Date post: | 17-Feb-2016 |
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TERCER SEMINARIO INTERNACIONAL GESTIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO
La participación ciudadana como herramienta en los nuevos modelos de
gestión urbana.
María Toro Martínez, Estudio atope ([email protected])
Palabras clave: Participación ciudadana, gestión urbana, urbanismo experimental,
innovación social
La planificación urbana tradicional y la necesidad de nuevos modelos de gestión
urbana
La práctica urbanística española se ha asociado, indisolublemente en los últimos años, “a la
especulación inmobiliaria, quedando su objetivo del bien común contaminado de puro
mercantilismo” (Borja & Muxí, 2000). De esta manera, los planes urbanísticos desarrollados
hasta ahora en el territorio español, han partido de:
el urbanismo de lo construido, basado en la especulación inmobiliaria y en el urbanismo
de proyectos, donde la ciudad se presenta como un catálogo de espacios rentables a la
venta.
el urbanismo funcionalista, que zonifica la ciudad, limitando el uso del espacio público
y queriendo controlar su uso, “obviando lo lúdico, la vida caótica y desordenada (que
también es vida)” (Borja & Muxí, 2000)
Esta manera de hacer ciudad provoca que las acciones de gobernar y gestionar la ciudad
“resulten simultáneas y parecidas” (Maximiliano Carbonetti & Sagredo Cáceres, 2003), debido
al afán protagonista de muchos alcaldes que buscan tanto dejar su impronta en la ciudad, como
buscar la llamada marca ciudad que distinga su municipio de otros a raíz de los productos
urbanísticos estrella elaborados por sus equipos de gobierno.
Hasta el momento, ha habido una separación entre planificación y gestión. Es decir, existen
planes específicos para abarcar diferentes escalas urbanas, desde las escalas más territoriales
(Plan de Ordenación Territorial), urbanas (Plan General de Ordenación Urbana) y locales (Plan
Parcial y Plan de Detalle); pero no hay herramientas de gestión urbana que consideren la ciudad
como un todo en el que deben intervenir diferentes disciplinas a la hora de abordar un proyecto
urbano, así como tampoco existen prácticas de participación ciudadana o conceptos como la
innovación social, la cohesión vecinal, el asociacionismo, la co-gestión y la co-responsabilidad.
Este modelo de urbanismo tradicional, considera la ciudad como un proyecto empresarial
(Maximiliano Carbonetti & Sagredo Cáceres, 2003) “que premia el ocio consumista y limita el
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espacio público” (Rivas, 2015), aun siendo éste el ámbito físico de la expresión colectiva y de la
diversidad social y cultural.
La racionalidad del funcionalismo aplicada al espacio urbano elimina cualquier posibilidad
de manifestación y expresión colectiva, borrando las cualidades que caracterizan dichos
espacios: propiciar el encuentro, lo imprevisto, favorecer la diversidad, la cohesión ciudadana
y las relaciones urbanas. Como resultado “se obtienen ciudades sin pasión, gestionadas y
proyectadas al margen de sus usuarios y habitantes, de sus manifestaciones, actividades,
rituales, identidad y memoria colectivas” (Delgado, 2007).
Esto, unido a factores relacionados con la especulación del suelo, la malversación de fondos,
la prevaricación y la reducción del gasto público, ha hecho que sea la propia sociedad la que
exija a la clase política transparencia a la hora de gobernar nuestras urbes, reivindicando
también nuevos modelos de gestión urbana que incluyan y fomenten la participación
ciudadana en busca de nuevos modelos sostenibles, razonables, equitativos y eficientes. Para
esto, serán imprescindibles las prácticas locales “basadas en la descentralización, la
negociación, co-gestión y participación” (Maximiliano Carbonetti & Sagredo Cáceres, 2003),
donde el trabajo multidisciplinar y la colaboración entre diferentes concejalías “implicadas en
trabajar por el bienestar ciudadano” (Sierra, 2015) sea lo común y lo cotidiano; asegurando
proyectos urbanos del que todas las áreas de un municipio tengan conocimiento, aportando
cada una su visión, su experiencia y su campo de acción; y eliminándose al mismo tiempo los
problemas surgidos de la poca o nula coordinación entre concejalías.
Así se pasa de una planificación racional, a la cual le era complicado abordar la complejidad
urbana, y se recupera el concepto de ciudad como un todo resultante a partir de la suma de
piezas diferentes provenientes de todas las disciplinas, y que por lo tanto, es necesario
planificar desde una visión holística.
“El urbanismo no debe pretender resolver los problemas de la sociedad, pero al menos no
debería empeorarlos” (Borja & Muxí, 2000). Al contar con la participación ciudadana, los
proyectos nacerán de las propias demandas ciudadanas siendo legitimados desde la base y
asegurando así su continuidad en el tiempo, ya que serán los ciudadanos los que los mantengan
y protejan, al sentirse implicados en los procesos de cambio y transformación de sus barrios.
Con esto, no se quiere expresar que desaparezca la planificación de arriba hacia abajo (top-
down) que nace de las administraciones, sino que debería ampliarse a una modalidad más
comprensiva y armoniosa entre “una política y una gestión viable y eficiente centrada en la
relación mutuamente beneficiosa entre desarrollos estructurales de arriba hacia abajo y el
carácter único de estrategias locales de abajo hacia arriba” (Albrechts y Swyngedouw, 1989)
(estrategias bottom-up).
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Las políticas urbanas actuales han de actualizarse incorporando las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) y nuevos instrumentos de gestión urbana que favorezcan
el cambio en las estructuras de poder, siendo sensibles y atentas a los deseos locales, y teniendo
en cuenta el contexto social, económico, cultural, etc., de cada momento. En las nuevas
relaciones de poder, los ciudadanos han de poseer un espacio protagonista en los procesos
urbanos, incorporando de esta manera “mecanismos políticos democratizados basados en la
descentralización administrativa” (Borja, 1988). El papel de los técnicos pasa del planificador
al facilitador, siendo la facilitación “un medio para unir a las personas que permite determinar
lo que quieren hacer y ayudarlos a encontrar maneras de trabajar juntos para decidir cómo
hacerlo” (Sanoff, 2000). Esta nueva generación de profesionales (técnicos facilitadores) abre una
brecha de posibilidades con la enseñanza y la práctica tradicional y académica de la ordenación
de la ciudad.
Son los técnicos los que deben informar, negociar y dialogar con todas las partes implicadas
en el acto de hacer ciudad y formarse en este sentido, ya que hasta ahora, “la mayoría de
arquitectos urbanistas han trabajado con la pretensión de determinar el sentido de la ciudad a
través de dispositivos racionales que quieren dotar de coherencia y congruencia […] valiéndose
de un repertorio formal hecho de centros, curvas, radios, diagonales, cuadrículas, en el que
suele faltar lo imprevisible y lo azaroso” (Delgado, 2007) y planificando de manera global sin
“reparar en las experiencias personasles ni en el rol del apego” (Vidal, 2008).
El acto de participar
“La participación tiene que ver con procesos organizados para la toma de decisiones, por
parte de personas y entidades, cuya intención es influir directa o indirectamente en las políticas,
con el fin de llegar a una solución” (Font y Blanco, 2006).
Los movimientos sociales surgidos de la crisis (económica, social y política) y de la
disconformidad con el urbanismo de lo construido, donde los procesos urbanos han estado
históricamente en manos de “técnicos (quienes poseen los saberes científicos) y políticos
(quienes toman las decisiones)” (Márquez, 2014), apuestan por la mejora de nuestro paisaje
urbano trabajando de abajo hacia arriba en la gestión del espacio público desde lo común y lo
colaborativo. Estos movimientos ciudadanos, o micropoderes fuera de la esfera política, abren
con sus experiencias y acciones urbanas una ruptura con las estructuras de poder tradicional;
y ponen sobre la mesa el debate acerca de la toma de decisiones en procesos urbanos.
Resurgiendo con ellos el derecho a la ciudad elaborado por Henri Lefevbre en 1968, como la
“posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la misma” (Mathivet, 2009).
Para fomentar la cohesión y el compromiso social, y garantizar la continuidad tanto de los
procesos informales como de los generados por parte de administraciones locales, será
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fundamental que los primeros cuenten con el apoyo de las instituciones y los segundos con la
participación ciudadana; para esto, habrá que construir entre todos espacios de diálogo capaces
de reunir “tanto a los habitantes de las ciudades como a los que las gestionan y diseñan”
(Márquez, 2014).
Se debe promover la co-gestión y la co-responsabilidad entre administraciones y
ciudadanos, los cuales estarán más preparados y serán conscientes de los derechos y
responsabilidades que poseen como co-gestores y custodios de sus ciudades. La incorporación
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) será imprescindible en
estos procesos, ya que la actual “sociedad red depende de redes de comunicación que procesan
conocimiento e ideas para crear y destruir la confianza, fuente decisiva de poder” (Castell,
2009). Ésta, junto con las diversas dinámicas de participación, es una buena forma de
democratizar los procesos de gestión urbana y promover la co-responsabilidad, ya que ofrece
facilidades para la participación y la representatividad, tanto individual como colectiva.
La metodología a emplear será la i-a-p (Investigación Acción Participación), una
metodología que articula de manera concreta y eficaz la participación ciudadana “donde los
grupos y las personas pasan de ser el objeto de estudio pasivo al sujeto activo protagonista de
una investigación socio-práctica, crítica y dinámica en relación al espacio público y sus usos”
(Márquez, 2014). Esta metodología incluirá a todos los grupos sociales, incluidos mayores y
niños (muchas veces poco escuchados) y minorías en riesgo de exclusión (ya sea por cuestiones
étnicas, sexuales, culturales, etc).
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Figura 1. Taller de arquitectura y patrimonio para niños en el Centro Cultural Baños Árabes
de Jaén (en el barrio histórico de La Magdalena, un barrio con altos niveles de exclusión y
marginación). Fuente: @estudioatope
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El espacio público y La Ciudad Amable
El interés por realizar procesos participativos en espacios públicos se debe a la importancia
de estos como contexto urbano utilizado para las expresiones colectivas. “Es el espacio
principal del urbanismo y de la cultura urbana” (Borja & Muxí, 2000), el ámbito físico de y para
la ciudadanía, donde “ocurren las prácticas sociales, donde se construye lo cotidiano, la
convivencia colectiva, los asuntos de interés público y las interacciones e intercambios
comunicativos” (Vidal, 2008). Es en el espacio público donde la ciudadanía teje sus
sentimientos de identidad y pertenencia, y donde la memoria colectiva se hace presente. Es
más, tal y como afirman Borja y Muxí (2000), “el espacio público parece el punto sensible para
actuar si se pretende impulsar políticas de hacer ciudad en la ciudad, ya que es donde se
manifiesta con mayor fuerza y frecuencia la crisis de ciudad y de urbanidad”. El espacio público
(urbano, social, común, compartido y colectivo) no es un simple ejercicio teórico de la práctica
urbanística, así como tampoco debiera ser un producto propagandístico ni publicitario al
servicio de entes privados, sino que significa “la interacción de multitud de sinergias que nos
brindan la posibilidad de aprender en la ciudad y al mismo tiempo, aprender de ella”
(Rodríguez Rodríguez, 2008).
Participar en los procesos de transformación y mejora urbana fomenta la cohesión vecinal y
fortalece los vínculos comunitarios, además de establecer compromisos tanto individuales
como colectivos con los proyectos desarrollados. Participar también fomenta el apego hacia el
lugar, ya que implica a los ciudadanos en la evolución urbana, incorporándose el entorno
construido entre todos a los “procesos cognitivos y afectivos de manera activa” (Vidal, 2008);
al mismo tiempo que se desarrollan sentimientos de orgullo y pertenencia hacia el lugar en el
que se vive, siendo una “condición de ciudadanía el hecho de ser reconocidos por los otros, la
visibilidad e identidad” (Borja & Muxí, 2000).
Las prácticas urbanas que promueven la co-gestión y el diseño participado, fomentan el
empoderamiento ciudadano y generan sentimientos de apropiación. La primera acción
(empoderamiento) significa, irremediablemente, un cambio en las estructuras y relaciones de
poder, ya que “para que un actor social participe en una estrategia con el fin de lograr un
objetivo, adquirir el poder significa intervenir en el conjunto de relaciones de poder que
enmarcan cualquier proceso social” (Castell, 2009). La segunda acción (apropiación) tiene que
ver con el conjunto de prácticas sociales que se dan en un determinado lugar, que le confieren
unas características determinadas.
Para apropiarse de un espacio, es necesario habitarlo, es decir, que “sus vivencias,
aspiraciones, tiempos, ritmos, actividades se inscriban en el espacio y se dirijan al
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reconocimiento de los habitantes en la producción del espacio urbano (como deseo y necesidad
de hacer), rompiendo la codificación socioespacial de los urbanistas” (Martínez, 2014). Y esto
se puede lograr a través de:
participar en él, bien sea usándolo, participando en su diseño o ambas.
reconocerse en él a través de la memoria y el imaginario colectivo, estableciendo
conexiones emocionales que generen “la apropiación emocional indispensable en la
identificación del individuo con el espacio” (Smithson, 1970).
En los procesos participativos se ha de fomentar el acto de habitar, a través de la socialización
de los espacios públicos y la realización de acciones cotidianas y espontáneas que difuminen el
control que los gobiernos quieren imponer sobre los espacios públicos. Así también se garantiza
la presencia de la gente (habitantes y usuarios) en las calles y plazas, en escenarios de la ciudad
que desean ser vividos. “Rehabilitando la presencia del sujeto en la producción de la ciudad,
los hombres se reconocerían en la realidad social creada activamente por ellos, captándose
como copartícipes en la construcción de su obra y de su ser social” (Martínez, 2014).
El proyecto La Ciudad Amable surge desde la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta
de Andalucía (España) a través de la Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura, en
colaboración con la de Movilidad y la de Infraestructuras. Su objetivo es “abrir un nuevo
camino en las políticas de intervención en el espacio público por parte de las administraciones.
Constituye una iniciativa que aspira a desarrollar acciones de sensibilización, formación y
difusión sobre los valores y técnicas de intervención en el espacio público como lugar de la
colectividad, la movilidad sostenible en la ciudad contemporánea y, en general, sobre la mejora
de la calidad del espacio urbano y su activación social, cultural y económica. El programa
pretende propiciar una ordenación social y medioambientalmente más racional del espacio
público, otorgando mayor protagonismo, seguridad y comodidad al peatón y al ciclista”.
Este proyecto se adecúa también al Artículo 6.2. La Participación Ciudadana de la L.O.U.A.
(Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), que expone que “en la gestión y desarrollo de
la actividad de ejecución urbanística, la Administración actuante debe asegurar la participación
de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses, así
como velar por sus derechos de información e iniciativa”.
La Ciudad Amable hace una selección de las propuestas presentadas por los municipios
andaluces que lo deseen, siendo tres las categorías existentes:
Islas Ambientales. Intervenciones sobre sectores urbanos delimitados (un área del centro
histórico, por ejemplo) que inciden en la potenciación de la movilidad urbana sostenible
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y en la recuperación de los espacios públicos para la colectividad. Se trata de generar
zonas en las que se produzca una significativa reducción de coches.
Espacios Habitables. Proyectos arquitectónicos de activación y mejora de la calidad
ambiental y paisajística de un espacio público o secuencia urbana concreta, con ámbito
más restringido que la isla ambiental (calle, plaza...).
Vías Sostenibles. Proyectos de diseño de vías ciclistas que conecten lugares de residencia
con centros de trabajo, ocio, comercio y actividades.
Estudio Atope, el equipo técnico encargado de desarrollar la propuesta “Regeneración de
espacios urbanos para la ciudadanía” planteada por parte del Ayuntamiento de Martos (Jaén,
España), plantea el proceso como una propuesta participada, donde la ciudadanía participará
en la definición y diseño de la misma; tutelando el proceso y elaborando al mismo tiempo un
análisis desde el punto de vista técnico, que se conjugará con los resultados de las acciones
participativas, de donde partirán las futuras acciones de mejora y regeneración.
La intervención tendrá lugar en el Barrio Fortaleza Baja (popularmente conocido como La
Plaza), el cual se encuentra dentro de la delimitación del Conjunto Histórico del municipio,
declarado Bien de Interés Cultural con dicha tipología en 2005 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, nº 16 del 25 de enero de 2005, Página 49).
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Figura 2. Ámbito de Actuación en el Barrio La Plaza (Fortaleza Baja), Martos (Jaén), 2014.
Fuente: @estudioatope
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Figura 3. Conjunto histórico de Martos, 2014. Fuente: www.rutas.legadoandalusi.es
Breve Diagnóstico Situacional
Martos es un municipio situado en la provincia de Jaén (España) que hasta el siglo XIX “fue
el resultado evolutivo de la superposición de capas y elementos de herencia íbera, romana,
musulmana, cristiana, renacentista, barroca y modernista, momento hasta el cual la ciudad era
un cuerpo compacto” (Pérez Fernández, 2012). Con el paso de los años, la ciudad Medieval fue
creciendo y se colmató su recinto amurallado, siendo la propia orografía la que ha ido
condicionando la evolución del municipio y el urbanismo del mismo, con calles estrechas y
alargadas que se adaptan a las curvas de nivel.
Es a mediados del siglo XX cuando el interior de la fortaleza árabe comienza a ocuparse por
familias con pocos medios, ya que debido al difícil acceso rodado, la población con
posibilidades de mejorar su situación geográfica y su calidad de vida, termina abandonando la
zona antigua. Lo mismo pasa en relación a los comercios, equipamientos e instituciones. Todo
esto provoca un despoblamiento creciente del conjunto histórico, que en pocos años hace que
la zona antigua de Martos, y en particular el barrio de La Plaza, se convierta en un barrio
marginal donde viven familias con escasos medios (Martos cuenta actualmente con una
población de aproximadamente 25.000 habitantes, de los cuales unos 2.000 viven en su conjunto
histórico). Ésta es la visión que mantiene el resto de marteños, quienes suelen transitar estas
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zonas o bien para realizar trámites administrativos (horario laboral de mañana) o bien para
visitar algún tipo de feria, actividad o exposición puntual (no soliendo participar de estas
acciones la población que sí vive en el barrio).
Existe un sentimiento de inseguridad hacia esta parte del municipio por parte de la
población que reside fuera del barrio, a la vez que se detecta una falta de apropiación hacia el
mismo y la inexistencia de sentimientos de identidad que les hagan sentirse parte del entorno
a la vez que establezcan por sí mismos estrategias que lo protejan, mantengan y difundan (tanto
para los residentes del barrio como para los que no lo son).
Esta ausencia de apropiación y de marcos de relación y memoria con los espacios a
intervenir, suponen una amenaza para la conservación y la continuidad de los programas
propuestos para la regeneración y recuperación del futuro proyecto de espacio público en el
Barrio Fortaleza Baja.
Identificación de actores y grupo motor
Para el proyecto participativo, será necesario contar con 3 vértices fundamentales en el
proceso de planificación, regeneración y diseño del espacio público a tratar: técnicos, políticos
y resto de ciudadanía. Será fundamental, además, que exista una comunicación activa y directa
entre todos los agentes implicados, para garantizar la fluidez del proceso y el éxito de su
ejecución y mantenimiento en el tiempo.
En los procesos participativos, se tendrá en cuenta la complejidad del proyecto debido a que
su contexto y evolución, implica a varias concejalías (hasta el momento: Urbanismo, Cultura y
Patrimonio, Turismo, Asuntos Sociales, Participación Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos
Humanos y Desarrollo). En el proyecto se contemplará también la dificultad de diálogo tanto
entre las concejalías mencionadas (y otras que se pueden ir incorporando en el tiempo).
Se prevé como Grupo Motor la suma de 3 colectivos locales por sus actividades de difusión
y puesta en valor del patrimonio, y por sus intervenciones en el espacio público. Se desea que
sean ellos los que se apropien del proyecto y velen por garantizar la consecución de objetivos
y la continuidad de la propuesta.
Objetivos
El objetivo global del proceso de participación ciudadana es que el análisis urbano del
entorno a intervenir, fundamental para redactar el proyecto técnico, sea producto de la
colaboración técnica y social. Se desea que los marteños, y en especial los vecinos del barrio La
Plaza, intervengan en este proceso y participen posteriormente en las modificaciones para la
aprobación de dicho proyecto. Con esto se pretende conseguir que la propuesta responda a las
necesidades y deseos reales de los habitantes del barrio y de los marteños en general, así como
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la apropiación por parte de estos del proyecto a ejecutar en este espacio público. También se
quiere promover la sensibilización, puesta en valor y difusión de esta zona tanto para los
residentes del barrio, como para el resto de marteños y turistas.
Para ello, será imprescindible contar con nuevos instrumentos y herramientas que “permitan
planificar y evaluar en tiempo real el impacto de las intervenciones urbanas” (Paisaje
Transversal, 2012). Estos elementos serán, entre otros, el empleo de las redes sociales, la
convocatoria de acciones urbanas a pie de calle para realizar los sondeos y mapeos colectivos
y generar así sentimientos de apropiación y de seguridad hacia este entorno urbano, y las
sesiones comunitarias con dinámicas participativas donde se recogerán las peticiones y las
propuestas colectivas de ciudadanos y usuarios.
Conclusiones
Muchos son los artículos escritos desde la década de los 70 sobre el necesario cambio en las
estructuras de poder en cuanto a la gestión urbana de las ciudades, explicando la necesidad de
la participación ciudadana, la co-gestión y la co-responsabilidad,. Y sin embargo, son muy
pocos los municipios que han apostado por emplear nuevos instrumentos urbanos y dejar a un
lado los macroproyectos en busca de la difusión de sus ciudades. Cabría preguntarse entonces
qué es lo que está fallando entre administraciones, técnicos y ciudadanos de a pie; y buscar un
punto en común que fortaleciera la comunicación y el diálogo, que disipara el miedo en ambas
direcciones:
de los de arriba hacia las incursiones de los de abajo, a los procesos informales que se
están dando ahora mismo en las ciudades españolas debido, bien a que la
administración maneja otros tiempos y trámites y está lejos de llegar a las problemáticas
locales de forma rápida y cercana, bien por la disconformidad con el sistema de gestión
urbana actual que no cubre las necesidades de los ciudadanos.
de los de abajo hacia los de arriba, ya que por norma general, muchos procesos
informales que buscan el bien común y generan beneficios sociales y culturales a nivel
de barrio, son paralizados por las administraciones (que suelen poner trabas e
impedimentos) y es esto lo que genera la desconfianza ciudadana y la afirmación de que
no se puede colaborar con la administración.
Hay que recuperar la vida colectiva y el uso multifuncional del espacio público, evitando la
privatización del suelo y la especulación del mismo, asegurando la mezcla, la diferencia y la
diversidad, la sostenibilidad, el contacto, la educación y la equidad. El espacio urbano “no es
un escenario vacío, ni un envoltorio, ni tampoco una forma que se impone a los hechos; es una
actividad, una acción interminable cuyos protagonistas son los usuarios que reinterpretan la
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obra del diseñador y la utilizan al tiempo con la recorren” (Delgado, 2007). Al asegurar la
presencia de los ciudadanos en el espacio público, también se estaría abordando el tema de la
peligrosidad urbana y la marginación, ya que crece la sensación de seguridad: “el espacio
público no provoca ni genera los peligros, sino que es el lugar donde se evidencian los
problemas de injusticia social, económica y política” (Borja & Muxí, 2000).
Los movimientos sociales, las nuevas tecnologías, la nueva economía y las nuevas
generaciones de derechos, requieren una re-organización basada en una comunicación en todas
las direcciones, para incorporar a todos los actores en el análisis de la realidad y generar
colectivamente medidas de mejora que persigan intereses comunes.
Los gobiernos han de fomentar del desarrollo económico local y la planificación a distintas
escalas; ya que han de ser conscientes de que existen situaciones y acontecimientos de la vida
cotidiana a los que, bien por incapacidad política o administrativa, les es imposible llegar. Esta
descentralización hará que los gobiernos locales y regionales sean “entidades más flexibles,
unidas al terreno de sus identidades” (Borja & Castells, 1998). A los que habrá que prestar
especial atención y resolver sus dificultades previsibles, esto es, “su dependencia
administrativa y su escasa capacidad de recursos económicos y el riesgo de derivar hacia el
localismo político y el tribalismo cultural si la defensa de la identidad se convierte en
fundamentalismo” (Borja & Castells, 1998).
La construcción colectiva de la ciudad debe apostar por la construcción y regeneración de
los espacios para el encuentro, la comunicación y la expresión colectiva de sus ciudadanos,
debe asegurar el acceso a equipamientos y espacios públicos cercanos y “favorecer la mezcla
social y funcional en todas las áreas” (Borja & Muxí, 2000). Los proyectos surgidos de esta
nueva manera de entender el urbanismo, serán más reales y directos, ya que nacen de las
necesidades de los ciudadanos, definidas por ellos mismos.
“La ciudad del deseo es la ciudad querida, mezcla de conocimiento cotidiano y de misterio,
de seguridades y de encuentros, de libertades probables y de transgresiones posibles, de
privacidad y de inmersión en la vida colectiva” (Borja & Muxí, 2000).
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