgencia de actuar y la obligación legal de hacerlo persistirá hasta que el riesgo del genocidio termine. Esto es cierto con independencia de si los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI efectivamente libran o no una orden de arresto en contra de Bashir. La alarma pública acti-vada por Moreno Ocampo se ha convertido, en sí misma en una llamada de acción bajo la Convención sobre el Genocidio.
Frente a la acusación por genocidio en contra de Bashir, ¿qué es lo que se le puede exigir a la comunidad internacional hoy? La Corte concluyó, en el caso de la CIJ, que el tipo de acciones requeridas por parte de un Estado, para cumplir con sus obligaciones de preve-nir el genocidio, dependen de la naturaleza
de los lazos que lo unen con un Estado que supuestamente está cometiendo el crimen y de los medios que dispone. El único límite a la acción de los Estados es la necesidad de respetar el derecho internacional; por ello ex-isten varias acciones que los Estados pueden y deben tomar, y los activistas deberán presion-arlos para hacerlo con el fin de dar cumplim-iento a sus obligaciones.
Una primera medida que todo país debería tomar - especialmente los principales provee-dores, incluyendo a China, Rusia, Bielorrusia, India e Irán- es la de no proveer de asistencia militar en formas tales como transferencia de
armas y entrenamiento militar al gobierno de Sudán. Dicha asistencia incrementa la capaci-dad del gobiernos sudanés de cometer más crímenes. Esto es especialmente relevante en este caso ya que el Fiscal ha dejado en claro que la evidencia en su poder demuestra que el genocidio está sucediendo actualmente en Darfur. Otra manera de prevenir que la situación empeore es la de proveer de equipo, como helicópteros, a la Misión conjunta de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) que son necesarios de manera imperante para que cumpla adecu-adamente con su misión de protección.
Los Estados pueden y deben aumentar la presión política sobre el gobierno de Sudán, incluyendo la presión para acabar con la im-punidad. En el contexto de Darfur, el Con-sejo de Seguridad ha impuesto cierta presión diplomática sobre el gobierno sudanés, sin embargo, esta presión ha sido débil, incon-sistente y generalmente desprovista de con-secuencias. Al mismo tiempo, Sudán ha estado protegido de las críticas del Consejo de Seguridad en varias ocasiones, particular-mente por China y Rusia, dos de los miembros
permanentes del Consejo y por otros países, tales como Libia y Sudáfrica. Fuera del Con-sejo, países miembros de la Unión Africana, la Liga Africana y la Organización de la Con-federación Islámica, han buscado igualmente proteger a Bashir de la responsabilidad por los crímenes cometidos bajo su mandato. Al proteger políticamente al gobierno de Sudán frente a la comisión de los crímenes más graves, dichos países están faltando a su obli-gación de realizar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Darfur.
Ahora bien, no son solamente los aliados tradicionales de Sudán quienes tienen que
cambiar su postura política; los Estados mi-embros de la CPI también tienen un papel fundamental en este respecto. Al ratificar el Estatuto de Roma, estos Estados han acepta-do la noción de que una paz duradera no puede existir sin justicia y que la única manera de prevenir crímenes en el futuro, incluyendo el de genocidio, es garantizando que estos crímenes sean debidamente sancionados y no queden impunes. Los Estados han dado a la CPI un papel fundamental en asegurar que la promesa del “nunca más” se cumpla en situaciones en las que los países no toman las acciones adecuadas. Los Estados de la CPI es-tán obligados a trabajar de manera conjunta y apoyar el trabajo del Fiscal y de la CPI en Dar-fur. Cualquier esfuerzo menor a este no sólo sería contrario a lo establecido en el Estatuto de Roma, sino que también violaría por lo me-nos el espíritu, sino es que también la letra, de la Convención sobre Genocidio.
Betsy Apple es la directora del programa de Crímenes de Lesa Humanidad, y Nicholas Bur-niat es el asociado senior y fellow del programa Pennoyer para Human Rights First.
Genocidio en Darfur (Continúa de la paginá 1)
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Bashir es el primer jefe de estado en funciones que podría ser acusado de genocidio ante la cPi. charles Taylor fue a juicio ante la corte especial de Sierra Leona. Slobodan Milosevic y Radovan Karadžić, fueron ambos acusados por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia (TPiY) por genocidio, pero luego de haber cesado sus funciones.
ex líder serbio bosnio Radovan Karadžić
ex Presidente de Serbia y de Yugoslavia Slobodan Milošević
ex Presidente liberiano charles Taylor
Presidente sudanés Omar Hassan Ahmad al-Bashir
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El 1° de septiembre de 2008, Navanethem Pillay, anteriormente jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacio-
nal (CPI), comenzó su mandato por cuatro años como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su nombramiento culmina una carrera judicial que abarca más de cuatro décadas, incluyendo cinco años de trabajo en la CPI, y ocho en el Tribunal Internacional Penal para Rwanda.
Pillay se encontraba cursando la universidad cuando el régimen del apartheid se instaló en Sudáfrica, su país natal, por lo cual sufrió el do-lor y la injusticia causada por la discriminación. Después de obtener su licenciatura en Derecho se vio forzada a abrir su propio despacho de litigio debido a que nadie la contrataría; Pillay aceptó llevar casos grandes y pequeños que expusieran las violaciones de derechos humanos que ocurrían en un país amargamente divido. También rebatió la noción de que la defensa de los derechos de las mujeres podría esperar hasta que la lucha contra
el apartheid hubiese sido ganada. Cada día, cuen-ta, se enfrentaba con “asuntos capaces de romper-te el corazón relacionados con violencia doméstica y sexual en contra mujeres” por lo que se rehusó a darles la espalda. Su formación profesional y ex-periencia acumulada durante sus más de 28 años de carrera como abogada en Sudáfrica, la lleva-ron a ser nombrada por Nelson Mandela como la primera jueza de color en la Suprema Corte del país y le permitieron incursionar posteriormente en la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional.
En agosto, El Monitor se entrevistó con Pillay justo antes de que dejara su cargo en la CPI para conversar sobre cómo la justicia internacional se convertirá en un tema crucial para el desarrollo de una agenda de derechos humanos más activa.
Monitor: ¿Cuáles fueron algunos de los re-tos más importantes a los que se enfrentó mientras fue jueza de la Sala de Apelacio-nes de la CPI?
Navanethem Pillay (NP): En primer lugar, quiero decir que la CPI ha trabajado muy bien a la fecha; en cinco años, hemos revisado varios casos, es la primera vez en la historia que con-tamos con un mecanismo a este nivel en mate-ria de justicia. Sin embargo, uno de los retos es ser más expeditos en los procedimientos ya que hay personas acusadas y víctimas que es-tán a la espera.
Es muy importante que en las elecciones judi-ciales, se dé especial atención a la experiencia judicial de los/as candidatos/as ya que final-mente la CPI trata sobre el debido proceso en el juicio; jueces con mayor experiencia harán a la Corte más eficiente.
Monitor: ¿Fue Usted capaz de implementar en la práctica su visión sobre el papel que tie-nen las víctimas en los procedimientos?
NP: Mientras escuchaba los testimonios de las víctimas en el Tribunal para Rwanda me impresionó la cantidad de evidencia existente sobre lo que les había ocurrido a las mujeres y niñas en comparación con los pocos casos presentados. ¿Por qué? Por que el Estatuto de Rwanda no tiene la cantidad de disposiciones, como en el Estatuto de Roma, para escuchar directamente a las víctimas. Lo único que las víctimas están solicitando es su derecho de participar y ser escuchadas y lo que la Sala de Apelaciones debe asegurar es que dicha parti-cipación de las víctimas sea efectiva, al tiempo
que se protejan los derechos de los acusados.
Monitor: ¿Qué es lo que considera usted que su experiencia profesional aportará a su nuevo cargo como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos?
NP: Es significativo que la última Comisio-nada, Louise Arbour, también proviniera de cortes internacionales. La experiencia judicial nos brinda un entendimiento del estado de de-recho, y de los estándares comunes aplicables en todos los países; esto me da las bases para proteger los derechos humanos de las vícti-mas en todo el mundo y para ser crítica, con respecto a aquellas personas que comenten las violaciones, de una manera imparcial y sin una doble moral.
Monitor: ¿Cómo considera Usted que podría mejorar la cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CPI?
NP: El estado de derecho y la justicia son com-ponentes esenciales de los derechos humanos. La Alta Comisionada estará estrechamente vinculada con el trabajo de la Corte y bien podría monitorear los lugares en los cuáles la Corte esté investigando.
Monitor: ¿Qué logros le gustaría ver a la CPI alcanzando en los siguientes diez años?
NP: Me gustaría que hubieran más ratifica-ciones. Creo que conforme la gente comience a apreciar el trabajo de la Corte, no se sen-tirán personalmente amenazados, particu-larmente los jefes de Estado. Además debe-ríamos explicar con cuidado el principio de complementariedad y cuáles son los límites de nuestra jurisdicción.
Monitor: ¿Debería la Corte mejorar su pro-grama de proyección exterior?
NP: Me gustaría ver que la CPI hiciera mu-cho más. La proyección exterior no sólo sir-ve para fortalecer los juicios a nivel nacional, sino también para educar a las víctimas sobre sus derechos, con el fin de que sean capaces de ejercerlos. Estoy muy orgullosa de que tene-mos un sistema de reparaciones y un Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas. Espe-ro que en diez años exista un apoyo total a ese Fondo para así no sólo elevar las expectativas de las víctimas, sino también contar con la ca-pacidad para cumplirlas.
Entrevista: Navanethem Pillay, ex jueza de la CPI, reflexiona sobre su cargo actual como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU
La Alta comisionada de las naciones Unidas para los derechos Humanos, navanethem Pillay, en la recepción co-auspiciada por la ccPi en nueva York. “Yo no creo que tendríamos esta corte si no fuera por el empuje y la fuerza de las organizaciones tales como la ccPi,” dijo Pillay. crédito: ccPi
“Sin embargo, uno de los retos es ser más expeditos en los procedimien-tos ya que hay personas acusadas y víctimas que están a la espera.
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U/cPi
ONUCPI
Los principales avances en 2008 en el seno de la Organización de las Nacio-nes Unidas giran en torno a la solicitud
de la emisión de una orden de arresto contra el Presidente de Sudán Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, por parte del Fiscal de la CPI. A continuación se presentan algunos de éstos:
El 5 de junio de 2008, el Fiscal de la CPI Luis Moreno-Ocampo, presentó su informe bi-anual al Consejo de Seguridad de las Nacio-nes Unidas. En éste, el Fiscal criticó la inac-ción y la complicidad por parte del gobierno sudanés en la comisión de crímenes contra la población de Darfur; y el constante fracaso para ejecutar las órdenes de arresto en contra de Ahmad Harun y Ali Kushayb e hizo un llamado al Consejo para que se emitiera una declaración presidencial en la que se le solici-tara al gobierno detener los crímenes, arres-tar a los dos individuos contra quienes existe una orden de arresto y cooperar con la Corte. El Consejo apoyó la solicitud del Fiscal y el 16 de junio aprobó la primera Declaración Presidencial bajo el liderazgo destacado del gobierno de Costa Rica.
En julio de 2008, la solicitud del Fiscal de emi-tir una orden de arresto en contra del Presiden-te de Sudán, Al Bashir, modificó la dinámica de las Naciones Unidas en relación con el tra-bajo de la Corte sobre Darfur. El 31 de julio, el Consejo de Seguridad bajo la Resolución 1828 (2008) extendió el mandato de la operación conjunta de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) por un período de 12 meses. Ésta fue aprobada con 14 votos a favor y la abstención de los Estados Unidos. Mientras todos los Estados celebraron la ex-tensión de dicho mandato, Estados Unidos y Bélgica hicieron un llamado para que se utili-zara un lenguaje más fuerte en la lucha contra la impunidad y para apoyar el trabajo de la CPI. Por su parte, Estados como Libia, China y Su-dán propusieron enmiendas “para resaltar el impacto negativo de las acciones del Fiscal”.
El debate general celebrado con motivo de la inauguración de la 63ava Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre, sirvió como indicador para medir las reaccio-nes por parte de los distintos Estados ante la solicitud de la orden de arresto. Un total de
24 Estados demostraron su apoyo a la CPI, mientras el Secretario General y varios Es-tados más señalaron la importante relación existente entre la paz y la justicia, así como la necesidad de apegarse al derecho internacio-nal y proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. No obstante, las declaraciones de otros países y de la Unión Africana apoya-ron la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad, bajo el artículo 16 del Estatuto de Roma, que permitiera la suspensión por 12 meses, en el caso de una posible orden de arresto en contra del Presidente Bashir.
El Presidente de la CPI realizará su presen-tación anual frente a la Asamblea General a finales de octubre y los Países Bajos se en-cuentran nuevamente a cargo de la coordina-ción de la resolución de la Asamblea General sobre la CPI. Adicionalmente, el Fiscal pre-sentará su siguiente informe al Consejo de Seguridad en diciembre de 2008.
Wasana Punyasena es oficial legal del Secretariado de la Coalición
Los principales desarrollos en el marco de las Naciones Unidas Por Wasana Punyasena
REfLExIóN SOBRE EL ARTíCULO 16
Hace diez años, durante las negociaciones sobre el Estatuto de Roma, los delegados gubernamentales acordaron, renuentes, otor-garle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la facultad de posponer una investigación o un juicio de la Corte Penal Internacional (CPI) por un período renovable de 12 meses. Esta facultad le fue concedida al Consejo de Seguridad con base en
lo establecido por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el cual lo autoriza a tomar las medidas que sean necesarias cuando existan amenazas en contra de la paz y la seguridad internacional. A la fecha, el Consejo de Seguridad no ha hecho uso de los poderes que le confieren el artículo 16.
El Secretariado de la Coalición por la Corte Penal Internacional (CCPI) junto con sus miembros, han identificado una serie de preguntas y consecuencias que deberían ser consideradas antes de que el artículo 16 pueda ser invocado:
•¿Existenlascondicioneslegalesparaunasuspensión?¿CómoesquelaCortedeberíalidiar,procesalmentehablando,conunaposible suspensión bajo el artículo 16?
fuentes? ¿Cómo afectaría la suspensión a la cooperación en otros casos y situaciones?•¿Quiénasumiráloscostosadicionalesdellevaracabounasuspensiónbajoelartículo16(talescomocostosadicionalesparalaprotec-
ción de testigos)?•¿CómoimpactaríaunasuspensiónalosdistintosórganosdelaCorte?
* Fiscalía:¿Cuálessonloslineamientosquedebenutilizarseparapreservarlaevidencia?¿QuéfondospuedenserusadosporelFiscal para el caso en cuestión? ¿Cuáles serían las implicaciones para la localización de víctimas y testigos?
* Secretaría:¿Quémedidasseríannecesariasparaasegurarlacontinuidaddelaproteccióndevíctimasytestigos?* Salas: ¿Se le solicitará a la Sala liberar a las personas que tenga bajo custodia? ¿Cómo manejarían las Salas las solicitudes de la
defensa y las víctimas, entre otras?* Defensa ¿De qué manera se vería afectado el derecho al debido proceso de aquellas personas que ya se encuentren bajo custodia
y/o estén siendo juzgados?* Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas (FFV): ¿Cuál sería la consecuencia para el Fondo y para sus actividades en curso
en los países situación y en países vecinos?* Sección de Información Pública y Documentación (SIPD): ¿Cuáles serían las consecuencias a largo plazo sobre la legitimidad de la Corte
en la percepción pública tanto entre las poblaciones afectadas, como en los medios de comunicación nacionales e internacionales?
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La solicitud de una orden de arresto, presentada el 14 de julio de 2008, por parte del Fiscal de la CPI en
contra del Presidente de Sudán, Omar Hassan al-Bashir, ha generado preocupa-ción entre países africanos. En particular, Uganda expresó que la paz en Sudán se pondría en riesgo en caso de que se dicta-ra dicha orden de arresto. Por su parte, el gobierno de Sudán ha buscado el apoyo de los países de la región para presionar a la Liga de Estados Árabes, a la Unión Afri-cana, a la Organización de la Conferencia Islámica y al Movimiento de Países no Alineados para que soliciten al Consejo de Seguridad que haga uso del artículo 16 del
Estatuto de Roma y se suspenda el caso. En forma paralela, cientos de personas en África denunciaron que el uso del artículo 16 sentaría un precedente peligroso.
En la víspera de la 63ava sesión de la Asam-blea General de la ONU en Nueva York, llevada a cabo del 23 al 29 de septiembre, la Coalición Sudafricana por la CPI diri-gió una carta al jefe de la delegación de di-cho país, el Ministro Nkosazana-Zuma, solicitándole que Sudáfrica utilizara su influencia “y actuara de forma decisiva y con base en la constitución sudafricana para promover y proteger los derechos hu-manos… en el caso de Darfur…”.
En la Asamblea General, los Estados de-batieron sobre la posibilidad de hacer uso del artículo 16 (ver tabla en página 13), y las implicaciones que esta decisión tendría en el largo plazo.
Aproximadamente 24 delegaciones en la Asamblea General, incluyendo a Botswa-na, la República Democrática del Congo (RDC) y Lesotho, reflejaron en sus discur-sos su apoyo total a la CPI. La delegación de la RDC encabezada por Atoki Ileka, desa-fió a los miembros de la ONU al preguntar “¿Cómo podemos prevenir la repetición de estas ofensas si a gracias a las negociacio-
nes políticas los criminales no son juzgados [y]… a los señores de la guerra se les exenta de juicios debido a su supuesto poderío mi-litar y por su capacidad de dañar la situa-ción en general? La lógica de una sociedad civilizada es justamente la de contrarrestar el poder de la fuerza con la fuerza de la ley.” En los discursos de Botswana y Lesotho se incluyeron llamados para asegurar que la CPI permanezca inmune a las influencias externas: “[E]stamos convencidos de que no debe haber interferencia política en el trabajo de la Corte,” dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Botswana, Phan-du T.C. Skelemani.
El papel de Burkina Faso como miembro del Consejo de Seguridad, y Presiden-te del mismo en septiembre, fue crucial para mantener la investigación de la CPI en Darfur. En un intento por ejercer pre-sión sobre el gobierno de Burkina Faso, para que se apegara a su responsabilidad internacional, el Coordinador para Áfri-ca francófona de la CCPI, Francis Dako, condujo una misión de alto nivel del 4 al 6 de septiembre. “El país debe encaminar sus pasos hacia una política racional e im-parcial asumida por la Unión Africana en relación con la solicitud presentada por el Fiscal de la CPI en contra del Presidente de Sudán,” dijo Dako al Primer Ministro de Burkina Faso, el Sr. Tertius Zongo.
“A pesar de que el discurso sobre el artí-culo 16 parecer estar mas tranquilo que luego de la solicitud del fiscal en julio, la sociedad civil no debe ser pasiva ante la puesta en peligro que significa invocar esa cláusula,” dijo el Coordinador para África Anglófona, Benson Chinedu Olugbuo. “Una suspensión sólo agrava-ría el actual clima de impunidad en Su-dán y fortalecerá a los responsables de los crímenes en Darfur.”
“Los Estados africanos deben entender que el artículo 16 debilitaría el compromi-so colectivo del continente en lograr un fin pacífico para el conflicto en Sudán,” dijo Dako. “No debemos olvidar que fue el mismo Consejo de Seguridad quien tomó la decisión histórica al referir la situación de Darfur a la Corte hace tres años, bajo la Resolución No. 1593.”
Stephen Arthur Lamony es el oficial de En-lace del Secretariado de la Coalición para África.
Debate sobre el artículo 16 en África Por Stephen Arthur Lamony
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en la reunión de la Sección de información Pública y documentación de la cPi en Uganda del norte se cuestionó el pedido de la orden de arresto para el presidente sudanés. crédito: ccPi
ACTUALIZACIóNÁfRICA
EL RETO PARA LA RATIfICACIóN EN CAMERúN
El 17 de julio de 1998, día en que fuera adoptado el Estatuto de Roma, Camerún fue uno de los primeros países en firmar el tratado constitutivo de la CPI. Diez años después Camerún aún no ha ratificado el Estatuto, y es uno de los dos únicos países de África Central, junto
con Guinea Ecuatorial, que no es parte de la Corte.
El proceso de ratificación en Camerún está paralizado desde principios del año 2000. Sin embargo, re-cientemente el gobierno adoptó un proyecto de ratificación que el Parlamento se ha negado a apoyar.
Curiosamente, Camerún se encuentra bien representado en los tribunales internacionales. El Mi-nistro de Justicia Maurice Kamko, quien hiciera un llamado al gobierno para ratificar en Estatuto de Roma en 2007, es actualmente candidato a juez para la Corte Internacional de Justicia en las elecciones judiciales que se realizarán en noviembre.
¿QuéimpideaCamerúnratificarelEstatutodeRoma?
A pesar de que el gobierno alega que hay voluntad política, la inmunidad frente a los procesos ante la CPI pareciera ser el obstáculo clave: el Presidente Paul Byia teme ceder su inmunidad si Came-rún se suma a la CPI. En un intento para abordar este asunto, el Parlamento, en abril de 2008, votó una enmienda constitucional y le otorgó inmunidad al presidente frente a eventuales enjuiciamien-tos, aun luego de terminar su mandato. Sin embargo, la competencia de la Corte por los crímenes cometidos en Camerún comenzaría a correr luego de que ratifique el Estatuto de Roma.
La Coalición de Camerún por la CPI ha abogado activamente por la ratificación del Estatuto de Roma desde su establecimiento el año pasado. Para Dieudonne Zognong, Coordinador de la Coalición, Ca-merún debe “seguir a la mayoría de sus contrapartes africanos y sumarse a la CPI lo antes posible”.
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ACTUALIZACIóNASIA
La presión creciente para que Filipinas se una a la Corte Penal Internacional (CPI) fue un tema presente en la con-
ferencia organizada en conjunto por la Aca-demia Judicial de Filipinas y la Corte Supre-ma que tuvo lugar del 25 al 26 de septiembre de 2008 en la ciudad de Makati.
El Presidente del Senado Filipino Manuel B. Villar (hijo) en su discurso, ante una audiencia de más de 200 personas, señaló que el Senado Filipino apoya la ratificación del Estatuto de Roma y sólo está esperando que el Presidente envíe el tratado al Congreso para su ratifica-ción. Ambas cámaras han aprobado resolucio-nes en las que se insta al Presidente a enviar el tratado al Congreso para su estudio. Filipinas aún no ratifica el Estatuto de Roma, a pesar de que fue firmado el 28 de diciembre de 2002. En nombre del Ejecutivo, el Subsecretario Filipino Franklin M. Ebdalin del Ministerio de Asun-tos Internacionales señaló que su gobierno está “revisando minuciosamente las leyes, normas y reglamentos vigentes para identificar lagunas sistemáticas en éstas y proponer medidas legis-lativas que aseguren una compatibilidad con la CPI previa a su ratificación”.
Ebdalin mencionó que la Suprema Corte había desechado anteriormente una petición para la emisión de una orden judicial (“mandamus”) que obligue al Ejecutivo a enviar el Estatuto de Roma al Senado para su ratificación, ya que es una prerrogativa del Presidente el ratificar un
tratado y que por lo tanto no podría ser objeto de un mandamus. Esta petición fue presenta-da, entre otros, por el actual Co-director de la Coalición Filipina por la CPI.
Loretta Ann Rosales de la Coalición Filipina por la CPI comentó que existía la necesidad urgente de ratificar tratados internacionales como el Estatuto de Roma, ya que así se po-drían juzgar crímenes cometidos durante el conflicto en Mindanao al Sur del país. “Los más de medio millón de Filipinos afectados por las hostilidades, incluyendo las familias desplazadas que viven en los refugios impro-visados, los heridos y los enfermos sin asis-tencia médica, y todos los que se han visto afectados por los estragos de la guerra, me-recen una solución a largo plazo” mencionó Rosales. “La ratificación e implementación del Estatuto de Roma es parte de esa solución a largo plazo”.
El juez de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI Mauro Politi, dijo a la audiencia que “si se tienen todas las garantías no hay nada que temer. Podrían firmar mañana mismo”. El juez de la CPI Daniel David Ntanda Nsereko y la Secretaria de la CPI, Silvana Arbia, tam-bién participaron en la conferencia y específi-camente comentaron acerca de “los temores” de algunos funcionarios en el sentido de que la CPI sólo es una vía conveniente para presentar casos contra partisanos o casos con fondo polí-tico en contra de funcionarios oficiales.
En la ceremo-nia de clau-sura, el Juez Presidente de la Suprema Corte de Justi-cia Reynato S. Puno habló de la CPI y men-cionó que trae “esperanza a quienes no la tienen en Es-tados donde los derechos humanos son escritos como credos y vio-lados en los hechos.” Aña-dió que “con la llegada de la Corte Penal Internacional co-mienza un nuevo amanecer para los derechos humanos”, y que ‘algún día éstos deben ser res-petados porque son derechos de los humanos, inherentes a todos los seres humanos, porque son inseparables de la dignidad humana, y no por que son políticamente convenientes o eco-nómicamente ventajosos para los Estados”.
Rebecca Lozada es la Asociada de Programa para Asia del Secretariado de la Coalición.
El retraso de Filipinas en ratificar el Estatuto de Roma fue discutido en una conferencia de la Corte Suprema Por Rebecca Lozada
La vice-presidenta de la coalición Filipina por la cPi Loretta Ann Rosales habla en la conferencia por la cPi en Manila. La participación de distintos sectores, incluyendo las tres ramas del gobierno, contribuyó al éxito del foro. crédito: Academia judicial filipina.
LA COALICIóN NEPALí REfUERZA SU LA CAMPAñA DE RATIfICACIóN Por Bidhya Chapagain
El primero de junio de 2008, la Coalición Nepalí por la Corte Penal Internacional (CNCPI) lanzó una campaña anual para celebrar el décimo aniversario de la adopción del Estatuto de
Roma y celebrar el “Año contra la impunidad”. Esta campaña es par-te de la estrategia global de la Coalición para obtener el apoyo total de los principales decisores de Nepal y asegurar que su país sea una república democrática federal “libre de impunidad”.
Dentro de los objetivos clave de la campaña de la CNCPI está el asegurar el apoyo público al Estatuto de Roma por parte del Par-tido Comunista de Nepal-Maoísta (PCN-M). El partido CPN-M aún no ha fijado su postura frente al Estatuto de Roma y dado que actualmente encabeza el gobierno de Nepal, su postura oficial será clave en el proceso interno.
Al día de hoy las actividades de la CNCPI han incluido el cabildeo; la redacción de cartas al Primer Ministro, al Secretario de Relacio-nes Exteriores, a los miembros de la Asamblea Constituyente (AC), a donantes y a la comunidad internacional solicitando su apoyo para la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Nepal; consultas con
la Comisión Nacional de Derechos Humanos; campañas de decisión entre actores principales incluidos jueces y fiscales; organización de seminarios sobre la CPI en escuelas y universidades; realización de investigaciones y análisis sobre la legislación local; y la organización de actos públicos, entre ellos demostraciones públicas.
En octubre de 2006, el gobierno creó una comisión interministe-rial para realizar propuestas sobre temas y ventajas relacionadas con la ratificación del Estatuto de Roma. Sin embargo, el informe final realizado por la comisión, en diciembre de 2006, no fue hecho públi-co. Adicionalmente, el gobierno no convocó a ninguna consulta con la sociedad civil u otros sectores sobre las conclusiones alcanzadas por dicha comisión.
La CNCPI llama al gobierno a ratificar el Estatuto de Roma sin dilación, y urge a la comunidad internacional a expresar su preocu-pación ante la falta de acciones gubernamentales en este sentido.
Bidhya Chapagain es la Directora del Departamento de Seguimiento y Promoción de los Derechos Humanos de INSEC.
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ACTUALIZACIóNEUROPA
Recientemente se presentaron im-portantes desarrollos relacionados con la Corte Penal Internacional
(CPI) en Francia. Un desarrollo positivo fue el hecho de que Francia, un año antes de lo esperado, retiró la declaración del ar-tículo 124 del Estatuto de Roma a través de la cual se negaba la competencia de la CPI con respecto al juzgamiento de los crímenes de guerra cometidos en su país o por ciudadanos franceses por un período de siete años. Sin embargo, de manera casi simultánea tuvo lugar un movimiento ne-gativo. En junio de 2008, el Senado fran-cés aprobó un proyecto de ley de imple-mentación del Estatuto de Roma, que fue criticado por la Coalición Francesa por la CPI (CFCPI). A pesar de que la ley de implementación expande la jurisdicción extraterritorial de los tribunales france-ses, la CFCPI señala que ésta prevé condi-ciones excesivamente restrictivas que muy probablemente pondrán en riesgo la posi-bilidad real de juzgar a los responsables de cometer crímenes de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
De acuerdo con el proyecto de ley, el sos-pechoso debe ser un residente francés, un requisito que se aleja del criterio previa-mente aceptado de que el sospechoso de-bía estar presente en territorio francés.
Asimismo, el Senado introdujo el principio de la “doble incriminación”, requisito que establece que las cortes francesas pueden intervenir sólo cuando los crímenes en cuestión estén tipificados tanto en Francia como en el país donde fueron cometidos. Esta restricción no está incorporada ni en la legislación francesa sobre la jurisdicción ex-traterritorial, ni en las leyes de cooperación francesa con los tribunales internacionales para la Antigua Yugoslavia y Ruanda.
Además, el proyecto de ley niega a las víc-timas el acceso directo a la justicia al no permitirles iniciar una demanda en cali-dad de parte civil (por ejemplo, en asocia-ción con el fiscal) y deja la iniciativa exclu-siva al Ministerio Público. Las ONG han criticado fuertemente esta disposición al considerar que significa un retroceso sig-nificativo en la tradición legal francesa y un potencial peligro a la igualdad ante la ley. Francia fue uno de los principales paí-ses aliados de los derechos de las víctimas durante el proceso de creación de la CPI, por lo que no tendría sentido que su Parla-mento otorgara derechos más restrictivos a las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad o de guerra, que a aque-llas víctimas de “crímenes ordinarios”, ex-plicó Simon Foreman de la CFCPI.
Finalmente, la ley revierte el principio de complementariedad contrario a lo esta-blecido en los artículos 17 y 18 del Esta-tuto de Roma al establecer que antes de iniciar cualquier procedimiento, el Mi-nisterio Público deberá: a) consultar con la CPI y asegurarse que ha confirmado que ésta no tiene jurisdicción; y b) ase-gurarse que ningún otro tribunal inter-nacional que pudiera tener jurisdicción sobre los presuntos responsables, haya so-licitado la transferencia de los presuntos responsables o que ningún otro Estado ha solicitado su extradición.
Después de la adopción del proyecto de implementación, la Coalición Francesa llamó a la Cámara de Diputados a revisar el proyecto y retirar del texto final de la ley las condiciones restrictivas relacionadas con la complementariedad. Igualmente, la Coalición emitió un comunicado de prensa a través del cual denunció “un tex-to moderado que pone en evidencia una incomprensible resistencia de Francia en participar con el resto del mundo en el establecimiento de un sistema de justi-cia penal internacional”. El comunicado concluye señalando que “con este nuevo proyecto de ley, Francia permanecería como una zona de impunidad para los perpetradores de crímenes cometidos en el exterior”.
Linda Gueye es la Oficial Senior de Comu-nicaciones en francés.
El proyecto de ley de implementación fran-cés reduce sustantivamente el ejercicio de la jurisdicción universal Por Linda Gueye
Sede oficial de la Asamblea nacional Francesa, París. crédito: Assemblée nationale 2008
COALICIóN SERBIA: ABO-gANDO POR LA CPI LUEgO DE LA DETENCIóN DE RADO-VAN KARADZIC
La captura del antiguo líder serbio-bosnio Radovan Karadžic por autoridades ser-bias el pasado 22 de julio de 2008, fue vis-
to como un triunfo de la justicia internacional y como noticia en las diferentes regiones del mundo. En una conferencia telefónica desde Belgrado para el Monitor, Dragan Popovic, Coordinador de la Coalición Serbia para la Corte Penal Internacio-nal, comentó sobre las implicaciones del arresto de Radovan Karadžic y cómo esto ha impactado en sus estrategias de promoción en el terreno.
Monitor: ¿Cómo ha impactado el arresto del Sr. Karadžic en la legitimidad de la Corte Penal In-ternacional en la región de los Balcanes?
Dragon Popovic (DP): El juicio del Sr. Karadžic envía un mensaje importante: nuestros políticos no serán ya protegidos por el manto de la inmuni-dad. En la actualidad vemos mayor conocimiento sobre la CPI entre los periodistas y abogados; y las ONGs que trabajan en Serbia, hablan más abierta-mente sobre temas de justicia internacional.
Monitor: ¿Cómo el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY) ha afectado la percepción Serbia sobre la CPI?
DP: En Serbia, el TPIY es visto como un instru-mento político de las potencias de Occidente o de los llamados “enemigos serbios”, por lo que el ver-dadero reto es convencer al público serbio que el TPIY es un pilar esencial de los procesos naciona-les de paz y de justicia internacional. En contraste, la CPI es vista como una institución menos polí-ticamente motivada. Sin embargo, los serbios se sienten alejados de la CPI.
Monitor: ¿Qué lecciones ofrece para el trabajo de la Coalición el arresto del Sr. Karadžic?
DP: Cuando los serbios vean a las máximas auto-ridades detrás de los barrotes, la importancia que los serbios darán a la justicia y a la CPI, no puede más que crecer. Considero que a largo plazo, el le-gado del TPIY preparará el camino para obtener un mayor apoyo para la CPI aquí en Serbia y a lo largo de los Balcanes.
Monitor: ¿Qué escenario prevén para la CPI en Serbia?
DP: La decisión del gobierno de formar parte de la Unión Europea podría acelerar el proceso de la implementación del Estatuto de Roma. Ten-go confianza en que el proyecto de ley propuesto por el grupo de trabajo del gobierno (denominado Asistencia Legal Internacional en Materia Penal), el cual resaltará la importancia de cooperar con la CPI, podría ser adoptado tan pronto como en la siguiente primavera (boreal).
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regional
ACTUALIZACIóNLAC
La segunda Reunión Regional de América Latina de la CCPI, celebrada en la ciu-dad de Guatemala del primero al dos de
octubre de 2008, congregó a más de una docena de miembros activos de países como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Nicaragua, México y Guatemala, para adoptar estrategias y definir prioridades para la región para el 2008 y 2009. Los miembros presentes discutieron los retos más importantes en las campañas de ratificación e implementación en la región y evaluaron la mejor manera de refor-zar sus esfuerzos y redefinir sus estrategias.
Algunos de los temas discutidos incluyeron la aplicación de la ley uruguaya de implementa-ción de la CPI de 2006 para el juzgamiento de 26 casos de desapariciones forzadas cometidas en los años 70s y la adopción de un nuevo Có-digo Penal en Nicaragua, el cual incluye varios de los crímenes del Estatuto de Roma así como disposiciones sobre complementariedad. Por su parte, los miembros colombianos aprovecharon para reconocer que aunque el Fiscal está ana-lizando la complementariedad en la situación de Colombia, la Ley de Justicia y Paz y otros esfuerzos del gobierno colombiano, han sido insuficientes para atender la gravedad y dimen-sión de los crímenes del Estatuto de Roma, por lo que señalaron que la CPI debe abrir una in-vestigación sobre Colombia de inmediato.
La reunión también reflejó los avances produ-cidos en 2008 y reconoció la efectividad de las campañas adoptadas. Algunos de estos impor-tantes avances incluyeron: la resolución apro-
bada por el Consejo Centroamericano de Pro-curadores de Derechos Humanos en la cual se hace un llamado a Nicaragua, El Salvador y Guatemala para que ratifiquen cuanto antes el Estatuto de Roma; la Resolución sobre la Pro-moción de la Corte Penal Internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) de 2008, en la cual se llama a la conclusión del acuerdo de cooperación entre la OEA y la CPI; y las actividades realizadas por los miembros en el marco de la celebración del décimo ani-versario del Estatuto de Roma entre las que destacan anuncios en la prensa.
Como parte de las conclusiones de la reunión, los participantes emitieron una declaración en la cual se insta a todos los Estados de la región a ratificar el Estatuto de Roma y se alienta a la CPI a ampliar la difusión sobre el alcance de su mandato y jurisdicción en América Latina. Las organizaciones también realizaron un llamado a las partes involucradas en el Acuerdo de Asocia-ción entre Centroamérica y la Unión Europea, a aceptar la inclusión de una cláusula de apoyo a la CPI en el documento, elemento que ha sido objeto de un intenso debate durante 2008.
La declaración igualmente resalta la importan-cia de adoptar legislación de implementación de la CPI para asegurar que los sistemas de justicia nacional sean capaces de aplicar el principio de complementariedad y cooperar con la Corte. La declaración fue retomada en diarios de Gua-temala, al igual que en medios de los Estados vecinos de Nicaragua y El Salvador.
La Coalición Guatemalteca por la CPI celebró
un seminario público para llamar la atención sobre el proceso de ratificación de este país, en donde se reiteró la urgencia de seguir ade-lante con el mismo. En 2006, la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Guate-mala emitió una opinión favorable en torno a la ratificación del Estatuto, sin embargo, ningún avance se ha producido desde entonces.
Entre los participantes del seminario destacan funcionarios del Ministerio de Relaciones Ex-teriores, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-manos, diputados y miembros de la Coalición. Cabe resaltar que el seminario recibió una am-plia difusión en medios de comunicación gra-cias a que la Coalición Guatemalteca se reunió días antes del evento con periodistas con la in-tención de explicarles el mandato de la CPI y motivar así su interés en el tema.
Francesca Varda es la Coordinadora Regional de la Coalición para América Latina y Caribe.
Los miembros de la CCPI se reúnen en Guatemala para discutir la campaña por la CPI Por Francesca Varda
Más de 80 personas participaron en el foro sobre la cPi organizado por la coalición Guatemalteca el 3 de octubre de 2008. crédito: ccPi
ChILE AVANZA hACIA A LA RATIfICACIóN Por Camila Maturana
Se espera que este noviembre Chile dé uno de los pasos más importantes ha-cia la ratificación del Estatuto de Roma
desde que firmara este instrumento en el año de 1998. El Congreso Nacional debatirá un proyecto de ley con el cual se implementa-rían los crímenes de la CPI en la legislación nacional. La inclusión de estos crímenes en la legislación interna fue establecida como prerrequisito para la ratificación de Chile. Si se aprueba un proyecto, se rompería con la parálisis que por años ha afectado el proceso de ratificación en el país. Una vez aprobado, se espera que el Congreso delibere a fines del 2008 o comienzos del 2009 la aprobación de la enmienda constitucional que la Corte
Constitucional de Chile determinó necesaria en 2002.
Un punto clave en el proceso interno se produ-jo en junio de 2008 cuando dos parlamenta-rios chilenos viajaron a la Haya para sostener reuniones con funcionarios de la Corte y conocer de primera mano sobre el mandato de la CPI. Las visitas anteriores a la Haya de parlamentarios chilenos, así como de funcio-narios de la CPI a Santiago, incluyendo la visita del Presidente Kirsch y del Fiscal Luis Moreno Ocampo, contribuyeron a ampliar el conocimiento de la CPI en actores clave; pero la última visita convenció a parlamentarios de ambos lados del espectro político en Chile a actuar en conjunto frente a la CPI.
Al dirigirse a la prensa en julio de 2008, el Canciller chileno, Alejandro Foxley, aunó en las esperanzas de que el Congreso ratifique el tratado al comentar: “Insistiremos en el proyecto [de la ratificación]”, añadiendo que esta decisión le permitirá a Chile “ocupar su lugar como un país respetado y respetable en el mundo nacional e internacional que es lo único que vale a futuro”.
Chile, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son los únicos países en América Latina que aún no se han unido a la CPI.
Camila Maturana es la abogada encargada del Programa Parlamentario de Corporación Humanas.
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Cuando el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocam-po, solicitó la emisión de la orden de
arresto en contra del Presidente de Sudán Omar Hassan Ahmad al-Bashir por la posi-ble comisión de genocidio, crímenes de gue-rra y crímenes de lesa humanidad, la falta de un balance informativo sobre la CPI en los medios de comunicación en el Medio Oriente y Norte de África, fue evidente.
A lo largo de la región Árabe, donde el con-trol estatal de los medios de comunicación es la norma, la noticia de la decisión del Fiscal desató reacciones frenéticas de líderes gu-bernamentales que se preocuparon al pensar que quizá serían ellos los próximos en la lista del Fiscal. Al mismo tiempo, el Sindicato de Periodistas Árabes convocó a una sesión ur-gente en Jartum y emitió una declaración ex-presando su total apoyo al líder sudanés y su condena enérgica a lo que llamaron un “movi-miento político” contra Sudán. La cobertura de los medios que siguió a esta declaración fue abrumadoramente crítica a la CPI y sin que se realizara ningún análisis sustantivo legal, ni político, incluidas las opiniones de personas que se auto identifican como defensores de derechos humanos. Las raras excepciones in-cluyeron a la Editorial del mayor diario egip-cio Al Masry El Youm, escrita por Hisham El Bastaweesy.
Con el objetivo de revertir esta tendencia negativa de desinformación sobre la Corte,
el Secretariado de la CCPI y sus miem-bros en la región están dedicados a ampliar su alcance en los me-dios de comunicación independientes, así como sensibilizando a miembros progre-sistas de los medios comunicaciones quie-nes tienen un alcance masivo.
En diciembre de 2008, la Coalición del Golfo celebrará un semina-rio para periodistas líderes de la región que podrían publicar artículos o notas con un mayor grado de re-flección sobre la CPI. Uno de los resultados esperados de esta reunión es la creación de un grupo de trabajo de medios de comunicación con el fin de ampliar el apoyo regional y facili-tar un mayor entendimiento de la CPI.
A pesar de que este seminario es un paso im-portante en la dirección correcta, una estrate-gia duradera y verdaderamente efectiva requie-re que aquellos que apoyan a la CPI convenzan a diarios como Al Hayat, Al Sharq Al Awsat y Al Quds Al Arabi para que publiquen artícu-los más críticos y responsables. Asimismo, se
deben promover entrevistas en programas de noticias populares como Al Jazeera, Al Ara-biya, and MBC en donde participen expertos; además de promover el aumento de canales de televisión independientes y programas de noticias en Internet, donde las oportunidades de transmitir información precisa y analítica sobre la justicia internacional en la región no encuentran precedentes.
Nasser Burdestani es el coordinador de la coalici ón del Golfo por la CPI.
Haciendo espacio para la justicia en los medios árabes de comunicación Por Nasser Burdestani
regi
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nasser Burdestani, representante de Bahraini de la coalición del Golfo por la cPi (derecha) participa en el rally por darfur de 2007. Las OnG llamaron al gobierno de Bahrein a firmar el estatuto de Roma: “Se asesinan musulmanes en darfur y nuestros legisladores protegen a al-Bashir ante las acusaciones de crímenes de guerra y genocidio,” dijo Burdestani, refiriéndose a los esfuerzos de los estados árabes por retirar su apoyo a la cPi. crédito: coalición del Golfo por la cPi
PERfIL: COALICIóN IRANí POR LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
El Coordinador de la Coalición Iraní por la CPI (CICPI), el Dr. Mohammad Salimi, desde su sede en Teherán, conside-ra que la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Irán
es una cuestión de voluntad política y de tiempo: “Mientras que la ratificación no será aprobada de inmediato, la CICPI está enfocada en crear la capacidad nacional necesaria y en desarrollar el marco legal interno que facilite la ratificación”. En este sentido la Coalición Iraní ha organizado grupos de trabajo y seminarios que han resulta-do en la traducción de documentos claves de la CPI al farsi.
Actualmente, la Coalición Iraní estudia un proyecto para ser so-metido al Majles (Parlamento Iraní) para implementar los críme-nes de la CPI en el Código Penal Iraní. Los principales obstáculos para la ratificación son las incompatibilidades, surgidas general-mente de los principios de la Sharia (ley musulmana), entre al-gunas disposiciones del Estatuto de Roma y la ley penal iraní, comentó el Dr. Salimi.
En el pasado, Irán ha presentado diferentes peticiones a las cortes
internacionales en donde ha superado las inconsistencias entre la ley penal nacional y los estándares internacionales comentó el Dr. Salimi. “El obstáculo real es la falta de voluntad política”
Al ser cuestionado sobre el efecto que ha generado en la campaña de ratificación en su país y en la región la solicitud de arresto contra el Presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir por parte del Fis-cal de la CPI, el Dr. Salimi comentó que dicha decisión ha hecho que la campaña por la CPI sea “más difícil que antes”, y mencionó que “mientras que algunos medios de comunicación en el Medio Oriente han condenado a al-Bashir, en general estos han adoptado la postura de que la CPI es ‘una más de las amenazas de Occidente contra los países en desarrollo”.
Sin embargo, el Dr. Salimi es optimista y considera que la imple-mentación del Estatuto de Roma en la legislación nacional ayudará a disipar los miedos de una investigación de la CPI en Irán y en los países vecinos.
ACTUALIZACIóNMOAN
El Monitor No. 37 / Nov. 2008 - Abril 2009
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Uganda—Del 8 al 11 de septiembre, el Oficial de Enlace para África de la CCPI llevó a cabo una misión exploratoria al Norte de Uganda y participó en una serie de sesiones públicas informativas auspiciadas por la CPI que inclu-yeron participantes de Pakelle, Ciforo and Dzaipi.
Comoros—La le-gislación de imple-mentación fue el enfoque de un taller organizado el 16 de septiembre en con-junto con la sociedad civil y funcionarios de gobierno. Se es-pera que se presente un proyecto de ley ante el Parlamento en octubre.
DESARROLLOSREgIONALESÁfrica
Samoa—La delegación regional para el Pacífico del Comité Inter-nacional de la Cruz Roja y la Fiscalía de Samoa co-organizaron un seminario regional sobre la CPI en Apia del 14 al 15 de agosto sobre la experiencia de los estados partes de la CPI del Pacífico.
Indonesia—EL 10 de julio, la Comisión Nacional de Derechos Hu-manos de Indonesia urgió al gobierno a ratificar el Estatuto de Roma cuanto antes. En ese mismo mes, la coalición nacional presentó ante el Ministerio Legal y de Derechos Humanos un documento académico apoyando la ratificación y un proyecto de ley de ratificación. El Plan de Acción Nacional para Derechos Humanos incluye desde 2004 la ratifi-cación del Estatuto de Roma para el 2008, pero la ley de ratificación aun no se presenta a la Casa de Representantes.
Islas Cook—Islas Cook se adhirió al Estatuto de Roma el 18 de julio.
Asia/Pacífico
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Bruselas—No Peace Without Justice, un miembro de la CCPI, tes-tificó ante el Parlamento Europeo el 15 de septiembre sobre el papel de la sociedad civil en la promoción de la justicia internacional. Entre los panelistas se contó con la participación de Fatou Bensouda, Fiscal adjunta de la CPI y a Herman von Hebel, Secretario del Tribunal Especial para Sierra Leona.
La Haya, Países Bajos—En un foro sobre justicia de género orga-nizado del 7 al 8 de julio, Iniciativa de la Mujeres por la Justicia de Género presentó su video musical titulado “Hablando por nosotras mismas” el cual documenta el trabajo de promoción de las mujeres en el Norte de Uganda.
República Checa—El 28 de octubre, el parlamento checo aprobó la ratificación del Estatuto de Roma por 140 a 6 votos. Una vez que el presidente Václav Klaus firme el instrumento la República Checa se convertira en el último miembro de la UE en unirse a la CPI.
Europa
Brasil—El 17 de septiembre, el Presidente Luiz Inacio Lula da Silva firmó el mensaje enviando el proyecto de ley al Congreso para in-corporar el Estatuto de Roma en la legislación nacional. El 23 de septiembre, el proyecto de ley, el cual incluye tanto disposiciones re-lativas a la cooperación como a la complementariedad fue presentado a la Cámara de Diputados. Una vez aprobado por el Senado, el pro-yecto será enviado al Presidente para su posterior firma.
República Dominicana—La quinta Asamblea Consultiva de Parla-mentarios por la Acción Global (PGA- en inglés) por la CPI y el Esta-do de Derecho fue organizada del 30 al 31 de octubre en Santo Domin-go. PGA viene organizando estos eventos desde el 2002. Más de 150 legisladores electos de 70 países, incluyendo los cuatro países situación, adoptaron la Declaración de Santo Domingo la cual servirá como guía para la acción y la efectividad de la CPI en más de 40 países.
Suriname—Surinam se adhirió al Estatuto de la CPI el 15 de julio.
Ecuador —La Comision Andina de Juristas celebrará su 8vo curso regionalsobrederechoshumanosenQuitodel24al26denoviem-bre. El curso titulado “Diez años del Estatuto de Roma de la CPI: Implementación y Aplicación en la Región Andina, también incluye un componente virtual del 20 de octubre al 14 de noviembre.
Latinoamérica/Caribe
Irán—La Coalición iraní celebró el décimo aniversario de la adop-ción del Estatuto organizando una discusión de un día en Teherán titulada “La CPI y las oportunidades y retos para estados en desarro-llo”. Esta reunió a abogados iraníes, jueces, defensores de derechos humanos y expertos sobre la CPI.
Emiratos Árabes Unidos—Más de 200 organizaciones de la sociedad civil de 18 países árabes se reunieron en el Foro por el Futuro de Dubai, celebrado el 17 de octubre, para adoptar una serie de recomendaciones para avanzar hacia la ratificación en la región. Para mayor información visite: http://www.forumforthefuture.ae/English/index.htm
Medio Oriente/África del Norte
en julio de 2008, Human Rights Watch publicó una evaluación del trabajo de la cPi en su informe Haciendo Historia—Los Primeros Años de la CPI.
en protesta ante los intentos en el consejo de Seguridad de la OnU de suspender la inves-tigación de la corte en darfur, Sudán, Amnistía internacional ee.UU. organizó una dem-ostración el día del comienzo de la Asamblea General de la OnU el 25 de septiembre de 2008 en nueva York. en la foto: Marwa Abdalla, refugiada darfurí y activista de derechos humanos. crédito: Russ Kuhner, ccPi
“Sr. Presidente electo, usted debe ahora resta-blecer a los EE.UU. como el más fuerte bastión en la defensa de la democracia y del estado de derecho. El respeto por la Carta de las Nacio-nes Unidas es imperativo. Anunciar una políti-ca de seguridad en rebeldía a la Carta y atacar a un Estado en flagrante violación a ésta envía un mensaje terrible al mundo. Las manchas en la bandera por los hechos sucedidos en Abu Ghraib y Guantánamo, entre otros, deben ser removidas. Una manera de enviar un mensaje poderoso en este sentido, es que los EE.UU. unan fuerzas con más de un centenar de Es-tados, incluidos los aliados de Occidente, y se adhieran al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Su deber primario ahora consiste en abrir los ojos de sus compatriotas estadounidenses, independientemente de la afiliación partidaria y hacerles entender que los retos que la humanidad enfrenta en estos momentos deben ser abordados a través de so-luciones multilaterales en el marco del sistema legal internacional.”
Hans Corell, Subsecretario General de Naciones Unidas para Asuntos Legales y Consejero Jurídi-co, 1994-2004
“Los EE.UU. deben ofrecer un inquebrantable apoyo a la CPI. EE.UU. no sólo debe ratifi-car el Estatuto de Roma sino implementarlo, y después predicar con el ejemplo. El mundo está observando con especial interés. Las víctimas de los crímenes más deleznables esperan escuchar y, sí, estar seguras de que el próximo presidente de los EE.UU. está con ellas en la búsqueda para poner fin a la impunidad. El próximo gobierno debe mostrar a estas víctimas tanto en palabras como en hechos que juzgar a los responsables de cometer los más graves crímenes no es una pro-mesa hueca. Las víctimas no merecen menos.”
Mohammed Ndifuna, Director Ejecutivo de HU-RINET-Uganda
“El próximo gobierno de EE.UU. debe reco-nocer la firma al Estatuto de Roma, comenzar inmediatamente a asistir a las reuniones de la CPI sobre la preparación de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en 2010 y par-ticipar en dicha reunión. Para reestablecer la validez de la firma tan sólo se requiere enviar una nota al Secretario General de la ONU en donde se solicite darle validez y asumir su res-
ponsabilidad- como Estado signatario- de no realizar actos en contra a la CPI. EE.UU. tiene el derecho a participar en las reuniones guberna-mentales de la CPI, sólo necesita presentarse y tomar el lugar que ya tiene asignado. El próximo Presidente o su Secretario de Estado deben, asi-mismo, declarar una política a favor y de acogida a la CPI que incluya el apoyo a su trabajo. Esto confirmaría el compromiso de la nueva adminis-tración con el derecho internacional y la justicia, y removería las relaciones ríspidas de los EE.UU. con Estados aliados y amigos.”
John L. Washburn, Coordinador de la Coalición estadounidense por la CPI (AMICC, en inglés)
“Les pido a los estadounidenses no atacar a la Corte sino apoyarla, y comprometerse con la universalidad de los derechos humanos. Los Estados Unidos de América son los campeones de la democracia, pero han también violado este principio fundamental.”
Gilbert Tchoga’mva Angwandi, encargado de la Coalición de RDC por la CPI para Ituri.
“El próximo presidente de los EE.UU. heredará el trabajo más importante del mundo. Es por eso que tiene suma importancia que reconozca que la ratificación del Estatuto de Roma está en sintonía con la protección de militares y civiles de EE.UU., ya que quienes cometan crímenes de guerra contra cualquier estadounidense po-drían ser investigados y enjuiciados por la CPI. Como superpotencia, EE.UU. debe enviar un mensaje fuerte y claro a los eventuales perpe-tradores de que la comisión de crímenes inter-nacionales no es viable. Las acciones del país deben elevar el nivel de su retórica.”
Harry Roque, Coalición de Filipinas por la CPI
“Como Estado signatario del Estatuto de Roma, EE.UU. deben involucrarse en las dis-cusiones sobre la CPI. Esto no significa un lla-mado a la ratificación, sino un reconocimiento del efecto disuasivo de la Corte y a su papel de último recurso en contra de la impunidad. En-tre las diferentes señales que el nuevo gobierno de EE.UU. debe enviar, una es el rechazo a la política de los Acuerdos Bilaterales de Inmuni-dad (ABIs) lo que significaría un cambio peque-ño pero muy positivo y significativo.”
Salvador Herencia, Asesor Legal de la Comisión Andina de Juristas
“EE.UU., que era un modelo de justicia, liber-tad y respeto por los derechos humanos es hoy un Estado que, con su intervención en Afga-nistán e Irak, el establecimiento de un centro de tortura como Guantánamo y la firma de los ABIs que socavan la Corte, debe recobrar su prestigio al renovar su liderazgo en la lucha contra la impunidad. No importa quienes sean los autores de estos crímenes graves, sean esta-dounidense o no, EE.UU. debe facilitar el tra-bajo de la justicia internacional. La paz mundial depende de ésta.”
Ali Ouattara, Coordinador de la Coalición de Costa de Marfil por la CPI.
“El nuevo gobierno debe presionar, sin descartar sanciones, a países que como Sudán, se rehúsan a ejecutar las órdenes de la Corte y al mismo tiempo apoyan a países que no tienen la capaci-dad de ejecutar las órdenes. EE.UU. debe usar su poder en el Consejo de Seguridad de la ONU para señalar a los países que no cooperan con la CPI y hacer todo lo que se encuentre a su alcance para cooperar plenamente con la Corte”
Jan Kratochvíl, Liga de Derechos Humanos, Re-pública Checa
Durante los primeros diez meses de su gobier-no, el nuevo presidente debe revertir el “retiro de la firma” del actual gobierno al Estatuto de Roma, para iniciar la revisión de las políticas de los EE.UU. en preparación a la Conferen-cia de Revisión en 2010 y constituirse en una delegación observadora “constructiva” en la Asamblea de Estados Partes, donde el asiento de los EE.UU. se ha mantenido vacío por lar-go tiempo. El Congreso ya ha rechazado las sanciones económicas anti-CPI impuestas a naciones como parte de la Ley de Protección para los Soldados Estadounidenses y se espera que no se renueven las sanciones contenidas en la enmienda Nethercutt. Sin embargo, la legis-lación estadounidense aún contiene numerosas prohibiciones sobre cooperación con la CPI que el nuevo presidente debe abordar. Estos pasos deben ser públicos y acompañados por una dis-cusión franca que adecuadamente enmarque a la Corte como una institución vital para los derechos humanos en el siglo XXI.”
Don Kraus, Jefe Ejecutivo de “Citizens for Global Solutions”
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En vísperas de la próxima elección presidencial, El Monitor habló con miembros de la Coalición y personas claves para recopilar sus con-sejos al 44vo presidente electo de EE.UU. Para ver más respuestas, visite: www.iccnow.org.
ESTIMADO SR. PRESIDENTE:
c/o WFM, 708 3rd ave, 24 Flnueva York, nY 10017 ee.UU.teléfono: + 1 212-687-2863 Fax: +1 212-599-1332email: [email protected]
COALICIóN POR LA CORTE PENAL INTERNACIONALWeb : http://www.iccnow.org
