Desde la óptica económica, el agua es un recurso con características de biencomún, es decir, se caracteriza por ser un bien rival en el consumo y de bajaexclusividad. Esto implica que el consumo que realiza una persona disminuye eldisfrute potencial que otro individuo puede realizar de la misma unidad y que,además, resulte muy costoso reducir o excluir de su consumo a otros individuos.
L a rivalidad en el consumo del aguase asocia con los problemas de asig-nación del recurso y puede derivar
en la congestión, degradación y sobreexplota-ción del mismo. La baja exclusividad se rela-ciona con el nivel de provisión y puede dar lu-gar a lo que se conoce como el “problema delpolizón o gorrón” o free-riding, en su acepcióninglesa.
Ante recursos de estas características, y enausencia de sistemas de gobernanza, los mo-delos teóricos predicen que las personas usua-rias del recurso tenderán a sobre-explotarlo,llegando incluso a agotarlo, puesto que maxi-mizan los beneficios individuales y no los agre-gados a nivel social.
¿Privatizar el agua?Este tipo de modelos ha justificado tradi-
cionalmente que los problemas de gestión de
los recursos comunes se solucionen mediantela intervención de un agente externo, bien elgobierno y/o los mercados a través de la pri-vatización del recurso. Sin embargo, el traba-jo pionero de Ostrom (1990) puso de manifies-to que existen múltiples ejemplos en los que laacción colectiva permite una gestión sosteni-ble de los recursos comunes. En base a una se-rie de casos de estudio, entre los que se encuen-tra las comunidades de regantes de las huertasdel Levante español, Ostrom (ibid.) identificóocho principios para el diseño de institucionesrobustas, de larga duración, auto-organizadasy auto-gestionadas para el control de los recur-sos de uso común: 1) límites del sistema, tan-to naturales como de usuarios/as, bien defini-dos; 2) proporcionalidad entre los beneficiosy los costes; 3) acuerdos sobre las reglas de elec-ción colectiva, de modo que los individuos afec-tados por el recurso puedan participar en el di-
seño y modificación de las reglas; 4) sistema demonitoreo y rendición de cuentas; 5) sancio-nes graduadas; 6) mecanismos para la resolu-ción de conflictos; 7) mínimo reconocimientode los derechos de las personas a organizarsey 8) entidades anidadas, puesto que existen dis-tintos niveles de organización.
Acción colectiva y aguaComo se expone en los párrafos anteriores,
la teoría convencional predice que las perso-nas usuarias de los recursos comunes se encuen-tran “atrapadas” en la sobre-explotación de di-chos recursos, produciendo externalidadesnegativas que afectan tanto a su uso como alde los demás. Los modelos tradicionales par-ten del supuesto de información completa, esdecir, asumen que las personas tienen toda lainformación sobre la situación en la que se en-cuentran. Sin embargo, los trabajos empíricoshan demostrado las limitaciones cognitivas eneste tipo de situaciones. Por ello, cuando exis-te comunicación y puede desarrollarse la con-fianza entre usuarios/as del recurso y, además,existe autonomía para definir y cambiar las re-glas de gestión, es posible la organización ensistemas colectivos (Poteete et al., 2010).Meinzen-Dick et al. (2004) definen la accióncolectiva como aquella realizada de manera vo-luntaria y común por un grupo de personascomo un interés compartido.
Distintos estudios han demostrado que lasvariables micro-situacionales que definen unasituación de gestión de un recurso común, comoson la comunicación entre usuarios/as del re-curso, la confianza y reciprocidad, el nivel de
información sobre el entorno, determinan engran medida la probabilidad de que los indi-viduos implicados en esa situación cooperen(Poteete et al., 2010). Así, los estudios de cam-po sugieren que variables como el tamaño degrupo, heterogeneidad en su composición,presencia de liderazgo, proximidad e integra-ción en los mercados, capital humano y socialinfluyen en la acción colectiva para el riego(Meinzen-Dick, 2007; Meinzen-Dick et al.,2002).
Una cuestión clave en la gestión de los re-cursos es la definición y seguridad de los de-rechos de propiedad. Los derechos de propie-dad determinan el grado de inclusión y controlque las personas pueden ejercer sobre los re-cursos y, de esta manera, tienen un impacto re-levante sobre las inversiones, productividad ybienestar de los hogares. En este sentido, es im-portante reconocer la diversidad de derechosde propiedad y su consideración como un con-junto definido por el derecho al uso y extrac-ción del recurso y el derecho a regular y con-trolar los distintos usos y usuarios (Schlager yOstrom, 1992).
El acceso y control de los derechos de aguay tierra se vincula con las diferencias de géne-ro respecto al agua. Distintos estudios mues-tran cómo la definición del acceso a la tierray al agua sitúa a las mujeres en una posiciónde desventaja. Esto suele traducirse, también,en una mayor exclusión de las organizacionesde agua, a pesar de que su participación pue-de mejorar la eficacia en la gestión (Meinzen-Dick y Zwarteveen, 1998).
Experiencia de NicaraguaNicaragua es un país centroamericano
con una extensión de 130.373.47 km2 y unapoblación de 5.8 millones (año 2010). Está cla-sificado como un país de renta media-baja y loscultivos primarios constituyen aproximadamen-te un 40% de las exportaciones del país. Ade-más, es importante mencionar la todavía des-igual distribución de la tierra, con un Índice de
El acceso y control de los derechos de aguay tierra se vincula con las diferencias de
género respecto al agua. Distintos estudiosmuestran cómo la definición del acceso a latierra y al agua sitúa a las mujeres en una
posición de desventaja.
Gini, en términos de propiedad, igual a 0.71(en 2001). Los datos del Censo Agrario de 2001revelan que el 51% de las explotaciones agra-rias con una superficie inferior a 7 ha no tie-ne escritura pública de propiedad, porcentajeque se eleva hasta el 85% para las explotacio-nes menores de 35 ha.
Nicaragua se compone de 21 cuencas hi-drográficas, 13 de las cuales drenan sus aguasal Atlántico y 8 al Pacífico, donde se concen-tra la mayor parte de la población y produc-ción agraria del país, con la consiguiente pre-sión sobre los recursos hídricos.
En relación a los procesos de gestión deagua, es importante tener en cuenta los cam-bios políticos e institucionales experimentadospor el país durante las últimas décadas. En los90’ el gobierno de Chamorro redirigió la po-lítica económica hacia un modelo neoliberal,con las consiguientes fases de privatización delos servicios, agricultura e infraestructura.Las administraciones de Alemán (1997-2002)y Bolaños (2002-2007) intensificaron las pri-vatizaciones de la tierra y empresas públicas.En este contexto, las organizaciones civiles co-menzaron a manifestarse en contra de la pri-vatización de los recursos hídricos, lo que fi-nalmente desembocó en la primera Ley deAguas del país, aprobada en el año 2007. EstaLey reconoce por primera vez la organizaciónformal de los/as usuarios/as en distritos de rie-go. Hasta la fecha, la mayoría de personas hanvenido gestionando el agua para riego de ma-nera individual o en grupos informales. En estesentido, el trabajo de campo desarrolladopor la autora en 8 comunidades de la Sub-cuen-ca Alta del Río Viejo (Jinotega, N Nicaragua),en colaboración con el Programa TERRENA,sugiere que hay dos razones principales que mo-tivan en esta zona la gestión colectiva del rie-
go. Por una parte, el régimen de tenencia de latierra como resultado de la reforma agraria lle-vada a cabo en la década de los 80, cuando secrearon las cooperativas con título de reformay donde la operación de riego se realiza de ma-nera colectiva mediante sistemas de presas yacequias. Por otra parte, la escasez de agua,principalmente en las comunidades aguasabajo.
Además, las organizaciones comunitariasson particularmente relevantes en la provisiónde agua potable y saneamiento en las zonas ru-rales, puesto que los prestadores estatales deservicios no operan en estas zonas. Reciente-mente, en el año 2010, se aprobó la Ley queregula estos Comités de Agua Potable y Sanea-miento (CAPS), de los que se calcula que exis-ten alrededor de 5000 en el país y que, hastala fecha, han operado de manera informal, sinun reconocimiento como entidad de derechos.Así, la Ley de CAPS reconoce no sólo sus de-rechos, sino también sus obligaciones.
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Schlager, E. y Ostrom, E. (1992). “Property-Rights Regimens and Natural Re-sources: A Conceptual Analysis”. Land Economics, 68; 249-69.
Municipio El Castillo (Nicaragua). Proyecto de mejora del trabajoambiental en colaboración con CAPS y el concejo Juvenil
