Redalyc.La intervención prevencionista como objeto de ... · una lectura a partir de las...

Espacios Públicos

ISSN: 1665-8140

[email protected]

Universidad Autónoma del Estado de

México

México

Rodríguez Crespo, Carlos

La intervención prevencionista como objeto de discusión pública: una lectura a partir de

las estrategias sindicales de comunicación

Espacios Públicos, vol. 18, núm. 43, mayo-agosto, 2015, pp. 7-31

Universidad Autónoma del Estado de México

Toluca, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67642415001

Cómo citar el artículo

Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=676


http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67642415001

http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=67642415001

http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=676&numero=42415

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67642415001


http://www.redalyc.org

, ISSN 1665-8140, núm. 43, mayo-agosto 2015, pp. 7-31

La intervención prevencionista como objeto de discusión pública: una lectura a partir de las estrategias sindicales de comunicación

The preventive intervention as a subject of public discussion: a dissertation from the syndicated communication strategies

Fecha de recepción: 7 de noviembre de 2014Fecha de aprobación: 6 de abril de 2015

Carlos Rodríguez Crespo*

Resumen

La siniestralidad laboral ha sido una característica estructural del mercado de trabajo español, fuente de una abundante bibliografía, especialmente tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (lprl) en 1995. Sin embargo, los estudios que se han ocupado de este problema como objeto de discusión pública son escasos, todavía más aquellos que lo analizan en el ámbito regional. Este artículo examina esta cuestión entre 1999 y 2007 en Madrid, años de elecciones autonómicas y municipales. La suspensión del diálogo social arbitrado por el Partido Popular como consecuencia de las críticas sindicales a las políticas liberalizadoras de esta formación política en el Gobierno perjudicó las estrategias de prevención de riesgos laborales en 2007, cuando las cifras de siniestralidad eran manifiestamente elevadas. PalabRas clave: siniestralidad laboral, union communication studies, diálogo social, sindicatos, intercambio político.

abstRact

Workplace accidents have been a structural feature of the Spanish labor market, a source of abundant bibliography, especially after the ratification of the Labor Risks Prevention Law in 1995. However, research papers that have treated this issue as a subject of public discussion have been scarce and they have only analyzed this problem from a regional scope. This article examines this subject between 1999 and 2007 in Madrid, during the municipalities and State election periods. The halt of the social dialogue led by the Popular Party as a consequence from the union´s criticisms on the liberalization policies taken by the government had repercussions on the strategies of labor risk prevention in 2007, when the statistics of accidents were particulary high.Key woRds: workplace accidents, union communications studies, social dialogue, unions, public policies.

* Universidad Complutense de Madrid, España. Correo-e de contacto: [email protected]

La intervención prevencionista como objeto de discusión pública: una lectura a partir de las estrategias

sindicales de comunicación

en

say

os

y a

rtí

cu

los


8 IntRoduccIón: deteRmInantes hIstóRIcos de la sInIestRalIdad laboRal en cuanto issue: IntegRacIón en el camPo del dIálogo socIal y de las estRategIas de comunIcacIón coRPoRatIva

El problema de la siniestralidad laboral ha formado parte, históricamente, del mercado de trabajo español, característica que forzó una temprana regulación a principios del siglo xx.1La intensa actividad legislativa desarrollada a partir de 1970, cuando fueron registrados 2.100.000 accidentes laborales, 2.693 de ellos mortales (Castillo y López, 2007: 114), da cuenta de la magnitud del problema. La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo es promulgada en 1971 y en 1978 se crea el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (insht), organismo que contabiliza, aproximadamente, entre medio millón y un millón de accidentes a partir de los años ochenta del pasado siglo (Anuario de Estadísticas Laborales 1987, 1988) hasta 2008, cuando tiene lugar el financial global crash, que castiga severamente a la economía de este país, elevando 25% la tasa de desempleo. La Carta Magna conferirá a la seguridad e higiene estatuto constitucional en su artículo

40.2 y el Estatuto de los Trabajadores de 1980 la definirá “como derecho y deber básico del contrato de trabajo” (Fernández Marcos, 2007: 226). La incorporación de España a la Unión Europea el 1 de enero de 1986, y significativamente la entrada en vigor del Acta Única Europea en 1987, afecta especialmente al ordenamiento español: el 8 de junio de 1989 se adopta la Directiva Marco (d-m), referente a la “aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo”, que motivará la transposición posterior al acervo autóctono de tales contenidos normativos. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales será promulgada años más tarde, en cumplimiento de la instrucción comunitaria, a finales de 1995. El diálogo social cumplió un papel crucial en la negociación de esta norma, que inaugura la concepción moderna de las políticas públicas en esta materia (Castillo y López, 2007:114), así como en sus desarrollos posteriores, y en otras iniciativas que buscaron atajar los elevados índices de incidencia, frecuencia y gravedad. Las Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobadas a partir de 2005 y las sucesivas del Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid pueden considerarse también como consecuencia del diálogo social.

1 Nos referimos a la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. Dicha norma supuso una quiebra en el discurso del liberalismo individualizador al reconocer de iure el carácter social y determinado del sujeto de la relación salarial, frente a la interpretación civilista. La institución del principio del riesgo profesional, que reconoce la “inherencia del riesgo a la industria considerada en sí misma” y atribuye a priori la responsabilidad al patrono o al empresario (Castillo, 2007: 45), puede entenderse como una manifestación de esta regulación discursiva general a la que hacemos referencia.

Carlos Rodríguez Crespo

en

say

os

y a

rtí

cu

los


9Frente a este estado, los medios de comu-nicación comienzan a publicar gran número de piezas informativas sobre accidentes de trabajo, especialmente a partir del último lustro del siglo xx, noticias que en la mayoría de los casos se referían a trabajadores de la construcción. Tales empresas informativas desarrollan su actividad en el contexto del sistema pluralista-polarizado (Hallin y Mancini, 2008), caracterizado por los fuertes y sostenidos vínculos entre aquéllas y los partidos políticos, de modo que su participación en el juego político trasciende abiertamente la mera labor periodística para presentarse como un actor político más (Chavero et al., 2013). En este proceso de visibilización, esto es, de inserción de la siniestralidad laboral y de la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la discusión pública, cumplieron un papel clave las organizaciones sindicales más representativas, particularmente tras la

aprobación en 1985 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Nuestro propósito en este artículo es comprobar cómo se inscribieron las estrategias de prevención de riesgos laborales, tras la aprobación de la ley de 1995, como objeto de discusión en la esfera pública (en lo político),2 incorporando dos nuevas dimensiones apenas investigadas, salvo casos excepcionales (Valdés Dal-Ré, 2000; Oliet Palá, 1997): el ámbito autonómico3 y las estrategias de comunicación. Al contrario que en el ámbito inglés (Davis, 2002) y escocés (Beharrel y Philo, 1977; gump, 1976, 1980, 1982 y 1993), los conocidos como union communication studies no han sido especialmente cultivados en España, todo lo cual contrasta con la producción politológica y sociológica que se ha preocupado de investigar diferentes dimensiones de las organizaciones sindicales.4 Este trabajo aspira a cubrir tal

2 Preferimos utilizar esta expresión antes que la menos adecuada “intercambio político”, esto es cuando en “el diseño estratégico” de las relaciones entre partido y sindicato, toda vez que el primero llega al poder, se da una coordinación de actividades en materia laboral y política (Astudillo, 2004: 76). En efecto, así como en el orden estatal se observa un intercambio político de inspiración socialdemócrata a partir de la llegada al poder del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, no puede apreciarse en el ámbito autonómico de Madrid, al gobernar el Partido Popular en esta comunidad ininterrumpidamente desde 1995. La diferencia entre las nociones de esfera pública y lo político es de matiz, dependiendo de si es empleada en estudios de comunicación periodística o de ciencia política. Agradezco a la investigadora Scheherezade Pinilla tal apreciación en su brillante conferencia “Heroísmo(s): el tono de la política en Hannah Arendt”.

3 El sistema político español cuenta con una estructura descentralizada desde un punto de vista territorial. Se celebran cuatro tipo de elecciones: legislativas o generales (Congreso de los Diputados y Senado), autonómicas o regionales (17) y municipales (Oñate, 2002: 275). No puede hablarse de una confederación de Estados. La definición de las grandes líneas programáticas corresponde al Gobierno de la Nación, aun cuando gran parte de las competencias han sido transferidas.

4 La literatura comprende una ostensible variedad de títulos. Descartando el estudio ya clásico de Lipset et al., (1989) sobre el Sindicato Tipográfico Internacional, de obligada lectura, pues supone una excepción a



en

say

os

y a

rtí

cu

los


10 vacío, refiriéndose específicamente al campo prevencionista.5 La política de comunicación, al menos en el caso que nos ocupa, es un elemento central no sólo de la acción sindical, sino también de la acción política.

Con tal objetivo, estudiaremos el estado de las relaciones entre el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid y las organizaciones sindicales más representativas en dos momentos, los años 1999 y 2007, cuando tuvieron lugar elecciones autonómicas y municipales, prestando especial atención a las estrategias de prevención de riesgos laborales en la estrategias sindicales de comunicación. La elección de un nivel intermedio de gobierno obedece principalmente a la necesidad de presentar estudios en el ámbito autonómico, después de la inflación de trabajos que contemplan el orden interconfederal, todo lo que permitirá, con mayores garantías explicativas, un análisis exhaustivo de la complejidad institucional que presenta el estudio del diálogo social, así

como de las relaciones entre organizaciones sindicales, partidos políticos y gobiernos. El caso de Madrid es especialmente interesante al representar un antecedente cercano de las políticas de liberalización que subyacen a la puesta en marcha, en los países del sur europeo, de los programas de consolidación fiscal con los que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han intentado enfrentar la crisis financiera desatada en 2008.

El artículo responde a la siguiente distri-bución. Inicialmente, presentaremos el marco teórico, inspirado en las oportunidades que ofrece el análisis de entornos para el estudio de las estrategias sindicales de comunicación y la metodología. Seguidamente, esbozaremos, a modo de introducción general, el papel que cumplió el diálogo social en la negociación de la legislación y las políticas públicas prevencionistas. En tercer lugar, analizaremos las estrategias sindicales de comunicación durante el proceso electoral de 1999, antes y

la ley de hierro de Michels, Jordana (1994) ha reflexionado sobre las relaciones entre sindicalismo y política, introduciendo una serie de niveles de análisis en la explicación del comportamiento sindical. Fishman (1996) estudió el papel cumplido por los sindicatos en la restauración de la democracia en España. Los trabajos de Köhler (1995 y 2008) y Ruiz (1993) se ocupan de la dimensión histórica. Taboadela Álvarez (1993), de la acción sindical en la empresa. Rigby y Serrano del Rosal (1997) practicaron un examen de las estrategias sindicales europeas. Astudillo (1998) analizó las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (psoe) y la Unión General de Trabajadores (ugt) entre 1982 y 1993. Cerviño (2003), de las políticas de representación frente al empleo temporal, mientras que Luque (2010) intentan caracterizar las huelgas desde una perspectiva también histórica. La tesis de Ventura Calderón (2004) presenta evidencia antropológica a partir del estudio de caso.

5 Es gratuito señalar que las estrategias de comunicación diseñadas por las centrales sindicales –entre otros actores– y la recepción en los medios cumplen un papel modulador en la conformación de los imaginarios sociales, una suerte de retroalimentación entre públicos y empresas informativas que dicta la generación de la inclusión y exclusión de discursos.


en

say

os

y a

rtí

cu

los


11después de los comicios, prestando especial atención a la siniestralidad laboral y la prevención de riesgos laborales. En cuarto lugar, serán estudiadas las características de las relaciones entre organizaciones sindicales, partidos políticos y Gobierno entre 2003 y 2007, deteniéndonos en el ii Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, para, después, analizar el proceso electoral de 2007. Finalmente, serán presentadas las conclusiones de este trabajo.

lImItacIones y oPoRtunIdades del análIsIs de entoRnos PaRa el estudIo de las estRategIas sIndIcales de comunIcacIón

Para el estudio de la transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo, Serrano del Rosal (2000) propone un modelo explicativo, basado en el paradigma weberiano de la acción que emplea Boudon (1984) –así como en la subordinación a las condiciones formales de causalidad e inteligibilidad de toda explicación científica enunciadas por Andrés de Francisco (1997)–, que es a su vez corregido por las orientaciones de análisis adelantadas en los trabajos ya clásicos de Poole (1984 y 1991), quien, entre otros enfoques, observa las condiciones políticas y organizativas, el estado de la negociación colectiva y los valores. Este modelo, que mantiene el equilibrio entre la explicación de inspiración estructural y la teoría de la elección racional, resulta de especial utilidad para analizar la complejidad institucional

en la que se desenvuelve el comportamiento de las organizaciones sindicales y comprender cuáles son las condiciones de configuración de la plataforma reivindicativa sindical, integrada en la estrategia de comunicación, y específicamente la relacionada con la prevención de riesgos laborales.

En el estudio de los valores, es igualmente oportuno considerar la propuesta formulada por Fermín Bouza (1998). Partiendo de la raíz simbólico-religiosa y comunitaria de la cultura de la acción, puede adelantarse una hipótesis, que contemple el sistema de creencias, considerando la aportación de la noción acuñada como “paradojas de la reminiscencia”, que establece no sólo el modelo de construcción de los límites del endogrupo y el exogrupo que permite intuir los modelos de exclusión e inclusión de discursos que sostienen la identidad, el ethos sindical, sino que también avanza una comprensión de este sindicalismo, “pragmático en la negociación y tradicional en la cultura ideológica” (Bouza, 1998: 71), anclado en la herencia socialdemócrata, a la cual se suma Comisiones Obreras, especialmente después de su conversión en organización en 1985, tras su experiencia como movimiento sociopolítico. Este planteamiento puede ofrecer elementos de juicio sobre la acción sindical. Sistema de creencias y necesidad de componer una estrategia de defensa de las instituciones básicas de la tradición socialdemócrata son dos arcos de bóveda que sostienen y explican la acción sindical del periodo, en nuestra opinión, a lo que hay que añadir, para no incurrir en explicaciones excesivamente deterministas, el



en

say

os

y a

rtí

cu

los


12 papel que cumplen los dirigentes sindicales.6 Sobre estos presupuestos vamos a intentar una aproximación inspirada en el análisis de entornos institucionales (Méndez Lago, 2000), del entorno social (Lipset et al., 1989) y del modelo de Poole (1984) con el objetivo de estudiar los contenidos de la plataforma reivindicativa en cada momento histórico.7 Para ello, analizaremos el contexto político, las características del mercado de trabajo durante el ciclo expansivo, el comportamiento de la siniestralidad laboral y el estado de las relaciones entre las organizaciones sindicales y los partidos políticos y el Gobierno Regional, variables todas ellas que condicionan las estrategias sindicales de comunicación.

Los dos ejes de la metodología empleada son el análisis documental de los órganos de expresión y de las noticias publicadas por los medios de comunicación (especialmente El País y abc, dos medios de referencia social-liberal y liberal-conservador) y la observación participante realizada entre octubre de 1999 y diciembre de 2007 en la Unión General de Trabajadores de Madrid. Hemos seleccionado los procesos electorales de 1999 y 2007 para comprobar en qué medida se inscribía la siniestralidad laboral en los procesos de discusión pública. El análisis propuesto

intenta, así, superar el paradigma indiciario (Varela y Álvarez Uría, 1997:26), buscando un tipo de explicación que se inspire en ciertos modelos provenientes de la ciencia política y la sociología de las organizaciones, con la intención de integrar la perspectiva histórica.

dIálogo socIal y PlatafoRmas PRevencIonIstas en los alboRes del cIclo exPansIvo

El periodo que se abre entre la huelga del 14 de diciembre de 1988 –conocida popularmente como 14-D– y 1994 se inscribe en la cuarta de las cinco etapas de la evolución de la conflictividad laboral, marcada por la unidad de acción sindical y la convocatoria de huelgas generales (Luque, 2010: 206), y en la segunda transición sindical (Serrano del Rosal, 2000), esto es, la independencia de las dos organizaciones de trabajadores más representativas respecto a la línea de actuación de sus partidos políticos de referencia –Partido Socialista Obrero Español (psoe) y Partido Comunista de España (pce)– y el tránsito hacia un modelo de acción colectiva emparentado con la tradición corporativista continental. Si el periodo comprendido entre

6 De acuerdo con la noción de nested games o juegos entrelazados, formulada por Koelble (1992) y citada por Méndez Lago (2000:40), las decisiones y acciones de los actores internos están sujetos a condicionantes internos y externos.

7 El análisis de las estrategias de comunicación permite también estudiar el impacto en medios de comunicación (Rodríguez Crespo, 2013; Vilela, 2008) y la importancia concedida a un issue por parte de los agentes sociales, los partidos políticos, los medios de comunicación y los gobiernos.


en

say

os

y a

rtí

cu

los


131994 y 1996, año este último cuando el Partido Popular consigue una ajustada victoria en las elecciones legislativas, se caracteriza por un impasse concertador coherente con las fuertes desavenencias entre los sindicatos Unión General de Trabajadores (ugt) y Comisiones Obreras (ccoo) y el Ejecutivo liderado por González, a partir de 1997 se relanza un diálogo social efímero por trastabillado que, atravesado de vicisitudes, comienza a fragmentarse un año después y se rompe con la huelga general del 20 de junio de 2002. Los tres acuerdos de 1997, que certificaron el relanzamiento del diálogo social (Cobertura de Vacíos e Interconfederales de Estabilidad en el Empleo y Negociación Colectiva), fueron precedidos de una más que reseñable buena dinámica negociadora que se concretó durante 1996 en la firma del Acuerdo para la Solución Extrajudicial de Conflictos (asec) –que dio lugar en 1998 a la constitución del Servicio Interconfederal de Formación y Arbitraje (sima)–, Nacional para la Formación Continua y Nacional de Formación Profesional y para el Empleo y la Protección Social Agrarios, así como de otro pacto en torno a la consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social (bipartito entre el Gobierno y los sindicatos).

Este buen comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos que comienza a observarse a partir de 1994 en el conjunto del territorio nacional, con un inicial momento de contención de la destrucción de empleo seguido por una onda corta de creación de puestos de trabajo, afectará a las estrategias organizativas de las dos centrales sindicales,

que, evitando todo triunfalismo cuantitativo, centrarán sus esfuerzos en confeccionar una plataforma reivindicativa que contemplará los principales problemas estructurales del mercado laboral en un contexto de relan-zamiento del diálogo social, tanto nacional como regional. Toda vez que comenzaba a convertirse el desempleo en un problema aparentemente en vías de superación a la luz de las estadísticas de contratación y cotización del Ministerio de Trabajo (paro registrado) y de la Encuesta de Población Activa (epa), el discurso de las centrales más representativas comienza a girar sólidamente en torno a la causalidad de los procesos de trabajo (pauta de empleo), asunto emparejado con la orientación sociopolítica característica de la utopía neo-estatista (Bericat, 2003: 53-135): reducción de la jornada, por ley, a 35 horas ; eliminación de las horas extraordinarias; regulación de las prácticas de gestión de la fuerza de trabajo abusivas de las empresas de trabajo temporal (ett’s); protección de los desempleados y desempleadas; defensa del sector público; promoción de la seguridad y salud laboral.

El diálogo social cumplió en su momento un papel crucial en la elaboración de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, comenzando por el Acuerdo Interconfederal de 1983, el Interconfederal de Negociación Colectiva de 1997, el Acuerdo de 30 de diciembre de 2002 –por el cual se reforma la normativa–, la Declaración de 2004, los trabajos del Consejo Económico y Social y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Peña y González de Lena, 2007:284-286), y, por supuesto la aprobación de la Ley de



en

say

os

y a

rtí

cu

los


14 Prevención de Riesgos Laborales, que anuncia, junto a la promulgación de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el surgimiento de la moderna concepción de las políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Dentro de este proceso, cumplió un papel destacado la integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy ue.

La traducción al ámbito regional del relanzamiento del diálogo social que conllevan los pactos de 1997, tras el relevo en el Gobierno del Partido Socialista, ya había tenido lugar previamente en la Comunidad de Madrid con la constitución del Consejo de Madrid, y fruto de esta interlocución, Gobierno Regional y actores sociales, firman en 1997 el “Acuerdo Marco para la Estabilidad del Empleo en Madrid”. Dos años más tarde, luego de una procelosa negociación, ve la luz el “Acuerdo por la Calidad del Sistema Educativo” (Huertas, 2000: 498-499; Alcaraz, 20/01/1999:61 abc). En este contexto tienen lugar las elecciones de 1999. Hasta 2002, el diálogo social autonómico no permite alumbrar el ii Plan Director de la Comunidad de Madrid.

estRategIas sIndIcales PRevIas a las eleccIones autonómIcas y munIcIPales celebRadas el 13 de junIo de 1999

Las propuestas sindicales que en el marco del diálogo social institucionalizado (Huertas, 2000: 506) venían planteando las dos organizaciones más representativas son coherentes con la preocupación por las condiciones laborales.

Fruto de este momento del ciclo alcista, que ya fue entonado con motivo de la movilización convocada en diciembre de 1998 y revestía las críticas posteriores al Plan Anual de Empleo de 1999, es la ronda de contactos mantenida por los equipos de José Ricardo Martínez (ugt) y Rodolfo Benito (ccoo) con los candidatos de la oposición a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la Alcaldía, reuniones que permitieron tanto a ugt como a ccoo comunicar su plataforma reivindicativa a aquéllos, de un marcado carácter neocorporatista, que prestaba una especial atención a los 360.000 trabajadores en paro contabilizados, según los cálculos sindicales, en 1998 (ampliación de la cobertura por desempleo, gratuidad del transporte público, exención de gastos por escolarización). La temporalidad y la ausencia de rentas eran otras dos de las preocupaciones sindicales (Noticias de ugt, 12/1998:3). Coincidencias, las observadas entre sindicatos y partidos políticos, que se tradujeron en críticas a la precariedad laboral, la política de “cemento y tuneladora”, la destrucción de empleo público, el paro juvenil y femenino y el de larga duración que desemboca en “exclusión social” (Revuelta, 05/1999a:20 Noticias de ugt).

El carácter secundario, aunque desde luego no residual, que la siniestralidad laboral presentaba hasta este momento en el discurso sindical del momento analizado, adquirió notoriedad el 28 de abril, Día Internacional y I Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Las estadísticas facilitadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la contabilidad sindical propia


en

say

os

y a

rtí

cu

los


15apuntaban a un aumento considerable de los accidentes, atribuible a la subcontratación, la precariedad, las largas jornadas y la falta de cualificación y formación: la media de totales había aumentado un 25,76% (Revuelta, 05/1999b:14 Noticias de ugt).

Tabla 1Accidentes en jornada de trabajo con baja

por gravedad. resultados anuales, 1997-2000

1997 1998 1999 2000

Total 83166 84553 109063 121014

Leves 81709 83083 107419 119464

Graves 1347 1354 1536 1440

Mortales 110 116 108 110

Fuente: ine. Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Económico y Social sobre la accidentalidad laboral en el periodo 1995-2000, el análisis de la composición del sistema productivo evidenciaba que los núcleos de empleo y actividad se concentraban principalmente en el sector servicios, así como en la construcción. Seis grupos ocupacionales agrupaban los accidentes con baja en jornada en dicho periodo, y cuatro en el caso de graves y mortales (cescm, 2002: 88). Entre los primeros, el informe destacaba a los trabajadores cualificados de la construcción (18,2%), de las industrias extractivas, metalúrgica y de construcción de maquinaria (13,8%), los peones de agricultura, construcción, industria manufacturera y transporte (12,9%), operadores de instalaciones y maquinaria, montadores y conductores (11,5%), trabajadores de servicios

de restauración, personales y de protección y seguridad y los trabajadores no cualificados en servicios (10%) (cescm, 2002: 84).

Los trabajadores de la construcción también figuraban como aquellos que sufrían más accidentes graves y mortales (20,9 y 21,8%, respectivamente), junto a los ocupados en las industrias extractivas, metalúrgica y de construcción de maquinaria (12,1 y 10,5%) y los operadores de instalaciones y maquinaria, montadores y conductores (15,9 y 19,7%). Un dato interesante es que los técnicos y los profesionales de apoyo representaban un importante porcentaje en las estadísticas de mortales (10,7%). Una siniestralidad laboral notablemente masculinizada (en 2000, 79,2% de los accidentados fueron varones), que afectaba especialmente a los menores de 34 años y que, no obstante, presentaba un índice de incidencia menor que el registrado en el conjunto del territorio nacional (67,4% frente a 81,1%) (cescm, 2002: 67-69). Ambos sindicatos responsabilizaban especialmente a las Administraciones Públicas, relacionaban accidentalidad y precariedad y apelaban a la negociación colectiva (Revuelta, 05/1999b:14 Noticias de ugt).

estRategIas sIndIcales con PosteRIoRIdad a la celebRacIón de las eleccIones

Ruiz-Gallardón obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones celebradas el 25 de mayo. Cerca de 1.500.000 votantes se decantaron por la candidatura del Partido Popular, formación que



en

say

os

y a

rtí

cu

los


16 salió ampliamente beneficiada con respecto a psoe (860.726 sufragios, el 19,71%) e Izquierda Unida (iu) (464.167 votos, el 16,02%), esto es, el conservador Partido Popular (pp) salió reforzado con 54 escaños, frente a los 32 conseguidos por el Partido Socialista y los 17 de iu. El resultado de las elecciones fue considerado por la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (ceim) “positivo”, mientras que Martínez utilizó el adjetivo “continuista” y Benito reclamó cambios en las políticas de empleo (abc, 24/06/1999:70). A finales de julio, el Consejero de Economía Luis Blázquez anunció la intención del Gobierno Regional de renovar el pacto por el empleo (Úbeda, 24/07/1999:81 abc). Martínez, consciente de la nueva correlación de fuerzas, apeló al diálogo social: ceim, “como agente social”, era en su opinión “imprescindible para alcanzar acuerdos efectivos y eficaces” que contribuyeran “al crecimiento del bienestar de los madrileños” (Ruiz, 05/1999:4 Noticias de ugt).

De acuerdo con el diagnóstico otoñal de ugt-Madrid, si en el primer trimestre de 1998 habían sido registrados 38.019 accidentes, en el mismo periodo de 1999 se vieron incrementados un 42,29%, esto es, 54.099. Principalmente, responsabilizaban a las empresas de trabajo temporal (ett’s) de este comportamiento ascendente de las cifras, empresas que, según esta versión, habían incrementado su volumen de contratación e incumplían reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre otras infracciones, atribuían a las ett’s cesión ilegal de trabajadores, falta de formación –y de información– específica del puesto de trabajo, renuncia a los reconocimientos

previos y realización de trabajos incluidos en el listado de actividades peligrosas (Rodríguez, 10/1999:5 Noticias de ugt). Este sindicato, meses antes, había inaugurado una oficina destinada a velar por las condiciones laborales de estos trabajadores y denunciado a 33 empresas (Pascual, 03/1999:4 Noticias de ugt). El “impulso” que pretendía dar esta organización al servicio de Salud Laboral, ya lo había manifestado Abejón durante la celebración de iii Comité Regional (Noticias de ugt, 07-08/1999:5). Con dichas declaraciones, se inauguraba la voluntad sindical de abrir el diálogo social en el ámbito autonómico a la prevención de riesgos laborales, reivindicación, compartida por ccoo, que no cristalizaría hasta la firma del i Plan Director en 2002.

contInuacIón del dIálogo socIal con un gobIeRno conseRvadoR y caRácteR ResIdual de la estRategIa PRevencIonIsta

Durante el periodo 1995-1999, las relaciones entre las organizaciones sindicales más representativas y el partido conservador en el Gobierno discurre por la normalización de la senda del diálogo social que ya había inaugurado el presidente socialista Joaquín Leguina en un escenario nacional adverso, con las fuertes tensiones entre ugt y ccoo y el ejecutivo encabezado por Felipe González. Esta apuesta de Ruiz-Gallardón tuvo como resultado un buen número de acuerdos alcanzados en el seno del Consejo de Madrid y en otras áreas de gestión donde los sindicatos mantenían


en

say

os

y a

rtí

cu

los


17legitimación institucional para negociar. Una prueba de ello es el carácter dinámico del Consejo Económico y Social, órgano consultivo con representación empresarial y sindical, que estudiaba todas las iniciativas legislativas de naturaleza socioeconómica.

Como conclusión principal de este periodo puede señalarse que el entorno externo del mer-cado de trabajo, con un buen comportamiento de las estadísticas de empleo, condiciona las reivindicaciones sindicales, centradas en la mejora de condiciones de trabajo y en otras relacionadas con la pauta de empleo, netamente keynesiana, del salario social diferido, esto es, las instituciones del Estado de Bienestar. No obstante, hay que destacar que, aun cuando las cifras de siniestralidad eran elevadas, no fuera el discurso prevencionista central en las estrategias sindicales, lo que puede ser explicado por la entonces insuficiente madurez de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, este discurso comienza a presentar un estatuto propio.

Cuestión aparte es la relación que las propias organizaciones sindicales mantienen con las formaciones políticas próximas ideológicamente. Los problemas de liderazgo del Partido Socialista, que se resuelve en 2000, cuando Rodríguez Zapatero conquista la secretaría general en un agitado congreso, y las relativamente recientes crisis de 1988 entre ugt y psoe y la crisis de la psv, que forzó la salida de Nicolás Redondo de la secretaría general del sindicato socialista en 1994 y generó otra importante crisis de liderazgo en la unión de comunidad autónoma madrileña, pueden en parte explicar el tono cordial, pero

diferenciado de las relaciones entre dichos actores. Como veremos a continuación, este escenario comienza a fracturarse a partir de la segunda legislatura de José María Aznar, en 2000, cuando el amplio respaldo recibido en las urnas condiciona la radicalización de su discurso liberal, y abre una brecha en ese diálogo social en la Comunidad de Madrid que tanto organizaciones sindicales como partido en el Gobierno intentan mantener por encima de sus diferencias.

las consecuencIas PaRa las estRategIas PRevencIonIstas duRante 2007 de la confIguRacIón de una esfeRa PúblIca dIsPutada

Las elecciones autonómicas del 25 de mayo de 2003 han pasado a la historia de los procesos electorales de España, pues, si bien resultó el pp la fuerza política más votada, con Esperanza Aguirre como candidata a la presidencia, y aunque el Partido Socialista de Madrid (psm) e iu podían constituir lo que en sus palabras denominaban “una alternativa de progreso”, durante el debate de investidura, debido a la ausencia de dos diputados socialistas –Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez–, el socialista Rafael Simancas no pudo ser investido presidente, y en las siguientes elecciones, convocadas el 26 de octubre, Aguirre obtuvo la mayoría de los votos emitidos. Durante los meses que mediaron entre unas y otras elecciones, ugt-Madrid planifica una campaña que, bajo el lema, “No nos robarán Madrid”, intentó movilizar de nuevo el electorado a favor de los candidatos



en

say

os

y a

rtí

cu

los


18 “progresistas”, para lo cual, entre otros actos, presentó el documento “El compromiso de ugt-Madrid con la democracia”.

La primera investidura de Aguirre, el 20 de noviembre de 2003, le proporcionó una oportunidad idónea para precisar su programa de Gobierno, de clara orientación neoconservadora, que aludía a la capitalización de empresas públicas como el ente Radio Televisión Madrid y el Canal de Isabel ii, la supresión del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (irpf) y la eliminación del impuesto de sucesiones, la construcción de 60 kilómetros de líneas de suburbano, la liberalización del suelo y la puesta en el mercado de 79.000 pisos de alquiler, discurso que despertó la desaprobación de los sindicatos (Vilela, 11/2003:5 Madrid Sindical). Tal intensificación por parte del Ejecutivo Popular de su programa de desregulación y externalización de la gestión pública tuvo como principal efecto la proliferación de las acciones de protesta sindical, coordinadas o apoyadas parcialmente – casos sanitario y educativo– con los dos partidos de la oposición, una suerte de subcontratación de la movilización social (Méndez Lago, 2000: 40) duramente contestada por la fuerza política neoconservadora. Puede hablarse por ello de una dinámica de la confrontación entre las utopías neo-estatista y desreguladora (Bericat Alastuey, 2003).

la sInIestRalIdad laboRal en el PeRIodo 2000-2007

En 2004, un año después de las elecciones autonómicas, se firma el ii Plan Director de

Riesgos Laborales, continuación del primero firmado con Alberto Ruiz-Gallardón, y que permaneció vigente dos años (2002-2003). Este directorio que habría de fijar la orientación de las políticas públicas en esta materia puede leerse como una confirmación de las graves consecuencias que el modelo de crecimiento arbitrado en la Comunidad de Madrid tenía sobre la fuerza de trabajo. El Plan permaneció vigente entre el 1 de julio de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, es decir, el periodo que comprendía la vii legislatura autonómica, y fue firmado por ugt, ccoo, ceim y el Gobierno Regional. En la introducción, se reconocía que durante 2003 se habían registrado 146.700 accidentes de trabajo con baja, lo que suponía un incremento sobre 2002 de un 1,88%. Esta iniciativa se levanta sobre el suelo común del Plan de Lucha contra la Siniestralidad Laboral suscrito en 1998 entre las administraciones central y autonómicas y los agentes sociales, dentro del marco de actuación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que respondía a su vez al artículo 9 lprl (Villalobos y Villar Rodríguez, 2007: 349). Posteriormente, en abril de 2005 fue aprobada la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2005-2008, dotada con 450,7 millones de euros. Entre las líneas estratégicas del ii Plan, destacaban difundir e implantar la cultura de la prevención y promover la corresponsabilidad de los interlocutores sociales, institucionales y de la sociedad civil. El Plan fue elevado al Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la Formación, órgano colegiado que, adscrito a la Consejería de Empleo y Mujer, actuaba como instrumento de diálogo social y concertación en las materias que le dan nombre.

19Ta

bla

2Ín

dice

de

inci

denc

ia d

e lo

s acc

iden

tes e

n jo

rnad

a de

tra

bajo

con

baj

a. e

spañ

a, 1

998-

2007

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTA

L6.

834,

37.

437,

47.

558,

47.

349,

97.

057,

26.

386,

76.

136,

46.

011,

85.

880,

15.

760,

3

Anda

lucí

a6.

060,

56.

598,

96.

911,

86.

876,

66.

858,

96.

290,

16.

288,

66.

265,

46.

245,

96.

080,

6

Arag

ón6.

320,

96.

277,

76.

349,

15.

761,

85.

434,

95.

337,

65.

159,

95.

090,

85.

173,

95.

232,

0

Astu

rias

8.34

7,6

9.14

5,6

8.58

4,0

8.43

6,5

7.63

9,2

6.75

1,3

6.29

7,0

6.01

7,7

6.07

1,7

6.31

7,2

Bale

ares

9.54

5,6

10.0

36,2

10.2

71,6

9.92

2,4

9.13

9,7

8.12

7,9

7.66

1,9

7.70

1,8

7.87

5,7

7.67

7,3

Can

aria

s7.

502,

38.

289,

08.

441,

68.

233,

37.

885,

57.

355,

37.

124,

26.

896,

86.

607,

86.

423,

2

Can

tabr

ia6.

443,

16.

852,

07.

085,

16.

941,

56.

481,

16.

134,

35.

741,

35.

470,

15.

635,

65.

388,

3

Cas

tilla

-La

Man

cha

7.22

7,0

7.91

1,8

8.41

8,1

8.28

9,6

8.28

1,7

7.74

9,4

7.51

6,7

7.74

8,4

7.66

2,7

7.46

1,1

Cas

tilla

y L

eón

6.00

1,8

6.30

5,6

6.62

4,5

6.70

2,2

6.55

2,0

5.96

2,9

5.86

5,6

5.72

8,1

5.70

7,2

5.65

5,3

Cat

aluñ

a7.

479,

37.

959,

98.

033,

17.

856,

17.

449,

46.

509,

36.

130,

95.

824,

05.

436,

95.

681,

6

Com

unid

ad V

alen

cian

a8.

823,

79.

750,

69.

547,

78.

843,

87.

898,

67.

054,

36.

657,

86.

276,

75.

803,

65.

531,

6

Extre

mad

ura

4.98

2,9

5.42

5,0

5.39

4,1

5.12

1,0

5.50

5,8

5.12

1,3

5.01

3,5

4.88

8,8

4.86

7,0

4.97

3,6

Gal

icia

5.63

7,5

6.11

3,0

6.15

8,3

6.27

3,2

6.08

2,6

5.88

4,9

5.75

6,0

5.68

7,3

5.73

2,8

5.80

3,3

Mad

rid5.

020,

16.

080,

96.

278,

36.

263,

86.

301,

25.

668,

55.

499,

35.

505,

75.

400,

15.

066,

2

Mur

cia

9.62

8,6

10.0

24,2

9.54

8,8

8.04

4,0

7.26

0,9

5.89

1,5

5.73

0,8

5.78

1,9

5.70

6,7

5.57

7,2

Nav

arra

7.57

6,6

8.12

4,1

8.11

0,4

7.90

2,4

6.92

7,5

6.40

6,3

5.96

4,8

5.72

2,4

5.66

1,0

5.59

2,8

País

Vasc

o7.

642,

97.

724,

18.

012,

07.

809,

47.

575,

47.

025,

16.

223,

76.

157,

16.

417,

95.

653,

5

La R

ioja

6.89

0,5

7.23

3,2

7.49

6,4

7.04

1,3

6.39

5,1

5.81

8,7

5.67

3,4

5.72

9,5

5.80

6,4

5.76

1,9

Ceu

ta

5.95

1,7

6.40

0,8

7.73

7,8

6.79

0,8

7.13

3,1

6.06

2,5

5.46

0,6

5.75

8,4

5.21

6,8

5.46

5,1

Mel

illa

5.73

7,1

5.77

2,0

4.75

0,4

4.74

6,3

4.55

8,7

4.31

2,5

3.79

9,0

4.07

4,5

4.82

7,1

4.81

2,5

Fuen

te: E

stadí

stica

s de

acci

dent

es d

e tr

abaj

o y

de e

nfer

med

ades

pro

fesio

nale

s del

Min

ister

io d

e Tra

bajo

e In

mig

raci

ón.



en

say

os

y a

rtí

cu

los


20 Identificaba problemas como la deficiente incorporación del modelo de prevención, la falta de integración de la prevención en la empresa y la inadecuación de la normativa a las nuevas formas de organización del trabajo, especialmente en las diversas formas de subcontratación y en el sector de la construcción, como las que motivaron la aprobación de la Ley 54/2003, del 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

De acuerdo con el informe elaborado por el Consejo Económico y Social de la Comu-nidad de Madrid sobre datos facilitados por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente a 2008, las ocupaciones donde se contabilizan el mayor número de accidentes con calificación grave y mortal eran los trabajadores de la construcción, de las industrias extractivas, metalurgia, cons-trucción de maquinaria y asimilados; peones (agricultura, minería, construcción, industrias manufactureras y transporte); trabajadores no cualificados en los servicios y técnicos y profe-sionales de apoyo.

En términos absolutos, esta región se encontraba entre las tres autonomías en donde se contabilizaban el mayor número de accidentes, por detrás de Andalucía y Cataluña.

En el periodo 2003-2007, se observa un crecimiento sostenido de los accidentes totales hasta 2006, este último año significa un punto de inflexión, pues descienden en 2007 cerca de 2.500 en jornada de trabajo con respecto al año, no así in itinere, donde se registra un incremento de 194. La evolución del índice de incidencia,8 si se toma como referencia 1998, tres años después de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos, se observa que apenas sufre un comportamiento a la baja. Es más, el fuerte crecimiento experimentado en 1999 y 2000 condiciona las cifras del periodo, de modo que la caída de más de un punto en el plano nacional no influye en el autonómico.

estRategIas sIndIcales PRevIas a las eleccIones autonómIcas y munIcIPales celebRadas el 28 de mayo de 2007

A mediados de enero, la consejería del ramo hizo pública la contabilidad anual: habían registrado 168 accidentes laborales mortales durante 2006 (Europa Press, 15/01/2007; El País, 16/01/2007:32; ABC, 16/01/2007: 53; Platón, 16/01/2007:42 La Razón), esto es “un trabajador muerto cada dos días” (Serna, 15/01/2007: 8 El Mundo). Un mes

8 El cálculo del índice de incidencia es el establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas (ine), que obedece a la siguiente fórmula: accidentes x 100.000/ afiliados a regímenes de la Seguridad Social (SS) con la contingencia de accidente de trabajo específicamente cubierta. No obstante, cabe destacar que el Ministerio de Trabajo, y por tanto, el Instituto Regional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, siguen distintas ponderaciones de acuerdo con la calificación (por 1.000 en el caso de totales y leves, por 10.000 en el caso de graves y por 100.000 en el supuesto de mortales).


en

say

os

y a

rtí

cu

los


21después, la Comunidad de Madrid reconoció tener constancia de 18 siniestros en enero de 2007, por 13 en el mismo mes de 2006 (Efe, 12/02/2007). Tras conocer la valoración del Consejero y los datos totales, que informaban de 956 graves y 158.398 leves, ugt-Madrid demandó, aparte de la publicación del listado, la aplicación del convenio firmado entre la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, el Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (ugt, 2007a). El sindicato socialista ya había instado al Gobierno Regional y al empresariado a aumentar las medidas de seguridad en el sector de la construcción, en un momento, año de elecciones, en donde los compromisos adquiridos para finalizar las obras en plazo y la subcontratación podía dar lugar a un significativo aumento de las cifras de siniestralidad (ugt, 2007b), fruto de lo cual es el compromiso alcanzado con el Gobierno Regional de publicar el listado de empresas sancionadas por faltas graves (Europa Press, 10/01/2007; El País, 11/01/2007:28; Álvarez, 11/01/2007:48 abc; Montes, 11/01/2007: 5 El Mundo).

Los acuerdos alcanzados en materia de siniestralidad laboral no impidieron que tanto ugt como ccoo pidieran el voto para formaciones políticas de izquierdas. El sindicato socialista presentó un documento el 31 de enero de 2007 titulado Balance de legislatura 2003-2007. Análisis, estudios y propuestas de ugt-Madrid ante las elecciones autonómicas

de mayo de 2007, con el que Martínez abre un proceso de discusión de la gestión de Esperanza Aguirre, ideado para movilizar al electorado afín y potencial, que mantiene un duro pulso en la esfera mediática durante los meses previos a la celebración de las elecciones autonómicas y municipales en mayo. En la rueda de prensa, este secretario general calificó de “ilegítimo” al Gobierno de Aguirre, una clara alusión a la efímera e irregular duración de la vi Legislatura. Inmediatamente después, el vicepresidente Primero de la Comunidad de Madrid Ignacio González compareció en rueda de prensa para, en sus palabras, “inhabilitar” como interlocutor a esta organización. De hecho, en la ronda de reuniones que mantuvo la candidatura de Aguirre con los agentes sociales fue excluida la Unión General de Trabajadores.

ccoo, por su parte, presentó el documento “120 propuestas para 120 diputados”. En este contexto, el Primero de Mayo fue convertido en una fecha contra la política de externalización del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, como reflejaron las correspondientes portadas de los dos órganos sindicales de expresión (Madrid Sindical 04/2007:1 y Noticias de ugt, 05-06/2007:1), y, mientras se prodigaban las críticas de destacados portavoces del grupo parlamentario y del Gobierno conservador, que sumariamente reprochaban la función subordinada, a su juicio, que cumplían los dos sindicatos a los objetivos electorales de Partido Socialista e iu, la oposición sindical a la gestión conservadora se intensificó durante los meses precedentes a las elecciones de mayo en forma de manifestaciones contra la privatización de servicios públicos y la introducción de fórmulas



en

say

os

y a

rtí

cu

los


22 híbridas entre la gestión directa y la indirecta en la red hospitalaria y de centros de salud, o a la expansión de los colegios concertados frente a los públicos. Durante la celebración del Primero de Mayo, los secretarios generales de ugt y ccoo de Madrid solicitaron explícitamente el voto para las formaciones de izquierdas en las elecciones municipales y autonómicas que tendrían lugar el 27 de ese mismo mes y que dio la victoria por mayoría absoluta a Esperanza Aguirre, precipitando la dimisión de Rafael Simancas, el líder socialista que ofreció a la Secretaría de Política Institucional de ugt-Madrid Maru Menéndez el sexto puesto de su candidatura. Menéndez sería elegida en agosto la portavoz de este Grupo Parlamentario.

estRategIas sIndIcales con PosteRIoRIdad a la celebRacIón de las eleccIones

La estrategia que sería anunciada posteriormente por ambos sindicatos se centró en la apología del diálogo social y la negociación colectiva. Efectivamente, toda vez celebrados los comicios que dieron al Partido Popular una cómoda mayoría absoluta, que la presidenta Esperanza Aguirre presenta como un respaldo a su gestión, en el discurso de ugt y ccoo se observa un cambio: si para esta última organización “es el momento de hacer política” impulsando el diálogo social con gobierno regional y municipios (Madrid Sindical, 06/2007:3), la central socialista reivindica esta estrategia –que dimana de su opinión de acuerdo con la cual “la participación sindical en las instituciones

es un derecho constitucional” (Revuelta y Pascual, 12/2007:4 Noticias de ugt)–, junto a la negociación colectiva. En este orden, tras las elecciones, la salud laboral pasa “a la ofensiva” (Madrid Sindical, 07/2007a: 2).

Este escenario de abierta discrepancia no favoreció la puesta en marcha de dispositivos tendentes a reducir el número de accidentes laborales. 2006 se había cerrado con 168 fallecidos y entre enero y junio fueron registrados 76.000 siniestros, mientras los convenios imprescindibles para desarrollar el ii Plan Director fueron aplazados sine diem tras la nueva composición de gobierno. Sólo a mediados de octubre, prácticamente cuando empezaban a sentirse los primeros efectos de la Ley de Subcontratación en el Sector de la Construcción aprobada en abril (que limitaba a tres el número de contratas), los agentes sociales y el gobierno regional acordaron restablecer el diálogo que desembocó en la firma de los citados convenios (Noticias de ugt, 11/2007a:6).

RadIcalIzacIón del dIscuRso lIbeRal-conseRvadoR, sInIestRalIdad laboRal y tentatIvas neo-coRPoRatIstas

La estrategia puesta en marcha por los sindicatos y las formaciones políticas en la oposición presenta algunas evidencias que pueden ser discutidas a la luz del marco teórico aceptado, lo que permitirá analizar las estrategias de comunicación subsidiarias. La regulación por los entornos de la acción sindical en el periodo 2003-2007, o al menos su influencia, presenta


en

say

os

y a

rtí

cu

los


23dos niveles de análisis: el contexto político nacional y autonómico y el comportamiento del mercado de trabajo y la evolución de la siniestralidad.

En relación con el primer nivel citado, la profundización en el programa de externaliza-ción de los servicios públicos mediante fórmulas como la gestión indirecta y el incremento de los conciertos sanitarios y educativos con la iniciativa privada precipitó un mayor grado de identificación entre las organizaciones sindicales y los partidos políticos del espectro ideológico de la izquierda. Este modelo, menos evidente en el ámbito interconfederal, fue más sólido en el orden autonómico. El contrapunto a este programa conservador hay que buscarlo en el nivel de gobierno nacional, con la victoria, en 2004, del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tres días después del atentado yihadista del 11 de marzo de 2004. La intensa política social desarrollada por este Ejecutivo hasta 2010 es la contraria, desde una perspectiva presupuestaria, a la propuesta por Esperanza Aguirre, quien mantiene una posición crítica con Rodríguez Zapatero, erigiéndose en un bastión de los populares y en modelo de la derecha liberal inaugurada por José María Aznar, especialmente durante su segunda legislatura (2000-2004).

En cuanto al segundo nivel de análisis, el buen comportamiento del empleo se compadecía, sin embargo, con problemas estructurales como la temporalidad, la segmentación salarial o la siniestralidad laboral. La persistencia de tales problemas motivó que ambos sindicatos optaran por imponer una estrategia de comunicación particularmente

agresiva. El estudio de este punto merece una especial atención.

Aunque existía una tradición que se remontaba a los años de la Transición, no es, en la Comunidad de Madrid, hasta la firma del i Plan Director en 2002, cuando tanto ugt como ccoo impulsan la creación de órganos de atención –como la Oficina Técnica de Prevención de Riesgos Laborales de ugt y el Equipo de Asesoramiento de Salud Laboral de ccoo, ambos consolidados en 2007– para atajar el fuerte ritmo de accidentes de trabajo, que funcionan paralelamente a las acciones de formación y sensibilización previstas en el articulado de los convenios generales que plasman la estrategia regional contra la siniestralidad laboral. Paralelamente, el elevado número de accidentes fuerza la aparición de dispositivos encargados de establecer planes de comunicación y estrategias informativas lo suficientemente flexibles y ágiles como para garantizar la publicación de noticias detalladas donde las siglas de ambos sindicatos aparecieran convenientemente referidas. La estrategia de comunicación, profesionalizada en el nivel técnico aunque no directivo, se entiende así subordinada a la acción sindical, y con ella a la política de relaciones públicas. En otras palabras, los sindicatos trabajaban conforme a la opinión de que la gestión de la siniestralidad laboral en términos informativos permitía la capitalización en términos organizativos de las siglas sindicales, de ahí la fuerte rivalidad entre ambas centrales, ya arraigada en sus orígenes (Cerviño, 2003), todo lo cual no oscurecía en absoluto la unidad de acción sindical, tanto en este como en otros campos de actuación



en

say

os

y a

rtí

cu

los


24 cuando el orden de intereses así lo requería, como, por ejemplo, durante la negociación con el Gobierno Regional de las distintas ediciones del Plan Director.

La estrategia de comunicación de las dos centrales sindicales, ya en la década de los años noventa, presenta un elevado grado de profesionalización, de lo cual da cuenta la intensa política de relaciones públicas que en el ámbito regional se observa tanto en ugt como en el antiguo movimiento sociopolítico. Proyectos como la constitución de órganos de expresión a partir de 1997 en ccoo (Madrid Sindical) y de 1998 en el sindicato socialista (Noticias de ugt), así como el impulso en las federaciones provinciales de las Secretarías de Comunicación e Imagen, cuya labor era apoyada por la respectivas uniones de Madrid, son sólo dos ejemplos de la importancia concedida a la política de comunicación. La interlocución con las principales empresas informativas mediante los gabinetes de prensa de las uniones de comunidad autónoma era permanente. El repunte de accidentes de trabajo asociado al ciclo expansivo ofreció a ambos sindicatos la oportunidad de patrimonializar las soluciones frente a este problema, legitimando así su función social. El País, que contaba con un órgano de representación de los trabajadores y trabajadoras formado íntegramente por miembros de ccoo (en concreto, 11), fue un medio de comunicación que, al igual que la sección de local de El Mundo (m2), se revelaron ciertamente sensibles ante este problema. De hecho, es en ambos periódicos donde se publican más noticias y reportajes sobre accidentes de trabajo en comparación con

abc y La Razón, los otros dos medios escritos de referencia en la Comunidad de Madrid (Vilela, 2008).

La estrategia de comunicación del Gobierno Regional durante 2007 con respecto a la siniestralidad laboral se basó en la comparación con las cifras del año inmediatamente anterior, las más numerosas del periodo 2003-2007, si bien la lectura de las tabulaciones estadísticas, que introducían criterios de medición no homologados por el Ministerio de Trabajo (como la calificación tráfico), y la inobservancia de variables como la organización del trabajo o los ritmos de producción, les permitieron afirmar que sólo 26% del total de los accidentes contabilizados en 2006 fueron laborales. El 13 de agosto, en un contexto donde proliferaban las noticias de accidentes y la reivindicación de firmar los convenios específicos se recrudecía, una nota de prensa informaba que los siniestros “en centro de trabajo descendieron un 8,08%”, ya se habían revisado las instalaciones de 736 obras en construcción.

La estrategia de comunicación planteada por ceim optaba por no hacer declaraciones a los medios de comunicación ni emitir comunicados de prensa cuando se registraba un accidente, mientras que los sindicatos exigían la intervención sectorial de la organización empresarial para introducir medidas de prevención y elementos de coordinación aplicables al conjunto de las empresas, independientemente de su tamaño. ugt y ccoo defendían que la subcontratación de actividades, la temporalidad, el fraude en la contratación, la ausencia de formación, la inexistencia de evaluación de riesgos y


en

say

os

y a

rtí

cu

los


25la aplicación de planes de prevención eran todas variables que explicaban la accidentalidad, discurso preventivo que era respetado por el Gobierno Regional, al contrario que el basado en la importancia que la subcontratación, la temporalidad y el fraude en la contratación tenían en la génesis de los accidentes, así como en la necesidad de sancionar mediante expedientes a aquellas empresas que incumplieran la legislación.

Un último comentario merece el análisis del entorno interno. Este análisis evidencia la dificultad de conciliar la tradición social-demócrata de ugt con la ideología social-liberal del psoe, todo lo que se alcanza con el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero, y durante la etapa de Rafael Simancas al frente del psm (2000-2007) integrando, por ejemplo, las reivindicaciones laborales de ugt. De hecho, el programa de empleo con que psm concurre al proceso electoral de 2003 es íntegramente redactado por el equipo de la entonces dirigente sindical de ugt Maru Menéndez. La ruptura, en 2010, entre ugt y psoe tras la comparecencia de Rodríguez Zapatero, que avanzó los lineamientos esenciales que dieron lugar posteriormente a la puesta de marcha de programas de consolidación fiscal que redujeron de una forma importante el gasto público, y supusieron una quiebra en el discurso del líder socialista, hay que entenderlo en el contexto de estas dificultades. Jugó así más el sistema de creencias que el cálculo racional en la reedición de la correa de transmisión en esta singular etapa neocorporatista.

conclusIones

El análisis de las estrategias sindicales de comunicación entre 1999 y 2007 presenta dos momentos influidos por el contexto político de referencia, el comportamiento de los principales indicadores del mercado de trabajo y la historia singular de las relaciones entre sindicatos y formaciones políticas. En otras palabras, no puede disociarse este tipo de análisis del estado del diálogo social. Vemos así que, si durante las dos legislaturas de Alberto Ruiz-Gallardón la negociación con las organizaciones sindicales permitía hablar de un diálogo social articulado, que dio lugar, entre otros acuerdos, a la puesta en marcha del i Plan Director de Riesgos Laborales, la ruptura del mismo tuvo como consecuencia la fuerte oposición de las centrales sindicales entre 2003 y 2007. Sin embargo, las elevadas cifras de siniestralidad y la dependencia de la política autonómica de la estrategia marcada por el Ministerio de Trabajo motivó la aprobación del ii Plan.

En 1999, tres años después de la promul-gación, a finales de 1995, de la lprl, las estra-tegias sindicales, aun cuando consideraban la prevención de riesgos laborales como trasunto de las condiciones de trabajo, no diseña una estrategia de comunicación agresiva, como en 2007, entre otras razones por la falta de madurez con que aún eran entendidas las posibilidades que brindaba el texto legal, y por los otros frentes abiertos, derivados de la precariedad laboral, que afectaban a los grupos profesionales representados por las centrales. No obstante, este problema contaba ya con un



en

say

os

y a

rtí

cu

los


26 estatuto propio en el discurso articulado por ugt y ccoo. El impulso del servicio de salud laboral de ugt y la ulterior conversión de éste último en Secretaría son indicios que adelantan el periodo posterior. Al contrario, en 2007, a la más que destacable eficacia de los servicios técnicos prevencionistas constituidos por ambos sindicatos, hay que añadir una estrategia de comunicación sólida, coordinada con las secretarías (antes departamentos) de Salud Laboral, marcada por la fuerte rivalidad entre las centrales. El resultado fue el incremento del número de noticas publicadas (Vilela, 2008), y, entre otros aspectos, la asunción por abc del discurso prevencionista y la promoción de la dimensión sancionadora prevista por la legislación por parte de las empresas informativas (Rodríguez Crespo, 2013). Es indudable que la promulgación de la norma de 1995, que configura la prevención de riesgos como un derecho adosado al laboral (Valdeolivas y Tudela, 2007), correlativamente relacionado con la Ley General de Sanidad, forzó un cambio regulatorio que redundó, al menos, en el incremento del número de noticias publicadas. Tal recepción en la esfera comunicativa vino facilitada por el rol que ugt y ccoo pasan a desempeñar, como resultado del cambio normativo, en la evaluación y supervisión de dispositivos tendentes a garantizar la seguridad en los centros de trabajo, y de las políticas públicas que sostienen a aquéllos. La intensa actividad desarrollada por los sindicatos y por los conocidos en el ámbito anglosajón como unión pr consultants (Davis, 2002:125, n. 1) también contribuyó a ello.

Durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre, las estrategias de comunicación sindical estuvieron subordinadas a una estrategia organizativa que buscaba reeditar pactos neocorporatistas que preservaran la titularidad pública de los servicios públicos e intentaran mejorar las condiciones laborales. El programa remercantilizador, desregulador e individualista del Partido Popular, por el contrario, prefirió confiar la política económica a la autorregulación de los mercados. La oposición entre estos dos tipos de utopías se encuentra en la base del conflicto entre el gobierno conservador y las organizaciones sindicales, e ilustra acerca de la configuración de las dos racionalidades sujetas, sin embargo, a la hegemonía de la razón productivista, de la ideología económica: el estatuto ontológico-político del individuo bajo el orden espontáneo y el orden administrado, metáforas de la dialéctica entre el capitalismo liberal y el regulado (Bilbao, 1997).

Las estrategias arbitradas por las dos centrales sindicales obedecieron a criterios de actuación que, aunque basados en un ethos sindical precipitado por la historia del intercambio variable entre los partidos políticos de referencia, estuvo dirigido por la voluntad de los dirigentes sindicales, que evitaron circunscribir la acción sindical a los problemas relacionados con el mercado laboral para impulsar una estrategia orientada a la conquista del poder político con el objetivo de evitar la privatización de determinados servicios públicos, todo lo que fue contestado por el partido en el Gobierno Regional y tuvo consecuencias contradictorias para las


en

say

os

y a

rtí

cu

los


27estrategias de prevención de riesgos laborales durante el ciclo expansivo que finaliza con la crisis financiera de 2008. En otras palabras, la presencia de un conjunto de actores políticos, cuya concepción de la gestión continuaba cierta herencia patrimonialista –que les impedía diferenciar entre intereses electorales strictu sensu, que garantizaran su hegemonía, y políticas a acordar con los agentes sociales–, perjudicó la adopción de soluciones efectivas.

Tal orientación estratégica, puesta en marcha especialmente por ugt y el psoe, y coordinada con ccoo e iu, responde a un interés singular de reeditar la correa de transmisión para construir un nuevo modelo neocorporatista que fracasó abiertamente en este ámbito de mesogobierno.9 ugt no obtuvo la hegemonía sindical,10 ni tampoco el psoe ganó las elecciones. Lejos de ello, el partido social-liberal se instaló en una tendencia decreciente que continuó en los siguientes procesos electorales. Pero sí fue rentable para algunos líderes sindicales que vieron aumentar su influencia en la política madrileña. Otros se incorporaron a la candidatura socialista en las listas a la Asamblea, como Maru Menéndez, que asumió la portavocía de este grupo parlamentario en agosto de 2007, o en las confeccionadas para concurrir a los procesos de

las corporaciones locales. Tal estrategia, en suma, fracasó en su intento de frenar la hegemonía del Partido Popular en esta emblemática región. La lucha por esta hegemonía quedó ejemplificada en la inversión realizada en el diseño de políticas de comunicación ambiciosas, de las cuales la relativa a la siniestralidad laboral fue sólo un ejemplo.

bIblIogRafía

1. abc, 24/06/1999, “ceim cree «positivo» el gobierno de Gallardón y ugt lo ve «continuista»”, en abc, Madrid, España.

2. abc, 16/01/2007, “Un trabajador muerto cada dos días”, Madrid, España.

3. Alcaraz, Mayte (1999), “La polémica carrera por el Pacto Escolar se cerró con el consenso de la comunidad educativa y de ccoo y ugt”, en abc, Madrid, España, 20 de enero.

4. Álvarez, María José (2007), “El gobierno publicará el nombre de empresas condenadas por faltas graves en seguridad”, en abc, Madrid, España, 11 de enero.

5. Astudillo, Javier (1998), Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre el psoe y la ugt, Madrid, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.

9 Este es un ejemplo más de paradoja de la reminiscencia. Las organizaciones no optan por componer una acción sindical sólida con movimientos sociales, aun cuando la relación con aquellos fue constante (por, ejemplo, durante la huelga general del 20 de junio de 2002), sino que prefieren reeditar la interlocución con partidos políticos, siguiendo la tradición formada hacia finales del xix en el caso de psoe y ugt.

10 Aunque resulta especialmente difícil cuantificar el número de afiliados, pues no existe un registro público, durante el periodo considerado ugt reconocía 125.000 afiliados y ccoo, 160.000.



en

say

os

y a

rtí

cu

los


28 6. Astudillo, Javier (2004), “La trampa partidista de la ugt: de la relación solidaria con el psoe a la unidad de acción sindical con ccoo”, en Revista de Ciencia Política, núm.11, pp. 73-101.

7. Beharrell, Phil y Philo, Greg (eds.) (1977), Trade Unions and the Media, Londres, Mc-Millan.

8. Bericat Alastuey, Eduardo (2003), “La hibridación de las utopías neo-liberal y neo-estatista en la cultura socioeconómica española”, en Bericat Alastuey, Eduardo (dir.), El conflicto cultural en España: acuerdos y desacuerdos entre los españoles, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (cis), pp. 53-135.

9. Bilbao, Andrés (1997), El accidente de trabajo. Entre lo negativo y lo irreformable, Madrid, Siglo xxi.

10. Boudon, Raymond (1984), Theories of Social Change: A Critical Appraisal, Cambridge, Polity Press.

11. Bouza, Fermín (1998), “La opinión pública interior en un sindicato histórico de clase: paradojas de la reminiscencia y modelos cognitivos”, en Papers, 54, pp. 49-77.

12. Castillo, Juan José y López Calle, Pablo (2007), “La constitución del moderno sistema nacional de prevención en España: de la transición democrática a la plena integración en Europa”, en Sociología del Trabajo, 60, pp. 113-147.

13. Castillo, Santiago (2007), “El estado ante el accidente, la seguridad e higiene en el trabajo”, en Sociología del Trabajo, 60, pp. 13-76.

14. Cerviño, Emma (2003), Políticas de representación sindical: ugt y ccoo entre el

empleo temporal (1977-1997), Madrid, Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales.

15. Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (cescm) (2002), La situación de la seguridad y la salud en el trabajo en la Comunidad de Madrid. Especial referencia a los jóvenes menores de 30 años, Madrid, Publicaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid.

16. Chavero, Paloma, González, J.J., Bouza, Fermín, Castromil, A.R, Rodríguez, Raquel (2013), “The media-tisation of the political agenda: discussion of the social pact as a conflict of agendas. 2009-2011”, en Revista Latina de Comunicación Social.

17. Davis, Aaron (2002), Public Reations Democ-racy: Public Relations, Politics and the Mass Media in Britain, Manchester, Mancheser University Press.

18. Efe, 12/02/2007, “Accidentes laborales mortales bajaron en Madrid un 27,78% en enero”, Madrid, España.

19. El País, 11/01/2007, “El boletín oficial publicará el nombre de los condenados por delitos graves o muy graves en seguridad laboral”, Madrid, España.

20. El País 16/01/2007, “168 obreros murieron en accidente laboral en 2006, un 8% más que el año anterior”, Madrid, España, 16 de enero.

21. Europa Press, 10/01/2007, “La Comunidad de Madrid publicará los nombres de las empresas con sanciones graves y muy graves”, Madrid, España.

22. Europa Press, 15/01/2007, “Un total de 168 personas fallecieron en 2006 en accidentes laborales, 13 más que en cada uno de los años 2004 y 2005”, Madrid, España.


en

say

os

y a

rtí

cu

los


2923. Fernández Marcos, Leodegario (2007), “Las etapas hacia un concepto integral de la prevención de riesgos laborales, 1971-1995”, en VV.AA., Historia de la Prevención de Riesgos Laborales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-Fundación Francisco Largo Caballero, pp. 214-230.

24. Francisco, Andrés de (1997), Sociología y cambio social, Barcelona, Ariel.

25. Fishman, R. (1996), Organización obrera y retorno a la democracia en España, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas.

26. Glasgow University Media Group (gump) (1976), Bad News, Londres, Routledge.

27. Glasgow University Media Group (gump) (1980), More Bad News, Londres, Routledge.

28. Glasgow University Media Group (gump) (1982), Really Bad News, Londres, Routledge.

29. Glasgow University Media Group (gump) (1993), Getting the Message, Londres, Rout-ledge.

30. Hallin, Daniel C. y Mancini, Paolo (2008), Sistemas mediáticos comparados: tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política, Barcelona, Hacer (e.o. en inglés, 2004).

31. Huertas, Tebelia (2000), “La concertación social”, en Valdés Dal-Ré, Fernando (dir.), Las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid, Madrid, Consejo Económico y Social, pp. 461-507.

32. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (insht) (1988), Anuario de Estadísticas Laborales, 1987, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

33. Jordana, Jacint (1994), “Sindicatos y política en España: la influencia de las condiciones

organizativas en las estrategias sindicales”, en Revista Internacional de Sociología, 8-9, pp. 137-186.

34. Köhler, Holm-Detlev (1995), El movimiento sindical en España. Transición democrática, regionalismo, modernización económica, Madrid, Fundamentos.

35. Köhler, Holm-Detlev (2008), “Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico”, en Fundación Alternativas. Estudios de Progreso, 142/208.

36. Lipset, Seymour, Throw, Martin A.; Y Coleman, James S. (1989), La democracia sindical. La política interna del Sindicato Tipográfico Internacional, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

37. Luque, David (2010), Las huelgas en España: intensidad, formas y determinantes, Oviedo, Universidad de Oviedo.

38. Koelble, Thomas (1992), “Recesting Social Democracy in Europe: A Nested Games Ex-planation of Strategic Adjustment in Political Parties”, in Politics and Society, 20: 1:pp. 51-70.

39. Madrid Sindical, 04/2007, “Un 1º de Mayo marcado por la cita electoral del día 27 y la defensa de los servicios públicos”, núm. 112, abril, Madrid, España.

40. Madrid Sindical, 06/2007, “ccoo pide a los gobernantes que cuiden las condiciones de vida de los trabajadores”, núm. 114, Madrid, España.

41. Madrid Sindical, 07/2007, “Salud laboral a la ofensiva”, núm. 115, Madrid, España.

42. Méndez Lago, Mónica. (2000), La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español (psoe), 1975-1996, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas (cis).



en

say

os

y a

rtí

cu

los


30 43. Montes, María (2007), “El Gobierno hará público el nombre de las empresas con accidentes”, en El Mundo, Madrid, España, 11 de enero.

44. Noticias de ugt, 12/1998, “Balance sindical de un año”, núm. 6, Madrid, España.

45. Noticias de ugt, 07-08/1999, “iii Comité Regional de ugt-Madrid”, núm. 13, Madrid, España.

46. Noticias de ugt, 05-06/2007, “Los sindicatos solicitan el voto para la izquierda”, núm. 77, Madrid, España.

47. Noticias de ugt, 11/2007a, “iii Plan Director en marcha”, núm. 80, Madrid, España.

48. Oliet Palá, Alberto (1997), “Sindicatos, concertación y comunicación política en España: entre el secreto y el espectáculo”, en Revista de Estudios Políticos, núm. 95, pp. 83-123.

49. Oñate, Pablo (2002), “El sistema político de España”, en Chávarri et al., Sistemas de organización política contemporánea, Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia.

50. Pascual, Ángeles (1999), “Las empresas de trabajo temporal trafican con el trabajo humano”, en Noticias de ugt, núm. 9, marzo, Madrid, España.

51. Peña, Marcos y González De Lena, Francisco (2007), “Diálogo Social en la elaboración y desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, en VV.AA., Historia de la Prevención de Riesgos Laborales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-Fundación Francisco Largo Caballero, pp. 283-290.

52. Platón, Nuria (2007), “Cada dos días muere un trabajador en accidente laboral”, en La Razón, Madrid, España, 16 de enero.

53. Poole, Michael (1984), Industrial Relations. Origins and Patterns of National Diversity, Londres, Routledge.

54. Poole, Michael (1991), Teorías del sindicalismo. Una sociología de las relaciones industriales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

55. Revuelta, Miguel (1999a), “La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, a debate”, en Noticias de ugt, núm. 11, mayo: 20.

56. Revuelta, Miguel (1999b), “La siniestralidad aumenta en la Comunidad de Madrid”, en Noticias de ugt, núm.11, mayo, Madrid, España.

57. Revuelta, Miguel y Pascual, Ángeles (2007), “La participación sindical en las instituciones es un derecho constitucional”, en Noticias de ugt, núm 81, diciembre, Madrid, España.

58. Rigby, Mike y Serrano del Rosal, Rafael (1997), Estrategias Sindicales en Europa: convergencias o divergencias, Madrid, Consejo Económico y Social.

59. Rodríguez Crespo, Carlos (2013), Semántica del discurso periodístico sobre la accidentalidad laboral: análisis longitudinal de dos medios de referencia, Madrid, Universidad Complutense.

60. Rodríguez, Carlos (1999), “ugt-Madrid denuncia el incremento de la siniestralidad laboral”, en Noticias de ugt, núm.14, octubre, Madrid, España.

61. Ruiz, David (dir.) (1993), Historia de Comisiones Obreras (1958-1988), Madrid, Siglo xxi.


en

say

os

y a

rtí

cu

los


3162. Ruiz, Fernando (1999), “Un primero de mayo de paz y derechos”, en Noticias de ugt, núm.11, mayo, Madrid, España.

63. Serna, Carmen (2007), “Un trabajador muerto cada dos días”, en El Mundo, Madrid, Madrid, España, 15 de enero.

64. Serrano de l Rosa l , Rafae l (2000) , Transformación y cambio del sindicalismo español contemporáneo, Córdoba, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

65. Taboadela Álvarez, Obdulia (1993), La afiliación sindical: hacia una aproximación del sistema de representación de intereses en el sindicalismo español contemporáneo, Madrid, Universidad Complutense.

66. Úbeda, Javier (1999), “La Comunidad intentará renovar el pacto por el empleo con patronal y sindicatos”, abc, Madrid, España, 24 de julio.

67. Unión General de Trabajadores (ugt) de Madrid (2007a), “168 trabajadores perdieron la vida en 2006, 13 más que el año anterior”, Comunicado de Prensa. 15 de enero.

68. Unión General de Trabajadores (ugt) de Madrid (2007b), “ugt-Madrid insta al Gobierno Regional y empresariado a aumentar las medidas de seguridad en el sector de la construcción”, Comunicado de Prensa, 12 de febrero.

69. Valdeolivas, Yolanda y Tudela, Gregorio (2007), “Configuración y principios del modelo español de prevención a partir de 1995”, en VV.AA., Historia de la Prevención de Riesgos Laborales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-Fundación Francisco Largo Caballero, pp. 266-282.

70. Valdés Dal-Ré, Fernando (dir.) (2000), Las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid, Madrid, Consejo Económico y Social.

71. Varela, Julia y Álvarez-Uría, Fernando (1997), Genealogía y Sociología. Materiales para repensar la Modernidad, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

72. Ventura Calderón, Fernando (2004), Democracia y sindicalismo de Estado. Elecciones sindicales en el Área Sanitaria de Sevilla. Un estudio antropológico, Madrid, Fundación Anselmo Lorenzo.

73. Vilela, Nuria (2003), “Esperanza Aguirre quiere eliminar la vivienda protegida. cc.oo. califica su discurso de «privatizador y muy de derechas»”, Madrid Sindical, núm. 75, Madrid, España.

74. Vilela, Nuria (2008), “Los accidentes de trabajo en la prensa escrita. Análisis y evolución. 1999-2007”, en La Mutua, núm. 20, segunda época, pp. 81-103.

75. Villalobos Cabrera, Fernando y Villar Rodríguez, José Luis (2007), “Las instituciones básicas del Estado e instituciones de participación: las Comunidades Autónomas y la prevención de riesgos laborales”, en VV.AA., Historia de la Prevención de Riesgos Laborales, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo-Fundación Francisco Largo Caballero, pp. 344-351.

Date post:	27-Sep-2018
Category:	Documents
Upload:	lamtruc
View:	216 times
Download:	0 times

Redalyc.La intervención prevencionista como objeto de ... · una lectura a partir de las...

Documents