Año 1 - Nº 3 - Octubre-Diciembre 2003 Angel Herrera Oria Un brillante abogado del Estado Homenaje a los jubilados y bienvenida a la nueva promoción Amplio consenso parlamentario La Ley Concursal sale adelante TRANSFUGUISMO • Representación política • Batallar el transfuguismo, un deber democrático • Transfuguismo y otras hierbas TRANSFUGUISMO • Representación política • Batallar el transfuguismo, un deber democrático • Transfuguismo y otras hierbas Amplio consenso parlamentario La Ley Concursal sale adelante Angel Herrera Oria Un brillante abogado del Estado Homenaje a los jubilados y bienvenida a la nueva promoción
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Año 1 - Nº 3 - Octubre-Diciembre 2003
Angel Herrera OriaUn brillante abogado del Estado
Homenaje a los jubilados ybienvenida a lanueva promoción
Amplio consenso parlamentario
La Ley Concursal sale adelante
TRANSFUGUISMO• Representación política• Batallar el transfuguismo,
un deber democrático• Transfuguismo y otras
hierbas
TRANSFUGUISMO• Representación política• Batallar el transfuguismo,
un deber democrático• Transfuguismo y otras
hierbas
Amplio consenso parlamentario
La Ley Concursal sale adelante
Angel Herrera OriaUn brillante abogado del Estado
Homenaje a los jubilados ybienvenida a lanueva promoción
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Edi
tori
al Las administraciones públicas actúan, según la Ley 30/1992, de26 de noviembre, de acuerdo, entre otros, con el principio deeficacia, y se rigen, en su actividad, por los criterios de
eficiencia y servicio a los ciudadanos.
Las retribuciones de los altos cargos y del personal al servicio deesas administraciones públicas deben contribuir al buen fin delservicio público, siguiendo los principios y aplicando los criteriosantes indicados.
Con este fundamento, se comprendería, por los ciudadanos, lamejora de esas retribuciones y, en su caso, la modificación de lossistemas retributivos que se aplican.
La sociedad, en sus relaciones privadas, siempre lo ha entendido asíy lo ha puesto en práctica, también con personas al servicio de lasdistintas administraciones públicas.
Deben, pues, acometerse esa o esas mejoras, sin olvidar el rigor enlos presupuestos anuales, desterrando la utilización de medios oinstrumentos que, indirectamente y de forma más o menos velada,persigan la consecución de incrementos en las retribuciones. Así,primaría, también, el principio de transparencia en la actuación delas administraciones públicas.
La Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivode las carreras judicial y fiscal (B.O.E. de 27 de mayo), apunta enesa dirección.
Mejorar las retribuciones
R E V I S T A A B O G A D O S D E L E S T A D O
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Abogados del Estado. Revista de la Asociación es una publicación de distribución privada y gratuitaentre los socios de la Asociación de Abogados del Estado y todas aquellas personas que su ConsejoEditorial estime conveniente.
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Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica o literaria, sin autorizaciónprevia del Consejo Editorial o el director.
Firmas y colaboradores:Jesús López-Medel, Joaquín Sánchez Garrido, Jorge Rivera, José IgnacioMonedero, Jesualdo Domínguez-Alcahud, Edmundo Bal, AntonioHernández Mancha, Juan F. López Aguilar, Gabriel Cisneros, FernandoGutiérrez Fernández, Alfonso González-Espejo, Ramón García-Moliner,Carlos Domínguez Luis, Mario Soler, Lorena Delgado Bellón, LuisAguilera, Iñigo Guerra
Fotografía:José Luis Cuesta, Edmundo Bal, Jesús Umbría
Publicación patrocinada por:Correos, Endesa, Musini, Unión Fenosa.
Dep. Legal: M-21263-2003
Staff Octubre - Diciembre de 2003 - N.º 3
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I n f ó r m e s e e n e l 9 0 0 5 5 5 0 2 2 o e n s u d i s t r i b u i d o rS e r v i c i o d e A t e n c i ó n E m p r e s a s
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SumarioSumario
Editorial
“La competencia aún no es plena”
La nueva Ley Concursal
Staff
En “Mejorar las retribuciones” abogamos por la modificaciónde los sistemas retributivos. Página 3
Páginas 7 a 11
Páginas 18 a 20
Página 21
Páginas 22 y 23
Página 24
Páginas 25 a 30
Páginas 31 a 33
Páginas 34 a 36
Páginas 12 a 17
Página 4Todos los miembros del equipo humano que hace posible la revista
El presidente de la CNE, Pedro Meroño, cree que el reto del sector energético es construir unMercado Interior Europeo.
Jesús López-Medel (PP) y Joaquín Sánchez Garrido (PSOE) comentan esta importante ley.
La voz de la experiencia Pedro Luis Serrera es el abogado del Estado más antiguoen ejercicio.
El último Gobierno de Alfonso XIII acudió en 1931 al cincuentenario del Cuerpo deAbogados del Estado.
Semblanza de Angel Herrera Oria, personaje de portada, escrita por Jesualdo Domínguez-Alcahud.
Edmundo Bal hace una curiosa comparación entre los sueldos de los abogados del Estado en1881 y los de ahora.
La asignatura pendiente de la democracia española, comentada por AntonioHernández Mancha, Juan F. López Aguilar y Gabriel Cisneros
Artículos de Fernando Gutiérrez Fernández, Alfonso González-Espejo y RamónGarcía-Moliner.
En “La villa incendiada”, Carlos Domínguez Luis describe la localidadabulense de Arenas de San Pedro.
Foto con historia
Un brillante abogado del Estado
Anecdotario
Transfuguismo
La Abogacía del Estado en León
Turismo
Páginas 37 y 38Manet tendrá su primera exposición en España en el Museo del Prado,donde ha finalizado la de Tiziano, que comenta Lorena Delgado.
Cultura
Página 39Reseña de “Por capricho de Dios”, de Jean D’ormesson, escrita por Luis Aguilera, ycomentario de “El pez que no quiso evolucionar”.
Libros
Noticias sobre la cena homenaje a los jubilados y lacomida con la promoción de 2002.
Noticias de la Asociación
Página 42La fundación Ayuda Más trabaja en Perú, India y Ecuador.Solidaridad
Páginas 40 y 41
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EntrevistaE n t r e v i s t a
“La competencia aún no es plena”
Por Carlos MatíasFotos: Jesús Umbría
La frustrada fusión de Endesa e Iberdrola, los intentos de compra de Hidrocantábrico, la OPA deGas Natural sobre Iberdrola... El sector energético está movido, pero ¿se mueve en la direccióncorrecta? Pedro Meroño Vélez, presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), dice que sí.Afirma que “existe un alto grado de garantía en la competencia efectiva y en la transparencia” delsector, pero reconoce que dicha competencia “aún no es la mejor”.
Pedro Meroño
El presidente de la CNEcree que el mayor retodel sector energéticoes construir un MercadoInterior Europeo
También hay que decir que el sector energético europeose está moviendo -añade-. Las referencias a Europa tie-nen que ser permanentes, porque el sector energético
español es, antes que nada, parte del sector energético europeo. Sime pregunta si el sector energético se mueve en la dirección máscorrecta, la primera respuesta es que seguro que es así, porqueestá integrado por empresas privadas que tienen libertad de actua-ción, como deben tener todas las empresas, y la Administraciónno debe intervenir en que dicho movimiento se efectúe en unadirección o en otra”.
“Dicho esto, hay que señalar que una parte muy importante delsector energético son los consumidores. Hay que defender susintereses, y se defienden bien cuando se actúa en competencia.Las autoridades que -como la CNE- tienen funciones de velar porella son las que han de intervenir cuando determinadas decisionesde las empresas (bien sean actos concretos, acuerdos entre com-pañías u operaciones de concentración energética vía compraven-ta o vía fusión) se producen en contra de la competencia en sen-tido general.
Las empresas energéticas españolas se están acomodando muybien y rápidamente al nuevo sistema liberalizado, frente al siste-ma totalmente intervenido anterior. Esto es muy beneficioso paraellas, porque han tomado distancia respecto de sus competidoreseuropeos y van a estar más preparadas cuando la competenciaefectiva, en el conjunto europeo, sea real. Van a poder competiren mejores condiciones.
— En enero de este año, usted calificó de “preocupante” lapresencia de empresas extranjeras participadas por capitalpúblico foráneo en el mercado energético de nuestro país.¿Qué se ha hecho para controlar estas situaciones?
Resulta preocupante la existencia, en un sector liberalizadocomo el energético, de empresas europeas en las que todavía par-ticipa el capital público en proporciones grandes, en ocasiones delcien por cien. Esta preocupación es la que debe surgir cuando, enun sector liberalizado, la empresa pública pretende competir conlas empresas privadas. Es muy dudoso que pueda darse compe-tencia en régimen de igualdad cuando algunas empresas tienendetrás de sí toda la fuerza del Estado o de cualquier otraAdministración pública.
“
Pedro M
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E n t r e v i s t a
De hecho se ha visto, en la práctica, cómo compañías europeaspúblicas han desarrollado acciones de entrada en el capital deempresas privadas de otros países, incluido España, con la parti-cularidad de que, además, en tales países de origen existen fuer-tes limitaciones reales para la entrada y el funcionamiento de lasempresas privadas de otros países; es decir, compañías públicasfrancesas o portuguesas han entrado libremente en el capital decompañías españolas, y las compañías españolas tienen dificulta-des no sólo para entrar en el capital de compañías de estos países,sino para desarrollar directamente su actividad en los países encuestión.
El Estado español ha establecido una limitación legal de parti-cipación o de reconocimiento del ejercicio de los derechos desocio por encima de ciertos límites a estas compañías por lasrazones señaladas. Estas normas están teniendo dificultades en laComisión Europea porque se dice que atentan al principio de librecirculación de los capitales en Europa. Pero este asunto debe con-siderarse con mucho cuidado, porque no es razonable que loscapitales públicos de un Estado circulen libremente por el resto depaíses europeos cuando en el país del capital público no se puedecircular libremente.
En consecuencia, hay dos temas importantes: primero, conse-guir una verdadera liberalización en toda la Unión Europea;segundo, reconsiderar el dar igual valor al capital público y alcapital privado como posible accionariado de las empresas queactúan en sectores en competencia. Eso era correcto en elmomento en que se produjo en el Tratado de Roma. Pero hay quepreguntarse si lo sigue siendo en el momento actual de la econo-mía europea.
“NO HAY INJERENCIAS”
— Algunos reportajes de la prensa (EL PAÍS, 23 y 24 de juniode 2003) han hablado de “injerencias políticas en la reorde-nación del sector eléctrico español”. Se referían al rechazo de
la OPA de Gas Natural a Iberdrola. ¿Podría explicar los moti-vos por los que primero autorizó y luego rechazó dicha OPA?¿Qué tiene que responder a estas supuestas “injerencias”?
Sobre la OPA de Gas Natural a Iberdrola se ha escrito muchoen los medios de comunicación, tanto antes como después de ladecisión que adoptó la CNE. Yo, en estos momentos, prefierohablar poco ya de esta operación pasada; creo que es más conve-niente y corresponde a la prudencia de un regulador no mantenerelementos de conflicto, como indudablemente han existido, y nogenerados, ni generarlos por la CNE. Sin embargo, algunas cosassí que puede ser interesante decirlas después de este tiempo. Enlos medios de comunicación se han producido filtraciones duran-te mucho tiempo relativas a lo que estaba haciendo la CNE; loque iba a hacer, lo que no iba a hacer; sobre cuál era mi posicióncomo presidente un día, cuál era otro y cuestiones semejantes.
Lo que debo decir es que no han acertado sobre mi posición. Yonunca he dicho, porque no debía hacerlo, cuál era mi opinión, micriterio sobre la OPA. Solamente lo dije cuando voté la resoluciónde la Comisión. Pero, en estos momentos, se pueden dar tambiénalgunas respuestas. La afirmación de que yo era favorable a laOPA es una afirmación radicalmente falsa o errónea. Lo primeroes que nunca he manifestado si era favorable o no; lo segundo,que, desde una perspectiva ya pasada y desde la consideracióngeneral de la operación, puedo afirmar que, personalmente, no erapartidario de esta operación, en el sentido de que me parecíanegativa para la competencia, el funcionamiento de los sectoresenergéticos en España y los consumidores, y esto ya ha quedadobastante claro.
La segunda cuestión planteada en la prensa era la existencia deuna supuesta injerencia del Gobierno en la decisión de laComisión y en la mía personal. Puedo asegurar de nuevo, sin nin-gún tipo de reparo o condicionamiento, que dicha injerencia no haexistido y que en todo momento he tomado las decisiones y hetenido los planteamientos que personalmente creía adecuados. Lalarga exposición que se contiene en el periódico EL PAÍS, queusted menciona, y en la que se incluyen algunas de las muchasdeclaraciones que hice al periodista autor de la entrevista, peroexcluye la mayoría, no recoge fielmente, de ninguna manera, larealidad de lo que ocurrió en la CNE respecto de esta operación.
TRANSPARENCIA
— Dos de los sectores de los que más se habla en términos deliberalización son el de las telecomunicaciones y el de la ener-gía. Curiosamente, en ambos coinciden unos pocos gruposindustriales que participan activamente en ellos. ¿Estángarantizadas la competencia efectiva y la transparencia?
Existe un alto grado de garantía en la competencia efectiva y enla transparencia de los sistemas energéticos en España. La CNEvigila permanentemente que no se produzcan actuaciones de losagentes energéticos contrarias a la competencia, y cuando advier-te que existe alguna actuación de este carácter inicia inmediata-
Meroño
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P e d r o M e r o ñ o
mente acciones para corregir dichas actuaciones. No son ni uno nidos los casos tratados, algunos de los cuales se encuentran encurso en este momento.
Si me preguntara si la competencia de los sectores energéticosen España es la mejor, la plena, tendré que contestarle que no,porque es normal que sea así. Llevamos poco tiempo de un siste-ma de competencia en los sectores energéticos y, precisamente, laregulación existente lo que pretende es el incremento de estacompetencia permanentemente. El camino es continuar por estalínea, incrementando los niveles de competencia en cuanto seaposible, eliminando barreras de acceso a estos sectores y nodejando de actuar en la creación del Mercado Interior Europeo,que será el paso fundamental.
Las compañías españolas se quejan de que el nivel de compe-tencia y transparencia que mantienen es superior al que tienen susposibles competidores en otros países europeos, lo cual es ciertorespecto a algunos países, pero no respecto de otros. Pero no esningún obstáculo para que lo que es todavía el pequeño mercadoenergético español tenga niveles de competencia y transparenciaadecuados.
LOS “APAGONES”
— Otra función de la CNE es velar por “la continuidad delsuministro de energía eléctrica”, pero desde 2001 vienen pro-duciéndose cortes y este verano ha habido varios. ¿Qué se estáhaciendo para garantizar el suministro?
La CNE ha tenido una preocupación permanente sobre la con-tinuidad del suministro de energía eléctrica y de gas y, personal-mente, puse de manifiesto, ya hace mucho tiempo, que en veranopodían existir problemas de suministro en algunas zonas turísti-cas españolas. Lo cierto es que se han producido, y se siguen pro-duciendo, momentos en los que existen dificultades para garanti-zar el suministro. No son muy frecuentes, ni son periodos detiempo muy largos. Pero, en todo caso, debe asegurarse el sumi-nistro a través del complejo sistema energético, porque los famo-
sos “apagones” pueden producirse por muy diferentes causas yhay que atender a cada una de ellas.
La legislación española ha dado pasos importantes en estamateria, estableciendo como novedad que las compañías que nocumplan los requisitos establecidos de calidad del servicio tienenque devolver parte de la facturación de lo que han ingresado a losconsumidores que se han visto perjudicados por esta falta desuministro, y ello sin perjuicio y con independencia de otrasreclamaciones en diferentes órdenes, fundamentalmente en elorden civil, que pueden también plantear los consumidores, espe-cialmente las empresas industriales, que son las que pueden teneruna mayor cantidad de perjuicios muy diversos en cada uno de loscasos. Esta legislación ya está en vigor y empezará a funcionar elpróximo año 2004.
En segundo término, la distribución eléctrica es, en muchoscasos, la causante de la falta de suministro cuando se producenapagones. La CNE ha diseñado una metodología o normativa deretribución a la distribución que va a permitir, dicho muy simple-mente, unir la retribución que reciben las empresas distribuidorasa la calidad del servicio que prestan. Si se presta una calidad nor-mal, recibirán la retribución establecida. Si la calidad es inferiora la normal, o si quiere usted, si existen apagones por encima deun mínimo, que siempre es tolerable en cualquier país, veránreducida su retribución. Si se produce una mayor calidad que lamedia, también tendrán un incentivo a esta mejora de la calidad.Estas y otras medidas son las adecuadas para garantizar el sumi-nistro eléctrico.
En materia de producción, el incremento de las nuevas centra-les, que conocemos como ciclos combinados de gas, está asegu-rando un nivel de potencia y de producción eléctrica adecuadopara la demanda española. La CNE realiza anualmente un infor-me sobre la demanda y la cobertura de la demanda eléctrica y degas y vamos siguiendo trimestralmente cuál es el grado de cober-tura de la demanda.
En estos momentos, el grado de cobertura es correcto, sin per-juicio de que, si se da un conjunto de circunstancias negativas,todas al mismo tiempo, como podrían ser la falta de agua, que esun elemento importante en la producción eléctrica, y temperatu-ras sumamente altas o sumamente bajas, según estemos en vera-no o en invierno, alguna central parada, etcétera, se pueden pro-ducir momentos de crisis, pero, en lo que va de año hay que reco-nocer que se están superando con toda normalidad, menos en elcaso de Mallorca - Menorca que, al ser un sistema aislado, esespecial y las medidas de integración por cable con la penínsulason urgentes.
Debe tenerse en cuenta que con el sistema intervenido, podíaexistir un exceso de potencia instalada y no importaba nada, por-que se pagaba a las empresas toda la potencia que instalaban, queasí lo decidía el Estado, y evidentemente eso nos costaba bastan-te más a los consumidores. En estos momentos, hay que mante-ner un equilibrio entre la potencia instalada y la demanda exis-tente para evitar un exceso de costes que acabaríamos pagando denuevo todos los consumidores.De izquierda a derecha, José Ignacio Monedero, Pedro Meroño, Catalina
Miñarro e Iñigo Guerra.
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Pedro ME n t r e v i s t a
ENERGÍAS RENOVABLES
— Según los últimos balances energéticos publicados por laCNE, la mayor producción de energía primaria en España, en1999, era de origen nuclear (49,8%), seguida por la basada enel carbón (27,9%), las energías renovables (13,7%), la hidráu-lica (7,3%), el petróleo (1%) y el gas natural (0,4%). En cam-bio, la participación de cada uno de estos seis tipos de energíaprimaria en el consumo nacional de los años 1997 a 1999 noes simétrica. ¿A qué se debe esta desproporción?
El Balance Energético se puede examinar desde varias pers-pectivas: desde la perspectiva de la energía primaria o desde laperspectiva directamente de la producción eléctrica o del sistemagasista. En lo que toca a la producción eléctrica, lo cierto es queen España existe un mix energético bastante razonable en el quela parte más importante corresponde a la energía de origen nucle-ar y a la energía hidráulica, en un año medio, en un año en el quehaya llovido y haya podido producirse energía hidroeléctrica. Elcarbón va yendo hacia la baja y están subiendo dos tipos de ener-gía que son el gas natural y las energías renovables.
Las energías renovables están teniendo un crecimiento impor-tante en España, especialmente la energía eólica. En este momen-to, la producción con energías renovables ha llegado práctica-mente al 14% de la total producción eléctrica española, cuando laenergía nuclear está en un 30% o un 35% y la energía hidráulica,en un año medio, también está en un 30% o un 35%. Parece unacifra importante, lo cual no significa que debamos bajar la guar-dia y no incrementar la producción con energías renovables en elfuturo inmediato.
De hecho, existen planes, ya aprobados por el Gobierno, deincremento y de promoción de las energías renovables para lospróximos años y para el cumplimiento de los objetivos de Kyoto.Igualmente, está en marcha un nuevo sistema de retribución para
las energías renovables, y especialmente la energía eólica, que lesdé una mayor garantía, una mayor seguridad, una mayor previsi-bilidad en el funcionamiento de las empresas que manejan ener-gías renovables.
Indudablemente, la proporción de energía eléctrica a través deenergías renovables se va a incrementar claramente en el futuro ytambién se va a incrementar la energía eléctrica producida congas natural, que es un combustible fósil, pero que contaminamenos que otros. Estas son las líneas básicas de crecimiento en elfuturo.
— ¿Podrían solucionarse los problemas de suministro eléctri-co incentivando la producción y consumo de energías alter-nativas?
Si la pregunta es, estrictamente, si mediante el incentivo de laproducción de las energías alternativas o energías renovables sesolucionarían los problemas del suministro eléctrico futuro, larespuesta realista es que no, claramente. Ni en estos momentos nien los años próximos -muchos años próximos- se va a podergarantizar el suministro eléctrico exclusivamente con energíasrenovables. Yo creo que nadie lo pretende.
Hay otra parte, que es incluso más importante, y es fomentar elahorro energético, fomentar el menor consumo energético, teneren cuenta lo que supone el consumo de energía con todas sus con-secuencias y conseguir que España no sea uno de los países en losque la eficiencia energética ocupa un lugar muy bajo. Tenemosmucho que hacer en materia de ahorro energético.
— Recientemente, José Luis García Ortega, representante dela organización ecologista Greenpeace en el ConsejoConsultivo de Electricidad, ha denunciado un presunto “tratode favor” a Iberdrola, al permitirle construir 4.800 MW decentrales térmicas, cuando en 2000 se dispuso una moratoria.Además, siempre según Greenpeace, Iberdrola supera ya el20% de la capacidad de producción eléctrica y debe limitar,no aumentar, su presencia en el mercado para facilitar lacompetencia. ¿Puede explicar su punto de vista al respecto?
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MeroñoP e d r o M e r o ñ o
Efectivamente, Greenpeace se ha preocupado sobre un supues-to trato de favor a Iberdrola y ya hemos dado una respuesta pornuestra parte y las informaciones correspondientes para señalarque no tiene ningún tipo de trato de favor para permitirle construir4.800 MGw en centrales térmicas. Por las informaciones quetenemos en la Comisión, resulta que Iberdrola ha cumplido estric-tamente la normativa sobre las limitaciones e incremento depotencia que tenía establecidas por un plazo de tres años desde el2000.
LIBERALIZACIÓN EN LA UE
— Llevamos cuatro años de proceso de liberalización del sec-tor eléctrico. Inicialmente, estaba previsto que el mercado seabriera totalmente este año, pero la Comisión Europea acep-tó a finales de 2002 las tesis francesas y retrasó dicha apertu-ra hasta 2007. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Efectivamente, el grado de liberalización y la estructura delmercado en los diferentes países de la Unión Europea son distin-tos. En España, desde el presente año, el mercado está abiertopara todos los consumidores, incluso los domésticos, que yapodemos elegir. Ello ocurre en otros países europeos, como porejemplo en el Reino Unido y en los Países Nórdicos, y, en cam-bio, otros países han preferido agotar al máximo los límites cen-trales que se establecían en las directivas europeas y, comomucho, han aceptado el año 2007 para la apertura de todos losmercados.
Esta situación de asimetría entre los diferentes países de laUnión Europea es negativa para el conjunto, como señalabaantes, y la razón de ello puede ser mantener, desde mi punto devista, unas situaciones en cierto modo de privilegio para determi-nadas empresas íntimamente unidas a las administraciones esta-tales de los países en cuestión. Todo ello, además, con indudableperjuicio para los consumidores que, en último término y enigualdad de condiciones, están pagando una energía eléctrica máscara en dichos países.
— ¿Qué puede pasar desde ahora hasta el 2007? ¿Podríatener lugar un nuevo retraso en la liberalización del sector?
No se puede saber lo que va a pasar de aquí al año 2007. Perosí sé lo que me gustaría que pasara y es que los mercados energé-ticos de toda Europa adelantaran su calendario de liberalización yque se construyera de verdad un Mercado Único Interior de laEnergía en el conjunto europeo, evitando situaciones de aisla-miento, como ocurre con la Península Ibérica respecto del restodel continente.
Existen, en estos momentos, peligros, porque hay voces queseñalan que es mejor dar marcha atrás y volver a sistemas inter-venidos administrativamente, volver al pasado. Yo, personalmen-te, mantengo con toda claridad la posición contraria: las ventajasdel régimen de competencia que, evidentemente, nos hace la vida
un poco más difícil a todos desde muchos puntos de vista, pero,por el contrario, y especialmente respecto a los consumidores,tiene beneficios indudables como está demostrado, en general, encualquier actividad económica.
NUEVA ETAPA
— ¿En qué medida la oferta conjunta de gas y electricidadpuede favorecer la apertura del mercado energético enEspaña?
En forma muy apreciable, por el incremento del número decompetidores importantes. Todas las empresas, entre ellas laseléctricas, que no podían actuar en el sector del gas, lo estánhaciendo, y las gasistas en el sector eléctrico. Ofertas conjuntasde empresas ya conocidas, y que pueden dar confianza o lo con-trario a los consumidores, incrementan la competencia de formarápida.
— Cuando aún le quedaban cuatro años al frente de la CNE,en mayo de 2001, anunció que no pensaba presentarse a lareelección. ¿Sigue firme en su postura?
Transcurridos ya cuatro años desde la creación de la CNE,resulta gratificante comprobar que es ya una institución firme-mente asentada con un alto nivel de reconocimiento público. Enocasiones, cuando una decisión de la CNE no es coincidente conlos intereses de alguna empresa, ésta critica la decisión, otros laapoyan, pero, en todo caso, puede afirmarse que la CNE tiene yalas bases para un futuro largo, incluso con mayores competenciasque las actuales, en el contexto de la Unión Europea.
El trabajo desarrollado en estos años ha sido mucho, y, en losdos años que faltan para completar mi mandato, se puede avanzarbastante en las líneas de trabajo actual. Siempre quedarán pro-yectos por completar, pero creo que ello no hace necesaria micontinuidad en la presidencia por un nuevo periodo de seis años.
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La Ley Concursal
De DanteCervantesa Por Jesús López-Medel Bascones
Diputado nacional del PP por CantabriaPresidente de la Comisión
de Justicia e Interior del CongresoPonente parlamentario de la Ley Concursal
Cuando dos personas se presentaron en el domicilio de Joseph K. para notificarle el procesojudicial que se iniciaba, aquel no entendió nada: ni por qué sucedió ni, tampoco, qué podíaacontecer. Pero menos aún comprendió cómo se desarrolló el proceso con una serie desecuencias absurdas y cómo concluyó el mismo.
Me estoy refiriendo al comienzo de la novela del mismotítulo, “El Proceso”, de Frank Kafka. Pero ese carácterimprevisible de las secuencias procedimentales y su
resultado podría aplicarse, sin ninguna duda, a cualquier juiciodel Derecho Concursal vigente.
Si hay áreas en las cuales el transcurso del tiempo ha resbaladosobre una petrificada normativa del ordenamiento jurídico, ésta esla del Derecho Concursal hasta ahora en vigor. Su arcaísmo y dis-persión deriva de la codificación española del siglo XIX, estructu-rada sobre la base de dualidad de códigos de Derecho Privado,Civil y de Comercio, y de la regulación separada de la materia pro-cesal, con múltiples procedimientos concursales, según se tratarade comerciantes o no comerciantes, mientras que venían existien-do otras figuras preventivas o preliminares, como la suspensión depagos y la quita y espera, con presupuestos poco claros y límitesmuy difusos.
Si una norma jurídica ha de ser adecuada a la realidad del tiem-po social en que ha de ser aplicable, resulta pavoroso contrastar elambiente del país en que se elaboraron esas normas y el actual.Así, esta materia estaba hasta ahora regulada por la Ley deSuspensión de Pagos de 1922, promulgada con carácter provisio-nal y dictada para resolver un caso concreto, la crisis del Banco deBarcelona. Junto a ella, el Código de Comercio de 1825 y abun-dantes preceptos del Código de 1829 (¡!), lo cual permite afirmaralgo escalofriante: en la España del rey Juan Carlos I, mantienensu vigor normas de la España de Fernando VII.
MODERNIZACIÓN
Frente a esta situación, el Congreso de los Diputados ha apro-bado ya una de las más importantes tareas legislativas que estabanpendientes en la modernización de nuestro derecho, complemen-tando el gran esfuerzo que en estos últimos años se está haciendo,con elaboración de leyes nuevas, como la LEC y la LJCA.
Con el texto que ahora hemos aprobado, se va a poner fin a lasituación actual de una anacrónica y desacreditada regulación
legal que no da satisfacción al interés público o social, ni al inte-rés del deudor, ni al de los terceros afectados, ni al de los acree-dores a los que podría ser aplicado el dicho de Orwell: “Todos soniguales, pero unos más iguales que otros”.
Esta normativa ha posibilitado una confusión generalizada y unaabsoluta falta de seguridad jurídica y, en no pocos casos, abusos detodo género de que conoce la práctica. De ahí que, desde hacetiempo, se viniera hablando de la quiebra del Derecho de Quiebra,o (como diría el profesor Rojo), la crisis del Derecho de crisis. Lafalta de confianza en las instituciones concursales hace que a cual-quiera que se acerque le podría ser aplicada la frase del frontispi-cio que se encuentra Dante a la puerta del infierno: “Quien entreaquí, que pierda toda esperanza”.
“Si hay áreas en las cuales el trans-curso del tiempo ha resbalado
sobre una petrificada normativa delordenamiento jurídico, ésta es la
del Derecho Concursal”
L A L E Y C O N C U R S A L
Con la nueva ley, se trata de superar la actual infrautilización delos procesos concursales, pues no hay cultura concursal y los datosrevelan que hay más quiebras de hecho que de derecho. Se haceun uso muy limitado de los procedimientos concursales por losagentes económicos, de modo que la liquidación de actividadesempresariales no se hace, en numerosos casos, de forma adecuaday ordenada, sino a través de la sucesión de ejecuciones singulares,quedando insatisfechos créditos e intereses legítimos.
Esto responde fundamentalmente a dos causas: los costes delprocedimiento (de ahí que algunos hayan hablado del lujo de que-brar) y las causas jurídicas, fundamentalmente la complejidad delprocedimiento.
AMPLIO CONSENSO
Dar respuesta a los retos sustantivos y procedimentales es lo quepretende la reforma impulsada por los dos últimos ministros deJusticia, Angel Acebes y José María Michavila, que con amplísimoconsenso parlamentario se acaba de aprobar y respecto de la cualprocede destacar las principales modificaciones que contiene.
Así, la unidad legal en un solo texto, superando la dispersiónantes comentada, la unidad de disciplina, aplicándolo tanto a los
comerciantes como a los no comerciantes y la unidad del proce-dimiento en el que se combinan tres principios: flexibilidad, rapi-dez y simplicidad, teniendo por finalidad reconducir la compleji-dad hasta ahora existente en un procedimiento que, sin merma delas garantías de índole judicial, permita su más pronta, eficaz yeconómica tramitación, pasando de cuatro procedimientos a unosolo, con la salvedad del procedimiento abreviado para determi-nadas empresas con un pasivo no superior a un millón de euros ysiendo la pieza básica del proceso el denominado “incidente con-cursal”, procedimiento especial a través del cual se ventilarán
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todas las cuestiones y procediéndose a un acortamiento notablede plazos y mayor flexibilidad en los trámites.
Por otra parte, se incentiva el adelantamiento en el tiempo ladeclaración de concurso, a fin de evitar más deterioro patrimonial.El nuevo texto es innovador, pues establece como presupuesto,además de la insolvencia actual, la inminente. Hay que tener pre-sente en este punto una idea fundamental que incluso quienespueden ser contrarios a la filosofía conservacionista de la empre-sa tienen que admitir: la necesidad de anticipar en el tiempo laapertura de un proceso concursal, pues si no tiene lugar una aper-tura oportuna del proceso, el Derecho Concursal pierde su senti-do. Por ello, además de premiar que el propio deudor proceda ainiciar el procedimiento, también ha de considerarse prioritario ypositivo el planteamiento de incentivar el concurso necesario,dando algún privilegio al acreedor que inste o promueva el con-curso.
Se limitan los efectos de la declaración, considerando el conve-nio como la solución normal del concurso y la ley lo fomenta endecisiones como la posibilidad de la propuesta anticipada, procu-rando agilizarse con diversas medidas como la admisión de adhe-siones hasta el cierre de la lista de asistentes o el hecho de que lapropuesta anticipada, pero sin suficientes adhesiones, pueda sermantenida en la Junta de acreedores. El contenido del convenio esflexible, pudiendo consistir en quitas o esperas, admitiéndose pro-posiciones alternativas y debiendo las propuestas ser acompaña-das de un plan de pagos.
Se intenta posibilitar la continuidad de la empresa cuandopudiera ser viable. Así, la finalidad de conservación de la activi-dad profesional o empresarial puede cumplirse por un convenio,debiendo la propuesta incorporar un plan de viabilidad, pudiendoseñalarse que, aunque el objeto fundamental y exclusivo del con-curso no sea el de salvar empresas, un convenio de continuaciónpodrá recuperar las que pudiesen ser viables, precisándose infor-me preceptivo de la administración judicial.
JUZGADOS ESPECIALES
Se crean juzgados mercantiles especializados con facultadesmás amplias y más discrecionales, atribuyéndoseles jurisdicciónexclusiva y excluyente en todas las materias de especial trascen-dencia para el patrimonio del deudor, concentrándose en un soloórgano jurisdiccional diversas actuaciones que hasta ahora corres-pondían no sólo a diversos juzgados, sino incluso a órganos dediferente orden jurisdiccional, entendiéndose que el carácter uni-versal del concurso justifica la concentración en un solo órganojurisdiccional de todas estas materias, entendiendo que la disper-sión perjudica la necesaria unidad procedimental y de decisión.
Se simplifica la estructura orgánica del concurso, de modo quesólo el juez (con más facultades de impulso) y la administraciónjudicial tienen carácter necesario, debiendo destacarse el caráctermultidisciplinar de este último órgano con una composición cole-gial y heterogénea, toda vez que se considera que el tratamientode la empresa en crisis reclama una pluralidad de saberes que esdifícil se concentre en una sola persona.
También merece destacarse que se reducen drásticamente laspreferencias y los privilegios, fortaleciéndose el principio de igual-
dad, de la pars conditio creditorum, consiguiendo una mayor cla-ridad y simplificación en el complicado bosque de diversos tiposde acreedores, cuyos privilegios especiales, en no pocos casos,carecían de justificación, recuperándose una lógica interna delconcurso, procediéndose a una “drástica poda de los privilegios”.
Este fortalecimiento del principio de paridad habrá de repercu-tir en beneficio de los intereses generales, al no disminuir la masaactiva, permitir mayores posibilidades de continuación de laempresa y un menor sacrificio de los acreedores, haciendo que lainsolvencia de la carga se reparta de forma más equitativa y soli-daria.
Así, la nueva ley surge con el mismo propósito que “El Quijote”,cuyo inicio y razón de andadura eran “los agravios que pensabadeshacer, tuertos que enderezar, sinrazones que enmendar, abusosque mejorar y deudas que satisfacer”.
L A L E Y C O N C U R S A L
“Con la nueva ley, se trata de superar la actual infrautilización de
los procesos concursales, pues no hay cultura concursal”
José Mª Michavila, ministro de Justicia.
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Por Joaquín Sánchez GarridoDiputado del PSOE por ToledoPonente parlamentario de la Ley Concursal
Desde mi posición de ponente en la Ley Concursal en representación del Grupo ParlamentarioSocialista, debo decir sin ambages que el consenso y consecuente aprobación de la misma hasido posible por muchas causas y circunstancias, y entre ellas el talante y vocación expresa dellegar a acuerdos entre todos los grupos parlamentarios y la Secretaría de Estado de Justicia.
La Ley Concursal viene a satisfacer una aspiración espera-da y deseada vivamente por el mundo del Derecho espa-ñol en su vertiente mercantil y patrimonial, y para ello ha
sido necesaria una reforma profunda de la legislación vigente enesta materia, que se encontraba dispersa en muy diversas nor-mas civiles y mercantiles, algunas anteriores a 1922, fecha deentrada en vigor de la Ley de Suspensión de Pagos.
Quisiera poner de manifiesto algunas de las cuestiones quecontiene la Ley Concursal que pueden considerarse relevantes yque serán muy positivas para el mundo del Derecho y, muy con-cretamente, en todo lo que concierne al tráfico mercantil: la uni-versalidad del Juez de lo Mercantil, sus competencias territoria-les y funcionales, la determinación jurídica del PresupuestoObjetivo, la Administración Concursal, la nueva Clasificación delos Créditos, el Convenio Anticipado, el ProcedimientoAbreviado y el Registro de Resoluciones Concursales.
El Pacto por la Justicia previó la creación de los Juzgados de loMercantil. Disquisiciones técnicas aparte sobre la convenienciao no del nombre, no es menos cierto que -como muy bien dicela exposición de motivos de la Ley Orgánica para la ReformaConcursal- el carácter universal del concurso justifica la con-centración, en un solo órgano judicial, de las materias que seconsideran de especial trascendencia para el patrimonio deldeudor. Consecuentemente, el juez del concurso tiene jurisdic-ción exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecu-ciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relacióncon el patrimonio del concursado por cualesquiera órganosjurisdiccionales o administrativos, así como determinados asun-tos que, en principio, son de la competencia de los juzgados ytribunales del orden social, pero que por incidir en la situación
patrimonial del concursado, y en aras de la unidad del procedi-miento, no deben resolverse por separado. Me refiero, en parti-cular, a las cuestiones relativas a las extinciones, suspensiones ymodificaciones colectivas de los contratos de trabajo existentesa la fecha de la declaración del concurso.
CONSENSO CON LOS SINDICATOS
Este planteamiento, que sin duda es bastante lógico, sinembargo dio lugar a distintas teorías dentro de la ponencia, porentender que se estaba privando del conocimiento de una mate-ria importante a los juzgados de lo Social, verdaderos especia-listas en esta materia, y a los que precisamente no se les puedeachacar tardanza en la resolución de las cuestiones que ante losmismos se plantean. Si hay hoy en España una jurisdicción en laque el principio de inmediación se hace realidad, ésta es en losjuzgados de lo Social.
Ello nos llevó a las discusiones a que antes aludía, que crista-lizaron en un acuerdo amparado en el consenso con las dosgrandes centrales sindicales de este país, y que dio lugar a lanueva redacción del art. 64, que es el resultado del acuerdorazonable a que hacía mención y en el que se reconoce en lossupuestos antedichos los derechos que tienen los trabajadores yque se reflejan en la legislación laboral (Estatuto de losTrabajadores, convenios colectivos, etc...), además de precisarcon bastante acierto los límites del ejercicio de las accionesindividuales de extinción del contrato por voluntad del trabaja-dor, e interpuestas al amparo del art. 50.b del Estatuto de losTrabajadores. Y ello, con la intervención de la autoridad laboral,que dota de garantías al proceso y sirve de marchamo de credi-bilidad para la decisión que deba adoptar el juez del concurso.
La Ley Concursal
Unaaspiración
Lograda
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La Ley ConcursalLa Ley Orgánica, en su artículo 2 punto 6 (que modifica la Ley
Orgánica del Poder Judicial añadiéndole un nuevo artículo86.ter), fija con precisión cuáles son las competencias de estejuzgado, sin que se produzca una identificación plena con todaslas materias tratadas en la legislación mercantil y, además, sinque todas las materias sobre las que extiende su competenciasean exclusivamente mercantiles. El mentado artículo 2 de laLey Orgánica para la Reforma Concursal señala perfectamentedónde podrán establecerse los juzgados de lo Mercantil, y a supaso por la ponencia ha quedado mejorada la redacción de esteartículo en su apartado 5, satisfaciendo así las inquietudes demuchos profesionales y a la realidad social y económica denuestro país.
FORMACIÓN DE LOS JUECES
Puse de manifiesto en ponencia, comisión y pleno mi preocu-pación por la permanencia en el cargo de los jueces de loMercantil y su proceso de formación, aspectos éstos importantespor cuanto que se va a hacer un esfuerzo económico notable enla creación de estos Juzgados, y en su provisión por jueces espe-cializados. Entiendo que debería garantizarse que estos juecesque van a conocer de las cuestiones económicas más importan-tes que se produzcan en nuestro país permanecieran al menosdurante cinco años en su puesto y no pudieran pasar a la activi-dad privada.
Asimismo, me parece importante que la labor de formaciónde los jueces encomendada al Consejo del Poder Judicial seaespecialmente escrupulosa y se aprovechen los medios persona-les y técnicos con que cuenta la Administración del Estado parala mejor formación de estos funcionarios de Justicia, durante elperíodo de la vacatio legis de esta ley. Creemos firmemente quela Administración del Estado tiene capacidad y medios persona-les y técnicos suficientes para formar a estos jueces, incluso conla colaboración de otras corporaciones de Derecho Público. Sinembargo, no nos parece correcto que pudiera acudirse a funda-ciones de derecho privado -cuyos patrones, en muchos casos,son los propietarios de grandes empresas- para financiar la for-mación de los jueces de lo Mercantil, ya que sin duda estopodría herir susceptibilidades y poner en tela de juicio la inde-pendencia del juez.
Estas observaciones no han tenido eco, pero espero que la rea-lidad las adopte. Esto no quiere decir que nos opongamos a quelas fundaciones de derecho privado colaboren con el Consejodel Poder Judicial en la organización de cursos y seminarios parala formación de jueces.
EL PRESUPUESTO OBJETIVO
Merece destacar en el texto de la Ley Concursal la redaccióndefinitiva que se ha dado en el artículo 2 al PresupuestoObjetivo, mejorando ostensiblemente en ponencia y comisión eltexto del proyecto, que apenas hacía una somera referencia a lainsolvencia. Por ejemplo, el sobreseimiento generalizado en lospagos. El texto definitivo en el que se plasma la unidad del pro-cedimiento impone la de su Presupuesto Objetivo, identificadocon la insolvencia -actual o inminente- que se concibe como elestado en que se encuentra el deudor que no puede cumplirregularmente sus obligaciones. Esto posibilita que se puedanacoger al procedimiento concursal empresas que no son insol-ventes en ese momento, pero que van a serlo previsiblemente enmuy breve plazo.
La ley considera que el juez y la Administración Concursalson los únicos órganos necesarios en el procedimiento, desdemi punto de vista llama la atención el que la ley no haya sidomás generosa con el Ministerio Fiscal. Su intervención comoparte se limita a la Sección 6ª y pienso que su actuación debe-ría haber sido más importante y no limitarse exclusivamente aponer el visto en sus actuaciones.
La Administración Concursal, salvo lo que se refiere a la pre-sencia del administrador-acreedor en el órgano de administra-ción, tiene una regulación totalmente novedosa respecto delderecho tradicional hasta ahora vigente. Su composición haplanteado numerosas dudas a mi grupo parlamentario y deforma consensuada se ha dado entrada, entre sus componentes,a los titulares mercantiles colegiados por lo que han representa-do durante muchos años en el hasta ahora este ámbito de lassuspensiones de pagos y las quiebras, y otros que ahora estáncubiertos por los economistas y los auditores.
FIGURAS NOVEDOSAS
En la composición de la Administración Concursal aparecencomo figuras novedosas, además de la antes señalada de los titu-lados mercantiles, los abogados y el acreedor. Al abogado se leexige una experiencia profesional de, al menos, cinco años deejercicio efectivo. Entendemos que su participación dentro de laAdministración Concursal puede ser muy útil para el juez, fun-damentalmente en los concursos de importancia en los que, porsu complejidad y naturaleza, el juez puede necesitar de su pre-sencia. No es menos cierto que en determinados concursos quepueden ser sustanciados a través del procedimiento abreviado(art. 190 y 191 de la ley), la intervención del abogado no seaprecisa, y es por lo que en el art. 191.2 se establece que laAdministración Concursal estará integrada por un único miem-bro de entre los previstos en el número 3 apartado 2 del artícu-lo 27, y que obviamente no es el abogado.
Más dudas y controversia podría generarse con la figura delacreedor-administrador, pero estimo que la redacción que se leha dado al punto tercero del apartado 1 del artículo 27 es bas-tante acertada, por cuanto que tanto los casos en que el admi-nistrador concursal sea una persona jurídica como en los que losea una persona natural se designará a un profesional que seráeconomista, auditor o titulado mercantil colegiado, con una
“El Juez del concurso tiene jurisdicción exclusiva y excluyente
en materias como todas lasejecuciones y medidas cautelares
que puedan adoptarse”
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La Ley Concursalexperiencia profesional de al menoscinco años de ejercicio efectivo.
Cuestión más compleja es el nombra-miento de estos profesionales para inte-grar la Administración Concursal y alefecto se ha establecido un sistema delistas que esperemos dé frutos positivos.Personalmente, me hubiera inclinadopor el sistema establecido en el art. 341de la Ley de Enjuiciamiento Civil para elnombramiento de peritos.
CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS
La Ley Concursal ha establecido unnuevo sistema para la clasificación delos créditos. Se han introducido inno-vaciones importantes y me gustaríadestacar, por un lado, la desapariciónde la ejecución separada a favor de loscréditos hipotecarios y sociales; porotro, la reducción de su privilegiogeneral hasta el 50% de su importe de los créditos tributariosy demás de derecho público, así como los créditos de laSeguridad Social. Con estas medidas se les está garantizando alos acreedores unas posibilidades ciertas de poder hacer efec-tivos sus créditos. No hace falta extenderse mucho para saberque la anterior legislación, bien sea por las ejecuciones sepa-radas, o por los créditos tributarios y de la Seguridad Social, locierto y verdad es que cuando se hacían efectivos estos crédi-tos no quedaba nada para el resto de los acreedores. Es deapreciar el esfuerzo de la Administración del Estado al aceptaresta fórmula, pero no es menos cierto que la Administraciónposee mecanismos suficientes y eficaces, información y vía deapremio, como para hacer efectivos sus créditos con normali-dad, por eso es justo esta “penalización” en la reducción de suprivilegio general.
Quizá la Ley Concursal no regule con suficiente amplitud ygenerosidad el derecho preventivo o, si se prefiere, los conve-nios extrajudiciales o lo que se viene en llamar en el textoConvenio Anticipado, e incluso el Convenio Ordinario. Esto esasí porque establece unos límites al acuerdo que nos parecenabsolutamente injustificados, no solamente porque cercenan lavoluntad de las partes, sino porque dejan sin posibilidad a quelos acreedores por vía extrajudicial o judicial lleguen al acuerdoque estimen que es el mejor para sus intereses.
No obstante, en los arts. 100.1 y 104.2 se prevé la excepcio-nalidad de que cuando se trate del concurso de empresas cuyaactividad pueda tener especial trascendencia para la economía,siempre que lo contemple el Plan de Viabilidad que se presentey se acompañe informe emitido al efecto por la administracióneconómica competente, el juez del concurso podrá, a solicitudde parte, autorizar motivadamente la superación de los límitesestablecidos en el párrafo 1º del art. 100, que hace referencia aque las proposiciones de quita no podrán exceder de la mitaddel importe de cada uno de ellos, ni las de espera de cinco añosa partir de la firmeza de la resolución judicial que apruebe elconvenio.
LEY SATISFACTORIA
En los últimos momentos de la ponencia, se encontró comofórmula para suavizar la dureza del texto el que, como refería-mos antes, cuando se trate de concurso de empresas cuya acti-vidad pueda tener especial trascendencia para la economía -ysiempre que se acompañe un plan de viabilidad que contempleuna quita o una espera superior-, el juez del concurso podráautorizar motivadamente la superación de dichos límites. Estacláusula de excepcionalidad deja abierta la posibilidad de lasuperación de los límites a los que antes nos veníamos refirien-do y alivia la posición del juez en cuanto que, a través del Plande Viabilidad, pueda adoptar una posición motivada ante unapropuesta de superación de límites. Además, le facilita -aunquesea muy ligeramente- el poder discernir cuándo la empresa esde especial trascendencia para la economía española. Quizá laley debería haber definido qué es un Plan de Viabilidad.
Con esta ley se satisfacen las pretensiones de numerososcolectivos profesionales a los que les afecta, tales como aboga-dos, economistas, auditores, y titulados mercantiles (estos últi-mos no estaban incluidos en el Anteproyecto de Ley). Tambiénse deja la puerta abierta para la intervención en asuntos de índo-le estrictamente laboral a los graduados sociales. Igualmente,quedan satisfechas las pretensiones de los sindicatos, por cuan-to que se ha conseguido una fórmula que permite que los dere-chos de los trabajadores no se vean menoscabados dentro deeste proceso tan complejo, en el que todo lo que les atañe, talescomo los expedientes de modificación sustancial de las condi-ciones de trabajo y de suspensión o extinción colectiva de lasrelaciones laborales, los créditos, el incidente concursal, etcéte-ra, están plenamente garantizados.
En definitiva, el Congreso de los Diputados ha sacado adelan-te, con un consenso total, una ley buena técnicamente, sólida,garantista y con una vocación de perdurar tanto o más de lasque la han precedido.
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EntrevistaEntrevista
Ladela
vozexperiencia
De cada una de sus palabras se deduce un gran amor a su profesión como jurista. Fue jefe de la Abogacíadel Estado en Sevilla y es el miembro del Cuerpo más antiguo de cuantos permanecen en activo actualmente.Pedro Luis Serrera Contreras destaca lo importante que para él siempre han sido sus compañeros, con unemocionado recuerdo para José Ignacio Monedero, que le acompañó en sus comienzos.
Pedro Luis Serrera es el abogado del Estado
más antiguo que sigue
en ejercicio
experienciavoz
Por Jorge Rivera
— Después de todos sus años de ejercicio profesional, ¿en quéha cambiado el Cuerpo de Abogados del Estado como colecti-vo profesional, desde que usted comenzó hasta la actualidad?
En el cuerpo supuso un cambio importante el abandono de lasfunciones de liquidación del antiguo Impuesto de DerechosReales, después de Transmisiones Patrimoniales. Ese cambiotuvo un fuerte impacto desde muchos puntos de vista. Algo pare-cido puede decirse del cambio de adscripción desde el Ministeriode Hacienda, donde estuvimos tantos años, hasta el Ministerio deJusticia, donde hoy estamos. La pérdida de funciones liquidado-ras pudo contribuir a ese cambio.
Otra transformación importantísima ha sido la que vino deter-minada por la Constitución Española y por los estatutos de auto-nomía con las transferencias de competencias a favor de lascomunidades autónomas, lo que repercutió en el lógico adelgaza-miento de las competencias estatales.
— ¿En qué ha cambiado la forma de desarrollarsu profesión?
Posiblemente, el cambio principal ha sido el determinado por lainformatización que se ha extendido en todos los campos de laactividad pública y privada. Aunque nuestro cometido fundamen-tal sigue siendo el mismo -defensa en pleitos y emisión de infor-mes-, esa creciente informatización y celeridad en las comunica-ciones ha impuesto una nueva forma de trabajo. Consecuencia deello es la comunicación muy rápida y efectiva con el centro direc-tivo, lo que facilita la labor de éste para la unidad de doctrina y eltrabajo técnico que debemos desarrollar los abogados del Estado.
En otro orden de cosas, y desde el punto de vista de la jurisdic-ción civil, la nueva LEC del año 2000 ha supuesto un importantecambio con la creciente presencia de la realidad y la grabación delas actuaciones con los correspondientes medios de reproducción.
Pedro Luis SerreraPedro Luis SerreraCOMIENZO EN HUELVA
— ¿Qué recuerda de sus comienzos como abogado delEstado? ¿Cómo era la Abogacía del Estado entonces?
Mis comienzos fueron en la Abogacía del Estado de Huelva, enel año 1959, y compartiendo el trabajo con otro compañero, JoséIgnacio Monedero, desgraciadamente hoy fallecido. Se tocabantodas las materias y por aquel entonces tenían mucha virulencialos pleitos de montes propios de aquella provincia, eminentemen-te forestal. Ciertamente, no faltaba el trabajo. Así, en el verano de1960, en el mes que me correspondía estar de guardia en laAbogacía, tuve que suprimir la estancia en Punta Umbría y que-dar en Huelva, porque las muchas ocupaciones no eran compati-bles con el tiempo que se perdía en ir y volver a Punta Umbría enaquella inefable canoa.
Cuando, a principios de 1961, llegué a Sevilla, el panorama eradistinto. Era una Abogacía que formábamos cinco abogados delEstado. Yo sustituí a Juan Rovira, mi preparador, que se acaba-ba de marchar a Madrid. Los demás eran compañeros de otrasgeneraciones. Aquí se imponía una mayor división del trabajo y,por tanto, durante algún tiempo me correspondieron las tareas deliquidación del Impuesto de Derechos Reales en los actos intervivos.
— ¿Podría contarnos alguna anécdota curiosa de aquellostiempos en sus comienzos profesionales?
En esa época de la Delegación de Hacienda de Sevilla, y posi-blemente a principios de los años60, recuerdo que había instruido uncomplicado expediente de los dedevolución de ingresos indebidos,en el que eran beneficiariosmuchos interesados. En nombre detodos ellos, venía a verme de cuan-do en cuando un señor ya mayorque anunciaba su visita diciendo:“¿da permiso su señoría?” El expe-diente era tan complejo que, enalguna ocasión, aquel buen señorme dijo: “es posible que cuando yofalte aún no se haya terminado esteexpediente”. De eso hace unos cua-renta años, pero es posible que hoydía, si revisáramos los archivos dela Delegación de Hacienda, aunpudiéramos encontrar que aquelviejísimo expediente no se habíaresuelto del todo. Sí es verdad que,al cabo de los años, lo de “señoría”tiene hoy justificación, por la con-decoración de San Raimundo dePeñafort que lleva anejo ese pecu-liar tratamiento.
SATISFACCIONES
— ¿Cuáles han sido sus principales satisfacciones en el desa-rrollo de su profesión?
Las satisfacciones fundamentales en el desarrollo de la profe-sión, aparte las que ésta da por su cometido esencialmente jurídi-co, se centran en la compañía de los abogados del Estado con losque a lo largo del tiempo hube de compartir mi tarea. Al princi-pio, los que eran mayores que yo; al final, los que son todos másjóvenes. Y lo mismo digo del personal auxiliar o de apoyo, en elque encontré siempre la mejor colaboración para nuestra tareajurídica.
Como evento importante fue acordarme de los actos celebradoscon ocasión del centenario del Cuerpo, en 1981, y también lasdistintas jornadas de estudio celebradas por la Dirección General,a raíz de promulgarse la Constitución, y en las que intervine conuna ponencia sobre el derecho de manifestación.
Luego, la actividad profesional ciertamente ocasiona satisfac-ciones tanto en el ámbito con-sultivo como en el contencioso.Guardo buen recuero de unainteresante cuestión de compe-tencia o conflicto de jurisdic-ción que enfrentaba a laDelegación de Hacienda deSevilla con el TribunalSupremo de Justicia, y que fueresuelta a favor de la primera,con trascendente intervención—como es lógico— del aboga-do del Estado. Recuerdo tam-bién un importante pleito rei-vindicatorio de parte de la anti-gua casa lonja sita en Sevilla,construida en tiempos deFelipe II, y en el que había quesacar a relucir la normativa deltiempo de aquel monarca.
— Desde sus comienzos comoabogado del Estado a laactualidad, ¿existe algún pro-blema que entonces existieray que aún hoy persista?
“Una transformación importantísimafue la que vino determinada por la
Constitución española y por los estatutos de autonomía”
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Pedro Luis SerreraPedro Luis SerreraUn problema tradicional ha sido siempre el de las retribuciones.
Y conectado al mismo el de las muchísimas excedencias que sedan en nuestro Cuerpo para pasar a actividades privadas.Posiblemente, la formación variada y versátil de nuestra oposi-ción facilita esas salidas. Pero como cada vez ocurren con com-pañeros más jóvenes, el problema adquiere mayor virulencia.
En cambio, es de ahora y no se daba entonces el problema quetenemos con el personal de apoyo o auxiliar. El que sus nivelesretributivos sean muy escasos determinan que tengamos enormesproblemas para cubrir esas plazas que, por lo demás, implicanpuestos de bastante responsabilidad y atención.
RETOS Y CONSEJOS
— Siguiendo con sus comienzos en el Cuerpo,¿había algún tema candente entonces, alguna difi-cultad especial o alguna meta a conseguir? Merefiero a los retos profesionales que debían deafrontar los abogados del Estado entonces.
En la época inicial, y cuando ejercíamos las funcio-nes liquidatorias, era preocupación bastante común elconseguir los mejores resultados en ese campo. Lalegislación de aquel impuesto ocupaba también bas-tante nuestra atención, e incluso se iniciaron algunastareas de investigación.
Reto importante supuso también la nueva planta dela jurisdicción contencioso-administrativa con la leyde 1956, que prácticamente comenzó a tener actividadal principio de ingresar en el Cuerpo. Eso alejó eseorden jurisdiccional de las provincias donde no habíasala, pero correlativamente aumentó muchísimo eltrabajo donde éstas radicaban, o sea, en las audienciasterritoriales.
Puede decirse que, a finales de esos años 50, tenía-mos el reto de aplicar y sacar el máximo jugo de unanormativa jurídico administrativa reciente y de exce-lente factura, como era la Ley de Expropiación, la delo Contencioso-administrativo, la de RégimenJurídico de la Administración del Estado, la deProcedimiento Administrativo y la de OrganismosAutónomos. Mucho después, cuando vino la Constitución de1978, es claro que ello supuso un paso importantísimo. Peroaquella otra normativa lo había dado y bien importante.
— Desde su perspectiva y experiencia, ¿qué consejos daríausted hoy a un abogado del Estado que comience?
Para comenzar nuestra actuación es conveniente hacerlo enprovincias donde haya algún otro compañero para, así, empezarnuestros cometidos no en total soledad, sino compartiendo expe-riencias y ciencia. Cuando ello no sea posible, la consulta a nues-tro centro directivo cada vez que sea necesario es un medio desuplir aquella soledad.
Pienso que es conveniente también tocar todos los servicios encuanto sea posible. Por supuesto que hoy, salvo el TEARA, en lasrestantes tareas consultivas y contenciosas en cada provinciapuede darse experiencia de todo. Y aunque estén varios compa-ñeros ese estar al tanto de todo creo que es un buen consejo y unabuena preparación para el futuro.
Finalmente, conviene no perder de vista el continuar la for-mación doctrinal. La suscripción a revistas jurídicas es unaforma fácil de seguir aprendiendo sin el reto ya de tener quememorizar los temas. Para mí es una satisfacción el tenerdesde el año 1959 revistas tan interesantes como el Anuario deDerecho Civil o la de Derecho Mercantil o la Revista Crítica
de Derecho Inmobiliario, en las que tanto se puede aprender.El problema estará a veces en encontrarles en casa sitio paraalmacenarlas. Esto podría resolverse en parte si fuera nuestrocentro directivo el que facilitara a las abogacías esas suscrip-ciones.
“La creciente informatización y celeridad en las comunicaciones ha
impuesto una nueva forma de trabajo”
Con motivo de los actosconmemorativos delcincuentenario de la creacióndel Cuerpo de Abogados delEstado, se celebró el día 11 demarzo de 1931 una comidaen el hotel Ritz de Madrid, ala que asistió elque sería último Gobiernode Alfonso XIII, en unascircunstancias históricasexcepcionales, pues pocodespués sobrevendría laRepública
En la foto, los miembrosdel Gobierno (sentados) posanjunto a los casi doscientosabogados del Estado queestaban en activo (de pie).
José Ignacio MonederoAbogado del Estado
El Rincón de la Abogacía
Foto con Historia
INCORPORACIONES AL CONSEJO EDITORIALJesús López-Medel Bascones y Antonio Morales Plaza, ambos abogados
del Estado, se han incorporado al Consejo Editorial de nuestra publicación.Jesús López-Medel es diputado del Partido Popular por Cantabria, presiden-te de la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior y vocal de las comi-siones Constitucional y Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.Antonio Morales Plaza ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado en1997 y es actualmente secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear.
El Consejo Editorial se constituyó en enero pasado con la presidenta dela Asociación de Abogados del Estado, Catalina Miñarro, y nuestros compa-ñeros Alfredo Parra, Edmundo Bal, Iñigo Guerra y José Ignacio Monedero,así como con Carlos Matías, periodista y director de la publicación. El pasa-do mes de junio, se sumó al Consejo Editorial Julio Díez Menéndez. Con lasincorporaciones de Jesús López-Medel y Antonio Morales ya son nueve losmiembros de este equipo, que pondrá todo su empeño en mejorar cada vezmás la revista.
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Banquete enel hotel Ritz
Fe de erratasEn nuestro número anterior, publicábamos una semblanza de José Calvo
Sotelo titulada “Un hombre de Estado” y firmada por José Luis Dégano,cuando el nombre completo del autor es José Luis Gómez-Dégano.
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AngelHerrera OriaUn brillanteabogado del Estado
Cuando la Dirección General de lo Contencioso del Estadoestaba ubicada en el antiguo edificio de la calle de Alcaláde Madrid, ocupado por los servicios centrales del
Ministerio de Hacienda, se conservaba colgada de sus paredesuna colección de cuadros en los que, en cada uno de ellos, seretrataba a un miembro del Cuerpo de Abogados del Estado que,con independencia de sus méritos como funcionarios de dichoCuerpo (por cuya condición puede presumirse en principio quecada abogado del Estado es primus inter pares), se había hechoacreedor a tal distinción por las actividades y servicios prestadosen los campos de la política, la diplomacia, las actividades legis-lativas, etc... En este sentido, merece ser destacada la circuns-tancia de que ha habido abogados del Estado titulares de carte-ras ministeriales en casi todos los sistemas y regímenes políticosque han regido España, desde la creación del Cuerpo en 1881hasta nuestros días.
Como consecuencia, entre otras causas, de los sucesivoscambios estructurales y de sede física de la Dirección Generalde lo Contencioso (que posteriormente fue Dirección Generaldel Servicio Jurídico del Estado y hoy Abogacía General delEstado, con categoría de subsecretaría y dependiendo delMinisterio de Justicia, frente a la originaria adscripción alMinisterio de Hacienda), la colección de cuadros de los aboga-
dos del Estado se ha dispersado entre distintas dependencias dela Administración y se debe mantener la esperanza de que algúndía vuelvan a estar reunidos en un mismo lugar, como homena-je a quienes dedicaron parte de su vida a servir a los interesespúblicos como miembros de sucesivos gobiernos de España.
La recientemente nacida revista de la Asociación deAbogados del Estado tiene el propósito de realizar una brevebiografía y semblanza de todos y cada uno de los miembros delCuerpo que han sido ministros u ocupado otros cargos relevan-tes, partiendo del cuadro que perpetúa su memoria. Al autor deestas líneas se le ha ofrecido comentar la figura de AngelHerrera Oria, cuyo lienzo se encuentra actualmente en el des-pacho del subsecretario de Hacienda. Lógicamente, he acepta-do el encargo, agradeciendo la distinción que significa respec-to a mi persona.
ABOGADO DEL ESTADO
Angel Herrera Oria fue un brillantísimo miembro del Cuerpode Abogados del Estado, en el que ingresó por oposición el 13de febrero de 1908, con el número tres de su promoción, sien-do destinado a prestar servicio a Burgos. Su promoción estabaintegrada por 35 compañeros.
Por Jesualdo Domínguez-Alcahud MongeAbogado del Estado
Como letrado del Estado,Herrera Oria fue destinadoa Burgos y actuó como que-ría Juan Francisco Camacho;como un celoso y constantedefensor de la ley. Comoperiodista, fue director de ElDebate. Como sacerdote,
fue coadjutor en Santander y obispo de Málaga.Pablo VI le nombró cardenal.
Un brillanteabogado del Estado
Angel Herrera Oria. Foto cedida por la Fundación Pablo VI.
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Angel Herrera había nacido en Santander el día 19 de diciem-bre de 1886. Siendo aún niño, se trasladó con su familia aValladolid, donde realizó sus primeros estudios en el colegio deSan José, de los padres jesuitas. Allí finalizó con éxito el bachille-rato. Después se matriculó en la Facultad de Derecho de laUniversidad de Salamanca, donde obtuvo la correspondientelicenciatura en el año 1905. Posteriormente, y hasta que realizólas oposiciones a abogados del Estado, siguió unos cursos de letrasen la Universidad Literaria de Deusto. El año 1908 obtuvo el títu-lo de doctor en Derecho por la Universidad Central de Madrid.
Hasta aquí, una breve biografía de Angel Herrera Oria, queha de ser completada con un análisis de los tres aspectos quecaracterizan su personalidad: el de abogado del Estado, el deperiodista y el de sacerdote, obispo y cardenal
Como abogado del Estado, ya hemos dicho que ganadas lasoposiciones en el año 1908 fue destinado a Burgos, en cuya ofi-cina actuó como quería Juan Francisco Camacho respecto atodos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado: “comounos celosos y constantes defensores de la ley”.
Con independencia de esta permanente conducta, no se leconoce ninguna actuación especial que, en cuanto abogado delEstado, le singularice frente al colectivo del que forma parte,confirmando la afirmación que hacíamos al principio de quecada abogado del Estado es primus inter pares.
PERIODISTA
En esta actividad sí destaca Angel Herrera y brilla con luz pro-pia, primero creando un movimiento asociativo importante ydespués fundando el periódico El Debate.
El movimiento asociativo fue la Asociación Católica Nacionalde Propagandistas, que buscaba como primer objetivo la uniónde los católicos.
En cuanto a El Debate, fue un periódico católico que llegómucho más lejos que aquello a que aspiraban los jóvenes pro-pagandistas, convirtiéndose en un instrumento al servicio de lafunción social que debe cumplir la prensa, todo ello bajo lasdirectrices marcadas por Herrera Oria como director del perió-dico, y en una época en que la prensa tenía no ya la primacía,sino prácticamente el monopolio en la información de la opi-nión pública.
Angel Herrera desempeñó el cargo de director de El Debatedesde 1911 a 1933. En este último año dejó de dirigir el perió-dico por determinación libremente adoptada, quizás, porque yahabía tomado una decisión personal que llevó a cabo dos añosdespués: ingresar en un seminario y hacerse sacerdote.
Durante los años que desempeñó la dirección de El Debate,no dejó de tener que enfrentarse con graves dificultades y adver-sidades de toda índole, derivadas de la actuación de los gobier-nos que, a la sazón, ejercían el poder y que veían con bastanterecelo la línea independiente católica y social seguida por elperiódico de Herrera Oria. Sin embargo, estas preocupacionesfueron en parte compensadas, cuando en el mes de junio de1966 don Pedro Aparicio, como presidente de la Federación deAsociaciones de la Prensa de España, en un acto celebrado en el
palacio episcopal de Málaga, le entregó el título de presidentede honor de los periodistas españoles, así como una bandejacon las cuarenta y cinco firmas de los presidentes de las asocia-ciones de la prensa de España. Este acto fue el reconocimientopor la profesión periodística de los méritos demostrados duran-te todo el tiempo de publicación de El Debate.
Quizás la clave del éxito de Herrera Oria radica en la perfec-ta organización de sus actividades. Así, en un mitin celebrado enel Círculo Católico de obreros de Torrelavega, el 17 de julio de1909, el entonces joven abogado del Estado pronunciaba lassiguientes palabras: “organizarse no es reunirse; no es hablar niaplaudir, sino algo más lento, más difícil, más penoso. Hacefalta para esta lucha mucho más valor que para ser uno de aque-llos paladines de nuestra gran Reconquista cristiana, porque lasdificultades son aún mayores y el sacrificio largo y doloroso”.
Cuando así se expresaba Angel Herrera se estaba gestando laidea de crear ese gran diario católico que posteriormente fue ElDebate.
SACERDOTE, OBISPO Y CARDENAL
En el año 1936, al comenzar la Guerra Civil española, AngelHerrera Oria se trasladó a Friburgo, donde se doctoró en socio-logía católica. Finalizó su carrera religiosa y fue ordenado sacer-dote el 28 de julio de 1940. Regresó a Santander en 1943 y elobispo de dicha ciudad le nombró coadjutor de la parroquia deun barrio de pescadores, donde realizó una eficaz labor social.
En el año 1947 fue nombrado obispo de Málaga, en cuya dió-cesis creó las escuelas-capillas rurales para facilitar a través deellas el acceso a la cultura y la religiosidad de los agricultoresandaluces, distribuidos en dispersos núcleos rurales. Se crearon250 escuelas-capillas y, a través de ellas, se instruyeron a 25.000analfabetos.
Ésta y otras labores sociales le hicieron acreedor del cariño delos malagueños, que el 25 de enero de 1965 recibieron con granalegría y satisfacción la noticia de que S.S. el Papa Pablo VI lehabía concedido la dignidad de cardenal.
El cardenal Herrera Oria falleció el 28 de julio de 1968 y fueenterrado en la catedral de Málaga.
Actualmente, y promovido por la Asociación CatólicaNacional de Propagandistas, existe abierto un proceso de beati-ficación y canonización del cardenal.
Para finalizar, consideramos oportuno reproducir unas pala-bras de José María García Escudero en su libro “Conversacionessobre Angel Herrera Oria”, quien en la página 99 dice: “Herreraha sido aún más que todo lo que se diga de él como si se trata-se de un monumento que permanece solitario en la llanura de lahistoria. El ha configurado el pensar, el sentir y el hacer de variasgeneraciones de católicos españoles y no sólo para darles mayorpresencia en la sociedad, en la cultura y en la política de su país,sino para hacerles mejores católicos. Y no debe extrañar queincluso estos le olviden al dar razón de sí mismos. Los grandeshombres ganan su supervivencia desapareciendo como la semi-lla desaparece en la tierra: diluyéndose en la gran corriente queellos hicieron nacer”.
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ANECDOTARIO
Por Edmundo Bal FrancésAbogado del Estado
Inmediatamente después de la creación del Cuerpo deAbogados del Estado por el Excmo. Sr. D. Juan FranciscoCamacho, por Real Orden de 15 de abril de 1881 se aprue-
ba la plantilla del personal del Cuerpo, que constaba de 85 abo-gados y un director general, señalándose los sueldos anuales enla Ley de Presupuestos, del siguiente modo: director general, jefesuperior de administración, 12.500 pesetas; director general,jefe de administración de 2ª clase, 8.750 pesetas; director gene-ral, jefe de administración de 3ª clase, 7.500 pesetas; jefe deadministración de 4ª clase, 6.500 pesetas; jefe de negociado de1ª clase, 6.000 pesetas; jefe de negociado de 2ª clase, 5.000pesetas; jefe de negociado de 3ª clase, 4.000 pesetas; oficialesde 1ª clase, 3.500 pesetas; oficiales de 2ª clase, 3.000 pesetas;oficiales de 3ª clase, 2.500 pesetas.
Obviamente, se está hablando sólo de las retribuciones presu-puestarias fijas, existiendo en aquella época una gran cantidadde retribuciones variables periódicas.
Ha sido enorme el esfuerzo puesto en averiguar la equivalen-cia de pesetas de 1881 a pesetas/euros de 2002; pero despuésde utilizar (e incluso abusar de) mi condición oficial, encontrara un determinado funcionario, jurar eterno secreto sobre la fuen-te de información y obligarme a puntualizar que el criterio deconversión no tiene carácter oficial, tras el estudio de numero-sos libros relativos a las variaciones de los índices de preciospublicados históricamente, nos encontramos con la informaciónaproximada de que la depreciación monetaria supone que en elaño 2002 aquella peseta valdría 508,25 pesetas.
Ello supone unas retribuciones fijas anuales en el director de6.353.125 pesetas y sueldos inferiores de 4.447.188 pesetas,3.811.875 pesetas, 3.303.625 pesetas, 3.049.500 pesetas,2.541.250 pesetas, 2.033.000 pesetas, 1.778.875 pesetas,1.524.750 pesetas y 1.270.625 pesetas. Estos sueldos suponenuna media aritmética de 3.011.381 pesetas anuales de retribu-ciones fijas.
El parámetro de comparación con la actualidad se fija con laLey de Presupuestos Generales del Estado para 2002, en la quese toman las retribuciones fijas de un funcionario del Grupo A,por referencia a un abogado del Estado, en el actual sistema deretribuciones fijas, de nivel 29 de complemento de destino, condos trienios y un complemento específico de 22.574,76 euros.Es decir, por ejemplo, la plaza del abogado del Estado-jefe enBadajoz, con más de seis años de antigüedad. Las retribucionesfijas correspondientes a un puesto de estas características son de47.605,46 euros anuales; es decir, 7.920.882 pesetas.
Se desconocen las retribuciones variables de entonces, com-parables con la actual productividad. Pero, desde luego, alguna
habría, probablemente derivada de la gestión y/o liquidación dealgún tributo de 1881.
En cualquier caso, parece que hemos tardado 121 años enconseguir doblar (y un poquito más) nuestro sueldo. Si por elpuro cálculo de estadística histórica fuera, mi única esperanzareside hoy en vivir doscientos años y que cambie la edad dejubilación.
El sueldo medio de un abogado del Estado de finales delsiglo XIX era de poco más de tres millones de pesetas, sólo enretribuciones fijas, y percibía gran número de emolumentosvariables periódicos que engrosaban más sus honorarios pro-
fesionales. Hoy, 121 años después de la creación del Cuerpoen 1881, los abogados del Estado del Tercer Milenio y la Erade las tecnologías no llegan a cobrar 48.000 euros anuales depromedio; es decir, ni ocho millones de las antiguas pesetas.
Retribuciones
Nómina correspondiente al mes de octubre de 1876.Aunque esta reproducción resulte ilegible, es la que cobró
Joaquín Costa Martínez.
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TransfuguismoRepresentación políticaEl escándalo político en la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 25 de mayo y larepetición de los comicios demuestran que el transfuguismo es la “asignatura pendiente”de la democracia española. Prueba de ello es que el presente artículo de AntonioHernández Mancha, abogado del Estado y ex presidente de Alianza Popular, fue publicadoen el diario Abc el domingo, 4 de junio de 1989 y, 14 años después, sigue siendo actual.
Los españoles estamos orgullosos, y algunos extranjeros sor-prendidos, de la facilidad con la que se ha producido latransición a la actual democracia desde un régimen políti-
co autoritario.
A los diez años largos de la aprobación por referéndum de laConstitución española vigente, estamos obligados, para seguiravanzando, a corregir los defectos que tiene nuestro sistemapara corregirlos y perfeccionarlos.
Uno de los fallos fundamentales al que hoy puedo especial-mente referirme es, precisamente, a la frecuencia con la que serepite el bochornoso espectáculo del cambio de militancia polí-tica por algunos de los representantes, que enarbolan banderasdistintas de aquellas bajo cuyos pliegues comparecieron ante lasurnas en la elección democrática.
Los ciudadanos, que no entienden tal desfachatez porque noes éticamente explicable, se preguntan dónde está el defecto dela legislación. Algunos dan respuesta a esta situación achacandoa la falta de honestidad de los políticos en general tan criticablesconductas. Otros, profundizando más en las motivaciones socio-lógicas del asunto, achacan a la sociedad, que postula a tan frí-volos políticos, la culpa de los desmanes. Muchos, en fin, pre-fieren el fácil expediente de explicarse lo inexplicable, invocan-do que los pueblos tienen los representantes que se merecen.
En este coro de lamentaciones se contempla como melodía defondo la necesidad urgente de terminar con tal estado de cosas,pero nadie escribe la letra que ponga solución concreta a tantalamentación.
Es más, no falta quien tocando de oído intente justificar talsituación con alegatos respetables: la Constitución españolahace al representante dueño y señor absoluto del mandato queostenta, con lo cual su posición es absolutamente intocable. E,incluso, quienes presumen de tener un más completo conoci-miento del asunto, dicen que es, no ya la Constitución, sino elTribunal Constitucional al interpretarla, el que protege al repre-sentante para que “haga de su capa un sayo” y abandone loscompromisos adquiridos con el cuerpo electoral.
Pues bien, un estudio exhaustivo de nuestra Constitución, delDerecho Constitucional Comparado, de los precedentes históri-cos y de la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucionalespañol nos permite llegar a una serie de conclusiones que nadatiene que ver con las opiniones anteriormente expuestas.
Tales conclusiones son las siguientes:Es necesario reformar la Ley de Régimen Electoral General de
19 de junio de 1985, para adicionarle un precepto en cuya vir-tud quede privado de su mandato todo representante electo que,voluntariamente, abandone el partido político bajo cuyas siglascompareció a las elecciones.
Es obligado actuar sobre la Ley Electoral en los términosdichos, o en otros análogos, porque el artículo 81 de laConstitución lo exige; y también el artículo 149.1 al establecer laexclusiva competencia del Estado en la regulación del sufragio.
No es óbice para esta reforma el art. 67.2 de la Constituciónque, al igual que todas las constituciones clásicas, excluye elmandato imperativo y otorga al representante amplios márgenesde libertad en el ejercicio de sus funciones. Este amplio margende libertad, sin embargo, ni en la Constitución española ni enninguna otra constitución puede ser considerado omnímodo,absoluto o patente de corso para que el representante haga usode sus poderes como si de algo privado y personalísimo se tra-tara. Esto sería absurdo y contrario a la lógica más elemental. Yen ningún caso los teóricos de la Revolución Francesa, que es dedonde surge la teoría del mandato representativo — frente a lateoría medieval del mandato imperativo —, pretendían tal patri-monialización del mandato recibido de los electores por elrepresentante elegido, sino todo lo contrario: el representante,en la moderna teoría del mandato representativo, debe teneramplio margen de libertad para defender los intereses generales,y no los intereses de éste o aquel gremio o estamento, comoocurría bajo el mandato imperativo. Ni, lógicamente, de susapetencias o intereses particulares como individuo.
En base a estos mismos criterios podemos ver en el derechocomparado que la Constitución alemana — Carta Fundamentalde Bonn — en su artículo 38, excluye, incluso con mayor ampli-
Por Antonio Hernández ManchaAbogado del Estado
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Transf
uguism
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tud que la Constitución española, el mandato imperativo, puesdice que los diputados “serán representantes del pueblo en suconjunto, no ligados a mandatos ni instrucciones, y sujetos úni-camente a su conciencia”. Pues bien, pese a la contundenciacon la que se remite a la conciencia del representante el dicta-do de su conducta política, no empece el que la Ley de PartidosPolíticos alemana, dictada al amparo de dicha Constitución,mencione, no sólo la pérdida del acta por el representante en elcaso de abandono voluntario del partido, sino que incluso llegamás lejos al establecer que la prohibición de un partido implicaautomáticamente la caducidad del mandato de todos los elegi-dos bajo su patrocinio.
Y, en el mismo sentido, la Constitución portuguesa, de 2 deAbril de 1976, dispone en su artículo 168 que “perderán sumandato los diputados que se inscriban en un partido distinto deaquel por el que se hayan presentado a las elecciones”.
¿La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español es con-traria a la reforma de la ley electoral en los términos que propo-nemos? No. En modo alguno. Esta doctrina está contenida bási-camente en las sentencias S/83, de 4 de febrero; 10/83, de 21 defebrero; y 20/83, de 15 de marzo.
En todos los supuestos a que estas sentencias se refieren, separte de la base de que un concejal ha sido previamente expul-sado del partido y en virtud de la expulsión se le pretende des-pojar del acta de concejal. En ningún supuesto secontempla el abandono voluntario del partido quees el caso a que nos referimos y el que planteantodos los tránsfugas que venimos padeciendo.
El Tribunal Constitucional lo que ha decididohasta ahora, por consiguiente, ha sido que laexpulsión no es causa bastante para la privacióndel mandato, dado su carácter forzoso y ajeno a lavoluntad del electorado y del elegido. Luego, encaso de abandono voluntario, nos encontramosante una situación totalmente diferente de las hastaahora enjuiciadas por nuestro máximo órgano dehermenéutica constitucional.
Por último, yo sería partidario de que la reformaque se propone sea realizada por consenso detodas las fuerzas políticas sin excepción dado quela materia afecta a las reglas del juego y que unsimple acuerdo de los partidos políticos nacionales —que sería suficiente para alcanzar la mayoríacualificada que la modificación de una ley orgáni-ca exige— podría dar la sensación de contubernioentre los grandes en detrimento de las minorías,cuya defensa debe ser en buena ley, la mayorinquietud de todo demócrata.
Y, en todo caso, aunque no esté especialmenteligado con la propuesta de reforma anteriormente
expuesta, creo que habría que extender la modificación de la leyelectoral para ampliar el margen de elección de los ciudadanosordenando el desbloqueo de las candidaturas propuestas por lospartidos políticos (adviértase que con excesiva frecuencia seconfunde desbloqueo de listas con listas abiertas, y se ignoraque la apertura de listas permite votar a candidatos de partidosdistintos, lo cual no considero que sea deseable).
El desbloqueo de las listas tiene a mi juicio la ventaja de queatribuye al elector una doble opción simultánea: en primerlugar, tiene que decidir cuál es el partido político de su elección;y en segundo lugar, de los candidatos propuestos por ese parti-do, el elector puede aceptar el orden de los candidatos, alterar-lo y, si se opta por esa fórmula, inclusive tachar a aquel o a aque-llos que no merecían su confianza.
Si el consenso de las fuerzas políticas concluyese la conve-niencia de ambas reformas, habríamos conseguido una doblefinalidad ventajosa para el prestigio de las instituciones demo-cráticas y la seriedad de los políticos: la obstaculización deltransfuguismo y la personalización de la responsabilidad políti-ca, pues al elegir el votante candidatos con nombres y apellidos,y no simples números de una lista bloqueada, ya se cuidarán losaspirantes a la elección de predicar con el ejemplo para no versesometidos a la tachadura de su nombre como sanción moral desus errores o incumplimientos.
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TransfuguismBatallar el transfuguismo,democrático
un deber
El transfuguismo, cuya versión más perversa y corrupta se ha manifestado recientemente en la Asamblea de Madrid, no puede volver a zaherir nuestra democracia, nuestro estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en la política.
Por Juan F. López AguilarDiputado del PSOE por Las Palmas
Vocal de la Comisión Constitucional
En los estados contemporáneos, la representación electoralse ejerce a través de la intermediación de los partidos polí-ticos, algo expresamente recogido en el art. 49 de la cons-
titución italiana; el art. 21 de la Ley Fundamental de Bonn; el art.4 de la constitución francesa, o el art. 6 de la constitución espa-ñola. En este contexto de creciente relevancia social, jurídica yconstitucional de los partidos políticos, las jurisprudencias cons-titucionales han apostado por limitar su capacidad de influenciasobre los parlamentarios críticos con las directrices de su parti-do: bajo la doctrina del mandato representativo nacida comoreacción al mandato imperativo propio de las Cortes medieva-les, se garantiza a los representantes electos un blindaje jurídicopara manifestar libremente su opinión y emitir su voto, inclusocontra el criterio de su propio partido, en cuyas listas, empero,resultaron elegidos.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional español partici-pa desde fecha muy temprana de esta vertiente, discutida, de lateoría del mandato representativo. Pese a seguir, a día de hoy,inamovible la vieja interpretación del artículo 67.2 CE, confor-me a la cual la representación la ostentan los elegidos de modopersonal e intransferible, lo que les permitiría no sólo votar encontra de las directrices del grupo parlamentario al que perte-necen, sino incluso cambiarse de grupo (STC 10/1983), nadaimpide que pueda producirse un cambio de dicha línea juris-prudencial en un futuro no lejano, por tres motivos:
Primero, porque se trata de una sentencia auroral de la etapainaugural del propio TC, cuando el funcionamiento del sistemaestaba aún en período de prueba. Aún así, contó con dos inolvi-dables votos particulares cuya doctrina convendría ahora releer.Segundo, porque son numerosas las sentencias del TC (entreotras, SSTC 119/1990, FJ2; 31/1993, FJ3; 93/1998, FJ3) que apun-tan la decisiva importancia de los partidos políticos en el proce-dimiento electoral y en la formación del pluralismo político. Y
tercero, porque no es irrelevante que hasta el propio presidentedel Tribunal Constitucional haya reconocido la conveniencia derevisar algún extremo de esta jurisprudencia que protege el trans-fuguismo, por ser ésta, como es, una práctica socialmente cadavez más reprobable y despreciada por los propios representados,que se sienten estafados.
EL MANDATO REPRESENTATIVO
Nadie está proponiendo la abolición de la doctrina del manda-to representativo, algo imposible en nuestro marco constitucional,pero sí que cabe plantear fórmulas de actualización a la luz de lafunción que el propio art. 6 reconoce a los partidos. No podemosdejar la condición del representante en manos del partido, demodo que sólo con cesarle pudiera disponer de su escaño. Perotampoco debemos seguir soportando una lectura doctrinal por laque el representante puede disponer de su voto, por puras conve-niencias personales, utilizándolo contra la formación que lo pro-puso sin ninguna razón fundada en la libertad ideológica o en con-sideraciones de interés general que justifiquen su comportamiento.
Como afirma la reciente sentencia 64/2002, “del aserto deque la elección de los ciudadanos recae sobre personas deter-minadas y no sobre los partidos y asociaciones que los propo-nen como candidatos al electorado, no puede deducirse (…) queen un sistema de listas cerradas y bloqueadas, como el que rigeen las elecciones al Congreso de los Diputados, los votos sonrecibidos por los candidatos y deben imputarse individualmen-te a éstos”. Si los votos, como dispone la LOREG y recalca estasentencia, han de imputarse a las candidaturas electorales, ¿quérazón impide que exista algún tipo de control por parte del par-tido, o de la propia Cámara, para evitar que situaciones perso-nales de un determinado diputado puedan modificar el repartode escaños entre listas electorales?
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El objetivo del cambio es meridiano. El transfuguismo, cuyaversión más perversa y corrupta se ha manifestado recientemen-te en la Asamblea de Madrid, no puede volver a zaherir nuestrademocracia, nuestro estado de derecho y la confianza de la ciu-dadanía en la política. El elector del PSOE votó al PSOE paraque Rafael Simancas fuera el presidente de la ComunidadAutónoma de Madrid y no sabía, ni siquiera había escuchado, niprobablemente había visto en fotos a estas dos personas que unavez elegidas iban a traicionar el único mandato claro resultantedel 25–M: el cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid.
Esto sacude los cimientos de la igualdad ante la ley y del esta-do de derecho, y erosiona sin escrúpulos el más precioso fun-damento de una sociedad democrática: la conciencia moral ycívica de ciudadanía. Algo así no puede volver a ocurrir, y lossocialistas estamos dispuestos a explorar cuantas vías sean nece-sarias para evitarlo.
La jurisprudencia que parte de la STC 10/1983 no es ni puedeser, por tanto, artículo sacramental de una lectura mecánica ynarcisista del mandato de los representantes. Es más, sería con-veniente cambiarla, algo que, por cierto, ha sugerido su propioponente, Francisco Rubio Llorente, en un reciente artículo deprensa. Pero mientras esperamos al cambio de línea jurispru-dencial, no existe ninguna razón para permanecer impasibles.Caben otras opciones de efectos más inmediatos.
Para empezar, desde la política y la ética debemos garantizarla limpieza de nuestras reglas de juego, a través de una profun-dización del pacto antitransfuguismo firmado en 1998 y suextensión a parlamentos autonómicos y a las Cortes Generales.Hay que exigir a todos los partidos políticos las mismas actitu-des de firmeza democrática para evitar, se trate de la instituciónde que se trate, que poderes económicos opacos puedan torcerla voluntad expresada en las urnas.
En segundo término, también el legislador ha de actuar.Debemos reformar la LOREG, la Ley Orgánica de PartidosPolíticos y los reglamentos parlamentarios, centrándonos enimpedir a toda costa el transfuguismo más intolerable, aquél quetiene que ver con la compra del escaño por intereses económi-cos.
INDIGNIDAD POLÍTICA
Una propuesta bien fundamentada jurídicamente, sobre la quese debería trabajar para el futuro, sería a nuestro juicio la plante-ada por Rafael Simancas en su debate de investidura en laAsamblea de Madrid, consistente en reformar el Reglamento par-lamentario para introducir una nueva causa de pérdida de la con-dición de diputado: por indignidad política o institucional, con-sistente en la manifiesta vulneración del sentido del mandatootorgado por los electores en la candidatura a la que concurrió alas elecciones, en dificultar gravemente, mediante conductas rei-teradas, el funcionamiento de la misma, en el incumplimientograve de los deberes del cargo, o en la ocultación o falsedad dedatos relevantes por su importancia económica o trascendenciasocial en su declaración patrimonial o de intereses.
Esta indignidad sería apreciada por acuerdo adoptado pormayoría de las cuatro quintas partes del Pleno, a iniciativa dedos grupos parlamentarios o de una décima parte de los diputa-dos y previo informe de la Comisión del Estatuto del Diputado,emitido tras la correspondiente audiencia al diputado afectado.Así, se dejaría en manos de la representación de la voluntadpopular —no del partido político— la decisión relevante sobrela apreciación de la supuesta indignidad, objetivada ademásdesde la norma. Todo ello es garantía contra posibles abusosdesde los partidos.
También, en tercer lugar, se debería estudiar la reforma de losreglamentos parlamentarios para que el diputado que abandoneel partido por el que fue elegido y se niegue a renunciar a suescaño deba pasar a ser considerado como “diputado no adscri-to”, con los derechos individuales que le correspondan, sí, perosin formar parte de ningún grupo parlamentario y, consecuente-mente, sin las ventajas que ello supone de representación, porejemplo, en Junta de Portavoces y en la Diputación Permanente,por no hablar de las ventajas económicas y retributivas que paraescarnio de todos y de la democracia reporta la constitución deun fraudulento grupo parlamentario.
Aquello con lo que, en cualquier caso, parece necesario aca-bar es con el tráfico de escaños y esta mercadería de las institu-ciones democráticas. Mecanismos como éstos pueden ser útiles.Los socialistas estamos dispuestos a dialogar sobre otras pro-puestas. Sin romper el mandato representativo, ni la relacióndirecta de electores-elegidos, ni la garantía de que el diputado,senador o concejal actuará en defensa del interés general, debe-mos asegurar la plena efectividad del derecho fundamental a serrepresentado para participar en los asuntos públicos y dotarnosde los instrumentos necesarios para evitar la utilización abusivao fraudulenta de la representación electoral por los miembros deuna candidatura. No es una opción política más: es un deberdemocrático que no podemos dejar de cumplir, si es que quere-mos recuperar la confianza de la ciudadanía en sus institucionesrepresentativas.
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TransfuguismTransfuguismo yhierbasotras
No debe recurrirse a medidas legales para reprimir o reprobar lo que es una conducta inmoral, pero no ilegal.Y contra las conductas inmorales deben operar los códigos éticos, las prácticas deontológicas, la adopción de unas reglas comunes de juego limpio.
Por Gabriel CisnerosDiputado del PP por Zaragoza
Vocal de la Comisión Constitucional
Con todo su sabroso arcaísmo, evoquemos las palabras deMontesquieu: “El pueblo es admirable para elegir a aque-llos a quienes debe confiar una parte de su autoridad.
¿Pero sabrían conducir un asunto, conocer los lugares, las oca-siones, los momentos?” Y Sieyés remacha: “Para la utilidadcomún, los ciudadanos designan representantes mucho máscapaces que ellos mismos de conocer el interés general y deinterpretar su voluntad a este respecto”.
Puede parecer casi “políticamente incorrecto” citar a los clá-sicos de la teoría de la representación y de la democracia, cuan-do lo que está en boga son las apelaciones a la “democracia par-ticipativa”, cuya apoteosis sería la segmentación del interés y dela voluntad general, su parcelación celular en una miriada departículas territoriales, sectoriales, culturales o económicas. Y, ala postre, en el desfallecimiento y vulnerabilidad del “Estado departidos”, modelo democrático empíricamente no superado aestas alturas de la historia.
La contundencia de la prohibición del mandato imperativodel artículo 67.2 —y su reiterada invocación en distintas sen-tencias del Tribunal Constitucional— no consiente interpretacio-nes limitativas o desfiguradoras. Aunque no existiera la prohibi-ción taxativa del artículo 67.2, bastaría con los artículos 1.2 ycon la definición de las Cortes Generales del artículo 66 paraabocar a la misma conclusión. Y es que, en la perspectiva doc-trinal, frente al mandato representativo sólo existe el mandatoimperativo, propio de las Cortes medievales, articuladosmediante los “cuadernos de instrucciones”, y construido sobrelos conceptos de representación y mandato, propios del derechoprivado. No creo que a ningún crítico del transfuguismo se leocurra la expeditiva solución de retrocedernos a la época ante-rior a las revoluciones inglesa y francesa.
Es cierto que los clásicos que elaboraron la teoría del manda-to representativo no contaban con la mediación de los partidospolíticos, ni menos con la contemporánea constitucionalizaciónde éstos. La observación de la realidad política, agudizada por
el sistema electoral de listas cerradas, acredita elocuentementeque son los partidos, y no los ciudadanos, los que componen laslistas electorales, allegan los recursos para las campañas, elabo-ran los programas y aseguran a través de distintos medios (entrelos cuales, el más persuasivo es el riesgo o amenaza de desapa-recer de la lista electoral) la más férrea disciplina partidaria.
SIN COMPLACENCIA
Pero esta mutación de la democracia representativa no autori-za a concluir que el mandato se haya desplazado de los ciuda-danos a los partidos ni que se cuestione la indiscutible tilulari-dad del escaño en favor del representante que lo ocupa.
En previsión de conductas indisciplinadas o desleales, en losaños primeros de la democracia, algunos partidos recurrieron alartificio, más bien ingenuo, de exigir a sus parlamentarios cartasde renuncia al escaño, firmadas en blanco y sin fecha. Digo“más bien ingenuo”, porque si la dirección de un partido ogrupo parlamentario presentaba aquella carta contra la voluntaddel parlamentario, bastaba con la comparecencia de éste revo-cando su dimisión, lo que no sólo invalidaba la presunta renun-cia sino que ponía de manifiesto el fraude de ley contra el prin-cipio de irrenunciabilidad de los derechos futuros.
“La observación de la realidadpolítica, agudizada por el sistema
electoral de listas cerradas,acredita elocuentemente que sonlos partidos, y no los ciudadanos,
los que componen las listaselectorales”
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Ofrezco este recuerdo, para fundamentar mi conclusión deque no se puede —ni se debe—, constitucionalmente hablando,legislar en el sentido de desdibujar o debilitar la prohibición delmandato imperativo. La legislación alemana de los partidoscorre en auxilio de esta tesis: nada tiene que ver el abandonovoluntario de una formación política o la pérdida del acta deresultas de la proscripción constitucional del partido al que sepertenece, con los abusos sin cuento a que podría dar lugar laatribución a los partidos de la disponibilidad patrimonial de losescaños.
No quisiera que mi posición se interpretara como pasividad ocomplacencia ante conductas altamente inconvenientes para elprestigio de nuestro sistema democrático. Caben medidas disua-sorias, como la creación de la figura del diputado “no adscrito”que tendría los mismos derechos que los demás diputados, perono los beneficios o ventajas derivados de la pertenencia a ungrupo.
En resumen, lo que sostengo es que no debe recurrirse a medi-das legales para reprimir o reprobar lo que es una conductainmoral, pero no ilegal. Y contra las conductas inmorales debenoperar los códigos éticos, las prácticas deontológicas, la adop-ción de unas reglas comunes de juego limpio en las relacionesentre los partidos. En fin, lo que ya existe, el “pacto antitransfu-guismo” ampliado e intensificado.
OTROS CASOS
Permítaseme concluir con un breve apunte político. El reso-nante episodio de la Asamblea de Madrid no es, ciertamente, elprimero. En 1987, en Galicia, un “tránsfuga” del PP, Barreiro,determinó un cambio de color político en la Xunta de Galicia,con el peregrino desenlace de que el protagonista de la desleal-tad se vió recompensado con su continuidad en una vicepresi-dencia de la Xunta socialista, cargo del que ya disfrutaba en laanterior Xunta de Alianza Popular.
En 1989, en Madrid, otro “tránsfuga” del PP, abortó la proyec-tada moción de censura que hubiera provocado el desplaza-miento de Joaquín Leguina en la presidencia de la Comunidaden favor de Alberto Ruiz Gallardón.
En 1993, un “tránsfuga” del PP de Aragón provocó unamoción de censura que apeó del Gobierno a la coalición PP-PAR, e instaló un Gobierno regional socialista.
En todos estos casos, el PSOE instigó, jaleó y premió tales con-ductas que llegaron a ser presentadas como ejemplos de gallar-día cívica y coraje moral. La autoadjudicada y mágica superio-ridad moral de la izquierda proporciona la coartada a semejan-tes imposturas.
La única peculiaridad del “caso Madrid” es que, por primeravez, el PSOE resulta ser víctima y no, como hasta ahora, benefi-ciario de la deslealtad. ¿Por qué sólo es ahora cuando se postu-lan impacientes y apresuradas reformas para reprimir lo quehasta ahora había sido consentido y aún amparado?
“No se puede legislar en el sentidode desdibujar o debilitar laprohibición del mandato
imperativo”
Esperanza Aguirre, en la campaña electoral para lograr la presidencia de la Asamblea de Madrid.
El 10 de junio, los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo yMaría Teresa Sáez se ausentaron de la sesión de investidura enla que se presentaba el candidato socialista a la presidencia dela Comunidad de Madrid, Rafael Simancas. Con su ausencia,impidieron que éste se hiciera con el gobierno autonómico.
A raíz de aquellos hechos, se creó una comisión parlamen-taria de investigación. El lunes 25 de agosto, Tamayo y Sáezvotaron contra el dictamen presentado por el Partido Popularcomo conclusión de los trabajos y reuniones de dicha comi-sión, que estuvo funcionando durante todo el verano.
La comisión de investigación terminó sus reuniones sinpoder sacar adelante ninguna conclusión final sobre las cau-sas de su “deserción” del Grupo Socialista.
LeónLa Abogacía
Estado en…delM I P R I M E R D E S T I N O
LeónA nadie ha de extrañar la amplia cuna que la ciudad de León ha supuesto para el Cuerpode Abogados del Estado. Sólo hace falta volver la mirada a tiempos pretéritos para apreciarel interés que por lo jurídico han manifestado las gentes de León.
No podemos olvidar, y el paso por el pórtico principal denuestra hermosa catedral así nos lo recuerda, que entorno al pilar en piedra cilíndrica fechado en el siglo XI
que allí se encuentra, denominado ‘locus apelationis’, se impar-tía Justicia en tiempos visigodos aplicando el ‘Liber iudiciorum’,o la incorporación que el monarca leonés Alfonso IX hace derepresentantes del pueblo a la Curia Regia en 1188, constitu-yendo el germen de las Cortes.
Si a lo anterior añadimos los compañeros, que si bien no pornacimiento, sí por adopción o al menos por opción (la de elegiresta plaza) mantienen el cariño a estas tierras, la conclusión nopuede ser otra que León es tierra de abogados del Estado.
El desarrollo de las funciones en la Abogacía del Estado enLeón no difiere de otras abogacías provinciales, si bien la notadefinitoria y que marca el trabajo diario es la independencia.Partiendo de disponer de sede propia (la oficina se ubica en unpiso alquilado), no estaremos en un edificio histórico, ni espe-cialmente bonito, pero al menos estamos en nuestra sede, ennuestras dependencias, cumpliendo literalmente la noción deservicio no integrado que legalmente nos corresponde.
La cuestión no es baladí. En los tiempos que corren, en quecada órgano administrativo lucha y aspira a obtener su serviciointerno de asesoría, no se puede dar la sensación de cercaníacon algunos sectores de la Administración, a costa de la separa-ción de otros. La Abogacía del Estado provincial está al serviciode cualquier sector descentralizado de la Administración delEstado sin excepción, y la sede independiente contribuye agarantizar la idea de profesionalidad y confianza que necesita elórgano gestor o resolutor para acudir a la Abogacía del Estadoen busca de la solución jurídica al problema planteado.
En aras de lograr esa confianza, esencial para el desarrollo deltrabajo del abogado del Estado provincial, es altamente necesa-ria la permanencia. León es tierra de peregrinaje. Fue aquídonde, allá por el siglo XII, se adoptaron las primeras medidaslegales para proteger al peregrino medieval, considerándole
como sujeto de derechos singulares. Quizás por analogía, elperegrinaje se ha extendido a la Abogacía del Estado, como malcomún no sólo de ésta sino de otras provincias, si bien pareceque en los últimos años el ritmo de relevos ha disminuido.
En una ciudad del tamaño de León, las relaciones personalesson de vital importancia. Por eso el conocimiento directo y per-sonal de los abogados del Estado por el resto de unidades admi-nistrativas del Estado inspira mayor confianza, aunque por con-trapartida tiene el aumento de la carga de trabajo para laAbogacía.
En la Abogacía del Estado en León estamos, en la actualidad,dos compañeros, con lo cual no experimentamos las desventa-jas de la dura soledad, sino que tenemos a alguien con el quedirectamente podemos comentar las preocupaciones, jactarnosde los pleitos ganados o, simplemente, discutir sobre las gran-dezas e inquietudes que aquejan a este nuestro Cuerpo.
León es una ciudad cómoda —me niego a decir pequeña—,donde la figura del abogado del Estado mantiene gran parte delprestigio y respeto social del que desde su nacimiento han goza-do los integrantes de este Cuerpo, si bien —no nos vamos aengañar— evidentemente han existido tiempos mejores. Por ellohay que valorar con mayor ilusión el reconocimiento que se nosprofesa ya no sólo desde el resto de órganos de laAdministración del Estado, sino desde otras Administraciones,así como desde instituciones de la esfera privada. Las invitacio-nes a diversos actos y eventos organizados por todas ellas ava-lan mis palabras. Desde la Abogacía del Estado trabajamos día adía para que así se mantenga.
Hace un par de años me comentaba un compañero, queantes, al visitar una ciudad, existía la “tradición” de pasar por laAbogacía del Estado a saludar a los compañeros. Desde aquí,animo a todos aquellos que tengan previsto hacer una escapadapor León —que, por otra parte, no se arrepentirán— a que con-tinúen con esta costumbre.
Tierra de abogados del EstadoPor Fernando Gutiérrez FernándezAbogado del Estado en León
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A los pocos días de aprobar las oposiciones, en una de las varias celebraciones que por aquellasfechas tuvieron lugar, escuché de un compañero —unas promociones más antiguo— una fraseque más o menos venía a decir: “cuando se aprueban las oposiciones, uno se acuerda y piensa encasi todo, menos en el hecho que realmente tiene una mayor trascendencia que es la adquisiciónde la condición de funcionario público, con lo que ello lleva consigo”.
En efecto, coincido en el diagnostico. Tras la experiencia desuperar unas oposiciones, y pasados los momentos de euforiacompartida con los más íntimos y nuevos compañeros, uno
tiene la sensación de asomarse a un mundo nuevo, en el que hayque dejar de lado la tendencia a la idealización de las cosas, tanpropia de la etapa de opositor. Por ello, la llegada al primer destinonos saca de la ensoñación y nos devuelve a una realidad profesio-nal —nueva— a la que hemos de enfrentarnos.
En mi caso personal, la elección de León como primer destinoobedeció a un conjunto de motivaciones que van desde las pura-mente familiares —mi madre es leonesa y he pasado muchas etapasen León—, hasta las estrictamente profesionales, pues León es unaprovincia que ofrece un gran atractivo en cuanto a la posible varie-dad de asuntos que se pueden llegar a examinar.
No han transcurrido muchos años desde que marché destinado aLeón. Sin embargo, estoy seguro de que por mucho tiempo quepase será difícil que se borren todos los recuerdos y las experienciasvividas. Me consta que la Abogacía del Estado ha cambiado su sede“histórica” de la plaza de la Inmaculada, o Circular, pero sigueestando en un piso independiente, circunstancia que siempre con-sideré más una ventaja que un inconveniente.
Otra de las características de León como provincia es que, debi-do a su gran extensión territorial, el abogado del Estado está obli-gado a viajar permanentemente a las distintas sedes judiciales dePonferrada, La Bañeza, Astorga, Cistierna, etcétera. Durante el tiem-po que estuve en León, no se llegó a cubrir la otra plaza vacante yjustamente acababa de incorporarse a la Administración autonómi-ca la persona que durante muchos años había actuado como abo-gado del Estado habilitado.
Todo ello me obligó —e imagino que seguirá obligando a loscompañeros allí destinados— a desplazamientos constantes por laprovincia, lo que a veces me llevaba a comentar con sorna que, enrealidad, mi destino era el Parque Móvil en León. En particular, losjuzgados de Ponferrada eran visita obligada, al menos, una vez a lasemana. El lado amable es que tales desplazamientos me permitie-ron conocer mejor la geografía y gastronomía de esta rica provin-cia. A veces volvía de Ponferrada por la carretera antigua, saliendopor Molinaseca y siguiendo la ruta de los peregrinos por el Caminode Santiago. Se trata de una carretera que ofrece vistas espectacu-lares desde la Cruz del Ferro. En esa ruta es obligada la visita aCastrillo de los Polvazares, ejemplo perfecto de la cultura y gastro-nomía maragatas.
Por lo demás, León es una ciudad muy completa, con magníficosmonumentos y muy buenos restaurantes. En el Barrio Húmedo, el
tapeo puede considerarse casi un arte y en la calle Ordoño pode-mos encontrar magníficas tiendas.
Durante mi estancia en León, pude comprobar buena parte de lasvirtudes que se predican de la gente de esta tierra, que —me lo per-mitirán los nacidos en León— siento como mía. A los pocos días dellegar, un leonés me advirtió de lo cerrado de la sociedad capitali-na. Sin embargo, puedo asegurar que nunca me faltó una manoamiga y siempre pude contar con la buena disposición de los leo-neses para hacer todavía más fácil mi estancia allí.
En particular, guardo un especial recuerdo del personal de laAbogacía del Estado, con quienes no me resigno a perder el con-tacto a pesar del tiempo transcurrido y con quienes de vez en cuan-do hablo para saber de ellos.
El paso por la Abogacía del Estado en León me ha permitido tenerun conocimiento más cercano de la Administración periférica delEstado y del papel que la Abogacía del Estado representa y debeseguir representando, en un momento en que la presencia de laAdministración general del Estado tiende a disminuir, en beneficiode la asunción competencial de las comunidades autónomas.
Como se suele decir a toro pasado, el morlaco debía ser menosfiero de lo que a mí me parecía, pero vienen a mi memoria aque-llos momentos iniciales de verdadera angustia en los que abordaren soledad una contestación a la demanda o informar un pliego decláusulas administrativas se convertía en tarea cuasi insuperable, ala que dedicar ingentes cantidades de tiempo, amen de múltiplesconsultas a cualquier sufrido y paciente compañero que, a veces ahoras intempestivas, pillaba todavía en la oficina.
Me atrevería a decir que el destino en una Abogacía del Estadoprovincial debería ser obligatorio en la carrera administrativa de losabogados del Estado. En mi caso particular, ha sido una experienciafundamental. Se da la circunstancia de que en el primer juicio en elque intervine como abogado del Estado se ventilaba un asuntosobre reclamaciones del sistema de compensaciones de la minería,a cargo de la Oficina de Compensaciones del Sistema Eléctrico(OFICO), cuya representación y defensa estaba encomendada alServicio Jurídico del Estado. Las funciones y parte del personal dedicha Oficina de Compensaciones —hoy extinguida—, han sidoasumidas en parte por la Comisión Nacional de la Energía, dondeactualmente trabajo.
En fin, León encarna como pocas ciudades el tópico de la calidadde vida y es, sin lugar a dudas, un gran destino en el que me honrohaber servido y más si se tiene en cuenta que en esta tierra han naci-do muchos y grandes abogados del Estado.
Por Alfonso González-Espejo GarcíaAbogado del Estado
La Abogacía del Estado en LeónUna experiencia fundamental
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Desde su despacho profesional de abogado, mi padre admiraba a aquellos abogados del Estadoque había conocido en León y por esa admiración me inclinó a hacer nuestra oposición.
La Abogacía del Estado en LeónAquellos años sesenta
Mi primer destino fue Lérida en 1960 y, durante quincemeses, fui abogado del Estado jefe —como ahora sedice—, abogado del Estado adjunto y también sustituto,
ya que era el único abogado del Estado en aquel primer destino.
Durante diez años, desde 1961 hasta 1971, tuve el honor deser abogado del Estado en mi vieja tierra leonesa, donde allí sítenía abogado del Estado jefe.
El abogado del Estado jefe se reservaba normalmente laAsesoría Jurídica del Gobernador Civil y de todas las jefaturasprovinciales de la Administración central, ya que me pareceocioso recordaros que en aquellos años no existían las autono-mías y tengo que decir que, efectivamente, se ejercía una ver-dadera Asesoría Jurídica, porque todos los representantes de laAdministración central solicitaban los autorizados dictámenesde los abogados del Estado.
Los que no ostentábamos la jefatura efectuábamos fundamen-talmente funciones liquidadoras del que entonces se llamabaImpuesto de Derechos Reales e Impuesto de Sucesiones.
Por la Abogacía del Estado pasaban todos los documentospúblicos y privados sujetos al pago del Impuesto de DerechosReales y también liquidábamos todas las herencias que se pro-ducían en las capitales de provincia.
Los registradores de la propiedad ejercían también funcionesliquidadoras de ambos impuestos y, una vez al año, girábamosvisitas de inspección a todos los registros de la propiedad de laprovincia, para comprobar si se cumplían fielmente las circula-res de la entonces Dirección General de lo Contencioso.Efectivamente, se cumplían. Por ello finalizábamos nuestras visi-tas de inspección en agradables almuerzos con el registrador dela propiedad, que en algunos casos —como en la provincia de
León, el de Riaño— en la invitación a la comida se gastaba susingresos de un mes.
La liquidación de los impuestos era muy laboriosa. Comoanécdotas, recuerdo un testamento en el que la testadora insti-
tuía heredero universal a su marido, “siempre que no muriese deforma violenta a manos de los herederos de su indicado mari-do”, o también aquellos otros testamentos en los que ostentabanla condición de herederos personas físicas con los nombres deEscupitino o Escojononcio. Os prometo que todo ello es verdad.
Ejercíamos las labores de secretarios de los tribunales econó-mico-administrativos provinciales, con gran profusión de recla-maciones en materia de tributos locales y provinciales, que evi-dentemente daban mucho trabajo.
Quisiera recordar que las funciones de liquidador de impues-tos eran muy importantes, desde el punto de vista económico,porque si no recuerdo mal, nuestro sueldo, en 1960, era aproxi-madamente de 1.100 pesetas, aún cuando nuestras retribucio-nes totales alcanzaban la importante cifra de 11.000 pesetas, ygracias a los “beneficios” de la liquidación del Impuesto deDerechos Reales también se producía una paga trimestral decierta importancia, de la que con todo cariño se ocupaba aquelinolvidable compañero que fue don Vicente Marín, quien efec-tuaba las transferencias como si fuesen de su propio dinero conel cariño con que lo hacía, sistema que por supuesto desapare-ció con la Ley de Reforma de la Función Pública de 1964.
Al cumplir 43 años de servicio al Cuerpo de Abogados delEstado, y desde mi destino actual en el Tribunal Supremo, al queme incorporé en 1971, mucho agradezco a la Asociación queme haya pedido esta modesta y anecdótica colaboración, y síquisiera terminar estas líneas diciendo a todos los abogados delEstado jóvenes que se apoyen mutuamente, como creo que losviejos hemos hecho, y todos con el común orgullo de pertene-cer a ese gran Cuerpo que es el de los abogados del Estado.
Por Ramón García-Moliner González-RegueralAbogado del Estado
“Recuerdo un testamento en el quela testadora instituía heredero
universal a su marido, siempre queno muriese de forma violenta amanos de los herederos de su
indicado marido”
“Nuestro sueldo, en 1960, eraaproximadamente de 1.100 pesetas,
aún cuando nuestras retribuciones totalesalcanzaban la importante cifra
de 11.000 pesetas”
Arenas San PedrodeT U R I S M O
Sin duda, es la sierra la que da al paisaje el encanto queenvuelve a todo el municipio: la infinidad de montículoscubiertos de rica y variada vegetación y los numerosos
valles por los que corren gargantas y arroyos, que llevan susaguas cristalinas y sonoras al río Tiétar, adornan un pueblo conarquitectura tradicional serrana, plagado de típicas casas demadera entramada.
Pero volvamos atrás en el tiempo, a fin de conocer cómonació esta preciosa comarca enclavada dentro del valle delTiétar. Sabemos que las primeras edificaciones, antecesoras delcaserío actual, se levantaron ya avanzada la Edad Media. Cuentala leyenda que en 1054, y tras la aparición de la Virgen, unaplaga de termitas arrasó las viviendas construidas en la zonaminera de Los Llanos (primitiva ubicación de Arenas). Estehecho obligó a sus habitantes a trasladarse hacia lo que es hoyel municipio actual. Así pues, podemos afirmar que, en los pri-meros siglos de nuestra era, los asentamientos humanos se esta-blecieron próximos al río Tiétar, por ser zona de explotacionesmineras.
Durante mucho tiempo, sobre todo entre los siglos XIV y XV,Arenas de San Pedro fue una zona atractiva para los intereses delos poderosos, dada la riqueza de los pastos y su situación geo-gráfica. En un principio, el señorío estuvo en manos del condestable Rui López Dávalos. Más tarde, pasó al Conde deBenavente y su hija doña Juana de Pimentel. Ésta última, antesde morir, donó el señorío de la ciudad a su hija, que se habíacasado con el heredero de los Hurtado de Mendoza. A partir deeste momento, Arenas se incorporó al grupo de concejos queestaban bajo el señorío del duque del Infantado y fue en estaetapa cuando se inició la construcción de los edificios más anti-guos y emblemáticos de la ciudad, como el castillo, la iglesia yel puente viejo.
EL SANTUARIO
El siglo XVI es fundamental en la vida del pueblo, pues en élvive los últimos años de su existencia fray Pedro de Alcántara.Cuando el santo es beatificado, en el año 1622, Arenas se colo-
ca bajo la protección del beato y lo proclama su patrón esemismo año. Habrá que esperar al año 1669, fecha en la que fray Pedro es canonizado, para que se incorpore el nombre delsanto al del municipio.
Entre 1772 y 1776, se realizaron las obras de la Real Capilladel santuario de San Pedro de Alcántara. El arquitecto real,Ventura Rodríguez, hizo los planos de esta maravilla, que en laactualidad conserva los restos del santo en la urna situada en elaltar. Unos metros antes de llegar al santuario, una cruz de pie-dra señala, según la leyenda, la impronta dejada por la mano deSan Pedro, tras un alto en el camino. En la huerta del conventocrece un rosal sin espinas, obra milagrosa del santo, y el com-plejo, declarado monumento histórico artístico, alberga un inte-resante Museo de Arte Sacro.
No hay duda de que el santuario de San Pedro de Alcántaraconstituye el principal atractivo turístico de Arenas y, por ende,el lugar más frecuentado por los visitantes de la localidad.Situado a dos kilómetros del pueblo, destaca el acceso peatonalal mismo, recientemente ultimado, en el que el placer de cami-nar es lógica consecuencia de la complicidad del entorno natu-ral que lo circunda. En realidad, el paseo se halla naturalmenteabovedado por elevadísimos chopos y alisos, amén de castañosy nogales, que protegen al caminante de los rayos del sol a cual-quier hora del día. El silencio de la ruta sólo se ve alterado porel discurrir de las aguas de un arroyo que acompaña al visitantedurante todo el recorrido, atribuyendo al conjunto paisajísticouna cualidad casi idílica.
LAS GUERRAS
En el último tercio del siglo XVIII, se instala en el pueblo elInfante don Luis A. de Borbón y Farnesio. A él se debe la cons-trucción de una parte del proyecto de un grandioso palacio enLa Mosquera, una pequeña corte donde acuden artistas destaca-dos como el gran músico Boccherini o el magnífico Francisco deGoya, quien pintó a la familia del Infante Don Luis. Además, eneste siglo tiene lugar la canalización del arroyo Guisete (hoyCorredera de la Triste Condesa), se construye el nuevo conventoy se levanta el puente sobre el río Tiétar.
( A v i l a )
L a v i l l a i n c e n d i a d aSituada al sur de la Sierra de Gredos, Arenas de San Pedro se erige en uno
de los rincones más bellos de la provincia de Ávila.
Por Carlos Domínguez LuisAbogado del Estado
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T U R I S M O
Dos veces fue incendiada Arenas de San Pedro en el siglo XIX.La primera se produjo como represalia por la muerte de 24 sol-dados que habían sido asesinados al realizar una expedición enbusca de víveres. En aquella ocasión, los franceses degollaron a30 personas y destruyeron con fuego el Ayuntamiento y más de300 casas. Pero el pueblo sufriría de nuevo otro incendio duran-te la I Guerra Carlista, por un grupo de guerrilleros capitaneadospor Blas García, el Perdiz. Precisamente, de estos avatares tomala villa el lema que les es propio, consignado en el escudo muni-cipal: “Siempre incendiada y siempre fiel”.
PARAJE NATURAL
Ya en el siglo XX, asistimos a la transformación del pueblo conla construcción de la carretera y la electrificación de las víaspúblicas. Tras la Guerra Civil, la villa de Arenas de San Pedroalcanza el título de ciudad, convirtiéndose en foco de atracciónturística, tanto que en verano se duplica el número de habitan-tes. Miles de veraneantes acuden cada año, atraídos por elencanto del paisaje y su maravilloso clima, por el placer de dis-frutar de excelentes productos naturales, así como por el deseode gozar de las aguas frescas y cristalinas de sus ríos.
Así es. Su paisaje natural de monte verde y crestas serranasrocosas se completa con la transformación realizada por el hom-bre a lo largo de los siglos: pequeñas vegas para hortalizas y fru-tales, olivos de los que se extrae un aceite de gran calidad y pra-dos y dehesas poblados de encinas. Por lo que respecta al clima,las temperaturas en Arenas nunca son extremas: ni bajan de 0grados en el invierno, ni sobrepasan en verano los 40. Y es quela proximidad a Gredos y la altura de la sierra protegen a loshabitantes de la ciudad frente a los fríos vientos del norte.
Por otro lado, la abundancia de aguas favorece la vegetación.En Arenas podemos encontrar tanto grandes árboles comoarbustos, animales de caza mayor como osos, linces, lobos,jabalíes, junto a otros animales menores, como las liebres, losconejos y las perdices. Sin olvidar, por supuesto, la relevancia deanimales exclusivos de la sierra de Gredos, como la capra his-pánica.
BAÑARSE EN EL TIÉTAR
¿Y qué decir de los charcos de agua cristalina? Ya sabemos queel río Tiétar cruza el municipio de Este a Oeste. Las aguas pro-ceden de gargantas y arroyos como los de Ramacastañas,Arenal, Pelayos y Arbillas. Truchas, barbos y otros peces viven encharcos de gran belleza, en los que, además de bañarse, es posi-ble practicar deportes fluviales. Y ya que hablamos de bañarse,no hay que olvidar que, en la actualidad, Arenas cuenta conuna piscina natural, cuidada con todo lujo de detalles.
Hay quienes, sin embargo, optan por darse un paseo por laszonas verdes y de recreo —la verdad es que el agua y la belle-za del lugar lo merecen—, practicar el senderismo, el turismo
rural y las excursiones, posibilidades que, igualmente, ofreceesta tierra a los amantes de la naturaleza.
Además del santuario de San Pedro de Alcántara, del que yaconocemos algunos detalles, hay otros lugares de interés turísti-co en Arenas que es preciso resaltar. En este sentido, el Castillode don Álvaro de Luna se erige en figura insigne de la arquitec-tura histórica del municipio. Construido en la época del condestable Rui López Dávalos e incendiado durante las dife-rentes guerras, hoy conserva únicamente sus paredes. Sirvió deprisión y de cementerio y ahora es el auditorio municipal. Fuedeclarado monumento histórico artístico en 1931.
Otro centro de obligada visita es, sin duda alguna, la ermitadel Cristo de los Regalajes, donde se venera al Santo Cristo y aSan Sebastián. Antiguo altar caminero, se aprecian en él cuatrocapiteles góticos y dos arcos helicoidales.
Como corolario a este recorrido por los lugares de mayor cala-do cultural e histórico de Arenas de San Pedro, se hace necesa-rio referirnos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.Situada junto a la plaza del Ayuntamiento, su estructura, en esti-lo gótico decadente, data del siglo XIV. En ella, se conserva elprimitivo púlpito gótico y sobre un altar lateral se encuentra lapequeña imagen de la patrona, Nuestra Señora del Pilar deArenas.
GASTRONOMÍA
No podemos pasar por alto la gastronomía arenense.Resultaría imperdonable culminar una visita a la localidad sinprobar sus famosas migas con torreznos, el cabrito en cuchifritoo las patatas revolconas. Es de destacar, asimismo, la variedadde sopas que presenta la cocina tradicional de la comarca, talescomo la sopa de ajo, de tomate o de cachuela —típica de lamatanza—. Sin olvidar, claro está, la exquisitez de otros platos,como la “perdiz a la chita callando”, la liebre con carillas —especie de pequeñas judías— o las truchas fritas y escabecha-das y al guiso del pescador.
Así es Arenas de San Pedro, una ciudad viva que sigue man-teniendo la presencia de un pasado propio en sus fiestas y tradi-ciones. Los carnavales, en febrero, han vuelto a llenar las callesde disfraces y pasacalles jocosos. En Semana Santa, el espíritureligioso se manifiesta en las procesiones diurnas y nocturnas.Agosto cierra con una semana de ferias con corridas taurinas yverbenas populares. Y octubre recuerda la presencia y muertede San Pedro de Alcántara, con muchos festejos.
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C U L T U R AEs la primera exposición que se dedica en España a Edouard
Manet (1832-1883), compuesta por sesenta de sus mejores pin-turas, como “El Balcón”, “Retrato de Émile Zola” y “El cantanteespañol”, del Metropolitan, o las tres versiones de “La Ejecuciónde Maximiliano”, además de dibujos y estampas. La muestraexhibe la evolución del pintor desde sus primeras obras, explo-rando la influencia que la pintura del Siglo de Oro español tuvoen la pintura decimonónica francesa.
La exposición forma parte de una amplia colaboración con elMusée d’Orsay y el Metropolitan Museum of Art, que han orga-nizado recientemente la muestra “Manet-Velázquez: el gustofrancés por la pintura española”, aunque en este caso se centraexclusivamente en Manet, explorando los logros de uno de lospintores más innovadores e influyentes del siglo XIX.
Más de treinta instituciones y coleccionistas privados con-tribuyen a la exposición. Además de los lienzos ya citados, en elPrado se podrán ver obras como “Los pequeños caballeros”,“Guitarra y sombrero”, “Ante el espejo”, el “Retrato de Faure enel papel de Hamlet” y “En el Conservatorio”.
Manet, en el Prado Por Mario SolerDel 14 de octubre al 11 de enero de 2004
Encuentro de pueblos y culturas, del 17 de octubre al 19 de noviembre, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid
Iberoamérica mestizaA través de 70 piezas, esta exposición intenta mostrar los
múltiples lazos, la mezcla entre los pueblos y el intercambiocientífico entre el mundo iberoamericano y España. Para ello sehan seleccionado piezas andinas, mesoamericanas, ibéricas,romanas y musulmanas, con las que se pone de manifiesto lacomplejidad del encuentro entre ambos mundos.
La muestra, que antes se exhibió en la Torre de Don Borja, deSantillana del Mar, llega ahora al Centro Cultural de la Villa deMadrid y, posteriormente, irá al Castillo de Chapultepec, deMéxico, del 11 de diciembre de 2003 a marzo de 2004.
En 1492 se inició en Iberoamérica un proceso de mezcla depueblos y culturas sin parangón en la historia de la humanidad.Americanos prehispánicos, europeos, africanos y también asiáti-cos cruzaron en el Nuevo Mundo sus raíces y sus destinos, deforma violenta al principio, de manera espontánea paulatina-mente. Este amplio proceso de mestizaje aun fue más complejosi tenemos presente que los españoles y los indígenas eran fruto,a su vez, de siglos de mezclas raciales y culturales.
Pero naturalmente no sólo hubo mestizaje racial. Tan impor-tante como éste fueron los intercambios culturales recíprocos,patentes en todos los aspectos de la vida: el arte, la artesanía, lamúsica, la tecnología, la gastronomía, la literatura, la fiesta, elfolclore, etcétera.
La exposición “Iberoamérica mestiza” pretende ofrecer un itinerario a través de los episodios más representativos del mes-tizaje, entendiendo éste en su sentido más amplio.
El gran Canal (1875)Museo del Prado. Edificio Villanueva. P° del Prado s/n. 28014 Madrid. Teléfonos 91 330 28 00 y 91 330 29 00
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C U L T U R A
El Museo del Prado ha expuesto de junio a septiembre unaimportante muestra de la obra del artista veneciano desdesus comienzos hasta su producción final.
Tiziano se convirtió en el pintor más aclamado de su tiempoy en el representante más genuino de la Escuela Veneciana, conuna forma de entender la pintura que hacía del color su princi-pal valor expresivo, lo cual tendría una enorme repercusión enla historia del arte posterior.
El pintor mantuvo una privilegiada relación con Carlos V yFelipe II, lo que posibilitó la entrada de “tizianos” en las colec-ciones reales, que se ven hoy completadas con esta exposición.
La muestra se divide en cinco ejes temáticos:
El primero, con el título Orígenes, abarca desde sus comien-zos como pintor hasta 1516. Recoge la primera formación delpintor con artistas como Bellini y Giorgione, de quien aprendióla manera de aplicar el color sin dibujo previo. Algunos proble-mas con la perspectiva y anatomía quedan patentes en obrascomo “Sagrada Familia con un pastor”, si bien demuestran también su rápida receptividad y evolución hacia la maestríaposterior.
El segundo abarca de 1516 a 1533. Con el título ApelesRevivido, se hace coincidir el momento de su fama, primero enVenecia y después con proyección internacional. Su trabajo paralos Mantua y Gonzaga le relaciona con la temática del retrato,como el magnífico “Hombre con guante” de 1523. Al mismotiempo comienza a desarrollar su pintura mitológica, como en“Ofrenda a Venus”.
El tercer capítulo, De Bolonia a Aubsburgo, demuestra cómosu prestigio y habilidad le llevaron a trabajar para las fuerzasmás poderosas del momento, desde el Papa Paulo III a Carlos V.Destaca como centro de la exposición “La Venus de Urbino” dela Galería de los Uffizi en Florencia. Es su obra tal vez más con-trovertida, con variadas interpretaciones, y el único de susdesnudos no mitológicos, con una ambientación contem-poránea, que divide a la crítica entre los que la consideran comopropósito erótico, y los que le otorgan un carácter matrimonial.De magnífico colorido, proporción y belleza, se diría que miradirectamente al espectador.
Los dos últimos capítulos se refieren al “Desnudo tumbado” y“Las poesías”, obras mitológicas concebidas para el deleite delos sentidos y que reflejan al último Tiziano, marcado por unaforma distinta de aplicar el color, caracterizada como “pinturade manchas”.
En definitiva, ha sido una magnífica muestra que ha comple-tado las más de cuarenta obras que tiene el Prado sobre el artistaveneciano.
Por Lorena Delgado BellónLicenciada en Historia del Arte
En memoria de Tiziano
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El martirio de Marsyas.
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L I B R O S
De Paco MuroEditado por Pearson Educación / Prentice HallColección “Negocios en el bolsillo”
En “El pez que no quiso evolucionar” el autor, a través de 15relatos ambientados en tiempos remotos y actuales, nos ofrecelas pautas para realizar el trabajo con rigor, eficiencia y respon-sabilidad. Apunta las claves que permiten aprovechar y gestionarel talento potencial y real en las organizaciones. En definitiva, lasclaves de los comportamientos que funcionan y de los que, unay otra vez, sólo entorpecen el desarrollo profesional y personal.
Paco Muro es socio fundador de Otto Walter, consultora líderen su especialidad: el desarrollo del comportamiento de directi-vos y vendedores. Con una visión personal avanzada de las rela-ciones laborales, desde hace años promueve la conciliaciónvida familiar y empresa como fórmula para devolver el equili-
brio a la vida profesional de nuestros días.Asimismo, promueve la asunción de valo-res entre todos los profesionales en líneacon la honestidad, el compromiso, ladiversidad, el buen hacer, el respeto y laevolución continua. En esencia, proponela ética de la responsabilidad aunandovalores humanistas y empresariales.
Con “El pez que no quiso evolucionar”, la editorial PearsonEducación inició el pasado mes de junio su nueva colección“Negocios en el bolsillo”, editado bajo el sello PearsonEducación / Prentice Hall.
El mercado editorial del management ofrece cientos de libros con lasclaves para ser un buen profesional. Éste de Paco Muro habla de cómo sercompetitivo utilizando la herramienta más asequible: el sentido común.
Por Mario SolerEl pez que no quiso evolucionar
De Jean D’ormessonEditado por Editorial Diagonal (Grup 62)
Editada en 1975, esta obra de D’ormesson (miembro de laAcademia Francesa, director de Le Figaro entre 1974 y 1977,historiador, novelista y aristócrata a su vez) es la nostálgicasaga de una familia perteneciente a la más rancia aristocraciafrancesa que, tras haber visto impasible pasar los siglos a travésde las blasonadas ventanas de la mansión de Plessiz-les-Vaudreuil, solar centenario del linaje familiar, y haber resistidolos embates de un mundo cada vez menos comprensible yfrente al que desde siempre ha enarbolado su divisa, “Au Plaisir
Por Luis AguileraAbogado del EstadoPor capricho de Dios
Si la novela histórica experimenta en nuestros días un cre-ciente desprestigio, debido a la saturación que de estegénero ha experimentado la oferta editorial en los últimosaños, así como a la carencia, en muchos de los casos, ysalvo notables excepciones generalmente foráneas, de unmínimo rigor y de fidelidad a la realidad histórica que tra-tan de recrear, “Por Capricho de Dios” ni es una novelahistórica al uso, ni cabe entender que obedezca su crea-ción a la motivación crematística que tanta pasión por lahistoria despierta hoy en numerosos escritores, noveles yconsagrados.
de Dieu”, que encarna la justifi-cación última de su anacrónicaexistencia, acaba por sucumbiren las postrimerías del pasadosiglo al avance inexorable de lahistoria. Uno de sus últimosmiembros, depositario de unamemoria familiar que constituyeel único patrimonio subsistente ala debacle, siendo plenamenteconsciente de su fragilidad, dacuenta de la historia, y narra amodo de epílogo, y en lo queconstituye quizá la parte másinteresante de la novela, la final einevitable claudicación del últi-mo patriarca tras resistir feroz-mente los cambios políticos ysociales acontecidos en Francia alo largo del siglo XX, cuyo relato en atinada crónica, permite al lectorrefrescar la historia reciente de ese país
Aun cuando la lectura de este libro no deje de evocar, tanto por su temáti-ca como por la añoranza que exhalan sus páginas, obras magistrales como“El Gatopardo” o “En busca del tiempo perdido” (con las que no pretendo, sinembargo, parangonarla), es quizá el hecho de que permita distintas lecturas–meramente literarias unas, históricas o hasta sociológicas otras–, y todas ellasseguramente provechosas, lo que me lleva a recomendar este libro.
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Noticias de laAsociación
Cenaa los
Por la mañana, se ofició una eucaristía en la parroquia de losDoce Apóstoles de la calle Velázquez, en memoria de aquellosabogados del Estado fallecidos recientemente. Asistió nuestrapresidenta, Catalina Miñarro, en representación de todos losasociados, y aprovechó la ocasión para saludar a los numerososcompañeros y familiares que se habían acercado a la celebra-ción religiosa.
Por la noche, a las 21:30 horas, tuvo lugar en el hotel Palacede Madrid la cena homenaje a los abogados del Estado que sehan jubilado durante el último año. Los homenajeados han sidoJosé Luis Llorente Bragulat, Julio Nieves Borrego, FranciscoCarballo Cotanda, Manuel María Uriarte Zulueta y FélixBenítez de Lugo Guillén. Los dos últimos no pudieron asistir por
motivos de salud, pero estuvieron presentes en el homenaje detodos los que allí acudimos. El acto, convertido ya en una tradi-ción social entre los abogados del Estado, se inició con un cok-tail, que dio paso a una agradable cena en uno de los salones deeste emblemático hotel madrileño.
Tras los postres, se procedió a los oportunos discursos. Ennombre de la asociación se dirigió a los asistentes la presidenta,quien tras hacer un breve repaso por la carrera profesional deestos compañeros, destacó las enormes cualidades que cada unode ellos ha demostrado como abogado del Estado en toda suactividad, tanto pública como privada. Elogió sus indudablesméritos personales y profesionales y les trasmitió, en nombre detodos los asociados, su más sincero agradecimiento por el
Por Iñigo Guerra AzconaAbogado del Estadohomenaje
jubilados
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El 19 de junio de 2003 celebramos
en Madrid la tradicional jornada de
homenaje a los compañeros fallecidos
y jubilados en el último año.
Noticias de la Asociación
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recuerdo imbo-rrable que han dejado en el Cuerpo de Abogados del Estado.
A continuación tomó la palabra Francisco Carballo, que demanera brillante recordó la etapa de las oposiciones, por la quetodos hemos pasado, elogiando la importancia del papel quedurante esa etapa desempeñan las novias o mujeres de los opo-sitores. Recordó también sus primeros pasos profesionales en laAbogacía del Estado y su largo y fructífero tránsito por la empre-sa privada. De esta forma, nos dio su visión particular y compar-tida de las diferentes etapas que se pueden atravesar a lo largo denuestra vida como abogados del Estado, recordándonos conacierto la importancia de conservar en todo momento, con dig-nidad y profesionalidad, las señas de identidad de la Abogacíadel Estado, en la defensa del interés general y el respeto a la lega-lidad.
Por último, se dirigió a los asistentes el Abogado General delEstado, Excmo. Sr. D. Arturo García-Tizón López, quien tras darlas gracias a la Asociación por la convocatoria y éxito del acto,quiso mostrar igualmente su reconocimiento a la labor desempe-ñada por los homenajeados en su trayectoria como abogados delEstado. El Abogado General, exhortó a todos a seguir trabajandopor una Abogacía moderna, eficiente y profesional, y enumerólos indudables retos a los que se enfrenta nuestro colectivo, algu-
nos de los cuales son de reciente consecu-ción como la aprobación del Reglamento del Servicio Jurídicodel Estado.
Comida con la promoción 2002El pasado mes de julio, durante un grato almuerzo celebra-
do en los salones de Casa Mónico, los miembros de la Juntadirectiva de la Asociación tuvieron la oportunidad de dar labienvenida a los compañeros de la novísima y brillante pro-moción 2002 de abogados del Estado.
En los postres, tras un ambiente presidido por los recuerdosy anécdotas de las oposiciones superadas y, muy especial-mente por los proyectos personales futuros, la presidenta de laAsociación, Catalina Miñarro, se dirigió a los nuevos compa-ñeros animándolos a afiliarse a la Asociación. A continuación,tomó la palabra el número uno de la promoción, Jorge BuxadeVillalva, quien agradeció en nombre de todos el recibimiento,teniendo, en particular, cariñosas palabras de recuerdo hacialos preparadores. Por último, cerró los discursos el AbogadoGeneral del Estado, Arturo García-Tizón, que realizó una loade las virtudes del Cuerpo de Abogados del Estado y exhortó alos presentes a conservarlas y transmitirlas a las generacionesfuturas.
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S O L I D A R I D A D
AYUDAM A S
Constituida en el año 1994 como asociación, Ayuda Más esuna Organización No Gubernamental para el Desrrollo(ONGD) sin filiación política ni ánimo de lucro. En diciembrede 2000 se transformó en fundación civil en régimen de volun-tariado. Se apoya en las aportaciones económicas y en el traba-jo desinteresado de los voluntarios, socios y colaboradores, encoordinación con las instituciones públicas y privadas. En laactualidad trabaja en Perú, India y Ecuador.
Sus proyectos en el último bienio han sido llevados a cabogracias a la colaboración de instituciones como la comunidadAutónoma de Madrid y el Gobierno Vasco; los ayuntamientos deMadrid, Bilbao y Guecho, y los ilustres colegios de abogados deMadrid y el señorío de Vizcaya.
Algunas de sus actuaciones en India se han concretado ya enla construcción de dos edificios para minusválidos; la atención
sanitaria y legal y el envío de medicamentos en Shillong; diver-sos programas de formación para minusválidos en Meghalaya;apoyo a la formación integral de niños y formación y microcré-ditos para mujeres en Bombay.
En Perú, ha construido 62 viviendas, además de la formacióny acompañamiento para mujeres y jóvenes y la formación pro-fesional, atención sanitaria o la construcción del edificio Centrode Formación “Huachiapa” en Lima. En Ecuador, ha construidoel Centro de Formación “San Juan de Manta” y ha llevado a caboproyectos de formación de mujeres y jóvenes en Manta, equipa-miento de laboratorios y atención médico-sanitaria y envío demedicamentos en Portoviejo y Manta.
Para continuar con el proyecto “Apoyo legal a las poblaciones
de Tacna (Perú) y Shillong (India)”, del que podrán beneficiarse20.000 indígenas, es necesaria la colaboración del mayor núme-ro posible de personas.
El objetivo es hacer posible el asesoramiento legal a la pobla-ción con escasos recursos económicos y protección de los dere-chos humanos, con especial atención a los menores de edad. Elpresupuesto es de 60.500,00 €.
Todos los interesados en colaborar con Ayuda Más puedenhacerlo poniéndose en contacto con la señorita Susana, en elteléfono 94 416 44 33, o por fax al 94 415 73 11. También pue-den escribir a la organización a cualquiera de las siguientesdirecciones:
