EL PAÍS DE CALDERÓN

El ataque del jueves 25 al Ca-sino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la trans-formación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el

temor de una mayor violencia narcoterro-rista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto rango expertos en antiterrorismo.

Altos oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y ahora están involucrados en el

LA GUERRA DE CALDERÓN

JORGE CARRASCO ARAIZAGA combate al narcotráfico, se han dedicado a elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito definido: evitar que la violencia se extien-da hacia territorio de su país, el principal mercado de drogas ilegales.

Contenida aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una confrontación entre empresas de-lictivas que buscan afectar sus respectivos intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos políticos, co-mo lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.

La magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México de terrorismo vinculado a la de-lincuencia organizada, a pesar de que, desde el 15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró en Morelia, Michoacán, a ma-nos de presuntos zetas.

Un segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un coche bomba en el centro de Ciudad Juá-rez en plena hora de actividad. La acción fue adjudicada a La Línea, el grupo arma-do del cártel de Juárez.

El atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.

De acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agre-sión: Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los narcotraficantes mexicanos en la lista in-ternacional de terroristas, se habría des-plegado una acción internacional para contener a estos grupos.

“La omisión y la negligencia son im-perdonables” porque gobiernos como los de los tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condi-ción de asesor de esa organización en de-lincuencia organizada.

A diferencia de la lista que elabo-ra el gobierno de Estados Unidos, la de Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación internacional, con lo que se evita la pro-liferación de mercenarios estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en universidades e insti-tutos de Estados Unidos, de países euro-peos, de Argentina y de México.

Desde el momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a tra-vés del vocero de seguridad nacional, Ale-

jandro Poiré, lo calificó como un acto de terror.

Como abogado, el presidente Calde-rón sabe que cuando menciona actos de terrorismo hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a Proceso.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qae-da en Estados Unidos, el Consejo de Se-guridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en la que, entre otras consideracio-nes, refiere “la conexión estrecha entre el terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas ilíci-tas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de materiales po-tencialmente letales.

Además, los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuen-tes de financiamiento de los grupos terro-ristas y de las instituciones financieras o empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios públi-cos y políticos que los apoyen.

Delincuencia de alta intensidad

Si México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación internacional muy amplia”, como ocu-rrió en el caso de Colombia contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les reti-raron todos los apoyos en el mundo, em-pezando por el cierre de las “embajadas virtuales” que tenían en varios países, incluido México.

Pero Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo inter-nacional haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las impli-caciones en lo que ha sido su principal ac-ción de gobierno.

Estados Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza for-malmente declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles fronterizos que causarían im-pacto económico y social.

Ni México ni Estados Unidos han que-rido dar ese paso formal. Washington pre-fiere manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un día después del atentado en Mon-terrey, el diario The New York Times pu-blicó que Estados Unidos ha permitido a A

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Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presi-dencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, decla-radamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.

narcoterrorismoecha raíces

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futbol de Torreón, el asesinato “político” del periodista sinaloense Humberto Millán y la muerte de 52 personas en Monterrey, crí-menes ocurridos en cinco días, prominentes miembros del PAN ven rebasado al gobierno de Calderón y han dado voces de alarma.

Luego del incendio en el casino de Mon-terrey, y en respaldo a los tres días de luto nacional decretado por Calderón, el CEN del PAN, presidido por Gustavo Madero, anun-ció la suspensión de la sesión del Conse-jo Nacional, previsto para el sábado 27, y los cinco aspirantes a la candidatura presiden-cial cancelaron sus actividades.

En el repudio a la acción criminal, el ex-presidente Vicente Fox fue el único audaz: Propuso que un grupo de expertos “convo-que a los grupos violentos a una tregua”, se expida “una ley de amnistía” y se valore re-gularizar las drogas, entre otras medidas que conforman una “vía alterna” a la estra-tegia de Calderón.

“He tomado la decisión de convertirme en una voz que convoca a México entero a un camino de paz, armonía, no violencia”, expuso el expresidente. “Lamento mucho tener que ser una voz discordante, (pero) los hechos nos dicen que no es con violencia como se combate la violencia”.

Y sin aludir a Calderón, con quien está políticamente confrontado, añadió: “A los to-madores de decisiones les hago un llamado a revisar por qué no funciona, por qué no es-tamos avanzando, por qué la falta de un sen-tido de urgencia en las tareas por realizar”.

Aunque los senadores del PAN descali-ficaron las propuestas de Fox, tuvieron que reconocer que el gobierno de Calderón es-tá rebasado, aunque involucraron también a los otros poderes del Estado.

“En el combate al crimen organizado no se puede dar ninguna tregua, es lo que la sociedad está demandando, no podemos dejar que nos ganen, no es posible permi-tir que esto siga avanzando de esta manera y el Estado debe de combatir al crimen or-ganizado con toda la fuerza del Estado”, ex-presó el coordinador parlamentario, José González Morfín.

Pero el senador Ricardo García Cervan-tes, distante de las posiciones oficiales, ya había advertido, antes del ataque en Mon-terrey, que las acciones gubernamentales contra el crimen son insuficientes.

El legislador, nacido en Torreón, Coahui-la, se refirió en la sesión de la Comisión Per-manente, el miércoles, al abandono que su-fre la región de La Laguna, que ilustró con dos casos: Los reos que salían por las no-che del penal de Gómez Palacio para asesi-nar ciudadanos y la balacera ocurrida, el sá-bado 20, en las inmediaciones del estadio Nuevo Corona, durante el partido de Santos contra Morelia.

“Actos como ése que ha costado la vida a numerosas víctimas y muchos otros co-mo el sucedido en el estadio de futbol el fin

de semana, causando angustia y pánico a 20 mil aficionados (niños, mujeres, jóvenes y hombres), son señales de lo que sería una crisis en cualquier parte el mundo y aquí só-lo es ‘una llamada de atención’, como lo ca-lificó Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional”, expresó.

Hablando como ciudadano –“no creo que algún partido político sea sello de garantía, to-dos estamos rebasados y descalificados por la realidad”–, García Cervantes aludió a las contradicciones entre autoridades para expli-car que lo ocurrido en el estadio “fortalece la sospecha de la protección que se brinda des-de el poder a grupos criminales”.

Y reprochó: “Combatir el poder de fuego sólo con más fuego es ineficaz. En esta gue-rra que libra el Estado mexicano no he vis-to los golpes al crimen organizado en mate-ria de lavado de dinero para desmantelar las redes que financian las actividades del nar-cotráfico con las que se compran armas, se pagan sicarios y se fomenta la corrupción infiltrando y cooptando a autoridades”.

Planteó: “Otra vertiente que se suma-ría en la estrategia es ir en serio contra el la-vado de dinero, pues tampoco seamos in-genuos, hay mucha gente que ha estado prohijando esta situación por años, como cómplices de los criminales, lavando dinero y haciendo negocios”.

Crímenes políticos

Clouthier Carrillo piensa lo mismo y alude a los centro de apuestas como el que fue de-liberadamente incendiado en Monterrey: “Los casinos en México, la mayoría de ellos, son centros de lavado de dinero. Esto lo sa-bemos los ciudadanos y lo sabe la autori-dad, y la pregunta es por qué se autorizaron y por qué hoy no se investiga a fondo en tér-minos de centros de lavado de dinero”.

Y como García Cervantes, quien conde-na el abandono de la región de La Laguna, Clouthier insiste en que Calderón no quiso atacar el narcotráfico en Sinaloa: “Esto que estoy diciendo significa que los sinaloen-ses ya nos fregamos. Si no le entraron en los cinco años anteriores, si no le entraron este año que tenían a su gobernador, Mario Ló-pez Valdés, ya no se hizo nada”.

Añade: “Quiero insistir en este punto, porque ellos pudieron decir que no era go-bernador de ellos Jesús Aguilar Padilla, pero a Malova lo hicieron ellos candidato. El pre-sidente lo hizo candidato, no sé si sea go-bernador de él, pero candidato sí fue, de manera que si no le entran ahorita quiere de-cir que para efectos prácticos los sinaloen-ses ya no tenemos ninguna esperanza de que el gobierno calderonista vaya a tener atención a Sinaloa”.

Pero en general, insiste, no se ha ataca-do al crimen en México, sobre todo la co-rrupción: “Los malos están coludidos con la autoridad y en muchísimos casos los malos

son la autoridad. Aunque a muchos políticos y especialmente al presidente Calderón no les guste, muchas veces los malos son las autoridades. Por eso vengo sosteniendo la necesidad de que se combata la corrupción que le da sustento al crimen organizado. Y eso no lo hemos visto en este país”.

Otro aspecto que condena Clouthier Ca-rrillo es el asesinato de periodistas, como el de Humberto Millán Salazar, secuestrado y asesinado el miércoles 24, en Culiacán, y so-bre el cual periodistas del estado publicaron, el viernes 26, un duro desplegado dirigido a Calderón y a López Valdés para exigirles el esclarecimiento de quien “en su ejercicio pro-fesional, critico, mordaz, se caracterizaba por destapar las cloacas de la clase política”.

El desplegado decía: “El asesinato de Humberto Millán Salazar nos manda una se-ñal devastadora para el ejercicio periodísti-co. Y constituye una advertencia, de la clase política, a la que el periodista cuestionó con su crítica aguda, de que en Sinaloa hay in-tocables. Exigimos que su compromiso por esclarecer los hechos no sea una retórica hueca. Ya estamos hartos de la simulación institucional”.

El legislador, quien dirigió el diario No-roeste, conocía bien a Millán: “Era un pe-riodista que permanentemente escribía so-bre la clase política. Nunca se metió a hacer análisis de crimen organizado ni era joto, porque ahora cuando matan dicen que era homosexual o traía líos de falda o estaba metido con el crimen organizado. Aquí nin-guna de las tres le aplican a Humberto. De manera que tiene que investigarse a la clase política en Sinaloa”.

–¿Fue crimen político?–Así lo considero, no puede ser de otra

manera. Él era un periodista que permanen-temente señalaba a la clase política.

Y por ello, el diputado panista advierte que en el atentado contra el casino de Mon-terrey debe también investigarse la vertiente política y no sólo la criminal: “No se puede, de manera lineal, pensar que en estados co-mo Sinaloa y Nuevo León todo proviene del crimen organizado, y no necesariamente. Estas acciones pueden venir de grupos que tienen interés de generar un ambiente que demande el día de mañana una acción auto-ritaria. Entonces no puede verse ajeno tam-poco al ambiente político que ya se vive en el país y que tiene que investigarse esa ver-tiente también”.

Advierte: “Hay quienes añoran un pa-sado autoritario, estos pueden estar dis-puestos a generar desmadre, generar desorden, incluso disfrazados de crimen organizado para crear un ambiente que demande la acción autoritaria. No se pue-de seguir viendo bajo la lógica del crimen organizado, sino en la lógica del poder. El año que entra será un año definitorio, por-que México se estará debatiendo entre el futuro y el pasado”.

agentes mexicanos encubiertos perseguir a narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.

Conocida como Operación Boome-rang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor industrial que forman Monte-rrey y Nuevo Laredo, en Texas.

El diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares retirados de Estados Unidos en una instalación mi-litar, precisamente en el norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de 2010. Además, ha per-mitido la participación de elementos de diversas agencias estadunidenses en in-vestigaciones, detenciones y labores de vigilancia en aeropuertos.

En su edición del viernes 26, el perió-dico neoyorquino también mencionó la forma en que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo en Afga-nistán e Irak”.

Varios oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro responsable de las operaciones militares

ÁLVARO DELGADO

Rebasado por la violencia, omi-so en el combate a la corrupción y concentrado ya en lo electoral, el gobierno de Felipe Calderón

se agotó en su quinto año, concluye el dipu tado panista Manuel Clouthier Carri-llo, quien visualiza más tragedias como la ocurrida en el Casino Royale de Mon-terrey, el jueves 25, por el vacío de poder en el ocaso del sexenio:

“El año que entra habrá vacío de poder, el gobierno ya no va a hacer na-da en seguridad y entonces ese vacío de poder se va a llenar con mayores es-pacios de incertidumbre y de tragedias para la sociedad, como lo estamos vien-do hoy.”

–¿Es un sexenio perdido?–Es un sexenio acabado. Ya se aca-

bó para efectos de seguridad para los mexicanos. Ya no van a hacer nada. Si no lo hicieron en cinco años, ya no lo van a hacer hoy ni lo van a hacer el último año de gobierno.

–¿Por ineptitud, por impotencia o por complicidad?

–Ahí, ya lo hemos platicado en el pasa-do, caben todas las vertientes.

Crítico de la estrategia de Calderón por no atreverse a atacar la “narcopolítica” de Sinaloa y al cártel encabezado por Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guz-mán, como lo declaró, en febrero del año pasado en entrevista con Proceso, Clou-thier Carrillo insiste:

“Este sexenio, para efectos de combate al crimen organizado, ya se acabó. Le que-da el año electoral. Para Sinaloa, y en gene-ral para México, yo no espero nada del go-bierno calderonista en términos de combate al crimen organizado. Es su último año. Na-die se va a atrever a hacer las cosas.”

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) evoca a su padre, el excandidato pre-sidencial Manuel Clouthier del Rincón, para asegurar que los funcionarios del gobierno de Calderón, el próximo año, “se van a de-dicar a flotar y esto va a generar un vacío de poder, que el crimen organizado va a llenar.

“Aplico la frase de mi padre: En la polí-tica no hay espacios vacíos, en la criminali-dad tampoco. El espacio que no llena la au-toridad como Estado, el crimen organizado lo está llenando, de tal manera que el año que entra lo que visualizo, con tristeza, es que vamos a encontrar un vacío de poder, al venir menguando el poder del presidente Calderón, y que las cosas se van agravar to-davía más.”

Pone como ejemplo el ataque al casino de Monterrey, que dejó 52 muertos calcina-dos: “Yo esperaba que esto se viera hasta el año que entra y, sin embargo, la omisión del Estado ya está, y cuando hablo del Estado me refiero a todos sus órdenes, las institu-ciones, los militares, en fin”.

Dice coincidir con el juez Giovanni Fal-cone, quien enfrentó a la mafia en Italia, quien postulaba que la arrogancia de los cri-minales es proporcional a la ausencia del Estado. “Lo creo firmemente: Lo que ha su-cedido en México, el nivel al que han llegado las cosas, es porque no hay Estado. Hay un Estado corrupto, omiso, irresponsable, en fin, una asquerosidad el Estado en general”.

Tregua a debate

Y es que tras la balacera en el estadio de

Hasta los panistas advierten:

y viene más...

Ger

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seco

Monterrey. Más violencia que en Juárez


Y advierte: “La lógica del miedo es tam-bién una forma de dominación y control so-cial muy poderosa. Causa parálisis social, confusión, aislamiento, amurallamientos, segregación, pero también pánico social, paranoia y fenómenos masivos. El miedo alimenta la pérdida de la identidad individual y social. Poco a poco vamos dejando de creer en la posibilidad de proyectos colecti-vos, lo que provoca una ruptura profunda en el tejido social: crece la desconfianza en los grupos y en las relaciones sociales. Genera impotencia, frustración y desesperanza pa-ra construir nuestra propia historia fuera de la violencia”.

–¿Qué puede provocar la inmovilidad en la sociedad, qué consecuencias puede traer en una situación de violencia como la que vivimos? –se le pregunta.

–Existe un fuerte sentimiento de des-esperanza o de indiferencia. O aun peor: un sentimiento de desesperanza aprendida por medio del cual no importa cuánto nos este-mos esforzando como sociedad para que cambien las cosas. Éstas parecen no es-tar cambiado, o sí lo han hecho, pero no pa-ra bien. El miedo y la desesperanza contri-buyen al rompimiento de la cohesión social, y por lo tanto del tejido social. Favorecen el autoritarismo y legitiman la violación de de-rechos humanos en nombre de la seguridad.

Y dice con esperanza: “Pero si por al-go nos hemos caracterizado como sociedad es por apoyarnos en los momentos difíciles:

tengo la certeza de que ahora, con las fami-lias de las víctimas, hay alguien, un amigo o amiga, otro familiar, inclusive otros sobrevi-vientes, que están con ellos, acompañándo-los, escuchándolos, compartiendo su dolor, y eso es invaluable”.

–¿Cómo tratar un trauma que ocasiona miedo, terror, desesperanza, desilusión?

–Para las víctimas, los servicios de apo-yo y la reparación del daño serán fundamen-tales. Por reparación del daño no hablo sólo de compensar económicamente a las víc-timas, que así se ha entendido a la repara-ción. Esa sólo es una parte, porque ¿cuán-to cuesta la vida de un ser querido? Falta trabajar mucho en los procesos de recu-peración y de justicia restaurativa; en la re-construcción del sentido de la vida en las fa-milias, pero también en el sentido de la vida colectiva en las comunidades.

–¿Qué recomendaciones se hacen pa-ra tratar a las víctimas y a la sociedad des-pués de recibir el impacto de un hecho de esta naturaleza?

–Más allá de los servicios de atención a víctimas con los que cuentan los gobiernos federal y estatal, el trato debe ser compasi-vo y respetuoso, y la atención, digna, empá-tica y suficiente.

Pero no sólo eso, añade, sino que tam-bién debe haber justicia. “Queda otra for-ma casi siempre ignorada: es preciso hacer justicia. Cualquier atención queda vacía, sin sentido, cuando no hay justicia para las víc-

timas, cuando son utilizadas mediática y po-líticamente, cuando quedan como una es-tadística de bajas y no como el centro de la justicia y de las acciones del Estado”.

Sin embargo, apunta, no todo está per-dido. “Ya existen esfuerzos más o menos or-ganizados, valiosos esfuerzos principalmen-te de las víctimas de esta guerra, por romper esa inmovilidad. Ese es el espíritu que no nos debe abandonar: no ser cómplices de lo que sucede, no sucumbir al terror, no acallar el sufrimiento y el dolor de quienes están lle-vando la peor parte: las víctimas. De lo con-trario, el conflicto violento puede transmu-tar hacia varias formas, inclusive hacia un conflicto armado interno, cuando se cree o percibe que todo lo demás simplemente no funciona”.

Sin liderazgos

El doctor Mario Arroyo, experto en seguri-dad, reducción del delito y prevención de la violencia, plantea que, además del mie-do y los efectos postraumáticos individuales y colectivos que traerán consigo estos ac-tos de terrorismo, la sociedad mexicana en-frentará una escalada de violencia, así como

que tienen metas esencialmente delicti-vas… y en el que el Estado es parte del conflicto (Proceso 1815).

Asegura que México vive una delin-cuencia de alta intensidad por “una gue-rra motivada por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercom-petitivo” de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la vio-lencia como la de Monterrey “es un me-dio, no un fin”.

Por una salida multilateral

En otro texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista, pero cuan-do el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contra-insurgencia fueron conducidas bajo la tapa-dera de operaciones antinarcóticos”.

Asegura que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos,

las operaciones antidrogas se han subsu-mido bajo el contraterrorismo. “Cada pre-sidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en el ambiente in-ternacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en el Casino Royale.

Son muchos los analistas estaduniden-ses que insisten en que el combate al nar-cotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su “imperativo estratégi-co” de Afganistán e Irak a México.

Edgardo Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de ma-nera formal a la ONU las acciones que es-tán realizando los cárteles mexicanos. Eso sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es un problema que ya se le salió de las manos”.

Una segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos gru-pos, tal como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos terroristas.

Las imágenes de la gente tratando de huir del estadio de futbol en Torreón y las de los cuerpos calcinados o as-fixiados del Casino Royale en Monte-

rrey “son devastadoras” e indelebles. Ex-pertos en seguridad y en el trato a víctimas de la violencia advierten que el impacto indi-vidual y social de estos eventos será imbo-rrable y que al provocar miedo, terror, des-aliento, rabia, frustración, también causarán daños a la cohesión social y la esperanza.

Pero consideran asimismo que eso po-dría mover la tentación autoritaria del go-bierno de Felipe Calderón, quien de hecho ya intenta implementar una política de te-rror de Estado reforzando su estrategia mili-tar. De igual manera, dicen que esta opción no resolverá el problema del narcotráfico, si-no que, por el contrario, aumentará la vio-lencia institucional y la violación de los dere-chos humanos.

Verónica Martínez Solares doctora en

de Estados Unidos en América del Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es elaborar información de inteligencia sobre las re-des de la droga mexicanas.

“Esos militares están tratando de lle-var lo que hicieron en Afganistán y hacer lo mismo en México”, citó el diario apo-yado en fuentes oficiales no identificadas.

El señalamiento del Times confir-ma la visión ya expresada por Paul Rex-ton, quien fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que re-cientemente estuvo en la frontera Méxi-co-estadunidense para investigar sobre la violencia de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Actual profesor de Estudios de Seguri-dad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, Rexton publi-có apenas el 12 de junio pasado en el sitio electrónico smallwarsjournal.com el tex-to: México, un mosaico de la guerra de los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta intensidad que se tra-duce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales

En ciernes,una depresión colectivaJOSÉ GIL OLMOS Derecho e investigadora en el Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto de Criminología de la Universi-dad de Cambridge, Inglaterra y en el Depar-tamento de Criminología de la Universidad de Ottawa, Canadá, señala que para las víc-timas y las comunidades las consecuencias de estos actos, calificados oficialmente de terrorismo, serán devastadoras.

“Ninguna palabra que pueda ahora ex-presar reflejará, para ellas, la justa dimen-sión de todo aquello por lo que están pasan-do, por lo que estamos pasando. No sólo es la pérdida de sus seres queridos, sus hijos, padres, madres, amigos, compañeros. Es la pérdida de la dignidad humana y de la es-peranza, la destrucción de la forma en que cada uno de ellos concebía el mundo, sus sueños y proyectos. Es la pérdida de su dig-nidad porque a veces son vistos por el sis-tema como meros ‘daños colaterales’ o estadísticas.

“Es la pérdida de la esperanza y del sen-timiento vital porque, por lo general, estos hechos van acompañados de impunidad y,

cuando se denuncian, las autoridades no al-canzan a protegerlos adecuadamente. Has-ta ahora, el mismo Estado se ha hecho parte de estas tragedias, ya sea por acción, omi-sión o aquiescencia.”

Especializada en atención a víctimas, prevención del delito y seguridad ciudada-na, Martínez Solares analiza los impactos que tendrán en la sociedad mexicana los úl-timos actos violentos perpetrados por el cri-men organizado en Coahuila, Ciudad Juá-rez, Michoacán y Monterrey. Afirma que pueden derivar en el ahondamiento de una crisis social porque “la esencia del caos es el terror”.

Integrante del consejo directivo de la Or-ganización Internacional para el Apoyo a Víctimas (IOVA) y consultora experta para el Banco Mundial, el Centro Internacional pa-ra Ciudades Sustentables, ONU Hábitat, el Programa de Naciones Unidas para el Desa-rrollo (PNUD) y el Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, la investi-gadora señala que se están abriendo nume-rosas heridas y cunden los resentimientos, el malestar, el rencor, la desconfianza y los deseos de venganza.

Considera que el miedo “puede disparar muchas respuestas que legitimen inclusive acciones violatorias de derechos humanos, que atenten contra las formas de conviven-cia democrática y desemboquen en formas de ‘justicia por propia mano’, que de justicia sólo tienen el nombre”.

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Lo que quedó de la casa de apuestas

el orden a costa de lo que sea, lo cual es un error porque causará mayores niveles de violencia.

–¿Cuál sería el impacto de esta polí-tica en la colectividad?

–Lo que se tiene es la depresión co-lectiva, y obviamente al entrar en ese es-tado depende mucho de las condiciones físicas y emocionales de cada individuo. Es un efecto de cascada, de emociones negativas, y aquí se presenta otro pro-blema porque usualmente tendría que ser la autoridad la que se pusiera en el li-derazgo para trasmitir tranquilidad, pe-ro al no tener legitimidad y adolecer de gran falta de credibilidad, eso genera más angustia.

“Justamente en estos momentos es cuando ciertas personas se encum-bran como líderes, pero esa es otra tra-gedia porque tenemos una gran des-confianza en nuestros líderes, no tienen legitimidad. Carecemos de una voz que nos explique lo que ocurre y eso es fun-damental. Esa es una de las asignaturas pendientes.”

Sentencia: “Quiero ser enfático y du-ro: no necesitamos de burócratas que co-bran por quincena y que desconocen el tema de seguridad. Necesitamos de pro-fesionales de la seguridad y que tengan amor por el país. Puede sonar romántico, pero se requieren personas de esa natura-leza, y si no las tenemos hay que empezar a formarlas”.

Sinaloa se consolide en el país. Están es-perando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.

Buscaglia corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con unas Fuerzas Armadas que no están pre-paradas para combatir en teatros de operacio-nes, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.

Advierte que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de los al-caldes, ya son 26 los asesinados.

Insiste: La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han vis-to en América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.

Cuando los grupos delictivos se trans-forman en terroristas y empiezan a atacar objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos, congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha protegido”.

una falta de líderes sociales que hablen con la gente y la organicen para enfrentar la polí-tica belicista de Felipe Calderón.

Director del Centro de Estudios para Prevención de la Violencia, capacitador en reducción del delito para América Latina por parte del Programa de Naciones Unidas pa-ra el Desarrollo (PNUD), y coordinador del Programa de Acción Específico de Preven-ción de la Violencia 2007-2012 para la Se-cretaría de Salud, el doctor Arroyo sostiene que con estas acciones el crimen organiza-do está “ridiculizando” al gobierno federal, estableciendo una política de terror y miedo.

“El impacto social se va a venir en diver-sos flancos; uno de ellos es que echa aba-jo esa tendencia oficial de los gobiernos fe-deral y locales de negar la realidad. Además, sitúa en el entorno internacional lo que está pasando en Monterrey, la ciudad más indus-trializada del país.

“Los impactos sociales no sólo van a ser a nivel individual, en el terreno estrictamen-te psicológico de eventos traumáticos, de sín-drome de estrés postraumático en niños y las personas más vulnerables. También expondrá el estado de indefensión que hay en la socie-

dad y en sectores como los empresarios.–¿Algunas de las implicaciones serían el

aislamiento y la inmovilidad social?–En el caso mexicano tenemos pocos

antecedentes para saber qué es lo que va a ocurrir. En el caso de Morelia, lo que sucedió al año siguiente de los granadazos en la pla-za el día del Grito fue un retraimiento de las actividades públicas. La gente se refugió en sus casas, se alteró significativamente la vi-da social, pero como los acontecimientos siguieron, existe una suerte de resistencia y de arrojo de la población que empieza a nor-malizar la violencia.

“Esa es una de las opciones que han se-guido las sociedades: incorporar esos even-tos a su vida cotidiana; la otra es que se retraiga la vida pública, como ocurre en ciu-dades como Torreón u otras del país, como Matamoros o Reynosa, donde hay un de-terioro absoluto de la cohesión social y una afectación directa a la vida comunitaria.

“En Monterrey no se ve claro. Creo que la dinámica de la sociedad está muy desa-gregada porque está muy fragmentada en clases sociales. No hay específicamente una comunidad en el estricto sentido de la


Son los casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen políti-cos, como en Colombia: No es que des-aparezca la delincuencia organizada, sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.

Pero en México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el aumento de la violencia se debe a

que las organizaciones delictivas atacan las bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.

Ante ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló la mañana del viernes 26 en cadena nacional.

“El consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y an-tes fue incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que ha ocurrido es que el Estado mexi-

cano se ha fragmentado y sus recursos ahora son utilizados por los grupos crimi-nales. Cada organización tiene su parte”, dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.

Señala “otro mito” de Calderón: pen-sar que una Ley de seguridad nacional “militarizada, fascistoide, de los años cua-renta”, va a resolver el problema, como también lo hizo ver en su mensaje al re-procharle al Congreso que no haya apro-bado su iniciativa de ley.

“El presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Se-guridad Nacional a secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.

Las Fuerzas Armadas, precisa, son só-lo una dimensión de la seguridad nacio-nal, es un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la Unión Europea.

En lugar de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una alianza centrada en el cártel de

palabra y este asilamiento natural, geográfi-co y socioeconómico del área metropolitana de Monterrey da la impresión de que sí po-dría agudizarse el retraimiento de la gente a raíz de este tipo de acontecimientos.”

El especialista considera positivo aun-que tardío el reconocimiento por parte del gobierno federal de que estos son actos de terrorismo, pero también advierte de las consecuencias de ese reconocimiento.

“Hay dos políticas que normalmente los países suelen seguir en torno a situaciones de inseguridad o de violencia como la que se está viviendo en este caso en Monterrey. Una es la política estadunidense que consis-te básicamente en promover o continuar el miedo o el pánico para introducir legislacio-nes de corte autoritario o represivo que persi-guen propósitos políticos de otra naturaleza. El riesgo que se corre con esto es la tenta-ción autoritaria de avanzar en un estado de seguridad violando garantías individuales o no respetando derechos humanos.”

La otra, precisa, es la británica que con-siste en hacer entender a la sociedad que existen riesgos, amenazas y que es una res-ponsabilidad de gobierno y ciudadanos es-tar preparados ante los posibles riesgos con protocolos de seguridad en escuelas, cen-tros comerciales, transporte. En esta política no se usa el miedo sino la cultura de la se-guridad para hacer partícipe a la sociedad.

En el caso mexicano, de acuerdo con los antecedentes, sostiene que se optará por la vía bélica, por el recurso de imponer

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El mensaje de condolencia

gales–, las cuales dejan de pagar al Estado por concepto de impuestos al menos 2 mil millones de pesos anuales.

Concesionarios que pidieron el anoni-mato afirmaron a este semanario: “Vemos con gran preocupación que los estableci-mientos que operan de manera ilegal son caldo de cultivo para la participación del cri-men organizado; existen datos que arrojan que dichos lugares son utilizados como pan-tallas en la red de estrategias para el lavado de dinero producto de actividades ilícitas”.

Igualmente mencionaban la corrup-ción gubernamental: “Es evidente que de-trás de cada uno de los 185 casinos ilega-les detectados existe la participación, por acción o por omisión, de funcionarios pú-blicos desleales. Existe la fuerte presun-ción de que los casinos ilegales se utilizan para blanquear dinero producto del crimen organizado” (Proceso 1810).

El 17 de septiembre de 2004 el enton-ces presidente Vicente Fox emitió el de-creto de Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, promovido por el entonces se-cretario de Gobernación Santiago Creel y respaldado por el titular de Hacienda del sexenio foxista, Fran-cisco Gil Díaz.

La Cámara de Diputados inter-puso una controversia constitucio-nal ante la Suprema Corte de Justi-cia de la Nación el 15 de octubre de 2004 por considerar que el regla-mento violaba La Ley Federal de Juegos y Sorteos; finalmente los magistrados fallaron a favor del Ejecutivo.

De 1973 a 2000 –bajo gobiernos priis-tas– el país tenía 16 permisos que permitían establecer 301 centros de apuestas, aunque sólo operaban 122. Al fallar la Corte en pro del gobierno federal en 2005, Creel otorgó siete permisos para que se establecieran en el país 198 establecimientos; el 17 de mar-zo de ese año autorizó cinco más y el 29 de abril, en un solo día, avaló 193, se indica en el reporte de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para revisar la entrega de los nuevos permisos y que presi-dió el legislador federal priista Héctor Gu-tiérrez de la Garza.

Según la Asociación de Permisiona-rios de Juegos y Sorteos, a la fecha hay 26 concesionarios autorizados que han insta-lado en todo el país 550 casas de apuestas, aunque tienen permiso para abrir 840. La asociación no precisa si los que están en funciones son legales o ilegales.

De acuerdo con el estudio de uno de los permisionarios más poderosos –por su número de centros y sus redes políticas y quien pidió el anonimato por temor a re-

presalias– en 2010 había 311 casinos en el país, de los cuales sólo 126 eran legales.

Sin dique, la inseguridad

Uno de los políticos que durante 12 años ve-rificó que no se instalaran juegos de apues-tas en el país, primero como director de Gobierno y luego como secretario de Go-bernación, Manuel Bartlett Díaz, acusa al gobierno federal panista de “quitar el dique a la prohibición del juego”, generar “la ex-plosión” de casas de juego y poner en peli-gro “la seguridad del país”.

Recuerda que desde el presidente Lá-zaro Cárdenas el Estado mexicano consi-deró la instalación de los casinos un in-conveniente para la salud social “porque traen la posibilidad de muchas cosas, co-mo prostitución, trata de blancas, etcétera.

“La explosión y las consecuencias em-piezan al abrir en 2005 un reglamento. El go-bierno panista rompe, quita el dique que se puso en Gobernación. ¿Y por qué el tema es-tá en Gobernación y no en Turismo? Porque es un tema delicado, por todo lo que implica:

narcotráfico, trata de blancas, lava-do de dinero, y pone en peligro la seguridad nacional”, sostiene.

–¿Los casinos ponen en peli-gro la seguridad del país?

–Todo lo que sea promover ac-tividades riesgosas pone en peligro la seguridad. Por eso tienes una po-lítica que te dice: “Esto no convie-ne para la seguridad del país”.

El exgobernador de Puebla sos-tiene que el gobierno panista lega-

Víctor Hugo Valdivia EstradaLA GUERRA DE CALDERÓN

La urdimbre mafiosa que

Podría decirse que el ataque terrorista al Casino Royale de Monterrey estaba más que anunciado. Voces de la oposi-ción advirtieron que los casinos eran un peligro: junto a ellos, señalaron, se desarrollan estructuras tipo mafioso que explotan la trata de blancas, el narcotráfico, el lavado de dinero y la violencia. Una legisladora perredista pidió a la PGR que investigara algunas casas de apuestas regio-montanas, pero la ignoraron. Y Manuel Bartlett, exsecre-tario de Gobernación, afirma que el gobierno federal es responsable de la proliferación de los casinos por “quitar el dique a la prohibición del juego”, con lo que puso en peligro “la seguridad del país”.

JESUSA CERVANTES

El gobierno emanado del PAN le-galizó el juego, dejó de supervi-sar en los estados la operación de los casinos, provocó un cre-cimiento desbocado de las ca-sas de apuestas –de 122 a 550 en una década– y “se coludió con poderosas organizaciones”,

con lo que puso en peligro “la seguridad” del país. Una muestra de ello fue el ataque terrorista perpetrado contra el Casino Ro-yale de Monterrey el jueves 25, con saldo de 52 muertos.

Hace menos de dos meses, en su edi-ción 1810, Proceso dio cuenta de cómo im-peran en los casinos de Monterrey la anar-quía, los abusos y ciertas actividades ligadas al narcotráfico, como el lavado de dinero. Además, operan centros de apuestas ilega-les –que según algunas organizaciones em-presariales son poco más del doble de los le-

engendróel PAN

Foto SATVíctor Hugo Valdivia Estrada

nicipales se inconformaron con la manera de trabajar de Cavazos.

Al mes siguiente, el 23 de septiembre, Prisciliano Rodríguez, alcalde de Doctor González, fue asesinado por jóvenes con-tratados por una persona que disputaba unos terreros al ayuntamiento.

Y al final del año, la violencia llegó a su clímax. El 31 de diciembre último fue colgada viva y semidesnuda Gabriela Eli-zabeth Muñiz Tamez, La Pelirroja, en un puente peatonal de la colonia Mitras, so-bre la avenida Gonzalitos.

Días antes de su asesinato, los custo-dios de la cárcel, donde Muñiz purgaba una condena por secuestro, la llevaban a una consulta médica fuera del penal cuando un comando armado los interceptó y se la lle-vó. Su muerte fue la primera en su tipo en la ciudad.

El 20 de mayo pasado, en el Penal de Apodaca, otro municipio conurbado de la entidad, ubicado a 20 kilómetros al no-roriente de esta capital, 14 internos fue-ron ejecutados e incinerados en el interior del área de siquiatría; todos presentaban huellas de tortura. Hasta entonces esa era la mayor masacre registrada en Nue-vo León.

La violencia se incrementó. El 8 de ju-lio siguiente por la noche, otro homicidio múltiple cimbró la entidad, cuando un gru-po de desconocidos ingresó al bar Sabino Gordo, en el cruce de Villagrán y Carlos Salazar, y disparó indiscriminadamente contra los presentes. El saldo: 20 muertos.

El hecho provocó reacciones a nivel internacional. El gobernador Rodrigo Me-dina de la Cruz se comprometió a realizar las investigaciones para detener a los res-ponsables. Hasta hoy no hay ningún dete-nido…. Luego, el jueves 26, se perpetró la masacre en el Casino Royale.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia estatal, de 2008 a 2010 se han emprendido 196 mil 634 averiguaciones previas, aunque sólo se ejerció acción pe-nal en 9 mil 66 casos (5%). Y en los prime-ros siete meses de este año la dependen-cia contabilizó mil 189 muertes por homi-cidio doloso, cifra muy superior a los 828 ocurridos durante todo 2010.

Una encuesta coordinada por personal del Tecnológico de Monterrey, que fue pre-sentada por organismos privados el mar-tes 23, indica que 95% de los habitantes del área metropolitana de Nuevo León se sienten inseguros o poco seguros viviendo en la entidad.

El ejercicio, denominado Pulsómetro metropolitano de seguridad, incluyó una encuesta telefónica con 4 mil 498 ciudada-nos de nueve municipios metropolitanos y fue respaldado por el Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Cinclac), la Cámara de la Industria de la Transforma-ción (Caintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El estudio revela que sólo 39 de los ciu-dadanos encuestados considera que el go-bernador Medina realmente está compro-metido en el combate a la inseguridad.

puede considerar por autonomía estatal o municipal que un juez o un presidente mu-nicipal dejen pasar la instalación de casi-nos que no tienen permiso. Eso es falso, la autonomía tiene límites”.

Advertencia ignorada

El pasado 2 de mayo, la diputada federal perredista Lizbeth García Coronado advir-tió a las autoridades de Gobernación y de la Procuraduría General de la República las irregularidades que estaban ocurriendo con varios permisionarios, demandó una investigación y, en tanto se resolviera, la suspensión de actividades en los casinos.

Entre los permisionarios denunciados está Atracciones y Emociones Vallarta, operadora del Royale de Monterrey, que cuenta con un permiso desde 1992 pero a la que el gobierno de Calderón le autorizó –el 10 de junio de 2009– la instalación de otros 41 centros de apuestas.

Según la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos, en Nuevo León hay 57 casinos. Antes del reglamento propues-to por Creel tenía cinco (cuatro en Monte-

rrey); con el exsecretario de Gobernación se instalaron 10 (dos en Monterrey) y a par-tir del sexenio de Calderón empezaron a operar otros 42.

Según el estudio de uno de los permi-sionarios que pidió el anonimato, en esa entidad operan en la ilegalidad 24 casinos; le sigue el Distrito Federal con 24 y luego Coahuila con 16.

En Nuevo León han sido justamente las administraciones locales panistas las que les han permitido validar el permiso nacional e instalar los casinos. Por ejemplo, Adalber-to Madero, alcalde de Monterrey de 2006 a 2009, autorizó la instalación de 10, entre ellos el Royale entre cuyos propietarios hay tres parientes suyos: Rodrigo Madero Co-varrubias y sus dos hijos José Francisco y Agustín Madero Dávila. Otro caso es el del exedil panista de San Nicolás de los Garza, Zeferino Salgado, quien autorizó dos, y la actual presidenta municipal de Guadalupe, Ivonne Álvarez, que ya autorizó tres.

Lizbeth García Coronado, quien advir-tió de la ilegalidad, documentó que el Roya-le permitía juegos prohibidos, como naipes, ruleta y dados. Otros tres casinos propiedad


lizó el juego a través de un reglamento que está por encima de la Ley de Juegos y Sor-teos. “Fox siempre buscó pasar por enci-ma de las leyes con la creación de regla-mentos –como lo hizo con el de energía eléctrica, para permitir la entrada de tras-nacionales a la producción de energía y someterse a intereses económicos–. La ac-titud de Fox siempre fue ligera en materia legal, como lo es también la de Calderón.

“Se empieza a resquebrajar la línea de defensa de ‘no al juego’ al salto panista de buscar la legalización del juego a través de un reglamento; es un cambio ético, políti-co y económico. Es un cambio, ¡es el go-bierno panista!”, acusa.

El exsecretario de Gobernación consi-dera que ante el ataque al Casino Royale, no se puede considerar que el gobierno federal cayó en omisión, y los acusa de “colusión”.

“¡En estos hechos hay colusión, no hay omisión! Porque la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación es estar gober-nando todo... y todo es todo. Es el instru-mento de control del país, el control para la gobernabilidad. La gobernabilidad está en Gobernación, es el pivote. Por eso está ahí

MONTERREY, NL.- Esta ciudad se convirtió ya en referente nacional de la violencia luego del atentado del jueves 25 en el Casino Royale.

Hasta hace algunos meses, Ciudad Juá-rez seguía siendo considerado el destino más cruento de la República Mexicana, so-bre todo después de la masacre de 16 jóve-nes en el fraccionamiento Villas de Salvárcar la madrugada del 31 de enero de 2010.

Pero en el último año esta ciudad, capi-

tal industrial del país, y los municipios que conforman su área metropolitana, han sido escenario de diversos crímenes, acaso los más brutales de los que se tenga registro en la historia reciente. Y el del Casino Royale, en el cual murieron más de 50 personas, es considerado por el propio presidente Felipe Calderón como el más grande de los atenta-dos que haya sufrido la población civil.

El jueves 25 a las 15:45 horas, ocho hombres armados ingresaron al estableci-

Monterrey desplaza a Ciudad JuárezLUCIANO CAMPOS GARZA

miento de apuestas, en el sector de San Je-rónimo, al poniente de esta ciudad. Los pis-toleros amagaron a los clientes y los obliga-ron a replegarse; luego rociaron gasolina en la entrada del local y le prendieron fuego.

Y aun cuando varias personas alcanza-ron a salir, la mayoría quedó atrapada por la falta de salidas de emergencia; la puerta principal estaba envuelta en llamas.

Reportes de prensa señalan que algu-nas personas murieron con sus celulares en la mano, buscando desesperadamente con-tactarse con sus familiares.

Hasta el jueves 25, el principal referente de una masacre perpetrada por el crimen orga-nizado era la ejecución de 72 migrantes cen-troamericanos en un rancho del municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuyos cadáveres fueron descubiertos el 28 de agosto de 2010.

En la zona metropolitana de Monterrey hay un antecedente ominoso, el del 21 de julio del año pasado. Ese día fueron locali-zados 51 cuerpos en un predio abandonado cercano al fraccionamiento Las Águilas, en el municipio conurbado de Benito Juárez, distante 20 kilómetros al oriente de esta ca-pital; estaban en fosas clandestinas.

Terror paralizante

Nuevo León volvió a ganar notoriedad ese año, cuando dos alcaldes fueron asesina-dos en fila. El primero fue el edil panista Edelmiro Cavazos, de Santiago, quien el 18 de agosto fue acribillado por sicarios de Los Zetas, quienes apoyados por policías mu-

el dique de cerrar el paso a los casinos.”Y amplía: “Si existe un mecanismo pa-

ra que los presidentes municipales partici-pen en el aval de los casinos, pues Gober-

nación tiene que intervenir; si los jueces federales están dando amparos, pues tiene que intervenir. Gobernación tiene la obli-gación de hacerlo permanentemente y no

Bar Sabino Gordo. El ataque del pasado 8 de julioV

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mezBartlett. El gobierno, responsable

Sale Luis de donde yacen los cuerpos, con los ojos rojos.

Vio a su primo Jesús, de 30 años, otro trabajador del Royale:

“Está muerto, está muerto… apenas lle-vaba una semana allí. No encontraba traba-jo. Buscaba, buscaba y buscaba, y nada. De repente aquí le dieron chamba. Dejó hijos chicos. ¡No se vale!, ¡no se vale!...”

No habla más ni menciona su nombre completo:

“No quiero que me hagan propaganda. Sólo exijo que el gobierno ya pare todo es-to. ¿De qué se trata? Que viene al rato el

presidente… ¿a qué? Si sólo viene a hacer acto de presencia para la foto, lo considero como burla. En lugar de que ayude a los familiares de los asesinados y de verdad haga algo por Monterrey… Y nada. Don-de sea, te matan sin deberla ni temerla.”

Prefiere no continuar, pero golpea con su puño derecho la pared. Suena su celular y se aleja para contestarlo.

“Calderón sólo es un teatrero”

María ya casi no ve por la inflamación de sus ojos:

“Vine a identificar a mi mamá; ella trabajaba en ese sitio. Ya la identifiqué. Me dicen que no tengo servicio para el panteón, y a muchos les están dando. Mi mamá tenía 58 años. Era muy trabajado-ra. No puedo creer que esté muerta, no puedo. Le encontraron quemaduras, aún no me dicen cómo falleció. Ya no quiero saber, ¿para qué? Qué triste, qué triste…”

Una mujer humilde de 60 años busca a una amiga de su edad que siempre estaba en el segundo piso:

“No la encuentro. No tengo su celular. Creo que no tiene familia. No hay listas de nada. Ojalá y aparezca. Me dicen que para entrar a la morgue debo traer su acta de na-cimiento o una credencial de elector de ella o una foto de ella. No tengo nada de eso. Y debe acompañarme un familiar. Ya me voy porque me siento muy mal, se me baja la presión.”

Le ofrecen comida gratis en una car-pa pequeña instalada a unos 10 metros. Y una psicóloga de la Secretaría de Salud de Nuevo León le proporciona sus datos, “por si necesita el servicio”.

También las funerarias aprovechan el momento, dan su publicidad, como Valle de la Paz. Los empleados de Protecto, em-presa que asesora “en momentos difíciles”

para “soluciones rápidas”, ofrecen su tar-jeta de presentación, que reza: “Crema-ciones, traslados, locales y foráneos”.

Policías, guardias, médicos, gente de la procuraduría, periodistas, abogados, fa-miliares de víctimas, salen y entran de la pequeña oficina de información. A todos les piden los documentos para que puedan ver la lista, pero no la muestran.

Algunas sillas de plástico instaladas en la entrada del depósito de cadáveres se hallan ocupadas por familiares de falle-cidos. No paran de sollozar. No platican nada entre ellos, no pueden.

Unos hacen fila. Les explican con deta-lle lo que deben entregar, pero no entienden, sólo muestran su tristeza y preocupación.

“En estos momentos me siento muy nerviosa, parece que estoy volando, no es-toy concentrada”, externa Carmen, quien busca a su mamá de 58 años que acudió con amigas al casino.

Don Gabriel, de siete décadas cum-plidas, cuenta que busca a su esposa. Se reserva su nombre:

“No entiendo nada, no tengo cabeza para nada, para qué demonios viene Calde-rón, sólo es un teatrero, queremos solucio-nes, ya no podemos, todo está muy mal.”

Tres familias de evidente buena po-sición económica esperan los cuerpos de sus muertos. No dan declaraciones. Sólo exigen que se acabe la violencia.

“Ya no podemos más –señala uno de ellos, un muchacho de unos 20 años–, este gobierno no hace nada”, lamenta.

Todo es caos. Muchos continúan pre-guntando por la lista. Siguen saliendo de la morgue personas desconsoladas. Se niegan a las entrevistas. Y nadie los consuela.

Atrás del Semefo se ubica el Hospital Universitario. Allí, de los 10 heridos que ingresaron, sólo permanecen tres. Dos son

Consternadas y sin atención, muchas personas buscaban los cuerpos de familiares, amigos o compañeros de tra-bajo; les ofrecían mostrarles la lista y no lo cumplían… Algunos empleados que se salvaron, estremecidos por la catástrofe, deploraban también haber perdido el empleo, y unos más se proponían ya no laborar en los casinos por-que, decían, todos han sido baleados, excepto el de Jorge Hank… Una extrabajadora, indignada, señalaba que sólo si un hijo del presidente, del gobernador o del procurador hubieran estado entre las víctimas los funcionarios se comprometerían “a luchar de verdad por el ciudadano”.


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MONTERREY, NL.- “¿Por qué?, ¿por qué matan a gente trabajadora e inocente? ¡No es jus-to! ¡No…!”

Es Julia, quien re-conoce el cuerpo de su hija, del mismo nom-

bre. Tenía 24 años. En tanto, varios grupos lloran en la entrada del Servicio Médico Forense (Semefo).

Del juego

al fuego

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE La joven Julia era soltera y trabajaba en el Casino Royale. Su mamá prosigue consternada:

“Aún no la puedo sacar. Esperaremos el resultado de la autopsia. Creo que mu-rió por el humo.”

Casi todo el rostro lo tiene mojado. Ya no puede hablar y su mirada se halla per-dida. Su otra hija que la acompaña aún no da crédito.

Según médicos forenses, llegaron 52 cuerpos, de los cuales 42 son mujeres. Han sido identificados 46. Corre la voz de que los demás quedaron totalmente quemados.

La mañana del viernes 26 es nublada, pero la temperatura llega a 24 grados. Na-die está quieto. La oficina de información es un torbellino: gente entrando y saliendo todo el tiempo.

En el Semefo no hay lista de los falle-cidos ni de los que han sido identificados. Los presentes reflejan dolor y tristeza. Cerca de 15 personas, instaladas en la en-trada de la morgue, buscan familiares y amigos. Se molestan porque no hay quién les informe. La mayoría pretende hallar a mujeres mayores de 60 años a las que gus-taba “distraerse en el lugar”.

“Vine a ver a mis compañeros. Salí a las tres de la tarde, más temprano que de costum-bre. Lo que nunca hago, siempre me quedo hasta más tarde, a las cuatro. Llegando a casa me enteré de lo que pasó. Me salvé.”

–¿Cuánta gente estaba trabajando a la hora del hecho?

–Había un buen en el turno, cerca de cien.–¿Cuántos clientes dejó?–Había pocos porque era temprano,

unos 80. Si hubiera sido a las siete u ocho de la noche estaríamos hablando de más muertos. Es jueves de tardeada. Empezaba a las cinco. Consistía en promociones que dábamos cada hora. Había Bingo, maqui-nitas y apuestas de carreras.

Una mesera amiga suya, que salió ile-sa, le narró:

“Llegaron apuntándoles y los sacaron. Que la intención no era agredir a la gente, pero aventaron las bombas y la gente salió volando. Les valió. Me preocupa que no en-contramos a una compañera llamada Julia.”

Con agobio, expresa que era su fuente de trabajo “y ahora ya se acabó”. Sigue:

“Tengo miedo. Ya no sabes si estás bien en un trabajo. Estás luchando por ga-narte la vida y llega alguien y te la quita nomás porque sí. Les pedimos a las auto-

ridades que paren esto porque al paso que vamos ya no habrá Monterrey, de tanta gente que se ha muerto injustamente.

“La gente que venía aquí era adulta, acudía a distraerse. Sobre todo mujeres. Eran personas mayores que no tenían la facilidad para pararse y correr. Podían ser sus papás o abuelitos y les valió. Ojalá y las autoridades encuentren a los culpa-bles, pero a los verdaderos.”

Al país “se lo cargó la chingada”

Siguen sacando cuerpos del Royale. No paran el rescate. Las sirenas aún suenan en todo su estertor. Se ha controlado el fuego, el humo disminuyó. Otra trabajadora, que no quiso ser nombrada, asegura que todo esta-ba monitoreado: “Hay gente que debe tener imágenes de quiénes eran y cómo llegaron”.

Conmovida, agrega que toda la gente fallecida se asfixió. “Ya con tanto humo, cómo corres”.

El olor a quemado es fuerte. Se obser-van los dos pisos en cenizas. Nada se salvó.

Por la parte de atrás, cuatro trabajadoras, de 30 a 45 años, del turno de la noche, re-cuerdan que hace seis meses ya había sido baleado el casino. Las citaron para ver a la

supervisora, pero no la encontraron. Su ros-tro muestra confusión y susto. Manifiestan “mucha, pero mucha tristeza”, y se dicen preocupadas “por haber perdido el trabajo”.

Una resalta:“Bueno, es mejor estar vivas. Me sien-

to muy mal por la gente que murió. Me siento impotente. Estoy mal, muy mal. Ya es mucho castigo. Cada rato hay balazos.”

Piden no escribir su nombre. Una de ellas alza la voz:

“Ahora quiero trabajar en otro lado, ya no en un casino, no, porque en todos ha habido balazos. Pero esto es una tragedia. No es posible que pase esto, ya es dema-siado. Bueno, dicen que el casino es de Jorge Hank, pero no sabemos.”

La voz de otra de ellas sobresale:“Cuentan que el casino Caliente, que

sí es de Hank, es el único que se ha salva-do, no le han hecho nada.”

Se acerca un joven. Desea saber si hay una lista. No halla a su hermano, que era guardia de seguridad en el Royale, Francis-co Leobardo Robledo Guerrero, de 30 años. Tenía menos de un año trabajando ahí:

“No se ha contactado desde que suce-dieron las cosas. No sabemos nada de él. Nadie nos responde. No hay atención. Del


mujeres que, en breve, serán dadas de alta. Tampoco existe una lista. No hay ventani-lla alguna para informar.

Un chofer que espera a una de las inter-nadas, su prima, exige a través de este medio:

“Los políticos de ahora no merecen nin-gún respeto. Por fortuna mi ser querido está bien. Pero no debió morir tanta gente. Han dejado que México se hunda en todos los sentidos. Si no pueden terminar con el crimen organizado, que renuncien ya, pero ya…”

Por “los verdaderos culpables”

Es el jueves más difícil que ha vivido Monterrey. Así lo consideran sus habitan-tes. Son las 16:30 horas. La avenida San Jerónimo se ha cerrado, y el tráfico de au-

tos se ve a lo lejos. Sobresalen los sonidos de diferentes sirenas. Hay 14 patrullas. En tanto, los bomberos intentan apagar el fuego del local de apuestas. Ambulancias del gobierno y privadas pasan entre el hu-mo que apesta.

La fachada del Royale –edificio con 10 mil metros cuadrados de construcción– ha sido totalmente destruida. Una de sus paredes laterales, que daba a la avenida San Jerónimo, se derrumbó. Los dos pisos son consumidos por el fuego.

El Ejército vigila, lo mismo que perso-nal de la procuraduría y de la policía federal y local. Pero no dan cuenta de nada. La gen-te que, desesperada y asustada, se les acerca para saber de sus conocidos, amigos o fami-liares, sólo escucha: “Llame a Locatel”.

Lo que queda del Royale no se aprecia bien por el humo. Se ve que la cocina y el restaurante son lo más dañado del edificio, en el primer piso. En la entrada se encontraba el Bingo, un juego de azar al que concurría la mayor parte de los clientes. Atrás eran los ba-ños. Arriba, dicen, se hallaban las maquinitas.

Sacan y sacan cuerpos. No dejan que se acerque nadie. Primero eran seis, luego 23, siguió creciendo la cifra: 36.

Pasan las horas.Una joven jugadora sale del local en

estado de shock:“Entraron tres tipos. Uno estaba todo pe-

lón. Me sacaron con su arma. Ya no sé más. Mucha gente salió por la azotea. Yo sí vi que se llevaban a algunos… no sé, no sé. Rocia-ron gasolina. Ya no quiero decir más.”

Laura García llega por su tía Elsa Mar-tínez de Morales, de 72 años:

“Venía a jugar. No saben nada de su pa-radero. Ni ella se ha reportado, y no contes-ta su celular. Quiero gritar y llorar…”

Temerosa, una señora indaga el desti-no de su mamá, Petra Bustos Velázquez, de 63 años:

“Siempre juega aquí. Venía con mi hermana Ana, quien sí alcanzó a salir, pe-ro de mi mamá no sabemos nada.”

Su hermana le contó que entraron dos personas con armamento y empezaron a sacar a la gente. “Cuando mi hermana se regresó a buscar a mi mamá, uno con su arma le dijo que se saliera”.

Señala que “no iban contra la gente, sino contra el casino. Rociaron todo con gasolina y a varios los sacaron a punto de pistola”.

Su hermana fue trasladada al Hospital Universitario porque se le bajó el azúcar. “Se puso muy mala, pero de mi mamá na-die nos quiere dar razón, no hay nada de información”.

Finaliza llorando:“Qué miedo. Qué tristeza. Todo está

todo fuera de control.”Ya es de noche. Después de tres horas

el fuego es controlado. El casino queda destruido. Sólo se alcanzan a apreciar escombros de color negro. Son las 20:30 horas. Llega el procurador general de Jus-ticia de Nuevo León, Adrián de la Garza, quien informa que son 40 los muertos, ci-fra que “podría incrementarse”. No rela-ciona el suceso con el crimen organizado hasta “realizar las investigaciones”.

Tampoco hace contacto con la gente que espera algún dato de sus familiares. Algunos se enojan:

“Sólo viene a hacer su show y no sabe nada, no dice nada, y no hay listas, nada. Queremos saber a quiénes enviaron al hos-pital. Sólo quieren aparecer en la televisión.”

Trabajadora de la cocina del Royale desde hace un año, Clara Ibarra, de 29 años, mira con abatimiento el inmueble destruido. Cuenta a este semanario:

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Miedo, indignación... Todo está fuera de control

En este país


En medio del drama, Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador priista de Nuevo León, habló en televisión para decir que no era momento de buscar responsables, y en de-fensa de Treviño Torres señaló que, en todo caso, el peso de la tragedia podía caer en Protección Civil de Monterrey.

No ha sido mencionado el nombre del grupo delictivo al que pertenecen los homi-cidas, por los que el gobierno federal ofrece una recompensa de 30 millones de pesos.

En respuesta a la tragedia, el jueves por la noche llegó a Monterrey el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y al día siguiente Felipe Calderón. Colocaron una corona de guirnaldas en memoria de los caídos y el presidente decretó tres días de duelo nacional. Por la tarde del viernes 26, el Ejército efectuó operativos en varios casi-nos del área metropolitana.

Mientras los familiares buscan a sus muertos en el servicio forense del estado, sigue el problema de la proliferación de gi-ros negros abiertos en Monterrey contra la voluntad del municipio.

Corrupción criminal

Un video de una cámara de seguridad en el exterior del centro de apuestas muestra al comando que llega en cuatro vehículos: un Minicooper blanco con franjas negras, una camioneta negra, una camioneta Equinox gris y otro sedán gris.

Entre ocho y nueve sicarios actuaron en 2 minutos y 30 segundos: de uno de sus vehícu los bajaron recipientes que contenían un líquido inflamable e incendiaron una de las entradas del casino en cuyo interior ha-bía unas 300 personas entre clientes y traba-jadores. El fuego dejó atrapadas a cientos de personas.

Algunas escaparon por la puerta princi-pal antes de que el incendio se extendiera y cancelara también esta posibilidad. Otras, ante el estruendo de las explosiones, fueron a la planta superior o se encerraron en ba-ños u oficinas, donde murieron asfixiadas y carbonizadas. Había una puerta lateral que parecía salida de emergencia, pero no había forma de pasar por ahí.

Contra lo que dicen algunos testimo-nios, la procuraduría estatal sostiene que no hay evidencia de que hubiera disparos den-tro del casino.

A las seis de la tarde, rescatistas de Pro-

tección Civil del estado y del municipio co-menzaron a sacar cadáveres. El edificio humeante complicaba la labor. Retroexca-vadoras que hacían trabajos de vialidad en un área cercana fueron llevadas al edificio para que abrieran boquetes en las paredes por las que el humo salió y a través de los cuales pudieron entrar los bomberos para sacar más cuerpos que fueron enviados al anfiteatro del Hospital Universitario.

Conforme avanzaban los trabajos de re-cuperación de cadáveres se extrañaba en el lugar la presencia de las autoridades. Nin-gún funcionario se presentó, sino hasta las nueve de la noche, cuando llegó el procura-dor estatal Adrián de la Garza Santos, quien dio la información preliminar.

En el transcurso de la tarde, Larrazábal convocó a una conferencia de prensa para comenzar el reparto de culpas. Ahí se enla-zó con las televisoras locales para presentar documentos con los que demostraba que el 4 de mayo había ordenado clausurar el Ca-sino Royale por unos trabajos de ampliación que no tenían permiso municipal.

Treviño Torres interrumpió la transmisión para aclarar que los propietarios del casino promovieron un juicio de nulidad para impe-dir que el lugar fuera cerrado y se les conce-dió la suspensión el 31 de mayo, pues nada les impedía remodelar el lugar.

Larrazábal señaló que los magistra-dos fueron engañados pues los empresa-rios querían agregarle 568 metros cuadra-dos de construcción al lugar que ocupa un área de 17 mil 423 metros, haciéndoles creer que estaban remozando. Señaló el al-calde que el 8 de junio solicitó al magistra-do José Alfonso Solís Navarro que acudie-ra a hacer una inspección física, pero éste se negó.

La magistrada le contestó que la actua-ción de su colega fue dentro de la ley: “El Tribunal no abre casinos. Sólo califica, en este caso, lo que la autoridad estatal o mu-nicipal presente como actos o resoluciones apegadas a derecho; en este caso el muni-cipio, en apariencia, actuaba de manera ile-gal porque, al menos cuando se presenta la demanda, tenemos la versión de quien pre-senta el juicio en el sentido de que se trata-ba de remodelación”.

La funcionaria recordó que el Casino Royale operaba con autorización del muni-cipio y de la Secretaría de Gobernación.

Al final del debate Larrazábal acusó di-

no hay culpables...

rectamente de la tragedia a los magistrados del TCA y a la Secretaría de Gobernación por entregar de manera desordenada permi-sos para la apertura de casinos. “A la Secre-taría de Gobernación le hemos enviado dos exhortos por petición del cabildo y no han venido a Nuevo León a revisar los casinos”.

Treviño señaló como responsable a la Dirección de Protección Civil del municipio por no haber revisado las instalaciones del casino: “Si estos negocios están en juicio de amparo, Protección Civil debe hacer su chamba y estar checando estos negocios donde hay concentración de público”.

El gobernador Medina también apare-ció en televisión para anunciar que la inves-tigación será atraída por la Procuraduría Ge-neral de la República y que la estatal será coadyuvante. Pidió la intervención de Go-bernación para que revise los permisos de operación de los casinos.

“Espero que se resuelva de una vez por to-das en este país el otorgamiento de permisos para casinos. Hay un desorden legal. Se otor-gan permisos del gobierno federal que luego tienen que ser aceptados por los cabildos, lo que deja con lagunas legales el procedimiento, y luego nos enfocamos en denuncias y proce-dimientos en un tribunal y otro.”

Sin embargo apuntó la responsabilidad hacia la autoridad municipal: “Entiendo que es Protección Civil de los municipios, por tratarse de un permiso municipal”.

Al finalizar el día se contaban 52 muer-tos, de los cuales 42 eran mujeres. Del to-tal de cadáveres el viernes en la tarde 46 ha-bían sido identificados. Los seis restantes, carbonizados, requerían un análisis mayor.

El viernes 26 por la mañana Blake Mora encontró en los periódicos locales una so-licitud del alcalde de San Pedro Garza Gar-cía, Mauricio Fernández Garza, para que se cierren definitivamente dos casinos que es-tán clausurados de manera temporal en su municipio: el Alegro y el Sport Zone. Tam-bién le pidió que se oponga al otorgamiento de permiso para la apertura de un estableci-miento proyectado y aún sin nombre.

El funcionario federal no respondió.

Protección oficial

Algunos de los establecimientos conocidos como giros negros operan en esta ciudad amparados por el TCA, integrado por tres magistrados que se han ocupado de per-mitir que 36 de estos negocios trabajen sin restricciones pese a la disposición munici-pal de clausurarlos.

José Adrián González Navarro, director jurídico del municipio, señala directamente a Juana María Treviño, presidenta, y a los dos magistrados de las salas ordinarias, Alfonso Solís Navarro y Aurora Gámez.

Monterrey enfrenta el mismo proble-ma de San Pedro, donde el alcalde Mauricio Fernández ha acusado directamente a los

MONTERREY, NL.- El ataque al Ca-sino Royale en esta ciudad, que provocó la muerte de 52 perso-nas, demostró que la corrup-

ción abona el terreno para el accionar de las bandas criminales. Además, el desor-den que impera en la instalación de esos lugares y la imposibilidad de los munici-pios para cerrarlos ha creado en la socie-dad la sospecha de que se trata de cen-tros de lavado de dinero.

Ahora el problema alcanzó niveles de tragedia con el crimen cometido por un comando el jueves 25 a las 3:48 de la tar-de en ese centro de apuestas que funcio-naba por “la complicidad de autoridades encabezadas por el Tribunal de lo Con-tencioso Administrativo” (TCA) del esta-do, afirmó Fernando Larrazábal Bretón, alcalde de Monterrey.

El panista Larrazábal es uno de los funcionarios que alegó inocencia mo-mentos después de ocurrido éste, el peor atentado terrorista contra la población ci-vil en la historia reciente de México.

En una exhibición de autoridades con-trapunteándose públicamente, en medio del dolor generado por el ataque de la de-lincuencia organizada, el alcalde fue re-futado al aire en una televisora local por la presidenta del TCA, Juana María Trevi-ño Torres, quien responsabilizó al ayunta-miento al señalar que la tragedia fue pro-vocada por Protección Civil municipal, cuyo personal debió revisar que hubiera puertas de emergencia (no las había).

LUCIANO CAMPOS GARZA

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Paramédicos de la Cruz Roja. El rescate de los cuerpos

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torpedo 2012

El escándalo penal que envuelve a Héctor Villarreal Her-nández y a Jaime René Jiménez Flores, colaboradores de Humberto Moreira en el gobierno de Coahuila, tiene ribetes políticos que alcanzan al actual dirigente nacional del PRI. Y aun cuando ya no ocupan cargos públicos, las indaga-torias realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que hoy sigue la PGR revelan que ambos falsifi-caron documentación para obtener varios préstamos para el gobierno de ese estado. Por lo menos una de esas peti-ciones data del 6 de julio de 2010, cuando Moreira aún era gobernador. El torpedo de Los Pinos –una denuncia pre-sentada el 1 de julio pasado, cuyo contenido en detalle se ofrece aquí– tiene el sello 2012.

traron ningún expediente sobre el caso, por lo que González Treviño pidió al di-rectivo datos más específicos. El 4 de abril le envió, vía correo electrónico, un docu-mento escaneado que fue clave.

Era un escrito sin número fechado el 14 de marzo de 2011 y firmado por Héctor Ja-vier Villarreal Hernández, secretario eje-cutivo del Servicio de Administración Tri-butaria del Estado de Coahuila (SATEC), y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo de 2011 de la Unidad de Coordina-ción con Entidades Federativas de la SHCP, mediante el cual el gobierno estatal instruía a la SHCP a “dar trámite a efecto de que a partir de esta fecha la Tesorería de la Fede-ración entregue los montos que correspon-den al 3.80% de los ingresos derivados de las participaciones…”.

Con esos datos, una vez más se proce-dió a buscar en los archivos de la SHCP, “y no se detectó evidencia documental del ingreso del oficio mencionado”, tal como quedó asentado en el acta anexada a la de-nuncia que investiga la PGR.

Dos días después, el 6 de abril, a solici-tud de González Treviño, Romo Aguiñaga

remitió copia del contrato del crédito otor-gado a Coahuila, en el que aparece el su-puesto registro de la deuda ante la SHCP, junto a una firma presuntamente del direc-tor de Deuda Pública de Entidades y Mu-nicipios, Jaime René Jiménez Flores, y en-tonces emergió la falsedad:

Al analizar el oficio número 351-A-PFV -4096 por el cual supuestamente se re-gistró la deuda fechado el 14 de febre-ro de 2011, con número de registro 044/2011, aparentemente firmado por el director de Deuda Pública de Entida-des y Municipios, Jaime René Jiménez Flores, se hacen las siguientes precisio-nes, a fin de evidenciar la irregularidad detectada:

a.- En la copia del oficio del supues-to registro del gobierno de Coahuila, proporcionada por el Banco del Bajío, (se) señala que le corresponde el núme-ro 044/2011, sin embargo, en los regis-tros de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas ese núme-ro de registro corresponde al estado de Zacatecas.

b.- En la copia del supuesto oficio

del registro del gobierno de Coahuila, pro-porcionado por el Banco del Bajío, tiene como número de oficio 351-A-PFV-4-096. Al respecto, la numeración de los oficios fir-mados por el funcionario público Jaime Re-né Jiménez Flores sigue la siguiente nume-ración 351-A-PFV-2, es decir, en lugar del número 4 se utiliza 2 en el penúltimo códi-

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Villarreal Hernández (der). El operador


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Un trámite de rutina en la Secre-taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a principios de año, condujo a una trama para avalar con documenta-ción federal falsa un crédito de mil millones de pesos con-

tratado por el gobernador con licencia de Coahuila, Humberto Moreira, actual pre-sidente del Partido Revolucionario Institu-cional (PRI), en un caso de implicaciones políticas que ya indaga penalmente la Pro-curaduría General de la República (PGR).

Con licencia de gobernador a partir del 4 de enero de este año, Moreira ya no os-tentaba ese cargo cuando, en febrero, se fal-sificó la documentación, pero sí lo tenía el 16 de diciembre, fecha en que se contrató el crédito con el Banco del Bajío, parte de los 32 mil millones que dejó en su gestión y que lo tienen en medio del escándalo.

De hecho, según información del sector bancario, hay por lo menos otros dos cré-ditos con irregularidades que perfilan, tam-bién, denuncias penales ante la PGR: Co-rresponden a Bancomer y Santander, que prestaron al gobierno de Coahuila 2 mil mi-llones de pesos cada uno y, en el caso del segundo, Moreira estaba al frente del go-bierno cuando se cometió el delito.

Proceso obtuvo copia de la denuncia de hechos presentada por la SHCP a la PGR, el vienes 1 de julio –dos días antes de las elecciones en Coahuila–, que invo-lucra en conductas presuntamente delicti-vas a Héctor Javier Villarreal Hernández, el principal operador financiero de Mo-reira en el gobierno de Coahuila, y a Jai-me René Jiménez Flores, funcionario de la SHCP identificado como priista.

Se trata de la falsificación del “Regis-tro de Obligaciones y Empréstitos de Enti-dades Federativas y Municipios” que deben hacer éstos ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP y que se descubrió cuando, el 15 de febrero, la Tesorería de Coahuila pidió a la Tesore-ría de la Federación depositar 23 millones de pesos mensuales de participaciones fe-derales, equivalente a 3.80% de éstas, pa-ra pagar el crédito contratado por Moreira.

Pero el 11 de marzo, día en que se le envió un oficio al titular de la Tesorería de Coahuila para solicitarle el número del re-gistro que otorga la SHCP para los crédi-tos, requisito para transferir los recursos de las participaciones federales, sólo hu-bo silencio, “sin que a la fecha en que se hicieron del conocimiento los hechos a la Procuraduría Fiscal de la Federación, el gobierno del estado de Coahuila haya da-do respuesta”.

Según la denuncia que investiga la PGR, a través de la Procuraduría Fiscal de

ÁLVARO DELGADO

la Federación, los documentos apócrifos indican que el gobierno de Coahuila os-tentó registros que en realidad correspon-den al gobierno estatal de Zacatecas y al municipal de Jiutepec, Morelos.

Esta adulteración de documentos ofi-ciales de la SHCP es semejante a la fal-sificación de decretos del Congreso de Coahuila para contraer también deuda pú-blica para el gobierno de Moreira, según fue denunciado por el Partido Acción Na-cional (PAN) el 28 de junio, que se investi-ga en el ámbito local.

De acuerdo con las pruebas presenta-das por funcionarios del gobierno panista, presuntamente se falsificaron dos decretos del Diario Oficial de Coahuila para justi-ficar la autorización del Congreso para la contratación de deuda, pero los originales se referían al relevo en una regiduría y a la designación del contralor interno del ins-tituto electoral.

En el caso de la falsificación de docu-mentos de la SHCP, la trama se fue deve-lando con mayor claridad luego de que el Banco del Bajío proporcionó los datos del crédito contratado por Moreira, quien el

jueves 25 se pronunció por una investiga-ción, luego de que el titular de la SHCP, Er-nesto Cordero, reveló ese día la denuncia.

Aunque Moreira aseguró, en la entre-vista con la locutora Adela Micha, que él ya no era gobernador cuando ocurrieron los hechos que se investigan, él es el res-ponsable de contratar el crédito median-te el decreto que emitió el 6 de julio de 2010 y se publicó en el Diario Oficial de Coahuila el 12 de ese mes y año.

El contubernio

A finales de marzo, Rafael Romo Agui-ñaga, quien dijo ser director jurídico de Negocios de la Dirección de Riesgos del Banco del Bajío, S.A., solicitó vía telefó-nica a Raúl Sergio González Treviño, di-rector general adjunto de la Unidad de Co-ordinación con Entidades Federativas de la SHCP, información sobre la petición del gobierno de Coahuila para el depósito del dinero y que se frustró por el silencio de las propias autoridades estatales.

Los funcionarios de esa dependencia hurgaron en los archivos, pero no encon-

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Moreira. Dudoso deslinde

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go; asimismo, el oficio que se tiene registra-do como 096/351-A-PFV-2-096, que apa-rentemente correspondería a un registro del gobierno de Coahuila, en realidad pertene-ce a una cancelación de garantía de crédito del gobierno de Jiutepec, Morelos.

c.- En la copia del supuesto oficio de re-gistro del gobierno de Coahuila no obra la leyenda “2011, Año del turismo en Méxi-co”, vigente para los documentos oficiales del gobierno federal.

d.- El servidor público que supuesta-mente suscribe el citado documento, el C. Jaime René Jiménez Flores, afirma haber-se encontrado de incapacidad médica en la fecha de la suscripción, además señala que dicho expediente no existe en los ar-chivos de la dirección a su cargo.

Yo no fui

Así, con base en esa información, la Uni-dad de Coordinación con las Entidades Federativas de la SHCP informó a la Pro-curaduría Fiscal de la Federación que “se presume que se reúnen los elementos para acreditar el delito de falsificación de docu-mentos, sin desestimar cualquier otro de-lito que se llegare a tipificar derivado de las investigaciones (que realice la PGR)”.

Y es que, según la SHCP, los probables responsables pusieron y usaron una firma presuntamente falsa en el oficio fechado el 14 de febrero y en el sello del registro en el contrato del crédito otorgado por el Banco del Bajío al gobierno de Coahuila, “ya que el funcionario público Jaime René Jiménez Flores afirma haberse encontrado de incapa-cidad médica en la fecha de suscripción del citado oficio y del sello del registro, además señala que en los archivos de dirección a su cargo el expediente en cuestión no existe”.

Añade la denuncia: “Asimismo, los he-chos que se denuncian, se presume, tuvie-ron el propósito de sacar provecho para sí o para otro, ya que el contenido del docu-mento falsificado y el sello estampado en el

contrato de crédito multicitado tienen co-mo finalidad obtener el registro de un cré-dito ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, a favor del gobierno del estado de Coahuila hasta por un mil mi-llones de pesos, haciendo hincapié en que el registro del crédito tenía como efecto la afectación de 3.80% (tres punto ochen-ta por ciento) de la participación estatal pa-ra el pago del crédito, registro apócrifo que fue presentado ante la institución bancaria para el trámite correspondiente”.

En la denuncia, la SHCP pide a la PGR obtener del Banco del Bajío original del contrato de crédito otorgado al gobierno de Coahuila el 10 de diciembre –cuando Mo-reira era aún gobernador en funciones–, “con el sello de Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, aparentemente signado por el servidor público Jaime René Jiménez Flo-res, con sello y firma presuntamente falsos, como base de cotejo con la firma original del servidor público”.

Le solicita, también, practicar las dili-gencias ante el gobierno de Coahuila para obtener los siguientes documentos:

Original del oficio número 351-A-PFV- 4-096 por el cual supuestamente se registró la deuda fechada el 14 de febrero de 2011, con números de registro 044/2011, aparen-temente firmado por el director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, Jaime René Jiménez Flores.

Original del escrito sin número, (fechado el) 4 de marzo de 2011, suscrito por Héctor Javier Villarreal Hernández, secretario eje-cutivo del Servicio de Administración Tribu-taria del Estado de Coahuila, y con supuesto sello de recibido el 16 de marzo del presen-te (año) por parte de la Unidad de Coordina-ción con las Entidades Federativas.

Se requiere, además, a la titular de la Te-sorería de la Federación: “Original del oficio TGE/107D/2011, del 8 de febrero de 2011, con sello recibido 15 de febrero del mismo año, emitido por el titular de la Tesorería Ge-

neral del Estado de Coahuila de Zaragoza dirigido a la Tesorería de la Federación, por el cual se solicita la afectación presupuestal y el cual dio origen a la investigación.

“Una vez recabados los documentos originales que se tildan de falsos, se soli-cite la comparecencia del director de Deu-da Pública de Entidades y Municipios, Jai-me René Jiménez Flores, a efecto de que se realicen las periciales correspondientes para determinar si las firmas que aparecen en los documentos en cuestión fueron o no estampadas por el citado funcionario.”

Y concluye: “En razón de los hechos descritos (…), esta Dirección de Delitos Di-versos de la Dirección General de Delitos Financieros y Diversos hace de su conoci-miento hechos que salvo error de aprecia-ción pudieran ser constitutivos de delito, a efecto de que esa Representación Social de la Federación, en ejercicio de sus atribucio-nes, proceda lo que a derecho corresponda y, en su caso, se ejercite acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables”.

Los dos implicados en la denuncia de hechos que investiga la PGR ya no están en funciones: Héctor Javier Villarreal Her-nández, a quien Moreira nombró secreta-rio ejecutivo del Servicio de Administra-ción Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) por 12 años, renunció el viernes 19, y Jiménez Flores, director de Deuda Pública de Entidades y Municipios, causó baja el 30 de abril.

La fecha en que Jiménez Flores dejó de trabajar en la SHCP aparece en su de-claración de conclusión del cargo que rin-dió el 25 de mayo, en la que se detallan los cargos que ocupó en esa dependencia, a la que ingresó en 1996 durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Se inició como director general adjun-to de Análisis y Evaluación Financiera del Sector Público, donde se desempeñó has-ta mayo de 1998, luego fue nombrado di-rector general adjunto de Política Fiscal, donde permaneció hasta mayo de 2000, cuando pasó a la Dirección de Política Tri-butaria, en la cual permaneció hasta no-viembre de ese año.

Economista por la Universidad Tecno-lógica de México y con maestría en la Uni-versidad de Sussex, Inglaterra, Jiménez Flores sobrevivió a la alternancia, pese a que en la SHCP siempre se le identificó como priista, y ahora está involucrado en una denuncia penal que involucra al presi-dente nacional del PRI.

Aunque en la querella presentada por la SHCP no aparece el nombre de Humberto Moreira, sí es su responsabilidad el endeu-damiento de Coahuila, que pasó de 323 mi-llones de pesos a 32 mil millones, que le ha generado acoso de panistas y perredistas, aunque la acusación más categórica la hizo el senador petista Ricardo Monreal: “Es un vulgar ladrón”.

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Congreso de Coahuila. Protesta panista

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Guía de turistas

Alguna relación promocional debe exis-tir entre los shots de tequila mencionados por Calderón y la Fundación José Cuervo, productora del tequila del mismo nombre y patrocinadora de la serie The royal tour, grabada por el canal de televisión restrin-gida VMe.

Gracias a ese patrocinio Calderón aban-donó durante varios fines de semana sus fun-ciones como primer mandatario para con-vertirse en guía de turistas en esta serie que empezó a grabarse en febrero de 2011.

En Tequila, Jalisco, después de captu-rar su imagen cabalgando en un nacimien-to de aguas termales, cortando agave y en-vasando una botella, Calderón se reunió con los empresarios Francisco González, presidente de la Cámara Nacional de la In-dustria Tequilera; Miguel Ángel Domín-guez, presidente del Consejo Regulador del Tequila y Juan Beckman, presidente de la Fundación José Cuervo.

En el video promocional de The royal tour, difundido en YouTube y en la BBC World, se ve a Calderón disfrazado de bu-zo en el cenote sagrado de Chichén Itzá, enfundado en una guayabera contando en inglés los escalones de la pirámide de Kukulcán, rapeleando o remando en ríos,

usando machetes como si fuera un experto agavero o guiando a su invitado-conduc-tor por el santuario de la mariposa monar-ca en Michoacán.

La culminación de esta “aventura muy especial” es un paneo de 360 grados con la figura de Calderón solitario y triunfante en la cúspide de la pirámide de Teotihuacán, mirando el esplendor prehispánico.

“Esta no es la típica visita turística y es-te no es el guía tradicional”, afirma el anun-cio de la BBC. Calderón se unió a un selec-to club de mandatarios que han participado en The royal tour, como el rey Abdullah II de Jordania o el expresidente peruano Alejan-dro Toledo, quien abandonó la Presidencia de su país con 22% de aceptación, el índice más bajo en la historia de esa nación andina.

Peter Greenberg explica en el video que mientras exploraba con el presidente mexi-cano “las poco conocidas gemas del país”, Calderón “también me llevó dentro de su búnker de seguridad” y “discute la batalla contra los cárteles de la droga y lo que real-mente representa para los turistas”.

Este el objetivo de The royal tour. Em-peñado en convertir a México en la quinta potencia turística, Calderón insistió desde enero de 2011 que éste sería el “año del tu-rismo en México”.

“El Equipo”, sin rendir cuentas

Proceso reseñó en su edición 1802 el es-treno en Canal 2 de Televisa de una “te-

lefarsa” para publicitar los logros de la SSP, encabezada por Genaro García Lu-na, el mismo funcionario que ha promo-vido “recreaciones” televisivas de deten-ciones de presuntos delincuentes o que transforma en reality shows las detencio-nes de capos del narcotráfico.

El costo oficial de la teleserie fue de 118 millones de pesos, según el contrato OM/DGRMSG/AD/022/2012 de la SSP, pero otras fuentes internas de esa depen-

dencia insistieron ante Proceso en que el costo real ascendió a 150 millones de pesos.

La respuesta de la SSP a la so-licitud de acceso a la información número 0002200 0722511 evadió responder si hubo pago o no por la utilización de equipos, helicópte-ros, armamento, instalaciones y de-más objetos mostrados en las series El Equipo y Drenaje profundo, ésta transmitida por TV Azteca pero con menos impacto que la primera.

La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SSP le respondió al Instituto Federal de Acceso a la Información: “No contamos con expedientes que contengan datos de la información solicitada” y desconoce si hubo pa-go alguno.

El Equipo generó una polémica pública por la utilización de estas instala-ciones, aeronaves, armas y el búnker de la SSP para promover la ficción de un grupo de agentes especiales e incorruptibles que enfrenta a los narcotraficantes.

La producción corrió a cargo de Pe-dro Torres, director de Filmmates Group, dedicado a financiar con recursos de los gobiernos estatales producciones espec-taculares que van desde spots hasta tele-series o informes de gobierno. El guión fue de Luis Felipe Ybarra y el director fue Carlos García Agraz.

El éxito de El Equipo fue menor al es-perado a pesar del escándalo generado en los medios. El primer capítulo tuvo un ra-ting de 17.5 puntos, menor a los 23 pun-tos que tuvo la telenovela El triunfo del amor, transmitida en el mismo horario. Y al final la serie terminó con un rating de apenas 13 puntos.

La polémica en torno a la producción y financiamiento de esta serie no ha culmi-nado. El miércoles 24 la Comisión Perma-nente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitarle a la Se-cretaría de la Función Pública que inves-tigue las posibles irregularidades en el uso y destino de los recursos humanos y mate-riales asignados a la SSP y a la Policía Fe-deral en la producción de El Equipo.

El punto de acuerdo también le solici-tó a García Luna que en cinco días hábi-les informe a detalle sobre “la relación del total de campañas publicitarias que desa-

PRESIDENCIA

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Guía de turistas en un

Con expresiones y actitudes de osado explorador de Dis-covery Channel, el presidente Felipe Calderón rebajó su investidura para servir de guía de turistas a los conducto-res de la serie televisiva The royal tour, a quienes llevó a las pirámides de Chichén Itzá y de Teotihuacán, a bucear en los arrecifes de Cozumel, a descender al Sótano de las Golondrinas, a bogar en una laguna de la Lacandonia... El mandatario mexicano quiere enviar un mensaje: los sitios turísticos mexicanos son seguros para los extranjeros, no están contaminados por la violencia del crimen organiza-do que envuelve en llamas al país...

JENARO VILLAMIL

–¿Está asustado? –le pregun-ta Peter Greenberg, vetera-no conductor de series turís-ticas de CBS News, a Felipe Calderón.

–No –exclama el manda-tario mexicano mientras des-

ciende como deportista de alto riesgo al Só-tano de las Golondrinas, en San Luis Potosí.

“De hecho estoy disfrutando... Tengo otras tareas que son más difíciles y peligrosas en mi ejercicio como presidente”, completa Calderón en un inglés de guía de turistas.

El corte del video promocional de la serie The royal tour, que será estrenada el próximo 22 de septiembre, nos transpor-ta a una imagen de Felipe Calderón en su despacho en Los Pinos con la banda presi-dencial terciada. Diserta sobre el combate

al crimen organizado. Insiste en que éste es un problema que no amenaza las zonas turísticas ni a los visitantes extranjeros.

Los tiroteos en Monterrey, Ciudad Juárez, Torreón o Acapulco, zona turística por excelencia, no se mencionan en la se-rie. Tampoco el hecho de que una encuesta de Consulta Mitofsky levantada en marzo de 2011 reveló que 62% de los 3 mil entre-vistados considera que “las cosas se están saliendo de control” en la guerra de Calde-rón contra el crimen organizado.

The royal tour, serie patrocinada por la Fundación José Cuervo, de la compañía te-quilera, se suma a la teleserie El Equipo –fi-nanciada por la Secretaría de Seguridad Pú-blica (SSP) federal y transmitida por el Canal 2 de Televisa entre el 9 y el 15 de mayo pa-sados– y a la nueva serie La Teniente, graba-da con el apoyo de la Secretaría de la Marina para TV Azteca y cuyo estreno se pospuso a marzo o abril de 2012.

Ni estas teleseries ni los spots y los in-fomerciales que se han difundido en vís-peras del V Informe de Gobierno de Feli-pe Calderón han modificado la percepción pública frente al fenómeno del crimen or-ganizado. La Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, elaborada por la UNAM y divulgada el martes 23, reve-la que 75% de los entrevistados reclama transparentar la información sobre la lucha contra el narcotráfico. Cerca de 70% afir-mó que “en algunos casos no estoy dispues-to a apoyar las políticas del gobierno”.

El mismo Calderón ha minimizado es-ta percepción pública del riesgo frente a las secuelas del combate al crimen organi-zado. Apenas el pasado 20 de mayo duran-te la Cumbre Global de Viajes y Turismo, en Las Vegas, el mandatario expresó ante Peter Greenberg:

–Yo vi a miles de spring breakers divir-tiéndose en México y lo que yo tengo en-tendido es que los únicos shots (disparos) que recibieron eran de tequila, y nada pasó.

Greenberg festejó la ocurrencia, al igual que los consejeros del World Travel and Touring Council. Y Calderón insistió: “La violencia y el crimen no están afectando a los turistas, y además se lo están pasando bien. Se pueden contar con la mano los inci-dentes con turistas extranjeros”.

México en llamas

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Desesperado ante el desastre nacional que tiene ante sí, el gobierno de Felipe Calderón ha dilapidado más de 17 mil millones de pesos en sólo tres años para promover la imagen de su administración y la suya propia. Pero no obstante el gasto multimillonario, sus niveles de aproba-ción entre la ciudadanía se encuentran a la baja en víspe-ras de la presentación de su Quinto Informe de Gobierno.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Con los indicadores más bajos de aprobación ciudadana en 11 años de gobiernos panis-tas, Felipe Calderón llega a su Quinto Informe de Gobierno. A fin de promover su imagen ha incursionado en estrategias

de mercadotecnia política que van del ta-lk show a las series televisivas; de la satura-ción de spots en medios electrónicos al uso de las redes sociales; del discurso que con-fronta al que concilia y llama a la unidad…

Un día puede vérsele montado en una yegua para emular a Francisco I. Madero en la Marcha de la Lealtad; otro, trepa a un F-5 con chamarra de piel al estilo de la pe-lícula Top-Gun. A la menor provocación porta camiseta de futbolista o con el pre-texto de promover el turismo aparece en la pantalla de televisión vestido de espeleó-logo o con traje de buzo.

Pero detrás de lo anecdótico hay un gasto en publicidad oficial que supera to-dos los registros históricos: sólo en 2010 se erogaron 4 mil 558 millones de pesos en este rubro, un monto que supera en 2.5 veces lo presupuestado para ese mismo año (mil 780 millones de pesos) y cinco

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rrolla la secretaría a su cargo; el costo de cada una; el renglón del gasto que resul-tó afectado, como términos y condiciones del contrato”.

Demanda penal contra SSP

La diputada federal perredista Leticia Que-zada, quien acusó a la SSP de violar el ar-tículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos desde que se es-trenó El Equipo, presentó el lunes 22 ante la procuradora general de la República Ma-risela Morales una denuncia por presunto ejercicio indebido de atribuciones y facul-tades, ejercicio abusivo de funciones y trá-fico de influencias, entre otros delitos, con-tra la secretaría que encabeza García Luna.

En su denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, Quezada Contreras argumenta que en la producción de la teleserie:

“1.- Se hizo uso de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del gobier-no federal, mismas que han sido cataloga-das como estratégicas y de seguridad nacio-nal, específicamente en el Centro de Mando de la Policía Federal de la delegación Izta-palapa, así como en las instalaciones subte-rráneas de su Centro de Inteligencia ubicado en Avenida Constituyentes que concentra la base de datos criminal Plataforma México.

“Ha trascendido que la grabación se realizó durante más de dos meses apro-vechando las acciones de entrenamiento, despliegue, traslado y ejercicio de las dis-tintas divisiones de la Policía Federal y sus elementos que se encuentran adscritos al Centro de Mando de Iztapalapa.

“2.- Se hizo uso de armamento propie-dad del Estado Mexicano y asignado a la Secretaría de Seguridad Pública.

“3.- Se utilizó efectivos de la Secretaría de Seguridad como ‘extras’, distrayendo en consecuencia de sus cargos y funciones en-comendadas a un número indeterminado de policías adscritos a la Policía Federal.

“4.- Se usó indumentaria oficial de los miembros de la Policía Federal, así como identificaciones oficiales, vehículos terres-tres e incluso helicópteros Black Hawk, do-nados por Estados Unidos de Norteaméri-ca como parte de la Iniciativa Mérida, todo ello propiedad del Estado Mexicano y asig-nado a la Secretaría de Seguridad Pública.

“5.- Se utilizaron las técnicas que los agentes federales utilizan para localizar e identificar a los sospechosos.

“6.- Se distrajeron recursos humanos de la Policía Federal para ‘capacitar’ a los ac-tores que aparecían en el elenco principal de la serie El Equipo.”

La demanda reprocha que “ninguna de las unidades administrativas involucradas tienen información sobre si los equipos, he-licópteros, armamento, instalaciones y de-más objetos mostrados” en la serie “son pa-trimonio de alguna dependencia federal”.

También desconocen si hubo algún pa-go de Televisa para utilizar objetos señala-dos inmediatamente y no existe información sobe si los pilotos de helicópteros o conduc-tores de vehículos blindados “están adscritos a alguna dependencia o bien son actores que utilizaron el patrimonio público”.

En síntesis, afirma en su demanda la legisladora Quezada, “los servidores pú-blicos del sector central de la Secretaría de Seguridad Pública tienen información su-mamente delicada, pues se relaciona con seguridad nacional, hecho que de suyo re-sulta motivo suficiente para que se inicien las indagatorias pertinentes en el marco de la averiguación previa respectiva”.

La Marina y “La teniente”

No habían amainado las secuelas del fraca-so de El Equipo cuando el viernes 19 MVS Noticias reveló en el espacio conducido por Carmen Aristegui que la Secretaría de Ma-rina también promueve una teleserie, pero en TV Azteca, llamada La teniente.

Según el reportero Juan Omar Fierro, la teleserie prevé la grabación de 24 capítulos para una primera temporada con locaciones en instalaciones navales de Acapulco, Can-cún, Isla Mujeres, Veracruz y el Distrito Fe-deral, así como en el mar. La trama incluye el uso de embarcaciones y aeronaves de la Armada de México para escenificar el res-cate de migrantes, una alerta por el hallaz-go de una bomba en la Ciudad de México, el plagio de un buque de guerra y el comba-te a “piratas modernos”.

La información señaló que desde el 28 de julio pasado el hangar de la Secretaría de Marina en el aeropuerto de la Ciudad de México se utilizó para apoyar a Televi-sión Azteca en el traslado de 120 personas a Acapulco.

El mismo día la Unidad de Comunica-ción de la Secretaría de Marina confirmó al periódico El Universal que sí se produ-cirá la serie La teniente, pero se apresu-ró a afirmar que la dependencia “no pa-gará un solo peso” para la realización del programa.

Alberto Santini, director de Azteca 13 y Azteca Novelas, afirmó que La tenien-te promoverá la labor de la Secretaría de Marina.

“Estamos contentos de lo que está pa-sando y de lo que hace la Marina para ayu-dar y estar con los mexicanos para salva-guardarnos y es importante lo que se está haciendo con esta obra maestra”, afirmó el directivo de TV Azteca.

La producción de la serie correrá a car-go de Benjamín Salinas y Roberto Gonzá-lez y el costo aproximado sería de 5 millo-nes de dólares, pero no quedó claro quién la patrocinará.

Hasta ahora sólo se han grabado tres capítulos en el Distrito Federal, Acapul-co e Isla Mujeres y la transmisión se pos-puso hasta abril o marzo de 2012 frente al escándalo que se generó por el caso de El Equipo. Algunos reportes internos de la Secretaría de Marina indican que la serie se podría cancelar, aunque insisten en que ninguno de los elementos participa como “extra” y que todo está dentro del marco de los reglamentos.

Para la diputada Quezada el problema con esta serie es el mismo que con El Equi-po: “La utilización de recursos públicos y la falta de transparencia en los convenios entre estas dependencias y las televisoras”.

–La Secretaría de Marina insiste en que no destinaron ningún peso en la pro-ducción –se le comenta.

–La Marina dice que no pero ¿a poco una televisión comercial va a producir gratis algo para favorecer a una dependencia gu-bernamental? –se pregunta la legisladora.

“Esto de las teleseries es una burla muy fuerte. Es una forma de operar del gobierno de Calderón para lavar la imagen nacional e internacional”, sentenció la legisladora.

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Imagen, impostación, fracaso...

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Con ello, se indicó, el mandatario trata de convencer a los mexicanos de la eficiencia de la lucha que emprendió contra el crimen organizado, con miras a 2012.

Para Stratfor, la difusión de interrogato-rios a capos detenidos es “claramente una herramienta de propaganda para las auto-ridades mexicanas que luchan por conven-cer a un público descontento de la utilidad de la guerra contra los cárteles de la droga”.

A partir del 25 de enero pasado, al in-augurar la Convención Nacional de Turis-mo, Calderón anticipó que se convertiría en guía de turistas para mejorar la imagen del país. Desde entonces ha encabezado excur-siones con inversionistas y periodistas ex-tranjeros por lugares turísticos de México. Recientemente se disfrazó de espeleólogo, de buzo y hasta se lanzó por una tirolesa.

El gobierno calderonista se ha valido de un nuevo formato publicitario: las series te-levisivas como El Equipo, de la SSP y La Te-niente, de la Semar. A éstas se suma The ro-yal tour, de la cadena estadunidense CBS.

Otra de las “innovaciones” calderonis-tas en términos de publicidad es la realiza-ción de un foro semejante a un talk show llamado “Diálogo Ciudadano”. En el ámbi-to de la mercadotecnia política a este instru-mento se le conoce como town halls mee-ting, utilizado generalmente en elecciones y con el que Calderón inició la difusión de su Quinto Informe de Gobierno.

En este foro participaron 100 personas, la mayoría ciudadanos que han realizado gestiones en el gobierno y que, con gastos pagados por la Presidencia de la República, acudieron a la capital del país para grabar el programa que se difundió por televisión el pasado 14 de agosto.

A un cuestionario enviado por Proce-so, la Presidencia respondió que Leonar-do Curzio aceptó conducir gratis el pro-grama que no tuvo costo para el gobierno.

El formato y las reglas son desconocidas pues apenas se dijo que una tómbola con los nombres de los asistentes serviría pa-ra definir quién sería el afortunado que po-dría preguntarle lo que quisiera al presi-dente Calderón, siempre y cuando “fueran directo al grano”. Por lo que toca a los gas-tos de traslado Presidencia negó esta in-formación y aclaró que sólo la proporcio-naría mediante una solicitud oficial.

De los 55 minutos que duró el progra-ma, 32 fueron usados por Calderón; de és-tos, 14 minutos con 17 segundos los dedicó a promover su política de seguridad. “El Pre-sidente del Empleo”, destinó a ese tema ape-nas un minuto con 14 segundos de perorata.

Durante la transmisión, el mandatario se enfocó en defender su lucha contra el crimen organizado y responsabilizar a los gobernadores de los estados, a los Estados Unidos y, al pasado, de los problemas del país. Hubo pocas intervenciones ciudada-nas, algunas con elogios y felicitaciones.

De acuerdo con el consultor Ulises Bel-trán, el town halls meeting, es un instru-mento común en Estados Unidos y se uti-liza sobre todo en campañas políticas. Para armar el programa se busca a personas que puedan ser afines a las políticas o los te-mas tratados. El ejercicio, abunda el espe-cialista, busca dar credibilidad a las políti-cas y acciones mediante la interacción con la gente proyectando la idea de que quien conduce el programa escucha las preguntas y da respuestas espontáneas.

Darío Mendoza, también consultor en mercadotecnia, explica que en América Latina, los presidentes Álvaro Colom, Hu-go Chávez y, en su tiempo, Álvaro Uribe, recurrieron a este instrumento, con la dife-rencia respecto al formato empleado por Calderón, que considera más acartonado.

“Su discurso es seguridad y el tema

bloquea el canal. Si no es espon-táneo no se percibe auténtico y se desgasta el ejercicio, se hace mo-nótono… salir mucho en la tele puede ser contraproducente.”

El 25 de agosto, Presidencia de la República informó de un nuevo formato en el que se realizan pregun-tas directas de los ciudadanos a tra-vés de la herramienta Google mode-rator que transmite texto o video.

Además, inició la transmisión de mensajes temáticos en los que Calde-rón aparece hablando junto a obras de su sexenio, y que fue anunciado a tra-vés del blog que Alejandra Sota, coor-dinadora de Comunicación Social de la Presidencia, posteó el 26 de agosto.

A la baja

Los estudios de opinión realizados al segundo trimestre de 2011 demues-tran que la aprobación de Calderón ha

caído en los niveles más bajos de los 11 años de gobiernos panistas.

En cuanto a aprobación, Consulta Mi-tofsky midió en julio que sólo 53.2% lo aprueba contra un 4.5% que lo desaprueba. Buendía y Laredo coincide en 53% de apro-bación, en agosto.

Respecto al rumbo del país, Mitfos-ky obtuvo que 59% cree que es el equivo-cado, en tanto sólo 32.3% considera que es el correcto. En las mediciones mensua-les, Mitofsky registra la peor calificación mensual de las administraciones panistas con 63% de los encuestados que cree que el rumbo es el equivocado.

Por su parte, Buendía y Laredo obtuvo que 39% creía, al segundo trimestre de 2011, que el país va por mal camino; 55% pide cambio de rumbo, y sólo 21%, continuidad.

Los resultados de Mitofsky atienden a otros aspectos: en cuanto a la guerra, el re-sultado es devastador: 56.3% de la población cree que la guerra la va ganando el crimen or-ganizado y sólo 18.8% estima que la gana el gobierno. En 2010, la percepción era distin-ta: 39% creía que ganaba el crimen organiza-do y 36.8% que el vencedor era el gobierno.

De acuerdo con el mismo estudio, el presidente, la policía y el ejército tuvieron también su peor nivel de confianza. De 12 instituciones medidas por su nivel de con-fianza, el presidente quedó en octavo lugar.

En mayo pasado, Roy Campos, direc-tor de Mitofsky, dio a conocer que en 54 meses de gobierno la población se encon-traba dividida: 49% aprobó el trabajo de Calderón y un similar 49% lo reprobó; esa fue la primera medida trimestral en que su aprobación bajó de 50%.

Y fue ese mes cuando inició el cambio en el discurso, la transmisión de series co-mo El Equipo y los cambios en la estrate-gia de comunicación.

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veces mayor que lo gastado por Vicente Fox en su último año de gobierno.

El proyecto Publicidad Oficial en Méxi-co, creado por los organismos Fundar y Ar-tichle 19, con apoyo del Open Society Ins-titute, demostró que el gasto en difusión supera los 151 pesos por habitante.

De acuerdo con su estudio más recien-te, con los casi 17 mil millones de pesos derrochados por Calderón en difusión en-tre 2007 y 2011 se hubieran podido cons-truir 17 hospitales de especialidades; u 89 unidades de tratamiento de leucemia; o dotar de medicinas al Seguro Popular de Michoacán durante 708 años o, inclusi-ve, otorgarle 809 veces más presupuesto a las acciones de prevención y participa-ción ciudadana de la Secretaría de Seguri-dad Pública (SSP).

Una comparación con otros países muestra la magnitud de la dilapidación: sólo en 2009, México gastó dos veces más en pu-blicidad oficial que Francia o Argentina, tres veces más que España y cinco veces más que Canadá.

En el sitio electrónico se indica que en 2010 el gobierno federal erogó 4 mil 558 millones 604 mil 674 de pesos en publici-dad, cuando se habían presupuestado mil 670 millones; es decir, casi triplicó el mon-to original.

De acuerdo con reportes de la Subsecre-taría de Normatividad y Medios de la Se-cretaría de Gobernación contenidos en su Informe sobre la ejecución de los progra-mas y campañas de comunicación social del gobierno federal, en el primer semestre de 2011 sólo se habían gastado poco más de mil millones de pesos en el rubro.

La Presidencia de la República habría erogado, según ese informe, apenas 8 mi-llones 147 mil pesos, en tanto las depen-dencias que más gastaron fueron la Se-cretaría de Turismo, con 437 millones de pesos, y la Secretaría de Hacienda y Cré-dito Público (SHCP), con 390 millones,

cuyo titular, Ernesto Cordero, es aspirante a la candidatura presidencial.

No obstante, Presidencia utilizó la ma-yor parte de los tiempos oficiales en me-dios electrónicos, con 30% de televisión y cerca de un 15% de radio.

Durante el primer semestre de 2011, las dependencias que conforman el gabine-te de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la de Seguridad Pública (SSP), la de Marina (Semar) y la Procura-duría General de la República (PGR), des-tinaron de manera conjunta casi 102 millo-nes de pesos al rubro de difusión.

La SSP fue la dependencia que acaparó mayor presupuesto con 23 millones de pe-sos; sin embargo, sólo la serie de televisión El Equipo, habría costado 118 millones de pesos, contratados desde el año pasado. De hecho, otras contrataciones podrían no re-flejarse en el informe de la Segob, pues éste no contempla recursos comprometidos ni pagos pendientes.

Discurso extraviado

A partir del 4 de mayo último, Calderón modificó la forma de comunicar en su go-bierno. Con extravíos en el discurso, re-parto de culpas y ejercicios publicitarios de prueba y error, ha intentado revertir sus bajos niveles de aceptación. Inclusive, de manera inusual, concedió dos entrevistas ese mismo día: una a Joaquín López Dóri-ga y otra a Javier Alatorre.

Los discursos del presidente son largos y pueden ser soporíferos. En cada alocu-ción ante inversionistas extranjeros intenta convencerlos de que México es más renta-ble que Brasil, Rusia, India y China, eco-nomías emergentes conocidas como BRIC.

Desde hace algunas semanas, Calde-rón presume de maneja la economía mejor que Estados Unidos. También afirma que su gobierno pronto alcanzará la cobertura universal de salud y en educación básica

y, naturalmente, que su “estrategia” de combate al crimen organizado es la correcta.

A partir del 4 de ma-yo, en el período de peor calificación a su gobier-no, Calderón dio un vi-raje a su discurso agresi-vo y retador. Comenzó a llamar a la unidad en tor-no a su guerra, luego de un mes de descalificar al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

De acuerdo con el consultor Darío Mendo-za, el diálogo celebrado el 23 de junio en el Cas-tillo de Chapultepec con el mencionado Movi-

miento fue muy provechoso para Calderón, en términos de mercadotecnia política y no le costó un solo centavo.

Un seguimiento de los mensajes de Cal-derón en los días posteriores al Diálogo de Chapultepec demuestra que el mandata-rio utilizó en su provecho el discurso de las víctimas, al que pocas veces su gobierno había prestado atención.

El 27 de junio aseguró que trabajaba por construir un país “donde las víctimas recibieran apoyo”. Tres días después, en la sesión del Consejo de Seguridad Pública, hizo citas textuales del Diálogo de Chapul-tepec y exhortó a los presentes a que escu-charan a las víctimas, como hizo él en “la experiencia intensa del diálogo”.

Como avanzaba el mes de julio y no se convocaba al periodo extraordinario de se-siones para aprobar la Ley de Seguridad Nacional, descalificó al Congreso; como no se sostuvo la detención de Jorge Hank Rhon, criticó al Poder Judicial. Además, acusó a los gobernadores de no hacer su tra-bajo en materia de seguridad, mientras que los integrantes de su gabinete repiten, como él, que urge depurar a las policías locales.

Así, en medio de la confrontación, el incumplimiento de los acuerdos del Diá-logo de Chapultepec y una radicalización de la violencia, su Quinto Informe es pre-cedido por el tiroteo registrado el sábado 20 en el estadio Territorio Santos Modelo (TSM) de Torreón, donde se jugaba el par-tido Monarcas-Santos, y por el ataque al Casino Royale de Monterrey, el jueves 25, donde murieron 52 personas.

Éste último caso, obligó al gobierno de Calderón a admitir por primera vez un ac-to terrorista y a convocar a la unidad a los dirigentes de los partidos políticos, los ti-tulares de los poderes y los gobernadores, precisamente con los que se ha confronta-do en los últimos meses.

Promoción gratuita

En varias ocasiones Calderón se ha toma-do la foto con equipos de futbol. El 18 de enero recibió al club Monterrey; el 9 de ju-nio abanderó selecciones nacionales, y un mes después acudió a Mundo Futbol y al Salón de la Fama. El 11 de julio, celebró el triunfo de la selección Sub 17, y el 22 del mismo mes recibió al Club Pumas.

El presidente no desaprovecha la oca-sión de aparecer al lado de personajes fa-mosos, como en mayo pasado cuando re-cibió en Los Pinos al cantante Bono, de U2. Con tal de aparecer en los medios de comunicación incluso se vale de la fama de los delincuentes.

En un informe correspondiente a julio pasado la agencia de seguridad Stratfor se-ñaló que con la difusión masiva de los inte-rrogatorios a capos del narcotráfico deteni-dos Calderón hacía proselitismo electoral.

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del Cabo S. de R.L. de C.V. (Pueblo Bo-nito) recibió en 2007 autorización para el proyecto Cabo Pacífica en 750 hectáreas en la zona de Cabo, con una inversión pro-yectada en mil 422 millones de dólares. Algunos componentes del proyecto fue-ron autorizados con antelación.

El mismo año, la desarrolladora La Ri-bera S. de R.L .de C.V., recibió aprobación para el complejo turístico La Ribera, que incluye un desarrollo náutico y marina. El proyecto se prevé desarrollar en 360 hec-táreas con una inversión de mil 236 millo-nes de dólares.

En 2008, la Semarnat autorizó a la em-presa Promociones Turísticas A.V., S.A. de C.V., la construcción del proyecto Cos-ta Baja (Plan Maestro Costa Baja) en la zona de La Paz. La extensión es de 219 hectáreas con una inversión programada de mil 105 millones de dólares. El docu-mento del Cemda señala que “etapas di-versas del proyecto, básicamente lo relati-vo a su marina, área hotelera y comercial fueron autorizadas antes.

En el gobierno de Vicente Fox, en el año 2000, la dependencia autorizó a Marina La Playita para realizar su proyecto Puerto Los Cabos, en el municipio de Los Cabos, en 400 hectáreas con una inversión cercana a los 930 millones de dólares.

En 2006, el desarrollador Vista Serena (con un proyecto del mismo nombre) reci-bió autorización de la Semarnat, para cons-truir su desarrollo turístico-inmobiliario en 605 hectáreas, con un monto de inversión proyectado en 923 millones de dólares.

El fideicomiso F/934 Deutche Bank México está al frente del proyecto inmo-biliario Entre Mares, en 390 hectáreas en la zona de La Paz, Baja California Sur, con una inversión estimada en 903 millones de dólares. De este proyecto, el documento no precisa la fecha.

La Semarnat autorizó, el 12 de julio de 2006, el proyecto Chileno Bay, de la desa-rrolladora Chileno Bay Club, para cons-truir en 512 hectáreas en la zona de Los Cabos, con una inversión que rondaba los 800 millones de dólares.

El proyecto de la empresa Las Coli-nas Polo & Golf Resort S. de R.L. de C.V. denominado Residencial Las Colinas del Puerto, en Los Cabos, fue rechazado en una fecha no especificada; aunque en 2009 fue aprobado. Este desarrollo de lujo se cons-truye en 736 hectáreas con un monto de in-versión de 750 millones de dólares.

Durante su gestión, Vicente Fox au-torizó el proyecto Paraíso del Mar, pro-piedad de la empresa Desarrollos Punta La Paz, S. de R.L. de C.V., en una ex-tensión de 504 hectáreas y con un mon-to de inversión estimada en 733 millones de dólares.

En 2007 se autorizó a Juandro Consul-tores, S. de R.L. de C.V., el proyecto Azul

de Cortés en una extensión de 752 hectá-reas en la zona de La Paz, con un monto de inversión de 500 millones de dólares.

Posteriormente, el proyecto fue com-prado por la constructora de centrales fo-tovoltaicas Isolux-Corsán, propiedad del empresario español Luis Delso.

En 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, la Semarnat autorizó a la Divi-sión Fiduciaria de Banamex el desarrollo Seramai, que se pretende construir en 537 hectáreas del municipio de Mulegé, con una inversión de 426 millones de dólares.

Por último, el desarrollador turístico Legato Investments Saltito 1, S. de R.L. de C.V., recibió autorización para el proyec-to del Desarrollo Turístico Residencial El Saltito, en el municipio de La Paz, en 709 hectáreas, con una inversión de 150 millo-nes de dólares.

“Casi todos estos proyectos están pa-rados o trabajando a su mínima capaci-dad, como Paraíso Loreto, Cabo Cortés, Vista Serena, Entre Mares, Chileno Bay o Semarai”, asegura a Proceso el abogado ambientalista.

TURISMO

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llones de euros de disponibilidad inmediata para asegurar su liquidez.

En su edición de 5 de mayo último, Proceso adelantó que la CAM estaba a un paso de la bancarrota y adelantó la posibi-lidad de que fuera intervenida por el Ban-co de España. Desde entonces estaba en entredicho el futuro del proyecto turístico de Cabo Cortés, no sólo porque la caja po-seía 24.9% de la constructora Hansa Ur-bana, sino porque había otorgado diversas líneas de crédito.

El Banco de España reemplazó a todos los directivos de la CAM, incluida su di-rectora, María Dolores Amorós, según pu-blicó el periódico El País en su edición del miércoles 10 de agosto.

Ese mismo día, los responsables de Greenpeace en México y en España, así co-mo las españolas Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) y Ecologistas en Acción, y el Cemda enviaron una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernán-dez Ordóñez, en la cual le instan a realizar una investigación a fondo de todas las inver-siones y proyectos urbanísticos y turísticos tanto en Baja California Sur, en México, co-mo en España, en este caso en Murcia y Va-lencia, principalmente.

La razón, advierten, se debe a que “la CAM ha sido desde hace años uno de los principales valedores de Hansa Urbana”. Se-gún las organizaciones, luego de poseer 60% de la desarrolladora alicantina hasta diciem-bre de 2003, la CAM se desprendió de sus acciones para quedarse sólo con 24.9%.

Sin embargo, en mayo de 2011 un cré-dito fallido que la empresa no podía de-volver y que fue a cambio capitalizado significó que la CAM aumentara su parti-cipación en Hansa a 30%.

En otra parte del documento obtenido por Proceso, los firmantes instan a inves-tigar este hecho, porque “algunos medios de comunicación han señalado que los te-rrenos de Baja California Sur donde pre-tende construirse Cabo Cortés (3 mil 850 hectáreas) habrían pasado a ser propiedad de la CAM mediante la permuta de capital que, como hemos mencionado, se produjo en mayo pasado”.

Además, las organizaciones piden “in-corporar al patrimonio de los estados y re-giones afectadas las áreas costeras situadas en el entorno de espacios protegidos que se encuentran en trámite para su urbanización, y en las que Hansa Urbana promueve pro-yectos respaldados por la CAM”.

Y aun cuando aclaran que no preten-den juzgar la entrada de fondos públicos en una entidad privada debido a la mala gestión de ésta, insisten en que “la entrada de recursos públicos debe estar supeditada a que se pongan fin a estos excesos inmo-biliarios y turísticos, destructivos en tér-minos sociales y medio ambientales”.

Agustín Bravo sostiene que este caso,

inmobiliaria Fadesamex, S.A. de C.V. (fi-lial mexicana del grupo español Martín-Fa-desa), al que el gobierno mexicano autori-zó la construcción de su mayor complejo turístico en medio de playas y acantilados en el municipio de Loreto, 350 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz, capital de Baja California Sur.

El proyecto autorizado para desarrollar-se en 2 mil 900 hectáreas, con una inver-sión de 5 mil millones de dólares, incluía la construcción de 6 mil 500 viviendas de lujo, entre apartamentos y villas adosadas, además de 7 mil habitaciones distribuidas en hoteles de cinco estrellas, condo-hote-les y tiendas, así como tres campos de golf y una marina.

La constructora Martinsa, propiedad de Fernando Martín, expresidente del club de futbol Real Madrid, adquirió en mar-zo de 2007 el Grupo Fadesa, por un mon-to de 4 mil 50 millones de euros, que tenía presencia en Portugal, Marruecos, Fran-cia, Rumania, Hungría y Polonia. El Gru-po Fadesa ya contaba en México con un desarrollo turístico en Nayarit (Paraíso Li-tibú), y otros en San Miguel de Allende y en Guadalajara.

Pero con la enorme carga de esa deuda y el empeoramiento del escenario del sec-tor inmobiliario en España, el 14 de julio de 2008 el grupo constructor se declaró en suspensión de pagos y solicitó a las autori-dades acogerse a concurso mercantil para enfrentar una deuda que alcanzaba enton-ces los 8 mil millones de dólares.

Y con ello quedó en el limbo el pro-yecto Desarrollo Turístico Integral Lore-to Paraíso, “grave situación en la que no repararon las autoridades mexicanas,” di-ce Bravo.

Iván Vela, representante de Fadesa-mex explicó que por los problemas finan-cieros de la sede española, el proyecto de Loreto posiblemente vaya un poco más lento, según una nota del portal electróni-co CNN-Expansión publicada un día des-pués del anuncio de la bancarrota hecho en España.

Luego de la declaratoria de suspensión de pagos, Martín-Fadesa se enfrascó con el empresario Manuel Jove (antiguo dueño de Fadesa) en un cruce de litigios en tribunales españoles por la propiedad de los terrenos del proyecto en Baja California Sur.

En la lista está Fonatur, con los desa-rrollos Riviera Loreto y Puerto Escondido, que ocupan una extensión de mil 807 hec-táreas con una inversión de mil 628 millo-nes de dólares. Aunque las manifestaciones de impacto ambiental (MIA) fueron recha-zadas en un primer momento ante las auto-ridades ambientales mexicanas, “al parecer fueron con posterioridad autorizados o se pretende lo sean”, señala el documento pro-porcionado pro Bravo.

En 2007, el desarrollador Gram Armee

el más controversial, se debe a que, pese a las dificultades financieras de CAM y Hansa Urbana, la Semarnat revalidó la au-torización, a sabiendas de que el proyecto afectará el Parque Nacional Marino de Ca-bo Pulmo, reconocido por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad des-de 2005; tres años después incluso inclui-do en la lista del Convenio Ramsar para la conservación de humedales de importan-cia internacional.

“El mandato legal obliga a la Semarnat a proteger la biodiversidad y el área natu-ral protegida del único ejemplo de restaura-ción ecológico-marino en el país, pero aún así autorizan este proyecto fuera de esca-la, lo que representa un fraude a la ley y un vicio del acto administrativo. Son casos de esquizofrenia clínica, igual por la enorme presión de la Secretaría de Economía y de Proméxico para que se le allanen las cosas a esa empresa española”, comenta Bravo.

Y agrega: “Estos funcionarios se han convertido abiertamente en gestores de la empresa”.

Por lo que respecta a Hansa Urbana, en México, la empresa recurrió a personajes relacionados con el medio ambiental, co-mo John McCarthy, quien fue titular de Fo-natur en el gobierno de Vicente Fox (Pro-ceso 1764); Raúl Arriaga, exsubsecretario para la Gestión de la Protección Ambien-tal, y Sergio Tavanski, quien trabajó tam-bién en Fonatur . Todos ellos “han enfren-tado dificultades administrativas”.

Eso demuestra que la empresa tiene un sello de casa, como en España, al recurrir a la misma gestión soterrada de sus permi-sos con poca rendición de cuentas, que son modelos anclados en las década de los se-tenta, dice el abogado Bravo.

Los otros proyectos

En el listado de los polémicos proyectos destaca también el de Loreto Paraíso, de la

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uga Fox y Calderón. Permisos

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EL PAÍS DE CALDERÓN

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