Las luchas laborales en Colombia Coyunturas y perspectiva inmediata

Alvaro Delgado Guzmán Periodista e historiador Investigador, Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep. El repaso desprevenido de las principales luchas laborales colombianas del presente siglo nos proporcionó un aserto que merece un comentario: prácticamente todos los momentos de viraje estuvieron acompañados de un cambio relevante en el curso de la política nacional y, a la vez, del empleo de la fuerza.

Es lugar común decir que por la Costa Caribe penetraron los elementos de la transformación del país: los colonizadores del siglo XVI, las máquinas de "minear" del XVIII, las instalaciones completas de ingenios azucareros y plantas textiles de los siglos siguientes, y hasta los primeros educadores políticos de los trabajadores colombianos. Resulta sugestivo que el primer intento de acción obrera organizada se presentara también en la Costa y durante el único gobierno progresista habido antes de los liberales de los años treinta. La zona neurálgica del conflicto laboral en los tres primeros decenios del presente siglo estuvo localizada en el mismo escenario, con el río Magdalena como su eje. La primera oleada huelguística de pretensiones nacionales y el intento inicial de hacerse a una organización de cobertura nacional datan de fines del decenio de 1910, al término de una Guerra Mundial que arrojó sobre las costas americanas a decenas de activistas sindicales europeos. La década de 1920 está ocupada enteramente por la obsesión obrera de ganar autonomía política y conquistar una representación gremial de escala nacional. Tormentosas huelgas petroleras consiguen estremecer a la opinión pública y una efímera Confederación Obrera Nacional surge al calor de los escarceos socialistas, pero todos los esfuerzos terminan con la derrota final del movimiento bananero de 1928 y la desintegración del prestigio del régimen conservador al año siguiente, en la conocida jornada estudiantil del 8 de junio.

Si el movimiento sindical colombiano había incubado en las miserias de la guerra de 1899 y su trágico epílogo, la separación de Panamá, la crisis mundial de 1929 cambió el panorama completamente. Los fusiles de Carlos Cortés Vargas en la Zona Bananera y la crisis económica extinguieron la espontaneidad y el mutualismo de las acciones obreras. Los mismos obreros, como tales, desaparecen de la escena y en su lugar las calles de las ciudades se llenan de desocupados y hambrientos. Fue una forma de expresión de la nueva vida urbana del país. No eran ya los labriegos de la guerra de los Mil Días que se habían arrancado el uniforme para no delatarse y andaban en los caminos en busca de un

mendrugo de pan. Eran propiamente las gentes empobrecidas de las zonas urbanas, no pocas de las cuales habían nacido ahí mismo. Los liberales radicales y los socialistas de la época volvieron sus ojos a ellas, las acompañaron en las "marchas de hambre" de 1932, y solamente en la penetración de esas filas descompuestas encontraron de nuevo a los obreros.

Había terminado el proceso de germinación y desarrollo de las organizaciones sindicales, y de sus mismos protagonistas. El rápido ascenso de las fuerzas productivas nacionales era un hecho desde la década anterior, y las administraciones liberales se sintieron obligadas a identificarse con los nuevos vientos de la historia. En 1931 se expide la primera ley protectora de los sindicatos y, desde entonces y hasta 1948, cuando comienza en firme la Violencia, el crecimiento orgánico del mundo laboral y la institucionalización de sus luchas son fenómenos incontrovertibles.

En 1936 se crea la primera confederación sindical estable, la CTC, que rápidamente gana influencia e impulsa todo un proyecto político amarrado al Estado y sobre todo al gobierno de Alfonso López Pumarejo. Liberales, socialistas y comunistas se suben a ese tren de la democracia, solitario en nuestra historia contemporánea, y pese a sus discrepancias obligan al empresariado, siempre de la mano de las leyes, a reconocer la existencia de los sindicatos. En 1944-1948, en medio de gran auge económico, se creó más de la mitad de los sindicatos que aparecieron desde principios de siglo, y en julio de 1947 se conocieron los resultados del primer censo sindical del país, promovido por mentalidades progresistas. Los asalariados ganaban un lugar en el pensamiento colombiano.

A mediados de los años cuarenta, al estímulo de la lucha contra el fascismo y la victoria final de los aliados en la Guerra Mundial el avance de las fuerzas del trabajo fue general en el mundo. Esto pudo alarmar a los sectores moderados del liberalismo y al mismo López, y una nueva coyuntura de fuerza apareció en el horizonte. La huelga general que los estibadores pretendieron sostener a fines de 1945 a lo largo del tramo navegable del río Magdalena fue ilegalizada y desbaratada para sentar un precedente: el de que la autoridad no proviene de las fuerzas sociales, por altivas que ellas aparezcan, sino de los aparatos que manejan el Estado. En realidad, el conflicto en el río estaba tan aislado socialmente como el de la Zona Bananera diecisiete años atrás. La mejor prueba de ello fue que su desbandada coincidió con la pérdida del poder por el partido liberal. En 1945 culminó el matrimonio de ese partido y el movimiento obrero y acabó la era del sindicalismo heroico.

Los doce años transcurridos entre la derrota de los navieros y la caída del gobierno de Rojas Pinilla son los peores que ha soportado el sindicalismo colombiano. En 1946 se quebrantó definitivamente el esfuerzo unitario que se había mantenido desde 1919, y nació la organización sindical más caracterizada y coherente que ha tenido el país: la UTC. Afincada en un tipo de sindicalismo que es tolerado por el capital, el de base o empresa, en su haber pudo mostrar realizaciones del régimen tales como el ISS, el Sena, Paz del Río, las cajas de compensación familiar y el ICBF. Sin embargo, el reino de la Violencia, más que sofocar a una CTC corroída por la manipulación partidista y proteger a una UTC levantada frente al nuevo proceso de industrialización, enseñó a los trabajadores su intolerancia y el recurso de la fuerza. Pese a todo, el grueso del sindicalismo escapó de la tutela de los partidos. Rojas fracasó en el empeño de crear una organización obrera obediente a su fórmula corporativista; la Iglesia --que sólo trabaja para su proyecto universal-— le sacó el cuerpo a la retorcida Confederación Nacional de Trabajadores y avanzó al lado de la UTC, y los mismos dirigentes sindicales rojistas terminaron por volver la espalda al dictador. En los años finales de la dictadura militar, organizaciones enteras de la CTC renacieron con la ayuda solidaria de líderes que momentáneamente habían sido ganados por la prédica de sabor peronista. Finalmente, a partir del ingreso de Tulio Cuevas a la presidencia de la UTC en 1963, se opera la transformación más significativa: los sindicatos proclaman su derecho a desarrollar una política autónoma, independiente de los partidos políticos. Por eso durante el Frente Nacional el sindicalismo se convirtió en un fenómeno incómodo al cual, sin embargo, era conveniente asignarle un lugar en la vida social.

La huelga que alrededor de quince mil azucareros del Valle del Cauca adelantaron en julio de 1959 marca el inicio de un nuevo ciclo de luchas obreras. Como en 1928 y en 1945, la huelga fue derrotada y su incidencia marcó el descenso de los conflictos laborales en ese departamento, hasta entonces a la cabeza de la resistencia popular al avance de las ideas antidemocráticas. Pero, a diferencia del pasado, el movimiento sindical no se detuvo. Simplemente se trasladó a otros escenarios. Se concentró en Antioquia, Cundinamarca y Santander, y penetró en las comarcas de la periferia donde el desarrollo económico y político tomaba renovado impulso: Guajira, Arauca, Meta, Casanare, Cauca, Nariño... Hacia 1974, cuando se inicia el desmonte del Frente Nacional, el sindicalismo parecía haber alcanzado su máximo desarrollo como mecanismo de lucha social. El viraje de 1974 es muy sugerente. Sumergido en la crisis mundial del petróleo, el país inicia la declinación persistente de su planta industrial en favor de las inversiones en el sector terciario de la economía. Es el único momento de cambio en que

no aparece patente algún factor de fuerza externo, y sólo es dable observar el fortalecimiento impresionante del sindicalismo contestatario, ajeno a cualquier rasgo tradicional, y el ascenso sostenido del suceso huelguístico, que alcanzaría su máxima expresión en los años ochenta. Entre los años 60 y 70 el número de huelguistas aumenta apenas en 87%, pero en la década siguiente el volumen de los 60 se multiplica por ocho.

La década de los años ochenta conoció el cambio definitivo. La notoria desaparición de líderes de la manufactura, la construcción, la agricultura y la minería en los altos cargos confederales, con el consiguiente mayor peso comparativo de los empleados y los intelectuales de clase media, evidenció el distanciamiento del viejo sindicalismo gremialista. La concentración del poder en los sindicatos grandes y en las empresas y dependencias burocráticas del Estado distendió los amarres solidarios del movimiento entero. Jornadas de lucha como las de los azucareros, petroleros y cementeros de los años sesenta se volvieron impensables. En medio del fracaso de los intentos de crear sindicatos por rama económica, los asalariados de las empresas pequeñas y medianas no tuvieron ya quién defendiera sus intereses en el nivel nacional. La poderosa UTC, afectada por el fracaso de su proyecto de partido laborista y entregada a directores mediocres, acabó por enredarse en turbios negociados y se precipitó en una descomposición que a mediados de los ochenta la condujo a la muerte. Los sectores más lúcidos lograron sin embargo salvar del naufragio a la mayor parte del movimiento, y en un golpe de audacia erigieron en noviembre de 1986 la actual Central Unitaria de Trabajadores, la más representativa confederación laboral que ha tenido el país. La historia de la conquista de la organización nacional había recorrido una órbita completa desde sus pasos iniciales de 1919, pero el desastre final del mundo socialista y la irrupción rampante de la economía de mercado desarticularon las filas sindicales y colocaron una vez más al movimiento en situación de reflujo. En eso está hoy, buscando quizás una próxima coyuntura que no vaya acompañada de la fuerza y que permita la maduración de las nuevas tendencias que vienen abriéndose paso en la estrategia de los trabajadores, caracterizadas por el abandono de prácticas exclusivamente reivindicatorias y por el esfuerzo de fundir su lucha con la de las vastas capas de la población desposeída y los movimientos sociales contemporáneos: ecológicos, étnicos, culturales, de promoción de la vida y los derechos humanos.

Reflexiones sobre la crisis actual

del sindicalismo colombiano

Por Álvaro Delgado Guzmán Investigador del Cinep

Es posible que la situación que hoy enfrenta el movimiento sindical colombiano haya

tenido origen en los cambios operados en el conjunto del movimiento a mediados de la

década de 1980, cuando se produjeron dos sucesos de gran importancia: el colapso del

sindicalismo tradicional y el nacimiento de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Todo

lo que hoy subsiste como organización gremial de los asalariados, con sus nuevos y viejos

rasgos, hunde sus raíces en ese desenlace singular de la historia laboral colombiana.

En noviembre de 1986, después de cuatro décadas de férrea división, fue creada la CUT

con base en la disolución voluntaria de la Confederación Sindical de Trabajadores de

Colombia, CSTC, de orientación comunista, y su fusión con organizaciones de la

moribunda Unión de Trabajadores de Colombia, UTC y de buena parte del sector no

confederado. A partir de entonces, y por primera vez en nuestra historia, el sindicalismo

alternativo, independiente, no tradicional se convierte en el mayoritario. Ello provocó un

realinderamiento de las fuerzas sindicales alrededor de los nuevos núcleos aparecidos y de

los reductos del viejo modelo que se negaron a participar en la creación de la central

unitaria. La tradicional UTC y la comunista CSTC desaparecieron, se debilitó la

Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC —la más antigua confederación

nacional— y lo mismo le ocurrió al sector no confederado, que desde los años sesenta se

había formado principalmente con las deserciones que socavaron al sindicalismo tradicional

y con el paso de los años se había convertido en la parte más voluminosa y activa del

mundo laboral.

En la liza quedaron, fundamentalmente, la CUT y la CTC políticamente cercanas entre sí, y

del otro lado la Confederación General de Trabajadores Democráticos, CGTD, conformada

inicialmente por la Confederación General de Trabajadores, CGT, y el grupo sindical

comandado de larga data por el Moir, como una manera de erigir una entidad distinta y en

cierta manera competidora de la CUT. La CGTD tiene orientación social-cristiana,

emanada de la Confederación Mundial del Trabajo, CMT, tendencia que difiere de aquella

dominante en las otras dos centrales, que en general aparecen más cercanas a los postulados

socialdemócratas que desde los años setenta enarbola la Confederación Internacional de

Organizaciones Sindicales Libres, Ciosl. Al lado de estas fuerzas sigue perdurando un

sector no confederado de diversas tendencias ideológicas y que, en no pocas oportunidades,

actúa unitariamente con las tres centrales. La CUT por su parte, no ha podido resolver su

afiliación internacional. Ese aislamiento constituye el principal factor de retraso político de

la central y deja ver nítidamente el todavía largo trayecto que el sindicalismo colombiano

debe recorrer para derrotar la intolerancia política en su seno, desprenderse de viejos y

paralizantes esquemas doctrinarios y ponerse a tono con las valiosas experiencias

contemporáneas del sindicalismo pluralista latinoamericano.

El balance de la situación creada ofrece dos factores nuevos y decisivos para la marcha del

movimiento en la actualidad. El primero es que la CUT se ha convertido en la más

voluminosa y representativa confederación sindical de la historia del país, que rompe con la

herencia formal del pasado, en el sentido de que es una organización independiente de las

potestades de los patronos, el Estado, las iglesias y los partidos políticos. El equipo que

dirige las acciones en todos los niveles territoriales tiene una calidad política superior a la

de cualquiera otra entidad similar del pasado.

El segundo factor hace referencia a la capacidad de movilización de los trabajadores. Si la

pugna de doctrinas ideológicas e intereses políticos partidistas, aparentemente

irreconciliables, había signado la marcha del sindicalismo colombiano desde el nacimiento

de la UTC en 1946, a partir de 1986 la acción concertada de las organizaciones constituye

la pauta dominante. Considérese no más este hecho: las huelgas más voluminosas y

emblemáticas ocurridas en el país a partir de 1987 han tenido una dirección conjunta de las

distintas fuerzas gremiales. El factor de la acción unitaria, que ha desempeñado papel

decisivo para que el movimiento se haya sostenido en medio de una crisis sindical mundial

que pone en entredicho la misma existencia del movimiento, debe ser tenido en cuenta para

entender la capacidad movilizadora de los sindicatos frente a las políticas empresariales,

públicas y privadas. La menor dispersión comparativa de la organización sindical

colombiana es igualmente un punto a su favor. Efectivamente, hacia 1998 en cuatro países

de la región andina operaban 25 centrales sindicales, sin contar los no confederados: 13 en

Perú, 5 en Ecuador, 4 en Venezuela, 3 en Colombia.1

Los cambios que se precipitaron en 1986 no podían sin embargo, detener la marcha de las

transformaciones del espectro laboral impulsadas por las tendencias dominantes de la

economía en todo el mundo, y con más severidad en el subdesarrollado. Nos referimos al

énfasis del desarrollo puesto en el sector terciario de la economía, con el consiguiente

debilitamiento del sector industrial, que históricamente fue el campo donde la organización

de los trabajadores alcanzó la mayor fortaleza. En el caso colombiano, a la par con el ocaso

de la organización obrera en la industria, la construcción, la minería y el transporte, que

habían comandado la acción sindical hasta los años sesenta, siguió profundizándose la

brecha que desde los setenta se había abierto entre el sindicalismo del sector privado, de

mayor tradición y destreza, y el del sector público, el principal empleador nacional y donde

se concentraba el grueso de la población ocupada en servicios sociales.

El desglose del movimiento sindical no ha logrado todavía enriquecer factores de

democratización como los relativos a la representatividad del nuevo esquema. No sólo es

que los organismos de mando actuales afianzan su legitimidad ante todo en el sector

público, sino que ha ido desapareciendo la representación de las organizaciones menores,

que son las más numerosas y necesitadas de solidaridad política. El sindicalismo de hoy,

mucho más que el del pasado, afianza su poder sobre los sectores asalariados mejor

remunerados y con mejores ventajas prestacionales, y ese factor lo aísla objetivamente no

sólo del mayoritario mundo laboral más pobre, sino también de las extensas capas de la

población de escasos recursos económicos que han sido “trabajadas” culturalmente por

decenas de años en el concepto de que los sindicatos son organizaciones de trabajadores

privilegiados. Grandes organizaciones como Fecode y la Unión Sindical Obrera, USO,

prisioneras aún de fantasías gremialistas en un mundo cada vez más globalizado —y 1Rueda Catry, Marleen y otros. Tendencias y contenidos de la negociación colectiva. Documento de trabajo No. 88. Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p.49.

excluyente de las regiones atrasadas del mundo—, han actuado de hecho por fuera de las

órbitas confederales, confiadas en una fuerza que no se proyecta sobre el conjunto de la

masa laboral más desprotegida, situación que contribuye a desfigurar la imagen del

sindicalismo, inclusive en sus propias filas.

1. El vía crucis del sindicalismo sectorial

El mismo carácter atrasado de la organización sindical colombiana, que durante decenas de

años ha sido constreñida por la ley y la costumbre de asentar su fuerza en el sindicalismo de

empresa —por contraposición al sindicalismo de rama económica, más democrático y

representativo—, ha venido ahora a cobrar a los trabajadores la deuda que ellos adquirieron

en los días de exaltación del sindicalismo gobiernista, claramente impresa en el articulado

del Código Sustantivo del Trabajo (1950). Desde los años sesenta los sindicatos de todas

las tendencias han venido planteando la necesidad de trasponer los rígidos marcos

conceptuales del Código y vencer la resistencia de los empresarios mediante la edificación

de un aparato sindical moderno, ampliamente representativo del factor trabajo y capaz de

mantener relaciones equiparables con los gremios del capital. Ese proyecto que tomó

impulso particular en los años setenta, retrocedió con la reestructuración empresarial

forzada por el modelo aperturista y hoy está de capa caída. De esa manera, la falta de

representación política real de un vasto sector sindicalizado constituye uno de los mayores

problemas para la recuperación del movimiento a partir de la crisis creada por la apertura

económica.

El sindicato de empresa obra como una losa atada al cuello de los proyectos

modernizadores del aparato sindical y ellos, o nunca logran arribar —industria de

materiales de construcción—, o llegan finalmente maltrechos a la otra orilla —industria de

la electricidad—. El asunto no es solamente que a directores y dirigidos les da pavor

desprenderse de ventajas adquiridas en decenas de años de acción sindical —propiedades

inmuebles y muebles, fondos bancarios, fueros y permisos sindicales, privilegios

extralegales, contacto personal con los empleadores y hasta vestigios del antiguo

paternalismo patronal—, sino que en la imaginativa de los asalariados el sindicato de

empresa está íntimamente ligado a las más importantes conquistas laborales alcanzadas en

el país. El sindicato de industria diluye y democratiza la posesión de bienes, limita poderes

localistas, opaca el protagonismo individual, debilita la intermediación de los grupos

partidistas y exige más elevada formación cultural y política de los líderes. Aunque para los

trabajadores es claro que el sindicalismo de rama económica es la única opción viable que

les queda para enfrentarse a las grandes corporaciones que dominan hoy el mundo laboral,

las disparidades de tamaño de las empresas, de volumen —fuerza— de los afiliados en cada

una, crean inevitablemente desequilibrios de poder y no pocos trabajadores que

inicialmente aprueban fusiones al sindicato de rama industrial se sienten luego engañados y

frustrados en sus aspiraciones.

El proyecto de sindicalismo de rama en la CUT se basa en una norma transitoria que dice

que las federaciones irán disolviéndose a medida que se vayan unificando los sindicatos, y

la verdad es que eso no se ha efectuado. Hay algunas que se han disuelto, pero casi por

sustracción de materia, para evitar la inminente desaparición de sindicatos de empresa. En

la CUT hay sindicatos textiles que no son miembros del sindicato de la rama Sintratextil, y

eso ocurre en todos los sectores: metalúrgicos, energéticos, de la alimentación, etc.

Sintraelecol llegó a suscribir varios “acuerdos marco-sectoriales”, pero los empresarios se

dieron las mañas para debilitar paulatinamente la negociación sectorial, hasta retornarla al

espacio de cada empresa.

Un ejemplo típico de resistencia a la modernización del aparato organizativo se presentó en

el sector metalmecánico, cuando el sindicato de G.M. Colmotores, Sintracol, decidió

fusionarse al de rama industrial, Sintraime. Las directivas, dice un dirigente de Sintracol,

“no dieron la claridad adecuada, no hicieron énfasis a qué tipo de sindicato nos íbamos a

fusionar y en el momento en que se dio el paso, hubo mucha confusión en las bases, porque

se llegó a criticar que nosotros estábamos llegando a darle vida a un sindicato que ya estaba

muerto”. Los grandes temen perder ventajas si se juntan con los pequeños y artesanales.

Desde el año de 1996 la USO se transformó en sindicato de industria, pero la entidad sigue

bajo la égida de la organización asentada en Ecopetrol, y aunque era de esperar que en ella

reinara la más elevada concepción nacional del movimiento, nos encontramos con que no

es así. Siguen prevaleciendo el sentimiento corporativista y el acomodo a las ventajas

prestacionales ganadas y, con la excepción de Luis Eduardo Garzón —hoy retirado de la

puja sindical—, hasta ahora no ha sido posible que un dirigente petrolero se decida a

aceptar un cargo en la lejana y mal remunerada dirección nacional de la CUT.

Finalmente, las diferencias ideológicas se atraviesan también en el camino del sindicalismo

sectorial. Tal es el caso del sector bancario, que ocupa a más de treinta mil empleados y que

desde principios de los años setenta ha marchado dividido en tres sectores: dos asociaciones

nacionales y algunos sindicatos de empresa.

2. El golpe del desempleo

No se ha hecho todavía un balance global de los efectos que han tenido sobre el

movimiento sindical la apertura económica, la expedición de la nueva Constitución

Nacional en julio de 1991 y el conjunto de reformas laborales que arrancaron con las leyes

50 de 1990 y 100 y 60 de 1993, continuaron con la aprobación por el Congreso del debatido

Acto Legislativo 01 de 2000 y culminaron con la serie de decretos de reestructuración del

Estado en desarrollo de las facultades extraordinarias que, de acuerdo con la Ley 797 de

2002, otorgara el Congreso al presidente Uribe. Parece claro que los aspectos positivos de

la nueva Carta —en materia de derechos humanos y sindicales, por ejemplo— pasaron

inadvertidos para los sindicatos, bajo el alud de perjuicios que arrastró la apertura de la

economía nacional a las inequidades del mercado internacional.

Si bien en los primeros 4 años la apertura agrandó el empleo por el camino de la

contratación temporal y precaria,2 de la segunda mitad de los años noventa en adelante el

desempleo alcanzó, como se sabe, las expresiones más críticas que haya conocido el país en el

último medio siglo. En mayo de 1999, cuando el índice de desempleo estaba a punto de

alcanzar el inconcebible 22 por ciento, Eduardo Sarmiento escribió: “La tasa de desempleo

2 Según Fedesarrollo, “La tasa de desempleo urbano se redujo por debajo del 8 por ciento en 1994, una de las tasas más bajas registradas en el país”. El Espectador, julio 16, 1995, p.4B.

de 19.5 por ciento de marzo es la peor de la historia registrada del país y probablemente del

siglo, y la más alta de América Latina”.3

La apertura tornó aún más precario el trabajo asalariado. Según los resultados de la Encuesta

Nacional de Hogares, sólo entre junio de 1996 y junio de 1997 “la industria perdió 119.410

empleos, la construcción 68.585 y el comercio 25.720, es decir, 213.715 puestos de trabajo.

Mientras tanto, de los 5.560.661 ocupados en las siete principales áreas metropolitanas,

995.543 eran subempleados, es decir, el 17.9 por ciento”.4 En respuesta a las estimaciones

oficiales de que la tasa de ocupación había subido entre septiembre de 1996 y septiembre

de 1997, otro conocido economista de corte neoliberal y entonces presidente de la

Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, Armando Montenegro, replicaba a

fines del 97: “...además de que existen casi 54 mil nuevos desempleados, la mayoría de los

nuevos empleos, esos que hicieron subir la tasa de ocupación, son de mala calidad: se trata

de trabajos informales, por cuenta propia y de servicio doméstico. En cambio, el empleo

formal, por contrato laboral, sigue cayendo en forma absoluta a tasas muy elevadas”.5 El

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, expuso casi lo mismo: entre

junio 1996 y junio 1997 “el número de ocupados se incrementó en 119.837, pero al mismo

tiempo se destruyeron 220.069 puestos de obreros y empleados que gozaban de un contrato

de trabajo y que estaban protegidos por la ley”. “Esta pérdida dramática de la calidad de los

empleos también se aprecia en la ocupación sectorial. En la industria, la construcción y el

transporte se han perdido 117.604 puestos —la industria perdió en un solo año el 8 por

ciento de sus trabajadores y empleados—”.6 Las cosas no han mejorado en el presente. El

desempleo total en febrero de 2003 alcanzó a 3.315.000 personas, 111 mil más que en

febrero de 2002, y la tasa alcanzó el 16,5 por ciento, todavía muy alta.

Un estudio publicado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, sobre trabajo

informal en Bogotá7 estableció que en las diez áreas urbanas más pobladas del país los 1,9

millones de trabajadores informales encontrados en 1984 se habían convertido en 2,8 3 El Espectador, mayo 2, 1999, p.3C.4 El Tiempo, octubre 22, 1997, p.3A.5 El Tiempo, octubre 23, 1997, p.3B.6 Ibíd.7Maldonado, Carlos y Hurtado, Monserrat (editores). El sector informal en Bogotá. Departamento Nacional de Planeación, 1997, p.16.

millones en 1994 —habían crecido a un tasa anual de 3,6 por ciento—. Bogotá, Cali,

Medellín y Barranquilla concentraban ahora el 79 por ciento de los informales urbanos, y

Bogotá alojaba ya a 1.650.000 trabajadores informales, de los cuales apenas entre 10 mil y

15 mil estaban organizados de alguna manera. Peor todavía, había disminuido la

importancia relativa del empleo informal tradicional —cuenta propia, domésticos,

ayudantes familiares— y avanzaba la informalidad en el asalariado. La ausencia de

organización sindical en las filas de los informales podía observarse en las siguientes

estimaciones: “Los trabajadores del sector informal urbano perciben ingresos promedio del

orden del 60 por ciento de sus pares del sector moderno (...) Para 1994, según las encuestas

del Dane, el 74,3 por ciento de los trabajadores informales carecían de seguridad social

(82,1 por ciento en 1984); el 36,2 laboraba más de 48 horas semanales (39,3 por ciento en

1984); el 27,7 de los ocupados percibían menos de un salario mínimo (37 por ciento en

1984) y el 29 por ciento de los trabajadores asalariados de las microempresas carecían de

contrato laboral”.8

Las medidas de privatización de entidades estatales, cuando no de reorganización de las

mismas con base en la reducción de sus plantas de personal al amparo de planes de “retiro

voluntario” —Decreto 1660 de 1991—, se encargaron de complementar el

desmantelamiento de las empresas y la desindustrialización de la economía. Tales

operaciones golpearon por parejo al sindicalismo del sector público y del privado, pero en

el segundo —donde hay menos garantías para los derechos laborales y el capital tiene

mayor libertad de operación—, los estragos fueron más profundos. Numerosas

organizaciones sindicales cesaron o quedaron seriamente debilitadas. En el área estatal

solamente las más voluminosas y fuertes —el magisterio, en primer lugar— lograron

permanecer en pie, mientras en la salud pública desaparecían entidades históricas, se

imponía la contratación temporal y se dispersaban los sindicatos.

En febrero de 1997 las tres centrales obreras y los sectores no confederados inician

unificadamente una serie de acciones encabezadas por los empleados estatales contra las

políticas económicas y sociales del gobierno y los empresarios particulares. Esa nueva

8 Ibíd., p.13.

oleada de luchas, que se prolongaría hasta 2001, tiene la particularidad de que se presenta a

la opinión pública, por boca de sus dirigentes, como una acción política y no simplemente

reivindicatoria.

El nuevo ciclo de actividad sindical aparece signado por la profundización del desempleo, a

niveles históricos que llegaron a superar la tasa del 20 por ciento, y por la agudización de la

violencia contra los trabajadores y sus organizaciones. El predominio avasallador de fuerza

de trabajo estatal en las protestas —preferentemente educadores y empleados de la salud

pública—, puso una vez más al desnudo las dimensiones que ha alcanzado el reflujo

sindical del sector privado y en particular el industrial, en el seno del cual se estaban

concertando entonces convenios lesivos de los intereses inmediatos de los asalariados,

dirigidos ante todo a salvar la existencia de las empresas como fuentes de empleo.

Según estimaciones hechas en 1999 por la Escuela Nacional Sindical, ENS, además de la

baja actividad huelguística por pliegos de peticiones no dirimidos y del gran impacto del

desempleo en los sindicatos, “en el 99 se evidenció una posición de comprensión por parte

de los trabajadores y su organización ante la recesión económica y sus implicaciones en el

país, y una fuerte intencionalidad de los empleadores por desmontar parte de la convención

colectiva y las reivindicaciones laborales —estabilidad, modelos de contratación, derechos

y garantías sindicales—, así como por vincular mano de obra con modelos contractuales

inestables que lesionan la contratación. La ENS indicó que en el año el Estado presentó

proyectos de reforma tendientes a deprimir los derechos hoy existentes para la negociación

colectiva, fijó los incrementos salariales por decreto y permitió que, a solicitud del

empleador, se revisaran las convenciones. La ministra de trabajo, Gina Magnolia Riaño,

reconoció que muchos trabajadores convinieron con sus empresas en no aumentar los

salarios para, por esa vía, poder mantener sus puestos”.9 El presidente regional de la CGTD

en Antioquia, Carlos Bustamante, conceptuó que “los sindicatos reconocen que se están

acomodando a la situación económica del país, al disminuir sus beneficios imperantes en

las convenciones que terminaron su vigencia”.10

9 El Colombiano, febrero 12, 2000, p.2B; febrero 13, 2000, p.4B.10 Ibíd.

Estamos en plena reducción del régimen contractual por el camino del empleo temporal y

precario. “Los trabajadores se han visto forzados a preservar el empleo y han colaborado en

salvar las empresas”, admitía el secretario general de la CTC, Miguel Morantes, y el

presidente de la misma, Apécides Alvis, decía: “Al paso que vamos, se está asfixiando y

recortando el derecho a la contratación colectiva. Los sindicalistas vamos a sobrar en este

país”.11

En lo que prontamente se convertiría en un anticipo de las decisiones neoliberales del

gobierno de Uribe Vélez, el diario conservador La República reveló en abril de 2000 que el

artículo 65 del Proyecto de Ley 046 de 1999, sobre saneamiento fiscal y gastos de

funcionamiento, incluía “la eliminación de las convenciones colectivas de entes que

funcionan en departamentos, ciudades y municipios (...) De acuerdo con la propuesta

inicial, el Gobierno ordenaba directamente, mediante el Proyecto de Ley, la supresión de

las convenciones colectivas. Sin embargo, al ser conocida la propuesta, los sindicatos le

pidieron al Gobierno suprimir dicho artículo argumentando inconstitucionalidad en el

mismo. El Gobierno aceptó el argumento pero no echó pie atrás en su propósito de acabar

con las convenciones colectivas. De manera que, como no logró hacerlo directamente, se lo

dejó a los entes territoriales para que éstos, de forma autónoma, las eliminaran. Y es más,

les está dando un incentivo. Si acaban las convenciones colectivas, la liquidación de todos

sus trabajadores oficiales no castigará ni su capacidad de pago ni su capacidad de

endeudamiento”12 —los gastos por indemnizaciones pasarían al rublo de inversiones, sin

afectar el presupuesto de las entidades territoriales—.Todo estaba encaminado, según el

diario, a cortar de un tajo los convenios de trabajo firmados irresponsablemente por

funcionarios públicos sin soportes en el presupuesto y en las posibilidades reales del erario,

y de paso acabar con las conquistas extralegales de los servidores públicos. El artículo

contendría igualmente la desaparición de los denominados trabajadores oficiales —que

desde la reforma de 1968 gozan derechos de negociación y huelga—.

La Ley 617 de 2000, llamada de ajuste fiscal, entró a regir en enero de 2001, y en junio de

ese mismo año el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01, que reformó el régimen de

11 Ibíd.12 La República, abril 27, 2000, p.2A.

transferencias presupuestales a los territorios nacionales. La expedición de la Ley 617,

dirigida principalmente a forzar la rebaja de las nóminas burocráticas, provocó la reacción

en cadena de los sindicatos de servidores públicos en todo el país, particularmente en las

principales ciudades. Como había sucedido en los primeros años de la reorganización

empresarial que siguió al inicio de la apertura económica, los planes de “retiro voluntario”

se pusieron a la orden del día y los sindicatos no pudieron evitar, una vez más, la feria de

indemnizaciones por despido no justificado. En Cali, Medellín, Bogotá y otros lugares se

acudió a crear apresuradamente nuevos sindicatos de toda índole para protegerse de los

despidos mediante el uso temporal de fueros sindicales, concedidos a los fundadores y

directivos de sindicatos. Más que una súbita multiplicación de organismos formales, de

cascarones sin alma que ocasionan estragos en las apropiaciones presupuestales del Distrito

Especial, el fenómeno tiene las características de un descuartizamiento de la organización

sindical, de consecuencias funestas para el inmediato futuro.

El saldo final de los años noventa había sido el ascenso del desempleo, del subempleo y de

una mayor precariedad del trabajo asalariado, esto es todo lo contrario de lo prospectado

por las reformas laborales desde 1990. Hernando Agudelo Villa, vieja figura del liberalismo

doctrinario, señalaba en octubre de 1997: “La política de desregulación del mercado laboral

que preconiza el neoliberalismo, como procedimiento para evitar rigideces que entorpecen

la creación de empleo, ha conducido, más que a lograr este objetivo, a sustituir la

legislación y las prácticas que garantizan los derechos laborales, producto de las conquistas

obreras, a recortar las prestaciones sociales y a debilitar los sindicatos y su capacidad de

negociación, lo cual se traduce en la pérdida de participación del trabajo en el ingreso

nacional.13

“Críticos de la flexibilización de la legislación laboral, como el director de la Fundación

para la Educación Superior, FES, Mauricio Cabrera Galvis, aseguran que esa expresión

‘sólo significa poder contratar y despedir trabajadores sin restricciones, pagar salarios

inferiores al mínimo legal, disminuir costos laborales de la empresas para que aumente la

demanda por trabajadores’. En una reciente columna en el diario económico Portafolio,

13 El Tiempo, octubre 5, 1997, Lecturas dominicales, p.5.

Cabrera decía que ‘si la receta de flexibilización laboral funcionara, el sector de la

construcción debería estar generando miles de puestos de trabajo, pues, como lo saben los

rusos —albañiles y maestros de obra—, es el sector con mayor flexibilidad e informalidad

en la contratación laboral. Y por la misma razón las pequeñas y medianas industrias,

pymes, —con un mayor grado de informalidad que la gran industria— deberían estar

boyantes y contratando cada vez más trabajadores’”.14

Luis Eduardo Garzón, ex presidente de la CUT, se permitió hacer la siguiente

consideración: “Las propuestas buscan afectar el ingreso, el descanso y la seguridad social

de miles de trabajadores colombianos, a costa de imponer un salario mínimo integral,

disminuir festivos y dominicales y los aportes parafiscales. ¿Cómo se puede pensar en

flexibilización en un país donde el 56 por ciento de la fuerza laboral vive del trabajo

informal, el 18 tiene contrato a tres o cuatro meses y el 19 está desempleada? Nos preocupa

que para generar empleo se abra otro hueco en el ingreso de los colombianos, que ya de por

sí es muy bajo, si se tiene en cuenta que el 75 por ciento de los trabajadores gana un salario

mínimo, el 15 gana entre uno y dos salarios mínimos y sólo el 8 devenga más de dos

mínimos. Los trabajadores no podemos ser los únicos dispuestos a hacer sacrificios. Ya se

cedieron muchas conquistas laborales con la Ley 50 y no se avanzó en materia de

generación de empleo”.15

3. La tragedia de la desindustrialización

Los efectos de la crisis nacional han sido peores aún en los sindicatos de trabajadores del

sector privado, donde hoy puede observarse una planta organizativa disminuida en una

proporción mayor que la del sector público, una notable desmovilización de sus filas y un

acentuado aislamiento político dentro del conjunto del movimiento sindical. El sector

sindical privado ha sido mayormente afectado por las políticas de reestructuración

empresarial, soporta un gravísimo debilitamiento numérico que impide el fortalecimiento

de sus directivas, es presa de la deslaborización y la precarización del contrato colectivo de

trabajo, y encima de todo eso la violencia armada y la amenaza del despido pesan 14 El Tiempo, abril 19, 1999, p.1B.15 El Tiempo, abril 21, 1999, última A.

enormemente sobre las decisiones individuales y colectivas de los asalariados y paralizan

cualquier plan de acción de corto o mediano plazo.

Como desde hace años el movimiento sindical desplazó sus escenarios políticos al sector

público, el conjunto del sindicalismo desarrollado en el seno del capital privado, incluido el

de las más grandes empresas industriales y comerciales del país, ha perdido todo poder de

convocación nacional y, peor aún, está cada vez más al margen de las decisiones que se

toman en los cuerpos de dirección nacional del sindicalismo. Prueba fehaciente de ello ha

sido el aislamiento y práctica indiferencia del conjunto del movimiento sindical con la

suerte corrida por los sindicatos de las empresas de materiales de construcción —

cementeras, en primer lugar—, las fábricas automotrices —Sofasa, principalmente—, las

del caucho y los plásticos, las empresas de palmas oleaginosas, Avianca, Bavaria, Coltejer,

Fabricato, Tejicóndor y hasta la misma Acerías Paz del Río, no pocos de ellos víctimas de

la guerra sucia. No es casual que de entre los 21 miembros del comité ejecutivo de la CUT

elegidos el 4 de octubre de 2002 solamente uno represente al sector industrial y dos a la

agroindustria.

La disminución de plantas de personal, la dispersión de firmas empresariales, los cierres y

desapariciones de empresas desde inicios de los años noventa han sido el dolor de cabeza

de las organizaciones laborales. Nada parece haber escapado a las sacudidas patronales que

exige el reacomodo de las empresas a las nuevas y perentorias exigencias de la

globalización de la economía. Los concordatos de acreedores y luego los rescates

propuestos por la Ley 550 han afectado a cerca de dos mil empresas del país, de acuerdo

con datos oficiales. A la sombra de la Ley 550 de 1999 —que reemplaza temporalmente a

la Ley 222 de 1985 y rige desde el primero de enero de 2000—, había acudido, hasta el 31

de diciembre de 2002, un total de 772 empresas, de las cuales 490 habían firmado acuerdos

con los acreedores y 151 habían sido liquidadas.

Entre las que acudieron, el 33 por ciento eran microempresas y empresas pequeñas, el 25

eran medianas y el 29 eran grandes, y los trabajadores afectados sumaban 60.168. En el

caso de las 490 empresas salvadas, las acreencias laborales representaron el 6 por ciento del

total, y unos 30 mil trabajadores fueron protegidos del despido. Según la Superintendencia

de Sociedades, sólo el uno por ciento de las empresas que se acogieron a la Ley 550

presentaban estados financieros e información contable adecuados. La Superintendencia de

Servicios Públicos señaló además que en las 23 empresas en reestructuración o en

liquidación en la actualidad hay corrupción y politiquería. Edgar Artunduaga, miembro de

la comisión senatorial encargada del asunto, denunciaba: “No hay claridad plena del Estado

al intervenir esas empresas. En algunos casos las empresas intervenidas han empeorado,

porque en la Superservicios también hay corrupción y allí hay gente interesada en arrasar

con lo que queda de las destruidas empresas públicas”.16

Decenas de grandes y medianas empresas han desaparecido y en su lugar han quedado

“cementerios industriales”, dicen los trabajadores. Donde existían industrias, como las

tradicionales de la Zona Industrial de Bogotá, hoy se levantan bodegas. Los dirigentes

sindicales estiman que actualmente el 60 por ciento de los sindicatos de Bogotá están muy

débiles y que en el 80 por ciento de las empresas donde todavía sobreviven, agrupan a la

minoría del personal ocupado.

Las que todavía quedan en pie atraviesan una situación muy difícil. El caso de Bavaria es

paradigmático. El otrora poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de Bavaria,

actualmente en pleno retroceso por las políticas reestructuradoras del Grupo Santodomingo,

cree que allí ha pasado lo mismo que en Avianca, en Conalvidrios y en la rama financiera:

aplicación de una política consistente en “comprar renuncias a las organizaciones

sindicales, crear beneficios paralelos a la convención y ofrecer arreglos forzados para que la

gente se vaya”, a fin de contratar mano de obra con las empresas proveedoras. El nuevo

personal empleado entra con salario mínimo a reemplazar a los trabajadores que eran de

planta. Sostienen que desde 1991, por efecto de la Ley 50, los trabajadores no se pueden

afiliar a los sindicatos porque los contratan por tres, seis meses, un año, y si se afilian los

dejan cumplir el contrato y no se lo renuevan. Los trabajadores saben esto y prefieren

mantener su empleo y no afiliarse a un sindicato.

16 El País, marzo 12, 2003, p.3.

En el caso de Bavaria a los directivos del sindicato no les permiten el ingreso a la áreas de

trabajo. Un directivo de Sinaltrabavaria afirma: “Están reventando al movimiento sindical,

económicamente nos están reventando, no podemos subsistir y por eso precisamente la

Corte Constitucional nos dio la tutela, porque vio que estábamos en peligro de extinción.

Pero aún así, hace 2 años que la empresa no la cumple (...) El problema es que han sacado a

la mayoría de la gente del sindicato a un pacto colectivo, obligados prácticamente —eso

está denunciado—, y la poca gente que queda en el sindicato no da para obligar a la

empresa a sentarse a negociar”.

El grupo empresarial Santodomingo, mediante un préstamo internacional, viene comprando

plantas en Centro y Suramérica. Después de adquirir a Leona, ha cerrado 13 plantas y en la

de Leona está elaborando todos los productos que salían de las antiguas. Aproximadamente

3.500 trabajadores han sido despedidos de las fábricas. El consorcio se dedicó a concentrar

y racionalizar sus costos de producción y en ese camino desarrolla planes de retiro

voluntario de personal.

Los trabajadores que están saliendo no son reemplazados en las mismas condiciones,

porque la proyección que tiene Bavaria es operar principalmente con trabajadores a término

fijo. Los puestos que no necesita simplemente los elimina, pese a que tal proceder viola los

términos de la convención colectiva vigente. Por el cierre de plantas la empresa ha tenido

que desembolsar fondos, pero ese desembolso no ha sido muy significativo porque la

modalidad que utiliza es la venta de acciones a través de bonos que pone en el mercado, y

obviamente recupera dinero. Con él los empresarios vienen financiando el despido de

trabajadores y el pago de los derechos de la convención colectiva, porque saben que es una

inversión a 2 ó 3, años que se va a rescatar rápidamente.

Bavaria, a través de una cooperativa, contrata a la persona por un salario mínimo, muy

distante del que ese trabajador ganaba bajo el amparo convencional. La cervecera, según el

sindicato, no se endeuda para pagar la indemnización a sus trabajadores, como hacen otras

empresas; vende sus propias acciones y vuelve y las recupera, ejerciendo el poder

monopólico que ha acostumbrado en el contexto colombiano.

La desindustrialización es muy notoria en la rama de la alimentación. Hace unos 20 años el

sector azucarero, por ejemplo, ocupaba casi a 45 mil personas; en la actualidad, los pocos

ingenios azucareros que quedan emplean a menos de 14 mil, contando entre ellas a los

trabajadores temporales, a los ligados mediante contratistas y a los suministrados bajo

contratación todavía más precaria por las cooperativas asociativas de trabajo, que han

hecho carrera en ese sector.

Según los directivos del sindicalismo grasero, Sintraimagra, en ese sector la crisis presenta

dos rasgos: una recomposición del sector fabril bogotano y los acuerdos de libre comercio y

creación de “zonas especiales” que afectan a toda la cadena productiva. Por ejemplo, la

determinación de Unilever de cerrar su planta de margarinas perjudicó a Cartón de

Colombia, que producía para Unilever unos tres millones de metros lineales de material

corrugado. Otras empresas de la capital han tomado la determinación de trasladar sus

plantas a la Costa Atlántica, en particular a Barranquilla, por considerar que la posición

cerca de los puertos es beneficiosa y permite aprovechar a Colombia como plataforma de

distribución para toda América Latina, desde Panamá hasta Chile, para satisfacer a

convenios de corporaciones transnacionales.

Unilever es la segunda transnacional de alimentos, después de Nestlé, y se calcula que en

esa reestructuración se van a cerrar más o menos 100 fábricas y a perder unos 25 mil

puestos de trabajo a escala mundial. Hay una reducción de marcas y una focalización del

negocio. En Colombia está representada por Dissa, que maneja marcas como Maizena,

Knorr y Fruco. La corporación, aprovechando que una tradicional empresa familiar,

Jabones Varela, atravesaba grave crisis financiera, se apropió de ella y además, en julio de

2000, cerró una planta de jabones que tenía en Bogotá, con convención colectiva que

beneficiaba a cerca de 100 trabajadores, y decidió reestructurar la planta de margarinas

industriales, por lo cual se perdieron en 2002 otros 160 puestos de trabajo.

En la industria de bebidas gaseosas, que se creía invulnerable a las políticas neoliberales y

la globalización, la competencia de las firmas transnacionales —Coca Cola y Pepsi Cola,

principalmente— está en todo su furor y ha obligado a las envasadoras nacionales a tomar

medidas drásticas para sobrevivir. En menos de 10 años Postobón ha tenido que cerrar ya

nueve fábricas y unas cuatro más están en proyecto de liquidación, además de que hay en

marcha el proyecto de clausurar varias líneas de producción, todo como consecuencia de la

globalización del mercado.

El ejemplo de lo que ha ocurrido en la industria de materiales de construcción es bien

típico. El ingreso de capital transnacional en esa rama en la década de 1990 se tradujo en la

destrucción de capitales nacionales, el cierre de plantas y el despido masivo de

trabajadores, tanto del área productiva como de la administrativa. Esto ha reducido

drásticamente las filas sindicales, que en los tres decenios inmediatamente anteriores habían

estado a la cabeza de la movilización obrera del país. Los nuevos empresarios del cemento

entraron a aplicar en profundidad los métodos de contratación a término fijo, mediante

convenios de dos a tres meses, contratos por servicios y, últimamente, para trabajadores que

desarrollan las mismas actividades en las empresas, contratos civiles, que no permiten a los

asalariados ingresar al sindicato por el temor de que no les renueven el contrato. En el caso

concreto del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Materiales de

Construcción, Sutimac, hace 4 años la subdirectiva de Bogotá tenía más de 500 afiliados y

hoy sólo hay 70 u 80.

En los últimos 4 años Eternit Colombiana ha experimentado un cambio tecnológico muy

grande, y los 800 operarios que empleaba en 1984 han sido reducidos hoy a sólo 84 de

contrato indefinido. El grueso del personal es de contratación y subcontratación a término

fijo para labores esporádicas, algunos por uno o dos meses.

Aunque ciertos empresarios esgrimen la amenaza de liquidación de sus negocios para

arrancar contratos laborales menos onerosos, en las empresas cementeras los cierres han

sido de verdad. El Grupo Empresarial Antioqueño clausuró una planta y a mediados de

2002 anunciaba la desaparición de tres más —Cementos del Nare, Cementos El Cairo y

Cementos del Valle—. Sutimac estima que se trata de una política de chantaje a los

trabajadores que antes se presentó en Europa: “Si no rebaja sus peticiones, la planta se

cierra”. La experiencia dice que se bajaron las peticiones y la mayoría de las plantas fue

cerrada.

En Bogotá se cerraron unas 10 ó 12 plantas fabricantes de materiales de construcción que

daban empleo a más de mil trabajadores, y ahora el mercado de la capital se atiende sólo

con dos. Cementos Mexicanos, Cemex, despidió a más de mil servidores sólo en Bogotá.

La transnacional, que adoptó entre nosotros el nombre de Cemex Colombia, llegó al país en

1996 mediante la adquisición de un gran paquete de acciones de Cementos Diamante;

posteriormente compró otro gran paquete de Industrias e Inversiones Samper y hoy es casi

la única propietaria de ambas empresas. Con la planta que tiene en Caracolito, Payandé,

cercana a la planta de Buenos Aires que fue cerrada, surte el mercado nacional y ha cerrado

todas las demás, entre 12 y 15. A todo esto se añade la crisis del sector de la construcción,

que viene desde mediados de los años noventa.

La reconversión tecnológica en la industria cementera del país ha llevado a un aumento de

la producción y una rebaja de plantas. Cementos Diamante está produciendo hoy 1,8

millones de toneladas anuales, aunque tiene capacidad para producir 4,5 millones. Antes

daba empleo a 1.200 operarios de contrato por término indefinido y hoy son solamente 100,

en las plantas de Cúcuta, Bucaramanga y Caracolito El resto suman unos 800 de

contratación precaria, no pocos bajo la figura del out sourcing. En 1974 Cementos del Valle

tenía una capacidad de un millón de toneladas, que hoy llega a 1,5 millones. En ese año,

había allí 900 trabajadores y 715 de ellos eran obreros; hoy hay sólo 360, de los cuales 260

son obreros.

Las empresas cementeras están trabajando a una tercera parte de su capacidad debido a la

crisis que atraviesa el país. Cementos del Valle y una empresa como Goodyear, por

ejemplo, están utilizando apenas el 35 por ciento de su capacidad de producción; el resto

está cerrado. Y Cementos del Nare está reducida casi enteramente a su oferta de cemento

blanco, con muy poco del gris. Sutimac, el sindicato de industria, cuenta hoy apenas con

1.100 afiliados, de los 3.500 que eran hace unos años. Por eso la perspectiva de

sobrevivencia del sindicato se finca ahora en abrirse hacia otros sectores, como Eternit, las

ladrilleras y otras empresas menores, y además culminar el proceso de fusión con el

sindicato de la construcción, Sindicons.17

En el sector eléctrico la disminución de personal ha sido drástica y quizás ha afectado a la

mitad del mismo. En los últimos 3 años el sindicato de la rama, Sintraelecol, bajó el

número de afiliados nacionales de 18.500 a sólo 8.600. Salen de los empleados mediante

planes de retiro voluntario y pensiones anticipadas y nunca los reponen con trabajadores de

contrato colectivo. Con el ingreso de capital privado extranjero a la antigua Empresa de

Energía Eléctrica de Bogotá, EEEB; Endesa de España y Energis de Chile ofrecieron planes

de retiro voluntario que eran planes de “se va o se va”, según los directivos sindicales. Hoy

en día las nóminas de las tres empresas en que fue dividida la EEEB se han reducido a la

mitad.

La presión empresarial para que los trabajadores abandonen los sindicatos ha tomado

mucha fuerza en la industria del caucho, plásticos y similares. En la Fábrica Nacional de

Muñecos hay también “presiones por el lado económico”, como dicen los directores

sindicales. Consisten, según ellos, en que “si usted se retira del sindicato yo le incremento

su salario en el 5 o el 10 por ciento, o si usted no se retira del sindicato es posible que

tengamos que sacarlo de la empresa”. Las desvinculaciones del sindicato no se han hecho

esperar.

En el caso de Icollantas la política disuasiva de los empresarios ha marchado por la vía de

un “plan de beneficios”, cuya ejecución ha logrado ya reducir a sólo 95 los 840 afiliados

que tenía el sindicato hace 3 años. En la planta de Chuzacá la empresa “sonsacó” a la gente

con prebendas ofrecidas por fuera de los términos de la convención colectiva de trabajo, y

en general la misma idea se viene aplicando en otras dependencias.

Los dirigentes del caucho confirman que lo que más impide la movilización sindical es el

temor de perder el empleo. “Muchas de las cosas están atravesadas inconscientemente por

ese hecho y la política patronal ha logrado penetrar mucho en la gente, afirma un dirigente

17 Entrevista con Gilberto Pareja, dirigente de Sutimac. Junio 15, 2003.

sindical, que añade ‘hemos tenido pérdida del sentimiento de clase como tal. Me sorprendió

que eso puede pasar también en mucha parte. Ayer leía yo en Portafolio que el 70 por

ciento de los trabajadores, según la empresa [Icollantas], compró acciones que vendió

Michelin hace dos meses, o sea, una proporción supremamente alta, lo que indica más o

menos cuál es la capacidad del patrón de cooptar (sic) para sus fines. Anteriormente uno

pensaba que lo ideal era que los trabajadores fuéramos los dueños de las empresas, pero en

una multinacional que tiene más de 100 mil trabajadores a nivel mundial, que nosotros

estemos comprándole acciones, donde eso no representa ni el 0.001 por ciento del capital

real, es más una pantomima. Sin embargo, nos convencen todavía”.

Las transformaciones operadas últimamente en el transporte aéreo han perjudicado

hondamente a los sindicatos. Según éstos, la Aeronáutica Civil aprobó que Avianca, SAM y

Aces crearan la Alianza Summa con base en tres factores: compartir un código de reservas

y venta de tiquetes, fletar aviones en conjunto y cumplir normas únicas de mantenimiento.

La agencia administrativa no aprobó ninguna integración administrativa, pero lo que se

hizo en Summa es una fusión de empresas. Antes de que se formalizara el colapso

financiero de Aces —20 de agosto de 2003—, mediante arreglos de retiro forzosos,

Avianca se deshizo de sus servidores mejor protegidos convencionalmente y los reemplazó

por personal de Aces, que gozaba de menos garantías laborales.

En el sector bancario, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEB, prevé una

agudización de la actual crisis financiera, originada en las trapisondas del capital

transnacional. “Nosotros vemos que el sector financiero, a pesar de que el Estado le ha

invertido gigantescas sumas de dinero, va en camino de repetir lo que está pasando en casi

toda América Latina”, dice un dirigente de la UNEB. El Banco Santander está entregando a

sus empleados dos cartas: una de aceptación de una negociación y la otra de despido. Por

supuesto, a la gente le toca negociar su permanencia en el puesto en condiciones precarias.

La reducción de las plantas ha repercutido en la sindicalización: los 15 mil afiliados que

tenía la UNEB hace 5 años se han convertido hoy en 8 mil y pico.

Simultáneamente con la desindustrialización, como está bien documentado, crece el sector

informal de la economía. Carlos Torres, dirigente nacional de la CTC, estima que existen

federaciones departamentales en las cuales el 80 por ciento de sus afiliados pertenece al

sector informal. “En Risaralda tenemos 10 a 15 empresas con sindicato, pero el grueso de la

gente que está en la federación son trabajadores independientes, de plaza, de calles,

productores de pólvora, areneros, de cantinas”. En la industria del vestido prolifera el tipo

de labor que los dirigentes sindicales denominan “trabajo negro”. Es el trabajo que mujeres

y hombres realizan en su domicilio, que es pagado por unidad y resulta muy difícil de

contabilizar. Es una ocupación pésimamente remunerada e involucra a una cantidad de

gente que no se visibiliza. El fenómeno puede observarse con el desarrollo de los “satélites

industriales”: viviendas y pequeños talleres adonde las empresas mandan órdenes de

trabajo. Eso ocurre incluso con una empresa grande y consolidada como es Confecciones

Colombia, Everfit e Indulana, con 1.500 ó 2.000 trabajadores. En el pasado Everfit abrió

talleres rurales en los alrededores de Cartago, en El Retiro, en el oriente antioqueño, y,

como testimonia Gilberto Morales, veterano dirigente sindical del vestido, “cuando

nosotros menos pensamos encontramos que Everfit estaba produciendo yo no sé cuántos

miles de pantalones que no se producían en la fábrica; los hacían en otras partes, en casas,

en talleres, donde reunían a trabajadores y les daban trabajo. Esos trabajadores nunca

estuvieron en el sindicato. Posteriormente el sindicato se dio a la tarea de organizarlos, pero

era muy complicado. Y así no solamente con Everfit sino con todas las empresas. Hoy

todavía hacen esa práctica. Si ustedes ven la ropa que hay en el comercio, se encuentran

con que es hecha en talleres, digo yo, clandestinos, porque eso no tiene nombre; es decir, no

hay una empresa que muestre la cara diciendo: yo soy confecciones tales y estoy

produciendo esto (...) Eso se da hoy en confecciones, en la industria del cuero, en toda esta

rama, que es la que más se presta para eso”.18

Los dirigentes sindicales están convencidos de que el ingreso de Colombia en el Alca,

promovido para 2005, iniciará un nuevo capítulo de ruina para la producción nacional,

tanto industrial como agraria, y creen que no hay una réplica organizada del movimiento a

tal amenaza. Hernando Velásquez, presidente de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y

18 Entrevista con Gilberto Morales, antiguo dirigente de la confección y el vestido. Junio de 2002.

Mineros de Colombia, Utrammicol, estima que “el sindicalismo tiene que proponer

medidas para saber cómo se defiende del modelo y para saber cómo le contesta a la

liberación de mercados. Pero para eso hay que hacer tres cosas en el movimiento sindical.

Primero, cambio de estructuras; segundo, cambio de actitud mental; y, tercero, formación

de dirigentes para las épocas y necesidades que tenemos hoy en día”.

Los trabajadores tienen claro que el país no puede escapar a las exigencias de las nuevas

tecnologías, que a la vez incrementan el desempleo. Lo que ocurre —reflexiona— es que

“si no aplicamos las nuevas tecnologías nos sacan de los mercados nacionales y mundiales,

porque las empresas que no sean competitivas saldrán del mercado”. Por eso la educación

del movimiento sindical tiene que cambiar los parámetros que traía hasta ahora.

Utrammicol, por ejemplo, adelanta con ayuda del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena,

un programa de desarrollo tecnológico, no sin encontrar resistencia de sectores del

movimiento. “Vamos a las empresas a calificar la mano de obra y algunos compañeros nos

han dado la respuesta de que, por calificar la mano de obra, nosotros somos neoliberales

(...) nosotros somos filiales de la CUT, respaldamos a la CUT, pero tenemos un criterio: les

venimos diciendo a los sindicatos que dentro del pliego de peticiones van a tener que

presentar un punto que diga ‘desarrollo tecnológico de la empresa’, porque si la empresa no

se tecnifica se les acaba, y el sindicato tiene que intervenir y discutir de frente cómo se va a

tecnificar la empresa, y por eso tiene que haber un ente regulador del desarrollo

tecnológico, porque si no, los empresarios privados nos traen tecnología pero para 3 ó 4

años, para una empresa coyuntural de ellos, y el país no necesita eso, necesita desarrollo

tecnológico estable. Nosotros hemos propuesto que el gobierno convierta el Sena en el ente

regulador en el sector privado para la transferencia de tecnología, pero que los sindicatos

participen en la empresa y hagan una mesa de trabajo donde digan: ‘Aquí necesitamos tal o

cual desarrollo tecnológico’. Porque el sindicalismo no está haciendo eso, por miedo al

desempleo. Lo que pasa es que si el sindicato no hace eso, la empresa lo hace sola.

4. Salvar a las empresas

Ante la ola de desindustrialización y los desastrosos efectos de la apertura económica, los

directivos sindicales del caucho y del plástico estiman que “hay que empezar a hacer

sacrificios, y si no se hacen los sacrificios las empresas se cierran. De pronto algunos

dirigentes no hemos creído en eso y se nos han venido cerrando las empresas

efectivamente. Digamos que cuando se tiene ya la experiencia hay que hablar claramente

con la gente y mirar a dónde vamos, o estamos abocados en definitiva a un cierre de la

empresa; nos quedamos sin empleo o buscamos algunas alternativas de concertación con

los mismos patronos”.

Los sacrificios laborales de los asalariados encaminados a salvar del colapso a sus fuentes

de empleo han sido más notables en el sector privado. En decenas de fábricas asentadas en

diferentes lugares del territorio nacional los trabajadores, por indicación de los sindicatos,

han permanecido meses y años enteros trabajando sin recibir salario o han acudido a la

toma de las instalaciones, todo en el empeño de forzar la reanudación de labores o, por lo

menos, salvar las acreencias laborales. En otros, más numerosos, han renunciado a

incrementos salariales o aceptado rebajar la planta de personal o la jornada de trabajo legal

para impedir que las empresas se cierren. En un tercer grupo, del que hace parte la conocida

fábrica de calzado Croydon, empresas en liquidación han sido recibidas por sus

trabajadores en dación de pago de sus obligaciones laborales y ellos hacen enormes

esfuerzos para mantener la producción y encontrar mercado para sus productos.

Una asimilación sindical de la crisis opuesta a la que ha prevalecido en la mayoría de las

empresas públicas puede encontrarse en el caso de Telecom. De acuerdo con varios

testimonios allegados, allí se practicaba un tipo de trabajo sindical de grupo, ajeno a la

situación de la empresa, a las realidades del sector y a la marcha de la tecnología. Meses

antes de que se produjera —junio de 2003—, la intervención gubernamental que dio el

primer paso efectivo para la privatización de la empresa, declarada inviable, un veterano

dirigente sindical de izquierda planteaba las cosas así: “El movimiento sindical cree que el

dirigente sindical y el afiliado deben dar la espalda al corredor donde se desenvuelven las

empresas, que el problema de la subsistencia, del desarrollo, de la consolidación de las

entidades donde nosotros estamos, en especial las estatales, es un problema del Estado, del

Gobierno y no nuestro. Yo diría que es todo lo contrario, nosotros somos realmente las

personas que nos mantenemos en ellas; los gobernantes son transitorios (...) Nosotros

debemos acompañarnos con propuestas, con una nueva actitud, con un nuevo compromiso

desde el punto de vista de la producción y de buscarle a Telecom un perfil ante la sociedad

colombiana mucho más proactivo; de lo contrario, vamos a ser también, como en muchas

empresas del Estado, corresponsables de su liquidación”.

5. Declive de la negociación colectiva

La negociación colectiva está de capa caída entre nosotros. Hay una inclinación acentuada

de los patronos a acabar con esa figura legal y transformar las relaciones laborales en

contratos civiles, lo cual encaja dentro de la imaginativa empresarial contemporánea:

empresa y negocio sin intermediación.

La modalidad de “cooperativas de trabajo asociado”, aparecidas durante la administración

de Ernesto Samper, se ha convertido en el gran verdugo de la negociación colectiva y la

organización sindical. Al contratar con ellas el empresario hace tres ahorros: tiene un costo

fijo de mano de obra, no paga prestaciones sociales y no lidia con sindicatos. La

transnacional Unilever, por ejemplo, en aplicación de su política de poner término al

contrato indefinido, ofrece al trabajador, candidato al despido, 8 millones de pesos por cada

año de servicio a la empresa; los operarios reciben sus millones y a cada grupo de 20 de

ellos la empresa le organiza una cooperativa de trabajo asociado. Esos mismos trabajadores

que ayer eran empleados directos, hoy hacen parte de la cooperativa, que como ente

jurídico es la que suscribe el contrato de trabajo. Las antiguas ligaduras laborales pierden

toda presencia, mientras la fábrica mantiene o incrementa su producción.

Los sindicalistas señalan que en la modalidad de las cooperativas de trabajo asociado el

trabajador ya no tiene un contrato laboral sino un contrato de tipo comercial y todos los

costos fijos que antes manejaban las empresas son trasladados al trabajador. Rubros como

los de mantenimiento de maquinaria, cargas parafiscales, cotizaciones para salud y pensión

de los trabajadores ya no son asumidos por la compañía sino por las cooperativas. Así, esta

figura ha sido hábilmente utilizada por los empresarios para deslaboralizar sus relaciones

con los asalariados.

Las consideraciones de la OIT sobre este tipo de relaciones laborales contemporáneas

aparecen expresadas así en uno de sus documentos: “Con la mundialización de la economía

y los progresos de la tecnología, el margen de maniobra de los Estados ha menguado

sensiblemente. Al mismo tiempo (...) el índice de sindicación (sic) baja y las asociaciones

patronales tropiezan con dificultades. Se pone en tela de juicio la utilidad de la negociación

colectiva. Por lo mismo, las relaciones laborales no parecen estar ya en condiciones de

cumplir plenamente su misión: se acentúa la desigualdad de los ingresos, y la pobreza, el

desempleo y el subempleo llevan a la exclusión social”.19 El informe añade que en esas

circunstancias los trabajadores ceden ante la amenaza real de cierre de las empresas o el

traslado de ellas fuera del país cuando se trata de fundar o reforzar el sindicato. Y los

gobiernos, por su parte, acceden a rebajar las cargas fiscales y parafiscales y aumentar las

regalías y beneficios a la empresas para impedir la fuga de capitales o de las mismas

empresas transnacionales.

Sintraime, el sindicato de la industria metalmecánica, cree que a partir de la Ley 50 de 1990

apareció la diferenciación entre antiguos y nuevos trabajadores de las empresas y los

salarios de los primeros comenzaron a distanciarse cada vez más de los que lograban

obtener sus compañeros de contratos temporales y, peor aún, los enganchados a través de

las cooperativas de trabajo asociado. Aunque la mayoría de los sindicatos del metal se

tornaron minoritarios respecto de las plantas de personal, el sindicato ha logrado que las

empresas reconozcan todavía a los empleados temporales los beneficios de la convención

colectiva y todas las prestaciones. En algunos casos esto da ocasión para que los

empleadores ofrezcan dádivas a los temporales y de una u otra manera los presionen para

que no accedan a la organización sindical. En el caso de las cooperativas los trabajadores

están sujetos a un salario de alrededor de $400.000, sin derecho a ninguna de las garantías

extralegales de que disfrutan los empleados de término indefinido y aquellos contratados a

término fijo. Si las cooperativas de marras siguen extendiéndose, piensan los sindicalistas,

19 Oficina Internacional del Trabajo. El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social, 1997-1998, 1999, p.73.

en casos como el de Colmotores “la contratación va a ser de las peores a nivel nacional,

porque a esta multinacional nos la van a volver un taller de servicios”.

Las forzosas garantías laborales de los antiguos empleados tratan de compensarse con el

mejor trato patronal hacia los nuevos, que no las gozan. El juego ha despertado rivalidades

entre los empleados, que en Colmotores, por lo menos, han llegado hasta a roces personales

entre trabajadores. “No lo podríamos generalizar —dicen los directivos sindicales—, pero

se percibe y se ha expresado de parte de los temporales en muchas ocasiones: ven al

antiguo como un estorbo, dicen que es mejor que ya se vayan a descansar, que se pensionen

y los dejen trabajar tranquilos”. El acto final del drama ocurrió el 24 de mayo de 2003: los

trabajadores descontentos con el sindicato firmaron un pacto colectivo con sus empleadores

y asestaron duro golpe al sindicato industrial, Sintraime, que quedó apenas con 234

afiliados, de los 1.350 que llegó a alojar.20

Avianca ha explotado a fondo las desigualdades sociales y las diferencias salariales que

creó la imposición del nuevo modelo empresarial. Crea entre el personal la imagen del

trabajador antiguo —conflictivo, exigente, perezoso, indiferente a los problemas de la

empresa que le da empleo—, y el trabajador nuevo —inteligente, culto, activo, solidario

con la empresa y, sobre todo, no organizado en el sindicato—. El enfrentamiento de

empresa y sindicato, que lleva ya años, ha provocado roces violentos entre el personal

recién ingresado y los empleados antiguos, que gozan de importantes ventajas

convencionales. El personal nuevo siente que los “viejos” son una carga para la empresa, y

tratan de aislarse de ellos. Los dirigentes del sindicato estiman que “se divide a la gente

entre nuevos y antiguos, entre contratistas y no contratistas, porque en Avianca existen

cantidades de contratistas y unos tienen unos beneficios y otros no tienen nada”.

En algunas empresas, como Transmilenio, el nuevo tipo de contratación se impone como

norma prácticamente exclusiva: trabajo temporal, máximo ahorro de burocracia, salarios

relativamente bajos, buena calidad del servicio, ausencia total de sindicato. Miguel Angel

Pérez, reconocido dirigente de los pequeños transportadores urbanos, dice de los choferes

20 Voz, junio 11, 2003, p.5.

del sistema que, “si bien trabajan 8 horas, se convierten en 10, porque ellos tienen primero

que llegar una hora antes para revisar el carro que van a recibir y tienen que salir una hora

después; además, trabajan turno de 4 horas y entre las primeras 4 horas y las otras 4 horas

más o menos, tienen un descanso de 3 horas, pero 3 horas en que ellos no pueden ir a la

casa a almorzar y se tienen que quedar a almorzar por allá y eso prácticamente son horas de

trabajo también, porque no pueden hacer nada más”.

El desconocimiento que no pocos empleadores tienen de los derechos laborales

establecidos en las leyes, en el Código Sustantivo del Trabajo y en la misma Constitución

Nacional ha enrarecido la atmósfera en que se desenvuelve la negociación colectiva en

nuestro medio, sometido por demás a las presiones que emanan de los escenarios de la

violencia política, el terrorismo y la impunidad.

Las posibilidades de concertación del conflicto se han reducido a ojos vistas. La mayoría de

los sindicatos estima que no hay realmente una política de concertación por parte de los

empresarios: “Ustedes entregan absolutamente todo, o renuncian a su puesto de trabajo por

cualquier cosa, o sencillamente las factorías se cierran”, es el resumen que hacen en el

sector del caucho y los plásticos.

Ciertos grupos sindicales ven las cosas de otra manera, porque “cada cual habla de la feria

según como le haya ido en ella”. Los directores de la Unión de Trabajadores Metalúrgicos y

Mineros de Colombia, Utrammicol, por ejemplo, conceden importancia grande a la

flexibilidad en las negociaciones. “Tiene que aparecer la capacidad de concertar del

sindicato, que tiene que estar documentado, implicado y asesorarse económica y

estructuralmente, porque tienen que sentarse a concertar con las empresas para hacerlas

viables y que la empresa no desaparezca, porque, como no hay empleo, yo tengo que buscar

que la empresa esté para mantenerme empleado. Además, si desaparece una empresa yo

tengo que tener una visión grande; yo estoy afectando al país, y cada vez que desaparece

una empresa estoy abriendo el país a los mercados internacionales para que vengan a hacer

invasión de productos. Entonces, estamos preparando al sindicato para que tenga la

capacidad de concertación y abandone esa vieja idea de que concertar con el patrono es

entregarse al capitalismo. Es que la globalización nos está exigiendo que tenemos que

concertar para conservar el empleo, fortalecer la situación económica del país, mantener

vigentes las industrias y mantener mercados que nos puedan dar capacidad de consumo

externo y de importación. Por eso tiene que concertar el sindicato”.

En Utrammicol estiman que, como ocurre en todas las otras ramas de la producción, a ellos

les violan acuerdos convencionales. Sin embargo, señalan el caso de Cerromatoso, una

productora de níquel en manos del capital multinacional. “Toda su producción la exporta,

todo lo que vende lo vende en dólares; entonces, allá tenemos una muy buena convención,

allá se educan los hijos de los trabajadores, tienen de todo”. Hay empresas donde la

convención se ha reducido a un acuerdo sobre salarios. “No nos quitan las prestaciones,

pero no nos dan nada más. Se negocian salarios, porque las empresas están en dificultades y

hay otras en donde nos han quitado cosas (...) Y hay un caso especial que es Paz del Río,

pero por otras razones. Es una empresa que no se modernizó, que se quedó

tecnológicamente muy atrasada y es una empresa que estamos dejando a ver si podemos

actualizarla en el desarrollo tecnológico, para que vuelva a ser factible. En eso los

trabajadores que nosotros estamos orientando están cumpliendo un papel muy importante

para que la empresa se desarrolle. En términos generales nosotros hemos logrado mantener

los sindicatos”.

Los trabajadores metalmecánicos que se agrupan en Sintrametal tienen una experiencia un

tanto similar a la anterior. En Bogotá las relaciones con los empleadores han sido buenas y

se ha llegado a pactar aumentos salariales de 8 por ciento en promedio, que estiman nada

despreciable frente al incremento anual del 6 ó 7 por ciento del IPC. Los empresarios “no

se quejan, ya que sus empresas van adelante y hasta el momento ninguna empresa ha tenido

ninguna huelga (...) Hasta ahora la negociación colectiva es un derecho que se ha respetado,

no ha sido vulnerado y queremos que se siga respetando. Hemos logrado esos beneficios de

los trabajadores, beneficios muy propios, invitando a esos mismos patrones a hacer cursos y

mirando la capacitación que les dan a sus mismos trabajadores (...) aquí no hablamos

simplemente de sindicalismo, hablamos de cómo el trabajador tiene que orientarse de otras

formas que pueden servir a la propia familia, y eso se ha usado mucho dentro del sindicato,

como también dentro de la junta directiva de las mismas empresas”.

Los trabajadores de la alimentación son portadores de lecciones de negociación todavía más

sugestivas. Alfonso López Freile, directivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la

Alimentación, Afines y Similares, Fentralimentación, describe así el cambio: “En las

negociaciones de los pliegos de peticiones donde habíamos venido siendo cabeza y gestores

de los movimientos huelguísticos, como en el caso de Conalvidrios, el mismo Bavaria,

Gaseosas Colombianas, en todo lo que fue la línea Postobón, dándonos cuenta de que en

verdad Colombia estaba entrando en una crisis industrial muy grande, nuestra federación,

en sus plenos y en sus congresos, y los mismos trabajadores nos pusieron de presente que si

no cambiábamos, si no mejorábamos la relación con los empresarios, seguramente

podríamos hasta desaparecer más rápido de lo que nos tenían predestinado, y eso ha sido

así. Inclusive hemos flexibilizado la mano laboral y en el aspecto de la contratación, de las

negociaciones, hoy inclusive salimos haciendo negociaciones hasta de 4 años en el caso del

sector azucarero, por ejemplo”.

Nos interesamos por conocer qué efectos había tenido ese cambio de actitud y López Freile

acotó: “Nosotros decimos, en el caso de nuestro sector y en las empresas donde hacemos

presencia la persecución sindical en los últimos 10 años ha mermado, y ha mermado por lo

que ya le comentaba: los cambios que nosotros pudimos generar les dieron confianza a

muchos empresarios para respetar así mismo a los sindicatos y respetar a los afiliados. Hoy

podemos decir que nuestros sindicatos gozan de un gran respeto ante las empresas, que

muchas veces cuando hay que hacer cambios inmediatamente es tenido en cuenta el

sindicato para esos cambios”. Con excepción de Unilever Andina —antes llamada Cogra y

luego Cogralever—, que está en plan de eliminar la mediación sindical y el régimen

convencional, las buenas relaciones laborales han venido prevaleciendo en el sector de las

grasas, en Gaseosas Colombianas y en toda la línea de gaseosas, y así mismo en el sector

azucarero.

La OIT considera que la lucha por llegar a consensos laborales está al orden del día en

América Latina. “Las relaciones laborales —expresa uno de sus documentos—, no pueden

entenderse desde el [punto de vista del] conflicto, si se intenta progresar en condiciones

adversas. Un sistema de relaciones laborales enmarcado en la bilateralidad y en el consenso

dentro del centro de trabajo constituye un factor de estabilidad en las relaciones sociales y

favorece una situación en la que es posible ampliar la libertad civil, respetar el imperio de

la ley y garantizar el mayor grado de inversión, crecimiento y desarrollo”.21

La negociación del conflicto laboral se impone frente al antiguo uso discrecional de la

huelga. El conjunto del sindicalismo del sector privado, en todas sus vertientes políticas e

ideológicas, coincide en el criterio de que el escenario opuesto a la concertación —la

huelga— ha perdido, si no todo su valor, sí parte decisiva del mismo, por lo menos en áreas

clave de la vida económica nacional. No solamente eso. Los sindicalistas no creen que para

los trabajadores del mundo subdesarrollado en el futuro regresen los grandes días de la

parálisis laboral, con sus banderas rojas al aire y los jugosos convenios arrancados a la

odiada contraparte patronal. No es que la contradicción capital-trabajo vaya a dejar de

existir, sino que la fisonomía de sus expresiones será distinta.

21 Rueda Catry, Marleen y otros. Tendencias y contenidos de la negociación colectiva. Documento de trabajo No. 88. Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p.51.

Héctor Bermúdez, conocido dirigente comunista, cree, por ejemplo, que en las condiciones

de globalización de la economía bajo la insignia del capital multinacional no hay

condiciones reales para la huelga de tipo tradicional. Lo que tendría valor en un momento

dado, afirma Bermúdez, “no es tanto el paro por el ‘plieguito’ en la empresa, con la huelga

tradicional, sino que son otros mecanismos de protesta, que no excluyen los paros ni los

movimientos (...) Yo pienso que se dan más las protestas generalizadas que buscan

reivindicaciones generales”. El movimiento sindical debe ir más allá, “tiene que hacer una

lucha mucho más política y mucho más global, porque hoy lo que puede funcionar son los

movimientos cívicos. O sea, el movimiento sindical tiene que incidir mucho en el

movimiento cívico para levantar reivindicaciones de fondo, como el derecho al empleo, los

derechos humanos, en fin (...) y serían válidas de pronto no tanto las huelgas, esas legales

que hay, sino serían válidos paros legales si tuvieran un carácter generalizado e inclusive

eso de los paros indefinidos”.

El ocaso de la huelga es una resultante de la desindustrialización del país, de la acelerada

transformación de la relación laboral en contrato civil, de la imposición de la forma de

trabajo temporal y precaria y, en última instancia, de la paulatina desaparición del contrato

colectivo de trabajo, todos los cuales acabaron por romper los lazos de solidaridad que

durante decenas de años habían presidido la acción y la organización de los trabajadores. Al

mismo tiempo, es producto de la imposición al país de un modelo económico

antidemocrático, que marcha de espaldas al mundo social y excluye la participación de los

sectores subordinados. Eso explica por qué la corriente que impulsaba la ampliación del

derecho de huelga desde los años sesenta y que dos décadas más tarde parecía avanzar con

paso firme de la mano de la OIT, fue frenada en seco desde la administración Gaviria y hoy

está totalmente dislocada, en medio de un país más intolerante y más violento. La tendencia

prevaleciente no es democratizar la protesta social sino ampliar todavía más la franja de

sectores y subsectores de la economía que para efectos de huelga son considerados

“servicios públicos”.

De nada han valido los conceptos emitidos por la OIT y por prestantes magistrados y

juristas colombianos: el Congreso se desentiende de la tarea constitucional de establecer

claramente qué se entiende por “servicio público esencial”, en cuyos predios estaría

prohibida la huelga. Por eso las huelgas en el sector financiero siguen siendo

fulminantemente ilegalizadas e intervenidas por la fuerza pública. La UNEB explica las

cosas así: “Hemos hecho varios intentos de huelga y nos ha tocado por las vías de hecho,

porque el Ministerio nos dice que nos va a mandar los funcionarios y un día antes nos dice

que ya no los puede mandar. Entonces, una huelga así es muy difícil de plantear, porque ya

se vuelve una cosa de orden público. En la huelga que hicimos en el Popular [en diciembre

de 2002. Nota del autor] el primer día tuvimos 70 dirigentes sindicales presos y a los

trabajadores los sacaron con revólver en la cabeza; nos sacaron de las cajas a los

trabajadores de esa oficina para poner temporales”.

Pero no todo es resultado de la represión oficial directa y de las amenazas ciertas de los

grupos armados ilegales. La huelga ha perdido terreno y se ha tornado poco menos que

imposible desde que los sindicatos se volvieron minoritarios en las empresas. La huelga

siempre ha sido expresión de las mayorías. Si la mayoría ordena cesar el trabajo, la minoría

que no acepta la decisión debe arriesgarse al choque con los piquetes de huelga que

protegen el derecho a no trabajar y no el derecho de la minoría a trabajar. El derecho al

trabajo involucra el derecho a suspenderlo. Ese ha sido el modelo de la legalidad burguesa

de la huelga a lo largo de la historia. Ahora todo ha cambiado. Las directivas sindicales

acostumbran pasar por encima de los consensos de la masa laboral afectada y en vez de

consultar el estado de ánimo y la situación real en que está el conflicto optan por imponer

órdenes de paro, cerrar a la fuerza accesos a oficinas e instalaciones, impedir por la fuerza

el ingreso de quienes no participan del movimiento, no porque estén en contra del sindicato

sino porque sencillamente no están de acuerdo con la orden impartida o porque ni siquiera

fueron consultados sobre la misma. El ex bancario Miguel Ángel Pérez resume su opinión

en esta frase: “Si la gente no quiere pelear, que no pelee, pero yo no voy a reemplazar a la

gente”.

6. Carácter de la crisis

El mayor debilitamiento del sindicalismo que observamos hoy había sido previsto por los

dirigentes sindicales desde mediados de los años noventa. Roberto Chamucero, hoy

presidente de Fenaltrase, sostuvo lo siguiente en entrevista realizada en marzo de 1994:

“El proceso de desmonte del Estado en Colombia se apresura desde el último año del gobierno

de Barco. Las conquistas de los trabajadores se habían producido no sólo por la capacidad del

movimiento sindical sino como efecto de ese equilibrio de poder internacional, que

desapareció con el hundimiento del socialismo. La represión de los ochenta es clasista y

dirigida a acabar con las organizaciones populares. Eso preparó nuevos golpes en los años

noventa, aprovechando el bajo perfil del movimiento sindical. Es que todo el movimiento

popular está en descenso. Marchamos hacia la internacionalización de la vida, la economía e

incluso la cultura. Eso significa que el capitalismo ha revitalizado su imagen —la

microempresa es parte del fenómeno—.

Las formas ideológicas cambian también: ya no sirve la cooperativa, el sindicato, el partido

político; lo que se necesita es hacer capital a como dé lugar. El dinero ha tomado el puesto

superior de la sociedad y se ha producido una inversión de valores: los sectores progresistas de

la sociedad han perdido la pelea ideológica; la izquierda no convoca y está derrotada

ideológicamente. La pérdida de la perspectiva política hace que la gente se corrompa. Por eso

la política de despidos con indemnización —retiro voluntario— fue decisiva. En la junta

directiva del sindicato del Dane, ejemplo de sindicalismo clasista por muchos años, no quedó

sino un dirigente que no se plegó a la oferta de la empresa. Todo eso explica el reflujo en que

está el movimiento. Hoy se trata de retener lo que se tiene y recuperar lo que se ha perdido; no

se trata de un proceso en expansión de la lucha.

“En el movimiento obrero hay diversidad de criterios pero el debate se está civilizando. Antes

había mucha radicalidad y la suerte de las empresas no importaba al movimiento. Hoy la

organización sindical se preocupa institucionalmente para emprender la lucha. Ahora

Fenaltrase no defiende el puesto de trabajo, sino la función social de la empresa en la

comunidad, la eficiencia de la empresa y del trabajador. Esa imagen anterior, negativa, del

sindicalismo fue manejada por el Gobierno en casos como Colpuertos y Ferrocarriles

Nacionales. Ahora, en lugar de cerrar las empresas, la idea es que ellas funcionen bien (...) No

se trata de defender a ‘troche moche’ la convención colectiva”.

En entrevista concertada en el mismo mes de marzo de 1994, Janeth Corredor, dirigente

nacional de Fenaltrase, hablaba del impacto de los cambios operados en el sector público en

los primeros años de la apertura económica:

“Hubo mucho entusiasmo por la nueva Constitución del 91; el hecho de que en la

Constituyente estuviera Aída Avella22 nos daba más interés. Presentamos una propuesta de

reforma de la Constitución para favorecer a los trabajadores del Estado. Hubo muchas mesas

de trabajo para elaborarla. Pero el marco de la reforma constitucional era el neoliberalismo. El

artículo transitorio número 20 —sobre reestructuración del sector público— sigue siendo

todavía objeto de debate. Así se materializó la tesis de empequeñecimiento del Estado. A la

sombra de eso el Gobierno sacó la Ley 60; con el Decreto 1660 de 1991 inventa lo de las

indemnizaciones por despido. Entonces el movimiento sindical estatal se dividió: unos decían

que eso era un chantaje y otros que era preferible irse con algo a irse sin nada. Se perdió la

pelea en el plano ideológico más que en el político. Se formaron verdaderas cofradías del

Decreto 1660; hubo gente que pidió al Ministro ser incluida en las listas de despidos masivos.

La Corte emitió fallo de censura del 1660 en que dice que no es justo el método y que además

desconoce la voluntad de los trabajadores. Pero ya había hecho mucho daño. Cuando llega el

artículo 20 transitorio de 1992 el movimiento estaba muy debilitado. En todo el año 93

pululaban las asambleas sindicales destinadas exclusivamente a calcular los montos de las

indemnizaciones. La idea es que el Estado salga de toda clase de servicios fundamentales y los

contrate con particulares. La idea es echar a todos los trabajadores débilmente capacitados y

profesionalizar el personal. Se supone que hasta el portero deberá ser un profesional.

“Cuando el movimiento estatal era fuerte se peleaba por mejores salarios para todos los

sectores. El Gobierno se alarmó al ver que el salario de abajo se nivelaba con el de arriba.

Ahora ‘elitizaron’ el salario, como ocurrió en el poder judicial. Con el salario que sobra de los

despedidos se reparte el reajuste de salarios para los que entran a reemplazarlos. Los que

22 Conocida dirigente sindical y política. Hoy en el exilio.

quedan trabajando mejoran sus ingresos hasta en un 300 por ciento, sin necesidad del

sindicato.

“El proceso rompió solidaridades y amistades que tenían decenas de años. Hubo gente que

antes de irse depredó las empresas; gente que no sólo se llevó elementos de trabajo sino

también documentos de asesoría. El Gobierno se vio obligado a derogar todo lo que había allí,

para no salir perdiendo más. Hay el caso del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, cuyo

banco genético fue vendido. ¡Y no hubo ni un mitin para impedirlo! En Cajanal teníamos

2.500 afiliados y quedaron 200 (...) Es el triunfo del individualismo y la obsolescencia de la

organización”.

Sintraincapla es filial de la CUT pero sus directivos desconfían de las capacidades de

negociación de la central y han hecho una lectura sugestiva de lo que le ha pasado al

movimiento sindical colombiano en los últimos años. “Gaviria —afirma uno de sus

dirigentes, en alusión al presidente César Gaviria—, fue el cerebro del desplome y nosotros

aterrizamos también, eso es cierto, aterrizamos porque en ese momento pensábamos que la

revolución estaba a la vuelta de la esquina y Gaviria nos demostró que no era cierto.

Entonces, a partir del momento hay un retroceso del movimiento sindical, pero además el

retroceso está dado también porque perdimos la política, perdimos el norte, o sea, nosotros

todavía estamos en esa época fundacional en donde estamos hablando de los problemas

económicos de la clase obrera pero no estamos hablando del problema de la clase obrera; es

decir, no estamos hablando de la subsistencia de la clase obrera como ente. Perdimos la

política”.

“¿Qué es lo que está en crisis? —se pregunta Héctor Bermúdez, presidente de la CUT

Bogotá y concejal de la misma ciudad, y se responde:— En crisis está el núcleo que se

llamaba clase obrera. ¿Por qué? Porque se agotó la incipiente industria que había en el país

y entonces hoy la manufactura viene de afuera. Hoy es importante la clase obrera en el

Japón porque produce muchas cosas; de pronto también en Francia. A pesar de eso, tiene

sus dificultades. Pero a raíz de la apertura y la globalización estos países que no lograron su

desarrollo, su gran cuestión no es la de la clase obrera sino una serie de trabajadores en la

informalidad que no tienen esa connotación. En los últimos tiempos, ¿dónde ha sido más

fuerte la lucha de los trabajadores? En los sectores de servicios, como la salud, la

educación... En fin, con un modelo de estos tan antihumano usted cierra los hospitales y

entonces aprovecha para no volverlos a abrir; usted cierra los colegios y al Gobierno le

importa un pito que la gente sea seis meses más bruta; eso no tiene problema”.

7. El papel de la violencia

A la ofensiva empresarial contra los sindicatos —típico caso de persecución sindical,

contemplado en la ley pero del cual nadie habla ya—, hay que añadir la conversión de esas

organizaciones en blanco predilecto de la guerra interna que soporta el país. Desde el

comienzo de los años ochenta, paramilitares y guerrilleros se sumaron a la campaña

antisindical mediante la eliminación de organizaciones y líderes que no se sujetasen a sus

designios. Hoy, decenas de juntas directivas sindicales actúan virtualmente en la

clandestinidad e incluso se ven obligadas a operar desde municipios distintos de los de su

sede legal, para escapar de la muerte. Sintrametal, una entidad de cubrimiento nacional,

confiesa que tiene mucha dificultad para lograr que algún trabajador acepte cargos en la

junta directiva “por el temor de ser borrados del mapa, tanto sus vidas como las vidas de

sus familiares”. Casi la totalidad de la subdirectiva de Cali, por ejemplo, ha sido

“boleteada” por paramilitares y guerrilleros.

Asesinatos de sindicalistas

Años 1991-1999

Año Totales De base Directivos

1991 109 91 18

1992 148 98 50

1993 216 190 26

1994 113 86 27

1995 181 149 32

1996 253 227 26

1997 156 117 39

1998 91 62 29

1999 69 50 19

Totales 1.336 1.070 266

Fuente: ENS. Cuadernos de derechos humanos, No. 8, p.48.

Amenazas, atentados, desapariciones y secuestros de sindicalistas

Años 1996-1999

Tipo de violación Total 1996 1997 1998 1999

Amenaza de muerte 1.273 -- 278 319 676

Atentado 74 42 9 10 13

Desaparición forzada 33 16 10 3 4

Secuestro 40 -- 9 9 22

Detención arbitraria 90 52 -- 9 29

Desplazamiento forzado 900 -- 342 530 28

Fuente: ENS. Cuadernos de derechos humanos, No. 8, p.48.

Entre el 6 y el 16 de febrero de 2000 una misión de contacto directo de la OIT visitó el país

con el encargo de verificar las denuncias de las centrales obreras y de varias ONG sobre

violación de derechos sindicales y campaña de exterminio del movimiento. Desde entonces,

los asesinatos y desapariciones de líderes han disminuido relativamente, debido más que

todo a las medidas de protección adoptadas por las organizaciones con ayuda del gobierno

colombiano y de entidades extranjeras, incluido el gobierno norteamericano. Pero el control

de los grupos armados no cesa y en cualquier oportunidad aparecen los nuevos muertos.

El informe de la ENS sobre derechos humanos de los trabajadores para 2002 revela que

entre el primero de enero y el 30 de noviembre se presentaron en el país 573 violaciones de

derechos humanos: 172 homicidios, 7 desapariciones, 164 amenazas de muerte, 26

secuestros, 17 atentados personales, 132 detenidos arbitrariamente y 80 exiliados. Respecto

de 2001, el total de violaciones a la vida, la libertad y la integridad rebajó en 40 casos,

aumentaron las violaciones por parte de las fuerzas insurgentes y hubo aparición de

violaciones en zonas geográficas que tradicionalmente no presentaban altos índices —

Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo—. “Contra la tesis que hace de la omnipresencia de la

guerra la causa de todos los males del país —afirma el documento—, tenemos que decir

que en 2002, como lo ha sido en los últimos años, del total de 537 violaciones registradas al

derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas, el 77 por ciento tiene

como causa el ejercicio de la actividad sindical y sólo el 17 por ciento remite a acciones

directamente ligadas al conflicto armado que se vive en el país”. El 17 por ciento son

amenazas de muerte a grupos de trabajadores y acciones armadas contra sedes sindicales, y

del total de los asesinados en ese año, 155 (el 90 por ciento) pertenecían a la CUT (79 de

ellos a Fecode). Los grupos paramilitares aparecen como responsables del 16 por ciento de

los homicidios y la guerrilla del 12,7 por ciento. En la mitad de los casos no se conoce a los

responsables.23 Colombia volvió a “lucirse” en el plano internacional. De acuerdo con el

informe anual de la Ciosl para 2002, en ese año los trabajadores asesinados o desaparecidos

en el mundo entero sumaron 223, de los cuales 201 fueron en Colombia.24

En no pocos casos de violencia antisindical los sindicatos han señalado a las empresas

como instigadoras o por lo menos tolerantes de los atentados y crímenes contra los

trabajadores y sus sedes gremiales. “El pasado lunes 14 de abril la Corte del Distrito Norte

de Alabama, EU, hizo público que Sintramienergética —sindicato que representa a los

mineros del carbón de Colombia—, puede seguir con la demanda que interpuso el año

pasado contra su empleador, la Drummond, por los asesinatos de los líderes sindicales y

empleados de esta multinacional Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler,

ya que ve indicios de culpabilidad de la Drummond en esos asesinatos extrajudiciales —

perpetrados por grupos paramilitares— y en la violación de la libertad de asociación (...) La

Corte consideró que la Drummond ha violado los artículos 20 y 23 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 de la Convención Internacional sobre

Derechos Civiles y Políticos y las Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional

del Trabajo (...) Tras conocer la decisión de la Corte, Jeff Vogt, abogado asistente en el 23 El Mundo, enero 20, 2003, p.1B.24 El Colombiano, mayo 1, 2003, p.3D.

International Labor Rights Fund, dijo que ‘espero que esta decisión sirva de advertencia

para las multinacionales y transnacionales como la Drummond, particularmente las que

están operando en Colombia, para que se den cuenta de que no están por encima de la ley.

Que sepan que vamos a responsabilizarlas de su participación en la violación de derechos

humanos’”. Los demandantes estuvieron representados por el International Labor Rights

Fund y United Steel Workers of America —sindicato del metal de EU—.25 Las dos

entidades demandaron a Drummond, Coca Cola y Occidental Petroleum, y el director

ejecutivo de la primera afirma: “Estamos alegando que estas multinacionales tienen nexos

con los paramilitares y que usan a esos paramilitares para intimidar y asesinar a los líderes

sindicales”. Coca Cola y Drummond negaron la acusación, “pero en esos dos casos las

Cortes han tomado decisiones a nuestro favor”.26

8. La imagen de los sindicatos

25 Voz, abril 30, 2003, p.4.26 Voz, junio 4, 2003, p.5.

Los problemas internos de los sindicatos, las concepciones que abrigan y la imagen que

proyectan en su entorno constituyen lo que podría considerarse la parte subjetiva de la

actual crisis sindical. Desde que ella comenzó las organizaciones vienen empeñadas en

comprender críticamente su pasado y proyectar formas de supervivencia, pues casi nadie

cree en la desaparición ineluctable de los sindicatos. Están convencidos, eso sí, de la

imperiosa necesidad de su transformación en expresiones organizativas y políticas que,

como es lógico, irán definiéndose en el camino. En la controversia que ese ejercicio suscita

no prevalece el conflicto generacional, que de todas maneras es visible, y se observa más

bien el juego de tendencias políticas e ideológicas, particularmente entre una izquierda

pragmática, avezada en la lucha y dispuesta a participar en el cambio, y un sector

reformista, más liberal que democrático, al cual sus contrincantes identifican falsamente

como “la derecha”. La tendencia radical, que sigue esperando hacer de las organizaciones

sindicales fortines ideológicos intolerantes es francamente minoritaria en la actualidad, y la

verdadera derecha, identificada con las formas dictatoriales de Estado, es marginal en el

sindicalismo colombiano.

Más bien hay que decir que el movimiento sigue portando la tradición antidemocrática de

los partidos tradicionales. En sus mejores épocas entró a ser orientado por núcleos políticos

activos y eficaces, pero tan intolerantes como sus adversarios del bipartidismo. No crearon

una base participativa y deliberante, sino centros de autoridad un tanto demagógicos, y

cuando se produjo el cambio al modelo económico neoliberal las huestes sindicales,

aisladas durante decenios del conjunto del universo laboral y de la población menuda,

expertas apenas en el manejo de sus intereses gremiales y reivindicatorios, no tuvieron

fuerza política para organizar la resistencia. Por el contrario, el grueso de la masa laboral,

que echa toda la culpa de sus males a los dirigentes sindicales, optó por negociar con las

empresas su retiro del campo de lucha.

Cuando empezó a aplicarse la nueva legislación de corte neoliberal, el movimiento no pudo

reaccionar mayormente. “Los trabajadores se quedaron esperando que los dirigentes les

resolvieran el problema y terminamos echándonos la culpa entre nosotros mismos”, afirma

Héctor Bermúdez. Con la excepción de 5 ó 6 organizaciones sectoriales —magisterio, salud

pública, electricidad, rama judicial, agroindustria del banano—, las demás son fuerzas

dispersas y desiguales, que además socavan continuamente el escaso margen de acción de

aquéllas. En esas circunstancias no es posible unificar el movimiento sindical dentro de

objetivos fundamentales.

Las actuales directivas atraviesan crisis y aun parálisis porque no encuentran recepción y

apoyo de las bases, atemorizadas por el peligro de perder el empleo. “Hay capacidad de

análisis, hay capacidad política, pero debilidad en la convocatoria y debilidad en las formas

de respuesta”, confiesa un dirigente de la UNEB. Los sindicatos se han vuelto sinónimo de

problemas personales para los empleados, cuyo pensamiento define así el dirigente

bancario: “Del sindicato no quiero saber nada porque ahora no me está resolviendo los

mayores problemas y me causa más líos porque la empresa me ve ubicado con el sindicato

y lo que hace es despedirme”.

La precariedad de la labor educativa en el movimiento sindical es una gran traba para el

desarrollo de un sindicalismo de cara a los sectores populares y portador de propuestas

políticas. “No tenemos centros de capacitación serios; lo que hay son seminarios

coyunturales o institutos que tienen unas vidas efímeras o que, desde el punto de vista de lo

ideológico y de lo político, dependen de los aparatos organizativos políticos. De ahí se

desprenden comportamientos como el sectarismo, como las conductas rígidas, como las

reflexiones muy cerradas, estrechas. Los conceptos amplios, osados, que se requieren en

este momento no los practicamos porque traemos una conducta muy pequeña, una

concepción del mundo muy estrecha”, es la consideración que hace un dirigente sindical

comunista.

Juan Vicente Obrerón, secretario de educación de Sintraimagra, sostiene lo siguiente:

“Considero que el sindicalismo va como en declive, aunque ese es un fenómeno mundial,

no tanto por las políticas patronales como por las mismas consecuencias internas del

sindicalismo, de la gente que se acostumbra a un cargo, que se duerme dentro de ese cargo,

que no se preocupa por capacitarse. Es uno de los fenómenos más preocupantes. Yo he

estado muchas veces como secretario de educación y es una lucha muy intensa para lograr

que las juntas directivas aprueben un plan educativo eficiente, coherente. Uno ve cómo con

facilidad y folclóricamente se destinan ciertas partidas para cosas de parrandas —

digámoslo así para no darle tanta vuelta—, pero para conseguir platica para hacer un curso

o para mandar a unos compañeros a estudiar casi terminan es madreándolo a uno”.

Desde luego, la situación de atraso cultural y político que sufren unos sectores no puede

aplicarse al conjunto del movimiento. Lo que resalta en el panorama es tal vez todo lo

contrario: la aparición de equipos dirigentes que conocen los problemas del país, de sus

empresas y de su entorno inmediato —otra cosa es que acerca de eso saquen conclusiones

contradictorias e incluso ingenuas—. “Hoy se hace más investigación y el movimiento

sindical tal vez estudia más que en las épocas gloriosas”, opina Bermúdez y añade: “Hoy

estudian ya no sólo los sectores de izquierda, hoy estudia todo el mundo; hoy ya usted

encuentra dirigentes sindicales que manejan cifras. Allá en los años setenta se les

preguntaba cuánto era el presupuesto nacional y eso era un secreto del Ministro de

Hacienda”.

Lo que sigue fallando es la formación ideológica de los trabajadores y el cultivo de los

principios de solidaridad y honestidad política de los dirigentes. Aunque la corrupción

política ha sido fenómeno tradicional en las filas del sindicalismo colombiano, ningún

dirigente se atreve a denunciar hechos concretos y menos aún nombres comprometidos.

La generalidad de los líderes piensa que pasó definitivamente la época del sindicalismo de

empresa y que lo que hoy se impone es la organización por ramas de la economía, una

buena porción cree que no ha cesado todavía el papel de las tradicionales federaciones —

nacionales y de rama industrial—, y la totalidad de los directivos asigna papel decisivo a la

instancia superior, la confederación, de la cual depende fundamentalmente la orientación

política. No obstante, la idea más audaz consiste en convertir la forma confederación —

reunión de federaciones— en la forma central sindical, basada en la afiliación directa, tanto

de sindicatos —nacionales y por rama industrial, preferiblemente— como de trabajadores

individuales, sin mediación de sindicato alguno y pertenecientes tanto al sector formal de la

economía como al informal. Sólo bajo esta nueva expresión, se afirma, podría salvarse la

organización sindical en el futuro.

El cambio de la estructura orgánica reclama una transformación simultánea de las prácticas

políticas programáticas. Con la aparición del Frente Social y Político, nacido en la entraña

sindical, ha empezado a emerger una fuerza que desarrolla un programa alternativo,

independiente de los focos clientelistas del bipartidismo y gobernada por la idea de unidad

y democracia, que es la primera exigencia de cualquier empresa que se impongan los

sectores sociales subordinados. Sin embargo, las tradicionales disparidades grupistas no han

demorado en reaparecer. El Frente logró proyectarse en una alianza electoral endeble y

contradictoria, el Polo Democrático, pero para las elecciones municipales y

departamentales de octubre de 2003 el todavía fresco proyecto de poder democrático ya irá

dividido. Por un lado, un grupo denominado Polo Democrático Independiente, y por el otro

el mismo Frente Social y Político.

Ese tipo de confusiones debilita profundamente las articulaciones de la maquinaria laboral.

Las últimas elecciones directas en la CUT —octubre de 2002— fueron una oportunidad

para confirmarlo. Aunque los grupos de izquierda —que de ser mayoría pasaron a tener

apenas 9 de los 21 miembros del comité ejecutivo de la CUT—, sostienen que la central

tomó una orientación de derecha, proclive a los proyectos del gobierno de Uribe Vélez, la

verdad es que se produjo una renovación de los cuerpos directivos en favor de tendencias

reformistas, socialdemócratas, favorables a la negociación de los conflictos pero en manera

alguna claudicantes. La aparición de dirigentes y activistas ganados por ideas de derecha —

en la región bananera de Urabá y el Magdalena, que se sepa—, ha sido el fruto de la

violencia, de los métodos de fuerza utilizados por los grupos armados ilegales sobre los

sindicatos y la población de esas regiones, e igualmente de los persistentes errores

cometidos allí —como en el Magdalena Medio— por los grupos de izquierda, como lo sabe

todo el mundo.

La nueva dirección de la CUT es tan antidemocrática e intolerante como la anterior, aunque

puede resultar más propositiva y realista. Ostenta, sin embargo, una composición sectorial

nada confiable, así ella sea el reflejo de la debilidad extrema a que han llegado algunos

sindicatos, sobre todo del sector privado: la mayoría de los miembros del comité ejecutivo

pertenece al sector terciario de la economía, con peso abrumador del magisterio oficial y la

presencia de los sectores ligados a la producción, se desdibujó todavía más. Con un

agregado funesto: el ingreso en masa de los educadores fue resultado de un cálculo

electoral y no político —dar mayor cabida al sindicato más voluminoso de la central,

Fecode, así durante años su afiliación a la central no hubiese pasado de formal—, y de

contera se operó bajo una inspiración nada santa: prolongar la tenencia de fuero sindical a

líderes docentes que, por estatutos, no podían ser reelegidos a sus cargos en el sindicato

magisterial. Fecode se apoderó de la CUT sin amarla ni admirarla, y con un dejo de

desprecio en los labios. Esta es la impresión recogida de las entrevistas y contactos con

dirigentes de todas las vertientes políticas que el autor ha realizado en los últimos 10 años y

que han sido utilizados en la elaboración del presente documento.

Sea como fuere, las elecciones de 2002 han dejado una estela de desesperanza porque no

sirvieron para fortalecer la unidad y sobre todo la confianza política de las filas sindicales.

El problema es que la tarea que se planteó la CUT desde su fundación —convertirse en una

organización independiente, pluralista y democrática—, resultó contrapuesta por entero a la

marcha de los acontecimientos del país. Es una negación de las tendencias predominantes

en la nación y no tiene fuerza suficiente para torcerlas.

Una labor de esa naturaleza ni siquiera pertenece a alguna organización gremial: es propia

de un amplio movimiento político de los sectores democráticos nacionales, que no existe.

Por eso, si la CUT —en las actuales condiciones de crisis de la economía colombiana—,

abandona la senda contestataria y proyecta sus acciones a un escenario propositivo,

conciliador del conflicto pero al mismo tiempo amarrado a compromisos con amplios

sectores del pueblo trabajador y no sólo con el sector formal y “convencionado”, es posible

que encuentre nuevas formas de supervivencia y aun de recuperación. La presente no es la

única crisis que ha sufrido el movimiento, ni es necesariamente la peor, aún así los

trabajadores han sabido encontrar siempre los caminos para seguir adelante.

Entre tanto, el debate político interno sigue en pie. Los dirigentes sindicales coinciden en

señalar, en primer término, la conformación de grupos políticos y su inevitable

enfrentamiento en los organismos de dirección de la CUT. Los trabajadores son enemigos

históricos de las pugnas de grupos y por eso algunos exageran las consecuencias que ha

tenido la lucha interna, en muchos casos no regida por principios sino por conveniencias

partidarias. Como la mayoría de los afiliados no tiene compromisos partidarios —que son

fundamentalmente de izquierda y de centroizquierda—, se siente ultrajada y engañada por

la marcha de los acontecimientos y sigue creyendo que en la dirección de la CUT no hay

más que una pugna de grupos, no un debate de principios concernientes a toda la masa

asalariada.

La democratización del sistema electoral —elección directa de los afiliados en vez de la

tradicional elección por parte de delegados de las organizaciones—, no ha convencido

enteramente a las bases sindicales, pues en las dos oportunidades de elección directa hasta

ahora cumplidas, la abstención se acercó a la mitad del electorado potencial. No hubo el

entusiasmo que se podría esperar y muchos candidatos “seguros” se hundieron sin remedio,

mientras otros que estaban “caídos” reaparecieron con todas sus luces. La elección de

personas y no de listas, la exigencia de campaña personal propia y de presentación personal

de los candidatos en las diversas regiones, son actividades que demandan fondos, de los

cuales no todos disponen. Entonces surgen los interrogantes.

La lucha de ideas, que se presenta como lucha de tendencias partidarias, es conveniente

para los trabajadores porque fortalece sus criterios y sus organizaciones. Lo que hace daño

es la pugna sin principios y la inclinación recurrente a imponer puntos de vista en

obediencia de directrices partidarias. La más intransigente de esas tendencias es

precisamente la que no cree en el debate democrático y sigue empecinada en que la Central

Unitaria se rija por una sola concepción ideológica, cosa que contradice el espíritu de toda

organización sindical y echa por tierra el proyecto democrático unitario.

En el sector financiero, en algunos núcleos de la metalmecánica y la minería y en las filas

magisteriales y de la salud pública puede observarse una marcada preocupación por los

“principios clasistas”. Algunos, jóvenes y veteranos, están alarmados por el avance de las

ideas socialdemócratas y la reaparición de concepciones de derecha, proclives al gobierno

actual y aupadas, según ellos, por grupos paramilitares. Un dirigente bancario afirma que en

las últimas elecciones presidenciales —mayo de 2002— “hubo secciones de varios

sindicatos que apoyaron nítidamente a Uribe, le declararon respaldo. Y otra gran cantidad,

que creo que fue la mayoría del sindicalismo, apoyó a Serpa. Y se supone que deberían

haber apoyado a Lucho [Luis Eduardo Garzón, ex presidente de la CUT]. Solamente

quienes estábamos planteando la construcción de la propuesta alternativa, distinta a los

partidos tradicionales, respaldamos a Lucho. Muchos sectores del sindicalismo hicieron

campaña abierta por Serpa, que hasta uno se lo pasa, pero ya campaña con Uribe, ya ahí las

cosas son a otro precio y hay unas distancias muy grandes desde el punto de vista

filosófico, político y económico. Creo que ese tipo de fracturas se van a evidenciar en la

polarización interna”.

9. El sindicalismo que tenemos

¿Cuál es, pues, el tipo de sindicalismo que está desarrollándose en la actualidad en nuestro

medio?

El nacimiento de la nueva proyección alternativa a fines de 1986 se produjo en medio del

mayor caos político y organizativo de las filas sindicales tradicionales, y las diversas

corrientes debieron jugársela toda para concretar el proyecto de central unitaria que venía

andando desde la expulsión de los comunistas de la CTC en 1960. En 1986,

repentinamente, desaparecieron puntos de referencia e identidad política muy valiosos para

los trabajadores: de un lado, la referencia del sindicalismo tradicional, personificada en la

UTC, la más grande e influyente confederación sindical de las últimas cinco décadas

anteriores; de otro lado, la referencia de izquierda, más adiestrada y eficaz, que había

nacido como tal apenas en 1964 pero hundía sus raíces en la combativa CTC de los años

treinta. Ese modelo bipolar dejó de existir y nuevas y dispares fuerzas políticas entraron a

disputar el escenario. Por lo demás, el derrumbe del sistema socialista en 1989 cortó de un

tajo toda esperanza de edificar un mundo del trabajo supuestamente redentor de la

humanidad.

El cambio resultó todavía más complicado porque cuando el nuevo movimiento alternativo

estaba apenas iniciando su marcha se produjeron las primeras descargas de la “apertura

económica”. Entre 1990 y 2001 el sindicalismo fue en gran manera descoyuntado por las

políticas de mercado: desindustrialización de la “economía, desaparición de empresas de

todo tamaño, privatizaciones y achicamiento del aparato del Estado, precarización del

contrato de trabajo y fortalecimiento del empleo temporal, imposición de prácticas de

relación obrero-patronal directa, sin la mediación sindical.

Para completar el cuadro de dificultades, el conflicto armado interno del país alcanzó los

mayores niveles y por el mismo sendero transitó el uso de la violencia contra los sindicatos

y sus líderes. Téngase en cuenta además que la creación del nuevo modelo sindical viene

ocurriendo en medio del extendido descrédito de la actividad sindical por efecto no sólo de

la propaganda empresarial sino también de las prácticas antidemocráticas y las expresiones

de corrupción que el sindicalismo ha tolerado en algunas de sus instancias.

La transformación cultural de las filas laborales, la marcha hacia la conquista de otras

referencias e identidades políticas es lo que tenemos en la actualidad ante nuestros ojos.

Como en todo proceso social, ese camino no será recto ni siempre ascendente. Con todo, no

hay que dejarse llevar de las apariencias. La crisis social ha afectado al conjunto del

movimiento popular colombiano y no sólo al sindical, y el sindicalismo ha sido el sector

que ha podido responder al desafío con la mejor capacidad organizativa. Sigue al frente de

la movilización popular urbana del país, como antes de la “apertura”, así haya perdido la

iniciativa en el campo, por obra exclusivamente de la lucha armada. La idea de una

supuesta desaparición de los sindicatos habla con el deseo.

La labor de recuperación del movimiento sindical que tiene lugar en toda América Latina

marcha sobre una base política que no existía antes: el extraordinario movimiento en

defensa de los derechos humanos que agita a hombres y mujeres de todas las latitudes.

Estos mismos parámetros rigen para el diseño de las nuevas relaciones de trabajo en todas

partes y la Constitución Nacional de 1991 va en esa dirección, así los sindicatos no quieran

reconocerlo. La comunidad internacional, incluidos organismos gubernamentales, ha

rodeado de solidaridad las denuncias hechas por los trabajadores colombianos, y ello ha

llevado a los gobiernos colombianos a adoptar medidas de protección de líderes y sedes

sindicales e introducir cambios de la legislación laboral que favorecen los derechos de los

asalariados. Hay que recordar que Colombia es el segundo país latinoamericano

socialmente más inequitativo y que hace parte de los países del mundo más atrasados en

materia de libertad de asociación, negociación y huelga. Lo acompañan allí Chad, Liberia,

Etiopía, Malasia, Nigeria, Bangladesh, Corea, Japón, Bolivia y Ecuador. Más todavía, los

organismos internacionales de derechos humanos y la misma OIT consideran a nuestro país

como el que ofrece el mayor peligro para la actividad sindical.

No resulta, pues, nada fácil enderezar los aparatos de lucha. Al mismo tiempo, el

movimiento está obligado a explicarse —y explicar a los trabajadores— por qué razón

ciertas reformas económicas y laborales presentadas por los gobiernos de los últimos años,

tomadas en conjunto, se han impuesto sin que los sindicatos hayan podido impedirlo, a

pesar de haber desplegado importantes movilizaciones contra ellas. Los sectores de

izquierda argumentan que la coyuntura política internacional, a partir del derrumbe del

experimento socialista y la formación de un mundo unipolar, no favorece la acción de los

trabajadores, y que la desmejora de la situación política interna por el agravamiento de la

confrontación armada y el recrudecimiento de la violencia contra el sindicalismo tornan en

buena medida nugatorios los esfuerzos del mundo del trabajo para abrir un espacio de

acción democrático, primera condición para que el movimiento pueda escapar de la crisis

que soporta.

El sindicalismo opina que la crisis social del país ha sido ocasionada por la imposición del

modelo de desarrollo neoliberal por el capital transnacional, que los trabajadores no son los

culpables de esa situación y que por tanto no son los llamados a pagar los platos rotos.

Agregan que los sindicatos han cedido en sus pretensiones contractuales para impedir la

desaparición de muchas empresas y piden que los sacrificios se extiendan a los

empleadores y que éstos cesen en su práctica de exigir el rechazo de la organización

sindical como requisito para acceder al empleo.

Sin embargo, es posible que el movimiento no haya evaluado suficientemente algunos

factores de su vida interna que pueden estar dificultando la defensa de sus filas y

acentuando su aislamiento político. Mencionamos aspectos como los siguientes:

identificación con las demandas de amplios sectores populares no organizados, víctimas de

la exclusión capitalista; organización de trabajadores temporales, informales y

desocupados, y acompañamiento solidario a sus luchas; defensa intransigente de regímenes

laborales especiales y ventajas prestacionales extralegales que aumentan las dificultades

financieras de las empresas y hacen aparecer como privilegiados a quienes las usufructúan;

excesos de burocratismo y abusos de poder de los dirigentes respecto de los trabajadores de

base; manejo laxo de las responsabilidades éticas en las juntas directivas sindicales y

silencio de sus mandos nacionales ante denuncias fundadas de corrupción administrativa en

algunos sindicatos; falta de diversificación de los servicios sindicales prestados a sus

miembros; falta de una condena inequívoca de todos los factores de violencia política y

rechazo enfático y claro del uso de la violencia por cualquier actor social. Nos asalta, por

ejemplo, una preocupación ¿cuál es la composición actual del gasto de los sindicatos? Las

bases y la opinión pública tienen derecho de conocerla y ello sería de gran utilidad para

desvanecer malentendidos e infundios en torno a la situación financiera de las

organizaciones laborales, sobre todo las más grandes.

“El trabajo en el mundo. Relaciones laborales, democracia y cohesión social, 1997-1998”,

memoria de la OIT publicada en 1998, hace una interesante enumeración de algunas

debilidades que se observan en la organización sindical contemporánea, que vale la pena

recoger para nuestro caso. Las hemos seleccionado y ordenado de la siguiente manera:

a) Los sindicatos tienen poco contacto con las nuevas generaciones de

trabajadores, que enfrentan un doble problema: una mentalidad y cultura

desconocidas por los líderes sindicales y mayores dificultades para encontrar

empleo y permanecer en él. Para ellos el sindicato no representa una necesidad

política o moral sino un riesgo ante sus empleadores. Los jóvenes quieren ser

distintos de sus padres y abuelos, y tienen derecho a ello. Prefieren la

responsabilidad individual a la colectiva, porque anhelan sobresalir y ascender

laboralmente en forma tan rápida como puedan. El empleador está interesado

casi en lo mismo, pues el viejo trabajador le representa mayor carga y menos

rendimiento. Las empresas buscan sangre joven para extraer mayor plusvalía y

afrontar menos problemas laborales.

b) Hay burocratización de muchos líderes, más interesados en ejercer autoridad y

ganar ascenso político que en solucionar problemas de sus electores.

c) Algunos sindicatos no permiten las tendencias ni la oposición democrática en

sus filas. Toda disidencia es catalogada como patronalista, y eso envenena la

conciencia del joven, que no soporta el inmovilismo ni el unanimismo.

d) En los sindicatos falta actividad política, cultural, social, de esparcimiento y

deporte. En los cinco países de más alta tasa sindical —Bélgica, Dinamarca,

Finlandia, Suecia, Islandia—, existe seguro de desempleo administrado total o

parcialmente por los sindicatos. Algo similar pasa con el seguro social de los

sindicatos en Taiwan y Argentina y pasaba en Israel.

e) Es deficiente el ejercicio de la democracia en la composición de los entes

directivos. Las mujeres son mayoría o casi mayoría en campos como el

magisterio, la salud pública, la rama judicial y el sector financiero, pero su

acceso a los puestos directivos es más difícil y sinuoso que el de los varones. En

muchos casos las mujeres no se sindicalizan porque no encuentran un ambiente

creativo, respetuoso y acogedor en los sindicatos. Y lo mismo les pasa a los

jóvenes.

En el caso colombiano habría que añadir que algunas buenas ideas encaminadas a

modernizar las estructuras sindicales, aprobadas en congresos y reuniones plenarias de la

dirección de la CUT, no vienen poniéndose en ejecución. Nos referimos, por ejemplo, a la

afiliación individual de miembros, la afiliación de entidades no sindicales, la organización

de desempleados, las elecciones directas cada 4 años —las últimas de la CUT tuvieron

lugar en octubre de 2002, un año largo más tarde de lo establecido—, y falta instituir la

revocatoria de mandatos por los afiliados.

Ahora bien, el cambio democrático en las relaciones de trabajo internas no se va a producir

a corto plazo. La misma OIT ha acumulado suficiente experiencia para sostener que “es

bien sabido que las instituciones sociales basadas en principios asociativos necesitan más

tiempo para transformarse que las económicas (...) En estos momentos de incertidumbre

pululan las afirmaciones, las recomendaciones y las publicaciones. Se proponen nuevas

visiones de las relaciones sociales, que pretenden ayudar a los ciudadanos a administrar

mejor unos periplos cada vez más diversificados y más individualizados de su vida

profesional, lo cual influye sin duda en las organizaciones que nos ocupan. Pero es

imprescindible que esa plétora de ideas suscite verdaderas discusiones en los ambientes

patronales y sindicales, y que las conclusiones reciban una amplia adhesión. Es por lo

mismo indispensable que todos los trabajadores, incluidos los más pobres, puedan

expresarse por conducto de sus verdaderos representantes y que al establecer, cuando

proceda, las oportunas alianzas, los sindicatos confirmen su facultad de hablar en nombre

de todos”.27

El economista y filósofo Luis Jorge Garay ha señalado las dificultades para el cambio de

las relaciones sociales en Colombia, comenzando porque, según su criterio, “No tenemos

valores del capitalismo puro, sino una cultura mafiosa en la que prima el enriquecimiento

rápido, el consumo ligero, la no acumulación y un sentido privado que busca ventajas en

todo, y eso es lo opuesto a lo que necesitamos para globalizarnos”.28 Lo de cultura mafiosa

lo explica así: “Me refiero a que cada vez sectores más amplios de la población buscan

satisfacer sus intereses individuales, no mediante la invocación de la ley sino adoptando

como práctica común la violencia, la coacción o el poder de su influencia, en detrimento de

los intereses colectivos o de los derechos de otros grupos de la sociedad. El narcotráfico es

apenas una expresión de esta culturización (...) En la medida en que lo ilegal se va

consolidando hasta cubrir sectores y formas de expresión de la sociedad cada vez más

amplios, se va dando una destrucción social más profunda. Y este es el frente de la guerra

más importante que tenemos en Colombia”.29

27 Ibíd. p.55.28 Cambio 16, Colombia, mayo 18, 1998, p.32.29 El Tiempo, marzo 14, 1999, p.8A.

Garay30 sostiene que “Colombia vive una paradoja interesante, porque es la sociedad que

más se encuentra en destrucción, entre muchas otras de nuestro hemisferio. Como sociedad,

debe hacer un nuevo contrato social y redefinir las relaciones públicas, públicas-privadas y

privadas-privadas. Ojalá el sistema eclosionara totalmente, para ver si podemos renovarlo,

porque ya no está para hacerle remiendos”.

“Es evidente, escribía Jorge Child en 1994, que se está produciendo un cambio irreversible

en las relaciones de producción, que ya no se puede hablar en términos maximalistas

revolucionarios y que les corresponde tanto al capital como al trabajo acomodar sus fuerzas

para la construcción de una sociedad estable y justa. Si se desplaza la responsabilidad del

Estado a la sociedad civil en la administración de empresas y servicios públicos, el capital

tendrá que asumir esta responsabilidad y la comunidad su papel activo de veedora y fiscal

de su gestión. Un sistema capitalista que eluda estas responsabilidades sociales implícitas

en la privatización de empresas públicas se convierte en un capitalismo salvaje, que no hará

sino reproducir los viejos métodos de acumulación de capital y reactivar en forma agresiva

los conflictos sociales”.

“Si, por otro lado —agrega Child—, el trabajo no comprende su nuevo campo de

operaciones y se posesiona de su papel activo en la toma de decisiones de inversión y en la

vigilancia y rectificación de los proyectos en curso, es muy probable que regrese a un tipo

de lucha sindical clasista que desaprovecha las oportunidades de movilidad social que

puede ofrecer el nuevo sistema de producción”.31

10. Ver para creer

A estas alturas de la crisis ningún sindicalista piensa que el movimiento pueda sobrevivir si

no media una transformación de sus estructuras organizativas y sus programas políticos.

Nadie cree en la resurrección de las glorias pasadas y significativamente ninguno de los

dirigentes entrevistados por nosotros—salvo quizás los de la ACEB— entrevé para el país

un “futuro socialista” o algo parecido. Ahora bien, todos pregonan la necesidad de traspasar 30 Cambio 16, Colombia, mayo 18, 1998, p.31.31 Ibíd. p.121.

las fronteras del sindicalismo reivindicativo y abrir caminos hacia el reencuentro con los

vastos sectores del pueblo afectados por la imposición del nuevo modelo económico y

social, pero son muy pocos los que aplican.

El divorcio histórico entre el sector formal de la economía, usufructuario del contrato de

trabajo y portador tradicional de la iniciativa política y el vasto mundo de la informalidad y

el desempleo, sigue campante. No existe todavía la organización política que encauce el

cambio que se proclama y mientras persista esa situación, en nuestro criterio, serán vanas

las expectativas alimentadas. Las huestes sindicales siguen moviéndose sólo al impulso de

pequeñas agrupaciones partidistas, cada una poseedora de una verdad no compartida, y así

las coincidencias en la imaginación del futuro sean relevantes, no hay proyecto unitario que

las encamine.

Algunos sectores piensan que ante la imposición del modelo neoliberal toca amoldarse a las

circunstancias y resistir desde esas posiciones. “Nosotros —dice un dirigente de la CGTD

— tenemos aquí una convicción, que la hemos irradiado hacía los trabajadores: hay que

defender nuestra fuerza de trabajo, hay que buscar reivindicaciones, hay que lograr cosas

para mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo, pero independientemente de eso

también tenemos que luchar por defender nuestras fuentes de empleo, porque si

defendemos nuestras fuentes de empleo nos defendemos como trabajadores y nos

defendemos como organización. Es decir, si la fuente de empleo existe, existimos como

trabajadores y existimos como organización; si no existe, no existe nada”.

El lado pesimista viene del sector del caucho y productos plásticos: “Esto va a estar muy

enredado —piensa uno de sus líderes—. Así como vamos tendemos a desaparecer. Tal cual

como estamos en este momento, mejor dicho, la rueda de la historia, que llaman, nos pasa

por encima”. El mencionado dirigente agrega que hay que retornar a “la política como

centro del discurso, en el sentido de que nosotros también somos propuesta distinta, o sea,

nosotros no solamente peleamos por reivindicaciones económicas sino que peleamos por un

Estado diferente, por una nación distinta, por un concepto de solidaridad diferente, por un

concepto del poder también diferente. Eso fue lo que se nos refundió en el camino”.

Un directivo sindical de Icollantas nos decía: “Si nosotros no buscamos alternativas, como

afiliar a la mayoría de los compañeros, trabajar con organizaciones como Juntas de Acción

Comunal, comités de barrio o meternos realmente en lo que es el pueblo, que somos

nosotros, todos los trabajadores, y empezar a trabajar conjuntamente, en 10 años no existirá

el sindicalismo. Y yo diría que hay que fortalecerse, pero con gente capaz, porque a la CUT

nosotros nos afiliamos y realmente no la hemos sentido”. Un directivo del sindicato de la

industria procesadora de la madera tiene una opinión similar: “Las empresas aprovechan las

divisiones internas para fomentar el individualismo y el egoísmo personal y esto debilita la

lucha por el bien común. Es un problema cultural. Nosotros no estamos solos, está el país, y

todos los colombianos; no podemos seguir peleando sólo por nuestros intereses. Tenemos

que romper la imagen de que somos acaba-empresas. Para un dirigente sindical la cuestión

no puede limitarse a sus intereses: debe plantearse como una cuestión integral”.

Fecoltracom, filial de la CTC, tiene otro pensamiento: el de construir “un movimiento

sindical inteligente, propositivo, con iniciativa, que tenga fundamentalmente propuestas que

vinculen a toda la población colombiana, que no seamos excluyentes en defender nuestras

conquistas sindicales, en defender únicamente lo que nos afecta. Hacer un sindicalismo

como lo propuso la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, Orit, y la Ciosl,

un sindicalismo sociopolítico en donde la gente, en donde la opinión pública se dé cuenta

de que los sindicalistas tienen otra actitud, otra mentalidad, que no solamente están

defendiendo el salario sino que tienen propuestas para manejar este país, para dirigir en

forma honesta y transparente este país.

“Yo veo respecto a la situación del sindicato —señala un directivo de la UNEB— que debe

haber un replanteamiento radical y lo mismo del sindicalismo, en el sentido de hacer un

sindicalismo que no se fije solamente en los trabajadores con contrato a término indefinido

sino un sindicalismo que atienda diferentes áreas, como los jóvenes, las mujeres, los

pensionados, los ex empleados, los de la economía informal, las madres comunitarias”.

Miguel Ángel Pérez, ex dirigente sindical bancario y presidente de la Asociación de

Pequeños Transportadores, Apetrans, recoge una opinión bastante generalizada entre los

sindicalistas de Bogotá y estima que hoy la negociación colectiva no puede seguir siendo el

punto focal del sindicato, “porque hoy la negociación colectiva es regresiva”. Si todavía

fuera directivo sindical, añade, “firmaría sin temblarme la mano una convención a 6 años y

me quedaría 6 años tranquilo porque durante esos 6 años no me van a quitar las

prestaciones que tengo y pondría al sindicato a hacer otras cosas, a pensar en otras cosas, en

otros proyectos, de cómo el sindicato diseña políticas para el sector en el cual está, pero

como propuesta alternativa, proyecto alternativo de desarrollo, no solamente desde el punto

de vista laboral (...) poner al dirigente sindical a que mire otro panorama, porque ese

panorama de hoy es lo que le hace perder terreno”.

Miguel Acero, presidente del sindicato de Seguros Bolívar, tiene una opinión similar. Cree

que los sindicatos se olvidaron de hacer propuestas políticas a la nación. “Simplemente nos

limitamos a ver un cambio económico brusco, un cambio que no nos gusta a determinados

sectores o a determinadas personas, y realizamos una manifestación cualquier día y eso se

termina ahí. La economía nos ha dejado, la economía y los cambios del mundo neoliberal

nos han dejado rezagados y no hemos ido a la par en su avance”.

La subdirectiva de la CUT en Bogotá insiste por su parte en la idea de que el movimiento

abandone definitivamente las banderas simplemente reivindicativas y se lance a la lucha

política con el resto de la población. Estas son palabras de su presidente: “...al movimiento

le queda una alternativa en esta época, y es que hoy incide decididamente más allá de su

número, incide en el debate político general de este país y recoge banderas de muchos

sectores, o sea, se integra de verdad al movimiento social, o desaparece. Si el movimiento

sindical no va más allá y no levanta otras banderas y no ayuda a sumar fuerzas, no ayuda a

proyectar procesos democráticos —ese es el sentido de muchos de nosotros: crear procesos

democráticos amplios—, desaparecería o quedaría en unas condiciones muy precarias. El

movimiento sindical debe aprovechar esta crisis para elevar el nivel político de la gente,

para debatir temas de mucho más alcance: el problema del desarrollo del país, de la

economía, de cómo jugamos en la globalización., o sea, cómo saber manejar eso y tener un

sentido mucho más de país, de nación y de región; si no le jalamos a eso estamos fregados”.

11. Proyectos de la CUT

En la determinación de continuar esforzándose por cambiar el estilo de la lucha sindical, la

actual dirección nacional de la CUT se fijado un programa de 4 años destinado a alcanzar

metas puntuales. En entrevista realizada a fines de mayo de 2003 con Boris Montes de

Occa, secretario general de la central, éste presentó las cosas de la siguiente manera:

1. En torno a la tarea trazada por el último congreso en el sentido de cambiar la estructura

de la Central, en el segundo semestre de este año se debe reunir el congreso del sector

salud para discutir la unidad en sus filas. Fecode va a buscar que los 40 sindicatos

magisteriales que existen se conviertan en uno solo, de trabajadores de la educación.

UNEB y ACEB deben sentarse a discutir la creación de un solo sindicato de la rama

financiera. En el sector eléctrico, Sintraendes ya cubre todo el sector de energía, agua y

teléfonos, y alrededor de él puede establecerse un solo sindicato de industria. En las

telecomunicaciones hay convenio entre las centrales para que a través de la Unión

Sindical de Trabajadores de las Telecomunicaciones, USTC, —que ya se afilió a la

CUT—, se erija una sola organización industrial. La idea es que las 749 organizaciones

que tenemos se vuelvan siquiera unas 300. En Alemania a los 17 sindicatos de industria

que tenían los convirtieron en sólo cuatro.

2. La otra tarea es la formación de dirigentes. El obstáculo principal es que la CUT no

tiene los recursos financieros que demanda la creación de su escuela de formación.

Muchos sindicatos no le pagan a la Central las cuotas que están establecidas en los

estatutos, y entre los que cotizan hay evasión de obligaciones. Otros sindicatos, cuyas

direcciones no comparten la ideología de la CUT, se hacen los desentendidos en materia

económica. La USO tiene establecido el 3 por ciento del salario como cuota para el

sindicato, y del total se debe girar el 5 por ciento a la CUT. Por cada convención

colectiva que se firme la dirección nacional de la CUT debe recibir, por una sola vez, el

20 por ciento del incremento salarial alcanzado. Pero todo eso casi nunca se cumple.

Sólo en determinados momentos se acuerdan de enviar algo a la dirección nacional. El

sindicalismo sigue jugando al coyunturalismo. La concepción misma de la escuela es un

problema: queremos construir una escuela pluralista, no clasista, que sirva para

enriquecer y flexibilizar el pensamiento de los trabajadores. El año pasado los

sindicatos de Suecia ofrecieron financiar un proyecto de ese tipo durante 10 años, pero

llegó una delegación de ellos y se sorprendió con las tesis de la escuela clasista que

algunos tratan de imponer, y entonces dijeron: “La plata del gobierno sueco es para

formar dirigentes”. Hay que reelaborar el proyecto de la escuela. El debate sigue vivo y

hay que buscar la concertación de opiniones, sobre la base de una cultura de la

negociación y no de la contestación. Fortalecer el departamento de educación es vital

para afrontar la crisis: romper el corporativismo y crear un sindicalismo más político y

más social. Eso sólo es posible elevando la educación.

3. En el movimiento sindical circulan muchas revistas. Nosotros estamos interesados en

crear una sola revista de la Central, y ojalá en crear el periódico de la CUT, y en todo

caso meternos en los medios de comunicación. Ya tenemos página web y queremos

fortalecer la base de datos de correos. Tenemos que romper la resistencia de algunos

sectores directivos medios, que no están de acuerdo con la orientación nacional de la

CUT y se guardan en el bolsillo las circulares que enviamos para los sindicatos.

4. Necesitamos extender el ámbito de las afiliaciones a la Central. Necesitamos ir a los

desempleados, pero no se avanza en eso. Hay compañeros que están en contra de la

afiliación a la Central de desempleados e informales. Se oponen al ingreso de pequeños

y medianos propietarios, como los que se asocian en Acopi.

5. Pronto habrá noticias sobre la fusión de la CTC en la CUT y también sobre nuestras

iniciativas con Acopi. Vamos a crear las subdirectivas que nos faltan: Putumayo,

Casanare, Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés. Allí hay sindicatos funcionando. Se

hablará con alcaldes y con otras autoridades para que nos colaboren en esa tarea.

6. Tenemos varias organizaciones afiliadas a los secretariados de la Ciosl y el debate sobre

la afiliación internacional de la CUT, aprobada en las últimas elecciones —octubre 4 de

2002—, va a proseguir y se va a concluir. No se puede trabajar cuando cada quien va

por su lado. A fines de 2004 habrá congreso de la CUT y ese congreso deberá ratificar

la afiliación. Pero hay que conceptuar el debate, no atenerse sólo al voto.

7. La salida del actual conflicto laboral es la negociación y no la confrontación. En el

gobierno de Samper, Fecode consiguió un reajuste salarial de ocho puntos por encima

de la cifra negociada con el resto de los trabajadores del país, además de una prima de

vacaciones del 50 por ciento del salario. Logramos tres sedes para recreación. Hoy se

tiende a recuperar lo conseguido, mediante la negociación. El paro en vez de la

negociación produjo descuentos de salarios de los días no laborados y eso debilitó al

movimiento.

8. Estamos por el rechazo al terrorismo y la violencia, vengan de donde vengan. Estamos

por los principios del Foro Social Temático, del movimiento contra la imposición del

Alca, por la alianza con la CTC, por la tarea de involucrar más a las mujeres en todas

estas luchas. Estamos por la confluencia democrática, por un proyecto de lucha contra

la guerra y por la democracia, hacia la creación de una gran coalición democrática

contra el referendo, en torno al Polo Democrático.

En entrevista con La República, el presidente de la CUT, Carlos Rodríguez, expuso el plan

de incremento de los efectivos de la central de 550 mil a un millón en 4 años, y de sus 749

sindicatos de toda condición a 18 sindicatos de rama, y agregó: “Nosotros necesitamos

relaciones fluidas y respetuosas con cualquier gobierno. El objeto siempre será encontrar

soluciones a los problemas de los trabajadores. A la actual administración ya le hemos

planteado la urgencia de un gran acuerdo nacional. Estamos dispuestos a contribuir en la

disminución de la tasa de desempleo y en la reorientación de la política económica. Esto se

logra sólo con la participación del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores por la

vía civilista y democrática”.32

32 La República, abril 26, 2003, p.4.