Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos” Un mecanismos de participación ciudadana La Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”, construye un relacionamiento diferente entre el sector y los territorios, soportado en el diálogo como principal herramienta para generar dinámicas participativas para llegar a acuerdos. En “Todos cabemos” se entiende el diálogo como un proceso que genera intercambios entre quienes participan en él con un doble propósito: atender lo urgente y discutir sobre lo importante. Adicionalmente, se entiende el diálogo como un mecanismo de construcción de confianza institucional, en tanto, el diálogo es un espacio que permite la legitimación de resultados y acuerdos que derivan del mismo. En consecuencia, en la Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”, el diálogo es un instrumento de cooperación, articulación, coordinación y trabajo conjunto que permite garantizar el derecho a la participación de las comunidades y que el sector sea percibido como un actor estratégico que apalanca otras actividades productivas en el territorio. A continuación, una revisión normativa, conceptual y práctica de la participación ciudadana: I. La participación ciudadana en Colombia En Colombia existen diferentes mecanismos y herramientas para promover, ejercer y proteger la participación de la ciudadanía consagradas en la Constitución y desarrolladas posteriormente en las leyes. i. Principales normas que facultan a los ciudadanos para que hagan uso de los derechos y deberes, para de esta manera practicar la participación ciudadana: • Constitución Política de Colombia. Art 1,2,13, 20, 23, 40, 45, 79, 88, 95, 103- 106, 270, 377. Marco general de la Participación Ciudadana en Colombia. • Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación Ciudadana”
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Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”
Un mecanismos de participación ciudadana
La Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”, construye un relacionamiento diferente entre el sector y los territorios, soportado en el diálogo como principal herramienta para generar dinámicas participativas para llegar a acuerdos. En “Todos cabemos” se entiende el diálogo como un proceso que genera intercambios entre quienes participan en él con un doble propósito: atender lo urgente y discutir sobre lo importante. Adicionalmente, se entiende el diálogo como un mecanismo de construcción de confianza institucional, en tanto, el diálogo es un espacio que permite la legitimación de resultados y acuerdos que derivan del mismo. En consecuencia, en la Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”, el diálogo es un instrumento de cooperación, articulación, coordinación y trabajo conjunto que permite garantizar el derecho a la participación de las comunidades y que el sector sea percibido como un actor estratégico que apalanca otras actividades productivas en el territorio. A continuación, una revisión normativa, conceptual y práctica de la participación ciudadana:
I. La participación ciudadana en Colombia En Colombia existen diferentes mecanismos y herramientas para promover, ejercer y proteger la participación de la ciudadanía consagradas en la Constitución y desarrolladas posteriormente en las leyes.
i. Principales normas que facultan a los ciudadanos para que hagan uso de los derechos y deberes, para de esta manera practicar la participación ciudadana:
• Constitucion Politica de Colombia. Art 1,2,13, 20, 23, 40, 45, 79, 88, 95, 103- 106, 270, 377. Marco general de la Participacion Ciudadana en Colombia. • Ley 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacion Ciudadana”
• Ley 472 de 1998 “Por la cual se desarrolla el articulo 88 de la Constitucion Politica de Colombia en relacion con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. • Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones”. • Ley 720 de 2001 “Por medio de la cual se reconoce, promueve y regula la accion voluntaria de los ciudadanos colombianos”. • Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacion de tramites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones publicas o prestan servicios publicos”. • Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. • Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupcion por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la gestion publica”. • Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”. • Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integracion de la planeacion y gestion” • Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los articulos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011”. • CONPES 3649 de 2010 “Politica Nacional de Servicio al Ciudadano” • CONPES 3650 de 2010 “ Estrategica de la Estrategia de Gobierno en Linea” • CONPES 3654 de 2010 “Politica de rendicion de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”.
ii. Principales Espacios de participación en la planeación del desarrollo
Consejos Nacional de Planeación (Ley 152 de 1994). Es una instancia de carácter consultivo que tiene un rol protagónico en la planeación participativa pues en ella confluyen representantes de las entidades territoriales, diversos sectores de la sociedad civil y sector empresarial. Es convocada tras la posesión de un nuevo presidente por periodos de ocho años, pero cada cuatro se renueva un 50% de sus integrantes. De manera específica, una de sus funciones es “Organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo”. Por esta razón, se trata de una instancia fundamental para la participación ciudadana en la planeación del desarrollo.
Consejos consultivos de ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997 y Decreto 879 de 1998): La ley los define como “instancia asesora de la administración municipal o distrital en materia de ordenamiento territorial, que deberá conformar los alcaldes de municipios con población superior a los treinta mil (30.000) habitantes. Estará integrado por funcionarios de la administración y por representantes de las organizaciones gremiales, profesionales, ecológicas, cívicas y comunitarias vinculadas con el desarrollo urbano”. Sus funciones principales son el seguimiento plan de ordenamiento y, cuando haya lugar, proponer ajustes y revisiones.
Consejo Territorial de Planeación (Ley 152 de 1994): Es la instancia
territorial homologable al consejo nacional. Sus funciones son consultivas y están relacionadas con la formulación del plan de desarrollo de las entidades territoriales, así como el seguimiento y evaluación a las metas de dicho plan. Su conformación es iniciativa de cada entidad descentralizada, sin embargo, de acuerdo con la ley que la reglamenta, como mínimo debe estar integrada por delegados de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, culturales y comunitarios.
El funcionamiento de estos mecanismos depende en gran medida del fortalecimiento de las capacidades de todos los actores del sector para dialogar de manera incluyente y constructiva.
iii. Participación en el marco del licenciamiento ambiental De acuerdo con la ley 99 de 1993, las audiencias públicas ambientales tiene por objeto: “dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general, entidades publicas y privadas la solicitud de licencias, permisos o concesiones ambientales, o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que este pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; asi como recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demas entidades publicas o privadas”. Estas audiencias pueden ser solicitadas por:
El Procurador General de la Nación o el Delegado para Asuntos Ambientales. El Defensor del Pueblo. El Ministerio del Medio Ambiente. Las demás autoridades ambientales, como las Corporaciones Autónomas
Regionales (CAR). Los gobernadores. Los alcaldes. Por lo menos cien personas. Tres entidades sin ánimo de lucro, no necesariamente de carácter ambiental.
iv. Consulta previa y consentimiento previo, libre e informado Más que un mecanismo de participación, la consulta previa es un derecho de las comunidades étnicas. El Convenio 169 de la OIT obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas y tribales, por medio de procedimientos adecuados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que los afectan directamente. El artículo 330 de la Constitución reconoce el derecho de las comunidades étnicas a participar en la toma de decisiones relacionadas con la autorización de la exploración y explotación de los recursos del subsuelo, con el fin de evitar la vulneración de su integridad cultural, social y económica. Desde la jurisprudencia, Corte Constitucional ha establecido que la consulta previa es un derecho fundamental que garantiza la integridad cultural y la subsistencia como grupo de las comunidades étnicas.
v. Consultas populares La consulta popular es un mecanismo constitucional de participación democrática contemplada en el artículo 103 de la Constitución Colombiana y que se está regulado por la Ley estatutaria 1757 de 2015. Se define como: “un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual se convoca al pueblo para que decida acerca de algún aspecto de vital importancia. La consulta popular puede ser tanto nacional como departamental, municipal, distrital o local”. Esta convocatoria puede ser ciudadana o administrativa; es ciudadana en el caso en que se consigan el 5% de las firmas del censo electoral en el caso de ser nacional y el 10% en el caso de que sea de carácter local (departamental o municipal). Es administrativa cuando sea convocada por las autoridades ejecutivas como el presidente, gobernadores o alcaldes en cualquiera de los casos. Cuando la iniciativa es ciudadana se requiere la inscripción de un comité promotor de carácter ciudadano con un representante encargado de los manejos administrativos del mismo. Es importante aclarar que la ley no especifica si el comité tiene que estar conformado por ciudadanos residentes del municipio o del departamento en donde se llevará a cabo la consulta; lo cual abre la puerta a que sean conformados por diferentes organizaciones, no necesariamente del ámbito local. La pregunta inscrita debe ser redactada de tal manera que se pueda responder exclusivamente con un SI o No, esta es evaluada para los dos casos por parte del Tribunal Administrativo correspondiente, quien evalúa si se ajusta a la Constitución. Los resultados de la consulta popular son vinculantes y la administración del orden municipal o nacional deberá tomar medidas inmediatas para hacer cumplir la voluntad expresada por los ciudadanos en un término de máximo 20 días calendario según la ley.
II. Una aproximación conceptual de la participación ciudadana y el diálogo
i. La Escalera de la Participación por Roger Hart (1993): Roger A. Hart diseñó un modelo de la participación infantil y juvenil que va desde la no participación hasta la participación auténtica, tomando como referencia el diagrama de la Escalera de la participación del conocido ensayo de Sherry Arnstein (1969) sobre participación de los adultos.
ii. La escalera de participación de Geilfus (1997): Geilfus determina diferentes niveles de participación, comienza desde la no participación que describe como “pasividad”, se refiere al simple hecho de recibir información sin ninguna incidencia en las decisiones que se puedan llegar a tomar; y termina con las situaciones de “autogestión”, que explica cómo un grupo asume la iniciativa de la acción sin necesidad de intervención externa.
GRADO DE DECISION
Pasividad
Suministro de información
Participación por consulta
Participación por incentivos
Participación funcional
Participación
interactiva
Autodesarrollo
Explicación de la Escalera según Geilfus1:
1. Pasividad: las personas participan cuando les informan; no tienen
ninguna incidencia en las decisiones y la implementación del proyecto. 2. Suministro de información: las personas participantes responden
encuestas; no tienen posibilidad de influir ni siquiera en el uso que se le va a dar a la información.
3. Participación por consulta: las personas son consultadas por agentes externos que escuchan su propio punto de vista; esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se tomarán a raíz de dichas consultas.
4. Participación por incentivos: las personas participan proveyendo principalmente trabajo u otros las personas participan proveyendo principalmente trabajo u otros recursos (tierra para ensayos) a cambio de ciertos incentivos (herramientas, alimentos, etc.); el proyecto requiere su participación, sin embargo, las personas no tienen incidencia directa en las decisiones
5. Participación funcional: las personas participan formando grupos de trabajo para responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia sobre la formulación, pero se los toma en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades
6. Participación interactiva: los grupos locales organizados participación en la formulación, implementación y evaluación del proyecto; esto implica procesos de enseñanza y aprendizaje sistemáticos y estructurados, y la toma de control en forma progresiva del proyecto
7. Auto-desarrollo: los grupos locales organizados toman iniciativas sin esperar intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios.
iii. Alcances del diálogo y participación2: tomando como referencia el concepto de escalera de la participación propuesto por Geilfus y retomado por Fundación Avina3 y Redprodepaz4.
Información: Aquellos escenarios en los cuales se entrega información a
la ciudadanía sobre temas específicos por iniciativa de la institucionalidad o por solicitud de actores locales y/o regionales. Son
particularmente relevantes en etapas tempranas de los proyectos y cuando las actividades del sector entran por primera vez en un territorio. La idea de informar varía en relación con el nivel de conocimiento del sector y de preparación y capacidades de los líderes y organizaciones sociales. Es el caso de las distintas estrategias que tienen muchas entidades del estado para brindar información sobre su oferta de servicios.
Consulta: Son escenarios orientados hacia la identificación y recolección
de percepciones, consideraciones, preferencias y recomendaciones de la sociedad con respecto a un asunto específico o para la construcción de una política pública. No son observaciones con carácter vinculante, pero es importante indicar a los participantes la forma en que sus consideraciones son tenidas en cuenta. Un ejemplo de esto fue el proceso de consulta para la construcción de la estrategia nacional de derechos humanos 2014-2034 para la cual se realizaron 32 encuentros departamentales, un encuentro del distrito capital y un gran encuentro nacional que convocó cerca de 2.500 líderes de todo el país.
Concertación: En estos procesos se realiza un cruce entre las demandas
de la sociedad civil y las posibilidades de acción del estado dentro de un marco legal y de capacidades. Por lo general, se trata de una discusión alrededor de una propuesta construida desde el Estado, frente a la cual la ciudadanía puede plantear sus acuerdos, desacuerdos, preocupaciones, necesidades de información y preferencias para la priorización de acciones concretas. Acá la participación está orientada hacia la consecución de acuerdos para la toma decisiones. Los resultados son de carácter vinculante. Ejemplos de mesas de concertación existen a lo largo de la geografía nacional, en las negociaciones con comunidades indígenas, campesinas, comunidades afro, mineros tradicionales e informales y comunidades que dependen de cultivos de uso ilícito.
Decisión compartida: hace referencia a las situaciones en las cuales la
toma de decisiones y ejecución de medidas de política requieren una aprobación explícita de una población particular a través de un proceso de consulta reglado. Es el caso de los derechos de las comunidades étnicas a la consulta previa, libre e informada, de acuerdo a lo establecido por el convenio 169 de la OIT.
Co-gestión: permite la participación de los ciudadanos en lo público
mediante la vinculación directa en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos. Tiene como finalidad reunir las capacidades y aportes de distintos actores, con miras a solucionar una problemática socialmente relevante. Ejemplos se pueden encontrar en el establecimiento de veedurías ambientales, o en las alianzas público privadas.
III. El diálogo como herramienta y medio de participación ciudadana en Todos Cabemos
La Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”, apoya su implementación en una metodología de diálogo específicamente diseñada para su propósito y contexto, y se destaca por basar su construcción en principios y ejercicios de participación ciudadana. La metodología de diálogo de Todos es el resultado de un proceso basado en las orientaciones de la investigación/acción participativa, en el cual se recopilaron insumos técnicos y participativos. Los insumos técnicos provienen de la revisión de otras propuestas metodológicas y conceptuales de diálogo, las experiencias nacionales e internacionales y la realización de encuentros técnicos a nivel nacional con ONG’s, institucionalidad del nivel central y representantes del sector empresarial. La metodología de Todos Cabemos expone las etapas que orientan el diálogo entre el sector minero-energético y los diferentes actores territoriales. Estas etapas consolidan cuatro fases:
A lo largo del desarrollo de cada fase, la participación de los diferentes actores del territorio es central. En la fase Entender, a través del mapeo de actores y diagnóstico territorial, basado en encuestas, entrevistas y percepciones transmitidas y emitidas directamente por los actores; en la fase Explorar a través de espacios de diálogo donde los diferentes actores participan exponiendo sus preocupaciones, experiencias y expectativas; en la fase Co-crear a través de la construcción conjunta de una Agenda de desarrollo territorial y la constitución de un grupo promotor de la misma; y finalmente en la fase Continuar a través de la implementación y seguimiento de la Agenda así como en la dinámica de interlocución constante. En particular, durante la fase Co-crear, la construcción participativa de la Agenda constituye la legitimidad para ejercer liderazgo y representación en el ejercicio de diálogo. Para lograr lo anterior, se recomienda la utilización de ejercicios de participación masiva, así como encuentros sectoriales y bilaterales. Los primeros se
En Todos Cabemos la participación ciudadana hace referencia, entre otras, a un conjunto de interacciones con el Estado que tienen el propósito de generar transformaciones para incidir en el diseño, la definición y la programación de las políticas públicas. Estas incluyen la legitimación y la legalización de nuevos derechos positivos, así como el establecimiento de mecanismos la planeación de programas y su ejecución. Caja de Herramientas Todos Cabemos. Módulo 4.
requieren para generar legitimidad y representatividad de la agenda de diálogo que se construye. Sin embargo, para avanzar en soluciones y propuestas constructivas es más efectiva la aproximación sectorial o individual de manera complementaria a los ejercicios de participación masiva: Asambleas de descarga y de construcción colectiva; mesas técnicas con participación de Estado, sociedad civil y sector productivo; mesas temáticas; Reuniones sectoriales; y Ferias de servicios institucionales, etc. El principio central a considerar es que el alcance determinado en cada fase define el nivel de participación al cual se hace referencia, es decir, si a través del diálogo se busca informar, consultar o cogestionar una decisión de gobierno o la implementación de un proyecto. Asimismo, para el desarrollo de la fase Co-crear, la metodología incluye dos elementos importantes para que la participación en la construcción de la Agenda sea correcta, efectiva y legítima:
1. Condiciones para la generación de confianza y el desarrollo de un diálogo constructivo: se trata de arreglos particulares que responden al contexto territorial y a la relación entre los distintos actores. Si se parte de un escenario de alta polarización y desconfianza, es probable que se requieran unas reglas de juego específicas que lleven a los actores a interactuar con quienes piensan distinto en un marco de respeto y garantías.
2. Fortalecimiento de capacidades: realizar discusiones constructivas implica interactuar con actores sociales empoderados y con capacidades, razón por la cual es fundamental identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales y los gobiernos locales, de cara al establecimiento de un ejercicio de diálogo democrático.
El ejercicio constante de diálogo de Todos Cabemos deviene en un proceso de construcción de confianza y fortalecimiento del relacionamiento entre el sector y diferentes actores para poder abordar una agenda de diálogo centrada en el desarrollo territorial. Para lo anterior, se requiere también que las visiones, insumos, aprendizajes y conocimientos colectivos recogidos a lo largo del proceso sean tenidos en cuenta en ejercicios estratégicos como: Elaboración de planes municipales, departamentales y nacionales de desarrollo; diseño de políticas públicas; y construcción de planes de Ordenamiento Territorial. Esto último, consolida el diálogo como herramienta y medio de participación ciudadana en tanto es una plataforma que construye y permite la incidencia efectiva de la ciudadanía en los acuerdos de forma y alcance de cada espacio y fase; así como en los resultados y productos construidos como consecuencia del proceso. En síntesis, Todos Cabemos se constituye en una herramienta de participación ciudadana en la medida en que:
1. Genera espacios de diálogo en el que puede interactuar la ciudadanía con el Estado y sus instituciones.
2. Permite la incidencia de la ciudadanía en la Agenda construida en el ejercicio, así como en la agenda de política de los territorios; en la planeación y formulación de políticas publicas
3. Promueve el diálogo en un espacio de reconocimiento y reivindicación de derechos y libertades.
4. Invita al desarrollo de nuevas formas de gobernanza entorno a programas y proyectos del orden nacional y local.
IV. La participación significativa en la industria extractiva según la OCDE La Estrategia de Relacionamiento Territorial del Sector Minero Energético “Todos Cabemos”, se diseñó tomando en consideración el análisis e insumos recopilados como producto de: (1) La lectura territorial; (2) Las lecciones aprendidas de otras iniciativas del sector; y (3) La revisión de estándares y guías de relacionamiento multiactor para la industria extractiva. En particular, la Guía de Diligencia Debida para la Participación Significativa de las Partes Interesadas del Sector Extractivo elaborada y adoptada por la OCDE (2016), fue una referencia principal que fortaleció el diseño conceptual y práctico de la propuesta de Todos Cabemos y sus herramientas de implementación. En complemento al aparte anterior, a continuación, se recopilan los elementos más relevantes y significativos en relación a la participación ciudadana. Como primera medida, la OCDE, en su Guía de Diligencia Debida para la Participación Significativa de las Partes Interesadas del Sector Extractivo (2016), resalta que “establecer una participación significativa y adecuada de las partes interesadas es particularmente importante en el sector extractivo, que esta vinculado a la búsqueda de recursos mediante grandes inversiones financieras y en infraestructuras, una producción inmóvil, un largo ciclo de vida del proyecto, e impactos significativos en lo social, económico y medioambiental”. Adicionalmente, indica que “independientemente de lo requerido por la ley, la participación significativa de las partes interesadas es crucial para evitar algunos de los posibles impactos adversos de las operaciones de extracción, asi como para optimizar su contribución potencial”.
Todos Cabemos es Una apuesta institucional por mejorar el relacionamiento entre el sector minero
energético y los territorios. Un instrumento para la articulación y coordinación de la acción institucional del sector
en los territorios Una herramienta y medio de participación ciudadana Una construcción colectiva para incidir en la toma de mejores decisiones
Los cuatro niveles de participación significativa de actores que plantean en la Guía:
Una participacion bidireccional significa que las partes, en total libertad, expresan opiniones, comparten perspectivas y escuchan puntos de vista alternativos para alcanzar un entendimiento mutuo. Es importante compartir parte de la capacidad de toma de decisiones y alejar asi a la empresa del papel de principal decisor, en pos de un proceso mutuo de decision entre las partes interesadas y afectadas. Tambien implica que las partes interesadas esten involucradas de manera activa en dirigir las actividades de participacion.
Una participacion de “buena fe” depende de los participantes a ambos lados de la relacion participativa. Significa que las partes participan con la intencion genuina de entender como las actividades de las empresas afectan a los intereses de las partes interesadas. Significa que la empresa esta preparada para abordar los impactos adversos y que las partes interesadas representan con honestidad sus intereses, intenciones y preocupaciones.
Una participacion resolutiva significa que los resultados obtenidos con las actividades de participacion de las partes interesadas son sometidos a un seguimiento a lo largo de la implementacion de los compromisos acordados por las partes, de modo que se garantice que todos los impactos negativos sean abordados de manera adecuada. Ello incluye la reparacion del dano cuando las empresas han ocasionado impactos o han contribuido a ellos, asi como la incorporacion de los puntos de vista de las partes interesadas en las decisiones de proyecto.
Una participación continuada se refiere a que las actividades de participación continúan durante el ciclo de vida de una operación y no constituyen un esfuerzo aislado.
De la misma manera, la Guía describe la debida diligencia de la participación efectiva de las partes, indicando que:
La participacion de las partes interesadas es una expectativa asociada a la conducta empresarial responsable. Tambien es una actividad eficaz para identificar y evitar los potenciales impactos adversos de una operacion extractiva, mitigar y remediar los impactos de manera apropiada cuando estos ocurran y garantizar que se optimicen los posibles impactos positivos de las actividades de extraccion para todas las partes interesadas. En este sentido, la participacion de estas ultimas es un medio importante para la implementacion de la diligencia debida. Las propias partes interesadas pueden aportar informacion importante para ayudar a identificar impactos reales o potenciales sobre si mismas y su entorno. Los valores y las prioridades de las partes interesadas afectadas
constituyen consideraciones cruciales en la evaluacion de los impactos y la identificacion de las medidas adecuadas de prevencion y mitigacion. Sin embargo, si las actividades de participacion de las partes interesadas no cuentan con el respaldo, el desarrollo o la ejecucion apropiados, su funcion de diligencia debida podria no cumplirse, de modo que no se evitarian ni abordarian los impactos adversos. Ademas, por si misma una participacion inadecuada podria dar lugar a impactos negativos reales o percibidos y poner en riesgo los beneficios potenciales para las partes interesadas.
Específicamente, la Guía recomienda los siguientes 6 pasos a tener en cuenta por el personal en terreno para la participación significativa de las partes, aun cuando indica que “la diligencia debida o las actividades de participacion de las partes interesadas constituyan procesos lineales o aislados”.
1. Tomar las medidas adecuadas para que el personal encargado de las actividades de participacion goce de un conocimiento solido del contexto local y operativo
a) Consultar a las fuentes locales, los documentos relevantes y el personal tecnico. a. Consultar al personal tecnico y, cuando corresponda, participar en la ejecucion y el diseno de evaluaciones de impacto. b. Cuando sea posible, involucrar a las partes interesadas en el diseno y la ejecucion de las evaluaciones de impacto. c. Efectuar una investigacion preliminar sobre el terreno. b) Verificar la precision de los datos. c) Actualizar constantemente la informacion.
2. Asegurarse de que las partes interesadas y sus interlocutores sean identificados y priorizados de la manera adecuada
a) Identificar y priorizar a las partes interesadas mas gravemente afectadas.
a. Identificar a todos los titulares de derecho y partes interesadas afectados. b. Priorizar a las partes interesadas mas vulnerables y gravemente afectadas. c. Verificar y actualizar los resultados.
b) Verificar quienes son los interlocutores o representantes de las partes interesadas.
a. Verificar que los puntos de vista de los electores esten representados. b. Revaluar a los representantes cuando corresponda.
3. Establecer el sistema de apoyo necesario para una participacion significativa de las partes interesadas
a) Establecer metas y objetivos que brinden el marco adecuado para las actividades de participacion de las partes interesadas. b) Desarrollar sistemas para garantizar que el personal que atiende a las partes interesadas las trate con respeto. c) Brindar el apoyo e informacion necesarios para que las partes interesadas representen sus perspectivas e intereses.
a. Compartir informacion significativa con las partes interesadas. b. Equilibrar la transparencia y las consideraciones de privacidad. c. Consultar a las partes interesadas para configurar la difusion de informacion. d. Brindar la formacion o los recursos necesarios a las partes interesadas.
d) Optimizar los recursos (humanos y financieros) dedicados a las actividades de participacion.
a. Identificar y solicitar recursos de antemano. b. Abogar por la asignacion de recursos adicionales y la optimizacion de recursos en caso de recursos limitados.
4. Disenar actividades y procesos de participacion adecuados y eficaces a) Planear unos cronogramas adecuados para las actividades de participacion de las partes interesadas. b) Identificar que modo de participacion se necesita o requiere. c) Identificar y aplicar las mejores practicas. d) Identificar las barreras externas a la participacion y darles respuesta. e) Establecer procesos claros y funcionales para permitir la reparacion del dano derivado de los impactos adversos. f) Involucrar a las partes interesadas para garantizar que la reparacion del dano sea adecuada.
5. Garantizar el seguimiento
a) Establecer un proceso de monitoreo para el seguimiento de los acuerdos, los compromisos y la reparacion de danos. b) Presentar informes periodicos a las partes interesadas sobre el seguimiento de los acuerdos, los compromisos y la reparacion de danos.
6. Monitorear y evaluar las actividades de participacion de las partes interesadas y responder a las deficiencias identificadas
a) Fijar indicadores y criterios de analisis para evaluar la eficacia de la actividad de participacion de las partes interesadas. b) Establecer procesos participativos de monitoreo y evaluacion. c) Solicitar una revision externa independiente de las actividades de participacion de las partes interesadas. d) Responder a las deficiencias identificadas conforme a su relevancia.
A continuación una imagen que resume las recomendaciones de la Guia para la direccion o los responsables de la planificacion corporativa:
Referencias: Geilfus, F., 1997. 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico planificación, monitoreo, evaluación. IICA-GTZ.
Ministerio de Minas y Energía. 2017. Estrategia de Relacionamiento del Sector Minero- Energético. Disponible en: https://www.minminas.gov.co/documents/10192/23998873/130618_estrategia_relacion_territorial_OAAS.pdf/3105112f-15d4-4737-ba99-0f5e2020bc03
