ESTADO, NACIÓN, GOBIERNO Y
DEMOCRACIA EN EL ECUADOR
XAVIER MAURICIO TORRES MALDONADO MARCO ANTONIO LOGROÑO SANTILLAN
Registro de Derechos de Autor
No QUI-049801
Quito - Ecuador 2016
Xavier Mauricio Torres Maldonado Formación Académica Ingeniero Comercial Licenciado en Jurisprudencia Abogado Magister en Ciencias Internacionales Experiencia Laboral Docente Universitario Universidad Central del Ecuador Universidad Técnica Particular de Loja Coordinador de Centros de Apoyo Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas. Contraloría General del Estado H. Congreso Nacional Gerente General, Negocios Asociados Sudamericanos “NASUD” CIA. LTDA. Gerente General, Servicios y Administraciones del Sur “SERYADSUR CIA. LTDA.” Presidente Ejecutivo, Servicios y Administraciones del SUR “SERYADSUR CIA. LTDA.” Gerente Administrativo, Estación de Servicios “GEOSA” Obras Publicadas La Teoría del Estado Comercio Exterior e Integración Guía Didáctica de Comercio Exterior La Administración Pública En El Ámbito Constitucional
Marco Antonio Logroño Santillán Formación Académica Licenciado en Administración de Empresas. Ingeniero en Administración de Empresas. Master en Educación, Mención en Educación Superior. Master en Gestión Empresarial Experiencia Laboral Subdecano Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas. Docente Universitario Universidad Central del Ecuador Universidad Politécnica Salesiana Planificador de la Modalidad a Distancia, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas Bibliotecario Obras Publicadas La Administración Pública En El Ámbito Constitucional
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INTRODUCCIÓN El estado, al ser una persona legal conformada por territorio, población, gobierno y
un ordenamiento jurídico, necesita de una estructura que lo oriente, la cual estará dada
dependiendo del tipo de gobierno establecido, por lo que será necesario hacer un estudio
detallado de cada uno de los elementos que lo conforman.
El presente trabajo es un aporte al estudio del estado, que permite conocer las
diferencias con la nación, tener una comprensión de las clases de gobierno que existen a
nivel mundial, y comparar con la situación actual de nuestro país, en relación a la democracia
y sus diferentes ciclos que han sucedido desde la última dictadura, permitiendo una mejor
visión de la sociedad en el estado.
Escogimos este tema, porque nos permite explicar una visión general de los
elementos del estado, la necesidad de que los estudiantes tengan una fuente de consulta e
información, que les permita conocer y comprender de mejor manera lo que significa el
estado, nación y gobierno, además para entender la relación estado y democracia.
Esperamos que este texto, sirva para instruir y reforzar los conocimientos de todos
los estudiantes y ciudadanía en general y que motive una reflexión sobre la importancia de
mantener un estado que tenga un gobierno democrático.
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CAPITULO I
1. EL ESTADO
La palabra “Estado” se le debe a Maquiavelo, cuando introdujo esta palabra en su
obra "El Príncipe" al decir: “Un Estado es un dominio que tiene soberanía sobre los hombres.
Todos los Estados son o bien repúblicas o bien principados” (Maquiavelo, 1998, pág. 6)
Norberto Bobbio señala que en el ámbito de las doctrinas realistas del estado se
distinguen las doctrinas racionalistas y las historicistas. También distingue el modelo
iusnaturalista, en el que el estado es un cuerpo artificial que nace en contraposición al estado
de naturaleza, del modelo aristotélico en el cual el estado es una sociedad natural que brota
de la normal evolución del primer núcleo organizado, la familia.
Platón en su obra La República, estima que la estructura del estado y del individuo
son iguales, y que el estado es solamente saludable y justo cuando cada una de las tareas
fuera distribuida y ejecutada de manera complementaría y profesional.
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Aristóteles, por su parte, es más enfático y declara que el estado existe por naturaleza,
y por tanto, es anterior al hombre.
Es pues manifiesto que la ciudad es por naturaleza anterior al individuo, pues si el
individuo no puede de por sí bastarse a sí mismo, deberá estar con el todo político en la
misma relación que las otras partes lo están con su respectivo todo. El que sea incapaz
de entrar en esta participación común, o que, a causa de su propia suficiencia, no
necesite de ella, no es más parte de la ciudad, sino que es una bestia o un dios."
(Aristóteles, Política, libro 1,1)
Cuando Aristóteles definía al hombre como Zoon Politikón, hacía referencia a sus
dimensiones social y política. El hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo
el hombre es político, siempre y cuando viva en comunidad. Por tanto, la dimensión social
ayuda a constituir la base de la educación y la dimensión política contribuye a la extensión
de esa educación.
Por su parte, Luis XIV, rey de Francia, conocido por su frase "El Estado soy yo",
coronado rey a los cinco años, Luis XIV se convirtió más tarde en la imagen misma del
absolutismo monárquico europeo, esto nos da a entender que en esos tiempos se consideraba
al estado como un régimen político en el que una sola persona, el soberano, ejercía el poder
con carácter absoluto, sin límites jurídicos ni de ninguna otra manera.
Hauriou (citado por Vázquez, 1983) afirma: “El Estado es la máxima organización
histórica, política y jurídica, planificada y diseñada por obra y voluntad del ser social. Es la
Institución de Instituciones” (p.283).
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Rodrigo Borja en su Enciclopedia La Política define al Estado así:
Caracterizado esencialmente por la ordenación jurídica y política de la sociedad, el Estado
constituye el régimen de asociación humana más amplio y complejo de cuantos ha
conocido la historia del hombre. Es el último eslabón de la larga cadena de las formas de
organización de la sociedad creadas por el instinto gregario del hombre y representa la
primera forma propiamente política de asociación, puesto que tiene un poder
institucionalizado que tiende a volverse impersonal. La horda, el clan, la tribu, la
confederación de tribus y cualesquiera otras formas anteriores de organización social
fueron “prepolíticas”. En ellas la fuerza y la arbitrariedad pusieron orden en la sociedad,
con ayuda de invocaciones supersticiosas a la divinidad. No existió en ellas el grado
superior de organización de la autoridad pública que se ha dado en llamar
>institucionalización del poder y que es atributo propio y diferencial del Estado.
Por supuesto que varios pensadores tienen del Estado una idea mucho más amplia. Para
algunos de ellos la palabra Estado comprende la nutrida variedad de formas de asociación
humana prepolíticas y políticas que se dieron en el tiempo. Asignan a la palabra Estado
latamente la significación de sociedad política. Sólo excluyen de la comprensión del
concepto a las comunidades primitivas nómadas, ya que ellas carecieron de un elemento
que parece ser esencial al concepto de Estado: la relación permanente entre la comunidad
humana y el territorio.
Comparto los criterios del inglés Henry Main y del norteamericano Lewis H. Morgan,
dos precursores de la antropología política en la segunda mitad del siglo XIX, en el
sentido de que hay una clara distinción entre las antiguas sociedades basadas en el
parentesco y las actuales sociedades basadas en la territorialidad, distinción que más o
menos corresponde a la noción de “sociedades sin Estado” y “sociedades estatales”
formulada por los modernos antropólogos políticos, entre ellos Meyer Fortes y Edward
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E. Evans-Pritchard, como resultado de sus investigaciones en los grupos primitivos
africanos.
Tengo una idea más restringida de lo que significa Estado. Desde mi punto de vista, la
polis griega, la civitas romana, el regnum medieval ni otras formas más o menos
elementales de asociación humana fueron Estados. Les faltaron los atributos que la
historia entregó después a la sociedad política. El Estado, como fenómeno histórico,
emergió al mismo tiempo que el concepto de soberanía y de una serie de elementos que
recién aparecieron en el Renacimiento, como enseguida lo veremos.
El Estado es una sociedad política totalizadora o, para decirlo con las expresiones del
profesor John Rawls de la Universidad de Harvard, completa y cerrada. Lo es en el sentido
de que el ser humano encuentra en ella cabida para todos los propósitos importantes de
su vida —físicos, espirituales y morales— y de que además no puede retirarse de ella
como pudiera hacerlo de cualquier otra asociación. En efecto, el hombre no puede aislarse
del Estado o salir de él sino para insertarse en otro Estado, bajo cuyo ordenamiento legal
y autoridad queda obligado. Esta es una de las grandes diferencias entre el Estado y las
asociaciones parciales: en éstas el hombre puede libremente pertenecer o dejar de
pertenecer a ellas. El ingreso y el retiro son actos voluntarios suyos. Mientras que la
pertenencia al Estado está determinada por el nacimiento y su salida por la muerte, que
son hechos que no dependen de la voluntad individual de alguien. La única excepción que
existe es la de la naturalización, esto es, el cambio voluntario de una nacionalidad por
otra; pero ni aun en este caso la persona queda al margen del Estado, cualquiera que éste
sea, y por tanto está sometida a sus leyes y autoridades territoriales.
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Una persona puede decidir no pertenecer a determinada asociación, pero no puede decidir
no pertenecer a un Estado ni dejar de cumplir las leyes de aquél en cuyo territorio se
encuentra.
1. Definiciones. Cuentan que Federico Bastiat (1801-1850) propuso en cierta ocasión
que se crease un premio de un millón de francos para quien diera una buena, simple e
inteligible definición de la palabra Estado. Con esto quiso dar a entender el gran teórico
del liberalismo económico francés del siglo XIX —quien, como buen liberal, tenía un
muy mal concepto del Estado— lo difícil que resultaba ponerse de acuerdo en esa
definición. Como en otros conceptos claves de la teoría política, en el del Estado los
tratadistas han propuesto las más diversas definiciones. Cada pensador ha dado la suya
de acuerdo con la filosofía política que profesa y ha destacado en ella los elementos que,
desde su particular punto de vista, son los más importantes del concepto de Estado.
Esas opiniones han ocupado un espectro conceptual muy amplio, desde la frase que se
atribuye a Luis XIV: “el Estado soy yo”, muy propia del orden de cosas del <absolutismo
monárquico, hasta la apreciación marxista de que el Estado es el “instrumento de
dominación de una clase sobre las demás”, pasando por la proclama mussoliniana de
“nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado”, que define a la
perfección el totalitarismo fascista. Todas estas definiciones, entre las que está también
la ingenua de los liberales del siglo XVIII, de que las leyes que norman el Estado son
siempre la plasmación de la voluntad general, responden a diversos puntos de vista
ideológicos sobre la fenomenología social.
El conjunto de esas opiniones ha echado mucha luz sobre lo que es el Estado como
fenómeno histórico moderno y universal. Los diferentes puntos de vista de las ideologías
políticas han servido para decantar en el tiempo sus elementos esenciales. El aporte de
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los pensadores absolutistas —Bodín, Hobbes—, no obstante su sesgada concepción de la
vida social que se explica por las circunstancias en que les tocó vivir, fue importante para
identificar en el Estado uno de sus elementos fundamentales, que es la soberanía. Las
ideas liberales sirvieron para redimirle del aprisionamiento autoritario en que había
nacido. Las propuestas socialistas le dieron un nuevo contenido y más amplios destinos
pero al mismo tiempo implicaron duras críticas sobre algunas de las funciones que
cumple.
Para el marxismo el Estado es la expresión política del poder de una clase que ha asumido
el control de la sociedad. Las instituciones estatales ejercen la función de asegurar la
permanencia de ese poder y de avalar los privilegios económicos que forman parte
inseparable de él. Desde esta perspectiva, el Estado es una entidad “superestructural” que
obedece a la división de la sociedad en clases con intereses antagónicos y cuya misión
esencial es defender el patrimonio y la posición política de la clase dominante.
Como ocurre con las nociones fundamentales de la Ciencia Política —libertad, justicia,
derechos, democracia, desarrollo— las definiciones del Estado son imprecisas y
contradictorias. Están condicionadas, como es lógico, por los puntos de vista ideológicos.
Sin embargo, se pueden advertir dos grandes perspectivas al respecto: la “optimista” de
los conservadores, liberales, neoliberales y demás tendencias doctrinales afines, que
consideran que el Estado es una entidad útil y necesaria puesto que representa los
intereses de “toda” la colectividad; y la “pesimista” de las doctrinas de la vertiente
socialista, que niegan que el Estado represente los intereses de “toda” la sociedad, sino
tan sólo los de la clase dominante, y que sea capaz de “conciliar” las posiciones
encontradas de los distintos estratos sociales. La consecuencia del primer punto de vista
es el mantenimiento del Estado tal y como existe, sin modificación o a lo sumo con
cambios de maquillaje; y las del segundo, la abolición progresiva del Estado conforme
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desaparezcan las clases sociales para ser remplazado por otro tipo de organización social,
de acuerdo con la postulación marxista, o bien su modificación fundamental, como
proclaman las otras formas de socialismo.
“El Estado —afirmó Federico Engels, resumiendo la tesis marxista sobre el tema— no
existe desde toda la eternidad. Hubo sociedades que se pasaron sin él, que no tuvieron
ninguna noción del Estado y de la autoridad del Estado. En cierto grado de desarrollo
económico, necesariamente unido a la escisión de la sociedad en clases, esta escisión hizo
del Estado una necesidad”.
Por supuesto que el Estado no es una institución inmóvil ni inmutable. Está en permanente
transformación. Dado que es un producto histórico de la sociedad cuando ha llegado a un
grado de desarrollo determinado, el Estado es una “categoría histórica” que ni existió
siempre ni puede aspirar a una vida eterna. Su nacimiento está ligado a un período
determinado de la historia —el Renacimiento— del que no puede desvincularse. Fue allí
cuando, como resultado del proceso de unificación de los entes políticos europeos bajo el
absolutismo monárquico, apareció el Estado como unidad sociopolítica.
Desde entonces la palabra Estado designó una cosa enteramente nueva: la unidad de poder
organizada sobre un territorio determinado, con un orden jurídico unitario, una
competente jerarquía de funcionarios públicos, un ejército permanente, un sistema
impositivo bien reglado y un régimen político en que los medios reales de gobierno y
administración, que hasta ese momento fueron de propiedad de innumerables señores
feudales, se transfirieron a favor de los monarcas absolutos, primero, y de los gobiernos
representativos más tarde, a partir del triunfo de las ideas democráticas que esparció por
el mundo la Revolución Francesa.
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2. Formas de Estado. La tipología de las formas de Estado es muy variada. Depende
de los puntos de vista de cada investigador. En un riguroso esfuerzo por sistematizarlas y
sin pretender agotar, ni mucho menos, los modos de ordenación estatal posibles, he
escogido dos criterios diferenciales muy claros: la participación del pueblo en la toma de
decisiones dentro del Estado y la distribución del poder político según el territorio. Del
primer criterio se desprenden dos grandes tipos de Estado: el democrático y el autocrático,
según se concedan o no posibilidades reales de participación popular; y del segundo, otras
dos: el unitario y el federal, de acuerdo con el grado de descentralización jurídica y
política que se establezca.
3. Elementos constitutivos. El Estado tiene cuatro elementos constitutivos: el pueblo,
que es su elemento humano; el territorio, que es su entorno físico; el poder político, que
es la facultad de mando sobre la sociedad; y la soberanía, que es su capacidad de auto
obligarse y auto determinarse sin sufrir interferencias exteriores.
Los cuatro elementos deben concurrir para que pueda haber Estado. Si uno solo de ellos
falta no hay Estado. Por supuesto que es inimaginable la ausencia del pueblo. Sin el
elemento humano no hay organización social posible. Tampoco la hay sin el territorio. El
Estado es una organización esencialmente territorial. Todos sus elementos están referidos
al territorio. El territorio es el ámbito de validez de su ordenamiento jurídico y de su
autoridad. Carece de fundamento científico la afirmación de que puede existir o ha
existido un Estado sin territorio, como en el caso de Israel durante la diáspora. Lo que
hubo entonces fue una nación, es decir, una comunidad fuertemente vinculada por lazos
históricos, culturales, religiosos y lingüísticos, que a pesar de su dispersión no perdió su
conciencia nacional, y que se convirtió en Estado el momento en que las Naciones Unidas
en 1948 le asignaron un territorio. Sin el poder político, que es el elemento de
disciplinación social, no es posible la permanencia del Estado. Y sin la soberanía, aunque
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haya todos los demás elementos, no es factible la existencia de la entidad estatal. Una
comunidad que tenga pueblo, territorio y gobierno, pero a la que falte la soberanía, puede
ser una colonia, pero no un Estado.
4. Estado y nación. En el lenguaje común —y, en ocasiones, hasta en el técnico— se
suelen confundir los conceptos nación y Estado. Pero ellos son diferentes. El primero es
un concepto eminentemente étnico y antropológico que se refiere a un grupo humano
unido por vínculos naturales establecidos desde muy remotos tiempos. El segundo es una
estructura jurídica y política montada sobre la base natural de la nación.
Para decirlo de otra manera, el Estado es la vestidura orgánica y política de la nación. El
Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. Es una armazón colocada sobre
la nación preexistente como unidad antropológica y social. La nación es, por tanto, la base
humana e histórica ab inmemorabili sobre la que aquél se levanta.
La mayoría de los Estados se ha organizado sobre más de una nación, de modo que
regimentan política y jurídicamente a diversos grupos étnicos, culturales y religiosos y
los reducen a una sola unidad política bajo su orden jurídico. Hay también naciones que
soportan más de una estructura estatal, en razón de que varios Estados se han organizado
sobre ellas.
Sin embargo, el fenómeno general es el primero. La mayor parte de los Estados tiene
carácter plurinacional. No son muchos los que se han constituido sobre una sola nación.
Durante las deliberaciones del Primer Congreso Latinoamericano de Relaciones
Internacionales e Investigaciones para la Paz, reunido en Guatemala del 22 al 25 de agosto
de 1995, escuché decir al profesor noruego Johan Galtung que existen aproximadamente
2.000 naciones y solamente 200 Estados, por lo que el fenómeno general es el de la
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multinacionalidad de ellos. Según su opinión, solo hay alrededor de 20 Estados
nacionales. Todos los restantes son plurinacionales, cargados por lo mismo de latentes o
manifiestos conflictos étnicos y culturales. Lo cual explica la eclosión actual de
movimientos secesionistas y de guerras civiles dentro de los Estados por motivos raciales,
culturales y religiosos.
Esto pone en evidencia que los conceptos de “Estado” y “nación” no solo que no son
iguales, sino que no siempre marchan juntos, pues un Estado puede levantarse sobre dos
o más naciones al paso que una nación puede dividirse políticamente en más de un Estado.
Por consiguiente, las fronteras políticas de un país, dictadas por el Estado, no coinciden
necesariamente con las fronteras naturales establecidas por la nación. Quiero decir con
esto que las fronteras estatales, generalmente impuestas por las potencias coloniales o por
los resultados de las guerras, son artificiales y se deben a diversos factores geopolíticos
que poco o nada tienen que ver con las fronteras étnicas y culturales establecidas de modo
natural por la sangre, el transcurso del tiempo y la geografía entre los grupos nacionales.
5. El futuro del Estado. Veo un cierto paralelismo entre el proceso milenario de
formación de los entes políticos —y su evolución hacia formas cada vez más complejas
de organización— y el proceso contemporáneo de formación de las sociedades de Estados
para defender lo más vital de sus intereses comunes. Ambos procesos obedecen a las
mismas motivaciones. El hombre —ser incompleto e insuficientemente dotado para
afrontar los retos de su propia subsistencia— se vio forzado a formar sociedades de ayuda
mutua para poder sobrevivir. Así nacieron las asociaciones políticas que, desde la horda
primitiva hasta el Estado moderno, evolucionaron de acuerdo con el ritmo y la dirección
del movimiento universal que va de lo simple a lo complejo, de lo indiferenciado a lo
diferenciado, de lo homogéneo a lo heterogéneo. El hombre, en el curso de los siglos,
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pasó de la horda primitiva a formas de organización social cada vez más amplias, más
complejas y mejor logradas. El Estado, en consecuencia, no es más que el último eslabón
conocido de la milenaria cadena evolutiva de las formas de organización social. Pero,
como sus antecesoras, no puede aspirar a una vida eterna. El Estado es una categoría
histórica. Está anclado en una determinada etapa de la historia del hombre de la que no
puede desvincularse. Forzosamente vendrán en el futuro formas de organización social
más eficientes para satisfacer las necesidades humanas. Esto es lógico. Una mirada
retrospectiva nos muestra que la horda dio origen al clan, el clan a la tribu, la tribu a la
confederación de tribus, ésta a la nación y sobre la nación se organizó el Estado. Lo cual
demuestra la finitud de las formas de organización de la sociedad.
El Estado no puede aspirar a una vida eterna. Eso sería antidialéctico. Me atrevo a afirmar
que se observan ya ciertos síntomas de obsolescencia del Estado. ¿Cuáles serán las nuevas
formas de asociación que encontrará el hombre para buscar su bienestar? Sin duda serán
formas más amplias de organización social que se vislumbran ya en la tendencia mundial
a componer sociedades regionales y subregionales de Estados. Pasa con el Estado lo
mismo que ocurrió con el hombre primitivo: para suplir sus insuficiencias integró
sociedades. Son evidentes las insuficiencias del Estado respecto de los grandes problemas
de escala planetaria que se presentan en la sociedad masificada de nuestros días: la
promoción del desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la explotación
racional de los recursos naturales, la preservación de la paz internacional, la detención
del terrorismo sin fronteras, el control de la fecundidad, la lucha contra determinadas
enfermedades, la regimentación de la sociedad del conocimiento, la conducción de las
revoluciones digital y biogenética, la defensa ante los desórdenes climáticos, la
administración de la cada vez más escasa agua dulce del planeta. Todas estas y otras
cuestiones deben afrontarse por encima de las fronteras nacionales. No creo que sea un
despropósito, desde el punto de vista dialéctico, hablar de la crisis del Estado. Ella se
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demuestra a través de las cosas que ocurren en nuestros días. La propia tendencia a formar
bloques de Estados con fines específicos o el proceso de integración económica y política
que está en pleno auge son una prueba de la insuficiencia del Estado, individualmente
considerado, para afrontar los nuevos retos de la sociedad.
Han surgido problemas nuevos que, a semejanza de los fenómenos meteorológicos —
vientos, temporales, turbulencias—, se desplazan sin consideración a las fronteras
nacionales y desbordan la capacidad de los Estados para afrontarlos aisladamente. Por
tanto, las respuestas solo pueden ser transnacionales. Esa es la dirección en que hoy se
mueve el mundo y que nos permite pensar en la proximidad de la obsolescencia del
Estado.
Alguien dijo que el Estado ha resultado demasiado grande para los problemas pequeños
de la gente y demasiado pequeño para los problemas grandes de la sociedad.
De otro lado, hay una tendencia a formar una suerte de gobierno transnacional que
suplante a los Estados nacionales en algunas de sus funciones y que afronte problemas
frente a los cuales éstos se han mostrado incompetentes, tales como la promoción de la
paz, el desarme, la protección de minorías étnicas, los flujos migratorios, la producción
en gran escala, la estabilidad monetaria, el combate contra el terrorismo sin fronteras, la
brega contra el narcotráfico, el control de la tasa de fecundidad, la lucha contra
enfermedades transnacionales, la defensa del medio ambiente, el combate contra la
emisión de gases de efecto invernadero y otros problemas metanacionales.
Si bien no se trata de una “entidad” que reemplaza formalmente al Estado, sí es un proceso
de articulación internacional que asume buena parte de las que han sido tradicionalmente
responsabilidades estatales.
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La globalización ha “desterritorializado” la política y la economía. Las ha liberado de su
afincamiento territorial. El ámbito geográfico estatal para los efectos del intercambio
mundial ha pasado a ser menos importante que el tiempo como dimensión de la economía.
La dimensión temporal se ha superpuesto a la espacial, en el sentido de que lo que
tradicionalmente se ha considerado como “nacional” ha sido desbordado por “lo global”
y de que los Estados cuentan cada vez menos como factores de la actividad política y
económica. Las “plazas financieras” no coinciden, como antes, con la diagramación
limítrofe de los Estados. La “alianza” entre las telecomunicaciones, la informática y los
transportes ha empequeñecido el planeta. Ha aproximado sus puntos más distantes. Ha
vencido las dificultades que antes le imponía la geografía. Esto lo saben bien los actores
políticos y económicos. A las corporaciones transnacionales de nuestro tiempo no les
interesa la territorialidad, en el sentido estatal de la palabra. Ven el planeta como un solo
y gran mercado que hay que abastecer y a los ciudadanos, como sus reales o potenciales
consumidores.
Concomitantemente, la era digital ha producido efectos determinantes sobre el Estado y
sus elementos: pueblo, territorio, soberanía y poder político. La informática ha impactado
contra ellos. Ha impuesto la velocidad como el signo de los tiempos y ha suplantado la
dimensión espacial por la dimensión temporal en todas las actividades humanas. Ha
superpuesto el cibesespacio —que es un “espacio virtual”, carente de corporeidad,
cuantificado en bits y no en átomos— sobre el territorio estatal tradicional como escenario
de la actividad humana. Y es allí donde se despliega on-line buena parte de las relaciones
sociales. Dicho de otra manera, lo social estuvo tradicionalmente vinculado a un
territorio, a un lugar físico, a un delimitado espacio geográfico regido por las leyes
estatales y sometidas a la autoridad política, donde las personas se encontraban e
interactuaban. Hoy el encuentro e interacción, en gran medida, se dan en el ciberespacio,
que es donde se realizan on-line muchas de las actividades humanas y se despliegan las
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relaciones sociales. En la era digital la “geograficidad” ha cedido paso a la “virtualidad”
en la sustentación de las acciones humanas. La política, la información, las
telecomunicaciones, las actividades académicas, la educación, la producción, las
transacciones mercantiles, las operaciones financieras, la rotación de los capitales y otras
acciones sociales, que antes tenían un referente territorial, han alcanzado velocidad de
vértigo y escala planetaria a través de internet. El ciberespacio —escenario artificial
forjado por los ordenadores— ha reemplazado al territorio estatal como base de muchas
de las actividades sociales de nuestro tiempo y las soberanías estatales han quedado muy
disminuidas. Muchas de las acciones que se desarrollan en el ámbito transnacional e
ilimitado del ciberespacio escapan al conocimiento y control de las autoridades políticas.
El enorme poder del capital financiero en el mundo digital y globalizado no tiene
precedentes. Ha encontrado en los avances de la informática y las telecomunicaciones sus
principales aliados. Puede cambiar su denominación, levantar vuelo e ir de un lugar a otro
en pocos segundos sin que los Estados receptores estén en capacidad de impedirlo. Las
facultades cercenadas al Estado han sido transferidas al capital financiero que en plenitud
de poder busca alcanzar los mayores rendimientos en el menor plazo.
Hay una extraordinaria movilidad de capitales especulativos por el planeta, que son los
responsables de las recurrentes crisis financieras y de la inestabilidad general en los
mercados monetarios, bursátiles, cambiarios y crediticios. La gran acumulación de
inversiones de cartera sumamente volátiles, que abandonan un Estado a los primeros
síntomas de inestabilidad, producen dificultades financieras, caídas bursátiles,
devaluaciones monetarias, corridas de dinero, quiebra de empresas y despidos masivos.
De otro lado, en la era de las “megafusiones”, en que hay una creciente tendencia hacia
la unión y la absorción de las grandes empresas del mundo desarrollado —incluidas las
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que manejan los medios de comunicación, que tienden a concentrarse en pocas pero
gigantescas corporaciones a cuyo cargo está la función de informar y de comunicar—, se
han desbordado las escalas nacionales y se ha convertido al planeta es un solo y gran
mercado abastecido por empresas cada vez más grandes, cuyas cifras de ventas anuales
sobrepasan el producto interno bruto de muchos países. Lo cual demuestra que adelanta
un proceso de concentración empresarial de escala mundial que terminará por someter a
los Estados, hasta el extremo de que en el futuro la soberanía y la potestad política ya no
serán en la práctica atributos estatales únicamente sino también de las corporaciones
transnacionales que cubrirán el planeta con su poder. Los imperios del futuro no serán
solamente los grandes Estados sino también los gigantescos conglomerados
empresariales y, por consiguiente, los imperialismos venideros no tendrán al Estado como
su único protagonista.
Howard H. Frederick, un estudioso de la Universidad de California en Berkeley citado
por Gonzalo Ortiz, prevé que unas pocas corporaciones transnacionales —no más de
cinco a diez— dominarán en el siglo XXI las principales estaciones de radio y televisión,
los más influyentes periódicos y revistas, la edición masiva de libros, la difusión de
películas y el manejo de las redes de datos. Esto significa que el control de la información,
que en medida variable había sido tradicionalmente uno de los importantes elementos del
poder estatal, tiende a desaparecer en la era de la globalización. Lo mismo ocurre con la
comunicación supraestatal a través de internet y de los ordenadores. Sus flujos de
información son muy difíciles de controlar, a menos que se deje fuera de la red a un país.
Ha habido intentos de hacerlo por algunos gobiernos en relación con ciertos temas: el de
la pornografía infantil en los Estados Unidos y en Alemania y la información política y
financiera en China. Pero han resultado escasas las posibilidades técnicas de interferir
internet.
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Los medios de comunicación han saltado las fronteras nacionales y las comunicaciones
han alcanzado escala planetaria.
El reconocimiento de la caducidad del Estado se refleja en el proceso de integración
política y económica de Europa. El Tratado de la Unión Europea celebrado el 7 de febrero
de 1992, ratificado en fechas distintas por los Estados suscriptores y en vigor desde finales
de 1993, al sentar las bases de la futura integración económica y política de Europa, previó
entre otras metas la formación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), la
implantación de la moneda única y la institucionalización del Banco Central Europeo
(BCE) para regir la política monetaria común.
En cumplimiento de tales metas se estableció el primero de enero de 1999 la moneda
única —el euro— en once países de la Unión Europea, que ha reemplazado a las monedas
nacionales en el marco de un solo mercado financiero y de una política monetaria
unificada.
Esto significa que los Estados comprometidos en el proceso han renunciado a la
“soberanía monetaria” y a la “soberanía fiscal”, que hasta hace muy poco tiempo se
consideraban como atributos inalienables del Estado.
El proyecto de la Constitución Europea, aprobado en Roma el 29 de octubre del 2004 por
los presidentes y jefes de gobierno de los veinticinco Estados que conformaban la Unión
Europea en ese momento, al crear órganos supranacionales de gobierno para ciertas áreas
de la gestión pública comunitaria y al establecer un espacio supranacional de gestión
gubernativa como respuesta a un mundo crecientemente interdependiente, cuyos desafíos,
amenazas y peligros son demasiado grandes y complejos para abordarlos en la forma
tradicional, significó la superación del Estado como forma de organización social.
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No obstante, en la prognosis elaborada en el 2000 por un grupo de científicos
norteamericanos patrocinado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el National
Intelligence Council, para vislumbrar las condiciones del planeta en el año 2015 —
plasmada en el documento Global Trends 2015—, se afirma que “los Estados seguirán
siendo los actores dominantes en el escenario mundial, pero los gobiernos tendrán cada
vez menor control sobre los flujos de información, tecnología, enfermedades, migrantes,
armas y transacciones financieras, sean lícitas o ilícitas, a través de sus fronteras. Los
actores no estatales, desde las empresas de negocios hasta las organizaciones sin fines de
lucro, jugarán un papel creciente en los asuntos nacionales e internacionales. La calidad
del gobierno (governance), así nacional como internacionalmente, determinará
sustancialmente cuan bien los Estados y las sociedades compitan con estas fuerzas
globales”.
En cierta forma Mijail Gorbachov coincidía con la opinión de los científicos
norteamericanos. Veía las cosas estatales con optimismo. Pensaba que la crisis financiera
y económica de escala global iniciada en Wall Street a fines de septiembre del 2008 había
iniciado un proceso de revaluación del Estado. Afirmaba por esos años que mientras la
crisis se hacía más profunda y más grave, se recuperaba el valor del Estado y se revertía
el enfoque que había prevalecido en las últimas décadas acerca de su rol en la sociedad.
Afirmaba que «el ataque contra el Estado fue lanzado hace más de treinta años. Margaret
Thatcher y Ronald Reagan hicieron los primeros disparos. Economistas, empresarios y
políticos apuntaron sus dedos al gobierno, considerándolo la fuente de casi todos los
problemas que sufría la economía». Y agregaba que, «de manera creciente, el Estado fue
desalojado de las esferas empresarial y financiera, quedando prácticamente sin poder de
supervisión», por lo que, «una tras otra, fueron infladas las burbujas y, más tarde o más
temprano, estallaron. Así tuvimos la burbuja digital, la burbuja de la bolsa de valores y la
burbuja de las hipotecas. Eventualmente, las finanzas globales en su totalidad se
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convirtieron en una sola y enorme burbuja». De modo que, según la opinión del pensador
ruso, el Estado recuperaría todo el terreno perdido. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica
[versión electrónica], 2013)
En relación a estas definiciones se puede decir que el Estado es la organización
política y económica que se encuentra conformada por un territorio, población, gobierno y
un ordenamiento jurídico.
Es una organización política y económica, porque se agrupa en busca de un fin
común y administra de manera equitativa, los recursos financieros que dispone esa
organización.
Territorio, es el área de superficie que le pertenece a un país, y sobre la cual El
Estado ejerce soberanía, el territorio puede ser, terrestre, marítimo y aéreo.
La Constitución de la República en el artículo 4 explica al Territorio de la siguiente
manera:
El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones
naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales.
Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar
territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo
y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los
determinados por los tratados vigentes.
El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra
la unidad territorial ni fomentará la secesión.
20
La capital del Ecuador es Quito.
El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la
órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida. ( Constitución
de la República del Ecuador, 2008)
Población, es el grupo humano asentado en el espacio geográfico determinado por
el territorio, que tienen derechos, deberes y obligaciones dictados por sus leyes.
Rodrigo Borja define a la población así:
Es el conjunto de pobladores que habitan en un territorio determinado o en una zona dada
del planeta. La población es la materia específica de la investigación demográfica. La
demografía es la disciplina científica que estudia estadística y cuantitativamente la
estructura, composición, crecimiento, distribución espacial, movilidad, migración y
evolución histórica de la población de un país o de una región del planeta.
La estructura de la población se la suele representar gráficamente por una pirámide —la
llamada pirámide de población— en función de la edad y sexo de sus componentes en
una fecha determinada. Se disponen las cosas de modo que los estratos de la pirámide,
representativos de los grupos de edad, se superpongan. Los grupos se forman de cinco en
cinco años. Los varones ocupan el lado izquierdo y las mujeres el lado derecho de la
pirámide. Los más jóvenes están en la base. Encima de ellos se colocan progresivamente
los grupos de edad mayores, hasta llegar a la cima con el grupo de los que tienen más de
85 años, que es mucho más reducido (Borja, Enciclopedia de La Pólítica [versión
electrónica], 2013)
21
Gobierno, es el conjunto de personas y organismos que gobiernan o dirigen una
división político administrativa. Es el poder del Estado en el cual se concentran
determinadas facultades, aunque estas diferirán de acuerdo a cómo estén distribuidos los
poderes estatales, lo cual mucho se conecta en la forma de gobierno actual de dicho Estado.
La Constitución de la República en el artículo 1, menciona la forma de gobierno en
nuestro país:
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en
forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa
previstas en la Constitución.
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. ( Constitución de la República
del Ecuador, 2008)
Ordenamiento Jurídico, es el conjunto de normas vigentes, que permite que un
estado pueda funcionar de manera ordenada y en convivencia o derecho.
Soriano (1993) lo define como “Sistema de normas e instituciones jurídicas vigentes
en un grupo social homogéneo y autónomo” (p.121). Se destaca como caracteres del mismo
la unidad, la plenitud y la coherencia.
22
La Constitución determina en el artículo 425, que:
El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las
normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los
poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las
juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo
resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia,
en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos
descentralizados. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Kelsen (1993) afirma:
Una norma jurídica no vale por tener un contenido determinado; es decir, no vale
porque su contenido pueda inferirse, mediante un argumento deductivo lógico, de una norma
fundamental básica presupuesta, sino por haber sido producida de determinada manera, y en
última instancia, por haber sido producida de la manera determinada por una norma fundante
básica presupuesta. Por ello, y solo por ello, pertenece la norma al orden jurídico. (p. 205)
Kelsen, desarrolla en base a lo antes expuesto, la teoría de la pirámide jurídica
determinando las normas de una manera escalonada en función a su jerarquía, partiendo de
una norma general a las individuales.
23
Constitución
Tratados y convenios
Internacionales
Leyes orgánicas
Leyes ordinarias
Normas regionales y
Ordenanzas distritales
Decretos y reglamentos
Ordenanzas
Acuerdos y resoluciones
Demás actos y decisiones
Fuente: Constitución de la República
La Constitución de la República del Ecuador rige desde el año 2008. Es el cimiento
y el origen del poderío jurídico que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La
preeminencia de esta constitución la convierte en el texto principal dentro de la política
ecuatoriana, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía.
La Constitución de la República del Ecuador del 2008. Posee 444 artículos,
divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 30 disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria, un régimen de transición y una disposición final.
La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de
julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, Manabí, y
presentada un día después (el 25 de julio) por dicho organismo. Para su aprobación fue
sometida a referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008, ganando la opción
24
aprobatoria. La Constitución de 2008 entró en vigencia, reemplazando a la anterior
Constitución de 1998, desde su publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008.
1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS
Existen algunas formas de clasificar al estado, entre las principales tenemos:
Su estructura.
Orden Jurídico.
Quién y cómo se ejerce el poder político.
Su caracterización histórica.
1.1.1. Por su estructura
Los estados han sido clasificados en simples y compuestos.
Estados simples o unitarios
Es aquel en que la soberanía se ejerce directamente en el pueblo que se encuentra en
un mismo territorio. Ejemplo. Ecuador.
En estos estados existe un solo centro de poder político que extiende su accionar a lo
largo de todo el territorio del respectivo estado, mediante sus autoridades locales nacionales
y locales.
Para que exista un Estado Simple o Unitario es necesario que el estado cuente con:
Poder Ejecutivo (Administración Pública)
Poder Legislativo (Asamblea Nacional)
Poder Judicial (Corte Nacional de Justicia)
25
Constitución de la República (rige para todo el territorio nacional)
Es decir, estos estados tienen un solo ordenamiento jurídico, unidad de autoridades
gubernativas, unidad de gobernados o destinatarios del ordenamiento jurídico y de las
decisiones políticas y unidad de territorio.
Naranjo Mesa señala:
El estado simple o unitario es aquel que posee un solo centro de impulsión política y
administrativa, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directamente sobre todo el
conglomerado social asentado sobre un mismo territorio. De esta suerte la totalidad de los
atributos y funciones del poder político emanan de un titular único, que es la persona jurídica
llamada estado. Todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una
misma y sola autoridad, viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por las
mismas leyes. (Naranjo Mesa, 2000)
Estados Compuestos o Complejos
Es el que se encuentra constituido por otros estados que se comprenden dentro de sí,
como elementos constitutivos diversas entidades políticas inferiores, un ejemplo de estado
compuesto es el estado federal.
En el estado unitario, los poderes de la división clásica, Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, son únicos. En los estados compuestos, cada estado miembro tiene esos poderes en
relación con su territorio, y además de los poderes locales, existen los Poderes Federales,
con atribuciones propias, cuyo espacio abarca la totalidad del estado.
26
Estados Federales
Son los estados conformados por la reunión de varias entidades territoriales y
políticas. También suele denominarse estado federal o república federal y, generalmente,
tiene un sistema político republicano y excepcionalmente monárquico.
Naranjo Mesa, dice: “El estado federal, por su parte, es una asociación de estados en
el cual los miembros están sometidos en ciertos aspectos un poder central único, pero
conservan su propia autonomía para el ejercicio de determinadas funciones internas de
carácter administrativo o político”. (Naranjo Mesa, 2000)
Para Adolfo Ziulo, el Federalismo es:
El federalismo es una forma de estado, caracterizada por la descentralización del
poder con relación al territorio. Esto significa que además del órgano central del poder
existen órganos locales. Ellos deben tener, desde luego, cierto grado de independencia
respecto al poder central, que incluye el concepto de autonomía. En el estado federal, la
tendencia centrifuga o descentralizadora prevalece sobre la fuerza centrípeta o
centralizadora. (ZIULU, 1997)
Las características del estado federal son las siguientes:
Un territorio propio, constituido como unidad por la suma de los territorios de
los Estados miembros.
Una población que, dentro del estado miembro forma la población propia del
mismo con derechos y deberes de ciudadanía en relación con la entidad local.
27
Una sola soberanía. El poder supremo es el del estado federal. Los estados
miembros participan del poder, pero solo dentro de los ámbitos y espacios de su
circunscripción y en las materias y calidades que la constitución les atribuye.
El poder legislativo federal ordinariamente se compone de dos cámaras: una de
diputados y otra de senadores.
Estados confederados
Surge generalmente por un acuerdo entre varios estados que convienen en unión,
pero sin formar un nuevo estado superior a las partes confederadas solamente quedan unidos
los estados por términos de pacto de confederación, en todo lo restante quedan enteramente
libre.
Para Naranjo Mesa los estados confederados surgen por lo siguiente:
Esta forma de estado compuesto surge, generalmente, por el acuerdo entre
diferentes Estados que convienen en su unión, pero conservando cada uno ellos
su propia autonomía y su propia soberanía interna. Queda así unido solamente
por las disposiciones del acta de confederación; en todo lo demás conservan su
libre competencia. Están únicamente sujetos a las decisiones del poder
confederal en los asuntos expresamente previstos en el pacto; entre estos
generalmente se incluye lo relativo a las relaciones internacionales, en lo cual
delegan parte de su soberanía con objeto de que la confederación lleva, ante los
demás Estados, la representación de sus miembros. (Naranjo Mesa, 2000)
Alcides Alvarado señala que las características de esta forma de estado son:
28
a) La confederación de estados es una alianza reforzada, porque tiene una
organización compuesta por una Dieta o Asamblea de los estados, que se reúne
periódicamente para tratar de los asuntos comunes previstos en el pacto.
b) Pero no es un estado federal, porque está organización no tiene a crear una voluntad
estatal superior, ni una personalidad internacional, sino solamente un medio de ejercer
en común la voluntad propia de cada uno de los estados confederados. La dieta, o el
consejo de ministros, no es el órgano de un súper estado, sino una especie de conferencia
internacional en la que las decisiones importantes se adoptan únicamente con la
unanimidad de votos de los estados incluso, a veces, por medio del referéndum”
(Alvarado, 1994)
1.1.2. Por el Orden Jurídico
Teniendo en cuenta el orden jurídico, en cuanto al poder, el derecho y la sociedad,
los estados pueden ser clasificados en:
Estado Social
Esta forma de estado intenta garantizar, a partir de condiciones materiales mínimas
para los individuos, el ejercicio de los derechos ciudadanos. Dentro de esta forma de estado
no se prioriza la libertad jurídica y política sino, la igualdad social. Es por ello que apunta a
reivindicar a los grupos económicos con mayor debilidad y fomenta la pluralidad para
controlar el ejercicio del poder político y para expresar las demandas sociales.
Otra de las metas que se proponen los estados sociales es que los ciudadanos puedan
tener una mayor participación en los ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales.
Para que esto pueda concretarse es que se promueve la división del poder no solo de forma
29
horizontal, sino también vertical y en donde existe un control de los órganos de poder. Otro
rasgo de esta forma de estado es que fomenta la intervención social en el ámbito económico
siendo el estado un ente encargado de garantizar la protección de la sociedad y de
comportarse como un actor económico.
Estado Liberal
En estados como estos, los elementos que componen al orden jurídico y político
intentas que los derechos de los ciudadanos queden garantizados. Para ello, existen las leyes
y la constitución, a la que deben ser sometidos tanto los ciudadanos como los poderes
públicos.
Por otro lado, dentro de un estado liberal existe una división de poderes; se reconocen
una serie de libertades y derechos de los ciudadanos, que cuentas con garantías de tipo
jurídicas y busca evitar cualquier abuso de poder. Dentro de las libertades que esta forma de
estado intenta garantizar, se encuentran las políticas y las civiles. A diferencia del estado
social, en el liberal, el estado no opera como un actor económico, aunque no se descartan las
medidas proteccionistas para fomentar la actividad nacional.
Estado de Bienestar
Esta forma de estado surge en la década de los 30. De acuerdo a esta forma de estado,
diseñado a partir de las ideas keynesianas, es el propio estado el que generar las condiciones
de empleo, crecimiento y diseñar condiciones de solidaridad para que, a partir de ellas exista
un reparto del crecimiento y de los esfuerzos de forma equitativa y justa.
30
De esta manera, el estado se convierte en un protagonista dentro del ámbito
económico que busca convertirse en Estado de Bienestar, lo cual implica que haya un
crecimiento en la prestación de servicios públicos tales como la salud, la educación, la
seguridad, la asistencia y la vivienda. Además, se busca alcanzar el cumplimiento de los
derechos laborales; la distribución de la existencia; un sistema impositivo progresivo y el
pleno empleo, entre otros logros.
1.1.3. Por quién y cómo se ejerce el poder político
Tomando como referencia la persona o personas y la manera cómo se ejerce el poder
político, se identifican dos formas de estado:
Dictadura
Estas formas de estado, que por lo general se consolida a partir de un golpe de estado
militar o civil. Se caracterizan por el hecho de que el ejercicio del poder se concentra en
manos de una sola persona o grupo selecto y que no suele tener reconocimiento jurídico.
En los estados dictatoriales por lo general no existe una división de poderes y las
decisiones suelen ser tomadas de manera arbitraria y en base a los intereses de determinados
grupos y no a las necesidades de las mayorías. Sumado a esto, no existen mecanismos
institucionales que le permitan a sectores opositores alcanzar el ejercicio de poder.
Democracia
En esta forma de estado, en cambio, el poder es ejercido por el conjunto de la
sociedad, por medio de la participación indirecta o directa, otorgándole legitimidad a quienes
la representan. Cuando la democracia es directa, implica que son los miembros de la
31
sociedad los que toman las decisiones. En las indirectas, en cambio, son los individuos
elegidos por el pueblo los que tienen la facultad de decidir en nombre de la sociedad. A esta
última forma de democracia también se la conoce bajo el nombre de representativa.
1.1.4. Por su caracterización histórica
Estado absolutista
Los poderes se encuentran concentrados en una sola persona o grupo (rey o
emperador) cuya palabra significa el derecho en ese estado. No hay división de poderes.
A este tipo de estado se le puede atribuir la frase “El estado soy Yo” que es la
traducción de la frase atribuida a Luis XIV, “L'état c'est moi”, la más clara descripción del
estado absolutista. El estado adopta esta forma en base a la relación dada entre sus tres
elementos constitutivos que son: el territorio (o país), la población (o nación) y el poder (o
forma de gobierno).
Estado de derecho
Existe división de poderes y su ejercicio se encuentra sometido al derecho y limitado
por él. El Ecuador es un estado de derecho, se rige por normas plenamente establecidas y
contempladas en el ordenamiento jurídico nacional.
El portal Wikipedia define al estado de derecho así:
Es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno de una
constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios, que se
32
someten a las normas de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a
una norma jurídica escrita. (WIKIPEDIA, eciclopedia libre, 2015)
Estado autoritario
Los derechos de la libertad se encuentran limitados por un ejercicio abusivo del
poder.
El autoritarismo es, en términos generales, una modalidad del ejercicio de la
autoridad en las relaciones sociales, por parte de alguno o algunos de sus miembros, en la
cual se extreman la ausencia de consenso, la irracionalidad y la falta de fundamentos en las
decisiones, originando un orden social opresivo y carente de libertad para otra parte de los
miembros del grupo social.
1.2.NACIÓN
El portal significados.com define a Nación de la siguiente manera:
Nación es el conjunto de personas, por lo general de la misma etnia, que hablan el mismo
idioma y tienen las mismas costumbres, formando de esta manera un pueblo. Una nación
se mantiene unida por las costumbres, las tradiciones, la religión, el idioma y la
conciencia nacional. La palabra nación proviene del latín nātio (derivado de nāscor,
nacer), que podía significar nacimiento, pueblo (en sentido étnico), especie o clase.
Los elementos como el territorio, el idioma, la religión, las costumbres y la tradición,
por sí mismos, no constituyen el carácter de una nación. El elemento dominante debe
ser la convicción de una vida colectiva, es cuando la población siente que constituye un
33
organismo o un grupo, distinto de cualquier otro, con vida propia, intereses especiales
y necesidades.
La nación no se anula a pesar de poder ser dividida en varios estados, y también muchas
naciones pueden unirse para formar un país. El Estado es una forma política, adoptada
por un pueblo con voluntad política, y la nación existe sin cualquier tipo de organización
legal, sólo significa la sustancia humana que la forma, actuando en su nombre y por sus
propios intereses. (Significados.com., s/f)
Rodrigo Borja, Ex Presidente de la República y autor de la Enciclopedia de la
Política, diferencia el estado, con lo que muchos confunden como sinónimos y señala que:
La Nación es un concepto eminentemente étnico y antropológico, referido a un grupo
humano unido por vínculos naturales, que pierde sus orígenes en remotos tiempos. La
Nación Existió mucho antes que el Estado.
Estado, en cambio, es un concepto jurídico y político: designa a nación jurídica y
políticamente organizada sobre un territorio. Para decirlo de otra manera: el Estado es
la vestidura orgánica política de la nación. El Estado es una armazón colocada sobre la
nación preexistente como unidad antropológica y social.
La nación es, por tanto, la base humana histórica “ab inmemorabili” sobre la que El
Estado se levanta.
La mayoría de los Estados se ha organizado sobre más de una nación, de modo que
regimentan a diversos grupos étnicos, culturales y religiosos y los reducen a una sola
unidad política bajo su orden jurídico unitario. Esto pone en evidencia que los conceptos
34
“Estado” y “nación” no sólo que no son iguales, sino que no siempre marchan juntos,
pues un Estado puede levantarse sobre dos o más naciones en tanto que una nación
puede dividirse políticamente en más de un Estado. La mayoría de los Estados tiene
carácter plurinacional porque se han organizado sobre más de una nación, de modo que
regimentan diversos grupos étnicos, culturales y religiosos y los reducen a una sola
unidad política bajo la ley. Existen aproximadamente dos mil naciones y solamente
doscientos Estados, por lo que el fenómeno general es la multinacionalidad estatal y son
muy pocos los Estados montados sobre una sola nación. "País" es el Estado mirado
desde el punto de vista geográfico, económico o estadístico y denota las riquezas
naturales, la economía, el paisaje y los datos estadísticos de población y producción. El
término "patria", en cambio, es esencialmente sentimental y subjetivo. Se refiere al país
donde se ha nacido y al que se debe lealtad. En ningún caso puede usarse la palabra
"patria" como sinónimo de "Estado" o de “país”. Cuando se habla de patria no se piensa
en el ordenamiento jurídico, ni en la estructura de autoridades, ni en la economía sino
en la tierra natal. De ahí deriva la palabra "patriotería", que significa la simulación de
virtudes patrióticas o la candorosa y desorbitada creencia en las excelsitudes de su país.
El patriotero es generalmente un chovinista. Llega a la idolatría, real o simulada, de los
símbolos patrios, pero descuida los verdaderos deberes del patriotismo. (Borja, 2011)
Nación es un grupo humano, unidos por vínculos de raza, lengua, tradición,
costumbres, lengua etc., no tiene territorio ni gobierno, a diferencia del estado que es una
persona jurídica que tiene territorio, población gobierno y un fin común, por lo general en el
estado pueden asentarse varias naciones, a la nación muchas veces se la relaciona con la
población en el estado.
1.3. GOBIERNO
35
Una forma de gobierno es un sistema por el cual las autoridades de un estado gobierna las
instituciones. Algunas de las formas de clasificar a los gobiernos es: según la época, el número
de gobernantes, según la forma de ejercer el poder o la estructuración de un órgano.
Rodrigo Borja, en la Enciclopedia de la Política, sobre las formas de Gobiernos
señala:
A lo largo del tiempo se han propuesto las más variadas tipologías de las formas de
gobierno. Recordemos que Aristóteles (384-322 a. C.) y otros pensadores de la
Antigüedad, con base en un criterio eminentemente ético, dividieron a las formas de
gobierno en monarquía, aristocracia y democracia, según que el poder sea ejercido por
uno, varios o muchos titulares, de modo que, como decía Marco Tulio Cicerón (106-43
a. C.), “cuando el gobierno de todas las cosas está en manos de uno solo, este señor
único toma el nombre de rey y esta forma de gobierno se llama monarquía. Cuando la
dirección la ejercen algunos hombres escogidos, el gobierno es aristocrático. Gobierno
popular, así se lo llama, es aquel en que el pueblo lo dispone todo”. Estas son las formas
puras de gobierno. Pero la suplantación del interés general por el interés particular de
quienes gobiernan convierte a la monarquía en tiranía, a la aristocracia en oligarquía y
a la democracia en demagogia. Advienen, entonces, las formas impuras.
Aristóteles, en el libro III, capítulo V, de su Política afirmó que “monarquía es aquel
Estado en que el poder dirigido al interés común no corresponde más que a uno solo;
aristocracia, aquel en que se confía a más de uno, y democracia, aquel en que la multitud
gobierna en utilidad pública. Estas tres formas pueden degenerar: el reino en tiranía, la
aristocracia en oligarquía, la democracia en demagogia”.
La tipología aristotélica se basó en la consideración de quién gobierna y cómo gobierna.
Si el poder era ejercido por uno pero en beneficio general: monarquía. Si por pocos en
36
provecho de todos: aristocracia. Si por muchos y en conveniencia general: democracia.
La sustitución del interés general por el particular de los gobernantes produce la
degeneración de las formas de gobierno: la monarquía en tiranía, la aristocracia en
oligarquía y la democracia en demagogia.
El profesor Norberto Bobbio sostiene que “en la historia de las doctrinas políticas se
considera que fue Aristóteles quien especificó y definió por primera vez la demagogia
señalándola como la forma corrupta o degenerada de la democracia que lleva a la
insitución de un gobierno despótico de las clases inferiores o de muchos, que gobiernan
en nombre de la multitud”.
Más tarde Charles-Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu (1689-1755),
elaboró su tipología de las formas de gobierno a partir de las condiciones en las que se
desarrolla la vida política y de los factores que influyen decisivamente sobre su
estructura y funcionamiento. Fundó la distinción entre república, monarquía y
despotismo en la combinación de dos juicios de valor sobre lo que él denominó
“naturaleza” y “principio” del gobierno. La naturaleza del gobierno depende del número
de titulares y de la forma como ejercen el poder. Afirmó que en la república todo el
pueblo o una parte de él ejerce el poder con entero sometimiento a la ley; que en la
monarquía una sola persona —el soberano— gobierna sobre la base de leyes fijas y
estables; y que en el despotismo un solo individuo gobierna sin leyes. Agregó
Montesquieu que el principio del gobierno es la actitud que anima al pueblo en su vida
social. La república se funda en la virtud, la monarquía en el honor y el despotismo en
el miedo.
37
No es posible hacer aquí la historia de las formas de gobierno formuladas por los
pensadores a lo largo del tiempo. Se han propuesto las más variadas e intrincadas
tipologías, de acuerdo con sus peculiares perspectivas ideológicas.
Desde mi punto de vista, tomando como criterios diferenciales la forma de lucha por el
poder, los modos de llegar a él, la manera en que se lo desempeña y la naturaleza del
jefe del Estado, se pueden distinguir dos formas de gobierno básicas: monarquía y
república. Esta es, en mi concepto, la clasificación más lógica y clara. Se basa en la
lucha por el poder, el modo de llegar a él, la forma cómo se lo ejerce y quién lo ejerce.
Estos factores tienen un valor decisorio. ¿Se lo acciona de modo limitado, responsable,
electivo y alternativo? ¿Quiénes llegan al poder lo hacen por la vía electoral? Entonces
se trata de un gobierno republicano. ¿Se ejercita el poder en forma ilimitada, hereditaria,
vitalicia y jurídicamente irresponsable? ¿El gobernante llega al lugar de mando por la
vía hereditaria? Entonces es un gobierno monárquico.
Estas dos formas cardinales de gobierno admiten modalidades y variaciones por la
combinación de sus elementos: monarquía absoluta y monarquía constitucional,
república presidencial y república parlamentaria.
No es fácil tratar el tema. Las instituciones políticas son seres vivos y no entregan
fácilmente sus secretos al investigador. De otro lado, la realidad es demasiado fecunda
y rica como para que pueda ser encasillada en esquematizaciones rígidas. En general, la
manera de ser política de un pueblo, o sea su “régimen”, no siempre está en su esquema
constitucional y legal. Con frecuencia la solución política efectiva de una comunidad
difiere de lo que estatuyen sus leyes, por la gravitación de factores reales que
condicionan con fuerza la organización social. De aquí que el verdadero régimen
38
político de un pueblo debe buscarse en el orden de la realidad antes que en el mundo de
las normas. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica [versión electrónica], 2013)
1.3.1. CLASIFICACIONES DE GOBIERNO
Aristóteles
Realizó una de las primeras clasificaciones de gobierno, tomó en cuenta el número
de gobernantes y estableció:
Gobierno de uno: Monarquía.
De varios: Aristocracia.
De todos: República.
Otro punto fue cómo era la manera en que se ejercía el gobierno; estableciendo
diferencias entre las formas puras e impuras, ya que era pura cuando el gobierno se ejercía
en beneficio e interés de todos y se practicaba la justicia, e impura cuando se buscaba el
interés de los gobernantes. Aristóteles enlaza las formas puras con las impuras.
Dice que el gobierno de uno basado en el interés general se llama Monarquía.
El de algunos sea cual fuere el número, se llama Aristocracia, o sea el gobierno de
los mejores; y el de todos: República.
Montesquieu. - Realiza otra clasificación de las formas de gobierno relacionando
básicamente dos formas: La Monarquía y La Republica.
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La Monarquía
La titularidad del poder ejecutivo se adquiere hereditariamente, se la conserva de por
vida y no se tiene responsabilidad política en su gestión. En la actualidad en la Monarquía
existen además del Monarca, que es el jefe del estado, un Jefe de gobierno o Primer ministro,
que sí responde políticamente.
La República
En esta forma de gobierno, el Jefe del estado es elegido por el pueblo, ya sea en forma
directa o indirecta, dura temporalmente en su cargo y es políticamente responsable.
Otras formas de gobierno.
Otra distinción posible de establecer de las formas de ejercer el poder político es la
de gobiernos autocráticos y gobiernos democráticos.
Los gobiernos de formas autocráticas se pueden derivar en:
Gobiernos Autocráticos
Se suele llamar autoritarios a los regímenes que privilegian el aspecto del mando y
menosprecian la participación, concentrando su poder político en un solo hombre o un solo
órgano y restando valor a las instituciones representativas.
Totalitarismo
Los elementos constitutivos del totalitarismo son la ideología totalitaria, el partido
único, el dictador, el terror. La ideología totalitaria proporciona una explicación indiscutible
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del curso histórico, una crítica radical de la situación existente y una guía para su
transformación igualmente radical.
Gobiernos Democráticos
Abraham Lincoln en el Discurso de Gettysburg en 1863 define a la democracia como:
“ (...) nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación
concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas
iguales (....) debemos consagrarnos aquí a la gran tarea que aún resta ante nosotros (...) que
el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la Tierra”. (
Gettysburg Address, 2015)
Los regímenes democráticos, por su parte, pueden asumir distintas formas:
Democracia Directa
Donde el pueblo ejerce por sí mismo la soberanía. Las decisiones las toma el pueblo
soberano en asamblea. Ejemplo Ecuador.
Democracia Semidirecta
Donde el pueblo delega el ejercicio de una parte de la soberanía en sus gobernantes,
pero se reserva el ejercicio de otros. En la democracia Semidirecta el pueblo se expresa
directamente en ciertas circunstancias particulares (Plebiscito, Referéndum, Revocatoria del
mandato).
Democracia Representativa
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En esta forma de gobierno, el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas en
forma periódica y que son políticamente responsables.
El pueblo se limita a elegir a sus representantes para que estos deliberen y tomen las
decisiones con el poder que el pueblo les otorga por medio del voto. (Asamblea Nacional)
42
CAPÍTULO II
2. EL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales.
Dicha administración, por principio, es una cualidad del estado y solo se puede explicar a
partir del estado. Tal aseveración es aplicable a todas las organizaciones de dominación que
se han sucedido en la historia de la humanidad, pero para nuestro caso, es suficiente con
ceñirnos al estado tal y como lo denominó Maquiavelo tiempo atrás: "los estados y
soberanías que han existido y tienen autoridad sobre los hombres, fueron y son, o repúblicas
o principados".
La índole de esa cualidad del estado es el movimiento, de modo que la administración
pública consiste en la actividad del estado. Tal como es observable a lo largo del pensamiento
administrativo, esta noción de administración pública ha extraordinariamente consensual,
tanto en el tiempo, como en el espacio. En Alemania, Carlos Marx se refirió a la actividad
organizadora del estado y Lorenz von Stein a la actividad del estado; en tanto que los Estados
43
Unidos, Woodrow Wilson discernía sobre el gobierno en acción, Luther Gulick sobre el
trabajo del gobierno y Marshall Dimock al estado como constructor.
La voluntad del estado supone un objeto sobre el cual actúa. Cuando la acción se
repite continuamente, se llama "actividad". Lo anterior sirve a Lorenz von Stein para explicar
que "esta actividad del Estado, que tiene lugar mediante los órganos estatales y constituye,
por lo tanto, la vida propiamente exterior del Estado, es lo que se llama administración del
Estado”. (Stein, 1981, pág. 33)
Se pude afirmar que la Administración Pública constituye la actividad del estado que
está encaminada a producir las condiciones que facilitan la perpetuación de la sociedad y
crear las capacidades de desarrollo de los elementos que la constituyen.
Los elementos constitutivos de la sociedad son de dos tipos: colectivos e individuales
En sentido estricto, Administración Pública es la actividad que desarrolla la vida
asociada a través del orden, la seguridad y la subsistencia; es decir, auspicia la convivencia
civilizada. Consiste en una capacidad que produce civilidad.
La Administración Pública se relaciona con el estado cuando esta interviene
directamente buscando el movimiento del estado, según lo afirma Dimock:
La Administración Pública no es meramente una máquina inanimada que ejecuta
irreflexiblemente el trabajo del gobierno. Si la Administración Pública tiene relación con los
problemas del gobierno, es que está interesada en conseguir los fines y los objetivos del
44
Estado. La Administración Pública es el Estado en acción, el Estado como constructor.
(Dimock, 1967)
Los estados más poderosos son los mejor administrados y, por consiguiente, aquellos
cuya balanza comercial es favorable, que detentan una hacienda pública sana, y que
producen lo suficiente para sostener a los habitantes del país y traficar con el excedente; pero
primordialmente son poderosos porque su administración pública ha sido capaz de alimentar
y educar a la población, brindarle salud y asistencia, y procurarles lo necesario para facilitar
la convivencia civilizada.
La Administración Pública es la actividad del estado. A grandes rasgos, dicha
actividad puede clasificarse en dos grandes tipos: actividades funcionales y actividades
institucionales.
Las actividades funcionales
Son las que tienen como propósito dirigir la realización del trabajo que es el objeto
vital de la Administración Pública.
Las actividades funcionales entrañan un territorio de infinitas variedades, un abanico
de actos estatales de un orden tan diverso como lo han sido las responsabilidades del estado
a lo largo de la historia. Max Weber había advertido acerca de que difícilmente habría una
tarea que no hubiera tenido alguna relación con el estado, pero que al mismo tiempo se le
considerara perpetuamente de su monopolio. Esto es cierto, pero desde el siglo XVIII es
evidente que el estado ha monopolizado actividades funcionales que le son inherentes, tales
como las relaciones exteriores, defensa, finanzas, justicia y el control.
45
Las actividades institucionales
Son aquellas cuyo objeto es el mantenimiento y operación de la Administración
Pública, por cuanto que constituye un organismo.
Las actividades institucionales, por su parte, son aquellas que están involucradas en
la seguridad y mantenimiento de la planta física, el reclutamiento y manejo de personal, así
como la contabilidad y la información. Todas estas actividades, que tienen un carácter
esencial, son distintas sustancialmente de las actividades funcionales no solo por cuanto a
clase, sino por el hecho que no son realizadas como un fin en sí mismo, sino como medios
para alcanzar los propósitos a cargo de aquellas.
El alcance de la administración pública, por consiguiente, llega al límite donde la
necesidad de la realización de los fines del estado lo demanda. No hay, pues, más límites
que esas necesidades.
La Administración Pública está relacionada con el qué y el cómo del gobierno. El
qué es el objeto, el conocimiento técnico de un campo que capacita al administrador para
realizar sus tareas. El cómo son las técnicas de dirección, los principios de acuerdo a los
cuales se llevan al cabo exitosamente los programas cooperativos. Cada uno es
indispensable; juntos forman la síntesis llamada administración. (Dimock, 1947)
La Administración Pública; es por lo tanto, el sistema administrativo de un estado,
de una ciudad, de una comuna o centro poblado; y que existe principalmente para dos cosas:
Prestar servicios públicos a la comunidad a quién se debe; y
46
Ejercitar controles públicos a las personas y la propiedad dentro de su dominio.
Los asuntos administrativos del estado entrañan una índole inherentemente pública,
por la naturaleza social de las funciones que realiza. La administración pública hunde sus
raíces en el seno de la sociedad, y está, por así decirlo, preñada de naturaleza social.
La Constitución de la República define a la Administración Pública en relación con
el estado en el artículo 227 así: “La administración pública constituye un servicio a la
colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,
transparencia y evaluación”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Por lo expuesto se puede determinar que el estado se relaciona directamente con la
Administración Pública.
La Constitución de la República le da la facultad al jefe de estado y de gobierno, ser
el responsable de la Administración Pública, es el estado quien garantiza los servicios
públicos y lo hace a través del sector público, que se encuentra organizado por instituciones
y empresas públicas que brindan servicios en beneficio de la colectividad, con eficiencia,
eficacia y calidad.
2.2. EL SECTOR PÚBLICO
El sector público en nuestro país y de acuerdo a la Constitución según el artículo 225
se encuentra conformado por:
47
1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial,
Electoral y de Transparencia y Control Social.
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades
económicas asumidas por el estado.
4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)
2.2.1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Montesquieu, parte de una hipótesis de que todo hombre o mujer que tiene poder,
tiende a abusar de él, en base a esto concibió su teoría de la separación de los poderes: “Que
el que hace las leyes no sea el encargado de aplicarlas ni ejecutarlas; que el que las ejecute
no pueda hacerlas ni juzgar de su aplicación; que el que juzgue no las haga ni las ejecute”.
Con esta teoría da origen a la creación de la Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial.
(Montesquieu, 1992).
Función Ejecutiva
Administra la institucionalidad pública, es decir que es la encargada de prestar
servicios públicos (como por ejemplo seguridad, vialidad, salud, educación, entre otros)
48
además de recolectar el dinero del Presupuesto General del Estado y repartirlo a todas las
instituciones públicas para el cumplimiento de sus funciones. También planifica, ejecuta y
evalúa las políticas públicas.
La Constitución de la República en el artículo 141 expresa:
La Presidenta o Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva, es el Jefe del
Estado y de Gobierno y responsable de la administración pública.
La Función Ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la
República, los Ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios
para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación,
ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para
ejecutarlas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
El Ecuador al ser República se basa esencialmente en la división de poderes, así como
para cumplir sus competencias puede dictar normas secundarias como decretos y
reglamentos, siendo esta función colegisladora en el Estado, se refiere Rodrigo Borja en su
enciclopedia de la Política al referirse a la Función Ejecutiva:
La separación o división de los poderes del Estado es una característica esencial de la
forma republicana de gobierno. Consiste básicamente en que la autoridad pública se
distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de modo que a cada uno de
ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de mando y realizar una
parte determinada de la actividad gubernativa.
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La división de poderes es esencialmente un mecanismo de limitación de las atribuciones
de los órganos estatales mediante un sistema de “pesos y contrapesos” en el cual “el
poder detiene al poder” e impide los abusos de autoridad.
Este es, desde el punto de vista axiológico, el sentido del sistema. Pero él responde
también a finalidades funcionales determinadas por el principio de la división del
trabajo, que demanda la creación de órganos especializados para cada una de las
funciones gubernativas del Estado. De modo que bien puede decirse que la división de
poderes obedece a preocupaciones de libertad tanto como a exigencias técnicas del
ejercicio del gobierno.
La función ejecutiva desarrolla toda la actividad “concreta” y “visible” del gobierno, en
el sentido de que asume no sólo la conducción administrativa del Estado sino la solución
de los problemas reales de la sociedad, para lo cual, actuando con subordinación al
ordenamiento jurídico expedido por el parlamento, imparte órdenes e impone su
cumplimiento con el respaldo de la fuerza pública, cuyo manejo le compete. Para
cumplir con sus obligaciones, la función ejecutiva puede dictar normas jurídicas
secundarias (decretos y reglamentos) en ejercicio de la “facultad reglamentaria” de que
está investida. Esas normas están referidas siempre a personas y casos concretos y
particulares y en eso se diferencian de las leyes, que son normas jurídicas de validez
general.
Al Presidente de la República, que es el jefe del gobierno, le compete administrar el
Estado con arreglo a la normativa que recibe de la función legislativa. Es el órgano
superior jerárquico de la administración pública. Nombra y remueve a sus funcionarios
y empleados. Ejerce las funciones de comandante en jefe de las fuerzas armadas y de la
policía en los sistemas presidencialistas. Conduce la política exterior y representa al
50
Estado en las relaciones internacionales. Cobra los tributos y dispone los egresos del
Estado. Tiene ciertas facultades colegislativas por su derecho de iniciativa de las leyes,
de sanción o veto de ellas y de su promulgación en la gaceta oficial.
El mecanismo de la división tripartita de poderes opera de manera que ninguno de ellos
puede prevalecer sobre los demás y convertirse en instrumento de despotismo. Los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen su órbita de atribuciones jurídicamente
reglada. Ninguno de ellos puede interferir en las facultades del otro. La Constitución
señala taxativamente las materias que les competen. Al poder legislativo le corresponde
principal, aunque no únicamente la tarea de formular el orden jurídico general del
Estado y vigilar la gestión de ciertos funcionarios de la administración pública, a
quienes puede pedirles cuenta de sus actos. Al poder ejecutivo le compete administrar
el Estado mediante actos referidos a personas y casos concretos, dentro del marco legal
dictado por el órgano legislativo. Y al poder judicial le incumbe la administración de
justicia, o sea la declaración de lo que es derecho en cada caso de controversia.
Una de las características diferenciales entre las funciones legislativa y ejecutiva es que
la operación de la primera, por lo general, es estacional, o sea que no trabaja todo el
año; mientras que la segunda tiene una actividad ininterrumpida y permanente. La
naturaleza de sus funciones exige continuidad en sus acciones.
Cada uno de ellos desempeña una función distinta y específica, en la que no pueden
participar los restantes poderes a menos que la Constitución autorice explícitamente esa
participación. Aunque se habla de “separación” de funciones, el sistema no aísla entre
sí a los poderes del Estado ni suprime la necesaria y útil conexión que debe existir entre
ellos. Todo lo contrario: promueve su funcionamiento coordinado de modo que puedan
realizar de mancomún aquellos actos que la Constitución, por la singular importancia
51
que entrañan, no quiere que sean obra de un solo poder. Se produce así el juego
mecánico que equilibra las fuerzas del Estado y pone en funcionamiento los sistemas de
control y fiscalización recíprocos para que el poder detenga al poder y evite los abusos
de autoridad.
Así, el poder legislativo tiene como deber específico formular y expedir las leyes pero
ejerce también ciertas funciones judiciales con respecto al presidente de la república y
a sus ministros. La función ejecutiva, por su parte, además de sus tareas administrativas
desempeña también funciones de colegislación al ejercer su derecho de iniciativa o al
sancionar o vetar las leyes, cuyo control de constitucionalidad ejerce la función judicial.
Esto quiere decir que para que una ley pueda ser expedida se requiere la voluntad
concurrente de los legisladores y del Presidente de la República y que para mantener su
vigencia es necesario que la Corte Suprema de Justicia no la declare inconstitucional en
razón de violar derechos, garantías o procedimientos consagrados en la Constitución.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según el esquema
norteamericano seguido por algunos países, debe presidir las sesiones del Senado en el
caso de juzgamiento de la responsabilidad oficial del Presidente de la República. Este,
a su vez, mediante el otorgamiento del indulto o el ejercicio del derecho de gracia,
participa en la Función Judicial. Así se entreteje la complicada trama de relaciones y de
controles recíprocos entre los tres poderes, que previene el abuso de autoridad.
En el esquema planteado no existe superioridad jerárquica entre los tres poderes: la
relación establecida entre ellos es de coordinación y no de subordinación. Si un poder
puede enervar los actos de otro no es porque tenga mayor autoridad sino porque cada
uno de ellos ejerce una función específica. Eso pasa con el ejecutivo cuando veta una
ley o con el congreso cuando juzga la conducta de los funcionarios de la administración
o con los tribunales de justicia que someten a juicio a legisladores o a ministros. En su
52
campo específico cada poder es supremo. Precisamente lo que se ha propuesto la teoría
de Montesquieu es lograr un equilibrio político con base en que ningún poder prevalezca
sobre los demás. No hay, por tanto, “primer”, “segundo” o “tercer” poder del Estado en
sentido de ordenación jerárquica sino tres poderes coordinados, cada cual con sus
respectivas atribuciones y deberes, frente a la conducción del Estado. (Borja,
Enciclopedia de La Pólítica [versión electrónica], 2013).
La Función Ejecutiva es una de las principales funciones del estado, la ejerce el
Presidente de la República, quien es además, el Jefe del Estado y de Gobierno y responsable
de la Administración Pública, en la Función Ejecutiva la Administración Pública puede ser:
Central
Institucional
Función Legislativa
La Constitución de la República en el artículo 118 determina que:
La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por
asambleístas elegidos para un periodo de cuatro años.
La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente
podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional.
La Asamblea Nacional se integrará por:
1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacional.
53
2. Dos asambleístas elegidos por cada provincia, y uno más por cada doscientos mil
habitantes o fracción que supere ciento cincuenta mil, de acuerdo al último censo
nacional de la población.
3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones, de distritos
metropolitanos, y de la circunscripción del exterior. (Constitución de la República del
Ecuador, 2008)
Formular el orden jurídico general del estado y vigilar la gestión de ciertos
funcionarios de la Administración Pública son las funciones que le asigna Rodrigo Borja al
referirse a la Función Legislativa en su Enciclopedia de la Política.
El mecanismo de la división tripartita de la autoridad pública, que es la característica
propia y diferencial del sistema republicano de gobierno, opera de manera que ninguno
de los poderes puede prevalecer sobre los demás y convertirse en instrumento de
despotismo. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen su propia órbita de
atribuciones jurídicamente regladas. A ninguno de ellos le es dado interferir en las
facultades de otro. La Constitución señala taxativamente las materias que les competen.
Al poder legislativo le corresponde principalmente (aunque no únicamente) formular el
orden jurídico general del Estado y vigilar la gestión de ciertos funcionarios de la
administración pública, a quienes puede pedirles cuenta de sus actos. Al poder ejecutivo
le compete administrar el Estado mediante actos referidos a personas y casos concretos,
dentro del marco legal dictado por el órgano legislativo. Y al poder judicial le incumbe
la administración de justicia, o sea la declaración de lo que es derecho en cada caso de
controversia.
La función legislativa formula y establece las normas generales y obligatorias de la
convivencia social. Estas son, para los gobernados, el límite de su autonomía personal,
54
puesto que ellos pueden hacer todo lo que no les está vedado por las leyes, y, para los
gobernantes, la sustancia de su poder, dado que no les está permitido hacer algo para lo
que no estén previamente autorizados por un precepto jurídico.
La formación de las leyes obedece a un proceso de cuatro etapas: iniciativa, discusión,
sanción y promulgación. Este es el curso de integración de ellas dentro del esquema
general de la división de poderes.
El derecho de iniciativa, que es la facultad de formular proyectos de ley y presentarlos
al congreso para su discusión, por lo común corresponde a los legisladores, al Presidente
de la República, a la Función Judicial y, en los países que tienen la institución de la
iniciativa popular, a un número determinado de ciudadanos que con su firma respaldan
un proyecto de ley.
La discusión y aprobación de él compete al órgano legislativo, de acuerdo con los
procedimientos y las normas que establece la Constitución y leyes del Estado.
La sanción, que es la aprobación por el jefe del Estado de un proyecto de ley aprobado
por el órgano legislativo, es la penúltima etapa, a la que sigue finalmente la
promulgación de la ley, esto es, su publicación solemne en el periódico oficial para
conocimiento general.
La ley rige desde el momento de su promulgación, a menos que ella señale otra fecha
para su vigencia.
Aunque se habla de “separación” de funciones, el sistema no aísla a los poderes del
Estado ni suprime la necesaria y útil conexión que debe existir entre ellos. Todo lo
contrario: promueve su funcionamiento coordinado, de modo que, respetando los unos
55
las atribuciones de los otros y controlándose recíprocamente, realizan de mancomún
aquellos actos que la Constitución, por la singular importancia que entrañan, no quiere
que sean obra de un solo poder.
Como es lógico, solamente los actos de menor importancia relativa están sometidos a la
competencia exclusiva de un poder. Todos los demás son objeto de competencias
concurrentes. Se produce así el juego mecánico que equilibra las fuerzas del Estado,
pone en funcionamiento los sistemas de control y fiscalización recíprocos, para que el
poder detenga al poder y evite los abusos de autoridad.
Pero ninguno de los poderes se limita estrictamente a su función específica sino que
desempeña también funciones secundarias. Esto hace posible el entrelazamiento
operativo de control. Así, el poder legislativo tiene como función específica formular y
expedir las leyes pero ejerce también ciertas funciones judiciales con respecto al
Presidente de la República y a sus ministros. La función ejecutiva, por su parte,
desempeña también funciones de colegislación al ejercer su derecho de iniciativa o al
sancionar o vetar las leyes, cuyo control de constitucionalidad ejerce usualmente la
función judicial. Esto quiere decir que para que pueda expedirse una ley se requiere la
voluntad concurrente de los legisladores y del Presidente de la República y que para
mantener su vigencia es necesario que la Corte Suprema de Justicia no la declare
inconstitucional por violar derechos, garantías o procedimientos consagrados en la
Constitución. Por su parte, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, según el
esquema norteamericano seguido por muchos Estados, debe presidir las sesiones del
Senado en el caso de juzgamiento de la responsabilidad oficial del Presidente de la
República. Este, a su vez, mediante el otorgamiento del indulto o el ejercicio del derecho
de gracia, participa en la función judicial.
56
Así se entreteje la complicada trama de relaciones y de controles recíprocos entre los
tres poderes, que previene el abuso de autoridad.
En el esquema planteado no existe superioridad jerárquica entre los tres poderes: la
relación establecida entre ellos es de coordinación y no de subordinación. Si un poder
puede enervar los actos de otro no es porque tenga mayor autoridad sino porque cada
uno de ellos ejerce una función específica. Eso pasa con el ejecutivo cuando veta una
ley o con el congreso cuando juzga la conducta de los funcionarios de la administración
o con los tribunales de justicia que someten a juicio a legisladores o a ministros. En su
campo específico cada poder es supremo. Precisamente lo que se ha propuesto la teoría
de Montesquieu es lograr un equilibrio político, con base en que ningún poder
prevalezca sobre los demás. No hay, por tanto, “primer”, “segundo” o “tercer” poder
del Estado en sentido de ordenación jerárquica sino tres poderes coordinados, cada cual
con sus respectivas atribuciones y deberes, frente a la conducción del Estado.
Es preciso aclarar que en el sistema parlamentario en el que el parlamento es el centro
de gravedad política del Estado este órgano tiene mayores atribuciones que el congreso
de los regímenes presidencialistas. En esa forma de gobierno, el parlamento y, dentro
de él, la mayoría parlamentaria es la fuerza determinante de la vida del Estado, tanto
porque inspira la orientación política del gobierno y califica su programa de acción
como porque está asistida del derecho de fiscalizar los actos del poder ejecutivo y de
exigir responsabilidades a sus titulares. Un fortalecido parlamento desempeña funciones
legislativas, políticas, administrativas, económicas y judiciales.
En los regímenes presidenciales puros, en cambio, el congreso se limita casi
exclusivamente a sus obligaciones legislativas. Sólo excepcionalmente ejerce facultades
de control político-administrativo. El presidente es el jefe del Estado y el jefe del
57
gobierno. No existe gabinete como órgano constitucionalmente reconocido. Tampoco
existe un primer ministro: todos los ministros tienen el mismo rango de secretarios del
presidente en las diferentes carteras. No rinden cuentas ante el congreso sino ante el
presidente y no pueden participar en los debates del congreso, con el cual se comunican
por escrito o a través de las comisiones legislativas. Sin embargo, siguiendo el modelo
norteamericano, en el que existe una disposición constitucional en virtud de la cual “el
Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos
podrán ser destituidos de sus cargos si se les acusare y se les hallare culpables de
traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”, el presidencialismo tiene
procedimientos especiales para el juzgamiento por el congreso de la responsabilidad
política de los principales titulares de la función ejecutiva. Este juzgamiento se
denomina impeachment en los Estados Unidos. El proceso se origina en la Cámara de
Representantes, que es la encargada de llevar la acusación ante el Senado, el cual actúa
como juez y debe estar presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
cuando se trate de juzgar al Presidente de la República. La pena imponible al funcionario
culpable es la destitución del cargo, que puede ir acompañada de la inhabilitación para
desempeñar funciones de honor en el gobierno de los Estados Unidos. (Borja,
Enciclopedia de La Pólítica [versión electrónica], 2013)
Corresponde fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y Transparencia
Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores
públicos las informaciones que considere necesarias, así como expedir, modificar, reformar,
derogar e interpretar las leyes
Función Judicial
Tiene como objetivo administrar justicia en nombre de la república y por autoridad
de la ley, a través de las normativas establecidas principalmente en la Constitución y la Ley
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Orgánica de la Función Judicial. Administrar Justicia, es la potestad pública de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, en una materia determinada; por lo tanto, los órganos de la Función
Judicial no están revestidos de autoridad para ejercer otra actividad, que no sea la de dar a
cada uno lo suyo, dentro del mandato de la Constitución y la Ley.
La Constitución de la República se refiere a la función Judicial así:
Art. 167.- La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los
órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la
Constitución.
Art. 177.- La Función Judicial se compone de órganos jurisdiccionales, órganos
administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. La ley determinará su
estructura, funciones, atribuciones, competencias y todo lo necesario para la adecuada
administración de justicia.
Art. 178.- Los órganos jurisdiccionales, sin perjuicio de otros órganos con iguales
potestades reconocidos en la Constitución, son los encargados de administrar justicia, y
serán los siguientes:
1. La Corte Nacional de Justicia.
2. Las cortes provinciales de justicia.
3. Los tribunales y juzgados que establezca la ley.
4. Los juzgados de paz.
El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y
disciplina de la Función Judicial.
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La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares el servicio notarial, los
martilladores judiciales, los depositarios judiciales y los demás que determine la ley.
La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son órganos autónomos de la
Función Judicial.
La ley determinará la organización, el ámbito de competencia, el funcionamiento de los
órganos judiciales y todo lo necesario para la adecuada administración de justicia.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Para Rodrigo Borja, la Función Judicial debe gozar de independencia de las demás
funciones del estado y ninguna autoridad podrá interferir en los procesos judiciales.
La separación o división de los poderes del Estado consiste básicamente en que la
autoridad pública se distribuye entre los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, de
modo que a cada uno de ellos corresponde ejercer un cúmulo limitado de facultades de
mando y realizar una parte determinada de la actividad gubernativa.
El poder político, abstractamente considerado, es uno. Sin embargo, esto no obsta para
que se lo divida verticalmente y se encargue a órganos diferentes el ejercicio de las
porciones de poder resultantes de esa división. El propósito es evitar que la
concentración de la autoridad en un solo órgano estatal conduzca a la sociedad hacia el
despotismo. El fraccionamiento de la autoridad pública previene este peligro al asignar
a diferentes órganos el ejercicio de fracciones de poder. De este modo, ninguno de ellos
por sí solo tiene la fuerza suficiente para instaurar un régimen autoritario.
Dentro de este esquema, el principal cometido de la función judicial es impartir justicia
en la sociedad: o sea expresar la voluntad de la ley, como dicen algunos juristas. Esto
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significa que le compete resolver, dentro del marco de la legislación que le ha sido dado
por la función legislativa, todas las reclamaciones cuya dirimencia judicial le sea
solicitada.
La función judicial no hace la ley sino que la aplica a los casos particulares. Sus fallos
son obligatorios sólo para las partes, aunque en algunos casos sientan “jurisprudencia”,
es decir, establecen una forma de interpretar y de aplicar la ley en casos similares. Sin
embargo, las sentencias —que así se llaman los pronunciamientos finales de los jueces
y tribunales en cada caso de litigio judicial— sólo son obligatorias para las partes
involucradas en el asunto que se juzga.
En el ejercicio de sus funciones los órganos judiciales deben gozar de total
independencia. Ninguna autoridad ni poder en el Estado puede interferir en los juicios
y procesos judiciales. Las normas constitucionales deben asegurar esa independencia,
de acuerdo a una vieja tradición que viene del Act of Settlement inglés de 1701, que
prohibió a la corona destituir a los jueces a menos que exista una petición del parlamento
aprobada por la Cámara de los Lores bajo acusación de la Cámara de los Comunes.
La función judicial está integrada por jueces, funcionarios y empleados que, en
conjunto, forman una unidad institucional. El concepto de juez es genérico puesto que
comprende a todos quienes están investidos de la autoridad de juzgar. Pero los que
ejercen una autoridad superior y forman parte de los tribunales de alzada se denominan
magistrados. En el comienzo los jueces avocaban conocimiento de todos los asuntos
acerca de los cuales litigaban las personas. No había la distinción que hoy es usual, en
razón de la materia, entre jueces de lo civil, lo laboral, lo penal, lo mercantil, lo agrario,
lo tributario, lo societario, lo contencioso administrativo, etc. Este desglosamiento es
fruto de la creciente complejidad de la vida social y de la especialización de las
61
diferentes ramas y subramas del Derecho. Lo cual forzó también a crear juzgados y
tribunales especializados para cada área jurídica, con lo que surgió la noción de la
competencia como un concepto distinto del de jurisdicción. La jurisdicción es la
potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Encierra tres elementos de
acuerdo con los viejos principios del Derecho Romano: la mera notio, o sea el
conocimiento de la cuestión controvertida; la iuris dictio, que es la decisión o la
resolución acerca de ella; y el imperium que es el poder que tiene el juez para imponer
el cumplimiento de sus resoluciones. La competencia, en cambio, es la distribución de
la jurisdicción entre los diferentes juzgados y tribunales en razón de la materia, el
territorio, las personas, los grados y la cuantía de las reclamaciones. Todos los jueces
ostentan jurisdicción pero sólo algunos de ellos tienen competencia para conocer un
asunto determinado.
A fin de asegurar la supremacía de las normas constitucionales sobre todas las demás
que de ellas se derivan, se ha establecido el control de la constitucionalidad que, en unos
Estados, se ejerce por la función judicial, siguiendo el modelo norteamericano, y en
otros, bajo la autoridad de un tribunal o consejo constitucional independiente, según la
usanza francesa. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica [versión electrónica], 2013)
Función de Transparencia y Control Social
Es la encargada del control de la gestión pública en todos sus niveles: transparencia,
eficiencia, equidad y lucha contra la corrupción.
La integran los siguientes organismos autónomos:
Contraloría General del Estado
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
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Defensoría del Pueblo,
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Superintendencia de Control del Poder de Mercado
Superintendencia de la Información y Comunicación
Según mandato constitucional, esta función promoverá e impulsará el control de las
entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector
privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los
realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la
participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá
y combatirá la corrupción.
La Constitución de la República refiere a la función de transparencia y control social
en el artículo 204 así:
El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su
derecho a la participación.
La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las
entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del
sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para
que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará
la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y
prevendrá y combatirá la corrupción.
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La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría
General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad
jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.
(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
Función Electoral
Se encarga de garantizar los derechos políticos y de participación representativa,
organización y control de procesos electorales, registro de partidos y movimientos políticos,
entre otras actividades relacionadas con la actividad electoral.
Según la Constitución de la República en el artículo 217, la Función Electoral se
conforma:
La Función Electoral garantizará el ejercicio de los derechos políticos que se expresan
a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía.
La Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal
Contencioso Electoral. Ambos órganos tendrán sede en Quito, jurisdicción nacional,
autonomías administrativa, financiera y organizativa, y personalidad jurídica propia. Se
regirán por principios de autonomía, independencia, publicidad, transparencia, equidad,
interculturalidad, paridad de género, celeridad y probidad. (Constitución de la República
del Ecuador, 2008)
2.2.2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
También conocidos como GADs, son entidades del sector público que gozan de
autonomía propia, patrimonio económico y de capacidad jurídica para obrar y realizar actos
64
reglados y discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines en la forma
y condiciones que determine la Constitución y las leyes y con facultad legislativa para dictar
ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus órdenes. Cada circunscripción
territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y
la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias.
Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su
representación política.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados:
1. Las juntas o gobiernos parroquiales rurales,
2. Los concejos o gobiernos municipales,
3. Los concejos o gobiernos metropolitanos,
4. Los consejos o gobiernos provinciales y
5. Los consejos o gobiernos regionales.
El artículo 238 de la Constitución de la República se refiere a los Gobiernos
autónomos descentralizados así:
Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad,
subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.
Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los
concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los
consejos regionales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
65
2.2.3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio
de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para
desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
En este numeral encontramos las entidades que se han constituido por aprobación en
la Asamblea Nacional, que fueron aprobados por Ley como el I.E.S.S., Banco de Desarrollo,
Corporación Financiera Nacional. Etc. y entre los organismos creados por la Constitución
tenemos la Procuraduría y Corte Constitucional.
2.2.4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios público.
El acto normativo de los Gobiernos autónomos descentralizados son las ordenanzas,
por lo tanto, en este numeral se encuentran las empresas públicas creadas por los GADs, así
como los Registros de la Propiedad, Cuerpos de Bomberos Municipales, etc.
66
CAPÍTULO III
3. LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS Y LA DEMOCRACIA EN EL
ECUADOR
3.1. IDEOLOGÍAS POLÍTICAS
Lo primero que debemos hacer antes de empezar a desentrañar el término ideología
es proceder a establecer el origen etimológico del mismo. En concreto está claro que procede
del griego y está conformado por la unión de dos partículas de dicha lengua: idea, que se
define como “apariencia o forma”, y el sufijo logia, que puede traducirse como “estudio”.
La ideología política se convierte en la carta de presentación de los partidos políticos,
que se convierten en el pilar fundamental de la democracia, sin ellos sería imposible tener
un gobierno democrático.
El portal Wikipedia se refiere a ideología política así:
Muchos partidos políticos basan su acción política y manifiesto electoral en una
ideología. Según los estudios sociales, una ideología política es un juego ético de
67
ideales, principios, doctrinas, mitos o símbolos de un movimiento social, institución,
clase o un grupo grande que explica cómo la sociedad debería funcionar. Ofrece algún
programa político y cultural para un cierto orden social. Una ideología política se ocupa
mucho de cómo el poder debería asignarse y a cuáles fines debería concertar. Algunos
partidos siguen su ideología de manera estricta, aunque otros pueden tomar una
inspiración amplia de un grupo de ideologías relacionadas, sin específicamente abrazar
una idea específica. La popularidad de una ideología es en parte debida a la influencia
de empresarios morales, quienes a veces actúan en sus propios intereses.
Las ideologías políticas tienen dos dimensiones:
Fines: cómo la sociedad debería funcionar u organizarse.
Métodos: la manera más apropiada para lograr este fin.
Una ideología es una colección de ideas. Usualmente, cada ideología contiene ciertas
ideas de lo que considera la mejor forma de gobierno (por ejemplo, la democracia, la
teocracia, etc.), y el mejor sistema económico (por ejemplo, el capitalismo, el
socialismo, etc.). En ocasiones se usa la misma palabra para identificar una ideología y
una de sus ideas principales. Por ejemplo, el "socialismo" puede referirse a un modelo
económico, o puede referirse a una ideología que apoya este sistema.
Las ideologías también identifican a sí mismas por su posición en el espectro político
(como la izquierda política, el centro político o la derecha política), aunque a menudo
sea controversial. Finalmente, los fundamentos ideológicos pueden distinguirse de
estrategias políticas (por ejemplo, el populismo), y de asuntos individuales sobre los
68
que un partido se construye (por ejemplo, la oposición a la integración europea o la
legalización de la marihuana). (WIKIPEDIA, eciclopedia libre, 2015)
Tradicionalmente los partidos políticos se agrupan en izquierda, centro o derecha
según sus propuestas económicas, políticas y sociales.
Izquierda política: considera prioritario el progresismo y la consecución de la
igualdad social por medio de los derechos colectivos (sociales) circunstancialmente
denominados derechos civiles, frente a intereses netamente individuales (privados) y a una
visión tradicional de la sociedad, representados por la derecha política. En general, tiende a
defender una sociedad aconfesional o laica, igualitaria y multicultural. En función del
equilibrio entre todos estos factores, la izquierda política se divide en multitud de ramas
ideológicas.
Centro izquierda: integra formaciones políticas de izquierda moderada, alejadas de
las denominadas izquierdas revolucionarias o del comunismo. Las ideologías típicas de la
centro izquierda en occidente y especialmente en Europa sería la socialdemocracia, la
Tercera Vía, el socioliberalismo, nueva izquierda. El electorado esencial del centro izquierda
lo compone la clase trabajadora urbana, la clase intelectual académica e, incluso, la
población rural. El ecologismo y el democristianismo podría estar incluidos en el centro
izquierda dependiendo del país, en Estados Unidos a diferencia de otros países el liberalismo
suele ser encuadrado en el centro izquierda, debido a la preponderancia del conservadurismo
y el ultra conservadurismo en ese país.
69
Centro: conjunto de partidos, políticas e ideologías que se caracteriza por
considerarse a sí misma equidistante, en el espectro político, de la derecha y la izquierda
política. Es conveniente no confundir el centrismo con el reformismo. Mientras el centrismo
valora las posiciones consensuales como un fin en sí mismas, el reformismo mantiene
objetivos de largo plazo para las cuales tales posiciones serían solo un momento en un
proceso progresista de avance moderado o paulatino. En la práctica política contemporánea,
tanto el centrismo como el reformismo proponen y defienden políticas de economía mixta y
de profundización de la democracia.
Centroderecha comprende a las personas u organizaciones que comparten
ideologías de derecha y del centro o un intermedio entre ambas. La centroderecha encuadra
esencialmente el conservadurismo laico o secular, además de algunas corrientes del
liberalismo y el democristianismo. El electorado esencial de la centroderecha lo componen
la clase media urbana profesional y la población rural.
Derecha política es un concepto que se refiere al segmento del espectro político
asociado a posiciones conservadoras, religiosas o bien simplemente opuestas a la izquierda
política. Engloba por tanto a corrientes ideológicas muy diversas cuyas separaciones puede
ser tajante, dependiendo de que consideren prioritaria la defensa de la libertad individual
(liberalismo), la defensa de la patria (nacionalismo, patriotismo) o de que ante todo busquen
el mantenimiento del orden social establecido (tradicionalismo, conservadurismo). En
oposición a la izquierda política, el sector más liberal enfatiza el libre mercado por encima
del intervencionismo de las administraciones públicas y busca potenciar valores y derechos
individuales, frente a posiciones colectivistas o estatistas, mientras que el sector más
70
conservador es partidario del encuadramiento colectivo en estructuras rígidamente
jerarquizadas y disciplinadas.
Rodrigo Borja en su enciclopedia La política define a la ideología política de la
siguiente manera:
Es un sistema de ideas, creencias y valores filosófico-políticos sobre el fenómeno
humano y el fenómeno social.
La palabra idéologie fue acuñada por el filósofo francés Antoine-Louis Destutt de Tracy
en 1795 como ciencia general de las ideas y divulgada por los pensadores y
protagonistas de la Revolución Francesa. Tuvo en sus orígenes una connotación
iconoclasta porque significó el sometimiento a revisión de las supuestas verdades y de
los sistemas metodológicos de las ciencias y de las religiones. Antoine-Louis Destutt de
Tracy (1754-1836), que tan definidamente encarnó el espíritu de la Ilustración, sostuvo
que el progreso de las ciencias sólo podía asegurarse si se las liberaba de la influencia
de las ideas falsas. Y para eso era la ideología, a la que le encargó la misión primordial
de denunciar de modo irreverente toda metafísica y rechazar todo prejuicio y toda idea
que no se fundaran en la razón. De ahí que la ideología recibió el durísimo embate de
los pensadores de la restauración e incluso y sorprendentemente del propio Napoleón,
quien dijo de los ideólogos que eran unos ingenuos adoradores de la razón, carentes de
contacto con la realidad.
Las ideologías entrañan una peculiar concepción del mundo, una cosmovisión: un
weltanschauung, para utilizar la intraducible palabra de los alemanes. Idealistas unas,
materialistas otras, ellas son desde el punto de vista filosófico distintas maneras de
entender la libertad, la justicia social, el equilibrio entre la libertad y la autoridad, las
tensiones entre la libertad y la igualdad, la organización y fines del Estado, la función
71
de éste en el proceso económico de la sociedad, los linderos del concepto democrático,
la organización y participación popular, la distribución del ingreso, los límites y
responsabilidad social del derecho de propiedad y otros temas cardinales de la
convivencia humana.
La ideología es la forma como cada sujeto o grupo de sujetos ve el mundo, de acuerdo
con sus conocimientos, experiencias, sensibilidades, condicionamientos y lugar que
ocupa en la estructura social —particularmente, en el proceso de producción
económica—, factores, todos éstos, que le imprimen una manera de ver las cosas.
Tienen toda la razón los pensadores marxistas cuando afirman que la posición
económico-social de cada persona condiciona su ideología. Esto es lo que ocurre
normalmente, salvo casos excepcionales. Quienes están ubicados en las alturas del
escalafón social —banqueros, grandes empresarios, terratenientes, personas
adineradas— piensan que el sistema bajo el cual viven y medran es el mejor posible y
que hay que defenderlo. Creen sinceramente que es el más libre, justo y eficiente.
Asumen esta ideología consciente o inconscientemente. Con frecuencia no se dan
cuenta siquiera de que sus percepciones, su pensamiento, sus gustos, sus preferencias,
sus valoraciones han sido condicionadas por su posición económica. Tienden a adoptar,
por tanto, una actitud profundamente conservadora. Aborrecen los cambios que puedan
trastocar el orden social y afectar su posición de privilegio. Las normas de Derecho que
rigen la sociedad —obra humana al fin— responden a esta ideología y protegen los
intereses de quienes tienen el poder suficiente para formularlas. Carlos Marx y Federico
Engels decían en el Manifiesto Comunista que el modo de producción de los bienes
económicos determina la manera de ser de la sociedad —con sus leyes, gobierno,
tribunales y demás entidades tutelares— y condiciona la forma de pensar de las
personas.
72
Hay también una relación directamente proporcional entre el nivel de educación de ellas
y la fuerza y convicción con que piensan y sienten una ideología. Las elites y las capas
mejor educadas en el escalafón social tienden a adherirse más a los planteamientos
ideológicos.
En este campo las personas se mueven entre dos extremos: la convicción ideológica
profunda, que determina para ellas una constante manera de ser y de ver las cosas, y el
pragmatismo, que es el inmediatismo utilitario, desde el cual se juzga la verdad —o,
mejor, la conveniencia— de las doctrinas políticas. Son ellas dos posiciones antagónicas
frente a la vida social: fundada en ideas, la una, y empírica, la otra, ligada no a las ideas
sino a los intereses. Por eso con la palabra pragmatismo, en el ámbito político, se quiere
decir antiideología.
Las ideologías dicen lo que hay que hacer desde el poder y para quién, mientras que los
esquemas programáticos, que son un desprendimiento de ellas, señalan el cómo y el
cuánto de tales acciones. En consecuencia, en todos los actos gubernativos está inscrita
la ideología. Por ejemplo, la elaboración del presupuesto estatal y, dentro de él, la
fijación de prioridades en el gasto público son cuestiones esencialmente ideológicas. El
por qué se privilegia una inversión o se hace una obra y se posterga otra encuentra en la
ideología su respuesta.
Y puesto que inevitablemente sus propuestas tienen destinatarios, es decir, favorecen o
perjudican a alguien concreto, todas las ideologías políticas llevan en sus entrañas una
ética, o sea una justificación axiológica de sus planteamientos. Hay una ética del poder
y una ética de la distribución del ingreso. El fascismo, por ejemplo, benefició a
determinadas elites políticas y económicas. El liberalismo y el neoliberalismo
privilegian los intereses de pequeños grupos identificados o identificables dentro de la
73
sociedad. Los socialismos tienen también sus beneficiarios, que son los trabajadores
intelectuales y manuales. Las ideologías, al definir el papel del Estado en la sociedad,
las relaciones de producción y de propiedad, los límites de la autoridad pública y los
linderos de la libertad personal, no pueden dejar de ”favorecer” o de “perjudicar” a
determinados sectores sociales. A esto se refiere la ética de las ideologías.
Toda ideología política tiene tres partes: a) el análisis crítico del presente, con
referencias necesarias al pasado histórico del que nace; b) el señalamiento de objetivos
de futuro, con todas las implicaciones internas e internacionales que éstos tienen; y c)
la metodología para alcanzarlos, es decir, el repertorio de medidas a tomarse para el
tránsito del presente, con todas sus carencias, al futuro deseado, con todas sus
expectativas.
Las ideologías tienen siempre un dejo de amargura por las frustaciones actuales y de
esperanza por los logros del porvenir. Esto ha hecho que con frecuencia a los ideólogos
políticos del cambio se les imputara “amargura” o “resentimiento social”. La
interpretación y crítica del pasado usualmente contiene reproches. Esto es lógico en las
ideologías que propugnan el cambio social. Es cuestión de posiciones de filosofía de la
historia. Los utopistas ponían mucho énfasis en los valores éticos y concluían que las
fallas del pasado se debían a transgresiones morales. Los pensadores católicos
analizaban las cosas en función de categorías religiosas. Los marxistas y los
representantes de otras tendencias socialistas, en cambio, asignaban gran importancia a
las cuestiones económicas.
Mezcla de descontento con lo que se tiene y esperanza con lo que se quiere tener, la
ideología diseña el mundo deseable. A veces confunde la realidad con la utopía.
Encierra una serie de medios para solucionar los problemas sociales. Esos medios se
74
organizan en políticas, planes, programas y medidas a ejecutarse para alcanzar el
tránsito de la realidad actual a la realidad futura.
El proceso de integración política y económica, que supone la formación de órganos
parlamentarios y administrativos supranacionales, ha llevado a pensar en términos
ideológicos de escala transnacional y, por ende, a concertar acciones partidistas que
rebasan las fronteras nacionales. Europa va a la cabeza de este proceso. Allí están en
trance de formación partidos multinacionales para integrar el Parlamento Europeo bajo
la inspiración de dos tendencias ideológicas predominantes: la socialista y
socialdemócrata, por un lado, y por otro la democristiana-conservadora, que incluye a
los llamados “giscardianos” franceses y a otros grupos de la Derecha europea. Ambas
pugnan por el control del parlamento. La primera tendencia inspira al Partido del
Socialismo Europeo, cuyos miembros están alineados en la Internacional Socialista, y
la segunda al Partido Popular Europeo, cuyo eje son los conservadores ingleses, los
integrantes de Fuerza Italia, los demócratas cristianos italianos (cambiados de nombre
a raíz del escándalo financiero de 1993) y los “giscardianos” de Francia, seguidores del
expresidente Valery Giscard D’Estaing. Los diputados elegidos en cada país de acuerdo
con sus normas electorales nacionales se alinean, en el seno del Parlamento Europeo,
en función de sus principios ideológicos. Y con ello se produce un fenómeno de
superposición de lo ideológico sobre lo geográfico. Lo cual, de paso, es un mentís a la
extendida afirmación de que “han muerto las ideologías políticas”. Ellas están tan
vigentes en Europa que, en el seno de la Unión Europea, los miembros de los órganos
colegiados se organizan y votan en función ideológica antes que en función nacional.
Una de las grandes falacias de nuestro tiempo es que han muerto las ideologías. Esto se
repite con isócrona y sospechosa frecuencia. Es, sin embargo, una tesis falsa y peligrosa
promovida por quienes hacen política hablando mal de la política y toman una posición
75
ideológica postulando la muerte de las ideologías. Falsa, porque sencillamente no es
verdad que ellas hayan muerto: están indisolublemente ligadas a la teoría y práctica del
gobierno de los pueblos. Sin ellas, la tarea de gobernar no pasaría de ser una tosca faena
artesanal, sin trascendencia ni significación histórica. Y peligrosa, porque alienta, entre
otras anomalías políticas, el golpismo ideológicamente amorfo, surgido de cualquier
aventura cuartelera de media noche, o el populismo que es el arrebañamiento de las
multitudes, sin brújula ni bandera, en torno de ese hechicero del siglo XXI que es el
caudillo populista, en trance siempre de ofrecer el paraíso terrenal a la vuelta de la
esquina.
El populismo es, en cierto modo, la antidemocracia porque la democracia es la
participación consciente y reflexiva del pueblo en la toma de decisiones políticas dentro
del Estado mientras que el populismo es su movilización emocional y arrebañada que
le conduce con frecuencia a defender tesis objetivamente contrarias a los intereses
populares.
Que algunas de las ideologías han entrado en crisis o están en trance de desaparición,
no cabe la menor duda. La crisis es parte de la existencia de los seres vivos. Las
ideologías son seres vivos y perecibles como todos los demás. Están sometidas a las
inexorables leyes de la dialéctica. Pero eso no significa que todas las ideologías hayan
muerto. Han muerto —o deben morir— los dogmas y los fundamentalismos, la
charlatanería seudoideológica y las verdades inmutables. Han muerto —o deben
morir— los planteamientos paradigmáticos con pretensiones de eternidad. Pero las
ideologías viven: son las diversas formas de entender la organización de la sociedad y
la conducción del Estado.
76
Ellas son siempre perfectibles, están en permanente integración. La quietud ideológica
no existe, no hay sagradas escrituras políticas establecidas de una vez para siempre.
Ninguna ideología es eterna. Lo pudimos ver recientemente con el marxismo. A pesar
de autodefinirse como “socialismo real” no sintonizó la realidad y no obstante
proclamarse “socialismo científico “pasó de la ciencia a la utopía y de la utopía al
dogma. Olvidó que es inherente a toda proposición científica el ser revisada,
perfeccionada, completada y eventualmente sustituida. Este es el destino de lo
científico. El marxismo no pudo escapar a las leyes dialécticas que él mismo contribuyó
a desarrollar y sucumbió bajo la contradicción de contemplar un entorno
permanentemente móvil desde un punto de vista implacablemente inmóvil.
Todo esto causó la implosión de los regímenes marxistas. Porque eso fue lo que ocurrió:
se rompieron internamente los andamiajes y columnas y toda su estructura se vino al
suelo. Fue una acción endógena. No fueron el cerco de la CIA, ni los cañones de la
OTAN ni el bloqueo económico internacional los que echaron abajo el sistema, sino sus
propias fuerzas interiores.
La lección que aquellos hechos nos dejan es que la ideología debe someterse a dos
pruebas para garantizar su viabilidad: el libre debate de sus postulados y el contacto con
la realidad. Los principios ideológicos están llamados a enriquecerse con el debate de
las ideas. Las ideologías se hacen todos los días: son una tarea permanente y siempre
inconclusa. La realidad las modifica y les impone límites y condiciones de factibilidad.
Se ha dicho que la política es el arte de lo posible pero también es el arte de hacer posible
lo deseable. En todo caso, la realidad pone su sello a los anhelos ideológicos. Si una
ideología resiste ambas pruebas es buena. Pero ésta no es una bondad universal. Es una
bondad referida necesariamente a condiciones espacio-temporales determinadas.
77
Lo que sí ha ocurrido es que la revolución digital —que avasalla todo, modifica el rostro
del mundo, impone la velocidad como el signo de los tiempos, suplanta la dimensión
espacial por la dimensión temporal en todas las actividades humanas, “desterritorializa”
la vida de las sociedades— ha afectado también a las ideologías políticas o, para ser
más preciso, a la explicación y comunicación de ellas, que tradicionalmente se hicieron
por medio de la palabra escrita o hablada. En la política contemporánea, que se hace a
través de los modernos medios audiovisuales creados por la informática, la imagen se
ha sobrepuesto a la palabra. Y esto ha tenido obvias consecuencias limitantes sobre la
explicación, análisis y difusión de las ideologías.
En las difíciles y a veces escabrosas relaciones entre los políticos y los intelectuales,
con frecuencia aquéllos reprochan a éstos su “ideologismo”, o sea su concepción
abstracta y contestataria de las cuestiones políticas, sin contacto alguno con la realidad.
Los políticos y los intelectuales se mueven en dos bandas diferentes. Los unos en el más
puro y descarnado pragmatismo y los otros en la teorización abstracta y despreocupada.
De ahí que el “ideologismo” inconforme de los intelectuales cobró una connotación
despectiva.
Me temo que la propia afirmación de que las “ideologías han muerto” es, en sí misma,
un acto ideológico muy claro, detrás del cual están parapetados intereses políticos y
económicos concretos. Es una aseveración que viene de la derecha. Nunca he escuchado
esta frase a una persona de izquierda. Me parece que ocurre con ella lo mismo que con
esa otra afirmación de que no hay izquierda ni derecha, como ubicaciones ideológicas
del hombre frente a la vida social: su sola aseveración es un síntoma de la posición
conservadora de su autor, interesado en descalificar la clasificación misma de las
personas en función de su actitud frente al progreso social.
78
Uno de los inspiradores de esta tesis es el filósofo norteamericano de origen japonés
Francis Fukuyama, quien en un libro muy leído que salió a luz a comienzos de los 90,
cuyo título original fue “The End of History and the Last Man”, sostiene que después
de la confrontación Este-Oeste la lucha ideológica y la historia han llegado a su final
con el triunfo de la democracia liberal, fundada en los “principios gemelos” de libertad
e igualdad. Ella terminó por vencer a las ideologías rivales que se le opusieron a lo largo
del tiempo: la monarquía hereditaria, el fascismo y, más recientemente, el comunismo.
Por consiguiente —dice Fukuyama— la democracia liberal con su “mercado libre”
constituye “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad” y “la forma final
de gobierno”. Afirma, consecuentemente, que la historia direccional, orientada y
coherente de las postrimerías del siglo XX ha conducido a la mayor parte de la
humanidad hacia la ideología liberal y hacia su sistema de gobierno y de regimentación
social. Y que allí termina todo. No hay ni habrá más búsquedas. Ha llegado “el fin de la
historia”.
La tesis de Fukuyama levantó con mucha razón una ola de controversias por parte de
quienes consideran que la historia no concluye con el triunfo de una forma de gobierno,
por legítima que sea, sino que sigue adelante por la sucesiva contraposición de tesis. Y
que, por tanto, ella no tiene fin: se hace todos los días, las cosas son siempre perfectibles,
nada hay acabado. Todo fluye incesantemente en un ser y dejar de ser interminables.
Las más encendidas críticas provinieron de los seguidores de Marx, no obstante que
éste, como lo sabemos, llegó a una conclusión parecida a la del filósofo oriental: la
historia terminará cuando la humanidad alcance la sociedad socialista sin clases. Este
será “el fin de la historia” según el marxismo. Los planteamientos son muy parecidos
aunque formulados desde ángulos diametralmente opuestos. Para Fukuyama el
desenlace final de la historia es la democracia liberal y para Marx fue la democracia
79
socialista. Ambos coinciden en que, desde ese punto en adelante, no hay más opciones.
Descartan la posibilidad de avances y retrocesos. No admiten que puedan descubrirse
formas diferentes de organización social que representen grados superiores de evolución
ideológica o que, por el contrario, puedan darse retrocesos, como en el drama de
Penélope, que obliguen a los hombres a comenzar de nuevo. Fukuyama funda su tesis
en que la democracia liberal no tiene las contradicciones interiores ni los defectos e
irracionalidades que condujeron a su colapso a las otras formas de gobierno mientras
que Marx sustenta sus asertos en que, eliminadas las clases gracias a la supresión de la
propiedad privada de los instrumentos de producción, la sociedad se desembarazará de
sus contradicciones internas. En este punto, paradójicamente, la dialéctica marxista
encuentra su final: la lucha de los contrarios termina allí.
Lejos de cometer el desacato de equiparar a los dos filósofos, ni mucho menos,
simplemente anoto que ambos tienen su propio “fin de la historia”.
Como vimos antes, la vigencia de las ideologías tiene una expresión muy clara en el
proceso de integración política y económica de la Unión Europea, que se construye bajo
la influencia de dos grandes tendencias ideológicas: la socialista y socialdemócrata, por
un lado; y, por otro, la demócrata-cristiana y conservadora. Estas son las dos fuerzas
que han predominado en el Parlamento Europeo. Sus diputados, elegidos en cada Estado
de acuerdo con sus propias normas jurídicas, se alinean y votan allí en razón de los
principios ideológicos que profesan y no de su origen nacional. Son muy pequeños los
grupos de eurodiputados que se mueven al margen de esta bipolaridad política: los
escasos eurodiputados verdes y los comunistas. En general, bajo el imperio de las
ideologías, los titulares de los órganos colegiados de la Unión Europea se organizan y
deciden en función ideológica antes que en función nacional. Con lo cual se produce el
fenómeno de la superposición de lo ideológico sobre lo geográfico.
80
En el curso de los tiempos han surgido muchas ideologías políticas, algunas de las cuales
alcanzaron preeminencia en un tramo de la historia universal: el conservadorismo, el
liberalismo, el anarquismo, las versiones del fascismo, el marxismo, las varias opciones
socialistas y el neoliberalismo. Hubo, además, numerosos subsistemas ideológicos,
enclavados en diversas realidades espacio-temporales. Podría citar, entre muchos otros,
el lassallismo o conjunto de las ideas y planteamientos del escritor, filósofo, político y
líder obrero marxista alemán Ferdinand Lassalle (1825-1864), cuya influencia fue
decisiva en el desenvolvimiento de la socialdemocracia alemana y en el desarrollo del
movimiento obrero, puesto que fue el fundador de la Liga General Alemana de
Trabajadores en 1863, el primer partido político obrero que se constituyó en Alemania,
precursor del Partido Socialdemócrata alemán; el luddismo, que fue el violento
movimiento de protesta de los obreros ingleses contra sus empresarios por los bajos
salarios que percibían, que estalló en Nottinghamshire a fines del año 1811 y que
culminó con la destrucción de las instalaciones industriales de William Cartwright en
abril de 1812; el sionismo, que fue el nombre de la ideología y el movimiento político
de los judíos, fundado en Basilea por Teodoro Herzl en 1897, para luchar por el
establecimiento del Estado de Israel en las tierras de Palestina; el batllismo, que fue el
conjunto de principios políticos sustentados por el líder político y periodista uruguayo
José Batlle y Ordóñez, presidente de la República durante los períodos 1903-1907 y
1911-1915 y uno de los líderes políticos latinoamericanos más visionarios y progresistas
de su tiempo; el gandhismo o sea el conjunto de ideas y planteamientos propuestos por
el líder y pensador hindú Mahatma Gandhi —cuyo verdarero nombre fue Mohandas
Karamchand Gandhi—, quien enseñó en la primera mitad del siglo XX que las verdades
humanas son provisionales, abiertas y experimentales y predicó la teoría y la práctica
de la no violencia; el kemalismo, consistente en las teorías nacionalistas y
modernizantes de Mustafá Kemal Atatürk (1880-1938), líder de la revolución turca, que
suprimió el sultanato y fundó la moderna república de Turquía; el justicialismo o
81
peronismo, que es el movimiento político de corte populista fundado en Argentina por
el general Juan Domingo Perón a finales de los años 40 del siglo pasado y el conjunto
de sus ideas políticas; el aprismo, que es como se denomina a la gama de principios
doctrinales y programáticos sustentados por el Partido Aprista Peruano, de larga
gravitación en la vida pública de Perú, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-
1979), líder y pensador político de extraordinario valor, cuya vastísima producción
intelectual alcanzó gran resonancia en América Latina; el nasserismo o las ideas
socializantes del nacionalismo árabe postuladas por el oficial egipcio Gamal Abdel
Nasser (1918-1970), quien al mando de las jóvenes promociones militares de Egipto
encabezó un golpe de Estado el 23 de julio de 1952 contra el rey Farouk y asumió el
poder; el browderismo, que fue el término acuñado en el seno de los grupos marxistas
de la Tercera Internacional para designar el acercamiento oportunista de los dirigentes
de izquierda a los gobiernos burgueses, término que derivó del nombre del jefe del
Partido Comunista de los Estados Unidos, Earl Browder, acusado de “colaboracionista”
y “oportunista” por Moscú y expulsado del partido en 1946 por haber sostenido durante
la Segunda Guerra Mundial que los comunistas deben aproximarse a los gobiernos
burgueses para alcanzar el común objetivo de vencer al fascismo; el estalinismo, que
fue la interpretación más autoritaria, dogmática e inflexible del marxismo hecha por
Joseph Stalin y sus seguidores desde el poder en la Unión Soviética; el gaitanismo, que
es el conjunto de las ideas políticas, de corte socialista democrático, del más grande los
los caudillos populares de Colombia en el siglo XX, Jorge Eliécer Gaitán, empeñado en
el propósito de “socializar” el liberalismo, quien cayó asesinado en 1948; el titoísmo
que fue el conjunto de ideas y realizaciones socialistas de Josip Broz —mejor conocido
como el mariscal Tito—, quien gobernó la República Federal Socialista de Yugoeslavia
desde 1945 hasta 1980; el tradeunionismo, tomado del inglés trade unionism, que fue la
versión anglosajona y escandinava del sindicalismo, moderado y reformista, que se
afincó especialmente en los Estados Unidos y en los países europeos, cuyos principales
82
teóricos fueron Selig Perlman y los esposos Webb; el gaulismo, que es como se
denominaba a las ideas bonapartistas y autoritarias del conservador gobernante de
Francia Charles De Gaulle; el >macartismo, que fue la actitud anticomunista demencial
iniciada en los Estados Unidos en febrero de 1950 por el senador republicano Joseph
McCarthy, quien acusó al presidente Harry S. Truman y a varios oficiales de las fuerzas
armadas norteamericanas de servir los intereses soviéticos y denunció que en el
Departamento de Estado había 57 funcionarios comunistas y 205 empleados
filocomunistas; el fidelismo, entendido como la interpretación del marxismo-leninismo
formulada por el líder de la revolución cubana Fidel Castro, para aplicarlo a las
condiciones de subdesarrollo económico y social de la isla caribeña; el thatcherismo,
que fue la serie de tesis políticas de la primera ministra de Inglaterra Margaret Thatcher,
que lideraba el ala derecha del Partido Conservador, quien sostenía el monetarismo en
lo económico, es decir, la tendencia a exagerar la influencia de la moneda y, por ende,
de la política monetaria en el comportamiento de la economía, y su adhesión a lo que
denominaba “rolling back the stae” (rodar hacia atrás el Estado), o sea abolir todo
vestigio del Estado de bienestar inglés de larga tradición bajo los gobiernos del Partido
Laborista; la reaganomics, que fue el conjunto de ideas y planteamientos del presidente
Ronald Reagan de los Estados Unidos —en realidad, de su equipo de gobierno—,
durante su permanencia en la Casa Blanca desde 1980 hasta 1988, que descansó sobre
dos bases: el monetarismo, o sea la convicción absoluta de que la política monetaria y
la oferta de medios de pago en el mercado por la banca de emisión determinan el rumbo
de la economía de un país (tesis fundada en la denominada teoría cuantitativa del dinero)
y el sometimiento de la economía a las fuerzas del mercado; el nuevo pensamiento, que
fue la expresión tomada del libro “Perestroika” de Mijail Gorbachov a mediados de la
década de los años 80 para significar la naturaleza y los alcances de su propuesta de
restructuración de la Unión Soviética sobre dos ejes: la perestroika, es decir, su
reordenación política y económica, y la glasnost, o sea la transparencia y publicidad de
83
los actos de gobierno; el sandinismo, que fue el nombre que, en homenaje al jefe
guerrillero liberal Augusto César Sandino, que opuso una tenaz resistencia a las fuerzas
de ocupación norteamericanas a comienzos del siglo XX, se dio al movimiento
insurgente formado en 1962 —y a sus planteamientos— para combatir contra la
dictadura de la familia Somoza en Nicaragua; el senderismo, que fue esa extraña mezcla
de maoísmo con las antiguas mitologías andinas que animó la acción del movimiento
terrorista Sendero Luminoso en Perú a comienzos en los años 80 bajo el liderazgo de
Abimael Guzmán; el tercermundismo, que tiene dos significaciones: el compromiso con
la defensa de los intereses de los países pobres en su lucha por un trato justo en el orden
internacional, y el comportamiento político inmaduro, tropicalista y visceral que a veces
adoptan los políticos del tercer mundo; el trilateralismo, que son las ideas y estrategias
sustentadas por la Comisión Trilateral constituida en Tokio el 23 de octubre de 1973
por empresarios, políticos, economistas y diplomáticos influyentes de los Estados
Unidos, Europa y el Japón con el propósito de buscar una mayor cohesión entre las
grandes corporaciones transnacionales, fortalecer el capitalismo y resistir la presión de
los países comunistas en los tiempos de la guerra fría; el tropicalismo, que designa
despectivamente una peculiar ideación y conducta políticas carecterizadas por la
superficialidad de juicio, la exaltación de ánimo, la incontinencia verbal, la locuacidad
y el menguado rigor científico de las ideas; el globalismo, que es la teoría surgida a
comienzos del siglo XXI para defender la nueva estrategia de los Estados industriales,
que es la globalización, y enaltecer el fundamentalismo del mercado, exaltar la libertad
de comercio, bregar por el abatimiento de las barreras arancelarias, impulsar el flujo
internacional libre de los factores de la producción, propugnar el desmantelamiento del
Estado, implantar la monarquía del capital, fomentar la internacionalización de la
economía, promover el uso de las nuevas tecnologías, defender la “desregulación” de
las actividades económicas, favorecer la homologación de las costumbres, imitar las
84
pautas de consumo y extender la sociedad consumista. (Borja, Enciclopedia de La
Pólítica [versión electrónica], 2013)
3.1.1. PRINCIPALES IDEOLOGÍAS POLÍTICAS
Populismo
El populismo se basa en el pueblo para construir su poder, consideran especialmente
las clases sociales bajas y sin privilegios económicos o políticos. Busca el enfrentamiento
de los pobres con lo de clase media y alta, realiza constantes denuncias de los males que
encarnan las clases privilegiadas, divide al país en pobres y ricos. Los líderes populistas, por
lo tanto, se presentan como los salvadores de la patria y de los humildes. Ejemplo de
populismo en el Ecuador se puede considerar el Velasquismo.
Rodrigo Borja, no considera el populismo como una ideología y lo define así:
Se llama populismo a una posición y a un estilo políticos —que no llegan a ser
ideológicos— caracterizados por el arrebañamiento de las multitudes en torno a ese
“hechicero del siglo XXI”, listo siempre a ofrecer el paraíso terrenal a la vuelta de la
esquina, que es el caudillo populista.
Por extensión se denomina también populismo a toda concesión demagógica o
populachera que hace un político.
El término populismo se originó en los Estados Unidos en la última década del siglo
XIX con referencia a los planteamientos del People’s Party, que se había formado para
canalizar las demandas y las protestas poco elaboradas pero justas de los pequeños
granjeros del oeste, expoliados por los centros industrializados del este que controlaban
85
los mercados de materias primas y de productos agrícolas, fijaban los precios de ellos,
manejaban los créditos del sector bancario, monopolizaban las redes de almacenamiento
de granos y dominaban las líneas de ferrocarril. El People’s Party era en esa época el
más poderoso de los movimientos alternativos que se atrevían a desafiar a los dos
grandes partidos tradicionales: el republicano y el demócrata. Tuvo un millón de votos
en las elecciones presidenciales de 1892 y cuatro años más tarde su candidato William
Jennings Bryand se ubicó a menos de 500 mil votos de la victoria.
Años después, durante la primera posguerra, se volvió a usar el término populismo con
relación al movimiento narodnichestvo en la Rusia zarista, que también fue un
movimiento que trató de promover los intereses de los pequeños agricultores y los
trabajadores del campo empobrecidos para conquistar condiciones de igualdad con
respecto a la gente de las ciudades. El Narodniki postulaba principios anticapitalistas y
tuvo una gran acogida entre las masas campesinas de Rusia.
El populismo no es un movimiento ideológico sino una desordenada movilización de
masas, sin brújula doctrinal. No es en realidad una legítima expresión democrática
puesto que, bajo la enseña reivindicatoria, con frecuencia se lleva a los pueblos a
defender posiciones objetivamente opuestas a sus intereses. Por eso se dijo de un
vigoroso caudillo populista ecuatoriano de mediados del siglo XX que “fascina a las
masas sin dejar de servir a las oligarquías”. En cierto sentido es la antidemocracia
porque la democracia es la participación consciente y reflexiva de los pueblos en las
tareas de interés general mientras que el populismo es su intervención emocional y
arrebañada, librada a las potencialidades taumatúrgicas del caudillo populista. Pero, a
pesar de eso, no se puede negar que el populismo, excepción hecha de los nazi-
fascismos, representó en algunos lugares un avance con respecto al Estado oligárquico
anterior, que vedaba toda intervención de los pueblos en los asuntos estatales.
86
En la era digital ha surgido con fuerza un nuevo elemento suplantador de las ideologías:
son las encuestas de opinión pública. Los gobernantes populistas hacen y dicen lo que
ellas mandan, independientemente de consideraciones de conveniencia pública. Estos
conductores conducidos son esclavos de los sondeos de opinión y su más alta prioridad
es halagar a las masas.
No es debido hablar de “populista de izquierda” o “populista de derecha”, como a veces
se hace, ya que izquierda y derecha son categorías ideológicas que no tienen cabida en
el populismo, que es una entidad aideológica. El populismo es, simplemente,
populismo. O sea una conjunción de agentes políticos en torno a la “magia” del caudillo
populista, sin consideración alguna a planteamientos de orden ideológico.
La tecnología para la fabricación de un caudillo populista es bastante simple: exaltación
hiperbólica de su personalidad, fabricación de la aureola carismática, providencialismo,
demagogia. Para este fin, un coro de alabanzas bien dirigido y articulado canta en su
entorno, y repite y repite las mismas loas prefabricadas y estereotipadas hasta
incrustarlas en el cerebro de la gente. Simultáneamente se fabrica el “enemigo” o los
“enemigos” —nacionales y, eventualmente, extranjeros— contra quienes se dirigen
todos los reproches, dicterios y acusaciones y contra quienes se fomenta, enardece y
canaliza el odio de la colectividad. Viene entonces el maniqueísmo, la adulación a la
masa y la asunción del monopolio de la verdad. Los “enemigos” son los culpables de
todos los quebrantos que sufre el país, de los cuales serán liberados por obra y gracia
del caudillo. Aunque la plaza pública es su escenario natural, el caudillo populista
incursiona también en la radio y la televisión —que es la plaza pública virtual de las
ondas visuales y sonoras— para difundir programas populacheros hábilmente
manipulados. Es el populismo mediático, que algunos denominan “neopopulismo”, pero
que es el populismo tradicional ejercido con métodos y tecnologías modernos. La
87
voluntad popular, encarnada en el caudillo, no puede someterse a limitaciones jurídicas.
Éste proclama la “insuficiencia” de las leyes. Está por encima de las ideologías. No se
somete a programas. Hace de la política un espectáculo. Da al pueblo pan y circo. Va
hacia un paternalismo providencial. La política populista, en el ámbito económico, es
terriblemente irresponsable. El patrimonio público es el patrimonio del caudillo y su uso
es discrecional.
El populismo es, sin duda, una patología social o el síndrome de ella.
Puesto que es un efecto político de causas económicas, sus raíces profundas deben
buscarse en la pobreza, la marginación, la falta de educación, la explosión demográfica,
el éxodo de los campesinos hacia las ciudades y el urbanismo cargado de problemas
sociales. Estos son los factores determinantes del populismo. Las masas hacinadas en
los cinturones de vivienda precaria de las grandes ciudades, en medio de la miseria, la
insalubridad, la desocupación y la violencia, son la causa primera del populismo.
Los grupos de pobreza extrema son muy sensibles a la prédica reivindicatoria y se
entregan fácilmente a la seducción de la demagogia. Por eso es que la “materia prima”
del populismo son el subproletariado y el lumpemproletariado antes que los obreros o
las capas medias de bajos recursos. El primero es el amplio grupo “desclasado” de las
sociedades del tercer mundo, que está fuera de las clases sociales tradicionales, cuyas
condiciones de vida son deplorables. Está integrado principalmente por los inmigrantes
sin preparación ni destrezas que, en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida,
llegan desde el campo o desde las ciudades pequeñas y forman los cinturones de
vivienda precaria en las grandes urbes. Viven bajo el nivel de pobreza, carecen de un
dador de trabajo estable y no están garantizados por un código laboral ni amparados por
el sistema de seguridad social. Permanecen en medio de la más absoluta incertidumbre,
88
la falta de seguridad y la carencia de previsibilidad sobre su futuro. Sus impulsos
reivindicatorios son muy fuertes. Tienen un alto grado de conciencia de su marginación
social.
Otro de los componentes del populismo es el lumpemproletariado, del que Marx dijo
alguna vez que era el resultado de la “putrefacción” de las capas más bajas de la vieja
sociedad capitalista y que sus miembros eran tan miserables que, si bien eran capaces
de rebeldías individuales, usualmente se veían precisados a “venderse” a sus enemigos
de clase para poder alimentarse. Los anarquistas, en cambio, afirmaban que este
segmento social era el elemento más revolucionario de la sociedad capitalista. El
lumpemproletariado se nutre de elementos salidos de diversas clases a los que las
condiciones de la organización política arrojan al “fondo” de la pirámide social. Es una
suma muy heterogénea de tipos humanos: individuos sin ocupación fija, vagabundos,
mendigos, timadores, saltimbanquis, personas que lucran con el comercio ilegal,
prostitutas, expresidiarios y, en general, individuos que viven absolutamente al margen
de los beneficios de la sociedad y de la cultura.
Siempre el populismo se articuló bien con masas enfermas de frustración, pobreza y
humillación que, en su desesperanza, se entregaron en brazos de caudillos redendores.
No resulta exagerado decir que el populismo es una manifestación de una patología
social. Una especie de síndrome, o sea un conjunto de síntomas característicos de una
enfermedad. Lo fue muy claramente en la Alemania de la primera postguerra con Hitler.
Antes lo había sido en la angustiada Italia de Mussolini. A mediados de los años 40 en
Argentina fue el fruto de la llamada “década infame” en la que campearon la frustración
y la humillación individuales y colectivas. Cosa parecida ocurrió con el populismo
brasileño de Getulio Vargas —el getulismo, con su teoría del estado novo— de los años
40 del siglo pasado. Los populismos son muchas veces una respuesta a sociedades
89
excluyentes y racistas, en las que la “chusma heroica” de Jorge Eliécer Gaitán o los
“descamisados” de Juan Domingo Perón o los “marginados” de cualquier otro caudillo
adquieren una identidad y se lanzan a las calles para afirmar su poder.
En los cuadros de la conjunción heterogénea del populismo —que lleva en sus entrañas
los gérmenes de su propia destrucción— siempre hay cabida para marxistas
desencantados u oportunistas que cumplen el papel de dar el toque progresista al
movimiento y para conspicuos representantes de la bancocracia y de la burguesía
industrial o comercial. Esta es la gran farsa de casi todos los caudillos populistas.
Formulan retos simbólicos a las oligarquías pero se entienden muy bien con algunos
sectores de ellas. Un reciente caudillo populachero ecuatoriano explicaba esta
contradicción con el argumento de que existen “oligarcas buenos” y “oligarcas malos”.
Obviamente, los “oligarcas buenos” eran los que cedían ante sus chantajes y contribuían
a financiar sus campañas políticas.
A pesar de los distintos escenarios históricos y geográficos en que han actuado, es
factible establecer las características comunes a todos los populismos. Ellos presentan,
en primer lugar, un fuerte liderazgo personalista y aideológico sustentado en caudillos
cuya veleidosa voluntad se impone por encima de cualquier consideración doctrinal.
Tienen una difusa idea del Estado de bienestar, dictada por su personalismo. Suelen
establecer un control corporativista sobre la sociedad y exhiben un cierto grado de
nacionalismo económico. Por lo general estos caudillos tienen carisma para los grupos
pobres y marginales, cuyas rebeldías y frustraciones sintonizan, aunque no para los otros
segmentos de la población a los cuales molesta la superficialidad, la irracionalidad, el
reduccionismo y la simplicidad de sus juicios y lo contradictorio de sus planteamientos.
Luego está la presencia activa de la masa a la que los caudillos le entregan la ilusión de
participación y protagonismo. Después, la ausencia total de planteamientos ideológicos
90
y programáticos que obren como parámetros de la acción caudillista. Finalmente, un
discurso maniqueo y exaltado, usualmente de rasgos “redentoristas”, que apela más a la
emoción que a la razón y que ofrece soluciones mágicas para los problemas de la gente.
Dentro de esta ambivalencia binaria, el líder se presenta como el símbolo de la redención
popular mientras que sus enemigos encarnan todos los males. Es una contraposición
dogmática y neta entre el bien y el mal, la redención y la ruina, la justicia y la iniquidad,
la honradez y el latrocinio, el patriotismo y el entreguismo. Los caudillos populistas
buscan siempre el contacto directo con el pueblo, desechando los métodos de
representación política tradicionales, y tienden permanentemente hacia una línea
autoritaria de poder. Reivindican para sí un real o supuesto origen popular —se
presentan como hombres comunes del pueblo, conocedores de sus problemas, que por
sus extraordinarios méritos han asumido el liderazgo— y reclaman constantemente que
el pueblo confíe en ellos.
Con frecuencia exhiben una hoja de vida aureolada por la persecución y el sacrificio.
Se presentan como “víctimas”, si no como “mártires”, de los grupos de poder. Cultivan
su imagen de hombres valientes y desinteresados. Sus áulicos inmediatamente elaboran
la leyenda sobre las reales o supuestas persecuciones que “el hombre” ha sufrido por la
defensa de sus ideales y le fabrican el <carisma. Los mitos no tardan en aparecer y se
convierten en elementos esenciales de su >propaganda.
En la política populista “el enemigo” desempeña una función de primera importancia,
así en el orden individual como en el colectivo: la de marcar los campos de acción,
contribuir a la identidad de los protagonistas de la enemistad y generar en torno de ellos
simpatías o antipatías.
91
“El enemigo” cumple también una función “ansiolítica” en la medida en que contribuye
a calmar la ansiedad de los caudillos populistas y de los grupos que les rodean, que al
identificar a su “enemigo” descargan sobre él sus propias culpas y tensiones, justifican
sus errores, se liberan de sus fracasos, se vengan de sus decepciones y eventualmente
cohonestan el uso de la fuerza.
Por tanto, la “fabricación” del enemigo en el ámbito individual y en el social es un
elemento estratégico a disposición de los caudillos populistas y de sus grupos satélites.
En su concepción maniquea de la política —a partir de que el enemigo es el “malo” y
el aliado es el “bueno”— se crean apoyos, adhesiones y solidaridades internas y también
externas a la causa del gerifalte populista.
Hábiles manipuladores de la psicología de masas, los caudillos populistas buscan
siempre identificar un “enemigo del pueblo” contra quien descargan toda la furia
contenida de la masa por siglos de frustración. Esta identificación les sirve como un
factor de movilización popular. Acumulan contra ese “enemigo” toda clase de
reproches. En la dialéctica maniquea de estos caudillos, aquél es el culpable de todos
los males. Para Hitler esos enemigos fueron los judíos, que “apuñalaron” por la espalda
a Alemania durante la guerra, y la conjuración internacional que después la llevó a
firmar el Tratado de Versalles. Para Perón y su justicialismo la “enemiga del pueblo”
fue la “oligarquía” cuyo lugar de reunión —el exclusivo Jockey Club de Buenos Aires—
fue incendiado por los descamisados. El nasserismo egipcio de fines de los 40 se levantó
en armas contra la monarquía del rey Farouk y su aliado el colonialismo británico. Fidel
Castro, quien sin duda tiene rasgos populistas a pesar de su ideología, hizo del
“imperialismo yanqui” el gran enemigo de Cuba. Todos los caudillos populistas suelen
denunciar un enemigo y si no lo tienen se lo inventan. Como no poseen ideología no les
importan las contradicciones y los virajes en que incurren. Lo que dicen hoy lo desdicen
92
mañana, sin aflicción alguna ni reproches de conciencia. Buscan los temas de mayor
carga emocional. Se mueven al vaivén de sus inmediatismos. Pero siempre tratan de
sintonizar lo que en cada momento sienten y piensan los pueblos. En este sentido, bien
podría decirse que los caudillos populistas son “conductores conducidos”.
Buscan siempre la popularidad como su objetivo central. Su “ideología” son las
encuestas de opinión. Hacen de la política un gran espectáculo de masas, con himnos,
banderas, uniformes y símbolos. Su coreografía política es impecable. El escenario está
cuidadosamente diseñado y montado para que en él luzca el líder su mejor presencia.
La mise en scène forma parte inseparable del estilo populista. Con frecuencia el caudillo
crea un lenguaje propio al que incorpora modismos del habla popular, que pronto se le
vuelven característicos.
En el fenómeno populista hay también algo de clientelismo, aunque este elemento no
resulta determinante. Si lo fuera, como algunos analistas afirman, no pudiera entenderse
el éxito político de caudillos que estuvieron siempre o casi siempre en la oposición y
que, por tanto, no tuvieron la posibilidad de cambiar votos por bienes y servicios.
Susanne Gratius, investigadora de asuntos sociales, en su trabajo “La tercera ola
populista de América Latina” (2007), hace una curiosa observación: los populistas
latinoamericanos han sido siempre hombres (salvo el caso de Eva Perón en la Argentina
de los años 50 del siglo anterior), por lo que el populismo en esta región representa “lo
masculino” y “lo machista”, con todas las connotaciones que estos términos tienen allí.
Los caudillos populistas, en sus afanes personalistas y autoritarios, generalmente
adoptan posiciones antipartido y desatan hostilidades contra el parlamento, al que
desacreditan. Su relación con la función judicial suele ser también conflictiva. En
93
general, sus relaciones con las instituciones estatales son tormentosas por la tendencia
a concentrar el poder, la falta de sometimiento a la ley, el interés por desarticular las
instancias de control democrático y la omnipresencia de los caudillos populistas en los
escenarios públicos.
El populismo, cuando llega al poder, suele operar al margen de un plan de gobierno.
Carece de sistematización y de orden. No tiene metas macroeconómicas ni sociales de
largo plazo. Con acciones demagógicas y espectaculares busca la satisfacción de las
demandas populares inmediatas. Lo cual le lleva a la improvisación. Todo esto, con
frecuencia, produce a la postre un fenómeno característico del populismo: la frustración
colectiva. En función de gobierno resulta incompetente para satisfacer las demandas que
contribuyó a inflar durante el proceso electoral y entonces todo su andamiaje de
demagogia se descalabra y la misma ola de ilusiones que le llevó al poder se vuelve
contra él. Todo termina en tragedia: el suicidio de Getulio Vargas en 1954 cuando no le
quedaba otra opción o, como en el caso de Perón en septiembre de 1955, el
derrocamiento y la fuga del corifeo y de sus allegados, cargados de culpas y de dinero.
Con el nombre de “populismo económico” se designan políticas irresponsables de
clientelismo, derroche de fondos públicos, obras faraónicas, indisciplina fiscal y
endeudamiento desproporcionado que generalmente conducen hacia la inflación, el
déficit fiscal y la desestabilización económica. Los “populistas económicos” son
personas de plazos cortos, que se suelen guiar por la máxima que se atribuye a Luis XV:
“después de mí el diluvio”. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica [versión electrónica],
2013)
Por lo expuesto se puede definir al populismo, como una corriente del pueblo que
busca cambios sustanciales en su forma de vida, en la que existe un líder carismático que se
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hace entregar la representación de ellos para poder resolver todos sus problemas y acabar
con la oligarquía. Este líder aparece con cualidades extraordinarias y hasta mágicas para
resolver sus necesidades, además de manejar un lenguaje fácilmente comprensible para las
personas con bajo nivel cultural y una retórica que se dirige generalmente a los sentidos antes
que a la inteligencia, es decir le dice a la gente lo quiere oír, más no, lo que en verdad puede
hacer.
El Liberalismo
Blasco Peñaherrera Padilla (1987), sostiene que el Liberalismo no se inició en el
Ecuador con la revolución acaudillada por el General Eloy Alfaro, el 5 de junio de 1895, él
manifiesta que:
El liberalismo en el Ecuador existió desde los albores de nuestra conformación colonial,
vino con lo geodésicos franceses, vino con los pensadores que lograron pasar la aduna
de las ideas, los libros y las ideas, y difundir aquí las cosas que se habían dicho y las
cosas que se habían escrito y se habían hecho en la Europa de aquellos tiempos o en
Estados Unidos de Norteamérica. Suele pensarse así mismo que el liberalismo se originó
por ejemplo en la revolución francesa, y no es así, el Liberalismo es anterior a la
revolución francesa. Y como hace un momento les decía la verdad es que puede hablarse
del liberalismo como concepción ideológica como corriente del pensamiento político y
algo más que es lo esencial del liberalismo el ser una concepción de la vida, una actitud
frente a la vida, un modo de concebir la relación de los hombres entre sí y de los
hombres con la autoridad y de la autoridad con ellos y lo concebido así , el liberalismo
casi es tan antiguo como el pensamiento humano. (Comite Ecuatoriano de la
Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres, 1987)
95
Rodrigo Borja en su enciclopedia de La Política se refiere al liberalismo así:
Sobre la base de la concepción antropocéntrica de la época, que efectivamente hizo del
hombre la medida de todas las cosas, tal como en la Antigüedad lo había propuesto
Protágoras, Europa —orgullosa y optimista— inició a fines del siglo XVIII su desarrollo
científico confiada en el poderío de la ciencia para desentrañar la verdad y en las
posibilidades de un progreso ilimitado y lineal. Todo estaba por conquistarse. La
libertad, con su poder creativo, era capaz de hacer prodigios. La reforma protestante y,
dentro de ella, el calvinismo en especial, añadieron un ingrediente: la doctrina del libre
examen para demoler la estructura de una jerarquía eclesiástica que pretendía erigirse
como única intermediaria entre el hombre y dios. El racionalismo desgarró los dogmas
tradicionales, encontró en la razón y el entendimiento humanos el instrumento de
búsqueda de la verdad, afirmó sus propias posibilidades de conocimiento, exaltó el valor
del hombre, aseguró que todo podía ser pensado y liberó al pensamiento humano de las
limitaciones dogmáticas para poder volar.
Sin duda el pensamiento liberal moderno tuvo en la reforma protestante uno de sus
antecedentes decisorios porque ella, al fragmentar la unidad religiosa de la Edad Media,
condujo al pluralismo y tolerancia de los credos que desde entonces empezaron a formar
parte permanente de la cultura de Occidente. Luego vinieron los aportes de la ciencia
—el desarrollo de la astronomía con Copérnico y Kleper, de la física con Newton, del
análisis matemático con Leibniz— que contribuyeron a consolidar la fe en el
pensamiento humano.
Esto produjo la revolución cultural que alcanzó su plenitud con la Ilustración, depositó
su confianza ilimitada en el espíritu científico y postuló la insurgencia contra la tiranía
de los dogmas, los mitos y las representaciones irracionales.
96
Fue en este ambiente de libre pensamiento que se formuló el planteamiento liberal
clásico —el mismo que después estuvo sometido a toda suerte de sincretismos y
mixtificaciones— con un dejo irreverente respecto de verdades que se habían tenido
como eternas e inmutables.
Las ideas liberales inspiraron, en lo filosófico, la formulación de la tabla fundamental
de valores ético-sociales que comenzó a extenderse por el mundo a fines del siglo XVIII
y que estuvo contenida principalmente en el Bill of Rights inglés de 13 de febrero de
1689, en la Declaración de Independencia de las trece colonias de América del Norte el
4 de julio de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
proclamada en Francia el 26 de agosto de 1789. En lo político, las ideas liberales
inspiraron la forma republicana de gobierno y la forma democrática de Estado. Y en lo
económico, el sistema capitalista de producción y distribución de bienes.
Sin embargo, en la aplicación práctica de sus principios pronto entró en contradicción
ética el capitalismo, como forma de producción, con los postulados filosóficos de la
ideología liberal, porque las mayorías desposeídas no gozaron de la libertad, igualdad y
fraternidad bajo cuya invocación los sans culottes asaltaron la Bastilla de París,
derrocaron el ancien régime y establecieron el nuevo orden social.
Con la nueva división de clases —que sustituyó a la nobleza, al clero y al estado llano
de los tiempos monárquicos— y con la emergencia de la <burguesía como clase
dominante, el proyecto liberal no pudo dirigirse a la sociedad entera sino sólo a la nueva
clase dominante, compuesta por los nacientes industriales, comerciantes, banqueros,
grandes propietarios de tierras y altos funcionarios del gobierno.
97
De todas maneras, pueden distinguirse tres elementos en la ideología liberal: su
concepción filosófica, su doctrina política y su teoría económica.
1. Su concepción filosófica. La filosofía liberal mantiene un punto de vista racionalista
y crítico del mundo. Rechaza todo dogma, creencia o prejuicio que antes no haya sido
procesado y aceptado por el entendimiento humano. No admite como verdadero sino
aquello que se presenta al juicio crítico de la razón en forma tan clara y distinta —para
utilizar los conceptos de Renato Descartes (1596-1650)— que no quepa la más mínima
duda. Por tanto, sostiene que la autoridad suprema para la búsqueda y calificación de la
verdad y para “la apreciación de la moralidad de una opinión o de una acción es, para
cada individuo, su propio juicio, concienzudo y razonado”, como decía el filósofo
argentino José Ingenieros (1877-1925).
En consecuencia, la concepción filosófica del liberalismo rechaza los conceptos
inmutables e imperfectibles impuestos al ser humano por autoridades ajenas a su propia
conciencia. Todos los conocimientos del hombre deben ser sometidos a su libre examen
y reflexión. Quien profesa la ideología liberal es necesariamente un librepensador, que
juzga por sí mismo las cosas y que busca afanosa e incesantemente la verdad.
2. Su doctrina política. El liberalismo tiene una idea finalista del Estado, al que
considera como un mero instrumento para alcanzar el bienestar humano individual.
Entre los valores esenciales que defiende está la libertad. El liberalismo nació como la
ideología de la libertad. Sin embargo, como lo veremos al tratar de sus propuestas
económicas, con frecuencia la libertad que postuló llevó a la opresión económica de
reducidos grupos aventajados de la sociedad sobre mayorías marginadas, porque la
libertad entre desiguales condujo a la injusticia.
98
El liberalismo trató de afrontar el gran reto histórico de crear una sociedad pluralista,
armoniosa y estable, lo cual suponía la superación de los fraccionamientos sociales
tradicionales debidos a razones religiosas, étnicas o culturales. La tolerancia fue su
signo. Postuló la libertad de culto y de conciencia, la invisibilidad política del clero, el
pluralismo de doctrinas religiosas y no religiosas, la libertad de expresión de las ideas.
El pensamiento debía desenvolverse en condiciones de libertad como requisito para el
progreso social.
Para lograr sus propósitos el liberalismo impuso severas restricciones al poder político
—al que consideró como el enemigo número uno de la libertad individual— y señaló
una esfera de prerrogativas personales que no podía ser vulnerada por el Estado. Afirmó
la libre condición del individuo frente al poder del Estado y limitó las facultades de éste.
Invocó para ello la teoría de los derechos naturales que asistían a la persona humana aun
antes de que existiera el Estado. Fueron derechos inherentes a la calidad humana.
Derechos que no los creaba el Estado sino que nacían con la persona y en función de
cuya protección surgió el Estado como instrumento para realizar la >libertad y la
juridicidad en la sociedad.
Por eso es que el planteamiento político liberal se resuelve, en último término, en una
serie de técnicas de control, freno y limitación del poder estatal —el poder del príncipe,
de la asamblea o de un partido— en beneficio de la libertad individual. Entre tales
técnicas está, por supuesto, la protección jurídica de la persona y de sus libertades por
medio del Estado de Derecho.
Giovanni Sartori, apasionado defensor del liberalismo, hace malabares retóricos para
pretender separar el liberalismo, como sistema político, del “librecambismo”, como
sistema económico, y afirma que para los padres fundadores de esta doctrina —de
99
Locke y Montesquieu a Benjamín Constant— el liberalismo significó rule of law y no
libre comercio ni libre mercado.
Resulta contrario al orden de las cosas pretender separar el liberalismo, como doctrina
política, del “librecambismo”, como teoría económica. Una ideología política es una
unidad comprensiva de elementos políticos y económicos. El planteamiento económico
de ella no es más que la aplicación de sus principios políticos al proceso de la
producción, intercambio y distribución de bienes y servicios económicos. Solamente
con fines explicativos, como lo hacemos aquí, pueden desglosarse los componentes
filosóficos, políticos y económicos envueltos en una ideología, que son inseparables.
Sartori incluso incurre en una contradicción porque, al plantearse la pregunta, en su libro
“Elementos de Teoría Política” (2005), de si “¿puede la solución liberal del problema
del poder funcionar y subsistir en el contexto de cualquier sistema económico?”, se
contesta que no, que “el liberalismo funciona mejor cuando tiene como complemento
una economía de mercado”. Y agrega luego, a manera de ejemplo, que “la protección
liberal de la libertad individual pierde todo sostén en una economía de tipo comunista”
porque “cualquier concentración total del poder (político y económico) implica que el
individuo, y cualquier libertad individual, se machacan”.
La ideología liberal representa, en la historia de las ideas políticas, la denodada lucha
en defensa de la libertad del individuo dentro del Estado e, incluso, contra el Estado.
Libertad en todas las direcciones. Libertad de pensamiento, de convicciones, de
expresión de las ideas, de participación política y también libertad de emprender en
actividades económicas. Esta última libertad, sin embargo, es la que anula a las
anteriores. Se contrapone a ellas porque, en la práctica, genera polos de poder
económico que avasallan las libertades de la mayoría desposeída de la sociedad.
100
El liberalismo nunca se planteó la cuestión de la riqueza como sustento de la libertad
individual ni la distribución del ingreso como infraestructura de la democracia. Incurrió
en la ingenuidad de suponer que la igualdad ante la ley, la libertad de contratación, el
derecho de propiedad sin limitaciones, la libre empresa y la inhibición del Estado ante
la actividad económica particular contribuían, por sí solos, a precautelar la libertad de
los individuos, cuando la realidad se encargó de probar todo lo contrario: que la
abstención de la autoridad pública en la vigilancia del proceso económico conduce a un
estado de cosas en que el pez grande se come al chico, frente a un Estado cruzado de
brazos.
Esta ingenuidad se puede explicar porque los pensadores liberales insurgieron contra el
absolutismo monárquico y contra su teoría económica, que fue el mercantilismo. Como
reacción a ellos, en el movimiento pendular de la historia, postularon la condición libre
del individuo frente a la autoridad política y la teoría del laissez faire en la actividad
económica.
El liberalismo, en la organización del Estado, tomó muchas precauciones para impedir
la invasión del poder público sobre las prerrogativas del individuo. La teoría del contrato
social, la limitación de la autoridad pública, la doctrina de los derechos naturales —
derechos que el Estado no los crea sino que simplemente los reconoce y garantiza— la
división de poderes, el Estado sometido al Derecho, la responsabilidad de los
gobernantes, la publicidad de los actos de gobierno y todo el andamiaje jurídico y
político liberal tuvo la finalidad de frenar la autoridad pública y amurallar la esfera de
libertad del individuo.
Pero tomó al individuo en abstracto, sustraído de la vida social, desposeído de sus
particulares situaciones de fortaleza o debilidad económica frente al grupo, lo cual le
101
impidió ver los factores opresivos colaterales que obran sobre él, todos ellos nacidos de
las relaciones de producción, que disminuyen o acaso anulan la libertad del individuo
concreto, del individuo insertado en la trama social y aprisionado por la red de
interrelaciones económicas que ella supone.
Esta es la razón principal de la inadecuación del sistema liberal —y, hoy, del
neoliberal— a los fenómenos sociales de nuestro tiempo. La responsabilidad de
salvaguardar las libertades en los días actuales difiere notablemente de cómo debió
acometerse esa tarea en el pasado. Dado que sin seguridad económica no puede haber
libre albedrío, para defender las libertades del hombre de nuestro tiempo hace falta algo
más que las indiscriminadas limitaciones jurídicas al poder: es necesaria una dinámica
acción estatal reguladora de las relaciones de producción, que contribuya a la equitativa
distribución del ingreso y de la riqueza.
A pesar de esto, no hay duda de que el liberalismo, en su componente político, dejó un
legado de principios bienhechores de la convivencia social, que aún forman parte del
constitucionalismo. La teoría de la división de poderes, el Estado de Derecho, la
limitación jurídica de la autoridad pública, el deber de obediencia condicionado de los
gobernados, la doctrina de los derechos humanos son principios que aún tienen vigencia
y que defienden a la sociedad de los embates del autoritarismo.
3. Su teoría económica. La teoría económica liberal está contenida en las obras de los
economistas de la escuela clásica y de modo especial en las de Adam Smith (1725-
1790), David Ricardo (1772-1823) y James Mill (1773-1836), quienes sostenían que la
actividad económica de la sociedad está sometida a sus propias leyes —que son leyes
naturales— en las que no debe intervenir la autoridad pública.
102
Para lograr este propósito usaron la conocida fórmula del laissez faire, laissez passer,
que no fue inventada por los economistas clásicos sino por los de la fisiocracia, para
combatir las restricciones aduaneras del mercantilismo, pero que en todo caso excluye
toda participación del Estado en el proceso económico de la sociedad.
Los economistas de la escuela clásica estuvieron convencidos de que dentro del libre
juego de las fuerzas económicas, al chocar entre sí intereses individuales opuestos, se
genera en el proceso de producción, circulación y distribución de bienes un efecto
estabilizador que alcanza los necesarios equilibrios o que los restaura en caso de que,
momentáneamente, se hayan perdido.
Cualquier intromisión de la autoridad estatal en el juego de las leyes naturales de la
economía —que ellos veían como un mecanismo perfecto que se ponía en marcha, se
impulsaba, se frenaba y se lubricaba a sí mismo, automáticamente— no haría sino dañar
su funcionamiento.
El liberalismo, sin duda, tuvo una distorsionada visión del fenómeno social. Nunca se
percató de que las personas llegan al mundo con determinadas diferencias de propiedad,
de ubicación en la sociedad y con distintas predisposiciones naturales que determinarán
ulteriores diferencias de educación y aptitud. Si en la sociedad sólo se garantizara el
libre despliegue de las fuerzas individuales y no se tomaran ciertas precauciones, esas
diferencias conducirían fatalmente a la explotación del mejor dotado sobre el más débil.
Esto, que es apenas lógico, ocurrió en los regímenes liberales. Por eso se produjo una
irreductible contradicción entre sus generosos postulados filosóficos y las egoístas tesis
de su sistema económico capitalista, que se resolvió finalmente en el avasallamiento de
las acciones económicas sobre las lucubraciones filosóficas.
103
El liberalismo tuvo una falsa idea de la naturaleza de la sociedad como el marxismo la
tuvo respecto de la naturaleza del ser humano. El uno supuso ingenuamente que el libre
despliegue individual conduciría al bienestar colectivo y el otro creyó candorosamente
que el hombre es un ser esencialmente altruista y solidario, capaz de anteponer
espontáneamente los intereses sociales a los suyos personales. Ambos, creo yo, se
equivocaron de buena fe.
El economista australiano Colin Clark sostiene, no sin razón, que los principios
económicos del liberalismo (ideología que, según él, sustituyó al utilitarismo cuando
este nombre cayó en desuso) han regido, hasta nuestros días, el pensamiento básico de
muchos economistas de la Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, aunque
“oficialmente” esta ideología fue abandonada en Europa continental hacia el año 1870
y una generación más tarde en Inglaterra. Por eso le fue tan fácil “renacer” en la década
de los 80 del siglo pasado bajo el nombre de >neoliberalismo. Sus principios se han
mantenido latentes durante mucho tiempo. La teoría económica liberal, en forma
larvada, formó parte de las ideas de un amplio e influyente sector dirigente de los
Estados Unidos y de otros países desarrollados de Occidente, que incluye a políticos,
economistas y hombres de negocios.
Se utilizó la expresión liberalismo manchesteriano para designar la tendencia extrema
del liberalismo hacia el librecambio. Los manchesterianos propugnaban una libertad
económica ilimitada, que llegaba a los excesos de rechazar cualquier intromisión del
Estado en la economía y prohibir toda legislación de protección obrera, puesto que
consideraba que la fuerza de trabajo era una mercancía más y debía estar sometida a las
leyes del mercado. La expresión proviene de la ciudad de Manchester, en Inglaterra,
donde operó entre los años 1838 y 1846 la denominada escuela de Manchester, que
defendía los intereses económicos de la aristocracia terrateniente contra los afanes de
104
los empresarios de la naciente revolución industrial de introducir pequeñas
reglamentaciones al comercio internacional.
La escuela de Manchester estaba liderada por dos jóvenes ingleses: el uno era un
productor textil llamado Richard Cobden (1804-1865) y, el otro, un brillante orador
juvenil llamado John Brigth (1811-1889), que se constituyeron en los acérrimos críticos
de la política exterior del gobierno británico.
Dentro de este marco conceptual ellos fundaron la Anti-Corn-Law League, que era un
movimiento contra la protección aduanera y la limitación tributaria de los cereales.
A pesar de que Cobden escribió por esos años un pequeño ensayo titulado “Speeches
on Questions of Public Policy” y que Bright publicó su “Speech on Reform” (1866),
ellos eran más activistas políticos que teóricos económicos, por lo que la denominada
escuela de Manchester no fue, en realidad, una entidad doctrinal que hubiera formulado
una teoría completa y coherente sobre el librecambio sino simplemente un grupo unido
alrededor del propósito unidimensional y pragmático de alcanzar la revocación de las
leyes que en Inglaterra y Alemania regimentaban y gravaban la comercialización de los
cereales.
En una conferencia dictada en Manchester el 15 de enero de 1846, Cobden dijo, con un
envidiable candor, que cuando “el hombre se convierta en una sola familia e intercambie
libremente con su hermano los frutos del trabajo” se desvanecerán “los imperios grandes
y poderosos, los ejércitos gigantescos y las grandes armadas” que sólo “sirven para la
destrucción de la vida y la desolación de los frutos del trabajo”.
105
Al conjunto de estas ideas más o menos simples se llamó también manchesterismo, que
se convirtió en el símbolo del libre comercio de la época.
4. Los partidos liberales. Estos fueron, en Europa y en todas partes, los portadores de
la ideología liberal. En la segunda mitad del siglo XIX ellos surgieron con mucha fuerza,
como partidos innovadores e incluso revolucionarios, para enfrentar el viejo orden
económico y social. Los partidos liberales sostenían la libertad política, la libre
expresión del pensamiento, la separación de la Iglesia y el Estado, el laicismo, la libertad
económica, la libre iniciativa, la libertad de empresa y todos los demás ideales políticos
y económicos que triunfaron en la Revolución Francesa. Como representantes de una
nueva clase social en emergencia —la burguesía—, cuyos intereses económicos estaban
estrechamente vinculados al comercio, las finanzas y la industria de su tiempo, los
partidos liberales europeos nacieron para enfrentar a los partidos conservadores, o
conservadores católicos, o cristianos históricos, en todo caso partidos confesionales,
comprometidos con el statu quo, que representaban los decadentes intereses de la
nobleza, el clero y los señores de la tierra. La confrontación fue dura por un buen tiempo.
Eran dos concepciones antagónicas del mundo, dos intereses sociales en conflicto, dos
propuestas económicas distintas. En esa lucha, el bipartidismo conservador-liberal se
impuso por largo tiempo. Entonces surgieron los partidos socialistas para proclamar un
nuevo orden que amenazó por igual a conservadores y liberales. Esto ocurrió a fines del
siglo XIX y principios del XX. Con toda su carga iconoclasta, los partidos socialistas
insurgieron lo mismo contra el orden conservador que contra el liberal. No hicieron
realmente diferencias entre ellos. Ambos se presentaban a sus ojos como formas
viciosas de organización social que había que destruir. Los unos eran los defensores de
la tradición, la autoridad y los privilegios de una clase en decadencia, los otros de las
prerrogativas económicas de una clase en ascenso o ya en plena consolidación de su
posición hegemónica. Por tanto, el socialismo, como representante de los puntos de vista
106
del >obrerismo, constituía una amenaza para los unos y los otros. Esto produjo en la
mayoría de los países uno de dos fenómenos: o la escisión de los partidos liberales para
dar nacimiento a los llamados partidos “radicales” (como ocurrió en Holanda en 1891,
Francia en 1901, Dinamarca en 1906) o la unión de los partidos liberales con los
conservadores en un solo haz de intereses para defenderse de la acechanza socialista.
Así nacieron, en muchas partes, los partidos nacionales o de cualquier otro nombre, que
resultaron de la fusión de los conservadores y los liberales por el temor al adversario
común.
Los partidos liberales de Europa y América, en la primera mitad del siglo XX,
promovieron su “internacionalización” por medio de asociaciones que trascendieron las
fronteras nacionales. En 1924 establecieron en Ginebra “L’Entente internationale des
partis radicaux e des partis democratiques similaires” y en 1946 fundaron en Oxford la
“Internacional Liberal”. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica [versión electrónica], 2013)
Por lo explicado anteriormente se puede referir que el Liberalismo es una corriente
de pensamiento filosófico donde se promueven las libertades civiles y el máximo límite al
poder coactivo de los gobiernos sobre los seres humanos. En el Liberalismo se pretende que
cada uno escoja lo que tiene que hacer, siempre con libertad y sin apartarse de lo legal. La
separación del estado de la iglesia es una conquista del liberalismo impuesta precisamente
para evitar ese predominio excesivo de una sola religión sobre todas las conciencias.
Ejemplo en el Ecuador la Revolución Liberal de Eloy Alfaro.
Socialismo
107
El Socialismo no es necesariamente el marxismo leninismo, pero evidentemente
Marx representa el pensamiento más alto del socialismo, León Roldón (1987) se refiere al
socialismo con el siguiente pensamiento:
Las tesis socialistas buscan mejorar las condiciones de participación social de
los diversos sectores de una sociedad. Intentan la aproximación a la igualdad entre todos los
seres humanos, entre sectores sociales y entre pueblos. Pero, no sólo busca igualdad, sino
que para llegar a ésta debe elevar el nivel de los que han sido históricamente víctimas de las
desigualdades. (Comite Ecuatoriano de la Cooperación con la Comisión Interamericana de
Mujeres, 1987)
Rodrigo Borja dice:
El instinto socialista es tan antiguo como el hombre, pero su sistematización teórica es
relativamente reciente. Pienso que el hombre nació socialista. En la colectividad
primitiva no hubo tuyo ni mío. Los bienes pertenecían a quienes los necesitaban. Pero
después, cuando los medios de producción, por obra del avance tecnológico, crearon
excedentes que fueron acaparados por unos pocos dentro del grupo, empezó a
desvanecerse el socialismo instintivo de la sociedad primitiva y advino un régimen de
desigualdad económica y dominación política. Nacieron así los gérmenes de la injusticia
social y, con ellos, el antagonismo entre ricos y pobres.
La palabra socialismo fue acuñada en 1832 por Pierre Leroux, seguidor de las ideas del
filósofo social francés Henri de Saint-Simon (1760-1825), en oposición a
individualismo. Como doctrina política, el socialismo fue una idea europea, desarrollada
por pensadores europeos. Y de Europa se extendió por el mundo.
108
Sin embargo, la palabra se había utilizado antes, aunque con un sentido diferente, por
el benedictino Anselm Desing, quien en 1753 llamó socialistae a los “maestros
modernos del derecho natural” que admitían una sociabilidad natural en los hombres. Y
en 1827 la palabra “socialista” se empleó para designar a los seguidores del socialista
utópico inglés Robert Owen (1771-1858). Pero el término estaba lejos todavía de tener
la significación que se le adjudicó después: una teoría y un movimiento surgidos en la
sociedad burguesa con el propósito de modificar el orden social existente para
establecer, sobre la base de nuevas relaciones de propiedad, un orden nuevo sin “la
explotación del hombre por el hombre” y en el que cada persona trabajara en proporción
a sus capacidades y recibiera de acuerdo con sus necesidades.
La sistematización de la inconformidad con las disparidades sociales produjo, con el
pasar de los tiempos, diversas formas de socialismo: desde el socialismo utópico de
principios del siglo XIX hasta la socialdemocracia del norte de Europa y el socialismo
democrático de otros países, pasando por las diversas versiones históricas del marxismo.
Hay una tendencia dogmática, muy propia de la extrema derecha y de la extrema
izquierda, a negar la existencia de varios socialismos. Para ella la palabra socialismo
designa una sola cosa: el marxismo. Este sería el único socialismo real. La verdad, sin
embargo, es que la fecundidad de la idea socialista ha generado a lo largo del tiempo
diversos socialismos y diversas etapas en el desarrollo de cada uno de ellos.
Para el escritor y dramaturgo irlandés Bernard Shaw (1856-1950) —uno de los
inspiradores de la Sociedad Fabiana formada en Inglaterra a comienzos de los años 80
del siglo XIX, como un grupo de reflexión sobre las ideas socialistas— “el socialismo
es una opinión respecto a cómo debe distribuirse la renta nacional puesto que su
109
distribución no es un fenómeno natural: es una cuestión de ordenamiento, sujeta a
cambiar como cualquier otro ordenamiento”.
La característica común de todas las ideologías socialistas es la disconformidad con el
régimen social injusto, la vocación de cambiarlo, la emancipación de la fuerza de trabajo
humana de su condición de mercancía, la responsabilidad social de la propiedad, la
solidaridad y la promoción de métodos de equitativa distribución del ingreso. Este es el
común denominador de los socialismos. Pero, al lado de las afinidades generales, están
sus diferencias conceptuales, metodológicas, estratégicas y tácticas.
Con el advenimiento de la ideología marxista la palabra socialismo adquirió una
connotación antiburguesa. El socialismo se convirtió en la contrapartida del
burguesismo. Y significó la reconstrucción por la vía revolucionaria del orden social,
jurídico y económico sobre la base de la propiedad común para arribar a la última etapa:
el comunismo, carecterizado por la supresión de la propiedad privada, el deber del
trabajo y la distribución de los bienes según las necesidades. (Constitución de la
República del Ecuador, 2008)
El Socialismo es una ideología Política, donde el estado toma las decisiones sobre lo
económico y social y la manera cómo se distribuyen los bienes, cuya base es que los medios
de producción sean parte del patrimonio colectivo y el mismo pueblo quien los administre.
Socialismo del Siglo XXI
El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en
1996, a través de Heinz Dieterich Steffan. El término adquirió difusión mundial desde que
fue mencionado en un discurso por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el 30 de enero
de 2005, desde el V Foro Social Mundial.
110
El modelo de estado socialista del socialismo del siglo XXI es un socialismo
revolucionario que debe directamente de la filosofía y la economía marxista, y que se
sustenta en cuatro ejes:
1. El desarrollismo democrático regional,
2. La economía de equivalencias,
3. La democracia participativa y protagónica y
4. Las organizaciones de base.
Dieterich, en su obra Socialismo del Siglo XXI se funda en la visión de Marx sobre
la dinámica social y la lucha de clases. Dieterich revisa la teoría marxista con ánimo de
actualizarla al mundo de hoy, incorpora los avances del conocimiento, las experiencias de
los intentos socialistas, develan sus limitaciones y entregan propuestas concretas tanto en la
economía política como en la participación democrática de la ciudadanía para construir una
sociedad libre de explotación.
El socialismo del siglo XXI supone que es necesario un reforzamiento radical del
poder estatal democráticamente controlado por la sociedad para avanzar el desarrollo.
Este pensamiento cuyo receptor principal ha sido el Presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, ha sido acogido inmediatamente por otros gobiernos de Latinoamérica: Ecuador con
Rafael Correa, Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, Nicaragua con Daniel Ortega,
Bolivia con Evo Morales, Brasil con Lula da Silva y Dilma Rousseff y Chile con Mishell
Bachelet.
111
Para Rafael Correa, La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo
fundamental del Socialismo del Siglo XXI.
Hace 92 años, el 15 de noviembre de 1922, centenas de sencillos hombres y mujeres
que participaron en un levantamiento popular fueron asesinados en las calles de
Guayaquil. Era uno de los tantos períodos de dominio absoluto de la banca y de la
plutocracia en el país, cuando ni siquiera existía moneda nacional y esta era emitida por
los mismos bancos y hasta por las haciendas de los ‘gran cacao’. Para ocultar la matanza,
los cadáveres fueron echados al río Guayas, y el pueblo lanzó flores y cruces sobre el
agua para recordar a los caídos.
Para nuestros trabajadores la lección histórica de esa matanza es reconocer a sus
verdaderos adversarios, no confundir el objetivo de su emancipación con los intereses
coyunturales de dirigentes o agrupaciones que no diferencian capital de trabajo, Estado
de empresa, lo público de lo mercantil. Ni siquiera diferencian revolución de
restauración.
La dignidad del trabajo humano
La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del
Socialismo del Siglo XXI y de nuestra Revolución Ciudadana. Es lo que nos define,
más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital. No
puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano,
expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo,
seguridad social, justa repartición del producto social.
La gran sacrificada en la larga y triste noche neoliberal fue sin duda la clase trabajadora.
Se convirtió al trabajo humano en un instrumento más de acumulación del capital,
112
cuando el trabajo humano tiene un valor ético, porque no es objeto, es sujeto; no es un
medio de producción, es el fin mismo de la producción.
El salario es pan, sustento, dignidad y uno de los fundamentales instrumentos de
distribución, justicia y equidad; y el trabajo no es solo el esfuerzo para la generación de
riqueza, sino una forma vital de llenar nuestra existencia.
Por ello, nuestra revolución no puede hablar de ‘mercado de trabajo’ o ‘capital
humano’, aberraciones que reducen al trabajo humano a una simple mercancía o factor
de producción, y a los salarios a un precio más a ser establecido por las supuestas fuerzas
del mercado.
Nuestra revolución debe hablar de un ‘sistema laboral’, donde la participación del
Estado y del sindicalismo es fundamental, sistema laboral que debe reconocer el trabajo
en todas sus formas: dependiente, independiente, pero también el trabajo no mercantil,
y con ello, garantizar el derecho que tiene toda persona al final de su vida productiva
para gozar de una jubilación digna. Esto implica también rechazar las categorías
capitalistas-mercantilistas, donde todo aquel que no trabaja para el mercado es
sencillamente económicamente inactivo.
Reconocer estos derechos también significa entender nuestros deberes, donde todos
debemos aportar con nuestro trabajo para una sociedad mejor, para el Buen Vivir. El
trabajo como derecho y como deber. Como dice San Pablo: “Si alguno no quiere
trabajar, que tampoco coma”
El sindicato como escudo ante el capital
113
El sindicato es la asociación de trabajadores que se juntan para hacer justicia en común.
Nació para protegerse de los abusos del capitalismo salvaje de la Revolución Industrial.
Con la consolidación de los Estado-Nación se establecieron leyes para garantizar los
derechos de los trabajadores, y los sindicatos fueron evolucionando para obtener, por
medio de la contratación colectiva, mayores beneficios de los que la ley establecía y,
así, disputarle renta al capital.
Con los gobiernos progresistas de América Latina las leyes a favor de la clase
trabajadora se han profundizado. En Ecuador terminamos con la tercerización; con la
semiesclavitud de las empleadas domésticas; con la impunidad ante la falta de
aseguramiento social. Hoy tenemos un salario mínimo que cubre la canasta básica y el
más alto en términos reales de la región andina. Tenemos una de las más bajas tasas de
desempleo de la historia y prácticamente pleno empleo para los ciudadanos con
discapacidad.
También se cumplen los derechos para la clase trabajadora y sus familias, con
educación, salud, seguridad, servicios públicos completamente gratuitos. Las demandas
de los trabajadores han sido atendidas como nunca antes, porque somos el gobierno de
los trabajadores.
Hemos hecho aportes revolucionarios en políticas laborales. Para solucionar el clásico
problema de ‘mal con el capital pagando salarios de miseria, pero peor sin él por el
desempleo’, somos el único país del mundo que permite pagar un salario mínimo, pero
impide a las empresas tener utilidades hasta lograr para todos sus trabajadores un salario
digno, es decir, aquel que permita a las familia del trabajador salir de la pobreza. A
diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada,
114
utilizamos instrumentos modernos, y algunos inéditos, para mitigar las tensiones entre
capital y trabajo.
No se trata solamente de mejoras en el ingreso y en las condiciones de trabajo, se trata
de la dignificación del ser humano y de su trabajo, por encima del capital y del mercado.
Nadie puede negar los avances del país y de su clase trabajadora. Sin embargo, los
mismos de siempre marchan con su violencia y amargura, para supuestamente rechazar
las políticas ‘antiobreras’ del Gobierno.
Lamentablemente, pareciera que en Ecuador el discurso sindical no ha variado mucho
de aquel de la Revolución Industrial, desconociendo la consolidación de los Estados
nacionales y una nueva dimensión que no existía en la original dicotomía entre capital
y trabajo: lo público, expresado en el Estado como representación institucionalizada de
la sociedad.
Ciertos líderes sindicales mantienen el mismo discurso, así tengan que tratar con una
empresa privada, con una transnacional, con un municipio o con un gobierno de la clase
trabajadora, como lo es el de la Revolución Ciudadana. No se entiende que cuando se
disputa renta al capital privado, se afecta al accionista, pero cuando se disputa renta al
Estado, se afecta a la sociedad. En el primer caso, probablemente en forma legítima,
disminuye la rentabilidad de las acciones; en el segundo, en forma ilegítima, disminuyen
los libros para nuestros niños, las medicinas para nuestras familias, los caminos para
nuestro pueblo.
Es necesaria una clara diferenciación entre lo privado y lo público, y de las
correspondientes formas y objetivos de organización laboral.
115
Esto ya se ha recogido en otros ámbitos como el del derecho. En derecho privado, todo
lo que no esté expresamente prohibido, está permitido. En derecho público, todo lo que
no está expresamente permitido, está prohibido. La lógica es cuidar el bien común.
En el sector privado, con la contratación colectiva se busca disputar renta al capital. En
el sector público esto no tiene sentido, cuando la sociedad es la empleadora y cuando, a
diferencia del capital privado, muchas veces el representante de lo público no tiene
adecuados incentivos para defender el bien común. En lo público, los derechos y las
conquistas deben estar establecidos en la ley, no en función de la capacidad de
negociación de cada grupo.
Esto no implica, como algunos pretenden, disminuir la organización laboral en el sector
público ni el derecho fundamental a la huelga. Por el contrario, deben fortalecerse para
que los trabajadores públicos tengan instrumentos para hacer respetar la ley o para evitar
los llamados ‘abusos del derecho’, es decir, formas legales pero ilegítimas de atentar
contra los derechos de los trabajadores.
No podemos continuar con el mismo discurso sindical anacrónico. El sindicalismo
moderno debe buscar la supremacía del trabajo humano sobre el capital, sin negar la
existencia y necesidad de este último, y en este contexto buscar solucionar las tensiones
capital-trabajo; no puede caer en el anarcosindicalismo que considera al Estado su
enemigo e intenta reemplazarlo; debe entender lo público como lo que es: de todos.
(Correa, 2014)
Democracia Cristiana
Es una ideología política que ha existido desde fines del siglo XIX, cuando el papa
León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum, una respuesta al socialismo y a los nuevos
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sindicatos en la cual el Vaticano reconoció las privaciones del trabajador y se dispuso a
aliviarlas.
La democracia cristiana ha sido más prominente en Italia, Alemania, Países Bajos y
América Latina, destaca Venezuela, México, Chile y Ecuador. Venezuela (Rafael Caldera
y Luís Herrera Campíns), México (Vicente Fox y Felipe Calderón), Chile: (Eduardo Frei
Montalva 1964-1970, Patricio Aylwin Azócar 1990-1994, Eduardo Frei Ruiz-Tagle 1994-
2000 y Sebastián Piñera 2010-2014) y Ecuador (Camilo Ponce Enríquez 1956-1960,
Oswaldo Hurtado 1981-1984, León Febres Cordero 1984-1988, Sixto Durán Ballén 1992-
1996 y Jamil Mahuad 1998-2000)
Rodrigo Borja en la Enciclopedia de la Política sobre la Democracia Cristiana dice:
Llamada también democristianismo o socialcristianismo —aunque estas palabras aún
no han sido reconocidas por la Real Academia Española de la Lengua—, es el conjunto
de ideas políticas que sustentan los partidos demócrata-cristianos. Todas ellas hunden
sus raíces en los viejos planteamientos sobre la sociedad y la ética social de los padres
y doctores de la Iglesia —san Agustín, Juan Escoto Erígena, san Anselmo, Pedro
Abelardo, Alejandro de Sales, san Buenaventura, san Alberto Magno, santo Tomás de
Aquino y otros pensadores del escolasticismo medieval—, se enriquecen con el
tomismo que trató de conciliar la razón con la fe, con el neo-tomismo de Thomas Meyer
(1821-1913), Víctor Cathrein (1845-1931), Eberhard Welty (1902-1965) y Johannes
Messner (1891-1984), quienes intentaron ir hacia una suerte de socialismo cristiano, y
más tarde con el tomismo abierto de Jacques Maritain (1882-1973) que tuvo muchos
seguidores en Francia, Inglaterra y América Latina.
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En efecto, el pensamiento tomista dio lugar al neotomismo, formulado por los
seguidores de santo Tomás. Esta corriente de pensamiento teológico y político tuvo
mucha influencia en la enseñanza de las universidades católicas europeas del siglo XIX
y de la primera mitad del XX, a través del cursus thomisticus que en ellas se dictaba, y
en la formulación de las encíclicas de los papas que afrontaron los temas políticos y
sociales. Pero esa influencia terminó tras el Concilio Vaticano II, que revisó no
solamente los fundamentos de la educación teológica tradicional sino también muchos
de los conceptos mismos del neotomismo.
Pero, sin duda, la parte medular del acervo de ideas de la democracia cristiana es la
llamada doctrina social de la Iglesia Católica, contenida principalmente en las encíclicas
de los papas que tocan el tema político y el tema social.
Las más importantes de ellas son, en orden de aparición, la Nostis et Nobiscum expedida
por Pío IX el 8 de diciembre de 1849, en la que considera perniciosos el socialismo y el
comunismo, a los que el Pontífice incluyó en el párrafo IV del Syllabus, que fue el
catálogo de ideas condenadas por la Iglesia (1844); la Quod Apostolici numeris (1878),
la Diuturnum illud (1881), la Inmortale Dei, la Libertas (1888) y la Rerum Novarum
(1891) de León XIII; la Quadragesimo Anno (1931) y la Divini Redemptoris (1937) de
Pío XI; la Sertum Laetitiae (1939) y los mensajes de 1 de junio de 1941 sobre la cuestión
social, de diciembre de 1942 sobre el orden y la paz de la sociedad y de 13 de junio de
1943 sobre el tema social de Pío XII; la Mater et Magistra (1961) y la Pacem in Terris
(1963) de Juan XXIII; la Populorum Progressio (1967) y la Carta Apostólica en el 80º
aniversario de la encíclica Rerum Novarum (1971) de Pablo VI; la Laborem Exercens
(1981), la Sollicitudo Rei Socialis (1987) y la Centesimus Annus (1991) de Juan Pablo
II.
118
Sin duda, la más importante de las cartas encíclicas, porque abrió un surco en las ideas
de la Iglesia, fue la Rerum Novarum de León XIII sobre la cuestión obrera. En ella el
jefe del catolicismo trató sobre salarios, relaciones obrero-patronales, jornadas de
trabajo, descanso, labor de mujeres y niños y otros temas de orden laboral. Condenó la
usura “ejercitada por hombres avaros y codiciosos” y el hecho de que “la producción y
el comercio de todas las cosas está casi todo en manos de pocos, de manera que unos
cuantos hombres opulentos y riquísimos pusieron sobre la multitud innumerable de
proletarios un yugo que difiere poco del de los esclavos”.
Creo que deben diferenciarse dos épocas en las ideas de León XIII: las que corresponden
a la primera parte de su largo apostolado, que fueron terriblemente reaccionarias, y las
posteriores que, al afrontar la cuestión social, tienen conceptos interesantes para su
tiempo.
Las primeras están contenidas en la encíclica Quod Apostolici numeris (1878), en la
que señala que la doctrina católica es incompatible con el socialismo y acusa de todos
los males de la sociedad al pensamiento racionalista, y en la poco conocida Encíclica
sobre el origen del poder, en la que critica acerbamente a los enciclopedistas franceses
“que en el pasado siglo se atribuyeron el nombre de filósofos” y afirma la procedencia
divina del poder político de suerte que “los que administran la república deban obligar
a los ciudadanos de manera que el no obedecer sea pecado”.
Ratifica estos conceptos en la encíclica Diuturnum illud, de 29 de junio de 1881, y los
morigera más tarde en su Inmortale Dei, en que sostiene que la autoridad viene de Dios
pero que “no está vinculada a ninguna forma de gobierno”. Conmina a los jefes de
Estado a no abusar de su poder, aunque advierte que no es legítimo desacatarlos pues
“la sedición es un crimen de lesa majestad no sólo humana sino también divina”.
119
En su encíclica Libertas (1888) impugna la libertad de cultos, sostiene el derecho de la
Iglesia a castigar a los que no creen y limita las libertades humanas porque “de ninguna
manera es lícito pedir, defender u otorgar la libertad ilimitada de pensamiento, de
imprenta, de enseñanza o de religión”.
Las ideas sociales del pontífice, en cambio, están vertidas en la encíclica Rerum
Novarum (1891) sobre la cuestión obrera, en la que, no obstante sostener que “se debe
mantener intacta la propiedad privada” y que en la sociedad civil no pueden ser todas
las personas iguales, como se afanan en vano los socialistas, “porque ha puesto en los
hombres la naturaleza misma grandísimas y muchísimas desigualdades”, condena el
egoísmo económico de los grupos dominantes y afirma que es “verdaderamente
vergonzoso e inhumano el abuso de los hombres, como si no fuesen más que cosas, para
sacar provecho de ellos, y no estimarlos en más que lo que dan de sí sus músculos y sus
fuerzas”.
En esta encíclica el papa advierte que “los ricos y los patrones recuerden que no deben
tener a los obreros por esclavos y que deben en ellos respetar la dignidad de la persona”.
Aboga en favor de la protección de los derechos de los pobres, “porque la clase de los
ricos, como se puede amurallar con sus recursos propios, necesita menos del amparo de
la pública autoridad; el pobre pueblo, como carece de medios propios con qué
defenderse, tiene que apoyarse grandemente en el patrocinio del Estado”.
Al conmemorarse cuarenta años de la vigencia de la encíclica Rerum Novarum, Pío XI
expidió la Quadragesimo Anno el 15 de mayo de 1931, para reafirmar todos los puntos
tratados por León XIII, “poner al día” su doctrina y precautelarla de las calumnias y
falsas interpretaciones. Habló de la propiedad, cuyo derecho “defendió Nuestro
Predecesor contra las arbitrariedades de los socialistas de su tiempo, demostrando que
120
la supresión del dominio privado había de redundar no en utilidad sino en daño extremo
de la clase obrera”, y se refirió a las pretensiones injustas del capital, las pretensiones
injustas del trabajo, el justo salario, los cambios en el régimen capitalista, la libre
competencia, la cristianización de la vida económica y otros temas de carácter
económico y social.
En el orden político, Pío XI dijo que, desde los tiempos de León XIII, el socialismo se
ha dividido en dos partes, “sin que ninguna de las dos reniegue del fundamento propio
del socialismo, contrario a la fe cristiana”: la rama más violenta es el comunismo, que
enseña la lucha de clases encarnizada y que suprime la propiedad privada, y la otra rama
es la “moderada” que conserva el nombre de socialismo y “se inclina y en cierto modo
avanza hacia las verdades que la tradición cristiana ha enseñado siempre solemnemente:
pues no se puede negar que sus reivindicaciones se acercan mucho a veces a las de
quienes desean reformar la sociedad conforme con los principios cristianos”.
No obstante que reconoce cierta convergencia entre los principios cristianos y el
socialismo que él llama “moderado”, Pio XI lamenta que “no pocos hijos nuestros, de
quienes no podemos persuadirnos que hayan abandonado la verdadera fe y perdido su
buena voluntad, dejan el campo de la Iglesia y vuelan a engrosar las filas del socialismo:
unos, que abiertamente se glorían del nombre de socialistas y profesan la fe socialista;
otros, que por indiferencia, o talvez con repugnancia, dan su nombre a asociaciones
cuya ideología o hechos se muestran socialistas”.
Los últimos tres pontífices volvieron a afrontar el problema social, aunque con ópticas
distintas y acaso contradictorias con las de los anteriores. Juan XXIII escribió las
encíclicas Mater et Magistra en 1961 y Pacem in Terris en 1963. En la primera de ellas,
al formular precisiones sobre las enseñanzas de la Rerum Novarum, habló de la
121
“socialización” como uno de los fenómenos típicos de la época moderna, entendida
como un progresivo multiplicarse de las relaciones de convivencia, y dijo que “el mundo
económico es creación de la iniciativa personal de los ciudadanos”, sin embargo de lo
cual “deben estar también activamente presentes los poderes públicos a fin de promover
debidamente el desarrollo de la producción en función del progreso social en beneficio
de todos los ciudadanos”.
En su segunda encíclica, Pacem in Terris, Juan XXIII reafirma el viejo criterio de la
Iglesia sobre el origen divino del poder, aunque en los términos definidos por san Juan
Crisóstomo: los del derecho divino providencial, y hace una amplia consideración sobre
los derechos civiles, políticos y económicos de las personas, entre los que está el derecho
de propiedad privada, que brota de la naturaleza humana, pero al que va inherente una
función social.
Pablo VI, en su encíclica Populorum Progressio (1967), puso énfasis en el desarrollo
solidario de la humanidad y en la asistencia especial a los débiles. En el ámbito de las
relaciones entre los Estados afirmó que los pueblos ya desarrollados tienen la obligación
gravísima de ayudar a los países en vía de desarrollo y que, en las relaciones de comercio
internacional, cuando las condiciones son demasiado desiguales de país a país: los
precios que se forman “libremente” en el mercado pueden llevar consigo resultados no
equitativos, por lo que es el principio fundamental del liberalismo, como regla de los
intercambios comerciales, el que está aquí en litigio.
Juan Pablo II tiene tres encíclicas importantes. En la Laborem Exercens (1981) se refiere
a cuestiones laborales y repite los conocidos conceptos de los últimos tiempos de la
Iglesia sobre el tema.
122
La Sollicitudo Rei Socialis (1987) toca, entre otros asuntos, el del desarrollo humano.
Dice al respecto que ha entrado en crisis la concepción “económica” o “economicista”
vinculada a la palabra desarrollo y que la mera acumulación de bienes y servicios,
incluso en favor de una mayoría, no basta para proporcionar la felicidad humana. Critica
en ella la llamada civilización del “consumo” o consumismo, que comporta tantos
“desechos” o “basuras”. Un objeto poseído, y ya superado por otro más perfecto, es
descartado simplemente, sin tener en cuenta su posible valor permanente para uno
mismo o para otro ser humano más pobre.
En la Centesimus Annus (1991), expedida para conmemorar los cien años de la Rerum
Novarum, vuelve sobre la cuestión laboral, insiste en que la consecución del bien común
demanda la articulación de esfuerzos entre la personas y el poder público y además
analiza los espectaculares cambios producidos en el mundo durante los últimos meses
de 1989 y primeros de 1990 —la caída de la Unión Soviética y el comienzo de la
desintegración de su bloque de países—, acontecimientos de los que dice, en una
afirmación de muy dudosa veracidad, que fueron “previstos” por el papa León XIII en
su crítica al socialismo hace cien años. Juan Pablo II insiste, de conformidad con la
rancia tradición pontificia, en culpar de todos los males de la sociedad al ateísmo que
induce a organizar el orden social prescindiendo de la dignidad y responsabilidad de la
persona. Repite los viejos conceptos contra el “racionalismo iluminista”. Partiendo del
prejuicio de que el único socialismo posible es el marxismo, condena la lucha de clases
y los otros métodos marxistas que brotan, según él, de la misma” raíz atea”.
Lo que se saca en claro de los pronunciamientos pontificios de los últimos treinta años
es su rechazo a la teoría y práctica del liberalismo y del neoliberalismo, con sus métodos
deshumanizados, y la condenación al marxismo, al que parecen concebir
123
equivocadamente —con la equivocación muy frecuente y común en los hombres de la
derecha— como la única forma posible de socialismo.
Al margen de las encíclicas, el Concilio Vaticano II aprobó en 1965 un documento de
raíces renovadoras, que fue la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia
en el mundo moderno, dirigido “no sólo a los hijos de ella y a quienes invocan el nombre
de Cristo, sino, sin vacilación, a la humanidad entera, deseoso de exponer a todos la
manera que tiene la Iglesia de concebir su propia presencia y la actividad en el mundo
de hoy”.
En este documento, al tratar el tema del desarrollo económico y en lo que yo creo que
es un alegato en favor del sistema de >economía mixta, se afirma “que no se puede dejar
este desarrollo ni al juego casi mecánico de las fuerzas económicas ni a la sola decisión
de la autoridad pública: de ahí que no estén exentas de error tanto las doctrinas que por
una apariencia de falsa libertad se oponen a las necesarias reformas, como las que
sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos a la organización
colectiva de la producción”.
Evidentemente, cuando el documento pastoral habla del “juego casi mecánico de las
fuerzas económicas” se refiere a las fuerzas del mercado, a las que, en concepto del
Concilio, no se puede entregar la conducción de la economía de un país.
A comienzos del siglo XX las derechas europeas con sensibilidad social discutieron
mucho el nombre que habrían de dar a las ideas sociales y políticas expuestas por León
XIII, Pío XI y otros pontífices del catolicismo. Barajaron varios nombres: socialismo
católico, cristianismo popular, catolicismo social, socialcristianismo y otros más.
Finalmente se inclinaron por el de democracia cristiana, y en torno de las ideas
124
pontificias empezaron a organizar en varios países los partidos políticos de la nueva
derecha.
Tal fue el entusiasmo que el propio papa León XIII juzgó del caso expedir una nueva
encíclica en 1901, titulada Graves de Communi, con ánimo de aclarar ciertas cosas a fin
de frenar el exceso “socializante” de sus seguidores.
A pesar de que tienen las mismas fuentes doctrinales, no siempre existe coherencia en
los planteamientos democristianos de los diferentes países. Sus partidos han dado
distintas interpretaciones a los textos pontificios, que por cierto están concebidos en
términos muy generales y con frecuencia mantienen contradicciones entre sí. El llamado
“bien común”, incesantemente repetido por los pensadores de la Iglesia, ha cambiado
sustancialmente a lo largo del tiempo. El bien común era una cosa para el tomismo y
otra muy distinta para los papas del siglo XX. Aparte de esto, los textos pontificios,
siempre muy generales, pueden recibir diversas lecturas. Y eso es lo que ha ocurrido.
Cómo entender, por ejemplo, aquello del “dese a cada cual la parte de bienes que le
corresponde”, que manda Pío XI en su Quadragesimo Anno. Frases como estas se
prestan a muchas interpretaciones y explican las incoherencias del socialcristianismo en
los diversos países.
Existen partidos demócrata-cristianos que, en sus ideas sociales, están próximos al
socialismo democrático, aunque dentro del invariable confesionalismo que caracteriza
la posición de todos ellos; pero hay otros francamente cercanos al fascismo. Es muy
amplia la gama de las ideas democristianas. Y eso vuelve muy difícil su sistematización.
En Europa la democracia cristiana es una forma renovada del <conservadorismo
tradicional y las organizaciones políticas que sustentan estas ideas tienen sus raíces en
los “partidos católicos” que, inquietos por los cambios sociales, el laicismo y las tesis
125
de separación del Estado y la Iglesia que propugnaron los socialistas y los jacobinos, se
formaron en Europa durante el siglo XIX y a principios del XX para defender los
“derechos de la religión y de la Iglesia”.
En Italia y en Alemania, a partir de la segunda postguerra, cobraron gran fuerza los
partidos demócrata-cristianos, que mantuvieron una larga hegemonía política en esos
países, hasta que en 1993 el italiano se desplomó bajo el peso de la corrupción de sus
cúpulas dirigentes —e incluso tuvo que cambiar su nombre por el de Partido Popular
Italiano en enero de 1994— y arrastró con su desprestigio al alemán y a otros partidos
europeos menos influyentes.
En Latinoamérica los partidos democristianos forman un abanico muy amplio de
posibilidades ideológicas y juegan roles muy distintos de un país a otro. En algunos
casos sus planteamientos sociales se acercan a los del socialismo democrático. Son
partidos de centro-izquierda. Puede decirse que son un socialismo democrático y
confesional. En otros casos han tomado el lugar y han asumido el papel de los partidos
conservadores. Son partidos de la derecha.
De esto se desprende que hay una gran heterogeneidad en los planteamientos doctrinales
de la democracia cristiana o socialcristianismo, a pesar de su homologación
internacional y de la creación de organizaciones mundiales y regionales que agrupan a
sus partidos y coordinan sus actividades. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica [versión
electrónica], 2013)
Jamil Mahuad (1987) se refiere a la doctrina de la Democracia Cristiana así:
126
Yo pondría tres grandes corrientes que la conforman. En primer lugar, lo que se ha
denominado, en términos generales, la Doctrina Social de la Iglesia, es decir el conjunto
de encíclicas papales que tiene relación con la presencia del hombre en la tierra y que
se refieren a sus necesidades y aspectos temporales y concretos. Especialmente a raíz
del siglo XIX la preocupación de la Iglesia Católica por los problemas sociales es muy
grande y entonces ahí tenemos una primera gran fuente de enriquecimiento del
pensamiento de Democracia Cristiana. Sobre esas encíclicas y con aportes propios,
además, hay un conjunto de pensadores que han enriquecido muchísimo esa tendencia;
el más importante de ellos probablemente es el filósofo francés Jacques Maritain,
además de Emmanuel Mounier, Erick Fromm y otros. Pero todos conocemos que entre
el pensamiento de los filósofos y la realidad de todos los días, muchas veces existe una
brecha difícil de llenar, y el tercer gran aporte que tiene el pensamiento demócrata
cristiano, en términos generales, proviene de la práctica de los gobiernos que se ha
tenido en muchos países del mundo y con algunas experiencias concretas ya en América
Latina. Creo entonces que hay una base teórica sólida, hay el aporte doctrinario sobre
esa base teórica y hay la experiencia cotidiana que nos ha permitido manejar situaciones
absolutamente coyunturales y concretas. (Comite Ecuatoriano de la Cooperación con la
Comisión Interamericana de Mujeres, 1987)
Conservador
El conservadorismo o conservadurismo, como suele llamarse también es un conjunto
de doctrinas, corrientes, opiniones y posicionamientos, generalmente de centro-derecha y
derecha, que favorecen tradiciones, es un estilo de pensamiento de carácter
contrarrevolucionario, por lo cual se define en conservar valores, ideas y un orden social,
anteriores a cualquier proceso revolucionario. Por lo tanto, su origen histórico es opuesto al
liberalismo. Ejemplo en el Ecuador Gabriel García Moreno.
127
Rodrigo Borja en la enciclopedia de la política define al conservador asi:
Se suele considerar a los pensadores ingleses Edmund Burke (1729-1797) y Michael
Joseph Oakkeshott como los teóricos del conservadorismo. Sin embargo, éste no
constituye propiamente una ideología política —en el sentido de un pensamiento
conservador sistemático—, sino un instinto de conservación del statu quo o del
establishment desarrollado por “los que tienen qué perder” en la vida social.
Desde que en 1818 el escritor francés François-René de Chateaubriand bautizara a su
periódico como “Le Conservateur”, la palabra empezó a extenderse en Europa para
designar valores y cosas tan variadas como la creencia en el derecho divino de gobierno,
el respeto sumiso a la tradición, la defensa de la propiedad privada, el orden social
discriminatorio, el sometimiento del Estado a la iglesia, la educación confesional y otras
categorías políticas y socioeconómicas que en cada momento de la historia formaron
parte de las convicciones de las clases dominantes.
Según afirma Leopoldo Wagner en su libro “Names: and their meaning”, la palabra
“conservative” apareció en Inglaterra, en enero de 1830, en un artículo titulado “The
Quarterly Review”, de donde la tomó y la adoptó el partido tory.
Se dice que una persona, partido, institución o gobierno profesa el conservadorismo o
conservadurismo cuando asume una actitud de inmovilismo ante las demandas y retos
de la sociedad.
Aunque hay un pensamiento conservador, un arte conservadora, una economía
conservadora, una disposición de ánimo conservadora, el conservadorismo no es
realmente una doctrina política sino una actitud ante la vida social. Los individuos y
grupos que la asumen se empeñan en mantener todo intocado y en apuntalar un orden
128
social que les es generoso en privilegios. Despliegan toda clase de arbitrios para detentar
el poder y, por este medio, blindar los intereses económicos de las clases y capas
sociales dominantes. Su actitud es que nada cambie, que todo siga igual. Su pensamiento
es que las cosas son eternas y que el mundo es un almacén de cosas acabadas. ”Vivir es
para ellos —decía Ortega y Gasset— un simple dejarse ir de un minuto al siguiente, en
puro abandono, sin reacción íntima ni toma de actitud ante dilema alguno “.
El conservadorismo es la tenaz y militante oposición a todo cambio en las formas de
organización social que pudiera poner en peligro los intereses económicos, los usos, las
convicciones y el estilo de vida de los grupos altamente situados en la pirámide social,
eficazmente blindados por el orden jurídico y político imperante. Esos grupos
mantienen un irrevocable compromiso con los valores de la sociedad tradicional que,
desde su punto de vista, son valores eternos y necesarios. El conformismo es su signo.
La inercia es su fuerza. Su programa es que nada cambie, que todo siga igual, que el
orden tradicional de privilegios se mantenga. A veces hacen concesiones tácticas y
aceptan pequeñas modificaciones para asegurar la permanencia de las estructuras
fundamentales. O sea que incurren en el “gatopardismo”: cambiar algo para que las
cosas sigan iguales, tal como lo proclama reiteradamente el personaje de la novela "il
Gattopardo" del escritor siciliano Giuseppe Tomasi.
El gatopardismo es la filosofía de quienes piensan que es preciso introducir reformas
cosméticas en la organización social para que todo siga igual.
Obviamente, en el fondo de la actitud conservadora gravitan intereses económicos y
sociales concretos. El conservadorismo es la expresión política de las clases o capas
sociales dominantes, que ocupan un lugar de privilegio en la ordenación social y que,
por tanto, no desean cambio alguno que pudiera poner en peligro su posición
129
hegemónica, sus intereses económicos, sus valores morales, sus usos y costumbres
sociales y su modo de vida, tan generosamente protegidos por el orden social imperante.
Esta actitud recibe el nombre de derecha en el vocabulario político convencional, en
contraposición con la izquierda que es la vocación de cambio social. Su expresión
táctico-política se da con los partidos conservadores o “partidos del orden”, como
también se llaman, en recuerdo del que, bajo el liderato del General Baraguay d’Hilliers,
defendía las prerrogativas de la monarquía en la Asamblea Francesa de vísperas de la
Revolución.
Cualquiera que sea su denominación específica o su apodo comarcano: fachas en
España, tories en Inglaterra, schwarzen en el sur de Alemania, momios en Chile, godos
en Colombia, curuchupas en Ecuador, tutumpotes en la República Dominicana, mochos
en México, fachos en Uruguay, pelucones en algunos países, cachurecos en Honduras
y Guatemala, orejudos en Buenos Aires, lomos negros en otras provincias argentinas,
saquaremas antiguamente en Brasil, rosqueros en la Bolivia revolucionaria de los años
50, los partidos conservadores consagran todos sus esfuerzos, horas y energías a
preservar la sociedad tradicional y a montar guardia sobre los privilegios de las minorías
aventajadas.
El conservadorismo, en materia religiosa, estuvo generalmente unido con el catolicismo
más añejo —el catolicismo preconciliar— que, con su célebre teoría del altar y del trono,
defendió en su momento la monarquía y se valió de la influencia de la Iglesia, que
entonces era mucha, para mantener un orden social injusto. En los pueblos orientales
ese conservadorismo está profundamente arraigado en las dos principales ramas del
islamismo: la chiita y la sunita que, bajo sus regímenes teocráticos, insisten en vincular
la religión con la política y se oponen militantemente al laicismo como concepción
130
estatal, impugnan la separación de la iglesia y el Estado y tratan de instrumentar la
religión en su beneficio político y económico. (Borja, Enciclopedia de La Pólítica
[versión electrónica], 2013)
El Partido Conservador Ecuatoriano fue el primer partido político ecuatoriano,
fundado por Jacinto Jijón y Caamaño en la segunda mitad del siglo XIX sobre la figura del
presidente Gabriel García Moreno y la doctrina social de la Iglesia. Entre sus Ideólogos
estuvieron Juan León Mera, el Dr. Felipe Sarrade, el General Julio Sáenz, Dr. Ramón
Aguirre, el Coronel Manuel de Ascázubi, Gregorio del Valle, Roberto Ascázubi, Rafael
Carvajal, Nicolás Martínez e Ignacio del Alcázar. Tuvo activa participación como partido
católico, incluso en los conflictos bélicos internos que derivaron en la victoria de la
Revolución Alfarista, en 1895.
Gabriel García Moreno, fue fundador del Partido Conservador, este partido tenía una
línea basada en la moral, la tradición, y la religiosidad. Ejecutó una política represiva en la
gran parte de aspectos, sin embargo, fue ejecutor del primer esfuerzo por modernizar al país
en lo productivo y científico.
3.2. LA DEMOCRACIA EN EL ECUADOR
131
El Gobierno Nacionalista Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1972-1976)
presidido por el General Guillermo Rodríguez Lara, asume el poder, el 16 de febrero de
1972, al derrocar la dictadura del Doctor José María Velasco Ibarra proclamada dos años
antes, cuando el viejo caudillo rompe la constitución. Aparentemente, son dos las causas que
llevan a los militares a intervenir según Oswaldo Hurtado (1987) “El interés de las Fuerzas
Armadas en controlar el Petróleo, cuyas exportaciones estaban próximas a iniciarse y detener
el posible triunfo electoral del caudillo populista Asaad Bucaram”. (Husrtado, 1987)
El 12 de enero de 1976, el General Rodríguez es derrocado por las Fuerzas Armadas
y sustituido por un Triunvirato integrado por los comandantes de las tres ramas de las
Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Aviación, quienes conformaron el Consejo
Supremo de Gobierno y dirigieron el país desde el 12 de enero de 1976 hasta el 10 de agosto
de 1979. Este nuevo gobierno institucional de los militares, mantiene las políticas
económicas y sociales del anterior y en materia internacional y de recursos naturales no
introduce ninguna modificación significativa. El cambio más importante que introduce es de
orden político electoral, al decir convocar a elecciones para entregar el poder a los civiles y
elaboran el plan Retorno a la Democracia, que culmina con la promulgación de una nueva
Constitución, una ley de Elecciones y Partidos Políticos y la convocatoria a elecciones
generales para mediados de 1978.
El 16 de julio de 1978 se realiza el proceso electoral, pasando a la segunda vuelta
Jaime Roldós Aguilera, candidato de Concentración de Fuerzas Populares CFP cuyo líder
era el populista Asaad Bucaram y el candidato del partido Social Cristiano Sixto Durán
Ballén.
132
El 29 de abril de 1979 se realiza la segunda vuelta electoral, triunfando Jaime Rodos
Aguilera y convirtiéndose en el XXIV presidente constitucional de la República y lo más
importante el primero del período democrático que empezaba en el país.
3.2.1. CRONOLOGÍA DE PRESIDENTES DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR DESDE EL RETORNO A LA DEMOCRACIA EN EL AÑO 1979.
Período 1979-1984
Presidente
Jaime Roldós Aguilera
Vicepresidente
Oswaldo Hurtado
Presidente
Oswaldo Hurtado
Vicepresidente
León Roldós Aguilera
El Presidente de la República Jaime Roldós Aguilera fallece en un accidente aéreo
ocurrido el 24 de mayo de 1981 en el Cerro de Huairapungo, provincia de Loja. Por lo que
asume la Presidencia de la República su Vicepresidente. El Congreso Nacional designa como
Vicepresidente al hermano de Jaime Roldós, el abogado León Roldós Aguilera.
Período 1984 – 1988
Presidente
133
León Febres Cordero
Vicepresidente
Blasco Peñaherrera Padilla
Período 1988 – 1992
Presidente
Rodrigo Borja Cevallos
Vicepresidente
Luis Parodi Valverde
Período 1992 – 1996
Presidente
Sixto Durán Ballén
Vicepresidente
Alberto Dahik Garzozi 1992-1995
Eduardo Peña Triviño 1995-1996
En 1995 la justicia del Ecuador anunció que tenía bastantes evidencias para arrestar
a Dahik por cargos de malversación de fondos, pero Dahik presentó su renuncia y huyó del
país antes de poder ser efectuada su orden de prisión. Pasó a Costa Rica, dónde pidió asilo
político. El Congreso Nacional nombró a Eduardo Peña Triviño para que termine el período
de Vicepresidente.
Período 1996-2000
Presidente
134
Abdalá Bucaram
Vicepresidente
Rosalía Arteaga
Presidente
Rosalía Arteaga 7 al 11 de febrero 1997
Presidente
Fabián Alarcón 11 de febrero 1997- agosto 1998
Vicepresidente
Rosalía Arteaga abril 1998
Pedro Aguayo Cubillo abril 1998 – agosto 1998
El 6 de febrero de 1997, las excentricidades del Presidente y su entorno, así como
los cambios administrativos, la inundación de personal en entes públicos como pago por
favores políticos y las acusaciones de corrupción que pesaban en su contra, provocó
manifestaciones de descontento en la población que ocasionó una ola de protestas que
finalizó en la decisión del Congreso Nacional que con 45 votos a favor de 82 posibles, de
cesar en sus funciones de Presidente de la República, por incapacidad mental. Antes de la
medianoche del 6 de febrero, Rosalía Arteaga firmaba un decreto mediante el cual asumía
la Presidencia, apelando a la Constitución vigente instaurada en 1978, pero el cese
inesperado en el cargo de un presidente y su suceción no estaban claramente contemplados
en la constitución ecuatoriana, sin embargo el Congreso insistió en el nombramiento de
Fabián Alarcón y el depuesto Abdalá Bucaram reclamaba la inconstitucionalidad de su cese.
Ecuador amaneció el 7 de febrero de 1997 con tres presidentes reclamando su cargo.
135
La intervención de las Fuerzas Armadas propició dos días más tarde un acuerdo entre
Arteaga y Alarcón mediante el cual la presidenta accedía a asumir el poder de manera
temporal mientras el Congreso solucionaría el "vacío constitucional" que impedía la
investidura. Sin embargo, el Parlamento se autoconvocó para el 11 de febrero con la
intención de votar la investidura de Fabián Alarcón como Presidente Constitucional Interino,
una figura no existente en la Carta Magna de 1978. Tras su fallido intento de ser recibida en
el Congreso, Rosalía Arteaga redactó un manifiesto que leyó en los exteriores del Palacio
Legislativo, en el cual renunciaba a la Presidencia de la República. Pocas horas más tarde
una mayoría simple de diputados elegía a Alarcón como Presidente Constitucional Interino.
En abril de 1998 Rosalía Arteaga renuncia a la Vicepresidencia para ser candidata a la
Presidencia de la República, el 2 de abril de 1998, el Congreso Nacional elige a Pedro
Aguayo Cubillo como Vicepresidente de la República.
Período 1998-2002
Presidente
Jamil Mahuad Witt
Vicepresidente
Gustavo Noboa Bejarano
Gobierno de la Junta de Salvación Nacional 21 de enero 2000
Lucio Gutiérrez Borbúa
Carlos Antonio Vargas
Carlos Solórzano
Junta de Gobierno 22 de enero 2000
136
Gen. Carlos Mendoza Poveda
Carlos Antonio Vargas
Carlos Solórzano
Presidente 2000 - 2002
Gustavo Noboa Bejarano
Vicepresidente
Pedro Pinto Rubianes
El Feriado bancario, la dolarización, las políticas económicas y la crisis financiara
del 99, fueron los principales motivos para que se organicen marchas de protesta lideradas
por el grupo indígena más poderoso del país, la Confederación de Nacionalidades Indígenas
de Ecuador (CONAIE) quienes después de haber marchado desde la Amazonía y el norte
del país, exigían la renuncia de Mahuad, llegaron a Quito y se tomaron el Congreso Nacional.
El 21 de enero del 2000, a las 12h00, con el apoyo de militares liderados por el coronel Lucio
Gutiérrez, exigen la renuncia del presidente Jamil Mahuad. A las 15h00, el general Carlos
Mendoza, Ministro encargado de Defensa, anuncia que los militares retiran su apoyo a
Mahuad, quien afirma, media hora después que no renunciará a su cargo. A las 17h00,
Mahuad abandona el Palacio de Gobierno y luego se integra una Junta de Salvación Nacional
dirigida por el coronel Lucio Gutiérrez, en calidad de Presidente. Horas después se integra
un triunvirato comandado por el general Mendoza (en reemplazo de Gutiérrez), Carlos
Solórzano y Antonio Vargas. Por presión de la cúpula militar, en la madrugada el triunvirato
anuncia su apoyo al entonces vicepresidente Gustavo Noboa, quien asume el poder a las
06h00 en el Ministerio de Defensa. El 22 de enero el Congreso Nacional nombra como
Vicepresidente a Pedro Pinto Rubianes.
137
Período 2002-2006
Presidente
Lucio Gutiérrez Borbúa
Vicepresidente
Alfredo Palacio
Presidente 2005 -2007
Alfredo Palacio
Vicepresidente
Alejandro Serrano Aguilar
Los ofrecimientos incumplidos, las contradicciones, la destitución de los jueces de la
Corte Suprema de Justicia y el retorno de Abdalá Bucaram que confirmaba el compromiso
adquirido por el gobernante con ese líder populista, colmaron la paciencia de los ciudadanos,
especialmente de Quito que, a partir de entonces y convertidos en la llamada "Rebelión de
los forajidos", salen a las calles a manifestar miles de ciudadanos de toda condición social.
Protestas que iban incrementando el descontento social y el disgusto contra el gobierno de
Gutiérrez. Estas manifestaciones empezaron a realizarse de manera espontánea, sin la
conducción de ningún líder político.
El 20 de abril de 2005, la situación fue insostenible hasta que el Congreso de Ecuador
reunido en CIESPAL, declaró la vacancia presidencial por abandono del cargo y procedió a
nombrar a Alfredo Palacio como nuevo Presidente. El 5 de mayo del 2005 el Congreso
Nacional elige a Alejandro Serrano Aguilar como Vicepresidente de la República.
138
Período 2007-2009
Presidente
Rafael Correa
Vicepresidente
Lenin Moreno
Período 2009-2013
Presidente
Rafael Correa
Vicepresidente
Lenin Moreno
Período 2013-2017
Presidente
Rafael Correa
Vicepresidente
Jorge Glas
Rafael Correa Delgado fue elegido Presidente de la República para el período 2007-
2011, Luego de aprobar una nueva Constitución, en septiembre del 2008, se aprueba la
reelección presidencial, se convoca a elecciones donde participa como candidato y el 26 de
abril de 2009 gana la contienda electoral en la primera vuelta. Correa es reelecto para su
segundo mandato de cuatro años, hasta el año 2013. El 17 de febrero del 2013 en nuevas
139
elecciones, Rafael Correa fue reelecto Presidente de Ecuador, por tercera vez para el período
2013-2017.
Período Presidente de la
República Partido Político Observaciones
2013 - 2017 Rafael Correa
Alianza PAIS
Tercera reelección de
Rafael Correa
2009 - 2013 Rafael Correa
Alianza PAIS
Segunda reelección de
Rafael Correa
2007 - 2009 Rafael Correa
Alianza PAIS
Se reforma la Constitución
y se da por terminado el
período Presidencial
2005 - 2007 Alfredo Palacio
Independiente No pertenece a ningún
partido político
2002 - 2005 Lucio Gutiérrez Partido Sociedad
Patriótica (PSP) Presidencia interrumpida
2000 - 2002 Gustavo Noboa
Democracia Popular
- Unión Demócrata
Cristiana (DP-UDC)
Vice-Presidente, asumió la
presidencia el 22 de enero
de 2000 ante el colapso del
gobierno de Mahuad
2000
Gen. Carlos Mendoza
Poveda
Carlos Antonio Vargas
Carlos Solórzano
Militares y
Pachakutik Concejo de Estado (junta)
2000
Col. Lucio Gutiérrez
Borbúa
Carlos Antonio Vargas
Carlos Solórzano
Militares y
Pachakutik
Gobierno de la Junta de
Salvación Nacional
Jefe de la Junta: Col. Lucio
Gutiérrez
Carlos Vargas era
presidente de CONAIE
Carlos Solórzano era ex-
presidente de la Corte
Suprema
1998 - 2000 Jamil Mahuad
Democracia Popular
- Unión Demócrata
Cristiana (DP-UDC)
Presidencia interrumpida
por golpe cívico-militar
1997 - 1998 Fabián Alarcón Frente Radical
Alfarista
Presidente del Congreso,
nombrado presidente
interino ante la declaración
juicio político iniciado
contra el Presidente
Bucaram
140
1997 Rosalía Arteaga Serrano
Movimiento
Independiente por
una República
Auténtica (MIRA)
Vice-Presidenta del
gobierno de Bucaram.
Asumió la presidencia por
dos días (entre feb. 9 y 11)
cuando el Congreso
declaró que Bucaram no
estaba en sus facultades
para gobernar
1996 - 1997 Abdalá Bucaram Ortíz Partido Roldosista
Ecuatoriano (PRE)
Después de una
movilización popular,
Bucaram fue destituido por
el Congreso por
"incapacidad mental para
gobernar"
1992 - 1996 Sixto Durán-Ballén
Córdovez
Partido Unidad
Republicana (PUR)
Este partido nace de las
filas conservadoras y
socialcristianas
1988 - 1992 Rodrigo Borja Cevallos Izquierda
Democrática (ID)
Al tercer intento Borja
llega al poder
1984 - 1988 León Febres Cordero
Frente de
Reconstrucción
Nacional (FRN)
El FRN estaba compuesto
por los siguientes partidos:
Conservador, Coalición
Institucionalista
Demócrata, Liberal, Social
Cristiano, Nacionalista
Revolucionario y
Velasquista
1981 - 1984 Osvaldo Hurtado Larrea
Democracia Popular
- Unión Demócrata
Cristiana (DP-UDC)
Asumió la presidencia en
1981 ante la muerte de
Roldós en un accidente
aéreo
1979 - 1981 Jaime Roldós Aguilera
Concentración de
Fuerzas Populares
(CFP)
Primer Presidente desde el
retorno a la democracia
1979
1976-1979
Almr. Alfredo Poveda
Burbano
Gen. Luis Leoro Franco
Gen. Guillermo Durán
Arcentales
Militares
Concejo Supremo de
Gobierno (junta militar)
Jefe de la Junta Militar:
Admr. Alfredo Poveda
Burbano
1972-1976 Guillermo Rodríguez
Lara Militar
Militar
Fuente: Political Database of the Americas
141
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 1
1. EL ESTADO 2
1.1. Clasificación de los Estados 24
1.2. Nación 32
1.3. Gobierno 35
1.3.1. Clasificación de Gobiernos 38
2. EL ESTADO Y SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 42
2.1. La Administración Pública 42
2.2. El Sector Público 46
3. LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS Y DEMOCRACIA EN EL ECUADOR 66
3.1. Ideología Política 66
3.1.1. Principales Ideologías Políticas 84
3.2. La Democracia en El Ecuador 130
3.2.1. Cronología de los Presidentes de la República del Ecuador desde
el retorno a la Democracia en el año 1979. 132
BIBLIOGRAFÍA 142
NETGRAFÍA 142
TRABAJOS CITADOS 143
142
Bibliografía Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial No 449.
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145
ANEXOS
146
147
148
149