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El trabajo autónomo. La protección activa y pasiva por cese de actividad. Medidas

de fomento y promoción de empleo.

Eduardo Rojo Torrecilla.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad

Autónoma de Barcelona.

12 de octubre de 2011.

Texto publicado en el blog del autor: http://eduardorojoblog.blogspot.com/

I. Introducción.

1. El Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad de la Universidad de Extremadura

http://www.unex.es/ organiza durante el mes de octubre un Seminario sobre “El trabajo

autónomo: balance y perspectivas tras la Ley 20/2007”.

El Catedrático de DTSS de la UNEX, Miguel Cardenal Carro, ha tenido la deferencia de

invitarme a participar en este Seminario y me ha pedido que hable a todas las personas

asistentes sobre la prestación por cese de actividad. Según se indica en el programa, va

dirigido a “todos los interesados en conocer las importantes modificaciones introducidas

en este campo social”. Desde aquí quiero agradecer al profesor, y buen amigo, Miguel

Cardenal, la oportunidad que me facilita de compartir mis conocimientos con todas las

personas asistentes al Seminario y también, estoy seguro de ello, de aprender de todas

las reflexiones que se formulen con posterioridad a mi intervención.

La conferencia se ubica en la parte 1ª, dedicada al estudio y análisis de los aspectos

comunes presentes en la regulación del trabajo autónomo. La 2º parte estará dedicada a

la figura de los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADES), y la

3ª a las medidas de fomento y promoción del empleo autónomo.

2. Desde que puse en marcha el blog para el que escribo esta entrada han sido

numerosas las ocasiones en que he estudiado la figura del trabajador autónomo desde la

perspectiva laboral y de protección social, tanto en el ámbito estatal como en los

autonómicos. La intervención en el Seminario de la UNEX me ha parecido una

excelente oportunidad para reordenar, y poner al día en su caso, muchas de las entradas

publicadas desde septiembre de 2007 hasta el momento presente. A tal efecto, la

primera parte estará dedicada al estudio del trabajo autónomo y la segunda tratará sobre

aquello de cuyo contenido han solicitado los organizadores del Seminario mi

intervención, la prestación por cese de actividad, con alguna mención al todavía

proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la normativa legal reguladora de la

protección por cese de actividad y que es previsible que se apruebe durante este mes de

octubre. Esta (futura) norma reglamentaria ha sido demandada por las organizaciones

representativas de los autónomos, y valga ahora la cita de la Unión Profesional de

Trabajadores Autónomos (UPTA) http://bit.ly/917Icc, “con el fin de que a partir del

próximo mes de octubre los autónomos cotizantes para esta prestación puedan ya acudir

a ella en caso de necesidad”. En el texto del proyecto de Real Decreto se enfatiza que se

trata de desarrollar una norma legal, la Ley 32/2010 de 5 de agosto, que supone “el

mayor impulso de protección social realizado para los trabajadores autónomos”, y un

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“hito histórico” en materia de trabajo autónomo al proteger a dichos trabajadores

cuando cesen su actividad, equiparándolos en protección a “los trabajadores por cuenta

ajena beneficiarios de la prestación por desempleo”.

En una tercera parte, y como anexo, recojo distintas medidas de fomento y promoción

del empleo autónomo que se han puesto en marcha en ámbitos autonómicos desde 2008,

con alguna referencia concreta al ámbito estatal cuando lo he considerado necesario. No

se trata, en ningún caso, de un anexo exhaustivo de todo lo que se ha hecho para

promocionar el empleo autónomo, sino de algunas normas que por su interés he

considerado relevante su explicación.

Ahora bien, antes de iniciar la exposición jurídica propiamente dicha sobre el trabajo

autónomo y la prestación por cese de actividad, me parece importante, por una parte,

conocer con carácter general cuál es la realidad cuantitativa del trabajo autónomo, y por

otra acercarme con brevedad a la norma jurídica más importante de la Comunidad

Autónoma de Extremadura que acoge este Seminario, su Estatuto de Autonomía, para

repasar aquellos preceptos que pueden tener interés para la problemática laboral y de

protección social en general y la de los trabajadores autónomos en particular.

3. Los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA)

http://bit.ly/qD4FO9, correspondientes al segundo trimestre de 2011, nos informan de la

existencia de 1.870.900 empresarios sin asalariados o trabajadores independientes, con

una disminución de 14.200 personas sobre el mismo período de 2010. Además de este

grupo, en los 3.002.200 trabajadores por cuenta propia se incluyen 952.700

empresarios, 34.800 miembros de cooperativas y 143.800 personas que realizan tareas

de ayuda familiar (y a las que también serán de aplicación las normas sobre prestación

por cese de actividad).

Otra fuente de información de especial importancia para el ámbito laboral es la que

proviene de la Seguridad Social http://bit.ly/mVxLJw, en concreto los datos mensuales

sobre afiliación. En el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) la media de

afiliación de septiembre es de 3.092.136 personas, con una variación interanual negativa

de 30.348 (cifra casi idéntica a la caída de afiliación en el sector de la construcción,

26.070) y una mucho más preocupante de 290.012 personas desde los primeros

síntomas en España de la crisis económica internacional (septiembre de 2008). Los

sectores en los que se concentra el grueso de la población afiliada son los de “comercio:

reparación de vehículos de motor y motocicletas” (787.703), “construcción” (406.574),

“actividades profesionales, científicas y técnicas” (211.868), y “Otros servicios”

(199.823).

Para la provincia de Badajoz dispongo de un dato que considero de interés: el Informe

de Mercado de Trabajo 2011 (con datos de 2010) elaborado la Dirección Provincial del

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) en el marco de los informes estatales y

provinciales elaborados por el Observatorio de las Ocupaciones del SPEE

http://bit.ly/q1HQAy; nos proporciona la cifra de 47.907 personas afiliadas al RETA, un

20,0 % del total de la afiliación (24,28 % hombres, 14,09 % mujeres) a los distintos

regímenes de Seguridad Social (239.479).

Para la ciudad de Badajoz, donde se ubica la Universidad que acoge a este Seminario,

cabe destacar un reciente informe de la UPTA http://bit.ly/oTAkvH sobre el descenso en

el número de autónomos que se ha producido en capitales de provincias y municipios de

3

más de 40.000 habitantes desde enero de 2011. Según dicho Informe, el número de

personas afiliadas a 31 de diciembre de 2010 era de 8.061, mientras que al finalizar el

primer semestre de 2011, el 30 de junio, había 8.003, es decir 58 afiliados menos.

Por último, según datos oficiales a la entrada en vigor de la norma 550.360 trabajadores

autónomos afiliados al RETA cotizaban voluntariamente para cubrir las contingencias

por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (17,50 %), un 3,73% más que

los acogidos a las prestaciones en diciembre de 2009, que eran 530.551. Datos más

recientes de 30 de junio de este año indican que hay 648.029 afiliados que cotizan por

dichas contingencias, un 20,83 % del total del colectivo autónomo. Según datos

facilitados por UPTA http://bit.ly/917Icc, 434.541 son hombres y 213.488 son mujeres.

El 32 % son de nacionalidad extranjera. Por CC AA, la primera es Andalucía (128.731),

seguida de Madrid (78.812). Por porcentajes, la mayor participación la encontramos en

Andalucía (27,33 % del total de colectivo autónomo), Canarias (27,28 %) y Castilla-La

Mancha (27,27 %). Por edades, la mayoría de autónomos cotizantes se encuentra en la

franja de 35 a 49 años (295.572).

4. Paso a continuación al examen de la norma jurídica más importante de la Comunidad

Autónoma, la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de

Autonomía de Extremadura http://bit.ly/oyOs77

El Pleno del Senado del día 19 de enero aprobó sin ninguna modificación el texto de la

propuesta de reforma del EAE remitida por el Congreso de los Diputados, que lo aprobó

341 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. La Comunidad Autónoma extremeña se

convierte así en la séptima CC AA que ha reformado su Estatuto de Autonomía,

siguiendo los pasos de las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía,

Aragón y Castilla – León.

A mi parecer, los preceptos más destacados de contenido sociolaboral son los que

reproduzco a continuación, que como se verá tienen diferente grado de intensidad por lo

que respecta a su fuerza jurídica. Sin duda, y mucho más tras el acuerdo político

alcanzado entre el PSOE y el PP, el EAE no debería ser fuente de conflictos jurídicos en

cuanto a su contenido, aunque como es obvio sí que podrán suscitarse en relación con la

distribución competencial efectiva que se vaya realizando a medida que se produzca su

desarrollo.

El artículo 7, incluido en el Título Preliminar, enuncia los principios rectores de los

poderes públicos extremeños. Entre otros, se dispone que tales poderes “4. Promoverán

la concertación y el diálogo social con sindicatos y empresarios como instrumentos

necesarios en la concepción y ejecución de sus políticas de cohesión y desarrollo. 5.

Adoptarán activamente todo tipo de políticas para la consecución del pleno empleo,

especialmente mediante medidas que promuevan la inversión productiva y que ajusten

la oferta y la demanda de trabajo en un marco de responsabilidad social empresarial….

12. Consideran un objetivo irrenunciable que informará todas las políticas regionales y

la práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la mujer en todos los

ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. Asimismo,

removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva mediante

las medidas de acción positiva que resulten necesarias…. 15. Promoverán la autonomía,

la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral de las personas con

4

discapacidad, con especial atención a su aportación activa al conjunto de la sociedad, a

la enseñanza y uso de la lengua de signos española y a la eliminación de las barreras

físicas….17. La integración de los inmigrantes que viven en Extremadura es un objetivo

común de las políticas públicas regionales y que estará orientado por los principios del

mutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de derechos y deberes,

en el marco de los principios y valores constitucionales”.

El Título I regula las competencias autonómicas. Como disposiciones generales, el

artículo 8 concreta que la CC AA “… asume competencias sobre las materias que se

identifican en los siguientes artículos. Dichas competencias comprenderán las funciones

que en cada caso procedan, sin perjuicio de las que pudieran corresponder al Estado en

virtud de títulos competenciales propios previstos en la Constitución. 2. Asimismo,

asume las competencias que le sean atribuidas, delegadas o transferidas por el Estado,

de conformidad con lo previsto en la Constitución, y cualesquiera otras que le puedan

corresponder de acuerdo con esta, con los otros títulos del presente Estatuto y con el

resto del ordenamiento jurídico. 3. En el ejercicio de sus competencias la Comunidad

Autónoma podrá establecer políticas propias”.

El EAE atribuye a la autonomía (artículo 9) competencias exclusivas, entre otras en las

siguientes materias: “7) Fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad

Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional….17)

Organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y entidades asimiladas.

Fomento de todas las modalidades de economía social. ..27) Acción social. En

particular, la promoción y protección de los mayores y la prevención, atención e

inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad,

dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social.

Prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social…28)

Políticas de integración y participación social, cultural, económica y laboral de los

inmigrantes, en colaboración con el Estado, y participación en las políticas de

inmigración estatales. 29) Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación

de normas y ejecución de planes para el establecimiento de medidas de discriminación

positiva para erradicar las desigualdades por razón de sexo”.

En estas materias, corresponde a la Comunidad Autónoma “la función legislativa, la

potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva, la adopción de cuantas

medidas, decisiones y actos procedan”.

Extremadura también asume (artículo 10), competencias de desarrollo normativo y

ejecución en materia de “6) Seguridad social, con excepción de las normas que

configuran su régimen económico y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

siguiente”. La CC AA puede “desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la

normativa del Estado, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad

reglamentaria y la función ejecutiva”.

Sobre las competencias de ejecución (artículo 11), el EAE las atribuye, entre otras, en

“7) Trabajo y relaciones laborales, incluyendo la función pública inspectora, que se

coordinará con el Estado. Las políticas activas de empleo, la intermediación laboral, la

seguridad y salud en el trabajo, la formación profesional para el empleo y, en su caso, la

gestión de los fondos de protección del desempleo. 8) Gestión del régimen económico

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de la seguridad social y de los servicios que integran el sistema, con pleno respeto a los

principios de unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera… 13) Fijación,

en colaboración con el Estado, de las necesidades del mercado laboral que determinan la

concesión de las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.

En estas materias corresponderá a la CC AA “la potestad reglamentaria organizativa y

la adopción de planes, programas, medidas, decisiones y actos”.

Asociadas a todas las competencias que le atribuye el EAE, el artículo 13 reconoce a la

CC AA “el ejercicio de las actividades de policía, de servicio público y de fomento,

pudiendo regular la concesión y otorgar y controlar subvenciones con cargo a fondos

propios y, en su caso, a los provenientes de otras instancias públicas”.

En el título II, dedicado a las instituciones de Extremadura, encontramos en su capítulo

V, que trata sobre otras instituciones estatutarias, la figura del Consejo Económico y

Social, disponiendo el artículo 47 que “Una ley de la Asamblea regulará la

composición, las competencias, el régimen jurídico, la organización y el funcionamiento

del Consejo Económico y Social de Extremadura, con sede en la ciudad de Mérida,

como órgano colegiado consultivo de la Junta en materias socioeconómicas”.

Por fin, cabe hacer mención del título VI, que regula la economía y la hacienda de la

autonomía extremeña, ya que hay una mención expresa al trabajo autónomo. Como

principios generales por los que debe regirse la economía de la CC AA (artículo 73) se

dispone que “1. Toda la riqueza de la región, en sus distintas formas y cualquiera que

sea su titularidad, está subordinada al interés general. Se protege la libertad de empresa

y se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. 2. Los poderes públicos de

la Comunidad Autónoma fomentarán y, en su caso, regularán la participación de los

agentes sociales y económicos en organismos e instituciones con funciones de

desarrollo de Extremadura. Igualmente, propiciarán la constitución y el desarrollo de

sociedades de economía social y promoverán y protegerán el trabajo autónomo”.

II. Primera parte. La regulación del trabajo autónomo. La Ley 20/2007 de 11 de

julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

1. La norma a la que me refiero a continuación http://bit.ly/dNRdIK tiene una indudable

importancia en el ámbito de las relaciones de trabajo. El texto entró en vigor tres meses

después de su publicación, es decir el 12 de octubre, si bien la importante disposición

adicional quinta (incorporada en el trámite parlamentario) concedió un plazo de un año

desde dicha entrada en vigor para el desarrollo reglamentario de las disposiciones

reguladoras del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente (artículo

12.1).

El título I aborda el ámbito de aplicación subjetivo de la ley que, con carácter general,

incluye a toda persona que realice de forma habitual, directa, por cuenta propia, y fuera

del ámbito de organización y dirección de otra persona, una actividad económica o

profesional a título lucrativo, con independencia de que ocupen o no a trabajadores por

cuenta ajena. También serán considerados trabajadores autónomos los familiares que no

tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena. El régimen profesional de este

trabajo se regula en el Título II, con una ordenación de las fuentes de la relación jurídica

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que incluye las disposiciones de esta ley y las restantes que sean de aplicación, la

normativa común reguladora de la contratación civil, mercantil o administrativa, los

pactos entre el trabajador autónomo y el cliente, y los usos y costumbres locales y

profesionales, sin olvidar en el plano colectivo los acuerdos de interés profesional que

afecten a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

2. Estos TRADES son los que, además de trabajar en las mismas condiciones jurídicas

que los restantes autónomos, dependen económicamente de un solo cliente en el 75 %

de sus ingresos. Cabe plantear aquí que de acuerdo con el texto citado el TRADE puede

percibir ingresos por su trabajo por cuenta propia para uno o varios clientes, y también

puede obtener rendimientos económicos como consecuencia de su posible prestación de

servicios por cuenta ajena, dejando planteada la cuestión de si además de dicha

prestación con otros clientes o empresarios sería posible mantenerla con el cliente del

que percibe el 75 % como mínimo de sus ingresos. No parece una hipótesis que pueda

plantearse en muchas ocasiones, pero el tenor literal de la norma no impide esa

posibilidad.

La regulación de los TRADES responde según el preámbulo de la norma a la necesidad

de dar cobertura legal a una realidad social: “la existencia de un colectivo de

trabajadores autónomos que, no obstante su autonomía funcional, desarrollan su

actividad con una fuerte y casi exclusiva dependencia económica del empresario o

cliente que lo contrata”. El carácter híbrido de los TRADE se refleja claramente en el

hecho de que aún tratándose de una relación no laboral los conflictos que se susciten

con su cliente serán conocidos por los órganos jurisdiccionales del orden social. Ya en

el año 2003 el profesor Jesús Cruz Villalón había apuntado, en un informe elaborado

para la Fundación Alternativas http://bit.ly/pMHmub , la necesidad de regular el trabajo

autónomo porque a su parecer existía “una falla radical de protección entre el trabajo

subordinado (tradicionalmente hiperprotegido) y el trabajo autónomo (de siempre

desatendido por los poderes públicos), olvidando que este último en algunas de sus

manifestaciones se presenta en una situación sociológica y/o económica de

dependencia, por mucho que no lo sea desde el punto de vista jurídico formal”. Ocho

años más tarde, y al comentar la Ley 20/2007 (en el “Prólogo” a la tercera edición del

“Estatuto del trabajo autónomo”, Ed. Tecnos, 2011 http://bit.ly/nLPqXV), el profesor

Cruz ha destacado que “La lógica de la tutela del contratante débil, no exclusiva de lo

laboral, se percibe pues igualmente en la filosofía general de la norma, aunque evitando

los indebidos mimetismos de traslación de la legislación laboral a un campo donde no

concurre un elemento tan singular y determinante como es el de la subordinación”.

Los requisitos para obtener la consideración jurídica de TRADE son los siguientes: a)

No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o

toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del

que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros

clientes. b) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que

presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del

cliente. c) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el

ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad

sean relevantes económicamente. d) Desarrollar su actividad con criterios organizativos

propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente. e)

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Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de

acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y ventura de aquélla.

La estrecha vinculación entre el trabajo de los TRADE y la normativa jurídica laboral se

refleja en la regulación que la norma efectúa de sus condiciones de trabajo. Destaco

ahora, y sólo a título ilustrativo, las medidas sobre ordenación de la jornada de la

actividad profesional. En efecto, se reconoce el derecho a una interrupción de su

actividad anual de 18 días hábiles, con posible mejora mediante contrato entre las partes

o mediante acuerdo de interés profesional. También mediante contrato individual o

acuerdo se determinará el régimen de descanso semanal y el correspondiente a los

festivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad y, en el caso de que la misma se

compute por mes o año, su distribución semanal. En fin, se regula de forma semejante a

la existente en el ámbito laboral la prestación de horas extraordinarias, disponiendo la

norma que “la realización de actividad por tiempo superior al pactado contractualmente

será voluntaria en todo caso, no pudiendo exceder del incremento máximo establecido

mediante acuerdos de interés profesional (AIP). En ausencia de AIP, el incremento no

podrá exceder del 30 % del tiempo ordinario de actividad individualmente acordado”.

No olvida el texto legal referirse a la conveniencia de que el horario de actividad

procure adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida personal, familiar y

profesional del TRADE, y que cuando se trate de una mujer que sea víctima de la

violencia de género se le reconocerá el derecho a la adaptación del horario de actividad

con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social

integral”.

Repárese en la importancia que tiene para una laboralización de la actividad de los

TRADE el hecho de que se reconozca la competencia de los órganos jurisdiccionales

del orden social para conocer de los conflictos derivados del contrato y de los acuerdos

de interés profesional, y que asimismo se prevea, tal como ocurre en el ámbito de las

relaciones de trabajo por cuenta ajena, la tramitación obligatoria (conciliación y

mediación) y voluntaria (arbitraje) no jurisdiccional de solución de conflictos.

3. La Ley 20/2007 incluye referencias a la futura regulación de la prestación por cese de

actividad. La disposición adicional cuarta estipula lo siguiente:

“El Gobierno, siempre que estén garantizados los principios de contributividad,

solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias

de los trabajadores autónomos, propondrá a las Cortes Generales la regulación de un

sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de

sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.

La articulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, en

los supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, su

aplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad de

jubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la Seguridad

Social, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes

de carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores

por cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel no

contributivo.

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Las Administraciones Públicas podrán, por razones de política económica debidamente

justificadas, cofinanciar planes de cese de actividad dirigidos a colectivos o sectores

económicos concretos”.

Formulo aquí un breve comentario sobre una duda que me surgió tras leer con atención

el texto de la “Propuesta de un sistema específico de protección por cese de actividad

de los trabajadores autónomos” http://bit.ly/o2cyAG, presentado por el gobierno a las

asociaciones de trabajadores autónomos durante el mes de octubre de 2008. Como

expondré en la segunda parte del presente texto, la propuesta gubernamental ha sido

plenamente recogida en el texto legal finalmente aprobado.

El artículo 7 disponía que el reconocimiento de la prestación debería solicitarse a la

Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales con la que el trabajador

autónomo tuviera cubierta la protección dispensada a las contingencias de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales. Como excepción, la disposición adiciona cuarta

disponía que cuando se tratara de trabajadores que tuvieran cubiertas las citadas

contingencias con una entidad gestora de la Seguridad Social, la solicitud y gestión de la

prestación se dirigiría al SPEE. El artículo 16 llevaba por título "órgano gestor", y se

refería a las Mutuas, a las que asignaba la gestión de las funciones y servicios

"derivados de las prestación económica por cese de actividad de los trabajadores

autónomos y declarar el reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las

prestaciones, así como su pago, sin perjuicio de las atribuciones reconocidas a los

órganos competentes de la Administración en materia de sanciones por infracciones en

el orden social".

Entre las obligaciones de los trabajadores autónomos recogidas en el artículo 17 se

encontraba "g) estar a disposición del órgano gestor o del servicio público de empleo de

la correspondiente Comunidad Autónoma a fin de poder realizar las actividades

formativas y de orientación profesional a las que se le convoque". Igualmente, tenían la

obligación de "h) Participar en acciones específicas de motivación, información,

orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su

ocupabilidad, que se determinen por el órgano gestor, por Servicio Público de Empleo

de la correspondiente Comunidad Autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, en

su caso".

La pregunta que formulaba entonces, a la luz de lo anteriormente expuesto era: ¿asumen

las Mutuas funciones propias de la política de empleo para los trabajadores autónomos?

Si la respuesta es afirmativa, y del texto así lo parece, ¿se separará la política activa de

empleo para los trabajadores asalariados, a cargo de los servicios públicos de empleo,

de la política activa de empleo para autónomos, a cargo de las mutuas? ¿O habrá un

híbrido de políticas activas de empleo para los autónomos, a cargo de los servicios

públicos de empleo y de las mutuas? En este último supuesto ¿cómo se establecerá la

coordinación y quien la establecerá jurídicamente, o dicho de otra forma qué políticas se

llevarán a cabo por las mutuas y cuáles por los servicios de empleo?

Me surgían también más preguntas que dejaba sólo apuntadas: ¿es bueno separar la

gestión de esta prestación de la que corresponde a los trabajadores asalariados? ¿No

estaremos abriendo un camino para la paulatina separación de políticas de empleo,

activas y pasivas, por razón de la naturaleza de la relación jurídica contractual

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(asalariada o por cuenta propia), cuando desde el ámbito de la Unión Europea se apuesta

por una política integral de empleo?

Las preguntas quedan, de momento, sin respuesta, porque habrá que esperar a cómo

funciona en la práctica la protección por cese de actividad. En el preámbulo de la Ley

32/2010 se explica que se ha optado por las MATEP como órgano gestor del sistema

“por entender que esta opción es coherente con el sistema mixto de cobertura y

cotización establecida”. En cuanto que la protección deriva de la cobertura de

contingencias profesionales y que las MATEP son entidades colaboradoras del sistema

de Seguridad Social, sigue argumentándose en el preámbulo, “se ha considerado a estas

entidades como las más adecuadas desde el punto de vista del encaje jurídico para

gestionar el sistema y en particular la prestación económica para el trabajador en

situación de cese de actividad”.

4. A los efectos de la política de empleo, es de especial importancia el título V de la Ley

20/2007, dedicado al fomento y promoción del empleo autónomo, que invita a los

poderes públicos competentes a adoptar medidas que incentiven el trabajo por cuenta

propia, prestando especial atención en las medidas que se adopten a garantizar la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y a promover la incorporación de

colectivos especialmente desfavorecidos (con una referencia expresa en la ley a las

personas con discapacidad). A tal efecto, se prevé la adopción, entre otras, de medidas

para potenciar la formación, información y asesoramiento técnico, así como también las

ayudas financieras a las iniciativas económicas de las personas emprendedoras. Alguna

disposición más concreta la encontramos en las disposiciones adicionales cuando se

prevén reducción y bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social

para determinados colectivos de trabajadores autónomos, la posible ampliación de los

porcentajes actuales de la capitalización de la prestación por desempleo destinados a

financiar la inversión, o bien la posible contratación por el autónomo de los hijos

menores de treinta años y aunque convivan con él. Tal como he indicado con

anterioridad, en el Anexo se explican numerosas normas dictadas para fomento y

promoción del empleo autónomo.

5. Hay que referirse ahora a las normas importantes que han desarrollado la Ley

20/2007, además obviamente de la normativa reguladora de la prestación por cese de

actividad que será objeto de detallada explicación más adelante.

A) La regulación del contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente se

ha producido por el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el

Estatuto del Trabajo Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo

económicamente dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones

profesionales de trabajadores autónomos http://bit.ly/d5ZJ17.

Los criterios de representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos y la

composición y régimen de funcionamiento del Consejo del Trabajo Autónomo han sido

regulados por el Real Decreto 1613/2010, de 7 de diciembre, por el que se crea y regula

el Consejo de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores

autónomos en el ámbito estatal y se establece la composición y régimen de

funcionamiento y organización del Consejo del Trabajo Autónomo

http://bit.ly/rk8SXE.

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6. Para finalizar mi explicación de la primera parte, es obligado acerca a la

recientemente aprobada reforma de la Seguridad Social, o por decirlo de manera

jurídicamente más correcta, a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización,

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social http://bit.ly/rnbto4, dado

que hay alguna disposición adicional que afecta al trabajo autónomo y que ha entrado en

vigor a partir del día 2 de agosto, y mencionar a otras disposiciones adicionales y finales

que entrarán en vigor, al igual que la mayor parte de la norma, a partir del 1 de enero de

2013.

En el primer bloque se incluye la posibilidad de elección de la base de cotización que se

extiende a todos los trabajadores autónomos a partir del 1 de enero de 2012 y con

carácter indefinido, eso sí con un tope máximo que es el 220 % de la base mínima de

cotización que se establezca cada año para su régimen especial. Es decir, ya no habrá

que tomar en consideración una específica edad (48 y 49 años, o 50 y más) o un

determinado período de cotización (cinco o más años para mayores de 50 años).

En el segundo bloque, con respecto a los trabajadores autónomos hay varias previsiones

de cambio de la normativa vigente, siempre con la utilización en los preceptos legales

de términos que demuestran una gran prudencia por parte del legislador. En efecto,

véase por ejemplo la disposición adicional vigésima séptima, que prevé la realización de

estudios por parte del gobierno una vez haya transcurrido un año de vigencia de la

prestación por cese de actividad (recordemos que la norma entró en vigor a principios

de noviembre, y que será a partir de noviembre de 2011 cuando podremos empezar a

conocer cuál será el alcance de la prestación) para decidir si puede aplicarse a este

colectivos las reglas sobre jubilación anticipada a partir de los 61 años. Igualmente, se

prevé la realización de un estudio en el que se formulen propuestas de regulación de la

jubilación a tiempo parcial a los 62 años de trabajadores autónomos “que cesen en su

negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar”. En fin, se regula la

obligación de las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de autónomos

de ofrecer obligatoriamente la siguiente cobertura: jubilación, invalidez permanente,

incapacidad temporal con inclusión de maternidad paternidad y riesgo durante el

embarazo, fallecimiento que pueda dar al reconocimiento de pensiones de viudedad y

orfandad.

Para los trabajadores autónomos también hay varias previsiones específicas relativas al

trabajo a tiempo parcial y que implican, siempre con efectos a partir del 1 de enero de

2013, la modificación de cuatro preceptos de la Ley reguladora de su estatuto. Se

incluirá en la definición de actividad autónoma la posibilidad de llevarla a cabo tanto a

tiempo completo como parcial; se reconoce la inclusión de quienes presten sus servicios

al amparo de la segunda posibilidad en el RETA; se prevé la instauración de un sistema

especifico de cotización a tiempo parcial para los autónomos, si bien limitado “para

determinadas actividades o colectivos y durante determinados períodos de su vida

laboral” (aplicándose en su defecto la normativa del régimen general); en fin, se prevé

también la posibilidad de gozar de reducciones y bonificaciones en las cotizaciones a la

Seguridad Social para los autónomos que desarrollen su actividad a tiempo parcial “en

unas condiciones análogas a las de un trabajador por cuenta ajena contratado a tiempo

parcial”.

11

III. Segunda parte. La protección por cese de actividad. La Ley 32/2010 de 5 de

agosto por la que se establece un sistema específico de protección por cese de

actividad de los trabajadores autónomos.

1. Voy a proceder a continuación al estudio de la Ley 32/2010 de 5 de agosto

http://bit.ly/oLRBsA por la que se establece un sistema específico de protección por

cese de actividad de los trabajadores autónomos http://bit.ly/pwxdIM. Una buena

síntesis de los aspectos más destacados de la norma se encuentra en el documento “Cese

de actividad de trabajadores autónomos. Una aproximación”, preparado por la Mutua

ASEPEYO http://bit.ly/rh4cXY

Cabe recordar aquí que el punto de referencia inicial fue el Informe elaborado por una

comisión de expertos sobre la regulación de dicha prestación, de diciembre de 2008, y

que el anteproyecto de ley fue presentado en el Consejo de Ministros de 20 de

noviembre de 2009. Aunque más lejano en el tiempo, no conviene olvidar la disposición

final sexta de la Ley 53/2002 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y

del orden social http://bit.ly/q7zv3N, referida a los trabajadores autónomos y en la que

se disponía que en el primer semestre de 2003 “el Gobierno emitirá informe relativo a

la situación de los trabajadores autónomos que dependen económicamente de uno o

varios empresarios, estudiando el establecimiento de un fondo de garantía en caso de

cese por causas objetivas”, informe que no fue emitido.

2. Explico a continuación, de forma esquemática, los aspectos más relevantes a mi

parecer del proyecto de ley, para facilitar la comparación con los cambios introducidos.

A) Objeto. Sistema específico de protección para los TA que, pudiendo y queriendo

ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo e incluidos en los

niveles de protección, hubieren cesado en esa actividad, con arreglo a lo establecido en

la Ley. Cese de actividad, definitivo o temporal, incluido el que afecta al TRADE: habrá

de ser total en la actividad económica o profesional que de forma habitual, personal y

directa se viniere desempeñando.

B) Ámbito subjetivo. TA comprendidos en el RETA que tengan cubierta la protección

dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales. Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, así como los trabajadores por cuenta propia

incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

C) Acción protectora. Prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la

actividad. Abono de la cotización de Seguridad Social del TA por contingencias

comunes.

D) Requisitos. Estar afiliados y en situación de alta, y cubiertas las contingencias

profesionales. Tener cubierto el período mínimo de cotización. Encontrarse en situación

legal de cese de actividad. Suscripción del compromiso de actividad. Acreditación de

disponibilidad activa para reincorporarse al mundo del trabajo. Participación en

actividades formativas y de orientación profesional. No haber cumplido la edad

ordinaria para jubilación, salvo la no acreditación del período de cotización. Hallarse al

corriente en el pago de cuotas a la SS. Posible ingreso a posteriori. En el supuesto de un

12

TA con asalariados, requisito previo al cese es “el cumplimiento de las garantías y

procedimientos regulados en la legislación laboral”.

E) Situación legal de cese de actividad.

- Motivos económicos, técnicos organizativos o productivos. Cierre, en su caso, del

establecimiento.

Deberá darse alguna de las situaciones siguientes

“1. Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad en un año completo superiores

al 40% de los ingresos o superiores al 30% en dos años consecutivos y completos. En

ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.

2. Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos

judiciales que comporten al menos el 50% de los ingresos correspondientes al ejercicio

económico de la actividad del trabajador autónomo inmediatamente anterior.

3. La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los

términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Ley Concursal”.

- Fuerza mayor.

- Pérdida de licencia administrativa, siempre que sea requisito para el ejercicio de la

actividad.

- Cese por causa de violencia de género.

- Divorcio, “en los supuestos en que el autónomo divorciado ejerciera funciones de

ayuda familiar en el negocio de su ex cónyuge, en función de las cuales hubiese estado

incluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social y que dejan de ejercerse a

causa de la ruptura matrimonial”.

-- Cese de los TRADE por extinción del contrato con su cliente.

a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o

servicio.

b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.

c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente.

d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada del cliente,

salvo que la misma venga fundamentada por la decisión del TRADE de interrumpir su

actividad.

e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación

de la actividad.

13

F) Duración. En función de los períodos de cotización efectuados dentro de los 36

meses anteriores a la situación legal de cese de actividad. Al menos 12 meses deben ser

continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese. La escala sería la

siguiente: de 12 a 17, 2 meses; de 18 a 24, 3; de 24 a 29, 4; de 30 a 35, 5; 36 y más, 6.

G) Cuantía. Base reguladora: promedio de las bases por las que se hubiere cotizado

durante los 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de

cese. Cuantía de la prestación. Aplicación a la base reguladora el 70 por ciento. Cuantía

máxima: 175 % del IPREM, salvo cuando el TA tenga uno o más hijos a su cargo (200

o 225 %). Cuantía mínima: 107 % u 80 % IPREM, según que el TA tenga o no

respectivamente hijos a su cargo.

H) Financiación. Exclusivamente con cargo a la cotización por dicha contingencia de

los TA que tuvieran protegida la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales. Tipo de cotización correspondiente a la protección por cese de actividad:

1,5 %, aplicable a la base de cotización.

I) Régimen Especial para TA de 60 a 64 años. De 12 a 17, 3 meses; de 18 a 23, 4; de 24

a 29, 6; de 30 a 35, 8; 36 o más, 9

J) Solicitud y nacimiento. Solicitud a la Mutua de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social con la que tengan cubierta la

protección dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales. Reconocimiento: derecho al disfrute de la prestación

económica a partir del primer día del segundo mes siguiente al que se produjo el hecho

causante del cese de actividad.

3. El informe de la ponencia fue publicado el 18 de mayo, con sensibles modificaciones

respecto al texto originario y que se ampliarían considerablemente en el trámite de

Comisión antes de la aprobación del texto remitido al Pleno del Congreso del 27 de

mayo; por decirlo con las mismas palabras del portavoz socialista, Sr. Membrado, en la

reunión de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso el 13 de mayo para

debatir y aprobar el informe de la ponencia, “hemos acordado prácticamente el 80 por

ciento de las 165 enmiendas, aunque no es menos cierto que nos hemos dejado la maza

del jamón para el final”. Por cierto, el citado informe también fue aprobado por

unanimidad.

Hay dos tipos de cambios: unos son sólo de carácter técnico, para mejorar o clarificar la

redacción de algunos preceptos, y otros son sustantivos en cuanto que afectan, en

especial, al período de percepción de la prestación, al tipo de cotización y a las medidas

que deben adoptarse por los poderes públicos para vincular la percepción de esta

prestación a medidas de políticas activas de empleo (orientación, asesoramiento,

emprendedoría).

A) En el capítulo I (disposiciones generales) las modificaciones más relevantes eran las

siguientes:

a) El reconocimiento expreso de que la protección por cese de actividad del TA no debe

quedarse sólo en el percibo temporal de una prestación económica, sino que también ha

14

de facilitársele el acceso a medidas de formación, orientación profesional y promoción

de la actividad emprendedora, a fin y efecto de facilitar, en la medida de lo posible su

reincorporación al mercado laboral, ya sea como trabajador por cuenta propia o ajena.

b) La flexibilización de los motivos por los que se permite el cese de actividad y el

consiguiente acceso a la prestación. Mientras que en el proyecto de ley las pérdidas

debían ser superiores al 40 % en un año completo, o al 30 % en dos años consecutivos y

completos, dichos porcentajes se reducen al 30 y 20 % respectivamente. De la misma

manera, se suavizaba el requisito de la existencia de unas ejecuciones judiciales para el

cobro de las deudas reconocidas judiciales, ya que en el texto original debían comportar

el 50 % de los ingresos del ejercicio económico anterior y en la ponencia se reduce al 40

%. Por otra parte, las referencias al supuesto de divorcio, y su impacto sobre la actividad

del autónomo que ejerza funciones de ayuda familiar, esté incluido en la Seguridad

Social y que deje de realizarlas por el conflicto jurídico de ruptura familiar, se extienden

a los supuestos de separación matrimonial mediante resolución judicial.

c) Para evitar que la inactividad del cliente del TA pueda perjudicar su derecho a

percibir la prestación (tanto en el supuesto de causa justificada como en el de

injustificada, reconocida esta última por acta de conciliación o resolución judicial), el

texto aprobado en ponencia, y no modificado con posterioridad, permite al TA solicitar

al cliente que cumpla con su obligación de comunicar en 10 días a la entidad gestoría la

finalización de la actividad, y si no lo hace podrá dirigirle un escrito pidiendo que

cumpla con dicha obligación, y en caso de que siga sin dar cumplimiento a su

obligación el TA podrá acudir al órgano gestor de la prestación para informarle de dicha

situación, aportar copia de la solicitud y pidiendo que “le sea reconocido el derecho a la

protección de actividad”.

B) En el capítulo II (régimen de la protección) cabe destacar estos cambios:

a) La concreción de que el TRADE que solicite el percibo de la prestación por su

ruptura con el cliente del que dependía en un 75 %, como mínimo de sus ingresos

deberá dejar de tener actividad con otros clientes. Dicho en otros términos, y tal como

ocurre en el ámbito de la protección por desempleo para trabajadores por cuenta ajena,

el percibo de la prestación será incompatible con el mantenimiento de la actividad como

autónomo. Creo que el precepto correspondiente del proyecto de ley, en relación con la

normativa reguladora de la protección por desempleo en la Ley General de Seguridad,

ya permitía llegar a dicha conclusión, pero en cualquier caso la modificación del tercer

párrafo del artículo 7.1 lo deja meridianamente claro: “cuando el trabajador autónomo

económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, para

tener derecho al disfrute de la prestación no podrá tener actividad con otros clientes a

partir del día en que inicie el cobro de la prestación”. Con respecto al abono de la cuota

de Seguridad Social por parte del órgano gestor, la norma también clarifica que dicha

obligación surgirá a partir de la fecha de inicio de la prestación.

b) El período de espera para solicitar nuevamente la prestación por cese de actividad se

reduce desde el transcurso de 24 meses, en el proyecto de ley, a los 18 del texto de la

ponencia, que han de transcurrir desde el reconocimiento del último derecho a la

prestación.

c) La extinción del derecho a la protección se producirá por la realización de un trabajo

15

por cuenta propia o ajena de duración igual o superior a 12 meses, siempre y cuando, y

esta es la novedad incorporada por la ponencia, en el supuesto de trabajo por cuenta

propia se genere, de acuerdo con lo dispuesto en la norma, el derecho a la protección

por cese de actividad como TA.

C) En el capítulo III (régimen financiero y gestión de las prestaciones) se incorpora una

modificación importante que hay que relacionar con la obligación de los poderes

públicos de poner en marcha políticas activas de empleo para los autónomos

desempleados, en cuanto que una parte de los ingresos obtenidos para financiar la

prestación, en concreto el 1 % de los mismos, se destinarán a dicho fin.

Aún más importante a mi parecer, y en coherencia con el marco jurídico de gestión de

las políticas activas de empleo por las Comunidades Autónomas, es que esa partida será

gestionada por los servicios autonómicos de empleo y por el Instituto Social de la

Marina, previéndose su distribución “en proporción al número de beneficiarios que

gestionen”. La modificación fue valorada de forma especialmente positiva por el

diputado de Convergencia i Unió. Sr. Campuzano, en el Pleno del Congreso del día 27

de mayo, afirmando que le parecía fundamental la incorporación de este precepto

porque ello permitirá dotar a los TA “de esas medidas que pueden dar sentido a la

recolocación, a la reactivación, a la reincorporación de los autónomos en el mercado de

trabajo, en la puesta en marcha de sus propios negocios. Estas medidas son importantes,

significativas y, lógicamente, justifican el apoyo de Convergència i Unió a este

proyecto”.

D) Por último, deseo mencionar dos nuevas disposiciones adicionales. En la novena, se

permite a los trabajadores autónomos que desarrollen tareas de especial peligrosidad y

que estén en situación jurídica de pluriactividad y tengan cubierta la protección por

desempleo en otro régimen de la Seguridad Social, que no incorporen la protección por

cese de actividad, “salvo que opten de modo voluntario por cubrir dicha protección”. En

la undécima, se exime a algunos TA de determinadas obligaciones de justificación de la

actividad emprendedora para tener derecho a la prestación por cese de actividad, en

concreto a los trabajadores que realicen actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o

penosa, y que reúnan las condiciones establecidas para causar derecho a la pensión de

jubilación, con excepción de la relativa a la edad, los cuales podrán acceder a la

jubilación anticipada en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido

dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.

4. Como consecuencia de los cambios habidos en el texto presentado por la ponencia, el

dictamen de la Comisión, publicado el 26 de mayo, que se mantuvo inalterado en el

Pleno, ha incorporado algunos cambios sustanciales con respecto a los períodos de

disfrute de la prestación por cese de actividad, con un incremento significativo que

lógicamente ha llevado al incremento del tipo de cotización que debe abonarse para su

financiación.

A) En el capítulo II (régimen de la protección) se ha modificado la duración de la

prestación económica a la que se tiene derecho en función del período de cotización

efectuado durante los 36 meses anteriores a la situación del cese de actividad (y,

recuérdese, siempre que 12 sean continuados e inmediatamente anteriores a la situación

de cese). Se mantienen los mismos tramos que en el proyecto de ley para poder percibir

entre 2 y 5 meses de prestación, y se modifican a partir de 36 en los siguientes términos:

16

de 36 a 42, 6; de 43 a 47, 8; 48 y más, 12. En este punto cabe hacer especial mención de

la disposición adicional décima, introducida ya en el texto de la ponencia, en el que se

mandata al gobierno a elaborar un estudio sobre la evolución del sistema en un período

de 24 meses desde la entrada en vigor de la norma, que deberá tratar tanto sobre la

cuantía como sobre la gestión de la prestación, disponiendo el precepto que “en caso de

que quede acreditada la viabilidad financiera, se realizará una propuesta de incremento

de la duración de la prestación por cese de actividad”

Respecto a las incompatibilidades, que con carácter general abarcan todo tipo de trabajo

por cuenta propia o ajena, encuentran una excepción en determinados trabajos agrarios

realizados sin finalidad comercial y afecta tanto al TA como a los familiares

colaboradores, si bien el artículo 12 remite al desarrollo reglamentario para la

concreción de esta excepción.

B) En el capítulo III (régimen financiero y gestión de las prestaciones) el tipo de

cotización correspondiente a la protección se incrementa al 2,2 por ciento, aplicable a la

base de cotización elegida por el TA con arreglo a lo establecido en las normas de

cotización (del RETA o del régimen especial de trabajadores del mar), en el bien

entendido que, tal como fija la disposición adicional segunda (inalterada desde el

proyecto de ley), los TA acogidos a este sistema verán reducida en un 0’5 % su

cotización por la contingencia de incapacidad temporal derivada de contingencias

comunes. El tipo se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,

“de acuerdo con los estudios actuariales que procedan”.

C) En las disposiciones adicionales, en concreto en la primera, cabe hacer especial

mención del incremento de los períodos de percepción para los trabajadores autónomos

comprendidos entre los 60 y 64 años. Con respecto al proyecto de ley, no modificado

por la ponencia, se reduce el período de percepción para los TA que hayan cotizado

entre 12 y 17 meses, pasando de 3 a 2, se mantiene en los tramos de 18 a 23 (4), de 24 a

29 (6) y de 30 a 35 (9), y se amplía en los siguientes, de manera que la cotización entre

36 y 42 meses dará derecho a una protección durante 10 meses, y para quien haya

cotizado 43 años o más se reconocerá una prestación por un período de 12 meses.

D) Por último, pero no menos importante, hay que destacar el impacto de la futura

norma sobre la protección de los TA extranjeros que hayan cesado en su actividad, no

ya por lo que respecta al percibo de la prestación sino porque el reconocimiento de

encontrarse en dicha situación les permitirá seguir residiendo en España, y así lo

enfatizaba el portavoz socialista Sr. Membrado en el Pleno del Congreso cuando

afirmaba que “se ha reconocido la condición de beneficiario como cese de actividad

como causa de la renovación de la autorización de residencia y trabajo para los

autónomos extranjeros, que es una parte importante dado el peso que los trabajadores

autónomos tienen en el conjunto de los autónomos de nuestro país”.

Más exactamente, en el texto aprobado en Comisión se incorporaba una nueva

disposición adicional sexta que modificaba el artículo 62 del Reglamento entonces

vigente en materia de extranjería, el Real Decreto 2393/2004 de 30 de diciembre. En el

artículo 62.1, que regulaba la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo

por cuenta propia, se incluía un nuevo supuesto: “c) cuando por el órgano gestor

competente, conforme a la normativa sobre la materia, se hubiera reconocido al

trabajador autónomo la protección por cese de actividad y durante el período de percibo

de la prestación”. En relación con esta modificación, se incorporaba un nuevo párrafo a

17

la disposición final tercera que habilitaba al gobierno para modificar dicho precepto

mediante norma de rango reglamentario.

5. Explicaré ahora de forma sucinta cómo ha cambiado el proyecto durante la

tramitación en el Senado http://bit.ly/pwxdIM, para tener una visión global y de

conjunto de toda la tramitación y de las modificaciones incorporadas al texto final. En

cualquier caso, cabe dejar claro de entrada que los ejes nucleares del proyecto de ley

originario se han mantenido y en más de una ocasión mejorados durante toda la

tramitación parlamentaria, por lo que gran parte de las consideraciones generales que

acabo de efectuar sobre el texto que el gobierno remitió al Congreso son perfectamente

válidas para aplicarlas al texto resultante de dicha tramitación.

Al texto remitido por el Congreso de los Diputados al Senado fueron presentadas 79

enmiendas, muchas de ellas repetición de las que no habían sido aceptadas en los

debates del Congreso y de ahí que no prosperaran. Tras el informe de la Ponencia y el

Dictamen de la Comisión de Trabajo e Inmigración, en el texto aprobado por el Pleno

del Senado el 7 de julio se incorporaron unas enmiendas que analizaré a continuación, la

mayor parte de ellas presentadas por el grupo socialista, las cuales fueron también

aprobadas definitivamente por el Congreso el día 21 sin modificación alguna, siendo la

mayor parte de ellas de contenido meramente formal o de mejora técnica. No obstante,

la enmienda más polémica, la regulación de la protección no contributiva para los

trabajadores autónomos no tuvo una vida muy larga (más bien diría que cortísima) dado

que su derogación se produjo tras el acuerdo de los grupos socialista y nacionalista

vasco con ocasión de los debates sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la

reforma del mercado de trabajo y su plasmación normativa en la Ley 35/2010 de 17 de

septiembre http://bit.ly/fq2e21.

A) En el artículo 5, regulador de la situación legal de cese de actividad, el texto

aprobado por el Congreso consideraba que podía producirse por “el cese temporal o

definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma por causa de violencia de género”,

mientras que el texto definitivamente aprobado tiene una redacción técnicamente más

correcta que la anterior a mi parecer en cuanto que la situación legal del cese de

actividad se producirá cuando concurra “la violencia de género determinante del cese

temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma”. Una enmienda

idéntica se incorpora a la letra d) de la Disposición adicional séptima, reguladora de la

protección por cese de actividad a los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad

profesional conjuntamente.

B) Más importante es la modificación del número 2 del artículo 8, que regula la

duración de la prestación económica. No obstante, la modificación no vio la luz porque

antes de la entrada en vigor de la nueva ley ya se había producido la vuelta al texto

aprobado en primera lectura por el Congreso de los Diputados. En efecto, la disposición

adicional vigésimo segunda de la Ley 35/2010 vuelve a la redacción inicial de tal

precepto.

En el texto del Congreso se reconocía el derecho del trabajador autónomo a solicitar un

nuevo reconocimiento de la prestación, tras haberla disfrutado con anterioridad, siempre

que concurrieran los requisitos legales para poder acceder a la misma y que “hubieren

transcurrido dieciocho meses desde el reconocimiento del último derecho a la

18

prestación”. Los grupos parlamentario catalán (CiU) y de senadores nacionalistas

(PNV) presentaron enmiendas a este precepto, que han sido incorporadas a la nueva ley,

en la que el plazo se reduce a doce meses, si bien empezará a contar “desde la extinción

del derecho anterior”, justificándose las enmiendas por la conveniencia de no establecer

una diferencia de trato con respecto al régimen general de los trabajadores por cuenta

ajena que no se considera justificada. Por parte del grupo popular su enmienda también

solicitaba la reducción del plazo a los 12 meses, si bien su redacción era diferente en

cuanto que el transcurso de dicho plazo operaría “desde la finalización de percepción de

la prestación por cese de actividad”. En el debate en Comisión, el Senador socialista Sr.

Pliego trató de explicar el poco valor práctico, a su parecer, de la enmienda (el texto del

Congreso “habla de contar los meses desde el momento que se reconoce el derecho”,

mientras que la enmienda “.. empieza a contar (el plazo) desde el momento en que se

extingue, es decir desde que se ha acabado la prestación”) pero no logró su objetivo, si

bien la senadora del grupo popular Sra. Peris manifestó que esos hipotéticos problemas

planteados se podían solucionar por vía reglamentaria.

C) En el artículo 9, sobre la cuantía de la prestación económica por cese de actividad, en

el quinto párrafo del texto del Congreso se hacía referencia a los hijos a cargo mayores

de 26 años “con una incapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento

…”, mientras que el texto aprobado sustituye el término “incapacidad” por el de

“discapacidad”, tratándose de una enmienda del grupo socialista que se propuso por ser

el nuevo término “más adecuado según las disposiciones reguladoras de la

discapacidad”.

D) La disposición adicional primera aprobada por el Congreso regulaba la duración de

la prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos “entre 60 y 64 años”,

mientras que el texto aprobado regula dicha duración “a partir de los 60 años” y sin

fijación de edad límite para el disfrute de la prestación. La modificación del título del

precepto se concreta en el texto, en cuanto que la referencia primera a los 64 años queda

sustituida por “la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de jubilación”. Se

justifica la enmienda porque es más favorable para el trabajador autónomo que cumpla

65 años y no tenga acreditado el período de cotización efectivo para acceder a la

pensión por jubilación, ya que de aplicar la duración prevista en el artículo 8 le sería

menos favorable, exponiéndose en la motivación de la enmienda que en modo alguno

era la intención de la norma “en aplicación directa de la disposición adicional cuarta,

párrafo segundo, de la Ley 202007. Recuérdese que dicha disposición estipula que “La

articulación de la prestación por cese de actividad se realizará de tal forma que, en los

supuestos en que deba aplicarse en edades cercanas a la legal de jubilación, su

aplicación garantice, en combinación con las medidas de anticipación de la edad de

jubilación en circunstancias concretas contempladas en la Ley General de la Seguridad

Social, que el nivel de protección dispensado sea el mismo, en supuestos equivalentes

de carrera de cotización, esfuerzo contributivo y causalidad, que el de los trabajadores

por cuenta ajena, sin que ello pueda implicar costes adicionales en el nivel no

contributivo”.

E) En la disposición adicional quinta, relativa al reintegro de prestaciones

indebidamente percibidas, se incorpora una referencia expresa, de carácter general, al

artículo 45 de la Ley General de Seguridad Social, que se refiere justamente a esta

cuestión. Se expone en la enmienda socialista que “se elimina la referencia al

19

procedimiento de reintegro por la más genérica al precepto del reglamento de

recaudación ya que hace referencia a dos procedimientos, evitando interpretaciones

restrictivas a algunos de ellos”.

F) El precepto más polémico que se incorporó a la nueva ley, por poco tiempo como ya

he explicado con anterioridad, es la nueva disposición adicional decimotercera,

resultante de la enmienda número 71 de CiU, en la que se reconoce el derecho a una

prestación no contributiva para trabajadores autónomos a partir, obsérvese bien la fecha,

del 1 de enero de 2009, si bien se remite al desarrollo reglamentario (dando al gobierno

un plazo de 3 meses) las condiciones de acceso a la nueva prestación, y subrayo lo de

nueva porque además se utiliza esta palabra, probablemente por un lapsus de los

redactores de la enmienda que olvidaron suprimirla del último párrafo de la disposición.

La norma reconoce el derecho de un trabajador autónomo que haya cesado su actividad

profesional a partir de la fecha referenciada a percibir una prestación económica de 425

euros mensuales durante un período máximo de 6 meses, prestación que además, y

recalco la importancia de este dato, sería compatible “con otras prestaciones de las

Comunidades Autónomas”. Dicha prestación sólo podría percibirse cuando el trabajador

autónomo no percibiera ninguna otra ayuda o prestación pública, y estaría además

condicionada a la búsqueda activa de empleo y a la realización de un mínimo de 180

horas de formación. Los restantes requisitos para poder solicitar la prestación no

contributiva serían los de haber cotizado al RETA durante 3 de los últimos 5 años

anteriores a la fecha de la solicitud (requisito que diluye parcialmente a mi parecer el

carácter no contributivo de la prestación en cuanto que la vincula necesariamente a una

anterior actividad contributiva del sujeto demandante de la prestación), y que la media

de ingresos familiares por persona (me imagino que la norma se refiere, aunque no lo

diga, a todos los miembros de la unidad familiar) no supere el 75 % del SMI, además de

los que “se establezcan reglamentariamente” como cláusula abierta y a disposición del

poder ejecutivo para limitar el acceso a dicha prestación.

El debate parlamentario sobre la aprobación de esta norma no estuvo exento de

argumentos legales, ciertamente, y a las intervenciones en la Comisión de Trabajo e

Inmigración del Senado y en los Plenos de ambas Cámaras me remito, pero también

tuvo toques “emocionales” dirigidos lógicamente a provocar la reacción en el oponente

de acceder a la petición propuesta, provocación que no consiguió en ningún caso el

resultado aparentemente perseguido. Por ejemplo, la senadora socialista, y ex Ministra

de Trabajo, Sra. Fernández, calificó la enmienda en el Pleno de la Cámara Alta como

“un petardo de dinamita a esta ley”, afirmando que “cuando estamos sacando adelante

una norma con el sistema contributivo para los autónomos y le añadimos una

disposición adicional que incluye al no contributivo, si no somos sensatos, kantianos y

racionales, nos estamos cargando la norma”. Por su parte, el defensor de la enmienda en

el Pleno del Congreso, el diputado de CiU Sr. Campuzano, afirmaba que la propuesta

era “de una evidente justicia social”, y pedía a los grupos que la rechazaba, que le

explicaran “como van a mirar al rostro del autónomo y decirle: el desempleado que

trabaja por cuenta ajena, incluso cuando se le agota la prestación por desempleo e

incluso cuando se le agota la prestación asistencial, tiene una cobertura, mientras que

usted, que arriesgó, que quizás ha perdido sus ahorros, que quizás ha perdido su casa,

usted quedará sin ningún tipo de cobertura”. La enmienda fue aprobada con el voto

favorable del grupo popular, si bien su portavoz Sr. Aspiroz manifestó que la

20

retroactividad a 1 de enero de 2009 era “de difícil plasmación y gestión práctica”, y que

además les suscitaba dudas en cuanto a su aplicación dado que podía serlo “a cualquier

autónomo y no a aquellos que decidan cotizar o estén obligados a cotizar por el cese de

actividad”.

G) Otra nueva disposición adicional, la decimocuarta, posibilita la capitalización, total o

parcial, de la prestación por cese de actividad en los términos que se disponga

reglamentariamente. El texto encuentra su origen en la enmienda número 70 de CiU que

pretendía incorporar casi en su literalidad la normativa reguladora de la capitalización

para los trabajadores por cuenta ajena y que fue objeto de modificación por enmienda

transaccional del grupo socialista, muy criticada por el grupo popular cuya portavoz en

el Pleno del Senado, Sra. Peris, justificaba su abstención por la imprecisión del texto y

afirmaba que “ustedes están dejando en el aire el pago único al autónomo, eso que se

desarrollará reglamentariamente, para o toda la cantidad para el pago único, pero no se

sabe ni cómo ni de qué manera. Entiendan que no podemos compartir esa manera de

regular las cosas, de dejarlas como que sí, que reglamentariamente o no, o todo o en

parte; no lo podemos entender ni compartir”.

H) La disposición adicional decimoquinta modifica la ley del IVA, a partir de la

aceptación de la enmienda 78 de CiU, para aplicar el tipo reducido de dicho impuesto

cuando se trate de personas dependientes que tengan reconocida una prestación

económica por la Ley 39/2006 de 14 de diciembre en los términos ahora recogidos en la

nueva norma. Se justifica la enmienda porque se pretende facilitar el acceso a

determinados servicios a personas muy dependientes, “por lo que carece de sentido que

personas dependientes que tienen reconocida una prestación económica no puedan

beneficiarse del tipo reducido del IVA cuando sean receptoras de servicios de atención a

la dependencia en centros asistenciales, quebrándose el principio de no discriminación”.

I) Se ha incorporado una nueva disposición transitoria cuya finalidad, así me lo parece,

es “animar” a los autónomos que no coticen por contingencias profesionales a hacerlo

para poder acceder en su día, cuando cumplan los requisitos para ello (uno de ellos, y lo

destaco por su importancia, es de el de haber cotizado cómo mínimo durante 12 meses

continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad). En efecto,

se posibilita que los trabajadores dados de alta en el RETA y que no tengan cubierta

dicha protección puedan formalizarla dentro de los 3 meses siguientes a la entrada en

vigor de la nueva ley, “con efectos desde el día primero del mes siguiente al de dicha

opción”. Tal como se explica en la enmienda, y casi en los mismos términos se

reprodujo en el debate parlamentario, se trata de “facilitar la inmediata adhesión a la

protección por cese de actividad de dichos trabajadores y en beneficio de ellos”, ya que

de no formalizar el alta en el plazo referenciado será de aplicación lo dispuesto en el

artículo 47.4.2ª del Real Decreto 84/1996 de 26 de enero, “que sólo permite ejercitar esa

opción antes del 1 de octubre de cada año, con efectos desde el 1 de enero del año

siguiente”. Al respecto cabe recordar la posibilidad ofrecida por la Orden

TIN/490/2011de 9 de marzo http://bit.ly/f9o7I5, que concedió un plazo especial de

opción para la cobertura de tales contingencias, estableciendo su artículo único que

“Los trabajadores que en la fecha de entrada en vigor de esta orden figuren en alta en el

Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y no tengan

cubierta la protección por contingencias profesionales y por cese de actividad, podrán

21

optar por su cobertura hasta el 30 de junio de 2011, con efectos desde el día primero del

mes siguiente al de dicha opción”.

J) Las nuevas disposiciones adicionales cuarta y quinta, incorporadas en virtud de

enmiendas del grupo socialista, y que van mucho más allá de la normativa específica

regulada en los artículos y disposiciones precedentes de la norma, tienen el mismo hilo

conductor, cual es la potenciación de las comunicaciones electrónicas de la Seguridad

Social con todos los ciudadanos, entidades e instituciones, y más exactamente con “los

sujetos responsables en el ámbito de la Seguridad Social”, que quedarán obligados en

los supuestos previstos por la norma a “recibir las notificaciones por medios

informáticos o telemáticos”.

Se trata de hacer plenamente efectivas en este ámbito (y desde luego cabe reconocer que

ya se ha avanzado mucho en ello) las previsiones de la Ley 11/2007 de 22 de junio de

acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. La razón de ser de la

modificación es doble según se expone en la motivación de las enmiendas, y también

según se manifestó en el debate parlamentario: de una parte, potenciar el uso de medios

electrónicos para notificación y publicación de actos administrativos y, algo que puede

ser aún más relevante a mi parecer, “disminuir el coste económico que genera el actual

sistema de notificaciones por correo y publicaciones en boletines oficiales en un período

como el presente de ajuste y severidad”; de otra, reforzar el sistema RED, de tal manera

que “las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa de los datos

transmitidos electrónicamente a través de dicho Sistema, realizadas a los autorizados

para dicha transmisión, serán válidas y vinculantes a todos los efectos legales para las

empresas y sujetos obligados a los que se refieran dichos datos, salvo que estos últimos

manifiesten que prefieren que dicha notificación en sede electrónica se les efectúe

directamente a ellos o a un tercero”.

K) La disposición adicional sexta procede a la modificación del artículo 32 de la Ley

31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. Se posibilita que las

mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puedan participar, con

cargo a su patrimonio histórico, en las sociedades mercantiles de prevención

constituidas para desarrollar actividad de servicios de prevención ajenos, si bien la

norma se remite a “los términos y condiciones que se establezcan en las disposiciones

de aplicación y desarrollo”. La enmienda aceptada, número 56, del grupo socialista,

acoge la tesis del Consejo de Estado en su dictamen número 1672/2009 sobre la

necesidad de que la supresión de las restricciones anteriormente existentes al respecto

en la norma legal deben corregirse justamente por la vía de la modificación, como ahora

se ha hecho, de la misma norma, y avanza en el proceso de liberalización de la

actuación de las mutuas en materia de prevención de riesgos laborales, argumentándose

que se actúa en coherencia con la normativa comunitaria sobre libre prestación de

servicios. Lo explicaba de esta manera el senador socialista Sr. Pliego en el Pleno del

Senado del 7 de julio: “lo que pretendemos con nuestra enmienda es cumplir la directiva

comunitaria, que es favorable a la liberación de esta situación, para que una mutua, una

vez constituida esta sociedad de prevención, pueda contratar indistintamente con

empresas asociadas o no a ella”.

L) La última modificación de la Ley 32/2010 se ha producido por el recientemente

aprobado Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la

22

promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el

mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten

su protección por desempleo, y en concreto por su disposición adicional segunda

http://bit.ly/oAU9Mk.

Se trata de una mínima (pero importante económicamente) modificación de la

normativa reguladora de la protección por cese de actividad de los trabajadores

autónomos. La norma vigente con anterioridad disponía en su artículo 7 que el

reconocimiento de cumplir los requisitos previstos por la norma suponía el nacimiento

del derecho a percibir la prestación económica a partir del primer día del “segundo mes

siguiente” a aquel en el que se produjo el hecho causante del cese de actividad”,

mientras que el RDL 10/2011 reconoce el derecho al percibo desde el primer día del

“mes inmediatamente siguiente”. Desconozco si hay alguna razón que permita entender

la medida, pero es probable que tenga que ver con el deseo gubernamental de satisfacer

en alguna medida a las asociaciones de trabajadores autónomos, muy críticas con los

borradores del texto ahora ya publicado por entender que no se prestaba atención a las

necesidades laborales del colectivo.

6. Por último, me detengo en el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla

reglamentariamente la Ley 32/2010. El documento fue presentado a la Conferencia

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales celebrada el 29 de septiembre y, como he

dicho con anterioridad, es previsible que su aprobación se produzca durante este mes de

octubre. La disposición final segunda fija su entrada en vigor, a salvo de un precepto, “l

día primero del mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

La disposición final tercera de la Ley 32/2010 faculta al Gobierno para dictar “cuantas

disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de la presente Ley”. En la

norma encontramos, además, varios preceptos que se remiten para una mayor

concreción a un futuro desarrollo reglamentario. Más exactamente, se trata de concretar

la documentación a presentar por los trabajadores autónomos para justificar el cese de

actividad, así como también la regulación procedimental que han de respetar los

órganos gestores de la prestación para reconocer el derecho a la prestación, abonar las

prestaciones reconocidas y ejercer su control. Dado que la entrada en vigor efectiva de

la prestación se produce el próximo mes de noviembre, el objeto de la (futura) norma es,

tal como se afirma en su introducción, “habilitar mecanismos eficaces de gestión de

dicha prestación”.

A) El título I regula las disposiciones generales. Relativo a su objeto, el desarrollo

reglamentario del sistema específico de protección por cese de actividad, interesa

destacar la concreción que efectúa respecto a la posibilidad del cese temporal de la

actividad únicamente en los supuestos de fuerza mayor o violencia de género, y la

exclusión de esta norma de la protección que puedan tener los trabajadores por cuenta

propia agrarios, remitiéndola a una futura y específica norma reglamentaria.

Sobre los requisitos para el nacimiento del derecho a la prestación, del amplio listado de

requisitos que debe cumplir el trabajador autónomo destaco ahora el de solicitar su baja

en el régimen especial de Seguridad Social correspondiente como consecuencia del cese

de actividad, la disponibilidad activa para participar en el mercado de trabajo, y la

extinción, en su caso, de todos los trabajadores que el trabajador autónomo tuviera a su

23

cargo como requisito previo para solicitar la prestación cuando el cese se produzca por

causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

En cuanto a la situación legal de cese de actividad, se concretan algunas reglas

especiales en desarrollo de la Ley 32/2010, como por ejemplo, que se computarán las

pérdidas derivadas del ejercicio de la actividad que sean inmediatamente anteriores a

dicho cese, y también que en el supuesto de separación matrimonial o divorcio que

implique el cese el hecho causante deberá producirse “en el plazo de seis meses

inmediatamente siguientes a la resolución judicial o acuerdo que así lo establezca”.

Para acreditar la situación legal de cese de actividad por motivos económicos, técnicos,

organizativos o productivos, la documentación que se presente deberá ir acompañada de

una declaración jurada del solicitante, y en el supuesto específico de pérdidas

económicas se acompañará certificado de la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria.

Por otra parte, no deja de ser interesante la referencia concreta a las nuevas tecnologías

para demostrar el cierre del establecimiento del que dispusiera el trabajador autónomo,

ya que además de toda la amplia documentación listada en la futura norma deberán

acompañarse documentos acreditativos, por ejemplo, “del cese en el suministro y

consumo de servicios inherentes al desarrollo de la actividad realizada en el

establecimiento: agua, electricidad, internet u otros”.

Cuando se trate de la solicitud por parte de un TRADE deberá acompañarse a la

solicitud la comunicación al SPEE de la terminación del contrato con el cliente del que

dependen, como mínimo, el 75 % de sus ingresos; si el TRADE realiza actividad

dependiente para otros clientes deberá aportar también la documentación que acredite la

finalización de tales relaciones.

En relación con el régimen de la protección, interesa dejar constancia de la obligación

del sujeto solicitante, que será requerido para ello por el órgano gestor cuando dicte la

correspondiente resolución sobre abono de la prestación, de comparecer ante el Servicio

Público de Empleo Estatal para formalizar su inscripción en el mismo y suscribir el

compromiso de actividad, siempre y cuando obviamente no lo hubiera hecho ya con

anterioridad. El plazo para hacerlo será de 15 días hábiles, y si no lo hiciera será causa

de anulación de la prestación, en el bien entendido que podrá formularse una nueva

solicitud si la inscripción se hubiera formalizado fuera de plazo.

Al tratar de la duración de la prestación económica, la norma concreta que no es posible

en ningún caso, para su cálculo, el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de

actividad y de cotizaciones por desempleo, ni tampoco el computo recíproco entre el

RETA y el RETM. Respecto a la cuantía, una manifestación específica se refiere a los

trabajadores que coticen por una base mínima inferior a la de cotización para los

trabajadores autónomos, en cuyo caso “no les resultará de aplicación la cuantía mínima

de la prestación prevista en el artículo 9.2 de la Ley 32/2010, de 5 de agosto.

La futura norma también aborda el régimen financiero y la gestión del sistema de

protección. La Tesorería General descontará del importe mensual ingresado por cese de

actividad del trabajador autónomo el 1 % para las acciones formativas, de acuerdo a lo

previsto en la Ley 32/2011, y transferirá esa cantidad al SPEE para que este, a su vez, lo

24

distribuya entre los servicios públicos autonómicos de empleo y el Instituto Social de la

Marina. La restante cantidad será abonada a los órganos gestores de la prestación. Hay

una regulación detallada de los libramientos que han de realizarse a las autonomías

competentes para las acciones en materia de empleo, previéndose la entrega de un 70 %

del montante asignado a cada una de ellas el mes de marzo y el 30 % restantes el mes de

octubre, cuantía que se determinará “en proporción al número de beneficiarios que

vayan a gestionas en el respectivo ámbito territorial”.

IV. Tercera parte. Anexo. Medidas de fomento y promoción del empleo autónomo.

En este apartado del texto recojo distintas normas autonómicas, y también algunas

estatales, dictadas durante el período 2007 – 2011 y que tienen por finalidad fomentar y

promover el empleo autónomo mediante diversas técnicas de incentivación,

básicamente centradas en ayudas económicas.

1. Año 2007.

A) Cabe destacar la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio.

La norma tiene por finalidad regular la concesión de subvenciones para la promoción

del empleo autónomo, es decir para facilitar la constitución de desempleados en

trabajadores autónomos o por cuenta propia, y se dicta en desarrollo del Real

Decreto357/2006 de 24 de marzo. Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

norma los desempleados inscritos como demandantes de empleo en las Oficinas de

Empleo de las administraciones competentes.

El RD 357/2006 tiene por finalidad, al amparo de las posibilidades que ofrece la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, de subvenciones, en su artículo 22.2 c), regular la

concesión directa de determinadas subvenciones cuando se acrediten razones de interés

público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que

dificulten su convocatoria pública. A tales circunstancias responden algunos programas

de políticas activas de empleo, desarrollados tanto por el Servicio Público de Empleo

Estatal como de los Servicios Autonómicos, que tienen por finalidad la incorporación de

trabajadores desempleados al mercado de trabajo. Es decir, se trata de programas en los

que puede atenderse a la singularidad derivada de las difíciles circunstancias de

integración laboral de los colectivos afectados o de sus peculiaridades formativas, “que

permiten apreciar la concurrencia de razones de interés público, económico y social que

dificultan la convocatoria pública de las referidas subvenciones”. Entre los programas

que deben quedar excluidos del régimen de tramitación vía concurrencia competitiva se

encuentra la promoción del empleo autónomo, porque la puesta en marcha de proyectos

empresariales difícilmente coincide en muchas ocasiones con el ámbito temporal de una

convocatoria de plazos limitados.

La financiación de estas subvenciones se hace con cargo al presupuesto de gastos del

SPEE y tiene el carácter de fondos de empleo de ámbito nacional, de acuerdo con lo

previsto en el (entonces vigente) artículo 14 de la Ley de Empleo. La territorialización

de los créditos que correspondan a programas cuya gestión han asumido las

Comunidades Autónomas se efectúa de acuerdo a las previsiones de la Ley General

Presupuestaria. Las CC AA gestionan tales recursos de acuerdo con lo dispuesto en esta

25

norma y con las que ellas dicten para su ejecución en función de su propia organización,

debiendo recordarse que el RD 357/2006 tiene la habilitación competencial del artículo

149.1.7ª de la Constitución, es decir la competencia exclusiva del Estado en materia de

legislación laboral.

La Orden ministerial regula diferentes modalidades de subvenciones: por

establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia; financiera; para

asistencia técnica; para formación. En el primer supuesto, la cuantía podrá alcanzar

hasta los 10.000 euros, con un incremento del 10 % en el caso de que se trate de una

mujer víctima de violencia de género; en el segundo, la subvención podrá consistir en la

reducción de un máximo de cuatro puntos del tipo de interés fijado por las entidades de

crédito para la concesión de un préstamo, con el límite de 10.000 euros, y si se trata de

la concesión de un microcrédito la subvención, con el tope de los 10.000 euros, puede

llegar a cubrir el total de los gastos financieros; en el tercer supuesto, la cuantía podrá

alcanzar hasta el 75 % del coste de los servicios prestados, con el límite de 2.000 euros;

por fin, en concepto de formación la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % del coste

de los cursos recibidos, con el límite de 3.000 euros. En las dos primeras, la cuantía se

graduará en razón de la dificultad de acceso al mercado de trabajo, y la persona

solicitante deberá estar incluida en uno de estos colectivos: desempleados en general,

jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres desempleadas, desempleados con

discapacidad, mujeres desempleadas con discapacidad. La cuantía irá desde los 5.000

euros del primer grupo hasta los 10.000 euros del quinto. Además, para poder percibirla

se requerirá la realización de una inversión no inferior a 5.000 euros.

La persona que perciba la subvención queda obligada a realizar la actividad para la que

se concedió la ayuda, y a mantener su actividad empresarial y su alta en la Seguridad

Social o equivalente durante al menos tres años. La cuantía percibida, por sí sola o en

concurrencia con otras, no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad a

desarrollar por el beneficiario.

En definitiva, se trata de una clara reformulación del programa anterior dirigido a los

autónomos, tanto para adaptarse a los cambios normativos de ámbito estatal como a los

traspasos de competencias a las CC AA Autónomas en materia de gestión de políticas

activas de empleo, y todo ello con el objetivo de garantizar la eficacia del programa,

“tanto en lo que afecta a su impacto social como a la pervivencia de los proyectos

empresariales que se aborden”.

2. Año 2008.

A) En la CC AA de Madrid hay que referirse a la Orden 523/2008, de 28 de febrero, por

la que se establece la regulación procedimental de las subvenciones del programa de

promoción del empleo autónomo en el ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM,11

de marzo)

Los sujetos beneficiarios serán las personas desempleada inscritas como demandantes

de empleo que pretendan establecerse como trabajadores autónomos o por cuenta propia

y que cumplan los requisitos previstos para cada tipo de subvención, con el

cumplimiento correspondiente de las obligaciones en materia tributaria y de Seguridad

Social.

26

En primer lugar se prevé una subvención por el establecimiento como autónomo o por

cuenta propia, en cuantía que va desde los 5.000 euros para un desempleado sin otra

connotación negativa hasta los 10.000 euros para las mujeres desempleadas con

discapacidad, con un incremento del 10 % cuando se trata de una mujer afectada por

violencia de género. El beneficiario deberá realizar una inversión no inferior a 5.000

euros y presentar la solicitud entre los tres meses anteriores y los seis posteriores al

inicio de la actividad.

En segundo término, se concederá una subvención financiera para reducir los intereses

de los préstamos solicitados para poner en marcha el proyecto, en cuantía de hasta

cuatro puntos del tipo de interés y con un máximo de 10.000 euros, aplicándose el

mismo criterio que en el supuesto anterior. El beneficiario deberá presentar la solicitud

entre los tres meses anteriores y los seis posteriores al inicio de la actividad

La subvención para asistencia técnica es la tercera línea de apoyo a los nuevos

emprendedores, que podrá alcanzar el 75 % del coste de los servicios prestados y con un

máximo de 2.000 euros. La solicitud deberá presentarse en el plazo de los seis meses

siguientes al del inicio de la actividad.

Por fin, las subvenciones para actividades formativas del autónomo durante la puesta en

marcha de la empresa podrán llegar hasta el 75 % del coste de los cursos recibidos, con

un máximo de 3.000 euros. La solicitud deberá presentarse en el plazo de los seis meses

siguientes al del inicio de la actividad.

B) En Cantabria encontramos el Decreto 26/2008, de 13 de marzo, por el que se regula

el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar la

creación de empleo autónomo (BOC, 27).

La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, regula la concesión de

subvenciones para fomento del empleo autónomo, y desarrolla en el ámbito autonómico

la normativa estatal. Además, regula también una medida propia, consistente en

subvencionar los costes de mantenimiento al Régimen Especial de Trabajadores

Autónomos. Será de aplicación a todas las altas en el RETA producidas a partir del 1 de

septiembre de 2007, si bien para próximos ejercicios ya se indica que sólo comprenderá

el período de cada uno de ellos. Los Presupuestos anuales fijarán la cuantía a dedicar a

esta medida de fomento de empleo, que gozará de una cofinanciación del 50 % a cargo

del Fondo Social Europeo. El plazo de presentación de solicitudes será de seis meses

desde la fecha de inicio de la actividad, y de dos meses a partir de la entrada en vigor de

la norma cuando se trate de altas en el RETA que se hayan producido entre el 1 de

septiembre y el 31 de diciembre de 2007.

Pueden ser objeto de subvención el establecimiento como trabajador autónomo o por

cuenta propia, la petición de préstamos para financiar las inversiones dedicadas a la

creación y puesta en marcha de la empresa, las necesidades de asistencia técnica y las de

formación. En el primer programa la subvención oscilará entre 5.000 y 10.000 euros,

con un incremento del 10 % para mujeres víctimas de violencia de género, y siempre y

cuando el beneficiario haya realizado una inversión mínima de 5.000 euros; en el

segundo, se reducirá hasta cuatro puntos el tipo de interés del préstamo solicitado, con

27

el mismo límite de cuantías que en el programa anterior. La subvención por asistencia

técnica podrá alcanzar el 75 % del coste de los servicios y con el límite de 2.000 euros,

y la concedida por formación tendrá el mismo porcentaje y el límite de 3.000 euros.

En cuanto al programa autonómico propio, la cuantía oscilara entre 3.000 y 5.000 euros,

con incremento del 10 % para mujeres víctimas de violencia de género, y siempre que

se haya efectuado una inversión mínima de 5.000 euros para la puesta en marcha del

proyecto, y será incompatible con las medidas de apoyo previstas en la normativa estatal

de la Ley 45/2002 de 12 de diciembre, es decir las subvenciones a las cotizaciones a la

Seguridad Social para los perceptores de la prestación por desempleo.

C) La norma de referencia en Aragón es la Orden de 27 de marzo de 2008, del

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases

reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de promoción del empleo

autónomo (BOA, 11 de abril).

La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adecua la normativa

estatal, en concreto la Orden TAS 1622/2007 y el Real Decreto 5/2008, a las

especificidades organizativas de la CC AA. La partida presupuestaria que se asigne será

objeto de cofinanciación en un 50 % por el Fondo Social Europeo, por medio del

programa operativo adaptabilidad y empleo y del programa operativo de Aragón, ambos

de aplicación durante el período 2007-2013.

La Orden regula diferentes modalidades de subvenciones: por establecimiento como

trabajador autónomo o por cuenta propia; financiera; para asistencia técnica; para

formación. En el primer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta los 10.000 euros, con

un incremento del 10 % en el caso de que se trate de una mujer víctima de violencia de

género; en el segundo, la subvención podrá consistir en la reducción de un máximo de

cuatro puntos del tipo de interés fijado por las entidades de crédito para la concesión de

un préstamo, con el límite de 10.000 euros, y si se trata de la concesión de un

microcrédito la subvención, con el tope de los 10.000 euros, puede llegar a cubrir el

total de los gastos financieros; en el tercer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta el

75 % del coste de los servicios prestados, con un límite de 2.000 euros; por fin, en

concepto de formación la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % del coste de los

cursos recibidos, con el límite de 3.000 euros. En las dos primeras, la cuantía se

graduará en razón de la dificultad de acceso al mercado de trabajo, y la persona

solicitante deberá estar incluida en uno de estos colectivos: desempleados en general,

jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres desempleadas, desempleados con

discapacidad, mujeres desempleadas con discapacidad. La cuantía irá desde los 5.000

euros del primer grupo hasta los 10.000 euros del quinto. Además, para poder percibirla

se requerirá la realización de una inversión no inferior a 5.000 euros.

La persona que perciba la subvención queda obligada a realizar la actividad para la que

se concedió la ayuda, y a mantener su actividad empresarial y su alta en la Seguridad

Social o equivalente durante al menos tres años. La cuantía percibida, por sí sola o en

concurrencia con otras, no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad a

desarrollar por el beneficiario.

28

Cuando se trate de trabajadores del sector textil y de la confección, y al objeto de

adoptar medidas para facilitar su adaptación a los cambios estructurales en el comercio

mundial, las cuantías que acabo de referenciar se incrementarán en un 10 o 15 % según

se trate de trabajadores menores o mayores de 55 años de edad.

Por Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés

de Empleo, se aprueba para ese año la convocatoria de las subvenciones reguladas en la

Orden antes citada. La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación

asigna partidas presupuestarias por un total de 2.431.344,53 euros para promocionar el

empleo autónomo en el territorio autonómico. Las solicitudes para el establecimiento

como trabajador autónomo y la subvención financiera deberán solicitarse durante los

dos meses posteriores a la fecha de inicio de la actividad, mientras que las destinadas a

asistencia técnica y formación deberán serlo durante los seis meses posteriores a la

misma fecha de inicio de la actividad.

D) Es de aplicación en Galicia la Orden de 21 de abril de 2008, por la que se establecen

las bases reguladoras del programa para la promoción del empleo autónomo,

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año

2008 (DOG, 28).

La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adecua la normativa

estatal a las especificidades organizativas de la Comunidad Autónoma. Además, en el

ámbito competencial propio, se introducen algunas aportaciones tendentes a incrementar

la cuantía de algunas subvenciones, la introducción de la ayuda excepcional para la

financiación de los primeros gastos de actividad a las personas desempleadas de

colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, o el reintegro sólo parcial de la

ayuda concedida siempre y cuando la actividad se haya mantenido como mínimo un

año.

E) En Castilla y León encontramos la Orden EYE/639/2008, de 14 de abril, por la que

se establecen las normas de procedimiento y las bases reguladoras para la concesión de

las subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo en la Comunidad de Castilla y

León (BOCyL, 30). La norma, que entró en vigor el día de su publicación, adecua la

normativa estatal en la materia a las especificidades organizativas de la Comunidad

Autónoma.

Se regulan diferentes modalidades de subvenciones: por establecimiento como

trabajador autónomo o por cuenta propia; financiera; para asistencia técnica; para

formación. En el primer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta los 10.000 euros, con

un incremento del 10 % en el caso de que se trate de una mujer víctima de violencia de

género; en el segundo, la subvención podrá consistir en la reducción de un máximo de

cuatro puntos del tipo de interés fijado por las entidades de crédito para la concesión de

un préstamo, con el límite de 10.000 euros, y si se trata de la concesión de un

microcrédito la subvención, con el tope de los 10.000 euros, puede llegar a cubrir el

total de los gastos financieros; en el tercer supuesto, la cuantía podrá alcanzar hasta el

75 % del coste de los servicios prestados, con un límite de 2.000 euros; por fin, en

concepto de formación la subvención podrá alcanzar hasta el 75 % del coste de los

cursos recibidos, con el límite de 3.000 euros. En las dos primeras, la cuantía se

graduará en razón de la dificultad de acceso al mercado de trabajo, y la persona

29

solicitante deberá estar incluida en uno de estos colectivos: desempleados en general,

jóvenes desempleados de 30 o menos años, mujeres desempleadas, desempleados con

discapacidad, mujeres desempleadas con discapacidad. La cuantía irá desde los 5.000

euros del primer grupo hasta los 10.000 euros del quinto. Además, para poder percibirla

se requerirá la realización de una inversión no inferior a 5.000 euros.

La persona que perciba la subvención queda obligada a realizar la actividad para la que

se concedió la ayuda, y a mantener su actividad empresarial y su alta en la Seguridad

Social o equivalente durante al menos tres años. La cuantía percibida, por sí sola o en

concurrencia con otras, no podrá superar en ningún caso el coste de la actividad a

desarrollar por el beneficiario.

La partida presupuestaria asignada para estas ayudas es de 4.149.309, 00 euros, según

dispone la Resolución de 25 de abril.

También debemos hacer mención de la Orden EYE/1686/2008, de 11 de septiembre,

(BOCyL, 1 de octubre). La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación,

incorpora ayudas específicas para mayores de 45 años que deseen establecerse como

trabajadores autónomos, no prevista en la normativa autonómica explicada con

anterioridad. Se toma en consideración el Acuerdo de la Junta de 8 de mayo de este año,

así como también el Real Decreto Ley 2/2008 de 21 de abril, que pretenden potenciar el

empleo autónomo.

A tal efecto, se dispone que las subvenciones por establecimiento por cuenta propia y la

subvención financiera, en su caso, serán de 7.000 euros en el primer supuesto y de hasta

7.000 euros en el segundo.

F) En Cataluña debe merecer nuestra atención la Orden TRE/311/2008, de 20 de mayo,

por la que se establecen las bases reguladoras que han de regir la concesión de

subvenciones para la promoción del empleo autónomo (DOGC, 26).

La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, adecua la normativa

estatal a las especificidades organizativas de la Comunidad Autónoma; dicho con las

propias palabras de la introducción, para potenciar y promover el espíritu emprendedor

catalán, así como también para consolidar los proyectos que ya se hayan puesto en

marcha, “es necesario adaptar la normativa reguladora que han de regir las ayudas

destinadas a la promoción del empleo autónomo a los nuevos criterios de concesión

directa establecidos en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio”.

Se trata de financiar los proyectos de constitución como trabajadores autónomos de

personas que se encuentren inscritas como desempleadas en las oficinas autonómicas de

empleo, y para ello se prevén subvenciones para su establecimiento como tal,

financieras, para asistencia técnica y para formación. Los plazos y presentación de las

solicitudes se regulan de forma detallada en el artículo 7, siendo la regla general de un

máximo de dos meses desde que se haya realizado o finalizado la acción que da lugar a

la subvención. La partida presupuestaria que se fije en la correspondiente Resolución de

convocatoria podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, y en

cualquier caso la ayuda a percibir deberá respetar la normativa comunitaria, no

pudiendo ser superior a 200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales.

La subvención para el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia se

sitúa entre 3.500 y 6.000 euros según cual sea el sujeto que la solicite, con un

30

incremento del 10 % cuando se pida por mujeres afectadas por violencia de género. Los

solicitantes deberán realizar un gasto no inferior a 5.000 euros para el desarrollo de la

actividad, y no haber obtenido una subvención a fondo perdido o renta de subsistencia

en los tres ejercicios anteriores.

La subvención financiera consistirá en una reducción de 4 puntos del tipo de interés del

préstamo solicitado, con una cuantía máxima de 3.000 euros. Para su concesión, el

solicitante deberá acreditar la realización de un gasto no inferior a 5.000 euros para el

desarrollo de la actividad.

La subvención para asistencia técnica será con carácter general de un máximo del 75 %

del coste del servicio prestado y con un máximo de 1.000 euros. Si se trata de acciones

destinadas al fomento de las agrupaciones y las colaboraciones entre personas

trabajadoras autónomas, según dispone el art. 33 el importe podrá alcanzar hasta el 75

% del coste de los servicios prestados, con un máximo de 5.000 euros. La asistencia

deberá ser prestada por consultorías, asociaciones de trabajadores autónomos, u otras

empresas o entidades que acrediten su solvencia profesional.

Por último, la subvención para la formación, es decir la financiación de cursos

relacionados con la dirección y gestión empresarial y con las nuevas tecnologías de la

información, podrá alcanzar hasta el 75 % de su coste, con un máximo de 1.000 euros.

G) El Decreto 114/2008, de 6 de junio, regula las ayudas para el fomento del

autoempleo en Extremadura (DOE, 12).

La norma, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, regula la concesión de

incentivos para fomentar la creación de empleo estable y el establecimiento como

trabajadores autónomos, con la cofinanciación de las partidas presupuestarias asignadas

al efecto por el Fondo Social Europeo. Desarrolla algunas grandes líneas de actuación

fijadas en el Plan de fomento y calidad del empleo de Extremadura 2008-2011, en

concreto las dedicadas a fomento del autoempleo y al “autoempleo en el contrato

familiar y apoyo al familiar colaborador”, plan que se inserta dentro de los compromisos

principales asumidos por la Comunidad Autónoma en su política social, que son “la

creación de empleo estable y el fortalecimiento de una cultura empresarial que ayude a

vertebrar la consecución de la estabilidad laboral”. Se valora muy positivamente la

aplicación efectiva de la normativa anterior en la materia, en concreto el Decreto

87/2004 de 15 de junio, y se incorporan sólo las modificaciones que se han considerado

necesarias para dar cumplimiento al nuevo Plan.

Serán beneficiarios de las ayudas los trabajadores autónomos por cuenta propia, se

integren o no en forma de comunidades de bienes o sociedades civiles que carezcan de

personalidad jurídica, siendo en cualquier caso responsables de los derechos y

obligaciones derivadas de la subvención. El artículo 5 regula las exclusiones de la

aplicación de la norma, entre las que destaca la referencia a que quedará excluido aquel

que lo solicite y del que “se detecten actuaciones encaminadas a la consecución de la

subvención sin que se produzca creación real y efectiva de empleo”.

En el primer programa, que regula el establecimiento de un desempleado como

trabajador autónomo, se reconoce el derecho a una subvención siempre que el proyecto

que se presente sea “técnica, económica y financieramente viable”, debiendo realizar la

31

persona interesada una inversión mínima de 2.000 euros en inmovilizado material

necesario para el desarrollo de la actividad. Las subvenciones irán desde un mínimo de

5.000 euros hasta los 11.000 para mujeres desempleadas víctimas de violencia de

género. La cuantía de 10.000 euros se reserva para los siguientes colectivos: “mujeres

desempleadas, varones desempleados discapacitados, desempleados provenientes de

expediente de regulación de empleo, desempleados residentes en municipios de menos

de 5.000 habitantes, desempleados extremeños que retornen a la Comunidad Autónoma

de Extremadura y desempleados que provengan de Programas de Empleo de

Experiencia de Entidades Locales de Extremadura” (art. 13.2). Por su parte, la de 7.500

euros va dirigida a “desempleados que realicen actividades innovadoras vinculadas a

nuevas tecnologías y actividades de interés público, económico o social en los

siguientes ámbitos sectoriales: actividades en I+D (investigación y desarrollo), turismo,

y trabajos y servicios relacionados con la asistencia a menores” (art. 13.3).

En el segundo programa, de ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de un

familiar colaborador, serán requisitos a cumplir la incorporación de dicho familiar al

RETA en tal condición, no percibir la renta de inserción o subsistencia, y no haber

mantenido relación laboral con el trabajador autónomo en los seis meses anteriores al

alta en el RETA. Se entiende por familiar colaborador quien conviva con el autónomo y

tenga la condición jurídica de cónyuge, descendiente, ascendiente, o sea pariente por

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción.

La cuantía de la ayuda será de 10.000 euros para las mujeres y de 7.500 para los

hombres.

El beneficiario de la ayuda queda obligado a realizar la actividad que fundamenta la

concesión de la ayuda desde la fecha de alta en el régimen correspondiente de Seguridad

Social durante un período mínimo de tres años.

H) Merece especial atención por su contenido el reciente Decreto 344/2008 de 18 de

noviembre de la Junta de Castilla – La Mancha, publicado en el Boletín Oficial

autonómico del día 21 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, y en

especial, tal como se destaca en la nota de prensa oficial de la reunión del Consejo de

Gobierno del día 18, porque el ejecutivo regional “dará una ayuda, mediante un pago de

2.000 euros, a los trabajadores autónomos que se vean obligados a cesar en su actividad

profesional a causa de la crisis económica”, destacándose también que el ejecutivo

considera que el trabajo autónomo es “un factor clave en el desarrollo socioeconómico

de la región, siendo un elemento decisivo en la creación de riqueza y empleo”.

Pero vayamos por parte y expliquemos todos los aspectos más destacados de la norma

autonómica., norma que tiene su punto de referencia más directo en el plan regional de

fomento del autoempleo, así como también en la normativa comunitaria y en concreto

en las nuevas directrices de aplicación de los fondos comunitarios. La norma que es

ahora objeto de comentario se dirige a la persona física que ejerce una actividad

económica por cuenta propia, y tiene por finalidad, tal como puede leerse en la

exposición de motivos, “fomentar, apoyar y potenciar el empleo a través del autoempleo

y al mismo tiempo favorecer una mayor presencia en el trabajo autónomo de los

colectivos a los que se dirige”. A tal efecto, el art. 18 menciona los diferentes créditos

presupuestarios destinados a financiar las medidas, previéndose que varias de ellas (art.

15) puedan ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo hasta un porcentaje del 80 %,

32

y se dispone que las solicitudes de subvenciones podrán presentarse durante todo el

ejercicio presupuestario, dado que cumplen los requisitos para poder concederse de

forma directa, ya que se acreditan, a juicio del gobierno autonómico, “las razones de

interés público, social, económico, humanitario u otras debidamente justificadas que

dificulten su convocatoria pública”.

Los programas objeto de apoyo económico por la norma serán los puestos en marcha

por personas desempleadas que desean constituirse como trabajadoras o trabajadores

autónomos, con una mención específica a las personas que estén en posesión del título

aval-empleo; también, la inserción laboral de un familiar como persona autónoma

colaboradora; ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral de las trabajadoras

autónomas, principales o colaboradoras, mediante medidas de apoyo durante la

situación de baja por maternidad y para el cuidado de los hijos menores de 8 años; en

fin, la más novedosa, consistentes en “la integración laboral de las trabajadoras y

trabajadores autónomos que cesan en su actividad empresarial”, si bien condicionada a

un requisito que en modo alguno cabe calificar de poco importante, ya que se requiere

que la persona ahora desempleadas haya desarrollado su actividad empresarial de forma

ininterrumpida en los 5 años anteriores a la solicitud de la ayuda, y que dicha prestación

se haya desarrollado en el territorio autonómico. Además, para todas las medidas de

fomento del empleo autónomo se recogen en el art. 3 una amplia lista de exclusiones,

referidas fundamentalmente, a mi parecer, al hecho de que las personas que soliciten las

subvenciones hayan ejercido la misma actividad como autónomas, a título principal,

durante los tres años anteriores, o bien que en el año inmediatamente anterior a la

solicitud hayan ejercido cualquier actividad autónoma a título principal.

a) Una primera línea de subvenciones y ayudas es la dirigida (art. 20) a proyectos de

autoempleo promovidos por desempleadas y desempleados. A tal efecto, se prevé la

concesión de subvenciones por inicio de la actividad, al objeto de garantizar unos

ingresos mínimos durante el primer año de la actividad empresarial, en cuantía de hasta

7.000 o 5.000 euros, según se trate de una mujer o de un hombre, ampliable hasta

10.000 y 8.000 euros, respectivamente, cuando se trate de una persona con

discapacidad, y con un incremento adicional del 15 % cuando se trate de una mujer

afectada por violencia de género.

Asimismo, se regula la concesión de subvenciones a proyectos financiados mediante

microcréditos, o más concretamente una subvención que pueden alcanzar el 100 % de

reducción de los puntos de interés del crédito concedido.

Por otra parte, es posible percibir una subvención por inversión en activos fijos, que

podrá alcanzar hasta el 70 o 50 % de la inversión aprobada según se trate de una mujer o

de un hombre, y que se concederá a fondo perdido de hasta el 35 o 25 % del gasto

aprobado, y el resto a devolver sin intereses en tres anualidades, previéndose también

que si la inversión se financia mediante un crédito bancario la subvención podrá

incrementarse en una cuantía máxima de 2.500 euros para reducir los puntos de interés.

Esta subvención es incompatible con la de inicio de actividad. La relación de

inversiones que pueden ser objeto de la subvención se recoge en el art. 22, con un límite

de 150.000 euros

33

Cuando se trate de una trabajadora con cargas familiares (hijos a cargo menores de 3

años, o familiares dependientes hasta segundo grado) la norma prevé la concesión de

una subvención adicional de 1.200 euros por persona a cargo, hasta un máximo de 2.400

(es decir, se prevé que pueda haber dos personas a cargo de la nueva emprendedora).

Esta subvención se concede con el objetivo declarado de facilitar la incorporación al

mundo empresarial de estas mujeres y evitar que el hecho de tener personas a cargo

pueda “obstaculizar su acceso al mundo laboral y su permanencia en activo”.

Para la concreción de la cuantía de las subvenciones a conceder, se establecen diferentes

criterios de valoración, de los que cabe destacar a mi parecer que las actividades se

vinculen con los nuevos yacimientos de empleo, con las tecnologías de la información y

la comunicación, o con el ámbito de la artesanía.

b) Otra línea de subvención es la dirigida a facilitar la inserción laboral de un familiar

que conviva con el trabajador autónomo a título principal, como autónomo colaborador.

Se trata de una ayuda económica para facilitar el desarrollo del primer año de actividad,

y su cuantía se fija en 5.000 o 3.000 euros según se trate de una mujer o un hombre,

ampliable hasta 7.000 o 5.000 euros, respectivamente cuando se trate de una persona

con discapacidad.

c) Para quienes dispongan de título aval-autoempleo se contempla una subvención de

4.800 o 3.600 euros según se trate de un hombre o de una mujer. Recuérdese que este

título es de carácter nominativo, expedido por la autoridad laboral, con vigencia de seis

meses de duración, y que recoge un incentivo para que se establezcan como autónomos

personas desempleadas “participantes en programas de formación para la actividad

profesional propia de su titulación y que le faculta la participación en dichos programas

o, en su caso, la que se derive de la acción realizada”.

d) Por lo que respecta a la siguiente línea, consistente en medidas de apoyo económico a

la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, pretende incidir en el fomento del

autoempleo femenino, por una parte, y en una nueva distribución de las tareas (entiendo

que fundamentalmente familiares) entre mujeres y hombres. A tal efecto, y en una línea

semejante a medidas adoptadas por otras Comunidades Autónomas, se prevén tres tipos

de medidas.

En primer lugar, ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial cuando se

trate del supuesto de maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo. Consistirán en la

subvención de la contratación de una persona desempleada (mujer, y sólo podrá tratarse

de hombres cuando quede acreditada la imposibilidad de contratar a una mujer) de 900

euros/mes o 225 euros/semana, previéndose su ampliación a los dos meses anteriores a

la fecha del evento referenciado cuando las funciones a realizar requieran una

experiencia previa.

En segundo término, se pretende facilitar la reincorporación a la actividad de la

trabajadora autónoma, mediante ayudas para la contratación de una persona empleada al

servicio del hogar familiar durante un período máximo de 12 meses, así como también

para sufragar los gastos de los servicios de un centro de atención a la infancia, si bien se

trata de subvenciones y ayudas incompatibles entre sí, por lo que deberá optarse por una

de las mismas. La cuantía de la primera ayuda será equivalente a la aportación de la

34

empleadora al régimen especial de empleados de hogar, con el límite de 1.200 euros, y

la de la segunda será el 50 % de los gastos debidamente justificados y sin poder superar

la cuantía de 1.200 euros.

e) Por último (art. 46) se regula el programa de subvenciones que pretende favorecer la

integración laboral de los trabajadores y trabajadoras autónomos que cesen en su

actividad empresarial, y que cumplan los requisitos de antigüedad en la actividad

empresarial y de ubicación territorial antes indicados (cinco años de forma

ininterrumpida a título principal y en el ámbito autonómico).

Las personas beneficiarias deberán haber cesado en la actividad, encontrarse en

situación de desempleo e inscritas como demandantes de empleo en las oficinas del

servicio autonómico de empleo, no haber desarrollado ninguna actividad laboral desde

el momento en que cesó la anterior actividad empresarial hasta el que se solicita la

subvención, y participar en un itinerario personalizado de inserción laboral durante

como mínimo el período en el que perciba la subvención, período que podrá ser de hasta

4 meses, al objeto de mejorar su empleabilidad.

La cuantía de la subvención será de 2.000 euros, que se abonarán de forma mensual, y si

la duración de las acciones formativas fuera inferior al período de 4 meses, también se

reducirá proporcionalmente la cuantía de la prestación.

3. Año 2009.

A) En Cataluña, la Orden TRE/123/2009, de 9 de marzo, establece las bases

reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones para la promoción del empleo

autónomo.

La norma se publico en el Diario Oficial de la Generalitat el día 26 del mismo mes y

entró en vigor al día siguiente de su publicación, y adecua la normativa estatal, en

concreto la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio, a las especificidades organizativas de

la Comunidad Autónoma; dicho con las propias palabras de la introducción, para

potenciar y promover el espíritu emprendedor catalán, así como también para consolidar

los proyectos que ya se hayan puesto en marcha, “es necesario adaptar la normativa

reguladora que han de regir las ayudas destinadas a la promoción del empleo autónomo

a los nuevos criterios de concesión directa establecidos en la Orden TAS/1622/2007, de

5 de junio”.

Con respecto a la normativa del año 2008, y al objeto de adecuar la normativa

autonómica la situación de crisis económica, se amplía el colectivo de personas que

pueden beneficiarse de las ayudas, que pasan a ser las personas desempleadas en

general, al mismo tiempo que se incrementa la cuantía de la subvención por

establecimiento como trabajador autónomo, y se reajusta la subvención financiera.

Se trata de financiar los proyectos de constitución como trabajadores autónomos de

personas que se encuentren inscritas como desempleadas en las oficinas autonómicas de

empleo, y para ello se prevén subvenciones para su establecimiento como tal,

financieras, para asistencia técnica y para formación. Los plazos y presentación de las

35

solicitudes se regulan de forma detallada en el artículo 7, siendo la regla general de un

máximo de dos meses desde que se haya realizado o finalizado la acción que da lugar a

la subvención.

La partida presupuestaria que se fije en la correspondiente Resolución de convocatoria

podrá ser objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo, y en cualquier caso la

ayuda a percibir deberá respetar la normativa comunitaria, no pudiendo ser superior a

200.000 euros durante el período de tres ejercicios fiscales. La tramitación se efectuará

en régimen de concesión directa, debiendo resolver la autoridad laboral competente en

un plazo máximo de 2 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro, y en

el supuesto de que no se haya dictado se entenderá desestimada la solicitud.

La subvención para el establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia se

sitúa entre 4.000 (desempleados en general) y 9.000 euros (mujeres desempleadas con

discapacidad) según cuál sea el sujeto que la solicite, con un incremento del 10 %

cuando se pida por mujeres afectadas por violencia de género. Los solicitantes deberán

realizar un gasto no inferior a 5.000 euros para el desarrollo de la actividad, y no haber

obtenido una subvención a fondo perdido o renta de subsistencia en los tres ejercicios

anteriores.

La subvención financiera consistirá en una reducción de 4 puntos del tipo de interés del

préstamo solicitado, con una cuantía máxima de 3.000 euros. Para su concesión, el

solicitante deberá acreditar la realización de un gasto no inferior a 5.000 euros para el

desarrollo de la actividad.

La subvención para asistencia técnica será con carácter general de un máximo del 75 %

del coste del servicio prestado y con un máximo de 1.000 euros. Si se trata de acciones

destinadas al fomento de las agrupaciones y las colaboraciones entre personas

trabajadoras autónomas, según dispone el art. 33 el importe podrá alcanzar hasta el 75

% del coste de los servicios prestados, con un máximo de 5.000 euros. La asistencia

deberá ser prestada por consultorías, asociaciones de trabajadores autónomos, u otras

empresas o entidades que acrediten su solvencia profesional.

Por último, la subvención para la formación, es decir la financiación de cursos

relacionados con la dirección y gestión empresarial y con las nuevas tecnologías de la

información, podrá alcanzar hasta el 75 % de su coste, con un máximo de 1.000 euros.

B) En el ámbito estatal cabe referirse al Real Decreto 1300/2009, de 31 de julio, de

medidas urgentes de empleo destinadas a los trabajadores autónomos y a las

cooperativas y sociedades laborales, publicado en el BOE de 19 de agosto.

a) La norma entró en vigor al día siguiente de su publicación y encuentra su origen, en

gran medida, en resoluciones parlamentarias aprobadas durante esta legislatura y en los

acuerdos alcanzados en el diálogo social sobre la problemática de los trabajadores

autónomos, más concretamente en la denominada “Mesa del trabajo autónomo”.

El 5 de mayo se suscribía un importante acuerdo en dicha Mesa, del que destaco los

aspectos más relacionados con el RD 1300/2009.

36

“Con el objeto de buscar medidas especificas que mediante su aprobación ayuden a

resolver la situación de los autónomos ante la crisis, el Gobierno ha desarrollado un

proceso de diálogo con las asociaciones de autónomos, UPTA, ATA y CEAT, partiendo

de las propuestas recogidas en la Moción aprobada por el Pleno del Congreso de los

Diputados el pasado 17 de marzo, denominadas Plan de Rescate para los Autónomos.

Como resultado del dialogo en esta mesa de los autónomos se llega a los siguientes

acuerdos:

1. Fomento del empleo autónomo: incrementar al 80% el porcentaje del abono del pago

único de la prestación por desempleo para jóvenes de hasta 30 años y mujeres de hasta

35 años destinado a financiar inversión.

2. Fomento de la contratación laboral por los autónomos: introducir una bonificación

del 50% en la cuota empresarial por contingencias comunes para el autónomo que

contrate indefinidamente a su primer trabajador asalariado, siempre que este no se

pueda acoger a la que contiene el Real Decreto-Ley 2/2009, consistente en una

bonificación del 100% de la cuota empresarial por contingencias comunes por la

contratación de perceptores de la prestación por desempleo.

Estas dos medidas serán desarrolladas por medio de un Real Decreto, previa consulta

con los interlocutores sociales”.

b) En mi explicación no debo olvidarme de que la actuación gubernamental tiene un

punto de apoyo jurídico en la disposición final segunda de la Ley 43/2006, de 29 de

diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en la que se autoriza al

gobierno, al objeto de profundizar en los objetivos de la norma, para que “en función de

la evolución que experimente el empleo, especialmente de los trabajadores que tengan

mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo o para el mantenimiento del

empleo, pueda introducir, previa consulta a las organizaciones sindicales y

empresariales más representativas, modificaciones en el Programa de Fomento del

Empleo que se regula en el mismo, tanto en lo que se refiere a los colectivos

beneficiarios, como a los incentivos aplicables y a las condiciones exigidas para su

aplicación, y asimismo para que pueda establecer programas específicos para mejorar la

formación y cualificación profesional y facilitar la estabilidad en el empleo y la

reinserción laboral de los trabajadores que hubieran perdido su empleo como

consecuencia de procesos de liberalización del comercio y de la globalización”. No hay

duda de que el colectivo de trabajadores autónomos ha sido especialmente afectado por

la crisis económica, y por ello el gobierno puede adoptar nuevas medidas que traten de

fortalecer su presencia en el mercado de trabajo y que, al mismo tiempo, alienten la

creación de empleo.

c) Paso ya a examinar cuáles son las modificaciones incorporadas en el RD 1300/2009 y

que guardan relación con los acuerdos parlamentarios y en el marco del diálogo social.

-- La Ley 45/2002, de 12 de diciembre, regula medidas urgentes para la reforma del

sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, y en su disposición

transitoria cuarta regula concretamente el programa de fomento de empleo en economía

social y empleo autónomo. A efectos de la capitalización de la prestación por

desempleo el texto ahora modificado disponía lo siguiente:

37

“La entidad gestora podrá abonar el valor actual del importe de la prestación por

desempleo de nivel contributivo a los beneficiarios de prestaciones cuando pretendan

incorporarse, de forma estable, como socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o

en sociedades laborales, siempre que no hayan mantenido un vínculo contractual previo

con dichas sociedades superior a los 24 meses, o constituirlas, o cuando dichos

beneficiarios pretendan constituirse como trabajadores autónomos y se trate de personas

con minusvalía igual o superior al 33 %”.

La modificación operada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, suprime el

requisito de no haber mantenido un vínculo contractual con la empresa superior a 24

meses. Se argumenta dicha modificación por considerar que el mantenimiento de ese

límite en una situación de crisis como la actual dificulta que el desempleado pueda

acceder a una empresa de economía social como socio trabajador o de trabajo, y que la

supresión conllevará “dotar de mayores posibilidades de viabilidad y refuerzo en el

empleo de las cooperativas y sociedades laborales”.

En la misma disposición transitoria se indicaba que “Lo previsto en las reglas 1 y 2

también será de aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel

contributivo, que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no se trate de

personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 % En el caso de la regla 1, el

abono de una sola vez se realizará por el importe que corresponde a la inversión

necesaria para desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias para

el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 % del importe de la prestación por

desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir”.

La modificación operada, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, supone

incrementar la cuantía del 60 % hasta el 80 % cuando la persona que solicita la

capitalización, es decir el momento de toma en consideración de la edad es la fecha de

la solicitud, tenga hasta 30 años si es varón o 35 si es mujer, ambos inclusive. Dicho sea

incidentalmente, obsérvese como se incrementa de forma gradual y paulatina el

concepto de joven (en este caso referido a las mujeres, pero no hay ninguna razón para

pensar que no pueda extenderse a los varones más adelante) a efectos de acceder a

determinadas medidas de fomento de empleo.

Si bien la medida, como acabo de indicar, es de carácter temporal, se deja la puerta

abierta, y por consiguiente parece difícil pensar que se vuelva hacia atrás en la

regulación normativa, a que se amplíe su vigencia a partir de 2011, ampliación que

estará condicionada a que el gobierno valore la eficiencia de la medida y su capacidad

para generar empleo “de forma significativa”. Dicha decisión deberá adoptarla tras las

pertinentes consultas no sólo con los agentes sociales más representativos sino también

con las asociaciones de autónomos y organizaciones de la economía social afectadas.

-- El Real Decreto-ley 2/2009, de 6 de marzo, regula las medidas urgentes para el

mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, y

dedica su artículo 5 a las bonificaciones por la contratación indefinida de trabajadores

beneficiarios de las prestaciones por desempleo. En su número 1 dispone que

“Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de diciembre de 2009 a

trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones o los subsidios por

desempleo regulados en el Título III del texto refundido de la Ley General de la

38

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, o de la

Renta Activa de Inserción, tendrán derecho a una bonificación del 100 por ciento en la

cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes hasta que la cuantía

de la bonificación alcance un importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación,

subsidio o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de

inicio de la relación laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar los

tres años de duración”.

Y en el número 3 concreta que “En el caso de desempleados beneficiarios de la

prestación contributiva, el trabajador deberá haber percibido la prestación durante, al

menos, tres meses en el momento de la contratación”.

Pues bien, el RD 1300/2009 regula una nueva medida de incentivación a la contratación

de trabajadores asalariados por parte de los autónomos, de acuerdo con las resoluciones

parlamentarias y los pactos alcanzados en el diálogo social. Cuando la contratación sea

la primera que realiza el autónomo con carácter indefinido, se trate de una persona

desempleada que no entre en el supuesto del artículo 5 del RDL 2/2009, y no hubiera

tenido trabajadores asalariados contratados durante los 3 meses anteriores a la

contratación, tendrá derecho a disfrutar de una bonificación del 50 % durante un período

máximo de 24 meses en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias

comunes, que se aplicará con carácter automático en los documentos de cotización.

En la introducción del texto se califica de “medida novedosa” la nueva contratación, y

se expone que esta nueva bonificación se complementa con aquellas a las que se pueda

acceder por la regulación del RDL 2/2009. Si bien la norma, recordémoslo, entra en

vigor mañana, deberá esperarse para poder formalizarse el nuevo contrato a disponer del

modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal y que es de prever,

lógicamente, que esté rápidamente publicado en su web. El artículo 2 remite al

programa de fomento de empleo de la Ley 43/2006 en todo lo que no esté establecido en

el mismo.

-- Con el objeto de favorecer la situación económica de las cooperativas y las

sociedades laborales, se modifican algunos preceptos del Real Decreto 505/1985, de 6

de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, así

como también del Real Decreto 372/2001 por el que se modifica el anterior, que versan

sobre la amortización de las deudas de estas empresas de economía social al FGS. Se

justifica la modificación por las diferencias existentes sobre los requisitos para eximir

del pago de la deuda las cantidades por prestaciones abonadas por el FGS, y de ahí que

la norma objeto ahora de comentario aproveche la oportunidad para “unificar y hacer

más coherente el régimen que regula los requisitos de esta exención”.

Recordemos cuál era la regulación anterior. Los números 5 y 6 del RD 505/1985 de 6 de

julio, en redacción del RD 372/2001 de 6 de abril, ahora modificados, disponían que

“5. No obstante lo anterior, cuando los beneficiarios de las prestaciones del Fondo de

Garantía Salarial fueran trabajadores que, tras cesar en la empresa en la que prestaban

servicios, constituyan una sociedad laboral, una cooperativa de trabajo asociado u otro

tipo de cooperativa, a cuyos socios trabajadores les sea de aplicación las normas

establecidas para los socios trabajadores de las mencionadas cooperativas de trabajo

39

asociado, no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido

íntegramente aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social.

6. Si la sociedad, por cualquier causa, perdiera su calificación de laboral en un plazo de

quince años a contar desde su constitución, deberá restituir al Fondo de Garantía

Salarial las cantidades que les fueron abonadas por dicho Organismo a sus socios

trabajadores en concepto de salarios o indemnizaciones adeudadas por la empresa

precedente.

Esto mismo será de aplicación si en dicho plazo causa baja como socio de la sociedad

laboral o cooperativa de las referidas en el apartado anterior, cualquiera de los socios

trabajadores que hubieran percibido las prestaciones del Fondo de Garantía Salarial y

que fueron aportadas a la constitución de la propia sociedad laboral o cooperativa, en

cuanto a la parte correspondiente al socio que causa baja”.

Con la nueva redacción dada por el RD 1300/2009, en el número 5 se sustituye el inciso

“no procederá la devolución de las prestaciones recibidas, si éstas han sido íntegramente

aportadas a la sociedad o cooperativa constituida, como capital social” por el de “no

procederá la devolución de las prestaciones recibidas, siempre que el importe de las

deudas derivadas de las mismas haya sido íntegramente aportado a la sociedad o

cooperativa constituida, como capital social.». Por su parte, al final del número 6 se

añade, con referencia al socio que cause baja, “salvo que la baja se haya producido por

causas ajenas a la autonomía de la voluntad de las partes, como el fallecimiento,

incapacidad permanente o la jubilación del socio trabajador y siempre que no suponga

la disminución del nivel de empleo que tenía la sociedad a la fecha de su constitución.».

-- En el mismo ámbito, se procede a la modificación de la disposición transitoria única

del RD 372/2001, cuya redacción original disponía que “Lo dispuesto en los apartados

cinco y seis del artículo 2 del Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo, será de aplicación a

los convenios de recuperación firmados entre el Fondo de Garantía Salarial y las

sociedades laborales o cooperativas referidas en el mencionado apartado cinco,

existentes a la entrada en vigor del presente Real Decreto, respecto a las cantidades

pendientes de vencer en dicha fecha”.

En la nueva redacción, y en coherencia con la redacción de la disposición adicional

undécima de la Ley 43/2006, dedicada justamente a la amortización de deudas de

sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado con el FGS, se añade el

siguiente contenido inmediatamente al final del texto: “siempre que acrediten que el

importe del principal pendiente de vencer se ha aportado, por cualquier medio, como

capital social a las mismas y que han mantenido su calificación laboral durante el plazo

establecido en el citado apartado seis. Esta disposición también será de aplicación a las

sociedades laborales o cooperativas que se hayan subrogado en convenios de

recuperación, firmados originariamente por sus empresas antecesoras y el Fondo de

Garantía Salarial, siempre que éstas tuvieran a la fecha de la firma el carácter de

sociedad laboral o cooperativa. En ningún caso procederá la devolución por el Fondo de

Garantía Salarial de las cantidades ya abonadas por las sociedades cooperativas o

laborales en cumplimiento de convenios de recuperación firmados con anterioridad al 8

de abril de 2001”.

40

-- Por último, se aprovecha la publicación de esta norma para modificar el texto del

artículo 22 del Real Decreto 625/1985 de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley

31/1984 de 2 de agosto de protección por desempleo, precepto que regula las “normas

específicas de tramitación de la prestación por desempleo, aplicables a los expedientes

de regulación de empleo”, y se le añade un nuevo apartado.

La justificación de la modificación radica, según puede leerse en la introducción del

texto, en el cada vez mayor número de expedientes de suspensión temporal de contratos

(modalidad de ERE incentivada, no se olvide, por las modificaciones en la reposición de

las prestaciones por desempleo operada por el RDL 2/2009 de 6 de marzo y como

mecanismo tendente a tratar de disminuir el número de ERES de extinción de contratos)

y la necesidad de establecer, “por seguridad jurídica y para simplificar y agilizar la

gestión de las prestaciones”, el coeficiente multiplicador aplicable a los días laborables

cuando la suspensión, ya sea por ERE o por resolución judicial en un expediente

concursal, afecta sólo a estos.

De tal forma, el nuevo número 6 del citado artículo 22 dispone que en tales supuestos, y

a efectos del pago y consumo de las prestaciones por desempleo, “a fin de computar la

parte proporcional del descanso semanal, dichos días laborables se multiplicarán por el

coeficiente 1,25, salvo en el supuesto de que la suspensión afecte a cinco o seis días

laborables consecutivos, en que se abonarán y consumirán siete días. Dicho coeficiente

se aplicará sobre el total de los días laborables del mes, sin que en ningún caso la suma

de los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios y de prestaciones por

desempleo puedan superar los días naturales de dicho mes”.

4. Año 2010.

En Cataluña, La Orden TRE/77/2010, de 19 de febrero, establece las bases reguladoras

para la concesión de la ayuda temporal extraordinaria “Renta formación autónomos”,

dentro del marco del proyecto IMPULSO, consistente en subvenciones para favorecer la

integración profesional y laboral de los trabajadores autónomos que hayan cesado en su

actividad empresarial en el territorio autonómico, al mismo tiempo que abre la

convocatoria para ese año.

La norma se publicó el día 25 de dicho mes y entró en vigor al día siguiente, y tiene por

finalidad regular las bases que permitirán solicitar una subvención extraordinaria a los

trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad, en los términos regulados en la

orden, y abrir la convocatoria para su concesión en 2010, mediante solicitud que podrá

presentarse durante todo el año.

Con esta medida, el gobierno autonómico cumple uno de los compromisos pactados en

el Acuerdo suscrito con los agentes sociales el mes de diciembre de 2009, en concreto el

de destinar durante toda su vigencia 13 millones de euros al establecimiento de “una

ayuda temporal extraordinaria para trabajadores autónomos y el fomento del

autoempleo”, de los que 5 millones están presupuestados para esta ayuda durante 2010

y con posibilidad de ampliación.

Además de haber cesado en la actividad profesional, de estar inscrito como

desempleado demandante de empleo en la oficina de trabajo con una antigüedad mínima

41

de 2 meses y no haber rechazado injustificadamente participar en programas públicos de

empleo, de estar empadronado en territorio autonómico y de tener menos de 65 años en

el momento de presentación de la solicitud, la persona solicitante deberá acreditar que

ha dedicado, como mínimo, 1095 días a la actividad profesional (con alta en el RETA)

durante los 1825 días anteriores a la baja en la Seguridad Social. Igualmente, se

requerirá que la persona solicitante carezca de rentas inferiores al 75 % del Salario

Mínimo Interprofesional mensual, es decir 633,30 euros (con exclusión de pagas

extras), o que, en el caso de convivencia con los familiares enumerados en el artículo 4

g), la suma de los ingresos todos los miembros de la unidad familiar, dividida por el de

personas que la integran, no supere dicha cuantía. La norma excluye expresamente de su

ámbito de aplicación a las personas que “hayan sido miembros del órgano de

administración de sociedades mercantiles que por esta razón habían estado legalmente

obligadas a afiliarse al Régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad

Social” y también a los socios de cooperativas de trabajo que coticen al RETA.

Al estar vinculado el disfrute de la prestación con la obligatoriedad de búsqueda de

empleo (combinación de medidas activas y pasivas de política de empleo), el solicitante

deberá suscribir un compromiso para realizar un itinerario de inserción durante el

período de percepción de la ayuda, que se llevará a cabo en el marco de las medidas de

formación y orientación programadas por la Red INICIA, el portal de creación de

empresas, y por el servicio de empleo autonómico.

La tramitación se efectua por procedimiento reglado, de acuerdo con el orden de

presentación de solicitudes que cumplan todos los requisitos legalmente fijados,

debiendo resolverse y notificarse en un período máximo de 2 meses desde la fecha de

dicha presentación, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada.

La cuantía de la ayuda temporal extraordinaria, sensiblemente semejante a la prestación

percibida en ese momento por los trabajadores por cuenta ajena en toda España que

hayan agotado el percibo de las prestaciones contributivas y asistenciales por

desempleo, es de un total de 2.550 euros, que se abonarán en seis mensualidades de 425

euros siempre y cuando subsistan durante todo el período las circunstancias que dieron

lugar a su reconocimiento, y siendo su percibo incompatible con el posible disfrute de

otras prestaciones concedidas por las administraciones públicas en forma de salarios

sociales, rentas mínimas o ayudas o prestaciones análogas.

Como reglas específicas respecto a la percepción de la prestación, y que matizan lo

anteriormente expuesto, la norma posibilita que la subvención se reduzca

proporcionalmente cuando las acciones formativas tengan una duración inferior a 180

días, “excepto en el caso de que sean las prescritas por el orientador/a”, así como

también su suspensión temporal durante la vigencia de un contrato de duración

determinada al que se haya acogido el perceptor de la ayuda y que tenga una duración

igual o inferior a 60 días, en cuyo caso se reiniciará el período de cómputo de tal

percibo una vez que haya finalizado el contrato.

Como medida transitoria, y ciertamente de especial importancia por retrotraer los

efectos de la norma al período en que los efectos de la crisis adquirieron mayor

virulencia, se permite el acceso a la prestación a todos los autónomos que, cumpliendo

los requisitos antes explicados, hayan cesado en la actividad por cuenta propia desde el

42

1 de enero hasta la entrada en vigor de la norma, siempre y cuando, y con una redacción

del precepto que me parece que suscita alguna duda interpretativa, estén inscritos como

desempleados demandantes de empleo “durante el 50% del tiempo transcurrido desde

que cesaron en su actividad, siendo exigibles a estos efectos la acreditación de un

máximo de seis meses y un mínimo de dos meses”.

Para concluir mi explicación, deseo poner de manifiesto una diferencia importante entre

la normativa autonómica recién aprobada y el entonces proyecto de ley por el que se

regula la prestación económica por cese de actividad. En España, la gestión de dicha

prestación corresponderá a las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales, mientras que en Cataluña corresponde al ámbito autonómico laboral

(gestión por las oficinas de empleo y resolución por la Dirección general de Economía

Cooperativa y de creación de empresas).

B) En Andalucía, la Orden de 26 de abril de 2010 establece las bases reguladoras de las

ayudas al establecimiento y mantenimiento como trabajador autónomo.

La norma se publicó en el Boletín oficial autonómico de l4 de mayo y entró en vigor el

día de su publicación, y adecúa al ámbito autonómico lo dispuesto en la Orden

TAS/1622/2007 de 5 de junio. Básicamente, la norma regula la subvención por

establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia, así como también la

que se concede para el mantenimiento de la actividad autónoma destinada a financiar

determinados gastos e inversiones elegibles. En su introducción se expone que se ha

tomado en consideración la problemática económica y social actual, y las nuevas

necesidades y demandas que se plantean en el marco del trabajo autónomo, y que de

esta forma se posibilita “por una parte una mejor adaptación de los trabajos

tradicionales y artesanales a las nuevas exigencias del mercado, y por otra una mayor

potenciación de las nuevas actividades que emergen básicamente en el ámbito de una

economía sostenible”.

Pueden solicitar la subvención por mantenimiento o establecimiento de la actividad

aquella persona física que ejerce una actividad económica de forma individual por

cuenta propia y que puede contar con hasta 5 trabajadores por cuenta ajena, debiendo

tener su domicilio y residencia fiscal en la Comunidad Autónoma. En el primer caso,

deberá acreditar llevar en alta en el régimen correspondiente de Seguridad Social entre

uno y tres años “a contar desde la apertura del plazo de solicitud de la ayuda para la que

lo solicita”; en el segundo, la actividad debe haberse iniciado en los 6 meses anteriores a

la apertura del plazo de presentación de solicitud, y estar en situación de desempleo el

mismo día o el anterior al alta en el régimen que corresponda de Seguridad Social.

Las subvenciones, que se tramitarán por régimen de concesión directa, irán dirigidas

prioritariamente a las zonas de actuación y actividades preferentes referenciadas en el

artículo 5. Las áreas serán determinadas por el Servicio Andaluz de Empleo, y las

actividades económicas preferentes serán las vinculadas a la vida diaria de las personas

(ej.: atención a la dependencia), las encuadradas en ocio, recreo y cultura, en protección

del medio ambiente, en la mejora de la calidad de vida y las relacionadas con la

asistencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

La cuantía de la subvención por establecimiento oscilará entre un mínimo de 5.000

euros, para las personas desempleadas en general, y un máximo de 11.000 euros, con

43

atención especial a las mujeres con discapacidad y a las afectadas por violencia de

género. Cabe destacar que hay una referencia explícita a los inmigrantes como personas

que pueden tener especial dificultades de acceso al mercado de trabajo cuando se hallen

en situación de desempleo (subvención de 8.000 euros), y una cláusula a mi parecer

sorprendente que dispone que la calificación “como inmigrantes”, a los efectos de poder

determinar la cuantía de la subvención, se acreditará por la administración competente

en la materia.

La cuantía de la subvención por mantenimiento se fija en 4.000 euros, pudiendo

alcanzar los 4500 si se trata de una actividad económica desarrollada en territorio

preferente.

La solicitud de las ayudas podrá formalizarse durante los meses de marzo y septiembre

de cada año, y entre los supuestos de prohibición expresa de presentación de solicitudes

cabe destacar el de aquellas personas que hayan recibido la misma modalidad de

subvención que se pretende solicitar en los 3 años anteriores. De forma excepcional,

para el año en curso se abrió una convocatoria del 15 de mayo al 15 de junio.

La autoridad administrativa laboral, el Presidente del SAE, dictará y notificará la

resolución en un plazo máximo de 3 meses desde la fecha de entrada de la solicitud en

el registro del órgano competente para su tramitación, y en caso de no dictarla se

entenderá desestimada la petición. La partida presupuestaria asignada al efecto es de

34.385.000 euros para este año, no concretándose cuantía para años posteriores y

remitiéndose a la resolución que dicte la dirección – gerencia del SAE.

5. Año 2011.

A) En Extremadura cabe citar el Decreto 230/2010, de 29 de diciembre, por el que se

establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo en

el ámbito autonómico.

La norma, que entrará en vigor el 1 de febrero de este año, regula la concesión de

incentivos para fomentar la creación de empleo estable y el establecimiento como

trabajadores autónomos, con la cofinanciación de las partidas económicas asignadas al

efecto en las leyes de presupuestos por el Fondo Social Europeo en un 80 %. Desarrolla

algunos objetivos fijados en el Estatuto de Autonomía, y más concretamente algunas

grandes líneas de actuación fijadas en el Plan de fomento y calidad del empleo de

Extremadura 2008-2011, en concreto las dedicadas a fomento del autoempleo y al

“autoempleo en el contrato familiar y apoyo al familiar colaborador”, plan que se inserta

dentro de los compromisos principales asumidos por la Comunidad Autónoma en su

política social, que son “la creación de empleo estable y el fortalecimiento de una

cultura empresarial que ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad laboral”.

La norma objeto de comentario encuentra su punto de referencia anterior en el Decreto

114/2008 de 6 de junio, que ahora es derogado dado que el ejecutivo autonómico ha

considerado necesario introducir “cambios en las orientaciones de las ayudas”, tras el

análisis de la experiencia acumulada en años anteriores y con el objetivo de que dichas

44

ayudas alcancen una mayor eficacia en su aplicación. Los cambios pasan por un “ajuste

del gasto público”, o dicho de forma más clara una reducción de las cuantías de las

subvenciones con respecto a la normativa anterior, y por una mayor atención a los

colectivos de más difícil acceso al mercado de trabajo, en especial jóvenes, mujeres y

personas desempleadas que hayan agotado sus prestaciones por desempleo, y siempre y

cuando se garantice la viabilidad de los proyectos y se efectúe una detallada evaluación

del impacto de las ayudas sobre los objetivos marcados. La norma autonómica toma en

consideración, por consiguiente, las orientaciones establecidas en la Ley estatal 20/2007

de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

Serán beneficiarios de las ayudas los trabajadores autónomos por cuenta propia, se

integren o no en forma de comunidades de bienes o sociedades civiles que carezcan de

personalidad jurídica, así como también los trabajadores autónomos económicamente

dependientes, siendo en cualquier caso responsables de los derechos y obligaciones

derivadas de la subvención. La actividad debe desarrollarse de forma individualizada y

no dependiendo “de empresas constituidas mediante fórmulas jurídicas de sociedades

mercantiles”. Como regla general, a salvo de la excepción prevista en el artículo 4.2 a),

el trabajador autónomo deberá haber estado en situación de desempleo hasta la fecha de

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad

correspondiente.

El artículo 5 regula las exclusiones de la aplicación de la norma, excluyéndose de forma

expresa la actividad de empresas de trabajo temporal y agencias de colocación; también

quedará excluido aquel que lo solicite y del que “se detecten actuaciones encaminadas a

la consecución de la subvención sin que se produzca creación real y efectiva de

empleo”. Por otra parte, quienes hayan prestado su actividad durante los seis meses

anteriores a la fecha del alta de referencia como autónomos, o bien hayan extinguido de

forma voluntaria su relación jurídica laboral como trabajadores por cuenta ajena

(permanentes o fijos discontinuos, en ambos casos a jornada completa), quedarán

igualmente excluidos de los programas de ayudas.

La tramitación se efectuará en régimen de concesión directa, debiendo presentarse la

solicitud durante los tres meses siguientes a partir de la fecha de alta como autónomo.

La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 6 meses para dictar

y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada por silencio

administrativo.

El primer programa va dirigido a fomentar la creación de empleo estable mediante el

establecimiento de un desempleado como trabajador autónomo. Se concede especial

importancia por la nueva norma a la acreditación de la formación del sujeto solicitante

relacionada con la gestión y/o dirección empresarial, formación que deberá ser

reconocida por el Servicio autonómico de empleo (SEXPE) y que deberá incluir entre

otros contenidos básicos (y los destaco por la importancia que el gobierno autonómico

les ha conferido mediante su regulación recientemente por rango de ley) los de

“responsabilidad social empresarial y la formación de los trabajadores como inversión

en la empresa”. El plan de actividad que se presente deberá acreditar la viabilidad

económica y evaluar el potencial económico y la rentabilidad esperada del proyecto, y

deberá ser elaborado y/o validado por personal técnico experto en la materia integrado

45

en el SEXPE, en el bien entendido que el plan será suscrito tanto por el sujeto

solicitante como por el técnico colaborador.

Para el reconocimiento del derecho a una subvención, la persona interesada deberá

realizar una inversión mínima de 2.000 euros en inmovilizado material necesario para el

desarrollo de la actividad, ya sea en los tres meses anteriores a la fecha del alta o con

posterioridad. La cuantía de las subvenciones se reduce con respecto a las previstas en

la normativa de 2008, quedando en 7.500 euros para mujeres desempleadas,

trabajadores desempleados con discapacidad, trabajadores menores de 30 años, y

quienes hayan agotado las prestaciones, tanto contributivas como asistenciales, por

desempleo, y reduciéndose a 5.000 euros para todos los restantes solicitantes.

La norma regula un programa de asesoramiento y acompañamiento al trabajo autónomo,

al objeto de facilitar la consolidación del negocio, que se llevará a cabo tanto por el

SEXPE como por sus entidades colaboradoras en materia de acompañamiento y

tutorización del trabajo autónomo, y que incluirá servicios de información y

sensibilización, de apoyo y asesoramiento a la puesta en marcha de proyectos, y el

fomento de acciones de formación profesional dirigidas al colectivo de autónomos.

En el segundo programa, de ayudas al autónomo que propicie la inserción laboral de un

familiar colaborador, serán requisitos a cumplir la incorporación de dicho familiar al

RETA en tal condición, no percibir la renta de inserción o subsistencia, y no haber

mantenido relación laboral con el trabajador autónomo en los seis meses anteriores al

alta en el RETA. Se entiende por familiar colaborador quien conviva con el autónomo y

tenga la condición jurídica de cónyuge, descendiente, ascendiente, o sea pariente por

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopción.

La cuantía de la ayuda, reducida también con respecto a la de la norma anterior, será de

7.500 euros para las mujeres y de 5.000 para los hombres (o al menos eso es lo que creo

que dice la norma al referirse “al resto de colectivos”).

El abono de la ayuda se efectuará en un pago único después de dictarse la resolución de

concesión. El beneficiario de la ayuda queda obligado a realizar la actividad que

fundamenta su concesión desde la fecha de alta en el régimen correspondiente de

Seguridad Social durante al menos tres años en un período de cinco desde la fecha del

alta de referencia, salvo que se renuncie a dicha subvención. Al igual que en la norma

anteriormente vigente, el Decreto 230/2010 dispone (artículo 15.4) que “no se atenderán

solicitudes de exención total de la obligación de reintegro u oposiciones a la misma

basadas en la falta de viabilidad económica sobrevenida o en pérdidas de la actividad”,

y que en todo caso, y para el mismo fin, “sólo serán causas de exención las que se

deriven de lesiones invalidantes justificadas mediante certificación médica facultativa

determinante de incapacidad permanente total para el ejercicio de la actividad, de

conformidad con su normativa reguladora”.

B) En Murcia, la Orden de 3 de marzo de 2011, del Presidente del Servicio Regional de

Empleo y Formación, aprueba las bases reguladoras del programa de subvenciones para

el fomento del autoempleo. La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del

día 12 y entró en vigor 1 mes después de su publicación, es decir el 12 de abril.

46

Son dos las principales modificaciones operadas con respecto a la normativa

anteriormente vigente, la Orden de 11 de diciembre de 2009 por la que se aprobaron las

bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento del empleo estable

y de calidad y del autoempleo, que refundió en un solo texto todas las modificaciones

que se habían operado en ambos ámbitos desde la entrada en vigor de la Orden de 7 de

marzo de 2007. La primera, la regulación de forma diferenciada del programa de

fomento del autoempleo con respecto al del fomento del empleo estable y de calidad por

cuenta ajena; la segunda, la simplificación del procedimiento administrativo de

concesión de estas subvenciones, exponiéndose en la introducción que el objetivo de la

norma es el de minimizar la aportación documental de los ciudadanos, “reduciéndola al

mínimo imprescindible, paso previo a la posibilidad de tramitación telemática del

procedimiento, consiguiéndose así una mayor eficiencia y eficacia en la actuación de la

Administración Regional”.

La tramitación del procedimiento se efectuará en régimen de concesión directa,

debiendo presentarse las solicitudes en el plazo comprendido entre la fecha de alta en el

RETA y el día 25 del mes siguiente, en el bien entendido que la persona solicitante

deberá estar inscrita como demandante de empleo con carácter previo al inicio del alta

en el RETA, así como también que deberá cumplir el requisito de no haber estado dado

de alta en el RETA, ni en el censo de actividades económicas, en los 12 meses

anteriores a la fecha en la que se produzca el alta en el RETA por la que se solicita la

subvención, “excepto en los casos en que hubiese sido como autónomo colaborador”.

La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo máximo de 2 meses para dictar

y notificar la resolución, a contar a partir de la fecha en que tuvo entrada la solicitud en

el órgano competente para su tramitación, y en caso de no hacerlo se entenderá

desestimada. La partida presupuestaria estará cofinanciada en un 80 % a cargo del

Fondo Social Europeo a través del programa operativo regional FSE 2007- 2013.

La norma regula el programa de fomento de empleo de trabajadores autónomos,

dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. Se fijan unos

criterios para la concesión de las ayudas, incluyéndose a las mujeres, las personas con

discapacidad, los varones menores de 30 años o mayores de 45, los varones

desempleados de larga duración (mayores de 30 con 12 meses como mínimo de

desempleo, y menores de esa edad con 6) y, en general, quienes hayan participado en

actividades formativas y no hayan transcurrido 12 meses desde su finalización.

La persona desempleada deberá justificar, además, la inversión en activos fijos

materiales o inmovilizados necesarios para el ejercicio de la actividad por importe no

inferior a 5.000 euros. La actividad (que deberá ser de carácter continuo, con exclusión

de las de temporada) podrá ser subvencionada con una cuantía comprendida entre 6.000

euros (para varones menores de 30, entre 45 y 54, mayores de 30 años desempleados de

larga duración y discapacitados) y 9.900 euros para mujeres mayores de 55 años o

afectadas por violencia de género.

Si el mantenimiento de la actividad económica y el alta en el RETA dura menos de

1095 días, desde la fecha del alta, la persona perceptora de la subvención deberá

reintegrar la totalidad de la misma y con los correspondientes intereses de demora.

Otros supuestos de reintegro sólo parcial se contemplan y regulan en el artículo 15.2. En

fin, los procedimientos de concesión de las subvenciones iniciados antes de la entrada

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en vigor de la norma se regirán, tal como dispone la disposición transitoria primera, por

la normativa vigente en el momento de su inicio.