La informalidad de las mipymes en Uruguay

costos.indd 1costos.indd 1 28/10/2009 1:19:2428/10/2009 1:19:24


LA INFORMALIDAD ENLAS MIPYMES DE URUGUAY. ANÁLISIS DE LOS COSTOS

DE LA FORMALIDAD

Coordinador:Carlos A. Scarone Delgado

Redacción:Carlos A. Scarone Delgado, Maximiliano Scarone Bayo

María Angélica Bayo y Luis Araújo

Autoridades:Ministro: Lic. Raúl Sendic

Subsecretario: Ing. Roberto KreimermanDirector General: Cr. Adalberto Fried

Directora DINAPYME: Ing. Elena Bing

Embajador Geoffrey BarrettJefe de la Delegación de la Comisión Europea en Uruguay


DINAPYMEDirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas EmpresasTeléfono: (02) 903.04.90www.dinapyme.miem.gub.uyinformacion@dinapyme.miem.gub.uy

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de PACPYMES Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana EmpresaCooperación Unión Europea-UruguayMIEM/DINAPYME

El contenido de la presente publicación es responsabilidad exclusiva de su autor y en ningún caso debe considerarse que refl eja los puntos de vista de la Unión Europea ni de la DINAPYME.

ISBN: 978-9974-49-463-3

© DINAPYME

Editorial Fin de SigloConvención 1537 – Tel. 908 87 81Montevideo – Uruguayfi [email protected]

Queda hecho el depósito que ordena la ley

Impreso en Uruguay


ÍNDICE GENERAL

1. Resumen ejecutivo ........................................................................... 13

2. Las MIPYMES en Uruguay. Comparación con otras estructuras económicas similares de la región ................................................... 23

3. El fenómeno de la informalidad. Algunas explicaciones.La informalidad en América Latina ................................................ 45

4. La informalidad en Uruguay ........................................................... 75

5. Los costos de la formalidad en Uruguay ....................................... 111

6. Recomendaciones .......................................................................... 167

7. Bibliografía .................................................................................... 185

8. Anexos 197

8.1. Opiniones de los profesionales .............................................. 199

8.2. Personas entrevistadas ............................................................ 207

8.3. Opiniones de los informales ................................................... 209

8.4. Opiniones de los recientemente formalizados ....................... 213

8.5. Opiniones califi cadas .............................................................. 217


[6]

ÍNDICE DE CUADROS

NºCap. cuadro Título

2 1 CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS EN URUGUAY(actualización 2007) ........................................................................25

2 CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS MIPYMESCOMPARACIÓN ENTRE VARIOS PAÍSES DEAMÉRICA LATINA ......................................................................27

3 EMPRESAS EN URUGUAY SEGÚN TAMAÑO(actualización 2008) ........................................................................29

4 ESTRUCTURAS COMPARADAS EMPRESASPOR PAÍSES SELECCIONADOS (en % del totalde empresas) ...................................................................................30

5 CANTIDAD DE EMPRESAS POR TAMAÑO YRAMA DE ACTIVIDAD. Años 2003 a 2007 ................................30

6 PERSONAL OCUPADO EN ENTIDADESJURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO.Años 2004 a 2007 ...........................................................................31

7 PERSONAL OCUPADO EN PROMEDIO POR TIPODE EMPRESA. Años 2003 a 2007 ................................................32

8 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPRESASPOR TAMAÑO Y RAMA DE ACTIVIDAD.Promedio año 2003 a 2007 ............................................................34

9 CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN EN MICROEMPRESAS Y PYMES ...................................................37

10 INNOVACIONES LLEVADAS A CABO PORLAS EMPRESAS (en %) ...............................................................39

11 VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS POR PERSONAOCUPADA .....................................................................................41

12 VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA(en $ corrientes) ..............................................................................41

13 INDICADORES SELECCIONADOS DEDESARROLLO DE LAS TIC .....................................................42


ÍNDICE DE CUADROS 7


3 14 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y TIPO DEECONOMÍA .................................................................................48

15 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS ........48 16 EMPLEOS SEGÚN LA 15ª CIET ..............................................62 17 AMÉRICA LATINA: LA DISTRIBUCIÓN DEL

EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD EN LOSSECTORES FORMAL E INFORMAL (Estimaciones) .............71

18 AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): LA CRECIENTEBRECHA DE PRODUCTIVIDAD ENTRE ELSECTOR FORMAL Y EL INFORMAL (en porcentajes) ..........71

4 19 EVOLUCIÓN DE OCUPADOS NOREGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL(en porcentaje de la población total ocupada) ...............................77

20 EVOLUCIÓN DE LOS OCUPADOS DEL SECTOR PRIVADO NO REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL (PORCENTAJES) .........................................................78

21 PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA. Año 2007. Localidadesurbanas de 5.000 habitantes y más de Uruguay .............................86

22 PERSONAS OCUPADAS DEL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS ..............................................................87

23 REMUNERACIONES LÍQUIDAS ANUALES CORRESPONDIENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA YCATEGORÍA (en millones de $ corrientes). Año 2007. Localidades urbanas de 5.000 habitantes y más de Uruguay ........89

24 REMUNERACIONES LÍQUIDAS ANUALESPROMEDIO CORRESPONDIENTES A LOSPUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDADECONÓMICA Y CATEGORÍA (en millones de $corrientes). Año 2007. Localidades urbanas de 5.000habitantes y más de Uruguay .........................................................89

25 OCUPADOS NO REGISTRADOS EN LASEGURIDAD SOCIAL SEGÚN GRANDES ÁREAS GEOGRÁFICAS (en %). Localidades de más de 5.000habitantes ........................................................................................92


8 LA INFORMALIDAD EN LAS MIPYMES DE URUGUAY


26 OCUPADOS NO REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL POR DEPARTAMENTO (en %). Año 2006 ...............93

27 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. Año 2006 ................94

28 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN LUGAR DE TRABAJO. Año 2006 ...............................95

29 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN TIPO DE OCUPACIÓN. Año 2006 .............................96

30 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN TRAMOS DE EDADES. Año 2006 ..............................97

31 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO MENORES DE 20 AÑOS NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ASISTENCIA ACENTROS EDUCATIVOS Y JORNADA DE TRABAJOSEMANAL. Año 2006 ...................................................................97

32 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO MAYORES DE 65 AÑOS NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN CALIDAD DEJUBILADOS O NO Y JORNADA DE TRABAJOSEMANAL. Año 2006 ...................................................................98

33 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS, POR SEXO.Año 2006 .........................................................................................99

34 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN LUGAR DE TRABAJO, POR SEXO.Año 2006 .........................................................................................99

35 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD, POR SEXO.Año 2006 .......................................................................................100


ÍNDICE DE CUADROS 9


36 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN EDADES, POR SEXO. Año 2006 ...............................101

37 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN CATEGORÍA DE LA OCUPACIÓN. Año 2006 ......102

38 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO. Año 2006 ..........103

39 PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADONO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALSEGÚN NIVEL EDUCATIVO. Año 2006 ...............................104

40 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIVADO SEGÚN REGISTRO EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y NIVEL EDUCATIVO.Año 2006 .......................................................................................104

5 41 CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA ...................................................................................118

42 TASAS DEL IRAE ......................................................................134

43 COSTOS Y DETALLES FUNDAMENTALES DEL IVA MÍNIMO (LITERAL E) Y MONOTRIBUTO ........................146

44 APORTE PATRONAL Y PERSONAL .....................................150

45 TRIBUTACIÓN PATRONAL EMPRESAS DECARÁCTER PERSONAL .........................................................153

46 ASISTENCIA NETA DEL GOBIERNO CENTRALAL BPS .........................................................................................157

47 HONORARIOS PROFESIONALES DECONTADORES PÚBLICOS ....................................................162


[10]

ÍNDICE DE GRÁFICOS

NºCap. gráfi co Título2 1 % DE EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD.

Año 2007 .........................................................................................34 2 PERSONAL OCUPADO POR ENTIDADES

JURÍDICAS, EN %. Año 2007 .....................................................35 3 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MICROEMPRESAS.

Período 2003-2007 .........................................................................35 4 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PYMES.

Período 2003-2007 .........................................................................363 5 EL EMPLEO INFORMAL EN AMÉRICA LATINA ...............704 6 TENDENCIA DE LA TASA DE INFORMALIDAD

(en porcentaje de la población total ocupada) ...............................78 7 NO APORTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL,

SEGÚN CATEGORÍA DE LA OCUPACIÓN(en %, año 2007) .............................................................................88

8 REMUNERACIONES LÍQUIDAS ANUALES EN PROMEDIO. IMPORTANCIA POR RAMA DEACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA(en $ corrientes, año 2007) .............................................................90

9 RELACIÓN ENTRE APORTANTES Y NOAPORTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL.Por rama de actividad económica. Año 2007 .................................91

10 COMPARACIÓN 2007 versus 2006 DE PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO, PORCATEGORÍA, NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDADSOCIAL. .......................................................................................103

11 TASA DE EVASIÓN EN EL IVA. Años 2000 a 2007 ...............108 12 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EVASIÓN Y

DEL PBI Años 2000 a 2007 .........................................................109 13 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EVASIÓN Y DEL

ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA GESTIÓNDE LA DGI. Años 2000 a 2007 ...................................................110


[11]

ÍNDICE DE FIGURAS

NºCap. fi gura Título4 1 FRONTERA DE PRODUCCIÓN .............................................80 2 EL ESPACIO DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA

ECONOMÍA .................................................................................85



[13]

1.RESUMEN EJECUTIVO

El documento que se presenta tiene su fundamento en el contrato de servicios Nº EU.DIR.52.08 para la Comunidad Económica Europea, en el marco del Componente III del Programa de Apoyo a la Competitivi-dad y Promoción de Exportaciones de la Pequeña y Mediana Empresa (PACPYMES), convenio URY/2004/16896.

En dicho contrato se establece “la contratación de una Consultoría para proporcionar a la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de Uruguay, con el objeto de estudiar los costos inherentes a las situaciones de formalidad e informalidad de micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), así como elaborar propuestas cuando corresponda para reducir los costos de la formalidad y promover la legalización de este tipo de empresas”.

Aunque no constituye el objetivo del trabajo la descripción de las MI-PYMES, ha sido incorporada en este trabajo, en el capítulo 2, una somera descripción de las características de estas unidades económicas, su peso relativo interno y su relación con unidades económicas similares de la región, como forma de introducir el concepto de informalidad a nivel de estas empresas. Este punto se introduce porque para una comprensión cabal de la informalidad y trascender luego al análisis de los costos de la formalización, es menester analizar el universo donde se encuentran más frecuentemente unidades económicas informales, que son las micro y pequeñas empresas. Se analiza en ese capítulo el concepto de MIPYMES en Uruguay, comparándolo con las defi niciones regionales, proponiéndose por criterios prácticos ceñirse al factor “personal ocupado” como discri-minante de la categorización. De esta comparación surge que Uruguay



presenta una situación de cierta armonía, al igual que Costa Rica, en la distribución de las empresas según tamaño.

Como paso analítico fundamental en la identifi cación de la morfolo-gía de las MIPYMES, se revisa el peso relativo de las empresas de esta dimensión en relación a un conjunto de variables, en especial la impor-tancia de las MIPYMES según rama de actividad y tamaño a través de los últimos años y el personal ocupado también estratifi cado en función del tamaño de las empresas, surgiendo como era evidente el predominio de las empresas unipersonales. Se verifi ca la relación usual “80-20” de cantidad de empresas versus personal ocupado: las microempresas, que son la mayoría de las organizaciones (85%) ocupan solo al 27% del per-sonal total ocupado, mientras que el 31,7% de las personas trabajan en grandes empresas, que son solamente 581 en el año 2008, lo que signifi ca el 0,5% del total.

La evolución de las MIPYMES en cantidad de empresas en el último quinquenio muestra algunos cambios destacables. Mientras el comercio al por mayor y menor sube año a año en el quinquenio, porcentualmente el mayor aumento se produce en el número de PYMES dedicadas a In-dustrias Manufactureras, seguramente acompañando el crecimiento del país en este período. Hoteles y restaurantes presenta una evolución entre estable y descendente y las actividades inmobiliarias de microempresarios descienden dramáticamente en el período, quizás como resultado de la mayor exigencia impositiva a la que se ven enfrentados o al desafío de organizaciones más profesionales y fuertes.

Las características de la educación de los empresarios de estas empresas, en relación con el perfi l educacional de empresas de similar porte en otros países de América Latina, muestran fortalezas únicamente comparables a las de Jamaica: casi el 90% de los microempresarios poseen secundaria o universidad completa.

Finalmente, los indicadores tanto de innovación como de desarrollo de las TIC, que están necesariamente correlacionados positivamente,


1. RESUMEN EJECUTIVO 15

muestran lo esperable de una relación: a mayor tamaño, más innovación y más desarrollo de las TIC.

El capítulo 3 analiza los conceptos básicos de la informalidad. Se re-visan varios conceptos y defi niciones, a la luz de teorías interpretativas que ponen de relieve la importancia de estudiar este fenómeno, determi-nante de múltiples implicancias socio-políticas. Se discute el concepto de economía informal y de trabajo informal, haciendo una revisión histórica basada en trabajos de gran seriedad de analistas nacionales y extranjeros. Como elemento importante, se explica que informal no es sinónimo de delictivo ni de ilegal, aunque frecuentemente se incurra en semejantes confusiones. Se posiciona el tema en una dimensión social, no jurídica, aunque se debe transitar por los aspectos legales para una perfecta iden-tifi cación de lo informal.

Se revisa en este capítulo la bibliografía fundamental sobre el tema, sin pretender ser exhaustivos en este punto sino solamente señalar, mediante ejemplos, las principales vertientes interpretativas y en qué puntos pone el acento cada una de ellas. Se explican brevemente las corrientes de la informalidad como opción, como residuo, como condición, el enfoque de PREALC y una propuesta integradora que aporta Notaro.

Se explica luego el concepto de empleo informal, a partir de los ajustes que se produjeron en el mismo en la 15ª y 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), para continuar luego con la revisión del tema calidad del empleo, también profundamente analizado por varios autores, en la medida en que constituye uno de los dos temas clave (y quizás el más importante) del empleo, junto con la ocupación.

El capítulo termina con una breve semblanza de los enfoques explica-tivos de la informalidad en América Latina, que permite introducirnos en el análisis de la informalidad en Uruguay. Es de destacar que de la com-paración internacional que realiza CEPAL entre los países de la región, la posición que ocupa Uruguay es intermedia, aproximadamente en la media de la región, mientras que Chile presenta los valores menores. También es



relevante a estos efectos el análisis de la productividad del sector formal respecto al informal; del relevamiento de los distintos países de la región surge con claridad la gran diferencia que existe en desventaja del empleo informal, lo que explica en buena medida el “handicap” que representa para los países subdesarrollados el peso importante del sector informal en sus estructuras económicas.

En el capítulo 4 se revisa la bibliografía referente al tema de la infor-malidad en Uruguay, fundamentalmente el material que surge del INE, el BPS, la DGI y la tesis doctoral de Caño-Guiral, además de investiga-dores nacionales destacados. Se discute el alcance del término economía no observada, que incluye cinco categorías: producción informal de los hogares, producción oculta o económicamente subterránea, producción ilegal, producción para uso fi nal propio y producción estadísticamente subterránea. De ese concepto se pasa al concepto de informalidad, que siguiendo los aportes de Caño-Guiral distingue dos alcances: informalidad en sentido amplio e informalidad en sentido estricto.

La defi nición de informalidad en sentido amplio se remite a la 15ª CIET de 1993. El sector informal de los hogares es todo aquello no captado estadísticamente. De acuerdo a ello, comprende a las empresas informales por cuenta propia y las empresas de empleadores informales. Visto de otra manera, además de las empresas informales por cuenta propia forman parte de este grupo la economía oculta, la economía legal y la economía formal no captada estadísticamente. En cambio, informalidad en sentido estricto comprende solamente la producción informal de los hogares.

Los cálculos que realiza Caño-Guiral muestran que para el año 2007, la informalidad en sentido amplio debía estar –de acuerdo a sus hipótesis– entre un 36 y un 40%, mientras que en sentido estricto es poco superior al 20%. La referencia habitual en los análisis socioeconómicos es a la informalidad en sentido amplio.

Se analizan en el capítulo 4, además, quiénes son los NO aportantes a la seguridad social según categoría de la ocupación, destacándose los



cuentapropistas, sobre todo aquellos sin local, cuya casi totalidad son informales (97,23%), seguidos por los trabajadores no remunerados y ca-tegorías sin especifi car (81,23%) y los cuentapropistas con local (71,03%). Es interesante constatar, sin embargo, que promedialmente las remune-raciones más altas se encuentran después de los patrones precisamente en los cuentapropistas (aquellos con local), seguidos por los patrones, pudiéndose concluir entonces que no existe una relación automática entre informalidad y remuneración baja,1 aunque sí se verifi ca que los aportantes a la seguridad social tienen en promedio una remuneración líquida varias veces superior a aquellos que no realizan aportes.

Finalmente, en el mismo capítulo se analiza el perfi l del empleo infor-mal en Uruguay a partir de una serie de indicadores: distribución geográ-fi ca, lugar de trabajo (tamaño de la empresa, lugar donde realizan las tareas y tipo de ocupación de los trabajadores) y el perfi l de los trabajadores no registrados, según edades, educación, carga horaria de trabajo, sexo y lugar de trabajo, sexo y áreas geográfi cas, sexo y sector de actividad y antigüedad en el empleo. Se cierra el capítulo con el resumen de los análisis que hacen el BPS y la DGI sobre los evasores y la evaluación de la evasión al IVA, donde se constata nuevamente la curva descendente en la tasa de evasión, concordante ello con la reducción de la tasa de informalidad en el período. Se analizan en el capítulo las eventuales explicaciones para esta evolución.

El verdadero núcleo del trabajo se encuentra en el capítulo 5, donde se analizan los costos de la formalidad de las empresas. El análisis se rea-liza a partir de dos alcances diferentes: los costos de legalización por un lado, entendiéndose por tales aquellos que debe enfrentar el empresario al legalizar (formalizar) su empresa, y los costos de la legalidad, que son los gastos que el empresario debe afrontar recurrentemente por ser legal. Se incluyen en estos últimos costos directos, tales como impuestos, tasas y

1. Esta afi rmación es particularmente cierta en el caso de los patrones. El promedio de la remu-neración líquida de los patrones informales es superior al promedio general de remuneraciones líquidas de los formales, de los empleados públicos (todos ellos formales, claro) y de los empleados privados y cooperativas de producción formales.



contribuciones y costos indirectos, que son aquellos relacionados a la gestión administrativa y fi scal.

Los costos de legalización se dividieron en varios ítems. Por un lado, los que corresponde sufragar cuando se constituye la empresa, que se analizaron pormenorizadamente según se trate de una forma jurídica u otra (empresa unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y otras formas jurídicas). En segundo término, se revisaron los costos de las inscripciones y habilitaciones ante organismos, diferenciándose las situaciones y presentándose los costos correspondientes según se trate de DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco de Seguros del Estado (BSE), Dirección Nacional de Bomberos, Instituto Nacional de Carnes (INAC), Tasa Bromatológica y otros trámites municipales, aten-diéndose a la casuística de cada departamento del país.

En tercer término, dentro de los costos de legalización se analizaron los costos paratributarios de la legalización, incluyéndose aquí las gestiones ante DGI, BPS y MTSS por un lado y la obtención de habilitaciones varias por otra.

El segundo gran punto de este capítulo es el correspondiente a los costos de la legalidad. En primer término, se estudiaron los impuestos administra-dos por la DGI, en cuyo desarrollo se presenta primero un marco general para después, pormenorizadamente, analizar el Impuesto a la Renta y los regímenes especiales de tributación de la pequeña y mediana empresa que están exonerados de dicha imposición. En este sentido, dentro de estos regímenes especiales de relevancia actual aparece la consideración del monotributo y el impuesto al IVA mínimo (Literal E), anterior impuesto a la pequeña empresa. En ambos casos se llevan a cabo consideraciones y refl exiones sobre la pertinencia y oportunidad de estos tributos.

En segundo lugar, dentro de los costos de la legalidad se analizan los aportes a la seguridad social. Luego de presentar su marco general, se identifi ca cuál es la materia gravada y las tasas. Sobre el tercer punto de este grupo temático se estudian las tasas de aportación de la tributación de industria y



comercio, lo que se hizo a partir de una revisión de la situación actual, estableciéndose comentarios que entendemos de oportunidad sobre el régimen, pasándose más adelante a realizar algunos comentarios sobre el proyecto de ley que contempla la reducción de aportes patronales que a la fecha de redacción de este trabajo era voluntad del Poder Ejecutivo remitir al Parlamento. El cuarto bloque temático lo constituyó la revisión de las tasas de aportación de la tributación de la industria de la construcción, seguido por las tasas de tributación de las actividades rurales. Se cierra este segundo punto de los costos de la legalidad con la refl exión sobre si es cara o barata la tributación a la seguridad social, asunto controvertible sobre el cual expresamos nuestra opinión.

El tercer y último tema de los costos de la legalidad refi ere a los costos in-directos o paratributarios. Estos costos son naturalmente difíciles de estimar, pero es menester hacer el esfuerzo de su cuantifi cación por constituir un elemento disuasivo a veces de la formalización de las empresas enfrentar estas erogaciones. Se estima el costo que supone para una micro o peque-ña empresa el tiempo de llevar a cabo los trámites, así como el costo que implica sufragar la cuota de un estudio contable o el de la presentación de informes a organismos que así lo requieran, en general para conceder créditos (bancos) o por exigencias legales (BPS, DGI, etc.)

El capítulo 6 aborda las conclusiones y algunas recomendaciones, aunque sin la pretensión de que las mismas sean más que el corolario de las refl exiones del conjunto del trabajo, y no un paquete de sugerencias de acciones de política económica. Se presenta al principio el dilema fun-damental a solucionar cuando se discute el problema de la informalidad, lo que trasciende en mucho al mero dimensionamiento de los costos y su posible abatimiento.

Finalmente, el capítulo aborda en forma absolutamente pragmática, no teórica, la refl exión sobre algunas medidas concretas que los autores entienden se deben abordar para reducir la informalidad. Las medidas se ordenaron en dos grandes grupos: aquellas de carácter estratégico, es decir, cuya concreción es propia del mediano o largo plazo, y por otro



lado las que es posible concretar en el corto plazo, si se posee la voluntad de hacerlo.

No se desconocen en estas propuestas los permanentes esfuerzos que se han llevado a cabo a nivel de la política económica sobre este particular ni se pretende ponerlos en tela de juicio, sino que sencillamente se entiende que el cierre natural de un trabajo de esta naturaleza es proponer algunas medidas derivadas de la refl exión y discusión sobre el tema.

El punto correspondiente a la bibliografía pretende, sin ser exhaustivo, constituir una interesante selección de trabajos recientes que analizan el tema de la informalidad, sus efectos y sus costos. A nuestro juicio, existen allí referencias a trabajos que han representado esfuerzos sistemáticos de una serie de profesionales o instituciones que han trabajado en la búsqueda de aportar luz a un fenómeno tan complejo y relevante como el que se describe a continuación.

Siguen luego anexos con el resumen de las entrevistas. En primer tér-mino, realizamos entrevistas de detalle con personalidades vinculadas a la toma de decisiones en cuestiones que afectan los costos de las MIPYMES. La casi totalidad de aquellos a quienes solicitamos su opinión accedieron a un encuentro y mucho agradecemos su tiempo, dedicación y valiosos co-mentarios. Quizás no hayamos contado con la opinión de algún informante clave que no ha podido ser relevado por nuestro equipo de trabajo, por omisión nuestra en identifi carlo o falta de disponibilidad del invitado para atender a nuestro petitorio. Entendemos que esas eventuales ausencias en nada conspiran contra las conclusiones a las que pudimos llegar, dado que aquellos que sí colaboraron lo hicieron con tal entusiasmo, generosidad y profesionalismo, que cubrieron perfectamente los requerimientos cientí-fi cos de este informe. Debemos señalar que en las entrevistas realizadas a informantes califi cados hay una obvia pérdida de calidad en su transcrip-ción y resumen, dado que fueron opiniones la mayoría de enorme valor si hubieran podido ser presentadas aquí casuísticamente. Pese a ello, hemos pensado que era primordial la salvaguarda y respeto de la confi dencialidad de los juicios que se nos brindaron, por lo que se presenta una apretada



síntesis de ellas, sin mencionar la identidad del informante. En el anexo “Personas entrevistadas” se pueden ver los nombres y responsabilidades profesionales o institucionales de los informantes califi cados que nos brindaron sus opiniones sobre el tema que nos ocupa.

Un segundo grupo de entrevistas en profundidad se realizó a profesio-nales contadores públicos, para lo que buscamos algunos estudios contables que tuvieran contacto con una gran variedad y cantidad de MIPYMES. El juicio de este grupo, por su carácter agregado y que resume múltiples experiencias diferentes, ha sido de enorme valor para la ubicación del contexto en el que se desenvuelven estas empresas. El objetivo de este grupo era aprovechar que pocas personas nuclean muchas experiencias de micros y pequeños empresarios, lo que a nuestro juicio fue bien logrado.

Los otros dos grupos de entrevistas en profundidad se hicieron a empresarios de MIPYMES informales por una parte, y a micro o pequeños empresarios formalizados recientemente, por otra. La apertura en dos gru-pos se nos sugirió en la práctica: a priori el diseño contemplaba un solo grupo, de empresarios informales, pero a medida que se progresaba en el trabajo fue surgiendo la necesidad de desentrañar cuáles habían sido los motivos para que se formalizaran los que así lo habían hecho, es decir, el peso relativo de las medidas o circunstancias del entorno que habían incidido en esa decisión. Sin perjuicio de que el número de entrevistas no es importante, no permitiendo confi rmaciones estadísticas, han suminis-trado hipótesis valiosas “de primera mano” que sumadas a lo que aporta el trabajo de Herrera et al. (2008) conforman un panorama vasto y bastante completo, revelador de la complejidad en la que se encuentran sumergidas este tipo de organizaciones.

En cuanto a la organización del trabajo, la redacción del capítulo 2, segunda parte del capítulo 3 y capítulo 4 estuvo a cargo de Carlos Scarone, la parte principal del capítulo 3 estuvo a cargo de María Angélica Bayo y el capítulo 5 lo escribió Maximiliano Scarone. El capítulo 6, conclusiones, fue redactado por Carlos y Maximiliano Scarone, aunque todo el equipo cola-boró en su discusión y en el ajuste de propuestas. Las encuestas a estudios



contables las realizó Maximiliano Scarone, quien participó también en las encuestas a informantes califi cados junto con Carlos Scarone y en algunas ocasiones con Luis Araujo, que tuvo a su cargo gran parte de los cuadros del capítulo 2, la totalidad de las entrevistas a empresarios informales y de las entrevistas a empresarios recientemente formalizados. Pertenece a Luis Araujo, precisamente, la redacción del anexo sobre estas entrevistas.

Debe entenderse que las medidas que se proponen no pretenden agotar las posibilidades del tema sino que constituyen una refl exión del grupo de trabajo que acompañó a este consultor y no comprometen en su alcance sino al que fi rma este documento, que asume la responsabilidad en forma unilateral y personal sobre las hipótesis y conclusiones que se desarrollan. Sin duda si se pudieran plasmar en la práctica algunas de las sugerencias que se presentan en este documento y su resultado fuera positivo, como prevemos, ello constituiría por sí solo un argumento de satisfacción para el que suscribe. Sin embargo, es de señalar que como todos los contratos que se suscriben de esta índole, las sugerencias documentales no obligan en medida alguna a los actores políticos o empresarios a acción alguna, sino que constituyen un marco referencial que se suma a las diferentes contribuciones que hemos consultado sobre temas afi nes, la mayoría de ellas de gran valor teórico.

Corresponde señalar que este trabajo reconoce como antecedente el documento del Centro de Innovación y Desarrollo (CID), Estudio sobre costos de legalización y legalidad de micro y pequeñas empresas en Uruguay, consultoría para DINAPYME realizada en el marco de la cooperación técnica del BID (ATN/SF-4168/UR) en el año 1994. Sin ser nuestro documento precisamente una actualización de dicho informe, la sistema-tización allí aportada ha sido una fuente sugestiva para la organización de nuestro trabajo.


[23]

2.LAS MIPYMES EN URUGUAY.

COMPARACIÓN CON OTRAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS SIMILARES DE LA REGIÓN

Aunque no constituye el objetivo central del trabajo la descripción de las MIPYMES, ha sido incorporada una somera descripción de las caracterís-ticas de estas unidades económicas, su peso relativo interno y su relación con unidades económicas similares de la región, como forma de introducir el concepto de informalidad a nivel de estas empresas.

Existe un interés marcado no solo nacional sino regional en el desarrollo de las MIPYMES.

Por un lado, multitud de indicadores muestran que su aporte actual a la economía es importante y que por tanto, a través de apoyos razonables y sistemáticos, es posible pensar en multiplicar semejantes potencialida-des. Algunos expertos y publicaciones estiman que en América Latina y el Caribe deben existir no menos de 17 millones de empresas formales, el 95% de las cuales son microempresas y un 1,5 millones son PYMES. Las PYMES aportan, por otra parte, entre el 35 y el 40% del empleo, el 33% del PIB y el 25% de la inversión (SELA, 2009).

En segundo lugar, por su capacidad de absorber empleo y ser el recep-táculo “natural”, además, de personas que incidental o permanentemente no encuentran lugar en empresas de mayor tamaño. Empíricamente se ha encontrado que a veces las microempresas presentan un comportamiento anticíclico con relación al empleo: cuando las empresas grandes ajustan sus plantillas de trabajadores a la baja, las MIPYMES tienden a aumentar o mantener los niveles de empleo; en períodos de crecimiento, a diferencia de las empresas grandes, demoran en incrementar su dotación y es posible



incluso que la reduzcan, quizás alimentando con personal a las empresas de mayor tamaño. Se verá más adelante que este ha sido precisamente el papel de las MIPYMES y empresas grandes en Uruguay en los últimos años. La hipótesis comprobable es que a mayor desarrollo industrial del país se constata una menor participación en el empleo de las microempresas, aumenta su modernización y cambia su naturaleza jurídica, separándose la persona o familia del negocio (Tokman, 2001).

En tercer término, existen motivos sociales que impulsan el pensamien-to institucional de los diferentes países, en la medida en que los mayores niveles de pobreza y de atraso se encuentran en las personas que trabajan sobre todo en las microempresas, que por mucho son las predominantes en la región y en Uruguay. Debe considerarse además que por sus ca-racterísticas propias y su reducido tamaño, las MIPYMES constituyen estructuras más maleables que las grandes empresas para ser objeto de experimentos de asociatividad, clusterización y desarrollos conjuntos, por lo que constituyen un objeto clave de atención para las autoridades públicas y los organismos internacionales de fomento.

En contraposición a lo anterior, es previsible que se produzca el fenó-meno opuesto en el caso de coyunturas desfavorables. Como señala Tok-man (2001), a causa de la apertura y mayor competitividad internacional, en caso de ambiente desfavorable la experiencia indica que aunque se expanda la cantidad de microempresas, estas serán de estructura débil, con poca capacidad de absorción de mano de obra y concentradas en activi-dades de servicios y comercio, aplicando estrategias de sobrevivencia. De confi rmarse esta hipótesis, Uruguay y la región deberán soportar embates críticos para las MIPYMES con la situación de crisis internacional ya desatada al momento de la entrega de este informe.

En Uruguay, la categorización de las unidades económicas según mi-cro, pequeña, mediana o grande se ha ajustado en diciembre 2007, según decreto 504/07. Los parámetros que las clasifi can en un grupo u otro son los siguientes:


2. COMPARACIÓN CON OTRAS ESTRUCTURAS ECONÓMICAS SIMILARES DE LA REGIÓN 25

CUADRO 1CATEGORIZACIÓN DE EMPRESAS EN URUGUAY

(Actualización 2007)

Tipo de empresa Personal empleado Ventas anuales máximas (excluido el IVA)

Micro empresa 1 a 4 personas 2.000.000 de UI

Pequeña empresa 5 a 19 personas 10.000.000 de UI

Mediana empresa 20 a 99 personas 75.000.000 de UI

Gran empresa Más de 100 personas Más de 75.000.000 de UI

Fuente: DINAPYME (2008)

A la fecha de este informe, el valor de la unidad indexada era de 1,9015, de modo que expresado en dólares serían grandes empresas aquellas que además de la condición de personal ocupado, facturan más de U$S 6,2 millones aproximadamente. En el otro extremo, son microempresas aque-llas que facturan menos de U$S 165.000 anuales.

A nuestro juicio, el criterio dual que ubica las empresas en uno u otro espacio presenta difi cultades de interpretación, como son las que derivan de la intersección de ambos criterios, el de personal ocupado y el de ventas anuales (Scarone, 2002). En la práctica tal problema suele ser solventado limitándose a utilizar un único criterio, el personal empleado (por ejemplo, así se hizo en DINAPYME, 2008; Herrera et al., 2008, etc.), admitiéndose de hecho que ello implica menor rigurosidad. Será este el criterio que adoptaremos también nosotros.

Aun más complejo se torna el concepto de micro y pequeña empresa cuando se introducen, adicionalmente a los criterios cuantitativos, cri-terios de carácter cualitativo. El propósito de defi niciones cualitativas-cuantitativas es evitar homogeneizaciones arbitrarias de situaciones que no lo son. Dieste (2005) combina criterios cualitativos y cuantitativos al defi nir la empresa micro y pequeña como “aquella que, cualquiera sea su actividad y la forma jurídica que adopte, está dirigida personalmente por su(s) propietario(s), posee un personal sumamente reducido, ocupa una posición secundaria o marginal en su sector, no dispone de recursos económicos, su cifra de facturación anual y su capital son pequeños, tiene serios obstáculos para acceder al



crédito y, aunque eventualmente tenga alguna relación con las grandes empresas, no depende jurídicamente de ellas”.

Agrega Dieste algunos factores fundamentales que distinguen a las empresas más allá de su tamaño, que acertadamente entiende como un indicador más: “Por lo pronto, la diferencia promedial del personal ocu-pado autorizaría a reconocer que mientras en la microempresa estamos en presencia de un cuasi ‘autoempleo’, en las pequeñas empresas incidirían factores más complejos vinculados a la administración y gestión de perso-nal. Además, la microempresa es casi siempre unipersonal. A medida que el tamaño de la empresa aumenta, comienza a asumir formas societarias, dentro de las cuales la más frecuente es la sociedad de responsabilidad li-mitada y, en menor medida, la sociedad anónima, que tiende a ser la forma jurídica típica de las grandes empresas. Aparte de lo expuesto, los rasgos peculiarizantes (sic) de la mayoría de las microempresas son conocidos: informalidad o semi-informalidad, baja relación capital-trabajo, aplicación de tecnología y métodos tradicionales, baja productividad, marginalidad en cuanto a los espacios del mercado que ocupan, siendo el destinatario de su producción, en la gran mayoría de los casos, el mercado interno”. Si bien podríamos agregarle a estos elementos negativos el carácter efímero que muchas presentan (Dieste, 2005), hay que reconocerles, por otro lado, una elevada tasa de nacimiento, que en grado mayor o menor compensa su corta vida.

“La autopercepción que el microempresario tiene de su emprendi-miento es un elemento más para diferenciar una categoría de la otra. La identifi cación del microempresario con su empresa es todavía más intensa que la del empresario pequeño y, por ende, la concentración de funciones en el primer caso es, también, mayor”. (Dieste, 2005).

El cuadro siguiente muestra los criterios preponderantes de defi nición de MIPYMES para diferentes países, sin perjuicio de que la multiplici-dad de criterios termina limitándose a alguno preponderante cuando se clasifi ca:



CUADRO 2CRITERIOS DE DEFINICIÓN DE LAS MIPYMES

COMPARACIÓN ENTRE VARIOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

País/criterio Empleo Ventas Activos OtrosArgentina X

Bolivia X X X

Brasil X X

Chile X X

Colombia X X

Costa Rica X X X X

El Salvador X X

Guatemala X

México X

Panamá X

Perú X

Uruguay (1) X X

Venezuela X X X

Fuente: Saavedra et al. (2007).(1) El criterio para Uruguay ha sido corregido por nosotros, en la medida en que el Decreto

504/07 solo toma dos criterios para defi nir las MIPYMES, mientras que Saavedra et al. agregan para Uruguay “Activos”.

Así como difi ere el criterio aplicado en diferentes países de América Latina, con mucho más motivo son variables entre países las cantidades necesarias de personal o unidades monetarias (ventas o activos) para cali-fi car en un tamaño u otro. Por ejemplo, cita Tokman (2001) que mientras en Brasil se considera microempresa a aquella unidad productiva que posee menos de 19 personas ocupadas y una renta bruta anual de aproximada-mente U$S 220.000, pequeña empresa a la que tiene entre 20 y 99 personas ocupadas y una renta bruta inferior a U$S 620.000,2 en Colombia3 y Perú4 se consideran microempresas aquellas que ocupan hasta 10 personas. En Colombia, además, los activos no deben superar los U$S 100.000 y en Perú las ventas anuales tienen que ser inferiores a U$S 10.000.

2. Estatuto de la micro y pequeña empresa, Ley Nº 8864/94.3. Plan nacional para el desarrollo de la microempresa (1984).4. Ley de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, Decreto Legislativo Nº 705 de 1991.



Puede observarse en el cuadro anterior que casi sin excepción los cri-terios cualitativos no forman parte de la categorización en ningún país. Ello estaría revelando no la escasa importancia de dichos criterios sino lo complejo que es introducirlos como factor explicativo para defi nir un tipo de empresa u otro.

También difi ere entre países la estructura microempresarial en lo que se refi ere a modernización productiva, aunque se puede señalar que en general suelen encontrarse los siguientes grupos en función del grado que presentan de acceso a la modernidad (Tokman, 2001):

► Empresas familiares. En esta tipología, forman parte de este grupo las unidades económicas que producen bienes manufacturados tra-dicionales dirigidos al mercado local. Sus conocimientos suelen ser básicos, sus instrumentos escasos y su economía suele estar al nivel de sobrevivencia.5

► Microempresas competitivas. Tienen más desarrollo que las empresas familiares, mayores conocimientos técnicos y suelen conocer la forma de obtener apoyos de instituciones de fomento, consultorías, etc. Suelen tener empleados permanentes y ocupar personal zafral si aumenta la demanda.

► Microempresas integradas en consorcios. Poseen mayores niveles de productividad y se dedican a exportar o vender en cantidades más grandes que las microempresas familiares o competitivas. En Uru-guay existen multitud de experiencias en este sentido y esfuerzos orgánicos a nivel central para impulsar estos emprendimientos aso-ciativos de microempresarios. La asociatividad de las microempresas a un nivel aceptable sin embargo aún es un debe en Uruguay, como lo revela la investigación de campo de Herrera et al. (2008).

5. Conviene diferenciar este concepto de empresa familiar de aquel más amplio que comprende a toda unidad económica que es controlada por un grupo familiar. Dentro de esta segunda acepción, naturalmente se pueden encontrar empresas de todo tamaño y grado de formalidad.



Las diferentes estructuras ordenadas por su nivel de modernidad impli-can también modalidades diversas en la vinculación con las obligaciones fi scales u otras exigencias formales. Las empresas familiares se caracterizan por la alta inestabilidad, lo característico es su cambio permanente de giro o desaparición y el bajo cumplimiento de las obligaciones formales. En el otro extremo, las empresas integradas en consorcios en general son estables, con personal ocupado y cumplen con sus obligaciones fi scales y parafi s-cales; sin duda ello es así particularmente en la totalidad de aquellas que se dedican a la exportación.

Para Uruguay, en función entonces del criterio restringido por personal ocupado, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta la siguiente distribución de las empresas según tamaño:

CUADRO 3EMPRESAS EN URUGUAY SEGÚN TAMAÑO

(Actualización 2008, datos al 2006)

Tipo de empresa Cantidad de establecimientos % del total Personal ocupado

en % del totalMicroempresa 100.771 85,4 27,1Pequeña empresa 13.598 11,5 21,0Mediana empresa 3.046 2,6 20,2Gran empresa 581 0,5 31,7TOTALES 117.996 100,0 100,0

Fuente: INE.

La distribución por áreas geográfi cas no difi ere signifi cativamente entre regiones del país (Herrera et al., 2008), destacándose solamente algo más de peso de las empresas medianas en Montevideo.

La alta concentración en MIPYMES que aparece en Uruguay no debe extrañar, sino que es característica de cualquier tipo de país, variando el peso relativo de cada una de las categorías. El cuadro siguiente, más allá de que las comparaciones no son en años similares en cada uno de los casos, al referirnos solamente a los valores porcentuales es sufi cientemente descriptivo, evidenciando que en todos los casos las microempresas son más del 80% del total (llegando a la casi totalidad en el caso de Colombia y México,



por ejemplo); las PYMES varían entre el 5 y el 15% con la excepción (en los países seleccionados del cuadro) de Costa Rica (donde la distribución de las empresas por tamaño es muy armoniosa) y las grandes empresas rara vez llegan al 1% del total. En el contexto general de América Lati-na, Uruguay aparece con una distribución razonable, solo superada por Costa Rica.

CUADRO 4ESTRUCTURAS COMPARADAS EMPRESAS POR PAÍSES SELECCIONADOS

(En % del total de empresas)

Tipo de empresa Argentina(1)

Brasil(2)

Chile(2)

Colombia(2)

Costa Rica(2)

México(2)

Panamá(2)

Uruguay(3)

Micro empresa 86,18 92,3 88,8 97,5 78,2 96,0 94,5 85,4Pequeña empresa

13,69 7,1 10,4 2,4 19,9 3,7 5,011,5

Mediana empresa 2,6Gran empresa 0,13 0,6 0,8 0,1 1,9 0,3 0,5 0,5TOTALES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuentes:(1) Para Argentina: Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Ar-

gentina, diciembre 2008.(2) Para el resto de los países excepto Uruguay y Argentina: Guaipatín, C. (2003), con datos de

instituciones públicas de cada país considerado.(3) Para Uruguay: INE (2008).

La estructura actual de las empresas uruguayas según tamaño y ocupa-ción para los últimos años en que la información está cerrada puede verse en los cuadros siguientes:

CUADRO 5CANTIDAD DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y RAMA DE ACTIVIDAD

Años 2003 a 2007

Cantidad de empresas por tramo de Personal Ocupado Total 0 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o más

Año 2003 143.453 129.074 11.661 2.297 415Año 2004 140.248 123.567 13.536 2.692 453Año 2005 110.716 94.452 12.873 2.868 523Año 2006 117.996 100.771 13.598 3.046 581Año 2007 120.576 102.116 14.518 3.325 617

Fuente: INE.



CUADRO 6PERSONAL OCUPADO EN ENTIDADES JURÍDICAS DEL SECTOR PRIVADO

Años 2004 a 2007

Personal por tamaño de la empresa Total 0 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o másAño 2004 466.089 116.440 107.125 95.758 146.766Año 2005 547.706 150.748 117.166 111.245 168.547Año 2006 591.876 160.458 124.095 119.376 187.947Año 2007 633.051 164.389 132.695 130.793 205.174

Fuente: INE.

Con carácter general, pueden hacerse los siguientes comentarios sobre la estructura de la economía en lo que refi ere a las empresas ordenadas por tamaño y la ocupación de las mismas:

► En el año 2005 se verifi ca un descenso abrupto del número total de empresas, superior al 20%. Sin embargo, mientras las MIPYMES descienden en un 21,2%, las empresas grandes continúan creciendo a una tasa acumulativa anual del 10%.

► Incluso dentro de las MIPYMES, el comportamiento reductivo es disímil: las empresas medianas continúan creciendo a una tasa del orden del 5% anual, mientras que entre 2004 y 2005 las microem-presas se reducen un 23,6% (es decir, se constituyen en el gran factor explicativo del descenso del conjunto de las empresas) y las empresas pequeñas descienden un 5% en 2005 que luego recuperan en 2006.

► En los últimos tres años del período (2005-2007) aumenta nueva-mente el número de empresas de todos los tipos.

► Puede concluirse de los comentarios anteriores que se verifi ca una tendencia a la concentración en empresas de mayor tamaño en el período.

► Se ratifi ca la afi rmación anterior si se incorpora el factor ocupación/empresa según tamaños. En todo el período la cantidad de emplea-dos por empresa crece sostenidamente año a año.



CUADRO 7PERSONAL OCUPADO EN PROMEDIO POR TIPO DE EMPRESA

Años 2003 a 2007

324,0

35,6

7,9

0,9

322,3

38,8

9,1

1,6

323,5

39,2

9,1

1,6

332,5

39,3

9,1

1,6

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

2004 2005 2006 2007

MicroempresasPequeñas empMedianas empGrandes emp

Fuente: elaboración propia, con datos del INE.

► Es interesante el detalle de que por tamaño dentro de cada estrato, si se toma como indicador a los trabajadores ocupados por empresa (que es, en defi nitiva, el indicador que estamos usando y que seña-lamos antes que es el habitual), las únicas empresas que aumentan de manera sostenida son las medianas. Las microempresas6 y empresas pequeñas, en cambio, si bien muestran un salto del año 2004 al 2005, luego permanecen prácticamente al mismo nivel de trabajadores/empresa. Las empresas grandes se mantienen estables hasta 2007, año en el cual tienen un incremento del orden del 3% en el personal ocupado por empresa.

► Como observación puntual, es notorio el descenso acentuado del número de inmobiliarias, que pasa de casi 40.000 en 2003 a menos de 18.000 en 2007. Dado que el fenómeno convive con el de creci-

6. El dato ofi cial del INE para personal ocupado por empresa para el tamaño microempresas puede observarse en el gráfi co es 0,9, es decir, menor que 1. Naturalmente este valor no es lógico pero hemos decidido mantenerlo y considerar que el error se creó al pasar alguna cifra y que el valor real para personal ocupado por empresa no se aparta mucho de 1.



miento del país, parece estar señalando esta tendencia que consti-tuye una actividad que cada vez tiene menos viabilidad económica. La cantidad de inmobiliarias que son empresas grandes tiene poca variación, lo que muestra que esta actividad es cada vez menos un refugio para microempresarios, que son entre el 90 y el 95% de las empresas inmobiliarias. En cualquier caso, la cantidad de empresas inmobiliarias es sorprendentemente alta (sistemáticamente, año a año, más del 10% de las empresas totales), evidenciando que dicha actividad es un receptáculo más o menos sencillo para personas que quizás no tienen una forma alternativa de inserción laboral.

► Aunque no se posee el dato del modo (valor más frecuente), el valor hallado como media para el personal ocupado en la microempresa muestra que lo predominante deben ser las empresas unipersonales. En tal sentido, la microempresa aparece como una solución indivi-dual de autoempleo.

Existe como puede verse una estructura básica sobre el peso de cada categoría en cada rama de actividad que se mantiene con variantes poco signifi cativas, cuyo promedio del quinquenio se expone en el cuadro 8 en forma porcentual.

Surge del cuadro que las actividades con más microempresas son Comer-cio por mayor y menor, Actividades Inmobiliarias y Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones. Entre las tres ramas totalizan más de las 2/3 partes de las microempresas. En el otro extremo, las empresas grandes son funda-mentalmente Industrias Manufactureras, Enseñanza y Servicios sociales y de salud. En estas tres ramas está sobredimensionada la cantidad de empresas grandes en relación al total.



GRÁFICO 1% DE EMPRESAS POR RAMA DE ACTIVIDAD. Año 2007

Industrias Manufactureras12%

Explotación de minas y canteras

0%

Enseñanza2%

Actividades Inmobiliarias16%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

0%

Hoteles y Restoranes4%Transporte, Almacenamiento

y Comunicaciones13%

Comercio por mayor y menor40%

Eliminación de Desperdicios9%

Actividades no bien especificadas

0%

Servicios Sociales y de Salud4%


CUADRO 8PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS POR TAMAÑO Y RAMA DE ACTIVIDAD

Promedio año 2003 a 2007

Promedio 2003 - 2007

Tramo de Personal Ocupado Total 0 - 4 5 - 19 20 - 99 100 o más

Explotación de minas y canteras 0,15% 0,13% 0,35% 0,27% 0,00%

Industrias Manufactureras 10,08% 8,44% 19,80% 24,53% 31,09%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 0,06% 0,06% 0,05% 0,05% 0,12%

Comercio por mayor y menor 34,69% 34,88% 36,14% 24,86% 10,85%

Hoteles y Restoranes 6,01% 5,84% 7,47% 6,36% 2,74%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 12,18% 12,62% 9,59% 8,26% 8,38%

Actividades Inmobiliarias 18,66% 20,04% 9,01% 11,08% 13,21%

Enseñanza 2,17% 1,73% 3,85% 9,47% 12,67%

Servicios Sociales y de Salud 5,55% 5,62% 4,56% 5,83% 12,98%

Eliminación de Desperdicios 9,01% 9,03% 8,84% 9,14% 7,96%

Actividades no bien especifi cadas 1,44% 1,61% 0,36% 0,15% 0,00%

Total 100% 100% 100% 100% 100%




GRÁFICO 2PERSONAL OCUPADO POR ENTIDADES JURÍDICAS, EN %

Año 2007

Enseñanza6%

Actividades Inmobiliarias13%

Eliminación de Desperdicios7%

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

11%

Hoteles y Restoranes5%

Comercio por mayor y menor27%

Suministro de Electricidad, Gas y Agua

0%

Industrias Manufactureras20%

Explotación de minas y canteras

0%

Actividades no bien especificadas

0%

Servicios Sociales y de Salud11%


Los gráfi cos siguientes muestran la evolución del número de MI-PYMES, divididas en microempresas por un lado y PYMES por otro.

GRÁFICO 3EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MICROEMPRESAS

Período 2003-2007

Fuente: elaboración propia, con datos de los cuadros anteriores.



GRÁFICO 4EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PYMES

Período 2003-2007

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 2004 2005 2006 2007

Industrias Manufactureras

Comercio por mayor ymenor

Hoteles y Restoranes

Actividades Inmobiliarias

Servicios Sociales y deSalud

Fuente: elaboración propia, con datos de los cuadros anteriores.

La realidad de América Latina muestra que los microempresarios presentan un perfi l diferente al de los asalariados: tienen más edad, mejor nivel educativo e ingresos medios superiores (Tokman, 2001). La edad promedio de los microempresarios de la región, 39 años, es aproximada-mente la de Uruguay, donde la concentración se inclina levemente hacia el tramo de edades entre 40 y 49 años. Sin embargo, hay diferencias al interior de América Latina: empresarios más jóvenes en Brasil (35 años) y mayores en Chile (45 años). Obviamente también hay diferencias sus-tanciales dentro de cada país por actividades; por ejemplo, en Uruguay, los empresarios más jóvenes se encuentran en Enseñanza, donde más del 50% son menores de 40 años, mientras que en el extremo opuesto, en Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones más del 55% son mayores de 50 años (Herrera et al., 2008).

En la variable educación se destaca notoriamente Uruguay respecto del resto de la región, como puede verse en el cuadro siguiente:



CUADRO 9CARACTERÍSTICAS DE EDUCACIÓN EN MICROEMPRESAS Y PYMES

Niveles de educación Brasil Colombia Chile Perú Jamaica UruguayPrimaria 15 37 26 50 10 11Secundaria 70 43 50 36 61 63Superior 15 15 23 14 29 26

Fuente: elaboración propia, con datos de OIT (citados por Tokman, 2001, y Herrera et al., 2008).Nota: en todos los casos, se refi ere a formación completa más incompleta.

Los valores de la educación para los microempresarios de Uruguay, como puede verse, están al nivel de Jamaica y separados del resto y mejoran con el aumento del tamaño (en las empresas medianas, casi el 38% tienen educación superior). Al interior de cada actividad también se encuentran diferencias: mientras que el 39% de Educación tiene educación superior, en el extremo inferior, en Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones no llega al 24%. Es comprobable que la informalidad disminuye sustancialmente con la educación, en buena medida porque un mayor nivel educativo incrementa el costo de oportunidad de ser independiente (Perry et al., 2008), por lo que la posición algo privilegiada de Uruguay en el contexto latinoamericano es auspiciosa a la hora de analizar el fenómeno de la informalidad y sus costos que nos ocupa en este trabajo.

En todo caso, es de suponer que las MIPYMES y en especial las mi-croempresas se alimenten en alguna medida de despidos de personal con buen nivel de califi cación del sector formal, a partir de políticas de ajuste que han sido vigorosas en los últimos años acompañando la modernización y las crisis como la de 1982 y sobre todo, 2002. “Es frecuente observar en Uruguay el caso de profesionales con formación universitaria (ingenieros, economistas, contadores), que comenzaron como empleados –aun antes de obtener el título profesional– en empresas medianas y grandes, luego adquirieron una participación en el capital y cuando obtuvieron un patri-monio sufi ciente, se independizaron. Al momento de iniciar sus propios negocios ya tenían una experiencia acumulada en gestión empresarial, fi nanciera, proyectos de importancia y conocimiento del mercado inter-no y externo (Dieste, 2005). Es fácil concluir que este transvasamiento de personal de buenas o muy buenas califi caciones implica una transferencia



implícita de tecnología desde las grandes empresas hacia las micro y pe-queñas, fenómeno que se produce también cuando personas desocupadas optan por generar su autoempleo.

Pese a los valores señalados anteriormente sobre el nivel educativo, la preocupación por capacitar al personal en las MIPYMES de Uruguay se ha encontrado que es en general baja y se verifi ca que a mayor tamaño aumenta la participación en actividades de capacitación: en las microe-mpresas el 31,8% llevó a cabo actividades de capacitación, el 49,9% en las pequeñas empresas y el 66,3% en las medianas (Herrera et al., 2008). El menor porcentaje en las microempresas puede también tener alguna posible explicación en la medida en que muchas de esas organizaciones se integran solamente con una persona o dos, como vimos anteriormente, o sea que es probable que prescindir de atender sus negocios para capaci-tarse sea de alguna manera equivalente al cierre temporal de la empresa.

Podría pensarse, quizás, que la falta de capacitación concreta podría cubrirse con servicios de asistencia técnica externa contratados, lo que no se da en la práctica ya que dichos servicios solo son contratados por el 25% de las microempresas, mientras que lo hacen el 43,8% de las pequeñas y el 63,7% de las medianas.

Las explicaciones sobre la carencia de contratación de estos servicios pueden ser variadas. No parece prudente aceptar sin matices la interpre-tación planteada en la encuesta de Herrera et al. (2008) de que el prin-cipal argumento es que no les parece útil (56% de los microempresarios así lo expresan). Dado que muchas veces este apoyo es gratuito o casi gratuito, estas respuestas podrían tener una lógica orientada a buscar defender un posicionamiento respetable para el encuestado (efecto halo). Más razonable es pensar que a menor tamaño de la unidad productiva, el titular o titulares están tan imbuidos en la gestión diaria que su nivel de información sobre la oferta de servicios de apoyo técnico es defi ciente. Por tanto, todas aquellas ofertas que impliquen el abandono del lugar de trabajo, aun cuando los costos no sean signifi cativos, se traduce en una disminución de los ingresos brutos, que los microempresarios entienden



desmesurados para su dimensión. Aquellos servicios técnicos externos que de no contratarse implican la paralización de parte de las tareas, tales como software y reparación de computadoras, son contratados por el 20,1% de los microempresarios, evidenciando una lógica de negocio rigurosa.

Quizás esta misma lógica de “falta de tiempo” sea el elemento que presiona para que los niveles innovadores difi eran según el tamaño de las empresas, encontrándose nuevamente una correlación positiva entre tamaño y nivel de desarrollo.

CUADRO 10INNOVACIONES LLEVADAS A CABO POR LAS EMPRESAS

(En %)

Micro empresas Pequeñas empresas Medianas empresasCambio de proceso 24,5 38,3 58,3Cambio de comercialización 21,8 34,8 42,7Cambio de organización 33,3 50,6 63.4Cambio de producto 34,7 45,2 50,9Realizó algún tipo de innovación 56,7 72,7 84,5

Fuente: Herrera et al. (2008).

A nuestro juicio, más allá de que las respuestas quizás sobreponderen los diferentes valores, la tendencia es clara en cuanto a mostrar que el rezago se retroalimenta en función del menor tamaño de las unidades productivas.

Tanto propietarios, como socios y empleados de microempresas, son los más expuestos al fenómeno de la informalidad, por lo que otra carac-terística a destacar es su mayor desamparo en la cobertura médica y de seguridad social respecto a aquellos trabajadores de empresas de mayor tamaño, lo que implica una diferencia cualitativa relevante respecto de estos. Señala Tokman (2001), en su estudio de países seleccionados de la región latinoamericana, que en Perú más del 50% no cuenta con seguro de salud y no cotiza para sus benefi cios sociales, mientras que en Chile alcanza al 36,5%. Esta situación se agrava y tiende a autoperpetuarse en la medida que esta población se encuentra fragmentada, como vimos en enorme cantidad de unidades productivas, lo que genera incomunicación



y menores niveles de organización sindical que posibiliten la defensa orgánica de sus derechos.

La mayoría de las MIPYMES en Uruguay son resultado de esfuerzos emprendedores de sus propietarios: las erigieron ellos mismos (Herrera et al., 2008). Solo un 3% de los empresarios de MIPYMES han hereda-do la empresa y poco más del 10% la han adquirido. Esto se manifi esta también por sectores de actividad, aunque en algunos casos el porcentaje de empresarios fundadores es de casi la totalidad (como en Actividades y Servicios Empresariales, 94,3%) mientras que en el caso de la Hotelería, en el extremo opuesto, solo algo más de la mitad de los empresarios (55,8%) son los fundadores de su empresa. Naturalmente, a mayor tamaño de empresa se encuentran menos empresarios “fundadores”, descendiendo desde el 87,4% en el caso de los microempresarios al 78,2% para las empresas medianas.

La mitad de los empresarios de las MIPYMES tienen 10 años o menos de antigüedad como tales, encontrándose que aquellas actividades que exigen mayor conocimiento y experiencia, como es el caso de la Industria Manufacturera y de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, poseen empresarios que en promedio tienen mayor antigüedad: en ambos casos más del 55% de los empresarios tienen más de 10 años como tales.

Las 2/3 partes de los empresarios de MIPYMES se declaran vocacio-nales de lo que hacen y de su decisión de emprendedorismo. Quizás sería oportuno reputar esta respuesta como complaciente o con “efecto halo” por lo menos para el caso de las microempresas. Si bien la cantidad de mi-croempresas mantiene cierta regularidad, cuyas variaciones ya explicamos, existe una alta rotación en la de las mismas, ya que es frecuente la migración de los dueños de las microempresas a una situación de dependencia en unidades de mayor tamaño en la medida que tienen posibilidad de ello, dado que encuentran allí niveles salariales y amparo de benefi cios de los cuales carecen. Este movimiento pendular puede darse por quiebre o no de la microempresa, estando orientada esa racionalidad por la búsqueda de seguridad.



Las MIPYMES muestran entonces cierta aptitud para contrarrestar las tasas de desocupación, cumpliendo una función social resaltable. En efecto, como señala Dieste (2005), “las micro y pequeñas empresas po-seen una mayor capacidad para absorber la mano de obra no califi cada o marginalmente califi cada”. La explicación reside, en primer lugar, en que coincide en estas empresas el escaso capital y el ser intensivas en mano de obra (en especial, en el comercio y los servicios), fenómeno inverso al observable en las grandes empresas. En segundo término, el costo absoluto y relativo de crear puestos de trabajo está en relación directa al tamaño de las organizaciones; es decir, el capital invertido ofrece –en el corto plazo– más oportunidades de empleo en las empresas más chicas que en las grandes, como puede verse en los cuadros siguientes:

CUADRO 11VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS POR PERSONA OCUPADA

Industria Manufacturera Transporte y AlmacenamientoMicroempresas $ 40.000 $ 111.000Pequeña empresa $ 49.000 s/dMediana empresa $ 218.000 $ 239.000

Fuente: elaboración propia, con datos de Dieste (2005).

CUADRO 12VALOR AGREGADO POR PERSONA OCUPADA

(En $ corrientes)

Industria Manufacturera Comercio Transporte y AlmacenamientoMicroempresas $ 76.000 $ 86.000 $ 107.000Pequeña empresa $ 71.000 $ 88.000 $ 131.000Mediana empresa $ 322.000 $ 254.000 $ 296.000

Fuente: elaboración propia, con datos de Dieste (2005).

En tercer término, algunas opiniones expresan que las empresas de menor tamaño tienen mayor fl exibilidad para adaptarse a los cambios del entorno competitivo; en la práctica, las grandes empresas suelen descen-tralizar parte de sus unidades de negocios o funciones, adjudicándolos a empresas de menor tamaño. Esta afi rmación sin embargo debería ponerse en tela de juicio y el mercado de prueba para ello seguramente será la crisis que se está defi niendo como declarada al momento de este informe, junio



2009. En efecto, durante la crisis de 2002 el resultado fue el opuesto a esta teoría, ya que las micro y pequeñas empresas de Uruguay recibieron el peor impacto de la crisis fi nanciera. “La supuesta fl exibilidad y adaptación a los cambios, frecuentemente manejada por los estudios especializados como característica de las MYPES, no fue tal y las Pequeñas Empresas mostraron ser muy vulnerables, ‘sobreviviendo’ el 59% de los estableci-mientos MYPES que existían en 2000, que representó su desaparición en el 46% de sectores económicos y presentando en la actualidad un tejido muy débil, casi inexistente en algunos departamentos” (Proyecto Redel, 2005). La constatación del Proyecto Redel se articula así muy bien con lo expresado por Tokman en 2001 sobre la alta vulnerabilidad de las organi-zaciones empresarias de menor tamaño en momentos de crisis.

Finalmente, en la medida que las MIPYMES son menos intensivas en capital y más en mano de obra, se explica que buena parte del crecimien-to constatable de los últimos años del sector servicios se vuelque hacia estas unidades económicas. En contrapartida, desde el punto de vista de desarrollo de las TIC y de la tecnología en general, aparece una notoria correlación: a mayor tamaño de la empresa se da mayor desarrollo de las TIC.

CUADRO 13INDICADORES SELECCIONADOS DE DESARROLLO DE LAS TIC

Micro empresas Pequeñas empresas

Medianas empresas

Disponibilidad de computadoras 61,1% 82,5% 95,6%Uso de las computadoras en el proceso productivo 18,2% 22,1% 30%Acceso a Internet 85,5% 89,8% 96,4%ADSL/Inalámbrico empresarial 38,3% 49,6% 70,7%

Fuente: elaboración propia, con datos de Herrera et al. (2008).

En conclusión, en virtud de su tamaño relativo menor, las MIPYMES presentan una serie de difi cultades o escollos a sortear para lograr un de-sarrollo sostenido, pese a las ventajas ya señaladas antes que surgen de su mayor fl exibilidad. Estas difi cultades son crecientes en la medida en que el tamaño de las empresas disminuye, y las principales pueden resumirse en:



a) Indefensión frente al cambio macroeconómico o al cambio de las reglas de política económica.

b) Elevados costos por deseconomías de escala.

c) Difi cultades en el acceso al fi nanciamiento y elevados costos (ver Herrera et al., 2008). La crisis actual no ha hecho más que agudizar el acceso al crédito de las MIPYMES, con condiciones más exigentes (SELA, 2009).

d) Desconocimiento o conocimiento concentrado en pocos actores de las posibilidades de apoyo del sector público disponibles.

e) Menor innovación, desarrollo tecnológico y por lo tanto, tendencia a rezago frente a instituciones de mayor porte.

f) Limitaciones graves para el acceso a mercados externos, explicadas en buena medida por los factores anteriores y que los retroalimentan (SELA, 2009).

g) Autarquía empresarial, redes de información, tecnológicas, co-merciales, fi nancieras o de intercambio de cualquier tipo que no funcionan. Asociatividad casi nula (ver Herrera et al., 2008).

h) Capacitación y formación insufi ciente y esporádica, sin repercutir en programas de mediano o largo plazo y lo que es peor, sin siquiera incidir normalmente en la adecuación estratégica de corto plazo.

i) Importancia relevante de los costos de la formalidad o ignorancia de los benefi cios que aporta dicha situación, lo que es tema de este informe. Características propias por ejemplo de las microempresas son la precariedad, informalidad y subempleo.

j) Corolario general: la toma de decisiones empresarial, en cualquier ámbito o función que se analice, es más débil y precaria, sostenida por una información limitada y recursos escasos.



No parece claro que las MIPYMES puedan ser a ciencia cierta acto-res relevantes de un proceso de desarrollo económico sostenido si no se remueven estos obstáculos clave. El factor positivo que presentan, que es generar oportunidades de empleo más rápido que en empresas de mayor tamaño (lo que es trascendente en momentos de crisis), puede verse más que compensado por los factores anteriormente reseñados. Si no se logra superar esas vallas, el Estado terminará siendo una permanente fuente de subsidios, pero no propendiendo a bases genuinas de creación de valor que potencien competitivamente a las MIPYMES uruguayas.


[45]

3.EL FENÓMENO DE LA INFORMALIDAD

1. INTRODUCCIÓN

Hay un acuerdo básico entre los actores políticos y sociales sobre la ne-cesidad de incluir el tema de la informalidad en un lugar prioritario de la agenda. Ello incluye la consideración del análisis de la generación y características del empleo, así como su vinculación con la persistencia de la pobreza.

Más de la mitad de los empleos que se generan en la región son in-formales. Asimismo, existe un número creciente de programas destina-dos a apoyar las actividades que buscan aportar soluciones al tema de la informalidad, con características similares en países muy diversos de la región.

Este amplio acuerdo sobre la relevancia del tema está avalado en el plano político por la adopción de estrategias de alta jerarquía a nivel gubernamental y por la creciente aceptación e incluso –en algunos casos– activa participación de los actores sociales, en particular de empresarios y sindicatos. Esta aceptación se fundamenta, además, en la evidencia de que aun en épocas de restricciones económicas las políticas de promoción del sector informal son factibles, rentables y cuentan con apoyo fi nanciero internacional.

Las interpretaciones de este fenómeno son diferentes. En función de las mismas, las propuestas para su erradicación son también distintas.

A modo de introducción y de manera muy sintética, podemos señalar que hay dos grandes enfoques al considerar la informalidad:



• Uno, que parecería el más evidente, en que la informalidad es la ilegalidad de una unidad económica, lo que implica que no se realizan los registros legales pertinentes, ni los aportes que las re-gulaciones marquen, y sus empleados carecen de la protección que el empleo formal conlleva. El universo está formado en general por microempresas, con pocos trabajadores, presencia alta de mano de obra familiar no remunerada. Casi sin excepciones, estas empresas tienen mano de obra intensiva, escasa tecnifi cación (sin frontera entre capital y trabajo), por lo que muchos autores las consideran un lastre a la mejora de la efi ciencia productiva.

• Por otra parte y por diferentes circunstancias, existe una informali-dad que no está asociada al tamaño de la empresa, sino a la decisión de una empresa legal de evadir parte de los aportes que debe realizar y de no reconocer una parte de su fuerza laboral, por lo que algunos de los trabajadores no gozan de los benefi cios de la seguridad social.

Dependiendo del enfoque desde el que se realiza el análisis, las causas atribuidas al fenómeno son diferentes, así como sus efectos y las posibili-dades de planes o programas que pudieran acercar esa economía informal a la formalización. En ambos casos estamos en presencia de fenómenos multicausales, en que interactúan diferentes agentes económicos cuya racionalidad los lleva a opciones diversas.

De no menor importancia es la comprobación, a largo plazo, de que la informalidad por lo menos en América Latina es un fenómeno perma-nente, cuyo peso puede tener oscilaciones de acuerdo a la coyuntura, pero que incluso en épocas de crecimiento económico ocupa un espacio que siempre alcanza por lo menos el 30% de la producción.

En resumen, la informalidad es un problema arraigado por sus caracte-rísticas y magnitud, lo que explica la preocupación, estudios y programas para su erradicación que a lo largo de décadas se han desarrollado en América Latina.


3. EL FENÓMENO DE LA INFORMALIDAD 47

2. DEFINICIONES E INTERPRETACIONES

Existe unanimidad en diferenciar economía informal de trabajo informal, aunque frecuentemente se mencionen como sinónimos. Dentro de la economía informal, a su vez, podemos desglosar diferentes categorías. Los trabajadores informales pueden pertenecer al sector informal, pero también al sector formal que ilegaliza parte de su producción.

En primer lugar analizaremos diferentes ópticas de la economía infor-mal y las explicaciones causales que le han dado las diferentes teorías, y luego analizaremos el fenómeno del empleo informal, lo que nos interna también en el problema de la calidad del empleo.

2.1. Economía informal y trabajo informal

Según alguna literatura relevante sobre el tema, existen tres enfoques o racionalidades para clasifi car al fenómeno de la existencia del sector infor-mal en la economía: el enfoque de la racionalidad productiva, el enfoque de la racionalidad del mercado y el enfoque de la ilegalidad. Feige (1990), de la llamada Nueva Economía Institucional, considera la existencia de una economía subterránea, y desglosando una de las categorías, diferencia cuatro situaciones según las reglas institucionales que no respetan:

► ilegal, produce bienes y servicios prohibidos como el tráfi co de dro-gas, algunas formas de prostitución y de juego;

► no declarada, para evadir impuestos, como las ventas en negro o los trabajadores fuera de planilla;

► no registrada, como característica de las empresas;

► informales, excluidas de la protección de la seguridad social, la pro-piedad, las licencias comerciales o el crédito.

Francois Roubaud (1995), citado por Rubio (2006) en una defi nición usada con frecuencia, defi ne al sector informal como aquel que engloba



unidades económicas que no están registradas ante las autoridades corres-pondientes, siendo que sí deberían estarlo. Es una defi nición dicotómica, se está o no en el sector informal. Más adelante veremos que se pueden encontrar zonas grises en el continuo formalidad-informalidad.

Al respecto, y tomando como fuente a Castells y Portes (1989), Rubio elabora una matriz síntesis acerca de las diferentes economías informales.

CUADRO 14PROCESO DE PRODUCCIÓN Y TIPO DE ECONOMÍA

Proceso de producción y distribución Producto fi nal Tipo de economíaLEGAL LEGAL FORMALILEGAL LEGAL INFORMALILEGAL ILEGAL DELICTIVA

Fuente: Rubio (2005).

CUADRO 15CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INFORMALES

Componente Explicación CausasEstructural Surge debido a factores económicos

restrictivos y sociales permanentes.- Política impositiva.- Exceso de regulaciones.- Legislación Laboral.- Aceptación social de la evasión fi scal y

preferencia individual por el riesgo.- Bajos niveles de educación y capacitación.

Natural Surge porque existe una demanda de productos tradicionalmente informales o cuya estructura de costos solo es rentable en este sector.

- Demanda por ropa usada.- Demanda de comida a bajo costo

(callejera).- Demanda por servicio de bajos costos

(lustrabotas).Residual Surge ante efectos adversos

temporales- Choques adversos en la economía como

crisis, devaluaciones. Incrementos en el nivel general de precios.

Fuente: Rubio (2005).

Los orígenes del concepto de economía informal urbana pueden ras-trearse hasta la misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Kenia en 1972, ocasión en la cual se utilizó el término para identifi car a los trabajadores pobres que vivían con trabajos de subsistencia al margen



del sector legal, al que se denominaba sector no estructurado.7 El término opuesto a sector no estructurado fue sector moderno de la economía, aunque ambas expresiones presentaban una gran ambigüedad.

A lo largo de las décadas, la defi nición original del informe de OIT sobre Kenia se fue enriqueciendo al incorporar otras características, tales como la realización de tareas de producción, comercialización o adminis-tración simultáneamente por la misma persona o el hecho de que el patrón participara en las mismas tareas que el resto de los trabajadores. Otro punto que se ha puesto en evidencia a lo largo de estas décadas de estudio es que para los migrantes rurales, la informalidad constituye la puerta de ingreso al trabajo urbano, pasando a constituir el sector informal urbano.

El concepto de informalidad no viene de la economía sino de otras ciencias sociales como la antropología, no siendo hasta más tarde que la economía entra en el debate, originando diferentes posturas y por lo tanto sugiriendo diferentes políticas para atacar las causas del problema.

Notaro (2005) revisa sistemáticamente la evolución del pensamiento sobre el tema informalidad, del que hacemos una apretada síntesis.

Si bien el concepto de informalidad arranca como dijimos de la mi-sión de la OIT de 1972 en Kenia, se le reconoce a Lewis el haber sido pionero en llamar la atención sobre el tema industrialización y comercio internacional, insertos en la tradición de la economía clásica, en los que se apoyará el informe del la CEPAL de 1949. Estos trabajos llamaron la atención sobre los desajustes en los mercados de trabajo y la existencia de dos sectores económicos.

Desde la óptica de Lewis (1954), se supone que la oferta ilimitada de trabajo disponible para un salario de subsistencia supera la demanda en

7. Ver para este punto OIT (1972): Employment, Incomes and Inequality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya, Ginebra. Es interesante que mientras en los documentos en español y francés se usaba la expresión “sector no estructurado”, los textos en inglés ya utilizaban el término “sector informal”.



una economía cerrada. Lewis diferencia dos sectores: “capitalista” y “de subsistencia”, siendo este último el sector de la economía que no utiliza capital y genera un menor producto per cápita.

Algunos años más tarde (1969) afi rma que “la economía se divide en dos sectores, un sector altamente productivo que utiliza capital y tecnología moderna y paga salarios elevados, y el resto de la economía”. El sector tradicional expulsa trabajadores a un ritmo más rápido de lo que tarda el sector moderno en absorberlos, por lo que el desempleo abierto aumenta progresivamente.

“La dualidad original capitalista - de subsistencia o moderno industrial - atrasado rural, genera una tercera categoría con características que, por los bajos ingresos y la baja productividad, en la terminología actual se considera un sector informal urbano. La oferta ilimitada de mano de obra asegura un proceso de acumulación y aumento de la productividad media de la economía, pero es insufi ciente para resolver los problemas de empleo y se requiere la intervención del Estado con una estrategia y una política dirigida a lograr este objetivo.” (Notaro, 2005).

La revisión de la literatura referida a la informalidad pone de mani-fi esto diversos enfoques sobre su esencia y origen de la informalidad. En algunos casos las diferencias responden a la teoría desde la que se hace la lectura, en otros a la evolución temporal. Siguiendo a diferentes autores, enumeramos en síntesis:

• El enfoque del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC): subordinación y complementariedad. Según Mezzera, “el problema del empleo urbano, en su descripción más simplifi -cada, se da porque el sector moderno de las ciudades no es capaz de generar empleos bien remunerados para todos los miembros de la fuerza laboral urbana” (Mezzera, 1992). Aquellas personas que no logran insertarse en el sector moderno de la economía tienen que darse una actividad para sobrevivir (PREALC, 1975). Así considerado, el excedente de oferta es estructural y aumenta en



las coyunturas de caídas en el nivel de empleo del sector moderno. En esta perspectiva, a pesar del progreso técnico que se traduce en aumento de los salarios reales del Sector Moderno, este coexiste con un excedente de mano de obra de trabajo urbano (Mezzera, 1990). “La determinación en el nivel de empleo en el Sector Moderno en cada momento determina el excedente de oferta de trabajo, la magnitud del empleo informal y del desempleo abierto, así como el nivel medio de los ingresos informales” (Notaro, 2005). Esta segmentación del mercado de trabajo no implica aislamiento sino que “la segmentación y subordinación del sector informal urbano principalmente se originan en los mercados de bienes y capital, y se manifi estan en el de trabajo.” (Mezzera, 1992). En algunos casos las unidades productivas del sector informal son complementarias de las del sector formal, y en otros compiten por el mercado. Los trabajadores del sector informal pueden transitar de un sector al otro, e incluso desarrollar al mismo tiempo una actividad en el sector formal y otra informal. La interrelación más clara entre ambos se da porque el gasto en el sector informal depende del volumen de la masa salarial del sector formal.

Tokman analiza el sector informal en el contexto de la dependencia internacional de los países subdesarrollados. A su juicio, la depen-dencia internacional genera difi cultad o imposibilidad de acceso a recursos y mercados, lo que a su vez permite una muy limitada acumulación de capital. En algunos países esta situación se agrava por el alto crecimiento vegetativo de la población (no es el caso de Uruguay, de tasas históricamente bajas), viendo esta frenada su posibilidad de inserción en el sector formal por la escasa capacidad de generación de empleo. Se explica así la existencia de un sector denominado informal, que crece fuera del sector moderno y que emplea a la fuerza de trabajo que este último no consigue absorber.

• La informalidad como opción (Maloney, 2003; Portes, 2000; De Soto, 1987; Castells y Portes, 2000, 1989). Este enfoque considera la in-formalidad como una forma de resistencia al Estado expropiador.



• La informalidad como residuo (Souza, 1978; Tokman 1978 y 1980). Los trabajadores informales no tienen los requisitos que el sector moderno requiere. Este tipo de informalidad, a pesar de sus salarios deprimidos, no afecta al sector formal. Según Quijano (1970) se forma un polo marginal, conjunto de ocupaciones que utilizan re-cursos residuales de producción, estructuradas de manera inestable, que generan bajos ingresos y muchas veces producen para el propio consumo de los trabajadores y sus familias. Nun (1969) lo considera una “masa marginal”.

• La informalidad como condición (Oliveira, 1972). Considera que el Sector Informal transfi ere excedentes al sector moderno, propi-ciando de esta manera la acumulación. En los períodos de rápida expansión del Sector Moderno, se transfi ere mano de obra desde el sector informal, y en los de recesión este opera como refugio. Esta visión tiene como antecedente original el análisis de Marx, con su concepto de ejército industrial de reserva. Sin embargo, la situación de los países subdesarrollados en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI es diferente a aquella que sustenta la hipótesis de la teoría marxista. En esta explicación los ingresos bajos del sec-tor informal son una condición para mantener en el sector formal bajos salarios, alta rentabilidad y capacidad de acumulación. En la perspectiva neomarxista (Portes, 2000; Castells y Benton, 1989) se considera la existencia del sector informal como parte integral de las estrategias de acumulación del sector moderno, que en su búsque-da de competitividad entra en procesos de fl exibilización laboral y descentralización productiva. Como consecuencia, la informalidad ha dejado de ser un fenómeno regional, ha traspasado fronteras, internacionalizándose, es dinámica y no está limitada a los países en desarrollo.

• El enfoque estructuralista, desarrollado a partir de trabajos de Moser (1978), Portes (2000) y Castells y Benton (1989), entre otros, consi-dera al sector informal como parte de la estructura de la economía, comprendiendo todas las actividades remuneradas no reguladas.



Portes estudia la informalidad en EEUU y en los países ex socialistas, proyectando sus conclusiones a América Latina. Considera el autor que este fenómeno no es exclusivo de los países subdesarrollados. Las activi-dades informales son aquellas no reguladas por el Estado en un contexto en el que actividades similares sí lo son. Escapan a la regulación pero su naturaleza no es ilegítima o criminal. Distingue tres tipos de actividades informales:

► de subsistencia, por ejemplo la venta callejera;

► la que realiza la empresa formal para bajar sus costos, explotando el trabajo por ejemplo de los trabajadores ilegales;

► de crecimiento, que algunas microempresas logran a través de redes de apoyo (por ejemplo, apoyo entre inmigrantes o redes de microe-mpresas), lo que les permite entrar a la etapa de acumulación.

Las relaciones informales de producción perduran, según este autor, porque son funcionales tanto para los implicados en ellas como para grandes fi rmas del sector formal. Para los informales, son fuente de abastecimiento de productos baratos (además por supuesto de generarles ingresos); la informalidad entre asalariados implica bajos costos laborales y a través de la subcontratación permite a las empresas acceder a un con-junto de trabajadores desorganizados y desprotegidos con niveles salariales notoriamente menores.

En todos los enfoques se hace énfasis en diferenciar la informalidad de la ilegalidad. “La dotación de capital es, en cambio, el elemento que más claramente divide ambos sectores”. Por ello se debe diferenciar entre el trabajador informal sin posibilidad de cambiar de estatus y que debería ser protegido por políticas adecuadas, y aquellos que integran la “economía negra”, que debieran ser obligados a cumplir con las regulaciones legales (Grzetich y Mezzera, 1994). A partir de esa distinción se ha desarrollado una nueva categoría, la de empleo de mala calidad, el precario o no registrado, que analizaremos más adelante.



• Una corriente más ortodoxa (De Soto, 1987), centrada en el enfo-que legalista, considera que un marco legal que “sobre-regula” el mercado de trabajo, imponiendo contratos rígidos o niveles de remuneración considerados inadecuados por los empresarios, des-estimula el crecimiento de la actividad y la contratación de mano de obra. Esto explicaría también que algunas empresas grandes operen parcialmente en la informalidad como una forma de defenderse frente a cargas fi scales y regulaciones que consideran excesivas. En cualquiera de estas dos explicaciones, esta situación es un lastre que impide a las empresas alcanzar su potencial de crecimiento y de efi ciencia.

• Una propuesta integradora (Notaro, 2005) pone de manifi esto que las diversas defi niciones aluden en realidad a universos diferentes: la marginalidad de trabajadores desplazados a la periferia del sistema; un sector atrasado o tradicional por su incapacidad de acumulación; un sector informal, con un perfi l y un papel diferente al de un sector formal, en la producción y en el mercado de trabajo. “La controversia en torno a la informalidad urbana incluye la explicación de su origen, su caracterización como sector o modalidad de inserción laboral, su carácter de residuo o de condición necesaria para el sector formal, el grado de autarquía o de articulación con el resto de la economía.” (Notaro, 2005).

Notaro (2005) enfoca su análisis desde tres ángulos: las características personales de los trabajadores, las actividades que desarrollan y el impacto en los ingresos.

En relación a las características de los trabajadores, algunos no tienen las condiciones para integrarse al sector moderno, otros las tienen pero por un cálculo de costo-benefi cio prefi eren no integrarse al mismo, y otros las poseen y pueden integrarse a él dependiendo de la coyuntura.

En relación a las actividades desarrolladas por el sector informal, dis-tingue entre funcionales, competitivas o no competitivas del sector formal,



y marginales, que no cumplen papel alguno en la acumulación del Sector Moderno pero permiten la subsistencia del excedente de mano de obra.

En las actividades no competitivas existe posibilidad de crecimiento, y en algunos casos logran llegar al nivel de acumulación e incorporarse al sector moderno. Las actividades competitivas, en cambio, tienen pocas posibilidades de expansión.

En síntesis, siguiendo a diferentes autores (Portes, 2000; Pinto, 1965; OIT, 1972; Tokman, 1978), creemos que hay una coincidencia en admitir la existencia de dos sectores informales:

• Un sector informal que provee ingresos a los pobres a través de actividades marginales, no vinculadas con el sector formal. Son ac-tividades como producción de bienes de subsistencia, venta callejera, etc.

• La informalidad como explotación dependiente, originada en la bús-queda de mayor fl exibilidad y menores costos laborales por parte de empresarios del sector formal. Esto da origen a formas contractuales que generan trabajo de mala calidad o precario.

La caracterización del sector informal es bastante coincidente entre los distintos autores:

• Facilidad de entrada, determinada fundamentalmente por varios factores:– Inexistencia de barreras administrativas.– Escasos requerimientos de capital físico y humano: se utilizan

tecnologías simples que requieren mano de obra poco califi cada; la organización del trabajo es mínima; las unidades productivas son pequeñas y hay una escasa separación trabajo-capital.

• Desde el punto de vista del mercado de trabajo, la informalidad se caracteriza por:



– La productividad del trabajo es menor que en el sector formal.– Debido al bajo grado de cumplimiento de las normas laborales,

se da una mayor incidencia de la desprotección del sistema de seguridad social (derechos jubilatorios, seguros de salud, etc.), frecuencia de cargas horarias mayores al tope legal, mayor in-cidencia de accidentes de trabajo por omisión de medidas pre-cautorias, trabajo infantil, inexistencia de libertad de asociación y negociación, etc.

– Los ingresos que se generan en el sector informal son más bajos y fl uctuantes que los del sector moderno y oscilan con los ciclos, cuando las crisis empujan a asalariados antes formales al sector informal.

Estas situaciones no tienen por qué ocurrir simultáneamente y todo el trabajo hacerse en negro; por ello más arriba hablamos de zonas grises, que refl ejan incumplimientos parciales de la legislación.

En 1991, la Conferencia Internacional del Trabajo examinó, en su 78ª Reunión, lo que denominó el dilema del sector no estructurado, resolviéndose que la solución de semejante dilema consistía en “atacar las raíces del mal y no solo los síntomas (mediante) una estrategia global y diversifi cada” (OIT, 2002).

La discusión del término, su alcance, características, incidencia y for-mas de medición han sido desde entonces motivo de encuentros y gran cantidad de estudios. Casi ha caído totalmente en desuso en la actualidad la mención a “sector no estructurado”, aceptándose casi unánimemente sector informal, a partir del cual se trasciende cada vez más a economía informal, trabajo informal, empleo informal, etc. En la práctica, cada vez más la expre-sión “economía informal” sustituye a “sector informal”.8

Quizás el primer intento de describir la naturaleza del sector informal se haya esbozado ya hace un cuarto de siglo, en la Recomendación sobre la

8. La elección de economía informal no es un tema de moda, sino que es preferible su utilización en la medida en que no existe un sector informal en la economía, sino múltiples sectores.



política de empleo Nº 169 de la OIT, del año 1984, donde en el párrafo 27 menciona que “se trata de las actividades económicas realizadas al margen de las estructuras económicas institucionalizadas”.

Entre los temas discutidos está el de la clasifi cación para la medición del fenómeno. Los estudios de estos años han puesto de manifi esto que se debe relativizar el criterio del tamaño de la empresa medido por el número de personas ocupadas, aunque como se explicó al comienzo de este trabajo, razones de conveniencia inducen a que casi todas las tipologías se terminen limitando a dicho criterio. La medida ideal, para Portes, sería el número de horas utilizadas en el trabajo regulado versus el que se utiliza en el no regulado. Acepta también como medida la proporción de la fuerza laboral excluida de la cobertura legal relativa al empleo, como protección contra despidos arbitrarios, compensación por desempleo, seguro por accidentes, ausencias pagadas y pensiones por jubilación.

No existía sin embargo en ese momento una forma de medición inter-nacional para cuantifi car el fenómeno que permitiera realizar comparacio-nes estadísticas válidas. En la 15ª Conferencia de Estadísticos del Trabajo9 de 1993, se optó por una defi nición basada en las unidades productivas (empresas) más que en las personas cuyo trabajo puede ser considerado como informal, introduciéndose como criterio –lo que a nuestro juicio es parcial e inadecuado– el concepto de “empresas de trabajadores informa-les” (Daza, 2005), donde lo clave es el tamaño de la empresa medido por el número de sus trabajadores.

En 2002 la OIT da un paso adelante a nuestro juicio fundamental, vin-culando el concepto del empleo en el sector informal basado en la empresa con el empleo en el sector informal basado en el puesto de trabajo. A partir de este momento es posible discriminar con precisión entre empleo en la econo-mía informal, empleo informal y empleo informal en el sector informal.

9. La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) se reúne desde 1923, con una periodicidad aproximada de cinco años. Ha completado ya en noviembre-diciembre 2008 su 18ª reunión.



La misma resolución de la OIT de 2002 explica que sin duda no existe un concepto universal sobre el término economía informal, aunque debería considerarse como tal a las actividades de los trabajadores y las empresas que tanto en la legislación como en la práctica se hallan insufi cientemente contempladas o no consideradas en absoluto por los sistemas formales. Esta “no consideración formal” implica de suyo que tanto las personas físicas como jurídicas involucradas actúan al margen o fuera de la ley, aunque un alcance más amplio incluye también a las personas que aun operando legalmente, la ley no se cumple o aplica.

Es de orden señalar algunas precisiones en esta primera aproximación a los conceptos:

a) Existen descripciones económicas, sociológicas y hasta psicológicas de la informalidad. El alcance jurídico es quizás el más preciso, ya que se refi ere a la ilegalidad, ocultación, no declaración, etc., es decir, todo aquello que se aparta del marco legal instituido para cada país.

b) Informal no es lo mismo que delictivo. Lo delictivo es propio de la ma-teria jurídica penal, mientras que lo legal pertenece a otras áreas. Sin embargo, en algunas ocasiones el legislador ha dispuesto que infracciones cuya lógica está en la informalidad sean penadas como delito.

c) Aun cuando parezca un “trabalenguas”, si bien ilegalidad es opuesta a legalidad y lo formal es sinónimo de legalidad, no siempre ilegalidad es equivalente a informalidad (Daza, 2005).

“Si en los países desarrollados las actividades informales se caracterizan por su ocultación o escasa visibilidad, en los países en desarrollo ocurre todo lo contrario. Una gran parte de las actividades se realizan al aire libre, de forma ambulante, con ocupación de vías públicas, ocupación permanente del suelo público y, en general, en locales o establecimientos visibles e incluso rotulados para llamar la atención de potenciales clientes o usuarios.



La fi gura del vendedor ambulante o de los que ofrecen servicios en la calle, como limpiabotas, lavacoches, los taxistas y transportistas no ofi cia-les, los puestos de venta de comida, vendedores de todo tipo de objetos, reparadores de calzado, barberos, etc., la mayoría de ellos trabajadores por cuenta propia, no agotan todas las posibilidades de la actividad informal, aunque sean las más visibles.

En los países en desarrollo, una gran parte de la producción de bie-nes y de su transformación, el comercio de todo tipo de productos, o los servicios al público, como peluquería o costura se lleva a cabo en pequeños talleres, tiendas o establecimientos visibles, permanentes o desmontables, en que también se ocupan trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, la inmensa mayoría de esos trabajadores asalariados, con diferencias regionales y nacionales, no ven reconocidos sus derechos por sus empleadores, a pesar de que la legislación nacional no les excluya de su ámbito de aplicación. Esos trabajadores no suelen estar registrados en las instituciones administradoras del sistema de seguridad social y no se efectúan cotizaciones por ellos, por lo que el sistema protector existente, centrado en prestaciones de salud y pensiones, no les cubre en caso de necesidad.

Ante la pregunta de qué es el sector informal y quiénes son los trabaja-dores informales, se suelen encontrar respuestas descriptivas de situaciones particulares, amalgamas confusas de situaciones que no siempre tienen características comunes y pocas defi niciones. Incluso las pocas defi niciones legales encontradas suelen tener un cierto grado de ambigüedad.” (Daza, 2005).

A la descripción anterior no escapa Uruguay, de allí el esfuerzo en este trabajo de organizar con lógica la información disponible para poder a partir de allí formular sugerencias o refl exiones de acciones que sería oportuno llevar a cabo.

Esquivel (2006) retomó las defi niciones de la OIT desarrollando aun más los conceptos de 2002, conceptualizando que la economía informal



abarca tanto a los trabajadores en el sector informal como a los ocupados informales del sector formal.

En resumen, el sector informal es el conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes o prestación de servicios cuyo fi n primordial es generar ingresos para las personas que participan en esa actividad. Hay acuerdo entre los autores que optan por diferentes enfoques en cuanto a las características de estas unidades que componen el sector informal: por lo general son pequeñas, con poca o ninguna distinción entre el trabajo y el capital como factores de producción, y que en términos de relaciones de empleo, si existen, se basan en el empleo ocasional, la participación de la familia y de las relaciones personales y sociales, no existiendo acuerdos contractuales que supongan garantías forma-les a los trabajadores (15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 1993).

En esta defi nición, el trabajo informal abarca al número total de ocu-paciones informales, sin importar en qué sector sean generadas (formal, informal u hogares).

La OIT, recogiendo datos de tres décadas de investigación (1999) acerca de la economía informal, destacó tres puntos básicos a tener en cuenta:

► la heterogeneidad del sector, que incluye desde actividades de subsis-tencia hasta actividades muy rentables;

► sus actividades no son desorganizadas, habiéndose dado sus propios mecanismos para funcionar;

► carecen de capacidad para asumir los costos de la legalidad y sobrevivir.

A pesar de la diferencia en cuanto a la interpretación de la causalidad de los fenómenos, los enfoques coinciden en la existencia de distintos segmentos del mercado laboral, es decir, la coexistencia de trabajos de buena y mala calidad.



2.2. Trabajo informal

En la década pasada, los organismos encargados de la revisión IV de los Sistemas de Contabilidad Nacional (OIT, OCDE, FMI, UNSD y BM) se propusieron lograr una coordinación conceptual sobre el sector in-formal. En la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) convocada por la OIT en 1993, se delimita el concepto de trabajo en el sector informal, que luego es incorporado en el Sistema de Cuentas Nacionales, Revisión 1993. Este concepto se adopta en la mayoría de los países y en las mediciones de la OIT, en la cuantifi cación del empleo informal, aceptando que debe incluirse allí a alguna o todas las siguientes categorías: servicio doméstico, autoempleo –excluyendo administradores y profesionales–, trabajo familiar no remunerado y trabajo en pequeñas empresas que tienen menos de cinco empleados.

Conceptualizando el sector informal como subsector del sector institu-cional «hogares» del SCN, la 15ª CIET defi nió a las empresas del sector informal sobre la base de los siguientes criterios:

• empresas privadas no constituidas en sociedad, no constituidas como entidades jurídicas separadas de sus propietarios, y sobre las que no se dispone de cuentas completas que permitan una separación fi nanciera de las actividades de producción de la empresa de las demás actividades de su/s propietario/s.

• los bienes o servicios que se producen, o al menos algunos de ellos, destinados a la venta o al trueque, y se podrá incluir en el sector informal a los hogares que produzcan servicios domésticos o per-sonales empleando a trabajadores domésticos asalariados.

• su volumen, en términos de empleo, no supera un determinado umbral.

• se dedican a actividades no agrícolas, incluidas actividades no agrí-colas secundarias de empresas del sector agrícola.



Posteriormente, se complementó la defi nición y medición del empleo en el sector informal con la defi nición y medición del empleo informal establecidas en la 17ª CIET. Esta conferencia propuso una nueva defi nición del empleo informal, considerando al sector informal según las caracte-rísticas de las unidades productivas y no de los trabajadores, agregándose a la medición tradicional el empleo informal en unidades productivas del sector formal.

Como consecuencia se diferenciaron tres grupos de unidades de pro-ducción: empresas del sector formal, empresas del sector informal y ho-gares, ya sea que estos produzcan bienes para su consumo o que empleen trabajadores domésticos remunerados (como jardineros, choferes, etc.).

Este cambio en la defi nición tradicional implica un mayor acercamiento al concepto de protección social, si bien su implementación empírica está aún en desarrollo. El último Panorama Laboral para América Latina y el Caribe de OIT disponible (2005), sigue utilizando el criterio tradicional basado en la 15ª CIET.

CUADRO 16EMPLEOS SEGÚN LA 15ª CIET

EMPLEOS SEGÚN LA SITUACIÓN EN EL EMPLEO

Trabajadores por cuenta propia Empleadores

Trabajadores familiares

no remunerados

Asalariados Miembros de

Cooperativas de Producción

Unidades de

producción por tipo

Informal Formal Informal Formal Informal Informal Formal Informal Formal Empresas del sector formal (a)

1 2

Empresas del sector

informal (a)

3 4 5 6 7 8

Hogares

(b) 9 10

Fuente: ENCH (2007).(a) Según la defi nición de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (con exclusión

de los hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados).(b) Hogares que producen bienes exclusivamente para su propio uso fi nal y hogares que emplean

a trabajadores domésticos asalariados.Celdas en gris claro: trabajo formal.Celdas en gris oscuro: ocupaciones que no existen.Empleo informal: casillas 1 a 6 y 8 a 10.



Surge del cuadro que la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), en su 15º Encuentro, incluye los siguientes tipos de empleos como informales:

• trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal (casilla 3);

• empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal (casilla 4);

• trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector formal o informal (casillas 1 y 5);

• miembros de cooperativas de productores informales (casilla 8);

• asalariados que tienen empleos informales, ya estén empleados por empresas del sector formal, ya por empresas del sector informal o por hogares que los emplean como trabajadores domésticos asalariados (casillas 2, 6 y 10);

• trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso fi nal de su hogar (casilla 9).

Esta descripción del trabajo informal considera dos dimensiones: la unidad de producción y el registro de acuerdo a la categoría ocupacional. Clara-mente, existen ocupaciones que serían formales de acuerdo a una de las dimensiones e informales de acuerdo a la otra. Por ejemplo, las celdas 7 y la gris clara inmediatamente inferior refi eren la existencia de asalariados formales tanto en hogares como en empresas consideradas informales no por la condición de registración del empleo que generan sino por otros atributos, de acuerdo a la defi nición de la 15ª CIET.

Las razones por las que un empleo puede ser de carácter informal pueden ser, entre otras:



• falta de declaración legal por parte de los empleadores o de los trabajadores;

• empleos ocasionales o de limitada duración;

• empleos donde consta un salario o remuneración inferior a la can-tidad real, a los efectos de reducir las obligaciones de aportes a la seguridad social;

• personas miembros del hogar que optan por trabajar sin regularizar su situación como trabajadores;

• empleos en los que la reglamentación laboral no se aplica o no se hace respetar, por algún motivo de orden político.

Cada uno de estos motivos tiene una lógica racional por parte del empleador, el trabajador o ambos, indagar la cual no es parte de los obje-tivos de este trabajo. No debe considerarse que detrás de una decisión de mantenerse informal existan motivaciones caprichosas o azarosas, aunque en muchas circunstancias hemos encontrado sí elementos de ignorancia que fundamentan esa actitud. Se trata, entonces, de investigar las causas no psicológicas sino institucionales o comunicacionales que alimentan el fenómeno de la economía informal, para así poder accionar efi cazmente en la refl exión sobre eventuales soluciones.

En cuanto a la magnitud del empleo informal, la OIT, a través del PRE-ALC, ha realizado diversos esfuerzos para la cuantifi cación del fenómeno del trabajo informal.

De los distintos enfoques antes descritos surgieron distintas defi ni-ciones operativas. Por ejemplo, para Portes (1995) la medida del peso del sector informal sería el número de horas utilizadas en el trabajo regulado versus las correspondientes al no regulado. También acepta la proporción de la fuerza laboral excluida de la cobertura legal relativa al empleo.



Es de señalar, sin embargo, que desde el punto de vista operativo la defi nición de la OIT no fue estricta, limitándose a brindar lineamientos generales y dejando fl exibilidad a los países para defi nir y medir el sector informal.

Las principales diferencias en la medición del trabajo informal refi eren a los siguientes aspectos:

• ramas de actividad abarcadas, en especial si incluye o no la agricultura;

• el criterio para la defi nición del sector informal, ya sea que se con-sidere el tamaño de las empresas o el registro de la empresa o el trabajador;

• la inclusión o no de los trabajadores domésticos remunerados y

• la inclusión o no de las personas que si bien tienen un trabajo secun-dario en el sector informal, su empleo principal pertenece al sector formal.

Del análisis del fenómeno “empleo informal” surge una dimensión que abarca a los trabajadores que presentan las situaciones más desventajosas tanto en términos de ingresos como de cobertura de la seguridad social y constituyen el segmento denominado vulnerable.

2.3 Calidad del empleo

En los países desarrollados la mayor preocupación en relación al empleo es el desempleo, mientras que en los países no desarrollados la preocupación central es la calidad del empleo. “En estos países, tasas relativamente bajas de desempleo se combinan con empleos considerados de mala calidad por la baja productividad, los bajos ingresos o la insufi ciente cobertura de la seguridad social. Como componente secundario de la problemática, en los países desarrollados se observa empleo de mala calidad y en los sub-desarrollados, el desempleo” (Notaro, 2005).



Quizás esa afi rmación, totalmente vigente para el momento en que fue expresada, deba ser relativizada en el contexto de la crisis actual que sacude al mundo. La OIT prevé en junio 2009 un número récord de desempleados este año, que afectaría a entre 210 y 239 millones de personas en el planeta. La situación implica “grandes riesgos” de desestabilización política, lo que pone a la cabeza de la agenda gubernamental de todos los países el tema del desempleo. Por si fuera poco, no se trata de algo circunstancial sino que esta crisis del desempleo, que generaría hasta 59 millones de desocupados más que en 2007, podría durar cuatro o cinco años más que la crisis económica.

La mala calidad del empleo en sus diversas manifestaciones es solamente una de las dimensiones del problema global del empleo. El deterioro de la calidad del empleo ha adquirido una creciente importancia como resultado de los cambios inducidos por la globalización de la economía, la integra-ción regional, los cambios tecnológicos y en la organización del trabajo, las reformas laborales y, en el caso concreto de Uruguay, la recesión de 1999-2002, con impactos en la reducción del número de personas ocupadas y deterioro de la calidad del empleo hasta 2003 (a pesar del crecimiento del PIB de 2,5% este último año).

En la sociedad de principios del siglo XXI los empleos son inestables, se hacen más frecuentes los contratos de duración limitada y la proba-bilidad de cesantía aumenta; es habitual la reducción de la jornada, y la disminución del número de jornadas por semana o mes.

Como elementos de ajuste toma cuerpo el desarrollo de políticas fl exi-bles que pretenden amortiguar los efectos frecuentemente perversos de las fl uctuaciones económicas y por ende de la oferta de empleo.

Una serie de autores, entre otros Braun y Loayza (1994); Fugazza y Jacques (2003); Ihrig y Moe (2004); Schneider y Klingmair (2004); Sanches (2005); Schneider y Enste (2000), y Gërxhani (2004), señalan como causa más frecuente de la informalidad la existencia de una alta carga impositiva en el sector formal, medida por la existencia de altos impuestos e impor-tantes cargas de los sistemas de seguridad social.



También coinciden en que el segundo gran factor explicativo de la informalidad es la intensidad de la regulación del mercado de trabajo. Esta se identifi ca por la existencia de salarios mínimos (Loayza, 1994), por los altos costos de entrada al sector formal, manifestados en el alto número de permisos y habilitaciones requeridos, así como por el grado de difi cultad y tiempo para obtenerlas (Braun y Loayza, 1994; Friedman et al., 2000).

Por otra parte, la capacidad del gobierno de controlar el cumplimiento de la regulación, y la aplicación o no de una penalización, también está en la base de la informalidad, porque de ella depende en parte que las leyes se acaten o no (Ihrig y Moe, 2004). Algunos autores, como Schneider y Enste (2000), creen que es más relevante la capacidad de hacer cumplir las normas que la existencia de las mismas. Puede ocurrir que las normas estén muy extendidas, pero que no sean cumplidas por vastos sectores, por lo que además la informalidad aparece asociada a un factor de corrupción. (Braun y Loazya, 1994; Friedman et al., 2000).

Otros factores causales menos destacados se originan en los cambios en la regulación del mercado de trabajo, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral y los incentivos a la jubilación temprana. Estas re-gulaciones colocan a los trabajadores que aún desean trabajar, o desean trabajar más horas, en una situación en la cual para poder hacerlo deben volcarse al sector informal. También el hecho de que los servicios públicos de los que se benefi cian las empresas formales se hayan deteriorado hace menos atractiva la formalidad, constituyéndose dicho deterioro en un factor desestimulante (Schneider y Enste, 2000).

En otra línea de pensamiento, De Soto (1989) explica que la barrera que limita a las empresas para formalizarse está constituida por las re-glamentaciones complicadas, pero que al mismo tiempo ello las inhibe también de prosperar.

Hirschman, en cambio, entiende que la informalidad aparece como el resultado de un cálculo de costo-benefi cio, en el que los resultados no son



positivos para el trabajador o microempresario. Los benefi cios obtenidos por la formalidad no compensan sus altos costos.

3. INFORMALIDAD EN AMÉRICA LATINA. CARACTERIZACIÓNY ALGUNOS ENFOQUES EXPLICATIVOS

La heterogeneidad estructural del sistema productivo en América Latina no es una característica reciente en el continente. Prebisch (1949, 1962 y 1970), Singer (1950) y Pinto (1970 y 1976) pusieron de manifi esto el dualismo que se daba en la región: la coexistencia de un sector orientado principalmente al exterior y altamente productivo y un conjunto de acti-vidades de baja productividad orientadas al mercado interno. Estas teorías asignaron a la industria un papel clave como vector de crecimiento, que ocurriría a través de la reasignación de los factores productivos de las ac-tividades de baja productividad a las de alta productividad, generando un cambio estructural, evidenciado por el aumento del peso de la manufactura en el total de la economía. Según este enfoque, el desarrollo industrial generaría los encadenamientos necesarios, los efectos de derrame, la acu-mulación de capital y las externalidades tecnológicas que se necesitarían para sostener rentabilidades crecientes. La condición periférica se supera-ría gracias a la reducción – desaparición de la heterogeneidad estructural.

Esta visión no ha sido confi rmada por la historia reciente de América Latina. A pesar de las reformas llevadas a cabo por muchos de los gobier-nos de la región, y de la apertura de los mercados, o quizás por su causa, la heterogeneidad sigue siendo una debilidad estructural del sistema pro-ductivo latinoamericano. Lejos de disminuir, la concentración tecnológica no solo persiste sino que se ha acentuado a partir del desarrollo de nuevas tecnologías.

La apertura ha favorecido una reorientación hacia actividades que hacen uso intensivo de recursos naturales y mano de obra (economía tradicional exportadora de productos agropecuarios, por ejemplo), im-pulsando al mismo tiempo la privatización, la modernización y el avance



tecnológico en la producción. Estos procesos han afectado adversamente las capacidades tecnológicas endógenas, reduciendo los encadenamientos internos y la capacidad de absorción de fuerza de trabajo del sector formal manufacturero, que sin protección ha sido incapaz de hacer frente a la competencia de las importaciones. El sector manufacturero ha disminuido su capacidad de actuar como vector del desarrollo de toda la economía (Cimoli, 2006) y ha evidenciado una progresiva erosión de la capacidad de absorber empleo. Ello generó el aumento del desempleo y fue el factor clave del crecimiento del sector informal urbano, que ha ido absorbiendo la fuerza de trabajo residual. “Por ende, la existencia simultánea de un sector moderno orientado al exterior que no provee sufi ciente empleo constantemente y de un sector informal de baja productividad donde el empleo se concentra, aparece como un rasgo peculiar y permanente de la heterogeneidad estructural. De ahí que América Latina se asemeje a una economía polarizada, en la cual coexisten dos sectores con dinámicas distintas de acumulación, producción y crecimiento y el sector formal aparece como el sector que lidera el crecimiento.” (Cimoli, 2006).

Las estadísticas sobre el empleo informal en América Latina comprue-ban que el sector formal no cumplió con las expectativas que las teorías tradicionales arriba mencionadas le asignaban, lo que se pone en evidencia por las tasas de empleo informal a comienzos del milenio: se estima que en el año 2003, el 47% del empleo urbano era informal (CEPAL, 2005; OIT, 2004; Weller, 2000). Este peso es bastante homogéneo entre los países de la región: desde el 39% en Chile al 67% en Bolivia. En realidad, pese a las diferencias entre los países de la región, la persistencia del empleo informal es una característica común de las economías latinoamericanas (gráfi co 5).

Estas estimaciones de la distribución del empleo y de la productividad del trabajo se basan en datos de la CEPAL derivados de las encuestas na-cionales de hogares. La productividad del trabajo en el sector informal se estima a partir de los ingresos medios de los trabajadores informales; tales ingresos se consideran una buena variable sustitutiva del valor agregado generado por el sector informal, debido a la naturaleza de las actividades realizadas en este último.



Los análisis empíricos del sector informal encuentran serias limita-ciones debido a la naturaleza misma del fenómeno, difícil de identifi car y medir. A pesar de la difi cultad de su medición, se ha estimado que en 1990 el 44% del empleo urbano era informal, mientras que en 2000 lo era el 45%. En el cuadro 17 se incluye una somera cuantifi cación de las diferencias estructurales en América Latina, considerando la distribución del empleo y la productividad del trabajo en el sector formal y el informal en comparación con las del total de la economía.

En América Latina existe un fuerte desequilibrio global entre oferta y demanda, donde la magnitud de la primera supera a la segunda. Se genera entonces un importante excedente de mano de obra en forma de desempleo abierto o empleo de mala calidad; este segundo componente permite diferenciar el subempleo (visible, invisible o potencial), las acti-

GRÁFICO 5EL EMPLEO INFORMAL EN AMÉRICA LATINA

46,746,5

66,7

44,638,8

61,4

43,456,5

54,457,659,4

47,259,9

42,661,6

63,146,3

45,756,5

0 10 20 30 40 50 60 70

América Latina

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Repca. Dominicana

Uruguay

Venezuela

Fuente: Cimoli et al. (2006), con datos de la CEPAL y la OIT.



vidades económicas informales con baja productividad e ingresos y los trabajadores no registrados (por lo tanto sin derechos a la seguridad social, a la organización y a la participación).

Por ser la informalidad un rasgo constante de las economías latinoame-ricanas, tiene múltiples y persistentes efectos adversos sobre la economía, reduciendo su productividad media: la concentración de la fuerza de traba-jo en el sector menos productivo hace caer la productividad agregada (ver cuadro 17). Dichos efectos adversos tienen otras manifestaciones negativas en términos de exclusión, marginalización, precariedad y disparidades de salarios. Se estima que a fi nes del decenio de 1990 la productividad del trabajo en el sector informal era solo el 20% de aquella en el sector formal, y que el sector informal concentraba alrededor de la mitad del empleo total (ver cuadro 18).

CUADRO 18AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES): LA CRECIENTE BRECHA DE PRODUCTIVIDAD ENTRE EL

SECTOR FORMAL Y EL INFORMAL (1) (En porcentajes)

PaísesProductividad del sector informal/productividad del sector formal

1990 2000Brasil 40,3 20,1México 31,9 28,2Uruguay 24,2 16,9Venezuela 39,5 32,9

Fuente: Cimoli et al. (2006), con datos de la CEPAL.(1) La productividad relativa es la productividad del trabajo en el sector informal y en el sector

formal.

CUADRO 17AMÉRICA LATINA: LA DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD EN LOS

SECTORES FORMAL E INFORMAL (Estimaciones)

AñoSector formal Sector informal

Distribución del empleo (% de trabajadores)1990 55,6 44,42000 54,6 45,4

Productividad del trabajo (productividad agregada = 100)1990 141,8 47,62000 157,8 30,5

Fuente: Cimoli et al. (2006).



El hecho de que promedialmente el 45% del empleo se concentra en el sector informal conlleva dramáticos efectos sobre el crecimiento agregado. Su análisis, entonces, es clave para entender y explicar por qué América Latina no crece todo lo esperado.

El ingreso de los trabajadores informales de América Latina entre 1990 y 2002 se distanció de manera sostenida en relación con el de los trabajadores profesionales y técnicos asalariados del sector privado formal. En 2002, la relación entre el ingreso medio de los trabajadores del sector informal latinoamericano y el de esos asalariados del sector formal fue inferior casi en un tercio a la de 1990. “En rigor, aunque la persistencia del empleo informal, la pobreza y la desigualdad sean tres problemas estructurales diferentes de la región, ellos están íntimamente relacionados. En realidad, en el decenio de 1990 casi el 60% de los pobres de América Latina trabajaba en actividades informales (Tokman, 1994), y de acuerdo con una evaluación empírica del BID, el empleo informal generaba entre 10% y 25% de la desigualdad de salarios en el mercado del trabajo” (Cimoli et al., 2006).

Como mencionamos más arriba, estas conclusiones desmienten lo sostenido por la teoría clásica, de acuerdo con la cual el sector informal desaparecería natural y gradualmente con el avance del proceso de desa-rrollo y modernización.

Conforme a la dinámica del modelo, solamente se generaría un dina-mismo virtuoso que incrementara la generación del empleo formal y el crecimiento de la producción y la productividad, si se produjera al mismo tiempo un cambio estructural acompañado de la aplicación creciente de medidas para estimular los encadenamientos, difundir conocimientos y formar capital humano. De no darse esa simultaneidad (que juzgamos difícil de lograr) “es posible que persista una modalidad de crecimiento de enclave, en que un sector formal moderno y orientado hacia afuera coexiste con un sector informal creciente, inhibidor del crecimiento agregado. Esto es justamente lo que ha estado sucediendo en América Latina: ha habido modernización y ha aumentado el comercio exterior, pero el patrón de especialización y comercialización ha favorecido la expulsión relativa de



mano de obra desde el sector formal, alimentando así el crecimiento y la persistencia del sector informal” (Cimoli et al., 2006).

En síntesis, la polémica sobre por qué los países de América Latina no crecen más se alimenta de varias vertientes interpretativas. Alguna de ellas arguye como tesis que el peso del informalismo incide en forma negativa en la medida que crecimiento sostenido del producto y reducción de la pobreza constituyen pilares básicos sobre los que accionar. Las evidencias empíricas muestran que salvo los últimos tres o cuatro años, toda la región ha visto deteriorarse los indicadores tanto de producto como de pobreza de los hogares. Un patrón de crecimiento que se apoya en una economía dual, en la que coexisten un sector formal y uno informal, presenta un perfi l inadecuado para la competencia internacional, para el acceso a las principales fuentes del comercio internacional y para el aprovechamiento de las mejores oportunidades del mercado. Es decir, el resultado de una estructura en que el peso del sector informal sea relevante se traduce en un peor desempeño de la economía en su conjunto.

La evidencia indica que más allá del carácter universal del fenómeno de la informalidad, “la percepción del fenómeno, sus consecuencias y las soluciones propuestas para remediar los problemas que conlleva, no son iguales en todas partes del mundo. Es más, se percibe una gran diferencia entre la concepción y tratamiento de la informalidad en los países en desarrollo y la existente en los países más desarrollados” (Daza, 2005).

A continuación, revisaremos brevemente las características de la infor-malidad en Uruguay y su peso relativo.



[75]

4.LA INFORMALIDAD EN URUGUAY

1. Introducción.

a. Antecedentes. Estudios previos sobre el tema. La evolución de la tasa de informalidad en Uruguay

El análisis del sector informal en Uruguay no es nuevo sino que data de más de veinte años atrás, entre fi nes de la década de los ochenta y principios de los noventa (Diez de Medina y Gerstendelfd, 1986; Groskoff y Mel-gar, 1990; Portes, Blitzer y Curtis, 1986). Trabajos más recientes aportan nuevas perspectivas o profundizan en aquellos documentos señeros, tales como Longhi (1998), Notaro (2005), Bucheli et al. (2002), Amarante y Arim (2005), Amarante y Espino (2007), Terra et al. (2006), entre otros.

Las diferentes escuelas y aportes han sido desarrollados sintéticamente en el punto anterior. Debemos ahora analizar la aplicación al caso de la medición en Uruguay, para lo cual es menester hacer una refl exión algo más minuciosa de algunos términos.

En primer lugar, para registros gráfi cos de cualquier tipo, debemos establecer qué entenderemos como trabajador informal para el caso de la medición de la tasa en Uruguay. Es útil en tal sentido partir de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que realiza estimaciones a partir de una pregunta que califi ca la formali-dad o informalidad del trabajador. Hasta el año 2005, la pregunta que se efectuaba era “¿Tiene derecho a jubilación?”. A partir de la encuesta de 2006, la pregunta que se realiza es “¿Aporta a una caja de jubilaciones por este trabajo?”. La respuesta que se logra sistemáticamente a esta pregunta ordena el criterio al cual se sujetará el concepto de trabajador informal,



entendiendo por tal el que no está registrado en la seguridad social por su ocupación principal o única.

En una perspectiva de mediano o largo plazo, es decir, desde que exis-ten evidencias cuantitativas, puede señalarse que la informalidad es un fenómeno de carácter estructural y estable. Semejante afi rmación podría invitar al inmovilismo, aunque por el contrario, en nuestra óptica la lógi-ca asociada es a la búsqueda de aquellos factores que pueden remover la tendencia estructural y lograr por esta vía que su incidencia disminuya.

La situación de informalidad trae aparejados además una serie de pro-blemas vinculados, adicionales al evidente desamparo legal que los lleva a una situación de mayor vulnerabilidad. Muchos estudios para Uruguay muestran, por ejemplo, que las remuneraciones de los trabajadores infor-males son promedialmente menores que las de los trabajadores formales de idénticas características, dependiendo la brecha entre unos y otros del período analizado (Cassinoni, 2001; Amarante y Arim, 2005; Terra et al., 2007; Amarante y Espino, 2007; Estradés y Terra, 2008). Ello implica que aplicar políticas y acciones concretas que combatan el desempleo y la informalidad contribuye también, indirectamente, a la reducción de la pobreza.

Más allá de la tendencia histórica del mediano plazo, cuya media en el período 1991 – 2005 estuvo aproximadamente en el 37%, conviene una mirada más cuidadosa al último período. En efecto, contemplar la tenden-cia secular tiene una importancia estadística, pero atender al fenómeno de los últimos años refl eja en cambio la realidad sobre la cual actuar, más que aquella histórica.

El cuadro siguiente muestra la evolución en el último período de la tasa de informalidad, medida sobre el total de ocupados.10

10. La otra forma de medir la tasa de informalidad es en relación al total de ocupados privados. La evolución y relación entre un año y otro no varía prácticamente si se asume uno u otro de los indicadores.


4. LA INFORMALIDAD EN URUGUAY 77

CUADRO 19EVOLUCIÓN DE OCUPADOS NO REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

(En porcentaje de la población total ocupada)

Trimestre Tasa1/2004 42,52/2004 41,33/2004 40,14/2004 39,01/2005 39,92/2005 41,23/2005 36,94/2005 37,01/2006 35,32/2006 34,73/2006 34,64/2006 34,91/2007 34,82/2007 34,73/2007 34,24/2007 34,41/2008 33,52/2008 33,9

Fuente: ENH del INE.

La tendencia en el último período, por lo tanto, es decreciente, como puede verse en el gráfi co 6 (la recta corresponde a la línea de tendencia).

Puede concluirse provisoriamente, entonces, que existe una relación directa entre la tasa de informalidad y las crisis económicas, es decir, a mayor crisis mayor tasa de informalidad. Sin embargo, en rigor este es uno de los factores, el de carácter exógeno, pero es posible (y necesario) inter-venir sobre este indicador a través de medidas de política económica de carácter explícito, que es lo que se ha venido practicando en los últimos años y como se desarrolla en otro punto de este trabajo.

El cuadro 20 muestra el cambio dramático en la tendencia de la tasa de informalidad entre el 2004 y el 2006. Tomamos para ello la tasa calculada sobre los ocupados del sector privado no registrados en la seguridad social,



lo que calcula Dolores Benavente para la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, complementando los datos del INE con datos de la Ofi cina Nacional del Servicio Civil (ONSC):

CUADRO 20EVOLUCIÓN DE LOS OCUPADOS DEL SECTOR PRIVADO NO REGISTRADOS EN LA

SEGURIDAD SOCIAL (PORCENTAJES)

Año Tasa de informalismo del sector privado

2001 42,82002 45,12003 46,22004 49,22005 46,22006 41,52007 40,7

Fuente: Benavente (2007), con datos del INE y ONSC. Año 2007 estimado.

GRÁFICO 6TENDENCIA DE LA TASA DE INFORMALIDAD

(En porcentaje de la población total ocupada)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

1ertrim2004

2ºtrim2005

3ertrim2004

4º trim2004

1ertrim2005

2ºtrim2005

3ertrim2005

4º trim2005

1ertrim2006

2ºtrim2006

3ertrim2006

4º trim2006

1ertrim2007

2ºtrim2007

3ertrim2007

4º trim2007

1ertrim2008

2ºtrim2008

Trimestres

Tas

a de

info

rmal

idad

Fuente: elaboración propia con datos de la ENH del INE.



b. Defi niciones básicas. La tasa de informalidad en 2007

Es importante recalcular la tasa de informalidad a partir de una serie de criterios que consideran más factores, aunque la variación respecto a los valores calculados por Benavente (2007) no es relevante. Nos ba-saremos para ello en los trabajos de Maira Caño-Guiral (2007, 2009), que realiza una serie de aportes en fundamentos teóricos para su tesis doctoral sobre “La economía no observada en Uruguay”, documentos que utilizamos para las defi niciones fundamentales y la metodología de cálculo. El esfuerzo de la autora se concentra en la búsqueda de una estimación válida que permita hacer correcciones en el cálculo del Pro-ducto Interno Bruto (PIB) en el Sistema de Cuentas Nacionales. En la medida en que tanto la producción formal como la informal son fuentes de demanda efectiva de mercado, esta corrección es fundamental para una cabal comprensión de los bienes y servicios fi nales producidos por la economía uruguaya.

El punto de partida es el concepto de economía no observada. Se en-tiende por tal al conjunto de todas las actividades productivas (produc-ciones) que se ocultan, las ilegales, las que se dedican al uso fi nal propio, las estadísticamente o económicamente subterráneas y las informales de los hogares.

En su cuarta versión, el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 establece que se debe contemplar en la frontera de producción todos los procesos productivos, es decir, incluir la producción de todos los bienes de mercado para uso fi nal o propio, la producción de servicios prestados a unidades diferentes a las que los producen y a la producción por cuenta propia de los servicios de vivienda ocupados por los propietarios y los servicios domésticos realizados por empleados remunerados.

El esquema siguiente sintetiza el concepto de frontera de produc-ción:



FIGURA 1FRONTERA DE PRODUCCIÓN

¿Se utilizan insumos de capital, trabajo o materia prima para

producir los bienes y servicios?

¿Se cambian por dinero o

se hace trueque con

ellos?

Quedan dentro de la frontera de producción (se deben incluir,

forman parte del PIB)

Pero, ¿son bienes?

¿Son servicios de viviendas ocupados por sus dueños o servicios domésticos

remunerados?

Quedan fuera de la frontera de producción (se excluyen, no

forman parte del PIB)

SÍ SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

Ejemplos: yacimientos petróleo, fauna marítima

Ejemplos: cocina, lavado ropa, cuidado niños, reparaciones hechas por el propio hogar

Fuente: Caño-Guiral (2007).

En síntesis: el espacio de producción total de la economía debe incluir todo auténtico proceso productivo de bienes y servicios para los que exista una demanda efectiva de mercado a precios económicamente signifi cativos, sea esta producción captada estadísticamente por fuentes tradicionales (censos económicos nacionales, encuestas a unidades productoras, otros registros nacionales) o no captada por las fuentes tradicionales (es decir: producción informal de los hogares, oculta, ilegal, para uso fi nal propio o estadísticamente subterránea).

La economía no observada, es decir, no captada directamente por fuentes tradicionales, se compone de cinco categorías (Caño-Guiral, 2007):

► Producción informal de los hogares. Es la producción de bienes y servi-cios de los hogares que derivan de acuerdos contractuales precarios.



Las unidades productivas funcionan con un bajo nivel de organiza-ción y una difusa división entre trabajo y capital.

► Producción oculta o económicamente subterránea. Los bienes y servicios producidos se ocultan deliberadamente a las autoridades con fi nes de evasión de impuestos, aportes a la seguridad social u otros gra-vámenes. Se incluyen en este grupo además la evasión de normas legales tales como las de salario mínimo, jornada máxima, seguridad e higiene en el trabajo, etc. Se concreta la evasión por parte de las empresas no reportando a las autoridades competentes de contra-lor toda su producción, ingresos, puestos o salarios a pesar de estar inscriptos en los registros administrativos correspondientes, o bien a través del no registro.

► Producción ilegal. Corresponde a bienes y servicios cuya venta, distribución o posesión está expresamente prohibida por ley o a actividades legales pero que son llevadas a cabo por productores no autorizados. Constituyen conductas criminales castigadas por el Código Penal.o Forman parte del primer subgrupo, es decir, la venta, distribu-

ción o posesión de bienes y servicios prohibidos por la ley, la actividades de elaboración y distribución de narcóticos o mate-rial pornográfi co; el transporte ilegal en forma de contrabando en particular de tabaco, armas, alcohol, alimentos y personas; la reventa de artículos robados; la producción y venta de artículos pirateados (compactos de audio, videos, software) o de bienes con marcas falsas o copias no autorizadas de originales; el soborno y el lavado de dinero.

o Los bienes y servicios que normalmente son legales pero que se vuelven ilegales al ser llevados a cabo por productores no autori-zados. Incluyen entre otros las prácticas médicas no habilitadas; la caza y pesca furtivas; la elaboración de bebidas, tabaco y alimentos no autorizados al no cumplir con alguna parte de los requisitos formales establecidos.



► Producción para uso fi nal propio. Está formada por el conjunto de bienes y servicios para los cuales no existe transacción visible, ya que productores y usuarios son los mismos. Entran dentro de esta categoría todas las formas de autoconsumo:0 Producción de bienes y servicios de consumo para uso fi nal

propio: bienes agrícolas y pecuarios para autoconsumo, sobre todo.

0 Producción de bienes de capital fi jo, tales como viviendas por parte de los miembros del hogar para ser habitadas por ellos mismos.

0 Servicios de vivienda ocupados por sus propios dueños. Al no existir transacción observable, no es posible imputarlos de nin-guna manera.

0 Servicios domésticos realizados por empleados remunerados. Incluye servicios de diverso tipo: niñeras, cocineras, limpiado-ras, jardineros, choferes, etc. La dedicación puede ser de tiempo completo o de tiempo parcial.

► Producción estadísticamente subterránea. Es aquella producción no detectable en los programas formales de recolección estadística de datos, ya sea por razones de vacíos de información o problemas de diseño muestral, prácticas estadísticas incorrectas, etc. Incluye producción no registrada de diferentes orígenes:0 De cobertura. Los problemas surgen por expansión o diseño de

la muestra, por clasifi cación equivocada de actividades o por la defi nición metodológica de realizar algún corte por restriccio-nes presupuestales que dejen fuera a empresas más pequeñas, a determinadas áreas geográfi cas o a algunas actividades.

0 Por respuestas omisas o declaraciones imprecisas de cifras esta-dísticas contables o fi scales. A menudo las respuestas obtenidas presentan vacíos, cuestionarios con omisiones o errores. La estimación estadística de esos errores u omisiones puede llevar a imputaciones inapropiadas.

0 Por falta de actualización de los registros administrativos. Los registros no suelen estar actualizados, por lo que existen unida-



des productoras nuevas que no han sido aún incorporadas en la muestra o se han actualizado pero con errores de clasifi cación de las empresas.

Además de estos cinco componentes de la economía no observada concebidos por separado, pueden existir superposiciones lógicas. Por ejemplo, un hogar productor informal de bienes ilegales (contrabando), formaría parte del grupo productor informal de los hogares y al mismo tiempo, de producción ilegal.

La importancia de la economía no observada, defi nida a partir de estos componentes, es variable según el país del que se trate y según el momen-to histórico en el que se produzca la medición. Es de sospechar que en Uruguay el peso relativo es menor que en otras economías de la región, acorde al peso que tienen las microempresas, al grado de formalización de la economía, al nivel de la marginación y delincuencia menor que en otros países e incluso al desarrollo cultural de la población en su conjunto. Por uno u otro de estos motivos o por el efecto conjunto y combinado de todos ellos, si bien no es razonable soslayar su importancia, porque afecta la estimación del PIB del país, es lógico suponer que su incidencia relativa en una comparación internacional revelaría una importancia menor.

Corresponde ahora trascender del concepto de economía no observada al de informalidad, que forma parte del mismo.

Caño-Guiral (2005, 2007), en la búsqueda para apoyar las diferencias, propone dos conceptos de informalidad: en sentido amplio y en sentido estricto.

En sentido amplio, “la producción informal de los hogares se refi ere a toda aquella producción de bienes y servicios para los que existe una demanda efectiva de mercado, realizada por los mismos y los cuales cum-plen con las características del ‘sector informal’, según se las defi ne en la Resolución II relativa a las estadísticas de empleo en el sector informal que surge de la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos



del Trabajo (Ginebra, enero de 1993), y a la cual remite el Sistema de Cuentas Nacionales 1993” (Caño-Guiral, 2005). La citada resolución de Estadísticos del Trabajo ya ha sido desarrollada antes en este trabajo.

Concretamente, el sector informal de los hogares estaría formado por:

a) Empresas informales por cuenta propia. Forman parte de este grupo las empresas pertenecientes y gestionadas por trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente o asociados con miembros del mis-mo hogar o de otros hogares. Pueden emplear ocasionalmente a ayudantes familiares y a asalariados, pero no los emplean de manera continua. Funcionan con un bajo nivel de organización, a pequeña escala y con poca o ninguna división entre trabajo y capital en cuanto a factores de producción.

b) Empresas de empleadores informales. Incluyen a empresas pertenecien-tes a empleadores y gestionadas por ellos, ya sea individualmente o asociados con miembros del mismo hogar o de otros hogares, que emplean uno o más asalariados de manera continua. Tienen estas empresas la característica de funcionar con un bajo nivel de organización y con poca o ninguna división entre trabajo y capital en cuanto a factores de producción y a pequeña escala.

El esquema de la página siguiente especifi ca qué espacio es el que ocupa este concepto de sector informal.

Se entenderá, entonces, por informalidad en sentido amplio aquello opuesto a formalidad en sentido estricto. Si formalidad en sentido estricto se corresponde con el espacio de producción captado estadísticamente en todas las actividades económicas relevadas en el Censo Económico Nacional, informalidad en sentido amplio será todo aquello no captado.

Acorde a esta defi nición, informalidad en sentido amplio debe incluir a la economía informal de los hogares, la economía oculta, la economía ilegal y a la economía formal que por problemas de cobertura estadística



no logra ser captada por el Censo Económico Nacional (señalado en la Figura 2 con línea punteada).

El propio esquema muestra el concepto de informalidad en sentido estricto, que comprende uno de los espacios de la informalidad en sentido amplio: la producción informal de los hogares.

Para lograr una medida cuantitativa de la informalidad, Caño-Guiral desarrolla una metodología cuyo desarrollo excede la lógica de este tra-bajo. Estima la informalidad en sentido amplio y en sentido estricto, en base a la Encuesta Continua de Hogares y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para poblaciones de Uruguay de 5.000 habitantes y más. Por decreto 218/005, se establece que las encues-

FIGURA 2EL ESPACIO DE PRODUCCIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA

ESPACIO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA

CAPTADO ESTADÍSTICAMENTE (Economía Observada)

NO CAPTADO DIRECTAMENTE POR LAS ESTADÍSTICAS

TRADICIONALES (Economía No Observada)

Producción de la economía captada

Producción oculta o subterránea

Producción ilegal

Producción informal de los

hogares

Producción de la economía formal no

captada

Fuente: Caño-Guiral (2005).



tas a partir de 2006 cubrirán la totalidad del territorio nacional, incluyendo las zonas rurales, con lo cual se ha extendido su cobertura geográfi ca. La cobertura a poblaciones de 5.000 habitantes y más deja fuera aproxima-damente al 20% de la población.

Los cálculos efectuados fueron por puestos de trabajo (personas ocupadas en la ocupación principal más personas ocupadas en la ocupación secun-daria) por un lado y en remuneraciones líquidas anuales correspondientes a los puestos de trabajo. La selección de remuneraciones líquidas en vez de remuneraciones nominales se hizo por razones de conveniencia y simpli-fi cación. En ambos casos, la información se relevó para poblaciones urbanas de 5.000 habitantes y más.

CUADRO 21PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA

Año 2007Localidades urbanas de 5.000 habitantes y más de Uruguay

Categoría de producción

TOTAL Porcentaje

Empleado privado +

cooperativasde

producción

Empleado público Patrón

Cuenta propia

sin local

Cuenta propia

conlocal

Trabajadoresno

remuneradosy categorías

sin especifi carPuestos de trabajo que aportan a la seguridad social

518.780 206.852 47.521 2.123 72.538 3.446851.260 64%

Puestos de trabajo que NO aportan a la seguridad social

208.786 09.795 74.592 177.891 14.912 485.976 36%

Total puestos de trabajo

727.566 206.852 57.316 76.715 250.429 18.358 1.337.236 100%

Fuente: Caño-Guiral, tesis doctoral (inédito), elaborado en base a datos de ECH e INE-CELADE (2005, proyecciones de población).

La informalidad en sentido amplio, entonces, alcanza según la autora a 36% en el año 2007. Esta cifra debe aumentarse en rigor en varios puntos, en la medida que el cálculo no incluye las localidades menores de 5.000 habitantes en las cuales, como prueba el cuadro siguiente, el peso de la



informalidad es mayor, por lo que el índice debe estar aproximadamente en el 40%.

CUADRO 22PERSONAS OCUPADAS DEL SECTOR PRIVADO NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD

SOCIAL, SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS

Grandes áreas geográfi cas % de no registro en la Seg. Social1. Total país 41,22. Montevideo 35,43. Total interior 45,6

3.1. Localidades de 5.000 hab. o más 47,53.2. Localidades de menos de 5.000 hab. 49,73.3. Zonas Rurales 32,5

Fuente: ENHA - INE

Quizás sin embargo importe más la estimación de la informalidad en sentido estricto, en la medida en que están comprendidos en esta categoría probablemente los grupos que necesitan una refl exión más profunda de medidas de política económica para mejorar su condición e integrarlos al circuito formal de la economía. Está conformada por el total de no asalariados no aportantes a la seguridad social, que ascienden a 277.190 puestos de trabajo (marcados con gris en el cuadro 21) y que corresponden al 20,73% del total de puestos.

El peso relativo de cada rama de la actividad económica como apor-tante o no a la seguridad social es muy variable, como se puede ver en el gráfi co siguiente. Sin duda en el caso de los empleados públicos es cero, pero en el otro extremo la casi totalidad de los cuentapropistas (97,23%) no aportan, así como más del 80% de los “Trabajadores no remunerados y categorías sin especifi car”. El 36,34% de los puestos de trabajo no hacen efectivos sus aportes.



GRÁFICO 7NO APORTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, SEGÚN CATEGORÍA DE LA OCUPACIÓN

(En porcentajes, año 2007)

28,70%17,09%

97,23%

71,03%81,23%

36,34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Empleadoprivado /

cooperativa deproducción

Patrón Cuenta propia sinlocal

Cuenta propiacon local

Trabajadores noremunerados ycategorías sin

especificar

Total

Fuente: elaboración propia, con datos del cuadro anterior.

El cuadro 23 muestra el peso relativo en remuneraciones líquidas que tiene cada grupo.

En el caso de las remuneraciones, la situación respecto a los puestos de trabajo cambia. El 36% de los que no realizan los aportes a la seguri-dad social representan retribuciones del 20%. Este resultado es lógico y previsible, dado que el perfi l del no aportante, como se desarrollará más adelante, corresponde a unidades económicas de menor tamaño.

El cuadro 24 muestra otra dimensión del fenómeno, a partir del cálcu-lo de las remuneraciones anuales promedio para cada rama de actividad económica.



CUADRO 23REMUNERACIONES LÍQUIDAS ANUALES CORRESPONDIENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO

POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA (en millones de $ corrientes)Año 2007. Localidades urbanas de 5.000 habitantes y más de Uruguay

Rama de actividad económica

TOTAL PorcentajeEmpleado privado +

cooperativasde producción

Empleado público Patrón

Cuenta propia

sinlocal

Cuenta propia

con local

Trabajadores no remunerados y categorías sin

especifi carRemuneraciones de puestos aportantes a la seguridad social

58.136 30.200 14.648 507 23.298 14 126.803 80%

Remuneraciones de puestos NO aportantes a la seguridad social

8.054 0 1.585 3.665 17.981 91 31.276 20%

Remuneraciones totales líquidas de puestos de trabajo

66.190 30.200 16.233 4.172 41.279 105 158.179 100%


CUADRO 24REMUNERACIONES LÍQUIDAS ANUALES PROMEDIO CORRESPONDIENTES A

LOS PUESTOS DE TRABAJO POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA(en millones de $ corrientes). Año 2007

Localidades urbanas de 5.000 habitantes y más de Uruguay

Rama de actividad económica

TOTAL PorcentajeEmpleado privado +

cooperativasde producción

Empleado público

Patrón Cuenta propia

sinlocal

Cuenta propia

conlocal

Trabaja-dores no remunerados y categorías sin

especifi carRemuneraciones promedio de puestos aportantes a la seguridad social

112.063 146.000 308.253 283.223 321.183 3.936148.960 80%

Remuneraciones promedio de puestos NO aportantes a la seguridad social

38.575 N/C 161.786 49.138 101.080 6.11164.563 20%

Remuneraciones totales líquidas de puestos de trabajo

90.974 146.000 283.223 54.391 164.834 5.703 118.289 100%


De este cuadro se deriva el gráfi co siguiente:



GRÁFICO 8REMUNERACIONES LÍQUIDAS ANUALES EN PROMEDIO. IMPORTANCIA POR RAMA DE

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CATEGORÍA(En $ corrientes, año 2007)

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Empleadoprivado /

cooperativa deproducción

EmpleadoPúblico

Patrón Cuenta propiasin local

Cuenta propiacon local

Trabajadoresno

remunerados ycategorías sin

especificar

Total

Rem.de puestos aportantes a la seguridad social Rem.de puestos de trabajo NO-aportantes a la seguridad socialRemuneraciones líquidas de puestos totales


Puede observarse que las remuneraciones más altas se encuentran en los trabajadores que realizan aportes y que trabajan por cuenta propia (con y sin local) o son patrones, con valores que en promedio superan o están muy próximos a los $ 300.000 líquidos anuales. Sin embargo, existe una enor-me disparidad si se atiende al universo de los que NO realizan aportes a la seguridad social: los trabajadores por cuenta propia sin local no llegan en promedio a una remuneración líquida anual de $ 50.000, casi la quinta parte de aquellos que sí realizan aportes. También existen diferencias importantes aunque no tan grandes en el grupo de los empleados privados o cooperativas de producción y en el de los trabajadores por cuenta propia con local, cuyas remuneraciones líquidas en el caso de los NO aportantes es aproximadamente de la tercera parte de la que obtienen los de la misma categoría que sí realizan aportes.



Para el conjunto de aportantes y no aportantes, quienes presentan ló-gicamente una mayor remuneración líquida anual son los patrones: casi el doble que los trabajadores por cuenta propia con local y los empleados públicos, que son quienes los siguen.

GRÁFICO 9RELACIÓN ENTRE APORTANTES Y NO APORTANTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Por rama de actividad económicaAño 2007

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Empleado privado / cooperativa de producción

Empleado Público

Patrón

Cuenta propia sin local

Cuenta propia con local

Trabajadores no remunerados y categorías sin especificar

Total

Relación aportantes/no aportantes


2. El perfi l del empleo informal en Uruguay.

Especifi car aunque sea a grandes rasgos el perfi l del empleo informal en Uruguay es fundamental a los efectos de trascender luego a las pro-puestas concretas de las medidas que pueden reducir la informalidad, ya sea a través de la administración de los costos o de otras medidas paliativas.

En lo que sigue, se comentará el perfi l de los informales respecto de su distribución geográfi ca, lugar de trabajo y características básicas (perfi l etario, antigüedad de la ocupación y educación, entre otras).



En todos los casos, los comentarios que se realizan se refi eren al empleo informal, no a la economía informal ni al sector informal. Es decir, se refi ere a las respuestas obtenidas fundamentalmente por el INE a la pregunta “¿Aporta a una caja de jubilaciones por este trabajo?” que se formula en la Encuesta Nacional de Hogares.

a. Distribución geográfi ca

El empleo informal es un fenómeno estructural, de raigambre nacional, pero más agudo en el interior urbano que en Montevideo. Como dijimos, no hay mediciones para el sector rural, donde es previsible que las tasas sean superiores:

CUADRO 25OCUPADOS NO REGISTRADOS EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN GRANDES ÁREAS

GEOGRÁFICAS (en porcentaje)Localidades de más de 5.000 habitantes

Grandes áreas geográfi cas 2001 2002 2003 2004 2005 2006Total país urbano 42,8 45,1 46,2 49,1 46,2 41,5Montevideo 35,8 37,2 38,0 42,4 38,7 35,4Interior urbano 50,9 54,2 56,8 56,8 54,4 47,5

Fuente: ENHA – INE.Hasta 2005 la pregunta formulada fue “¿Tiene derecho a la jubilación?”; a partir de 2006 se pregunta directamente por la aportación a la seguridad social.

La conclusión obvia, que también surge del estudio Herrera (2008), es que las mayores poblaciones ofrecen más oportunidades para la actividad empresarial y sin duda para la cultura de la formalización.

Otro paso que afi rma esta conclusión se puede dar al analizar los ocu-pados no registrados a la seguridad social por departamento:



CUADRO 26OCUPADOS NO REGISTRADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR DEPARTAMENTO

(en porcentaje). Año 2006

DepartamentoNo registados/Total ocupados

(1)

No registrados/Ocupados sin

empleados públicos (2)(2)/(1)

Total 35,0 41,2 1,18Montevideo 30,0 35,4 1,18Artigas 48,8 57,5 1,18Canelones 36,8 43,1 1,17Cerro Largo 49,5 59,6 1,20Colonia 31,1 35,3 1,14Durazno 39,0 49,2 1,26Flores 34,3 42,9 1,25Florida 33,3 40,3 1,21Lavalleja 34,8 42,4 1,22Maldonado 34,6 38,6 1,12Paysandú 33,7 39,8 1,18Río Negro 32,5 39,2 1,21Rivera 53,0 62,0 1,17Rocha 44,3 54,2 1,22Salto 42,5 49,1 1,16San José 38,8 44,4 1,14Soriano 39,9 42,8 1,07Tacuarembó 41,3 50,5 1,22Treinta y Tres 40,2 49,9 1,24

Fuente: elaboración propia, con datos de ENHA –INE.

Analizar las diferencias relativas a partir de una columna o la otra es más o menos equivalente: la diferencia entre los ocupados no registrados respecto al total de ocupados y respecto a los ocupados sin considerar a los empleados públicos, es promedialmente de 19% con no mucha variación entre los diferentes Departamentos, con el límite inferior en Soriano y límite superior en Durazno.

Lo importante a destacar es que los departamentos limítrofes con otros países presentan índices de informalidad superiores (Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, Salto y Treinta y Tres), con la única salvedad de que en este



grupo deberíamos agregar a Tacuarembó (seguramente con una lógica en buena medida similar sobre todo a Rivera, que es el que presenta el guarismo más alto, 62%) y Durazno.

b. Según lugar de trabajo

i. Tamaño de la empresa

La relación inversa entre productividad, efi ciencia y otros indicadores de gestión está plenamente demostrada a nivel de las MIPYMES (ver el ca-pítulo sobre MIPYMES de este trabajo). Esa hipótesis se confi rma además para el grado de no registro en la Seguridad Social: a menor tamaño de las unidades económicas, mayor tasa de no registro. Las diferencias entre los extremos, empresas unipersonales y empresas grandes, es enorme, como puede verse en el cuadro siguiente:

CUADRO 27PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD

SOCIAL SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS.Año 2006

Tamaño de la empresa(en personas ocupadas) Porcentaje de NO registro en la Seguridad Social

Total 41,21 73,1De 2 a 4 48,4De 5 a 9 28,0De 10 a 49 14,550 o más 5,2

Fuente: ENHA – INE.

ii. Lugar donde realizan las tareas

Naturalmente, los lugares de trabajo más “informales” son los que con-centran las mayores tasas de no registro en la Seguridad Social. Más del 80% de los que trabajan en su casa o en la calle y más de las ¾ partes de los que trabajan a domicilio no se han regularizado como trabajadores, mostrando entonces cuáles son los espacios que hay que atender más a



la hora de buscar cambiar estas situaciones. En el extremo opuesto están obviamente los trabajadores en lugar fi jo y curiosamente, aparece como valor mínimo el correspondiente a aquellas personas que trabajan en medios de transporte. Se ratifi ca además que el trabajo rural presenta una tasa de informalidad más baja que la media.


SOCIAL SEGÚN LUGAR DE TRABAJOAño 2006

Lugar de trabajo Porcentaje de NO registroa la Seguridad Social

Total(en personas ocupadas) 41,2

Establecimiento fi jo 25,3En su vivienda 81,0A domicilio 75,3En la calle, puesto fi jo 87,0En la calle, puesto móvil 47,6En la calle, desplazándose 55,5En un medio de transporte 23,2En un predio agrícola o marítimo 34,1


iii. Tipo de ocupación de los trabajadores

Clasifi cados según tipo de ocupación, los que aparecen con menor tasa de no registro son los empleados de ofi cina (11,4%) y los profesionales (17,7%). El máximo de no registro está en los trabajadores en ofi cios y artesanos (58%), incluyéndose en este grupo a buena parte de los micro-empresarios. Se encuentran también valores cercanos al 50% de no registro en los trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados y en los trabajadores no califi cados (49,9%).

Puede aparecer como curioso que en el grupo 1, personal directivo y miembros de los poderes públicos, el valor sea tan alto como aparece en el cuadro siguiente (37,1%). Hay que considerar sin embargo que los microempresarios también tienen un alto peso en este grupo, que como



se señaló en otro capítulo de este trabajo y se detectó en Herrera et al. (2008), poseen altas tasas de informalidad.

CUADRO 29PERSONAS OCUPADAS SECTOR PRIVADO NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL

SEGÚN TIPO DE OCUPACIÓNAño 2006

Tipo de ocupación Porcentaje de no registroa la Seg. Social

Total 41,21. Personal directivo de empresas 37,12. Profesionales, científi cos e intelectuales 17,73. Técnicos y profesionales de nivel medio 30,54. Empleados de ofi cina 11,45. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 49,86. Agricultores y trabajadores califi cados agropecuarios y pesqueros 42,17. Ofi ciales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros ofi cios 58,08. Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 22,39. Trabajadores no califi cados 49,9


3. Características de los trabajadores no registrados

a. Perfi l etario

Tanto las personas más jóvenes como las mayores presentan los más al-tos valores de no registro a la Seguridad Social, como puede verse en el cuadro 30.

La explicación para ambos quizás resida en la difi cultad tanto para insertarse en el mercado de trabajo (los jóvenes) como para mantener un nivel digno de ingreso compatible con la renuncia a la jubilación (los mayores).

Para los jóvenes (menores de 20 años), la investigación del INE des-cartó empíricamente la hipótesis de la asociación entre empleo informal y asistencia a un centro educativo. Curiosamente, los que asisten a centros



educativos presentan una tasa de informalidad más alta que aquellos que no concurren, quizás explicada por el hecho de que concurrir a centros de estudios formales implica una dedicación horaria que limita la posibilidad de contratos de trabajo de jornada normal. Es decir, aquellos que también trabajan deben optar por ocupaciones más informales, limitadas a algunas horas por día o por semana.

Aquellos jóvenes de 20 años que no están registrados en la Seguridad Social tienen en promedio una jornada de trabajo mucho menor que los registrados: algo menos de 30 horas por semana contra más de 43.

CUADRO 31PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO MENORES DE 20 AÑOS NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN ASISTENCIA A CENTROS EDUCATIVOS Y JORNADA DE

TRABAJO SEMANALAño 2006

Asistencia a centro educativo

Porcentaje de NO registro a la Seg. Social

Horas habituales de trabajo de los NO

registrados

Horas habituales de trabajo de los SÍ

registradosTotal 75,5 29,0 43,3SÍ 80,5 21,5 37,7NO 72,9 33,4 45,4


CUADRO 30PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO NO REGISTRADAS

EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN TRAMOS DE EDADESAño 2006

Tramos de edades Porcentaje de no registro a la Seg. SocialTotal 41,214 a 19 75,520 a 29 39,130 a 39 35,640 a 49 36,550 a 59 38,560 a 64 46,365 a 69 63,270 y más 72,9




Es notorio en las cifras de la ENHA que después de los 60 años la informalidad aumenta progresivamente y se comprueba además que son más los jubilados que trabajan sin registro (como una forma de lograr un ingreso suplementario).

CUADRO 32PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO MAYORES DE 65 AÑOS NO REGISTRADAS

EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN CALIDAD DE JUBILADOS O NO Y JORNADA DE TRABAJO SEMANALAño 2006

Jubilado o no Porcentaje de no registro a la Seg. Social

Horas habituales de trabajo de los NO registrados

Horas habituales de trabajo de los SÍ registrados

Total 67,2 29,0 42,5SÍ 83,0 27,0 36,0NO 54,6 31,4 44,4

Fuente: ENHA - INE.

b. Perfi l por sexo

Prácticamente en todo tipo de comparación, el no registro en la Seguridad Social es mayor para el caso de las mujeres que para los hombres.

A nivel de zonas geográfi cas, mientras la diferencia en todo el país es de un 42,7% de mujeres no registradas en la Seguridad Social contra 40,1% de hombres, se encuentra que en Montevideo casi no hay diferencias por sexos mientras que en el interior es de cinco puntos porcentuales. Esa distancia se hace mayor aún en las localidades de menos de 5.000 habi-tantes, en las que las mujeres no registradas representan casi ocho puntos porcentuales más que los hombres. En las zonas rurales es similar para ambos sexos.




SOCIAL SEGÚN ÁREAS GEOGRÁFICAS, POR SEXO. Año 2006

Grandes áreas geográfi casPorcentaje de no registro a la Seguridad Social

Hombres MujeresTotal 40,1 42,7Montevideo 35,2 35,7Total interior 43,4 48,8 Localidades de más de 5.000 hab. 45,5 50,2 Localidades de menos de 5.000 hab. 46,9 54,7 Zonas rurales 32,1 33,3


Por tamaño de la empresa, no hay diferencias apreciables en el no registro en la Seguridad Social entre ambos sexos.

Por categoría de actividades donde se realiza el trabajo (Clasifi cación Internacional Uniforme, CIIU rev. 3) se puede encontrar que hay algunas de ellas donde quizás por la actuación más accidental o esporádica de las mujeres, el no registro es mayor. En las categorías de actividades “esta-blecimiento fi jo”, “a domicilio” y “en predio agrícola o marítimo” (sobre todo en esta última) es donde el no registro masculino es mayor.


SOCIAL SEGÚN LUGAR DE TRABAJO, POR SEXO. Año 2006

Lugar de trabajoPorcentaje de no registro a la Seguridad Social

Hombres MujeresTotal 40,1 42,7Establecimiento fi jo 52,3 24,0En su vivienda 81,0 82,4A domicilio 75,3 71,1En la calle, puesto fi jo 87,0 89,2En la calle, puesto móvil 47,6 57,8En la calle, desplazándose 55,5 69,8En un medio de transporte 23,2 25,0En un predio agrícola o marítimo 34,1 24,8

Fuente: ENHA - INE



Si se analiza por sector de actividad, el sector que nuclea entre otros al servicio doméstico se destaca por la alta feminización del no registro y en la comparación, se separa mucho del no registro masculino (65,7% contra 34,9%) y también lo hace bastante la actividad “servicios sociales y de salud”, lo que es lógico y también se ratifi ca cuando se analiza por actividad de las empresas (Clasifi cación Internacional Uniforme de Ocu-paciones 88, CIUO 88), ya que se halla que el grupo 7 y 9, en los cuales se incluyen las actividades de construcción, modistas y servicio doméstico, el porcentaje de no registro en la Seguridad Social es mucho más alto en las mujeres que en los hombres.


SOCIAL SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD, POR SEXOAño 2006

Lugar de trabajoPorcentaje de no registro a la

Seguridad SocialHombres Mujeres

Total 40,1 42,7Agricultura, ganadería, caza y silvicultura; pesca; explotación de minas y canteras

36,1 25,3

Industrias Manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua 32,6 45,9Construcción 61,6 -Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; Hoteles y Restoranes16,2

45,5 46,0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 25,4 18,7Intermediación fi nanciera; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler

36,9 18,7

Enseñanza 26,0 26,3Servicios sociales y de salud 10,2 18,6Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y actividades similares; organizaciones y órganos extraterritoriales

51,6 50,4

Hogares privados con servicio doméstico 63,0 65,7Fuente: ENHA – INE.

Por edades, mientras no se encuentran diferencias para los tramos más jóvenes, incluso hasta los menores de 39 años, en los tramos de más edad (los mayores de 60 años) el desamparo femenino es mayor al presentar



porcentajes de no registro más altos y crecientes en la medida en que se avanza en el tramo de edades.


SOCIAL SEGÚN EDADES, POR SEXOAño 2006

Lugar de trabajoPorcentaje de no registro a la Seguridad Social

Hombres MujeresTotal 40,1 42,714 a 19 76,1 74,620 a 29 38,7 39,630 a 39 34,7 36,840 a 49 33,9 39,650 a 59 35,8 41,960 a 64 43,6 50,065 a 69 60,3 67,670 y más 68,7 80,5


Desde el punto de vista del nivel educativo, no hay diferencias marca-das en el no registro a la Seguridad Social entre un nivel y otro, siendo sistemáticamente algo más alto el no registro en las mujeres que en los hombres, acompañando la distribución total.

c. Categoría de la ocupación

El análisis del no registro por categoría de la ocupación proporciona quizás las “pistas” más relevantes para diseñar las acciones de política económica que atiendan al amortiguamiento de la informalidad.

Existen algunas categorías que se destacan por encima de otras por los valores muy altos. En particular, el grupo de “trabajadores por cuenta propia sin local ni inversión” presenta un porcentaje de no registro del 93,6%, lo que estaría revelando que solo muy marginalmente los traba-jadores de esta categoría atienden a su regularización, evidenciando que hay que concentrarse en ellos. También los “cuentapropistas” con local



o inversión (66,8%) y los miembros del hogar no remunerados (63,4%) muestran porcentajes elevados, bastante por encima de la media del 41,2%. Estas cifras relevadas por el INE (2007) son perfectamente congruentes con aquellas que proporciona Caño-Guiral (2009) y que mencionamos antes en este capítulo, ratifi cando la lógica de aquellos cálculos para el año 2007.


SOCIAL SEGÚN CATEGORÍA DE LA OCUPACIÓNAño 2006

Categoría de ocupación Porcentaje de no registro a la Seg. Social

Total 41,2Asalariado privado/cooperativas de producción 28,7Patrón 14,7Cuenta propia sin local ni inversión 93,6Cuenta propia con local o inversión 66,8Miembro del hogar no remunerado 63,4


El cálculo del peso de cada categoría de ocupación fue actualizado en Caño-Guiral (2009) tal como se mencionó antes en este capítulo. Puede observarse en el gráfi co 10 la evolución entre un año y otro del peso de cada categoría.

d. Antigüedad en el empleo

La ENHA concluye a partir de la encuesta que la informalidad es decre-ciente con la mayor antigüedad en el empleo, afi rmación que se alinea con Herrera et al. (2008), que como señalamos antes encuentra que hay una relación directa en las empresas entre antigüedad y formalidad. Frecuen-temente, sobre todo en empleos poco califi cados, se comienza a trabajar como informal en algo así como un “período de prueba” que impone la empresa. En algún momento, la lógica de formalización, la antigüedad y la presión del empleado prevalece y se procede a registrarlo.



Se mantiene, a todo nivel de antigüedad en el empleo, que los por-centajes de empleo informal en el interior del país son más altos que en Montevideo.


SOCIAL SEGÚN ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEOAño 2006

Antigüedad en el empleo (meses)Porcentaje de NO registro a la Seguridad SocialTotal Montevideo Interior

Total 41,2 35,4 45,60 a 3 63,9 57,1 68,14 a 6 50,3 43,2 55,27 a 12 44,1 37,6 49,513 a 24 43,6 37,6 48,525 a 36 41,1 35,8 45,337 y más 33,6 28,9 37,1


GRÁFICO 10COMPARACIÓN 2007 versus 2006 DE PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO

POR CATEGORÍA NO REGISTRADAS EN LA SEGURIDAD SOCIALN

o re

gist

ro

Año 2007 Año 2008

Fuente: para 2006 (línea continua) ECHA – INE; para 2007 (línea punteada) Caño-Guiral (2009).



e. Nivel educativo

Se constata por el INE una relación directa entre el nivel educativo de los trabajadores y el registro a la Seguridad Social.

CUADRO 39PERSONAS OCUPADAS EN EL SECTOR PRIVADO NO REGISTRADAS

EN LA SEGURIDAD SOCIAL SEGÚN NIVEL EDUCATIVOAño 2006

Nivel de instrucción Porcentaje de NO registro a la Seg. SocialTotal 41,2Sin instrucción 73,0Educación Primaria 53,8Ciclo Básico 47,3Bachillerato 32,9Terciaria 18,7


Si se analiza la composición de la población ocupada registrada en la Seguridad Social según su nivel educativo, puede observarse claramente que a nivel de Bachillerato o más el registro prevalece sobre el no registro y el fenómeno inverso aparece en los menores niveles de educación.

CUADRO 40DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR PRIVADO SEGÚN REGISTRO

EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y NIVEL EDUCATIVOAño 2006

Nivel educativoRegistro a la Seguridad Social

Total SÍ NOTotal 100,0 100,0 100,0Sin instrucción 0,6 0,3 1,1Educación Primaria 31,2 24,5 40,7Ciclo Básico 26,2 23,5 30,1Bachillerato 26,2 29,9 20,9Terciaria 15,8 21,9 7,2




f. Evasores según el BPS y la DGI

El BPS lleva a cabo regularmente estudios para estimar la evasión y las características de los evasores. Las defi niciones a las que se atiene el or-ganismo son (BPS, 2003):

► Trabajadores formales (o cotizantes): personas que en su desempeño laboral cumplen con la totalidad de las reglamentaciones o con aquellas que se consideran las principales o las pertinentes. Es el concepto opuesto a informales o evasores, que los maneja como sinónimos:

► Trabajadores informales o evasores: aquellos trabajadores activos que no realizan los aportes correspondientes al BPS.

El perfi l de los evasores ha sido analizado en varios trabajos que se re-sumen en los boletines del BPS. Las características principales detectadas en BPS (2004, 2003) han sido:

► Casi el 95% son trabajadores con un solo empleo y dentro de esta categoría, la mayor parte son hombres.

► En el caso de varios empleos, la relación se invierte aunque levemente, siendo mayor el porcentaje de mujeres evasoras (10% versus 8,7%).

► Respecto a la categoría de la ocupación, en el caso de ocupación principal se reparten aproximadamente por mitades entre “traba-jadores por cuenta propia” y “empleados u obreros privados”. En la ocupación secundaria, adquiere más relevancia “trabajadores por cuenta propia”, superando en algo los 2/3.

► No llama la atención que con respecto al tipo de ocupación pre-domine “trabajadores no califi cados” (30%), y dentro de este tipo “personal doméstico y afi nes” seguido por “ofi ciales, operarios y artesanos de artes mecánicas” y “ofi ciales y operarios de la construc-



ción de obra gruesa”. Sin embargo, cuando se trata de ocupaciones secundarias, adquiere relevancia “profesionales, científi cos e inte-lectuales” (56,4%).

► Por rama de actividad, los puestos evasores se concentran en pri-mer lugar en “servicios comunales, sociales y personales”, tanto en la ocupación principal como secundaria. A esta rama le sigue el “comercio”, predominando además dentro de los servicios “hogares privados con servicio doméstico”.

► Se confi rma en los estudios del BPS que la evasión es un fenómeno más típico de las microempresas que de otro tipo de organizaciones de mayor tamaño: los establecimientos con un solo empleado son los más evasores (60%), seguidos por aquellos que tienen entre dos y cuatro empleados (20%).

► Según tenencia de hogar, la evasión del jefe de hogar es menor en aquellos que son propietarios.

► En función de las características del hogar, las condiciones más humildes muestran mayores índices de evasión, lo que se remarca cuando se trata de situación de hacinamiento o similar (familias que viven en cuarto de casa o apartamento).

► En la misma línea de la observación anterior se encuentra la exis-tencia de objetos de confort: en la medida que hay menor presen-cia de ellos o de objetos de comunicación e información (teléfono, comunicación por Internet, televisión), mayor es el índice de eva-sión.

► Por edades, los evasores son más jóvenes que el hogar promedio general, adquiriendo enorme importancia el peso de los menores de 14 años en los hogares evasores. También es más importante que la media de la población la evasión en menores de 29 años y en mayores de 60.



► Respecto al estado conyugal al interior de los hogares evasores, es más importante el peso de las uniones libres y en menor medida los divorciados, separados y solteros. Los casados son los que presentan un menor perfi l de evasores.

En lo que respecta a la evolución de la evasión al IVA, que puede ser tomado como un índice interesante y bastante descriptivo de la conducta más general, el estudio DGI (2008) revela que la tasa de evasión alcanzó un máximo de 35,6% en el año 2002 y un mínimo de 24,2% en 2007, con un promedio de 29,1% en dicho quinquenio.

La metodología seguida para el cálculo de la evasión es indirecta, a través del método del consumo. Consiste en estimar la recaudación potencial, en base a información de las Cuentas Nacionales del BCU, y comparar el resultado con la recaudación efectiva. La recaudación potencial surge de calcular aquello que se obtendría si todos los contribuyentes que están obligados legalmente hicieran efectivo el pago de sus impuestos. En el caso del IVA, el método del consumo determina la recaudación potencial teniendo en cuenta los pagos de IVA no deducible. El IVA no deducible se origina en el consumo fi nal de bienes y servicios gravados y en la compra de bienes y servicios gravados que se utilizan como insumos intermedios o bienes de inversión en la producción de bienes y servicios exentos.

La tasa de evasión, entonces, surge de aplicar la fórmula:

(IVA Pt – IVA Et) Evasión IVA tTasa de evasión = ______________ = ____________ IVA Pt IVA Pt

Donde

IVA Pt: recaudación potencial de IVA en el período tIVA Et: recaudación efectiva de IVA en el período t

La evolución del indicador en ese período ha sido decreciente desde el año 2004, tendencia que se acentúa en 2005; en dicho año la tasa ex-



perimenta una fuerte reducción y alcanza su nivel mínimo del período en 2007. Destaca el estudio de la DGI que la tasa de evasión descendió 32% en el período de análisis.

GRÁFICO 11TASA DE EVASIÓN EN EL IVA

Años 2000 a 2007

24,20%

26,30%26,30%

33,60%33,40%

35,60%

32,10%

30,60%

24%

26%

28%

30%

32%

34%

36%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: DGI (2008).

Entre otros factores explicativos, se destaca además de los cambios específi cos en el propio impuesto, la incidencia de la evolución económi-ca y las medidas de control tributario. Sobre la primera relación, la que vincula evasión con la evolución económica, constata la DGI la relación inversa entre crecimiento económico y evasión impositiva, revelando un comportamiento anticíclico de los contribuyentes considerados como evasores, como puede verse en el gráfi co 12.



GRÁFICO 12EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EVASIÓN Y DEL PBI

Años 2000 a 2007

Tasa de evasión PBI

10096,6

90,4

93,9 94,3

86,1

74 73,868

86 87,8

98,2

104,7

112

120,4

Fuente: DGI (2008).

Complementario a este fenómeno de carácter exógeno, el otro factor que incide es la gestión de la ofi cina recaudadora.

En rigor, no tiene por qué haber relación fuerte entre el impacto de la gestión de la ofi cina recaudadora y controladora y la tasa de evasión: no siempre que la efi ciencia aumenta la evasión disminuye, y viceversa.

Entiende la DGI que su gestión en el período ha sido destacada en el rol de contralor, en la medida que entiende que los contribuyentes perciben mayor riesgo en una conducta evasora, aunque quizás la evolución no ha sido la esperada: por ejemplo en 2006 no acompañó con igual ritmo la baja de la evasión al crecimiento económico, lo que podría explicarse por una conducta de los contribuyentes expectante en cuanto a la entrada en vigencia del nuevo sistema tributario. Sin embargo, en 2002 parece mos-trarse en el gráfi co 13 que la gestión de la DGI contrarrestó en buena medida el peso negativo de la crisis.



GRÁFICO 13EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EVASIÓN Y DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA

EN LA GESTIÓN DE LA DGIAños 2000 a 2007

Tasa de evasión PBI

100 100,3 101,6104,4

108,6113,8

119,5125

90,493,9 94,3

86,1

74 73,868

Fuente: DGI (2008).

En el punto siguiente de este trabajo se analizarán los costos de la formalidad en Uruguay.


[111]

5.LOS COSTOS DE LA FORMALIDAD

EN URUGUAY

El primer punto al analizar costos de las empresas en lo referente a la formalidad es diferenciar dos tipos: los costos de legalización y los cos-tos de legalidad. Los costos de legalización se refi eren a los egresos que el empresario debe enfrentar cuando legaliza su empresa. Es decir, son los costos en que el empresario debe incurrir para formalizar (y de esta ma-nera, legalizar) su actividad.

Los costos de legalidad son los gastos que el empresario debe afrontar recurrentemente por ser legal. Incluyen tanto los costos directos, tales como impuestos, tasas y contribuciones, como los costos indirectos relacionados a la gestión administrativa y fi scal. Desarrollaremos en detalle más adelante cada uno de estos y los componentes fundamentales que se encuentran comprendidos en cada grupo.

En la primera parte de este capítulo identifi caremos los costos de le-galización y en la segunda parte los costos de legalidad.

PARTE I. COSTOS DE LEGALIZACIÓN

Se incluyen en este grupo los gastos en que el empresario debe incurrir al inicio para legalizar su empresa. Es decir, los costos aquí comprendidos se abonan una sola vez, normalmente al principio de la actividad de la empresa.

En primer lugar se analizarán los costos de constitución de una empresa o razón social, para luego focalizarnos en los costos relacionados a las inscripciones en los organismos del Estado, así como en la obtención de habilitaciones varias.



1. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Cuando los empresarios quieren legalizar su actividad económica, deben resolver qué razón social adoptar, paso previo imprescindible para cons-tituir una empresa formalmente. Una de las modalidades más difundidas es la constitución de empresas unipersonales, no sociedades unipersonales dado que no existen socios.

La Ley 16.060 de Sociedades Comerciales, promulgada a fi nes de 1989 y que sustituyó a las normas que establecía el Código de Comercio y dis-posiciones concordantes, establece que “habrá sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o jurídicas se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada, con el fi n de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca”. Por lo expuesto, las empresas unipersonales no pueden ser catalogadas como sociedades comerciales.

Existen distintas formas jurídicas susceptibles de adoptar por parte de los empresarios. Las principales razones para la elección de una forma jurídica son:

• La responsabilidad del o los integrantes de la empresa, es decir, si estos responden con sus bienes propios frente a las obligaciones de la sociedad, o no.

• La responsabilidad por la administración de la empresa.

• La posibilidad por parte de los reales dueños de la empresa de per-manecer en el anonimato.

• Los costos involucrados para la apertura de la empresa.

• La mayor o menor facilidad en términos de tiempo para la consti-tución de la empresa.

• El grado de apertura a nuevos capitales y socios.


5. LOS COSTOS DE LA FORMALIDAD EN URUGUAY 113

Las distintas formas jurídicas que se pueden encontrar –cuya elección es función de los puntos anteriores– son las siguientes:

• Empresa unipersonal• Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.)• Sociedad anónima (S.A.)• Sociedades colectivas• Sociedades en comandita simple• Sociedades de capital e industria• Sociedades en comandita por acciones

Con excepción de la empresa unipersonal, la cual no es una sociedad de acuerdo a lo arriba puntualizado, el resto de las sociedades detalladas están reguladas por la Ley de Sociedades Comerciales.

1.1. EMPRESAS UNIPERSONALES

Se caracterizan por tener un único titular o dueño, el cual responde ilimita-damente con todo su patrimonio personal en caso de quiebra o disolución.

Evidentemente en este tipo de empresas no es posible que el dueño real permanezca en el anonimato, puesto que el nombre de la razón social obedece a los dos apellidos y dos nombres del titular. La administración de la empresa recae sobre el titular.

Puesto que la constitución de una empresa unipersonal no exige la elaboración de un contrato ni de estatutos, este tipo de razón social es la que involucra menos tiempo e inferiores costos para su apertura. A estos efectos, se debe inscribir la empresa en DGI y BPS –trámite unifi cado para ambos organismos– presentando los formularios correspondientes, en los que debe detallarse fundamentalmente los datos del dueño, domicilio fi scal y constituido y giro de actividad, documento de identidad del titular y constancia de domicilio. El único costo para la apertura de la empresa ante estos organismos es el de dos timbres profesionales –del orden de los U$S 3,5 cada uno a la fecha de este documento– y un certifi cado notarial,



con un costo aproximado de U$S 40, en caso de que el titular no cuente con una constancia de domicilio (que se refi ere a una factura por servicios de entes públicos a su nombre).

Posteriormente y en un plazo de 10 días contados desde la inscripción en DGI y BPS, se debe realizar la inscripción de la empresa en el MTSS, lo que a partir del año 2008 no tiene costo. Anteriormente, el MTSS cobraba 2 UR en la inscripción de empresas y en las renovaciones anuales 2 UR por cada 20 empleados que la fi rma tuviese. Ambos cargos, tanto el inicial como la renovación, se exoneraron, representando un alivio signifi cativo fundamentalmente para las MIPYMES.

Es importante puntualizar que, contrariamente a lo que popularmente se piensa, las empresas unipersonales pueden emplear tantos trabajadores como lo deseen. Es decir, no existe un límite o tope de trabajadores a contratar por parte de empresas unipersonales.

Por último, el ingreso de nuevos socios y capitales se encuentra cerrado para este tipo de empresas. En caso de nuevos socios al negocio, la opción más similar y de menor costo es abrir una sociedad de hecho donde fi guren todos los socios.

1.2. SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En estas empresas la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado efectivamente a la sociedad. La Ley 16.060 establece que: “en las sociedades de responsabilidad limitada el capital se dividirá en cuotas de igual valor, acumulables e indivisibles, que no podrán ser representadas por títulos negociables”. Sin perjuicio de esto, el código tributario esta-blece que los socios de las S.R.L. son responsables solidariamente por el no pago del Impuesto a la Renta.

Para la inscripción de este tipo de empresas es necesario la constitución de un contrato social que debe contener como mínimo la denominación, el giro, nombre y aportes (participación) de los socios, nombramiento



de administrador o administradores, distribución de tareas y fi jación de criterios para la distribución de resultados. El contrato social debe ser re-dactado y fi rmado por Escribano Público, inscripto en el Registro Público y General de Comercio y se deben realizar las publicaciones del mismo en el Diario Ofi cial y otro de la capital.

El trámite del contrato social tiene una demora de pocos días y con las publicaciones se puede comenzar a operar con la sociedad. El costo aproxi-mado entre honorarios notariales, publicaciones y timbres es de U$S 300.

Una vez que se tiene el contrato social inscripto y aprobado, es ne-cesario proceder a la inscripción de la sociedad en DGI, BPS y MTSS con un trámite similar en términos de requisitos y tiempos a lo detallado para las empresas unipersonales (se debe proporcionar a los dos primeros organismos copia del contrato).

Respecto al ingreso de nuevos socios o cambios en la constitución de socios, en este tipo societario se pueden comercializar las cuotas sociales para permitir que nuevos socios se incorporen a la empresa.

1.3. SOCIEDADES ANÓNIMAS

En las sociedades anónimas la responsabilidad de los propietarios –deno-minados accionistas– es limitada al capital integrado a la sociedad. De ahí que, al igual que en las S.R.L., en la denominación se exige expresamente especifi car el tipo societario.

Este tipo de naturaleza jurídica permite que los reales dueños de la empresa, los accionistas, puedan permanecer en el anonimato si las ac-ciones son al portador; en caso de que las acciones sean nominativas es similar a las S.R.L.

Las S.A. deben nombrar un directorio (que puede estar constituido por una única persona), quien es el representante de los accionistas y admi-nistrador de la sociedad. El código tributario establece, en forma similar



a lo mencionado para los socios de la S.R.L., que los directores de S.A. son solidariamente responsables por el no pago del Impuesto a la Renta.

La creación de una S.A. comienza con la redacción de los estatutos de la sociedad por parte de un Escribano Público e involucra la aprobación de los mismos por parte de la Auditoría Interna de la Nación y la inscrip-ción en el Registro Público y General de Comercio y publicaciones en el Diario Ofi cial y otro diario de la capital.

El trámite total de constitución de una S.A. insume aproximadamente unos cinco meses. Sin embargo, la modalidad más difundida para operar con este tipo de naturaleza jurídica es a través de la compra de una sociedad ya formada a un estudio de profesionales, lo que evita el costo de tiempo y especialización que requiere esta tarea y permite de esta forma disponer de la empresa de inmediato. La única diferencia entre formar la empresa o comprarla a un estudio radica en que en la segunda de las opciones no es posible elegir un nombre propio sino uno de una lista arbitraria de nombres de sociedades constituidas por el estudio contable.

En ambos casos, la realización del trámite por los titulares o la compra a un estudio profesional especializado, el costo es de aproximadamente U$S 2.000 para capitales estándares. En el año 2006 se promulgó la Ley 17.904 que establece que los directores de las S.A. se deben registrar ante el Registro Público y General de Comercio. Dicho trámite tiene un costo de aproximadamente U$S 120 incluyendo honorarios notariales, publicaciones y timbres.

Sin duda alguna la S.A. es el tipo societario que tiene más fl exibilidad en términos de ingreso de nuevos dueños y capitales a la sociedad, así como en la redistribución en la participación entre accionistas existentes.

A nivel de liquidación del Impuesto a la Renta y como se expondrá más adelante, la S.A. no puede liquidar sus rentas en forma fi cta, ya que obligatoriamente debe llevar contabilidad. La conclusión es entonces que así como tiene más fl exibilidad en algunos aspectos, es una forma jurídica



que fi scalmente tiene menos fl exibilidad y eventualmente mayores costos fi scales.

1.4. OTRAS FORMAS JURÍDICAS ADOPTADAS

Relevamientos realizados a estudios contables tanto de la capital como en el interior evidenciaron que en la actualidad la mayoría de los empresarios optan por empresas unipersonales, por razones de costos y simplicidad, y en caso de hacerlo por S.A., los principales motivos son agilidad en tiempos (en su mayoría se adquieren ya formadas) y por ser una forma jurídica que tiene la prestación del anonimato y la posibilidad de dividir el capital (vía las acciones).

Los informantes señalaron también que las S.R.L. no se estarían em-pleando en forma tan frecuente como en el pasado, dado que para micro y pequeños empresarios que no necesitan proteger su capital personal traen aparejados costos de constitución superiores a los de las empresas unipersonales. Cuando el empresario ya quiere optar por una estructura que le otorgue mayor protección y/o tiene socios en el emprendimiento, usualmente resuelven adquirir a un estudio de profesionales sociedades anónimas ya constituidas.

Es muy frecuente en las micro y pequeñas empresas que cuando dos o más socios quieren formar una empresa y por razones de costos no quieran constituir una S.R.L. o adquirir una S.A., opten por la situación en que uno de ellos se erige en el titular de una empresa unipersonal y el o los otros socios fi guran como empleados. Lo único que las normas prevén es que el cónyuge del titular de una empresa unipersonal pueda prestar servicios en la empresa con cierto tratamiento fi scal y de seguridad social.

Otra alternativa, y sin duda la forma más económica de operar cuando existen dos o más socios, es constituir una sociedad de hecho. En la práctica una sociedad de hecho es como la suma de varias empresas unipersonales. Es, en defi nitiva, similar a una S.R.L. pero sin contrato social que regule la relación societaria.



Las sociedades colectivas y las en comandita por acciones son fi guras legales que están en desuso aunque la Ley 16.060 las consagra y regula especí-fi camente.

A nivel de las micro y pequeñas empresas prevalecen las empresas uniper-sonales, seguidas de las sociedades de responsabilidad limitada y en tercer lugar las sociedades anónimas. Por ese motivo seguidamente nos expla-yaremos respecto de estas tres formas jurídicas y por último brindamos breves comentarios sobre el resto de las alternativas.

El siguiente cuadro muestra la cantidad de empresas activas en la DGI por naturaleza jurídica.

CUADRO 41CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN NATURALEZA JURÍDICA11

Naturaleza Jurídica Cantidad de empresas PorcentajeEmpresa Unipersonal 257.766 69%Sociedad Anónima 62.100 17%Soc. Responsabilidad Limitada 22.820 6%Sociedad de Hecho 9.782 2,6%Otras Naturalezas Jurídicas 10.092 2,8%

Fuente: datos a marzo de 2009 proporcionados por la DGI.

Surge del análisis del cuadro 41 la conclusión de que la gran mayoría de las empresas son constituidas como unipersonales. No es razonable suponer que ello no es aun más acentuado en las MIPYMES. Si tene-mos en cuenta además que el 69% de las formas jurídicas son empresas unipersonales y que casi 3% son sociedades de hecho (que en defi nitiva responden a una estructura muy similar), nos encontramos con que casi las tres cuartas partes de las empresas en nuestro país no solo son de carácter personal sino también, con responsabilidad ilimitada por parte de sus titulares.

11. La cantidad de empresas del cuadro no coincide con varios totales presentados en cuadros del capítulo 2, en la medida en que las fuentes difi eren: DGI en el Cuadro 41 e INE u otros en el capítulo 2. El motivo de las diferencias quizás sea, entre otros, que la DGI incluye Rurales y también considera como activas a empresas que hayan tenido movimientos hasta tres años después del último movimiento, lo cual implica una cifra superior del INE respecto a la DGI.



2. INSCRIPCIONES Y HABILITACIONES ANTE ORGANISMOS

2.1. DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA (DGI) Y BANCO DE PREVISION SOCIAL (BPS)

Desde hace aproximadamente cuatro años, la DGI y el BPS tienen ventani-lla única para la gestión de inscripción de empresas así como para distintos trámites ante ambos organismos. Como consecuencia de la unifi cación del trámite, las inscripciones de empresas han ganado en agilidad.

El trámite de inscripción se realiza en el día, y una vez fi nalizado el contribuyente obtiene su número de Registro Único Tributario (RUT, antes RUC) por parte de la DGI y el número de empresa por parte del BPS.

Los costos de inscripción de una empresa unipersonal o una S.R.L. son de dos timbres profesionales por valor aproximado de U$S 3,50 cada uno. A esta suma hay que adicionarle los honorarios por gestoría de un estudio contable o de un gestor, que se sitúan en promedio entre los U$S 40 y U$S 50 por el trámite completo (incluyendo gestión en el MTSS) y para el caso de las S.R.L. el agregado es un certifi cado notarial que contenga la certifi cación de fi rmas, giro y domicilio fi scal y constituido, cuyo costo es del entorno de los U$S 40.

Respecto a la inscripción de una S.A. y asumiendo que se trata de una sociedad ya formada e inscripta ante DGI y BPS, el costo es el mis-mo puesto que se debe realizar una modifi cación en el directorio, giro y domicilio fi scal y constituido, para lo cual son necesarios los mismos timbres profesionales. Además, este trámite de modifi cación debe estar acompañado de certifi cado notarial con similar contenido y costo que el mencionado para las S.R.L.

Es frecuente que el costo por la compra de una S.A. a un estudio con-table incluya tanto los costos en timbres y certifi cados notariales, como el trámite ante DGI y BPS de cambiar el directorio, el giro y los domicilios.



2.2. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Desde poco tiempo después que la DGI se trasladó a su nuevo edifi cio, existe una ofi cina del MTSS que se ocupa de la inscripción de empresas. Esta ofi cina del MTSS para inscripción de empresas sumada a la ventanilla de la DGI y BPS ha dotado de mucha agilidad al trámite en su conjunto. El resto de las gestiones (renovaciones de planillas, presentación de com-plementarias, etc.) se siguen realizando en el edifi cio central del MTSS en la Ciudad Vieja.

Como fue antes mencionado, a partir del segundo semestre de 2008 el MTSS no cobra por la inscripción de empresas (es decir por la obtención de la Planilla de Trabajo) ni por la renovación anual de la misma. Ante-riormente, el costo de inscripción de una empresa en el MTSS era de 2 Unidades Reajustables (UR) por cada veinte empleados.

El trámite de inscripción de una empresa en el MTSS consiste en presentar las inscripciones de la fi rma en DGI y BPS y se obtiene en el día. Las renovaciones anuales, que deben realizarse en función de un ca-lendario por rubro de actividad, se pueden enviar por Internet mediante un software proporcionado por el MTSS.

2.3. BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO (BSE)

En Uruguay el BSE conserva el monopolio sobre los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

El seguro de accidentes es obligatorio y es usualmente realizado por un corredor de seguros. El trámite de inscripción de la empresa ante el BSE se debe hacer luego que la misma fue registrada en DGI y BPS y a partir de que la fi rma cuente con empleados. Para el trámite es necesaria la Planilla de Trabajo del MTSS y el mismo se realiza en el día.

La tasa de la prima que la empresa debe abonar –que puede ser mensual o anual con cuotas– depende del riesgo en la actividad laboral. La prima incluye la comisión para el corredor de seguros.



2.4. HABILITACION BROMATOLÓGICA Y OTROS TRÁMITES MUNICIPALES

Los trámites para habilitaciones municipales suelen ser descriptos como interminables y en muchos casos muy difíciles de lograr fi nalmente. La burocracia administrativa que existe a nivel de las Intendencias, y en parti-cular la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), fue resaltada como punto negativo en casi todas las entrevistas en profundidad realizadas a empresarios y contadores.

Las habilitaciones bromatológicas involucran distintos trámites y costos bien diferentes, dependiendo de cada Intendencia. Esta situación implica además un costo adicional para las empresas: en la medida en que decidan comercializar sus productos en varios departamentos, deberán multiplicar los trámites que llevan a cabo, incrementando así los costos en dinero y en tiempo.

2.4.1. Intendencia Municipal de Montevideo

La primera habilitación con que se debe contar para poder tramitar la tasa bromatológica es la del local comercial. Para ello, es necesario completar un formulario, presentar recibo de pago de Contribución Inmobiliaria si el empresario es el propietario, Cédula de Identidad, constancia notarial que acredite en calidad de qué ocupa el inmueble la fi rma propietaria, planos y memorias correspondientes. Este trámite no tiene costo y se realiza en el quinto piso de la IMM y en algunos centros comunales zonales para el caso de locales comerciales de menos de 200 metros cuadrados.

Una vez que se obtiene la habilitación del local comercial, se está en condiciones de tramitar la habilitación bromatológica, para cuyo trámite será necesario lo siguiente, según la página Web de la IMM:

• Cédula de Identidad del representante legal de la empresa• Certifi cado de inscripción en la DGI• Carné de salud del propietario



• Recibo de Puerta del comercio (Impuestos o Contribución Inmo-biliaria)

• En caso de ser tramitada por una empresa gestora, deberá presentarse certifi cado notarial (Poder) autorizando al gestionante a realizar el trámite

• En caso de ser empresas radicadas en el interior del país, deberán presentar habilitación de la Intendencia que corresponda

El trámite se realiza en el tercer piso de la IMM, sector Regulación Alimentaria, y tiene una vigencia de cinco años.

Por otro lado (y como parte del trámite global de bromatología), en el primer piso se deben realizar los trámites referidos a infracciones y cambio en la superfi cie ocupada por el establecimiento comercial.

En noviembre de 2008 se aprobó el Decreto 32.265 de la Junta De-partamental de Montevideo que establece que, a partir de enero de 2009, la tasa bromatológica se cobrará en base a las actuaciones del Servicio de Regulación Alimentaria (inspectores). El régimen anterior funcionaba con pagos bimensuales por parte de la empresa en función del sector específi co y las ventas del período.

A partir del presente año, la tasa bromatológica se aplica en función de una paramétrica compuesta por tres factores: el primer factor se refi ere al alcance del comercio, es decir, a la incidencia del comercio en el depar-tamento de Montevideo; el segundo factor es el riesgo de los productos que se industrializan o comercializan en el local, y por último se incluye la superfi cie del local como tercer factor de incidencia en la paramétrica.

En lo referente al tercer factor, la superfi cie del local, hay cuatro franjas de metraje (no se incluye ofi cina de apoyo a la gestión, como ventas o de fi nanzas):

► de 0 a 99 metros cuadrados se efectúa un descuento del 40% del valor total de la tasa y no suma puntos para la misma,



► de 100 a 349 metros cuadrados no hay descuento y no suma puntos para la tasa,

► entre 350 y 1.000 metros cuadrados suma 3 puntos para la tasa,► en caso de que el local sea de más de 1.000 metros cuadrados, suma

5 puntos para la tasa.

El sistema de cálculo para determinar la tasa bromatológica consiste en que por cada uno de los tres factores se asignan puntos. Luego, se suman los puntos y se multiplica por 5, llegándose a un resultado. Ese resultado (valor) se toma como que son Unidades Reajustables y esa es la tasa bro-matológica a aplicar a la empresa.

Los inspectores realizan análisis, constataciones y controles en los lo-cales inspeccionados, y se les facturará en forma bimensual a las empresas que hayan sido objeto de inspección por parte del servicio actuante. En este sentido, las empresas no deben realizar trámite alguno ni presentar Declaraciones Juradas (como en el régimen anterior) siendo que, a las que les corresponda –por haber sido inspeccionadas– recibirán la factura en el domicilio inscripto.

En teoría –dado que el régimen es muy reciente y no existe mucha experiencia al respecto– la tasa (o inspección) cubre el período de cinco años, ya que el sistema está diseñado para que los inspectores realicen los controles pertinentes a las empresas cada cinco años. Sin embargo, si los inspectores constatan irregularidades en un local que deben ser subsana-das, deberán “pasar” nuevamente por la empresa, facturándose el servicio correspondiente tantas veces como visitas (inspecciones) se lleven a cabo.

En este sentido, procedimos a realizar un relevamiento por un lado con personal de IMM del sector y, por otro lado, consultando a algunos contadores de estudios contables especializados en empresas que requieren contar con habilitación bromatológica.

La información que proporcionó la IMM sobre este particular es que el sistema prevé que las visitas se hagan cada cinco años a cada local y que el



costo en el tiempo para las empresas no debería variar respecto al régimen anterior. Está planteado que los inspectores del Servicio de Regulación Alimentaria realicen sus inspecciones una vez cada dos meses en empresas distintas, teniendo en cuenta las que fueron inspeccionadas previamente. Sin embargo, cuando se preguntó a esta fuente cómo funcionaba el cobro de la tasa cuando los inspectores debían volver a los locales para constatar si las irregularidades marcadas fueron solucionadas, la respuesta no fue clara. A nuestro juicio, si el empresario debe pagar una nueva tasa, por ejemplo a los cuatro meses de haber sido inspeccionado y se supone que cada inspección debiese producirse cada cinco años (en lo que a costos se refi ere), el régimen es muy gravoso para aquellos que al momento de ser controlados tenían detalles a solucionar.

Sobre esto último, los contadores consultados sostuvieron que la po-sibilidad de que las empresas sean inspeccionadas varias veces implica un riesgo muy importante desde el punto de vista de los costos que un empresario puede tener que enfrentar. De hecho, el funcionamiento de este nuevo régimen está siendo revisado por la IMM en este momento con el apoyo de comisiones integradas por distintas partes involucradas e interesadas en el asunto. Es evidente que se necesita esclarecer estos hechos y la forma en la cual el municipio procederá en el futuro.

2.4.2. Otras intendencias departamentales

Además del estudio minucioso que llevamos a cabo en la IMM, hicimos visitas y encuestas telefónicas a los sectores involucrados en la tasa broma-tológica en las intendencias de Canelones, Colonia, Florida, Maldonado, Rivera y San José.

Como mencionamos, existe una gran diversidad de criterios respecto de los costos y trámites involucrados en relación a la tasa bromatológica en cada intendencia, así como de la forma de tributación de dicha tasa.

Las intendencias departamentales tienen normas de regulación de la tasa bromatológica bien distintas y también, diferencias en los requisitos exigidos a las empresas para el registro de las mismas.



Encontramos que con excepción de Rivera, todas las empresas que elaboran alimentos internamente en el departamento deben tributar la tasa bromatológica.

a) Intendencia de Rivera

En el departamento de Rivera se aplica una normativa diferente a la del resto de los departamentos relevados, normativa que implica que sea una tasa efectivamente y no un impuesto. Se aplica la tasa bromatológica cuando los alimentos ingresan al departamento.

Es decir, la harina que es utilizada en una panadería paga tasa broma-tológica al ingresar al departamento y no debe tributar dicha tasa por las ventas que la panadería realice. Lo mismo sucede con la carne en una parrillada.

No existe costo por inscribir la empresa y los requisitos a presentar son fotocopia de inscripción en DGI, contrato social (si corresponde), contrato del local y listado de productos a comercializar. Se nos indicó que es un trámite rápido, de una semana aproximadamente.

La tasa que deben tributar las empresas que introduzcan alimentos al departamento depende de una ordenanza de la IMR en la cual se establece la tasa a abonar en función de 13 ítems.

El pago de la tasa bromatológica es mensual en las dependencias del Banco República y es necesario presentar una Declaración Jurada también en forma mensual.

b) Intendencia de Canelones

Los requisitos para inscribir una empresa que debe tributar tasa bromato-lógica en el departamento de Canelones incluyen la tramitación del carné de salud del propietario, recibo de contribución al día y habilitación de bomberos. El trámite demora menos de un mes.



La particularidad de esta intendencia departamental es que pudiera ser necesario inscribir a la empresa en distintas secciones si la misma tiene varios sectores o secciones (rotisería, panadería, etc.). El costo del trámite es de 4 UR (Unidades Reajustables) y, adicionalmente $ 200 por cada sección donde se deba inscribir la empresa.

Con respecto al costo de mantenimiento, no pudimos obtener más datos que la tasa que deben pagar mensualmente las panaderías, que es de 0,5% de lo facturado.

c) Intendencia de Colonia

Esta intendencia no nos brindó mucha información.

Los requisitos son los mismos que los solicitados por la Intendencia de Canelones y el costo del trámite inicial es de $ 1.739.

d) Intendencia de Florida

Los requisitos para inscribir una empresa que debe tributar tasa broma-tológica en este departamento son poseer carné de salud del propietario, recibo de contribución al día y fotocopia de inscripciones en DGI y BPS. Adicionalmente, las carnicerías deben presentar habilitación urbanística.

El trámite se realiza en la Sección Higiene, dura aproximadamente un mes y tiene un costo de $ 178.

e) Intendencia de Maldonado

Los requisitos son los mismos que los solicitados por la Intendencia de Canelones.

El trámite inicial tiene un costo de $ 2.900, se gestiona en la Sección Higiene de la IMM y la inscripción es inmediata, sujeta a posterior ins-pección. El costo de mantenimiento anual es también de $ 2.900.



f) Intendencia de San José

Los requisitos son los mismos que los solicitados por la Intendencia de Canelones.

El trámite comienza por la reguladora de trámites, luego va a la Sección Higiene para por último ir a resolución a cargo del intendente. La gestión total dura menos de un mes y tiene un costo de $ 74 por cada sección y $ 37 por cada inspección.

La información que pudimos obtener con respecto al costo de mante-nimiento de la tasa bromatológica en este departamento es que los distri-buidores de alimentos tributan mensualmente un 2,5% de lo facturado.

2.5. HABILITACIÓN DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

Con respecto al trámite de habilitación ante la Dirección Nacional de Bomberos, se nos señaló que es el que más desconocen los empresarios, gestores y estudios contables. Probablemente por ese motivo es el que más a menudo se omite llevar a cabo.

Con excepción de las fi rmas que actúan en casas de familia, todas las empresas, sin excepción alguna, deben contar con la habilitación de Bomberos. Adicionalmente, las empresas que actúan en casas de familia y se hallan en plantas separadas deben, igualmente, tramitar y obtener la habilitación de Bomberos.

El trámite consiste en presentar una Declaración Jurada y un formula-rio, dos juegos de planos de la construcción y memorias descriptivas que contengan la señalización de los depósitos de combustibles y/o explosivos, materias primas depositadas y especifi cación de entrada de agua.

A partir de la presentación de esos comprobantes, la Dirección Nacio-nal de Bomberos coordina una inspección física y realiza un dictamen del local, como resultado del cual si es favorable se otorga la habilitación. En



el caso de que resulten objeciones en el dictámen, se van indicando por parte de la Dirección Nacional aspectos a subsanar para dotar de mejoras en la seguridad al local inspeccionado. El trámite demora en promedio de 45 a 60 días, pudiendo llegar a abreviarse si no hay observaciones.

El costo para obtener la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos depende de los metros cuadrados del local. El costo varía entre dos Unidades Reajustables (UR) para locales de 25 metros cuadrados y un máximo de 10 UR.

Otro costo inherente a este trámite es que es imprescindible contar con el apoyo de un arquitecto, cuyos honorarios varían de U$S 50 a U$S 100.

En nuestro relevamiento con estudios contables, los profesionales entrevistados manifestaron que las empresas que deben contar con habi-litaciones municipales –fundamentalmente bromatológicas– usualmente están en regla con la Dirección Nacional de Bomberos. Sin perjuicio de ello, en un alto porcentaje manifestaron que entre un 20% y 30% de sus clientes nunca tramitaron la habilitación de Bomberos.

2.6. HABILITACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC)

Las carnicerías deben contar con una habilitación específi ca por parte del INAC. El trámite y los costos involucrados en Montevideo son los siguientes:

1) Se presenta la solicitud en el Departamento Urbanístico de la IMM. El costo aproximado de U$S 150 y la IMM demora aproximadamen-te un mes en expedirse, remitiendo el Departamento Urbanístico una carta de autorización que debe llevarse a INAC.

2) Al presentarse la autorización en INAC, debe adjuntarse:• Solicitud de proyecto (planos con memoria descriptiva)• Inscripciones en BPS y DGI



• Fotocopia de la Cédula de Identidad de los titulares• Contrato de arrendamiento o títulos de propiedad• Para el caso de S.A. se debe presentar además libro de actas con

designación de autoridades, Estatutos y Declaratoria del Registro Público, Ley 17.904

Una vez que se presenta el proyecto con los planos, el trámite demora 15 días aproximadamente. Los costos son los siguientes:

Nuevo permiso: 1 UR por metro cuadrado del salónCambio fi rma: 18 URCesión de cuotas: 10 URModifi cación director de una S.A.: 7 UR

3. COSTOS PARATRIBUTARIOS DE LA LEGALIZACIÓN

Existen otros costos que podemos denominar indirectos o paratributarios, que se refi eren a gastos (no solo monetarios) en que las empresas deben incurrir para hacerse legales.

Si bien los costos paratributarios son más fáciles de visualizar en los costos de legalidad, el análisis no estaría completo si no hiciéramos una breve reseña sobre gastos en tiempo en que incurre el empresario a la hora de realizar los diferentes trámites para hacerse legal. Una valoración de cuánto signifi can estos “gastos” de tiempo en términos de costo es sin em-bargo algo arbitrario y opinable, aunque no pueden soslayarse porque son dirimentes en muchos casos de comenzar a formalizarse las MIPYMES.

3.1. GESTIONES EN DGI, BPS Y MTSS

Es importante considerar el escenario en que el propio empresario realiza la gestión de trámites de inscripción ante DGI, BPS y MTSS. Es muy común en microempresarios –usualmente monotributistas– que tanto por costos como por ignorancia sobre el tema, afrontan sin ningún apoyo los trámites de inscripción de la empresa.



Podemos estimar que, sin conocimiento del trámite por parte del em-presario, la inscripción en DGI y BPS de una empresa monotributista o de una pequeña empresa (las únicas dos fi guras que podemos contemplar en que el empresario no irá por ayuda externa) es de casi toda una jornada. Además, debemos sumar al trámite en sí mismo, el tiempo que el empre-sario requiere para asesorarse en las ofi cinas sobre la fi gura fi scal que más se adapta a su actividad y conveniencia, lo que quizás implique más de una visita a los organismos.

Por lo tanto, es razonable pensar que el empresario que realiza los trámites de inscripción de su empresa en forma personal necesite un día completo de su labor. Si estimamos que el tipo de empresario que va a autogestionarse en las inscripciones es una persona que en promedio percibe un ingreso neto de unos U$S 50 diarios, podemos concluir que este sería el costo en tiempo adicional a los timbres profesionales arriba descriptos, aunque insistimos que este grupo de costos, a diferencia de los anteriormente reseñados, es materia opinable en su monto.

Finalmente, es importante puntualizar que, incluso cuando el empre-sario acude a un estudio contable o gestoría para que realice las inscrip-ciones correspondientes, necesita de su tiempo para asesorarse. Podemos estimar que es necesaria no menos de una hora (más tiempos de traslado) a efectos de que el empresario reciba asesoramiento sobre opciones de formas jurídicas y fi guras tributarias.

3.2. OBTENCIÓN DE HABILITACIONES VARIAS

Es muy difícil estimar –y más aun con los recientes cambios producidos, por ejemplo, a nivel de la IMM– el tiempo que al empresario le puede insumir obtener las habilitaciones municipales y la de la Dirección Na-cional de Bomberos.

Estimamos en no menos de tres jornadas en promedio el tiempo necesario para tramitar las distintas habilitaciones de una empresa en condiciones normales.



Sobre estas habilitaciones, la diferencia con lo comentado en el punto 3.1. es que no solo los microempresarios harán sus propias gestiones, sino también los pequeños y en muchos casos los medianos empresarios, puesto que son gestiones de difícil tercerización. Es decir, si bien son trámites para los cuales –en algunos casos– pueden existir gestores, no es tan frecuente encontrar gestorías de este tipo como estudios contables.

En resumen, el empresario se ve comúnmente obligado a realizar diversos trámites en forma personal. Cuando nos referimos a pequeños y medianos empresarios probablemente nuestra estimación de U$S 50 diarios que pierde de ingreso neto es baja. Si pensamos en U$S 100 diarios que un pequeño y mediano empresario puede obtener, la obtención de las habilitaciones representaría no menos de U$S 300 en términos de tiempo destinado a trámites.

PARTE II. COSTOS DE LEGALIDAD

1. TRIBUTACIÓN DE IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DGI

1.1. MARCO GENERAL

La tributación en Uruguay se basa fundamentalmente en imposición al consumo, al patrimonio (capital) y a la renta.

Los principales impuestos que gravan al consumo son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específi co Interno (IMESI). El primero grava la circulación interna de bienes y servicios y la importa-ción de ciertos bienes. La tasa básica del IVA, luego de la reforma tribu-taria, fue fi jada en 22% y la tasa mínima –que grava fundamentalmente a los medicamentos y bienes que componen la canasta básica– en 10%. A su vez, existen bienes que están exentos de IVA y la importación de bienes gravados tiene un mecanismo de anticipo con una sobretasa del 10%.



El IMESI es un impuesto que se aplica antes del IVA y grava a los productos de carácter suntuario tales como vehículos, bebidas alcohólicas y perfumes en la primera enajenación o importación. Las tasas a aplicar dependen del bien en cuestión, existiendo tasas y adicionales.

En lo que se refi ere a la imposición al capital, el Impuesto al Patrimo-nio grava tanto a las empresas como a las personas físicas. Las empresas deben pagar un impuesto anual de 1,5% sobre el patrimonio neto fi scal gravado. El patrimonio neto se obtiene de restar al activo fi scal gravado los pasivos admitidos fi scalmente. Si bien es un impuesto de carácter anual, la ley y reglamentación establecen un régimen de anticipos mensuales a cuenta determinados en función del balance anterior.

Las personas físicas tributan en base a tasas progresivas crecientes existiendo, también, un mecanismo de anticipos a cuenta. Lo importante a destacar es que, tanto para las personas como para las empresas, se gra-va únicamente a los activos en el país (criterio de territorialidad) y que fundamentalmente se gravan los activos puesto que los pasivos admitidos son muy restringidos.

En la imposición a la renta es, sin duda, donde se plasmaron los cam-bios más sustanciales en la reforma fi scal que comenzó a tener vigencia el 1 de julio de 2007. Con la reforma se introdujo el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se sustituyó el Impuesto a la Renta de la In-dustria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta Agropecuaria (IRA) por el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) y se eliminaron varios impuestos.

Con el IRAE se incluyeron otras actividades empresariales, se redujo la tasa del impuesto al 25% anual y se introdujo una retención del 7% cuando se pagan dividendos a los accionistas si estos son personas físi-cas. Se hicieron además modifi caciones sustanciales en los gastos que las empresas pueden computar como deducibles, impactando negati-vamente –como vamos a ver más adelante– en el régimen de pequeña empresa.



Dado que lo más signifi cativo con vistas a un análisis de la tributación de las MIPYMES es abordar la imposición a la renta de las empresas, a continuación nos concentraremos en los principales aspectos del Impuesto a la Renta en Uruguay. Entendemos que un análisis detallado de los demás impuestos excede el objetivo del presente trabajo, así como efectuar un análisis comparativo del actual Impuesto a la Renta con los derogados IRIC e IRA. Sí vamos a abordar un comparativo con el IRIC, en lo que tiene relación con el perjuicio que el IRAE ocasionó en el régimen de pequeña empresa (Literal E).

1.2. IMPUESTO A LA RENTA

1.2.1. Generalidades

Una vez aprobada la reforma fi scal que entró en vigencia el 1 de julio de 2007, la imposición a la renta de las empresas quedó estructurada con el IRAE (como Impuesto básico a la Renta) y con el IMEBA (impuesto que ofi cia de gravamen a la renta de los pequeños productores rurales por la vía de retención).

Nos focalizaremos en el IRAE.

El IRAE grava la renta neta de las empresas con una tasa anual del 25%. La renta neta se determina en función de la renta bruta menos los gastos necesarios para obtenerla y conservarla. Además, se deben practicar ajustes fi scales, tales como el ajuste por infl ación o sueldos fi ctos de dueños y socios, a efectos de obtener la renta neta fi scal que es sobre la cual se aplica la tasa del tributo.

1.2.2. Determinación de la renta neta en forma fi cta

Los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad sufi ciente podrán determinar sus rentas netas en forma fi cta. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad son las Sociedades Anónimas, así como los Entes del Estado y Fondos de Inversión cerrados de crédito. Es decir



que el resto de las formas jurídicas –que son la mayoría– pueden liquidar el IRAE en forma fi cta si les resulta conveniente y si sus ingresos están por debajo de ciertos límites.

Las normas establecen que todas las sociedades reguladas por la Ley 16.060 (inclusive las de hecho salvo que estén integradas exclusivamente por personas físicas residentes) que tengan ingresos superiores a los 4 millones de Unidades Indexadas (UI) están obligadas a tributar en base al régimen de contabilidad sufi ciente.

Por lo tanto, las empresas unipersonales (que no son reguladas por la Ley 16.060 por no ser sociedades) pueden liquidar el IRAE sin contabilidad sufi ciente, cualquiera sea el monto de ingresos, es decir, en forma fi cta.

En el caso de liquidación fi cta del IRAE, la renta neta se determina de-duciendo los sueldos de dueños o socios admitidos por la reglamentación, a la cifra que resulte de multiplicar las ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio por el porcentaje que corresponda según la siguiente escala (además incluimos una tercera columna con la tasa neta correspondiente):

CUADRO 42TASAS DEL IRAE

Ingresos anuales Porcentaje de utilidad bruta Tasa neta Entre 0 y 2 millones UI 13,2% 3,3%Entre 2 y 3 millones UI 36% 9%Más de 3 millones UI 48% 12%

Fuente: elaboración propia, con datos de DGI.

La tasa neta corresponde a multiplicar el porcentaje de utilidad bruta para cada escala por la tasa anual del impuesto del 25%. Con esto obtene-mos la tasa neta, que al aplicar sobre los ingresos brutos nos da el impuesto a pagar por el ejercicio.

Es importante mencionar que, fundamentalmente para actividades rurales, existen regímenes específi cos de determinación de rentas con porcentajes de utilidad específi cos para cada actividad.



A su vez, las normas establecen que aplicarán obligatoriamente la escala del 48% los contribuyentes que obtengan rentas comprendidas en el IRPF y tributen IRAE por haber ejercido la opción.

El principal ejemplo de este caso son los profesionales universitarios, quienes en principio son contribuyentes de IRPF pero por opción pueden serlo de IRAE. Es decir, un profesional independiente puede optar por tributar IRAE pero, si liquida el impuesto en forma fi cta –puesto que no están obligados a llevar contabilidad sufi ciente– aplicará el fi cto del 48% sobre los ingresos brutos (siendo entonces una tasa neta del 12% sobre los ingresos).

Es de destacar que la imposición, por parte de la administración tri-butaria, de que los contribuyentes del IRPF que opten por tributar IRAE deban aplicar el máximo porcentaje de utilidad bruta previsto, implica un perjuicio para microempresarios que giran en servicios.

Por ejemplo, un electricista o un sanitario independiente sin personal, que lo que brinda es un servicio, no es contribuyente de IRAE sino de IRPF por no combinar capital y trabajo. Por lo tanto, si hace uso de la opción de liquidar IRAE va a estar obligado a aplicar el porcentaje máxi-mo de utilidad bruta del 48% cualquiera sea el monto de sus ingresos. El sector de trabajadores independientes por la cuenta es uno de los que presenta más índice de informalismo a nivel de estimación de no coti-zantes al BPS.12 Entendemos que si bien existen varios factores para ello, lo desfavorable que es la tributación a nivel de DGI para ese sector de la economía debe estar fomentando la informalidad en los trabajadores independientes.

12. Ver revista Comentarios de Seguridad Social Nº 20, julio – setiembre 2008, Asesoría General en Seguridad Social del BPS. El director del BPS, Ernesto Murro, en nuestra entrevista también se expresa en el mismo sentido sobre este particular.



1.2.3. ¿Es conveniente el régimen de liquidación fi cta para el micro y pequeño empresario?

En primer término, el régimen fi cto es más fácil de liquidar e involucra, a su vez, la no obligatoriedad de llevar contabilidad por parte del contri-buyente. Ambos aspectos implican menos costos administrativos para la empresa, seguramente no para el propio empresario directamente, puesto que tanto la contabilidad como la liquidación de los impuestos recae en la mayoría de los casos en un estudio contable, pero sí de forma indirecta porque los honorarios por un tipo de servicio son bien distintos en un caso que en otro. Es decir que liquidar el IRAE en forma fi cta implica menores costos paratributarios.

En segundo término, es importante considerar las ventas anuales del micro y pequeño empresario. Como vimos en el Cuadro 42, el porcentaje de utilidad bruta fi cta varía signifi cativamente en función de los ingresos anuales que la empresa obtenga.

Si las ventas anuales son inferiores a los 2 millones de UI (aproxima-damente U$S 160.000), la tasa neta a aplicar –en defi nitiva el “peaje” a pagar sobre los ingresos– es de solo 3,3% sobre las ventas. Pero para in-gresos anuales superiores a los 4 millones de UI (aproximadamente U$S 320.000) la tasa neta a aplicar sobre las ventas trepa al 12%, constituyendo un costo muy elevado.

Por último, la empresa debe evaluar la situación fi scal real. En este sentido, si la empresa practica la liquidación de IRAE en forma real y el resultado obtenido es pérdida neta fi scal, obviamente no le conviene aplicar el esquema de renta fi cta (que siempre arroja una situación de ganancia fi scal). Si liquida en forma real no deberá pagar impuesto alguno (y podrá arrastrar para otros ejercicios la pérdida fi scal), pero si opta por el fi cto siempre va a tener que pagar lo que se determine por esa vía de liquidación.

Evidentemente, el empresario deberá evaluar estas tres consideraciones a la hora de considerar la conveniencia del régimen de liquidación fi cto



del IRAE, así como practicar estimaciones fi scales una vez conocidos los ingresos del ejercicio y la utilidad contable.

1.2.4. Anticipos mensuales, un costo para el pequeño empresario

Al igual que en el IRIC, está planteado por la legislación un mecanismo de anticipos mensuales a cuenta del IRAE al cierre del ejercicio. El anti-cipo a pagar mensualmente surge de multiplicar el coefi ciente de renta con las ventas de cada mes. El coefi ciente de renta se calcula dividiendo el impuesto del ejercicio anterior con las ventas gravadas de ese ejercicio.

La administración tributaria se asegura de esta forma que si la estruc-tura de ganancias de la empresa durante el ejercicio es similar al anterior, la fi rma va a tener anticipada la renta al fi nal del mismo. En este sentido, el fi sco tiene más seguridad respecto a la correcta tributación a la renta.

Esos anticipos tienen un mínimo en función de las ventas de la empresa en el ejercicio anterior. Es decir, las empresas deben anticipar mensual-mente utilizando el coefi ciente, pero el anticipo no puede ser inferior a una escala que anualmente publica la DGI, que tiene relación con las ventas totales del ejercicio anterior.

Para el año 2009, la escala establece que el anticipo mínimo fi jado es de $ 2.240 y para las empresas que obtuvieron ventas, por ejemplo, superiores a $ 13.763.808 (aproximadamente U$S 600.000), que es la escala superior, el anticipo mínimo es de $ 5.620. Por lo tanto, las empresas deben anticipar en función del coefi ciente determinado en su última declaración anual de IRAE y las ventas del mes corriente pero, a su vez, deben comparar con el anticipo mínimo que corresponde al nivel de ventas del ejercicio anterior.

Las empresas que inician actividades deben pagar la escala inferior del anticipo mínimo ($ 2.240) puesto que no existe declaración anterior que determine un coefi ciente ni el nivel de ventas. Por otra parte, las empresas que tuvieron pérdida fi scal en el ejercicio anterior deben anticipar la escala que corresponda al nivel de ventas de ese ejercicio.



Se deduce de lo anterior que el pequeño empresario contribuyente de IRAE ve como un costo más de estar en la formalidad, el anticipo que debe realizar men-sualmente. En la práctica, es muy común encontrar informes de estudios contables que muestran el costo total en DGI y que incluyen el anticipo mínimo como un componente más.

Además, los anticipos mínimos no son recuperables. Es decir, si una empresa obtiene pérdida fi scal en un ejercicio no puede recuperar (para pagar otros impuestos por ejemplo) los anticipos mínimos. En cambio, se pueden recuperar los anticipos realizados por encima del mínimo co-rrespondiente mensual.

En defi nitiva, en caso de pérdida fi scal en un ejercicio económico la empresa no podrá recuperar los anticipos mínimos, pasando a ser los mismos un costo y no un activo como se presupone, en teoría, que son los anticipos de impuestos en general.

1.3. REGÍMENES ESPECIALES DE TRIBUTACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

En la legislación tributaria y de seguridad social uruguaya existen dos regimenes aplicables a emprendimientos que combinen capital y trabajo de reducida dimensión económica. Es decir, son regímenes simplifi cados de tributación a la renta para pequeños empresarios.

Por un lado, encontramos el régimen del Monotributo. En este impuesto, a nivel de DGI no se debe tributar ningún impuesto, es decir, no existe ni siquiera cuota fi ja mensual a pagar. En el BPS se debe abonar una cuota mensual que depende de si se incluye o no cobertura médica; dicha cuota se halla entre $ 528 y $ 1.655.

Por otro lado, existe –y desde las normas anteriores que consagraban al IRIC– un régimen de tributación de Pequeña Empresa, denominado Literal E (en referencia al literal del artículo que establece la exoneración de tributar Renta), que establece que las empresas que obtengan ingresos



anuales menores a un cierto monto están exoneradas de tributar IRAE. De acuerdo a la estructura fi scal del Uruguay –cuya explicación profunda excede los objetivos de este trabajo– si una empresa es contribuyente del llamado Literal E está exonerada también (la expresión correcta es “no está comprendida”) de IVA e Impuesto al Patrimonio.

En caso de no combinarse capital y trabajo, no existe el concepto de renta y se deberá tributar servicios personales (para rentas de trabajo), que incluyen IVA e IRPF.

1.3.1. Monotributo

a) Generalidades

Es un impuesto simplifi cado y como su nombre lo describe, se refi ere al pago de un único impuesto por concepto de contribuciones especiales a la seguridad social (BPS) sin tener que tributar ante la DGI.

Para el año 2009 el Poder Ejecutivo fi jó la cuota mensual del mono-tributo en $ 528 sin opción al Sistema Nacional Integrado de Salud; y en $ 1.482 con derecho a asistencia médica. En caso de que el titular tenga hijos menores de 18 años a cargo, o mayores con discapacidad, el monto mensual a aportar es de $ 1.655, asegurándose con ese monto la cobertura mé-dica también para sus hijos. Si se desea integrar al cónyuge o al concubino se aporta $ 1.056, sin opción al Sistema Nacional Integrado de Salud, o $ 2.964 con esta opción para ambos. En caso de tener hijos menores a cargo o mayores con discapacidad, el monto a aportar es de $ 3.310.

Si se trata de una sociedad de hecho, el aporte es de $ 386 por cada socio con actividad y no se tiene derecho a la cobertura por el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Solamente las empresas unipersonales o sociedades de hecho con hasta tres socios (con ciertos requisitos) pueden optar por tributar este impuesto y existe un límite de ingresos anuales para poder estar com-



prendido en el mismo. En ese sentido, el Decreto Nº 150/007 fi jó en 305.000 Unidades Indexadas el límite de ingresos que un monotributista puede facturar anualmente, hasta $ 573.492 para 2009. Nos referimos a ingresos de 2008, ya que las normas se refi eren a tope de ingresos del ejercicio anterior.

Para el caso de empresas unipersonales existe, inclusive, un tope inferior de ingresos que para el año 2009 se fi jó en $ 317.267.

Es importante destacar que las empresas monotributistas tienen res-tricción en la actividad que pueden desarrollar; solo están autorizadas a vender a consumidores fi nales.

En lo relativo a personal dependiente, las empresas monotributistas pueden ocupar hasta un dependiente si es empresa unipersonal y no pue-den tener dependientes si son sociedades de hecho. Además, las empresas deben tener activos por menos de $ 264.389 (valores para el ejercicio 2008) y el local no puede ocupar más 15 metros cuadrados de superfi cie.

b) Actividades que pueden acogerse a este régimen

Las actividades que pueden acogerse a este régimen son aquellas que com-binen capital y trabajo en la vía pública, en espacios abiertos o pequeños locales, tanto ambulantes como estables, no pudiendo explotar más de un puesto a la vez.

A nivel de servicios, solo podrán tributar el monotributo las siguientes actividades:

- Cuidado de automóviles, motos y otros automotores- Limpieza de parabrisas

Al momento de redactarse las conclusiones fi nales de este documento, junio de 2009, se anunciaron por parte del ministro de Economía cambios en el Monotributo que podrían implementarse para el segundo semestre de 2009.



Estos cambios se refi eren, por un lado, a la ampliación del elenco de bienes artesanales que se pueden comercializar a no consumidores fi nales por parte de un contribuyente del Monotributo. Por otro lado, y respecto al Monotributo para ladrilleros, las modifi caciones que se estarían impul-sando son las siguientes:

- Permitirse que en zafra del sector se puedan contratar hasta tres dependientes

- Flexibilización del límite de metros cuadrados para poder desarrollar la actividad

- Permitirse la venta a no consumidores fi nales

1.3.2. Impuesto a la Pequeña Empresa (Literal E)

a) Generalidades

La inscripción de empresas bajo este régimen es similar a la de empresas que opten por ser contribuyentes de IRAE, IVA e Impuesto al Patrimonio. La única diferencia radica en que en el formulario de la DGI donde se escogen los impuestos a tributar se debe marcar IVA Mínimo. A nivel de BPS –que como se mencionó anteriormente, es un trámite unifi cado– es exactamente igual al común de las empresas.

Uno de los cambios introducidos por la reforma tributaria fue la sustitución del anterior Impuesto a la Pequeña Empresa consagrado en las normas del derogado IRIC por el Impuesto al IVA Mínimo. Ambos impuestos se los conoce como empresas exoneradas por el Literal E.

Las normas que establecen y reglamentan este régimen en el nuevo sistema son el T ítulo 4 Texto Ordenado 1996 artículo Nº 52 Literal E), Decreto Nº 150/007 artículos Nº 122 a Nº 126 y Decreto Nº 220/998 artículos Nº 106 y Nº 106 bis.

En lo relativo a aspectos prácticos, el derogado Impuesto a la Pequeña Empresa es similar al actual impuesto al IVA Mínimo. En ambos casos la



exoneración de tributar los otros impuestos (y pagar por todo concepto a la DGI una cuota mensual) se determina por el monto de ingresos anuales que obtiene el contribuyente. En este sentido, el límite de ingresos anua-les –que es el mismo que para el monotributo– se estableció en $ 573.492 para 2009, fi jándose una cuota mensual de $ 1.730.

b) Funcionamiento

Prácticamente cualquier empresa puede acogerse a comenzar actividades bajo este régimen. No lo pueden hacer las empresas agropecuarias, las de transporte terrestre profesional de carga y las que no obtengan rentas empresariales, es decir, no combinen capital y trabajo.

Cuando los ingresos de la empresa superen el límite establecido por el Poder Ejecutivo, es obligatorio comenzar a ser lo que se denomina contri-buyente, es decir tributar IVA, IRAE e Impuesto al Patrimonio. Una vez que se es contribuyente no se puede volver al régimen del impuesto al IVA Mínimo por un lapso de tres años, tanto porque se haya optado al inicio de las actividades como por haber superado en algún ejercicio el límite anual de ingresos.

A partir de que se supera el límite de los ingresos para estar com-prendido en el régimen, se debe comenzar a tributar IVA en función del régimen general –pagando el impuesto mensualmente en función de la diferencia entre IVA Ventas e IVA Compras– y se comienzan a computar los ingresos para la liquidación del IRAE.

c) ¿Quiénes pueden acogerse al régimen establecido en el Literal E?

Existe una confusión generalizada respecto a este régimen fi scal, en el sentido que se piensa que es exclusivo para las empresas unipersonales y no para otro tipo de naturaleza jurídica. Existe también el malentendido de que las empresas unipersonales solo pueden ser contribuyentes de este impuesto, lo que proviene de la confusión de Unipersonal con Impuesto a la Pequeña Empresa. Cabe destacar, entonces, que tanto una S.A. puede ser contribuyente del impuesto al IVA Mínimo (o una S.R.L. por ejemplo)



como una empresa unipersonal puede tributar como contribuyente IVA, IRAE e Impuesto al Patrimonio.

d) ¿Por qué opinamos que la reforma tributaria perjudicó a este régimen?

En nuestra opinión, la reforma tributaria introducida por la Ley Nº 18.083 perjudicó al régimen de Pequeña Empresa o de impuesto al IVA Mínimo, como el nuevo sistema lo denominó.

La legislación quiso poner fi n a los abusos que existían por parte de empresas que se acogían al régimen de Pequeña Empresa y cuyos ingresos eran claramente superiores a los establecidos por el Poder Ejecutivo. Era muy usual, en este sentido, que las empresas que tributaran este régimen no extendieran facturas a los clientes que no se la solicitasen, y de esa manera lograban permanecer con los ingresos por debajo del tope anual. De hecho, era muy común encontrar empresas Literal E con cinco o seis empleados y hasta con sucursales, lo cual era, y es, muy irrazonable desde el punto de vista de la coherencia en términos de ingresos y costos.

El nuevo sistema tributario establece que los contribuyentes de IRAE no pueden deducir los gastos y compras de empresas amparadas al im-puesto al IVA Mínimo. Es decir, los contribuyentes IRAE deben computar como gastos no admitidos o compras no realizadas las facturas que pro-vengan de las Pequeñas Empresas Literal E.

Con este cambio sustancial en la legislación fi scal, a las empresas que tributan IRAE les queda poco incentivo fi scal para contratar y comprar a las Pequeñas Empresas.

Entendemos que este cambio perjudicó gravemente a las empresas que realmente obtienen ingresos reales dentro de los límites establecidos para el régimen del Literal E. Por lo tanto desincentiva la legalización de este tipo de empresas, puesto que las restringe enormemente con el tipo de fi rma que se pueden relacionar comercialmente.



e) Conveniencia o no de comenzar actividades bajo el régimen de Literal E

Los pequeños empresarios que inician actividades formalizadamente expe-rimentan dudas con respecto a la conveniencia fi scal de comenzar bajo el régimen de Pequeña Empresa (Literal E) o hacerlo como contribuyentes de IRAE (tributando consecuentemente, además, IVA y Patrimonio).

En este sentido, podemos encontrar principalmente dos factores que infl uyen en la decisión fi nal.

I) Por un lado, y dependiendo del giro de la empresa, si la fi rma opta por comenzar tributando bajo el régimen de Literal E perdería de descontar el IVA compras de la inversión inicial en términos de activo fi jo y/o de mercadería. Es decir, el IVA compras de estas adquisiciones pasaría a ser costo al no poder descontarse por el régimen optado.

II) Por otro lado, el iniciar actividades siendo contribuyente de IRAE, IVA e Impuesto al Patrimonio es, en principio, más costoso (seguro en términos de IRAE), como se explicó anteriormente. Recordemos además que no se puede ser Literal E hasta luego de tres años si se inició activi-dades bajo el régimen de contribuyente general.

Por lo expuesto, el empresario tendrá que, a la hora de optar por un régimen u otro, evaluar cuánto tiempo podrá estar dentro del régimen de Literal E (en función de los ingresos que estima obtener), la materialidad de su inversión inicial (por la deducción del IVA Compras) y dónde se encuentra en la cadena de valor (si vende a otras empresas o a consumidor fi nal). Este último elemento a considerar por el empresario surge de lo ya mencionado respecto a que las empresas contribuyentes de IRAE no pue-den deducir como gastos o compras las incurridas con empresas Literal E.

Sin perjuicio de que en algunos casos se practique este análisis, hemos encontrado que en la mayoría de las situaciones a la hora de formalizarse o iniciar actividades, el micro y pequeño empresario opta por comenzar bajo el



régimen de Literal E. Además, en los hechos, los empresarios tratan más adelante de prolongar su permanencia en dicho régimen, aun cuando su estructura y facturación no se lo permitirían legalmente.

Al igual que para el caso del Monotributo, al momento de redactarse el presente documento el Ministerio de Economía y Finanzas realizó decla-raciones respecto a un paquete de medidas tanto fi scales como operativas en apoyo a las MYPYMES.

Respecto al régimen de IVA Mínimo, el proyecto de ley que se enviará al Parlamento contempla una rebaja en los dos primeros años de la cuota mensual. Anteriormente existió un régimen similar, establecido por la Ley 17.436, hoy derogada.

Como vimos en el punto a), actualmente la cuota mensual de IVA Mí-nimo está fi jada para el presente año en la suma de $ 1.730. Con el proyecto de ley previsto, esta carga tributaria pasaría a tener un descuento del 75% en el primer ejercicio y 50% en el segundo, y será aplicable a las empresas que inicien actividades a partir de la vigencia de la ley proyectada. Por lo tanto y a valores 2009, en el primer año se pagarían $ 432 y en el segundo año $ 865.

Para las empresas que hayan iniciado actividades en el período com-prendido entre el 1 de enero de 2008 y el día anterior a la entrada en vi-gencia de la ley proyectada, el descuento se realizará en iguales condiciones que las que hubiera correspondido aplicar al segundo año de actividad.

El proyecto de ley contempla, también, similares porcentajes de reduc-ción en los aportes jubilatorios patronales de las empresas incluidas en el régimen de IVA Mínimo. Hacemos nuestros comentarios en la sección correspondiente.

1.3.3. Refl exiones fi nales de estos dos regímenes

Puede apreciarse que el régimen fi scal del Monotributo tiene un alcance muy distinto y más restringido que el régimen de Pequeña Empresa Literal



E. Mientras que el régimen del Monotributo apunta a que sea utilizado por pequeños artesanos y feriantes con la posibilidad de vender únicamente a consumidores fi nales, el régimen de Pequeña Empresa Literal E no tiene restricciones en cuanto a los giros que las empresas pueden desarrollar, ni en lo relativo al número de empleados. Por otra parte, las pequeñas empresas pueden vender, también, a otras empresas.

En conclusión, entendemos que con la modifi cación introducida en la reforma tributaria, por cuanto los contribuyentes de IRAE no pueden computar como gasto o compra la documentación de empresas Literal E, la opción de esta alternativa de tributación tenderá a desaparecer, o por lo menos a un menor uso que cuando existía el IRIC. Nos parece razonable que las micros y pequeñas empresas serán cada vez en mayor número contribuyentes del IRAE, si su estructura se lo permite y, por otro lado, para reducidos emprendimientos encontraremos monotributistas con la opción de ser empresas Literal E, cuando por razones de número de empleados o giros no tengan otra mejor solución.

El Cuadro 43 resume los costos y detalles de ambos regímenes fi scales:

CUADRO 43COSTOS Y DETALLES FUNDAMENTALES DEL IVA MÍNIMO

(LITERAL E) Y MONOTRIBUTO

Tipo de actividadTipo de razón

jurídica permitida

Ingreso máximo

anual

Pago mensual

DGI

Pago mensual BPS

IVA Mínimo (Literal E)

Actividades empresaria-les, no servicios. Pueden vender a empresas y a consumidores fi nales,

Cualquier tipo de sociedad.

$ 573.492 $ 1.730 $ 1.118 sin cuota mutual y $ 2.162 con derecho a cuota mutual

Monotributo

Actividades empresaria-les en vía pública y dos tipos de servicios per-sonales. Solo pueden vender a consumidores fi nales.

Solo empresas unipersonales y sociedades de hecho.

Empresas unipersonales:$ 317.267; sociedades de hecho:$ 573.492

No se debe pagar.

$ 528 sin cuota mutual y $ 1.655 con derecho a cuota mutual.

Fuente: elaboración propia, valores vigentes para el año 2009.



2. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BPS)

2.1. MARCO GENERAL

En Uruguay las Contribuciones Especiales a la Seguridad Social (CESS) están defi nidas en el Código Tributario como los aportes a cargo de patronos y trabajadores, destinados a los organismos estatales de seguridad social. El ente administrador y recaudador es el BPS.

A diferencia de lo que el pequeño empresario piensa (e inclusive quizás el ciudadano común), debe aclararse que los aportes que se hacen al BPS no son un impuesto –salvo los que se hacen por concepto de IRPF– sino que son contribuciones, como su propio nombre lo indica. Es decir, son pagos que en defi nitiva deberían tener una prestación más directa que las que se obtienen con la recaudación de impuestos generales.

En buena medida, los empresarios y trabajadores asocian la seguridad social con un costo. En este sentido, cuando un empresario confecciona los costos de funcionamiento de su empresa asimila el pago al BPS como si fuera un impuesto y no como un aporte que en defi nitiva puede contri-buir a su propia jubilación. Por otro lado, la mayoría de los trabajadores percibe que la diferencia entre su remuneración nominal (bruta) y su ingreso líquido (neto) es un gasto (un costo), sin visualizar que una parte importante es para contribuir a su jubilación y obtener un seguro de salud.

Desde el 2 de mayo de 2005 se reinstauraron los Consejos (tripartitos) de Salarios, que no eran convocados desde 1991. A nivel de la informalidad, la introducción de esos Consejos no tuvo gran impacto. Sin embargo, he-mos constatado que empresas que tenían registrados a sus empleados por montos inferiores a los realmente percibidos tuvieron que regularizarse, aunque quizás la cantidad que lo hayan hecho no es signifi cativa. No po-seemos evidencia de la cantidad de empresas que han asumido esa actitud.

La refl exión sobre que no es importante la cantidad de empresas que registran los salarios por los montos correctos reside en que, utilizando



un subterfugio legal, la forma de no encarecer los costos por parte de las empresas ha sido declarar menos jornales o faltas cuando sus dependien-tes fi guraban legalmente por menos de lo establecido por el Consejo de Salario para ese sector y categoría de empleado. Los dependientes que se incorporan a partir de la existencia de los Consejos de Salarios, se registran a veces por un horario inferior al real respetando el laudo correspondiente.

2.2. MATERIA GRAVADA

Con materia gravada nos referimos a qué es lo que está gravado en cuanto a remuneraciones, o puesto en otros términos, sobre qué se aplican las tasas de aportación que vamos a detallar más abajo.

El criterio general establece que constituye materia gravada todo ingre-so que perciba el trabajador dependiente o no dependiente en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal, en forma regular y permanente, sea en dinero o en especie. Se presume que un ingreso es regular y permanente cuando es percibido en no menos de tres oportu-nidades a intervalos de similar duración.

Las normas establecen entonces que deberán realizarse aportes a la Seguridad Social por todo ingreso que el dependiente perciba, con ex-cepción de:

• Salario Vacacional y Licencia no Gozada13

• Viáticos y Gastos de Representación a condición de que estén sujetos a rendición de cuentas

• Gratifi caciones que perciba el dependiente por hasta dos veces (luego se consideran gravadas)14

13. Estas partidas sí son gravadas a efectos de la tributación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

14. Similar comentario al punto anterior.



Existen situaciones especiales que prevén que se grave con fi ctos a determinadas partidas, tales como las propinas y la vivienda que el patrón provea al dependiente.

2.3. APORTACIÓN - TASAS DE TRIBUTACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2.3.1 Situación actual

Las contribuciones a la seguridad social se forman con aportes por parte del empresario y aportes por parte del trabajador. La reforma tributaria consagrada en la Ley Nº 18.083 –a nivel de industria y comercio–, que comenzó a tener vigencia el 1 de julio de 2007, introdujo los siguientes cambios a nivel de la tributación de las CESS:

• Reducción del aporte patronal jubilatorio de la tasa del 12,5% al 7,5%

• Eliminación de la exoneración del aporte patronal a la industria (nivelando al aporte de comercio y servicio)

• Eliminación del IRP patronal (previamente en 1%)• Sustitución del IRP personal (previamente en tasas de 0, 2 y 6%)

por el IRPF15

• Tasas diferenciales de aportes al seguro de salud (ex DISSE) en fun-ción de las retribuciones de los trabajadores y de si el dependiente tiene hijos menores a cargo

Actualmente las tasas de aportes son las siguientes:

15. El IRPF es un impuesto de carácter nacional administrado por la DGI pero cuya recaudación es llevada a cabo por el BPS. Además, el IRPF fue sustitutivo del IRP administrado y recaudado por el BPS.



CUADRO 44APORTE PATRONAL Y PERSONAL (en porcentajes)

Aporte patronal Aporte personal TotalJubilación (Montepío) 7,5 15 22,5Seguro de Salud 5 3 a 6 8 a 11Fondo de Reconversión Laboral 0,125 0,125 0,25Totales 12,625 18,125 a 21,125 30,75 a 33,75

Fuente: elaboración propia.

Existen varias consideraciones a realizar:

► Con respecto al seguro de salud, el cual sufrió modifi caciones con la Reforma de la Salud consagrada en la Ley Nº 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud que comenzó a tener vigencia en enero de 2008. Actualmente el dependiente tributa en función por un lado del salario nominal gravado y por otro lado teniendo de cuenta si tiene o no hijos menores de 18 años a su cargo.

Si el dependiente percibe mensualmente más de 2,5 BPC (Base de Prestación y Contribución) –aproximadamente U$S 170– va a tributar 6% por concepto de Seguro de Salud si tiene a cargo hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad. En caso de que el trabajador no tenga hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, tributará 4,5%. En todos los casos, si el dependiente percibe menos de 2,5 BPC mensuales tributará 3%.

El valor de la BPC vigente para el año 2009 a la fecha de este docu-mento es de $ 1.944.

El empresario tributará siempre 5% –sin variación respecto al régimen anterior– como contribución a la salud.16 Sin embargo, hay que tener presente que en el caso de que el 8% del sueldo nominal sea inferior a la cuota mutual fi jada por el Poder Ejecutivo, el empresario deberá abonar lo que se denomina Complemento de cuota mutual (CCM).

16. No hay aporte patronal referido a la salud en el aguinaldo (si tributan los trabajadores).



Para el año 2009 la cuota mutual está fi jada en $ 782, de lo que se deduce que por los sueldos nominales inferiores a $ 9.775 la empresa deberá hacerse cargo del costo del CCM.17 El porcentaje del 8% surgía de que antes de la Reforma de la Salud, el aporte patronal más personal a ex DISSE era del 8% (5% patronal y 3% personal); la norma establecía que si el 8% multiplicado por el sueldo gravado del mes era inferior a la cuota mutual, el empresario debía pagar el complemento.

Con la reforma, se dejó fi jo en 8% el porcentaje a aplicar a efectos de analizar si corresponde o no CCM, independientemente de la franja de tributación del trabajador. La tributación del CCM es grupal, por todos los dependientes de una empresa, es decir, el complemento se compensa entre la masa salarial de los dependientes de la empresa. Por lo tanto, sueldos mayores subsidian sueldos inferiores con respecto a la obligación del empresario de efectuar el CCM de su empresa.

Un aspecto importante a considerar relacionado a la informalidad o mejor dicho, en relación a la subdeclaración, es que si el empleado no completa 13 jornadas de trabajo en el mes o si percibe menos de 1,25 BPC (aproximadamente U$S 85) no tiene derecho a benefi cio del seguro de salud. En este sentido, y dado que trabajadores de escasos recursos econó-micos no se atienden en las IAMC por costos de tiques y de tratamientos (y sí lo hacen en Salud Pública), es común en cierto tipo de empresa que se subdeclaren jornales y/o retribuciones mensuales con el fi n de, por un lado, tributar en general menos en todas las CESS, y por otro lado, no pagar CCM.

► En relación al IRPF.18 Este impuesto debe ser soportado por el tra-bajador y la empresa debe liquidarlo, retenerlo y verterlo al BPS. Las tasas de aportación son progresivas por franjas y van del 10% al 25%, permitiéndose algunas deducciones tales como las propias

17. CCM = Cuota Mutual – Sueldo Nominal * 8%, si la resta es cero o negativa no se deberá realizar CCM. Debemos destacar que como incentivo, el gobierno ha venido reduciendo, en los últimos tiempos, el valor de la cuota mutual.

18. Hacer una exposición detallada de este impuesto excede el objetivo de este trabajo.



contribuciones personales a la seguridad social. Además, existen mínimos no imponibles y a partir del presente año, es opcional liquidar el impuesto en forma de núcleo familiar.

En puntos anteriores comentamos los costos de tributación en el BPS de las empresas monotributistas tanto sin personal como con dependientes.

A diferencia de lo que el público en general piensa, las empresas uniperso-nales pueden tener tantos empleados como una S.A o una S.R.L. Sin embargo, es poco frecuente encontrar empresas unipersonales con una extensa plantilla de personal, fundamentalmente porque es una estructura jurídica con mayor riesgo (exposición personal del titular) frente a reclamos de índole laboral.

Cuando las empresas unipersonales tienen personal, tributan por los dependientes de la misma forma que cualquier tipo societario (con ex-cepción de las empresas monotributistas). Es decir, se aplican las tasas de aportación del cuadro anterior.

El sueldo por el que deberá aportar el patrón (titular) es función de un fi cto fi jado por el BPS. Sin embargo, si la empresa es unipersonal y cuenta con personal dependiente, el sueldo por el cual deberá tributar es por el mayor entre el fi cto y el mayor sueldo de la plantilla de dependientes.

El fi cto patronal mínimo es de 11 BFC (Base Ficta de Prestación) para las empresas unipersonales sin personal y de 15 BFC tanto para las em-presas unipersonales que tengan personal como para las S.R.L., tengan o no personal.

Para el año 2009 se fi jó la BFC en $ 386,47; aún no está resuelto por el Poder Ejecutivo si va a sufrir variación en el resto de 2009.

Dos puntualizaciones importantes:

► Por un lado las normas establecen que tributarán por un mínimo de 11 BFC los titulares de empresas sin contrato y que no ocupen



personal. Las empresas unipersonales claramente no tienen un contrato social, puesto que no existen socios sino, únicamente, un titular. Cabría la duda de cuál sería el mínimo de BFC en caso de sociedades de hecho. Pero, dado que para la constitución de este tipo de sociedad no es necesario inscribir un contrato social, el BPS aplica un mínimo de 11 BFC para el caso de sociedades de hecho.

► En segundo término, es importante destacar que lo que establecen las normas es un mínimo de sueldo fi cto patronal para cada cate-goría y que existe una escala progresiva en función de antigüedad. Igualmente, el o los titulares de empresas personales siempre pueden optar por permanecer en el fi cto mínimo o en el que se encuentren en determinado momento.

El cuadro siguiente muestra la tributación de los titulares de las em-presas de carácter personal.

CUADRO 45TRIBUTACIÓN PATRONAL EMPRESAS DE CARÁCTER PERSONAL

Sin personal y sin contrato Con personal o sociedad con contratoMínimo 11 BFC Máximo salario con mínimo de 15 BFC

Fuente: Boletín Estadístico BPS Nº 63.

Los socios de una S.R.L. no tienen derecho a cuota mutual y los dueños de empresas unipersonales solo tienen derecho a la misma cuando tengan hasta un empleado.

Opinamos que esta restricción legal que castiga a las empresas unipersonales cuando tienen más de un empleado, fomenta el informalismo en este tipo de em-presas. La realidad es que si una empresa unipersonal tiene un empleado y necesita contratar a un dependiente adicional, o bien lo ingresa a su plantilla laboral (perdiendo el patrón el benefi cio de la cuota mutual) o no lo hace teniendo un empleado “en negro”.

Sobre este punto, tanto informantes califi cados como Contadores Pú-blicos de estudios contables tienen una opinión concordante.



2.3.2. Proyecto de Ley que contempla reducción de aportes patronales

El Poder Ejecutivo tiene intenciones de remitir al Parlamento a la fecha de entrega de este documento, junio de 2009, un proyecto de ley que contempla reducciones en la carga fi scal para las empresas contribuyentes del IVA Mínimo.

En este sentido y referido a las Contribuciones Especiales de Seguridad Social, los aportes jubilatorios patronales que deban pagar las empresas incluidas en el régimen de IVA Mínimo se reducirán en un 75% en el primer año y en un 50% en el segundo año. Este descuento regirá para las empresas que inicien actividades a partir de la vigencia de la ley pro-yectada.

En el caso de una empresa unipersonal sin dependientes –o con de-pendientes que perciban una remuneración menor al fi cto patronal– el fi cto patronal es de 11 BFC, $ 4.251 a valores actuales (ver Cuadro 45), y dado que la tasa patronal es del 7,5%, dicha carga tributaria actualmente representa $ 319.

En la situación proyectada, los montos a pagar por dicho concepto serían:

► Primer año de aplicación del benefi cio $ 80 (se exonera el 75%)

► Segundo año de aplicación del benefi cio $ 159 (se exonera el 50%)

El proyecto de ley plantea que para las empresas que hayan iniciado actividades en el período comprendido entre 1 de enero de 2008 y el día anterior a la entrada en vigencia de la ley proyectada, el descuento se rea-lizará en iguales condiciones que las que hubiera correspondido aplicar al segundo año de actividad.



2.4. APORTACIÓN - TASAS DE TRIBUTACIÓN INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

El sector Construcción es uno de los sectores en los cuales existe más in-formalidad. En el trabajo de la Ec. Clara Pereira de evasión sobre puestos de trabajo para el año 2007,19 la autora concluye que la evasión (medida a nivel de puestos de trabajo) en ese sector es del entorno al 42%, 10 puntos porcentuales más que en el sector de Industria y Comercio (Pereira, C., 2008). También el presidente del BPS estuvo de acuerdo en el enorme peso que tiene este sector en la informalidad.

El aporte en la Construcción se calcula mediante tasas unifi cadas que comprenden los tributos de Seguridad Social, licencia y aguinaldo del trabajador, BSE y Caja Profesional. Históricamente la tasa unifi cada fue del 80%, pero a partir del 1 de julio de 2007 se redujo al 74%.

El IRPF también grava esta actividad pero, como resulta obvio con-cluir, son muy pocos los dependientes que pueden verse alcanzados por este impuesto como consecuencia de que se aplica a partir de un mínimo no imponible.

2.5. APORTACIÓN - TASAS DE TRIBUTACIÓN ACTIVIDADES RURALES

El informalismo y la evasión son importantes también en la actividad rural.

El sistema de aportación rural varía de acuerdo al tipo de empresa, según se trate de Empresa Rural o Empresa Contratista. Si bien el aporte personal es similar al de Industria y Comercio, el aporte patronal depende del tipo de empresa.

El aporte patronal en las empresas rurales no depende del número de trabajadores sino del número de hectáreas CONEAT del establecimiento.

19. Publicado en la revista del BPS Comentarios de Seguridad Social Nº 20, julio – setiembre 2008.



Se trata de un fi cto de 1,156 por mil de la BPC por hectárea. Sin embargo, la tributación patronal de las empresas contratistas es igual a la suma total de montepíos de su personal dependiente, no pudiendo ser inferior a la del montepío del peón especializado plenamente ocupado, por cada uno de sus integrantes. Las empresas rurales unipersonales aportan en forma global y única.

Similar comentario al que hicimos en la Industria de la Construcción debemos realizar acá, respecto a la aplicación del IRPF de los dependientes en la actividad rural.

2.6. ¿ES CARA O BARATA LA TRIBUTACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL?

El análisis comparativo de la tributación a la seguridad social uruguaya con la de otros países sugiere, de acuerdo a lo manifestado por el gerente de la Asesoría General del BPS, que por lo menos en lo que se refi ere al aporte jubilatorio patronal –es decir, la contribución que hace el patrón para la jubilación del trabajador–, el porcentaje es inferior al de muchos países (incluso de economías desarrolladas). Es decir, el 7,5% general que se aplica en la industria, comercio y servicios es, en principio, una tasa relativamente accesible.

Sin embargo y como consecuencia de que la seguridad social en Uru-guay es defi citaria y por lo tanto, las personas no tienen la convicción de que efectivamente van a recibir una prestación justa en el futuro, seguimos observando que existen altos niveles de informalismo.

Una primera refl exión que nos surge sobre este punto es que el hecho de que la seguridad social sea defi citaria fomenta la informalidad. Buena parte de las personas sienten que al aportar a un sistema que no puede autofi -nanciarse, lo que están haciendo efectivamente es pagando un impuesto y no una contribución a efectos de obtener una prestación futura. Se en-tiende que la contraprestación en jubilaciones no compensa el esfuerzo permanente del aporte.



Una segunda opinión respecto al défi cit histórico que ha tenido la Se-guridad Social en nuestro país, es que reduce la independencia del BPS en toda decisión estratégica. Al ser un organismo que depende del Gobierno Central desde el punto de vista fi nanciero, el BPS no puede tomar decisiones de política social sin el consentimiento del Ministerio de Economía.

A efectos de fi nanciar el défi cit fi nanciero del BPS, el Gobierno Central debe prestarle asistencia. El siguiente cuadro muestra la evolución de la asistencia del Gobierno Central al BPS expresada en valores constantes dólares promedio año 2007.

CUADRO 46ASISTENCIA NETA DEL GOBIERNO CENTRAL AL BPS

Año Asistencia Neta (U$S)1997 688.459.5581998 697.670.8301999 820.840.7252000 867.162.8372001 830.386.0332002 826.354.5732003 648.484.3472004 506.158.3312005 416.090.4382006 331.751.3802007 199.522.317

Fuente: Boletín Estadístico Nº 63 del BPS.

El boletín Indicadores de la Seguridad Social del BPS Nº 63 citado en el cuadro anterior estima además que en el año 2008 la asistencia fi -nanciera sería del orden de los U$S 350 millones; o sea que la asistencia fi nanciera del Gobierno Central al BPS se establecería en una cifra que volvería aproximadamente a los niveles de 2006, luego del descenso que puede visualizarse en el cuadro para 2007.

Este retorno en el año 2008 a los niveles observados en 2006 se explica porque, además de la asistencia fi nanciera del Gobierno Central, existen ciertos impuestos cuya recaudación (por parte de la DGI u otros organis-



mos) está dedicada total o parcialmente a fi nanciar la ejecución del BPS. Estos ingresos adicionales son 7 puntos del IVA y el Impuesto a la Lotería y, hasta junio de 2007, lo fue el derogado COFIS, cuya contribución fue para 2006 de aproximadamente U$S 140 millones.

La evolución de la asistencia del Gobierno Central del Cuadro 46 nos permite concluir que, al margen de la mejora en la recaudación del propio BPS, el crecimiento de la actividad económica a partir de 2004 fue determinando que se recaudaran más impuestos administrados por la DGI que son afectados al BPS y reducen la necesidad de asistencia fi nanciera.

3. COSTOS PARATRIBUTARIOS

Al igual que en lo analizado para los costos de legalización, existen otros costos que podemos denominar indirectos o paratributarios que se refi eren a gastos –y no solo monetarios– en que las empresas deben incurrir porque son legales.

Los principales costos paratributarios de la legalidad que hemos iden-tifi cado son:

► autoliquidación de tributos por parte de los empresarios

► contratación de servicios contables y fi scales

► presentación de información a instituciones fi nancieras y organismos del Estado

Debemos admitir, por otra parte, que en algunas realidades económicas de las empresas puede existir un costo fi nanciero por la propia mecánica de la liquidación de los impuestos. Esto se refi ere, fundamentalmente, al adelanto del IVA cuando las empresas venden a crédito, ya que este impuesto se liquida sobre la base de lo devengado y no de lo percibido (como la gran mayoría de los tributos nacionales).



3.1. AUTOLIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS

El cumplimiento de las obligaciones fi scales y de seguridad social exige a las empresas incurrir en costos adicionales a los tributos propiamente dichos.

El sistema uruguayo traslada a los contribuyentes la obligación de liqui-dar los impuestos y presentar las declaraciones juradas ante DGI. A nivel del BPS, el contribuyente debe presentar la nómina de empleados (historia laboral) para obtener el recibo de pago mensual. Adicionalmente, todos los cambios que impliquen modifi caciones de domicilio fi scal y constituido, de giros, de directores y socios y de impuestos, se deben comunicar a ambos organismos así como al MTSS en formularios predeterminados.

Es importante realizar en este punto un par de precisiones.

Por un lado, ha existido una mejora sustancial de servicios en línea y en la descentralización de los pagos (pudiéndose realizar en red de co-branzas) tanto por parte de la DGI, el BPS y el MTSS. Sin duda poder realizar un número importante de gestiones en línea y tener la posibilidad de efectuar pagos fuera de los organismos ha permitido a las empresas ahorrar recursos.

A nivel de la DGI es posible, actualmente, enviar declaraciones juradas en línea o presentarlas en medios magnéticos en cualquier red de cobranzas y pagos, emitir boletos de pago en línea y abonar dichos boletos en las redes de cobranza.

Con respecto al BPS, existe lo que se llama Conexión Remota a través de la cual se pueden gestionar las empresas en línea incluyendo varios servicios: enviar nóminas de personal, emitir los recibos de pago (que se pueden pagar en redes de cobranzas y pagos) y realizar altas, bajas y modifi caciones de empleados.

Sin embargo, los cambios introducidos tanto por la reforma tributaria como por la reforma de la salud, han impactado negativamente en los



recursos administrativos que las empresas deben destinar para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Nos referimos, fundamentalmente, a la liquidación del IRPF de los dependientes, ya que las empresas deben adquirir software específi co para la gestión y liquidación del impuesto y asignar recursos administrativos para la administración del mismo. Además, en los últimos tiempos la DGI dictó resoluciones con el fi n de control tributario, que implican que los contribuyentes deben presentar información adicional frente al organismo – que involucra recursos administrativos y por lo tanto, costos– referida a detalle de proveedores y montos comprados, ventas a clientes y servicios recibidos por parte de profesionales, entre otros.

Debemos afi rmar que a nivel del monotributo y la pequeña empresa, los organismos tienen los mecanismos previstos para que el titular pueda administrarse sin necesidad de un estudio contable. En el caso de que la empresa monotri-butista o la pequeña empresa no tengan personal, el BPS emite un recibo de pago y lo envía al domicilio del contribuyente, pudiéndose abonar en red de cobranzas. La DGI emite una resolución anual con el monto del Impuesto a la Pequeña Empresa del año y el calendario correspondiente (el monotributo no paga a la DGI, como se vio en capítulos anteriores). Los boletos de pago se envían al domicilio del titular o se pueden imprimir en línea del organismo siendo posible, también, pagar dicho impuesto en la red de cobranzas.

Es difícil estimar el tiempo que le puede insumir a un monotributista o a un contribuyente de pequeña empresa gestionar su empresa si no opta por descentralizar los servicios en un estudio contable. Nos referimos a micro y pequeños empresarios sin dependientes. Los mismos, si optan por autoadministrar fi scalmente su empresa, no insumirán a nuestro juicio más de dos horas al mes.



3.2. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTABLES Y FISCALES

En la medida en que una empresa no sea monotributista y que tampoco por su dimensión económica corresponda que tribute el Impuesto a la Pequeña Empresa, lo más probable es que requiera del auxilio de los servicios de un estudio contable.

Esta afi rmación se funda en que la liquidación de forma mensual del IVA ya de por sí implica conocimientos en la materia por parte del em-presario. Si sumamos a ello que toda empresa contribuyente de IVA –por lo visto en capítulos anteriores– es por ende contribuyente de Renta y Patrimonio, estamos frente a una gestión que requiere de profesionales o peritos en la materia.

Además, los calendarios de vencimientos tanto de los pagos como de las declaraciones juradas de DGI son de difícil autoadministración y comprensión por los profanos en la materia.

En relación a la gestión que las empresas deben realizar ante el BPS y el MTSS, y fundamentalmente cuando las empresas tienen dependientes, es necesario que las mismas cuenten con el asesoramiento de un estudio contable. El servicio que suelen prestar los estudios en este sentido consiste en la liquidación de las retribuciones, presentación de nóminas y obtención de recibos de pago en el BPS y presentación de las renovaciones de las planillas de trabajo ante el MTSS.

Esta necesidad lógica a nuestro juicio del apoyo imprescindible de un estudio contable cuando las empresas (aun pequeñas y medianas) son contribuyentes de IVA y/o tienen dependientes se verifi ca en la práctica, confi rmando la racionalidad de los empresarios en este punto.

3.2.1. Honorarios profesionales

Las encuestas que llevamos a cabo a contadores públicos de estudios contables, en el ítem correspondiente a honorarios profesionales, revelan una gran diversidad de criterios.



El Cuadro Nº 47 muestra honorarios promedio (en dólares) relevados de acuerdo a la carga de trabajo para los estudios contables.

CUADRO 47HONORARIOS PROFESIONALES DE CONTADORES PÚBLICOS

Tipo de empresa Honorarios Montevideo Honorarios interiorPequeña Empresa Lit. E sin personal U$S 30 U$S 25Pequeña Empresa Lit. E con personal U$S 50 U$S 35Empresa contribuyente no CEDE sin personal U$S 130 U$S 100Empresa contribuyente no CEDE con personal U$S 170 U$S 120Empresa contribuyente CEDE U$S 260 U$S 200

Fuente: elaboración propia en base a encuestas.

Es muy difícil para un profesional poder evaluar certeramente el volu-men de trabajo que le demandará una empresa. En este sentido, es usual que además del factor trabajo esperado y la complejidad de la tarea, a la hora de cotizar honorarios los Contadores Públicos nos manifestaron que intervienen otros aspectos, tales como situación de rentabilidad de la empresa y honorarios cobrados por el profesional anterior (si existió).

De cualquier manera, y volviendo al Cuadro Nº 47, el factor más importante considerado por los estudios contables a la hora de cotizar honorarios a una empresa se refi ere al volumen de carga de trabajo. En el cálculo del volumen de trabajo, de acuerdo al relevamiento, tiene inje-rencia si la empresa es Pequeña Empresa (Literal E), si tiene personal y si es contribuyente CEDE.

Como fue comentado en ítems anteriores, las Pequeñas Empresas contribuyentes del denominado Literal E no deben llevar contabilidad, ni liquidar IVA ni Impuesto a la Renta ni al Patrimonio. Esto implica que la gestión del estudio contable se reduce a recordarle mensualmen-te al empresario el día del vencimiento de la cuota y gestionar el pago (que en la mayoría de los casos lo hace el propio empresario). Es decir, un primer mojón para la cotización de honorarios profesionales es si la empresa debe llevar contabilidad, liquidar IVA, Renta y Patrimonio o no debe hacerlo.



A su vez, dentro de las empresas contribuyentes (de estos impuestos) podemos distinguir las empresas incluidas en el grupo CEDE (Control Especial de Empresas) de la DGI y las no incluidas en dicho grupo. Las empresas CEDE –que en este momento son un número importante– son aquellas que por su giro o volumen de ventas son incluidas por la DGI en un grupo especial a efectos de tener un mayor control. Estas empresas deben presentar declaraciones juradas todos los meses con respecto a la liquidación del IVA y anticipos y una declaración jurada anual con el balan-ce. En tales casos existe un mayor volumen de trabajo con contribuyentes CEDE para los estudios contables, así como la necesidad de estar más atentos a detalles de la administración contable y fi scal de estas empresas.

Por último, la otra variable relevante a la hora de cotizar honorarios por parte de los estudios contables es la existencia o no de dependientes en la empresa. En este sentido, podemos encontrar empresas contribuyentes del Literal E con dependientes (no más de uno o dos), empresas contribuyen-tes IVA, Renta y Patrimonio no CEDE con o sin dependientes –aunque en la mayoría de los casos tienen personal–, y es muy difícil encontrar una empresa CEDE sin dependientes. El aumento en complejidad de la liquidación de los sueldos –a partir de la incorporación del IRPF– ha hecho que los estudios contables pongan especial atención al número de empleados que las empresas tienen al cotizar honorarios.

3.2.2. Algunas refl exiones sobre los honorarios profesionales

El relevamiento que efectuamos evidenció que los honorarios que los estudios contables cobran en el interior del país son inferiores a lo que aplican escritorios de la capital. El mismo relevamiento mostró que los honorarios que cobran las agrupaciones gremiales tales como CAMBADU, centros comerciales y similares, son inferiores a los que aplican estudios contables individuales.

Como consecuencia de la reforma tributaria y de la salud, el volumen de trabajo que deben gestionar los estudios contables es muy superior al que debían realizar con anterioridad. En efecto, las últimas resoluciones



dictadas por la DGI implican que cada vez más las empresas (y los estudios contables por ende) autoliquiden los tributos y, a su vez, la cantidad de in-formación adicional que requiere la Administración Tributaria complejiza la labor de los profesionales en la materia.

En defi nitiva, las reformas implicaron más costos para los estudios contables, bajando la rentabilidad de los mismos por el efecto de mayor carga de trabajo, necesidad de pagar mejores sueldos a los administrativos (como consecuencia de oferta y demanda de personal califi cado) e impo-sibilidad de subir los honorarios en relación al volumen incrementado de trabajo.

3.3. PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A ORGANISMOS

Los estudios contables incorporan como criterio de discriminación para la fi jación de sus honorarios si deben cumplimentar información específi ca requerida tanto por organizaciones privadas (ejemplo bancos) como organismos públicos (DGI, BPS, BSE). Las mayores exigencias de los empresarios se ven refl ejadas de esta manera en relación directa en honorarios diferenciales.

Cuando una empresa tiene préstamos con el sector fi nanciero, la pre-sentación de sus balances anuales así como otra información de carácter tributario y fi nanciero al banco acreedor es obligatoria. Esto implica que las empresas con pasivos en el sector fi nanciero deben presentar a los bancos anualmente sus balances fi rmados por Contador Público, así como otra información fi nanciera y fi scal relevante.

Excluyendo a las empresas contribuyentes del Literal E y las monotri-butistas, toda empresa debe presentar su balance a la DGI con su liqui-dación anual de Renta, Patrimonio e ICOSA cuando corresponde. Las empresas que optan por liquidar sus tributos sin contabilidad sufi ciente deben, igualmente, presentar la información en forma anual en similar formato. Además, todas las empresas deben pagar sus impuestos en forma mensual.



Como se mencionó anteriormente, es importante distinguir entre las empresas del grupo CEDE de la DGI y las no CEDE. Las empresas del grupo CEDE deben presentar declaraciones juradas todos los meses donde determinan sus impuestos a pagar (IVA y anticipos de Renta, Patrimonio e ICOSA si corresponde). Las empresas no CEDE solo deben presentar declaraciones (adicional a la anual de renta y patrimonio) en forma se-mestral. Sin duda, las empresas CEDE son pasibles de mayor control por parte del organismo fi scalizador y ello obliga a una mayor y mejor gestión administrativa y a tener que sufragar honorarios a los estudios contables.

Otro organismo que pudiera requerir de presentación de información es la Auditoría Interna de la Nación para trámites específi cos tales como transformación de una SRL en una SA o la transformación de acciones al portador de una SA en acciones nominativas.



[167]

6.RECOMENDACIONES

1. EL DILEMA A SOLUCIONAR

El tema de la informalidad es de carácter estructural y constante. Lo primero signifi ca que es parte de la lógica básica del sistema, cualquiera sea la teoría que sustenta su existencia (ver en el capítulo 4 un desarrollo sucinto de las teorías que explican el fenómeno), y que sea constante im-plica que más allá de las variaciones, no existe período en el cual su valor se haga nulo y vuelva luego a renacer. Puede constatarse en los desarrollos anteriores que por el contrario, la tendencia ha sido creciente hasta 2005, momento en el cual se amortigua su incidencia.

Esta última constatación, el menor peso de la informalidad en los últimos años, revela sin embargo que pese a esas características defi nito-rias del fenómeno es posible pensar en formas de reducir su incidencia. Las medidas que se han tomado en el período de gobierno en el cual se llevó a cabo este trabajo evidencian efi cacia en sus resultados, mostrando una relación directa entre esfuerzos deliberados en esa línea y resultados plausibles.

La difi cultad principal para la erradicación de la informalidad reside en dos aspectos: la “funcionalidad” de la informalidad para la lógica del sistema y la relación directa existente, comprobada y que se mantendrá, entre tamaño de la empresa y tasa de informalidad. En la medida en que la mayoría de las empresas sean micro o pequeñas, como sin duda es la lógica pasada, presente y futura del país y de la región, algunas presiones hacia la informalidad subsistirán, por lo menos en los años fundacionales de muchas de estas organizaciones.



Otra complejidad es aquella que deriva de la decisión que debe adop-tar el poder político entre permisividad y control. La permisividad se entiende por algunos actores como un ingrediente poderoso desde el punto de vista social para equiparar situaciones de desamparo social; algo así como “hacer la vista gorda” frente a situaciones sobre las que con claridad habría que actuar o bien poniendo límites o haciendo sujetar a las normas vigentes a aquellos que las transgreden. El supuesto implícito (muchas veces también explícito) es que la excesiva regulación sometería a las organizaciones o individuos desamparados a una situación aun peor, más dramática, en la medida en que deberían hacer frente a costos que se les hace difícil enfrentar y mantener permanentemente, a partir de ello, la información de las reglamentaciones que los comprenden. Sin duda el Monotributo viene a ser una solución razonable, por cuanto con un bajo costo de legalización, de administración y de legalidad otorga protección legal a ciertas actividades.

Se puede esgrimir, en contra de esta argumentación, que una reglamen-tación que permita libertades o exoneraciones mayores a algún tipo de empresas (por ejemplo, a aquellas de menor tamaño) puede fomentar por un lado la competencia desleal y por el otro un movimiento al redimen-sionamiento de las empresas en la línea de su fraccionamiento, perdiendo quizás de esta manera la efi ciencia propia de las organizaciones de mayor tamaño (ver estos aspectos en el capítulo 2 sobre las MIPYMES de este trabajo) y constituyendo instituciones de carácter artifi cial, no defi nidas por la lógica de la gestión sino por la lógica contributiva.

También puede señalarse, con razón, que los estatutos jurídicos de cualquier tipo generan efectos en varios sentidos, algunos de ellos opuestos a lo que los motivó. Por ejemplo, normas que aseguren niveles de inamovilidad mayores para el trabajador o seguros de desempleo más generosos o salarios mínimos más elevados, pueden incitar a los empre-sarios a contratar menos empleados, es decir, fomentar el desempleo y la informalidad. Se produciría entonces un curioso efecto de empleados ocupados mejor remunerados y más estables coexistiendo con más traba-jadores desempleados, equilibrio inestable que en algún momento debe


6. RECOMENDACIONES 169

solucionarse.20 Cualquier decisor político preferiría sin duda menor des-empleo a mejores condiciones para los empleados, pero inevitablemente se interaccionan y hay que buscar soluciones socialmente aceptables para ambos asuntos.

El control es defendido y practicado por instituciones cuyo cometido es precisamente ese, tales como la DGI o el BPS. Más allá del cumplimiento de funciones, la lógica de esos servicios se funda en que las personas que son objeto de control actúan con racionalidad en sus actos, prefi riendo evitar pagos que efectuarlos. En la medida en que no existiera un control sufi ciente y efi caz, no alcanzaría con los individuos u organizaciones con buena voluntad para lograr los ingresos necesarios para mantener el aparato estatal aún con sus funciones mínimas y se produciría inequidad, propiciándose que mientras unos pagan (los que desean colaborar) otros no lo hacen (los que prefi eren ahorrar, presumiblemente los más). La igualdad, por si fuera poco, es parte fundamental de los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos, como lo prescribe la Constitución en el Art. 8º: todas las personas son iguales ante la Ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Planteos legales de favorecer a las MIPYMES o a parte de ellas podrían ser objeto entonces de acciones de inconstitucionalidad, amparadas en la Carta Magna.

También tiene efectos perniciosos, sin embargo, la excesiva reglamen-tación; a partir de ciertos límites, fomenta la evasión por otros medios.

Ambas concepciones son en sus extremos incompatibles, pero suelen convivir en todo país, lo que implica que lo normal es encontrarse con gobiernos más o menos tolerantes respecto del cumplimiento de las regu-laciones que afectan a los individuos y empresas y con sistemas de control que aun con un diseño riguroso se permiten “grados de libertad” en su aplicación, de forma de “apretar pero no ahogar” a los contribuyentes,

20. No es objeto de este trabajo analizar cómo se soluciona este desequilibrio, aunque sí lo es des-tacar su existencia e implicancia para el estudio de la informalidad y para la refl exión sobre las mejores medidas a adoptar para mitigar su incidencia.



sobre todo a aquellas organizaciones que se sabe son más desamparadas: las micro y pequeñas empresas.

La Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (ANMYPE), agremiación de empresas de organizaciones de esos tamaños que ya posee más de 20 años, ha manifestado públicamente en algunas oportunidades “la necesidad de una normativa fl exible y diferenciada” (Dieste, 2005). Acorde a la refl exión de párrafos anteriores, ni esta propuesta ni ninguna otra es neutra: si se trata de redistribuir las cargas de los contribuyentes, lo que alguien no paga tendrá que ser cubierto por otro, en una especie de juego de suma cero. Para que alguien se benefi cie, debe aceptarse que se le brinden excepciones, contrariando el principio de equidad aunque quizás no el de justicia.

En suma, no parece aceptable la teoría de la “mano invisible” clásica, que pregona el ajuste automático de acuerdo a una lógica inexorable; semejante funcionamiento no contempla la justicia social y aumenta el desamparo de aquellos más desprotegidos y marginados.

En la misma línea de refl exión, la reglamentación excesiva y el control demasiado riguroso incitan a situaciones límite a los que se sienten perju-dicados, quizás generando un efecto indeseable como el de no encarar los sujetos determinadas actividades para evitar incurrir en los costos legales. Sin embargo, la permisividad presenta el riesgo propio de lo subjetivo: ¿hasta dónde permitir sin que se caiga en la injusticia de castigar a algunos y perdonar a otros?, ¿cuánto es el exceso de carga que deben soportar los formales para sustentar a los informales cuyo control se soslaya?

La Ley 16.201 de 1991 que declara de interés nacional la promoción, desarrollo y tecnifi cación de las pequeñas y medianas empresas es, a nues-tro juicio, deliberadamente general en su alcance. Si bien propone como centro de interés temático “propender a su descentralización geográfi ca, al aumento de la productividad de sus recursos y a la generación de empleos en todo el territorio de la República”, no impulsa medidas concretas sino que solo establece cometidos generales y crea una Comisión Honoraria



para el Desarrollo de la Artesanía, Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Además, no existen en su redacción menciones a reglamentación de as-pectos laborales o fi scales concretos.

El dilema, una vez obtenido un diagnóstico, es trascender de este hacia las medidas, lo que no siempre es obvio. En el caso de la búsqueda de la reducción de la informalidad, los extremos van desde la represión y control estricto, con sanciones rigurosas, hasta la tolerancia máxima, con políticas de formación y estímulo. A nuestro juicio, como es habitual, las respuestas no se hallan por los extremos sino por algún lugar intermedio entre ese continuo “represión – tolerancia”. Es decir: las políticas de formación y estímulo son apropiadas y es casi obligatorio pasar por ellas, dada su tras-cendencia social y política, pero siempre habrá individuos que especulan con los límites legales, abusando de situaciones privilegiadas o de las “zonas grises” del ordenamiento jurídico tributario, para el cual deben preverse sistemas efi cientes y efi caces de control.

2. LOS ALCANCES DE LAS ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD

Una observación del fenómeno de la informalidad en el recorrido que hemos realizado en este trabajo evidencia que existen dos grandes grupos de medidas para enfrentar su incidencia, según una tipología que atienda al plazo necesario para lograr efectos: medidas de incidencia mediata y medidas de incidencia inmediata.

No quiere decir la clasifi cación sugerida que deban evitarse las primeras y concentrarse las segundas porque unas son más “lentas” que otras en lograr efectos. Por el contrario, las medidas mediatas (que podríamos decir que son de carácter más estratégico que las inmediatas, es decir, de efectos en el mediano o largo plazo) son aquellas realmente removedoras por ata-car el problema estructural, no sus incidencias del corto plazo. Quizás esa circunstancia de que la visualización de sus efectos solo es posible en un lapso algo prolongado haga que estas medidas sean las menos preferidas por los decisores políticos, lógicamente preocupados por mostrar al fi na-



lizar su período de gestión resultados inmediatos, palpables y visualizables para los electores que han confi ado en su gestión y que deben expresarse nuevamente ratifi cándolos o removiéndolos. Es difícil que el elector en-tienda fácilmente, por ejemplo, postergaciones de hoy para afi rmaciones de mañana, por lo que aquellas medidas estructurales que se asientan en dicha lógica no gozan del esfuerzo que se merecen.

Una última aclaración consiste en señalar que el tema de la informali-dad no sólo es multi-causal, sino que sus diferentes causalidades interac-túan dialécticamente. En tal sentido, quizás accionar sobre algún aspecto cuyo resultado esperado es la reducción del informalismo, incida por otro lado incrementándolo. Cualquier haz de acciones debe contemplar esta circunstancia, que es propia por otra parte de la política económica en general y sus efectos. Así, debe interpretarse que nuestras opiniones en los puntos siguientes pueden estar teñidas de derivaciones en algunos casos de signo opuesto, que no identifi caremos aquí en toda su magnitud sino que ello es propio de los “policy-makers” de Uruguay.

Un esfuerzo institucional que precede a este trabajo en lo que refi ere a la propuesta de medidas para combatir el Informalismo es el documento “Compromiso nacional sobre inversión, producción, empleo e ingresos” de la Comisión de informalidad, donde se asume que al ser el trabajo un derecho fundamental se debe profundizar en las políticas de empleo e implementar políticas de Estado, una de las cuales refi ere al Informa-lismo. Suscribimos este documento perteneciente al subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al director de la DGI casi en su totalidad.

En los ítems siguientes desarrollaremos un “punteo” de las medidas tanto mediatas como inmediatas que entendemos juicioso atender, sin perjuicio de que vale nuestro comentario previo de que no es este el ob-jetivo de este trabajo sino un colofón razonable. Por el mismo motivo, que incluye no priorizar, la lista de medidas que sigue no está ordenada por criterios de importancia.



2.1. MEDIDAS MEDIATAS PARA REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD

a) Que el sistema de seguridad social sea defi citario impacta negativa-mente en la formalidad. La sociedad percibe que como es un régimen que necesita asistencia fi nanciera del Gobierno Central, no es autosufi ciente e independiente sino que depende de los avatares propios de la política, pudiéndose cambiar las reglas de juego en cualquier momento, como ha sucedido en múltiples oportunidades. Además, el hecho de que existan múltiples casos en los cuales el BPS admite la prueba de la causal jubilatoria por la vía de testigos (evitando las contribuciones efectivas al sistema) es un antídoto para la formalidad de los trabajadores. Es difícil hacer una recomendación para estos hechos que sea concreta y que tenga vigencia en el corto plazo; lo óptimo sería un BPS independiente del poder político, pero ello en el país nunca se pudo lograr y tenemos cierto escepticismo sobre que se encare en el mediano plazo.

b) Corolario de lo anterior, a nivel del contribuyente la percepción do-minante es que no recibe contraprestación equivalente a lo que aporta y al sacrifi cio presente que le signifi ca estar al día en sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Sería recomendable realizar campañas sistemáticas de comunicación que resaltaran que dicho esfuerzo se vuelca en la comunidad en bienes tangibles o servicios (escuelas, etc.).

c) Está comprobada la relación directa educación – formalidad (ver cua-dros 31, 39 y 40 del capítulo 4), quizás basada en una dupla de factores: la mayor educación aumenta el costo de oportunidad de ser independiente y además, la informalidad se alimenta en alguna medida de la ignorancia. Apoyar la educación formal y la capacitación a las empresas son entonces dos medidas que combaten la informalidad.

d) En lo que concierne a la educación empresaria, particular relevancia ad-quiere la capacitación específi ca en TIC. Introducir al país y sus empresas paulatinamente en la sociedad de la información y el conocimiento parece ser una vía directa para el apalancamiento de capacidades más complejas y



por esta vía, para el aumento de la comprensión de los benefi cios de for-malizar las empresas. Un efecto derivado de ello sería el posible aumento de la cantidad de empresas que podrían hacer gestiones vía Internet, lo que retroalimentaría a los organismos a permitir la realización de todas o casi todas las gestiones virtualmente.

e) La tasa de informalidad en Uruguay guarda cierta uniformidad, pero se detectan departamentos donde su incidencia es más grave (ver capítu-lo 4, Cuadro 26). En tal sentido, sugerimos que se tenga en cuenta esta segmentación evidente a la hora de búsqueda de propuestas concretas, atendiendo a medidas particulares para las regiones que ameriten atención más cuidadosa.

f) No puede faltar a la hora de realizar sugerencias plantear con carác-ter amplio la importancia de la simplifi cación, abreviación o directa-mente eliminación de trámites. Los informantes a los que hemos acudi-do han manifestado dos cosas en forma reiterada: lo esquivo que resulta para la decisión de formalización el tener que llevar a cabo un número grande, engorroso o caro de tramitaciones y, por otro lado, cuán esti-mulante resulta para la formalidad que se hayan simplifi cado algunos de ellos. Pone en evidencia estas observaciones lo permanente de la tarea de racionalización que debe acometer la administración pública. Como señala Perry, “los gobiernos deberían considerar la realización de revisiones integrales de las regulaciones con el objetivo de eliminar las exigencias burocráticas innecesarias y costosas. En este sentido, el de-safío consiste en distinguir cuáles son las reglamentaciones pertinentes y cuáles son anacrónicas, así como en identifi car las reglamentaciones que aumentan considerablemente el costo de operación de las empresas privadas y que no se justifi can por intereses públicos legítimos, como son la protección de la seguridad pública o del medio ambiente. Si estas reformas resultan exitosas, podrían ayudar a reducir la informalidad al aumentar la creación de empleos en el sector formal y reducir el incum-plimiento de las reglamentaciones entre las empresas medianas y gran-des registradas –por ejemplo, la evasión fi scal y de los pagos del seguro social–” (Perry et al., 2007). La utilización de herramientas informáticas



es aún incipiente y conviene reforzar la implementación y educación sobre su práctica.

g) En un plano más teórico, no cabe duda de que el aumento de la pro-ductividad agregada de la economía permite que las empresas se expandan y paguen salarios más elevados. Las mejoras en el nivel de vida permiten que los trabajadores encuentren más oportunidades laborales formales, en la medida en que la informalidad funciona en muchos casos, como mencionamos antes, como refugio de trabajadores desplazados o que no pueden insertarse en el circuito formal. “Sin esas mejoras de la pro-ductividad agregada, seguiremos encontrando un número muy grande de microempresas, caracterizadas por una elevada rotación del personal, perspectivas de crecimiento limitadas y baja productividad, que verían pocas ventajas en formar parte de las instituciones formales. Sin mejoras generalizadas en el capital humano, muchos trabajadores no califi cados seguirán prefi riendo el empleo por cuenta propia, aun cuando sus ingresos sean bajos, porque los empleos que pueden encontrar en el sector formal también les aportarían ingresos bajos. Esas mejoras en el capital humano tienen que estar sincronizadas con las del clima de inversión, según se ha recalcado en estudios anteriores (en particular, de Ferranti et al., 2003), porque de lo contrario, la demanda de trabajadores más califi cados no aumentará a la misma velocidad que el aumento en la oferta –con lo cual bajarán los retornos a la educación (por ejemplo, los retornos a haber cursado la educación secundaria)– y se erosionarán más los incentivos a la inversión en la educación” (Perry et al., 2008).

Esta refl exión es interesante pero remite el problema a la búsqueda de macro-soluciones: si la economía mejora el informalismo se reducirá, lo cual resulta evidente pero poco pragmático a la hora de las propuestas prácticas.



2.2. MEDIDAS INMEDIATAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA INFORMALIDAD

2.2.1. Introducción

Desde una óptica concentrada en las medidas de corto plazo, existen dos grandes temas opinables vinculados a la forma de reducir la informalidad: si utilizar rebaja de impuestos, tributos o cargas sociales o llevar a cabo una mayor o mejor fi scalización de las reglamentaciones vigentes.

En Uruguay, varios estudios encuentran que los costos no laborales son elevados (Estradés y Terra, 2008; Cassinoni, 2005; Cassinoni y Ferre, 1997). El supuesto de estas concepciones, por lo general, es que una po-lítica de rebajas impositivas que se concentren en sectores seleccionados, quizás aquellos que enfrentan mayores costos laborales, propende a la regularización y reduce la informalidad, ya que la motivación para no estar en regla descansa precisamente en lo oneroso de enfrentar las cargas iniciales o periódicas de la formalidad.

También existen estudios que plantean los mayores controles como instrumento para aumentar la creación de empleos formales y reducir así la informalidad en Uruguay (Forteza, 1999). La hipótesis implícita en esta concepción es que el problema reside más en la aplicación de las normas existentes que en la creación de nuevas normas regulatorias del mercado. La hipótesis presenta su anverso, como ya señalamos, en los efectos ne-gativos sobre el empleo (Estradés y Terra, 2008; Boeri y Garibaldi, 2006).

Casi no se encuentran estudios que analicen más allá de la refl exión teórica cuán conveniente o cuántas limitaciones tiene uno u otro de los abordajes. Estradés y Terra (2008) afortunadamente realizan un profundo análisis empírico sobre ambos escenarios: el impacto sobre el mercado de trabajo, el bienestar de los trabajadores y la economía en general de las políticas de reducción de impuestos patronales y el de las políticas de aumento de controles. Su conclusión, resumidamente, es que si bien todas las políticas de rebaja impositiva son efectivas para reducir la informalidad total y la informali-



dad en los trabajadores no califi cados, puede producirse un efecto perverso al aplicarse las rebajas solamente a los trabajadores no califi cados, ya que los empresarios podrían optar en este caso por sustituir a trabajadores califi ca-dos por aquellos benefi ciados con las rebajas (ya que les implica un costo menor). Aumenta así la demanda de trabajadores no califi cados (es decir, se crea empleo formal para estos trabajadores), aunque en contrapartida es menor la demanda de aquellos con más califi cación.21

Respecto al impacto de la aplicación de políticas de aumento de con-troles, Estradés y Terra (2008) comprueban que el aumento de controles sobre la informalidad es un mecanismo más efectivo que los esfuerzos impositivos para reducir la informalidad, ya que el impacto que se logra es directo (el traba-jador informal detectado debe regularizarse de inmediato, aumentando el caudal de trabajadores o empresas formales) y no indirecto como en el caso de las rebajas impositivas, que lo que logran es un aumento del empleo formal en cierto lapso. El resultado es tanto mejor cuanto más efi caces son los controles, aunque las políticas que redundan en mejores resultados para los trabajadores no califi cados son las impositivas, ya que además de lograr la caída de la informalidad consiguen un aumento de sus remuneraciones, aunque ello se logra impactando negativamente en las fi nanzas gubernamentales y la inversión pública. Una posible forma de mitigar el costo para el Estado de semejantes políticas podría ser el camino de la selectividad, es decir, aplicar la rebaja impositiva a algún grupo de trabajadores o a algún sector de la economía. El corolario de ello es, como mencionamos al comienzo de este capítulo, la generación de desigualda-des (que podrían ser hasta ilegales en el límite) o efectos compensatorios, también ya comentados: al hacer “preferible” la contratación de cualquier grupo, se hace menos la de otro, tendiendo a equilibrarse la reducción de la informalidad de uno con la del otro o el aumento del salario de los trabajadores sin califi cación con la reducción de aquellos que tienen más califi cación. Por otra parte, las reducciones impositivas afectan los ingresos del Estado, que deben ser compensados con otras fuentes.

21. Naturalmente, esto vale para la comparación trabajadores NO califi cados versus trabajadores POCO califi cados. Las empresas no pueden fácilmente prescindir de los trabajadores altamente califi cados por razones técnicas, por más que la ecuación de costos les resulte favorable.



Se comprueba también que las políticas de reducción de impuestos tienen efectos benéfi cos sobre la pobreza (personas por debajo de la línea de pobre-za y personas por debajo de la línea de indigencia) y la distribución del ingreso. A mayor reducción impositiva, más alto impacto. En cambio, las políticas basadas en los controles tienen comportamiento dispar, por ejemplo en el caso de los trabajadores no califi cados los controles fuertes conducen a la caída de sus salarios, al aumento de la pobreza y de la indigencia y a empeorar la distribución del ingreso.

2.2.2. Las medidas concretas para la reducción de la informalidad

a) La informalidad es más alta en el Interior del país, como consecuencia fundamentalmente de la baja legalización del sector agropecuario. En ello inciden las peculiaridades de la forma de tributación a la seguridad social del sector y por otro lado aspectos del macro entorno cultural. Corolario de esta constatación es la sugerencia de que tanto las normas de seguridad social como los tributos administrados por la DGI deberían ajustarse a esquemas simples, de fácil recaudación y control. Para fo-mentar el cambio cultural de la población del Interior del país deberían llevarse a cabo campañas informativas gubernamentales que expliquen claramente los benefi cios de una efi ciente seguridad social y las ventajas para el contribuyente que se derivan de cuando la tributación es justa y apropiada. Algunos esfuerzos que ha llevado a cabo el BPS al introducir estos conceptos por medio de revistas con viñetas e historias infantiles entendemos son afortunados.

b) De acuerdo a nuestros relevamientos y a la revisión bibliográfi ca, las empresas más proclives a la informalidad y subdeclaración (tanto en pues-tos de trabajo como en ingresos declarados) son aquellas de baja produc-tividad y los sectores donde existe escasa fi scalización y que pertenecen al último eslabón de la cadena: venta al consumidor fi nal. Una mejora de la fi scalización, una menor presión fi scal y una adecuada institucionalización de los organismos de control tendrían efectos positivos en el aumento de la formalidad, en especial si como señalamos en el ítem anterior, estas medidas pudieran verse acompañadas de instancias educativas inteligentes.



c) Algunas de las principales razones por las cuales ciertas MIPYMES su-fren de baja productividad se encuentran en las bajas economías de escala, que impactan tanto en las compras como en las ventas, y en la falta de personal de media o alta califi cación. La baja productividad suele impactar en la también reducida rentabilidad, tanto bruta como neta. La respuesta empresaria previsible en estas circunstancias es por un lado subdeclarar puestos de trabajo (no incluir a todo su personal en la plantilla de trabajo), declarar que abona menos retribuciones y jornales a algunos o todos los empleados, subfacturar las ventas o inventar compras y gastos. Con estas últimas medidas, la empresa logra hacer aparecer menores costos de pro-ducción (vía menores aportes al BPS) y se benefi cia adicionalmente con menores pagos de impuestos.

Más allá de lo anotado antes de los efectos complejos desde el punto de vista de la equidad, a nuestro juicio deberían establecerse multiniveles de tributación de acuerdo al tamaño de las empresas, es decir tasas dife-renciales del Impuesto a la Renta. En su defecto, si priman los juicios que entienden que esta solución fomenta cierta arbitrariedad y consecuencias perversas (tales como la subdivisión de los negocios en unidades más pequeñas, de modo de tributar en franjas menores), pueden establecerse fi ctos de utilidad bruta (similar al esquema vigente, pero con mayores posibilidades, no tan rígido) que contemplen las realidades económicas de las diferentes empresas. Aun en este caso, el riesgo de que los empresarios fuercen su situación para quedar comprendidos en alguna franja de aportes más privilegiada subsiste y solo puede ser subsanado, en alguna medida, con el análisis puntual de las realidades económicas de las fi rmas.

d) Entendemos inapropiado y desfavorable para la formalidad de las em-presas que se mantenga el monopolio de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el Banco de Seguros del Estado. La apertura a compañías privadas a todo tipo de seguros, que coexistirían en régimen de competencia con el banco estatal como ocurre desde hace más de diez años con los seguros de automotores, casas y comercios y de vida, lograría mejores precios al consumidor fi nal al abaratarse las pólizas en virtud de la necesidad de las diferentes compañías de lograr cuotas



de mercado. Como efecto derivado, la competencia entre compañías de seguro traerá aparejadas, además de la reducción de precios, mejores y más variadas ofertas de servicio. Esta reducción de precios implicaría reducción de la informalidad, ya que el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales forma parte de los seguros obligatorios que debe sufragar el empresario por cada empleado de su nómina.

e) El cambio en el anteriormente llamado Impuesto a la Pequeña Empresa (Literal E) –actual IVA Mínimo– en el cual se establece que los contribu-yentes del IRAE no pueden deducir en su liquidación de renta los gastos y compras de empresas Literal E, conspira contra la formalización de este tipo de empresas. Si bien es comprensible que era necesario poner coto a los abusos que existían en el anterior (y muy similar) régimen, la opción tomada por el legislador es algo desafortunada. Hubiera sido una mejor opción, por ejemplo, limitar el número de empleados máximo para las em-presas que se amparasen a este régimen. Resultado de la legislación actual es que las empresas contribuyentes del IRAE prefi eren no tener relación comercial con las empresas del régimen del Literal E, desestimulando a estas últimas a formalizarse al saber a priori que perderán oportunidades de vender o que las contraten por restricciones fi scales.

f) La tasa de aportación patronal a la seguridad social se encuentra a un nivel bajo comparada con la de otros países, como se detalló en puntos anteriores de este trabajo. Debería buscarse, sin elevar la presión fi scal, que en lugar de percibir el BPS los 7 puntos porcentuales del IVA tal como ahora, así como otras asistencias del Gobierno Central, se aumentaran las tasas de aportación patronal, amparados en ese rezago que se tiene res-pecto a los otros países de la región. Esa medida sin embargo es resistida por casi todos los actores políticos, que han manifestado públicamente su disposición a actuar justamente en la línea opuesta a esta sugerencia.

g) La norma que establece que los dueños de empresas unipersonales pierden el derecho a cuota mutual cuando tienen más de un dependiente también fomenta la informalidad. Como se mencionó en el Capítulo 5, los dueños de empresas si bien tienen derecho a la cuota mutual, lo pierden



cuando contratan a más de un dependiente. Es claro que esta restricción fomenta la informalidad, al estimular a los empresarios a ocultar perso-nal contratado, ya sea permanente como zafral, de forma de mantener el benefi cio de la cuota mutual. Recomendamos que para evitar este efecto perverso, se elimine el límite al número de empleados que pueda contratar una empresa unipersonal sin que el titular pierda el derecho a la cuota mutual. Además de entender este argumento como lógico y sustentable, nos ha sido manifestado también en respuestas a nuestras entrevistas tanto por empresarios y contadores públicos como por representantes de los empresarios en el BPS.

h) El régimen de aporte patronal de las empresas de carácter personal (unipersonales, S.R.L., sociedades de hecho) por el cual los titulares deben aportar por la mayor retribución de sus dependientes, fomenta la subde-claración frente a la seguridad social. Como se mencionó en el Capítulo 5, básicamente todas las formas jurídicas excepto las sociedades anónimas deben aportar por parte del empresario frente al BPS por el mayor de los importes entre el fi cto patronal y el mayor sueldo de la empresa. Dado que el fi cto patronal es relativamente bajo para el promedio de sueldos reales actuales, lo más común es que los patrones tributen por el mayor sueldo de la empresa. En la práctica, es frecuente que las empresas de pequeño tamaño y con pocos empleados subdeclaren frente a la seguridad social con el fi n de que el o los titulares tributen por el fi cto o en su defecto, por sueldos no tan elevados como lo son en realidad. A nuestro juicio, la tributación a la seguridad social de los titulares de empresas personales debería ser o bien calculada solamente sobre un fi cto que debería ade-cuarse en función del tamaño de la empresa o que no exista obligación para que los patrones tributen si no perciben retribución real, es decir, que se les otorgue igual tratamiento que el aplicado a los directores de las sociedades anónimas.

i) Dos informantes califi cados, el director de la DGI y el ministro de Industria, Energía y Minería (int.), nos manifestaron que a su juicio sería deseable que, para lo que refi ere a la tributación de las pequeñas empresas frente a la DGI, se diseñaran mecanismos simplifi cados. La propuesta se



alinea en una especie de régimen de cuota pero diferente al Literal E, más completo y más abarcativo, que tenga en cuenta no solo los ingresos sino también otros parámetros como gasto en energía eléctrica, cantidad de dependientes, etc. Eventualmente, el régimen simplifi cado puede incluir una única declaración anual en función de la cual se fi je la cuota para el año siguiente.

Al momento de redactarse estas conclusiones, surge en prensa que el Poder Ejecutivo está preparando un proyecto de ley que apunta a estable-cer un régimen de cuota fi ja mensual de IVA para las PYMES que sean contribuyentes de este impuesto.

Se prevé que el régimen estará vigente para aquellas empresas que hayan tenido ventas en el ejercicio anterior que no superen el doble del límite establecido en el Literal E artículo 52 del Título 4 Texto Ordenado 1996 y que no sean empresas del sector CEDE (Control Especial de Empresas) de la DGI. A valores 2009 implica que las empresas que se pueden acoger a este régimen son las que venden hasta $ 1.146.984 anualmente.

La norma prevista tiene como objetivo disminuir costos de administra-ción fi scal de las empresas de pequeña dimensión económica pero que no son contribuyentes del IVA Mínimo ni monotributistas. La simplifi cación consiste en que mensualmente se va a pagar una cuota fi ja que surge del IVA total pagado el ejercicio anterior dividido 12.

Entendemos que esta simplifi cación en la liquidación y pago del IVA es un adelanto en términos de que implica ahorro administrativo, dado que no es necesario mensualmente realizar los cálculos del IVA, pero el contribuyente debe seguir contratando los servicios de un estudio contable para la confección del balance anual y la liquidación de Renta y Patrimonio.

Lo que generaría un ahorro efectivo a las MIPYMES es la creación de un régimen que contemple en una cuota fi ja mensual –que se debería establecer anualmente no en función de un balance sino de los parámetros



arriba sugeridos– la tributación de todos los impuestos administrados por la DGI.

j) La formalidad de las personas se limita con los controles (castigos) pero también se alimenta de las recompensas o benefi cios (premios). Conside-ramos que un buen sistema no debe obviar ninguno de estos mecanismos, aunque suele darse mayor relevancia al primero que al segundo. Pensando en la línea de acciones que otorguen benefi cios a las personas, por ejemplo un desarrollo de guarderías para las mujeres que trabajan sería un estímulo importante para la formalización, así como el acceso a servicios guberna-mentales en forma estricta para aquellos que cumplan con los requisitos de ser formales, etc. No está de más reivindicar el papel del Estado como proveedor de servicios para sus ciudadanos, más que de represor de las transgresiones: “el paradigma del servicio al cliente coincide exactamente con la perspectiva que enfatiza la función de las normas sociales en el cumplimiento de las leyes impositivas” (Perry et al., 2007). Campañas de control cruzado, como la actualmente promocionada en la República Argentina o la utilizada años atrás en el gobierno de Allende en Chile, que estimula que los ciudadanos participen como veedores estimulados por premios que se pueden obtener en sorteos, suelen tener buenas respuestas. En cualquier caso, al momento de establecerse los premios se debería ser muy riguroso en el control de que los que efectivamente los usufructúan pertenecen al grupo de trabajadores formales.

k) Debería implementarse una fi scalización más severa de aquellos lugares de trabajo donde la informalidad presenta tasas más elevadas, tales como los puestos de trabajo en la calle fi jos (87%). Debería pensarse, además, formas efectivas de fi scalización, hoy prácticamente carentes, para el control de la informalidad cuando la actividad laboral se lleva a cabo en el propio domicilio (81%). Los cuadros 28 y 34 del Capítulo 4 muestran los diferentes niveles a los que llega la tasa de informalidad según lugar de trabajo y categoría de ocupación.

l) Nos consta que a nivel de sectores de actividad, la atención ha estado correctamente centrada en aquellas que presentan a priori mayores tasas de



informalidad, como la construcción y el servicio doméstico, entre otras. Sería del caso no cejar en semejante esfuerzo y redoblar las medidas de educación a la población para que se cimiente la tendencia de los últimos años de aumento de la formalidad en estos sectores.

m) La informalidad en el Interior trasciende al mero sector agropecuario, es casi natural. Es difícil en muchos casos obtener documentación de ven-tas, por defecto no se entrega en buena parte de los comercios minoristas. Las políticas de control deberían ser altamente segmentadas en estas zonas.

n) El Estado ha estado desarrollando en el último período medidas de apoyo a los grupos carenciados, lo que es loable y deberían desarrollarse. A nuestro entender, las políticas sociales deben tener plazo y estar asociadas a conductas y resultados concretos de parte de aquel que recibe los apo-yos estatales. Entre otras cosas, resulta inadmisible que no exista alguna contrapartida de trabajo, que este trabajo se desarrolle formalizadamente, que los benefi ciarios completen ciclos de educación primaria por parte de ellos y sus hijos, etc. A nivel de emprendimientos, el celo puesto en las medidas de apoyo social a empresas frecuentemente no tiene la exigencia de la formalización de las empresas en plazo alguno, como hemos tenido oportunidad de conocer en empresas incubadas del Polo Canario, el PTC de Montevideo y otros.

o) Finalmente, a nuestro entender las amnistías tributarias empujan a los buenos pagadores a conductas perversas, algo así como que “el crimen paga”. El mensaje es contradictorio y la educación que proporciona al público es nociva. En tal sentido, eliminar las amnistías tiene de suyo eliminar también la tentación de lograr un ahorro indebido.


[185]

7.BIBLIOGRAFÍA

a) Libros y documentos

Alzúa, María Laura (2008). Are informal workers secondary workers?: Evidence for Argentina. Argentina: Centro de Estudios Distributivos, Labora-les y Sociales. Maestría en Economía, Universidad Nacional de La Plata. Documento de trabajo Nº 73, agosto 2008.

Amarante, Verónica y Arim, Rodrigo (2005). Empleo informal en Uruguay. Uruguay: en “Algunos factores a tener en cuenta para la participa-ción de las micro y pequeñas empresas en el desarrollo económico local y la generación de empleo decente en Uruguay. Documento de trabajo, Cap. 5. Agosto de 2005.

Amarante, Verónica y Arim, Rodrigo (2004). “El mercado laboral: Cam-bios estructurales y el impacto de la crisis, 1986- 2002”, capítulo II de OIT, Uruguay. Empleo y protección social. De la crisis al crecimiento, Santiago de Chile.

Amarante, Verónica y Espino, Alma (2007a). Informalidad y protección social en Uruguay. Elementos para una discusión conceptual y metodológica. Uruguay: Instituto de Economía. Serie documentos de trabajo. DT 1/07, julio 2007.

Amarante, Verónica y Espino, Alma (2007b). Informalismo. En Uruguay es un rasgo de carácter estructural, que no registra cambios signifi cativos durante los ciclos económicos. La formalidad laboral no es siempre garantía de protección social. Uruguay: entrevista de “Economía y Mercado” del diario “El País”. 7 de junio 2007. Además en www.iecon.ccee.edu.uy/basededatos/DocumentoEspino.pdf

Antía, Fernando (2005). Uruguay: la situación económica y el empleo en el período 1999-2004. Uruguay: en “Algunos factores a tener en



cuenta para la participación de las micro y pequeñas empresas en el desarrollo económico local y la generación de empleo decente en Uruguay. Documento de trabajo, Cap. 2. Agosto de 2005.

Arocena, José (2005). Factores que afectan el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Uruguay: en “Algunos factores a tener en cuenta para la participación de las micro y pequeñas empresas en el desarro-llo económico local y la generación de empleo decente en Uruguay. Documento de trabajo, Cap. 6. Agosto de 2005.

Banco de Previsión Social – BPS (2008). Indicadores de la Seguridad Social. Uruguay: BPS, Revista Nº 263, noviembre 2008.

Banco de Previsión Social – BPS (2008). Boletín Estadístico. Uruguay: BPS, Año XXIX, Nº 63.

Banco de Previsión Social – BPS (2004). Evasores al Banco de Previsión Social: características de los puestos de trabajo. Uruguay: BPS, Asesoría Económica y Actuarial. En Comentarios de Seguridad Social Nº 2, enero – marzo 2004, pp. 27 – 40.

Banco de Previsión Social – BPS (2003). Algunas características de los ho-gares de trabajadores evasores al BPS y sus integrantes. Uruguay: BPS, Asesoría Económica y Actuarial. En Comentarios de Seguridad Social Nº 1, Setiembre – Diciembre 2003, pp. 35 – 43.

Bangasser, P. (2000). The ILO and the informal sector: an institutional history. Ginebra: Employment Paper 2000/9, ILO.

Benavente, Ma. Dolores (2008). Informalidad y calidad del empleo. Uruguay: mimeo. Memorándum a la Bolsa de Comercio.

Benavente, Ma. Dolores (2005). Conferencia en el Seminario Internacional “Visiones, acciones y vías alternativas de acceso a la protección social del trabajo”. Uruguay: Kolping Uruguay. En línea: http://kolping.org.uy/eventos/2005/presentaciones/uruguay/camara_comercio.htm

Benedetti, Enrico (2008). Empleo informal en el Uruguay. Uruguay: Insti-tuto Nacional de Estadísticas (INE). Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006. En www.ine.gub.uy

Bonomi, Eduardo (2005). Conferencia en el Seminario Internacional “Visiones, acciones y vías alternativas de acceso a la protección social del trabajo”.


7. BIBLIOGRAFÍA 187

Uruguay: Kolping Uruguay. En línea: http://kolping.org.uy/even-tos/2005/presentaciones/uruguay/ministro_bonomi.htm

BPS (2009). Boletín explicativo del monotributo del BPS. Uruguay: ATYR (Asesoría Tributaria y Recaudación del BPS).

BPS (2008a). Indicadores de la Seguridad Social (2008). Uruguay: Asesoría General en Seguridad Social, Asesoría Económica y Actuarial del BPS. Nº 263, noviembre 2008.

BPS (2008b). Boletín Estadístico 2008, Año XXIX. Uruguay: Asesoría Ge-neral en Seguridad Social, Asesoría Económica y Actuarial del BPS. Setiembre 2008.

BPS (2004). Evasores al Banco de Previsión Social: características de los puestos de trabajo. Uruguay: BPS, Asesoría Económica y Actuarial. En Co-mentarios de Seguridad Social Nº 2, enero – marzo 2004, pp. 27 – 40.

BPS (2003). Algunas características de los hogares de trabajadores evasores al BPS y sus integrantes. Uruguay: BPS, Asesoría Económica y Actuarial. En Comentarios de Seguridad Social Nº 1, Setiembre – Diciembre 2003, pp. 35 – 43.

Bruni, Jorge et al. (s/f). Compromiso nacional sobre inversión, producción, empleo e ingresos. Comisión de informalidad. Uruguay: mimeo.

Bucheli M., Álvarez M.J. y Monteiro L. (2002). Insumos para la elaboración de un proyecto sobre informalidad. Uruguay: Universidad Católica del Uruguay, IPES.

Buchelli, Marisa y Ceni, Rodrigo (2007). Infomality: Sectoral Selection and Earnings in Uruguay. Uruguay: Departamento de Economía, Facul-tad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Documento Nº 20/07. Noviembre 2007.

Cassoni, Adriana (2001). “Unemployment and precariousness of emplo-yment in Uruguay: who are the losers?”. Uruguay: Documento de Trabajo 16/01, Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

Castells, Manuel; Portes, Alejandro y Benton, Lauren (1989). World Under-neath: the origins, dynamics and effects of the informal economy. EEUU:



John Hopkins University Press. En The informal economy: studies in advanced and less developed countries. Baltimore.

Castells, M. y Portes, A. (1989). World Underneath: The Origins, Dynamics and Effects of Informal Economy. EEUU: The Informal Economy.

Castillo, Gerardo; Frohlich, Miguel y Orsatti, Álvaro (2006). Construcción de una estrategia formativa integral hacia los trabajadores de la economía informal. La experiencia de CIOSL-ORIT. Chile: Ofi cina Internacional del Trabajo (OIT). En http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/sind_for/castillo/pdf/cas_orsa.pdf

Caño-Guiral, Maira (2005). Una medición cuantitativa de la informalidad en el Uruguay en el marco del Sistema de Cuentas Nacionales. Uruguay: Banco Central del Uruguay (BCU). En http://www.bcu.gub.uy/autoriza/peiees/jor/2005/iees03j3350805.pdf

Caño-Guiral (2007). La economía no observada: ¿por qué importa? Fundamen-to teórico del proyecto de tesis doctoral “La economía no observada en Uruguay. Uruguay: Presentación en Power Point (inédita). 14 de diciembre de 2007.

Caño-Guiral (2009). “Puestos de trabajo y remuneraciones líquidas años 2006 y 2007”. Uruguay: cálculos inéditos para tesis doctoral.

Cendoya, César (2005). Contabilidad y sociedades comerciales. Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria. 6ª edición.

Centro de Innovación y Desarrollo – CID (1994). Estudio sobre costos de legalización y legalidad de Micro y Pequeñas Empresas en Uruguay. Uru-guay: DINAPYME. Setiembre 1994.

Cimoli, Mario; Primi, Annalisa y Pugno, Maurizio (2006). Un modelo de bajo crecimiento: la informalidad como crecimiento estructural. Chile: CEPAL. Revista de la CEPAL Nº 88, abril 2006, pág. 89. En: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/24345/G2289eCimoliPrimiPugno.pdf

Daza, José Luis (2005). Economía informal, trabajo no declarado y adminis-tración del trabajo. Ginebra: Ofi cina internacional del Trabajo (OIT). En http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/downloads/informal.pdf



De Soto, Hernando (1987) El otro sendero: la revolución informal. Perú: Editorial Oveja Negra.

Dieste, Juan F. (2005). La aplicación de la legislación laboral en las pequeñas y medianas empresas. El caso de Uruguay. Chile: Ofi cina Internacional del Trabajo (OIT). Santiago, noviembre 2005.

Diez de Medina, R. y Gerstenfeld, P. (1986). Sector Informal Urbano: Mar-co teórico, cuantifi cación y propuesta de medición para el caso uruguayo. Uruguay: BCU, Primeras Jornadas Anuales de Economía.

Dirección General Impositiva (2008). Estimación de la evasión en el Impuesto al Valor Agregado mediante el método del consumo. 2000-2007. Uruguay: DGI, Asesoría Económica. Julio 2008.

Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DI-NAPYME) (2008). PYMES en el Uruguay. Informe 2008. Uruguay: Observatorio PYME, División Empresas. DINAPYME. MIEM.

Esquivel, Valeria (2006). Algunos aspectos metodológicos del módulo de in-formalidad de la EPH. Argentina: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social/OIT. Universidad Nacional de Belgrano. En http://www.oit.org.ar/documentos/vesquivel2.pdf

Estradés, Carmen y Terra, María Inés (2008). Políticas contra la informali-dad en mercados de trabajo segmentados: un análisis de equilibrio general aplicado a Uruguay. Uruguay: Facultad de Ciencias Sociales, Depar-tamento de Economía. Universidad de la República del Uruguay. Documentos de trabajo. Documento Nº 04/08. Mayo 2008.

Feige (1990). Defi ning and Estimating Underground and Informal Economie. EEUU: The New Institutional Economics Approach, en World Develo-pment, 18.

Fugazza, Marco y Jacques, Jean-François (2003). Labor market institutions, taxation, and the underground economy. EEUU: Journal of Public Economics 88.

Grosskoff, R. y Melgar, A. (1990). Sector Informal Urbano: ingreso, empleo y demanda de su producción. El caso uruguayo. Chile: en J. Mezzera (coord.), Ventas informales. Relaciones con el Sector Moderno, PREALC.



Grzetich, A. y Mezzera, J. (1994). Sobre el concepto de sector informal y sus consecuencias jurídicas. Uruguay: Relasur, Nº 4, OIT.

Guaipatín, Carlos (2003). Observatorio MIPYME: compilación estadística para 12 países de la región. Washington: BID, abril 2003.

Herrera, Teresa y Rodríguez, Adrián (2008). Encuesta Nacional a MPYMES Industriales y de Servicios. Uruguay: DINAPYME, MIEM, PACPYMES, MIEMU, Cooperación Unión Europea - Uruguay.

Instituto de Economía (2009). Tendencias y perspectivas de la economía uru-guaya (diciembre 2008). Uruguay: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República.

Instituto Nacional de Estadística (INE). Uruguay en cifras 2008. Uruguay: INE.

Kantis, Hugo (s/f). Relevamiento de la oferta de servicios complementarios a microfi nanzas para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas en Uruguay. Análisis y propuestas. En línea.

Lewis, W. A. (1979). The Dual Economy Revisited. EEUU: Manchester School of Economic and Social Studies, vol. 47, Nº 3, setiembre.

Lewis. W.A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. EEUU: The Manchester School of Economic and Social Studies; también en El Trimestre Económico, Nº 108, octubre de 1961, FCE, México.

Lorenzo, Fernando (2005). Conferencia en el Seminario Internacional “Vi-siones, acciones y vías alternativas de acceso a la protección social del tra-bajo”. Uruguay: Kolping Uruguay. En línea: http://kolping.org.uy/eventos/2005/presentaciones/uruguay/ministerio_economia.htm

Maloney, W. (2003). Informality Revisited. EEUU: The World Bank, PRWP 2965.

Melgar, Alicia (2000). Pequeñas unidades productivas en Uruguay. Uruguay: SIPRON Consultores.

Mezzera, J. (1992). Subordinación y complementariedad: el sector informal urbano en América Latina. Perú.



Mezzera, J. (1990). Gasto del sector moderno e ingresos en el sector informal: Segmentación y relaciones económicas. Chile: en J. Mezzera (coord.), Ventas informales. Relaciones con el Sector Moderno. PREALC.

Murro, Ernesto (2008). Estrategias para favorecer el cumplimiento volunta-rio de las pequeñas y medianas empresas. Uruguay: BPS, Instituto de la Seguridad Social. Presentación en Power Point (en línea). 22 octubre 2008.

Notaro, Jorge (2005). La calidad del empleo en Uruguay 1984 -2003. Uru-guay: Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. Serie Documentos de trabajo 01/05.

Nun, J. (1969). Superpoblación relativa, Ejército Industrial de Reserva y Masa Marginal. Argentina: Revista Latinoamericana de Sociología, vol. V, Nº 2, julio, Buenos Aires.

Oliveira, F. (1973). La economía brasileña: crítica a la razón dualista. México: El Trimestre Económico, abril – junio XL (158).

OIT (1972a). Employment, incomes and equality: a strategy for increasing productive employment in Kenya. Ginebra: OIT.

OIT (2002). El trabajo decente y la economía informal. Ginebra: OIT, Informe VI a la 90ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

OIT (2003). Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Ginebra: 24 de noviembre al 3 de diciembre de 2003. Doc. ICLS/17/2003/1.

Oppenheimer, Mauricio, Coord. (2006). Comercio informal. Plan de mar-keting. Uruguay: mimeo, noviembre 2006.

Perry, G.E.; Arias, O.S.; Fajnzylber, P.; Maloney, W.F.; Mason, A.D. y Saavedra Chanduvi, J. (2007). Informalidad: escape y exclusión. Was-hington: Banco Mundial (Estudios del Banco Mundial sobre Amé-rica Latina y el Caribe).

Pinto, Aníbal (1965). Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano. México: El Trimestre Económico, 32 (125) enero - marzo.



Pinto, Aníbal (1970). Notas sobre la naturaleza e implicaciones de la heteroge-neidad estructural de la América Latina. Chile: ILPES, Dos polémicas sobre el desarrollo de América Latina, Santiago de Chile.

Portes, A. (2000). La economía informal y sus paradojas. Argentina: en Carpio, J.; Klein, E. y Novacovsky, I., Informalidad y exclusión social, FCE Siempro OIT, Buenos Aires.

Portes A, Castells M. y Benton, L. (1989). The informal economy. Studies in advanced and less developed countries. EEUU: The Johns Hopkins University Press.

Portes, A.; Blitzer, S. y Curtis, J. (1986). The Urban Informal Sector in Uru-guay. Its Internal Structure, Characteristics, and Effects. EEUU: World Development, 14 (junio).

Porto, Luis (2005). Conferencia en el Seminario Internacional “Visiones, accio-nes y vías alternativas de acceso a la protección social del trabajo”. Uruguay: Kolping Uruguay. En línea: http://kolping.org.uy/eventos/2005/presentaciones/uruguay/planeamiento_presupuesto.htm

PREALC (1974). Políticas de Empleo en América Latina. Chile.PREALC (1976). El problema del empleo en América Latina: Situación, pers-

pectivas y políticas. Chile.PREALC (1978). Sector Informal. Funcionamiento y políticas. Chile.Proyecto Redel (2005). Factores a tener en cuenta para potenciar las MYPES

en la generación de empleo y el desarrollo económico local en Uruguay. Uruguay: en Algunos factores a tener en cuenta para la participación de las micro y pequeñas empresas en el desarrollo económico local y la gene-ración de empleo decente en Uruguay. Documento de trabajo, Cap. 1. Agosto de 2005.

Quijano, A. (1970). Redefi nición de la dependencia y proceso de marginalización en A. Latina, Lima.

Romano, Álvaro (2008). Fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas. Uru-guay: DGI. Presentación en Power Point (en línea). Octubre 2008.

Rubio Campos, Jesús (2006). El trabajo informal en América Latina: proble-mas comunes y específi cos. México: ponencia en TEC de Monterrey. Presentación en Power Point. En línea.



Saavedra, Ma. Luisa y Hernández, Yolanda (2007). Caracterización de las MPYMES en Latinoamérica: un estudio comparativo. México: Univer-sidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Scarone, Carlos (2008). De las fallas estratégicas a la inoperancia táctica. Chile: CEPAL. En http://www.eclac.cl/ddpe/noticias/paginas/9/23739/Delasfallasestrategicas.pdf

Scarone, Carlos (2002). Las tecnologías de información y comunicación en las PYME uruguayas. Chile: CEPAL. En http://www.eclac.cl/ddpe/noticias/paginas/0/13130/CScarone.pdf

SELA – Sistema económico Latinoamericano y del Caribe (2009). Políticas e instrumentos para enfrentar el impacto de la crisis económica internacio-nal sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de América Latina y del Caribe. Venezuela: Secretaría permanente del SELA SP/Di Nº 06-09. Mayo 2009.

Somavia, Juan (2006). Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica 2006 – 2015. Informe del Director General. Ginebra: Ofi cina Interna-cional del Trabajo (OIT). En http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/memorias_dg/informe_dg_xvi-2006.pdf

Souza, P. R. (1978). Salario e mão de obra excedente. Brasil: UNICAMP, São Paulo.

Sureda, Daniel (2005). Comportamiento económico sectorial en los Departa-mentos. Participación de las micros y pequeñas empresas (MYPES) en la economía regional y departamental. Uruguay: en Algunos factores a tener en cuenta para la participación de las micro y pequeñas empresas en el desarrollo económico local y la generación de empleo decente en Uruguay. Documento de trabajo, Cap. 3. Agosto de 2005.

Terra, María Inés; Bucheli, Marisa; Laens, Silvia y Estrades, Carmen (2006). The Effects of Increasing Openness and Integration to the MER-COSUR on Uruguayan Labour Market: a CGE Modelling Analysis. EEUU: MPIA Working Paper 06-2006, PEP, IDRC.

Tokman, Víctor –dirección– (2001). De la informalidad a la modernidad. Chile: 2001. Ofi cina Internacional del Trabajo (OIT).



Tokman, Víctor (1994). Informalidad y pobreza: progreso social y modernización productiva. México: Fondo de Cultura Económica.

Tokman, Víctor (1978). Las relaciones entre los sectores informal y formal. Chile: Revista de la CEPAL, Nº 5.

Tokman, Víctor (1980). Dinámica de los mercados de trabajo y distribución del ingreso en América Latina Chile: PREALC.

Uruguay XXI. Costo de instalación y funcionamiento de una empresa en Uru-guay. Uruguay: en línea. http://www.uruguayxxi.gub.uy/Costos%20Español%20Marzo%202008.pdf

Uscudun, Miguel (2005). El concepto trabajo informal en Uruguay. Uruguay: Seminario “Visiones, acciones y vías alternativas de acceso a la protección social en Uruguay”. En http://www.kolping.org.uy/eventos/2005/seminario_visiones-acciones.htm

b) Principales páginas Web consultadas:

BPS: www.bps.gub.uy

DGI: www.dgi.gub.uy

IMM: www.imm.gub.uy

INE: www.ine.gub.uy

URUGUAY XXI: www.uruguayxxi.gub.uy

c) Notas de prensa

Diario “El País” (2008). Recicladores temen quedar afuera del censo y no poder trabajar en la capital. Según la gremial, se censaron solo 2.200 de un total de 15.000. Uruguay. En www.cempre.org.uy/pages/novedades.php. 16/09/08.

Diario “El País” (2008). Recicladores esperan tras nuevo convenio. De los residuos dependen alrededor de 30.000 personas. Uruguay. En: www.cempre.org.uy/pages/noticia.php?id=597. 23/07/08.



Diario “El País” (2008). Clasificadores, ciudad y ciudadanía. Uruguay: Presidencia de la República. En: www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2008/07/2008072210.htm. 22/07/08.

Diario “La República” (2008). Objetivo: reducir 20% la informalidad en 5 años. Uruguay. En: http://www.larepublica.com.uy/economia/326729-objetivo-reducir-20-la-informalidad-en-5-anos. 28/08/08

Diario “La República” (2008). Guerra estratégica al informalismo. Uruguay. En: http://www.larepublica.com.uy/politica/343623-guerra-estrate-gica-al-informalismo. 03/12/08.

Mides (2007). Mides formaliza trabajo de miles de recicladores de botellas. Uru-guay: Presidencia de la República, Ministerio de Desarrollo Social.

En: www.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2007/06/2007060510.htm

Presidencia de la República (2008). Banco de Previsión Social. Intervención del presidente, Ernesto Murro, en el congreso de la ONAJPU, agosto de 2008. Uruguay: en línea.



8.ANEXOS



[199]

ANEXO 8.1.ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS

Se realizaron varias entrevistas a informantes califi cados. El detalle de las personalidades encuestadas consta en el Anexo 8.2 de este trabajo, donde podrá verse que se incluyeron no sólo actores políticos que ocupan posi-ciones públicas de primer nivel, sino actores relevantes también del ámbito privado. Las autoridades nacionales que colaboraron con sus opiniones fueron, además, nacionales y departamentales y son pertenecientes tanto a la esfera de decisión política como a la técnica o gremial.

A continuación se presenta una recopilación de los principales aportes que sobre el diagnóstico de la informalidad en Uruguay realizaron los entrevistados, incluyendo las políticas sugeridas para combatirla y dismi-nuirla, así como las recomendaciones planteadas para un mejor tratamiento de la misma. Como se señaló en el resumen ejecutivo, se ha evitado toda mención a la identidad de los declarantes en forma individual por razones de confi dencialidad, aunque casi todas las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los entrevistados.

1. Tipos de informalidad

Todos los entrevistados coincidieron en un punto: no hay una única clase de informalidad. Por una parte, dentro de los informales se encuentran los emprendimientos que nacen como un mecanismo de subsistencia, con escasos recursos y en su mayoría sin empleados. De acuerdo a algunos de los entrevistados, una vez que este emprendimiento se consolida, pasaría al ámbito formal.

Por otro lado se encuentran quienes optan por ser informales para no pagar impuestos, aun teniendo la posibilidad y los recursos para hacerlo,



y aquellos que lo hacen por razones de conveniencia. Se insistió en afi r-mar por más de un encuestado que hay que tener especial cuidado en no confundir informal con ilegal, aunque muchas de las empresas informales cuando son de mayor volumen, con mayor cantidad de personal, a menudo están asociadas a alguna actividad delictiva.

A su vez, se encuentran aquellos que subdeclaran el volumen de su actividad, es decir que pagan impuestos por un monto menor del que realmente están facturando. Este concepto algunos lo consideran como informalidad y otros como evasión fi scal.

Por último, también se hace una distinción entre las personas que aportan a la seguridad social y aquellas que no aportan. En este último concepto, se denomina a los no aportantes informales.

2. Sectores informales

Otro aspecto en el que se evidenció también un alto grado de coincidencia en la opinión de los diferentes entrevistados es el de los sectores con ma-yor índice de informalidad, siendo los más frecuentemente mencionados las empresas que venden al consumidor fi nal, el servicio doméstico y la construcción.

Por otra parte, se puede hacer una distinción entre la zona sureste del país con la centro-norte y la noroeste, en donde la informalidad es mucho mayor, agravada en las zonas rurales y suburbanas.

3. Motivos para ser informal

En relación a la explicación de la informalidad, los entrevistados sostie-nen opiniones muy diversas. Por un lado algunos coinciden en que “la informalidad es un vicio cultural que tenemos implícito los uruguayos”.

Por otro lado se mencionan las difi cultades para formalizarse, represen-tadas por la burocracia estatal y el costo de las gestiones, como la principal traba para los pequeños empresarios de hacerse formal.


ANEXO 8.1. ENTREVISTAS A INFORMANTES CALIFICADOS 201

Otros entrevistados mencionaron el temor al registro, ya que si les va mal “quedan fi chados” y no pueden dejar de pagar el “costo fi jo” de la formalidad.

Sin embargo, hay un factor común, en el cual los entrevistados coinci-den, y es la ignorancia: los pequeños empresarios no saben cómo forma-lizarse y eso produce un temor mayor.

4. Consecuencias de la informalidad

Como efecto negativo de la informalidad para las empresas informales, los entrevistados destacan el hecho de no poder ser proveedor del Estado ni de las empresas que exigen factura a sus proveedores. Eso explica que el mayor número de informales se encuentra en el eslabón fi nal de la cadena de suministros, es decir que le venden al consumidor fi nal.

Por otro lado, el ser informal también les impide ampliar su radio de acción, que generalmente se circunscribe al barrio en donde se encuentran ubicadas, o a amigos y familiares, ya que de otra forma serían muy visibles para los inspectores de los diferentes organismos estatales.

5. Tamaño de la informalidad

La informalidad es un fenómeno cuya medición es muy compleja, tanto es así que la mayoría de los agentes entrevistados no se atrevió a mencionar un número para cuantifi carlo. Algunos mencionan que el 41% de la gente que trabaja es informal, otros que la informalidad ronda en el 40% del total de las empresas y que en zonas marginales el porcentaje aumenta al 80%.

Pasando a mencionar sectores específi cos, el 50% de las domésticas son trabajadores informales, así como también el 45% de los trabajadores de la construcción. En este caso el informal no es el patrón, por ejemplo en el caso del servicio doméstico, quien debe anotarse es el patrón, ellos están en situación de informalidad, pero originada a menudo por exigencia patronal. Algo similar sucede en la industria de la construcción en la ma-



yor parte de los casos, aunque no en las “changas”, por ejemplo, en que el informal es el propio patrón. Por su parte, el 100% de los recicladores son informales (actualmente unos 6.000), quienes tienen un ingreso promedio a tres salarios mínimos nacionales, según se nos informó.

6. Propuestas de líneas de acción para disminuir la informalidad

Las propuestas de acciones para disminuir la informalidad componen de alguna forma una “batería” de líneas diversas, a las cuales los informantes entrevistados priorizan de manera diferente. Algunos de ellos ponen el én-fasis en la capacitación del contribuyente, otros hacen hincapié en los con-troles y la fi scalización y otros proponen un sistema tributario más simple.

6.1. Capacitación

Dentro de las acciones propuestas se encuentra la de desarrollar la forma-ción del contribuyente. Una propuesta concreta es instalar más puestos de asistencia remota para capacitar y asesorar a los contribuyentes sobre diferentes aspectos que muestren las nuevas facilidades incorporadas al sistema tributario, por ejemplo el monotributo.

Destacan que además hay que acompañar estas medidas con una campaña de sensibilización a largo plazo, haciendo publicidad, utilizando folletería, etc.

6.2. Fiscalización

Una visión generalizada de los organismos de contralor del Estado, es que “los controles son fundamentales con vistas a reducir la informalidad”. Dentro de estos controles se encuentra, por ejemplo, el exigir el monotri-buto para participar en los sorteos de los puestos para las ferias.

Incluso se recabó la propuesta de realizar un proceso de cooperación entre instituciones públicas, de incorporación de un código de barras en la tarjeta de permisario (requisito necesario para instalar un puesto en las



ferias que están bajo la órbita de la Intendencia Municipal de Montevideo), de manera de tener datos actualizados, y que el inspector tenga un escáner que le permita conocer, en tiempo real, los pagos tanto de la Intendencia como de la DGI y el BPS.

6.3. Simplifi cación y ajuste del régimen tributario

Existe consenso entre los entrevistados en destacar que el régimen tribu-tario debería contemplar las diferencias que hay entre un emprendimiento considerado de subsistencia, y una empresa que factura un millón de dóla-res al año, sobre todo por los costos administrativos de la autoliquidación de tributos.

Dentro de las propuestas se encuentra la simplifi cación del régimen fi scal para pequeños emprendimientos, que en un porcentaje muy elevado factura al consumidor fi nal.

6.4. Otras acciones propuestas

Es importante destacar la insistencia recabada con respecto a asociar las políticas de formalización con las políticas sociales, ya que en muchos casos estas últimas desalientan a las primeras.

Por otro lado, se mencionó que tiene que haber un benefi cio palpable, tangible, relacionado con el pago, para fomentar la formalización.

También se sugirió la propuesta de definir estrategias diferentes, dependiendo del tipo de informalidad; por ejemplo, estrategias para la inclusión en la formalidad de la gente que está casi en subsistencia. Las formas de implementar semejante desafío fueron objeto de opiniones muy controversiales por los diferentes entrevistados.

7. Políticas tributarias

Por último se recabó la información sobre las actuales políticas tributarias y sugerencias de cambio para mejorar las mismas.



Dentro de las normas que se mencionaron para introducirle mejoras, destaca la que “castiga a las pequeñas empresas unipersonales cuando tienen más de un empleado, perdiendo el patrón el derecho a la cuota mu-tual”. Se recalca que “debemos apuntar a que si una empresa se estableció y creció, no se la puede castigar por tomar más trabajadores”.

Por otro lado, se menciona que el monotributo permite a empresarios que facturan mucho refugiarse en este régimen, y por ende pagar poco. Un entrevistado recalca que “hay que tener cuidado con las recetas que a veces se recomiendan de afuera. El monotributo fue una de ellas y en realidad es un instrumento diseñado para otros países como Bolivia o Perú”.

El monotributo, al entender de otro agente, fomenta que a la hora de abrir una empresa “los empresarios buscan ver cómo pueden caer dentro de esa fi gura”, porque por defi nición no se sale a controlar este impuesto porque es antieconómico hacerlo, lo cual termina fomentando la infor-malidad.

Recalcan además que el monotributo tiene más benefi cios ante la seguridad social respecto a empresarios que se registran como pequeña empresa. Por lo tanto al que paga un poco más se lo está castigando, aunque posiblemente haga lo mismo que el que se registró como monotributista.

También se insistió en que eliminando la tributación gradual con la reforma se empeoró la política tributaria, fomentando la informalidad, porque el escalón de pasar de ser monotributista a pequeña empresa es muy alto.

8. Recomendaciones de políticas tributarias

Desde la Dirección General Impositiva se manifestó el planteo de bajar la presión fi scal, directa e indirecta. La directa implica herramientas de menor carga fi scal y la indirecta, la mayor facilitación de todo lo que tiene que ver con los trámites.



Una sugerencia es reimplantar el régimen a la microempresa, aquel en el cual las empresas unipersonales pagan el 25% del impuesto a la pequeña empresa en el primer año, el segundo año el 50% y el tercero el 100%.

En cuanto a la simplifi cación de los trámites, se está trabajando para que las pequeñas empresas sean contribuyentes de IVA sin tener tanta presión fi scal. Se apuesta a regímenes simplifi cados, como eran los viejos regímenes de cuota, de forma que exista una única declaración por año, donde se fi ja la cuota a pagar durante todo el año y a fi n de año se ajusta.

Dentro de las recomendaciones se destacan la de hacer un régimen es-calonado, comenzando por monotributistas, y a medida que van creciendo, hacerlas pasar gradualmente (estableciendo un lapso) hacia el régimen general. Según el entrevistado que opinó en esta línea de pensamiento, lo que se ganaría con este planteamiento es que al ser los pasajes automáticos a los diferentes niveles, el empresario tendría la responsabilidad de tener que presentarse y justifi car seguir en el régimen de monotributo por su reducida actividad.

Otra de las recomendaciones planteadas es la de tomar cuatro o cinco índices representativos de cada sector y en función de ello hacer una pro-puesta de tributación, haciendo por ejemplo una paramétrica de energía eléctrica, empleados, etc., y con ello armar un esquema de tributación.



[207]

ANEXO 8.2.PERSONAS ENTREVISTADAS

► Aishemberg, Teresa. Gerente de la Unión de Exportadores del Uruguay.

► Alba, Ricardo. Director de la División Empresas de DINAPYME, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

► Benavente, María Dolores. Asesora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

► Bianchimano, Antonio. Coordinador del Departamento de Asesoría y Formación de FUNDASOL.

► Bing, Elena. Directora de la DINAPYME, Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

► Caño, Maira. Investigadora División Económica del Banco Central del Uruguay (BCU).

► Camacho, Luis. Gerente Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS).

► Domínguez, Elvira. Directora del Banco de Previsión Social (BPS).

► Gadea, Gerardo. Ministro (int.) de Industria, Energía y Minería (MIEM).

► Hernández, Nelson. Director de la Dirección General Impositiva (DGI).



► Masoller, Andrés. Ministro (int.) de Economía y Finanzas (MEF).

► Melgar, Alicia. Directora del Instituto Nacional de Estadística (INE).

► Murias, Luis. Director Ejecutivo del Instituto de Promoción Econó-mico y Social del Uruguay (IPRU).

► Murro, Ernesto. Presidente del Banco de Previsión Social (BPS).

► Polakof, Luis. Director General del Departamento de Desarrollo Eco-nómico e Integración Regional. Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

► Posadas, Ricardo. Asesor (ex presidente) de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Empresas (ANMYPE).

► Romero, Patricia. Directora del Departamento de Información de la DINAPYME. Ministerio de Industria y Energía.

► Silva, Andrés. Director de Montevideo Rural. Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

► Silvera, Luis. Director de PRODENOR.

► Soto, Norma. Directora de Fiscalización de la Dirección General Im-positiva (DGI).

► Vallarino, Hugo. Sub Director de la Dirección General Impositiva (DGI).

► Varela, Carlos. Director de Gestión Ambiental. Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).


[209]

ANEXO 8.3.ENTREVISTAS A INFORMALES

Se realizaron doce entrevistas a trabajadores informales y nueve a tra-bajadores recientemente formalizados. Importaba en este caso saber la opinión, en el caso del segundo grupo, de los motivos o impulsos que los habían estimulado para formalizarse.

Como parte de la explicación de las causas de la informalidad, se realizó la primera encuesta a personas y empresas informales para conocer sus opiniones acerca de las motivaciones por las que decidieron mantenerse informales, qué benefi cios encuentran en dicha situación, su conocimien-to de cuánto les costaría ser formales y si encuentran algún benefi cio a obtener en caso de formalizarse.

Como primer hecho a destacar, los entrevistados en su totalidad son conscientes de que están al margen de la formalidad. También es importante señalar que todos los emprendimientos relevados son pequeños, no contando con personal a cargo.

Se relevaron emprendimientos de diferente antigüedad, desde algu-nos de un año de vida, hasta otros que contaban con más de ocho años actuando informalmente. Sin embargo, la mayoría se centra entre dos y cuatro años de antigüedad.

La mayoría de los informales entrevistados tienen como principal ingreso el que deriva de sus actividades informales. Sin embargo, también se entre-vistó a personas que tienen su fuente de ingreso principal formal, y como segundo ingreso un emprendimiento “en negro” o informal.

A continuación se presentan las principales conclusiones extraídas de las entrevistas a informales.



1. Razones de ser informal

Dentro de las razones que exponen los entrevistados, se menciona “aparen-temente no te dan ningún benefi cio”. Este hecho no es menor: también se vio refl ejado en las entrevistas a informantes califi cados. El emprendedor no ve un nexo fuerte entre el pago de sus impuestos y las acciones del Estado. Al decir de un entrevistado, “mi dinero iría a parar al sueldo de los funcionarios públicos que no hacen nada”.

Además, para las actividades que son zafrales (principalmente ello atañe a los artesanos), el pagar un tributo todo el año les parece excesivo.

Otros trabajadores informales mencionan que si se formalizan, “tienes que poner plata arriba para trabajar”. Esta afi rmación se da principalmente en aquellos que no entran en la categoría monotributista. En esta situación se encuentran muchos servicios, incluyendo los profesionales y técnicos que tienen más de una fuente de ingresos. Al no ser su ingreso principal, lo tienen como “un complemento”. Sin embargo las exigencias tributarias son tan elevadas para ser formales que al tratarse de un complemento a su ingreso principal, no es redituable. Este sector se sintió muy afectado con la reforma tributaria.

Entre otros comentarios, se señaló que “muchas veces es preferible quedarse en casa mirando la tele, que tener más clientes, porque al fi nal el IRPF te come lo que ganarías”.

Por último destacan que para formalizarse tienen que tener una es-tructura administrativa-contable importante, y a juicio de los pequeños empresarios “la contabilidad es una molestia”. Los emprendedores están enfocados la totalidad de su tiempo en sacar adelante su negocio, por lo tanto sienten que no tienen tiempo para liquidar impuestos o estar atentos a todos los cambios tributarios que se suceden en el tiempo inmediato. También, a su juicio, está fuera de sus posibilidades contratar a una persona exclusivamente para liquidar sus impuestos.


ANEXO 8.3. ENTREVISTAS A INFORMALES 211

El monotributo soluciona en parte este tema, aunque la limitación está en que no todos están comprendidos dentro de esta categoría.

2. Benefi cios de ser informal

Dentro de los benefi cios más destacados, se encuentran el no hacer los trámites para formalizarse. Algunos entrevistados confesaron que fueron a averiguar alguna vez a las ofi cinas públicas, pero que al percibir que la complejidad era muy grande optaron por seguir tal como estaban.

Encontramos también situaciones diversas de acuerdo al rubro de la empresa. Para los zafrales el no pagar todo el año es el gran benefi cio de ser informal. Otros afi rman que el hecho de ser formales no les permitiría ser rentables. Un encuestado menciona que el “no tener que rendir cuentas a nadie” es el principal benefi cio que encuentra. Si decide interrumpir su actividad no tiene que informar a nadie, igualmente si decide hacer algún cambio. Estas respuestas se obtuvieron mayormente en los comerciantes que actúan “en negro”. Son personas que están constantemente bus-cando una nueva oportunidad para hacer un negocio, y constantemente cambian de rubro. Es por ello que reclaman la libertad de actuar y el no tener la obligación de reportar los cambios en el rubro, frecuentes, de sus actividades.

Sin embargo, el benefi cio más mencionado por los entrevistados es el factor económico. Para muchos casos relevados, el ser formal les signifi caría no tener rentabilidad, y por lo tanto, la quiebra en el corto plazo.

3. Conocimientos de los costos de la formalización

Cuando se preguntó a los encuestados si conocían el costo de formalizar-se, solamente un porcentaje muy bajo contestó que no tenía ni idea. Por otro lado, sus estimaciones de los costos que tendrían que sufragar suelen ser muy buenas, ya que en general tienen una clara información sobre si están comprendidos en el régimen de monotributo o si tributarían como pequeña empresa.



Nos consta, sin embargo, que buena parte de los informales que po-drían ser monotributistas y no lo son, no conocen a fondo cuál es el costo de la formalización y que quizás su cabal conocimiento fomentaría una conducta regularizadora de su situación. En nuestra encuesta, varios de quienes entran dentro de la categoría de monotributistas tienen sin embar-go buen conocimiento de los costos tributarios, y optan conscientemente por ser informales.

4. Benefi cios de ser formal

Los que son informales, y optaron por serlo, no le encuentran benefi cios a hacerse formal.

Mientras que algunos señalan que les puede servir tener una jubilación cuando les corresponda, o tener incluida la mutualista, la mayoría de los emprendedores no le encuentra benefi cios a la formalidad.

Es más, respecto de algunos benefi cios que se comentaron de las en-trevistas a informantes califi cados, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el espectro de clientes al que puede apuntar la empresa, muchos informales manifestaron haber encontrado la forma de no perderlos aun siendo informales.


[213]

ANEXO 8.4.ENTREVISTAS A EX INFORMALES

Otro de los relevamientos que efectuamos bajo la modalidad de entrevistas en profundidad fue a empresas que alguna vez fueron informales, pero que en la actualidad no lo son. El objetivo de abrir este grupo de entre-vistas residía en indagar las motivaciones que llevaron a estas personas a regularizar su situación laboral y quizás a desentrañar alguno de los frenos que imposibilitaba que lo hubieran hecho antes.

Como primer punto a destacar, la antigüedad de este tipo de empresas es mayor a la de las actualmente informales (alrededor de diez años de antigüedad). Como conclusión, no es tan errado decir que en muchos casos lo que se cumple es una informalidad transitoria, y que por diversas razones se pasa a la formalidad, como veremos a continuación.

Otro indicador es que la mayoría de los entrevistados en esta parte son empresas que tienen de uno a dos empleados, con lo cual también podemos concluir que el tamaño de las mismas es mayor a la del grupo de informales.

a) Razones de haber comenzado informal

Dentro de las razones planteadas, se destaca la de “no comprometerse desde el principio”. Si luego el negocio mejora se formalizan. Esto puede asociarse con lo comentado por los informales de “ser libres” y no tener trabas en el desarrollo o redireccionamiento de la empresa en el comienzo, donde la mortalidad de las mismas es mayor. La formalización desde el inicio la consideran como una traba al desarrollo.

Otra de las razones planteadas es por un tema cultural, “en el sector nadie es formal, entonces por qué voy a serlo yo”. Esto también trae problemas



a la hora de comercializar los productos, porque el informal tiene un nivel de costos menor al formal, por lo tanto el formal se encuentra ante una competencia desleal.

Por último se puede destacar un tercer grupo que comienza informal porque “no tenía ganas de ir a los organismos estatales a hacer trámites engorrosos”. Esto a partir del monotributo se solucionó para algunos emprendimientos. Sin embargo, la actualización de la información en algunos organismos sigue siendo engorrosa.

Como se puede apreciar, las razones por las cuales comenzaron siendo informales no difi eren de aquellas que surgen del relevamiento al otro grupo de entrevistados, el compuesto por los actualmente informales.

b) ¿Qué benefi cios encuentra en la informalidad?

Dentro de los benefi cios de la informalidad se destaca, en primer lugar, el tema de costos. Muchos emprendedores consideran que el costo de ser formal es muy elevado, sobre todo por la rigidez de la aplicación del mismo, es decir, que si no se tiene una buena venta igual hay que pagar los impuestos. No se percibe ningún benefi cio directo por el simple hecho de pagar los impuestos. No es lo mismo que pagar la tarifa de la luz o del agua, donde encuentran fácilmente la contrapartida del pago.

Otra de las razones expresadas es no brindar mucha información al Esta-do, para que no ponga más impuestos sobre el sector. Muchos mercados no desean formalizarse para no dar información acerca de la facturación total del mismo.

Por último, los emprendimientos más recientes exponen como principal benefi cio de la formalidad en el comienzo la situación económica vivida a principios de la década. Textualmente mencionan que “no había otra opción en 2002, o eras informal o no sobrevivías”.


ANEXO 8.4. ENTREVISTAS A EX INFORMALES 215

Benefi cios de ser formal

Dentro de los benefi cios de ser formal se destacan principalmente tres: la tranquilidad ante la eventual inspección de organismos estatales o denuncias de empleados o competidores; el darle seriedad a la empresa a la hora de ofrecer sus productos o servicios; el tener otro tipo de clientes, como por ejemplo el Estado.

Las tres razones se recogieron también en las entrevistas a los informan-tes califi cados. Sin embargo, haciendo un análisis conjunto, vemos que las mismas empiezan a tener más fuerza a medida que los emprendimientos se consolidan. No son razones contundentes para formalizarse al inicio, donde el nivel de incertidumbre es muy grande y la principal preocupación del momento es “sobrevivir”.

c) ¿Por qué se hicieron formales?

Las razones fi nales por las cuales se hicieron formales son bien diferentes unas de otras. Obviamente todas están vinculadas a las respuestas recabadas para la pregunta anterior (benefi cios de ser formal). Sin embargo, la forma a la que llegan a la formalidad es variable.

Dentro de un grupo de respuestas se menciona que se formalizaron cuando se comenzó a inspeccionar la zona por la que vendía sus productos. Otro emprendimiento mencionó que llegó a la formalización cuando “pasó el BPS por la feria artesanal donde estaba y me comentó de los benefi cios del monotributo”. En estos ejemplos se ve la acción estatal de dos formas diferentes, una de control e inspección y la otra informativa. Ambas fueron efi caces a la hora de hacer formal estos emprendimientos.

Otra de las razones por la cual se hicieron formales está asociada a cuando empezaron a tener empleados. En algún caso la acción de forma-lización se desató cuando comenzó un litigio de un ex empleado hacia la empresa. Luego de este proceso, decidieron hacerse formales para una mayor tranquilidad en el futuro. Muchos acompañan esta línea de razona-



miento, una cosa es trabajar solo y otra cosa es tener personal, “nunca sabés lo que puede pasar”.

Por último, se encuentran los que mencionan que se hicieron forma-les porque llegaron a un número de clientes que les permitió hacer frente a los costos de la formalización. También porque de esa manera pudieron acceder a clientes más importantes y de mayor volumen.


[217]

ANEXO 8.5.ENTREVISTAS A ESTUDIOS CONTABLES

Se realizaron nueve entrevistas a estudios contables, seleccionándose solamente a aquellos con especial experiencia o dedicación a micro o pequeñas empresas.

El resumen de los hallazgos de las entrevistas se presenta a continua-ción. Las respuestas aparecen ordenadas según frecuencia en todos los casos, en primer lugar la más destacada y así sucesivamente.

a) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que le plantean las MIPYMES? Por favor díganos hasta tres en orden de frecuencia e importancia.

1) Acceso al crédito. Un contador sobre este punto manifestó además que esa difi cultad por acceso al crédito se da porque al subfacturar y presentar resultados fi scales menores ante el fi sco, luego los bancos no otorgan los créditos. Otro comentó que la falta de garantías reales difi culta la obtención de crédito.

2) Difi cultades para conseguir personal de ofi cio, básicamente por lo caro.

3) Obtener rentabilidad genuina en el negocio. Como consecuencia de las grandes superfi cies es difícil competir con una rentabilidad digna.

4) Altos costos del Estado por ser legales (no tanto legalizarse sino una vez que son legales).

5) Falta de capacitación del personal.

6) Problemas coyunturales, tales como una devaluación.



7) Poca diversifi cación tanto por sectores como regional.

b) ¿Cuáles son las resistencias más notorias que ha encontrado en las MIPYMES respecto de la relación con el tema formalidad? Es decir: señale por favor si estas resistencias se deben a los trámites que deben realizar (identifi car aquí los principales); a los costos que deben sufragar (ídem, por orden); al tiempo que deben utili-zar; los “riesgos” de la legalización e ilegalidad; u otros que quiera destacar especialmente.

1) Los costos de todo tipo que deben afrontar una vez que son legales.

2) Tema cultural, siempre han sido formales, y lo seguirán siendo.

3) Por los costos y difi cultades en obtener las habilitaciones.

4) Que existen más riesgos una vez que son formales (que se legalizaron).

c) ¿Cómo establecen Uds. lo honorarios a cobrar a los clientes? Criterios y monto.

Este tema ya se desarrolló en el cuerpo del trabajo por constituir un punto específi co que importaba desarrollar, como elemento de costos.

d) ¿Qué piensan que podría ser lo más positivo que se podría hacer a nivel institucional, del Estado, para combatir la evasión e im-pulsar la legalización? La pregunta se refi ere a costos iniciales de legalización e impuestos luego de la legalización.

1) Mayor fi scalización por parte de la DGI y el BPS. Esta fue la respuesta más encontrada, unánime, de todos los profesionales relevados.

2) Reducción de los costos del Estado.

3) Instrumentar mecanismos más simplifi cados y fl exibles de tributación, que sean más justos y contengan menos costos paratributarios.


ANEXO 8.5. ENTREVISTAS A ESTUDIOS CONTABLES 219

Como comentario sobre este punto, dos contadores manifestaron que ser formales es una forma de vida, que para algunos no hay incentivos que los seduzcan a ser legales cualquiera sea el esfuerzo que se haga para ello.

e) ¿Han tenido experiencia de trabajar con empresas que eran in-formales y luego se legalizaron? Principales motivos.

La mayoría no tenía experiencia al respecto pero se pudo recoger lo si-guiente:

1) Por haber sido inspeccionados.2) Para estar más tranquilos.3) Para poder tener otros clientes.

f) ¿Han tenido experiencia de trabajar con empresas que eran for-males y luego pasaron a la informalidad? Exprese los principales motivos que las indujeron a ello.

Sobre esta pregunta no hubo respuestas afi rmativas. Dos contadores co-mentaron que a veces sus clientes amenazan con pasarse a la informalidad por un tema de costos.

g) ¿Qué porcentaje de sus empresas entiende que están 100% en regla? En particular, ¿qué porcentaje estima que tienen la habi-litación de Bomberos y municipales?

Ningún encuestado contestó 100%. Señalaron que algunas empresas están más en regla o casi totalmente y otras están muy lejos de cumplir con las normas, ninguna totalmente.

A nivel BPS una buena parte de las empresas están prácticamente en regla (sin subdeclaración) y a nivel de DGI en promedio el 5% están completamente en regla.

Respecto a la habilitación de Bomberos, la mayoría de los contadores no está al tanto de ese trámite ni verifi ca que sus empresas estén en regla.







Date post:	12-Feb-2017
Category:	Documents
Upload:	vutu
View:	229 times
Download:	0 times

La informalidad de las mipymes en Uruguay

Documents