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1 UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO GOBIERNO EN LINEA Integrante: Junior Medina Cátedra: Informática Jurídica
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UNIVERSIDAD FERMIN TORO
VICERRECTORADO ACADEMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
GOBIERNO EN LINEA
Integrante:Junior Medina
Cátedra: Informática Jurídica
BARQUISIMETO, JULIO 2015
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GOBIERNO EN LINEA
El órgano gubernamental debe proporcionar al exterior información
acerca de sí mismo y los procesos que lleva a cabo. El nivel de
transparencia mide el esfuerzo de un organismo para hacer disponible la
información a través de su sitio web. Así como una herramienta del
Gobierno Electrónico que ofrece contenidos noticiosos, servicios y
trámites a ciudadanas y ciudadanos, apoyado en las Tecnologías de
Información Libres.
Este portal, es catalogado como una ventana de fácil acceso a la
información del Estado Venezolano, basándose en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, impulsa la democracia participativa y
protagónica, la construcción permanente de la justicia social así como la
defensa de los derechos y preservación de la libertad de expresión.
Gobierno en Línea, además, ofrece a sus usuarios y usuarias la
posibilidad de enriquecer los contenidos y servicios disponibles en el
portal, mediante su participación en la Red de Colaboradores, escribiendo
La transparencia no se refleja sólo en la cantidad de información;
también en la calidad de la misma. Las cinco categorías que se engloban
en el término transparencia son:
Propiedad: la evidencia de que el gobierno gestiona la
página y se preocupa de sus contenidos.
Contactos: cómo y con quién contactar en relación con las
actividades llevadas a cabo por el organismo.
Información del organismo: sobre su estructura y área de
actividad.
Información sobre contenidos: información sobre la base
política del organismo.
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Consecuencias/respuestas: pasos que el visitante a la
página podría dar para hacer una gestión.
La interactividad mide el grado de facilidad con la que los usuarios
pueden acceder a la información proporcionada por el organismo y
utilizarla. Esto no sólo implica el uso de la información digital, sino
también la transacción de servicios en un sentido eminentemente
práctico.
Las cinco categorías organizadas bajo el término interactividad son
las siguientes:
Seguridad y confidencialidad: la mayor accesibilidad de una
página web implica una menor obligación por parte de los usuarios
de proporcionar información personal para acceder al material y
descargarlo.
Contactos y accesibilidad: evidencias de que el organismo
está dispuesta a recibir datos y peticiones externas.
Información sobre el organismo: debe ofrecer La opción de
contactar con el personal de manera sencilla desde la red.
Información sobre contenidos: el usuario puede querer
conocer cómo trata el gobierno los principales asuntos en un área
determinada.
Consecuencias: la sencillez con la que pueden seguirse las
actividades de la institución a través de enlaces con páginas afines.
Derecho a la Información
Se define como información toda la documentación en poder de una
entidad pública, independientemente de la forma (papel, cinta, grabación
electrónica o equivalentes), origen (proveniencia) y la su fecha de
elaboración. Acceder a la información pública es el derecho a saber que
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tiene toda persona. Consiste en el derecho humano de solicitar y recibir
información del gobierno y otros entes que desarrollen, por delegación o
concesión, servicios públicos. El fundamento legal está expresado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
Artículo 51. Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir
peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria
pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o
éstas, y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen
este derecho serán sancionados o sancionadas conforme a la ley,
pudiendo ser destituidos o destituidas del cargo respectivo.
El acceso a la información es una garantía de la transparencia de la
gestión pública y promueve el ejercicio de la contraloría social en temas
de interés común, lo que se traduce en participación ciudadana.
El acceso a la información es un derecho de carácter universal. No
está determinado ni por la naturaleza del o la solicitante, su nacionalidad
o profesión ni se encuentra sujeto a la potestad o discrecionalidad del o la
otorgante.
El acceso a la información es un derecho de carácter universal. No
está determinado ni por la naturaleza del o la solicitante, su nacionalidad
o profesión ni se encuentra sujeto a la potestad o discrecionalidad del o la
otorgante.
Las personas naturales y jurídicas tienen el derecho de recibir
información que esté en posesión de cualquier institución pública, en
todos sus poderes (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano) o
de entidades privadas que realicen funciones públicas. Los
procedimientos para solicitar información debe ser fáciles y los
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funcionarios deben contribuir con la persona que solicita para facilitar el
trámite. La información debe ser gratuita.
El Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), es la
institución encargada de administrar el portal “Gobierno en línea”. Su
objetivo es articular acciones con las comunidades organizadas para
identificar necesidades informativas, valorar las fortalezas, debilidades,
oportunidades de mejoras y transformación para llevar adelante la
automatización de los servicios y trámites inherentes al gobierno
electrónico.
Trámites y solicitudes en línea
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera
y Tributaria (Seniat)
Misión: Administrar eficientemente los procesos aduaneros y tributarios
en el ámbito nacional y otras competencias legalmente asignadas,
mediante la ejecución de Políticas Públicas en procura de aportar la
mayor suma de felicidad posible y seguridad social a la Nación
Venezolana
Visión: Ser una institución modelo, moderna, inteligente, acorde con el
desarrollo socio económico del país, que fomente la cultura y garantice el
cumplimiento de las obligaciones y deberes aduaneros y tributarios,
contribuyendo a consolidar el Proyecto Socialista Bolivariano.
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (Saime)
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Misión: Garantizar el derecho a la identidad de todos los ciudadanos,
la regulación del flujo migratorio y el control de extranjeros de conformidad
con los preceptos consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en un marco de seguridad, justicia social,
calidad del servicio y eficiencia, con un personal comprometido,
competente y que haga uso de los recursos necesarios para satisfacer las
demandas de la ciudadanía.
Establecer un óptimo servicio de Identificación Nacional, control de
de ingreso y permanencia de ciudadanos extranjeros así como brindar
eficiencia a través de la automatización de los servicios con alta calidad y
confiabilidad a costos razonables dentro del marco que establece la ley y
de procedimientos de seguridad y control cónsono con un estado
moderno.
Visión : Posicionarse como una institución de marcada referencia
nacional por la excelencia del servicio que presta, que cuente con una
estructura moderna, una base de datos segura y confiable, con todos los
procesos automatizados y un alto grado de profesionalismo y eficiencia,
donde los trámites de identificación, migración y control de extranjeros se
hagan de una manera ágil dentro del marco de la Ley, y preste el apoyo
necesario a todas las instituciones públicas y privadas que requieran de
nuestros servicios, contribuyendo a garantizar la seguridad del Estado
venezolano.
Comisión de Administración de Divisas (Cadivi)
Misión: Administrar, coordinar y controlar la ejecución de la política
cambiaria del Estado venezolano, con el propósito de contribuir al
desarrollo integral de la Nación y al fortalecimiento de nuestra soberanía.
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Visión: Ser una organización modelo de gestión en administración,
coordinación y control de la política cambiaria del Estado venezolano, a
partir de la integración del talento humano y el factor tecnológico.
Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a
los Bienes y Servicios (Indepabis)
Misión: Garantizar a la ciudadanía y a cada persona el acceso a los
bienes y servicios de manera efectiva y oportuna, mediante la defensa y
protección de sus derechos socio económicos, a través de una institución
forjada para el servicio al público y para la acción conjunta entre Gobierno
y pueblo informado, formado y organizado para actuar en la defensa de
sus intereses; así como para la generación de satisfacción y bienestar
colectivo; contribuyendo de esta manera con la producción de seguridad
jurídica para todas las familias venezolanas y creando condiciones para la
prosperidad y el buen vivir.
Visión: Contribuir con la creación de un sistema socioeconómico que
propenda a la justicia social, la democracia, la solidaridad, la
productividad y la eficiencia, generando así familias felices, defendidas de
quienes cometen ilícitos y delitos económicos y protegidas por el
Gobierno y su participación soberana, como actores fundamentales en el
circuito económico nacional. Siempre con la fortaleza de un Indepabis
capaz de garantizar la aplicación y el cumplimiento de la Constitución y la
Ley de la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
en cuanto a los procedimientos de defensa del público consumidor,
usuario y la ciudadanía en general, el resarcimiento de los daños
ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos
derechos.
Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (Sapi)
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Misión: Somos una organización pública que brinda servicios
asociados al Registro de Propiedad Intelectual mediante la aplicación de
la normativa legal vigente en la materia, en el marco de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y de las líneas estratégicas del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, establecidas en el
Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013; con el objeto de contribuir al
desarrollo cultural, económico y social de forma sustentable de la nación.
Visión: El SAPI pretende ser una organización pública que contribuya a
lograr el bienestar del pueblo venezolano a través del impulso del
desarrollo científico-técnico, facilitando el acceso de todas las personas a
los bienes y servicios, apoyando la creación de sistemas de protección
que amparen e incentiven a los creadores e investigadores, protegiendo
sus invenciones y garantizado la difusión del conocimiento contenido en
ellas, así como el uso adecuado de signos distintivos que faciliten el
acceso a los bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades
del colectivo.
Asamblea Nacional (AN)
Misión: Legislar, estudiar, analizar las leyes para proteger y enaltecer
el trabajo, promover el bienestar general y la seguridad social, lograr la
participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza y fomentar el
desarrollo de la economía al servicio del hombre.
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Misión: El Tribunal Supremo de Justicia, es parte del Sistema de
Justicia y órgano rector del Poder Judicial, en consecuencia es su máxima
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autoridad jurisdiccional y ejerce su dirección, gobierno y administración,
con la finalidad de asegurar al justiciable la protección y tutela de sus
derechos y garantías constitucionales.
Visión: Garantizar el estado democrático y social de derecho y de
justicia eficaz, que consagra la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, a través de una administración de justicia imparcial,
transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz, integral y
accesible al justiciable.
Ministerio Público
Misión: Somos un órgano del Poder Ciudadano que actúa en
representación del interés general, garantizando el cumplimiento del
ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a
la colectividad, que propenda a la preservación del Estado social,
democrático, de derecho y de justicia.
Visión: Ser una institución garante de la legalidad, accesible, imparcial
y confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones e
inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los
derechos humanos.
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www.seniat.gob.ve
.
www.saime.gob.ve
www.cadivi.gob.ve
www.cadivi.gob.ve
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www.indepabis.gob.ve
www.indepabis.gob.ve
www.saime.gob.ve
www.asambleanacional.gob.ve
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www.sapi.gob.ve
www.asambleanacional.gov.ve
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Conclusión
Hoy por hoy, al ritmo de cambio acelerado que está viviendo la
sociedad se observa que cuando se hace referencia sobre los contratos
electrónicos e informáticos, hablamos de un ámbito muy extenso, el cual
es reglamentado de manera legal o social, teniendo la ayuda del uso de
las herramientas tecnológicas redes, internet, instrumentos de
telecomunicaciones, transacciones en línea, ellos viene a dar respuesta a
demandas existentes en la sociedad así como en el ejercicio de las
actividades económicas de las personas y así como el de las empresas y
organizaciones.
En la contratación se encuentra el caso reciente de los contratos
electrónicos, que son el centro de las principales preocupaciones
científicas del derecho privado hoy en día, por varios aspectos que vamos
a desarrollar. En primer lugar porque puede resultar muy difícil constatar
que hay discernimiento de quien maneja una computadora puede resultar
bastante difícil verificar si se tuvo una intención real en obligarse, y puede
resultar imposible probar que hay error, dolo o violencia en el
consentimiento.
En segundo lugar, puede ocurrir que la declaración a voluntad sea
automáticamente elaborada por una computadora y que la presencia de
una persona sea solo mediata, al programar la computadora pero no
inmediata en el acto de la celebración estas dificultades sin duda alguna
transforman agudamente el consentimiento.
En tercer lugar, es indudable que las nuevas tecnologías de la
telecomunicación se relacionan con el fenómeno de la aplicación de los
mercados, lo que nos sitúa ante la tarea pendiente de la unificación del
derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos. Con posibilidad
de contratar, hacer transferencias, pagos, actos de voluntad entre otros,
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por medio de dispositivos electrónicos e informáticos, establece, un nuevo
marco de relaciones jurídicas, constitutivo de derecho.
Es por ello que en la actualidad puede observarse que las personas
que hacen uso de estos medios, (contratos electrónico) celebrado entre
las partes ya que tienen la libertad para establecer la relación contractual
que más le convenga, sin modificar las normas rigentes y adaptando las
nuevas normas cuando fuese necesario, apoyando el uso de la nueva
tecnología.
Así como también todos los actos jurídicos cumplen con todas las
instrumentaciones de forma escrita y autógrafo o en su expresión oral, de
igual forma la cumple la instrumentación electrónica a través de un
mensaje de datos, con independencia del contenido, extensión, alcance y
finalidad del acto así instrumentado.
Del mismo modo que evoluciona la tecnología en el tiempo y el
espacio, se va ejecutando el uso imprescindible que a través del internet
podemos elaborar el intercambio de bienes y servicios a través de los
contratos electrónicos todo esto enmarcado dentro del comercio
electrónico.
Durante la investigación, en cuanto a las herramientas tecnológicas
que la sociedad posee para su mayor eficiencia económica, modo de
realizar transacciones bancarias, realizar contratos, hacer requerimiento
de bienes y servicios facilitando así intercambio de información
tecnológica, observamos que cada momento el aumento de usuarios
quienes hacen uso de la innovación especializada que cobra auge en
muestra sociedad.
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Sin embargo también se crean incertidumbres en el mundo jurídico. Ya
que el derecho no puede permanecer ajeno al cambio tecnológico, éste
debe ser capaz de crear mecanismos necesarios para regular
adecuadamente las actuales relaciones surgidas del uso de las nuevas
tecnologías de la información.
Preocupa, como ha quedado planteado, ante la irrupción de la
informática en la sociedad y su influencia sobre las relaciones jurídicas, la
necesaria elaboración de respuestas adecuadas desde el ámbito del
derecho a tal impacto, el cual produce, sin duda, una importante
transformación en el conjunto del orden jurídico tradicional, y que convoca
a los estudiosos de derecho a la construcción de normas y principios
teóricos que respondan a las necesidades reales dirigiéndose hacia la
concentración en un mismo sistema de disposiciones y regulaciones
dispersas que las necesidades de nuestro tiempo imponen. A una
observación correcta de los inéditos fenómenos surgidos por este uso
están obligados nuestros legisladores para que sean reconocidos
mediante una legislación clara y útil.
En este trabajo aprendimos modos de comercializar educa un
aspecto del problema informático, que es la contratación informática,
dejando otros temas para ponencias posteriores, como son: régimen
jurídico del software; la privacidad en la información; y el valor probatorio
del documento electrónico.
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Referencias Bibliográficas
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta oficial
Nº36.160 del 30/12/99. Caracas. Venezuela 1999.
Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial
Nº 2.990 del 26/07/1982. Caracas. Venezuela1982.
Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Publicada en
Gaceta Oficial Nº 37.148 del 28/02/2001. Caracas. Venezuela 2001.
Manual de Normas Para la Presentación del Trabajo de Grado.
Cabudare Julio 2000. Barquisimeto. Venezuela 2000
