El 30 de septiembre de 2016, el Ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto 2017 (PP2017) en la Asamblea Legislativa, cumpliendo con el mandato constitucional (art. 167) de entregarlo al menos tres meses antes de finalizar el año fiscal. En los últimos años, los presupuestos han sido artificialmente balanceados, sobrestimando ingresos tributarios y subestimando u omitiendo gastos 1 ; lo que contraviene el art. 227 de la Constitución, que establece que el presupuesto debe contener la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de acuerdo con la leyes vigentes, y también debe incluir todas las erogaciones que se juzgue convenientes para cumplir con los fines del Estado. La aprobación de presupuestos incompletos hace que en el transcurso del año se deba recurrir a Letras del Tesoro (Letes), para financiar de forma permanente gasto corriente que no tiene financiamiento presupuestado, y que cada año asciende a un monto sustancial; igualmente contraviniendo la Constitución (art. 227) que establece que la deuda flotante es solo para descalces temporales de ingresos. A mediados de 2016, las autoridades aceptaron que existía una crisis de liquidez y una difícil situación fiscal, y anunciaron medidas de austeridad a implementar. 1 Para más detalle ver Alas de Franco, Carolina “Lo que se espera del Proyecto de Presupuesto 2017”, Análisis Económico No. 26, septiembre 2016, FUSADES. Idealmente se esperaba que el PP2017 que se iba a presentar al Órgano Legislativo, estuviera en línea con la política de austeridad anunciada, y que, por tanto, estuviera apegado a la realidad y corrigiera las fallas de los presupuestos pasados; pero esto no sucedió. 1. El presupuesto aprobado 2017 no es realista y acelera la deuda El P2017 no solo presenta los mismos vacíos de los presupuestos aprobados en los últimos años, sino, además, añadió más distorsiones 2 . Por ejemplo, existe menor claridad en el monto de las devoluciones de impuestos, con el nuevo mecanismo de pago implementado desde 2016 de acreditación de las devoluciones para pago de impuestos, y no se sabe si efectivamente están reflejadas en el presupuesto, ya sea como gasto o como ajuste de ingresos. Por otro lado, por primera vez en un presupuesto se omitió el pago de servicio de deuda que el gobierno está obligado a hacer por los Certificados de Inversión Previsional (CIP); que es un gasto que con plena seguridad se tendrá 2 Más detalle sobre el proyecto de presupuesto 2017 y sus vacíos, se encuentra en “El Proyecto de Presupuesto 2017 presentado en septiembre debe rechazarse”, Posición Institucional No. 62, noviembre 2016; y en Alas de Franco, Carolina “Proyecto de Presupuesto 2017 no transparente y con más fallas”, Análisis Económico No. 27, noviembre 2016, FUSADES. Febrero de 2017 • No. 28 Análisis económico La necesidad de corregir el presupuesto 2017, y prioridades para un ajuste fiscal — Carolina Alas de Franco La estructuración de las distintas medidas fiscales y la estimación cuantitativa del ahorro resultante estuvo a cargo del Lic. José Andrés Oliva. 1
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El 30 de septiembre de 2016, el Ministro de Hacienda
presentó el proyecto de presupuesto 2017 (PP2017) en
la Asamblea Legislativa, cumpliendo con el mandato
constitucional (art. 167) de entregarlo al menos tres
meses antes de finalizar el año fiscal.
En los últimos años, los presupuestos han sido artificialmente
balanceados, sobrestimando ingresos tributarios y
subestimando u omitiendo gastos1; lo que contraviene el
art. 227 de la Constitución, que establece que el presupuesto
debe contener la estimación de todos los ingresos que
se espera percibir de acuerdo con la leyes vigentes, y
también debe incluir todas las erogaciones que se juzgue
convenientes para cumplir con los fines del Estado. La
aprobación de presupuestos incompletos hace que en el
transcurso del año se deba recurrir a Letras del Tesoro (Letes),
para financiar de forma permanente gasto corriente que
no tiene financiamiento presupuestado, y que cada año
asciende a un monto sustancial; igualmente contraviniendo
la Constitución (art. 227) que establece que la deuda flotante
es solo para descalces temporales de ingresos.
A mediados de 2016, las autoridades aceptaron que
existía una crisis de liquidez y una difícil situación fiscal,
y anunciaron medidas de austeridad a implementar. 1 Para más detalle ver Alas de Franco, Carolina “Lo que se espera del Proyecto de Presupuesto 2017”, Análisis Económico No. 26, septiembre 2016, FUSADES.
Idealmente se esperaba que el PP2017 que se iba a presentar
al Órgano Legislativo, estuviera en línea con la política de
austeridad anunciada, y que, por tanto, estuviera apegado a
la realidad y corrigiera las fallas de los presupuestos pasados;
pero esto no sucedió.
1. El presupuesto aprobado 2017 no es realista y acelera la deuda
El P2017 no solo presenta los mismos vacíos de los
presupuestos aprobados en los últimos años, sino, además,
añadió más distorsiones2. Por ejemplo, existe menor
claridad en el monto de las devoluciones de impuestos, con
el nuevo mecanismo de pago implementado desde 2016 de
acreditación de las devoluciones para pago de impuestos,
y no se sabe si efectivamente están reflejadas en el
presupuesto, ya sea como gasto o como ajuste de ingresos.
Por otro lado, por primera vez en un presupuesto se omitió
el pago de servicio de deuda que el gobierno está obligado
a hacer por los Certificados de Inversión Previsional (CIP);
que es un gasto que con plena seguridad se tendrá 2 Más detalle sobre el proyecto de presupuesto 2017 y sus vacíos, se encuentra en “El Proyecto de Presupuesto 2017 presentado en septiembre debe rechazarse”, Posición Institucional No. 62, noviembre 2016; y en Alas de Franco, Carolina “Proyecto de Presupuesto 2017 no transparente y con más fallas”, Análisis Económico No. 27, noviembre 2016, FUSADES.
Febrero de 2017 • No. 28
Análisiseconómico
La necesidad de corregir el presupuesto 2017, y prioridades para un ajuste fiscal
— Carolina Alas de FrancoLa estructuración de las distintas medidas fiscales y la estimación cuantitativa del ahorro resultante estuvo
a cargo del Lic. José Andrés Oliva.
1
2
Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
que realizar, pero que no ha sido considerado en el
presupuesto. Además, se asignó un monto –más que
todo simbólico– para el pago de pensiones del Instituto
de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), que
es un compromiso que podría ser asumido por el
Gobierno Central; este gasto tampoco se incorporó en el
presupuesto de 2016 (P2016), lo que ocasionó demoras
en el pago de estas pensiones y serias dificultades para
los beneficiarios en ese año.
Asimismo, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) solo asigna cien
dólares para pagar el subsidio a la energía eléctrica,
gasto que en 2016 se estima que representó entre
US$100 y US$120 millones.
El P2017 no es realista, como tampoco lo eran los que
se aprobaron en el pasado reciente, incumpliendo lo
que dictamina la Constitución, pero hay diferencias.
Por un lado, el P2017 tiene más omisiones que en
años anteriores; por otra parte, las autoridades han
admitido que no han incorporado gastos que se sabe
con seguridad que se tienen que hacer, y que son
evidentes; abogando abiertamente por recurrir a deuda
para financiarlos en los próximos meses.
2. No había un impedimento jurídico para corregir el PP2017, pero no hubo voluntad política para hacerlo
En los últimos años, salvo excepciones, los proyectos de
presupuesto han sido aprobados por mayoría simple -por
el partido en el gobierno con el apoyo de los partidos
pequeños-, sin que haya un análisis del mismo ni se
corrijan las deficiencias, ni siquiera las más obvias. Este
año, la situación fue diferente, ya que hubo un impasse;
no se tuvo mayoría simple por más de tres meses, y la
aprobación del presupuesto no fue inmediata, como
había venido ocurriendo.
El gobierno y los diputados del partido oficial
argumentaban que el presupuesto debía ser aprobado
tal como se había presentado el proyecto, o con ciertas
redistribuciones menores entre partidas, a pesar de haber
reconocido que tenía importantes omisiones. Mientras
que el principal partido de oposición sostenía que el
presupuesto debía corregirse antes de ser aprobado,
posición que los partidos pequeños compartieron durante
algunos meses. Estas enmiendas permitirían disponer de
un presupuesto más apegado a la realidad, y evitar el uso
de deuda de corto plazo como una forma de acceder a
financiamiento permanente sin aprobación legislativa.
La parte gubernamental aducía que jurídicamente
no podía corregir el proyecto de presupuesto ya
presentado, ya que la Constitución (art. 167) manda
que sea presentado al menos tres meses antes de
finalizar el año; y que lo que procedía era aprobar el
proyecto de presupuesto entregado al Legislativo, y
luego realizar las correspondientes modificaciones o
aprobar presupuestos extraordinarios en el transcurso
del año; sin embargo, esta aseveración carece de una
base legal y, más aún, de lógica.
Si este fuera el caso, en primer lugar, la presentación
del presupuesto al Órgano Legislativo sería una mera
formalización, y no importaría que se hiciera un análisis
del mismo por parte de los legisladores, ya que no
podrían solucionarse las fallas que éste presentara, y
3
otras, y estos movimientos han agravado las fallas del
presupuesto en lugar de solventarlas, como ha vuelto a
suceder con la aprobación del P2017.
Por ejemplo, antes de aprobar el presupuesto 2015,
se redujo el monto de las devoluciones –siendo éstas
algunas de las erogaciones que consistentemente más
se han subestimado. El proyecto de presupuesto 2015
asignaba US$9.4 millones para devoluciones de ingresos
de años anteriores e impuestos, pero en el presupuesto
aprobado finalmente, el monto de esta partida se bajó
a US$4 millones, y esta cifra se repitió en el presupuesto
aprobado para 2016, con lo que la subestimación de las
devoluciones aumentó en los últimos años; siendo las
devoluciones reales de US$219.1 millones y US$204.4
millones en 2014 y 2015, respectivamente.
En tercer lugar, no hay una disposición legal que
impida que el Legislativo pida al Ejecutivo que corrija
un proyecto de presupuesto ya presentado3, y que
el Ejecutivo haga los cambios pertinentes. En el
caso que el proyecto de presupuesto tenga ingresos
sobrestimados, o gastos subestimados o que se han
omitido, aprobarlo con esas inconsistencias sería lo que
violaría la Constitución. En este período de análisis del
presupuesto, lo que es lógico esperar es que la Asamblea
Legislativa solicite al Ejecutivo –o que este último lo
haga por propia iniciativa–, que corrija el proyecto de
presupuesto, ya sea para una partida específica que debe
incorporarse, o incluso el Legislativo podría rechazar el
proyecto en su totalidad, debiendo el Ejecutivo presentar
un nuevo proyecto lo más pronto4.
3 Para conocer por qué jurídicamente el Órgano Ejecutivo está habilitado y obligado por la Constitución a corregir el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa ver “El Órgano Ejecutivo puede modificar el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa”, Posición Institucional 99, noviembre 2016, FUSADES.4 Ibíd.
no habría mayor participación de los legisladores, que
estarían finalmente obligados a aprobar lo que presente
el Ejecutivo, sin tener la capacidad de exigir que se
incorporen gastos previsibles, que se sabe de antemano
que será necesario ejecutar en el transcurso del año
y que no han sido considerados. De ser así, cada año,
cuando se aprueban presupuestos incompletos, se estaría
violentando el art. 227 de la Constitución que obliga a que
el presupuesto incluya todas las erogaciones necesarias
para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
En segundo lugar, corregir un proyecto de presupuesto
que tiene fallas, no implica que se incumpla con la
obligación de presentarlo a la Asamblea Legislativa a
más tardar en septiembre, requisito que ya se cumplió.
Luego de presentado sigue un período de discusión,
precisamente para que el Legislativo pueda decidir si lo
aprueba como está o si necesita modificarse, y que no sea
el Ejecutivo el único que tenga la potestad de considerar
cómo se va a aprobar. La interacción del Ejecutivo con el
Legislativo en el proceso presupuestario, debe servir para
lograr tener presupuestos transparentes y veraces, que
correspondan a las prioridades establecidas, para que el
Estado cumpla con sus fines adecuadamente, apoyando
el desarrollo económico y social del país. Por tanto, es
en el período después de presentado el proyecto de
presupuesto que deberían realizarse modificaciones para
asegurar un presupuesto realista y completo.
De hecho, cada año, el presupuesto aprobado sufre
modificaciones con respecto al proyecto presentado;
aunque, por lo general, son reformas menores, ya que
el Legislativo no ha cumplido con su responsabilidad de
aprobar presupuestos realistas en los últimos años. En
algunas ocasiones, incluso, los cambios para aumentar
algunas partidas presupuestarias han llevado a reducir
4
Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
No obstante, a pesar de que no había impedimento
para corregir el presupuesto, y que se conocían sus
fallas, finalmente el presupuesto 2017 fue aprobado por
mayoría simple el 18 de enero de 2017, sin que se hubiera
corregido, y únicamente se hicieron reasignaciones que
agravaron los fallos del presupuesto.
El presupuesto aprobado para 2017 agravó los errores,
ya que incorporó más gasto para el que tampoco
hay financiamiento, ya que se restaron recursos por
US$22.5 millones de partidas que, en su mayoría, ya
estaban subestimadas, o con asignaciones limitadas.
Por ejemplo, las devoluciones de IVA y renta, que
por años se han subestimado significativamente,
se redujeron en US$10 millones y US$9 millones,
respectivamente, para poder asignar estos fondos
a gastos adicionales incorporados en el P2017. La
aprobación del presupuesto 2017 con esos errores
implica que se continuará con la práctica viciosa
de financiar gasto corriente con Letes, que lleva
posteriormente a la necesidad de reestructurar la
deuda de corto plazo con la emisión de bonos, como
se ha venido operando últimamente.
3. El P2017 es incompleto y no responde a una política de austeridad
El P2017 asciende a US$4,957.8 millones (cuadro 1), esto
es US$97 millones más que el presupuesto votado de 2016
(P2016), a pesar de que antes de su entrega a la Asamblea
Legislativa, las autoridades anunciaron medidas de
austeridad, afirmando que el monto del presupuesto de
2017 sería igual al de 2016 (US$4,860.8 millones).
Esto no solo no reflejó las medidas de austeridad
anunciadas, sino que, además, no se incluyó –por
primera vez– el pago del servicio de los certificados
de inversión previsional, gasto que se proyecta que
ascenderá a US$221 millones en 2017. Esta omisión,
en lugar de reducir el monto global del P2017 por igual
valor, con respecto al P2016, abrió un espacio fiscal
artificial para asignar estos fondos a otros rubros; por
lo que ahora que se necesita incorporar este gasto,
se enfrenta el problema de buscar financiamiento, o
reducir otras partidas.
En el P2017 el Gobierno Central creó 569 plazas nuevas y
el gasto en remuneraciones aumentó US$49.3 millones,
con respecto al P2016 (cuadro 2). En total, en el sector
público no financiero (SPNF), se contemplan 1,407
nuevos puestos de trabajo, y hay un incremento de
US$73.1 millones en remuneraciones (cuadro 2); estos
movimientos no reflejan austeridad, sino lo contrario.
Otro aspecto a destacar sobre el P2017 es el gasto en
intereses del Gobierno Central, que tiene un fuerte
incremento (US$54.6 millones) con respecto al P2016
(cuadro 1). Este aumento estaría considerando, en
parte, la baja en la calificación crediticia del país, lo que
ha aumentado el costo del financiamiento, así como el
cambio en el mecanismo de pago de intereses de las
nuevas emisiones de CIP que aumentó la tasa devengada
por estos títulos, entre otros. No obstante, todavía
no se puede evaluar con precisión si este incremento
será suficiente, ya que no se tiene el dato de cierre del
pago de intereses del Gobierno Central por parte del
Ministerio de Hacienda5. Tanto en 2014 como en 2015,
5 El dato de cierre del pago de intereses para 2016 del BCR es de US$702.5 millones, pero no se conoce la cifra del Ministerio de Hacienda, que tienen algunas diferencias por la forma de registrarla.
5
Cuadro 1 Presupuesto General del Estado. Gobierno Central
Millones de US$ y porcentajes
Presupuesto votado 2016
Presupuesto votado 2017
Monto Monto Absoluta %
Ingresos totales 4,860.8 4,957.8 97.1 2.0
Corrientes 4,424.5 4,418.7 -5.8 -0.1
Capital 21.7 17.4 -4.3 -19.8
Financiamiento 250.1 245.0 -5.1 -2.0
Contribuciones especiales 164.5 276.7 112.2 68.2
Gastos totales 4,860.8 4,957.8 97.1 2.0
Corrientes 3,564.4 3,618.6 54.2 1.6
Remuneraciones 1,740.0 1,789.2 49.3 2.8
Bienes y servicios 450.2 378.5 -71.7 -15.9
Gastos financieros y otros 592.5 680.8 88.3 14.9
Transferencias corrientes 781.8 770.1 -11.7 -1.5
Capital 725.1 752.9 27.8 3.7
Inversión en activos fijos 211.5 265.5 54.0 25.5
Aplicaciones financieras 300.0 309.6 9.6 3.2
Contribuciones especiales 164.5 276.7 112.2 68.2
Costo previsional 106.8 -106.8 -100.0
Fuente: Elaborado con datos de los presupuestos votados 2016 y 2017.
Clasificación económica
Variación
Cuadro 2 Plazas y gasto en remuneraciones. En unidades y US$ millones
Nuevas plazas
Incremento remuneraciones
Nuevas plazas
Incremento remuneraciones
Gobierno Central 1,029 51.9 569 49.3
Instituciones descentralizadas 289 33.4 665 17.8
Empresas públicas 89 15.3 173 6.0
Total 1,407 100.7 1,407 73.1
Fuente: elaborado con datos de los presupuestos 2015, 2016 y 2017.
Concepto
P2016 P2017
Nota: el incremento en remuneraciones no corresponde únicamente al incremento de plazas, sino que incluye escalafones, mejoras salariales, mayores prestaciones, etc., de todas las plazas, nuevas y antiguas
6
Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
lo presupuestado para el gasto en intereses para el
Gobierno Central estuvo por debajo de la cifra real, en
US$44.1 millones y US$17.3 millones6, respectivamente.
Para 2017, se espera un incremento de US$112.2 millones
en las contribuciones especiales (cuadro 1), principalmente
por los nuevos impuestos a las telecomunicaciones y a los
grandes contribuyentes, fondos que se dice que serán
destinados para medidas extraordinarias de seguridad.
En 2016, los recursos de estas contribuciones especiales
también se ocuparon para medidas de prevención, y por
esta vía se ha podido reforzar ciertas instituciones en
gastos que no son propiamente medidas extraordinarias
para seguridad, y existe la posibilidad de que parte de
estos fondos hayan financiado operaciones cotidianas
de las dependencias que lo han recibido y que de nuevo
suceda en 2017.
En el P2017, la mayor parte de las instituciones del
Gobierno Central han registrado una reducción de
su presupuesto, principalmente por el recorte en el
rubro de bienes y servicios cuyo agregado se contrae
US$71.7 millones en el Gobierno Central. En este
sentido, pudiera ser que parte de los fondos de las
contribuciones especiales para seguridad sirvan para
reforzar estos presupuestos en 2017 a través de programas
de prevención, los cuales abarcan un amplio margen
de actividades e instituciones; pudiendo servir para
reforzar el presupuesto del Ministerio de Salud y el de
Educación –que se ha reducido para 2017, entre otros,
en el transcurso de 2017.
6 En los presupuestos votados de 2014 y 2015 se asignó US$540.8 millones y US$537.2 millones para pago de intereses del Gobierno Central, respectivamente; pero el gasto real, según los Informes de Gestión Financiera del Estado del Ministerio de Hacienda (MH), fueron de US$484.9 millones y US$554.5 millones, respectivamente.
4. ¿Que implicaría corregir el P2017?
Si se incorporan todas las partidas que faltan, y se
corrigen las subestimaciones y sobrestimaciones más
obvias presentes en el P2017, se abre un hoyo fiscal
significativo que acelera la deuda en 2017, si no se
realiza al mismo tiempo un ajuste fiscal.
En este apartado se demuestra lo que significaría corregir
el P2017, sin que se realice un ajuste fiscal, y el mayor
financiamiento que esto requeriría. Mientras que en el
siguiente apartado, se hace un ejercicio demostrativo de
un ajuste fiscal, que ejemplifica cómo se puede corregir el
presupuesto, sin que esto implique un aumento desmedido
de la deuda, para lo cual se necesita llevar a cabo un ajuste
en las cuentas fiscales.
En el cuadro 3 se presenta un detalle de la sobrestimación
de ingresos y de la subestimación de gastos en el P20177; y
también de los gastos que se sabe de antemano que tendrá
que realizar el Gobierno, pero que no han sido incluidos en
el presupuesto.
Se estima que debe haber un ajuste en los ingresos
tributarios hacia abajo por US$137.2 millones, tomando
como referencia el monto más alto de ingresos
tributarios que se obtuvo de: a) aplicar distintos
modelos econométricos propios, y b) bajo el supuesto
que crecerán a la misma tasa de 20168.
7 Más detalles en: Alas de Franco, Carolina “El Proyecto de Presupuesto 2017 presentado en septiembre debe rechazarse” FUSADES. Op cit.8 A partir del estimado de cierre de 2016 del MH para los ingresos tributarios, se calcula la tasa de crecimiento estimada para 2016, y esta tasa se aplica al estimado de cierre para obtener los ingresos tributarios proyectados para 2017.
7
Cuadro 3 Cifras del P2017 no son realistas, faltan US$705.1 millones (Millones de US$)
CEL: pago al subsidio eléctrico 100.0 cien dólares 100.0
Falta financiamiento empresas públicas 100.0
Falta financiamiento SPNF 705.1
La proyección de ingresos tributarios de 2017, es la cifra más alta que resultó de: a) aplicar modelos econométricos propios y b) aplicar la tasa de crecimiento estimada para la recaudación de 2016, a la cifra estimada de cierre de estos ingresos en 2016; por tanto, el faltante estimado de los ingresos tributarios que se ocupa es una cifra conservadora.
El pago de pensiones del IPSFA en 2017, es proyección de esa institución; se refiere únicamente al déficit en el pago de pensiones del IPSFA, que deberá ser asumido por el Gobierno Central.
Fuente: elaborado con datos del presupuesto 2017; cifras del BCR; proyecciones de ASAFONDOS, IPSFA y TSE; y cálculos propios.
El monto del pago de capital e intereses de los CIP para 2017 es proyección de ASAFONDOS.
La proyección de las devoluciones de 2017 es igual al promedio anual durante 2013-2015, según cifras BCR.
El presupuesto establecido por el TSE para las elecciones de 2018 es de US$39.9 millones; de ese monto se asume que el TSE debería recibir al menos US$30 millones en 2017.
Gobierno Central
Empresas públicas
El estimado de cierre de 2016 para el subsidio eléctrico oscila entre US$100 millones y US$120 millones. Para 2017 se ha proyectado un gasto igual al estimado más bajo que se tiene para 2016; cifra conservadora considerando que, además, puede haber un alza en el precio del petróleo.
Se asume que el subsidio al gas en 2017 será igual a la ejecución de caja para este rubro en 2016; de acuerdo con datos en Balance Fiscal 2016. Situación Fiscal 2017 , 9 de enero de 2017, MH. Esta cifra es conservadora porque no toma en cuenta que el precio del petróleo puede aumentar.
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Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
Por otra parte, hay un ajuste hacia arriba en el gasto en
devoluciones, tomando en cuenta el gasto promedio real
de los tres últimos años; este es uno de los rubros que
consistentemente se ha subestimado en forma significativa.
Además, se aumenta el monto al subsidio al gas en
US$7.6 millones, bajo el supuesto que se pagará lo
mismo que el estimado para 2016.
Se ajusta hacia arriba el pago de pensiones del IPSFA,
que será responsabilidad del Gobierno Central. Para este
compromiso solo se han presupuestado US$14.3 millones
en el P2017, lo que no es realista9. En 2016, el Gobierno
Central tuvo que erogar al menos US$40.6 millones por
este concepto; y la proyección del IPSFA sobre el pago
de pensiones en 2017 asciende aUS$84.8 millones,
estimándose que habrá un déficit de US$51.3 millones
que no podrá cubrirse con fondos del IPSFA.
Al mismo tiempo se incluyen US$30 millones para las
elecciones legislativas y municipales de 2018, fondos que
no han sido considerados en el PP2017. De acuerdo con
el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el presupuesto total
para las elecciones de 2018 asciende a US$39.9 millones10,
sin incluir el voto en el exterior, y una parte de este
monto debe ser recibido anticipadamente.
También se incorporan los US$221 millones11 para
pagar el servicio de los CIP en 2017, que se omitieron
completamente en el P2017.
9 En realidad, en el presupuesto 2017 aparece una partida por US$14.3 millones que no son exclusivamente para pagar el déficit previsional del IPSFA, ya que se indica que esos recursos también serán destinados para el pago de pensiones de personal administrativo y militares no cubiertos por el IPSFA, así como el pago de pensiones y montepíos de ex escoltas militares, subsidios por funerales, retribuciones vitalicias y otros. Las modificaciones al PP2017, abrieron una nueva partida en el P2017 “Financiamiento al Régimen de Pensiones de Previsión Social de la Fuerza Armada", en una acción más que todo simbólica, ya que, por un lado, ya existía una partida que incluía el pago del déficit previsional, y, por otro lado, sólo se asignaron US$1,000 a esta nueva partida.10 Cifra de presupuesto según declaraciones del magistrado del TSE, Fernando Argüello Téllez (LPG, 26 de diciembre de 2016).11 Proyección de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS).
Asimismo, en el presupuesto de las empresas públicas, la
CEL solo tiene una asignación de cien dólares para el pago
del subsidio eléctrico; siendo el monto estimado al que
ascendió este subsidio en 2016 entre US$100 millones y
US$120 millones12.
Debe tenerse presente que solo se han abordado las fallas
más evidentes que se han detectado en el P2017. Además,
no se ha considerado la brecha que podría generarse en
el subsidio del Sistema Integrado de Transporte del Área
Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), que en el
P2017 solo tiene asignado cien dólares en el presupuesto
del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y Vivienda y
Desarrollo Urbano (MOP). Tampoco ha tomado en cuenta
el subsidio al agua, cuyo monto no puede identificarse a
partir de los datos del presupuesto. Ni se han considerado
los pagos atrasados pendientes de años anteriores; ni
el pago de Letes, el cual previo a su aprobación debería
emitirse un decreto para que las Letes en el futuro sean
pagadas exclusivamente con recursos propios, para hacer
que solo se usen para descalces temporales, tal como lo
manda la Constitución. Por otra parte, al no tener todavía
la cifra sobre el pago de intereses en 2016, no se puede
estimar si la proyección de pago de intereses para 2017 es
una cifra realista o no.
Nuevo P2017 del Gobierno Central corregido, pero sin ajuste fiscal
Se ha realizado un ejercicio sobre cómo cambiaría
el P2017 del Gobierno Central, con todas estas
modificaciones necesarias para aproximarse a un
presupuesto más realista y completo (cuadro 4). En
este ejercicio también se modifica hacia abajo el
presupuesto del Órgano Judicial y del Fondo para el
Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El 12 Con los ajustes recientes al subsidio eléctrico esta cifra deberá revisarse hacia abajo.
9
Salvador (FODES), para que corresponda con los ingresos
tributarios que son menores luego de la modificación13.
Los US$100 millones para el subsidio de la energía
eléctrica, que es uno de los faltantes que se detectan
en el P2017, ya que solo se le han asignado cien dólares
(cuadro 3), no se toman en cuenta en este ejercicio de
modificación del presupuesto del Gobierno Central,
debido a que el pago de este subsidio debe reflejarse
en el presupuesto de la CEL, que es parte de los
presupuestos especiales de las empresas públicas; y
las modificaciones que aparecen en el cuadro 4 solo se
refieren al P2017 del Gobierno Central.13 Al Órgano Judicial, por mandato Constitucional, se le asigna el 6% de los ingresos corrientes presupuestado, al FODES, por ley, se le transfiere el 8% de los ingresos corrientes netos presupuestados.
Luego de ajustar los ingresos y los gastos del P2017,
bajo los supuestos ya explicados, el resultado apunta a
la necesidad de financiamiento por US$585.9 millones,
equivalente a 2.1% del producto interno bruto (PIB)14,
adicional al actualmente contemplado en el presupuesto
votado para 2017. Los desembolsos de préstamos en
el P2017 ascienden a US$245 millones, pero con las
modificaciones para realmente tener un presupuesto
completo, se necesitaría recibir financiamiento por
US$830.9 millones en 2017.
Es claro que con la trayectoria de rápido endeudamiento
y los problemas de liquidez existentes, no se pueden
incorporar todos los gastos omitidos, y corregir las 14 Proyección del PIB nominal para 2017 es de US$27,842.2 millones, de acuerdo con cifras del MH, en presentación a la Asamblea Legislativa “Proyecto de Presupuesto 2017, US$4,957.8 millones” 29 de septiembre de 2016.
Cuadro 4 Ejercicio de modificación del presupuesto aprobado 2017 del Gobierno Central, para incorporar
gastos omitidos, y corregir sobrestimación y subestimación de partidas (En millones de US$ y porcentajes)
Fuente: Elaborado con datos del Presupuesto votado 2016, Mensaje del Proyecto de Presupuesto 2017, y estimaciones propias bajo supuestos del cuadro 1.
Cuadro 2 Plazas y gasto en remuneraciones. En unidades y US$ millones
10
Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
subestimaciones y sobrestimaciones del P2017, sin que
se realice al mismo tiempo un ajuste fiscal, acorde con
lo que dicta la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y el
Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal.
Las omisiones y subestimaciones en el P2017 atañen
a gasto corriente, por lo que solo incorporarlos sin un
ajuste fiscal, reforzaría el mecanismo que se ha utilizado
en los últimos años, de financiar cada vez más gasto
corriente con deuda; y utilizar todo incremento de
gasto corriente en nuevas erogaciones y no para tratar
de reducir la brecha fiscal. Además, sería avalar que
funcione la estrategia del gobierno de hacer que se
sistematice que el pago de la deuda previsional se haga
exclusivamente con más deuda.
5. La corrección del P2017 debe hacerse junto con un ajuste fiscal Se deben corregir las fallas del P2017, ya que hay gastos que
no pueden eludirse, y que no cuentan con financiamiento
en el presupuesto. Sin embargo, esto implica, como se
explicó antes, aproximadamente US$585.9 millones (2.1%
del PIB) de financiamiento adicional.
Por tanto, es imprescindible que simultáneamente
se realice un ajuste fiscal que también modifique
el P2017. Este ajuste fiscal es necesario no solo por
cuestiones financieras y de sostenibilidad de las finanzas
públicas; sino, además, porque está planteado en el
Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal15 firmado
15 Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de la Liquidez al Gobierno de El Salvador, firmado por representantes del gobierno, de ARENA y del FMLN, el 10 de noviembre de 2016.
en noviembre de 2016, y en la Ley de Responsabilidad
Fiscal (LRF)16 aprobada en ese mismo mes, y que entró
en vigencia en enero de 2017.
a. Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal
En el Acuerdo se asumen varios compromisos, incluida la
aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que a su
vez tiene disposiciones que atañen al presupuesto, como
se explica más adelante.
Dentro de los compromisos del Acuerdo, se estipuló
que se incorporarían al Presupuesto General del Estado
las modificaciones que resultaran de los acuerdos
adoptados en la mesa fiscal en varios temas, entre éstos:
• Seguimiento de los préstamos de apoyo
presupuestario que garanticen el financiamiento del
déficit fiscal del sector público no financiero (SPNF) y
del Presupuesto General del Estado del Ejercicio 2017,
congruente con el Programa de Ajuste expresado en
el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo, y que sea
acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
• Ley del IPSFA y financiamiento de pensiones de la FAES.
• Escalafón de Salud.
• Resolución de la Sala de lo Constitucional sobre reforma
a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP) y
financiamiento de pensiones de 2017.
• Financiamiento del Presupuesto extraordinario del
Tribunal Supremo Electoral (TSE).
• Cumplimiento de Ley de Veteranos de la FAES y del FMLN.
omitidos en el P2017; pero, además, se plantea que en
todo esto se debe considerar el programa de ajuste
fiscal que se acuerde con el FMI.
b. Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)
La LRF, que entró en vigencia en enero de 2017, contiene
disposiciones que deberán tomarse en cuenta en el
proceso presupuestario. Una parte medular de la Ley
es el ajuste fiscal que deberá realizarse, para lo cual se
distinguen dos períodos con metas específicas durante
los cuales se desarrollará este ajuste:
Período de consolidación fiscal (2017-2019):
• La LRF establece que para garantizar la sostenibilidad
fiscal es impostergable que en este período de tres
años (2017-2019) se implementen medidas para
consolidar la situación fiscal, para lo cual se deberá
hacer un ajuste con medidas de ingresos y gastos, que
den como resultado al menos 3% del PIB.
• En este tiempo, la deuda del SPNF, descontando la
deuda por pensiones, deberá ser congruente con el
programa de ajuste17 que se establezca.
• A partir del tercer año de vigencia de la Ley, la carga
tributaria no deberá ser menor al 17% del PIB.
• Una disposición transitoria de la LRF establece que
la deuda flotante no debe ser mayor al 20% de
los ingresos corrientes en el primer año, una vez
colocados y cancelados los saldos de la deuda de
corto plazo.
17 El Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal, señala que el programa de ajuste fiscal estará contemplado en el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo (MFMLP) y será acordado con el FMI.
Período de sostenibilidad fiscal (2020-2026):
• Al finalizar el período de consolidación (2017-2019), la
deuda del SPNF, como porcentaje del PIB, no deberá
ser mayor al 45%.
• Después del período de consolidación fiscal (2017-
2019), los gastos corrientes no deben ser mayores al
18.5% del PIB; y, por tanto, no podrán crecer más que
el PIB nominal.
• Al final del período de sostenibilidad fiscal y en los
años subsiguientes, la deuda del SPNF, quitando la
deuda previsional, no deberá ser mayor al 42% del
PIB, consistente con el programa de ajuste.
• Después del período de ajuste, o sea a partir de 2027,
la deuda del SPNF con pensiones no será mayor al
65% del PIB.
c. ¿Cómo debe ser el ajuste fiscal?
En los últimos años, las medidas fiscales que han
llevado a cabo las autoridades, se han concentrado en
nuevos impuestos y aumento de tasas para incrementar
los ingresos estatales; sin acciones concretas para
racionalizar el gasto, su efecto en la recaudación se
agota rápidamente, lo que hace que las autoridades
estén tratando constantemente de implementar nuevos
tributos. Esta política fiscal, en un entorno de bajo
crecimiento y un clima de negocios desfavorable, junto
con la polarización, han generado mayor incertidumbre,
afectando aún más la inversión y el crecimiento.
Mientras tanto, el gasto ha continuado creciendo, hay un
exceso de gasto que mantiene el déficit alto, y que no ha
tenido una correspondencia con la mejora en la calidad
de los servicios públicos.
12
Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
El gasto del SPNF que más ha aumentado es el de las
remuneraciones, que se incrementó en US$796.2 millones,
comparando 2008 con 2015, un aumento de dos puntos
porcentuales del PIB, que lo han situado por arriba
del promedio regional18. Este aumento es resultado
de la contratación de más empleados públicos –de
2008 a 2016 se crearon 30,268 plazas nuevas a tiempo
completo en el SPNF19–,y también ha incidido en forma
importante las mejoras salariales, y el aumento de
prestaciones y bonificaciones.
Estos incrementos en plazas y aumento de salarios han
absorbido importantes recursos, lo que compromete el
cumplimiento de la misión y objetivos de las distintas
instituciones; sobre todo cuando teniendo mayor
recurso humano y más caro, este hecho no se ha
reflejado en mejoras de la calidad de los servicios ni
en la seguridad. Se necesita de una Ley de la Función
Pública que regule el proceso de contrataciones,
remuneraciones, prestaciones y mejoras salariales, y ya
existe un anteproyecto bien estructurado esperando su
aprobación en la Asamblea Legislativa20.
El segundo gasto del SPNF que más ha aumentado
es el de bienes y servicios, cuyo incremento fue de
US$238.7 millones de 2008 a 2015. Aunque este
incremento es bastante menor que el que corresponde
a remuneraciones, debe tenerse en cuenta que es en
este rubro donde se registran varios de los gastos que
han sido cuestionados como excesivos; por ejemplo,
publicidad, seguridad, seguros médicos privados,
vehículos, gasolina, regalos, festejos, viajes, etc.18 García-Escribano, Mercedes, Enrique Flores, Javier Kapsoli y Mauricio Soto. Gasto en Salarios Gubernamentales: Análisis y Desafíos. Febrero 2016, FMI.19 Plazas a tiempo completo, tanto por Ley de Salarios como por contrato, de acuerdo con cifras de presupuestos votados.20 "Propuesta de Anteproyecto de Ley de la Función Pública de El Salvador". Comentarios y Opinión. Memorándum Técnico, OIT. 2014.
En cuanto a la inversión pública, esta ha sido
históricamente baja, pero se ha reducido aún más
en términos del PIB, en los últimos años. Ha habido
problemas de ejecución, pero, además, la falta de
un sistema de evaluación de la inversión pública ha
resultado en pérdidas y cuestionamientos; como el
caso del puerto La Unión y la presa El Chaparral, por
mencionar algunas. Asimismo, el litigio CEL-Enel no
solo hizo menos atractivo al país para los inversionistas,
sino también significó un gasto fuerte para las arcas
del Estado, existiendo incertidumbre sobre la futura
inversión en energía geotérmica.
Debe tenerse presente que se necesita de un ajuste fiscal
de mediano plazo que sea integral, y que considere tanto
el lado de los ingresos como de los gastos, pero que
también considere una estrategia fuerte para impulsar
el crecimiento. Si el país no logra crecer a tasas más
elevadas, el ajuste vía ingresos y gastos no será suficiente
para lograr la estabilidad fiscal, y, sobre todo, para alcanzar
el objetivo de un mayor desarrollo económico y social.
Es, por tanto, imprescindible mejorar el clima de
inversión, y que dejen de manejarse simultáneamente
discursos diferentes, donde en algunos se apueste por
el crecimiento y en otros se amenace al empresario.
La polarización existente y la diatriba en que el sector
privado es un oponente, crea incertidumbre con
respecto al fin que se persigue, y al sistema económico
que las autoridades quieren implementar, y sobre el tipo
de democracia que se quiere alcanzar.
Además, si no hay una mejora significativa y sostenida
en la seguridad, ser calificados internacionalmente como
uno de los países más violentos del mundo es un freno
que mantendrá el crecimiento del país a niveles bajos.
13
d. Simulación de un ajuste fiscal
En esta sección se hace un ejercicio de simulación de
un ajuste fiscal para el 2017, presentando un menú
de medidas, cuya implementación permitiría iniciar el
ajuste fiscal, acorde con lo establecido en el Acuerdo
Marco para la Sostenibilidad Fiscal y en la LRF. Este
ajuste, además, liberaría recursos para hacer factible
corregir el P2017, sin necesidad de más endeudamiento,
o reduciendo el monto requerido.
Debido a que todo el peso de las medidas fiscales recientes
ha recaído en la parte de ingresos, lo que ha afectado
negativamente la inversión y creado incertidumbre, es
conveniente comenzar a implementar un ajuste por el lado
del gasto, que es el rubro que ha crecido sin control, y que
no ha estado sujeto a políticas para hacerlo eficiente.
A continuación, se presentan las medidas que podrían
conformar inicialmente este ajuste fiscal. En el anexo se
encuentra una explicación más detallada de las mismas y
del ahorro generado por cada una de ellas:
• Reducción del 5% del gasto en remuneraciones
estimado al cierre de 2016, representaría un ahorro
de US$122.5 millones. Lograr esta meta no implica
despidos, sino suspender aumentos y bonificaciones,
y otras prestaciones adicionales a las brindadas en
2016, así como congelamiento de plazas.
• Reducción del 10% del gasto en bienes y servicios
estimado al cierre de 2016, representaría un ahorro de
US$99.7 millones. Varios de los gastos cuestionables
caen en esta categoría, por lo que esta medida no
debería afectar el funcionamiento de las instituciones,
si es aplicada siguiendo criterios de un manejo
prudente de los gastos, y se establecen las prioridades
en línea con los fines de cada institución.
• La eliminación del subsidio del transporte, y la
focalización de los subsidios generalizados al gas,
electricidad y agua podría representar un ahorro
de alrededor de US$174.4 millones en 2017. Esta
medida representa una economía importante
para el gobierno, y no afecta a la población más
desfavorecida que mantiene el subsidio. Ya se están
dando algunos pasos en esta dirección.
• Reducción de gasto de capital en US$50 millones;
ya que una parte de la inversión que está realizando
el Gobierno Central podría realizarse a través de
Asocios Público-Privados (APP). Actualmente
existe una Ley que permite los APP, pero que no
ha sido utilizada; algunas disposiciones en este
marco jurídico limitan el aprovechamiento de este
mecanismo y deberían reformarse.
Anteriormente se explicó que el P2017 modificado más
realista del Gobierno Central implicaba la necesidad
de más deuda por US$585.9 millones; pero que por la
sanidad de las finanzas públicas, no se debía recurrir
solo a deuda, sino que se necesitaba realizar un ajuste
fiscal. En el ejercicio de simulación que se ha realizado
en este trabajo, el ajuste fiscal generaría un ahorro de
alrededor US$446.6 millones (cuadro 5); con lo que
se reduce la necesidad de financiamiento adicional
de US$585.9 millones a US$139.3 millones, que sería
una reducción significativa, aunque la meta debería
ser que no se incurra en más deuda como resultado
de la corrección del P2017; por lo que es necesario
complementar con otras medidas.
14
Análisis económico No. 28 • Febrero de 2017
En todo caso, el ajuste fiscal se puede realizar
gradualmente en el plazo de tres años, en
correspondencia con el plazo fijado en la LRF.
6. Reflexiones
• El P2017 tiene graves fallas y omisiones, por lo que
el Proyecto de presupuesto debió corregirse antes
de aprobarse. No se cumpliría con el mandato
constitucional, y se estaría manteniendo el círculo
vicioso de deuda de corto plazo para financiamiento
permanente de gasto corriente, evadiendo la
aprobación legislativa.
• No había impedimento legal para corregir el
presupuesto; el período de análisis del proyecto de
presupuesto es precisamente para que se subsane
cualquier falla o se mejore, con la participación tanto
del Ejecutivo como del Legislativo. Todos los años,
el proyecto de presupuesto sufre modificaciones
antes de aprobarlo, lo que no implica que con estas
reformas se incumpla con el mandato de presentarlo
al menos tres meses antes de finalizar el año fiscal.
• El P2017 tiene omisiones sustanciales, y para
corregirlo se necesita de financiamiento adicional
importante si no hubiera ajuste fiscal; dada la
situación fiscal no es prudente incorporar gastos
omitidos y corregir las subestimaciones descansando
solo en más deuda.
7. Propuestas
• En primer lugar, se necesita realizar un ajuste fiscal
por el lado del gasto, que es la parte donde ha habido
exceso, y no se han tomado medidas para hacerlo más
eficiente. Este ajuste fiscal es necesario para poder
contar con un presupuesto realista y completo para
2017, pero que no implique un aumento significativo
de la deuda, con respecto al financiamiento que
contempla el P2017 actualmente. Pero, además, el
ajuste fiscal es necesario, para cumplir con el Acuerdo
Marco para la Sostenibilidad Fiscal y con la LRF, en
concordancia con el programa de ajuste fiscal que se
acuerde con el FMI.
• Al sincerar el presupuesto, y aun complementándolo
con medidas de ajuste fiscal que tiene que establecer
el Ejecutivo, puede resultar que se necesite
financiamiento adicional. En este caso, debe haber un
compromiso con las medidas de ajuste, y también un
compromiso para aprobar el financiamiento requerido.
• La aprobación de la Ley de Función Pública es
una medida importante para regular el proceso
de contrataciones, salarios y otras prestaciones,
conforme con parámetros técnicos de sostenibilidad
financiera, eficiencia y derechos laborales de los
empleados públicos.
• Se necesita un ajuste fiscal de mediano plazo,
integral; sin embargo, junto a este debe diseñarse
una estrategia fuerte para impulsar el crecimiento.
• Se debe reformar la Ley APP para eliminar los
obstáculos que tiene para facilitar los Asocios
Público-Privados.
Cuadro 5 Resumen de ahorro generado por medidas
de ajuste fiscal (Millones de US$)
Concepto Ahorro
Remuneraciones 122.5
Bienes y servicios 99.7
Subsidios generalizados 174.4
Gastos de Capital 50.0
Ahorro total 446.6
Fuente: cálculos propios con base en datos del anexo
15
Anexo Menú de medidas de ajuste fiscal consistentes con el Acuerdo Marco para la
Sostenibilidad Fiscal y la Ley de Responsabilidad FiscalMenú de medidas de ajuste fiscal acorde con el Acuerdo Marco para la Sostenibilidad Fiscal y la LRF
Monto US$ millones Observaciones
1. Transparentar el PP2017, aumenta el monto del proyecto de presupuesto 2017 del Gobierno Central de US$4,957.8 millones, que es como ha sido presentado, a US$5,387.7 millones, que requeriría de deuda adicional por U$567.1 millones.
5,387.7 Se necesita corregir el PP2017 como punto de partida, para que el resto de medidas sean realistas y haya una discusión técnica. El PP2017 presentado por el Ejecutivo sobrestima ingresos, subestima gastos y se omiten erogaciones previsibles importantes.
2. Para que se puede tener un presupuesto realista para 2017, sin que implique un aumento sustancial de la deuda, no sólo debe corregirse el PP2017, sino, también, simultáneamente debe realizarse un ajuste fiscal por el lado del gasto, que minimice este requerimiento de deuda adicional.
Dado que la LRF dicta que el ajuste sea de 3% del PIB durante 2017-2019, se ha hecho un ejercicio en el que se ajusta 1.6% el primer año. El PIB estimado para 2017 es de US$27,842.2 millones (MH), y el ahorro sería aproximadamente de US$418 millones en 2017.
Posibles revisiones de gasto Ahorro
3. Reducción del 5% en las remuneraciones del SPNF, con respecto al cierre de 2016, que se estima en US$2,449 millones.
122.5 Hay que definir medidas concretas y sectores e instituciones a recortar, lo que no debe implicar despidos, sino que puede realizarse con medidas como el retiro voluntario, suspensión temporal de escalafones, bonificaciones y otras prestaciones adicionales, congelamiento de plazas, etc. Poner especial atención a las empresas públicas (ANDA, CEPA y CEL), así como a la Asamblea Legislativa y Presidencia que han aumentado en forma importante su personal, entre otras; analizar exceso de puestos administrativos y de servicios, en relación con los puestos técnicos.
4. Reducción del 10% en bienes y servicios del SPNF, con respecto al cierre de 2016, que se estima en US$997.2 millones.
99.7 Para lograr esto, se debe extender la práctica de las subastas inversas en todas las compras de bienes y servicios; eliminar seguros médicos privados, y reducir o eliminar otros gastos excesivos.
5. Focalizar el subsidio al gas licuado en el 40% de los hogares de menores ingresos. En 2016 se estima que este gasto fue de US$47.7 millones.
20.7 Actualmente el subsidio al gas licuado llega a más de un millón de hogares; el monto del mismo ha disminuido no solo por la focalización, sino por la caída importane del precio internacional del gas. Se puede aprovechar más la disponibilidad de la Tarjeta Solidaria para focalizar dicho subsidio. Con la focalización se puede reducir a US$27 millones.
6. Focalizar el subsidio a la electricidad en el 40% de los hogares de menores ingresos. El gasto en 2016 en este subsidio oscilará entre US$100 y US$120 millones.
53.0 El Ministerio de Economía ha desarrollado un mecanismo de focalización a través de la Tarjeta Solidaria, con la cual se podría realizar la focalización de varios subsidios.
7. Eliminar el subsidio al transporte público. Se estima que en 2016 este gasto fue de US$42.8 millones según cifras del MH, en el PP2017 se asignó US$41.8 millones para este fin.
42.8 El subsidio al transporte público se reintrodujo en 2008 ante el aumento en el precio del combustible. El precio del barril de petróleo superó los US$150 en 2008, pero hoy está alrededor de US$50, con lo cual ya no se justifica el subsidio.
8. Focalizar el subsidio al agua en los primeros tres quintiles de ingresos por hogar. El monto de este subsidio en 2016 se estima que está alrededor de US$86.4 millones.
57.9 El subsidio al agua está altamente concentrado en los hogares de mayores ingresos; por lo que al eliminar el subsidio del quintil 4 y 5, se logra un ahorro del 67% en este gasto. Al igual que en el caso del gas, se puede usar la Tarjeta Solidaria para focalizar.
9. Reducción del gasto de capital 50.0 Comenzar a aprovechar los Asocios Público Privados liberaría fondos del gobierno. Además, por los problemas fiscales se deberían suspender los monumento y otras obras que no tengan un estudio técnico de costo-beneficio que las respalde, lo que incluye reconsiderar las obras de infraestructura para mejorar la circulación vial que deben tener respaldo técnico para que logren su objetivo.
Ahorro total 446.6
10. Faltante de medidas adicionales 120.5 El presupuesto realista del Gobierno Central para 2017 (sin incluir escalafón de salud para los que gana más de US$1,500 mensuales, ni nuevas prestaciones para lisiados del conflicto armado) necesita de financiamiento adicional de US$585.9 millones; con el ajuste fiscal se logra un ahorro de US$446.6 millones en el SPNF; todavía faltan recursos por US$139.3 millones para que no se tenga que recurrir a más deuda, en adición a la que actualmente está contemplada en el PP2017.
Proyecciones de 2016 son del Ministerio de Hacienda en Balance Fiscal 2016. Situación Fiscal 2017, 9 de enero de 2017. Fuente: datos del MH, Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) y estimaciones propias.
Medida
Necesidad de un ajuste fiscal
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