El cana l que no mi ramos
Universidad Nacional de La PlataFacultad de Periodismo y Comunicación Social
TESIS DE GRADO
Título: “El canal que no miramos. La gestión K en la emisora estatal”
Autores: Juan Manuel Iglesias, Juan Pablo Morales y Damián Rodera
Director: Ricardo Petraglia
© 2006
Diseño de tapa: Alejandro Della Maggiora
Facultad de Periodismo y Comunicación SocialUNLP
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El cana l que no mi ramos
“Los gobiernos democráticos terminarán de comprender que una radiodifusión pública
autónoma, objetiva, pluralista y de alta calidad es a la postre mejor negocio para la democracia
que un servicio público instrumentalizado con fines de propaganda gubernamental”.
Antonio Pasquali, en “El orden reina”. 1991.
“[En América Latina], el Estado pocas veces invirtió, económica y políticamente, para desarrollar
una radiodifusión que contribuyera a expandir la esfera pública, y la sociedad civil no se identificó con la radiodifusión pública,
percibida como un medio de propaganda del gobierno”.Guillermo Mastrini, en Le Monde Diplomatique. Junio de 2000.
“Canal 7 es un animal difícil de conducir, donde habría que emplear cirugía mayor”.José Nun, en Palabras cruzadas, AM 590 Radio Continental. Agosto de 2005.
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ÍNDICE
Introducción……………………………………………………………………………... 5
Presentación del problema………………………………………………………………... 13
DesarrolloCapítulo I. Los modelos de gestión en Radiodifusión……………………………. 23
El Modelo Norteamericano………………………………………………………………. 27
Radiodifusión de Servicio Público. El Modelo Europeo……………………………. 33
El estigma de la BBC……………………………………………………………………… 52
Capítulo II. La crisis de la Televisión Pública……………………………………... 59
Capítulo III. Historia de Canal 7
Medios siglo de luces y sombras……………………………….……………………....... 75
Capítulo IV. Contexto histórico (1989-2003)
Los años del desmadre…………………………………………………………...………... 109
AnálisisAusente con aviso(s)…………………………………........................................................El gobierno K y la relación con los medios
150
Disculpen las molestias, estamos trabajando…………...…………………...……...Gestión, debates y olvidos en torno del canal público
182
La historia sin fin………………………..………………………………………………...Una saga de internas, política y sospechas
209
Consideraciones Finales…………………………………………………………..... 230
Bibliografía………………………………………………………………………………. 244
Anexo……………………………………………………………………………………….. 253
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Entrevista a Juan Gabriel Mariotto (Subsecretario de Medios de la Nación)Entrevista a Osvaldo Nemirovsci (Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados)Respuesta de Guillermo Jenefes (Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado)Entrevista a Irma Parentella (Ex diputada por el ARI)Entrevista a Guillermo Mastrini (Director de la carrera de Ciencias de la Comunicación, UBA)Entrevista a Daniel Das Neves (Secretario General de la Unión de Trabajadores de prensa, UTPBA)Entrevista a Alejandro Ruiz (Secretario General del Sindicato Argentino de Televisión, SAT)Entrevista de Guillermo Blanc a Leonardo Bechini(Radio del Plata, mayo de 2005)Entrevista a Mauro Federico (Periodista y conductor del programa periodístico Huella digital, emitido por Canal 7)Informes legislativos Reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión en el Senado de la Nación. 7 de junio de 2005 Informe de la Jefatura de Gabinete al Senado Nacional. 8 de junio de
2005Solicitada 53° Aniversario de Canal 7 (Clarín, 17 de octubre de 2004)Legislación vigente sobre el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP)
Otros decretos
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INTRODUCCIÓN
La industria televisiva
En el mundo, la televisión se modificó sustancialmente en las últimas décadas. Como
afirma Enrique Bustamante en La televisión económica, financiación, estrategias y
mercados, ésta se ha convertido en un aceitado sistema de trabajo que combina matrices
industriales y tecnológicas para la creación de productos destinados a la venta masiva. En
ese contexto, por la importancia de su oferta y su consumo, hoy la televisión se ha erigido
como líder de la maquinaria de la cultura.
Ese liderazgo se consolidó además porque la televisión tiene una característica
particular: es la “única industria cultural en sentido estricto”1, ya que concierne a todo el
proceso de producción. En el caso de libros o discos, por ejemplo, la industria ocupa el
lugar de la edición, la distribución y la venta, pero no el de la producción. En cambio, en la
industria televisiva todas las fases tienen una relación directa e indisoluble. Los medios
técnicos, económicos e intelectuales son simbióticos: se complementan indefectiblemente y
carecen de sentido por separado. Combinados esos medios, la televisión se desarrolla con
el rasgo fundamental de tener “la especificidad central de construir una oferta continua,
que impone un tipo de difusión y de consumo clara y previamente definida en el tiempo,
día por día y hora por hora”2: la programación.
El avance actual maneja esa lógica de conjunto. El marketing juega roles de peso en las
gerencias financieras y de contenidos en cada canal. Las producciones se enmarcan en un
sistema encadenado donde la panacea es una programación rentable. Y a su vez, se da un
proceso interno de fuerte división y especialización del trabajo que sella el rumbo de cada
tarea. Eso es la maquinaria de la televisión comercial. Una industria que, con cada una de
esas previsiones, intenta reducir, lo mejor que puede, el riesgo de fracaso económico ante
la emisión de cada producto.
A partir de los ‘90, en el devenir de expansión mundial de la nueva lógica televisiva, se
asentaron cuatro grandes tendencias: la desregulación, la globalización, la integración y la
1
? Bustamante, Enrique. La televisión económica, financiación, estrategias y mercados. Gedisa, Barcelona, 1999. Pág. 25. 2 Íbid.
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convergencia, que se consolidaron más allá de los varios matices nacionales y los escasos
vaivenes generales.
La desregulación es un concepto decisivo para entender la configuración de la
televisión en la actualidad. En términos generales, significa la retirada paulatina del Estado
de la propiedad de las empresas televisivas y la expansión de una dinámica económica de
mercado, que implicó un doble proceso. Por un lado, significó el debilitamiento de las
fronteras que definieron los sistemas nacionales de emisoras de televisión; y por el otro, el
aumento de sus vinculaciones a nivel internacional. En ese sentido, la desregulación
también trajo aparejado que el negocio de la televisión se abriera a un desarrollo
globalizador, entendido como la “estrategia mundial volcada hacia un mercado mundial”3.
La nueva televisión también muestra una acelerada integración de ramas que antes
conformaban los diversos compartimentos de la industria audiovisual. Hoy los sectores
clásicos de la industria del cine y la televisión dejaron de ser espacios de trabajo aislados e
incrementaron las relaciones entre sí, innovando soportes y mercados nuevos (primero el
video y la televisión por satélite, después el DVD, la televisión digital y la red Internet). La
innovación tecnológica otorga esa posibilidad constante.
La integración, en muchos casos, conduce a la concentración de medios en pocas
manos. Y justamente esa tendencia de convergencia es la cuarta característica comercial en
expansión. Hasta ahora, parece todavía estar en ciernes la posibilidad de interrelación
directa de canales para un sistema común, el encuentro de formas y lenguajes, la
unificación de modos de pago o la fusión directa de todas las empresas de un rubro. Sin
embargo, ese proceso íntegro está prefigurado –aunque no está decididamente definido–
por los proyectos de grandes grupos que tienen como objetivo maximizar sus ganancias. La
senda del futuro inmediato camina en esa dirección.
Consumo y fenómeno de la imagen
El avance de la industria y su desarrollo tecnológico, no obstante, es sólo uno de los
pilares para explicar la televisión de hoy. El otro es el televidente y su apropiación de los
3 Íbid. Pp. 27 y 28. El análisis, en este caso, no se hace desde los usos o las programaciones, sino a partir de una mirada económica. En la práctica de la televisión de cada país, la globalización está lejos de significar homogeneización directa de la oferta. Más allá de posibles características comunes en las formas de consumo, por lo general las programaciones siguen hoy profundamente ancladas a los contextos, gustos y demandas nacionales.
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fenómenos, con sus cargas simbólicas, sus identificaciones y su relación con los productos
audiovisuales. La escritora y ensayista Beatriz Sarlo describe en Escenas de la vida
posmoderna estos modos originales de consumo, estudia su influencia e importancia y no
deja lugar a dudas: el gran avance interactivo de la actualidad televisiva se desarrolló en
buena medida por el progreso tecnológico de las corporaciones electrónicas, pero no
hubiera sido posible de no haber estado directamente combinado con la acción directa de
los usuarios comunes y corrientes4.
La más importante de esas acciones del televidente es la que empezó a ejercer a través
de una “máquina sintáctica de resultados imprevisibles e instantáneos”5: el control remoto.
Una base de poder simbólico que, a su vez, existe gracias a las leyes que la propia
televisión enseñó a sus espectadores. Leyes sencillas y muy relacionadas entre sí que, para
Sarlo, se ajustan sistemáticamente.
En principio, la televisión debe respetar el mandato de acumular en pantalla imágenes
de fuerte impacto visual, pero con baja cantidad de información; a su vez, esas imágenes
tienen que estar combinadas a través de planos breves, y esos planos breves tienen que ser
sostenidos por una velocidad constante. La meta final es mercantil: hay que llenar la
pantalla de imágenes diferentes que reduzcan, a su mínima expresión, los saltos de canal.
Para los nuevos productores, en la atención de esos principios básicos reside la clave
para el éxito. Sin embargo, paradójicamente, en esa misma lógica es donde nació la
posibilidad estructural del zapping. Los tan temidos saltos de canal son posibles por la
atracción generada por la velocidad, que contribuyó a la pérdida de un discurso visual
repleto, “que puede ser cortado en cualquier parte, ya que todas las partes son
equivalentes”6.
Así, en el afán de cautivar al público, la televisión instaló leyes que hicieron que tuviera
que “tomar de su propia medicina” con la aparición del control remoto. En la actualidad,
según Sarlo, “sin zapping nadie miraría televisión”7.
Bajo esas circunstancias, la consolidación del zapping ha creado una forma de lectura y
una forma de memoria para los televidentes. Algunas imágenes icónicas que se recuerdan
con cada salto y miles que pasan y se olvidan.
Con los criterios de las leyes televisivas, además, se van repitiendo fórmulas de
programas en la grilla para reducir el peligro constante del cambio pantalla y la pérdida de 4
? Sarlo, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. Ariel, Buenos Aires, 2001. Pág. 60.5 Íbid.6 Íbid. Pág. 64.7 Íbid. Pág. 61.
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rentabilidad. Para Sarlo, en la actualidad se observa una “repetición serial [que] es una
salida para un cuello de botella: el de cientos de horas de televisión semanales (en los
canales de aire y en el cable) que serían inmanejables desde todo punto de vista si cada
unidad de programa quisiera tener su formato propio”8. La estandarización se torna
indispensable.
Sumado a ello, la televisión actual afina su rol eminentemente relacional, privilegia la
búsqueda de lazos que la unan con el televidente y logra ocupar el lugar de las antiguas
instituciones, porque a diferencia de ellas parece segura, accesible e igualadora: todos
somos objetos y sujetos que podemos entrar potencialmente en cámara de una forma u
otra. Y cuando el espectador naturaliza las intervenciones de corte y jerarquización, la vida
entonces pasa en la tele como si fuera parte del alrededor. Hay existencia y tiempo en
pantalla. Los televidentes se identifican y muchos aspiran a ocupar el espacio televisivo,
donde las palabras suenan más creíbles. De todas las instituciones, la televisión, sobre todo
en directo, parece la más digna de confianza para el espectador, quien ya no piensa en la
“verosimilitud” de lo visto, “sino directamente en la vida”9. Así, la televisión hace sonar la
voz de una verdad que todo el mundo parece comprender rápidamente, y con la
envestidura de una autoridad que no tienen las iglesias ni los partidos políticos ni la
escuela. Además, se erige como el lugar donde existe la ilusión de que podemos participar
en cualquier momento y ser parte de su aura invisible.
En consecuencia, la tele es un lugar común, de identificación familiar; tan familiar que
crea un sistema retórico cuyas figuras pasan al discurso cotidiano: “Si la televisión habla
como nosotros, también nosotros hablamos como la televisión”10. El flujo cultural de las
estrellas y el público es el mismo; y el dominio de ese sistema refuerza la pertenencia
identitaria.
Pero, a pesar de eso, la pantalla es al mismo tiempo lejanamente especial: allí se erigen
pequeños héroes y fantasías a la medida de lo cotidiano, que crean un imaginario
paternalista de protección, donde el público puede recurrir para lograr aquellas cosas que
las instituciones no garantizan: justicia y atención. La televisión, transformada entonces en
espacio de reclamos y lugar de reparaciones simbólicas, se ajusta en el inconciente
colectivo como un oasis que da por tierra con la aridez del mundo desencantado de todos
los días.
8 Íbid. Pág. 67.9 Íbid. Pág. 77.10 Íbid. Pág. 83.
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Televidentes en Argentina
La Argentina no escapa ni a la industria ni a la nueva relación del espectador con la
televisión, en un contexto donde el número de televidentes sigue creciendo. En los últimos
años, los hogares argentinos con televisores aumentaron hasta alcanzar una cobertura del
96,6 por ciento, según lo indica un informe especial de agosto de 2005 del flamante
Sistema Nacional de Consumos Culturales (SNCC), dependiente de la Secretaría de
Medios11.
El fenómeno se ha transformado en un doble proceso. Por un lado, aumentó la cantidad
de casas con televisores; pero, por otro, también hubo un crecimiento en materia de
equipamiento tecnológico. Una manifestación de ese crecimiento es el número de
televisores con que cuenta cada hogar. Según el informe del SNCC, “la cantidad promedio
de aparatos es de 2,4 televisores por hogar. Un promedio que se mantiene bastante estable
cuando se lo analiza a la luz de las variables edad, sexo, lugar de residencia y también –y
esto es lo más importante– cuando se lo cruza con el nivel socioeconómico: los sectores
más bajos de la sociedad registran un promedio muy similar al resto: 2,3 televisores por
hogar”12.
A este fenómeno de equipamiento se le debe sumar el de consumo: hoy la mayoría de
los habitantes del país ven más de tres horas de televisión por día. “Esto quiere decir que la
televisión sigue siendo el principal consumo cultural de los argentinos, como se viene
registrando desde hace muchos años”13.
El tipo de consumo también registra otro “fenómeno importante”14: la televisión parece
haber crecido como fuente de información. Casi el 85 por ciento de los argentinos asegura
seguir la realidad nacional a través de las pantallas, especialmente entre quienes son
mayores de 35 años y pertenecen a niveles socio-económico bajos: en esa franja prefieren
escatimarle tiempo a la prensa escrita y radial para recostarse en el atractivo reconocible de
la televisión15. “Esto quiere decir que la TV, que ha sido y es un medio ligado sobre todo al
entretenimiento, hoy ha sumado la información como un género buscado y aceptado por
los argentinos que ven televisión”, señala el documento. Justamente, los entrevistados por
el SNCC aseguran que las noticias son el género que más buscan en la pantalla (52,9 por 11 Ver en www.consumosculturales.gov.ar, Sección II, Exposición a la Televisión. Agosto de 2005.12 Íbid.13 Íbid.14 Íbid.15 En cambio, según el mismo informe, sólo el 21 por ciento de quienes pertenecen a niveles sociales altos asegura priorizar la televisión como medio para informarse.
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ciento), seguido de las películas (42,1 por ciento), los deportes (33,5 por ciento) y las
novelas (20,8 por ciento). No obstante, más allá de las preferencias por la información,
parece haber un bajo interés en los programas políticos (9,6 por ciento) y un significativo
aumento del consumo de los programas de televisión que sólo emiten música (12,5 por
ciento), lo que señala algunas tendencias importantes más allá de las estadísticas generales.
Finalmente, el último rasgo estadístico actual es el del crecimiento de los hogares
abonados a sistemas de televisión pagos, ya sea por cable o por satélite. Casi el 60 por
ciento de quienes tienen televisores están adheridos a ese tipo de servicio, particularmente
jóvenes de clase media y alta. De esa franja etaria de consumidores, casi el 90 por ciento
tiene el servicio.
Para el Sistema de Consumos Culturales, “la cifra marca varias cuestiones: una
decisión de inversión que crece cada vez más en los consumidores argentinos; una
industria que se distingue en la región y que se consolida; y una oferta de televisión que se
globaliza cada vez más por la presencia de señales de TV internacionales (…) en los
hogares”16.
¿Por qué estudiar la televisión pública?
En un país que vive este clima de nuevas y particulares formas de consumo televisivo y
consolidación creciente de la maquinaria audiovisual, la pregunta recurrente es cuál
debería ser el rol del Estado: ¿Es imprescindible aceptar la reorganización de la cultura
producida por el sistema audiovisual y su apropiación bajo las formas propuestas de leyes
de oferta, demanda y beneficio?
Ante la combinación de capital y uso simbólico ¿qué papel estratégico puede
desarrollar el Estado? ¿Puede ejercer un contrapeso? ¿Es deseable? ¿Es necesario? Y en tal
caso ¿Qué rol se le debería asignar a la televisión pública?
A partir de 2003, la administración del presidente Néstor Kirchner cuestionó los
postulados de la economía neoliberal que caracterizaron a la década del ‘90, desarrolló otra
escena discursiva y planteó una nueva forma de concebir el escenario estatal. Desde una
figura de revalorización de los espacios públicos y del Estado como planificador de un
proceso democratizador, el gobierno pareció otorgar una nueva oportunidad también a la
reorganización del debate cultural y político acerca del rol público frente a los medios.
16 Informe especial del Sistema Nacional de Consumos Culturales (SNCC).
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Se trata de un debate que plantea la necesidad de pensar nuevas estrategias a corto y
mediano plazo, que incluye críticas a la industria de la televisión comercial y sus formas de
consumo y que apuesta a la necesidad de cambio de la televisión pública y, por lo tanto,
del alicaído Canal 7, de cara a su desarrollo como verdadero espacio de servicio público,
plantado en una nueva estrategia frente a la industria y decidido a ser matriz de nuevos
bienes culturales.
En principio, resulta pertinente echar una mirada sobre esa declamación de ideas. Y si
reconocemos a la televisión como industria cultural líder con peso creciente en la sociedad,
también se torna necesario hacer un análisis de la situación actual de la emisora. Un
diagnóstico que explique si la Argentina hoy puede caminar hacia la construcción de la
televisión pública que tanto se ha reclamado, o si las palabras quedarán estaqueadas en su
mera pronunciación pública, ya sea por impericias oficiales o bien por complejidades
estructurales del propio canal.
Más allá de los gobierno de turno, las preguntas siempre se repiten: ¿es posible creer en
la posibilidad de un canal verdaderamente estatal, teniendo en cuenta que se trata de una
emisora con la cual el público aparentemente no se identifica? ¿Se puede desarrollar un
proceso de cambio con una estación de televisión que tiene un atraso tecnológico de casi
treinta años frente a la industria reinante? ¿Es posible comenzar a desarrollar una nueva
televisión pública sin una política que enmarque antes a todo el sistema?
Esas preguntas iniciales fueron las que dieron origen a este proceso de investigación y
las que explican, en el marco del sistema audiovisual creciente, el interés por reconocer
cabalmente qué ruta hoy estamos transitando y, sobre todo, saber cuáles son las
complejidades para avanzar en el futuro.
Si acaso hiciéramos una somera mirada sobre las más de cinco décadas de historia de la
televisión pública, las perspectivas parecen, al menos, tener horizontes de dificultad, pues
en principio esa denominación no se corresponde con la tradición argentina. El canal nació
y vivió como botín de guerra de gobiernos y dictaduras de turno, nunca fue una auténtica
alternativa frente a la televisión comercial y, desde la perspectiva propia del mercado,
tampoco pudo mantener su perfil competitivo. “Mientras las emisoras privadas, las señales
satelitales y por cable se multiplican día a día en el mundo y avanzan en la reconversión
tecnológica hacia la digitalización, la televisora pública hoy observa desde afuera atada a
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viejos y nuevos caprichos”17, dice Leonardo Mindez en su libro Canal Siete, medio siglo
perdido.
Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia, un aparente aire de renovación
parecía traer consigo una bocanada de oxígeno a lo que fue quedando de la televisión
pública, y se asomó la idea de reconvertir Canal 7, hoy la única emisora de alcance
nacional en manos del Estado, para enfrentar críticamente el desarrollo comercial.
El objeto de este trabajo desandará su camino a lo largo de las páginas, pero tiene tres
ejes claros: sacar a la luz verdades y mentiras acerca de las dificultades estructurales de la
emisora, explicar las actuales condiciones de gestión política y avizorar las complejidades
existentes para alcanzar la redefinición declamada históricamente. Un estudio que adquiere
notable relevancia ante la creciente conformación de una sociedad que se asienta cada día
con más fuerza en la industria audiovisual.
PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
17 Mindez, Leonardo. Canal Siete, medio siglo perdido. Ediciones Ciccus La Crujía. Buenos Aires, 2001. Pp. 113 a 118.
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“En más de medio siglo de vida soportó dictaduras, fue tomado como botín de guerra,
como órgano de la propaganda oficial de algunos gobiernos, como laboratorio de
engendros mediáticos, como agencia de colocaciones de los amigos del poder y como joya
preciada de la voracidad privatizadora de los noventa”18. La frase, incluida en una
solicitada publicada en los principales diarios nacionales, con motivo del 53º aniversario
del inicio de las transmisiones de la televisora pública, resume en pocas palabras el
diagnóstico del gobierno de Néstor Kirchner sobre la controvertida historia de Canal 7,
marcada a fuego durante cinco décadas.
Una postura que se enmarca en el discurso más amplio del nuevo gobierno que, desde
su asunción en mayo de 2003, ha venido reivindicando la defensa de los bienes y empresas
públicas a través del rol protagónico del Estado, diferenciándose de las políticas
económicas de las administraciones que lo antecedieron, particularmente durante los ‘90.
De ahí que, “conciente de la importancia estratégica, de la función social y del rol
fundamental que debe desempeñar [el canal público] en un Estado moderno”, el gobierno
de Kirchner subraya en la solicitada su “firme decisión de ponerlo en el lugar que se
merece”. Una idea ambiciosa que otras gestiones imaginaron, pero que nunca llegaron a
ejecutar: la posibilidad de colocarlo “a la altura de las mejores emisoras estatales del
mundo, generando productos de consumo interno y exportables”, según explicitó el nuevo
gobierno19.
En primer lugar, es conveniente señalar los alcances temporales de la investigación:
esta tesis abarca la gestión Kirchner en el canal estatal, desde su asunción en mayo de
2003, hasta octubre de 2005. Las razones son eminentemente políticas. A poco de
cumplirse tres años de gestión, la elección parlamentaria del 23 de octubre de 2005 fue la
primera prueba de fuego concreta sobre la aceptación social del rumbo que lleva el
gobierno. Tras los comicios, y como sucede siempre en estas ocasiones, sobrevinieron
balances parciales, evaluación de resultados y cambios de funcionarios. En ese sentido, el
período analizado resulta fundamental para evaluar la marcha institucional en Canal 7,
partiendo del diagnóstico trazado inicialmente por el gobierno y analizando las iniciativas
concretas realizadas en la emisora, así como las que todavía continúan pendientes.
No obstante, este análisis cobra aún más relevancia porque profundiza la evaluación de
las complejidades y obstáculos intrínsecos del canal que a priori se le presentan al gobierno
para alcanzar los objetivos esbozados públicamente, además de las posibles dificultades
18 Diario Clarín, 17 de octubre de 2004, pág. 25. El subrayado es original.19 Íbid.
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políticas propias de la administración. Todo ello servirá para entender cuál es la situación
real de cara a la construcción de la televisión pública declamada durante décadas.
En sus cincuenta y tres años de vida, Canal 7 se ha caracterizado de forma recurrente
por disputas internas de corte político-sindical, pujas generadas en relación con el
funcionamiento ideal de una emisora pública y sus repetidos usos como botín de guerra a
la hora de dirimir internas de gobierno. En el medio de los enfrentamientos, las formas de
financiamiento, los contenidos de la programación y la planificación de objetivos fueron
puntos recurrentes a la hora de las discusiones. “Canal 7 primero es un ministerio y
después un canal de televisión”20, señaló Leonardo Bechini, cuando aún dirigía el área de
Ficción y Entretenimientos del canal.
Parte de este trabajo estará destinado a profundizar estas cuestiones y explicar de qué
manera inciden en el avance institucional del canal.
De todas maneras, al abordar esta problemática no puede dejarse de lado el debate
sobre una política concreta de medios públicos. Es que las desavenencias históricas en el
seno del canal no agotan el tema de análisis, dado que hoy, dentro del propio gobierno, se
evidencian diferencias de criterios para abordar cambios en la televisión pública. En
definitiva, el desarrollo del canal público ideal al que el gobierno aspira se topa con una
serie de trabas internas y externas a la administración.
Según sostienen ciertas organizaciones sociales comprometidas con la propuesta de una
emisora abierta a la participación ciudadana, Canal 7 debería estar descentralizado de la
figura presidencial, tener autarquía financiera, contar con participación de la ciudadanía en
su administración y someterse a un organismo de control autónomo e independiente.
De hecho, algunos de estos puntos fueron avalados por el propio gobierno. Entre ellos,
por ejemplo, se destaca la modificación del artículo 45 de la ley de Radiodifusión, que fue
aprobada a instancias del propio Ejecutivo y permite que organizaciones sin fines de lucro
accedan a una licencia de radiotelevisión.
En lo que hace a Canal 7 en particular, los máximos exponentes del gobierno en
materia de medios públicos anunciaron en junio de 2005 un plan de reequipamiento
tecnológico que se puso en práctica, en una primera etapa, a través de los 20 millones de
pesos incluidos en el presupuesto de ese año para las emisoras estatales de radio y
televisión. Asimismo, según señaló el secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur,
el objetivo es abrir 17 repetidoras en capitales de provincias y grandes centros urbanos para
20 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Guillermo Blanc, en Cartelera 1030. AM 1030 Radio Del Plata; sábado 14 de mayo de 2005.
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incrementar la cobertura del canal del 38 por ciento actual al 75 por ciento. En tanto, se
informó que se está renovando el parque automotor y que se han reformulado los contratos
de todos los programas que están al aire en la emisora21.
Desde el gobierno, argumentan que se trata de una primera etapa para iniciar
posteriormente un proceso de debate y discusión que incluya a sectores que no estén
vinculados al gobierno, a fin de consensuar una política de fondo para la emisora pública.
Por lo pronto, en el período analizado, se advierte que la actual gestión en Canal 7 no
ha definido con precisión:
si el contenido de la programación del canal debe apuntar a competir con los
canales privados o si en cambio se deben estimular los contenidos culturales y educativos
como política diferencial;
si en el largo plazo Canal 7 debe financiarse con publicidad, con donaciones, con
fondos públicos o con un sistema de financiamiento mixto;
de qué manera se terminará con la histórica dependencia del canal como vocero y
medio de propaganda del gobierno de turno, y
finalmente, cómo se pretende fundar un servicio público de televisión que sea
producto de una planificación participativa de la sociedad civil y que responda a
finalidades concretas sustentables a lo largo del tiempo.
Dos opciones
Una de las apuestas más fuertes en materia de medios públicos que lleva adelante la
gestión de Néstor Kirchner es el proyecto de Telesur, una iniciativa política de televisión
regional compartida con los gobiernos de Venezuela, Cuba, Bolivia y Uruguay22 y en la
que toma parte Canal 723.
21 Informe del secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur; el subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto; el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos, Ricardo Palacio, y el gerente de emisoras de Radio Nacional, Roberto Brennan, el 7 de junio de 2005, a pedido de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional.22 En enero de 2006 el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, retiró la participación de su país en la cadena Telesur.23 El director de Telesur, Aran Aharonian (Uruguay), indicaba en 2005 que la distribución de la propiedad en la emisora regional era la siguiente: Venezuela 51%, Argentina 20%, Cuba 19% y Uruguay 10%. Para Venezuela significó un aporte de capital cercano a los 6 millones de dólares, mientras que Argentina participa con la producción de material fílmico, contenidos televisivos y la instalación de una corresponsalía en Buenos Aires.
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Telesur comenzó a emitir su señal de prueba el 24 de julio de 2005. Tres meses después
de aquella primera transmisión, el 31 de octubre, se amplió la franja horaria a una
programación diaria de 24 horas. La intención del medio, según lo expresó uno de los
coordinadores del proyecto, el subsecretario de Medios de la Nación, Juan Gabriel
Mariotto, es constituirse como una propuesta “anti-CNN”, ya que sus contenidos estarán
centrados en formatos periodísticos con una impronta regional, a los que se les sumarán
programas culturales y de difusión con las características de los países latinoamericanos.
El énfasis en la “programación latinoamericana” de las emisiones de Telesur podría
interpretarse, tal vez, como indicio del contenido que el gobierno pretende para Canal 7, y
que hasta ahora no ha precisado. No obstante –explica Mariotto–, la participación de la
emisora nacional en el proyecto “excede el rol de Canal 7 porque viene a cubrir una
expectativa regional”, por lo que la participación de la emisora argentina se reduce “a
producir información para los segmentos informativos de Telesur”24.
Por otra parte, en el seno del propio gobierno se baraja una propuesta paralela a la de
Canal 7, con funciones que se han reclamado históricamente para la emisora pública.
Según confirmó el secretario de Cultura de la Nación, José Nun, se están realizando
“estudios de factibilidad” para la construcción de un canal cultural –“ágil, divertido, que
incluso transmitiera novelas que tuvieran contenidos educativos”– en el que participen “la
Secretaría de Medios y el Fondo Nacional de las Artes, universidades de todo el país, y
junto a ellas, ONG’s y empresas privadas, como se hace en España, en Estados Unidos, en
Canadá”25.
De llevarse a cabo esa iniciativa –que Mariotto calificó de “extraordinaria”– se corre el
riesgo de que se postergue aún más el debate respecto de lo que se debe hacer en Canal 7,
“un animal difícil de conducir” –según Nun– en donde “habría que emplear cirugía mayor,
(...) porque evidentemente hay estructuras muy anquilosadas”26.
Lo anterior, sumado a las desinteligencias que el propio gobierno admite en la
conducción del canal, empieza a poner de manifiesto que la gestión Kirchner sigue
empantanada en las complejidades que traban el avance institucional; no sólo a causa de
factores ajenos e históricos, sino también por limitaciones que le son exclusivamente
propias.
24 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.25 Declaraciones del secretario de Cultura nacional, José Nun, en el programa Palabras Cruzadas. AM 590 Radio Continental; 12 de agosto de 2005.26 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
En el marco de la ley
Luego de estas consideraciones, es conveniente recalcar por qué se ha insistido y se
sigue insistiendo en la necesidad de implementar profundos cambios en torno de la
organización de la emisora, de la programación, del modo de financiamiento y de la
descentralización; y de qué modo debería llevarse a cabo una eventual modificación
estructural.
Según señala Leonardo Mindez, la reorganización de Canal 7 “sólo tendrá sentido si
conlleva una democratización profunda de su funcionamiento, que implique entre otras
cosas: la participación de la ciudadanía (o sus representantes directos) en la administración
del canal y en la de un organismo autónomo e independiente de control de todo el sistema
radiotelevisivo; el fomento de vías permanentes de comunicación y consulta entre los
usuarios y los prestadores del servicio público; y la apertura de la programación a toda
producción independiente, con un sentido federalista y de protección a las minorías basado
en tres pilares fundamentales: calidad, cultura y educación”27.
En ese sentido, y más allá de las políticas coyunturales anunciadas en Canal 7, para
Albistur el debate sobre las iniciativas de fondo en la emisora están “relacionadas con otra
asignatura pendiente con respecto a la política de medios y que es generar una nueva ley de
Radiodifusión que comprenda todos estos temas entre otras cosas”28.
En verdad, se trata de un diagnóstico compartido por la enorme mayoría de los
especialistas en la materia. Para el director de la carrera de Ciencias de la Comunicación
Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Mastrini, “ningún gobierno
democrático, y muchos menos aquel que destina importancia a la política de derechos
humanos, puede avanzar un paso en materia de radiodifusión sin antes cambiar dicha ley.
Es preciso que la sociedad comprenda que no hay democracia posible sin medios de
comunicación democráticos. La ley de Radiodifusión que se aplica todos los días de
nuestra democracia lleva la firma de Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz”, recuerda
Mastrini29.
27 Mindez, Leonardo. Op. cit., pág. 116.28 Informe de Enrique Albistur ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional. 7 de junio de 2005. 29 Mastrini, Guillermo. El poder y los medios de comunicación: ¿Cambió algo con el nuevo gobierno? Apunte de la cátedra “Política y Planificación de la Comunicación” de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA.
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El cana l que no mi ramos
No obstante, el gobierno asegura que el debate debe darse entre todos los sectores luego
de implementado el plan de reequipamiento técnico anunciado.
El 20 de mayo de 2005, la gestión de Néstor Kirchner prorrogó –por decreto 527/05–
las concesiones de licencias de radio y televisión abierta y por cable30, lo que acarreó una
serie de críticas provenientes de diversos sectores relacionados a los medios públicos por
entender que la medida dilata la discusión por un nuevo marco regulador.
Para el gobierno, se trató de una decisión “de emergencia” tomada para resolver una
“situación crítica”, que “permite trabajar a largo plazo, sin tantos apasionamientos ni tantos
intereses a defender en el corto plazo” en la discusión de una nueva ley de Radiodifusión31.
Ante los cuestionamientos recibidos, el gobierno alegó el impulso de la modificación
del artículo 45 de la ley de Radiodifusión, que finalmente fue aprobada en ambas Cámaras
del Congreso. Sin embargo, para muchos especialistas, se trató de un “bacheo” que no hace
más que confirmar los temores sobre una postergación perpetua de la sanción de un nuevo
marco regulador.
En tanto, y bajo ese mismo temor, un numeroso grupo de sindicatos, organismos de
derechos humanos, facultades y carreras de comunicación e instituciones educativas en
general, han conformado la Coalición por una Comunicación Democrática, que impulsa la
Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia. Sintetiza en 21
puntos los objetivos políticos que debería contener la futura ley, y ha alcanzado un
importante apoyo de personalidades y ciudadanos.
Objetivos
Este trabajo profundizará cada una de las cuestiones antes expuestas y buscará:
Dar cuenta de las complejidades estructurales de Canal 7, desde los problemas
de desfinanciamiento, atraso tecnológico y cobertura, hasta las dificultades
políticas y gremiales que caracterizan a la emisora.
Explicitar las propias limitaciones de la gestión Kirchner en la administración
del canal.
Demostrar que Canal 7 sigue debatiéndose en cuestiones que por ahora siguen
postergando el avance institucional.
30 Por el decreto 527/05, entre otros, Telefé seguirá en manos de Telefónica hasta 2025, Canal 13 en manos de Clarín hasta el mismo año y Manzano, Vila y Avila concentrarán América hasta 2022.31 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.
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El cana l que no mi ramos
Para abordar esta problemática, el material de análisis está constituido por las
entrevistas realizadas a los principales referentes involucrados en el tema y con real
injerencia en la gestión; entre otros, el subsecretario de Medios de la Nación, Juan Gabriel
Mariotto; los titulares de los gremios mayoritarios del canal, Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Daniel Das Neves, y el Sindicato Argentino de
Televisión (SAT), Alejandro Ruiz. Además se entrevistó al diputado Osvaldo Nemirovsci,
presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara baja y uno de los encargados
de la elaboración de un proyecto de ley de Radiodifusión; a Guillermo Jenefes, presidente
de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado
nacional; a Irma Parentella, ex diputada por el ARI que fue una de las autoras del proyecto
Radio y Televisión Argentina (RTA); al director de la carrera de Comunicación Social
(UBA), Guillermo Mastrini, y al periodista Mauro Federico.
Al mismo tiempo, se tomarán como material de análisis distintas fuentes secundarias,
tales como la solicitada publicada en los principales diarios nacionales con motivo del 53°
aniversario de la fundación del canal, los informes del gobierno presentados en el
Congreso, la emisión del programa Huella Digital32, que presentó un primer debate acerca
de qué medios públicos hacen falta en democracia, y también se considerarán las
declaraciones públicas que los funcionarios realizaron en distintos medios de
comunicación.
Métodos y Técnicas
El presente trabajo prefiere abordar el problema del conocimiento en cuestión desde
una perspectiva metodológica relativista. Se trata de un enfoque relativista puesto que los
criterios para valorar los hechos se relacionan con un presente histórico particular. De ahí
que el papel que, como observadores de la realidad asumimos, consiste en analizar y
explicar las acciones concretas que la actual gestión de gobierno materializa como una
política de medios para Canal 7.
32 Es un programa que Canal 7 transmitía los jueves a las 22 con la conducción del periodista Mauro Federico. En la emisión del 24 de junio de 2004 se realizó un debate sobre qué hacer con los medios públicos. Entre los panelistas, participaron: Damián Loreti (por entonces director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA); los diputados Osvaldo Nemirovsci (PJ) y Federico Pinedo (Compromiso para el Cambio); la ex diputada por el ARI Irma Parentella; la socióloga Alcira Argumedo; los representantes de los sindicatos SAT y UTPBA, Alejandro Ruiz y Daniel Das Neves, respectivamente. También estuvieron Sergio Fernández Novoa, Coordinador General del Comfer, y Sergio Lucarini, por el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
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El cana l que no mi ramos
Por eso, para llevar adelante esta orientación, la estrategia metodológica tendrá carácter
cualitativo. En ese sentido, se trabajará a partir de entrevistas en profundidad a los
principales protagonistas de la administración en el canal estatal. Éstas fueron grabadas y
luego transcriptas. Se realizaron sobre la base de una guía de pautas o temas que sirvieron
de disparador para operar con preguntas abiertas y flexibles, las cuales permitieron sondear
al entrevistado respecto de sus perspectivas o puntos de vista.
Herramientas teórico-conceptuales
Para analizar la gestión del gobierno de Kirchner en Canal 7 es necesario tener presente
determinadas categorías conceptuales que servirán para analizar el sentido de los objetivos
perseguidos por esta administración y las políticas concretas que se desarrollan en el canal
estatal.
En ese sentido, se consideraron pertinentes a la hora de analizar nuestro objeto de
estudio, los siguientes conceptos y autores.
Del profesor Guillermo Mastrini, se abordó la idea de servicio público y su
diferenciación con el concepto de servicio de interés público. Es importante destacar esta
singular distinción puesto que, desde la primera ley de Radiodifusión en 1953, se
estableció que el servicio es de interés público (el Estado fija el marco regulatorio general
y concede licencias) mientras que en Europa el Estado se reservaba el monopolio del
servicio público, planificando el conjunto del sistema.
Además, se tomaron las características constitutivas del servicio público planteadas por
Antonio Pasquali: financiación mayoritariamente con fondos del erario público, lo cual
significa autonomía política del gobierno de turno e independencia del mercado
publicitario; universalidad, en tanto alcance nacional; federalismo, que está vinculado a la
idea de descentralización regional, lo cual supone: jurisdicción federal en la asignación y
control de los recursos de radiodifusión, respeto por las identidades regionales y
promoción de producciones nacionales y de calidad.
Respecto de los modelos de gestión conocidos en el sistema mundial de televisión, se
tomaron como referencia las características dadas por Leonardo Mindez y Pere-Oriol Costa
para el modelo europeo y el norteamericano, de los cuales se abordarán las limitaciones
que experimentaron a mediados de 1970, en el proceso que se conoce como “las crisis de
las televisiones públicas europeas”.
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El cana l que no mi ramos
Además, se dio cuenta del proceso de desregulación del sistema televisivo argentino,
planteado por Guillermo Mastrini y Mariano Mestman. Estos autores consideran que, a
partir del auge del neoconservadurismo en los años ’80, se consolidó un proceso de
desregulación, concepto que no es otra cosa que “el intento de disfrazar la nueva dirección
en la intervención encarada por una gran cantidad de gobiernos nacionales [en América
Latina]”33. Sostienen que “el uso del concepto de desregulación constituye una falacia
construida a partir de presentar Estados en retirada, cuando por el contrario dichos Estados
se encuentran en la primera línea de batalla, generando un volumen de dispositivos legales
destinados a establecer reglas de juego acordes con los intereses de los grupos
oligopólicos. Así, mientras se declama una supuesta apertura hacia un hipotético libre
mercado, en realidad, se están sentando las bases para regular en pos de una nueva
estructura de propiedad cada vez más dominada por el capital concentrado”34.
33 Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano. ¿Desregulación o re-regulación?: De la derrota de las políticas a las políticas de la derrota. Universidad de Buenos Aires. Febrero de 1996.34 Íbid. 34
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El cana l que no mi ramos
DESARROLLO
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El cana l que no mi ramos
CAPÍTULO I
Los modelos de gestión en Radiodifusión
Pese a que el fenómeno de la televisión surge tanto en Europa como en América en un
mismo tiempo, los procesos son totalmente disímiles en una realidad y en otra. Incluso, ni
bien los organismos internacionales de la comunicación (como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, UIT) acordaron a fines del siglo XIX que cada país ejercería su
soberanía sobre el espectro radiofónico dentro de su territorio, fueron los mismos Estados
nacionales los que se encargaron de darle un sentido y un marco regulatorio a la nueva
tecnología.
Así pues, se puede rastrear en las matrices político-culturales que fundaron los
procesos revolucionarios del siglo XVIII, el origen de los dos modelos teóricos que ayudan
a comprender el sistema de la radiodifusión en el mundo.
El proceso democrático que se inició con la Revolución Francesa trastocó la naturaleza
del poder. El Antiguo Régimen se resquebrajó y dio paso a un nuevo estado social donde la
igualdad rompió los vínculos aristocráticos que hasta entonces habían garantizado
determinados roles y status para los individuos35.
La ruptura de esa desigualdad fue entonces un primer paso hacia el individualismo,
cuya radicalización luego se expresó en el repliegue del hombre sobre sus asuntos privados
y lo encontró aislado de sus otros semejantes, ahora iguales.
Fue recién hacia mediados del siglo XIX y en plena instalación y consolidación del
capitalismo como modo de producción, cuando los primeros análisis intelectuales
abordaron esta problemática. Fueron años de industrialización, del surgimiento de los
diferentes nacionalismos y de la aparición de un fenómeno social nuevo: el hombre
identificado con la masa a partir del conformismo y la adaptación a determinadas normas y
conductas que regularon su vida moderna. En ese contexto social, el escritor y político
35 Este proceso no fue instantáneo; a la Revolución le costó consolidarse. Para una descripción más precisa bien vale la pena abordar los análisis de los diferentes proyectos constitucionales que se dieron en Francia en aquella época. Primero, los girondinos establecieron una monarquía constitucional de carácter federal, con división de poderes, pero el voto era restringido; luego, los jacobinos instauraron la República en 1793 y el sufragio fue universal, sólo masculino. Después, el Directorio estableció la constitución del año III ó de 1795, aunque consolidó el compromiso burgués y sólo votaban los contribuyentes. Luego, con el golpe de Estado del 18 Brumario se aceleró la llegada de Napoleón al gobierno, quien unificó el poder en sus manos hasta 1815.
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El cana l que no mi ramos
francés Alexis De Tocqueville reflexionó sobre la transformación de la sociedad emergente
y analizó la disímil naturaleza del poder que se configuró en Europa y en Estados Unidos,
tras la Revolución Francesa (1789) en el primer caso, y la Revolución Norteamericana
(1776), en el segundo.
De Tocqueville fue uno de los primeros intelectuales modernos que reflexionó sobre la
libertad y le dio contenido a una de las principales corrientes del pensamiento político: el
liberalismo. En la década de 1830 vivió en Estados Unidos y de su viaje produjo el ensayo
La democracia en América, donde comparó la realidad de ese país con la de Francia. Son
interesantes sus observaciones acerca de la libertad y la democracia porque en ese libro se
encuentra la bifurcación de la idea del poder emergente.
A partir de su diagnóstico, De Tocqueville sostuvo que la libertad y la igualdad –dos de
los principios del Proyecto Cultural Moderno– no eran términos que se complementaban
sino que, por el contrario, entraban en contradicción. Advirtió que la democracia social,
inaugurada con la revolución de 1789, no necesariamente conducía a una democracia
política en la que estuviera garantizada la libertad del hombre.
El peligro que acechaba a ambos lados del Atlántico era la pérdida de la libertad
política. Mientras en Francia se desarrolló un despotismo omnipotente desde el poder
central, los norteamericanos lograron preservar la libertad política a través de lo que De
Tocqueville llamó el arte de la asociación o “asociacionismo”. Esta particularidad que se
observó en Estados Unidos consistía en que los ciudadanos se reunían alrededor de sus
causas comunes. “Los norteamericanos de todas las edades, de todas las condiciones y del
más variado ingenio, se unen constantemente y no sólo tienen asociaciones comerciales e
industriales en que todos toman parte, sino otras mil diferentes: religiosas, morales, graves,
fútiles, muy generales y muy particulares”36. La generación de alternativas a la
concentración despótica del poder estaba dada entonces por la posibilidad de una
dispersión o multiplicación del poder a través de instituciones intermedias que aseguraran
que el hombre participara y que en esos espacios tuviera poder.
En Francia, el autor observó que la radical desconfianza que tenían los ciudadanos
hacia cualquier vestigio aristocrático impulsó la concentración de poder en un único
órgano, el cual fue el único facultado para establecer leyes generales y uniformes para
todos.
En su ensayo, De Tocqueville sostiene que el despotismo que nació de una revolución
democrática (para el caso, Francia) generó los vicios del individualismo. Los hombres se
36 De Tocqueville, Alexis. La Democracia en América. Volumen II. Aguilar, Madrid, 1989. Pág. 473.
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El cana l que no mi ramos
hallaron más dispuestos a aislarse unos de otros y a perpetuar en el seno de la igualdad los
odios que la desigualdad del Antiguo Régimen había hecho nacer. Por eso, De Tocqueville
destacó que, a diferencia de los franceses, “la gran ventaja de los norteamericanos consistió
en haber llegado a la democracia sin sufrir revoluciones democráticas, y haber nacido
iguales, en vez de llegar a serlo”37.
Rescatar a De Tocqueville sirve para entender cómo dos procesos revolucionarios
impulsaron dos lógicas diferentes de concebir el poder y la sociedad. “La igualdad de las
condiciones produce dos comportamientos antitéticos [de uno y del otro lado del
Atlántico]: el gusto por la competencia (...) y el repudio de la competencia”38, sostiene
Pierre Manent en su capítulo dedicado a De Tocqueville. En Francia, el rechazo a la
competencia “impulsa a confiar todos los privilegios y todos los poderes a la
administración central para tener la seguridad de que ellos no serán poseídos por el
vecino”39, mientras que el sentido y el gusto por la competencia es un rasgo específico de
la democracia norteamericana.
Así entonces, desde una perspectiva teórica e histórica, se puede decir que las dos
concepciones de poder, ambas de naturaleza moderna, están presentes en los modelos de
gestión que forjaron la radiodifusión tanto en Estados Unidos como en Europa. La mayoría
de los autores que se han ocupado del tema distinguen, por un lado, el modelo europeo y,
por otro, el modelo norteamericano.
El primero se identificó con un servicio público donde el poder central debe garantizar
su prestación y el acceso universal. En cambio, el norteamericano privilegió la lógica de la
competencia entre diferentes servidores y reservó al Estado el papel del regulador. Si acaso
se abordara el diseño comunicacional que se organizó en Estados Unidos y en Europa,
inmediatamente se puede entender tal diferencia.
Ahora bien, la tradición en América Latina fue distinta. Producto de la influencia
cultural que ejerció Estados Unidos como nueva potencia después de la Segunda Guerra
Mundial, los países latinoamericanos desarrollaron sistemas de radiodifusión similares al
estadounidense. En verdad, se trató de un sistema mixto que, en principio, adoptó la lógica
del interés público al mismo tiempo que construyó empresas estatales vinculadas con
alguna pretensión de servicio público.
Guillermo Mastrini, director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), lo definió claramente: “Un sistema mixto en donde convive una 37 Íbid, pág. 468.38 Manent, Pierre. Historia del pensamiento liberal. Emecé Editores, Buenos Aires, 1990. Pág. 247.39 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
radiodifusión privada con una radiodifusión pública en cuanto a su pretensión, estatal en
cuanto a su propiedad, y gubernamental respecto a su política más concreta”. Ese,
precisamente, es el caso de Canal 7.
El modelo norteamericano
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El cana l que no mi ramos
Características generales
Aunque antes había habido desarrollos incipientes en varios lugares del mundo,
Estados Unidos fue el país que inauguró, entre 1939 y 1941, la televisión como medio de
comunicación masiva. Un inicio que tendría impulso definitivo en 1947, dos años después
de finalizada la Segunda Guerra Mundial, con una serie de medidas oficiales que
aceleraron rápidamente su desarrollo global.
A raíz del medio social en el que surge –que no escapa a las estructuras políticas,
económicas y culturales que se especificó en Los Modelos de gestión en Radiodifusión– en
Estados Unidos se conformó un modelo específico de neto carácter privado. Tal como
destaca el autor Leonardo Mindez, “en los Estados Unidos la radiodifusión fue entendida
desde un principio como un negocio de libre competencia entre empresas”40.
Así, el desarrollo televisivo siguió las pautas que se encuadraban tradicionalmente en
esa lógica de predominio, con una fuerte competencia por las audiencias –el rating como
máximo indicador de éxito del negocio– y la financiación basada en la publicidad.
Sólo durante la Primera Guerra Mundial, las Fuerzas Armadas –especialmente la
Marina– habían presionado para poner orden y controlar el espacio radioeléctrico. Una vez
finalizado el conflicto bélico, el Estado retomó su tradicional postura liberal no
intervencionista y, a partir de ese momento, abrió paso de forma definitiva al mercado
comercial de la radiodifusión, que en el caso de la televisión terminó desarrollando una
confluencia de intereses iniciales entre fabricantes de televisores, anunciantes, cadenas y
emisoras.
Bajo este régimen, a la esfera pública se le asignó un rol secundario. Guillermo
Mastrini define sintéticamente la cuestión: “El Estado fija el marco regulatorio más general
y concede al sector privado licencias para operar el servicio con autonomía. Incluso, en
algunos casos, estimula positivamente a esos servidores privados para que funcionen en
mejores condiciones”41.
En definitiva, en un camino contrario al de la televisión en Europa, el modelo
norteamericano evita una participación fuerte del Estado: la base general nace de la
actividad empresaria y los emisores siempre son los particulares. En la escena de la radio-
televisión comercial americana los principales actores son las cadenas, las emisoras, las
40 Mindez, Leonardo. Op. cit., pág. 26.41 Mastrini, Guillermo. Apunte de la materia “Política y Planificación de la Comunicación”. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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El cana l que no mi ramos
agencias de publicidad y las firmas que con sus recursos patrocinan las emisiones. En este
contexto, el poder público tiene el papel menor de regular los aspectos del sistema que sin
un poder arbitral causarían el caos comunicativo.
Modelo privado y financiación
Los caminos divergentes de los modelos históricos en Europa y Norteamérica
generaron un eje de diferenciación fundamental: el tipo de financiación. Diferenciación
que tiene una importancia cardinal, porque repercute directamente en el proyecto
conceptual de la programación.
Los principios del funcionamiento norteamericano son sencillos: al ser los ingresos
exclusivamente publicitarios, se maximiza la esclavitud hacia los índices de audiencia. La
televisión es un negocio privado y cada empresa produce beneficios cuando haya en todo
momento ratings altos: si hay muchos espectadores, se pueden vender los espacios de
publicidad a un precio elevado.
La televisión norteamericana, con ese esquema, dio origen a un proyecto de
programación que pretende captar en todo momento el máximo número de espectadores.
Cualquier programa que no cumpla esa regla es considerado no rentable y, por lo tanto,
pierde su lugar en la grilla.
En conclusión, según especifica Pere-Oriol Costa, “el sistema americano está
concebido en torno a la idea de que el producto no son los programas sino el público. El
anunciante que quiere transmitir un mensaje publicitario, compra un público, o, más
exactamente, el acceso al público”42. En un modelo con esas características, un programa
para un público reducido carece de sentido.
Desarrollo histórico y conformación oligopólica
Los primeros experimentos públicos con la televisión en Estados Unidos fueron en
1937. Dos años después, el 30 de abril de 1939, se inauguró el primer servicio regular en
Nueva York.
42 Costa, Pere-Oriol. La Crisis de la Televisión Pública. Paidós, Barcelona, 1986. Pág. 196.
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El cana l que no mi ramos
Para entender el inicio y la posterior explosión de la televisión norteamericana, hay que
tener en cuenta, por un lado, la tradición política liberal y, por el otro, la misión y función
de un organismo público específico: la Federal Communications Comission (FCC).
La FCC nació antes que la TV. Su creación surgió en la década del ´30 a raíz de la
necesidad de reglamentar con eficacia las ondas para el servicio radiofónico. A finales del
´20, los problemas con las ondas se habían desbandado y fueron las propias cadenas –en
contra de la tradición de la política pública– las que pidieron ayuda al Estado para poner
límites a la desenfrenada competencia que, sin ningún tipo de regulación, hacía
insoportable oír la radio. Por esa razón, en 1934 el Estado creó la FCC y la dotó de
autonomía financiera y administrativa.
A partir de la década del ´40, la función que la Comisión tenía en la Radio se
implementó en la TV incipiente. Este organismo público pasó a tener la suma de los
poderes reglamentarios, jurisdiccionales, de investigación y de sanción en caso de
violación del sistema. No obstante, la competencia más conocida que tiene –quizás la única
que cumple cabalmente– es su poder de conceder las licencias de emisión.
A pesar de inaugurar el primer servicio en el ´39, recién el 1º de julio de 1941 la FCC
resolvió utilizar su competencia sobre las licencias y otorgó la posibilidad de que las
señales fueran enviadas a los hogares bajo financiación publicitaria. Esa decisión fue la
piedra fundamental para el desarrollo de la televisión. Desarrollo, sin embargo, que no tuvo
su explosión definitiva recién hasta 1947. Ese año, la Comisión sacó a la TV del letargo
impuesto por la Segunda Guerra Mundial e implementó un plan de frecuencias que
posibilitaba la existencia de 400 emisoras en el país.
El despegue, pese a escasos altibajos a raíz de problemas con la interferencia de
señales, fue contundente: para 1960, con un cupo de licencias más amplio y solucionadas
las limitaciones técnicas, las emisoras ya se elevaban a 600.
Rápidamente, la competencia ante el gran crecimiento se fue desvirtuando y el espíritu
del sistema –que era una televisión de base local– se corrió hacia un marcado proceso de
concentración oligopólica. Así, la inmensa mayoría de las emisoras locales terminaron
asociadas o afiliadas al desarrollo de tres grandes cadenas televisivas o networks: la
American Broadcasting Company (ABC), la Nacional Broadcasting System (NBS) y la
Columbia Broadcasting Company (CBS). De esa manera, la televisión fue adquiriendo
definitivamente funciones y desarrollos propios del contexto del sistema económico-
financiero en el que había nacido.
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El cana l que no mi ramos
Hoy, los canales tienen asentamiento local, pero estas tres networks son las verdaderas
protagonistas de la televisión, ya que aseguran la programación diaria de las emisoras
propias y de cada una de las asociadas. La clave reside en la economía en escala: las
grandes cadenas permiten la puesta en onda de programas más caros y atractivos que
aquellos que eventualmente podría producir cada estación local por cuenta propia. De esa
forma, NBC –vinculada originariamente al complejo militar industrial norteamericano–, la
CBS –nacida como una cadena con alta calidad de señal–, y la ABC –con negocios que
también llegaron a incluir salas de cine, parques de diversiones y editoriales de libros y
discos–, se reparten la casi totalidad de la audiencia.
Ante ese proceso, la FCC nunca supo ser un verdadero estamento de control: “…se ha
hundido en un laberinto burocrático al cual sólo los candidatos ricos pueden acceder. Y lo
que es más grave, privilegia casi siempre el interés inmediato de los propietarios. Cuando
las reglas no ofrecen evasión o escapatoria son olvidadas. En general, sus miembros fueron
o serán parte del oligopolio…”43, señala el autor Les Bertrand, quien además aduce esas
características a una razón principal: que el Estado nunca denominó a la televisión como
un verdadero servicio público.
La televisión pública norteamericana
Pese a las características que fue adquiriendo el sistema televisivo general, es justo
señalar que, en el amplio panorama privatista, el Estado norteamericano tiene reservado
parte del uso de las licencias para el servicio público.
Esa reserva comenzó a implementarse a partir de la década del ´40, cuando los
educadores presionaron para tener frecuencias de uso no comercial. La campaña hizo que
la propuesta creciera lentamente hasta que, a finales de esa misma década, el Estado
rescató las emisoras educativas, les otorgó parte de la banda de FM para su uso exclusivo
y, al mismo tiempo, les reservó frecuencias en la naciente televisión del momento. Para
1961, las emisoras de la Asociación Nacional de Emisoras Educativas (NAEB), propiedad
de escuelas, universidades, gobiernos de Estados y asociaciones sin fines de lucro, ya
sumaban 52.
En 1967 fue aprobada la Public Broadcasting Act, que creó la Corporation for Public
Broadcasting (CPB) como institución autónoma encargada de promover, controlar y
43 Bertrand, Les. En Costa, Pere-Oriol Costa. Op. cit. Pág. 188.
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financiar los programas de radio y televisión pública que serían distribuidos a las
estaciones por la Public Broadcasting Service (PBS) y la Nacional Public Radio (NPR).
Leonardo Mindez señala que, pese a que “la CPB nunca obtuvo un plan de financiación
gubernamental a largo plazo y debe luchar cada año por unas migajas del presupuesto
federal, es pertinente señalar algunos datos relevantes de la televisión pública
norteamericana”44:
Su misión fue defendida por el Congreso como instructiva, educativa y cultural.
En 1997, el gobierno federal aportó sólo el 17 por ciento de los gastos, los
gobiernos estatales y municipales el 47, y el resto –36 por ciento– fue financiado con
aportes y donaciones de particulares.
En 1997, la radio y la televisión públicas llegaron a ocupar el segundo y tercer
lugar respectivamente entre los servicios más apreciados por los norteamericanos en
función de los impuestos que pagan.
En septiembre de 1999, las estaciones de televisión pública sumaban 373, un cuarto
del total de las emisoras de televisión abierta de los Estados Unidos.
Conclusiones sobre las singularidades del modelo
A partir del modelo propuesto por Oriol Costa para describir la televisión europea y la
propuesta desarrollada por Mindez, se puede trazar un paralelo para el Modelo
norteamericano que contiene las siguientes características:
Finalidad Maximizar la audiencia (lo que permite aumentar
el ingreso por publicidad )
Propiedad Particulares y empresas privadas
Financiación Propietarios de estaciones, empresas productoras y
patrocinantes publicitarios
Control Desde 1934 existe la FCC como organismo
autárquico de control del gobierno federal. En la
práctica, juega un papel secundario, sus
observaciones son muchas veces ignoradas y nunca
sancionó con fuerza a ninguna cadena.
44 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pp. 28 y 29.
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El cana l que no mi ramos
En conclusión, tal cual apunta Mindez, podemos observar que el modelo
norteamericano “se define por la centralidad de un mercado comercial privado acaparado
por las networks, y una importante red complementaria de emisoras públicas que atienden
las necesidades culturales y educativas relegadas en la búsqueda del rating. Estamos ante
un sistema mixto irregular, en el que las networks compiten por captar la mayor cantidad
de audiencia e ingresos con mínimas obligaciones respecto al servicio, y las estaciones
públicas con un presupuesto magro tratan de llegar a todos los rincones del país con
programación que atiende los diversos intereses de las minorías”45.
En la Argentina, siempre se observó a la televisión de EE.UU. como el modelo a
imitar. Sin embargo, sólo las emisoras privadas copiaron con eficacia las formas
norteamericanas. En cambio, a diferencia del país del norte, la televisión pública –relegada
al olvido– hoy es una de las instituciones del Estado nacional con mayor desprestigio.
45 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
Radiodifusión de Servicio Público
En Europa, el concepto de servicio público nace con la Revolución Francesa. A partir
de entonces, los asuntos que afectan al conjunto de los ciudadanos y que no pueden ser
delegados a un sector específico de la sociedad se los define por su carácter público.
Precisamente, porque se trata de asuntos imprescindibles para la comunidad es que se debe
priorizar el interés colectivo sobre el particular. Además, el Estado empieza a jugar un
papel determinante a través de políticas públicas, organizando y planificando el
funcionamiento de los servicios de consumo esencial para la población.
Desde una perspectiva jurídica, un servicio público supone la satisfacción de una
necesidad de interés general, donde el Estado debe garantizar la prestación y continuidad
de los servicios.
Sin embargo, la teoría de los servicios públicos para el conjunto de la economía no
implica que éstos tengan que ser necesariamente prestados por el Estado, sino que dada la
esencialidad del servicio, sólo basta con que se garantice la universalidad de acceso. En ese
caso, la intervención estatal se limita a garantizar la distribución a todos los ciudadanos.
Por lo tanto, de acuerdo a este punto de vista, se justifica que un servicio público como el
consumo de agua potable –por ejemplo– sea prestado por una empresa privada en carácter
de concesionaria, mientras el Estado sólo interviene regulando la actividad desde un
organismo de control.
Otra de las características que definen al servicio público es que sea accesible a la
totalidad de la población, de modo tal que nadie quede excluido de los precios por su
capacidad de pago. Ahora bien, la historia argentina de los últimos quince años –en los que
empresas privadas se hicieron cargo de los servicios públicos46– indica que las tarifas
fueron consensuadas entre el Estado y el operador privado bajo confusas reglas de juego y
una fuerte presión del mercado. Entre las ventajas concedidas a las empresas prestatarias
46
? En relación con las privatizaciones, el historiador Mario Rapoport, en su habitual columna del diario platense Hoy, sostiene que “El proceso en nuestro país se caracterizó y adquirió especificidad por su celeridad y amplitud, en la medida que, en menos de diez años, se traspasaron al sector privado, entre otras áreas, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; el transporte y distribución de gas natural; los ferrocarriles y Aerolíneas Argentinas; además del sistema de jubilaciones”. A esa lista hay que agregar la petrolera YPF, Obras Sanitarias (hoy, Aguas Argentinas) y la entrega de las licencias de dos canales de televisión abierta a dos grupos editoriales locales: el 13 al Grupo Clarín y el 11 (Telefé) al multimedios Atlántida Comunicaciones (ATCO) de la familia Vigil que luego vendió al grupo español Telefónica. Más adelante, cuando se aborde el proceso de la desregulación y posterior privatización, será analizado con más profundidad. Rapoport, Mario. La memoria es un bien público: un balance de las privatizaciones en Argentina; en www.diariohoy.net, 21 de febrero de 2005.
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durante los ‘90, se destacó la posibilidad de dolarizar y ajustar las tarifas por el índice de
precios de los Estados Unidos, en franca violación a la ley de Convertilibilidad que
prohibía indexar los importes. Además, mientras imperó ese régimen de cambio, el Estado
argentino se comprometió a pagar importantes subsidios a las empresas prestadoras para
que los precios no estén sujetos a las leyes del mercado y sean accesibles a la mayoría de la
población47.
En radiodifusión, el concepto de servicio público supone la intervención del Estado en
la planificación del sistema. Pero las políticas de radiodifusión no están aisladas del resto
de las políticas públicas, sino que, por el contrario, deben estar indisolublemente
articuladas, de modo tal que el sentido de aquellas estén en directa relación con las
demandas sociales.
Este sería entonces el “deber ser” del servicio público. Sin embargo, no implica que
necesariamente, y por definición, deba ser un servicio estatal de carácter monopólico. Así
como, en relación con la estructura de propiedad, el sistema de radio y televisión en un
determinado país puede ser estatal, también puede ser de gestión privada. Ese es el caso de
la tradición norteamericana, como se desarrolló en el apartado anterior, donde el servicio
fue considerado de interés público. Aquí, el Estado sólo debe intervenir garantizando el
interés de todos los ciudadanos, fijando el marco regulatorio general y concediendo al
sector privado (instituciones de la sociedad) las licencias para operar el servicio con
autonomía. Por eso, en ese país la radiodifusión fue entendida desde un principio como un
negocio de libre competencia entre empresas o asociaciones vinculadas al sector. En ese
sentido, resulta evidente la correspondencia entre el diseño que se dio en Estados Unidos
en materia de radiodifusión y el eminente carácter político que observó De Tocqueville en
el espíritu asociativo que estructuró la sociedad norteamericana en el siglo XIX.
La noción de servicio público es uno de los conceptos fundamentales si se piensa
asignar valores y contenidos democráticos al sistema actual de las comunicaciones. Y entre
sus características elementales, la mayoría de los autores resaltan cuatro principios básicos:
continuidad, igualdad, autonomía económica y descentralización política.
47 En la actualidad, se da la paradoja que las empresas que manejan los trenes reciben en concepto de subsidios una cifra similar al déficit anual que tenían cuando eran administrados por el Estado. Según una nota publicada en Clarín, la ayuda a los trenes y subtes durante el 2004 fue de 221 millones de pesos. A eso hay que sumarle la previsión de gasoil que el Estado transfiere al sector de transportistas de pasajeros y cargas (empresas de camiones, colectivos, barcos, trenes y subtes). A través de ese mecanismo diferencial, las empresas pagan 85 centavos el litro de gasoil mientras que la diferencia respecto del precio promedio del mercado, de $1,40, es cubierta por el Estado e implica un desembolso de casi 360 millones por año. (Clarín, 27 de febrero de 2005).
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La continuidad del servicio debe estar garantizada. Resultaría inconcebible que la
prestación del mismo se viera interrumpida; más aún cuando se supone que es el Estado el
que planifica y organiza el funcionamiento del sistema. Incluso, si se diera el caso que el
operador privado deje de prestar el servicio, el Estado debe contar con los mecanismos que
habiliten de forma inmediata la continuidad de la prestación. Por eso, históricamente se
apeló a esta razón para justificar la tendencia en radiodifusión a constituir “monopolios
naturales”. Un monopolio natural por parte del Estado es más eficiente en términos
económicos cuando logra desarrollar y mantener un servicio público que, en un régimen de
competencia, no estaría garantizado.
La igualdad es quizás la razón fundamental para la defensa del servicio público. En
principio, porque encarna directamente con los valores democráticos. Un servicio público
debe estar orientado al público en general, sin importar diferencias de ningún tipo, ya sean
de naturaleza económica, de género, raza o religión. El acceso al servicio debe ser
igualitario y universal para toda la población, y para ello, la lógica de los medios públicos
debe apuntar a una amplia cobertura nacional, diversificando la oferta a través de una
distribución equilibrada de sus recursos, y respetando las identidades regionales y la
diversidad étnica. De ahí que es importante vincular la igualdad en el acceso al servicio
con una estructura de distribución verdaderamente federal, y no centralizada desde un polo
productor y difusor.
Por otro lado, siempre se pensó que uno de los sectores más importantes desde el punto
de vista estratégico para un Estado es el de la radiodifusión. Por eso, aquellos países que
detentaron la propiedad de la radio y la televisión lo hicieron al mismo tiempo teniendo en
vista la promoción y concentración de los proyectos de desarrollo tecnológico, de modo tal
que la posibilidad de pensar un proceso transformador, por ejemplo, en el sistema de la
radiodifusión, fuera potestad del Estado. Así lo entendieron la mayoría de los gobiernos
europeos que, mientras duró el consenso en torno de las políticas keynesianas, en los
presupuestos para financiar las corporaciones públicas destinaban importantes partidas
para la investigación y el desarrollo tecnológico.
La noción de autonomía económica fue pensada para que las empresas públicas
tuvieran garantizado su financiamiento a través de un monto fijo anual o bien de agentes
patrocinadores para proyectos específicos. De esta manera se eludía ingresar en una lógica
comercial, determinada por el mercado publicitario y la maximización de la audiencia.
Por último, así como resulta conveniente en un sistema de radiodifusión de servicio
público generar una autonomía económica, que apele a la audiencia en tanto ciudadanos y
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no a una masa homogeneizada de consumidores, también es importante instrumentar todo
tipo de mecanismo que evite la asimilación de la línea editorial del medio público a los
conceptos e ideas que posea la administración del gobierno. La descentralización política
de los medios públicos implica, en tanto, que éstos no sean agentes orgánicos de la
propaganda del poder político, lo que conduce a generar cierto consenso y legitimación en
gran parte de la ciudadanía.
El Servicio Público en Europa
En términos teóricos, el modelo de gestión pública en radiodifusión se identificó con la
tradición europea, aunque en cada país adquirió particularidades distintivas, de acuerdo a
su realidad económica-social y su sistema de representación política.
El modelo europeo de televisión se desarrolló luego de la Segunda Guerra Mundial,
aunque con orígenes en la radio en la década del ’20.
Desde un principio, los gobiernos europeos entendieron que las nuevas tecnologías
debían tener un rol vinculado con la difusión de la cultura nacional. Lo que sucedía era que
la mayoría de los países salía de la guerra mundial con una soberanía y un sistema político
debilitado; por eso era indispensable crear una televisión estatal que restaurara y reforzara
el consenso y la identidad nacional perdidos. De hecho, “en Alemania se constituyó una
estructura descentralizada y federalizada por imposición de los aliados durante la
ocupación, con la evidente intención de dificultar la resurrección del ‘espíritu nacional’
alemán”48.
Así pues, en el marco de una economía en crecimiento y un Estado regulador de la
esfera pública, se pensó en la lógica de servicio público para priorizar su función social
antes que la maximización de ganancias.
En tanto fenómenos masivos, la radio y la televisión venían a complementar los
proyectos en educación y el establecimiento de patrones de información social. Se entendía
que un sistema de radiodifusión que priorizaba la comunicación social reportaba beneficios
al proceso de consolidación de la democracia de masas. En ese sentido, la información se
convertía en un principio elemental para el ejercicio de la ciudadanía.
48
? Bustamante, Enrique. Op. cit. Pág. 34.
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El tiempo histórico en el que aparecen estas estructuras de comunicación se
corresponde con el nuevo escenario político que devino de la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, se abrió un espacio de reformas en el sistema capitalista occidental en el cual los
gobiernos y las clases dominantes buscaron la manera de hacer del capitalismo moderno un
sistema más ecuánime y justo. Era necesario concebir una lógica de igualdad que mitigara
los efectos del desarrollo de las clases sociales, que es un sistema de desigualdad basado en
la propiedad. Es así como la fuerza de los derechos de ciudadanía se orientaron a la
promoción de una medida mayor de igualdad.
T. H. Marshall, en Ciudadanía y Clase social, un tratado clásico de la relación entre el
capitalismo y la democracia, esboza la evolución de los derechos. En términos analíticos,
el autor sostiene que a partir del siglo XVIII se ha registrado una larga, irregular pero
persistente tendencia hacia la expansión de los derechos de ciudadanía. Primero fueron los
derechos civiles vinculados a la libertad individual; luego, los derechos políticos durante el
siglo XIX, a partir de los cuales el individuo empezó a participar en el ejercicio del poder
político como integrante de un cuerpo investido de la autoridad pública (magistratura) o
bien como elector de los miembros de ese cuerpo; y, finalmente, surgieron los derechos
sociales en pleno siglo XX, cuya expansión arrancó con el desarrollo de la educación
pública y los servicios sociales. De esta manera, el hombre nuevo que surge en la era de las
revoluciones (1789-1848) progresivamente fue abordando nuevas esferas en el ejercicio de
su nuevo estatus social, con iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes
y responsabilidades que el conjunto de hombres y mujeres que comparten con él un mismo
lugar de pertenencia. Así como el poder emergente le reconoció la libertad individual, más
adelante le reconoció el derecho de participar plenamente, por ejemplo, en las instancias
del sindicalismo y el movimiento obrero. Recién en el siglo XX, y después de que el
capitalismo industrial evidenciara gruesas disparidades de riqueza, ingreso y condiciones
de vida, las contradicciones del contrato intentaron erradicarse a través de los derechos
sociales. La noción de ciudadanía volvió a definirse, integrando una nueva dimensión en el
ejercicio de los derechos, de modo tal de imprimirle una cuota de igualdad a la lógica de
desigualdad que genera el capitalismo. Y lo hizo a partir de la seguridad y la garantía de
determinadas políticas públicas que aseguren la igualdad de condiciones. Son los derechos
que se articularon en torno del trabajo. El trabajador ya no se enfrentaría individualmente
con su patrón, sino que se garantizaba una relación simétrica entre ambos sectores.
En ese sentido, la principal evidencia de Marshall es la historia del Estado de Bienestar
(Welfare State) que desde hace años está en extinción. Sin embargo, hasta la crisis de los
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El cana l que no mi ramos
sistemas de bienestar social a mediados de la década del ’70, en Europa existió un amplio
consenso en relación con la presencia estatal tanto en sectores estratégicos de las industrias
como en el campo cultural, salvo algún que otro grupo de economistas neoclásicos que
advertían que el Estado de bienestar de posguerra conducía al camino de la servidumbre y
la ruina económica49.
Entre los principales partidos políticos, ese aval también se repetía a la hora de
considerar el sistema público de radiodifusión. En ese sentido, Mastrini sostiene que “tanto
conservadores como socialdemócratas no encontraron objeciones al sistema de servicios
públicos de televisión. Los conservadores porque consideraban a las corporaciones como
un instrumento ideal para ejercer el control social (...) [y, por el otro lado,] el servicio
público de televisión se correspondía con la idea que tenían los socialdemócratas acerca
del rol del Estado y con el desarrollo del Welfare State, a la vez que posibilitaba una
ampliación de la esfera pública”50.
Donde no coincidían conservadores y socialdemócratas era en relación con cuál iba a
ser el organismo de control de las corporaciones públicas. Mientras los primeros
“prefirieron que el control lo ejerciera directamente el gobierno, los socialdemócratas se
inclinaban por soluciones que vincularan las corporaciones al Parlamento”51.
Por otro lado, desde una visión macroeconómica, la mayoría de los países estaban
devastados por la guerra y no contaban con un mercado de consumo lo suficientemente
amplio como para garantizar tanto la venta masiva de aparatos receptores como la
rentabilidad de la publicidad. Por eso, “el Estado jugó un papel precursor para generar un
espacio estatal homogéneo en un doble mercado interrelacionado: la fuerte inversión
requerida en infraestructura permitió la expansión y universalización del servicio, y la
49 Este grupo de liberales clásicos suele ser el antecedente inmediato del enfoque neoliberal que surgió a mediados de la década del ’70, con la crisis del petróleo. Se trató de un círculo de economistas entre los que se destacaron Friedrich Hayek y Milton Friedman. En 1944, Hayek escribió Camino de Servidumbre, y tres años después convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la estación Mont Pèlerin, en Suiza. Entre los célebres participantes se encontraban, entre otros, Karl Popper, Walter Lippman, Michael Polanyi y el español Salvador de Madariaga. Perry Anderson en Neoliberalismo: un balance promisorio (CLACSO-EUDEBA, 1991) dice: “Allí se fundó la Sociedad de Mont Pèlerin, una suerte de franco-masonería neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y contra cualquier mecanismo de intervención del mercado por parte del Estado. Y lo hacían aún a pesar de que el capitalismo entraba en una fase de auge sin precedentes, presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas del ’50 y ’60. Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo “igualitarismo” de este período, promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia. Desafiando el consenso oficial de la época argumentaban que la desigualdad era un valor positivo”.50 Mastrini, Guillermo. Servicio público en Europa, dinámica de un concepto. En: Revista Causas y Azares N° 3, primavera 1995, pág.103.51 Íbid.
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38
El cana l que no mi ramos
producción sistemática de programas hizo atractivo el nuevo medio y suscitó la compra
masiva de receptores a precios baratos”52.
Al mismo tiempo, actuaron dos sectores importantes de la economía industrial que no
estaban para nada de acuerdo con que se formara una radiodifusión de naturaleza privada,
puesto que sus intereses habrián estado comprometidos. Fueron grupos de presión con
argumentos distintos, pero con un objetivo de conveniencia puntual: evitar la apropiación
del mercado televisivo por parte de otros intereses privados. Según Mastrini, “la creación
en Europa de monopolios de radio y posteriormente de televisión no fue una opción de
contenido progresista, sino la consecuencia de los intereses del capital de aquella época. La
televisión pública respondió como organización de un sistema de medios a los intereses de
las clases dominantes”53.
Por un lado, los propietarios de los periódicos veían como peligroso para sus ingresos
publicitarios el establecimiento de un sistema de televisión comercial. Si la televisión se
abría al juego privado le disputaría la torta publicitaria a las empresas gráficas y entonces,
sus ingresos disminuirían. Que el Estado se hiciera cargo del sostenimiento económico de
la radiodifusión implicaba que la inversión del mercado publicitario seguía estando en
manos de los propietarios de periódicos.
El otro actor interesado en que el mercado de la radiodifusión se consolidara era la
industria de aparatos receptores. Además de la necesidad de que la gente comprara los
nuevos equipos, preferían canales de televisión fuertes con el fin de expandir rápidamente
el mercado. La intervención del Estado garantizando la continuidad en la programación era
para ellos una cuestión de “responsabilidad económica”, ya que de esta manera se
aseguraba la consolidación de un mercado y se evitaba la inestabilidad que se evidenció al
momento de conformación de la radio. En su origen, las radios aparecían y desaparecían
del dial, fragmentadas, con pocas horas de transmisión al día y sistemas de escucha de baja
potencia. En ese marco, no había condiciones para que la población se mostrara interesada
en adquirir los nuevos aparatos.
Así pues, se conformó una alianza negativa entre los actores sociales comprometidos
en la constitución del sistema de radiodifusión54. Mastrini sostiene que “se la considera
52
? Bustamante, Enrique. Op. cit. Pp. 33 y 34. 53 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 30.54 El caso argentino resulta ilustrativo para ejemplificar los efectos de la alianza por conveniencia de los sectores interesados en el servicio público, claro que en un contexto político y económico diferente del europeo. Las agencias publicitarias que producían para Canal 7 en los primeros años de la televisión, estaban constituidas por los importadores y comerciantes de los aparatos Admiral, General Electric, Philips, Dumont y CapheArt. El negocio consistía en financiar la transmisión de espectáculos públicos para hacer crecer la
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negativa, ya que para algunos actores las corporaciones públicas fueron la solución que
comprometía menos sus intereses, tanto en el plano de los intereses económicos como
políticos”55.
No obstante, este tipo de alianzas tuvo a la vez una limitación. Cuando desaparecieron
las condiciones socioeconómicas que actuaron como determinantes para la defensa de la
intervención estatal en la radiodifusión, desapareció tal coalición. Esta debilidad vino a
demostrar que no existió un convencimiento respecto de que el modelo de servicio público
fuera el mejor sistema de radiodifusión. Por lo tanto, cuando los intereses mutaron de
punto de vista, la alianza se disolvió y con ello desaparecieron a la vez las bases de
legitimación de los servicios públicos. De ahí que no resultó casual que “a partir de la
ruptura de la alianza a comienzos de la década del ’80, las corporaciones públicas tuvieran
que soportar un continuo período de crisis que se extiende hasta nuestros días”56, y que se
abordará más adelante.
Por eso, tampoco es sorprendente que en el nuevo contexto político y económico,
inspirado en la filosofía neoliberal, se haya iniciado un proceso de desregulación (o re-
regulación, según otros autores, como Guillermo Mastrini y Mariano Mestman) en materia
de radiodifusión, que permitió, además del establecimiento del sistema comercial
financiado a través de la publicidad, los cruces entre el sector periodístico gráfico y el
audiovisual y, por consiguiente, la concentración de la propiedad de los medios en
holdings o grandes conglomerados mediáticos.
Las corporaciones públicas como formas del “Estado expandido”
En la práctica, el modelo público significó la creación de corporaciones estatales que
asumieron el control de la radiodifusión. Se trató de empresas públicas cuyo objetivo no
consistía en que el Estado hiciera negocios rentables, que emprendiera tareas productivas,
sino que, por el contrario, gastara dinero para que impulsara ciclos de reactivación
económica. Eran meros instrumentos estatales para desarrollar la racionalidad keynesiana
que articuló al Estado Benefactor. Por lo tanto, estas empresas además de generar empleo
fijaron “precios políticos” que no llegaban a producir rentabilidad pues de lo que se trataba
demanda de televisores. Se profundizará este tema cuando se aborde la historia del canal estatal argentino.55 Mastrini, Guillermo. Op. cit. Pág. 103 y 104.56 Íbid.
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era de que toda la sociedad se viese beneficiada utilizando los servicios públicos a precios
inferiores a los que hubiese establecido una empresa privada.
En la mayoría de los países europeos se configuró –según Enrique Bustamante– un
modelo que implicó “un triple monopolio: de producción (nacional e interna en una
proporción dominante), de programación (único operador autorizado a ofertar sus
productos) y de difusión (con control directo de la propia red de difusión de la señal)”57. En
otros, se autorizó de forma equilibrada la iniciativa privada en la radiodifusión, pero
siempre supeditada a la regulación del mercado por parte de instituciones estatales,
fundando así el paradigma de la competencia “cortés” con el sector privado.
Pere-Oriol Costa, en La crisis de la televisión pública, puntualiza una serie de variables
para diferenciar entre sí los sistemas públicos de radiodifusión. Así pues, sostiene que la
conjunción de la fuerza del ente de televisión, la fuerza empresarial y la fuerza de la
comunidad, representantes de los tres actores principales, concurren a la formación de los
modelos de disciplina del servicio radiotelevisivo y determinan su verdadero
funcionamiento. Según el grado de prevalencia de cada una de tales fuerzas, los diversos
aspectos de los sistemas, se ordenan en torno de alguna de estas soluciones:
El servicio de radiodifusión es un apéndice del Estado-aparato; un instrumento a
disposición de los órganos titulares de la función de dirección política.
El servicio tiene sus raíces en el Estado-comunidad, se coloca en el cuadro de los
derechos fundamentales de liberad, expresión del pluralismo social, y opera como
instrumento de presión de la comunidad sobre los órganos del aparato estatal.
El servicio es un canal neutro, en el sentido de la disponibilidad a recibir los
mensajes de todas las fuerzas sociales, y en el sentido de un uso del medio, tanto en
dirección de la comunidad como en dirección del aparato.
A partir de esta clasificación, también se pueden entrever otras determinaciones.
Por ejemplo, de la interrelación entre la fuerza del aparato estatal y la fuerza
empresarial se decidirá el grado de libertad con que actúa el emisor y el grado de
autonomía que tiene con respecto al Poder Ejecutivo. Incluso, ese mismo equilibrio de
fuerzas indicará el grado de objetividad al que pueden aspirar los mensajes.
Por otra parte, la fuerza de la comunidad determinará el grado de acceso de la sociedad
al ente de radiodifusión, así como el nivel de participación de la comunidad en el servicio.
Más allá de los matices que se pueden encontrar en cada caso, en Europa las
corporaciones públicas detentaron de forma monopólica los servicios de radio y televisión
57 Bustamante, Enrique. Op. cit. Pág. 33.
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hasta mediados de los años ’70, cuando se inician los procesos de desestabilización del
sistema y posterior desregulación.
La oferta de los programas de la televisión pública estaba estructurada por
determinados principios que fueron compatibles con la concepción de la comunicación
social en tanto instrumento del desarrollo educativo y democrático de las masas. Se trató
de tres objetivos precisos que indicaban a la vez un orden de prioridades: informar, educar,
entretener.
Para cumplir con ellos, se les otorgó a las corporaciones un conjunto de privilegios
además de cumplir con ciertas obligaciones.
Entre los privilegios, las corporaciones estatales se aseguraron el monopolio de los
servicios de radio y televisión sobre la base de tres argumentos justificativos. El primero de
naturaleza jurídica, el segundo de carácter político-económico y el otro, técnico.
En principio, el fundamento de la televisión pública se corresponde con el derecho
a la libertad de información que establecieron las constituciones liberales de los siglos
XVIII y XIX y que quedó patentado en la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre de 1948. En su artículo 19, dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de
expresión: este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
En otro orden, y como se dijo anteriormente, los Estados europeos asumieron las
fuertes inversiones en infraestructura que permitieron la expansión y la universalización
del servicio. Por otro lado, garantizaron la continuidad del servicio, generando las
condiciones sustentables para volver atractiva a la nueva tecnología, lo cual benefició a las
industrias de aparatos receptores. Y, finalmente, al prohibir la publicidad en la televisión
estatal, eludió disputar el mercado publicitario con los grupos editoriales.
Por último, existía una cuestión fáctica que consistió en la escasez de frecuencias.
Este problema hacía necesaria la intervención estatal en el sistema de radiodifusión a fin de
evitar la superposición de emisoras con otras. Además, como el número de frecuencias es
limitado, “resulta evidente que no puede haber un acceso no regulado a su utilización, sin
que se quiebren los principios que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre”58.
Asimismo, se les otorgó a los entes públicos una fuente de financiación segura a través
de la recaudación de un canon o licencia. Este sistema “implicó el pago de un monto anual
58 Costa, Pere-Oriol. Op. cit. Pág. 80.
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de dinero por parte de los poseedores de aparatos de televisión, no en concepto de derecho
de recepción, sino con el criterio de sostenimiento del sistema público”59.
El canon es un impuesto de carácter regresivo, es decir que no es proporcional a los
ingresos del ciudadano, y está afectado, en el sentido de que lo recaudado no se destina a
las arcas del presupuesto general del Estado, sino exclusivamente a la cuenta del ente de
radiodifusión. Lo interesante de esta modalidad es que se introdujo desde el principio del
sistema y en la mayoría de los países fue aceptado en general por la sociedad. Se paga en el
momento de la compra de un aparato y luego, una vez al año. Según Pere-Oriol Costa,
España y Andorra fueron la excepción en Europa; en esos países, el canon fue eliminado
tras la inauguración de los servicios de televisión.
Como contrapartida, las corporaciones tuvieron una serie de obligaciones determinadas
por el Estado.
En primer lugar, los entes de radiodifusión debían brindar un servicio universal que
cubriera la totalidad del territorio. El habitante que vive en zonas remotas debía recibir el
mismo servicio que aquellos que viven en los principales centros urbanos. La dificultad en
el acceso geográfico no podía ser una razón para aumentar el monto del canon, sino que el
alcance debía ser subvencionado por los habitantes de las ciudades más pobladas. De esto
último, se desprende que la naturaleza del servicio universal a un mismo precio se fundaba
a la vez en un principio de solidaridad comunitario.
En segundo lugar, las corporaciones públicas debían brindar una programación
equilibrada, que atendiera los gustos y necesidades de los diversos grupos que componen
cada sociedad, y con un especial interés en las minorías lingüísticas. Según Mastrini, “esta
obligación se cumplió sustancialmente, debido a que al tener las corporaciones una fuente
de financiamiento asegurado, no existía la presión del rating sobre la población”60.
Asegurar este criterio de programación es la forma más básica de la integración y el
respeto por la diversidad. En ese sentido, durante los años ’50 y ’60 se realizaron distintos
trabajos comparativos entre el servicio europeo y el norteamericano. En ellos se buscó
medir las horas de programación que destinaban a los géneros de ficción, noticieros y
deportes. Se verificó que en Estados Unidos la distribución de los géneros por hora era
mucho más despareja que en la televisión europea, pues la lógica norteamericana consistía
en concentrar en determinados nichos horarios el género que más interesa a la máxima
audiencia. Además, mientras en Estados Unidos se destacaba el género de ficción por
59 Mastrini, Guillermo. Op. cit. Pág. 102.60 Mastrini, Guillermo. Op. cit. Pág. 102.
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sobre el de los noticieros y deportes, en Europa los programas más vistos eran los
informativos y en segundo lugar los educativos y culturales.
Finalmente, las corporaciones estatales debían atender al interés y la cultura nacional.
Por un lado, en casos de alteración del orden público (guerra, desastres naturales) debían
ceder su transmisión a la programación nacional. Y, en relación con la promoción de la
cultura nacional, Mastrini señala que era un punto muy cuestionado dado lo impreciso de
su definición. ¿Quién define qué es cultura nacional? En general, la idea de cultura
nacional que expresaron los servicios públicos respondieron al concepto de cultura
nacional que tuvieron las clases hegemónicas.
Mecanismos de control social
“El sistema democrático precisa cheks and balances, es decir, una fuerza precisa su
contrafuerza. Sólo podrá hablarse de televisión democrática cuando los órganos ejecutivos
del servicio televisivo encuentren el contrapeso de un eficiente control social”, dice
Helmut Drück en su libro La televisión libre en la nueva democracia española61.
En la mayoría de los países europeos, el control democrático es muy importante, pues
en última instancia actúa como elemento legitimador del sistema. Por eso, las regulaciones
contemplan estructuras de control público, donde está asegurada la representación tanto del
poder político como de las organizaciones sociales.
Las corporaciones son entes autárquicos que responden, en mayor o menor medida, a
los mecanismos institucionales de los parlamentos, pese a que mantienen lazos más o
menos formales con los gobiernos. Por ejemplo, la Radiotelevisión Francesa (RTF) se
destacó por su vínculo directo con el gobierno. Lo mismo sucedía con la RAI en Italia o la
TVE en España. Sin embargo, es relativo, pues resulta difícil decir lo mismo de la British
Broadcasting Corporation (BBC) de Londres, que ha hecho a lo largo de su historia un
culto de su independencia política y económica62.
61 Costa, Pere-Oriol. Op. cit. Pág. 86. 62
? En 1982, durante la guerra de Malvinas, la BBC jugó un papel muy importante. “Mientras le era vetada información desde su bando, sus enviados especiales lograron trabajar con una cierta regularidad en Buenos Aires”, dice Pere Oriol-Costa en La crisis de la televisión pública. Frente a esta situación, la primer ministro inglés, Margaret Thatcher, se mostró “muy preocupada” por el modo en que la BBC cubría el conflicto y llegó a pedir a los televidentes que mandaran cartas de protesta a la corporación. Incluso, uno de sus diputados conservadores calificó a la BBC de “quinta columna del general Galtieri en Gran Bretaña”. Nada más alejado de la realidad. Por otro lado, en 2003, durante la invasión a Irak, la BBC mantuvo un conflicto con el primer ministro Tony Blair cuando, basándose en una fuente reservada, denunció al gobierno por “fabricar” las pruebas sobre las armas que tendría el régimen de Saddam Hussein. Esto derivó en una crisis política en la cual el gobierno exigió precisiones y terminó revelando la identidad de la fuente, el experto en
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Las entidades públicas están regidas por una ley o estatuto de Radiotelevisión. El
gobierno se reserva la competencia en el nombramiento de los directores del servicio. En
algunos países, el presidente designa directamente a quienes ocuparán los cargos de
gestión y dirección del servicio, y en otros, actúa un Consejo de Administración, donde los
miembros nombrados por el gobierno son mayoría y el resto son asignados de acuerdo a la
composición proporcional del Parlamento. Esta misma modalidad se repite en los demás
organismos de asesoramiento y control del ente, aunque allí también participan distintos
sectores de la sociedad.
Luego, al interior de los entes públicos, existen otras dos áreas de control y
fiscalización. En su versión administrativa y contable, son auditados por los organismos
correspondientes de la Administración del Estado. Estas agencias revisan las decisiones del
gobierno (o bien del Parlamento) respecto de la fijación anual del canon que grava la
tenencia de los aparatos, y en los países donde la publicidad está permitida, controlan el
régimen de publicidad que puede ser pasada por las pantallas y la fijación de las tarifas a
estas inserciones publicitarias.
La otra estructura de fiscalización reside en los departamentos que controlan la grilla
de programación, donde el objetivo es lograr que las producciones que se emiten se ajusten
a la famosa trilogía (informar, educar, entretener) de fines que la ley o estatuto le atribuyó
al ente público.
En la mayoría de los servicios de radiodifusión pública europeos, el responsable último
de los programas es el Director General que está secundado por los Consejos de
Programación.
Apuntes latinoamericanos
El concepto de Servicio Público según Pasquali, Graziano y Trejo Delarbre
Mucho se ha discutido acerca de la dinámica de este concepto. Desde el ámbito
académico, los investigadores en comunicación no han logrado encontrar una definición
armas David Kelly, quien al poco tiempo se suicidó. A raíz del escándalo, renunciaron el presidente de la corporación, su director general y el corresponsal, lo que nunca antes en la historia del prestigioso medio había sucedido.
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taxativa del concepto, pero en múltiples debates, foros y publicaciones han deslizado una
serie de elementos constitutivos.
En una conferencia de 1986, organizada por la Unión Latinoamericana y Caribeña de
Radiodifusión (ULCRA) en México, el comunicólogo venezolano Antonio Pasquali hizo
una clara distinción entre una radiodifusión de servicio público y otra de servicio
gubernamental. La primera es tal sólo si disfruta de doble independencia, tanto respecto del
poder económico como del poder político.
Allí mismo expuso una suerte de decálogo de requisitos que una radiodifusión de
servicio pública debe satisfacer. Entre los principales puntos, se destaca:
Una radiodifusión pública se alimenta con fondos del erario público; es decir que el
financiador es el público contribuyente animado por intereses colectivos y no un particular
movido por intereses particulares. El servicio público “disfruta pues con carácter exclusivo
de una ventaja nunca bien ponderada ni explotada: el que financia y el que recibe el
producto, el emisor y el receptor se identifican en el mismo usuario”63. Al mismo tiempo,
Pasquali sostiene que los ingresos extrapresupuestarios que provienen de la publicidad
deben limitarse a un porcentaje discreto, que no alcance a influenciar sus políticas y
contenidos programáticos o, algo muy interesante que lo aclare, los ingresos del
radiodifusor privado.
Debe responder a los imperativos conceptuales y operativos de independencia,
participación y alta calidad. Debe ser independiente en un doble sentido: frente a las
ideologías, asegurando la pluralidad de opiniones, y ante el dinero. “Los gobiernos
democráticos terminarán de comprender que una radiodifusión pública autónoma, objetiva,
pluralista y de alta calidad es a la postre mejor negocio para la democracia que un servicio
público instrumentalizado con fines de propaganda gubernamental”, dijo el autor en la
conferencia. Por otro lado, debe ser participativa para asegurar la presencia activa, tanto
del usuario como de las asociaciones intermedias, en la gestión y planificación de la
programación. La alta calidad de sus contenidos debe ser una alternativa a las propuestas
comerciales destinadas a una audiencia homogeneizada y de neto consumismo compulsivo.
En ese sentido, “en los esquemas mentales del radiodifusor público, ‘cultura’ sólo significa
‘calidad’, indistintamente aplicada a todos los géneros de programación, y no la exquisitez
esotérica para el 3 por ciento más refinado de la pirámide de usuarios. (...) Cultura significa
infundir calidad al entretenimiento, a la información y a la... ‘cultura’”.
63 Pasquali, Antonio. El orden reina. Escritos sobre comunicaciones. Monte Ávila Editores. Caracas, 1991.
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El cana l que no mi ramos
“La radiodifusión pública adopta modalidades de funcionamiento complementarias
y no competitivas (...) No compite con el sector privado sino que colabora con él en la
función común de elevar el nivel general de la radiodifusión”.
También debe ser de alcance nacional, prestando exactamente el mismo servicio a
todos los contribuyentes y usuarios de un país.
Una radiodifusión pública debe expresar el federalismo. “No establece redes de
transmisión centralizadas y unilaterales, sino multilaterales que permitan la distribución
diversificada de programas, la regionalización de las emisiones y la producción
descentralizada. (...) En ese sentido, ella debe constituirse en expresión viviente y cotidiana
del concepto de ‘nación’: una y diversa, plural y democrática”.
Al mismo tiempo, la radiodifusión pública debe despuntar en la carrera tecnológica.
“Dispone de infraestructuras modelo y asegura al usuario el disfrute de todos los avances
tecnológicos que puedan mejorar los estándares de emisión y recepción”.
Por último, la gestión pública es también productora de sus propios contenidos.
Directamente o por sociedades de producción interpuestas. Para el analista, un 30/40 por
ciento de presupuesto invertido en programación propia constituye un estándar
satisfactorio. Si bien no debe constituirse en una reproductora masiva de programas
importados o en una arrendataria de espacios, tampoco debe caer en las aberraciones de la
autarquía.
Sin embargo, el propio Pasquali se encarga de aclarar que ninguna de las radiodifusoras
latinoamericanas cuenta con una importante fuente de financiamiento. Antes bien, sostiene
que el servicio público de la región ha sido mantenido en estado de subdesarrollo forzoso y
en situación de minusvalía financiera por unos presupuestos magros. De ahí que la tarea
más significativa por desarrollar en América Latina consista en el fortalecimiento de la
radiodifusión pública, puesto que “es la única garantía de alcanzar mayor libertad de
expresión, más pluralismo y una mayor democratización de las comunicaciones”.
“Ha llegado el momento de garantizar la existencia en nuestros países de regímenes
mixtos auténticos, capaces de garantizar al usuario la alternativa de la calidad”, dice el
investigador. Ello no significa –aclara– debilitar económicamente al radiodifusor privado,
pues “de la existencia de una radiodifusión privada realmente libre, en sana dialéctica con
la pública, depende en gran parte la supervivencia de una opinión pública crítica y no
manipulada, base de toda democracia”.
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El cana l que no mi ramos
En definitiva, y frente a un diagnóstico en América Latina no muy alentador, la
perspectiva de este investigador venezolano exige al menos cuatro objetivos64 para alcanzar
una efectiva democracia radiotelevisiva:
1. Crear mecanismos realmente democráticos y transparentes encargados de la
concesión, supervisión, regulación y reversión de frecuencias y canales de
transmisión abierta, regidos por un Consejo plural con plenos poderes que confiera
carácter republicano a una potestad hasta entonces ejercida discrecionalmente, en
muchos lugares de América Latina, por ministros y funcionarios del Poder
Ejecutivo.
2. Asegurar sobre una base consensual y no constrictiva, un mínimo denominador
entre la programación de la radiotelevisión y los grandes objetivos y necesidades
educativas, culturales y sociales de un determinado país.
3. Generar una real participación de la sociedad que exprese la necesidad de cuatro
metas específicas: a) la presencia del usuario, de sus representantes electos y de
otras instancias de bienestar social, en la directiva de la institución administradora
de las frecuencias; b) otra fuerte presencia del usuario en la junta directiva de los
servicios públicos de radiotelevisión; c) la apertura masiva de todos los canales
radioeléctricos, públicos y privados, a los productores nacionales independientes, y
d) estimular asociaciones independientes de usuarios de radiotelevisión.
Otra voz de la academia que se aproxima a una definición de servicio público es la de
Margarita Graziano (UBA). Cuando configura su matriz de análisis para abordar un
sistema de comunicación, la investigadora especifica, además de la estructura de
propiedad, la forma de uso. Con ello hace referencia a dos modelos: el modelo
competitivo, cuyos elementos se asimilan al modelo norteamericano, y el modelo
complementario, que equivaldría en términos conceptuales al servicio público europeo.
A diferencia del competitivo que apunta a la captación de la mayor cantidad de
audiencia, en el modelo complementario, los medios diversifican su programación
64 Pasquali, Antonio. Op. cit. En este texto, Pasquali analiza el panorama de la televisión latinoamericana y observa cuatro rasgos que se presentan estructurales: a nivel cultural, mientras la pobreza extrema se consolida en la región, la industria de la televisión no satisface ninguna de las necesidades socioculturales y educativas de las poblaciones, está saturada de publicidad que degrada a usuarios pasivos sin un patrón de referencia (en este caso, una televisión pública), e informa poco, tendenciosamente y casi nunca de fuente propia. En el aspecto político, advierte la estrecha relación de connivencia entre los medios y el poder político, y en lo económico, destaca que la televisión latinoamericana ejerce el control casi absoluto del mercado publicitario en la región, situación que le otorga cada día más espacio de maniobra y mejor capacidad de penetración política y cultural.
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segmentándola para distintos tipos de audiencia. Así, Graziano destaca algunas de sus
características:
Este sistema puede difundir publicidad sin comercializarse.
Envía a cada sector de receptores –diferenciado por nivel sociocultural– un tipo de
mensaje especial.
Antepone por definición el interés social al individual.
Está virtualmente interesado en la cobertura total y en garantizar iguales servicios
de radiodifusión a todos los ciudadanos.
La publicidad no condiciona el mensaje, pero el condicionamiento puede ser de
tipo político.
Aquí, forzar la categoría conceptual de Pasquali con la de esta investigadora se torna
absurdo, puesto que para el venezolano una radiodifusión de servicio público es
doblemente independiente: tanto de la publicidad como del poder político. Para Pasquali,
se trata de generar una autonomía económica y política que evite la dependencia del
mercado publicitario como así también de los organismos del gobierno que controlan el
presupuesto. Para Graciano, el modelo complementario estaría más identificado con un
servicio de tinte gubernamental.
Por otro lado, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Trejo Delarbre, sostiene que
“la función primordial de los medios públicos es hacer de contrapeso a la preponderancia
de las empresas comunicacionales de carácter privado”65. Al mismo tiempo, vuelve sobre
los mismos rasgos delineados por Pasquali. En relación con sus propósitos generales, dice
que la televisión pública tendría que estar orientada al interés general de la sociedad, de
modo tal de diferenciarse de la privada, cuya prioridad es la de hacer negocios. Además, la
televisión pública debe ser independiente incluso de la televisión de gobierno, cuyas
funciones son de propaganda. “Los medios de gobierno promueven las posiciones del
régimen político y de los funcionarios a cargo de él”, dice Trejo Delarbre.
Si se quiere garantizar el funcionamiento de la televisión pública, el autor sostiene que
ésta debería lograr la condición de autonomía. En ese sentido, los apremios burocráticos y
administrativos serían insignificantes si se contara con un marco legal y una organización
institucional propia. Además, esa autonomía garantizaría la estabilidad de sus cuerpos
directivos frente a eventuales crisis políticas.
65 Raúl Trejo Delarbre. En www.etcetera.com. Marzo de 2003.
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El cana l que no mi ramos
Sobre la fórmula de financiamiento, el investigador considera que “la dotación regular
de recursos fiscales junto con otras formas de abastecimiento, entre las que no debería estar
excluida la publicidad comercial, son necesarias para una televisión pública estable”.
Para que una sociedad aprecie contenidos que puedan exigirle mayor grado de
reflexión crítica, se requiere que pueda elegir entre distintas opciones de televisión. Por
eso, no descarta que ambos modelos de radiodifusión puedan convivir libremente. Para
ello, la televisión pública es cultural y socialmente democratizadora porque su existencia
supone diversidad, creatividad, calidad y experimentación.
Respecto de los fines programáticos, considera que toda televisión informa, entretiene
y educa. Sólo que la privada “hace todo para ganar dinero o para cumplir con la agenda de
algún grupo de interés privado”; la televisión de gobierno, para ampliar o mantener la
hegemonía política, mientras que la pública cumple con tales funciones como servicio a la
sociedad. Asimismo, entre las funciones esenciales de la televisión pública se encuentra la
apertura de espacios para que se manifiesten ciudadanos y grupos que de otra manera no
tendrían acceso a ese medio.
Por último, Trejo Delarbre delimita el público que define a una y otra televisión. La
privada “construye sus audiencias de acuerdo con los objetivos que le impone la
mercadotecnia. [En cambio] la televisión pública pretende lograr y mantener audiencias
independientemente del potencial de compra o la capacidad de voto” que puedan tener sus
telespectadores.
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Los modelos fundadores en televisión. Diferencias
Televisión Pública Televisión Comercial
Papel del Estado Estado-gestor Estado-árbitro
Garantía de Pluralismo Gestión pública Mercado (competencia)
Financiación Canon Publicidad
Dinámica dominante Política/cultura Economía/política
Objetivos programáticos Información-educación-
entretenimiento
Entretenimiento
Producción Propia Nacional Múltiple (Propia-ajena)
(Nacional-importada)
Destinatario Ciudadano Consumidor
Legitimación Satisfacción de la audiencia Cantidad y fidelidad de la
audiencia
Fuente: Bustamante, Enrique. La televisión económica. Financiación, estrategias y mercados. Gedisa. Barcelona, 1999. Pág.38.
El estigma de la BBC
Después de la dictadura, casi todos los gobiernos democráticos manifestaron su deseo
de que Canal 7 asimilara el modelo inglés de la BBC. Lo planteó Darío Lopérfido, el ex
secretario de Cultura y Comunicación de la Alianza, cuando creó por decreto el Sistema
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El cana l que no mi ramos
Nacional de Medios Públicos (SNMP), también conocido como el “Multimedios
Oficial”66. También, apenas iniciada la actual administración, el jefe de Gabinete, Alberto
Fernández, volvió al ruedo con la idea. En junio de 2003, en declaraciones a FM Rock and
Pop, Fernández dijo: “Quisiera hacer de Canal 7 una BBC de Londres”67.
En el discurso político, las buenas intenciones a veces no son tales sino que funcionan
como lugares comunes o expresiones vacías de contenido. Sin ánimo de realizar un análisis
del discurso, todas estas manifestaciones operan como utopías que demuestran, en
definitiva, la falta de creatividad política. Se apela a un modelo ideal para ocultar la
carencia de una propuesta original, con objetivos y metas específicos y para conservar la
realidad establecida: un sistema mixto competitivo, sesgado por la centralidad y la
concentración de la propiedad de los medios en intereses privados. En ese sentido, resulta
interesante rescatar el estudio de Karl Manheim respecto del género utópico, pues sostiene,
desde un punto de vista sociológico, que las estructuras de pensamiento utópicas pueden
asumir dos formas: son “utópicas” si persiguen el cambio social; o bien, “ideológicas”,
cuando sirven al propósito de sostener al orden existente68.
Entonces, cuando se aborda la problemática de convertir a Canal 7 en una estructura
semejante a la de la BBC, estos funcionarios ni siquiera se limitan a observar que las
realidades históricas, económicas, culturales y sociales son distintas. Como vimos, no es
idéntico el origen de la televisión en Europa que en América, y menos aún en Argentina.
Para intentar desmantelar esta recurrente fijación política, se tratará de repasar las
principales características (y, por tanto, diferencias) entre el servicio público de televisión
del Reino Unido, instituido en la BBC, y el canal estatal argentino.
La British Broadcasting Corporation (BBC) fue fundada en 1922 como una emisora de
radio, y en 1936 incorporó sus servicios regulares de televisión. Según Pere-Oriol Costa,
“durante dieciocho años llenó en solitario la oferta al público del Reino Unido, aunque
66
? En su tesina de graduación, Radiodifusión, contradicción y control (1999-2001), la investigadora en comunicación de la UBA, María Trinidad García Leiva, definió al SNMP como “un servicio público, pero gubernamental, ya que depende directamente del Poder Ejecutivo, y no posee instancia alguna, pública, colegiada e independiente que lo controle”. Al mismo tiempo, sostuvo que la creación de esta empresa estatal estuvo guiada por una lógica privada y comercial, “ya que no se persiguió más que la sinergia y la optimización de recursos (humanos, materiales, etc.)”. Además, estaba previsto realizar, año tras año, quitas programadas de presupuesto que iban a ser financiadas con publicidad. Decreto 94/2001. Ver Anexo 12.A.67 En www.infosicargentina.com.ar. “Fernández quiere convertir Canal 7 en una BBC de Londres”. 2003.68 Para profundizar en el carácter funcional de la utopía en la acción política, ver Para entender la política. Entre la ilusión de lo óptimo y la realidad de lo pésimo de Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno; capítulo 6 “La acción: entre utopía y realismo”. Editorial Norma. Buenos Aires, 1999.
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El cana l que no mi ramos
desde 1954 este espacio lo ha compartido con una cadena privada, dirigida y controlada
por la Independient Broadcasting Authority (IBA)”69.
Canal 7, en cambio, nació como Radio Belgrano Televisión en 1951 y retuvo el
monopolio del servicio de televisión hasta 1960, cuando surgieron los canales privados.
La diferencia crucial entre un sistema y otro radica en que la BBC fundamenta su
naturaleza en un marco jurídico esencial; algo tan básico y elemental como un estatuto, del
que Canal 7 no se puede jactar.
Entre sus beneficios, este instrumento le confiere al sistema sustentabilidad en el
tiempo y un espacio relativamente autárquico respecto del poder político, puesto que se
rige por dos textos fundamentales. Por un lado, la Royal Charter o Cédula Real, que se
renueva periódicamente y fija la estructura y objetivos del servicio público, y, por otro, la
Licencia de Explotación, que establece las condiciones bajo las que la BBC puede trabajar
en sus centros emisores.
En este sentido, su condición autárquica del gobierno está cimentada a partir de las
particularidades de la democracia británica. Según Pere-Oriol Costa, “sobre el papel, el
poder del gobierno sobre la BBC es muy amplio. El Ejecutivo puede revocar la concesión
en el caso de que el ente se aparte de sus finalidades. La licencia atribuye al gobierno la
facultad de usar la emisora y asumir su control en caso de necesidad”70. Sin embargo, otros
autores advierten que el gobierno influye políticamente al menos en tres ocasiones: al
designar a los miembros de la Junta de Gobernadores, así como al presidente de la misma;
en la determinación del monto del canon que deberán pagar los receptores de la radio y la
televisión, y a través de la licencia que la BBC debe solicitar al gobierno para su operación
y transmisión. El teórico marxista Nicholas Garnham sostiene que “la independencia existe
al precio de una obediencia eterna, pues el gobierno retiene todo el poder al tener que votar
cada año en el Parlamento la concesión de fondos a la BBC: ‘En realidad, el Estado se
apoya en estos poderes enormes para ejercer una influencia cotidiana sobre la producción y
el comportamiento general de los responsables y profesionales de lo audiovisual’”71, cita
Pere-Oriol Costa.
En términos prácticos, la estructura de la BBC está organizada en torno de tres poderes
constituidos: una Junta de Gobernadores, un Consejo Consultivo General y los Consejos
Consultivos Regionales.
69 Costa, Pere-Oriol. Op. cit. Pág. 271. 70 Íbid. Pág. 272.71 Íbid. Pp. 273 y 274.
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El cana l que no mi ramos
La Junta de Gobernadores es el órgano mediador entre la empresa y la sociedad. Está
formado por doce miembros, nombrados por la Reina a propuesta del gobierno, y
representan las principales tendencias de la opinión británica. Los sectores más importantes
de la sociedad que participan en este organismo son la Iglesia, representantes de las artes,
los sindicatos, el servicio civil, la academia y los trabajadores del servicio público, además
de un delegado por Escocia, otro por el País de Gales y un tercero por Irlanda del Norte.
Sus cargos tienen una duración de cinco años y tienen competencias sobre programación,
finanzas y servicios exteriores de la BBC. Su función es vigilar que se cumplan los
objetivos de servicio especificados en la Cédula Real que dieron origen a la BBC.
También, tienen la responsabilidad de nombrar a los Directores de Información de la radio
y la televisión.
Además de este órgano, la BBC cuenta con un Consejo Consultivo General formado
por sesenta miembros, y cincuenta Consejos Regionales, en los que los ciudadanos pueden
opinar o manifestar sus desacuerdos sobre los contenidos de la programación. En
definitiva, la BBC se ha convertido en un sistema exitoso de comunicación pública, pues
ha creado al interior de su estructura una red de instituciones que canalizan las principales
demandas, dinamizando la relación entre el ente estatal y la sociedad.
En cambio, la realidad en Canal 7 es totalmente disímil. Precisamente, la falta de
mecanismos institucionales demuestra la histórica distancia que existe entre el medio
público y una posible identificación de la ciudadanía con sus contenidos. Durante los
últimos veinte años, la empresa estatal ha visto desnaturalizada su función a partir de los
traspasos desde un sector a otro dentro del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, es
interesante detenerse en la enumeración que consigna el abogado Carlos Tau Anzoátegui
en su libro Derecho de la radiodifusión. Interpretación jurídica y política. Allí el autor
detalla decreto por decreto las transferencias de ATC/Canal 7, pasando desde la órbita de
un ministerio a otro, o bien desde una Secretaría de Información Pública a una
Subsecretaría de Prensa y Difusión72.
En la actualidad, el canal estatal forma parte junto a Radio Nacional del Sistema
Nacional de Medios Públicos, el cual depende de la Secretaría de Medios de
Comunicación, que responde a la Jefatura de Gabinete Nacional.
Respecto de su organización interna, y según se desprende de su organigrama, Canal 7
Argentina está a cargo de un interventor designado por el Poder Ejecutivo. Por otro lado, la
72 Tau Anzoátegui, Carlos. Derecho de la radiodifusión. Interpretación jurídica y política. Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires, 1999. Pp. 383 a 387.
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figura directiva estuvo desdoblada hasta abril de 2006 en dos áreas: una Periodística y de
No Ficción y la otra, de Entretenimientos y Ficción.
En los últimos años el debate por un canal público descentralizado del Ejecutivo
generó múltiples manifestaciones, pero sólo dos estuvieron a un paso de instrumentarse. Se
trata de la ley 25.208 que creaba RTA (Radio y Televisión Argentina) y el proyecto de una
nueva ley de radiodifusión que impulsó durante el gobierno de la Alianza el entonces
interventor del Comfer, Gustavo López. Dos iniciativas que, al menos, le otorgaban a
Canal 7 un marco legal desde el cual constituirse.
La ley conocida como RTA fue promulgada en el Congreso Nacional el 24 de
noviembre de 1999, durante la transición entre el gobierno de Menem y la administración
de Fernando De la Rúa. RTA era una sociedad estatal no gubernamental, a cargo de la
administración de ATC, Radio Nacional, el Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) y el
servicio exterior. Lo novedoso de esta empresa era que iba a ser controlada por el
Congreso, a través de una Comisión Bicameral Permanente de Medios de Comunicación
Social Estatales, y no por el Poder Ejecutivo. Esta ley quebraba “por primera vez la
histórica dependencia de los medios estatales argentinos respecto de los gobiernos”73,
sostiene Guillermo Mastrini. El Directorio de RTA iba a estar compuesto por cinco
miembros, seleccionados de acuerdo a un concurso público de antecedentes y oposición
por un Comité de Evaluación, en el que estarían representados sectores institucionales,
empresariales, gremiales y académicos. Además, el presidente del Directorio sería elegido
de entre los cinco, a propuesta del PEN y con el acuerdo de los 2/3 de la Comisión
Bicameral. Pero, apenas veinte días después de asumir su cargo, De la Rúa vetó la ley
mediante el decreto 152/99.
Una iniciativa similar fue presentada durante 2004 por los mismos legisladores que
impulsaron la ley de RTA. Fue un proyecto de ley (expediente 773/03) que perdió estado
parlamentario en diciembre de ese año. Respecto de la ley vetada, esta iniciativa
incorporaba un Código de Práctica y creaba una nueva institución que serviría como un
Consejo de Asesores, tal como está previsto en otras legislaciones del mundo. Llevaba el
nombre de Foro Ciudadano de Defensa y Promoción de los Medios Públicos, y era una
cámara de representación ciudadana en la que participarían diecisiete miembros (seis
serían designados por el Congreso) elegidos por entidades no gubernamentales que
tuvieran a su cargo la defensa de los consumidores, asociaciones civiles y organismos de
73 Mastrini, Guillermo. ¿Televisión estatal o gubernamental?; en Le Monde Diplomatique, N° 12, junio de 2000. Pág. 32.
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derechos humanos. Su misión era articular el debate público sobre los medios del Estado y
controlar su funcionamiento. Sus integrantes duraban en sus cargos sólo dos años y su
desempeño era ad honorem.
Cuando De la Rúa vetó la primera versión de RTA, en seguida salieron a defender esa
postura varios funcionarios encargados del área de cultura y comunicación, argumentando
que “la situación hacía imposible poner en práctica [dicha ley]”. Por ejemplo, Rodolfo
Hermida, ex director de Producción Artística y Operación de Canal 7, encontró razonable
la observación de la ley: “Me imagino a estos diputados y senadores formando una
comisión con poder de decisión sobre la programación del canal. Eso no existe ni siquiera
en Europa, y creo que los legisladores pecaron de un exceso de protagonismo”74.
Sin embargo, y a pesar de que estos funcionarios esgrimían condiciones objetivas que
hacían imposible la creación de un ente público encargado de los servicios de radio y
televisión, el gobierno de la Alianza fue por más y redobló la apuesta: cual si fuera una
paradoja, con los mismos resultados que generaba la ley de RTA, De la Rúa creó a través
de un decreto el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP). Este “multimedios oficial”
absorbía, a instancias de la Secretaría de Cultura y Comunicación, las funciones operativas
y administrativas de Canal 7, Radio Nacional, la agencia de noticias Télam y el Servicio
Oficial de Radiodifusión (SOR).
En efecto, la diferencia entre la estructura creada por consenso parlamentario y el
organismo creado vía Decreto de Necesidad y Urgencia consistía en que el Directorio del
ente en cuestión estaba compuesto por un representante del Ministerio de Economía, uno
de la Secretaría General de la Presidencia y otro de la Secretaría de Cultura y Medios de
Comunicación. Una vez más el control de los medios públicos se consolidaba bajo la órbita
presidencial, eludiendo la participación de los legisladores y de los distintos sectores de la
sociedad.
Para neutralizar el fuerte rechazo que el decreto despertó entre legisladores propios y
de la oposición, el gobierno decidió incluir el flamante SNMP al proyecto de la nueva ley
de radiodifusión que el interventor del Comfer intentó sin éxito consensuar entre las
cámaras empresariales del sector, los sindicatos, asociaciones civiles y la Comisión de
Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados.
74 Vénere, María Victoria y Dómine, Patricia. Canal Siete ¿público–estatal o gubernamental? Tesis de grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata. 2004.
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El financiamiento, un pequeño detalle
Más allá del lugar y la importancia que los dos países ocupan en el sistema
internacional, la diferencia que existe entre los ingresos presupuestados para ambos
servicios de comunicación no es sólo proporcional a sus respectivos y dispares volúmenes
de producción económica75, sino que el origen de los fondos los distingue desde su
constitución.
A diferencia de Canal 7, la mayor parte de los ingresos que recibe el conglomerado de
medios británico provienen de la sociedad, que paga una licencia conocida como License
fee, por la tenencia de aparatos de radio y televisión76. Según datos recientes, cada hogar
paga por año 121 libras, algo así como 632 pesos; y el presupuesto anual de la BBC para
producir información en 43 idiomas, tanto para radio, televisión e Internet, es de 200
millones de libras esterlinas (aproximadamente 1.044,82 millones de pesos).
En cambio, Canal 7 no es beneficiado con un impuesto directo de los contribuyentes,
sino que el Poder Ejecutivo le asigna una partida que sólo le basta para cubrir los gastos
operativos y salariales. En el presupuesto 2004 estaban pautados 36 millones de pesos,
aunque por las facultades extraordinarias que el Congreso le otorgó al jefe de Gabinete
para la redistribución de partidas, Canal 7 consiguió 3 millones más para su
funcionamiento77.
En 2005, el presupuesto para el canal estatal fue de 40 millones de pesos. Además, se
benefició con los recursos de una partida extrapresupuestaria de 20 millones de pesos, que
se destinó al siempre postergado reequipamiento técnico78: se compraron micrófonos, se
75
? El Reino Unido está formado por cuatro estados (Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte) con una población total de 59,5 millones de habitantes. Su Producto Bruto Interno (PBI) es de 1.129.000 millones de dólares. En tanto, Argentina tiene una población de 38,7 millones de habitantes y genera un PBI de 151.501 millones de dólares (ó 454.503 millones de pesos), según el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central de la República Argentina para 2005. Más información en www.cambiocultural.com.ar/actua-lidad/macroeconomía.html.76 A partir de esto, la BBC rinde cuentas al Parlamento del uso que hace de esos recursos y directamente a la sociedad, brindándole información sobre sus proyectos y la utilización del dinero obtenido por el canon.77 Según una nota publicada en La Nación, el 3 de diciembre de 2004, el Ejecutivo también dispuso, vía decreto de necesidad y urgencia, otros 35.582.600 de pesos para pagar deudas de ATC residual. Esa empresa es la sociedad anónima que había sido creada por Gerardo Sofovich y que fue liquidada por De la Rúa. En marzo de 1992 había nacido con las cuentas en cero, y ya en 1995 la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP) advertía un rojo de casi 67 millones de dólares. En 1999, LS 82 TV Canal 7 volvió a convertirse en una empresa de sociedad estatal: Canal 7 Argentina.78 Así lo afirmó el secretario de Medios Públicos, Enrique Albistur, en junio de 2005 frente a la Comisión de Comunicaciones del Senado de la Nación. Los 20 millones de pesos destinados para el reequipamiento no estaban previstos en el presupuesto del SNMP, sino que se trataba de una partida a cargo de la Secretaría de Medios. Se trata de fondos que también se utilizaron para la compra de un transmisor de 100 KW de potencia
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mejoró el sistema de edición no lineal y se cambiaron cámaras, la mayoría de las cuales
databan de 1978.
CAPÍTULO II
La crisis de la televisión pública
La alianza negativa o pacto fordista (en palabras de Garnham), que promovió el
desarrollo de la industria de la televisión, se rompió a mediados de la década del ‘70. La
crisis que en un principio soportaron la mayoría de los monopolios públicos europeos por
la apertura de las cadenas privadas se volvió crónica. Hasta entonces, aplicando diferentes
estrategias de persuasión de audiencias y considerando a la publicidad como otra fuente
para Radio Nacional, valuado en 2 millones de pesos, el cual reemplazó al de 50 KW que era de 1947.
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más de financiación, los canales públicos habían mantenido estable su identidad y su cuota
de consenso por parte de la sociedad.
En Argentina, la auténtica crisis llegó recién a fines de los años ’80, pues cuando en
Francia se privatizaba el primer canal público (TF 1) o en Italia el Tribunal Constitucional
autorizaba la televisión por cable en 1974, el presidente Lastiri le ahorraba esfuerzos a
Perón y, antes de su llegada al Ejecutivo, intervino los canales privados, convirtiendo la
tradición mixta del sistema televisivo en un monopolio estatal.
La naturaleza de esta acción política no fue única en el contexto latinoamericano. En
esos años, muchos países intentaron restaurar regulaciones gubernamentales e incluso
recrear televisiones públicas. “Es el caso del Chile de la Unidad Popular, de la
nacionalización formal de la mayoría de las acciones de las televisiones comerciales que
efectuó el gobierno de Velasco Alvarado en Perú, de la creación de la televisión de la
República Mexicana en el período de López Portillo en México (luego transformada en
Imevisión)”79.
Ciertos autores sostienen que la desestabilización de la televisión pública se explica por
la aparición y el desarrollo de las nuevas tecnologías (la televisión por cable, los satélites
de difusión directa (SDD), el videotexto y la televisión de pago, entre otras). Sin embargo,
el avance tecnológico constituyó un elemento más del proceso de cambio. La innovación
no fue determinante, sino que los criterios económicos alcanzaron un peso creciente en la
organización televisiva y su regulación.
Por lo tanto, antes que centrar el análisis en factores monocausales conviene explicar el
proceso de pérdida de legitimación social por parte de las corporaciones públicas a partir
de una nueva situación política, económica y social que surgió a principios de los años ‘80.
Ciertamente, la crisis de los sistemas de comunicación pública en Europa está
vinculada con el ocaso del Estado de Bienestar Keynesiano, que era su fundamentación
última, y el surgimiento de una nueva manera de estructurar la sociedad, representada por
el pensamiento neoliberal. En lo político, entonces, el consenso sostenido entre
conservadores y socialdemócratas en los primeros años de la televisión, respecto del rol del
Estado en la planificación del sistema de radiodifusión, se escindió a partir del auge
neoconservador, representado por los gobiernos de Ronald Reagan en Estados Unidos, y de
Margaret Thatcher en el Reino Unido.
Al mismo tiempo, ese cambio marcó una transformación social y generó un nuevo
clima de época. “Se registra una tendencia al consumo individualista, en detrimento del
79 Bustamante, Enrique. Op. cit. Pág. 55.
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sentido de apertura de la esfera pública que predominó en los primeros años de la
televisión”80, dice Guillermo Mastrini quien concluye: “En un sentido habermasiano, se
potencia el hombre consumidor más que el hombre ciudadano, privilegiando formas de
conocimiento privatizadas”81.
Sin embargo, fue el aspecto económico el que directamente repercutió en el sector de la
radiodifusión, pues la introducción de las ideas de libre mercado fue tan profunda que
desnaturalizó el concepto de servicio público y obligó a asumir nuevas estrategias para
constituir un nuevo perfil. Desde entonces, sectores de la economía sin tradición en
radiodifusión demostraron mayor interés por invertir en el área, considerando a la
comunicación como un nuevo mercado donde generar ganancias. “Las corporaciones
multinacionales, los bancos, las grandes empresas constructoras encontraron en la
radiodifusión un sector dinámico y atractivo para invertir el capital acumulado en otras
áreas”82. También, otros actores pugnaron por ingresar al negocio de la televisión: entre los
principales, se destacaron el sector de la prensa escrita, las productoras de contenidos
estadounidenses y el sector publicitario.
Ahora bien, para volver dinámico al sector fue necesario adoptar una serie de políticas
públicas, a fin de disminuir la intervención del Estado en la organización del sistema
televisivo y potenciar la competencia. En ese sentido, se estructuró un proceso de
desregulación, a efectos de crear un marco compatible con los nuevos intereses
económicos. Como se dijo antes, las condiciones políticas eran propicias; las ideas que
abogaban por un libre mercado sirvieron de fondo para justificar las reformas en las
legislaciones nacionales.
Según Enrique Bustamante, este proceso se materializó bajo dos formas articuladas:
por un lado, la remoción de las restricciones reglamentarias que pesaban sobre la televisión
por cable y, por otro, la liberalización y desaparición progresiva de las normas que habían
estructurado el sector audiovisual y que habían limitado la concentración de la propiedad
de los medios.
En realidad, la desregulación vino a blanquear una situación que ya funcionaba de
hecho. En la mayoría de los países europeos hacía años que operaban las cadenas privadas
y se había autorizado la comercialización de la televisión pública. En Italia, por ejemplo,
hacía quince años que la televisión por cable actuaba desde la ilegalidad absoluta, y en
80 Mastrini, Guillermo. Servicio público en Europa, dinámica de un concepto; en Revista Causas y azares N° 3, pág. 104.81 Íbid. 82 Íbid. Pág. 105.
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España la noción de servicio público era relativa, pues el sistema del canon había fracasado
y la publicidad era la principal fuente de financiamiento desde sus inicios.
La desregulación vino a desestabilizar los dos privilegios que sostenían el concepto de
servicio público. La apertura a la iniciativa privada significó el desmantelamiento de los
monopolios públicos de la programación y, en consecuencia, se conformó un duopolio
público-privado. Por otro lado, la inflación de costos que ocasionó competir con los
operadores privados obligó a las cadenas estatales a incrementar su dependencia de la
publicidad, lo cual volvió absurdo el pago del canon. Además, desde una perspectiva
socio-cultural, las audiencias homogéneas que antes eran cautivas del monopolio de la
oferta pública, a partir de entonces se fragmentaron en múltiples gustos. Éstos fueron
canalizados a través de la diversidad de ofertas que supuso la generalización del video y la
expansión de la televisión por cable.
En consecuencia, “la búsqueda de la máxima audiencia y la orientación comercial
misma acercan aún más la gestión de las televisiones públicas a sus oponentes privados,
deslegitimando su existencia”83.
Al interior de los estudios sobre comunicación, se destacan ciertos autores que analizan
la utilización del concepto desregulación desde una perspectiva crítica. Sostienen que tal
denominación “constituye una falacia construida a partir de presentar Estados en retirada,
cuando por el contrario dichos Estados se encuentran en la primera línea de batalla,
generando un volumen de dispositivos legales, (...) destinados a establecer reglas de juego
acordes con los intereses de los grupos oligopólicos. Así, mientras se declama una supuesta
apertura hacia un hipotético libre mercado, en realidad se están sentando las bases para
regular en pos de una nueva estructura de propiedad cada vez más dominada por el capital
concentrado”84.
En ese sentido, esta corriente entiende que el término desregulación debe ser
reemplazado por el de re-regulación, un concepto que define mejor la orientación encarada
por las nuevas reglas de juego: la liberalización controlada que beneficia a los nuevos
intereses.
Enrique Bustamante prefiere utilizar la noción de trans-regulación, porque denota el
carácter transitorio de este proceso: de una regulación estatal a una empresarial.
Otro autor identifica claramente la desregulación con el nuevo rumbo que adquiere el
capitalismo. Nicholas Garnham sostiene que “la desestabilización de la televisión pública e 83 Bustamante, Enrique. Op. cit. Pp. 58 y 59.84 Mastrini, Guillermo y Mestman, Mariano. ¿Desregulación o re-regulación?: de la derrota de las políticas a las políticas de la derrota; en www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini. Febrero de 1996.
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incluso de los oligopolios privados encaja en el agotamiento del modelo fordista,
caracterizado por la producción y el consumo masivo de bienes estandarizados sobre la
base de una gama limitada de necesidades homogéneas, y enlaza con una nueva oleada
post-fordista, de producción flexible y diferenciada para segmentos precisos de
consumidores”85.
En definitiva, lo que estos autores hacen es invertir la lógica del discurso neoliberal,
desmitificando al mismo tiempo la idea de la presunta retirada del Estado, el principal
actor en la constitución y organización del sistema de radiodifusión. En esta etapa, la
intervención estatal asume una nueva dirección que expresa los intereses de los nuevos
actores socioeconómicos.
Parafraseando a Gramsci, en los años ’80 se asistió a la conformación de un nuevo
bloque histórico86. Desde entonces, los actores interesados en la radiodifusión están
estrechamente imbricados con el capital financiero. Su vasta experiencia empresarial le
imprimió al sector de la televisión una racionalidad distinta a la que perseguía el Estado de
Bienestar: se trató de volver dinámico el mercado, ganar competitividad y generar
ganancias a corto plazo. Para ello, cuenta con un importante poder de recursos y
operatividad capaz de negociar con los gobiernos nacionales. Su gran capacidad de lobby
le permitió influenciar en la definición de las nuevas políticas regulatorias, que legitimaron
y consolidaron al nuevo sector oligopólico de la radiodifusión.
Al mismo tiempo, también se conformó una simbiosis entre regulador (estados
nacionales) y regulado (corporaciones), dado que “el regulador [comenzó a compartir] el
poder con el regulado, hasta límites donde lo público y lo privado se tornan confusos”87.
De esta manera, se produjo una privatización de la función pública, donde las áreas
estratégicas del gobierno fueron ocupadas por los mejores equipos técnicos de los intereses
privados, los cuales definieron la orientación de las políticas públicas.
85 En Bustamante, Enrique. Op. cit. Pág. 50. 86 El concepto de Bloque Histórico le sirvió a Gramsci y al marxismo analítico para abordar períodos históricos de larga duración. Durante el trayecto de un ciclo se destaca una clase social hegemónica que, a través de mecanismos ideológicos y culturales, logra el consenso de los sectores subordinados. La ideología compartida no implica imponer la conciencia del sector hegemónico en los subordinados, sino que se trata de un “pacto” que incluyen al mismo tiempo elementos que favorecen la posición social de los subordinados, incorporándolos en ese proyecto común histórico. El establecimiento de un nuevo orden genera “cambios estructurales” que presuponen: modificación de la estructura económica, cambio en el aparato del Estado, una nueva cosmovisión del mundo y nuevas normativas de obrar práctico. Todo Bloque Histórico contiene el germen de su redefinición o disolución. Así, cuando en el seno de la estructura social maduran ciertas condiciones incurables se produce una “crisis de hegemonía”, los grupos sociales se separan de la clase dirigente y el “proyecto histórico común” empieza a resquebrajarse, mientras las fuerzas sociales se articulan en nuevos frentes orgánicos y comienza a propagarse la nueva ideología que se constituirá en el principio regulador de la clase principal.87 Mastrini , Guillermo y Mestman, Mariano. Op. cit.
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En Europa, la nueva regulación estuvo consustanciada con el proceso de integración
regional, por el cual los países decidieron unificar sus mercados e instituciones a fin de
incrementar sus economías y ventajas comparativas. La Comisión Europea preparó en
1984 el Libro Verde de las Comunicaciones, que sirvió como antecedente para la sanción
en 1989 de la Directiva de Televisión sin Fronteras, cuyas disposiciones alcanzaron a la
programación y la producción de las cadenas televisivas, así como a la emisión de
publicidad.
En Norteamérica, la nueva política televisiva se enmarcó en torno del Tratado de Libre
Comercio (TLC88) que firmaron en 1992 Estados Unidos, Canadá y México.
Nuevo escenario en Argentina
En Europa y Estados Unidos, el Estado de Bienestar tuvo su crisis de legitimidad a
fines de los ’70, cuando el modelo de acumulación capitalista giró del desarrollo interno de
la demanda hacia la globalización de la producción y las finanzas. Frente a este nuevo
panorama, los sistemas de radiodifusión pública europeos dejaron de monopolizar los
servicios y debieron orientar sus estrategias en busca de una nueva fuente de legitimidad
social.
En Argentina, en cambio, el canal de aire (cabecera del SOR) no enfrentó en esos años
una crisis de legitimidad como la que soportaron los servicios europeos, pues desde un
principio su identidad estuvo signada por la política gubernamental. La primera imagen
que Canal 7 Radio Belgrano transmitió no fue precisamente un acto de gobierno, que
hubiera sido bien interpretado si apelaba a uno de los principios republicanos. Todo lo
contrario. La televisión argentina se fundó un 17 de octubre, en pleno acto por el Día de la
Lealtad. Se trató, sin más, de un acto partidario; por lo tanto, nació vinculada al partido del
gobierno, en este caso, el peronismo.
Además, el canal estatal detentó apenas unos años el monopolio del servicio de
televisión: ni bien surgieron las cadenas privadas comenzó a competir por la pauta
publicitaria, fundando de esta manera la tradición mixta de carácter comercial del sistema
de radiodifusión.
En realidad, la auténtica crisis de Canal 7 no empezó en 1976 cuando el “Proceso de
Reorganización Nacional” impuso las nuevas políticas neoliberales, sino que se gestó
cuando un gobierno constitucional (y justicialista) anuló definitivamente el modelo del 88 También llamado NAFTA (North Atlantic Free Trade Area).
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Estado intervencionista argentino89. El canal estatal era precisamente reflejo de la acción
estratégica de aquel modelo: se constituyó como una empresa pública orientada a
desarrollar las políticas keynesianas, aunque pronto descubrió que el verdadero sentido era
subsidiar el desarrollo de las empresas privadas. Dicho de otra manera, Canal 7 sirvió
como un mero instrumento para activar la incipiente industria de la televisión nacional.
El particular modelo intervencionista que adoptó el Estado argentino encontró un
primer límite cuando el “Proceso de Reorganización Nacional” se propuso desarticularlo y
restablecer la libertad de mercado. El Estado dejó de ser el agente redistribuidor y, al
mismo tiempo, generador de la reactivación económica. A partir de entonces, las leyes del
mercado se constituyeron en la mejor fuente de asignación de recursos.
Ahora bien, la reducción de las funciones intervencionistas del Estado y la
desregulación de la economía no fue absoluta. Pese a contar con el apoyo de los grupos
económicos concentrados y del capital financiero, tanto nacional como extranjero, “las
Fuerzas Armadas relacionaron las empresas públicas con la defensa nacional. [En este
caso,] para los dirigentes del `Proceso´ pesó mucho más el interés corporativo y de las
facciones castrenses en pugna por preservar esas fuentes de privilegios y negocios”90. En
efecto, si bien no fueron privatizadas, durante los años de la dictadura las empresas
públicas fueron groseramente desfinanciadas y se convirtieron en rehenes de los intereses
de los interventores militares91. 89 La historia del Estado intervensionista argentino se remonta a las primeras medidas de carácter defensivo que en la década del ’30 adoptaron los conservadores en el gobierno. El nuevo diseño estatal benefició a los grandes propietarios rurales. Se instrumentó el control de cambios; se crearon varias juntas reguladoras de diferentes producciones; se suscribió el pacto comercial Roca-Runciman, para asegurar las exportaciones de carne a Gran Bretaña, entre otras iniciativas. Después del ’45, la acción del Estado en la economía se incrementó y se impulsaron nuevas instituciones para intervenir en las relaciones entre empresarios y asalariados. “Las nuevas reglamentaciones laborales, los mecanismos de transferencias de intersectoriales de ingresos, los sistemas oficiales de crédito, los controles de precios, la nacionalización de los servicios públicos y el desarrollo de empresas estatales, fueron formas de intervención cuyos efectos cambiaron aspectos centrales de la dinámica de la economía”, sostiene el sociólogo argentino, Roberto Sidicaro en La crisis del Estado y los actores políticos y socioeconómicos en la Argentina (1989-2001). Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2001. Una característica importante del Estado de Bienestar fue el impulso a la formación del personal burocrático. Tanto durante el fraude electoral de los conservadores como durante el régimen constitucional de Perón se avanzó en el desarrollo de la administración pública, similar al de muchos países europeos que, bajo diferentes tipos de regímenes políticos, transformaron la relación del Estado con la sociedad. La diferencia con aquellos gobiernos consistió en que, en nuestro país, se identificó la acción del Estado con la figura de un líder o de un partido político, lo cual menoscabó la racionalidad estatal y deterioró la autoridad y legitimidad de las instituciones.90 Sidicaro, Roberto. Op. cit.. Pág. 41.91 Según se desprende de la causa sobre la deuda externa que investigó el juez federal Jorge Ballesteros, las empresas públicas fueron objeto de varias irregularidades. Por ejemplo, fueron obligadas a endeudarse con el propósito de obtener divisas que quedaban en el Banco Central. Esos dólares fueron luego volcados al mercado de cambios con el objeto de sostener la política económica. Por ejemplo, YPF no se endeudó para financiar su giro comercial, su capital de trabajo o sus inversiones, sino para que el Estado pudiese contar con dólares que aseguraran el mantenimiento de la tablita cambiaria. Por medio de este mecanismo, el gobierno
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La virtual desarticulación de la estructura industrial dejada por el “Proceso” y las
obligaciones de la deuda externa se profundizaron con la incapacidad del gobierno
constitucional de Raúl Alfonsín por desarrollar políticas en fomento de la producción.
Luego, el fenómeno de la hiperinflación terminó por disolver la experiencia radical una vez
que, frente a la pérdida de la garantía del Estado por asegurar el valor de la moneda, se
recurrió a la violencia de los saqueos, lo cual “colocó a la sociedad ante actos de evidente
violación del acuerdo social que funda la vigencia de la propiedad privada”92.
El desborde de los precios y la caída del valor de la moneda –consecuencias de la
debilidad del Estado– fueron enseguida presentadas por los “intelectuales orgánicos” del
neoliberalismo como el resultado del exceso de la intervención estatal en la economía y en
la sociedad. Amparados bajo una supuesta objetividad científica y apolítica, el discurso
técnico neoliberal generó en la opinión pública una conciencia de crisis, que representaron
entonces con la figura del “abismo”. Tal falacia le sirvió para fundamentar el retorno a la
esfera de lo privado de la mayor parte de las áreas atendidas por el Estado.
En 1989, el gobierno constitucional de Carlos Menem logró el consenso de la
población y de la oposición para completar definitivamente las reformas económicas que
habían quedado inconclusas en el programa neoclásico instrumentado por el “Proceso”
desde 1976. Esta vez sí, la orientación elegida anuló la racionalidad del Estado de
Bienestar argentino, aquel que había surgido frente a la crisis mundial de 1930 para
incentivar la producción, la inversión y el empleo, a partir de la planificación e
instrumentación de políticas laborales, fiscales y monetarias.
Los objetivos de las reformas: Desregulación y Privatizaciones
Las acciones orientadas a re-regular el sistema de radiodifusión argentino, en beneficio
de los intereses privados, comprendieron la desarticulación de la ley nacional que norma la
radiodifusión. Esto se instrumentó a través de cinco mecanismos que afirman la existencia
de una política de medios: se sancionó una ley de reforma estatal y de emergencia
militar fijaba con antelación un valor de dólar bajo (sobrevalorización cambiaria), que aseguraba dos cosas: que los productos importados entraran al país a precios bajos, y que los acreedores (o financistas extranjeros) pudieran retirar los fondos que ingresaran al país sin riesgo cambiario. La causa judicial se inició en abril de 1982 por una denuncia del abogado Alejandro Olmos. En julio de 2002, Ballesteros la cerró con el sobreseimiento definitivo de los imputados, ya que para entonces había prescripto. En la resolución judicial consta: “Todos estos hechos conforman actos ilícitos que sometieron al país al beneficio de los centros financieros y manifiestan la arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación”. 92 Sidicaro, Roberto. Op. cit. Pág. 50.
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administrativa; se abusó de la exclusiva facultad presidencial de recurrir a Decretos de
Necesidad y Urgencia (DNU) para redefinir el sentido de la ley; se privatizaron los canales
que estaban administrados por el Estado; se aceptó un desigual acuerdo de libre comercio
con una potencia extranjera y, finalmente, se adoptó un programa de liberalización del
sector de las telecomunicaciones.
La sanción de la ley 22.285 en 1981 puede ser considerada como el producto
coincidente entre los funcionarios del gobierno militar y los intereses de las principales
cámaras empresariales del sector. Pese a la concepción aperturista en política económica y
al carácter decididamente comercial que esa norma defendía, el funcionamiento de los
medios y la información transmitida estaban limitados a las necesidades de la “seguridad
nacional”. Además, la connivencia entre la Junta Militar en el gobierno y los intereses
privados también se puede detectar en el artículo 96 de esa norma, el cual prevé la
conformación del directorio del Comfer con miembros de las Fuerzas Armadas, del
Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y de las cámaras empresarias de la radio y la
televisión.
En ese contexto histórico, los funcionarios del “Proceso de Reorganización Nacional”
aplicaron un estricto control sobre los contenidos. En efecto, retuvieron las emisoras del
SOR y las administradas por el Estado para difundir los mensajes propagandísticos que
tenían como objetivo, en un principio, camuflar la “guerra sucia” contra la guerrilla y la
desaparición de personas, y luego, desinformar a la población durante la guerra de
Malvinas. Existía entonces un contrato implícito entre el gobierno militar y las
asociaciones de medios privados que garantizaba al primero el control político-ideológico
sobre los medios, y permitía a los segundos mantener o incrementar sus réditos
comerciales.
La voluntad privatizadora de los hombres del gobierno se manifestó en el Plan
Nacional de Radiodifusión (PLANARA), que preveía tres etapas de desarrollo del sistema
de radiodifusión hasta 1994. Si bien fue dejado sin efecto por el gobierno constitucional de
Alfonsín en 1984, la estrategia del Proceso contemplaba la privatización de las emisoras de
radio y los canales de televisión administrados por el Estado, además del desarrollo
limitado de la banda de FM y de nuevas televisoras de aire.
Pero recién en 1989 la desregulación en el sector de la radiodifusión se volvió una
necesidad. El gobierno de Carlos Menem no buscó sancionar una nueva ley de
Radiodifusión que derogara a la de la dictadura, sino que durante el transcurso de su
mandato reformó la original cuantas veces se lo propuso. Para ello, comenzó por la vía
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parlamentaria, incluyendo la liberalización del sector dentro de un plan general de reforma
estatal, y luego optó por la vía más cesarista y antidemocrática que existe, como último
recurso dispuesto en la Constitución: los Decretos de Necesidad y Urgencia93.
La ley 23.696, de Reforma del Estado, modificó sustancialmente el marco jurídico de
la radiodifusión. El gobierno constitucional de Menem, amparado por la urgencia de
recursos y el discurso neoliberal de achicar el Estado, impulsó una ley de emergencia
administrativa y de reestructuración de las empresas públicas para modificar, entre otras, la
22.285, que permanece vigente hasta nuestros días.
En ese sentido, la 23.696 o “Ley Dromi” (en alusión al ministro de Obras y Servicios
Públicos, Roberto Dromi, mentor de la iniciativa) inauguró en Argentina el proceso re-
regulatorio del sector de la radiodifusión. El artículo 65 de esa norma levantó cuatro
prohibiciones que establecía la ley de Radiodifusión.
En relación con el capítulo sobre multiplicidad de licencias, la reforma dispuso que un
particular podía explotar hasta 24 licencias en vez de 4, que era el límite inicial. Luego,
abrió la posibilidad de ser titulares de licencias a las empresas periodísticas nacionales (art.
45 inciso e), lo cual significó la anulación de la cláusula antimonopolio. También levantó
la cláusula que obligaba a las empresas de servicios de radiodifusión a tener como objeto
exclusivo la actividad radiodifusora. Por último, anuló el límite de 20 personas físicas que
establecía entre las condiciones para ser integrantes de las sociedades radiodifusoras.
La modificación de estos artículos produjo dos consecuencias inmediatas que alteraron
el sistema nacional de radiodifusión. Por un lado, permitió el ingreso de las empresas
editoriales y periodísticas al sector de la radiodifusión; y, por otro, admitió la posibilidad
93 Los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son disposiciones que puede dictar el Poder Ejecutivo cuando circunstancias excepcionales hacen imposible seguir los pasos de la Constitución para la sanción de las leyes, procedimiento explicitado desde el artículo 77 al 84 de la Ley Fundamental. Este mecanismo fue introducido con la Reforma constitucional de 1994 y está contemplado en el artículo 99 inciso 3. No obstante, en la rama del Derecho Constitucional existe una tradición que sostiene que los decretos ejecutados hasta la fecha son todos inconstitucionales y pueden ser objetos de revisión constitucional, pues a la hora de su reglamentación no se cumplimentaron con todas las condiciones que expresa el citado artículo. Además de fundarse en razones de necesidad y urgencia, el decreto debe ser sometido por el Jefe de Gabinete a una Comisión Bicameral Permanente que tendrá diez días para analizarlo y elevar un dictamen al plenario de cada cámara para que lo trate. Luego, el Congreso debe dictar una ley especial –con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara– que establezca que ese DNU es válido o no lo es. La Constitución también es clara (artículo 82) cuando sostiene que no se puede eludir ese procedimiento final, apelando a la sanción tácita del Congreso. Aún hoy esa Comisión Bicameral no está conformada; ni siquiera está presente en la discusión política. Sin embargo, cuando el cuestionamiento emerge en la escena pública sólo se acentúa la cantidad de DNU firmados tanto por Menem como por Duhalde y Kirchner (el primero los utilizó para convalidar un proceso de reformas estructurales, y los dos últimos mandatarios justificaron la aplicación en la situación de emergencia política y social que derivó de la crisis de 2001). Los tres presidentes han realizado un uso abusivo y arbitrario de este recurso, eludiendo la posibilidad de control que tiene que ejercer el Poder Legislativo.
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de formar multimedios, en los que la empresa radiodifusora sería una unidad más dentro de
un conglomerado de medios de comunicación. De hecho, la ley de Reforma del Estado
vino a consolidar una situación ya existente en el sector: desde 1988, el diario Clarín era
dueño de Radio Mitre, una de las emisoras capitalinas de mayor audiencia.
Esa misma ley también permitió llevar adelante otra de las reformas estructurales
aprobadas por el Consenso de Washington. Se trató del programa de privatizaciones de
empresas públicas que encaró el gobierno nacional, con el fin de eliminar los déficits
crónicos de las empresas estatales y, al mismo tiempo, reducir el endeudamiento externo94.
Además de encarar las ventas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de la
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), de Ferrocarriles Argentinos, de
Aerolíneas Argentinas y de Obras Sanitarias de la Nación, el gobierno de Menem inició la
privatización de las emisoras comerciales, que fueron administradas por el Estado desde la
apropiación de 197495. Para ello, la ley Dromi no necesitó más que apelar a los artículos
106 y 108 de la ley 22.285, que ya tenía prevista la posibilidad de venta.
El 21 de septiembre de 1989, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 830, por el cual se
llamó a concurso para la adjudicación de las licencias de los canales de aire 11 y 13. Se
trató de un proceso poco claro, pues “el canal más valioso y con una base inicial más alta
terminó resultando sustancialmente más barato”96. En ese sentido, Canal 13 fue otorgado al
grupo Clarín en 5.581.395 dólares, tan sólo un 7 por ciento más de lo que estaba valuado
(5.207.198 dólares). En cambio, el canal con menos equipamiento y de menor valor
respecto de la audiencia terminó siendo el más caro: Canal 11 fue entregado al grupo
Telefé por 8.139.534 dólares, cuando su precio base fue de 3.845.484, un 111 por ciento
más.
A través de la vía de los decretos de necesidad y urgencia, el gobierno de Carlos
Menem modificó diversos aspectos de la ley 22.285. Pequeños ajustes que favorecieron
siempre las demandas de un mercado que se volvía cada vez más competitivo y
concentrado. Entre otros, se destacan:
94 En 1990, la deuda externa era de 61 mil millones de dólares. Hacia el final del mandato de Menem, alcanzó los 141 mil millones de dólares. Con la renegociación internacional de 1992 (Plan Brady) y los sucesivos préstamos que dispuso el Fondo Monetario Internacional durante la década de los ‘90, el monto de la deuda se multiplicó en términos absolutos 2,4 veces. (Calcagno, Eric y Calcagno, Alfredo. La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla). Catálogos, junio de 2000, capítulo 3. 95
? Desde 1984, el único canal que estaba en manos privadas era el 9. Ese año, el gobierno de Alfonsín le había reconocido los derechos al empresario Alejandro Romay, quien no había aceptado la indemnización que el Estado le había ofrecido por la expropiación de su productora en 1975 y había apelado a la justicia. 96 Schmucler, Héctor y Terrero, Patricia. Innovaciones tecnológicas y transformación de la televisión en Argentina. En Voces y Culturas Nº 9. Barcelona, España, 1º Semestre, 1996.
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el DNU 1.225/91 habilitó la mención de marcas comerciales durante la emisión de
un programa. En la jerga televisiva, esta categoría de publicidad se la conoce con
la sigla PNT (pauta no tradicional).
el DNU 1.771/91 dispuso la disminución de los porcentajes de producción
nacional obligatorios en las programaciones. También, habilitó la conformación de
redes privadas, lo cual estaba vedado.
El DNU 1.656/92 permitió al Servicio Oficial de Radiodifusión la venta de
publicidad directa para su programación.
El DNU 1.062/98 habilitó la realización de concursos telefónicos, la difusión de
juegos de azar y mediciones de rating, y la transmisión de programas en lenguas
extranjeras.
Los DNU 264 y 266/98 del “Plan de Liberalización de las Telecomunicaciones”
levantaron las trabas que impedían a los licenciatarios de servicios de telefonía
básica obtener licencias de radio y televisión, y viceversa97.
En relación con el canal estatal, el gobierno de Menem instrumentó una serie de
medidas que, si se observan en su totalidad, dan cuenta de la intención original de la
privatización. Esas acciones políticas se correspondieron, por un lado, con la obsecuencia
que demostró cada nueva intervención por imprimirle a la programación un sesgo
comercial; e incluso, ignoraron que, en la práctica, existen ciertos obstáculos legales que
prohíben la venta de Canal 798 (en ese entonces, ATC). Pese a ello, los tres decretos
presidenciales buscaron la deslegitimación del canal para generar una conciencia de crisis
en la opinión pública, que le sirviera luego para allanar el camino hacia la privatización.
En 1992, a través del decreto 544, Carlos Menem determinó la liquidación de
“Argentina Televisora Color LS 82 TV Canal 7”, la absorción de los pasivos de esa
empresa estatal por parte del Tesoro Nacional y la creación en su reemplazo de “ATC
Sociedad Anónima”. Es la misma figura jurídica con la que opera una empresa privada,
comercial, que se rige por el derecho privado.
97 El Plan, diseñado con el objetivo de “fortalecer a los operadores nacionales instalados” -según declaraciones del entonces secretario de Comunicaciones y luego interventor de ATC, Germán Kamerath- dispuso el ingreso de dos nuevos prestadores al servicio de telefonía y la disolución de las compañías que hasta ese momento compartían las dos licenciatarias (Telefónica y Telecom) en distintas empresas. Según el decreto, los consorcios debían estar integrados por empresas conformadas por operadores de televisión por cable (con cobertura en al menos cinco ciudades de 150 mil habitantes o un mínimo de 100 mil), operadores de telefonía móvil con experiencia internacional y operadores independientes del servicio básico telefónico.98 Dos son las normas que prohíben la privatización del canal estatal: la propia ley de Radiodifusión (22.285/80), la cual establece que LS 82 TV Canal 7 es cabecera del Servicio Oficial de Radiodifusión; y la ley de Reforma del Estado (23.696/89), que excluye a ATC de las empresas estatales privatizables.
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Luego, en diciembre de 1995, el decreto 1.022 insistió con la posibilidad de venta. El
presidente Menem dispuso la privatización de la frecuencia 7 y el traspaso del canal estatal
a la frecuencia 4. Sin embargo, al año siguiente, esa medida fue resistida. En marzo, la
Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) consiguió que la Justicia
dictara una medida de “no innovar” sobre el intento oficial; y en junio, la Asociación
Internacional de Radiodifusión (AIR) requirió al gobierno argentino que se abstuviese de
cualquier posible interferencia con la frecuencia 4, dado que en Uruguay opera el
tradicional Canal 4 Montecarlo, en la ciudad de Montevideo.
Por último, en enero de 1998, el gobierno decididamente encaró la privatización de
ATC a través del decreto 1.471, que fue otra vez abortado por las acciones judiciales
presentadas por los gremios.
En efecto, ATC Sociedad del Estado primero fue transformada en “sociedad anónima”,
para luego comenzar un lento camino hacia la privatización. Todas las medidas políticas
descriptas eludieron la histórica tradición mixta que asume la legislación argentina en
materia de radiodifusión. Si se hubiese concretado aquella voluntad, se desarticulaba al
mismo tiempo el sistema mixto de la televisión y la concurrencia de la actividad pública
con la privada.
Concentración y transnacionalización de los medios
Entre la sanción en 1989 de la ley de Reforma del Estado y 1995, se asistió a una
primera etapa que consistió en el posicionamiento del capital local en la propiedad de los
principales medios nacionales. La reforma de la ley de Radiodifusión por el gobierno de
Carlos Menem favoreció la concentración de los medios en manos de capitales nacionales,
entre los que se destacaron dos grupos dominantes (Clarín y Atlántida99), y otros tres 99 La expansión del Grupo Clarín se inicia en 1977 con la compra –en sociedad con los diarios La Nación, La Razón y el Estado– de la empresa Papel Prensa. En 1981, con estos diarios y la colaboración de otros del interior del país, crea la Agencia Informativa Diarios y Noticias (DyN). A partir de los ‘90, el grupo Clarín profundiza su estrategia empresarial de diversificación de inversiones en comunicación. En el sector de la radiodifusión, es dueño de Canal 13 (y sus repetidoras en Bahía Blanca y Córdoba), los canales de cable TN noticias y Volver y la productora de televisión y cine Artear. Participa además en tres productoras de contenidos: dos de ficción (Pol-ka y la reciente intervención en Ideas del Sur) y otra de programas deportivos (Torneos y Competencias). En el servicio de la televisión por cable, es dueño de Multicanal, del 25% de Cablevisión y del 20% de la operadora del interior Supercanal; y en el mercado radial posee Radio Mitre y FM 100. En la industria editorial, es dueño de Editorial Aguilar y Agea; en el sector espectáculos, controla Tiketrón; en telecomunicaciones, fue propietario del 22% de CTI –Compañía de Teléfonos del Interior–, empresa de telefonía celular en las provincias. Por último, es dueño de la consultora CEOP, Centro de Estudios de Opinión Pública.Por su parte, el grupo Atlántida estuvo formado por Canal 11 (Telefé), la editorial Atlántida, Radio Continental y FM Hit, además de participar en la producción de espectáculos deportivos y de videos para
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grupos menores, encabezados por los empresarios nacionales Eduardo Eurnekian,
Alejandro Romay y Héctor Ricardo García100.
Si bien en 1989, la disyuntiva por el ingreso de capitales extranjeros en el sector de la
radiodifusión se inclinó por los intereses de los capitales locales, en 1994 se inició una
segunda etapa, a partir de la cual se profundizó el proceso de transnacionalización de los
capitales.
Durante el tratamiento de la ley de Reforma del Estado, existió un intento por parte del
Ejecutivo de eliminar de la ley 22.285 la prohibición para la entrada de capitales
extranjeros en la explotación de licencias de medios de comunicación. En ese momento,
esa iniciativa fue resistida por los partidos opositores y la fuerza de los grupos nacionales,
y la ley de Reforma del Estado finalmente no la contempló.
Sin embargo, al cabo de unos años, se concretó otra reforma estructural de la ley
original, que implicó la apertura definitiva del sector. En 1994 el Congreso Nacional
sancionó la ley 24.124, por la cual ratificó el Tratado de Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones, que en 1991 el presidente Carlos Menem había firmado en una visita a
Washington. Curiosamente, a la hora de invertir en la industria comunicacional en uno y en
otro país, la igualdad de los empresarios no era recíproca. Mientras en Argentina, los
capitales norteamericanos eran iguales a los nacionales, en Estados Unidos, los
empresarios argentinos no gozaban de las mismas condiciones que los capitales
norteamericanos.
Desde entonces, en el artículo 45 de la ley 22.285 original puede leerse: “No tener
vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de
radiodifusión extranjeras, salvo que101 los acuerdos suscriptos por la República Argentina
con terceros países contemplen tal posibilidad”. Esta última redacción fue incorporada en
1999 a través del decreto 1.005 que firmó Menem pocos meses antes de entregar el poder.
La medida fortaleció aún más el proceso de transnacionalización del capital iniciado con la
firma de aquel tratado. Se sabe que, a partir de la reforma de 1994, los tratados
internacionales incorporados en el artículo 75 (inciso 22) de la Constitución Nacional
vender con las revistas de su editorial. 100 Eurnekian era dueño del holding América (Canal 2 de La Plata, Radio América y FM Metro). Romay era dueño de Canal 9 y de otros canales de televisión abierta en Córdoba, Resistencia, Mar del Plata y Paraná; de las radios capitalinas Libertad (AM) y FM Feeling; de la productora de televisión Telearte y de la distribuidora DISA. Por último, García es dueño del canal de noticias Crónica TV.101
? El subrayado pertenece a los autores del presente trabajo.
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tienen la misma jerarquía que ese texto y, por ende, están por encima de cualquier ley
nacional.
En efecto, a partir de 1998, la nueva concentración mediática en Argentina fue el
resultado de las fusiones entre los capitales locales y los extranjeros. En algunos casos, la
presencia de capitales internacionales se dio por la expansión de los que ya se encontraban
radicados en el país, y en otros, ingresaron inversiones directas de capital al sector. En ese
sentido, se conformó un nuevo escenario, del que resultaron predominantes: nuevamente el
grupo Clarín102 (de capitales nacionales) y el grupo Telefónica, capital de origen español.
Entre los grupos menores, se destacaron los asociados a capitales locales103, y aquellos de
origen extranjero, que asignaron inversiones directas en sectores de la comunicación en
plena expansión y de mayor desarrollo tecnológico104.
Por último, luego de la devaluación del peso, la estructura de medios sufrió una nueva
alteración. La presencia del capital extranjero ya no es predominante, puesto que algunos
conglomerados internacionales vendieron sus participaciones a empresarios nacionales. En
el sector de la radiodifusión se destacan los mismos agentes dominantes que la última
etapa, aunque el sector audiovisual presenta una novedad. Pese a ser dos grupos
ampliamente diversificados, el grupo Clarín y Telefónica ya no disputan solos la pauta
102 A fines de 1998, el grupo integrado por Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magneto, José Aranda y Lucio Pagliaro debió buscar un socio financiero para cubrir el monto de sus pasivos, generado a partir de las expectativas de negocios que implicaba Internet y el futuro de la convergencia entre el audiovisual, la informática y las telecomunicaciones. La estrategia de expansión empresarial que asumió en 1995 lo obligó a gestionar préstamos y colocar Obligaciones Negociables en los mercados financieros internacionales por 1.200 millones de dólares.
Con la economía argentina en recesión, en marzo de 1999, Clarín vendió el 18% de sus acciones al banco de inversión Goldman Sachs, a cambio de una cifra superior a los 500 millones de dólares. Luego de la devaluación, Clarín debió tomar algunas decisiones urgentes para no ahondar la situación deficitaria. Por un lado, se retiró parcialmente del sector de la telefonía celular. Vendió sus acciones en CTI móvil en 243 millones de dólares, aunque ahora sólo le queda una participación residual en esa compañía a través de Telephone 2, del 2,8%. Por otro lado, en el negocio de la televisión satelital, canjeó las acciones mayoritarias que tenía en Direct TV en el país por una porción minoritaria en la empresa transnacional. Por último, en relación con la fuerte competencia por el liderazgo de audiencia en televisión, en agosto de 2005 Clarín compró a través de la empresa Artear el 30% de la productora Ideas del Sur de Marcelo Tinelli, por un valor de 15 millones de pesos. La operación significó también el pase del conductor a la pantalla de Canal 13. 103 Los grupos TyC, de Carlos Ávila, y UNO, de Daniel Vila están vinculados a otras empresas, tanto locales como extranjeras. Sin embargo, y según un estudio del Área de Investigaciones del gremio UTPBA, pueden considerarse de origen local, dado que reinvierten la mayor parte de las utilidades en el país. Además, en agosto de 2002, Ávila vendió la mitad del holding América al Grupo UNO, integrado por Vila y el ex ministro del Interior de Menem, José Luis Manzano. A mediados de 2005, otro nuevo socio se sumó a la sociedad accionaria de América. Se trata del flamante diputado por el duhaldismo, Francisco de Narváez, quien compró el 50% de AISA, la sociedad que controla América, AM La Red, el canal de noticias América 24 y el canal de cable de Junín. 104 Estos grupos ingresaron en el mercado de la televisión por cable e Internet. Se trata del fondo de inversiones de origen texano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMT&F), Liberty Media y el grupo Cisneros, dueño de un conglomerado de medios en Venezuela.
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publicitaria anual en televisión105, puesto que ahora también hay que considerar la fuerte
pelea por el liderazgo de audiencia que protagonizan con el empresario nacional Daniel
Hadad, CEO del grupo InfoBae106. Según las perspectivas de analistas de negocios y de la
industria de la televisión, con las producciones de Marcelo Tinelli en Canal 13, el grupo
Clarín apuntará a quedar primero en materia de rating y de facturación publicitaria. Sobre
una cifra global para 2006 de 1.400 millones de pesos, los analistas pronostican que Telefé
seguirá liderando con casi el 43 por ciento de la torta publicitaria, Canal 13 con el 35,2 y
Canal 7, último, con el 1 por ciento del total de la inversión107. Para el canal estatal, esta
proyección de tan sólo un punto porcentual significa un ingreso en facturación de 14
millones de pesos, lo cual representa el 35 por ciento del presupuesto asignado para 2005
de 40 millones de pesos.
105 Se estima que para 2005, la inversión publicitaria en televisión abierta alcanzó los 1.000 millones de pesos, de los cuales el 80% se repartiría entre Telefé, Canal 9 y Canal 13; y el resto, entre América y Canal 7.106 El grupo InfoBae tiene una mayor participación en el sector “tradicional” de la radiodifusión, antes que en el negocio de Internet. El holding está integrado por Canal 9, FM Pop y FM Amadeus. Hadad es dueño del cien por ciento de Canal 9, desde enero de 2006, cuando le compró a su ex socio, Raúl Moneta, el 50% en 30 millones de dólares. Además, sigue llevando adelante el gerenciamiento de Radio 10 (AM) y FM Mega, las dos emisoras que vendió al grupo estadounidense Emmis. Radio 10 opera en la frecuencia 710, que perteneció a la Radio Municipal de Buenos Aires. En 1995, Carlos Menem la concedió a una sociedad integrada por el propio Hadad, el conductor y productor de televisión Marcelo Tinelli y el ex juez Oscar Salvi, quien es señalado como testaferro de Gerardo Sofovich. 107 Cohen, Ariel y Giovaneli, Adrián. Violentos cambios de programación y de niveles de audiencia redefinen la torta publicitaria; en diario Perfil, domingo 11 de septiembre de 2005. Pág. 20.
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CAPÍTULO III
Medio siglo de luces y sombras
1. Amanecer de los días por llegarNace la Televisión
El 17 de octubre de 1951 fue el día elegido para hacer la primera transmisión.
–“Sí, sí, todo es muy lindo, pero yo quiero que televisen el próximo acto del 17 de
octubre ¿entendiste?”108.–le había dicho Eva Perón a Jaime Yankelevich mientras se
hacían las obras de infraestructura necesarias para poner en marcha la señal. Y Don Jaime
–así le decían sus íntimos–, pese al poco tiempo que tenía para hacer las pruebas iniciales,
recibió la orden sin chistar: el principal impulsor de la llegada de la televisión a la
Argentina no podía poner objeciones.
No obstante, más allá de los propósitos políticos, los intereses y motivaciones del
propio Yankelevich tampoco podían demorarse. Don Jaime se había encargado de aceitar
durante las últimas décadas el sistema comercial y el negocio publicitario de la radio y,
además, después de que el Estado comprara todas las estaciones del sistema, había logrado
erigirse como el Director General. Con ese respaldo institucional, ahora no podía dejar
escapar la oportunidad: como nunca, la televisión era el camino para seguir expandiendo el
mercado y abarcar un área masiva englobando sus novedosas posibilidades con las de la
capacidad radiofónica.
Antes de comenzar a concebir la televisión, Yankelevich ya había dado muestras de su
perfil empresario al aprovechar las particularidades del estilo de radiodifusión que se había
impuesto en el país. En pleno auge del gobierno peronista, el empresario leyó con justeza
las directrices de un presidente que consideraba al Estado el agente central del desarrollo.
Don Jaime sabía que para Perón la fortaleza pública –y por ende también la de su
conductor– era la clave para llevar adelante los principios fundamentales de su doctrina,
enmarcada en los preceptos de justicia social, independencia económica y soberanía
política. En ese imaginario, los medios de comunicación tenían como función servir a los
grandes objetivos nacionales. Y quien no lo entendiese así, sabía que debía “atenerse a las
108 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 48.
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consecuencias”109. Jaime lo entendía, por lo que ajustó sus aspiraciones a la cincha del
contexto.
Las disputas con los medios gráficos habían sido el común denominador durante la
primera etapa del gobierno peronista. Con la radio, en cambio, los problemas fueron de
resolución sencilla. “Bastaron algunos paros de los gremios de locutores y actores, unas
cuantas advertencias y sanciones por difundir información inconveniente, y la
consolidación del uso gubernamental de la cadena nacional de radiodifusión para transmitir
largos actos oficiales en los mejores horarios, para que un grupo de empresarios radiales se
presentara ante Evita para ofrecerle sus emisoras”110, asegura Leonardo Mindez en “Canal
Siete. Medio siglo perdido”. Para los empresarios radiofónicos no tenía sentido seguir con
un negocio que se avecinaba inviable y que, además, había ido creciendo en abierta
infracción a las escasas leyes que intentaban regular el sector. Así, entre 1947 y 1948 el
gobierno peronista revocó licencias, pagó instalaciones y tomó la administración de
cincuenta y cinco estaciones en toda la Argentina.
Dadas las circunstancias, todo el mundo aguardaba que hiciera lo aparentemente
esperable: iniciar una reforma integral del funcionamiento de la red de radioemisoras
nacionales. Sin embargo, un convenio a priori insólito designó prestadora del servicio
estatal a una empresa que no parecía tener mucho que ver con los pilares de la doctrina
peronista: Radio Belgrano Sociedad Anónima, la misma a la que poco antes le habían
comprado su red de emisoras en medio de acusaciones e intervenciones varias. El dueño de
esa radio era justamente Don Jaime Yankelevich, quien en pocos meses pasó de ser
propietario de Radio Belgrano a Director General Coordinador de todas las radios del
Estado.
Con lectura certera de las prioridades peronistas, y bajo sus criterios de efectividad
comercial y negocio publicitario –por cierto los más eficaces y visionarios de la historia de
la radiodifusión nacional–, el ahora director ni siquiera pensó en meterse con las noticias; y
dejó la tarea periodística a cargo de la Subsecretaría de Informaciones, donde se definía
cada una de las líneas que salían al aire. Incluso también se definían incorporaciones y
desplazamientos del personal frente a los micrófonos.
Como pocos otros países en el mundo, Argentina entonces dio inicio en poco tiempo a
“un sistema de radiodifusión sui generis de enormes proporciones, bajo un monopolio
gubernamental con una política comunicacional autoritaria, pero constituido por estaciones
109 Íbid. Pág. 44.110 Íbid. Pp. 44 y 45.
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que funcionaban como emisoras comerciales que competían por la financiación
publicitaria”111. Todo al mando de Don Jaime, un especialista en ese tipo de cuestiones. Y
avalado, por supuesto, por un Estado que en materia de radiodifusión siempre había dejado
que la realidad sobrepasara las normas; es decir, un Estado que regulaba tibiamente pero
sin legislar.
Esa era la realidad mediática argentina cuando Yankelevich impuso su convicción de
instalar la televisión tras un viaje a Estados Unidos por problemas de salud, donde quedó
deslumbrado por el despliegue técnico y comercial de las cadenas televisivas CBS, NBC y
ABC.
A su regreso, inició los contactos pertinentes para poder convencer a Perón de que le
facilitara los 20 millones de pesos necesarios para traer los equipos de televisión e instalar
el primer canal. Un desafío que ya habían intentando impulsar antes el fabricante de
zapatos Martín Tow y el Instituto Experimental de Televisión; ambos con suerte trunca por
la falta de inversión ante la inestabilidad jurídica y la incertidumbre comercial. Incluso en
1945 al propio Tow se le había otorgado una concesión por cinco años para instalar el
servicio que se terminó cayendo porque nadie la explotó.
Pero hacia comienzos de los ‘50, con Yankelevich a la cabeza, la instalación de la
primera emisora alcanzó mejor puerto. Eva supo apostar al nuevo servicio, ante un Perón
que nunca se sintió demasiado estimulado ante la posibilidad de la televisión112, y
probablemente aconsejada por el Ministro de Comunicaciones, Oscar Nicolini, alentó a
Yankelevich a que inicie un nuevo viaje a Estados Unidos junto a su jefe técnico, Max
Köeble.
Con dinero fresco en mano, Don Jaime le sacó provecho al viaje: cuando volvió de
Norteamérica trajo consigo “el equipo de transmisión, once cámaras, los elementos
necesarios para armar una antena de cincuenta metros de altura, dos camiones de exteriores
y miles de metros de cables, repuestos, válvulas, luces y orthicones, el alma de las
cámaras”113.
111
? Íbid. Pág. 46.112 Perón estaba acostumbrado a la radio y no veía en la televisión un lugar para ejercer poder. Carlos Ulanvosky detalla que al entonces presidente argentino “el tema (de la televisión) nunca lo estimuló (…) probablemente por desconocimiento (propio y de su asesor Raúl Apold)”. En Estamos en el aire. Una historia de la Televisión Argentina. Planeta. Buenos Aires, 1999. Pág. 5.113 Íbid.
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Poco después, el Estado importó siete mil aparatos para la venta y construyó dos pisos
precarios sobre el tanque de agua del Edificio de Obras Públicas en la avenida 9 de Julio,
para instalar allí los estudios, el control central y la planta transmisora.
La celeridad impuesta por los tiempos de Eva hizo que enseguida empezaran las
pruebas técnicas para elegir la frecuencia. Los informes recomendaron el canal 7. El propio
Yankelevich, los pioneros de la radiofonía César Guerrico y Enrique Susini, y un grupo de
ingenieros argentinos y norteamericanos, pusieron a punto los equipos. Y en septiembre,
un retrato de Eva Perón pintado al óleo apareció como primera imagen de prueba.
Lealtad televisada
El día ordenado por “la abanderada de los humildes” por fin llegó. Desde temprano, la
Plaza de Mayo había empezado a llenarse con la gente que se acercaba para celebrar el
sexto aniversario de la lealtad peronista. El encuentro no era menor: por primera vez desde
el renunciamiento del 22 de agosto (Eva, seriamente enferma, había resignado su
candidatura a la vicepresidencia) y tras el fallido intento de golpe de Estado del 28 de
septiembre, la masa peronista volvía a escuchar a sus líderes114.
El acto empezó a las cinco de la tarde. “El propio Yankelevich empuñó una de las
cámaras ubicadas en el edificio del Banco de la Nación y desde allí enfocó hacia uno de los
balcones de la Casa Rosada donde saludaban el General Perón y su esposa”115. La gente
que no había podido llegar a Plaza de Mayo se agolpó en vidrieras de Florida, avenida
Sáenz Peña y Balcarce, “sorprendidos por la perfección del invento recién incorporado a la
metrópoli”116. Incluso un buen grupo de curiosos cortó el tránsito en varias calles ante la
sorpresa generalizada que despertaron las primeras imágenes. La prensa escrita, no
obstante, no le dio demasiada importancia al evento. Max Köeble atribuiría tiempo después
la baja repercusión periodística a la “deliberada decisión de la prensa escrita, temerosa de
que aquí se repitiera lo que ya había ocurrido en los Estados Unidos: que el nuevo medio le
moviera el piso y le mordiera la torta publicitaria a la gráfica. Algo de razón tenía”117.
Pero más allá de la escasa difusión, la realidad fue que el 17 de octubre del ´51 quedó
inaugurado formalmente LR3 Radio Belgrano TV Canal 7. Una entrada tardía al mundo
114
? Íbid. Pág. 3.115 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 48.116 Ulanovsky, Carlos. Op. cit. Pág. 5.117 Íbid. Pág. 6.
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televisado si se tiene en cuenta que Europa ya había iniciado su servicio, Estados Unidos
llevaba ya doce años de transmisión, y Cuba, México y Brasil habían comenzado las suyas
unos meses antes118.
Como explica Mastrini, el acto no sólo dio comienzo a las transmisiones de la primera
emisora argentina: “También se asistió a la creación de un modelo de televisión estatal que
perduraría hasta nuestros días. En efecto, aquella emisora improvisada reunía dos de las
principales características de los medios no privados argentinos. En primer lugar sirvió
para transmitir un acto del partido en el gobierno, hecho que marcó la estrecha relación
entre la emisora estatal y el poder político de turno. En segundo lugar, satisfacía al interés
comercial de Jaime Yankelevich, padre de la radiodifusión argentina, que agregaba la
televisión a su posición dominante en el mercado radial”119.
El periodista y analista de televisión, Pablo Sirvén, define el perfil con el que nació la
televisión pública en la Argentina con un término no académico pero descriptivo:
“mescolanza”120. Y el concepto no parece fuera de lugar. Es que cualquier análisis que
pretendiera ser más refinado no describiría cabalmente las características de la emisora.
Estación estatal pero a cargo del principal empresario comercial de la radiodifusión, ni cien
por ciento pública ni cien por ciento privada, con una licencia de explotación que nunca
quedó registrada en ningún organismo oficial, sin estatuto legal ni operativo, y mucho
menos con un marco regulatorio específico. Eso era la flamante emisora.
En el libro “Televisión argentina 1951/1975”, el escritor Jorge Nielsen suma
consideraciones y resume a tres los protagonistas en aquel momento: los empresarios
privados, el Estado con un férreo control y “los negocios de dudosa transparencia”121. Así,
Canal 7 dio sus primeros pasos.
Después de un tiempo de emisiones de prueba y ajustes técnicos, finalmente
Yankelevich salió a buscar anunciantes: sin respaldo publicitario, su proyecto estaba
destinado al fracaso. Recién el 4 de noviembre las emisiones empezaron a ser regulares. A
las 20 horas de ese día salió al aire, auspiciado por un solo avisador, El programa de Gath
& Chaves; y un par de horas más tarde se leyó el primer aviso comercial cuando Uvasal
auspició el Boletín Informativo de las 22.
Durante los meses siguientes, las estrellas de las primeras grillas de televisión se
nutrieron con las figuras conocidas de Radio Belgrano y luego se sumaron otras del teatro 118 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 48.119 Mastrini, Guillermo. ¿Televisión estatal o gubernamental?; en Le Monde Diplomatique. Nº 12. Buenos Aires, junio de 2000. 120 Nielsen, Jorge. ¿Estatal o privada?; en “Televisión argentina 1951/1975. La información”.121 Íbid.
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y el cine. No obstante, el perfil de la programación empezó a tornarse confuso por una
disputa interna entre Enrique Susini, el director artístico, y Max Köeble, el jefe técnico. “El
primero quería una televisión ‘cultural’ y se preocupó de que se realizaran transmisiones
de ópera y ballet desde el Teatro Colón, de que se presentaran orquestas de música clásica,
tango y folklore en los estudios y de que se hicieran transmisiones de obras dramáticas
(…). El ingeniero alemán, por su parte, prefería una televisión ‘popular’ respaldada
comercialmente, con ciclos de moda (…), clases de cocina (…), el cabaret y el teatro de
revista llevado a la pantalla”122 y, por supuesto, las transmisiones deportivas, que
garantizaban masividad.
Esa interna recrudeció en intensidad después del 26 de febrero de 1952, cuando
afectado gravemente por un cáncer murió Jaime Yankelevich, el padre del proyecto. Poco
tiempo después asumió la conducción de Canal 7 su amigo Ignacio Demaría, con la
consigna de lograr en el futuro inmediato una programación “cultural y popular”; es decir,
que combinara dos modos antagónicos de concebir el medio. Sin embargo, los programas
que perduraron fueron los que tenían éxito. Poco a poco, los productos dedicados a un
público masivo fueron ganando el horario central, la masividad se amplió, creció la
demanda de televisores y el negoció empezó a rendir frutos económicos para avisadores,
empresarios y agencias publicitarias.
El aumento de la producción obligó a que se dejara de operar en los improvisados
estudios en el techo de Obras Públicas para pasar a unos más amplios en lo que había sido
el Teatro Íntimo del Alvear Palace Hotel y, al poco tiempo, a otros en el Palais de Glace,
donde habían funcionado antiguamente pistas de patinaje sobre hielo. La televisión
argentina empezaba a convertirse con rapidez en un fuerte fenómeno económico, social y
comunicativo.
2. Hacia la consolidación y la competenciaLa caída de Perón, nuevos canales y la apertura al mercado
122 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 50.
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Desde su nacimiento, el Estado no tuvo ningún proyecto para la televisión, por lo que
se desentendió de cualquier responsabilidad sobre la estación que le pertenecía y dejó todo
a cargo de los empresarios123. La única preocupación oficial era que se difundieran actos
oficiales y ejercer el control informativo en el canal.
Sin embargo, las cosas parecían empezar a cambiar a partir de 1953. El malestar
castrense y clerical contra Perón y las fuertes críticas por su férrea influencia sobre todo el
sistema de medios, empujaron al gobierno a proponer en el Congreso la ley de
Radiodifusión 14.241, que se proponía organizar tanto el servicio de televisión como los
servicios de radio y publicidad, y finalmente privatizar todas las emisoras.
La ley se aprobó y el proceso avanzó en 1954. “Pero el llamado a licitación, que iba a
proveer de permisionarios a las tres cadenas de radio y a Canal 7, no fue sino un intento
puramente cosmético para continuar ejercitando un fuerte control”124. Cuando se
adjudicaron las licencias, “todas las cadenas quedaron en manos de personas o empresas
estrechamente vinculadas al peronismo”125.
En el caso de Canal 7, que había salido a licitación junto a Radio Belgrano, quedó en
manos de la Asociación Promotora de Telerradiodifusión (APT), manejada por el
empresario Jorge Antonio. De esa manera, el Estado que había invertido en equipamiento e
infraestructura para el desarrollo de la estación optó por entregarlo a poco de empezar a
crecer. No tenía sentido seguir administrándolo: “Un empresario amigo del gobierno podía
hacer sus negocios y manejar la propaganda oficial con mayor eficacia”126.
Durante todo el ‘54, las protestas cada vez más fuertes de los sectores anti-peronistas
produjeron un cambio en el perfil de programación del canal, que en manos de la APT
introdujo algunas modificaciones. Entre ellas, se propuso jerarquizar los puestos de
conducción y dar mayor espacio a algunas figuras que no simpatizaban con el gobierno.
Incluso hubo algunos cambios en la grilla, para oxigenar de alguna manera el asfixiante
cerco que se estaba gestando en torno del peronismo.
Sin embargo, la apuesta no duró mucho. El 23 de septiembre de 1955, con el respaldo
de la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Perón, debilitado por
123 Íbid. Pág. 51.124 Ulanovsky, Carlos. Op. cit. Pág. 56.125 Mastrini, Guillermo. Política y medios en la Argentina: Los orígenes de la televisión privada. Apunte de la cátedra “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la carrera de Ciencias de la Comunicación, UBA. Buenos Aires, 2003.126 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 56.
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el desgaste político de casi una década en el poder y un escenario económico que mostraba
ya signos de crisis.
“Una de las primeras medidas del General Eduardo Lonardi fue adecuar la propiedad
de los medios a los cambios producidos a partir del golpe de Estado”127. Los militares
necesitaban controlar la información en los medios. Por decreto se anularon las
adjudicaciones realizadas en el ´54 y fueron nombrados interventores directos en las
cadenas radiales y Canal 7. El complemento de esa medida fue otro decreto, por el cual se
decidió que el Estado administraría los bienes de las emisoras. El objetivo estaba en
marcha: borrar todo vestigio de peronismo. A partir de ese momento, métodos idénticos de
censura cambiaron de manos y se profundizaron; no sólo fueron prohibidos artistas,
locutores y periodistas que simpatizaban con el gobierno derrocado, sino que se prohibió
siquiera la mención de Eva y Juan Perón.
En Radio Belgrano y Canal 7 fue designado interventor el locutor y periodista Augusto
Bonardi, que había estado exiliado en Uruguay por su abierto antiperonismo. No duró
demasiado: Bonardi se fue junto con Lonardi, quien por los vaivenes internos de la
dictadura militar fue derrocado por el general Pedro Aramburu. La dirección entonces pasó
a manos de Julio Bringuer Ayala, un profesional formado en Estados Unidos que volvía a
la Argentina para aplicar el modelo de explotación utilizado por las grandes cadenas.
En primer lugar, separó definitivamente la emisora de Radio Belgrano y pasó a
llamarse LS82 TV Canal 7. Después, impuso la mecánica habitual de venta de espacios a
las agencias de publicidad y la modalidad de dejar en sus manos la producción integral de
la programación. Los criterios comerciales se extendieron en todas las áreas.
Esa búsqueda furtiva de rentabilidad encerraba dos cuestiones. Por un lado, achicar las
pérdidas: en sus primeros años de vida, el canal ya tenía déficit en sus cuentas –al menos
un millón de pesos anuales– y sus equipos estaban al borde de su vida útil. Por otro, la
nueva intervención estaba preparándose para la competencia. En los medios gráficos ya se
había agitado la necesidad de abrir nuevas emisoras. Los fabricantes de televisores querían
aumentar sus ventas y rogaban por nuevas frecuencias ante un canal público que ya
demostraba pérdidas y tenía pocas horas de transmisión.
En 1957, la política de medios del gobierno militar tomó nuevo impulso. La primera
medida que se tomó fue en febrero con la creación de la Comisión Administradora de
Redes de Radiodifusión privada, el organismo que administraría las frecuencias de cara a
su preparación para las licitaciones y adjudicaciones. A los pocos días se derogó la ley de
127 Mastrini, Guillermo. Op. cit.
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Radiodifusión aprobada durante el gobierno peronista. El 26 de julio, la dictadura llamó a
sancionar una nueva ley y decretó la privatización de los medios. Para los militares, la
propiedad de los medios era un problema. Y dado que las elecciones estaban fijadas para el
cercano febrero de 1958, la meta era muy concreta: “Dejar establecida una estructura de
medios acorde a sus intereses”128.
La nueva ley de Radiodifusión (15.460) fue sancionada el 25 de noviembre de 1957. La
norma tenía un renovado énfasis liberal y definía una nueva estructura en la radiodifusión:
libre iniciativa individual, trabas para la creación de sistemas oligopólicos y
desarticulación del sistema de redes imperante. Se prohibió la participación de capitales
extranjeros y se fijó una cantidad máxima de emisoras por titular, que desarticulaba las
cadenas y privilegiaba la explotación individual.
Las radios por adjudicar eran cincuenta y cinco. En tanto, la televisión incluyó diez:
tres en Buenos Aires y una, respectivamente, en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca,
Rosario, Mendoza, Córdoba y Tucumán. “Esta decisión política tiene una gran
importancia, porque es el paso que gesta la televisión de, por lo menos, las dos décadas
siguientes, abre la puerta a la actividad privada en la materia y promueve, a partir de 1960,
el despegue definitivo de algo bastante parecido a una industria nacional de la
televisión”129.
El afán por dejar los medios en manos confiables hizo que el gobierno militar apurara
los pliegos para los llamados a concurso. El gobierno constitucional, después de las
elecciones en las que había ganado Frondizi con apoyo del peronismo proscripto, asumiría
el 1º de mayo de 1958. No había demasiado tiempo.
El 5 de marzo terminó el plazo de presentación de propuestas y ocurrió lo previsible: el
tiempo para preparar los proyectos había resultado extremadamente corto. En Capital
Federal, por ejemplo, la Comisión de Adjudicaciones estudió las diez ofertas y aconsejó al
Poder Ejecutivo rechazar todas porque ninguna cumplía las condiciones de los pliegos.
Sin embargo, desde abril funcionaba sospechosamente una junta evaluadora paralela a
la Comisión formada por miembros de la Dirección General de Radiodifusión, no prevista
en los pliegos, y que fue desautorizando cada resolución en contra de las adjudicaciones.
Lo curioso del caso fue que el gobierno militar resolvió seguir los consejos de esta junta
improvisada, fuera del proyecto de licitación, en detrimento de los informes de la
Comisión de Adjudicaciones. Había que asegurar el “buen” destino de las licencias.
128 Íbid. 129 Ulanovsky, Carlos. Op. cit. Pág. 90.
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Así, tres días antes de entregar el gobierno, el General Aramburu firmó el decreto-ley
6.287 por el cual se entregaba la licencia de canal 9 a la Compañía Argentina de Televisión
(CADETE), la del 11 a Difusora Contemporánea (DICON) y la del 13 a Río de la Plata
TV. “Del análisis de los grupos ganadores se desprende la iniciativa política (…) para
consolidar un sistema televisivo, no sólo antiperonista, sino además con prudente distancia
del frondicismo pactista”130, dice Mastrini.
Las tres primeras empresas privadas ya tenían permiso para emitir imágenes de
televisión. No obstante, la suma a invertir era tan grande, que los licenciatarios tuvieron
que salir a buscar capitales extranjeros. Los encontraron en las tres grandes cadenas
norteamericanas: la CBS, la NBC y la ABC, que estaban en plena expansión internacional.
Y pese a que la ley prohibía la participación de capital extranjero, los canales crearon
productoras, formalmente independientes de los canales, que otorgaban el marco jurídico
para que las emisoras recibieran apoyo técnico y financiero. Se inaugura con ello en la
Argentina el ingreso del capital norteamericano a la incipiente industria de la televisión
nacional. A partir de allí, la influencia de las inversiones foráneas sería decisiva y el
sistema de explotación comercial se transformaría en la base de la televisión.
3. Los ‘60: la década de oroAuge de la Televisión y boom cultural
130 Mastrini, Guillermo. Op. cit.
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Los años ‘60 en la Argentina estuvieron marcados por un proceso de “ruptura” y
“renovación” en el plano cultural y político131. Una economía relativamente estable,
modernización desarrollista con el frondicismo, ilusión política con la revolución cubana y
los movimientos populares, influjo de nuevas corrientes artísticas, tecnológicas y estéticas
que llegaban de Estados Unidos y Europa, aceptación de las vanguardias como
movimiento, desarrollo de la industria editorial y renovación teatral y cinematográfica.
Esos fueron los pilares del cambio cultural de los ´60. La vida cotidiana estaba teñida de
nuevas formas de aprehender la realidad circundante.
La televisión no escapó a ese proceso. Durante los ´60, rápidamente se constituyó en un
importantísimo medio de difusión y ya a principios de la década se calculaba una cobertura
potencial del 80 por ciento de los hogares nacionales. En 1966 ya había 26 canales en todo
el país. Y para 1968 ya no sólo la cobertura de la televisión era casi total sino que más del
90 por ciento de las casas del país tenían aparatos receptores.
No obstante, el proceso de expansión no influyó demasiado en un cambio de la política
de medios. Canal 7 se consolidó como un híbrido: estatal pero con el mandato de vender y
competir. A partir de los ´60, la emisora se vio obligada a ese proceso por el escenario
televisivo reinante. El Estado siguió sin brindarle otra opción. Y Canal 7 ya empezaba a
resultar deficitario y sus principales artistas comenzaron a emigrar a otros canales. El
nacimiento y desarrollo de la estación mostraba sus paradojas: durante casi una década, el
Estado había invertido a pérdida el desarrollo de un negocio que nadie se había animado a
emprender; y cuando la televisión comenzó a ser popular no solamente se entregó el
mercado a los particulares sin mayores regulaciones, sino que el resto de los canales se
nutrió de casi todos los planteles del 7. El Estado se hizo cargo de los riesgos, las
contradicciones y el desarrollo inicial. Después, las empresas privadas –gracias al dejar
hacer de ese mismo Estado– se ocuparon de las ganancias.
En febrero de 1960, Canal 7 inició un costoso traslado al edificio Alas, en Leandro N.
Alem y Viamonte. Pero tamaño presupuesto no alcanzó para renovar equipos. Ya a esa
altura, cámaras, luces y micrófonos estaban en el ocaso de su vida útil. Los atrasos en
tecnología comenzaron a profundizarse: Canal 7 empezó a ser ese canal sin inversión,
rumbo ni proyecto, que iría languideciendo lentamente frente al desarrollo privado.
Ni Frondizi –derrocado en 1962– ni el siguiente presidente constitucional, Arturo Illia,
se plantearon la necesidad de modificar la misión o los objetivos del canal. Sólo pusieron 131
? Mestman, Mariano. Estado y Sistema de Medios en Argentina (1966-1976). Apunte de la cátedra “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la carrera Ciencias de la Comunicación, UBA. Buenos Aires, 2003.
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cierto empeño en evitar manejos groseros y equilibrar las cuentas. La conmoción
institucional argentina fue la que más cambios produjo en la emisora estatal.
La “Revolución Argentina” y la restricción del mercado
En 1966, el presidente Arturo Illia fue derrocado por la autodenominada “Revolución
Argentina”, encabezada por el general Juan Carlos Onganía. Apertura al mercado, fomento
de inversiones extranjeras, ajuste fiscal y reducción del gasto público fueron los pilares de
la política económica. En tanto, la censura en los medios se profundizó rápidamente, la
dictadura reprimió con fuerza las movilizaciones populares, detuvo a dirigentes y activistas
y, sobre todo, buscó por todos los medios neutralizar la renovación cultural y política que
la década había puesto en marcha.
Y en la televisión, en dirección contraria a lo que indicaban los principios económicos
del gobierno militar, el mercado competitivo dejó de expandirse. Desde 1967, el desarrollo
en el sector privado se restringió, pese a que la dictadura anunció más de una vez diversos
llamados a licitación para instalar nuevas frecuencias que nunca se cumplieron. Lo cierto
es que en 1966, veintidós eran los canales privados y cuatro los estatales en todo el país. Y
hacia 1973, cuando la dictadura entregó el poder al peronismo, las emisoras privadas eran
veintitrés y las estatales habían pasado a ser doce (dos nacionales, siete provinciales, dos
universitarias y una municipal).
Este proceso se puede explicar por dos razones: una, política, relacionada con el interés
del gobierno por controlar los medios; la otra, económica, en relación con la reducción de
la inversión publicitaria. No obstante, la razón política fue la de mayor peso a la hora de
tomar decisiones: para Onganía el control del sistema de medios era fundamental. Y la
televisión no escapaba a ese dominio.
En Canal 7 no sólo el control era tan estricto como en el resto de los canales, sino que
se le intentó dar vuelo competitivo sin inversión ni administraciones eficientes. Los
allegados a la dictadura que estuvieron a cargo de la emisora hasta 1973 buscaron los
éxitos de audiencia y ahondaron el déficit, que terminó en la reducción del personal en un
30 por ciento, el atraso de sueldos y la cancelación de contratos. Aunque en 1967 se
dispuso que el 10 por ciento de lo recaudado mensualmente en las radios estatales fuera
para el Canal, ese dinero no alcanzaba para sanear las cuentas en rojo. Entrados los ´70 el 7
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seguía sin misión específica, sin proyectos a largo plazo, con casi 50 directores en su corta
historia y en desorden de administración y deudas impagables.
4. Televisión: industria nacionalSe van las cadenas. Nacionalización y el 7 a la deriva.
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El 8 de junio de 1970 las Fuerzas Armadas removieron a Onganía y su lugar fue
ocupado por Roberto Levingston, un general bastante más moderado. Canal 7 volvió a
cambiar de director: asumió en esos meses un experimentado productor de televisión y
periodista, Luis Pico Estrada. El sueño de Levingston era formar una alianza cívico-militar
y le dio libertad inusitada al nuevo director, quien por breve tiempo convocó a referentes
televisivos que no habían tenido espacio hasta ese momento y construyó varios programas
considerados de excelencia, aunque sin grandes reformas estructurales. Sus días, por
supuesto, terminaron cuando se produjo la salida de Levingston, en marzo del ´71.
Con la llegada del general Alejandro Lanusse, el control en el canal se hizo más estricto
y las experiencias aparentemente renovadoras fueron dadas de baja. Pero, además, en el
nuevo gobierno había otra idea sobre cuál debía ser el destino de la emisora estatal: ser
definitivamente la señal oficial que difundiera los actos de gobierno. En todo caso, si había
reclamos, se podía llegar a crear otra señal con fines educativos y culturales. Por esa razón,
ese año la Secretaría de Comunicaciones empezó a idear la posibilidad de usar la
frecuencia 4 para crear un nuevo canal estatal. Aunque el proyecto nunca se llevó a la
práctica, fue la primera discusión sobre una señal que cada tanto vuelve al debate para su
posible utilización, con el problema adicional de que es una frecuencia que utiliza el canal
4 Montecarlo de Uruguay.
Para ese entonces, el mapa de los canales privados en la Argentina había empezado a
cambiar. Después de Onganía, no sólo se había achicado el desarrollo de nuevas emisoras,
sino que a raíz de la retracción publicitaria comenzó la retirada paulatina del mercado de
las grandes cadenas norteamericanas, quienes habían respaldado económicamente el
pujante negocio de la televisión nacional durante los ´60. “Con el adiós de la ABC y luego
la CBS, a la que imita el grupo Time-Life, si bien no deja a los canales a la buena de dios,
los pone en manos de capitales enteramente argentinos”, sostiene la periodista Silvia
Itkin132.
El convulsionado mapa institucional argentino también contribuyó a que la simpatía
norteamericana por las inversiones en el país se diluyera. Era reciente el Cordobazo, había
focos guerrilleros en Taco Ralo, Tucumán, y las revueltas estudiantiles y obreras ya eran
muy comunes. También era común la represión. El asesinato de Aramburu en manos de
Montoneros, la caída de Onganía y la rápida salida de Levingston –muestras evidentes de
la feroz interna militar– influyeron también en la retirada. Las cadenas no querían
132 Itkin, Silvia. Estamos en el aire. Una historia de la Televisión. Planeta. Buenos Aires, 1999. Pág. 286.
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problemas políticos que perjudicaran sus ganancias; en tal caso, valía más abandonar las
apuestas.
Argentina, durante el gobierno de Lanusse, volvió a legislar en materia de
comunicaciones: en 1972 sancionó la primera ley integral en materia de
telecomunicaciones. Entre otros asuntos, el Estado siguió siendo subsidiario secundario de
la televisión privada, se anunció otra vez la posible creación del mentado Canal 4, se
estableció la creación del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) y, fundamentalmente,
se consideró a Canal 7 como “comercial” hasta tanto el Comfer definiera su adecuación en
el sistema de medios. La adecuación nunca llegó. Y, obviamente, la ley no cumplió su
objetivo de articular y ordenar los servicios de radiodifusión del Estado. Sobre finales del
´72, Lanusse anunció además que en los primeros meses de 1973 las licencias de los
canales privados se declararían vencidas.
Mientras tanto, los vendavales políticos en el país iban in crescendo. Aumentaban los
crímenes y atentados llevados a cabo por grupos terroristas, crecía el descontento de
sectores populares por la crisis económica creciente y los partidos comenzaban a reclamar
elecciones. Frente a ese contexto, el gobierno militar no pudo imponer todas las
condiciones que pretendía. Logró que Perón no fuese candidato, pero no logró impedir que
el 11 de marzo de 1973 el lugarteniente del general exiliado, Héctor Cámpora, ganara las
elecciones con casi el 50 por ciento de los votos.
Con Cámpora, llegó a Canal 7 el director número 50. En sólo 22 años, la estación de
televisión ya había tenido medio centenar de gerenciadores en su haber. En este caso, quien
llegó fue Juan Carlos Gené, guionista y director con un gran respaldo gremial, que se hizo
cargo de la emisora en medio de innumerables presiones. Los enfrentamientos entre la
derecha y la izquierda peronista se intensificaban y la tensión iba en aumento. Su mando en
el puesto duraría lo que duró Cámpora en el poder.
Pero, en realidad, el gran debate nacional en el ´73 estaba centrado en los canales
privados. Pese a su anuncio, Lanusse se fue del gobierno sin negociar las licencias de los
canales 9, 11 y 13, aunque derogó el artículo de la ley de Radiodifusión que marcaba como
inicio de las adjudicaciones privadas la fecha de inicio de sus transmisiones. La derogación
modificó la cuestión e hizo retroceder la cuenta de las licencias a 1958, el año en que
Frondizi las había otorgado. El resultado era sencillo desde lo político: con ese nuevo
cálculo, los 15 años de concesión ya se habían cumplido y desde abril de 1973 las licencias
estaban vencidas.
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Una vez en el poder, Cámpora no sólo ratificó esa decisión, sino que incluyó dos
canales más en el proceso: el 7 de Mendoza y el 8 de Mar del Plata. El lobby de los
empresarios de los medios no había dado resultado. Se acercaba la nacionalización.
Finalmente, el 8 de octubre, el presidente provisional Raúl Lastiri intervino los canales con
las licencias vencidas.
Sin embargo, una vez en el poder, Perón nunca decidió avanzar definitivamente con la
estatización y durante casi un año convivieron en los canales los interventores y los
titulares privados, en una peculiar dirección bicéfala.
Con la muerte del general el 1º de julio de 1974, el ministro de Bienestar Social, José
López Rega, se adueñó de los hilos del poder detrás de la viuda del presidente ahora al
mando. Menos de un mes después del fallecimiento del General, con apoyo de los gremios
–especialmente de pequeños grupos armados del Sindicato Argentino de Televisión–,
López Rega mandó a desalojar a los empresarios privados y tomar posesión de canales y
productoras. Las polémicas por esa decisión –dado que a nivel legal el Estado tenía
derecho sobre las frecuencias pero no sobre alguno de los bienes físicos de los canales– se
aniquiló finalmente cuando se sancionó la ley de expropiación en junio del `75, que
incluyó además todas las repetidoras y el canal 7 de Mendoza y 8 de Mar del Plata.
Los sindicatos apoyaron con fuerza el proceso de nacionalización de los canales. Sin
embargo, no duraría demasiado ese ímpetu. Poco a poco, López Rega sometió a su poder a
las emisoras, colocó en puestos clave a gente que le respondía y desplazó a los sectores
gremiales que consideraba potencialmente peligrosos. Las listas negras, la censura y los
perseguidos se volvieron demasiado cotidianos. El oficialismo televisivo empezó a rozar lo
vergonzoso: los actos de gobierno eran transmitidos uno a uno y el accionar creciente de la
Triple A y los grupos guerrilleros eran escondidos celosamente133.
De las ideas reformistas de los ´60 y principios del ´70 ya no quedaba nada. Cualquier
renovación ya no se veía como pospuesta, sino directamente enterrada. A la inversa de la
legislación que había sido impuesta tiempo atrás y que abogaba por un Estado en retirada,
en menos de dos años los canales de Buenos Aires pasaron todos a la esfera pública. La
deriva de proyectos seguía siendo imprevisible; no así la manipulación y la disputa de
poderes, que fue constante. Canal 7 había sido la radiografía de esos problemas en casi 25
años de vida. Pero, lo peor, todavía no había pasado.
133 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pp. 81y 82.
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5. Imagen negraLa televisión desciende a los infiernos
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24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas abandonaron otra vez los cuarteles y
usurparon el poder. El objetivo estaba en marcha: implantar un régimen que, a cualquier
costo, mantuviera inmóvil a la sociedad al servicio de la Seguridad y la “aniquilación” de
la guerrilla, el ala izquierda del peronismo y todo aquel sector que fuera potencialmente
“peligroso”. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional implantó el terror.
Desapareció cualquier respaldo jurídico para los ciudadanos, las violaciones a los derechos
sociales, individuales y humanos fueron repetidas sistemáticamente. Las Fuerzas actuaban
en nombre del ser nacional y su seguridad, amas y señoras del país. Los medios no estarían
ajenos al Proceso. Y sufrirían las consecuencias.
El área de las comunicaciones vivió una de las etapas más negras de la historia
moderna nacional: el asesinato y desaparición de periodistas, el cierre de diarios, la censura
férrea, las listas negras en todas las áreas, la prohibición de películas, la quema de
documentos y la intervención dura en todos los medios públicos, fueron sólo algunos de
los aspectos de la política instalada a partir de 1976.
“Una de las primeras directivas producidas por la Junta de Comandantes Generales
estableció penas de reclusión por tiempo indeterminado para el director responsable de
cualquier medio que divulgara comunicados pertenecientes a asociaciones subversivas o
ilícitas, y de prisión de diez años a quien difundiera noticias que pudieran ‘perturbar,
perjudicar o desprestigiar’ a las Fuerzas Armadas (léase: que hiciera referencia a los
‘desaparecidos’, encarcelamientos ilegales o tortura)”134, dice el sociólogo Heriberto
Muraro. Los militares sabían que el control de los medios les permitiría ocultar la violación
de los derechos humanos y las comunes detenciones clandestinas, desapariciones y
asesinatos.
Las situaciones más dramáticas se vivieron en los medios administrados por el Estado.
Naturalmente, los canales fueron mantenidos en la esfera pública a pesar de la visión
liberal de la economía. Y, como era habitual, las autoridades militares que las intervinieron
tenían nulo conocimiento en política de medios y expandieron la ineptitud y el latrocinio135.
Durante toda esta etapa, los canales fueron manejados discrecionalmente por nuevos
“zares de la televisión”136 que –secundados en muchos casos por grupos financieros
formados durante la etapa de expansión transnacional– difundieron una práctica que
134 Muraro, Heriberto. La Comunicación masiva durante la Dictadura Militar y la transición democrática en la Argentina (1973-1986). En apunte de la cátedra “Políticas y Planificación de la Comunicación” de la carrera Ciencias de la Comunicación, UBA. Buenos Aires, 2003. Pág. 29.135
? Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 84.136 Muraro, Heriberto. Op. cit. Pág. 30.
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terminaría siendo común por esos años: la reventa de espacios publicitarios a través de
bolseros. La excusa era que había que conseguir dinero como diera lugar ante las abultadas
cuentas en rojo de las emisoras. El resultado: un sistema corrupto en el cual una serie de
personas, muchas veces en sociedad con las autoridades militares, compraban minutos de
publicidad y luego los revendían para sacar una diferencia. Las consecuencias: problemas
para los pequeños anunciantes y, sobre todo, la profundización de la crisis en los canales,
que hacía que mes a mes el Ministerio de Economía aumentara los giros a las estaciones de
televisión.
Los canales se utilizaron también para costosas campañas televisivas que defendían
cuestiones que la dictadura consideraba pilares de su gobierno, como la defensa de la
apertura del mercado a la importación, la lucha contra la guerrilla o la crítica a empresarios
y comerciantes por remarcar precios. Los aparatos del Estado empezaban a funcionar
abiertamente como una “gigantesca central de inteligencia dedicada a la guerra
sicológica”137.
Canal 7 durante ese período fue un botín de guerra que se disputaban las tres Fuerzas
Armadas. Canal 9 era controlado por el Ejército, Canal 11 por la Aeronáutica y el 13 por la
Marina. El 7, aunque tenía supremacía el Ejército, era compartido por las tres, por lo que
los delirios de competencia de espacios y poder eran de lo más habituales.
Pero un evento de trascendencia internacional iba a afectar decisivamente la historia de
la emisora: el Mundial de fútbol de 1978. La dictadura vio en la organización del evento
una excelente oportunidad para lavar su imagen ante la comunidad internacional. Para ello,
la televisión resultaba fundamental. En 1976, los militares crearon Argentina 78
Televisora, una particular “sociedad anónima cuyo paquete accionario es del Estado”,
según definiera su propio director ejecutivo, el por entonces comodoro Reynaldo
Bertinotti138. La meta: transmitir para todo el mundo el campeonato de fútbol en colores. El
objetivo para lograrlo: la construcción de un enorme centro de producción y la importación
de nuevo equipamiento, cuyo costo total rondaría los cien millones de dólares. Una
decisión luego bastante cuestionada, dado que la crisis del sistema televisivo argentino no
justificaba la erogación de semejante cantidad de dinero. Pero no, los militares aseguraban
que “todo debía hacerse a lo grande”139. Al final, el Mundial costó al menos 800 millones
137 Íbid. 138 Itkin, Silvia. Op. cit. Pág. 355.139
? Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 86.
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de dólares, entre construcción de estadios y hoteles, gastos de organización,
reacondicionamiento de aeropuertos e infraestructura en telecomunicaciones.
El mentado Centro de Producción de Televisión Buenos Aires se puso en marcha en el
mismo ‘76. En un predio cedido por Ferrocarriles Argentinos de casi 50 mil metros
cuadrados en Figueroa Alcorta y Tagle, la zona más cara de la Capital, pero poco
aconsejable para la construcción de un canal140, se edificó una mole para la instalación de
seis estudios, seis cadenas de telecine, diez máquinas de videotape, treinta cadenas de
cámaras, seis máquinas de videodisco para cámara lenta y cuatro camiones de exteriores
completos con usina propia141. En apenas 15 meses la emisora estaba terminada.
La mole fue entregada después del Mundial a Canal 7, que se mudó del edificio Alas al
nuevo espacio con la última tecnología y fusionó su estructura con la de Argentina 78 TV.
Así nació ATC (Argentina Televisora Color), una sigla que creó –con la agencia Lautrec–
Carlos Montero, un especialista en éxitos comerciales, que abandonó Canal 13 en 1979
para capitanear el lanzamiento del renovado canal, hacerlo funcionar a pleno y pagar las
cuantiosas deudas contraídas.
Frente al coronel Enrique Santos Paradelo, interventor de la emisora, Montero había
presentado tres alternativas: “Un canal cultural de bajo costo y un rendimiento económico
como para no dar pérdidas; un canal con inversión limitada, como para estar tercero o
cuarto en la pelea por el rating; y, finalmente, un canal para salir a batallar con todo. (…)
La intervención militar posó su dedo sobre el tercer proyecto”142.
Montero se puso al frente y no escatimó en la contratación de popes. Llegó Mirtha
Legrand con sus almuerzos, el autor Hugo Moser con la comedia Los hijos de López y
varios periodistas de renombre para el noticiero 60 minutos. Los tres programas fueron
suceso en poco tiempo y con una programación medianamente aceitada Montero logró lo
inimaginable: ser líder en el rating televisivo.
Pero no duraría mucho. Ni el rating ni Montero. A menos de un año de haberse creado
ATC, los celos, las mezquindades y las disputas entre las Fuerzas en cada uno de los
canales hicieron del sistema un espacio encarnizado de competencia y peleas absurdas por
el poder.
En el medio de los problemas financieros nacionales, el 9 y el 11 también iniciaron
millonarias renovaciones tecnológicas para incorporar el color y decidieron invertir cifras 140 Dada la cercanía del aeropuerto metropolitano y las vías del tren, evitar las filtraciones de sonido parecía casi imposible, por lo que se debieron construir nuevas paredes y techos con un espacio de 10 centímetros para lograr el debido aislamiento acústico.141 Itkin, Silvia. Op. cit. Pág. 355.142 Íbid. Pág. 372.
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exorbitantes en la contratación de estrellas. Los bolsillos de cada emisora tenían fondos en
las mismas arcas: las del Estado. Las presiones eran muy fuertes en cada canal, pero en
ATC parecían insostenibles. Montero renunció a sólo nueve meses de asumir.
En 1980 llegó la televisión color y un año después ATC ya debió ser asistido con un
aporte del Tesoro Nacional cercano a los 15 mil millones de pesos. Ya habían pasado tres
años desde el Campeonato Mundial de Fútbol y todavía quedaban deudas. Mil empleados y
46 ejecutivos superaban la capacidad económica del canal: se suspendieron las horas
extras, se cerró un estudio y el recorte de gastos aumentó. El resto de los canales corría una
suerte parecida ante la novedad del color que aún no despegaba comercialmente.
A esa altura, la dictadura ya tenía sancionada su última intervención fundamental en el
sistema de medios: la nueva ley de Radiodifusión. Los principios generales siguieron
siendo los mismos que antes, pero la norma (aún vigente) profundizaba en algunas
cuestiones que la dictadura creía fundamentales, como el marcado énfasis en los “valores
morales” de los contenidos en las emisoras, el respeto a la “unidad familiar cristiana”, la
erradicación de todo aquello que era considerado “traición a la Patria” y, sobre todo,
aquello que “presente el triunfo del mal sobre el bien”. En criollo: la dictadura ponía en
blanco sobre negro el rígido control que ya venía imponiendo en el sistema de medios y
pretendió asegurar cierto espíritu de época para el futuro inmediato.
Sin embargo, también hubo otras decisiones que fueron igual de trascendentes: se
determinó el horario de protección al menor, se prohibieron los juegos de azar en televisión
y la emisión de los ratings y el uso del teléfono dentro de las emisiones. Además, se
enumeraron los requisitos para los titulares de licencia, los alcances de la red de emisoras
de radio y televisión del Estado y los organismos de aplicación de la norma: la Secretaría
de Información Pública (actualmente la Secretaría de Medios de la Nación) y el Comfer.
Obviamente, la participación de los trabajadores y el público o la inclusión de
organizaciones intermedias fue eludida. Y como pasó con todas las leyes de radiodifusión
argentinas, lo cierto es que nunca se respetó, más allá de tener una ilegitimidad de origen
por haber sido sancionada por la dictadura.
Durante el período `81/`82 se procedió a adjudicar licencias de radio y televisión en
todo el país hasta el año 1994. Para 1984, la idea incluía la privatización de 40 estaciones
de radio y 18 canales de televisión. Pero eso nunca pasó: las licitaciones se suspendieron al
poco tiempo por irregularidades en los concursos, aunque algunas radios porteñas
alcanzaron a entregarse.
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La guerra de Malvinas sería el paso final antes de la salida del gobierno militar. Para
ATC también significó un trauma, porque su imagen quedó pegada al clímax de la mentira
en que la metió el fraude de la transmisión televisiva militar. El símbolo más grande de la
manipulación mediática quedaría estigmatizado en la imagen de ATC143.
6. La esperanza desesperaLa llegada de la democracia. Crisis definitiva de la televisión pública
En diciembre de 1983, el gobierno radical de Raúl Alfonsín recibió una pesada
herencia en materia de televisión pública. Canales con utilidades mínimas, un reguero de
contratos mal habidos, negocios oscuros con productoras privadas que pusieron en rojo las
143 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 90.
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cuentas de todas las emisoras y una imagen negativa como consecuencia de la flagrante
manipulación de la información durante la reciente guerra de Malvinas.
La flamante novedad durante los primeros meses del nuevo gobierno fue el
reconocimiento –con caras largas de por medio y bajo presión de la Justicia– de los
derechos de Alejandro Romay y Radiodifusora del Carmen a las ondas televisivas de Canal
9 y Canal 2 de La Plata respectivamente, que en 1984 fueron entregados a sus antiguos
dueños.
Los radicales aseguraban que los planes para la televisión pública serían ambiciosos. La
UCR había sido el único partido que había presentado en las elecciones un detalle de sus
propuestas en materia de comunicación, y ahí aparecía la televisión. En varios párrafos, se
indicaba que se emprendería una búsqueda de soluciones nuevas y transformadoras que
permitieran romper la falsa disyuntiva entre una total estatización de los medios o una total
privatización y su espíritu estaba cargado de postulados que pretendían caminar
paulatinamente hacia expresiones más democráticas y participativas. Las ideas -según la
planificación del gobierno- serían implementadas luego del debate en una Comisión
Bicameral Permanente de Radio y Televisión y en el Comfer, previa reorganización con
nuevos integrantes provenientes del Congreso, las provincias y otros sectores de la
comunidad. La última promesa era la más contundente: la inmediata derogación de la ley
de Radiodifusión reglamentada en 1981.
La gestión comenzó con un consenso inusitado. La recomposición del ejercicio del
poder de la democracia parecía no tener límites. Sin embargo, la ilusión duró casi nada.
Poco a poco, los diversos sectores en puja por nuevos espacios empezaron a presionar ante
la falta de respuestas en temas que se consideraban fundamentales. Y, en ese sentido, la
Radiodifusión corrió la misma suerte.
Aunque se anuló definitivamente el plan de licitaciones de medios implementado por la
dictadura (PLANARA), una vez que tuvo que avanzar en la reconstrucción del sistema de
medios –especialmente la televisión– las presiones reinantes y los intereses propios y
ajenos hicieron que el gobierno no demostrara demasiado apuro por avanzar con los
cambios prometidos. Llegaron nuevos interventores a los canales, pero la lucha por el
rating siguió siendo la misma que antes, con el sólo cambio de los cotos políticos, ahora
ligados al radicalismo. ATC siguió con sus balances deficitarios, el primer programador de
Alfonsín en el canal –Mauricio Faberman– renunció a sólo tres meses de asumir y el 29 de
mayo de 1984, por primera vez en su historia, la emisora dejó de pertenecer a la Secretaría
de Información Pública para pasar a depender de la Secretaría de Cultura de la Nación.
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Las promesas del gobierno para democratizar el sistema no se implementaban. Ni había
avances para derogar la ley de Radiodifusión de la dictadura –aunque pululaban al menos
una decena de proyectos en el Congreso, incluso uno del propio Ejecutivo basado en un
Consejo especial, el CO.CO.DE–, ni se había creado la Bicameral para temas de radio y
televisión, ni tampoco se había creado el ente para desarrollar independiente y
democráticamente un sistema de medios y televisión nuevos.
Esa era la perspectiva política en los medios: atrasada y estanca. Pero, a pesar de eso, la
Secretaría de Cultura tenía nuevos planes puntuales para ATC al mediano plazo.
En septiembre del `84 se presentó públicamente el Plan Nacional de Cultura 1984/1989
y la Secretaría tenía un objetivo fundamental para la emisora recién incorporada: superar la
contradicción de ser un canal estatal cultural que debía financiarse únicamente con
avisadores comerciales. Para alcanzar esa superación –aseguraban desde Cultura–, el canal
tenía que cumplir algunas metas parciales: “Eliminar los programas de carácter grosero,
alienantes y que estén en contradicción con la ideología democrática, ofrecer programas de
la mayor calidad posible y ser vía de comunicación e información permanente con todas
las provincias”144.
Las buenas intenciones eran declamación de principios. En la acción, lo cierto es que
pasaron en un año por la gerencia de programación del canal Juan Chotsourian, María
Herminia Avellaneda y Carlos Infante, quienes fueron jaqueados por las presiones e
intereses en la emisora. “En ATC, más que en ningún otro canal estatal, la crisis se vuelve
más aguda e incontrolable. Gerencias que se contradicen entre sí y que responden a
internas enfrentadas en el oficialismo traban su marcha, y nada logra aquietar los
imparables tembladerales que lo sacuden cada vez con mayor virulencia”145, aseguraba el
periodista Pablo Sirvén.
Mientras que en el resto de los canales diversas facciones del radicalismo tomaron
posición y se asentaron en su dominio146, ATC fue el campo de batalla donde todos los
sectores querían imponerse y ninguno lo lograba. Al oficialismo, además, había que
sumarle los intelectuales afines al gobierno que querían participar y los sindicatos que
nucleaban a los trabajadores del canal. La complejidad política de la hora provocaba que la
144 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 94-95.145 Sirvén, Pablo. Estamos en el aire. Una historia de la Televisión. Planeta. Buenos Aires, 1999. Pág. 440.146
? Para 1984, Leopoldo Moreau ya dominaba con gente que le respondía Canal 11, y Enrique Nosiglia se asentó en el 13.
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El cana l que no mi ramos
actividad que consumía más tiempo en ATC fuera la de asunción y despedida de
funcionarios147.
En marzo del ´85 el propio secretario de Cultura, Carlos Gorostiza, se hizo cargo
personalmente de la presidencia del Canal. Tras su renuncia, el nuevo funcionario a cargo
del área, el escritor Marcos Aguinis, también ocupó ese puesto en la emisora. Aguinis
quería un ATC que se definiera como canal cultural, con los mejores profesionales para
lograr la mejor programación148. Algunos cambios en la pantalla parecieron inclinar el
camino en esa dirección: durante esta etapa hubo una inusitada independencia informativa,
con programas elogiados como el Noticiero Federal y el informativo El Latinoamericano,
y surgieron más de una decena de propuestas recordadas y premiadas tiempo después.
Además, se instalaron más de cincuenta repetidoras nuevas. Pero, como había ocurrido
siempre, la bonanza no duró demasiado. Aguinis sufrió la falta de colaboración del
personal del canal y fuertes presiones políticas cruzadas. Renunció a finales de 1986. De
cara a las elecciones del `87, el gobierno de Alfonsín necesitó usar el canal como
instrumento de propaganda y Aguinis no era el hombre indicado para hacerlo. En esos
meses el canal fue sacado de la órbita de Cultura. Después de las elecciones, el canal
volvió a la Secretaría, rebautizada como Cultura y Medios de Comunicación.
A partir de allí, las innovaciones que esperanzaban la creación de un proyecto de
calidad languidecieron. Las presiones políticas continuaron, los canales –y sobre todo
ATC– nunca pudieron sanear sus cuentas y con un gobierno que empezaba a mostrarse
exhausto, sin presupuesto y con el karma en radiodifusión de no haber cumplido ninguna
de las promesas iniciales, fue fácil para la oposición asestar el golpe de gracia poco
después, cuando Carlos Saúl Menem llegó al poder en 1989.
7. Pizza, champagne y televisiónLas privatizaciones y el ATC “competitivo”
Para 1989, los canales venían arrastrando un déficit monumental. En enero de ese año,
la crisis en el país había paralizado los contratos y la televisión recibió la estocada final con
la crisis energética: la programación se redujo a cuatro horas de emisión y los anunciantes
emigraron a las radios y los diarios. Las deudas en todos los canales ya eran millonarias.147 Sirvén, Pablo. Op. cit. Pág. 440.148 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 96.
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La llegada de Menem al poder inició una profunda transformación en el sistema de
medios y particularmente en el alicaído mercado de la televisión en crisis, que incluso veía
con peligro la continuidad en el aire de los canales 11 y 13. La idea era cerrarlos hasta que
llegara el proceso que para el nuevo gobierno no podía esperar más: la privatización.
“Ministro Dromi: usted no puede ni debe cerrar los canales”, dijo Mirtha Legrand mirando
a cámara el 7 de agosto en la entrega de los premios Martín Fierro. Y Dromi y Menem le
hicieron caso: comprometieron a sindicatos e interventores a coadministrar sin aumentar
los déficits hasta que las licencias fueran entregadas.
Así, en pocos meses, Menem lograba lo que otros gobiernos no habían conseguido en
años y avanzó con la privatización de todas las radios y estaciones de televisión en manos
del Estado, con excepción de ATC y Radio Nacional.
Eso sí, el gobierno necesitó algunas reformas en la legislación, aunque en ningún
momento pensó en derogar la antigua ley de Radiodifusión sancionada en 1981. Las
presiones de los grupos económicos en expansión evitaron cualquier retoque que fuera más
allá de lo que servía para avanzar con el plan de privatización. Por tanto, los ajustes fueron
aparentemente mínimos, pero fundamentales para entrar en el proceso licitatorio:
permitieron que empresarios gráficos y radiales argentinos pudieran hacerse cargo de
estaciones de televisión y además dieron el primer paso para el ingreso de capitales
extranjeros en el mercado de propiedad. Incluso, hubo modificaciones que dejaron la
puerta abierta para la apertura futura de nuevas frecuencias. Con estas modificaciones, el
mapa de los medios en Argentina cambiaría sustancialmente.
A estos cambios se le sumaron algunos aspectos relacionados con los contenidos. A
partir del ´91, se habilitó la disminución del número obligatorio de producciones
nacionales en la televisión, se permitieron las redes privadas, dejaron de estar prohibidos
los concursos telefónicos y la emisión de los ratings y los juegos de azar. Y finalmente,
Menem levantó todas las trabas que impedían que licenciatarios de servicios de telefonía se
inmiscuyeran en negocios de radio y televisión. Con todas esas medidas, la convergencia y
los oligopolios estaban a un paso.
ATC, en tanto, estaba destinado a un rol subsidiario al de la actividad privada, pero
nunca ofreció un perfil diferente a la lógica comercial ni tampoco con algún criterio de
programación elaborada sobre la base de la participación social.
El rumbo del canal en los dos primeros años estuvo un tanto desdibujado. Pasaron tres
directores en lo formal y otros tantos si se tienen en cuenta trampas y padrinazgos políticos
que volvieron confusos los análisis sobre la cuestión. El primero en hacerse cargo fue
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El cana l que no mi ramos
Mario Gavilán, hombre de oscuras relaciones con la última dictadura, que presentó un
equipo con sus mismas características. No obstante, al poco tiempo el secretario de Prensa
y Difusión, Jorge Rachid, armó un minigolpe en el canal y durante un par de horas puso al
frente de ATC al triunvirato conformado por Martín Oyuela, Luis Durán y Gerardo Silva.
La cama no fue avalada por Menem y a Rachid le costó el puesto. Pero a Gavilán también,
quien renunció el 1º de febrero de 1990. Las disputas políticas en la emisora tenían rasgos
de culebrón de media tarde.
El siguiente interventor en ATC fue el uruguayo René Jolivet, quien llegó de la mano
del Ministro del Interior, Julio Mera Figueroa. Compró los derechos de los mundiales de
fútbol y básquet, pero la pauta no alcanzó para recuperar la inversión. Intentó volcar la
programación hacia el show y extendió los contratos con figuras, como Mirtha Legrand,
Gerardo Sofovich, Antonio Carrizo y Mauro Viale, quien al frente de la dirección
periodística, convirtió los noticieros en espacio de propaganda del gobierno menemista.
Jovilet había asegurado al asumir que renunciaría si ATC no facturaba para junio al menos
cuatro millones de dólares en publicidad. Así que, en noviembre de 1990 tomó la
conducción del canal el periodista deportivo Julio Ricardo, de la mano de Fernando
Niembro, que poco después se transformaría en Secretario de Prensa nacional.
“La emisora sufre un crónico y abultado déficit operativo, superpoblación de personal –
1.200 empleados–, un estado de grave emergencia técnica, deudas provisionales por 4,4
millones de dólares y películas impagas por valor de cinco millones de dólares. Pero eso no
es lo peor: al privatizarse el resto de los canales, ahora se concentran sobre ATC todos los
compromisos del oficialismo con los artistas y periodistas amigos, lo que reduce aún más
el escaso rating”149.
Sin embargo, la programación seguiría apostando a más giros y más gastos. El 4 de
junio de 1991, asumió como interventor de ATC el empresario teatral y animador de
televisión Gerardo Sofovich, quien profundizó la tendencia comercial de la televisión
estatal. Públicamente, su máxima preocupación era sanear el déficit operativo y aumentar
la audiencia. La pantalla se llenó de amigos y allegados al Presidente en todos los géneros.
Poco después se vieron los primeros resultados: el déficit operativo siguió aumentando y la
audiencia, como venía ocurriendo sin pausas desde la vuelta de la democracia, siguió
bajando.
Pero lo que más cargó las tintas sobre el polémico interventor fueron sus costumbres de
manejar el canal como si fuera su propia empresa. A los dos programas que ya tenía
149 Sirvén, Pablo. Op. cit. Pág. 493.
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históricamente, La noche del Domingo y Polémica en el Bar, le sumó un tercer ciclo: A la
manera de Sofovich. De ese modo, el funcionario estatal contrataba al productor y
animador. Es decir: firmaba con una mano el contrato que había redactado con la otra. Pero
además, también fue cuestionado por las relaciones de ATC con la productora Opebar y
Wainot, con las que Sofovich tenía una curiosa relación: ser el propietario. En algún
momento, las dos llegaron a controlar el 80 por ciento de la pauta publicitaria en la
emisora150.
La discrecionalidad de Sofovich tuvo aval presidencial. En el `91 Menem firmó un
decreto que habilitó la mención de marcas comerciales dentro de los programas, una norma
que benefició particularmente al interventor-productor, que era un especialista en ese tipo
de prácticas. En marzo del año siguiente, con otro decreto, Argentina Televisora Color
Sociedad del Estado fue transformada en Sociedad Anónima y adoptó un modelo de
organización interna similar al de la actividad privada. Pero lo más trascendente es que la
empresa arrancó de cero y libre de deudas, porque los pasivos fueron absorbidos
totalmente por el Estado. La empresa dividió sus acciones en la Secretaría de Medios (51
por ciento), la Secretaría General de la Presidencia (48 por ciento) y la Agencia Télam (1
por ciento). Para muchos la reestructuración era el preámbulo de la privatización del canal.
Ante los manejos discrecionales del interventor, un grupo de periodistas lo denunció
por negociaciones incompatibles con la función pública. Sofovich resistió, pero poco a
poco la causa judicial abierta en la Justicia lo puso contra la pared. Con la imposición de la
prisión preventiva y un embargo por un millón y medio de dólares, Sofovich se vio
obligado a renunciar el 8 de diciembre de 1992. No obstante, sus contactos con el poder y
el mapa de relación con las producciones del canal, hicieron que Sofovich mantuviera su
influencia dentro de la emisora al menos hasta 1994. Ese año, el ex interventor logró
quedar sobreseído en la causa abierta en su contra por corrupción.
Para 1995, según un informe de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP),
las irregularidades en ATC eran enormes y la Sociedad Anónima creada en 1992 ya tenía
una deuda de 67 millones de dólares. La respuesta a esa coyuntura era la esperable en el
gobierno: en junio de ese año el presidente anunció que se iniciaría en breve la
privatización del Canal. El menemismo aseguraba que para paliar el déficit de las cuentas
públicas se debía ahorrar el millón de dólares mensual que se estaba girando a la emisora
para cubrir sus baches en rojo.
150 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 105.
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El gobierno fue avanzando paso a paso. En diciembre de 1995 Menem sacó a Enrique
Álvarez de la dirección de ATC –funcionario leal a Sofovich y que lo había reemplazado a
partir del `92– y nombró interventor a Germán Kammerath, hombre de la UCeDé y
cercano al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Kammerath reconoció públicamente
todas las falencias presentadas y continuó con el plan: presentó un pedido de concurso
preventivo de acreedores para poder refinanciar las deudas. Así, ATC se transformó en la
primera empresa pública (regida por las normas de derecho privado) en recurrir a una
convocatoria de acreedores en la Argentina. Al mismo tiempo, Menem dio la puntada final
y llamó a licitación para adjudicar la señal del 7 y asignarle a ATC la frecuencia 4.
El avance fue largamente cuestionado. En primer lugar, internacionalmente la medida
traía de antemano problemas con Uruguay, que ya usaba la frecuencia 4, por lo que los
problemas de interferencia estaban casi garantizados. En segundo término, la resistencia de
los gremios fue durísima, y hasta lograron que la Justicia dictara la medida de “no innovar”
y se paralizaran los intentos de cerrar el plan de privatización impuesto por el Presidente.
En tanto, Kammerath cometía los mismos pecados que sus antecesores y tuvo que
renunciar por las dudosas renegociaciones de contratos y gastos innecesarios en el diseño
de un nuevo logo para el canal, con promociones millonarias y asesores que hizo traer
desde Córdoba. En julio de 1996 fue reemplazado por un funcionario del ala más dura de
la derecha menemista, Horacio Frega.
Con Frega, la pantalla siguió el camino de diluirse casi en el anonimato absoluto. Poco
a poco, la programación fue ocupada por los amigos del poder que iban quedando fuera del
resto del sistema de medios. Allí se les garantizaban sueldos abultados, contratos de
coproducción muy beneficiosos y riesgo cero: en caso de deudas o fracasos, se hacía cargo
el canal.
El nuevo interventor quedó en la cuerda floja cuando en agosto del ´97 se descubrió
que quería imponerle a la emisora un contrato de producción –del tipo leonino a los que
acostumbraba el canal– con una extraña compañía fantasma con sede en las islas Caymán.
Su lugar fue ocupado por el vicepresidente de ATC, Horacio de Lorenzi, que se mantuvo
hasta el final del gobierno de Menem.
En tanto, el amague privatizador volvió a la carga en 1998, cuando el presidente
anunció el 29 de enero que ya no le importaban las trabas: privatizaría ATC por decreto si
era necesario y su edificio sería donado al Museo Nacional de Bellas Artes. El rechazo de
diversos sectores relacionados al canal y la televisión dejó otra vez la medida en suspenso.
Ese fue el último intento.
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El cana l que no mi ramos
Luego vino el gran cambio: a contramano de la política menemista implementada
durante una década, antes de abandonar el poder el presidente impulsó en el Congreso el
proyecto de creación de Radio y Televisión Argentina (RTA), que el 24 de noviembre de
1999 fue aprobado por unanimidad. La ley era la primera dedicada específicamente a las
estaciones de radio y televisión del Estado y establecía un marco regulatorio, de orden y
control para todas las emisoras, con participación legislativa directa.
Si bien era una norma perfeccionable, tenía algunas virtudes a rescatar: la
descentralización administrativa y el corrimiento de dominio absoluto por parte del Poder
Ejecutivo de cargos y políticas directas en el sistema de medios. La ley, en principio,
parecía sensata en esos aspectos. Obviamente, la sensatez tampoco duraría demasiado.
8. Los cambios que no fueronLa renovación trunca, la debacle y la llegada de Duhalde
Durante la presidencia de De la Rúa, la derogación de la ley RTA fue el primer signo
de confusión en la coalición gubernamental. Varios integrantes de la primera línea de la
Alianza habían trabajado durante años para alcanzar consenso con esa norma y veían con
gran recelo que el Ejecutivo la vetara con un decreto a menos de 20 días de su asunción. La
supuesta sensatez de la iniciativa, efectivamente, duró poco. Incluso menos de lo previsto.
En ATC, no obstante, las cosas parecían, en principio, un tanto diferentes. A poco de
asumir, De la Rúa designó un triunvirato para dirigir la emisora constituido por el
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empresario Juan Carlos Abarca –quien sería el encargado de equilibrar las cuentas–, el
joven militante de Franja Morada Luciano Olivera como director de programación y el
reconocido Rodolfo Hermida. Esa administración lanzó en mayo de 2000 el nuevo Canal 7
Argentina, después de cancelar todos los contratos de la gestión anterior.
Poco a poco, los nuevos contenidos de la emisora sorprendieron a los analistas de la
televisión pública. Canal 7 empezó a esbozar “principios de pluralismo y federalismo en el
marco de una visión culturalista de la radiodifusión”151. Leonardo Mindez asegura que “en
la oferta del 7 se notó de entrada una vocación pluralista (muy marcada en su noticiero y
en los programas periodísticos), federalista y con espacio para propuestas alternativas que
no tienen lugar en el resto de la televisión comercial”152.
Sin embargo, el magro presupuesto, los pocos programas de ficción y la creciente
influencia del sector privado (que por la falta de dinero reinante empezaron a desandar
nuevos negocios con sus coproducciones), produjeron finalmente un Canal 7 “prolijo” pero
que no desafiaba a la televisión comercial153.
Las limitaciones presupuestarias quedaron expuestas en reiteradas ocasiones y fueron
una preocupación recurrente para un gobierno que estaba obsesionado con el equilibrio
fiscal. Abarca planificó un achicamiento de la planta del personal del Canal que fue
resistido por los sindicatos del sector, y puso en marcha una disminución fuerte de los
costos, aunque no hubo cambios tajantes que reorientaran el rumbo de la emisora. El caso
de las coproducciones parecía ser el ejemplo más claro: “…una tarea loable sería apuntalar
el desarrollo de programas de ficción que no sólo fortalezca la industria nacional y genere
empleos, sino que también posibilite la reafirmación de diversas identidades culturales en
nuestro país. En cambio, la conducción de Canal 7 ha optado por una política de
coproducciones con productoras que son las mismas que trabajan con los canales privados
y la televisión por cable”154, aseguraba Guillermo Mastrini a poco de que asumieran las
nuevas autoridades.
El rumbo no cambió en los meses que siguieron. En tal contexto, “el 25 de enero de
2001 De la Rúa firmó el decreto 94155, que creó el Sistema Nacional de Medios Públicos
(SNMP)” y puso “bajo una misma administración conjunta a Canal 7, Radio Nacional, las
estaciones del SOR y la agencia de noticias Télam. La normativa, como resulta evidente,
151 Mastrini, Guillermo. ¿Televisión estatal o gubernamental?; en Le Monde diplomatique, Nº 12. Junio 2000. Buenos Aires, Argentina. Pág. 33.152 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 105.153 Mastrini, Guillermo. Op. cit.154 Íbid.155 Ver Anexo 12.A.
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intentó reparar las críticas recibidas por el veto de la ley de RTA”156. Pero, además,
encerraba la esencia del perfil económico del Ejecutivo: el achique de gastos para sanear
las cuentas. Según las voces del propio gobierno, la creación del multimedios era un
intento de consolidar esfuerzos conjuntos, racionalizar gastos y reducir a un solo lugar la
atención de los problemas financieros de los medios públicos.
La política del gobierno siguió avanzando en ese sentido. Obviamente, legisladores
propios y ajenos criticaron con dureza la implementación vía decreto del SNMP, sistema
que por otra parte dejaba la conducción en manos de un representante del Ministerio de
Economía, otro de la Secretaría General de la Presidencia y uno de la Secretaría de Cultura
y Medios de Comunicación. Otra vez el control seguía en las manos solitarias del
Ejecutivo.
Los cambios en la emisora que habían parecido una buena señal por su pluralidad y
federalismo empezaron a virar a medida que el gobierno se debilitaba a lo largo de 2001.
Poco a poco, la organización administrativa comenzó a desplazar a algunos de los
funcionarios que habían dado el vuelco positivo a la emisora, como Hermida o el gerente
de noticias, Eduardo Cura. A esa altura, las nuevas necesidades estaban a la vista: aunque
el sistema de medios públicos pareciera débil, el gobierno quería controlarlo para tener
mayor protagonismo y ver de qué manera podía enderezar una situación que cada mes
parecía tornarse más grave.
Damián Loreti, ex director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA,
define la situación con justeza: “La Alianza tiene un primer momento en el que se
recaptura una vocación por la producción muy fuerte y con darle un sentido un poco más
público (a Canal 7) y una segunda etapa mucho más gubernamentalista. No es casual, fue
el mismo derrotero que tuvo el gobierno de la Alianza”157. El camino no cambió en el
futuro inmediato. Y los resultados institucionales resultaron harto conocidos.
Duhalde y el anonimato en el 7
Después del tembladeral institucional de fines de 2001 y la llegada a la presidencia del
senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, la política en la emisora
156 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 111.157
? Vénere, María Victoria; Dómine, Patricia. Canal Siete ¿público-estatal o gubernamental? Tesis de grado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. 2004.
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pública se caracterizó por el perfil bajo: para el gobierno había cosas que solucionar que
eran mucho más urgentes.
Un año y medio después de la renovación aliancista vista con buenos ojos por diversos
sectores, y tras el paulatino giro gubernamentalista, para la llegada de Duhalde la pantalla
del 7 ya conservaba “poco y nada de aquella renovación presentada con bombos y platillos
bajo la consigna de Nos estamos viendo, cambiar valió la pena en el comienzo de la
presidencia de Fernando de la Rúa”158.
La administración duhaldista no tenía mucho interés por inmiscuirse públicamente en
problemas con el SNMP en general y la emisora de televisión pública en particular. Así
pues, durante este período, la política se mostró como una acción de emergencia para un
breve proceso de transición.
La principal figura a cargo de la estructura de los medios públicos en esa etapa fue
Marcelo Simón, locutor y conductor de programas de radio y televisión, quien en febrero
de 2002 se hizo cargo de la intervención del Sistema de Medios. Todo fue aparentemente
abúlico. El propio Simón planteó los alcances de la política impuesta en una nota al diario
Clarín el 8 de julio de 2002: “Tenemos objetivos más bien módicos, que se podrían resumir
en la frase ‘no hacer lío’. O sea, no despedir personas, resistirse lo más posible a las ideas
‘luminosas’, seguir poniendo en orden las cuentas, pagar las que quedaron pendientes. Y si
es posible, concretar alguna idea”159.
Finalmente no se concretó ninguna idea. Sin embargo, algunas cosas pasaron, aunque
sin anuncios ni planes rimbombantes. Según el diario La Nación, durante el 2002 “el
mismísimo presidente Eduardo Duhalde hizo gestiones, algunas públicas y otras mucho
más discretas, para que dos figuras históricas de la industria televisiva argentina, como
Alejandro Romay (ex dueño de Canal 9) y Héctor Ricardo García (ex hombre fuerte de
Teleonce y actual propietario de Crónica TV), acepten incorporarse al 7 como ‘asesores
artísticos externos ad honorem’”160. En medio de la crisis, las negociaciones fracasaron.
Hubo algunos planteos posibles para avanzar, pero la empresa era un riesgo para todos y
nadie quiso perder. Plata ni prestigio. Por lo tanto, el anunciado proceso de transición
(profundizado por el llamado a elecciones del Presidente) finalmente pasó sin pena ni
gloria.
Mientras tanto, todos los debates siguieron abiertos. En ese momento, hubo quienes
aseguraban que la emisora debía ser “un espacio insoslayable para la experimentación 158 Stiletano, Marcelo. Canal 7, de nuevo a la deriva; en La Nación, 7 de abril de 2002.159 Hermida, Luis María. El presente y el futuro de la emisora estatal; en Clarín, 8 de julio de 2002.160 Stiletano, Marcelo. Canal 7, de nuevo a la deriva, en La Nación, 7 de abril de 2002, Buenos Aires.
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audiovisual o el reflejo de la multiplicidad social y cultural de la vida argentina” y otros
que sostenían que en las actuales circunstancias “no tenía sentido alguno seguir
sosteniendo desde las arcas públicas un agujero sin fondo”161. Esas discusiones nunca se
cerraron. Y hoy siguen siendo disyuntivas de un debate pendiente. Un debate que como
asignatura sin destino está a punto de cumplir 55 años.
161 Íbid.
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CAPÍTULO IV
Los años del desmadre
1. En el país de los espejos
El 24 de octubre de 1999, momentos antes de emitir su voto en el marco de la elección
que llevaría a la presidencia al ex jefe de gobierno porteño Fernando De la Rúa, el
entonces primer mandatario nacional, Carlos Saúl Menem, señaló: "Soy un hombre que ha
cumplido sus sueños y que dejará un país en buenas condiciones y en marcha para ésta y
las futuras generaciones".
Se trataba de una de las últimas declaraciones que Menem haría a la prensa en carácter
de primer mandatario, reafirmando así, hasta el último instante, una línea discursiva
profundizada desde su reelección que se obstinaba en la negación permanente de una
realidad social a todas luces insoportable: en diez años, la desocupación se había duplicado
y rozaba el 15 por ciento mientras la subocupación desvelaba a un porcentaje similar de
argentinos; la pobreza y la marginalidad crecían mes a mes y la estabilidad de precios de
poco servía en un país con salarios congelados que, como parte del paisaje urbano, veía
cerrar a diario fábricas y comercios que empujaban a la calle a cientos de trabajadores.
El crecimiento del PBI, uno de los estandartes más importantes que el gobierno había
levantado frente a los cuestionamientos, de poco le servía. Desde 1998, la economía
argentina se había sumergido en una crisis recesiva, que se extendería por varios años más,
transformándose en la más larga de la historia del país. El PBI registraba una retracción del
5,2 por ciento, y hasta las ventas de las 200 empresas de mayor facturación –que habían
gozado en años anteriores de sus períodos dorados– se contraían a un ritmo que superaba el
2 por ciento anual.
Para ese entonces, además, ya nadie dudaba de que los gobiernos menemistas habían
estado signados por una corrupción de carácter estructural que había motivado incluso la
presentación de una carta de queja a la administración nacional por parte del embajador de
Estados Unidos, Terence Todman, en la que se denunciaban intentos de sobornos a
empresas de ese país.
Entre otros escándalos, el caso IBM-Banco Nación, el millonario fraude al Estado
conocido como “Mafia del Oro”, la Aduana Paralela, la venta ilegal de armas a Croacia y
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Ecuador, el Narcogate, y los procesamientos de funcionarios públicos y familiares del
presidente por diversos delitos constituyeron una “segunda década infame” de corrupción,
en oposición a la cual basaron los candidatos de la Alianza UCR-Frepaso sus principales
discursos de campaña.
Por otra parte, pese a los más de 30 mil millones de dólares que el gobierno había
recibido tras la privatización de las empresas públicas más importantes del país, la deuda
externa había crecido un 123 por ciento desde 1989, ubicándose en los 154 millones de
dólares.
La imagen pública de Menem se resquebrajaba como una vieja pintura que ya nadie
quería –o podía– restaurar. Según el Centro de Estudios Nueva Mayoría, en 1989 Menem
gozaba de una imagen positiva del 65 por ciento que había declinado año tras año para
ubicarse, en 1998, en torno del 16 por ciento.
Una imagen que, en un comienzo, autorreferenciada en la del caudillo riojano Facundo
Quiroga, Menem había sabido capitalizar electoralmente. Ataviado con ponchos y a lomo
de burro, blandiendo las banderas del peronismo histórico, un hombre menudo y de largas
patillas ilusionaba a muchos con promesas de “salariazo” y “revolución productiva”.
La oposición aparente
La resonante victoria obtenida por Menem en las elecciones internas del Partido
Justicialista sobre el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Antonio
Cafiero, allanó inexorablemente el camino hacia la Presidencia del ex mandatario riojano.
El 14 de mayo de 1989, la fórmula justicialista integrada por Menem y Eduardo
Duhalde no encontró resistencia en su histórica oposición: una devaluada UCR, que
postulaba a la dupla Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella, en momentos en que el
gobierno radical de Raúl Alfonsín era vapuleado por una hiperinflación incontrolable que
detonaría semanas después con un estallido social que incluiría una serie de saqueos a
supermercados en el cordón industrial de Buenos Aires, Rosario y Tucumán. Los saqueos
culminarían con un saldo de 15 muertos y con la entrega seis meses anticipada del mando
del país en manos del presidente electo.
Doce años después del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón, el peronismo
volvía a ocupar el gobierno tras haber triunfado con el 47,51 por ciento de los votos y con
mayoría en las dos cámaras del Congreso.
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El cana l que no mi ramos
En emergencia
Desde el principio, quedó claro cuál sería la orientación económica del flamante
gobierno. Distintos exponentes del liberalismo empresarial ocuparon cargos en el gabinete,
a punto tal que luego de la muerte del efímero ministro de Economía Miguel Roig, el hasta
entonces vicepresidente ejecutivo del grupo Bunge & Born, Néstor Rapanelli, pasó a
ocupar ese cargo clave.
Los años que siguieron se encargarían de exponer hasta qué punto sería profundizada
esta línea económica que tenía sus raíces en las gestiones desarrolladas entre 1976 y 1983
por las administraciones militares, sintetizadas en la figura de José Alfredo Martínez de
Hoz.
El amplio apoyo electoral cosechado por el Justicialismo, en el marco de una situación
económica insostenible –con un dólar que había llegado a los 650 australes, tarifas con un
aumento promedio del 350 por ciento y una devaluación del 170 por ciento– otorgaban al
nuevo gobierno un importante margen de libertad de acción.
Según el historiador Eduardo Basualdo, debido a las presiones de los acreedores de la
deuda pública “se pone en marcha una serie de reformas destinadas a modificar
drásticamente la estructura del sector público y la orientación de las transferencias de los
recursos estatales” produciéndose “un cambio sustancial en las alianzas socioeconómicas
del peronismo histórico”, identificado con los sectores populares y el gremialismo, que en
adelante, quedarían relegados por el poder monopólico de los grandes intereses
empresariales, principalmente extranjeros162.
En ese sentido, a poco de asumir, el gobierno impulsó la ley de Emergencia
Económica, destinada a eliminar la variada gama de subsidios, reintegros impositivos y
distintas transferencias de los recursos estatales.
De la misma manera, se suspendieron por 180 días –plazo que se prorrogaría
posteriormente– los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, y se
derogaron las normas que podían obstaculizar el ingreso del capital extranjero a
determinadas áreas hasta entonces reservadas al capital nacional.
162 Basualdo, Eduardo. Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina (1976-2001). Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires, 2001. Pág. 59.
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El cana l que no mi ramos
Estado prescindente
Otro de los aspectos centrales de la política económica menemista consistió en una
amplia reforma del Estado, que avanzó, entre otros puntos, en el recorte de las atribuciones
intervencionistas del sector público en áreas tan sensibles como el empleo, la seguridad
social, el sistema administrativo y la producción de bienes y servicios.
No obstante, la reforma más significativa estuvo dada por el establecimiento de las
condiciones básicas para la privatización de numerosas empresas públicas, autorizando al
Poder Ejecutivo a intervenirlas, eliminar sus directorios y sus órganos de administración,
modificar sus reformas societarias, dividirlas y venderlas.
A partir de la aprobación de este marco legal, Mario Rapoport propone dividir al
proceso que siguió en dos etapas. “La primera ola de reformas fue empujada por la
necesidad de reducir el déficit fiscal y lograr una mínima estabilidad de precios. Otros
objetivos, como el incremento de la productividad y la competitividad pasaron a un
segundo plano. Lograda la estabilidad de precios, se inició la segunda etapa, en la que, sin
abandonar esos objetivos iniciales, se enfatizó más en la modificación del rol del Estado en
la economía, tornándola mucho más prescindente y buscando un mayor papel del mercado
en la asignación de recursos y en el establecimiento de mecanismo sociales de
regulación”163.
Ambas leyes fueron acompañadas por una reforma tributaria que garantizaba la
aplicación del impuesto al valor agregado, gravaba los patrimonios y reducía las alícuotas
del impuesto a las ganancias.
Pero en diciembre de 1989, la aplicación de las primeras medidas destinadas a
estabilizar los precios desembocaron en una segunda hiperinflación que dio por tierra con
la propia conducción económica. Llegaba entonces al ministerio de Economía, Domingo
Felipe Cavallo, un economista neoliberal que había estatizado la deuda privada en 1982,
cuando ocupaba la presidencia del Banco Central de la República Argentina.
163 Rapoport, Mario. El plan de convertibilidad y la economía argentina (1991-1999). Versión abreviada, publicada por el autor en www.historiared.com, extraída de su libro Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000). Editorial Macchi, Buenos Aires, 2000.
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El cana l que no mi ramos
Uno por uno
Con la aplicación del Plan de Convertibilidad, en 1991, el gobierno logró reducir la
inflación en tiempo récord. La paridad cambiaria entre el peso y el dólar redujo a bajos
niveles una inflación que para 1990 llegaba al 1.345 por ciento. En 1992 cayó a menos del
20 por ciento; en 1994 era de sólo el 3,9 por ciento y continuó progresivamente en esa
tendencia hasta alcanzar los niveles récords de los últimos 43 años.
Según el dirigente radical Rodolfo Terragno, ninguna otra medida podía producir
“cambios más rápidos y seguros” para controlar la hiperinflación, pero “ninguno tenía,
tampoco, efectos colaterales más indeseables. El cambio fijo (en un mundo de cambios
móviles) cierra mercados externos a los productos nacionales, inunda el mercado interno
de mercadería importada, provoca quiebras y destruye empleos”164.
En ese sentido, en tiempos de Cavallo, Economía levantó las últimas restricciones a las
importaciones, obligando a las empresas argentinas a competir en precio y calidad con los
productos extranjeros. Progresivamente, durante los años posteriores –y especialmente
luego de 1995 entre las pequeñas y medianas empresas– el cierre de industrias y comercios
se precipitó en una suerte de efecto dominó que llevó, a su vez, el índice de desocupación a
niveles históricamente inéditos.
Uno de los objetivos importantes del nuevo plan económico consistía en eliminar la
evasión impositiva tradicionalmente elevada en el país. A esos fines, se implementaron una
serie de estrictas medidas de control por parte de la Secretaría de Ingresos Públicos a cargo
de Carlos Tacchi.
“El gobierno multiplicó las medidas de control pero sin modificar la estructura de los
impuestos, que en general castigaron a las clases menos acomodadas en calidad de
impuestos al consumo, como el clásico IVA (impuesto al valor agregado). Cavallo decidió
no gravar, por ejemplo, la venta de acciones, mantuvo los subsidios a las empresas
privatizadas y recién en una etapa posterior decidió aplicar un ‘tibio impuesto a la riqueza’,
bastante menor que los tributos europeos o norteamericanos”, cuestiona el periodista Jorge
Lanata en su libro Argentinos Tomo II165.
164
? Lanata, Jorge. Argentinos Tomo II. Ediciones B, Buenos Aires, 2005. Pág. 606.165 Íbid. pág. 604.
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El cana l que no mi ramos
Cavallo ocupó el primer lugar del Palacio de Hacienda entre 1991 y 1996. Durante ese
tiempo, los recursos derivados del plan de privatizaciones sirvieron a los fines de controlar
el déficit fiscal, junto al aumento del IVA que pasó del 13 al 18 por ciento.
Después de las privatizaciones, el déficit pasó de 1.400 millones en 1995 a un
promedio de 4.600 millones para el período 1996/99, y los intereses efectivos pagados
comenzaron a crecer sin parar desde 1993. Los recursos obtenidos por la venta de las
empresas públicas se habían agotado.
El fácil acceso al crédito a partir del Plan Brady en 1992 –por el que se saldaba el
capital y los intereses adeudados por el sector público, garantizando a los acreedores
externos que no se repetirían los incumplimientos de la década de los años 80– se
transformaría durante toda la década del ’90 en el caudal de ingresos más importantes del
gobierno en la búsqueda de controlar el déficit fiscal. Por supuesto, de esta manera, la
deuda pública se duplicó.
El rojo en el presupuesto al renunciar Cavallo –crisis del Tequila mediante– era de 6
mil millones de dólares.
La “reconciliación nacional”
En el plano institucional, una de las primeras decisiones que tomó el flamante
presidente fue la de disponer por decreto el indulto de los jefes militares que habían sido
condenados en el denominado Juicio a las Juntas (1985) durante el gobierno precedente
por violaciones de Derechos Humanos. No obstante, la administración radical había
moderado poco antes de dejar la presidencia la decisión de la Justicia con la sanción de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en beneficio de las líneas castristas
subordinadas que habían participado en la desaparición de personas durante el último
período militar.
La disposición menemista benefició entre otros a los jefes militares Jorge Rafael
Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola y
Armando Lambruschini, y al mismo tiempo, dejó sin efecto la condena del jefe de
Montoneros, Mario Eduardo Firmenich.
El decreto de Indulto (N° 2.741), firmado el 30 de diciembre de 1990 por Menem y su
ministro de Educación y Justicia, Antonio Salonia, se sumó a los anteriores del 7 de
octubre de 1989. El 2.741 justificaba la decisión por tratarse de una medida dirigida a
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113
El cana l que no mi ramos
“crear las condiciones y el escenario para la reconciliación, el mutuo perdón y la unión
nacional”. No obstante, el decreto fue respondido en septiembre de 1990 con una
manifestación de más de 70 mil personas en Capital Federal y varios miles en ciudades del
interior.
Según Lanata, “el indulto de Menem cerró el círculo de la impunidad en la Argentina
que comenzó a trazarse cuatro años antes con la ley de Punto Final de Alfonsín; la
estrategia de reconciliación sin justicia resultó estéril e impuso sobre el futuro del país la
hipoteca más pesada: la ausencia del estado de derecho”166.
De la misma manera, fueron indultados los militares “carapintadas” sublevados contra
el gobierno constitucional anterior, y que habían apoyado a Menem en su campaña
electoral.
La decisión de no reincorporarlos al Ejército, y de eliminar de los mandos a quienes
simpatizaban con ellos, los llevó a un levantamiento en diciembre de 1990 que fue
rápidamente dejado atrás a través de los indultos.
En otro orden, la aparición sin vida del soldado conscripto Omar Carrasco, sometido a
vejámenes por sus superiores, derivó en la desaparición del Servicio Militar Obligatorio en
el país dando paso a la creación del Servicio Militar Voluntario y Profesional.
El “desguace” del Estado
El proceso de privatizaciones iniciado a partir la ley de Reforma del Estado sería
atinadamente bautizado más tarde como “desguace del Estado” por el periodista Horacio
Verbitsky.
La denominación se fundaba en la desarticulación del sector público como prestador y
garante de servicios básicos a la ciudadanía y refería además a un proceso pergeñado desde
el poder político basado en la venta de las empresas nacionales a precios más bajos que los
reales. Una situación basada en el cobro de coimas y sobornos por parte de dirigentes
políticos que excedieron al partido gobernante.
El de las privatizaciones –dice Lanata– fue un proceso “no menos deliberado que el
plan de represión ilegal indiscriminada montado por los militares (...) hubo una lógica
enmarcando el proceso, y se cumplieron cada uno de los pasos previstos para llegar al
objetivo final”167.
166 Íbid. Pág. 614. 167 Íbid. Pág. 562.
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El cana l que no mi ramos
Un caso paradigmático fue el de la privatización de Aerolíneas Argentinas, cuya
tasación fue realizada por consultores extranjeros violando la ley 23.696, y que se terminó
vendiendo a valores a la sazón irrisorios, merced al pago de una coima de 67 millones de
dólares que apareció en el pliego del contrato como “gastos asociados a la compra”.
De la misma manera, la privatización de Gas del Estado, estuvo plagada de
irregularidades desde el comienzo. Baste mencionar a modo de ejemplo que el quórum
para el tratamiento del proyecto de ley fue obtenido en virtud del voto de seis diputados
que nunca fueron elegidos. La ley del “Diputrucho”, como se la llamó más tarde, privatizó
a Gas del Estado por 2.500 millones de dólares, cuando la empresa brasilera Petrobras la
había tasado en 25 mil millones de dólares.
Basualdo señala que la connivencia entre el sistema político y el empresariado le
imprimió al proceso privatizador argentino un conjunto de rasgos propios que lo
diferencian de otras experiencias latinoamericanas. En primer término, destaca el hecho de
que, pese a su complejidad, el proceso “se realiza en un período extremadamente breve
(entre 1990 y 1992 se privatizaron las principales empresas públicas y al año siguiente se
enajenó YPF) lo cual permitió que los adjudicatarios capitalizaran la notable valorización
de las firmas que se produjo luego de su privatización y facilitó la aprobación de marcos
regulatorios sumamente precarios o, directamente, inexistentes”168.
Siguiendo a Basualdo, “el caso argentino se distingue por tener una proporción muy
alta de capitalización de bonos de la deuda externa que supera la de otros países
latinoamericanos y una participación muy escasa de oferentes en las principales
licitaciones originadas en un conjunto de restricciones que marginaron a la mayoría de las
empresas nacionales y allanaron el camino a los grandes grupos económicos y empresas
extranjeras”169.
El proceso de privatizaciones –desarrollado principalmente entre 1990 y 1994– generó
ingresos al Estado por 30.700 millones de dólares, 15.300 millones en efectivo y 15.400
millones en títulos de la deuda pública.
A partir de las irregularidades comprobadas en algunos casos puntuales, Basualdo
estima que en concepto de “retornos” (sobornos) se habrían pagado desde el gobierno unos
5 mil millones por el conjunto de empresas vendidas. “Los retornos estuvieron vinculados
a cuatro aspectos clave: el precio fijado para los activos y los montos posibles de
capitalización de deuda; el endeudamiento externo de las empresas durante el proceso de
168 Basualdo, Eduardo. Op. cit. Pág. 68.169 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
privatización que en muchos casos fue sumamente acelerado; la adjudicación de licencias o
concesiones propiamente dichas; y el contenido de los marcos regulatorios iniciales”170,
agrega el investigador.
Entre otras empresas, se privatizaron ENTEL, YPF, Ferrocarriles Argentinos,
SOMISA, SEGBA, Subterráneos de Buenos Aires, Fábrica de Aviones de Córdoba,
puertos, canales de televisión y estaciones de radio.
Un pacto de caballeros
En 1993, Carlos Menem y el líder del radicalismo, Raúl Alfonsín, firmaron el
denominado Pacto de Olivos que allanó el camino para convocar a una Convención
Nacional Constituyente con el pretendido objetivo del oficialismo de reformar la
Constitución obteniendo el presidente la posibilidad de ser reelegido.
Efectivamente, en agosto de 1994 la Convención reunida en Santa Fe sancionó una
Nueva Constitución que incluyó las necesidades oficialistas de reelección presidencial y la
reforma en la composición de la Corte Suprema que pasó de 5 a 9 miembros, dando origen
a la denominada “mayoría automática menemista” que contribuiría con el accionar del
gobierno fallando a su favor, convalidando las decisiones del Congreso nacional, o
sencillamente, haciendo caso omiso de los reclamos y las denuncias de la sociedad.
“El Pacto de Olivos consolida la nueva dinámica del sistema político aprobando todo lo
actuado (...) al mismo tiempo que ubica, dentro del nuevo sistema de dominación, al
peronismo como partido de mayor jerarquía orgánica y al radicalismo como su rueda
auxiliar”, señala Basualdo171.
Según explica Lanata, “el radicalismo vendió el Pacto como un ‘freno’ contra el
‘autoritarismo menemista’ mientras, en verdad, terminó tendiéndole a Menem un puente de
plata hacia un nuevo período”. Sucedió que la inclusión de la figura del primer ministro,
presentada como un método de control en un país presidencialista “quedó devaluada en el
rol de un ‘jefe de gabinete’ que sólo se ha limitado a pasar en limpio la agenda del
presidente. Algo, sin embargo, se cumplió a rajatabla: la reelección de Menem”172.
170 Íbid. Pág. 69. 171Basualdo, Eduardo. Op. cit. Pág.74. 172Lanata, Jorge. Op. cit. Pág. 609.
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El cana l que no mi ramos
El desborde
La fórmula integrada por Carlos Menem-Carlos Ruckauf se impuso el 14 de mayo de
1995 con el 51 por ciento de los votos (7.818.036 sufragios) sobre los 5.074.515 obtenidos
por José Octavio Bordón-Carlos “Chacho” Álvarez del Frente País Solidario (Frepaso).
La victoria del oficialismo fue aún mucho más rotunda habida cuenta de que el Partido
Justicialista triunfó en 23 de los 24 distritos electorales, profundizando al mismo tiempo
una abrumadora mayoría en las dos Cámaras del Congreso.
La política económica aplicada durante la primera gestión menemista, y presentada
desde el oficialismo como una garantía de crecimiento ininterrumpido, comenzó a
resquebrajarse después de la reelección. En los años que siguieron, se disparan el déficit, el
endeudamiento y la desocupación: emerge la cara oculta de la Argentina del “primer
mundo”, la de los pobres, sin salud, sin educación ni seguridad.
Luego de años de paros y marchas, los docentes levantan frente al Congreso una carpa
blanca y se forman grupos de maestros de todo el país que realizan ayunos por turno. Este
novedoso método de protesta concentra la atención de los medios de comunicación,
simbolizando la disconformidad de vastos sectores relegados, sumando adhesiones desde
los más diversos espacios sociales y transformándose en un punto de encuentro de artistas,
intelectuales, dirigentes populares y políticos respetados.
El gobierno empieza a ser cuestionado, no sólo desde la oposición sino también por
parte de los que aspiran a la línea sucesoria dentro del propio partido de gobierno. Salen a
la luz una serie de escándalos que convulsionan a la opinión pública como la venta de
armas; se producen oscuros crímenes como los de María Soledad Morales en Catamarca, el
soldado Omar Carrasco en Neuquén y el del reportero gráfico José Luis Cabezas en
Pinamar; y atentados como los de la AMIA y Río Tercero que refuerzan aún más la
atmósfera de escepticismo, apatía política y frustración social que se respiraba en el país.
La alternativa
Fueron necesarios siete años de gobierno menemista para que se consolidara en el país
una fuerza política con posibilidades de enfrentar eficazmente en las urnas al partido
oficial.
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El cana l que no mi ramos
Días antes de que cerrara el plazo para la presentación de las listas de candidatos a las
elecciones legislativas de 1997, Raúl Alfonsín selló un pacto con el Frepaso de “Chacho”
Álvarez dando lugar a la Alianza por la Justicia, el Trabajo y la Educación, que acabaría
con la hegemonía justicialista al imponerse en los comicios parlamentarios, por casi diez
puntos de diferencia sobre el PJ (45,7 por ciento contra 36,2).
En Capital Federal y Buenos Aires, las listas de la Alianza fueron encabezadas por los
frepasistas “Chacho” Álvarez y Graciela Fernández Meijide respectivamente; la UCR, en
tanto, ocupó los primeros lugares de las nóminas en la mayor parte de las provincias.
Con discursos contra la desocupación, la desigualdad y la corrupción –las principales
críticas realizadas a un gobierno de Menem ya en completo descrédito y decadencia– la
Alianza triunfa en el ’97 y se consolida como principal alternativa electoral para las
elecciones presidenciales de 1999.
Aunque la Constitución Nacional –que incorporaba la posibilidad de reelección desde
el ’94– impedía que una misma persona ocupara la presidencia por más de dos períodos
consecutivos, Menem y su entorno apostaron a una tercera etapa, buscando aplicar una
nueva modificación a la Carta Magna que posibilitara una re-reelección.
Sin embargo, el ex compañero de fórmula de Menem, y a la sazón gobernador de la
provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, se opondría rotundamente a cualquier
maniobra del gobierno que volviera a postergar su turno de acceder a la presidencia como
candidato del PJ.
La suerte estaba echada para Menem, que no pudo volver a postularse. Su imagen,
según el Centro de Estudios Nueva Mayoría, había pasado del 65 por ciento positiva de
1989 al 41 de 1994 y al 15,8 del primer semestre de 1998.
Menem dejaba la Casa Rosada después de 10 años de gobierno, y con ella, un país con
una deuda externa triplicada, una economía en recesión desde 1998, niveles de
desocupación y subocupación que habían crecido al doble desde el ’89, y sobre todo, una
arraigada estructura de corrupción, marginalidad y pobreza.
Durante los años siguientes, un conjunto de funcionarios de los gobiernos menemistas
serían denunciados y procesados por diversos delitos: Víctor Alderete, acusado de liderar
una asociación ilícita dentro del PAMI, estuvo implicado en 20 causas judiciales y fue el
primer funcionario menemista detenido.
En tanto, funcionarios de primera y segunda línea –a raíz del encarcelamiento de María
Julia Alsogaray– admitirían más tarde haber cobrado “sobresueldos” pagados con gastos
reservados al amparo de una ley secreta (18.032) que operó durante la gestión de Menem;
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y de la misma manera, la mayor parte de los jueces federales y obispos de la Iglesia
Católica Argentina reconocieron más tarde, con más o menos justificativos, que habían
recibido de parte del gobierno dineros que excedían los montos fijados por ley.
El propio Menem, sobreseído de otras, está actualmente vinculado a las causas por la
venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador y por omitir en su declaración jurada una cuenta
en Suiza por 600 mil dólares que confesó poseer recién en el año 2001, en una entrevista
concedida a un canal de televisión extranjero.
2. El gobierno acorralado
Apenas once días después de la asunción del gobierno encabezado por Fernando De la
Rúa quedó claro que el rumbo económico de la nueva administración trazaría una
continuidad respecto de las políticas neoliberales precedentes.
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El Presupuesto para el año 2000 estimaba un recorte de 1.400 millones de pesos, lo que
daba por tierra con uno de los principales ejes de la campaña aliancista focalizado en la
progresiva recuperación de las pautas presupuestarias de dos áreas clave de la sociedad:
Salud y Educación. En esos días, se convirtió en ley el denominado “impuestazo”
impulsado desde la administración central, que extendió el IVA y aumentó las
contribuciones de ganancias y bienes personales.
El nuevo gobierno iniciaba su gestión volviéndole la espalda a las necesidades de
millones de argentinos en los que había calado hondo su propuesta electoral, presentada
como la alternativa de la honestidad ante la corrupción estructural y la ortodoxia
económica de los gobiernos menemistas.
La Alianza por la Justicia, el Trabajo y la Educación se había impuesto en mayo de
1999 con el 48,5 por ciento de los sufragios (9.039.892) contra los 7.100.678 que había
obtenido la fórmula justicialista integrada por Eduardo Duhalde y Ramón Ortega. “Voy a
terminar con esta fiesta para unos pocos”, había prometido en uno de sus spots
publicitarios el candidato radical Fernando De la Rúa, un “aburrido” ex jefe de gobierno
porteño que hasta el día de su asunción –el 10 de diciembre de 1999– gozaba de una
imagen positiva que arañaba el 70 por ciento. Un elevado porcentaje en una sociedad que
miraba cada vez con mayor recelo la degradada actividad de sus políticos.
A ese primer mal paso pronto se le irían sumando otros, que demarcarían un sendero
cuyo recorrido conduciría al gobierno directamente al abismo.
En marzo, el sindicalista Hugo Moyano denunció que el entonces ministro de Trabajo,
Alberto Flamarique, se había jactado de “tener una Banelco” para lograr el voto de los
senadores del PJ a favor de la reforma laboral impulsada por la Alianza. En abril, a cuatro
meses de su llegada al poder, el flamante gobierno recibiría el primer cimbronazo con la
aprobación en el Congreso de la ley de Reforma Laboral.
Fuera de juego
El 25 de junio el diario La Nación publicó un artículo que revelaba la existencia de
favores personales pagados a senadores peronistas a cambio de la aprobación de la ley de
Reforma Laboral. En tanto, el senador Antonio Cafiero solicitó dos semanas después que
se investigara la existencia de coimas, mientras el presidente De la Rúa salía al cruce de la
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El cana l que no mi ramos
versión periodística negando todo y ratificando su confianza a los legisladores
justicialistas.
Las denuncias apuntaban al senador por Corrientes Ángel Pardo, al tucumano Ramón
Ortega y al menemista Eduardo Bauzá (Mendoza).
El 2 de septiembre, el juez Liporaci, a cargo de la causa, sostuvo que “realmente hubo
sobornos” en la aprobación de la ley de Reforma Laboral, pero cuatro días más tarde, tras
denunciar amenazas contra la vida de una de sus hijas, y “por razones de salud”, se apartó
de la causa. El expediente cayó entonces en las manos inertes del juez Juan José Galeano, y
para diciembre, cuando volvió a tomarlo Liporaci, la causa ya había encontrado destino en
algún cajón de su despacho: el 30 de ese mes, último día hábil antes del ingreso en la feria
judicial, Liporaci dictó la “falta de mérito” para todos los imputados en la causa173.
Cuando el 6 de octubre, a primera hora de la mañana, Carlos “Chacho” Álvarez
presentó su renuncia a la vicepresidencia de la Nación, el gobierno, sin saberlo aún,
comenzaba a caminar por la cornisa. A menos de diez meses desde su asunción, Álvarez
dejaba su cargo denunciando que efectivamente los senadores implicados habían cobrado
coimas para aprobar la ley de Reforma Laboral.
La renuncia implicaba mucho más que la dimisión de un vicepresidente. Era el inicio
de la salida del Frepaso del gobierno de la Alianza, probablemente la cuota de honestidad y
transparencia de la que había hecho bandera el nuevo gobierno para marcar diferencias con
la década de los ’90.
La salida de Álvarez se completaría meses después con el alejamiento del otro referente
frepasista: la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide.
El semanario Veintitrés denunció que la funcionaria benefició en forma irregular a una
institución dirigida por su hermana, Juana Castagnola, esposa además de uno de los tres
interventores que colocó la Alianza en la obra social de los jubilados. Se trataba del Hogar
Terapéutico Florida II, que tras ser recategorizado por la nueva intervención del PAMI el
23 de febrero, incrementó su facturación en un 25 por ciento.
El trámite de la recategorización tuvo un tratamiento inusualmente veloz, preferencial y
la solicitud fue escrita de puño y letra por la hermana de Meijide174.
La ministra de Desarrollo Social optó por no despegarse del escándalo. En cambio,
criticó al periodismo, negó las acusaciones y defendió a su cuñado interventor, Angel
Tonietto, que a fines de agosto terminó procesado por el juez federal Gabriel Cavallo que 173 Lanata, Jorge. Op. cit. Pág. 632. 174
? Íbid. Pág. 634.
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le imputó los cargos de “negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de
fraude al Estado”; los mismos delitos que el magistrado le achacó al ex subinterventor de
prestaciones del PAMI, Jose Amorín175. Se trataba de los primeros funcionarios de la
Alianza procesados; y se trataba también de la renuncia de Fernández Meijide. Era marzo
de 2001, y la Alianza saltaba en pedazos.
El continuismo
A la inestabilidad institucional se le sumaba una economía en franca decadencia, en
tanto que no se vislumbraba ningún síntoma que alentara un eventual proceso de
recuperación. El ministerio de Economía, en manos de José Luis Machinea, no acertaba
con sus medidas, y para mayo, las cifras de desempleo escalaron a su nivel más elevado en
tres años (15,4%). Junto al crecimiento del desempleo, el malestar social se intensificaba y
amenazaba con salirse de cauce.
Al no poder hacer frente a los vencimientos de la deuda pública, y bajo el título de
“Blindaje”, en enero se anunció un salvataje financiero por casi 40 mil millones de dólares,
que el gobierno presentó como sinónimo de Salud, Educación, Empleo y Seguridad.
La suba del 28 por ciento del mercado de valores de Buenos Aires registrada durante el
mes de enero renovó las esperanzas en el gobierno de un reflote económico espoleado por
el paquete financiero recibido por el Fondo Monetario Internacional.
La expectativa se desvaneció pronto. El 2 de marzo, el ministro Machinea abandonó su
cargo y el presidente De la Rúa pidió la renuncia de todos sus ministros para reorganizar el
gabinete de gobierno. Dos días más tarde, el economista Ricardo López Murphy asumió
como nuevo ministro de Economía. López Murphy era un defensor del neoliberalismo a
ultranza que desde el inicio de su gestión daría continuidad a las políticas de ajuste
exigidas durante toda la década anterior por el FMI. El flamante ministro respaldaría el
sistema de cambio fijo peso-dólar adoptado por Cavallo en 1991, comprometiéndose a
cumplir con todas las metas acordadas con los organismos financieros internacionales.
El 16, López Murphy anunció un recorte de 1.962 millones para el presupuesto 2001,
de 2.485 millones para el de 2002, y de 360 millones a las universidades públicas; paquete
de medidas que se completaba con una reducción del 30 por ciento del personal estatal, una
175 Íbid.
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profundización de la reforma laboral y nuevas privatizaciones: AFJP Nación, Casa de la
Moneda y Lotería Nacional.
Tras el anuncio, el gobierno sería cuestionado seriamente por buena parte de la
sociedad, que expresaría su bronca a través de masivas protestas y marchas. El recorte
implicaba también la salida de la Alianza de los últimos cuadros frepasistas: Hugo Juri,
ministro de Educación; Marcos Makón, ministro de Desarrollo Social y el secretario
general de la Presidencia, Ricardo Mitre.
El 20 de marzo, a sólo 16 días de su asunción, López Murphy dejó el cargo que 9 días
después retomaría el ex ministro menemista Domingo Felipe Cavallo, presentado por el
gobierno delarruísta como el salvador de la economía argentina.
Bajo la presión del gobierno, el Congreso le otorgó “superpoderes” que Cavallo utilizó
para seguir recortando gastos en el Estado. Anunció un impuestazo, la reducción del IVA
del 21 al 10,5 por ciento y sostuvo que llevaría a cero el déficit público. Tras la aprobación
de la Ley de Déficit Cero, recortó el 13 por ciento de los salarios, jubilaciones y pensiones
superiores a 500 pesos.
Aún para los votantes más optimistas, quedaba claro a esa altura que el gobierno no
saldría del enfoque ortodoxo de la administración anterior. Un proceso que se acentuaba
por la concentración del ingreso y la profundización de la recesión que se había iniciado en
la segunda mitad de 1998.
El justicialismo y la UCR, partidos ubicados tradicionalmente en las antípodas
ideológicas habían logrado lo imposible: compartir al mismo ministro de Economía en un
plazo de diez años.
En junio, se anunció triunfalmente el “Megacanje”, que subió en más de 40 mil
millones de dólares la deuda externa, a tasas verdaderamente astronómicas. El 29 de
agosto, en tanto, se aprobó la ley de "Intangibilidad de los Depósitos" (25.466) que
prometía a los ahorristas respetar su dinero en cantidad y moneda de origen, aún bajo la
crisis financiera.
En su artículo 2º, la ley garantizaba que “el Estado nacional en ningún caso podrá
alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera”, lo que
implicaba la prohibición de alterar “las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni
reestructurar los vencimientos, los que operaran en las fechas establecidas entre las
partes”176.
176 Íbid. Pág. 636.
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El cana l que no mi ramos
La disposición fue un alivio para algunos, aunque la mayoría de los ahorristas había
dejado de confiar desde hacía tiempo en las leyes y sus creadores. No sin razón: unos
meses más tarde, el gobierno aliancista haría caso omiso, punto por punto, al compromiso
asumido.
Bajo la lupa
Aunque formalmente se iban a elegir diputados nacionales y provinciales, un
gobernador para la provincia de Corrientes, legisladores y ediles comunales y senadores de
la Nación por voto directo, en las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 lo que
estaba en juego en el fondo, indica el periodista Jorge Camarasa, “era el grado de castigo
que recibiría el gobierno nacional”177.
Sobre un padrón de 25 millones de sufragantes, algo más de 10 millones no eligieron
candidatos, generando que los partidos políticos en conjunto perdieran casi 4,7 millones de
votos respecto de las elecciones de 1999.
“Al ausentismo electoral de 6.297.163 personas, que había marcado un nuevo récord
desde el fin de la dictadura, había que sumar los 3.921.761 votos en blanco y nulos,
además de otros 150 mil sufragios entre recurridos e impugnados”178, precisa Camarasa.
La bronca social se manifestó como repudio a toda la clase política, al punto que entre
los votos impugnados se contabilizó una gran cantidad de imágenes del terrorista Osama
Bin Laden, de Clemente, y de otros personajes de historieta; en otros sobres, en tanto, se
hallaron misteriosos polvos blancos que referían a las dosis de ántrax que por ese entonces
denunciaban haber recibido, por correo, varios ciudadanos y organismos estadounidenses.
Los votos en blanco y anulados sumaron el 22 por ciento, mientras que en el ‘99 se
habían ubicado en torno del 6 por ciento; y las abstenciones se incrementaron del 18,4 al
26,3 por ciento entre ambos períodos.
Las elecciones fueron ganadas finalmente por el peronismo que, de ese modo, se
posicionó como principal candidato para los comicios de 2003. Electoralmente, el
peronismo había arrasado en casi todo el país, y el derrumbe de la Alianza era estruendoso.
Aún habiendo cosechado 700 mil votos menos que en 1999, cuando De la Rúa lo
venció claramente en las elecciones presidenciales, quien más sufragios obtuvo fue el
candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde.
177 Camarasa, Jorge. Días de furia. Sudamericana, Buenos Aires, 2002. Pág. 9. 178 Íbid. Pág.12.
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El cana l que no mi ramos
El peronismo había ganado en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y en otras trece
provincias con lo que pasaba a controlar ambas cámaras del Congreso nacional. El
oficialismo había sufrido su más dura derrota en Capital Federal, que del millón de
votantes de 1999 había caído a 285 mil. Así, “el gobierno quedaba aislado, casi sin poder
para tomar decisiones que no fueran pactadas con la oposición, y el gabinete que el
presidente había designado colgaba de un hilo. Sobre todo, uno de los hombres, Domingo
Felipe Cavallo, que era el blanco fijo de las andanadas de la gente”179.
Pero De la Rúa seguía sin comprender la advertencia social: “Los resultados electorales
del domingo último muestran un relativo equilibrio de fuerzas”, dijo el presidente en sus
primeras declaraciones a la prensa tras la inocultable derrota, agregando que “es un deber
de la clase política escuchar los cambios que pide el pueblo. Pero los que no han cambiado
son los motivos por los que fui elegido”.
A esa altura, el riesgo país había superado los 1.800 puntos, y ponía a la Argentina en
peor situación crediticia que Nigeria, Afganistán o Ecuador. El fantasma bautizado como
“las tres D” –default, devaluación y dolarización– se expandía como un gas venenoso por
el país mientras se intensificaba la furia ciudadana con la Justicia y los políticos en general,
que se resumiría poco después en una consigna unánime: “Que se vayan todos”.
Carlos Menem, detenido en una quinta de Don Torcuato por su participación en el
contrabando de armas a Croacia y Ecuador quedó en libertad en esos días, y de la misma
manera, en los días sucesivos, la Justicia benefició a Emir Yoma, Erman González y
Martín Balza.
Mientras tanto, Argentina sumaba 2.000 nuevos pobres por día, que engrosaban los 14
millones que existían en 2001; 730 mil personas habían caído ese año bajo la línea de la
pobreza; más de la mitad de los asalariados vivía con menos de 500 pesos por mes y había
en el país más de 4 millones de desocupados y subocupados.
En ese contexto, el gobierno dio a conocer el Presupuesto 2002 que estimaba recortes
por cerca de 6.000 millones de pesos y, entre otras cosas, mantenía la poda del 13 por
ciento en los sueldos estatales y las jubilaciones y preveía "eliminar" 24 mil empleos
públicos.
No era todo: el ministerio de Economía también analizaba la posibilidad de suprimir los
aguinaldos.
179 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
En el corral
El 1º de diciembre el gobierno dio a conocer las nuevas medidas económicas, que
violaban sistemáticamente la ley de Intangibilidad de los Depósitos aprobada unos meses
antes. Durante los siguientes noventa días –explicó Cavallo en conferencia de prensa– los
ahorristas podrían retirar un máximo semanal de 250 pesos o dólares en efectivo de sus
propias cuentas bancarias. Además, se prohibieron las transferencias al exterior, aunque
para ese momento algunos privilegiados con aviso previo ya lo habían hecho.
La sorpresa inicial se transformó pronto en furia incontenible: con la anuencia del
gobierno, los bancos confiscaban bienes privados. “En plena corrida bancaria, los
beneficiarios de las medidas resultaron obviamente los bancos y los grandes inversores de
la Bolsa, ya que –ante la falta de efectivo– el manejo de los bonos se hizo imprescindible
en algunas operaciones, y éstos subieron su valor gracias a la mayor demanda. También
resultaron beneficiadas las empresas de servicios, que de este modo tuvieron garantizado el
cobro a través del débito automático apenas el titular de la cuenta cobraba su salario”,
explica Lanata180.
El 10 de diciembre, el FMI suspendió el envío de 1.260 millones de dólares
comprometidos en el marco del blindaje financiero, porque el país “no cumplió con las
metas establecidas”.
El gobierno de Fernando De la Rúa, había continuando por la senda menemista y atado
su suerte a la de Domingo Cavallo para terminar con lo poco que quedaba en pie de su
sostén electoral: la clase media.
País saqueado
El jueves 13, la historia comenzaba a repetirse. Como había sucedido doce años antes, a
pocas semanas de que el entonces presidente radical, Raúl Alfonsín, abandonara su cargo,
la gente se volcó a las calles y saqueó comercios y supermercados en la ciudad de Rosario.
Los días de Fernando De la Rúa como primer mandatario estaban contados.
180 Lanata, Jorge. Op. cit. Pág. 639.
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La central obrera llamó a una huelga general ese mismo día en protesta por las
restricciones bancarias implementadas por Cavallo. Al día siguiente, Argentina canceló
obligaciones con el FMI por 700 millones de dólares evitando caer en default, declaración
que equivaldría, aseguraba el gobierno y un grupo de agoreros economistas neoliberales, a
la ruina total y al aislamiento de Argentina del resto del mundo.
Los saqueos recrudecieron en los días siguientes. Abordado por periodistas en la Casa
Rosada, De la Rúa trazó nuevamente un diagnóstico erróneo de la realidad, que le iba a
costar caro: "No encontramos motivos para que haya una magnificación de estos episodios.
El problema existe, pero no debe ser motivo de alarma o de hablar de un conflicto
general", señaló para sorpresa de los presentes.
Para el 18, los saqueos ya se habían extendido por todo el país: supermercados de Entre
Ríos, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Gran Buenos Aires y Capital Federal
sufrieron el embate desesperado de centenares de personas, provenientes mayormente de
barrios humildes.
Esa misma noche, De la Rúa decretó el estado de sitio por un mes, lo que terminó por
demostrar hasta qué punto llegaban sus limitaciones para comprender la realidad. La
adopción de la medida terminó por arrancar de sus hogares a la propia clase media,
generalmente desvinculada de marchas y manifestaciones de protesta, que se sumó a una
consigna que evidenciaba la inmensa brecha que separaba a la sociedad de sus
gobernantes: “Que se vayan todos”, exigían.
Minutos después de que finalizara el mensaje presidencial, miles de argentinos
caminaron indignados hacia la Plaza de Mayo golpeando tachos y cacerolas en señal de
repudio. De madrugada, Domingo Cavallo se enteró por la televisión de que había dejado
de ser el ministro de Economía.
El 19 de diciembre, espoleados por varios punteros e intendentes peronistas –como
probaría más tarde el equipo de investigación periodístico de Clarín–, los saqueadores
atacaron unos 9.000 comercios del conurbano y varias decenas en otras once provincias.
La SIDE afirmaba que el gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, y el secretario de
seguridad provincial, Juan José Álvarez, mantenían a la Policía provincial cruzada de
brazos.
El presidente difundió un discurso grabado por la cadena nacional de radio y televisión
y señaló que “he ofrecido al justicialismo que participe de un gobierno de unidad
nacional”. El gobierno insistía en incorporar al gabinete a figuras del PJ, para lograr un
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El cana l que no mi ramos
gabinete de “unidad nacional” que le permitiera al país salir de la crisis. Pero no era
precisamente esa la intención del peronismo.
Mientras tanto, una suerte de psicosis colectiva se iba apoderando del conurbano
bonaerense. Se decía que columnas de desocupados avanzaban sobre countries y barrios
privados de alrededor de Buenos Aires y que una batalla de pobres contra ricos era
inminente. En ese sentido, “el personal de seguridad de algunos countries pasaba casa por
casa pidiendo a sus habitantes que estuvieran listos para evacuar, y las custodias de las
entradas se habían reforzado con armas largas y granadas de humo”181.
Ante la pasividad policial, algunas empresas organizaron piquetes de autodefensa. Uno
de los primeros se levantó en el centro de distribución Coto de Monte Grande donde 400
empleados no sólo defendían un supermercado sino sus propios puestos de trabajo en la
Argentina de la desocupación.
La represión policial se intensificó desde la mañana del 20, y a los palos, gases
lacrimógenos y bombas de humo pronto se sumaron los balazos. Sólo en la Avenida de
Mayo y la 9 de Julio cinco personas perdieron la vida a manos de policías y personajes no
identificados que tirotearon a los manifestantes desde autos particulares.
En total, durante los enfrentamientos del 19 y el 20 de diciembre 24 personas murieron
a causa de la represión policial en todo el país: 6 en la Capital Federal, 9 en la provincia de
Buenos Aires, 5 en la ciudad de Santa Fe, 1 en la de Córdoba, 2 en la provincia de Entre
Ríos, y el restante en la provincia de Río Negro.
El final
“El presidente se sentó y llamó a su secretaria por el intercomunicador. Pidió una hoja
con el membrete de la Presidencia. Tomó su lapicera y comenzó a escribir: ‘Buenos Aires,
20 de diciembre...’. Algo lo molestaba. Levantó la vista y vio a sus ministros que
conversaban al otro lado del escritorio.
–¿Se quieren correr que no me puedo concentrar? –ordenó con su voz ronca.
Sólo Adalberto Rodríguez Giavarini se quedó a su izquierda y le ayudó a redactar el texto
hasta el final, hasta la firma: De la Rúa. Eran minutos después de las 19 del jueves 20 de
diciembre de 2001. Era la renuncia”182.
181 Camarasa, Jorge. Op. cit. Pág. 32.182 Diario Clarín, edición del 19 de diciembre de 2002.
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No había mucho más por hacer. Tras dos años y diez días de gobierno, De la Rúa
abandonaba la presidencia en el marco de un estallido social sin precedentes en la historia
del país. El peronismo se había negado rotundamente a conformar una coalición de
gobierno, la sociedad estaba hastiada de la inoperancia de la administración delarruísta y la
economía arruinada.
De la Rúa huiría minutos más tarde de la Casa Rosada en helicóptero, sintetizando en
una imagen exacta la desbordante situación en la que había desembocado su propia
incapacidad. No obstante, la inmensa mayoría de la clase política no escapaba a la furia
social.
“No se trató del derrocamiento ‘tradicional’ de un gobierno argentino. Si se quiere, fue
el primer derrocamiento de un gobierno constitucional cuyos protagonistas y ejecutores
fueron civiles. Y en ese drama intervinieron varios factores: los errores reiterados y la
obstinación del propio presidente; una oposición, en el peronismo, pero también en la
UCR, que no vaciló en empujar a una administración tambaleante; un cerco económico
internacional capitaneado por el FMI y un frente político interno que asfixió al gobierno
con la exigencia del abandono de la convertibilidad para pasar a la dolarización total de la
economía o a la devaluación”183, según la interpretación del equipo de investigación del
diario Clarín.
Era el turno del peronismo, que ya en octubre de 2001, cuando la Alianza fue derrotada
en las urnas, había olido que el poder estaba al alcance de la mano. Y había actuado en
consecuencia: el consentimiento o aliento de los saqueos en el gran Buenos Aires era la
culminación de una manera de actuar que había terminado por dejar solo al gobierno de
Fernando De la Rúa. Desde octubre, el justicialismo había iniciado una fuerte embestida
desde el Congreso y las provincias que gobernaba; se había negado a firmar un acuerdo
con el gobierno en vísperas de un viaje de De la Rúa a Washington y presionó hasta
transformar a uno de los suyos, al misionero Ramón Puerta, en jefe del Senado y virtual
vicepresidente de la Nación184. La espera del peronismo había llegado a su fin. Comenzaba
a escribirse otra página histórica en el país.
183 Íbid. 184 Íbid.
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3. La realidad supera a la ficción
El empresario yerbatero de Misiones, Ramón Puerta, en su carácter de presidente de la
Cámara de Senadores ocupó entonces la jefatura de gobierno tras la precipitada salida de
Fernando de la Rúa, dado que el cargo de vicepresidente estaba vacante desde hacía meses
tras la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez.
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El cana l que no mi ramos
Los senadores peronistas habían impuesto su mayoría en noviembre para ungir a Puerta
como presidente provisional del cuerpo, por lo que éste se encontraba primero en la línea
de sucesión presidencial.
El misionero fue anoticiado telefónicamente por el gobernador de Córdoba, José
Manuel De la Sota, en momentos en que el avión que lo trasladaba aterrizaba en San Luis,
donde minutos después se desarrollaría un encuentro entre los gobernadores peronistas
para definir la modalidad de la sucesión del ya sepultado gobierno de la Alianza.
La convocatoria a la reunión, que se llevaría a cabo en la localidad puntana de Merlo,
se había formulado horas antes, teóricamente para decidir si el peronismo accedería al
ruego delarruísta de integrar el gabinete de un gobierno en caída libre.
Pero en realidad, “la reunión parecía una formalidad, porque desde hacia algunos días
el peronismo tenía tomada la decisión de negarse a integrar un gobierno con un presidente
a quien la gente le pedía la renuncia”185.
Al día siguiente, el viernes 21 de diciembre, se convocó a la Asamblea Legislativa
donde se aceptó formalmente la renuncia de De la Rúa y se designó a Puerta como su
sucesor, mientras los gobernadores peronistas intentaban consensuar dos cuestiones
básicas: si el período del nuevo presidente llegaba hasta el fin del mandato previsto para
De la Rúa, en diciembre de 2003, o si en cambio sólo ocuparía el cargo por el tiempo
necesario para llamar a elecciones en pocas semanas, y al amparo de la ley de Lemas,
elegir presidente hasta aquella fecha.
La discusión era eminentemente peronista y estaba planteada entre los gobernadores de
las provincias “grandes” (de Buenos Aires, Carlos Ruckauf; de Córdoba, José De la Sota; y
de Santa Fe, Carlos Reutemann) que operaban por la segunda opción, y los de las “chicas”,
que integraban el Frente Federal Solidario, y que se inclinaban por la primera.
Las pujas eran tensas. De hecho, uno de los “presidenciables” más obvios, “el gran
ganador” de las legislativas de octubre, Eduardo Duhalde, había sido frenado en la largada
porque los gobernadores del Frente Federal se oponían a lo que llamaban ‘un gobierno de
unidad bonaerense’”186.
Tras tres días de negociaciones, la modalidad de sucesión fue impuesta por los
“grandes” y el entonces gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, fue ungido
presidente por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre, tras una maratónica sesión de
185 Camarasa, Jorge. Op. cit. Pág. 105.186 Íbid. Pág. 110.
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doce horas, por 169 votos a favor contra 138 en contra (UCR, Frepaso, ARI y partidos
provinciales).
La votación había establecido nuevas elecciones para el 3 de marzo de 2002, que
designarían a un nuevo presidente para completar el mandato de De la Rúa.
La primacía justicialista había determinado que los comicios se regirían por la ley de
Lemas (tras aprobar la modificación del Código Electoral) lo cual solucionaría las
diferencias internas del PJ, ya que ninguno de los candidatos quedaría afuera en primera
instancia.
La Asamblea había determinado también que si ninguna fórmula reunía la mayoría
necesaria (45 por ciento de los sufragios y más de 10 puntos de diferencia entre el primero
y el segundo) habría ballottage, y así, a más tardar el 5 de abril, el país tendría nuevo
presidente.
Las promesas de “El Adolfo”
Adolfo Rodríguez Saá debió interrumpir sus 18 años consecutivos al frente del
gobierno de San Luis (cinco períodos) para asumir la presidencia de la Nación. Ya en su
discurso de asunción se encargó de decirle a todos los sectores lo que querían oír: entre
otras cosas, prometió crear el “Argentino”, una nueva moneda convertible con el dólar; la
creación de un millón de puestos de trabajo; declaró el default; prometió justicia a las
Madres de Plaza de Mayo y duplicar el salario mínimo a la CGT.
Durante su brevísima gestión, que culminaría apenas una semana más tarde, la promesa
se convertiría en el leit motiv de “El Adolfo”, tal como era el apodo con que lo habían
bautizado en San Luis.
El presidente trataba de agradar a todo el mundo buscando captar apoyos para su
gobierno. El domingo 23 recibiría personalmente en Casa de Gobierno a la titular de
Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y le prometería la extradición de los militares
genocidas reclamados en el exterior. Dos días después se reuniría con los dirigentes
piqueteros Luis D’Elia y Juan Carlos Alderete. Al embajador británico en Argentina,
Robin Christopher, para su sorpresa, lo recibiría apenas dos horas después de que había
solicitado una audiencia. A los líderes de la CGT oficial y disidente, Rodolfo Dáer y Hugo
Moyano, les aseguraría en la histórica sede de calle Azopardo que enviaría al Congreso un
proyecto para derogar la ley de Reforma Laboral (“de los sobornos”) aprobada en la
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El cana l que no mi ramos
gestión de De la Rúa, mientras anunció que restituiría el 13 por ciento descontado a los
trabajadores estatales y jubilados durante el gobierno aliancista.
Hasta recibió en la Rosada a la fanática hincha del club Boca Juniors, María Esther
Duffau, más conocida como “La Raulito”, que le planteó la necesidad de pan dulce y sidra
registrada en el hogar de ancianos donde residía.
A medida
Entre las principales medidas anunciadas durante su semana presidencial, Adolfo
Rodríguez Saá informó del envío de un proyecto de ley para indemnizar a todas las
víctimas de la protesta popular que supuso el fin del gobierno de la Alianza. En tanto, puso
en marcha una ambiciosa iniciativa para crear un millón de empleos a partir de su segundo
día de mandato, y los primeros convenios con los gobiernos provinciales para llevar a cabo
100 mil empleos –con sueldos de 220 pesos– se firmarían durante la primera semana de su
gestión. También se implementaría un plan de emergencia alimentaria para contener a
todos los excluidos, marginados y desocupados; se disminuirían los sueldos de todos los
funcionarios y nadie podría ganar más que el presidente, cuyo sueldo estaba fijado en
3.000 pesos.
Tras declarar el temido default económico –el anuncio formal de la cesación de pagos
del estado argentino a los organismos financieros internacionales– había anunciado para
enero la puesta en práctica de una tercera moneda, el “Argentino”, con la finalidad de
inyectar liquidez al mercado de consumo; situación que había sido paliada a medias por la
profusión de innumerables bonos nacionales y provinciales en todo el territorio nacional.
En cuanto a la conformación del gabinete, Rodríguez Saá se había inclinado por los
funcionarios de su provincia: Luis Lusquiños, su ex secretario privado, fue nombrado
secretario general de la Presidencia; Orlando Britos, otro puntano, fue designado en el
cargo de ministro de Trabajo; Carlos Sergnesse, como jefe de la SIDE, y Alberto Zuppi,
como secretario de Justicia y Asuntos Legislativos.
El recelo social hacia los dirigentes políticos había llegado a su punto máximo con la
petición aún vigente de “que se vayan todos”. En ese sentido, hubo dos designaciones en
particular que generaron el mayor malestar entre los ciudadanos: la del ex intendente
porteño, Carlos Grosso, como asesor del gobierno, que se jactaba de haber salido airoso de
28 juicios iniciados por todo tipo de delitos; y la de Hugo Franco, quien había jurado como
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El cana l que no mi ramos
secretario de Asuntos Militares, y que antes de menemista había sido colaborador del
represor Emilio Eduardo Massera. Unos días más tarde, las cacerolas volverían a sonar
para exigir sus cabezas.
A esa altura, en vísperas de Navidad, el gobierno había permitido extraer 500 pesos
adicionales de las cuentas de los bancos; las ventas de los comercios habían caído en un 30
por ciento promedio, mientras los viajes al exterior fueron cancelados en las agencias de
turismo en un 70 por ciento187.
Redoble de cacerolas
Los cacerolazos y la protesta popular recomenzaron durante la calurosa noche del 28 de
diciembre frente a la Casa de Gobierno y la Corte Suprema en reclamo del fin del corralito
financiero, por la renuncia del cuerpo de magistrados y para repudiar las viejas caras
reaparecidas en la arena política de la mano de Rodríguez Saá; fundamentalmente, Grosso
y Franco.
La movilización del 28 a la noche se prolongó hasta la madrugada del día siguiente.
Los disturbios también se produjeron en el Congreso, donde los manifestantes habían
entrado, quemado muebles y destruido los baños. También hubo pintadas en la Rosada –
donde se intentó incendiar una puerta–, roturas de vidrios en bancos del microcentro y
saqueos en los alrededores. Las balas de gomas y los gases lograron poner un débil coto a
la situación, que culminó con 33 detenidos.
La renuncia
No hicieron falta más de nueve minutos para que las promesas y expectativas generadas
por el nuevo gobierno se desmoronaran como un castillo de naipes. Era casi la medianoche
del 30 de diciembre. Eran los últimos minutos de un año casi surrealista.
Tras siete días en el cargo, Rodríguez Saá dejaba la presidencia: “Los lobos o los
lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos y pretenden
mantener los privilegios de la vieja argentina. No voy a ser el presidente de la continuidad
187 Íbid. Pág. 115.
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de esa vieja argentina. No voy a ser el presidente de la represión al pueblo, para sostener
las posiciones de factores de poder, a los que muchos me incitan. No acepto esa infamia”,
sentenció en su último discurso, brindado en la Casa de gobierno de San Luis188. Y explicó
su determinación: “Salvo los gobernadores peronistas de Formosa, Salta, Buenos Aires,
Misiones y La Rioja, los demás me han quitado el apoyo. Especialmente el gobernador de
Córdoba, que priorizó la interna partidaria a los intereses de la Patria”.
En ese sentido, y tras remarcar “esta actitud mezquina y retaceo”, Saá presentó su
renuncia indeclinable a la Asamblea Legislativa.
En realidad, Rodríguez Saá había sido designado hasta el 3 de marzo como presidente
provisional. Pero al otro día de asumir, las medidas anunciadas por el flamante presidente –
diseñadas para el mediano plazo– permitieron intuir a muchos de los interesados en
disputar ese puesto que el flamante presidente no estaba dispuesto a abandonar su cargo en
el plazo previsto, sino que pretendía ocuparlo hasta que se cumpliera el mandato de De la
Rúa, en diciembre de 2003.
Los gobernadores presidenciables se molestaron además por las medidas inconsultas
que tomaba el presidente. Al día siguiente, ministros y secretarios presentaron sus
renuncias a pedido de Saá. Pero sería demasiado tarde. “Frustrado por no haber podido
armar un gabinete consensuado, sintiendo que el terreno cedía bajo sus pies, aquella tarde
Rodríguez Saá tomó conciencia de que lo habían dejado solo”189.
La última jugada del puntano había sido convocar a los gobernadores peronistas al
centro turístico de Chapadmalal, cercano a Mar del Plata, para intentar llegar a un acuerdo
(consensuar un nuevo gabinete así como un nuevo plan económico) que permitiera sacar al
país de la crisis desatada por renovados y violentos cacerolazos.
Pero de los catorce gobernadores peronistas sólo seis respondieron al llamado. El
vocero de esa reunión, Alejandro Martínez, dijo que la ausencia de los mandatarios se
debió a “las malas condiciones climáticas”, pero por entonces tan solo llovía y el tráfico
aéreo se desarrollaba en forma normal.
De las provincias grandes, sólo el mandatario de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, asistió
al encuentro, mientras que las ausencias más notables fueron las de los gobernadores de
Córdoba, José Manuel De la Sota, y de Santa Fe, Carlos Reutemann. El mensaje fue claro.
188 Diario La Nación, edición del 31de diciembre de 2001.189 Camarasa, Jorge. Op. cit. Pág. 144.
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Tras la renuncia de Rodríguez Saá, correspondía a Ramón Puerta, todavía presidente
provisional de la Cámara de Senadores, volver a ocupar la presidencia. Pero no lo haría, y
seguiría el mismo camino que el puntano.
Seguía entonces en la línea sucesoria el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo
Camaño, peronista de Quilmes e incondicional de Eduardo Duhalde. Sería justamente el
caudillo bonaerense quien, tejiendo su estrategia en su casa de Lomas de Zamora, le daría
la directiva para que aceptara el puesto.
Según explica Camarasa, “lo primero que [Duhalde] iba a necesitar era que Puerta
renunciara formalmente a su cargo y, por extensión a la línea sucesoria, dejando el camino
libre para que el peronismo bonaerense tomara las riendas de la crisis”190.
Y así sucedería. Al renunciar Puerta –de excelente diálogo con Duhalde– el camino
quedaba allanado. El lunes 31 de diciembre, Eduardo Camaño anunció la convocatoria de
la Asamblea Legislativa que lo elegiría al día siguiente como nuevo presidente argentino.
Dos días después, mientras algunas cacerolas aisladas sonaban aquí y allá, Eduardo
Duhalde se presentó ante la Asamblea para tomar la brasa ardiente de la presidencia.
Lo que no había logrado conseguir a través de la voluntad popular dos años y medio
antes, lo estaba consiguiendo ahora, aunque en circunstancias muy disímiles. Junto al
nuevo año, empezaba otra etapa en el país, tras trece días frenéticos en que Argentina había
sido gobernada por cinco presidentes.
4. El desembarco bonaerense
La presidencia de Eduardo Camaño sería aún más breve que la de Ramón Puerta. El
dirigente quilmeño asumió como presidente provisional a las 17:54 del lunes 30 de
diciembre, y en sus 42 horas al frente de la jefatura de Estado, se centró en el plano político
para operar en el traspaso del poder a Eduardo Duhalde.
190 Íbid. Pág. 155.
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El primero en dar un paso al costado para disputarle la sucesión al caudillo bonaerense
había sido el gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Posteriormente los federales de
las provincias “chicas” se retiraron del ruedo y decidieron no participar del debate para la
elección del candidato.
Carlos Menem, silencioso, observaba los sucesos desde La Rioja mientras que para ese
entonces el gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, ya había prometido que no se
postularía como candidato a la presidencia.
El mandatario de Córdoba, José Manuel De la Sota, insistía en llamar a elecciones en el
corto plazo y apoyaba a Reutemann para ocupar el cargo interino, pero al dar el ex piloto
un paso al costado, las presiones políticas del cordobés cayeron en saco roto.
Cuando el proyecto de Duhalde iba tomando decidida forma, el ex gobernador
bonaerense se reunió con Raúl Alfonsín, quien le pidió que excluya a la UCR del gabinete.
“El radicalismo quedó al borde del abismo, y nos haría muy mal aparecer en el toma y daca
de los cargos. Aunque desde ya le digo que seremos su principal sostén, y yo mismo lo voy
a ayudar desde el Senado”, prometió el de Chascomús191.
El camino de Duhalde a la presidencia se allanaba con las horas, y el espaldarazo final
a su postulación se lo darían los once gobernadores peronistas que le expresaron su apoyo
en el marco de una reunión convocada por el bonaerense. El poder de convocatoria de
Duhalde había superado ampliamente al de Rodríguez Saá en Chapadmalal: de los 14
mandatarios del PJ sólo tres faltaron a la cita con Duhalde: los de Misiones, San Luis y
Salta.
Pero el apoyo no vendría sólo de las filas peronistas. Según el analista político Rosendo
Fraga, “la UCR y el Frepaso apoyaron a Duhalde con tal de suspender una elección en la
cual hubieran quedado relegados al tercer lugar, y Menem terminó aceptando la nueva
situación con el compromiso del nuevo presidente de que no competirá en 2003”.192
Día D
Aunque no pudo lograrlo a través de la voluntad popular, finalmente Eduardo Duhalde
conseguiría llegar a la presidencia de la Nación tras su frustrado intento de 1999. El dos
veces gobernador bonaerense fue designado primer mandatario por la Asamblea
Legislativa el martes 1º de enero de 2002 a las 23.30, contabilizando 262 votos a favor (PJ,
UCR, partidos provinciales, Frepaso, el cavallista Acción por la República y el Polo
191 Camarasa, Jorge. Op. cit. Pág. 175. 192 Rosendo Fraga, Los tres significados de Duhalde, 9 de enero de 2002. En www.nueva mayoria.com.
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Social); 21 en contra, provenientes del ARI, Frente para el Cambio, partidos provinciales e
Izquierda Unida) y 18 abstenciones.
En su discurso de asunción, el flamante presidente señaló que su gestión se centraría en
tres ejes básicos: “Reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social
y sentar las bases para el cambio de modelo económico y social”.
Dijo además que “el ejercicio de un gobierno de transición es incompatible con la
pretensión de competir por la candidatura presidencial en el año 2003”, palabras orientadas
principalmente a llevar tranquilidad a los gobernadores que lo habían apoyado y que ya
comenzaban a preparar sus propias candidaturas para el nuevo llamado a elecciones.
Tras remarcar que encabezaba “un gobierno de unidad nacional” –peronista, y sobre
todo, bonaerense– Duhalde proclamaba la primera de sus promesas incumplidas: “El que
depositó dólares, recibirá dólares; el que depositó pesos, recibirá pesos”, dijo el mandatario
a los ahorristas acorralados, en una frase destinada a la historia.
Fuera de la Casa Rosada, se respiraba un clima de suma tensión. En la intersección de
las calles Callao y Mitre se produjo un enfrentamiento a las pedradas entre simpatizantes
de Duhalde y de agrupaciones de izquierda durante veinte minutos; la policía no intervino
y sólo lo hizo más tarde cuando los incidentes se agravaron. Entre tanto, la gente no soltaba
las cacerolas mientras se realizaban caravanas de automovilistas que hacían sonar sus
bocinas y concentraciones. Duhalde pronunciaba su discurso ante la Asamblea Legislativa,
y los cacerolazos se renovaron en la capital, fundamentalmente en la zona del microcentro,
inmediaciones del Congreso y algunos barrios porteños193.
Fin de la convertibilidad
El 7 de enero, con la sanción de la ley de Emergencia Económica y Reforma del
Régimen Cambiario, se puso fin a la convertibilidad peso-dólar instaurada por Domingo
Cavallo en 1991. La moneda nacional fue devaluada en un 40 por ciento, por lo que el
dólar oficial pasó a valer 1,40 peso.
La norma resolvió convertir a pesos todas las deudas en dólares del sistema financiero
por créditos hipotecarios, con garantías prendarias y personales cuyo importe en origen
193 Diario La Nación, edición del 2 de enero de 2002.
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El cana l que no mi ramos
fuese inferior a cien mil dólares a la vez que el gobierno definió un cronograma de
devolución de los depósitos en su moneda de origen que finalizaría en el año 2006.
Pero fue a principios de febrero cuando se adoptó una de las medidas más impopulares
que tuvo que enfrentar el gobierno, la “pesificación”, mediante la cual los depósitos en
dólares se convertían a moneda local a una relación de 1,40 peso por dólar; violando el
presidente la palabra empeñada en su discurso. Se resolvió asimismo que tanto los
depósitos como los créditos serían ajustados por un índice de precios al consumidor
(Coeficiente de Estabilización o CER).
Inmediatamente después de conocerse estas medidas, se potenció el cacerolazo iniciado
frente al Palacio de Tribunales que exigía la renuncia de los miembros de la Corte Suprema
de Justicia que avalaron la implementación del corralito financiero. Esta protesta se
prolongó hasta altas horas de la noche; y cerca de las 22, vecinos de diversos barrios
comenzaron un nuevo cacerolazo. Espontáneamente, muchos manifestantes se fueron
congregando en la Plaza de Mayo, exigiendo el fin de la incautación de los depósitos y la
renuncia de la Corte Suprema.
En horas de la madrugada, un pequeño grupo de personas comenzó a tirar piedras
contra efectivos de la Policía Federal que reprimieron la protesta desalojando la plaza. En
el marco de los incidentes, se produjeron roturas de comercios y sucursales bancarias –que
se extenderían a todo el país– mientras algunas personas lograron ingresar al Banco
Provincia comenzando un foco de incendio.
Por su parte, los gobiernos provinciales también aumentaron la presión sobre el
gobierno central pidiendo la “pesificación” de sus deudas con el sistema financiero.
Durante estos días de agitación había muerto el ex canciller menemista Guido Di Tella
(impulsor de la “política de seducción” en la relación con los kelpers de Malvinas) y la
gente se amontonaba en los consulados para irse del país.
Con una ayudita del campo
Tras largas y tediosas negociaciones, el gobierno firmó el 27 de febrero un acuerdo de
“gobernabilidad” con la mayoría de los mandatarios provinciales (a excepción de los de
San Juan, Salta y San Luis) que fue remarcado por el ministro de Economía Jorge Remes
Lenicov como un pacto que “permitirá avanzar hacia la aprobación por el Congreso del
presupuesto del año 2002, lo que a su vez abrirá el camino hacia una entrevista con las
autoridades del FMI.”
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El cana l que no mi ramos
En tanto, el fantasma de los saqueos a supermercados reapareció con el reclamo de 300
desocupados que, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se reunieron frente a los
supermercados Norte y Yaguar, solicitando comida e intentando sacar algunos alimentos
de un camión proveedor. El intento fue reprimido con gases lacrimógenos y balas de goma
por la policía.
La situación de extrema pobreza en que estaban sumidos amplios sectores de la
sociedad se volvía insostenible y amenazaba con retomar la vía de los saqueos. En ese
sentido, el gobierno diseñó y repartió los Planes Jefes y Jefas de Hogar entre desocupados
que trabajarían en diversos oficios y labores sociales a cambio de 150 Lecops mensuales,
una de las cuasimonedas que habían surgido para inyectar liquidez al mercado de consumo.
Estos planes se pagaron –y se continúan abonando en gran medida hoy– con el dinero
recaudado por el gobierno mediante la aplicación de retenciones a las exportaciones
agropecuarias y materias primas en general194.
La sanción de las resoluciones 11 y 35 del Ministerio de Economía, implementadas en
marzo, reimplantaron el régimen de retenciones, posibilidad que el propio Presidente se
había encargado de desmentir poco tiempo atrás195.
Al momento de implementarse los derechos de exportación se indicaba en los
fundamentos de las resoluciones que la medida sería un recurso transitorio destinado a
amortiguar los efectos de la emergencia económica posdevaluación de los precios internos
y a aportar recursos fiscales tras el fuerte deterioro en el ingreso de éstos. Lo cierto es que
las retenciones aún se mantienen, e incluso los porcentajes se han incrementado, tal es el
caso de los productos lácteos.
El goteo
A lo largo del año muchos ahorristas consiguieron retirar sus depósitos en dólares por
los fallos favorables (recursos de amparo) de la Justicia; este retiro de depósitos conocido
como “goteo” alcanzaría a fines de octubre los 8.800 millones de pesos.
194
? Orgambide Márquez, Jorge. Es necesario revisar las retenciones sobre el comercio exterior, en diario Ámbito Financiero, martes 26 de abril de 2005.195 Se fijó un 10% de tributo aduanero a la exportación para las materias primas en general, 13,5% para los granos oleaginosos, 15% para los cueros y 5% para las manufacturas de origen agropecuario e industrial. Por su parte, el Decreto 310/02 dispuso un derecho de exportación de 20% para el petróleo, aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso.
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Entretanto, y pese a que algunos índices macroeconómicos comenzaban a mostrar una
recuperación de la economía, los ánimos sociales seguían caldeados y tanto políticos y
personajes vinculados a la política no podían caminar por las calles sin ser blanco de
insultos y agresiones físicas por parte de la gente: Raúl Alfonsín, Jorge Remes Lenicov,
José Manuel De la Sota, Zulemita Menem, Carlos Ruckauf y el ex ministro de Economía
Roberto Alemann sufrieron por esos días escraches públicos y actos de violencia física.
En tanto, y frente al fracaso del gobierno para sancionar una ley que obligara a los
ahorristas a canjear sus depósitos por un título público, el ministro de Economía Remes
Lenicov renunció a su cargo a mediados de abril196.
En junio, el nuevo ministro de Economía, Roberto Lavagna, implementó un plan de
canje de depósitos voluntarios (Canje I) mediante el cual los ahorristas podían optar entre
tres alternativas: dos bonos públicos en dólares a 3 y 10 años y otro en pesos a 5 años,
todos ellos denominados BODEN. Aquellos que no aceptaran la propuesta se quedarían, en
tanto, con certificados de depósitos reprogramados (CEDROS).
A mediados de septiembre, el gobierno decidió implementar un nuevo canje voluntario
de depósitos por bonos públicos (Canje II), pero esta vez con garantía adicional de los
bancos para reforzar el atractivo del bono canjeado.
Los dos canjes no tuvieron el éxito esperado por las autoridades por la baja
predisposición de los ahorristas a cambiar sus depósitos por títulos de un Estado en
cesación de pagos.
En octubre se liberaron los depósitos a plazo fijo por montos de hasta 10 mil pesos,
flexibilizando de esta manera las restricciones del sistema financiero. En noviembre, se
flexibilizaron las restricciones sobre las cuentas a la vista, pudiendo retirarse en efectivo
2.000 pesos mensuales (anteriormente se permitían retiros de hasta 1.200 pesos), mientras
que a partir de diciembre todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro se liberaron; es
decir, se eliminaron los límites al retiro de efectivo de dichas cuentas a la vista, que puso
fin al corralito financiero instaurado por Cavallo en diciembre de 2001.
Apuntando al acuerdo
196
? Guido, Pablo y Lázzari, Gustavo. Apuntes sobre la caída de la economía argentina. Fundación Atlas para una Sociedad Libre. En www.atlas.org.ar.
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Entretanto, y en el marco del default declarado por Rodríguez Saá, el gobierno nacional
seguía buscando un acuerdo con el FMI para reprogramar las deudas argentinas con el
organismo financiero. Las negociaciones estaban trabadas, y el gobierno de Duhalde
solicitó entonces el apoyo de los Estados Unidos aunque encontró poco eco en la
administración de George W. Bush, centrada por ese entonces exclusivamente en la lucha
contra el terrorismo internacional tras los atentados de las Torres Gemelas de Manhattan.
Según señalan los economistas Guido y Lázzari, “lo que convenció al FMI y a los
Estados Unidos de buscar un acuerdo fue evitar el efecto contagio en los países de la
región, particularmente de Uruguay, afectado severamente por las crisis de Argentina y
Brasil”197.
Las condiciones de la negociación exigían nuevos recortes fiscales principalmente en
las provincias y la eliminación de las cuasimonedas emitidas por ellas. Además el FMI
presionaba por la aprobación de cambios considerados fundamentales en la ley de Quiebras
y de Subversión Económica que produjeron tensiones en el gobierno.
En la primera de estas leyes se exigía el reestablecimiento del mecanismo que facilitaba
a un acreedor o a un tercero adquirir a bajo costo una empresa endeudada en un sistema
denominado cram down. Esta situación afectaba a muchas empresas del país por la
coyuntura económica, y tras la devaluación, las colocaba en desventaja ante un acreedor
extranjero. La segunda ley significaba, llanamente, la impunidad para directivos de bancos
que facilitaron la fuga de capitales del año anterior.
Finalmente, ambas leyes fueron aprobadas en el Congreso a fines de 2002 con ribetes
polémicos.
Pese a todos los cuestionamientos y puntos oscuros de la gestión Duhalde, el gobierno
estaba cumpliendo aceptablemente con las metas trazadas inicialmente: la estabilización de
la economía y la generación de las condiciones necesarias para un tránsito ordenado hacia
las elecciones presidenciales de 2003.
En el medio, el presidente de Uruguay, Jorge Batlle, señaló ante las cámaras –en
principio, sin saber que lo estaban grabando– que los argentinos eran “todos ladrones, del
primero al último”, declaraciones que generaron un conflicto bilateral que se resolvió más
tarde cuando el mandatario uruguayo se disculpó públicamente y entre lágrimas ante
Eduardo Duhalde.
En tanto, una ola de secuestros extorsivos (denominados express, por la inmediatez de
su concreción) comenzaron a reflejarse en todos los medios nacionales generando una
197 Íbid.
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suerte de psicosis colectiva potenciada por una serie de crímenes en el marco de violentos
asaltos y de los propios secuestros ocurridos en la provincia de Buenos Aires, y en especial
en el conurbano bonaerense.
Cultura limitada
La restitución por el Congreso del mecanismo de cram down para los casos de quiebras
dejaba en una situación sumamente frágil a los grupos de comunicación endeudados en el
país –y perjudicados notoriamente tras el derrumbe de la convertibilidad– que comenzaron
una campaña pública destinada a evitar ser absorbidos por sus acreedores198.
Los dos principales grupos de comunicación asumieron estrategias diferentes: el grupo
Telefónica se centró en su negocio más importante, la telefonía, y comenzó a desprenderse
de una parte de sus activos en medios. El grupo Clarín, por su parte, integró el núcleo de
las empresas más poderosas del país, reunidas en la Asociación Empresarial Argentina
(AEA). Aún con diferencias internas, esta asociación mantuvo un acceso fluido al
despacho del presidente Eduardo Duhalde (2002-03), apoyó la salida de la convertibilidad
y tanteó la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo de las deudas de las empresas.
El gobierno del presidente Duhalde impulsó, en ese contexto de presión interna, la
sanción de la ley de Defensa de Industrias Culturales, según Mastrini, “a la medida de los
intereses de los grandes grupos de medios, que tuvo límites claros e interesados: no se
discutían cuestiones de federalismo, de centralización administrativa, ni cambios en la ley
de Radiodifusión de la dictadura, ni se buscó promover la diversidad de productos y
productores culturales. La argentinidad quedó limitada, en la propuesta empresarial, a la
defensa de la propiedad argentina de industrias culturales, y más específicamente a la
defensa de los actuales propietarios”199.
En palabras de los periodistas del sitio web Segundo Enfoque, la ley de Bienes
Culturales “es un anhelo de lo más monopólico del espectro de medios de la Argentina”
impulsado por el Grupo Clarín en primer término y el diario La Nación, en segundo200.
198
? Mastrini, Guillermo. El poder y los medios de comunicación: ¿Cambió algo con el nuevo gobierno? Apunte de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA.199
? Íbid.200 La coartada: proteger la cultura para cuidarse el bolsillo. En www.segundoenfoque.com.ar, edición digital de junio de 2003.
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Según el texto del artículo segundo de esa ley, la propiedad de los medios de
comunicación pertenece a las empresas nacionales, y no podrá haber en ellos una
participación de más del 30 por ciento de capitales extranjeros. Y en el quinto, se establece
que no tendrá efecto para los medios el proceso de cram dawn, estipulado por la aprobada
ley de Quiebras argentina para que el acreedor tome parte del paquete accionario de la
empresa que le debe y no le paga.
Este proyecto ingresó al Senado y fue aprobado en junio de 2002. En la Cámara de
Diputados fue tratado el 28 de mayo del año siguiente, donde fue sancionado previa
modificación del artículo quinto: los acreedores extranjeros no podrán hacer uso del cram
dawn, pero sí los locales201. Cuando se aprobó hacía tres días que Néstor Kirchner era
presidente.
Golpe de timón
Finalmente, el ansiado acuerdo con el FMI se produjo en abril de 2003, e
inmediatamente el gobierno nacional efectuó un giro en su política exterior respecto de
Cuba y los Estados Unidos. La administración Duhalde –contrariamente a lo que había
hecho el año anterior– se abstuvo de votar en contra de los avances castristas sobre la
disidencia cubana de común acuerdo con Brasil. Sin duda, en la decisión pesó la opinión
del gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, por entonces candidato presidencial
respaldado por el caudillo bonaerense ante las inminentes elecciones.
Del mismo modo, el gobierno nacional suspendió un ejercicio militar combinado con la
fuerza aérea norteamericana y sus pares del Mercosur, ampliando el denominado plan
Águila III, y donde la mayor dificultad se centraba en el pedido de inmunidad que
habitualmente solicita los Estados Unidos para sus efectivos militares.
Con anticipación
El asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la
policía bonaerense el 26 de junio de 2002 había sido el detonante para que Duhalde fijara
fecha para las elecciones presidenciales. Los policías Alejandro Acosta y Alfredo
Franchiotti dispararon contra los militantes en medio de la represión desatada contra las
201 Íbid.
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agrupaciones piqueteras que protestaban en la zona del Puente Pueyrredón, que une
Avellaneda con Capital Federal.
Ante el trágico episodio, y en el marco de las sospechas sobre la supuesta intención de
perpetuarse en el poder, Duhalde se vio obligado a llamar a elecciones, las que fijó para el
23 de abril de 2003, reafirmando hasta el hartazgo que dejaría su cargo el 25 de mayo.
Lentamente, el “desconocido” gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se iba
posicionando en las encuestas de la mano de Duhalde. Kirchner fue consolidando su figura
presentándose como el referente de todo el arco antimenemista, y su alianza con Duhalde
le aportó básicamente una estructura nacional que fue fundamental para su proyección
electoral.
En tanto, para marzo todo el país hablaba de las tremendas imágenes que llegaban
desde la provincia de Catamarca, en la que se debía elegir candidato a gobernador.
Impedido judicialmente de participar en los comicios, el dirigente gastronómico Luis
Barrionuevo aseguró que se “robaría las urnas”. El gobernador catamarqueño Castillo lo
responsabilizó además por los desmanes provocados por grupos armados en la provincia.
En las calles se multiplicaban las voces que pedían la destitución de Barrionuevo como
senador nacional, aunque esto no sucedió gracias al apoyo de la mayoría de sus pares.
Pingüinos al poder
La desconfianza y antagonismo entre los precandidatos de origen peronista impedía el
consenso de un mecanismo electoral que permitiese asegurar la unidad partidaria de cara a
los comicios generales. En un primer momento se especuló con realizar elecciones a partir
de la denominada “Ley de Lemas” que nunca había sido utilizada en el país. De aprobarse
la norma, se permitiría que distintos candidatos de un mismo partido pudieran participar
directamente en la elección general salvando la instancia de comicios internos de los que
surgiría sólo un representante. Así, el candidato más votado engrosaría su caudal sumando
los sufragios que obtuviesen los contendientes de su mismo partido, por lo que una victoria
peronista estaría casi asegurada.
Finalmente, y aunque esa posibilidad no prosperó por su carácter inconstitucional,
tampoco se llevaron adelante las internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los
partidos que tuvieran más de un precandidato; una ley que había sido aprobada poco
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tiempo atrás y parecía transformarse en un primer esbozo de la reforma política que
reclamaba la sociedad.
En cambio, un congreso partidario controlado por Eduardo Duhalde autorizó a todos
los candidatos de origen peronista a participar en ese carácter en las elecciones, aunque sin
la posibilidad de utilizar los signos peronistas y sin aval partidario202. A través de esta
estrategia de “neolemas” –señala Isidoro Cherasky– Duhalde pretendía obstaculizar la
vuelta a la presidencia de su archienemigo Carlos Menem. Es que aunque el caudillo
bonaerense controlaba el aparato y logró mayoría en el congreso partidario, “se especulaba
que en las elecciones internas Carlos Menem resultaría triunfador. Es decir, que el ex
presidente era en el ámbito de los adherentes partidarios un líder de popularidad y que esa
condición podía contrarrestar el peso del aparato partidario”203. De esta manera, el entonces
primer mandatario evitó un enfrentamiento anticipado entre el riojano y su delfín, Néstor
Kirchner, que podría haberle traído un enorme dolor de cabeza.
Para sorpresa de muchos, el 23 de abril el dos veces presidente Carlos Saúl Menem
ganó la elección presidencial al sumar el 24,5 por ciento de los votos, seguido de cerca por
Néstor Kirchner (22,2%), y más atrás por el líder del centroderechista Recrear y ex
ministro aliancista, Ricardo López Murphy (16,4%); Adolfo Rodríguez Saá con el 14,11
por ciento; y Elisa Carrió, candidata de centroizquierda (14,05%), entre las primeras
ubicaciones.
Como el porcentaje obtenido por Menem distaba mucho del requerido para la
consagración inmediata, el riojano debió disputar el ballottage con Kirchner, el segundo
candidato que más adhesión había conseguido.
El ex presidente había logrado cuatro millones y medio de votos, es decir, que 1 de
cada 4 argentinos lo había elegido. Apenas unos meses había estado preso en una quinta de
Don Torcuato y era un cadáver político. “Ni el menemista más optimista podía esperar en
aquel entonces un resultado similar. Su envidiable cintura política, su manejo del ‘poder’ y
su relación tan personal con los más humildes hizo que ganara esta elección a pesar del
incansable trabajo en contra realizado por varios multimedios”204. En la elección había
participado el 78 por ciento del padrón y los sufragios blancos y nulos sumaron apenas 2,5
por ciento, cuando en la elección legislativa de 2001 habían alcanzado al 21 por ciento.
202 Los tres candidatos de origen peronista que compitieron en los comicios se postularon entonces bajo diferentes denominaciones: Carlos Menem participó a través del Frente por la Lealtad; Néstor Kirchner hizo lo propio en el marco del Frente para la Victoria, y Rodríguez Saá se postuló por la Alianza Frente Movimiento Popular.203 Cheresky, Isidoro y Pousadela, Inés. El voto liberado. Biblos, Buenos Aires, 2004. Pág. 45. 204 En www.politicayactualidad.com.ar, Anuario 2003.
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Pese a la victoria obtenida en la primera vuelta, el porcentaje logrado por Menem se
presentaba en principio como un techo a la proporción de sufragios que podría conseguir
en el segundo turno. Así lo indicaban todas las encuestas, que anuncian un triunfo rotundo
del gobernador de Santa Cruz. Más del 50 por ciento de los entrevistados en los sondeos
previos a la primera ronda afirmaba que no votaría nunca por el ex presidente, y los
porcentajes hablaban de un 65-25 y más a favor de Kirchner.
Menem tomó nota de las encuestas y finalmente decidió renunciar al ballottage, por lo
que al santacruceño, respaldado por el aparato duhaldista de la provincia de Buenos Aires,
sólo le restaba ultimar los detalles para relevar a Duhalde el 25 de mayo.
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ANÁLISIS
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Ausente con aviso(s) El gobierno K y la relación con los medios
Diez años de licencia
La prórroga de licencias de radio y televisión fue sin duda la medida más controvertida
que en materia de comunicación adoptó la administración de Néstor Kirchner desde el
inicio de su gestión.
Sorpresivamente, y sin que el tema apareciera en la agenda pública del gobierno o en
los grandes medios nacionales, el viernes 20 de mayo de 2005, el presidente resolvió por
decreto (527/05205) prorrogar todas las licencias de radios y TV abierta y por cable que
operan en el país. De esta manera, a los 15 años concedidos por la ley 22.285 de
Radiodifusión más la prórroga automática por 10 años –que contempla la misma norma– se
le añadió otra década. Así, los nuevos licenciatarios (como la empresa de Mario Pergolini y
Diego Guebel, 4k Holding S.A que acababa de adjudicarse una licencia para explotar la FM
106.9 Mhz) accedieron a una licencia por 25 años más la extensión por otros diez dispuesta
por el gobierno. En el caso de Radio 10 (de la empresa Voitionis, cuya propiedad está en
manos de Daniel Hadad y su mujer, Viviana Zocco) la licencia fue extendida por 20 años
ya que los primeros quince vencían en 2010. Esos cinco años restantes dejaron de
contabilizarse tras la prórroga del año pasado por lo que la empresa se benefició con diez
años de la extensión automática de la licencia más el adicional de otra década concedida
por el decreto presidencial.
No obstante, Hadad se favoreció más aún en el caso de Canal 9, una empresa que se
encuentra en concurso de acreedores y a la que la decisión gubernamental le dio respiro
hasta 2019 para normalizar su situación. De hecho, fue ése justamente uno de los
principales argumentos del gobierno a la hora de justificar la prórroga de licencias. Los
fundamentos del decreto 527 refieren a las “situaciones de rentabilidad negativa” que
experimentaron las empresas tras la crisis de 2001, en particular los licenciatarios de
medios de radiodifusión, “considerando los altos costos que deben afrontar para continuar
brindando satisfactoriamente la prestación a su cargo”. La norma señala asimismo que una
205
? Ver Anexo 13.B
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de las causas principales de la crisis que afectó a estas empresas es “su endeudamiento
externo, originado por la necesidad de contar con una infraestructura técnica actualizada”
por lo que “la situación de los medios audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad
que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económico-
financiera”.
En esa oportunidad, el jefe de gabinete nacional, Alberto Fernández, dijo a los
empresarios reunidos en Casa de Gobierno que a través de la prórroga “les estamos
permitiendo planificar a diez años más para que pongan en orden sus finanzas” y les pidió
que “dediquen parte de su programación a proyectos culturales y educativos”
comprometidos con “los valores culturales de una Argentina que va a cumplir dos
siglos”206.
Un razonamiento que se enmarca en el énfasis discursivo que el presidente Kirchner
destaca permanentemente respecto de la conformación de un “capitalismo nacional”. En esa
línea, y tras firmar la prórroga, el primer mandatario señaló que “queremos los medios en
manos de empresarios nacionales como ocurre en los países más serios del mundo”207.
206
? Reinoso, Susana. Kirchner prorrogó la concesión de las licencias de radio y TV; en La Nación, 21 de mayo de 2005.207 Ibíd.Esta alusión recurrente a la propiedad de los medios en manos del empresariado local tiene que ver con la sanción de la ley 25.570 de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”. Si bien la norma fue aprobada en el Congreso Nacional tres semanas después de la asunción de Kirchner (y promulgada el 4 de julio de 2003), el impulso decisivo se lo había dado el presidente saliente, Eduardo Duhalde.La ley favorecía básicamente a los dos principales grupos de comunicación que operan en el país (Telefónica y Clarín). Tras la devaluación de 2002 estos multimedios habían quedado en una frágil situación económica ya que durante los ‘90 se habían endeudado fuertemente en dólares. Asimismo, y tras la restitución a través del Congreso del mecanismo de cram down para los casos de quiebra, éstas y otras empresas de medios de comunicación quedaron a punto de ser absorbidas por sus acreedores. La ley de “Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales” impidió ese proceso y quedó circunscripta a los intereses de los grandes grupos de comunicación que ya habían puesto manos a la obra para evitar ser fagocitados por sus acreedores a partir del lanzamiento de una campaña pública y privada en defensa de los “valores nacionales”. En sus párrafos más importantes, la norma establecía (artículo 2º) que la propiedad de los medios de comunicación “deberá ser de empresas nacionales, permitiéndose la participación de empresas extranjeras hasta un máximo del 30% del capital accionario y que otorgue derecho a votos hasta por el mismo porcentaje del 30%”. Disponía también que los medios de comunicación que ya estaban en propiedad extranjera no serían alcanzados por las disposiciones de la nueva norma. Por último, el artículo 5º definía que tanto medios nacionales como extranjeros quedarían al margen de la ley de Quiebras (24.522), y en consecuencia, del temido mecanismo de cram down que había restituido el Congreso en virtud de las presiones de los organismos financieros internacionales con los que el gobierno de Duhalde buscaba desesperadamente un acuerdo y la salida del default declarada por el efímero presidente Adolfo Rodríguez Saá. En definitiva, la ley de bienes culturales proporcionaba un margen de acción a los propietarios de multimedios para renegociar sus deudas. Como dice Mastrini, “la discusión pública en torno a la defensa de las industrias culturales tuvo límites claros e interesados: no se discutían cuestiones de federalismo, de centralización administrativa, ni cambios en la ley de Radiodifusión de la dictadura, ni se buscó promover la diversidad de productos y productores culturales. La argentinidad quedó limitada, en la propuesta empresarial, a la defensa de la propiedad argentina de las industrias culturales, y más específicamente, a la defensa de los actuales propietarios” (Mastrini, Guillermo. El poder y los medios de comunicación: ¿Cambió algo con el nuevo gobierno? Apunte de la cátedra “Política y Planificación de la Comunicación” de la carrera
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Bajo esa óptica, el gobierno justificó las prórrogas a las dos empresas en concurso de
acreedores: Canal 9 y América (propiedad esta última de Carlos Ávila y José Luis
Manzano, cuya licencia fue extendida hasta 2022). En tanto, Canal 13 (grupo Clarín)
obtuvo licencia hasta 2025, mientras que Cablevisión y Multicanal, cuya explotación se
extendía hasta 2006, recibió 10 años más.
No obstante, la prórroga benefició también a dos grupos extranjeros: Telefónica208
–explota Telefé, Radio Continental y FM Hit– que retendrá su licencia hasta 2025, y el
grupo mexicano CEI, que explota cinco emisoras de AM y FM, entre ellas, la Rock & Pop,
que junto a Continental y Mitre, mantendrán su licencia hasta 2018.
El conocimiento público de la prórroga generó una serie de críticas por parte de
entidades y profesionales relacionados a la comunicación, quienes advirtieron que esta
decisión atenta directamente contra la sanción de una nueva ley de Radiodifusión, un
reclamo permanente desde la reapertura democrática de 1983.
De hecho, el propio secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur, se hizo eco de
estos cuestionamientos y señaló que una ley que reemplace a la 22.285 “es una asignatura
pendiente que debemos tomar en serio” y que debe hacerse conjuntamente entre el
Ejecutivo y el Parlamento209. No obstante, defendió la prórroga de licencias al encuadrarla
en la categoría de “decisiones de emergencia” que se toman “para resolver situaciones
críticas”. Un planteo que fue esgrimido constantemente por los funcionarios públicos del
área de la comunicación cada vez que debieron responder a cuestionamientos relativos a la
prórroga de licencias.
Según señala el director de la carrera de Comunicación de la UBA, Guillermo Mastrini,
el decreto presidencial arrojó por la borda una oportunidad única y necesaria para que las
empresas de medios rindieran cuentas ante la sociedad. Durante la crisis que estalló en 2001
de Ciencias de la Comunicación Social de la UBA). 208 El 17 de diciembre de 2004, el Comfer otorgó la prórroga automática de licencias a Canal 11, que luego se beneficiaría con otra década de prestación en virtud del decreto 527/05. Como señala Santiago Marino, aquella prórroga no hacía referencia alguna a Telefónica, actual propietaria del 11, sino a sus licenciatarios originales, es decir, Enfisur y Televisoras Provinciales, dos sociedades anónimas de capital nacional adquiridas por la empresa española. Un dato que no es menor, teniendo en cuenta lo establecido por la ley de bienes culturales sobre la propiedad extranjera de los medios de comunicación. Porque si bien esa norma no altera situaciones previas a su entrada en vigencia, cabe destacar que Canal 11 no tenía resuelto aún el pase de la titularidad de la licencia de Telefé a Telefónica.Por otro lado, cuando Telefónica inició el trámite para obtener la explotación de Telefé (en 2001) era a su vez propietaria de Canal 9 (en ese momento, Azul Televisión); una clara violación a la ley 22.285 que impide la posesión de más de una licencia del mismo servicio en la misma zona de cobertura a una persona física o jurídica. (Marino, Santiago. Análisis crítico de la política de comunicación en la argentina kirchnerista. Apunte de la cátedra de Política y Planificación de Medios. UBA, 2004).209Informe de Enrique Albistur ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional. 7 de junio de 2005. Ver Anexo 10.1.
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–dice Mastrini210–, en el marco de una pérdida de legitimidad del sistema político,
económico y cultural, los medios masivos de comunicación no fueron ajenos a los
cuestionamientos sociales. En los años siguientes, “la mayoría de los sectores cuestionados
ha tenido que sortear instancias públicas, en las que la ciudadanía pudo renovar o no la
confianza hacia los representantes (…) Sin embargo, los licenciatarios de medios, que tanto
critican a la clase política, no debieron someterse en estos últimos años a la revisión
pública de su actuación. ¿No hubiera sido el momento de que la sociedad debata
abiertamente qué hacer con los medios? ¿No es un buen momento para conocer las
propuestas de 1989, y analizar si los licenciatarios cumplieron con las promesas que les
permitieron adjudicarse las licencias?”211.
El propio subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto, en una entrevista realizada a
los fines de este trabajo, indicó en esa línea que los medios privados tienen que “hacer una
autocrítica” porque “también son responsables de la crisis que hemos tenido”. Sin embargo,
se mostró de acuerdo con la prórroga de las licencias y aseguró que de ninguna manera
debe interpretarse como impedimento en la discusión por una nueva ley de Radiodifusión.
“Estos diez años de hándicap de los medios privados hacen que se pueda pensar una nueva
ley de Radiodifusión a largo plazo, sin tantos apasionamientos ni tantos intereses a defender
en el corto plazo”. En ese sentido, expresó que “estamos más cerca de una nueva ley de
Radiodifusión porque hay un contexto político posible”, pero mientras no se apruebe un
nuevo marco legal, y hasta tanto no se fortalezca “a nuestros legisladores para que con
voluntad y decisión saquen esa ley (…), algo tenés que ir haciendo”212.
En 2003, cuando el actual interventor del Comfer, Julio Bárbaro, asumía su cargo y
prometía la rápida sanción de una ley que reemplazaría finalmente a la 22.285, negaba que
un decreto que prorrogaba por diez años las licencias de radio y televisión estuviera a la
firma del entonces presidente Eduardo Duhalde. Según Bárbaro, esa cuestión se discutiría
una vez que estuviera aprobada la nueva ley de Radiodifusión ya que “si se les diera
continuidad (a las licencias) antes de la ley, sería un problema enorme”213. Al año siguiente,
el interventor había cambiado de parecer, y en sintonía con el nuevo gobierno, aseguraba
que “habría que darles 10 años más a todos, para mantener la seguridad jurídica”214, al
210Mastrini, Guillermo. El poder y los medios de comunicación: ¿Cambió algo con el nuevo gobierno?, Op.cit. 211Íbid.212Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.213Marino, Santiago. Episodio 527 (05). El regreso de los clones. En Boletín PNC www.catedras.fsoc.uba.ar /mastrini.214 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
tiempo que destacaba las ventajas de contar con empresarios argentinos como Raúl Moneta
o Daniel Hadad en la propiedad de los medios. “Son de los nuestros, empresarios
nacionales”215, repetía.
Una apertura limitada
La modificación del artículo 45 de la ley de Radiodifusión (22.285) fue apoyada por el
Ejecutivo y los legisladores oficialistas en ambas cámaras del Congreso.
El 17 de agosto de 2005, la Cámara de Senadores de la Nación sancionó la ley216 que
modificaba el artículo 45 permitiendo que organizaciones sin fines de lucro (mutuales,
sindicatos, ONG’s) accedan a licencias de radio y TV; una posibilidad que estas entidades
venían reclamando conjuntamente desde hacía años.
La Corte Suprema de la Nación ya había declarado la inconstitucionalidad de este
artículo en septiembre de 2003 a partir del caso “Asociación Mutual Carlos Mujica contra
el Estado nacional”, considerando que marginaba de la propiedad de medios de
comunicación a las sociedades cuyas finalidades no eran lucrativas217.
No obstante, el Senado modificó el texto original del proyecto que había sido girado por
la Cámara baja, eliminando de un plumazo el párrafo que permitía el acceso a licencias por
parte de cooperativas, a excepción de aquellas zonas del país en que no hubiera otros
licenciatarios prestando el servicio. Esta disposición implicaba virtualmente la marginación
absoluta de las cooperativas, ya que a nadie escapa que los límites interpuestos por la nueva
norma confina a estas asociaciones a las zonas menos pobladas del país, y por ende, las
menos rentables a la hora de sostener económicamente la infraestructura necesaria para la
transmisión.
La modificación desató rápidamente la polémica. Mientras quienes respaldaban la
excepción de las cooperativas argumentaron que de esta forma se evitaban prácticas
monopólicas, cooperativas y entidades beneficiadas por la reforma criticaron duramente a
los senadores. A partir de la eliminación del artículo “se restringe severamente la difusión
de la pluralidad de ideas”, expresó el representante de la entidad que agrupa a las mutuales 215Becerra, Martín y Mastrini, Guillermo. Medios bárbaros. Boletín PNC, en www.catedras.fsoc.uba.ar /mastrini. Edición 8: octubre-diciembre de 2004. 216 Ley 26.053. Ver Anexo 13.C.217 Puntualmente, el artículo 45 de la ley 22.285 definía como potenciales licenciatarios a “las personas físicas o jurídicas con fines comerciales”, lo que –según el fallo de la Corte Suprema– era violatorio de los artículos 14, 16, 28 y 75 de la Constitución Nacional y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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argentinas, Luis Valledares, al tiempo que señaló que a los legisladores “no les incomoda
en cambio el monopolio que ejercen las empresas comerciales en el sistema de medios de
comunicación”218.
En esa línea, el abogado constitucionalista de cooperativas y mutuales, Miguel
Rodríguez Villafañe, recordó que las asociaciones cooperativas aseguraron en el país “un
acceso solidario y de calidad a las señales de televisión, al instalar antenas comunitarias.
Desde ellas, primero por aire y luego a través de cable, se logró unificar en igualdad y
accesibilidad, un servicio a disposición de todos los que quisieran sumarse a él”219, indicó.
Quienes hacían oír la otra campana, argumentando razones estrictamente económicas,
se mostraron de acuerdo con la marginación de las cooperativas, asegurando que su
participación en el negocio de la radiodifusión “distorsiona” la competencia privada. Así lo
entiende Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable
(ATVC) quien, tras mencionar las cargas tributarias diferenciales que pagan las
cooperativas en relación con las sociedades comerciales, apuntó que “la posición también
monopólica de muchas de esas cooperativas en la prestación de servicios públicos de la
zona les permitiría captar rápidamente a una masa de clientes ‘cautivos’ e intentar acciones
para aislarla de la competencia privada”220.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general del Sindicato Argentino de
Televisión (SAT) –uno de los gremios fuertes de Canal 7–, Alejandro Ruiz, indicando que
si una cooperativa del interior del país brinda “luz, gas, sepelio, y encima televisión por
cable, es absolutamente monopólica (…) Una cooperativa en un pueblo destruye los dos o
tres cablecitos que hay. Destruye fuentes de trabajo”, mientras que “con el nivel de ingresos
que tienen por otros servicios (las cooperativas) pueden fijar un precio que los mata”221.
No obstante, el proyecto de ley aprobado en Diputados buscaba poner coto a eventuales
prácticas monopólicas de las cooperativas sobre las que advertían las cámaras empresariales
de radio y televisión. Los diputados habían aprobado a fines de 2004 una norma que, entre
otras exigencias, establecía que toda cooperativas que obtuviera una licencia debería llevar
una facturación separada de sus otros servicios en tanto que no podrían financiar el medio
con fondos surgidos de esas prestaciones (electricidad, gas, luz, etc). Además, las
asociaciones cooperativas debían permitir a los competidores el acceso a su infraestructura.
218 Ceriani, Mariana; Fariña, Cecilia y Hambra, Eloy. Reforma del artículo 45: ¿un avance?; en Boletín PNC www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini.219 Íbid.220 Íbid.221Entrevista a Alejandro Ruiz. Ver Anexo 7.
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El cana l que no mi ramos
En tanto, otra de las iniciativas surgidas del partido gobernante en el área de la
comunicación fue presentada por el diputado transversal kirchnerista por Convergencia,
Miguel Bonasso. El periodista devenido en legislador elaboró un proyecto de ley que fue
aprobado en Diputados en octubre de 2004 en el que propone modificaciones al artículo 96
de la ley de Radiodifusión. Según este proyecto, el Comfer222 debería funcionar como un
organismo autárquico conducido por un directorio integrado por un presidente y seis
vocales. Cada cámara del Congreso propondría tres vocales. Tras la aprobación, el proyecto
fue girado al Senado, donde permanece en comisión sin ser tratado.
La Radiodifusión en el banquillo
La modificación del artículo 45, y especialmente la prórroga de licencias de radio y TV
–por tratarse de una iniciativa concreta del Ejecutivo– generaron críticas desde diversos
sectores relacionados a la comunicación, que expresaron a su vez su preocupación ante lo
que consideran una falta de voluntad política del gobierno para impulsar la sanción de una
nueva ley de Radiodifusión.
En el plano discursivo, no sólo ningún funcionario gubernamental se ha opuesto a la
sanción de una nueva ley sino que, por el contrario, se ha manifestado un amplio acuerdo
sobre la necesidad de impulsarla, poniendo el énfasis recurrentemente en que se trata de una
“deuda pendiente” y una “necesidad democrática”. Sin embargo, el impulso inicial del
nuevo gobierno, que dio cuenta en varias oportunidades de la pronta aprobación de un
nuevo marco regulador, aún no se ha expresado en los hechos.
Para Daniel Das Neves, secretario general de UTPBA, “el tiempo va indicando que
nada se cumple. Ni el canal (7) es lo que se decía que iba a ser al principio, ni salió la ley de
Radiodifusión sobre la que se juntaron muchos sectores, creídos que se iba a discutir una
nueva. Hoy discutir una nueva ley de Radiodifusión después de prorrogar la licitación de
frecuencias, en algunos casos hasta el 2025 es una mentira absoluta”223.
Para Mastrini, la modificación del artículo 45 y otras propuestas de reforma a la ley de
Radiodifusión que puedan impulsar los legisladores que responden al gobierno de Kirchner
siempre van a ser insuficientes, porque el cambio en la 22.285 debe ser radical. Según
222El Comfer depende actualmente de la Secretaría General de la Presidencia y permanece intervenido desde 1983, ya que la ley de Radiodifusión dispone que el organismo esté integrado por representantes de las Fuerzas Armadas.223Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6.
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señala, la modificación del artículo 45 cambia “algunas pequeñas partes para dejar la ley
(22.285) como está. Sino se cambiaría toda la ley y no a pedacitos y con nuevos parches”224.
Desde el ámbito político, en cambio, la medida fue ampliamente celebrada. El titular de
la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, el
oficialista Guillermo Jenefes, expresó que aunque “es nuestro anhelo y propósito alcanzar
la sanción de una ley integral de Radiodifusión, hemos introducido algunas reformas
parciales que nos parecían imprescindibles”225 en referencia a los cambios en el artículo 45.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática en
Diputados, el kirchnerista Osvaldo Nemirovsci, había mostrado su satisfacción cuando el
proyecto de modificación del artículo fue aprobado en la Cámara baja. Tras asegurar que
“daba vuelta la impronta ideológica de la ley”, el legislador había reivindicado que “lo
sacamos casi por unanimidad y con el apoyo de las cámaras empresariales de los mismos
medios privados, que son los que 20 años estuvieron en contra, porque hubo una política de
búsqueda de consensos”226. No obstante, diez meses más tarde, el Senado daría la media
sanción restante al proyecto eliminando por completo el párrafo que garantizaba el acceso
de las cooperativas a licencias de radio y TV. Esta decisión contó con el respaldo de las
cámaras empresariales que Nemirovsci había elogiado poco tiempo atrás.
¿Cuáles son las razones por las que se sigue postergando la sanción de una nueva ley de
Radiodifusión que data de la dictadura militar y que lleva más de un cuarto siglo en
vigencia? ¿Por qué –como plantea la ex diputada de la Alianza y el ARI, Irma Parentella–
un Ejecutivo que desde el día de su asunción ha puesto en práctica criterios heterodoxos en
el campo de la economía y ha demostrado tener una política clara en materia de derechos
humanos no remite al Congreso un proyecto de ley de Radiodifusión?
“El gobierno derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, [promovió] la
remoción de los jueces de la Corte Suprema ¿y no puede salir una ley de
Radiodifusión?”227, se pregunta Parentella, quien desde su cargo de legisladora realizó un
proyecto regulador para radio y televisión que perdió estado parlamentario en 2004.
Según el titular del SAT, Alejandro Ruiz, pese a que existen diversos foros y
organizaciones sociales que vienen debatiendo y promoviendo proyectos para la aprobación
de un nuevo marco regulatorio, “tiene que haber una voluntad política” de parte del
Ejecutivo, porque “los grandes oligopolios” de la comunicación ejercen fuertes presiones
224Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.225Entrevista a Guillermo Jenefes. Ver Anexo 3.226Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Ver Anexo 2.227 Entrevista a Irma Parentella. Ver Anexo 4.
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para mantener el statu quo en el mapa de medios228. “A veces me muero de risa con los
personajes que hablan de la ley de la dictadura. Sí, claro que es una ley de la dictadura (…)
Pero en realidad son muchos los que no quieren que cambie”229, dice Ruiz.
Mastrini da cuenta también de estas supuestas presiones aunque distingue tres niveles
de conflicto que impiden la sanción de una nueva ley. Por un lado, hay “tensiones internas
entre canales de cable, estaciones de televisión, empresas telefónicas (…) que cualquier
nueva ley llevaría a reposicionar. Entonces, cada una (de las empresas) consigue trabar a la
otra”230. El otro punto tiene que ver directamente con la presión de los medios sobre la clase
política: “Sería difícil hacer una nueva ley de Radiodifusión que no abriese o que no
significara una apertura de los medios a nuevos sectores de la sociedad civil”, lo que lleva a
los grandes medios a tomar una postura opositora en bloque. Así –continúa el docente– los
grandes medios “pueden influir mucho sobre las carreras de los políticos, y no cabe ninguna
duda de que los medios de comunicación presionan y juegan duro y mal. No sólo presionan,
sino que extorsionan a los políticos”231.
Por último, destaca también las pujas desatadas en el propio seno del Congreso entre
diputados y senadores. “En Senadores va a ser bravo [que se apruebe una ley que reemplace
228 Entrevista a Alejandro Ruiz. Ver Anexo 7.229 Íbid.230 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.231 Íbid.En ese sentido, Irma Parentella comenta una situación que recurrentemente debió afrontar cuando desempeñaba su cargo legislativo: “Todos los que opinábamos a favor de [una nueva] ley de Radiodifusión, los que queríamos poner determinados condicionamientos a la propiedad desmedida de medios, no aparecíamos nunca más [en los grandes diarios nacionales]. Una sola vez me sacaron una nota de opinión en Clarín sobre el tema del canal público. Después me sacaban si yo estaba en desacuerdo de que pusieran el IVA a los medios”. Y agrega: “Es absurdo que un tema que justamente tenía que ver con su actividad nunca tuviera difusión. Ellos decían [Clarín] que era un tema muy técnico que no les interesaba. El beneficio era que si vos no presionabas te favorecían en la campaña electoral, no te jorobaban”. Asimismo, Parentella destacó la excepción del diario La Nación como el único de los medios gráficos más importantes que reflejaba constantemente en sus páginas cuestiones relativas al debate por una nueva ley de Radiodifusión y la situación en el canal público. Entrevista realizada a Irma Parentella. Ver Anexo 4. Una situación similar observaron los periodistas Bernardette Califano y Luis Lozano respecto del tratamiento informativo que los diarios más importantes otorgaron, al día siguiente, a la firma del decreto presidencial que prorrogó las licencias de radio y TV por otros 10 años. “Salvo en el caso de La Nación, ninguno de los restantes diarios de mayor tirada presenta la nota en tapa y las coberturas que asoman en el interior son escuetas y poco desarrolladas”, señalan. Mientras que Clarín publica una noticia de cuarto de página en la sección “Sociedad” (página 56) –sin firma y referencia a fuente alguna–, Página/12 brinda una cobertura todavía menor ubicada en el suplemento “Espectáculos”. Por su parte, en Ámbito Financiero –medio generalmente crítico del gobierno kirchnerista– no se refleja la noticia, y de la misma manera en el caso de El Cronista Comercial, que si bien no sale durante el fin de semana podría haberse hecho eco de la prórroga el lunes 23 de mayo.En tanto, destacan que “La Nación es el medio gráfico que le dedica mayor atención a la sanción del decreto, con un artículo ubicado en la sección “Cultura”, que lleva la firma de Susana Reinoso y hace un análisis algo más crítico. No es un hecho menor señalar que la composición accionaria de este diario no posee medios televisivos ni radiales”, recuerdan los periodistas. (Califano, Bernardette y Lozano, Luis. Sorpresiva prórroga de las licencias de radiodifusión. En Boletín PNC www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini).
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a la 22.285] porque por ejemplo está el senador [y presidente de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Guillermo] Jenefes que es dueño de un
canal de televisión en Jujuy y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de
Teledifusoras Argentinas (ATA); o sea que es juez y parte”232.
No obstante, no son sólo opositores y académicos de la comunicación los que dan
cuenta de la existencia de fuertes presiones por parte de los multimedios que se oponen a la
sanción de una nueva ley de Radiodifusión. De hecho, el propio gerente de emisoras de
Radio Nacional, Roberto Brennan, explicó que la aprobación de un nuevo marco regulador
en el país “es difícil” ya que “cada dos años tenemos elecciones y dependemos de los
señores de los multimedios, quienes chantajean y a veces crean calumnias”233.
En tanto, y pese a que el subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto, asegura que
“se está más cerca”234 de una nueva ley de Radiodifusión, Irma Parentella, señala que “no
hay decisión del gobierno para modificar la situación de los medios”235 a partir de una
nueva norma. Sensación que ratificó tras haber mantenido un breve diálogo con el
secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, cuando aún se desempeñaba como
diputada nacional por el ARI. “Cuando se inicia el gobierno de Kirchner vienen a la
Comisión (de Comunicaciones e Informática) de Diputados, Julio Bárbaro y (Enrique)
Albistur, y entonces nos dicen ‘pónganse a trabajar’ (en un nuevo proyecto de
Radiodifusión). Yo fui a hablar con Oscar Parrilli y le pregunté:
–‘¿Cuál es la vocación de ustedes para la sanción de una nueva ley? ’.
–‘Mirá Irma –me dice–, para Kirchner por ahora no es una prioridad, pero en su
momento va a suceder’.
–‘Bueno, muchas gracias por lo que nos toca a los diputados’. –le respondí. Fui a
confirmar que efectivamente no iba a pasar nada”236, dice Parentella.
No obstante, la legisladora señala que de aprobarse finalmente una nueva ley “saldría
muy amañada. No se va a modificar mucho (…) Es como decir, nos movemos dentro de
determinadas normas y les damos participación a las radios comunitarias que son víctima
de los manejos y de la publicidad”237.
232 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.233 Exposición de Brenman en el marco de las “Jornadas del Sistema Nacional de Medios Públicos: análisis para un nuevo marco legal”, organizadas por las Comisiones legislativas de Libertad de Expresión y Cultura que se desarrollaron durante el 24 y 25 de junio de 2005 en el edificio Anexo del Congreso nacional. Ver www.hcdn.gov.ar/dependencias/cceinformatica/Jornadas_SNMP/SNMPSE_jornadas.234 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.235 Entrevista a Irma Parentella. Ver Anexo 4.236
? Íbid.237 Íbid.
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El diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci manifestó a mediados del año pasado que
se encontraba preparando un proyecto de Radiodifusión –que retomaba y modificaba el de
Parentella– que sería presentado “antes de fin de año”238. El proyecto nunca llegó al
Congreso y unos meses antes de que finalizara el año, Nemirovsci admitió que la remisión
del proyecto quedaría postergado para el 2006 debido a “distintos acontecimientos
políticos, electorales y de disfuncionamiento de la Cámara”239.
Básicamente, se refería a las elecciones legislativas llevadas a cabo el 23 de octubre de
2005. No obstante, al momento de presentación de este trabajo, no ha llegado al Congreso
para su tratamiento ningún nuevo proyecto de Radiodifusión.
Entretanto, e impulsado por el temor de que la sanción de una nueva ley de
Radiodifusión se postergue infinitamente, un numeroso grupo de sindicatos, organismos de
derechos humanos, facultades y carreras de comunicación e instituciones educativas en
general, han conformado la Coalición por una Comunicación Democrática, que impulsa la
Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia. La propuesta
sintetiza en 21 puntos los objetivos políticos que debería contener la futura ley, y ha
alcanzado un importante apoyo de personalidades y ciudadanos.
Se trata de una iniciativa que pretende presionar al gobierno y al Congreso, y
transformarse en un nuevo proyecto de Radiodifusión. En ella se pone especial atención al
peso del Estado en la propiedad y contralor del sistema de medios como requisito sine qua
non para garantizar a la población una comunicación diversa y pluralista que fortalezca la
democracia ciudadana. Los siguientes son algunos de sus puntos más importantes, e
incluyen tanto perspectivas globales como iniciativas puntuales que debería contener una
nueva ley de Radiodifusión240:Por su parte, Das Neves considera que hoy en día la sanción de una nueva ley de Radiodifusión quedaría desactualizada. “Tenemos que ir por una ley de Telecomunicaciones porque la ley de Radiodifusión es vetusta si uno tiene en cuenta el desarrollo que desde el ’80 [han tenido] las Telecomunicaciones. (…) No me puedo remitir solamente a tres canales. No aparece el cable, no aparece Internet, no aparece todo un fenómeno de las Telecomunicaciones”. Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6. 238 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Ver Anexo 2.239 Nuevo proyecto de ley de radiodifusión. Declaraciones de Osvaldo Nemirovsci; en el sitio web www.radioguiaeter.com.ar.240 El documento fue presentado a los presidentes de las dos cámaras del Congreso en agosto de 2004, en tanto que una delegación integrada por casi 40 representantes de sectores relacionados a la comunicación se reunió a esos fines con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y con el secretario de Medios, Enrique Albistur el 10 de septiembre del mismo año. Cabe destacar que el documento ya fue suscripto por más de un millar de organizaciones, incluyendo todos los gremios de la comunicación del país, desde los agrupados en la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de Medios de Comunicación Social (COSITMECOS), los vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), como los que integran la Federación de Trabajadores de la Comunicación (Fetracom), que pertenecen a la Central Argentina de Trabajadores (CTA). Asimismo, el documento fue avalado también por asociaciones de radios universitarias y cooperativas; las Carreras y Universidades de Comunicación de distintas partes del país; funcionarios de Radio Nacional y de la agencia oficial Télam; los organismos de Derechos Humanos y la Asociación Madres
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La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura
y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter esencial para
el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el derecho a
la información.
Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley deberá
impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o empresas o
instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o editorial, en el
marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos humanos. También
estará prohibida por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de publicidad oficial,
créditos oficiales o prebendas.
Las frecuencias radioeléctricas no deben transferirse, venderse ni subastarse. Nadie
debe apropiarse de las frecuencias. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la
comunidad (…) La renovación de las licencias estará sujeta a audiencia pública vinculante.
La promoción de la diversidad y el pluralismo debe ser el objetivo primordial de la
reglamentación de la Radiodifusión. El Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol
soberano que garanticen la diversidad cultural y el pluralismo comunicacional (…).
(…) Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la
propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y el control de los servicios de
radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y
oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y la diversidad (…)
Deberá mantenerse un registro público y abierto de licencias (…)
Los medios estatales deberán ser públicos y no gubernamentales. Deberán proveer
una amplia variedad de programación informativa, educativa, cultural, de ficción y de
entretenimiento garantizando la participación ciudadana y la atención a las necesidades de
la población. En todas las regiones del país se destinará una frecuencia a la recepción
gratuita del canal de televisión pública nacional y de Radio Nacional; y de igual forma se
reservará al menos una frecuencia para una radio y una emisora de televisión provincial y
una emisora de FM municipal. Los servicios de la radiodifusión universitaria constituyen
de Plaza de Mayo; organizaciones ciudadanas como Poder Ciudadano y el CELS; la Asociación Periodistas; organizaciones de base como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV), Barrios de Pie y la TV Piquetero; periodistas, docentes, escritores e historiadores argentinos como José Pablo Feinman, Mempo Giardinelli, Carlos Gorostiza, Félix Luna, Beatriz Sarlo, Pablo Sirvén, Héctor Timmerman, Héctor Tizón y Carlos Ulanovsky; y académicos internacionales del área de la comunicación como Antonio Pasquali, Armand Mattelart y Rosa María Alfaro.
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un sistema público de gestión autónoma y se reservará no menos de una frecuencia de
radiodifusión a cada una de las universidades públicas nacionales.
La ley establecerá cuotas que garanticen la difusión sonora y audiovisual de
contenidos de producción local, nacional y propia (…)
La autoridad de aplicación deberá respetar en su constitución el sistema federal y
estará integrada además por organizaciones de la sociedad civil no licenciatarias y por
representantes de las entidades representativas de los trabajadores de los medios y de las
artes audiovisuales.
Se creará la figura de la “Defensoría del público”, con delegaciones en las
provincias, que recibirá y canalizará las inquietudes de los habitantes de la Nación (…)
Respecto del documento, el ex director de la carrera de Comunicación de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), Damián Loreti, –y coautor del borrador sobre el que
se consensuaron finalmente los 21 puntos– señaló que una nueva ley de Radiodifusión
“debería generar cultura, identidad y pluralismo” al tiempo que destacó la presentación de
esta iniciativa de la sociedad civil “frente a la tentativa de monopolización y concentración
de los grandes medios”241.
Durante el encuentro en que la iniciativa fue presentada ante el gobierno nacional,
Albistur aseguró coincidir con los lineamientos principales, y aunque estimó que “podría
firmar los 21 puntos”242 hasta el momento no lo ha hecho.
Más allá de esta propuesta específica –en la que profundizamos dado el amplio apoyo y
consenso generado– los debates e iniciativas en torno de una nueva ley de Radiodifusión
son numerosos y constantes e integran a agrupaciones sociales, periodistas, políticos,
actores, ONG’s y organismos relacionados a la comunicación.
Un ejemplo de ello lo constituye la mesa redonda realizada a mediados de junio de 2005
–por convocatoria del Fondo Nacional de las Artes– que estuvo encabezada por el
dramaturgo Carlos Gorostiza, la periodista –y ahora diputada- Norma Morandini y el
educador Horacio Sanguinetti, con la coordinación de la periodista Magdalena Ruiz
Guiñazú. En esa oportunidad se reclamó un nuevo marco regulador para democratizar la
TV, se pidió la renuncia del actual interventor del Comfer, Julio Bárbaro, y la intervención
en el tema del ministerio de Educación de la Nación. Entre el público se encontraban
actores como Duilio Marzio y Villanueva Cosse, productores de espectáculos como 241Boletín PNC, edición agosto-octubre de 2004. Ley de Radiodifusión: Una deuda pendiente de este gobierno; en www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini.242 Íbid.
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Eduardo Bergara Leumann, profesores y estudiantes de comunicación y representantes de
ONG’s.
Este tipo de encuentros, como lo manifiestan sus organizadores y participantes, busca
abrir un debate en la sociedad respecto de la necesidad de una nueva ley que permita el
acceso y la participación de todos los sectores sociales en los medios de comunicación,
entendiendo a la comunicación y a la información como un derecho humano imprescindible
para la vida en democracia.
La importancia de un debate de este tipo, que involucre a todos los sectores, es resaltada
permanentemente por los altos funcionarios del área de la comunicación cuando se los
consulta o cuestiona por una supuesta falta de política de medios en general y públicos en
particular. De esta manera, y como se verá en detalle más adelante, cuestiones relacionadas
a cuál debiera ser la misión de los medios públicos, en qué marco legal deberían operar,
quiénes tendrían que dirigirlos y bajo qué criterios de programación y financiamiento, no
parecen estar incluidos aún bajo una mirada concreta y unívoca que genere consensos en el
seno del gobierno.
El propio jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández (de quien depende la Secretaría
de Medios) reconoció la falta de una política de medios públicos por parte del gobierno
nacional y la necesidad de implementar cambios en ese sentido243. Sin embargo, y como lo
han expresado en varias oportunidades los primeros funcionarios de la Secretaría de
Medios, el diseño de una política de medios públicos está relacionada a un debate más
amplio que debe incluir una reflexión sobre el sistema de medios en general. Un paso que el
gobierno no debe dar, alegan, sin la participación de los sectores sociales y hasta tanto no se
haya resuelto un tema que entienden como central: el aggiornamiento técnico de los medios
públicos, cuyo equipamiento no se renovaba desde hacía décadas.
En su presentación ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión del Senado nacional, Enrique Albistur señaló que se trata de una discusión
que “evidentemente tenemos que tomar entre todos ya que estamos hablando de los medios
públicos [porque] también está relacionada con otra asignatura pendiente con respecto a la
política de medios y que es generar una nueva ley de Radiodifusión”244.
En sintonía con el secretario de Medios, Julio Bárbaro señaló en una entrevista que “lo
que hace falta es un debate, pero no del gobierno, sino de la sociedad: la discusión debe
pasar por cuál es el lugar de los medios públicos (…) Es cierto que falta una ley de 243 Diario Clarín. Falta una política de medios públicos. Sábado 29 de mayo de 2004.244 Informe de Enrique Albistur ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional. 7 de junio de 2005. Ver Anexo 10.1.
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Radiodifusión que conciba el lugar de lo privado y el lugar de lo público, y falta una
sociedad que se ponga de acuerdo en estos elementos centrales”245.
En ese sentido, toda cuestión vinculada a la visión del gobierno nacional sobre el modo
en que deberían funcionar los medios públicos queda atada a la aprobación de una nueva
ley de Radiodifusión que sólo puede llevarse a cabo –señala sin más precisiones el
gobierno– a través de un debate que debe dar la sociedad.
En oportunidad de la presentación de Albistur en el Senado, el legislador Guillermo
Jenefes planteó al funcionario nacional que uno de los grandes problemas de los medios
públicos es la falta de una política clara sobre el modo en que deben financiarse. En ese
sentido, preguntó concretamente si en la visión del gobierno los medios públicos deben
sostenerse a través del presupuesto del Estado o mediante la venta de publicidad, es decir,
saliendo a competir con los medios privados246. Albistur respondió que “no hay que
prohibir nada”, agregando que “realmente hay que discutir todas estas cosas. Más allá de mi
opinión personal, tendríamos que generar mecanismos para empezar a discutir estas
cosas”247.
No nos detendremos ahora a analizar si el gobierno tiene definida una política de
medios públicos, si pretende evadir responsabilidades al supeditar una nueva ley de
Radiodifusión a un debate general, o si existe o no de parte del Ejecutivo una voluntad de
cambio en materia de comunicación. Sólo mostraremos aquí las diversas posturas
esgrimidas y dejaremos abiertos estos interrogantes para volver a retomarlos en las
consideraciones finales.
Detengámonos ahora en esta posibilidad de generar una discusión más amplia sobre la
comunicación, que exceda los límites del gobierno e incluya a otros sectores de la sociedad.
En principio, puede apuntarse que esta opción –que el gobierno califica como
imprescindible para la aprobación de una nueva ley de Radiodifusión– parece lejana. De
hecho, en foros y mesas redondas que debaten temáticas en torno de la comunicación, la
participación de ciudadanos que no están involucrados directamente en la cuestión es
escasa cuando no inexistente.
Por eso cabe preguntarse si existe hoy un verdadero debate sobre los medios de
comunicación; si luego de la crisis de 2001 se ha generado una mayor conciencia social
245 Vergili, Alicia. Discutimos la tontería y nunca lo esencial. Entrevista a Julio Bárbaro; en Revista Debate, N° 66, 18 de junio de 2004.246
? Informe de Enrique Albistur ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional. 7 de junio de 2005. Ver Anexo 10.1.247 Íbid.
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sobre la importancia que para la vida en democracia reviste una comunicación pluralista y
diversa. Además: ¿Por qué los ciudadanos que no tienen relación directa con la
comunicación se muestran poco interesados por una cuestión que puede afectarlos o
beneficiarlos directamente?, y en este caso, ¿cómo se puede extender el debate para integrar
a otros sectores sociales?
En estos tiempos, nadie duda de que los medios masivos de comunicación, y
especialmente la televisión, se erigen como un espacio privilegiado de información y debate
público sobre los diversos temas, circunscriptos a su vez al diseño de una agenda propia
que incluye unas temáticas determinadas en detrimento de otras.
Desde principios de los años ’90, a partir de la oleada privatizadora y las favorables
condiciones a la inversión privada en el país, los medios de comunicación fueron
concentrándose cada vez más. El mapa de medios e industrias culturales muestra una
continuidad desde los ’90 a la actualidad, donde la propiedad de los medios está en pocas
manos y la producción se centraliza básicamente en la zona metropolitana de Buenos Aires.
Según Mastrini, esta concentración genera “voces monocordes y poco diversas” que
implican un alto riesgo para la democracia ya que “no es posible pensar una sociedad más
democrática sin medios de comunicación que reflejen la diversidad política y cultural
existente en la sociedad”248.
Sin embargo, y como hemos visto, el debate sobre la democratización de la
comunicación rara vez aparece reflejado en los medios, y sólo parece reflotarse
esporádicamente cuando algún escándalo lo pone en agenda. Otras visiones más extremas
no admiten ni siquiera esa posibilidad. “No creo que el debate se dé espasmódicamente:
simplemente, no se da (…) ya que requiere de la independencia de todos los medios en los
que se instale. Por ahora no es un verdadero debate”, señala Gabriela Massuh, directora de
programación cultural del Instituto Goethe249.
A su vez, Mastrini entiende la cuestión a partir de tres niveles interrelacionados entre sí:
por un lado, una sociedad indiferente; por otro, unos medios de comunicación interesados
en ocultar todo tipo de debate que pueda poner en riesgo sus intereses; y por último,
organizaciones sociales, políticas y académicas de la comunicación que no han logrado
imponer el debate con la fuerza necesaria. “La sociedad no percibe la centralidad de los
248Mastrini, Guillermo. El poder y los medios de comunicación: ¿Cambió algo con el nuevo gobierno? Op. cit. 249 Pikielny, Astrid. Qué hacer con Canal 7. La función del canal público; en Revista Debate, Nº 66. 18 de junio de 2004, pág. 46.
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medios de comunicación y la formación de agenda. Y no se percibe la importancia de
participar en la decisión sobre los medios”250, indica.
Según dice, “los primeros que no quieren que esa preocupación se despierte son los
propios medios de comunicación (…). La sociedad y las organizaciones que intentan
representar a la sociedad no han sabido o no han podido darle la importancia que tiene el
tema. Y eso es un problema ya que no se lo podemos achacar a otros sino que tenemos que
pensarlo como propio. (…) Esta es una autocrítica que tenemos que pensar colectivamente,
porque a todos nos atañe con distintos niveles de responsabilidad”, finaliza251.
De aprietes y abrazos
“Hoy estamos apretando a los periodistas (con un fuerte abrazo)”. La frase, que pudo
leerse el 7 de junio de 2005 en todos los diarios nacionales y en algunos del interior con
motivo del Día del Periodista, llevaba la firma de la Secretaría de Medios y mereció la
crítica de varias entidades periodísticas y la desautorización del propio Kirchner.
“Yo me adhiero a las críticas. No estoy de acuerdo. Creo que tuvo las mejores
intenciones, pero yo no las comparto”252, dijo el primer mandatario durante un ágape
compartido con periodistas en la Casa Rosada al que asistió para bajarle el tono a la amplia
repercusión que había tenido el aviso.
En la oportunidad, Kirchner aprovechó también para reprender al autor intelectual de la
solicitada, Enrique Albistur, quien se mostró sorprendido por el aluvión de críticas
recibidas: “Yo creía que iban a tener el mejor sentido del humor, pero...”253, justificó.
La solicitada, que en otra situación probablemente hubiera circulado sin pena ni gloria,
vio la luz en un contexto de crecientes denuncias formuladas por entidades periodísticas
nacionales e internacionales sobre la supuesta presión del gobierno hacia periodistas y
editores, y por un manejo discrecional de la publicidad oficial para acallar voces y
favorecer a medios “amigos”254.
La reacción fue inmediata. La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
(UTPBA) expresó su malestar al señalar que “durante la actual gestión no han sido pocas
250 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.251 Íbid.252 Kirchner desautorizó un irónico aviso oficial sobre la prensa; en La Nación, 8 de junio de 2005253Íbid.254La solicitada ocupaba media página, y en grandes letras negras señalaba: “Hoy, estamos apretando a los periodistas (con un fuerte abrazo)”. Más abajo, y en caracteres más pequeños, completaba: “7 de junio. Día del Periodista. Saludamos a quienes día a día buscan la verdad, ejercen la libertad de expresarse sin temores y con su trabajo garantizan el derecho a la información para todos”. Firmaba la Secretaría de Medios de la Presidencia.
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las quejas de trabajadores de prensa ante la presión de algunos funcionarios” por lo que
pidió “no tomar a la ligera el significado y el alcance de las palabras”255.
Asimismo, políticos de la oposición también apuntaron contra la publicación. En ese
sentido, el jefe del bloque de diputados del ARI, Eduardo Macaluse, dijo que “es
indignante encontrarse con un aviso que más que un saludo o chiste parece una burla”, e
ironizó: “Hay que decir que por primera vez la publicidad oficial dice la verdad”256.
Las denuncias sobre presiones a periodistas cobraron notoriedad en 2004 y fueron
profundizándose durante el año siguiente, a partir de algunos escándalos que se detallarán
más adelante.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió en varias
oportunidades sobre la falta de libertad de expresión del gobierno kirchnerista evidenciada
a través de presiones directas y mediante el manejo de la pauta publicitaria. El gobierno,
por boca de Albistur, negó que esto sucediera y señaló que se trataba de acusaciones
“infundadas”. En una entrevista concedida al diario El Cronista Comercial, el funcionario
descalificó a ADEPA al indicar que la entidad “periódicamente saca algún comunicado
sobre la libertad de expresión y la presión a algunos periodistas sin dar datos ni nada. Me
parece una falta de responsabilidad total”257, indicó.
A fines del año pasado, un sondeo realizado por el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA) –que dirige el periodista Daniel Santoro– arrojó datos en torno de estas
cuestiones y las colocó en el centro del debate.
Sobre un total de 282 encuestas realizadas a periodistas de 18 provincias argentinas, el
38,7% señaló al gobierno actual como el que mayor presión ejerce sobre los medios desde
el retorno de la democracia, en tanto un 16,3 por ciento apuntó a la administración de
Carlos Menem y un 3,4 por ciento hizo lo propio con la gestión de Raúl Alfonsín.
En tanto, el 45,4 por ciento de los consultados reconoció haber recibido recientemente
llamadas coercitivas por parte de funcionarios públicos, de los cuales el 44,8 por ciento
afirmó no haber cambiado por esa razón el contenido de sus artículos, mientras el 26,5 por
ciento admitió haberlo hecho, y sólo el 3,4 por ciento dijo haber denunciado las presiones.
Asimismo, casi el 60 por ciento de los periodistas consideró que su actividad “está
condicionada” mientras que el 27,3 por ciento calificó de “complaciente” al periodismo
argentino. Por último, un 52 por ciento consideró que en el medio en que trabaja “hay
255Kirchner desautorizó un irónico aviso oficial sobre la prensa. Op. cit.256Íbid.257El secretario de Medios sale a desmentir las presiones K al periodismo. Diario El cronista comercial, 28 de octubre de 2004.
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libertad parcial”, mientras que, en promedio, la independencia de la prensa recibió un
puntaje de 6,6, sobre una escala del 1 al 10258.
Ejemplo paradigmático de lo anterior, por su amplia repercusión mediática, fue la
precipitada salida del periodista José “Pepe” Eliaschev de Radio Nacional, donde desde
hacía cinco años producía y conducía el programa Esto que pasa, de lunes a viernes de 18
a 20. El levantamiento se produjo a última hora del viernes 30 de diciembre del año pasado
y suscitó un fuerte rechazo por parte de colegas, asociaciones periodísticas y políticos de la
oposición que exigieron la inmediata restitución de la emisión.
La directora de Radio Nacional, Mona Moncalvillo, informó vía telefónica a Eliaschev
que la emisora no le renovaría el contrato para que su programa siguiera en el aire durante
2006. El hecho fue atribuido por el periodista a una imposición del jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, y de Enrique Albistur259.
En su presentación ante el Senado nacional –en junio de ese año–, el propio Albistur
había defendido la “pluralidad del sistema de medios públicos” a partir del caso de
Eliaschev, que en ese momento se encontraba aún al frente de su programa.
Ante una pregunta del senador Marino, el titular de la Secretaría de Medios destacó
entre otros ejemplos que Eliaschev trabajaba en Radio Nacional siendo “que de peronista
no tiene nada. Realmente, él es un crítico diario a nuestra gestión, y nosotros lo vemos bien
y tenemos buena relación con él”260, señaló Albistur en esa oportunidad.
ADEPA describió la salida del ex director de Radio Municipal como “un nuevo ataque
al periodismo independiente” y lo calificó de “escarmiento antes que un cambio en la
programación”. En ese sentido, la entidad remarcó que el anuncio fue comunicado al
periodista sobre el filo del año, por vía telefónica, y sin respetar los siete días hábiles de
preaviso establecidos por contrato261.
258Para los periodistas argentinos, la gestión de Kirchner es la que más presiona a la prensa. En www.cadal.org/prensa/nota, del 17 de noviembre de 2005.259Gaffoglio, Loreley. Amplio rechazo a la salida de Eliaschev de Radio Nacional . En La Nación, 3 de enero de 2006. 260 Informe de Enrique Albistur ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional. 7 de junio de 2005. Ver Anexo 10.1.Tanto las editoriales con las que Eliaschev abría diariamente su programa radial como los diversos artículos de opinión que publicaba en diferentes diarios y revistas contenían frecuentes críticas contra el gobierno de Kirchner. Por ejemplo, en declaraciones brindadas a la revista Debate –en junio de 2004– Eliaschev señalaba que mientras la administración Kirchner “se llena la boca (hablando) de su apego por la institucionalidad y la representación popular (…) no ha resuelto el tema de la discrecionalidad política en los medios del Estado”. Asimismo definía a Enrique Albistur como “un funcionario que no informa y que se maneja con absoluta discrecionalidad” e indicaba que en el gobierno existía “una concentración peligrosa de las decisiones y una gran oscuridad”. Pikielny, Astrid. Op. cit. Pág. 49.261Gaffoglio, Loreley. Op. cit 3 de enero de 2006.
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Por su parte, FOPEA definió la decisión de “arbitraria, imprevista y sin fundamentos”
y expresó su preocupación por “la creciente presión del poder político sobre periodistas y
medios”262. En tanto, el periodista Nelson Castro señaló que “en lo personal vengo
denunciando desde hace tiempo las formas de intolerancia crecientes por parte del
gobierno a los que se expresan de manera diferente”, por lo que no se mostró sorprendido
ante el hecho, mientras que el Partido Socialista indicó que si el gobierno confunde “un
medio público como Radio Nacional con una emisora sectaria de propaganda
gubernamental, va por el camino del hegemonismo”263.
Las denuncias fueron multiplicándose con el correr de los meses. El 20 de marzo de
2006, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer un duro informe sobre la
tensa relación que el gobierno nacional mantiene con los medios al tiempo que advirtió que
durante los cinco meses anteriores (octubre-febrero) la libertad de expresión en Argentina
siguió siendo afectada por “los ataques directos y subrepticios al periodismo
independiente, la agresión verbal y el desprecio por la práctica profesional del
periodismo”. Asimismo, se expresó que “la institucionalidad de la República se encuentra
amenazada por el poder presidencial que aumenta y la obstinada determinación por
imponer su voluntad en cada sector del Estado”264.
Tras criticar “la discriminación en la distribución de la publicidad oficial”, el informe
cuestionó la “agresión verbal” del propio Presidente contra algunos medios, como el caso
del diario La Nación, a quien el mandatario criticó con nombre y apellido durante un acto
público.
Por su parte, Kirchner salió a responderle a la SIP cuestionando a algunos de sus
integrantes y relacionándolos con la última dictadura uruguaya265.
Otro crítico informe contra la administración kichnerista fue realizado conjuntamente
por la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y el Open Society Institute (OSI)266 tras una
investigación desarrollada entre abril de 2003 y agosto de 2004 en el ámbito nacional y en
las provincias de Neuquén, Córdoba, Río Negro y Tierra del Fuego. Denominada “Una
censura sutil”, la investigación denuncia una serie de presiones directas contra los medios
por parte de funcionarios del gobierno nacional, tales como pedidos para que se despida a
262Íbid.263Íbid.264Libertad de prensa: critican al gobierno. En La Nación del 21 de marzo de 2006.265La difícil relación entre el gobierno de Kirchner y la prensa. En www.elojodigital.com.ar, del 7 de marzo de 2005.266Informe “Una censura sutil”, presentado a fines de 2005 por la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la Open Society Institue (OSI) de EE.UU. Ver www.adc.org.ar.
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periodistas o se saquen del aire programas de televisión. Mientras destaca “abusos”
relacionados con la pauta publicitaria, el informe señala también que “numerosos y
coherentes relatos de periodistas, editores y observadores de los medios revelaron que los
funcionarios de alto rango del Ejecutivo, en forma enérgica y regular, presionan e
intimidan a los directores de medios respecto de la información publicada o a punto de
serlo”.
Según se indica, existen casos en que asesores presidenciales han pretendido suprimir
programas críticos de televisión o forzar la salida de periodistas individuales, citando a
modo de ejemplo que en octubre de 2003 funcionarios de alta jerarquía intentaron cancelar
una nota crítica sobre el gobierno y separar a un periodista del programa político semanal
Día D Clásico, que conducía Jorge Lanata por América TV.
El trabajo elaborado por la ADC y el OSI indica además que “el gobierno actual ha
convertido el control del contenido de los medios nacionales en una prioridad que lleva a
cabo con sistemático vigor, sometiendo a los medios a un asedio subrepticio del
Ejecutivo”, y denuncia que los funcionarios del gobierno “han negado acceso a
instituciones e informaciones nacionales como represalia por coberturas críticas (…) De
manera similar, las decisiones sobre el acceso de los periodistas al avión presidencial,
Tango 01, con frecuencia son discriminatorias y guiadas por motivaciones políticas”,
finaliza267.
El reparto de la torta
Otro de los cuestionamientos fuertes que desde los primeros meses de su gestión
recibió el gobierno en materia de comunicación tuvo que ver con el reparto de la pauta
publicitaria oficial. La administración Kirchner fue acusada de “selectiva” y “favoritista” a
la hora de publicitar en medios gráficos, radiales y televisivos. Pero es importante destacar
que fue a través del decreto 1172/03268, por el que el actual gobierno se comprometió a
informar sobre el destino de los fondos de la publicidad oficial, que por primera vez en la
historia es posible analizar y criticar la distribución de la pauta.
Los datos oficiales de la Secretaría de Medios –por cuyas manos pasa la distribución
publicitaria– fueron difundidos por la ONG Poder Ciudadano a fines de 2004 a través de
un informe. De esta forma, se supo que la cartera de Albistur gastó 99.815.380 pesos entre 267Íbid.268 Ver Anexo 13.A.
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enero y noviembre de ese año, lo que implicó un aumento del 116 por ciento respecto de
los 46.267.906 pesos gastados en 2003. El argumento oficial para justificar tal incremento
señalaba que el nuevo gobierno tenía muchas obras que comunicar y que la única manera
de hacerlo era a través de la publicidad269.
No obstante, el monto de publicidad previsto en el Presupuesto 2004 era de 68.900.000
pesos que ascendería finalmente a casi 100 millones (un 30% más de lo establecido) a
partir de la reasignación de partidas efectuadas por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández,
en virtud de los denominados superpoderes que el Congreso le había otorgado.
Ese año, la mayor parte de esa cifra fue capitalizada por los canales de televisión
abierta que, en conjunto, recibieron 26.633.047 pesos, con la siguiente distribución:
América sumó 8.655.228, seguido por Canal 9 con 6.045.828; Canal 13, con 5.027.180;
Telefé, con 4.414.747; y Canal 7, con 2.490.064 pesos.
“Lo curioso es que esta preferencia del destino de la publicidad es inversamente
proporcional al rating de los canales”, destacó el informe de Poder Ciudadano270.
Efectivamente, según los datos de octubre de la medidora Ibope, Telefé se posicionó a la
cabeza del ránking de audiencia con 15 puntos, seguido por Canal 13, con 11,5; Canal 9,
con 7,6; América, con 3,8 y Canal 7 con 1,4271.
En ese sentido, se objetaron los criterios oficiales para la distribución de la pauta publicitaria en televisión abierta. Los canales que más publicidad recibieron en 2004
fueron justamente los que menores niveles de audiencia registraban. Sólo en Canal 7 la pauta publicitaria coincidía con el nivel de rating.
Bárbaro ensayó una respuesta que generó controversias. Según el interventor del
Comfer, el gobierno favoreció a América TV y Canal 9 –emisoras en convocatoria de
acreedores– porque “el Estado no ayuda según el rating, sino que sostiene a los canales que
la sociedad necesita”. En ese sentido apuntó: “La distancia en la magnitud de la facturación
entre Telefé y Canal 13, y los canales 9 y América es muy grande (…) El Estado banca a
los que se caen, porque si no nos quedamos con dos canales y el cable se quedaría con
todo. Así como durante la crisis le dimos una mano al Grupo Clarín”272, dijo.
Mastrini señala que este argumento es insostenible porque “con ese mismo criterio
saldrían [a pedir financiamiento] los canales del interior, que están diez veces más
269 Labate, Cecilia y Meirino, Juan. Publicidad oficial Argentina. PNC: Boletín Digital de Políticas de Comunicación. En www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini.270Se duplicó la publicidad oficial en 2004. Diario La Nación, 13 de noviembre de 2004.271Íbid.272 Reinoso, Susana. El manejo de la televisión por cable es poder. Entrevista a Jorge Bárbaro; en www.lanacion.com.ar, 6 de febrero de 2005
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quebrados que los de Capital, y no tienen mercado publicitario. Entonces ¿por qué el
gobierno nacional financia sólo a los canales de capital?”273, cuestiona el profesor.
En segundo término, los mayores montos de publicidad oficial fueron recibidos por los
diarios y revistas, que sumaron un total de 23.747.634 pesos. Entre ellos, y en primer lugar,
el diario Clarín percibió 7.626.369 pesos, y más atrás, se ubicaron La Nación, con
4.673.738; Página/12, con 4.408.843; Ámbito Financiero, 1.707.567; La Razón, 1.532.761;
e Infobae, con 713.188274.
En este caso, el informe de la Fundación Poder Ciudadano llamaba la atención sobre
otro punto contradictorio al contrastar la tirada de Clarín y La Nación con la de Página/12.
El primero recibió los mayores montos publicitarios, siendo a su vez el diario de mayor
tirada del país (350 mil ejemplares de lunes a sábado, y 785 mil los domingos, según el
Instituto Verificador de Circulaciones, IVC), mientras que La Nación (con 144 mil
ejemplares de lunes a sábado y 253 mil los domingos) se ubicaba segundo en tirada y pauta
recibida. En cambio, la tirada de Página/12, es –según Poder Ciudadano– “marcadamente
inferior” a los diarios de Ernestina Herrera de Noble y la familia Mitre.
Como Página/12 no es auditado por el IVC, “las cifras de venta fluctúan entre las
informadas por el área comercial del propio diario –95 mil ejemplares de lunes a sábado, y
136 mil los domingos– y el número que circula extraoficialmente, de 10 mil en la semana”,
señala el informe275. Como vimos, La Nación y Página/12 recibieron publicidad por
montos casi idénticos, lo que condujo a muchos, a través de los propios datos oficiales, a
cuestionar la supuesta falta de criterio del gobierno en el reparto de la torta publicitaria.
En octubre de 2004, Albistur señaló en una entrevista que las críticas eran “totalmente
inciertas”. “La Nación no es un diario oficialista y tiene la misma pauta que otros
medios… Además, ¿cuáles son los diarios oficialistas?”, se preguntó276.
Respecto de la publicidad en radios, la Secretaría de Medios informó que Radio
Nacional recibió los mayores montos de publicidad oficial (1.511.974 pesos), seguida por
Radio 10 y FM Mega (propiedad de Daniel Hadad), con 755.416 pesos; Rock & Pop y AM
273Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.274 La lista se completaba con Popular que recibió 684.570 pesos; el diario de la UBA, La U, con 641.670; Crónica, con 597.058; El Cronista, con 508.166; La Prensa, con 372.456; y el Buenos Aires Herald, con 128.429 pesos.275Se duplicó la publicidad oficial en 2004. Diario La Nación. Op.cit.276El secretario de gobierno sale a desmentir las presiones K al periodismo. En El cronista comercial, Op. cit.
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990 (en manos del grupo CEI) con 724.894; Rivadavia, con 637.552; América, con
521.080; y Continental, con 478.418277.
Como en los casos de televisión y diarios, en el rubro radial la distribución publicitaria
de 2004 tampoco respetó criterios de audiencia. Radio Nacional, que se llevó la tajada
mayor, se ubicaba en ese entonces en el séptimo puesto del ránking. Otro ejemplo es el de
Radio Mitre: segunda en las mediciones de audiencia, esta emisora quedó ubicada en el
décimo puesto de la lista de la Secretaría de Medios.
Esta situación se mantendría sin modificaciones importantes durante el primer semestre
de 2005, ya que nuevamente datos oficiales recogidos por Poder Ciudadano indicaban que
Radio Nacional seguía al tope de la lista de publicidad oficial (con 1.008.476 pesos), y
aunque había mejorado un poco su performance de audiencia, seguía aún muy lejos de los
primeros lugares (sexta entre las diez radios más escuchadas).
Sin embargo, en los rubros restantes se registraron cambios importantes. A diferencia de lo sucedido en 2004 –cuando la televisión fue el sector privilegiado por la publicidad
del gobierno–, entre enero y junio del año siguiente la mayor parte quedó en manos de diarios y revistas nacionales y del interior, que en total recibieron el 37% de la pauta
oficial. En tanto, la televisión recibió un 22%; las radios AM y FM de Capital Federal y del interior se repartieron el 19%; y los canales de cable, el 12. Más atrás quedaron la
publicidad en la vía pública (6%), los cines (3%) e Internet (1%).Aunque el Presupuesto 2005 estipulaba un gasto de 88 millones de pesos en publicidad,
durante el primer semestre del año ya se habían gastado 74.665.151 pesos, es decir, el 84
por ciento del presupuesto disponible. En octubre había elecciones, y Alberto Fernández
seguía utilizando sus facultades extraordinarias para publicitar los actos del gobierno.
Entre los canales de televisión abierta, América TV y Canal 9 dejaron de ser los
preferidos. Ahora, la pauta publicitaria se distribuía de un modo más acorde con el ráting
de cada emisora. En el primer lugar se ubicó Telefé al recibir 3.588.765, seguido por Canal
13, con 3.471.882; Canal 9, con 3.206.215; América con 2.059.795; y Canal 7 con
1.015.091.
En cuanto a los diarios, Clarín se mantuvo en la cima del reparto de publicidad oficial
con 7.153.177. La “novedad” –según la calificación de Poder Ciudadano– fue el ascenso
del diario Página/12 que “pasó a ocupar el segundo lugar en el reparto publicitario,
relegando a La Nación al tercero. Hasta el mes de junio, Página/12 había recibido del
Estado 4.492.942 pesos, contra los 3.705.401 recolectados por La Nación”278. La
277Más atrás se ubicaron radio El Mundo, con 440.270 pesos; La Red, con 410.254; Radio del Plata, con 388.957; Mitre, con 262.774; FM La Isla, con 264.084; radio Libertad/Blue 100.7, con 178.325; y FM Palermo 94.7, con 110.950.
278 Cómo se invierte el dinero de la publicidad oficial. Diario Clarín, 27 de septiembre de 2005.
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El cana l que no mi ramos
contradicción inicial se había profundizado: “Esta alteración en el criterio de distribución
del Poder Ejecutivo contrasta con la tirada de ambos matutinos: mientras que el de la
familia Mitre alcanza una venta promedio de 160.780 ejemplares de lunes a domingo y
259.126 los domingos, Página/12 tiene una tirada marcadamente inferior”279, insistía Poder
Ciudadano.
Sobre la supuesta presión gubernamental a partir de la publicidad, el fallecido
periodista Julio Nudler denunció en noviembre de 2004 ante el Senado nacional la no
publicación de una nota de su autoría –titulada “Títeres y Titiriteros”– por parte del diario
Página/12 debido a “su contenido crítico respecto del gobierno”. Según el periodista, esto
“no representa un hecho nuevo (…) porque también hubo muchas notas mías o de otros
periodistas que corrieron con la misma suerte, coherente con un estado de cosas en que se
ha generado una fuerte dependencia, en este caso de Página/12, pero que es extensible a
muchos otros medios, respecto del poder político. En este caso me refiero al gobierno
nacional”280.
Asimismo, señalaba que “hay medios que son económicamente vulnerables y, en
consecuencia, son de algún modo comprables, por ejemplo, con la pauta oficial de
publicidad”. Pero también apuntaba que “otros [medios] no son económicamente
vulnerables sino mucho más poderosos, como el caso de holdings como Clarín y La
Nación, en los que la gravitación de la pauta oficial es relativamente marginal o
directamente marginal”, y razonaba: “Por un lado, las empresas tratan de maximizar
ingresos; aunque los ingresos prodigados por la publicidad oficial no son decisivos”, y por
el otro, “hay cosas que el poder político puede brindar a cambio de una línea editorial
favorable de los medios, o bien la omisión de temas que son poco gratos para el poder
político”.
En ese sentido, Nudler recordaba que un gobierno puede tomar medidas que afectan
positiva o negativamente los negocios que los grandes grupos de comunicación poseen en
relación con su área específica o en otros rubros. “Un caso típico ha sido el de la
modificación de la Ley de Quiebras (…) que obviamente es una creación ad hoc dirigida a
ese sector, y en particular a algunas empresas de ese sector, una posición ventajosa frente a
sus acreedores externos”281.
279 Íbid.280Denuncia de Julio Nudler ante la Cámara de Diputados de la Nación el 18 de noviembre de 2004. Versión taquigráfica. 281Íbid.
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El cana l que no mi ramos
Según el informe “Una censura sutil”, la publicidad oficial en el diario Página/12
representa el 29% de la publicidad total, cifra que se reduce al 5% para Clarín y La Nación.
“Independientemente de ello –señala el documento– la asignación de publicidad oficial por
parte del gobierno nacional favorece clara e injustificadamente a ciertos medios –
generalmente amistosos hacia el gobierno de Kirchner– a expensas de otros”, y citaba
como ejemplo las asignaciones “desproporcionadamente elevadas al diario Página/12 y
América TV especialmente cuando se comparan su respectiva circulación y rating con el
de sus competidores”282.
El gobierno ha explicado en líneas generales cuáles son los criterios que han primado a
la hora de definir el reparto de la publicidad oficial. Ante un pedido realizado por el
Senado nacional en junio de 2005, la Jefatura de Gabinete –de la que depende la Secretaría
de Medios– señaló que tras definir el destinatario principal requerido por el organismo de
gobierno solicitante, y conforme al tipo de soporte publicitario seleccionado, se toman en
cuenta, entre otras variables: “El rating o la cantidad de audiencia; el tipo de medio; su
cobertura poblacional y geográfica; y la información disponible en materia de tirada y
circulación de publicaciones (IVC), mediciones de audiencia en radio y televisión e
investigaciones suministradas por los clientes, así como por los propios medios”283.
No obstante, se ha indicado ya que estos criterios no se aplican estrictamente, al menos
con relación a la audiencia. De todos modos, la respuesta de la Jefatura de Gabinete
flexibilizaba estos parámetros argumentando que “la finalidad de la comunicación es la que
determina el organismo solicitante en función de los objetivos que se requiera en cada
caso. Por ejemplo, ni los medios a emplear, ni el universo social, ni la cobertura geográfica
son iguales cuando se trata de campañas sociales orientadas a los sectores desocupados, o
bien (…) cuando las mismas se orientan a sectores de mayor consumo y nivel
socioeconómico como en el caso de la campaña de canje de la deuda externa”284.
Para Mastrini, “mucho más compleja” que el pago a periodistas con fondos reservados
durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa es “la relación que se ha
establecido entre los gobiernos y los medios a partir del reparto de la publicidad oficial”285
tras la devaluación, ya que a partir de la crisis de 2001 y la caída en la inversión
publicitaria, el Estado pasó a ser uno de los principales anunciantes. En ese sentido, plantea
que ante la política económica más heterodoxa –respecto de los gobiernos anteriores– que 282 Informe Una censura sutil realizado por la Asociación de Derechos Civiles (ADC) y la Open Society Institue (OSI) de EE.UU. Op. cit.283Informe de la Jefatura de Gabinete al Senado nacional. 8 de junio de 2005. Ver Anexo 10.2.284Íbid.285Mastrini, Guillermo. El poder y los medios de comunicación: ¿cambió algo con el nuevo gobierno? Op.cit.
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El cana l que no mi ramos
lleva adelante el gobierno de Kirchner, y a partir de su actitud más frontal en el área de
derechos humanos, los grandes medios se posicionaron claramente.
Analizando los primeros 18 meses del gobierno kirchnerista, Mastrini señala que los
diarios La Nación y Ámbito Financiero, así como la Editorial Atlántida, se mostraron
abiertamente opositores al gobierno, mientras el grupo Clarín “ha impulsado un
indisimulado apoyo al ministro Lavagna” (luego reemplazado por Felisa Miceli) y el grupo
Telefónica –a través de Canal 11, Canal 9 y Radio Continental– “ha moderado su posición
mientras se renegocian los contratos con las privatizadas”286.
En cuanto a Daniel Hadad –comprador de Canal 9– el docente destacaba en 2004 que
“ha resultado uno de los propietarios de medios que más ha variado en los últimos meses.
Luego de apoyar en la campaña de Menem, y de ser un fuerte crítico y agorero tanto del
gobierno de Duhalde como en los primeros meses de Kirchner, ha moderado
sustantivamente sus opiniones”287. Como se ha indicado, Canal 9 fue –junto con América–
la emisora que más apoyo gubernamental recibió en 2004, primero a partir de la prórroga
de licencias y en segundo lugar a través del reparto de la pauta publicitaria.
Según el informe de la SIP, dado a conocer a comienzos de 2006, los medios que
reciben las mayores cantidades de publicidad oficial “han suavizado claramente las críticas
hacia el gobierno”. “Tal es la situación –agrega el documento– en periódicos masivos
como Clarín, medio a quien no pocos lectores identifican como oficialista en sus opiniones
(…) Otros medios como La Nación, y más recientemente Infobae [propiedad de Hadad],
suavizaron sospechosamente sus opiniones contra la administración central”288.
En tanto, según las denuncias recogidas en el informe “Una censura sutil”, funcionarios
de alto rango del gobierno nacional “habitualmente hacen objeto de presión e intimidación
inaceptables a los propietarios de medios, editores, e incluso a periodistas individuales para
que morigeren las críticas al gobierno de Kirchner, o para que se manipule la cobertura de
noticias a su satisfacción”289.
286Íbid.Mastrini apunta que durante 2004 el diario La Nación, a partir del reclamo del sector agroexportador afectado por las retenciones, cuestionó permanentemente la política de derechos humanos y de seguridad del gobierno de Kirchner. Ámbito Financiero se opuso en tanto medio difusor del pensamiento neoliberal ortodoxo en economía, mientras que Editorial Atlántida criticó la política de seguridad, haciéndose eco de los reclamos del ingeniero Juan Carlos Blumberg y regalando velas para participar en las marchas que el padre de Axel organizaba para cuestionar las políticas de seguridad. 287Íbid.288
?La difícil relación entre el Gobierno de Kirchner y la prensa. Op.cit.289 Informe Una censura sutil. Op.cit.
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Estas situaciones –señala el informe elaborado por la ADC y el OSI– “dispara olas de
autocensura que inhiben a salas de redacción completas y son capaces de silenciar incluso
a los periodistas más valientes”. En ese sentido, la investigación califica la presión a partir
de publicidad como “censura indirecta”, es decir, “formas más sutiles en que los
funcionarios del gobierno interfieren con la libertad de los medios y la independencia
editorial en Argentina, a diferencia (…) del acoso legal o actos de violencia o intimidación
contra periodistas”.
En este contexto, la demanda judicial iniciada por Albistur –en julio del año pasado–
contra la revista Noticias estaba destinada a levantar aún más polvareda. La querella fue
presentada en el juzgado federal de Jorge Ballesteros a partir de un artículo –al que habían
precedido otros de similar tenor– que criticaba la distribución de la publicidad oficial y
atacaba puntualmente al secretario de Medios. Por primera vez desde su llegada al poder,
el gobierno judicializaba las relaciones con un medio opositor.
Concretamente, la demanda remitía a una nota presentada en la tapa de Noticias
titulada “El repartidor”290, a la que acompañaba una foto de Albistur en una playa de
Cariló. El funcionario querelló al periodista Darío Gallo –quien firmaba el artículo en
cuestión–, a los empresarios Alberto Guido Fontevecchia, Jorge Alberto Fontevecchia, y a
Luis Ángel Moretti, director jurídico de la editorial Perfil.
Según el funcionario, esta imagen tenía analogías con la foto que el reportero gráfico
José Luis Cabezas, asesinado en Pinamar en 1997, había tomado al empresario Alfredo
Yabrán y que también había sido publicada por la misma revista.
Albistur se manifestó “ofendido y agraviado”, destacando que “los querellados han
excedido largamente el normal ejercicio de su derecho de prensa e información”. En la
demanda se indicaba además que el texto publicado “está plagado de aserciones
agraviantes directas, con muy escasa mención de supuestas fuentes”.
El artículo de Darío Gallo acusaba a Albistur de “comprar la simpatía de medios y
periodistas”, cambiando publicidad oficial por “elogios para el gobierno y silencio ante las
carencias oficiales”. En tanto, atacaba al funcionario por tratarse del primer publicista que
encabezaba la Secretaría de Medios de la Nación, y tras enfatizar los altos montos de
publicidad distribuida por el organismo, se animaba a una dura y sarcástica comparación:
290El título completo de la nota era: “El repartidor. Pepe Albistur, cajero de la millonaria publicidad oficial”. Y agregaba en la bajada: “Distribuye un presupuesto de 100 millones para obligar a la prensa a contar los éxitos oficiales. Desde la Secretaría de Medios usa el dinero de todos para hacer negocios con amigos. Está lejos de ser un ideólogo pero quedará estigmatizado como el responsable de la forma impúdica en la que el gobierno compra silencio”. La nota se desarrollaba en seis páginas interiores bajo otro título: “El señor de los avisos”. (Gallo, Darío. El señor de los avisos. En Noticias, 29 de enero de 2005, N° 1466).
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“Haber colocado a Enrique Albistur es algo así como poner a un sexópata de preceptor en
un colegio de señoritas”, indicaba.
En el mismo tenor, la nota remitía a la sociedad comercial entre Albistur y el dueño de
América TV, Carlos Ávila, quienes a través de la firma Rainbow Publicidad y Wellon
explotan los 3 mil carteles publicitarios de marcos verdes que están distribuidos en
diversas zonas de la ciudad de Buenos Aires, según había revelado el empresario
paraguayo a Noticias unos meses atrás.
En esa línea, la publicación recordaba –como ya se ha visto– que América fue una de
las emisoras de TV abierta que más publicidad oficial recibió durante 2004, a partir de
dudosos criterios aplicados por el gobierno. “Pese a que Ávila aseguró que eran socios
[con Albistur], y que recibía publicidad oficial, ningún organismo de control del Estado
pareció darse por enterado. La Oficina Anticorrupción, por ejemplo, no cree necesario
investigar cómo es posible que Albistur le entregue dinero del Estado en forma de avisos a
su socio en las carteleras de la vía pública”, ironizaba el artículo.
Pero la querella del secretario de Medios excedía esa nota en particular y agregaba que
desde hacía meses, en la misma revista, “menudean también las furiosas críticas e
imputaciones al mismo jefe de gabinete y al propio presidente de la Nación”, lo que según
el periodista Horacio Verbitsky iba más allá de cualquier agravio personal y denotaba “en
forma ostensible que la acción judicial buscaba penar opiniones críticas contra el
gobierno”.291
Finalmente, Albistur retiró la demanda, según dijo, después del “cariz que tomaron los
acontecimientos” y de la eventual “utilización política” que alguien pudiera hacer del
suceso292. Especialmente, cuando restaban menos de tres meses para las elecciones
legislativas del 23 de octubre, y cuando la candidata a senadora del gobierno, Cristina
Fernández, se imponía claramente en las encuestas a Hilda “Chiche” Duhalde, su principal
competidora.
Asimismo, el funcionario señaló que antes de iniciar la acción judicial había
conversado el tema con Alberto Fernández, así como lo hizo cuando decidió desistir de
ella. Pese a esto, no ahorró críticas al señalar que “Noticias tiene actitudes extorsionadoras
[y que] para vender dos o tres ejemplares más hace cualquier cosa”293.
291Verbitsky, Horacio. Ni penas ni olvidos. Diario Página/12, 3 de julio de 2005.292El secretario de Medios dio marcha atrás con la querella contra Noticias. En Clarín, 2 de julio de 2005.293Íbid.
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El cana l que no mi ramos
No obstante, según otras versiones, fue el propio Kirchner quien obligó a Albistur a dar
marcha atrás con la querella294. Cuestionado por periodistas de diversos medios –revela
Verbitsky– el secretario de Medios admitió su error y ofreció su renuncia al Presidente,
que no fue aceptada295.
En tanto, las autoridades de Perfil aprovecharon las aguas revueltas para dejar en claro
que Noticias no recibía publicidad oficial y sus periodistas tenían prohibido el ingreso a la
Casa Rosada. En la querella, se indica que tanto el artículo cuestionado como los restantes,
constituyen un “avieso procedimiento extorsivo” por parte de la revista, destinado a “torcer
el análisis y las decisiones” del gobierno en torno de la distribución de la publicidad. Según
Albistur, una semana antes de la publicación de “El repartidor”, Noticias le envió una carta
solicitando avisos –incluida como prueba en la demanda– y afirmando que durante la
campaña publicitaria sobre el canje de la deuda, el gobierno había discriminado a las
revistas Noticias y Fortuna –ambas de Perfil– al no otorgarles ningún aviso.
Más allá de las intenciones económicas que, según el funcionario, ocultaba la nota de
Noticias –y sin desconocer la presión que pueden ejercer y habitualmente ejercen los
medios–, el eje de la discusión en este caso debería girar principalmente en torno del
reparto de la publicidad oficial y de los criterios de su distribución, ya que el gobierno no
sólo tiene la obligación de informar sobre los destinos de la pauta sino que además debe
distribuirla del modo más equitativo y con la mayor transparencia.
Respondiendo a los cuestionamientos de Noticias, Albistur dio crédito a todas las
denuncias sobre el reparto discrecional de la pauta publicitaria efectuadas por medios y
entidades periodísticas al sostener que el gobierno no le otorgaba publicidad oficial a la
revista de Perfil porque se trataba de “una decisión política”, y que, por lo tanto, no había
necesidad de mayores argumentos296.
294Albistur, retado por Kirchner, retira demanda contra la revista Noticias. En www.elojodigital.com.ar, 2 de julio de 2005.295Verbitsky, Horacio. Ni penas ni olvidos. Op.cit.Verbitsky recuerda que al asumir, el propio Kirchner había desistido de una demanda contra el columnista patagónico Bernardino Zaffrani, y que durante el primer año de su gestión, ordenó a su ministro Julio de Vido que suspendiera una querella contra la titular del ARI y actual diputada nacional, Elisa Carrió.296Albistur, retado por Kirchner, retira demanda contra la revista Noticias. Op. cit.
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Disculpen las molestias, estamos trabajandoGestión, debates y olvidos en torno del canal público
Cada nuevo gobierno implica una nueva gestión en Canal 7. La solicitada publicada en
octubre de 2004297, con motivo del 53º aniversario de las transmisiones de canal 7, fue el
punto de partida oficial para abordar la problemática del canal estatal. Allí quedó
expresado que la Secretaría de Medios de Comunicación, a cargo de José “Pepe” Albistur,
es el organismo gubernamental que planificará las políticas públicas necesarias para
resolver los problemas estructurales que tiene Canal 7.
En ese texto el gobierno expresó su “firme decisión política de ponerlo en el lugar que
se merece”. Para ello, enumeró tres objetivos concretos:
Jerarquizar las funciones de los trabajadores del canal.
Modernizar el equipamiento técnico y las instalaciones.
Aumentar en cantidad y extensión territorial las repetidoras.
A partir de este diagnóstico, el gobierno afirmó que buscaría que Canal 7 se convierta
en una señal “competitiva”, generadora de productos de consumo interno y exportables, al
igual que las “mejores emisoras estatales del mundo”.
Además, se comprometió a cumplir con las funciones tradicionales del servicio
público: informar, formar y entretener. Pero hay algo entre las intenciones que se distingue
del resto y que se podría interpretar como un claro avance republicano. Casi al final del
texto, la Secretaría de Medios deslizó que el canal cumplirá esas tres funciones “en virtud
de las necesidades de la gente y el Estado, no de los gobiernos”. ¿Qué quiere decir esto?
Que la actual gestión se comprometió a des-centralizar el funcionamiento y dirección del
canal de las áreas del gobierno. O, como dijo Leonardo Bechini, por entonces director del
área de Ficción y Entretenimientos de la emisora a un sitio de Internet: “Hasta ahora fue un
canal gubernamental. La idea es que ésta sea la última gestión política de Canal 7. Que
vayamos camino a un canal público, donde las autoridades se elijan por concurso y que los
mandatos excedan los de turno”298.
Por eso, luego de haber descrito los lineamientos generales de la política de medios,
profundizaremos el análisis en la gestión que el gobierno del presidente Kirchner lleva
297 El texto completo se presenta en el Anexo 11.298 En www.television.com.ar. Entrevista realizada por Juan Ignacio Borsato el 4 de diciembre de 2003.
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adelante en Canal 7, así como los principales lineamientos políticos en torno de la
televisión pública. En ese sentido, se distinguirán dos esferas de análisis: por un lado, la
descripción de las iniciativas concretas que se instrumentaron al cabo de los últimos dos
años, que incluyen el re-equipamiento tecnológico, el acceso a la cobertura nacional de la
emisora pública, el desarrollo de la cadena Telesur y los proyectos de nuevas emisoras en
carpeta; y por otro, la presentación de las opiniones de los principales actores políticos y
sociales en relación con la formación de un verdadero servicio público de televisión,
haciendo hincapié en aquellos criterios fundamentales para darle sustento económico y
funcional dentro del sistema de medios. De ahí, la importancia de la solicitada publicada en
los diarios, pues en ella se vertieron los conceptos e intenciones del gobierno (al menos
discursivamente) para revertir la histórica indefinición que es Canal 7.
Sitio en construcción
Desde la Secretaría de Medios de Comunicación –organismo gubernamental que
delinea la gestión política del canal y del resto de los medios que conforman el Sistema
Nacional de Medios Públicos (SNMP)– argumentaron que estos primeros años de
gobierno del presidente Néstor Kirchner constituyen una etapa de emergencia y transición
hacia un nuevo Canal 7.
Según el subsecretario nacional de medios, Juan Gabriel Mariotto, “ya no se discute si
el canal tiene que ser del Estado o no”299, como se planteó durante el gobierno de Carlos
Menem en la década del ’90. “Por supuesto que tiene que ser del Estado”300, agregó, y dijo
que antes de pensar en los lineamientos de una emisora ideal previamente hay que concluir
con una instancia primaria: la etapa de la reconstrucción técnica. Como indica Mariotto,
“no se puede hacer la televisión que nosotros soñamos con cámaras atadas con alambre y
que los japoneses se quieren llevar a los museos. Con esta técnica no estamos en
condiciones de ponernos objetivos de una programación ideal que el Estado debe
asistir”301.
En ese sentido, durante la Secretaría de Medios desplegó una serie de medidas
orientadas a revertir los problemas técnicos que tiene Canal 7 y que, dado el estado de
abandono y desinversión tecnológica en que se encontraba, se volvieron estructurales. El
299 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.300 Íbid. 301 Íbid.
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organismo que dirige Albistur está trabajando en dos proyectos para Canal 7. Por un lado,
avanzó en la instalación de nuevas repetidoras para recuperar la cobertura nacional de la
señal, y desde 2005 se puso en marcha un plan trienal para actualizar el equipamiento
tecnológico que data de 1978.
Por eso, no se discute el financiamiento por vía de la venta de publicidad (que en las
actuales condiciones sirve para producir la programación) dado que la mayor parte del
presupuesto asignado por el Ejecutivo se destina para cubrir los gastos operativos, los
salariales y las inversiones técnicas que llegan de la mano de partidas extra-
presupuestarias. “En esta circunstancia de reconversión técnica, no nos animamos a aislar
el tema y renunciar a la publicidad comercial”302, dijo el funcionario.
Mayor cobertura, a toda hora y en todo el país
A casi un año de iniciado el nuevo gobierno, el director de Planeamiento y
Desarrollo del Comfer, Ignacio Cingolani, sostuvo que Canal 7 cubría sólo el 38
por ciento de la geografía del país303. Hacía años que, dada la profunda crisis
económica y social, los municipios habían descuidado y abandonado las
repetidoras que retransmiten la señal originada en Buenos Aires.
A fines de 2004, el interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos, Ricardo
Palacio, ordenó un estudio técnico preliminar para identificar las zonas donde se podría
lograr la mayor cobertura posible, y en febrero de 2005, Néstor Kirchner firmó el decreto
84304, que autorizó la instalación de diecisiete nuevas repetidoras en capitales provinciales
y grandes centros urbanos, que se sumaron a las 270 que ya existían. Según Mariotto305, las
flamantes antenas estarán funcionando a pleno para julio de 2006306.
Con la instalación de estas 17 antenas, los responsables del área consideraron que la
señal de Canal 7 alcanzará en un 70 por ciento la cobertura nacional.
302 Íbid. 303 Entrevista a Ignacio Cingolani. “Decir que Canal 7 es nacional es una mentira, porque sólo llega al 38% de la población”. En www.r-ta.com. Abril de 2004.304 Ver Anexo 12.C.305 Entrevista realizada a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.306 Las nuevas antenas fueron establecidas en las ciudades de Río Gallegos (Santa Cruz); Santa Rosa (La Pampa); San Luis (San Luis); La Rioja (La Rioja); Córdoba y Río Cuarto (Córdoba); Neuquén (Neuquén); Mendoza y San Rafael (Mendoza); Salta (Salta); San Salvador de Jujuy (Jujuy); Comodoro Rivadavia (Chubut); Bahía Blanca y Junín (Buenos Aires); San Juan (San Juan); San Carlos de Bariloche (Río Negro) y San Miguel de Tucumán (Tucumán).
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El costo total de las antenas fue de 15 millones de pesos y fue financiado a través de los
Aportes del Tesoro Nacional307, que son recursos que administra el Ministerio del Interior y
no la Secretaria de Medios. En 2004, Albistur manejó un presupuesto de 36 millones de
pesos para el canal, los cuales bastaron para pagar los sueldos del personal y los gastos
operativos. El presupuesto “nunca alcanza para la reconversión [tecnológica] y la
programación”308, dice Fabián Roggero, uno de los delegados del Sindicato Argentino de
Televisión (SAT) en el canal. Ese año, la programación se financió con lo generado por la
publicidad. Se calcula que en 2004, por ejemplo, la venta por publicidad generó 15
millones de pesos, y en 2005 otros 17 millones. El resto de la programación se cubrió a
través de la contratación de coproductoras.
Lavado de cara y plan trienal
En materia de imagen, Canal 7 inició el 2005 con cara nueva. El emblemático
edificio ubicado en avenida Figueroa Alcorta y Tagle fue finalmente reparado.
Luego de años de descuido y abandono, las lajas de hormigón se habían
despegado de las paredes externas de la emisora produciendo filtraciones.
Cuando los trabajos terminaron, el enorme cartel que muestra el logo del canal –
exactamente en la puerta principal– apareció firmado por una reconocida marca
de pintura que canjeó tarros de pinturas por la publicidad: “Canal 7 pinta con
Tersuave. El poder de la pintura”.
Además, se reemplazaron las viejas camionetas Dodge (modelo 1974) por
cuatro nuevos móviles Partner que Peugeot cedió a cambio de otro cartel
publicitario colocado en la terraza del canal.
Pero los cambios más significativos no se instrumentaron en la fachada y en las nuevas
camionetas. La novedad provino del anuncio que hicieron el secretario de Medios y el
interventor del SNMP el 7 de junio cuando se reunieron con los senadores que integran la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Ese día,
307 Los ATN se financian con el 2 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias y el 1 por ciento de la masa coparticipable total. Durante la presidencia de Carlos Menem, estos fondos se giraban a las provincias en su totalidad, pero hacia fines de los ’90 se decidió restringir el uso de estos recursos, con la fijación de un cupo en la ley de Presupuesto, debido al uso discrecional y abusivo que la administración menemista había realizado de los ATN. En 2004 se limitó a 80 millones de pesos, de los cuales sólo se distribuyeron a las provincias 56 millones, y en 2005 se transfirieron 92 millones de una partida presupuestaria igual que la del ejercicio anterior.308 Vergili, Alicia. Qué hacer con Canal 7. Una asignatura pendiente; en Revista Debate, N° 66, del 18 de junio de 2004, pág. 42.
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Ricardo Palacio informó que una partida extra de 20 millones de pesos había sido asignada
al presupuesto 2005 del SNMP para implementar el ansiado plan de re-equipamiento
tecnológico. Según manifestó el interventor, se llegó a un acuerdo con los técnicos del
canal y de los sindicatos para planificar en tres etapas el proyecto de modernización y
redactar los pliegos de la licitación internacional, por medio de la cual se compraron los
primeros equipos.
El plan implica, entonces, una inversión de 60 millones de pesos que se irán destinando
durante tres años, a razón de 20 millones de pesos por período. La primera etapa se ejecutó
en 2005 y consistió en la compra de diecisiete cámaras nuevas de última generación, de las
cuales nueve fueron asignadas para el área de noticias y ocho para la de producción
artística.
Durante 2006 se comprarían otras ocho cámaras para completar la dotación del
noticiero que tendría en total diecisiete filmadoras de exteriores. Además, se adquirirían
treinta cámaras de estudio para mediados de ese año. Así, se lograría trabajar casi con la
misma cantidad de equipos que tenía ATC cuando en 1978 se inauguró la nueva emisora
para el mundial de fútbol. En un informe de la subgerencia de Relaciones Institucionales
del canal, se consigna que, de las cuarenta cámaras que entonces tenía el canal, en estos
últimos años se trabajó con sólo trece, ya que el resto o bien presentan graves problemas de
deterioro o bien –como sostiene el diputado Osvaldo Nemirovsci309– fueron desarticuladas
durante la administración Sofovich y desaparecieron.
Esta segunda etapa también comprende la remodelación de los controles de los seis
estudios. Ello significa la puesta en funcionamiento de las consolas de audio y sonido y de
las islas de edición no lineal que la emisora no tenía.
Finalmente, durante la tercera etapa –que se ejecutará durante el 2007– se completará
con la compra de lo que los técnicos llaman “elementos periféricos”, que son aquellos
equipos que requieren menores inversiones.
Este plan es el mismo que ideó el ingeniero Cesar Gerbassi en 2001 cuando era gerente
de técnica del canal y que no pudo llevar a cabo por falta de presupuesto.
Telesur: una propuesta ajena
309 En la entrevista concedida para esta tesis, el diputado Nemirovsci dice: “En la década de los ’90 [Canal 7] se desmanteló, se llevaron muchas cámaras (había 42 cámaras, creo que quedan 16)”. La misma denuncia la reitera en el programa Huella digital del jueves 24 de junio de 2004, en donde identifica tal accionar con la gestión de Gerardo Sofovich. Ver Anexo 2.
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En el discurso ante la Asamblea Legislativa el 25 de mayo de 2003, el presidente
Néstor Kirchner fijó los alcances de la política exterior que gravitarían durante su
gobierno: “Partidarios de la multilateralidad como somos, no debe esperarse de nosotros alineamientos automáticos sino relaciones serias, maduras y racionales que respeten las dignidades que los países tienen”310, y en seguida sostuvo que la prioridad sería “la construcción de una América Latina políticamente estable, próspera, unida, con bases en los ideales de democracia y de justicia social”. Tal definición significó un giro importante respecto de la tradición aperturista (con eje en Estados Unidos) que habían sostenido los presidentes Carlos Menem y Fernando De la Rúa.
En virtud de estos conceptos y de la estrecha relación diplomática y financiera que la Argentina asumió con el gobierno de Venezuela311, puede leerse el compromiso con la iniciativa Telesur.
Según el director del nuevo canal latinoamericano, el periodista uruguayo Aran Aharonian, el ideólogo original de esta iniciativa fue Fidel Castro quien, en el marco de un congreso de comunicación en La Habana, propuso desarrollar una CNN latinoamericana. La idea entusiasmó a los periodistas reunidos en el simposio (la mayoría de ellos corresponsales de medios alternativos), pero también advirtieron que para llevarla a cabo y ponerla en funcionamiento a lo largo del sub-continente se necesitaba de una importante estructura comunicacional y, por supuesto, de un mecenas financiador.
Pero eso ni siquiera se constituyó en problema, porque el sueño de inmediato comulgó con el proyecto bolivariano de la ‘Patria grande’ que quiere desarrollar el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en Sudamérica. Para ello, la renta petrolera que genera Venezuela312 sirve efectivamente para financiar Telesur y dar curso al objetivo de la integración cultural de los pueblos latinoamericanos, que promueven los directores de la cadena. “Telesur representa una alternativa al discurso único de las
grandes cadenas informativas, al tiempo que se erige como herramienta al servicio del
ideal de integración de las naciones y pueblos latinoamericanos”313, sostiene Aharonian en
el editorial de presentación del sitio web de Telesur.El canal latinoamericano Televisora del Sur S.A. es una empresa multiestatal
creada por el gobierno venezolano, y en la que participan Cuba, Bolivia, Venezuela y
310 Discurso presidencial de Néstor Kirchner del 25 de mayo de 2003. Ver www.presidencia.gov.ar.311 Luego de la salida del default, el gobierno de Kirchner adhirió a una nueva política de financiamiento externo. Canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional y, desde mayo de 2005, aprovechó la liquidez petrolera del gobierno de Chávez, que ya lleva comprados unos 2.800 millones de dólares en bonos de deuda argentina.312 Según la Dirección de Finanzas de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la ganancia para 2005 fue de 6.500 millones de dólares. Para más información, ver www.pdvsa.com. La renta petrolera de Venezuela creció al mismo tiempo que aumentó el precio del barril de petróleo, el cual se ubica en 66 dólares y es de lo más alto en los últimos veinticinco años.313 Aran Aharonian. Telesur, un canal para la integración; en www.telesurtv.net.
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Argentina. El principal centro productor y difusor está en Caracas, en la capital del país que es su principal accionista, con el 51 por ciento. El resto de las acciones se distribuyen entre los países que intervienen en la propuesta: Argentina (20 por ciento), Cuba (19 por ciento), Bolivia (5 por ciento)314 y Uruguay (10 por ciento), aunque en enero de 2006 el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, retiró la participación de ese país315.
Mientras Venezuela contribuyó con seis millones de dólares, Argentina aportó la estructura de Canal 7 (donde se montó la corresponsalía de Buenos Aires) y el compromiso de producir cien horas mensuales de contenido audiovisual que están realizando universidades y productoras privadas. Según la Jefatura de Gabinete, el Estado argentino firmó un convenio con Venezuela, por el cual la participación en la cadena informativa tiene una duración de cinco años, con posibilidad de prorrogarlo por un período similar316.
En relación con su estructura organizativa, Telesur tiene una Junta Directiva presidida por el ex ministro de Información Pública de Venezuela, Andrés Izarra, y por Aharonian. Además, tiene un Consejo Directivo formado por cinco representantes latinoamericanos (entre los que, en 2005, se encontraba Ana de Skalon, por entonces directora de Noticias de Canal 7). Luego tiene un Consejo asesor integrado por veintiséis intelectuales, entre quienes se destacan los argentinos Pino Solanas; el premio Nóbel, Adolfo Pérez Esquivel, el politólogo Atilio Borón, y el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano.
En toda América tiene distribuidas nueve corresponsalías: Bogotá (Colombia), Brasilia (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Caracas (Venezuela), Ciudad de México (México), La Habana (Cuba), Montevideo (Uruguay), La Paz (Bolivia) y Washington (Estados Unidos). Además, en el seno de Telesur se creó la Factoría Latinoamericana de Contenidos (FLACO), un instituto que se encarga de recopilar el material audiovisual generado por aquellos realizadores regionales que estén interesados en divulgar sus producciones a través de la emisora.
Telesur inició sus emisiones el 24 de mayo de 2005 a través del satélite NSS 806. Dos meses después, y precisamente a 222 años del nacimiento del líder de la independencia latinoamericana, Simón Bolívar, se realizó el acto de inauguración de las transmisiones estables bajo las amenazas de la Cámara de Representantes de
314 En el marco de la cumbre presidencial que se realizó a fines de abril en Asunción (Paraguay), el presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó el ingreso de ese país a Telesur, adquiriendo el 5 por ciento de las acciones.315 Según el sitio R&TA (www.rt-a.com), Vázquez no estaba de acuerdo con la línea editorial que promueve Telesur, centrada en el enfrentamiento con EE.UU. Hace poco más de un mes, el ministro de Cultura, Jorge Brovetto, afirmó que su país no integraba la red impulsada por Venezuela, porque esa asociación nunca se tramitó ante el Parlamento. También detalló que el gobierno había pedido a la señal abstenerse de mencionar la participación del país y que se retiren de la emisora los símbolos uruguayos, “porque la asociación no se ha concretado”, aseguró el ministro. 316
? Respuesta de la Jefatura de Gabinete al Senado de la Nación, el 8 de junio de 2005. Ver Anexo 10.2.
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Estados Unidos que, unos días antes, había aprobado una enmienda que tenía como objetivo contrarrestar el eventual discurso antinorteamericano de la cadena informativa por medio de transmisiones paralelas. Telesur “es una amenaza para Estados
Unidos; trata de minar el equilibrio de poderes en el hemisferio occidental”317, dijo el senador Connie Mack,
representante republicano por Florida.
El efecto logrado fue el contrario: en vez de atenuar sus permanentes críticas contra el gobierno de los
Estados Unidos, el día de la inauguración Chávez se mostró más duro y verborrágico que de costumbre.
En ese sentido, Telesur reabrió el debate que hace veintiséis años se impulsó en el seno de la UNESCO,
cuando el grupo de los Países No Alineados (NOAL) denunció la urgencia de un Nuevo Orden de la
Información y la Comunicación (NOMIC), el cual se correspondía con la proclama más general por un Nuevo
Orden Económico Internacional, entonces dominado por dos potencias militares, como eran Estados Unidos
y la Unión Soviética. Eran años de Guerra Fría y en 1977 este grupo de países del Tercer Mundo promovió –
con el respaldo de la URSS– la “Comisión Internacional sobre Problemas de la Comunicación”318. Su
presidente, el irlandés Sean MacBride, presentó el informe final en la Conferencia General de la
UNESCO en Belgrado, en 1980, denominado Un solo mundo, voces múltiples.
Comunicación e información en nuestro tiempo, más conocido como Informe MacBride319.
Según Marcial Murciano, el informe no logró el consenso necesario para superar las
posiciones que se manifestaron durante los años que duró el debate, pero su importancia
histórica residió en “el hecho de que los países del Tercer Mundo consiguieron a finales de
la década de 1970 la suficiente fuerza política para impulsar una comisión de investigación
(...) y de esta forma hacer emerger en la escena internacional una serie de temas que hasta
317 Colonna, Lucas. Se lanzó Telesur con un mensaje contra EE.UU.; en www.lanacion.com.ar, 25 de julio de 2005.318
? A fines de los ’70, en el seno de la UNESCO había dos doctrinas de pensamiento contrapuestas sobre la circulación internacional de la información y la cultura. Los países desarrollados de Occidente promovían la tradición liberal heredada por la estructura internacional de la comunicación que habían montado las grandes agencias de noticias, a partir de alianzas comerciales. Después de la Segunda Guerra Mundial, los monopolios informativos representantivos de EE.UU., Inglaterra y Francia se habían repartido el mundo en zonas de influencias y habían aceptado, en coincidencia con el poder político, la idea de la libre circulación (free flow) de la comunicación y la cultura. A partir de 1970, esta matriz se enfrentó con la posición que adoptó el Movimiento de Países No Alineados que reivindicaban una política de soberanía nacional al mismo tiempo que defendían la necesidad de establecer una nueva doctrina de intervención y responsabilidad de cada Estado en la esfera de la comunicación internacional, con el objetivo de construir un sistema informativo equilibrado e interdependiente.319 El informe McBride realizó importantes recomendaciones. Por ejemplo: “Las necesidades de una sociedad democrática en materia de comunicación deberían quedar satisfechas mediante la formulación de derechos específicos tales como el derecho de ser informado, el derecho a informar, el derecho a la protección de la vida privada y el derecho a participar en la comunicación pública, que encajan todos ellos en ese nuevo concepto que es el derecho a comunicar. (…) Procede emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información”. MacBride, Sean. Un solo Mundo. Voces Múltiples. Comunicación e Información en Nuestro Tiempo. Fondo de Cultura Económica (FCE) y UNESCO, México, D.F., 1980.
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ese momento no habían sido reconocidos por el conjunto de la comunidad
internacional”320, sostiene el investigador.La iniciativa de la actual cadena Telesur despertó apoyo de diversos sectores,
inclusive de aquellos más críticos a la hora de referirse a la gestión de medios del gobierno de Néstor Kirchner. “Como organización, apostamos a un proyecto como
Telesur”, dijo en ese sentido Daniel Das Neves, secretario general del gremio UTPBA321,
puesto que “estamos de acuerdo con la idea de que como habitantes de esta tierra que se
llama Latinoamérica tenemos que tener una voz que exprese nuestras sociedades, nuestras
ideas, nuestra cultura”. Sin embargo, Das Neves también consideró que “para llegar a un
proyecto de Telesur fuerte, hay que tener un Canal 7 fuerte. Es difícil pensar en un Telesur
fuerte y un Canal 7 débil”322.
La misma perspectiva adoptó Guillermo Mastrini, quien -pese a valorar el proyecto-
sostuvo que “si no se administra bien Canal 7, también es muy problemático pensar en
administrar un canal latinoamericano”323. Para el director de la carrera de Comunicación
Social de la UBA, se trata entonces de una iniciativa que no se explica en una política
integral de comunicación. “Son como acciones... sale Telesur... pero no hay una política
del gobierno. (...) Me da la sensación que nadie está pensando y apostando a Telesur, (...)
que el gobierno argentino entró en un paquete más grande donde [el proyecto de la cadena
regional] no era la parte que le interesaba”324.
320 Murciano Martínez , Marcial. Estructura y dinámica de la comunicación internacional. Bosch, Barcelona, 1992.321 Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6.322 Íbid.323 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.324 Mastrini alude al contexto en el que el gobierno argentino firmó la incorporación de la Argentina en el proyecto Telesur. El 1° de febrero de 2005, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estuvo en Buenos Aires donde firmó con su par argentino, Néstor Kirchner, la participación del país en la cadena de noticias regional en el marco de una serie de acuerdos comerciales que incluyó la alianza entre Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para la exploración, explotación y transporte de combustibles. En el acto que se realizó en Casa Rosada, Chávez se comprometió a enviar al país ocho millones de barriles de fuel oil y un millón de gasoil durante ese año, para colaborar en la crisis energética que atravesó Argentina. A cambio, Venezuela recibió cinco mil vacas Holando Argentino para mejorar genéticamente la ganadería de ese país, equipos para el tratamiento radiológico de personas con cáncer y ascensores para hospitales. “El interés del Gobierno está puesto en la profundización de la alianza entre PDVSA y Enarsa para la exploración petrolera, refinación y distribución de combustibles”, aseguró por entonces al diario La Nación el subsecretario de Política Latinoamericana, Darío Alessandro, actual embajador argentino en Cuba (cita extraída de la nota “Chávez llegará al país a ratificar acuerdos”; en www.lanacion.com.ar, 29 de enero de 2005).
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En cambio, para el subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto –que participó del
acto inaugural de la señal junto al diputado kirchnerista Miguel Bonasso–, no existe esa
supuesta contradicción que supone insertar a Canal 7 en un megaproyecto regional. “Ese
debate va a poder asistir en breve en condiciones de encauzar la programación que el
medio del Estado debe proveer. Venezuela ha iniciado la alternativa de Telesur, a la que ha
seguido Cuba, Uruguay y la Argentina. Partimos de algo nuevo, con buena tecnología, en
un momento político común de América Latina”325, sostuvo el funcionario.En materia de contenidos, los responsables de Telesur declararon que destinarán el 45 por ciento de la
programación a información y el resto a documentales y cine latinoamericano. Según el periodista
colombiano Jorge Botero, director de información de la emisora, la intención es producir una agenda
informativa propia y realizar un enfoque contextualizado de la noticia. Para Mariotto, máximo responsable de
la propuesta en Argentina, ese objetivo implica “un plus respecto de las televisoras comerciales”,
porque supone pluralidad de opiniones y, por ejemplo, “cuando se aborda el caso haitiano,
aparecen todas las voces que confrontan desde su espacio y desde su profundidad. Aparece
entonces el contexto: cuando se habla del caso de Haití, no se habla de una fotografía de lo
que pasa en Haití hoy; se habla de Haití desde la colonización, desde la profundidad de la
historia”, dijo el funcionario en una charla sobre Telesur que se desarrolló en la facultad de
Ciencias Sociales de la UBA326.
Esta línea de pensamiento se corresponde con la política editorial definida por los
directores de Telesur: “Apoyar la integración de los pueblos latinoamericanos en la lucha
contra el pensamiento único y la hegemonía”327. O bien, como dice Aran Aharonian en el
sitio de internet del canal: “El objetivo es el desarrollo y la puesta en funcionamiento de
una estrategia comunicacional televisiva hemisférica de alcance mundial que impulse y
consolide los procesos de cambio y la integración regional, como herramienta de la batalla
de las ideas contra el proceso hegemónico de globalización”328.
El resto de la programación se completa con ciclos de cine clásico latinoamericano y de
películas contemporáneas, producidas en países no latinoamericanos y ajenas al sistema
hollywoodense (Nojolivud), y un periodístico semanal dedicado al análisis de la actualidad
regional (Mesa redonda internacional). También se destacan Memorias del fuego –revisa
los procesos histórico-sociales que conformaron la identidad del latinoamericano–, y Sones
325 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.326 “Telesur: un canal para la integración latinoamericana” fue el título de la charla que se realizó en el auditorio de la facultad de Ciencias Sociales el 29 de septiembre de 2005. Además de Mariotto, estuvieron presentes el ex director de la carrera de Comunicación, Damián Loreti y los periodistas Stella Calloni y Gabriel Fernández. 327 Ver www.telesurtv.net.328 Íbid.
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y pasiones, un ciclo musical que rastrea los sonidos populares de Sudamérica. La semana
termina los domingos por la noche con una síntesis de Aló presidente!, el programa que
conduce el propio Hugo Chávez por el canal estatal Venezolana de Televisión329.
Hasta el momento, Telesur se puede ver a través de Canal 7, en la franja horaria que va
de 0.30 a 1.30 de la madrugada; en Ciudad Abierta –el canal de cable de la ciudad
autónoma de Buenos Aires– desde las 6 de la mañana hasta las 10, y en Argentinísima
Satelital también con una programación de cuatro horas por la mañana.
Dos nuevos proyectos televisivos
Paralelamente a las iniciativas llevadas a cabo en Canal 7 y la cadena Telesur, por fuera
de la Secretaría de Medios, el gobierno de Kirchner planea crear dos nuevos canales de
televisión del Estado para abordar contenidos culturales y educativos. Para ello, la
Secretaría de Cultura está planificando una señal cultural cuyo nombre tentativo es Canal
Bicentenario (a propósito de los 200 años de gobierno que se cumplirán en 2010), y el
Ministerio de Educación está desarrollando el canal educativo Encuentro TV.
En la segunda mitad de 2005 comenzó a cobrar fuerza un proyecto de la Secretaría de
Cultura de la Nación que propone la creación de un canal “más pequeño, más ágil y más
eficiente”, según señaló en una entrevista radial el titular de esa cartera, José Nun330.
En esa oportunidad, el funcionario informó que se estaban realizando “estudios de
factibilidad” para analizar “de qué manera es posible inyectar contenidos culturales a la
televisión que no sean aburridamente didácticos”. De esta manera, según Nun, la Secretaría
de Cultura podría comenzar a involucrarse directamente en el campo televisivo, un área en
la que ese organismo es “totalmente ajeno”. El proyecto sigue en pie en la actualidad,
aunque desde la Secretaría no se han reportado avances.
La iniciativa prevé la conformación de un “canal mixto” integrado por aportes públicos
y capitales privados, que quedaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, el Fondo
Nacional de las Artes, las Universidades, ONG’s y empresas del sector privado.
No obstante, Nun destacó que el proyecto en estudio podría derivar también en “una
franja horaria dentro de los canales existentes”, entre ellos, por supuesto, Canal 7.
329 La programación diaria de la nueva señal regional puede consultarse en www.telesurtv.net.330 Entrevista realizada a José Nun en el programa Palabras Cruzadas conducido por Diego Valenzuela en Radio Continental (AM 590). 12 de agosto de 2005.
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“Se puede producir un programa de contenido cultural (…) que tenga 19 ó 20 puntos
de rating”, expresó el funcionario, aunque señaló sus reparos hacia Canal 7 cuando se le
preguntó por qué se barajaba la posibilidad de una nueva emisora.
“Canal 7 es un animal viejo, que se mueve con muchas dificultades y tiene patas
anquilosadas”, dijo Nun, y aunque destacó que ha mejorado mucho con la gestión de
Kirchner –especialmente en el área de no ficción– indicó que todo cambio que se intenta
realizar en la televisora estatal tiene que “afrontar enormes dificultades: la pesadez
institucional del canal, los problemas gremiales que arrastra [y] los problemas tecnológicos
que tiene”.
No obstante, la eventual apertura de un nuevo canal con contenidos culturales y
educativos no implica para la Secretaría el cierre de la emisora estatal: “Canal 7 tiene que
seguir siendo el canal estatal”, afirmó el funcionario.
Para el subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto, la propuesta de Nun “es una
gran idea” que “hay que estudiar y analizar”331. Según argumentó, “cuando arrancás de
algo nuevo, y sobre todo con las posibilidades que va a tener un canal moderno, quizá sea
más fácil, porque no arrastrás vicios de tantos años y obsolescencias”, justificó en
referencia a los obstáculos que se presentan en Canal 7.
Sin embargo, supeditó la creación del canal cultural a “la posibilidad técnica”, y
fundamentalmente, a lo que resuelva la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) respecto de la adjudicación de la frecuencia del canal 4, en conflicto desde
hace años con Uruguay.
Por otro lado, a principios de 2006 el gobierno impulsó otra propuesta televisiva332. Se
trata del canal educativo Encuentro TV que comenzará a transmitir a partir del 9 de julio
próximo, en principio, durante cuatro horas diarias de programación, que se multiplicarán
por seis para emitir las 24 horas.
La televisión educativa está siendo desarrollada por el Ministerio de
Educación, que tiene previsto transmitir la señal por cable y por TV satelital con
un número unificado en el nivel nacional, aún por definir, que estará entre el 20 y
el 40.
331 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.332 Se consideró importante incluir esta propuesta comunicacional porque, si bien no fue presentada en los términos temporales que abarca esta tesis, es preciso señalar el carácter que asume este gobierno en materia de medios públicos. Por un lado, desde la Secretaría de Medios de Comunicación opera el Sistema Nacional de Medios Públicos (Canal 7 y Radio Nacional), y, por otro lado, el gobierno promueve dos nuevos canales de televisión desde otros ministerios, que no excluyen la posibilidad de gerenciamiento mixto, con fondos privados.
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El director general del emprendimiento es el cineasta Tristán Bauer quien se
comprometió a “terminar con la idea de que la televisión educativa es sinónimo de
aburrimiento”333, al tiempo que descartó que se vaya a trabajar el formato de las teleclases,
la clásica imagen de un profesor que habla frente a los alumnos. “Utilizaremos todos los
recursos que tiene el lenguaje de la televisión para construir un discurso que resulte
atractivo”334, agregó.
Para asimilar realmente la idea de intercambio que supone el ejercicio de la docencia,
los realizadores de la propuesta articularán la programación con el beneficio de la
interactividad que ofrece Internet. “Creemos en un vínculo íntimo entre televisión e
Internet. No imaginamos este canal como un canal de emisión, sino como un punto de
encuentro, de ida y venida”335, dijo Bauer. En ese sentido, toda la programación tendrá su
correlato de materiales en la página web del portal Educ.ar para trabajar en el aula y los
docentes podrán solicitar al portal los programas televisivos para que se los envíe el
ministerio.
La programación tendrá contenidos internacionales y también realizaciones nacionales.
Entre las producciones locales, ya fueron convocadas figuras de los medios como el
periodista Adrián Paenza, el historiador Felipe Pigna, los conductores Jorge Guinzburg y
Daniela Fernández, el actor Fernando Peña y los cineastas Bruno Stagnaro y Eduardo
Mignona. El conjunto de temáticas que en esta primera programación se pretenderá abarcar
incluye las relacionadas con la ciencia, la historia argentina, la geografía, el desarrollo
infantil, la literatura y cursos de oficios, que serán abordados desde los diversos formatos
que la televisión puede explorar, desde el documental y la ficción hasta las historias de
vida. Los formatos de los distintos programas se adaptarán a las necesidades y al público.
Algunos serán más cortos, de capítulos de quince minutos que podrán utilizarse como
disparador para una clase en el aula, comentaron los productores de la propuesta.
Para el ministro de educación, Daniel Filmus, el canal educativo surgió de una
necesidad: “La formación docente es un tema al que se puede llegar con la
televisión y también se puede utilizar la televisión dentro del aula”336. De hecho,
una de las ideas es que se formen videotecas en las escuelas y la señal sería una
de las principales fuentes de material audiovisual.
333 Casanovas, Laura: “Avanza y tiene fecha el canal de TV educativa”; en www.lanacion.com.ar, 17 de enero de 2006.334 Íbid. 335 Íbid.336
? Íbid.
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Por otro lado, se está haciendo un relevamiento en las doce mil escuelas rurales para
que el canal llegue a todo el país. “En las escuelas rurales en que no haya un punto de cable
cercano habrá una progresiva instalación de antenas satelitales, de receptores y
televisores”337, manifestó Bauer.
Por último, y en relación con una de las cuestiones clave que hacen al perfil de las
emisoras públicas, el canal educativo no tendrá publicidad. Por lo tanto, este año se
financiará con 10 millones de pesos, los cuales se sumarán al presupuesto general de 132,5
millones que fueron asignados por el Ejecutivo para el sostenimiento del Sistema Nacional
de Medios Públicos.
Debate abierto
En principio, estos dos últimos proyectos señalan que dentro del propio gobierno no
hay un criterio unificado acerca del rumbo que debería tomar la televisión pública, y dado
que esas iniciativas incluyen funciones que históricamente fueron reclamadas para Canal 7,
el desconcierto y la indefinición acerca del futuro a mediano plazo de la emisora son aún
mayores.
“El problema de Canal 7 es que acá no existe una tradición de lo que es el tema de los
medios públicos”, diagnosticó Daniel Das Neves. Así, al igual que el secretario general de
la UTPBA, se ubicaron otros actores políticos y sociales comprometidos con la
comunicación, que en el curso de la presente investigación formularon sus opiniones en las
páginas de un diario, una revista, a través de documentos públicos, o bien cuando fueron
entrevistados para esta tesis.
Para Das Neves, el gobierno no “tiene una estrategia [de medios públicos] más o
menos ordenada. Porque durante los dos años y medio de esta gestión hay iniciativas [que
van] desde hacer programas como Visión 7, hasta lo que pasó en diciembre338, de traer a
Moria Casán”339, al mismo tiempo que agregó: “En lo cotidiano se pone de manifiesto una
337 Íbid.338 A mediados de diciembre de 2004, el interventor de Canal 7, Ricardo Palacio, había propuesto varios programas para integrar la grilla veraniega del canal. Juan Alberto Mateyko iba a conducir su clásico La movida del verano, desde Mar del Plata, y Moria Casán tendría un espacio similar al mediodía. Según el diario La Nueva Provincia, la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner “se opuso rotundamente a esa contratación, al parecer, por razones de incompatibilidad de imágenes entre la vedette y la pantalla de un canal eminentemente cultural”. Siempre según ese diario, el presidente Kirchner habría terminado la discusión con Palacio, diciéndole “¡El dueño del canal soy yo!”. (El canal es mío, mío, en www.lanuevaprovincia.com.ar, 17 de diciembre de 2004).339 Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6.
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anarquía muy grande, una conducción errante, una carencia de una política integral. Nadie
explica para qué está ese canal y qué se va a hacer con ese canal”340.
En ese mismo sentido opinó el representante del gremio mayoritario del canal,
Alejandro Ruiz, del SAT. “Éste y todos los gobiernos han carecido de una política de
medios. La han ido haciendo en el devenir. No se han sentado y han dicho: 'Bueno, a ver,
nosotros de los medios del Estado pensamos esto, tendrían que ser esto, estudiemos
legislación comparativa'”.
Por otro lado, Guillermo Mastrini consideró que el canal mantiene el carácter
gubernamental que tuvo con los anteriores gobiernos. “No se ve un gran cambio, sobre
todo en el criterio político o de administración del canal. La división entre Ficción y
Contenidos Periodísticos no parece tener ningún fundamento más que el reparto de áreas
de poder. Y la verdad es que se sigue manejando una política comunicacional muy basada
en la difusión de actos de gobierno”341, dijo en relación a los directores de noticias y ficción
de la emisora, Ana de Skalon y Leonardo Bechini, respectivamente. “Es un problema para
la constitución de lo público –continuó Mastrini– porque es la peor manera de deslegitimar
lo público. Cuando la gente identifica eso como canal gubernamental es cuando se
distancia de lo público en un país donde lo gubernamental no goza de una legitimidad
importante”342.
De todos modos, para Ana de Skalon “éste no es un canal gubernamental. (...) Ni el
presidente Kirchner, ni sus funcionarios tienen intervención en la programación (...) A mí
nadie me dicta el contenido (...) [ni] estoy acá por ser oficialista”343, contestó la ex directora
del 7 a la revista Poder.
Ahora bien, para Das Neves las responsabilidades ante la falta de una estrategia política
para el canal no le cabe sólo a los directivos. “Creo que más allá de la responsabilidad de
cada uno de los que está ahí, viene de más arriba. Es parte de una cabeza que está más
340 Íbid. 341 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5. 342 Íbid. 343
? Entrevista a Ana de Skalon. Yo no estoy acá por ser oficialista. En revista Poder, 3 de julio de 2004, pp. 44 a 46. Es importante aclarar que cuando de Skalon dice que Canal 7 no es gubernamental lo hace en términos de construcción de agenda, no en relación con el acceso político a los medios administrados por el Estado. Cuando se pronuncia por la constitución de los medios públicos, sostiene: “La Argentina tiene que construir su televisión pública de acuerdo con sus necesidades, no es cuestión de seguir modelos extranjeros. Tiene que ser un canal independiente que informe, entretenga y eduque” (Revista Poder. Op. cit.). En otra entrevista que concedió a www.television.com.ar, dijo: “El desafío en la Argentina moderna es construir un canal público que represente los intereses de la sociedad en su conjunto porque la televisión pública nunca existió. (...)El canal público tiene que ser un espejo de su propia cultura y estamos muy lejos de eso”. (Entrevista de Juan Ignacio Borsato para el sitio Television.com; 15 de julio de 2004).
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arriba; parte de una política. Llegar al gobierno y decir: '¿Vamos a tener una política donde
el canal sea del Estado y no del gobierno?'... El tiempo va indicando que nada de eso se
cumple”344, sostuvo el dirigente gremial.
Sin rodeos, Guillermo Mastrini identificó ese problema estratégico en la gestión
del secretario de Medios, Enrique Albistur. “Albistur tiene un problema que es que
no sabe de políticas de medios”345, dijo y aseguró que Albistur ocupa ese cargo
porque fue financista de la campaña con la que accedió al poder Néstor Kirchner,
y como el interventor en el Comfer, Julio Bárbaro, “es un gestor político (...) cuya
principal política es quedarse con los medios de comunicación, que son los que
construyen imagen”346. Al mismo tiempo consideró que en Albistur “hay una
cuestión incluso hasta de una ética media complicada: alguien que tiene una
agencia de publicidad347 y se pone a manejar la publicidad oficial... no es lo más
aconsejable. (...) Es juez y parte”348.
Conceptos similares comentó a la revista Debate la periodista Silvia Itkin: “Hay
una falta absoluta de transparencia. No se entiende que haya un secretario de
Medios que no hable con los medios y que no haya mostrado a la prensa una
estrategia, una planificación y un objetivo, que no haya salido a reconocer el
estado del arte de los medios en la Argentina. Es una de las gestiones más
discutibles en mucho tiempo”349, sostuvo la co-autora de Estamos en el aire. Una
historia de la televisión en la Argentina. Asimismo, desde el suplemento Radar del
diario Página 12 también le reclamó a Enrique Albistur una urgente definición de
la política de medios. “Desde la Secretaría de Medios habría que decidirse por
una televisión pública, pero esto implica abrir el juego de intereses que no
siempre convergen con la política del gobierno”350, manifestó en esa oportunidad.
Supeditados a la nueva ley
344 Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6.345 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.346 Íbid. 347 El actual secretario de Medios de Comunicación, José “Pepe” Albistur, es dueño de “Rainbow Publicidad” y es socio de Carlos Ávila en “Wall Street Vía Pública”. Según la revista Noticias, Albistur explota el negocio de las pantallas publicitarias hace 13 años. (Darío Gallo. El señor de los avisos; en Revista Noticias, N° 1.466, del 29 de enero de 2005, pág. 30).348 Íbid. 349 Pikielny, Astrid. Qué hacer con Canal 7. La función del canal público; en Revista Debate, número 66. 18 de junio de 2004, pág. 49.350 Itkin, Silvia. Saquémoslo del aire; en el suplemento Radar de Página 12, 20 de junio de 2004, pág. 5.
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Más allá de los cuestionamientos, desde el gobierno, como se ha indicado, aseguran
que para pensar en los lineamientos de una emisora ideal primero hay que concluir la etapa
de la reconstrucción técnica. Y, en forma paralela, se debe generar –para dar verdadera
respuesta a los debates de fondo, como el del tipo de financiación o la separación de la
emisora de los gobiernos de turno– un debate social y político que siente las bases para la
sanción de una nueva ley de Radiodifusión. “Hoy por hoy, entendemos que el
gerenciamiento de los medios del Estado tiene que estar dentro de un contexto de discusión
sobre toda la radiodifusión”351, sostuvo Mariotto.
Para el gobierno, entonces, antes que pensar con seriedad en un nuevo Canal
7, previamente hay que definir un nuevo marco regulatorio que sustente el perfil
de esa programación y el resto de los elementos fundamentales que hacen a la
organización y sostenimiento de la emisora. En palabras de Mariotto, se trata
pues de “una legislación absolutamente clara que le asigne un rol claro a los
medios del Estado y que sepamos todos cómo tenemos que ir caminando”352.
Por parte de los senadores, el presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, Guillermo Jenefes, en su escueta respuesta al
cuestionario que este equipo de investigación le envió oportunamente por correo
electrónico, hizo pública esa expresión de deseos y dijo que es “necesario definir
claramente en la próxima ley el cometido y la dimensión del sector público de
radiodifusión”353.
Sin embargo, para muchos de los actores sociales vinculados con la formación de la
televisión pública, como se detalló en Ausente con aviso(s), el debate que se exige desde la
esfera oficial no encierra un compromiso real y una clara decisión política para sancionar
la nueva norma, sino que es una excusa para maquillar la demora en la resolución de un
tema que, hasta el momento, no es una prioridad de gobierno. Demora que, por otra parte,
sigue dejando abiertos los debates históricos en torno de Canal 7.
El dilema de la financiación
Quizás el problema estructural más grave de Canal 7 esté relacionado con la
posibilidad de generar recursos genuinos para poder financiarse. En torno de este tema se
351 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.352 Íbid. 353 Respuesta del senador Guillermo Jenefes. Ver Anexo 3.
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plantea un debate clave sobre el carácter comercial de la televisión pública. ¿Puede un
canal del Estado captar parte de su financiamiento a través de la venta publicitaria? ¿Debe
la programación del canal estar supeditada a los niveles de audiencia, de modo tal de
competir y disputar con los canales privados la inversión general en publicidad?
Para el gobierno, el canal del Estado puede brindar una programación de calidad,
generando recursos con la venta de publicidad y sin convertirse, sin embargo, en una
propuesta comercial.
El subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto, consideró que “el medio del Estado
tiene que ser un servicio que no tiene que estar atrás de la publicidad comercial y que el
Estado tiene que estar asistiéndolo con los recursos necesarios para hacer la televisión que
la sociedad está esperando y que sea distinta a los tiempos de la comercial”354.
En ese sentido, el presidente de la Comisión de Comunicación e Informática, Osvaldo
Nemirovsci, sostuvo que “un canal del Estado tiene que basarse en el consumo cultural de
los argentinos y no en pelear ni franjas ni mediciones, ni mucho menos la torta publicitaria
ni la pauta”355. Por su parte, el senador Guillermo Jenefes señaló que el canal del Estado
puede ser competitivo en la medida que brinde “una opción que, usualmente, los medios
privados no deben obligatoriamente ofrecer. Competir, en este sentido, implica brindar
alternativas”356 de servicio, indicó.
Pero la definición de estos actores no eludió la posibilidad del sistema de
financiamiento mixto; es decir: captando ingresos a través de la venta publicitaria. Para
Mariotto no corresponde discutir este dilema en las actuales condiciones de
reequipamiento tecnológico, cuando en la actualidad el sistema de financiamiento mixto
para los medios del Estado cumple un rol importante. En esa línea, insistió en que sería
preciso plantearlo cuando se generen las condiciones objetivas para el debate por una
nueva ley de Radiodifusión. “No me parece prudente discutirlo ahora sino dentro de un
contexto de reformulación total de los medios públicos y privados”357, dijo el funcionario.
Con ese criterio, la definición acerca del financiamiento se sigue manteniendo postergada.
No obstante, Mariotto deslizó la posibilidad de que el canal estatal pueda abastecerse
en el futuro sólo de una partida presupuestaria. “Hay que discutir tanto el perfil del canal
público como el de los otros canales. Si nosotros podemos derivar recursos que provengan
354 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.355 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Ver Anexo 2.356 Respuesta del senador Jenefes. Ver Anexo 3.357 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.
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de los medios privados al medio del Estado, quizá podríamos resignar la búsqueda de
publicidad comercial”358, dijo.
En efecto, esta idea coincide con la planteada por el politólogo italiano Giovanni
Sartori359 cuando en una entrevista periodística sostuvo que a “la televisión pública no es
cuestión de pagarla con impuestos [tal como es el sistema inglés, por ejemplo, para la
BBC]. (...) debería financiarse con el 50 por ciento de los beneficios netos de la privada.
Una especie de canon. A cambio, la pública renunciaría a la publicidad”360.
Por otra parte, el diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci presentó una modalidad de
financiamiento bastante original, que está actualmente en estudio en la redacción de un
demorado proyecto de ley361. “Mi intención sería garantizar la partida presupuestaria
absolutamente para que el nivel de funcionamiento del canal sea adecuado. Si por mí fuera,
y en términos intelectuales, yo no vendería nada, nada de publicidad; entonces, no corro
enloquecido por el rating y la presión de la pauta. Ahora, es mi idea y estoy dispuesto a ser
amplio... si hay que vender el 20 por ciento [del presupuesto asignado en el término de un
año], vendemos el 20 por ciento. Hay que vender 15 millones, entonces vendamos 15.
Queremos medios públicos, entonces banquémoslos”362, sostuvo el legislador, quien a su
vez no soslayó también la posibilidad de generar ingresos por medio de un sistema de
patrocinio.
En esa línea, el secretario gremial del SAT, Alejandro Ruiz, sostuvo que “lo que mejor
le puede pasar al canal es que pueda recibir auspicios institucionales. Esto no significa que
te condicione la programación, no tiene por qué, se legisla”363. Pero, al mismo tiempo,
insistió con los recursos genuinos que provienen de “todos los operadores de radio y
televisión del país que pagan un impuesto. Eso tendría que estar bancando el Sistema
358 Íbid. 359 Giovanni Sartori es politólogo y sociólogo. Nació en Florencia, Italia, en 1924. Es el autor del concepto del ‘homo videns’ el cual acusó gran impacto en los estudios de comunicación. 360 En la edición web del diario español El País del 11 de julio de 2004. Entrevista realizada por Luis Matías López. Ver en detalle en www.elpais.es. 361 En recientes declaraciones, el diputado Nemirovsci manifestó que se siente respaldado por el gobierno en su trabajo de redacción de un borrador de ley, y que en el curso de 2006 lo presentará en una serie de audiencias públicas que se realizarán en Viedma, Posadas, Mar del Plata, San Luis, Mendoza y Buenos Aires. “Es una ley que va a tratar de cumplir con la mirada que tiene la famosa Coalición por una nueva ley de radiodifusión en democracia, que tiene 21 puntos, de los cuales nosotros vamos a tomar la mayoría. Y es una ley que va a tratar de contemplar también posiciones de mercado, [pero] entendiendo que la radiodifusión es mucho más que un espacio de mercado”, dijo el legislador. Además, adelantó que la ley seguirá considerando al sistema de radiodifusión como de interés público, pese a que Nemirovsci define al espectro radioeléctrico como “una construcción social del pueblo argentino”. También distinguirá tres modelos de gestión de la radiodifusión: estatal; privado con fines de lucro, y privado sin fines de lucro. Para más información, ver www.radio guiaeter.com.ar/entrevistas.362 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Ver Anexo 2.363 Entrevista al secretario general del SAT, Alejandro Ruiz. Ver Anexo 7.
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Nacional de Medios Públicos”364, sostuvo Ruiz en coincidencia con la opinión de Martín
Becerra, secretario académico de la Universidad Nacional de Quilmes, quien en una nota
para el suplemento Radar de Página 12 apuntó: “El financiamiento puede provenir de los
ingresos que el Comfer debe recaudar por gravámenes a las licencias privadas y también
por las multas por infracciones a la ley cometidas por los licenciatarios”365.
En tanto, Mastrini está convencido de que gran parte del presupuesto “debe
ser asumido por el Estado”366. Sin embargo, también consideró a la publicidad
como otra fuente de ingresos genuinos. “Hoy en día negar la publicidad, también
es negarle la posibilidad de tener un recurso que sea necesario para la
producción”367, dijo Mastrini, aunque insistió en que se debe regular la inversión
publicitaria. “No sólo regularla sino también trazar límites concretos de cuánta
publicidad podés pasar”368, dijo al tiempo que se pronunció a favor de un cupo, tal
como sostiene en el borrador de ley el diputado Nemirovsci , “que no superen el
cincuenta por ciento [del presupuesto asignado por el Estado]. Entonces, no sos
dependiente de la publicidad”369. Mastrini también consideró los recursos que
ingresarían por la venta de formatos al exterior, por ejemplo, a través de la
cadena latinoamericana Telesur.
En relación con este debate, el senador Jenefes sólo se limitó a comentar en su
respuesta que “la posibilidad de difundir publicidad comercial debería estar un tanto
limitada”370.
El demorado estatuto
364 Íbid. 365 Martín Becerra. Tiene que ser como la Corte Suprema. En suplemento Radar de Página 12, 20 de junio de 2004, pág. 6.366 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.367 Íbid. 368 Íbid. 369 Íbid. 370 Es necesario vincular esta respuesta con la posición que ocupa el senador Jenefes en el ámbito privado. Como dueño del canal 7 de San Salvador de Jujuy, integra el directorio de la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) como revisor de cuentas. Históricamente, se ha identificado a los medios privados como los agentes de presión para que Canal 7 no participe de la inversión anual publicitaria. Es que de un total promedio de 1.350 millones de pesos anuales que se invierte en publicidad audiovisual, Canal 7 recibe sólo 17 millones (2005) que, comparado con lo que recaudan los canales líderes es una suma insignificante. Sin embargo, para emisoras como America TV o Canal 9 esa porción de la torta publicitaria es clave. Al respecto, Gabriel Mariotto sostuvo que “hay una gran preocupación porque los programas de Canal 7 tengan o no rating, porque la preocupación que tienen las empresas privadas es sobre la torta de publicidad. Canal 7 no les quita hoy mucha torta publicitaria, pero es suficiente para que muchos medios privados protesten por lo que les quitan. Es un canal que promedia 0,9 puntos de rating mensuales (según Ibope). Y se lleva 15 millones de pesos al año”. Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.
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Por otro lado, la mayoría de los actores interpelados manifestaron la necesidad de
resolver el vacío legal en el que opera Canal 7. Generar las condiciones para que se
establezca un estatuto que determine claramente no sólo las modalidades de
financiamiento, sino también las normas de procedimiento y organización de las funciones
directivas y ejecutivas. Desde su fundación, Canal 7 carece de un estatuto legal que regule
su funcionamiento interno. Según especifica Leonardo Mindez en su libro Canal 7. Medio
siglo perdido, a lo largo de estos años, los gobiernos no instrumentaron mecanismos
transparentes de selección de los cargos directivos. Por el contrario, así como el propio
Perón delegó la responsabilidad en el empresario radial Jaime Yankelevich para dirigir la
emisora en sus primeros años, hoy también los puestos clave del canal son elegidos
directamente por el Presidente.
“Todos los gerentes del canal estatal deberían ser cargos concursables, periódica y
públicamente”371, propuso Becerra posicionándose de esta manera en la misma tesitura que
asociaciones civiles y organismos no gubernamentales han sostenido en informes y
documentos públicos. Al trabajo Una Radiodifusión Pública para la Democracia editado
en 2003, se le adjuntó una segunda versión en 2004 que consideró como eje de análisis los
principales problemas que perjudican a los medios públicos en Argentina. El documento
afirma que “uno de los problemas que afectan este diseño es la discrecionalidad existente
en el proceso de selección de los directores. Esta función, a cargo del presidente de la
Nación, soslaya cualquier tipo de deliberación pública acerca de los antecedentes y las
capacidades de los/as candidatos/as”372. Frente a este diagnóstico, y luego de realizar una
lectura comparada con los mecanismos institucionalizados por otros países, el documento
introduce una propuesta: “Debería establecerse un procedimiento para nombrar a los
miembros del directorio que tenga por objeto eliminar la discrecionalidad en la
designación, fomentar la transparencia y permitir la participación de la sociedad civil en el
debate. Un mecanismo de estas características ha sido implementado por el decreto 222/03
para el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
371 Martín Becerra. Op. cit.372 UNA RADIODIFUSIÓN PÚBLICA PARA LA DEMOCRACIA II. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL
FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS NACIONALES”. FUE UN PROYECTO DE LA ASOCIACIÓN POR LOS
DERECHOS CIVILES (ADC) CON LA COLABORACIÓN DE CIPPEC, PODER CIUDADANO, CELS, ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS, FOPEA Y FARN. ADEMÁS, FUE AUSPICIADO Y FINANCIADO POR LA EMBAJADA BRITÁNICA
EN BUENOS AIRES.
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Desde esta perspectiva, pensamos que para seleccionar a los miembros del directorio
debería impulsarse un mecanismo de postulaciones abiertas, individuales y/o avaladas por
organizaciones y asociaciones. El presidente de la Nación debería proponer un/a
candidato/a para cada cargo seleccionando de entre las postulaciones efectuadas”373.
En suma, como dice el doctor en Ciencias de la Comunicación, Martín
Becerra, se propone resolver la autonomía política del canal.
Para superar este defecto, el diputado Nemirovsci rescató los lineamientos principales
del fallido proyecto de ley de Radio Televisión Argentina que presentó la ex diputada por
el ARI, Irma Parentella, en 2004. La estructura interna del canal tendría “un Consejo
Asesor374 jerarquizado desde lo intelectual y lo profesional, incluso con trabajadores del
gremio más representativo del área de los medios, ad honorem, que lo vaya monitoreando
permanentemente. El Consejo es una auditoría de control que garantiza el equilibrio y la
ecuanimidad permanente. No delinean objetivos ni planifican. Y debe tener carácter
federal de modo tal de recoger todas las expresiones de todo el país”375.
Sin embargo, “a Canal 7 lo tiene que conducir un Directorio que trabaje de tal y tiene que ser capacitado por profesionales y tener su salario”376, dijo Nemirovsci en relación con la estructura ejecutiva que conduciría la emisora y que en la actual gestión estuvo dividida en dos áreas hasta abril de 2006, a veces con criterios distintos y contrapuestos en la forma de programar y producir. “No me parece mal que haya gerenciamientos especializados –dijo el diputado–, pero vería una estructura más centralizada en el canal, a propuesta del Ejecutivo”377
para integrar el Directorio. Al menos en lo conceptual, estas dos propuestas del diputado Nemirovsci de crear un
Consejo Asesor y un Directorio fueron consideradas por el subsecretario de Medios,
Gabriel Mariotto, pero volvió a condicionar todo cambio a la sanción de una nueva norma
para el sistema de medios. “Podría haber un consejo directivo, un consejo asesor..., me
parece que esa organización va a darse naturalmente después del tratamiento de la ley de
Radiodifusión”378, dijo el funcionario.
El canal ideal
373 Íbid. 374 El Consejo Asesor que plantea Nemirovsci sería similar al Foro Ciudadano de Defensa y Promoción de los Medios Públicos que ideó Parentella en el proyecto de ley RTA, expediente 773/03. Para más información, ver Capítulo I, El estigma de la BBC.375 Entrevista a Osvaldo Nemirovsci. Ver Anexo 2.376 Íbid. 377 Íbid. 378 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.
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En el curso de esta investigación, desde distintos sectores de la sociedad emergieron
diferentes voces que reflexionaron sobre un futuro perfil de la emisora y, en la mayoría de
los casos, se pronunciaron a favor de la conversión definitiva de Canal 7 en un medio
público, independiente de la gestión gubernamental y, por lo tanto, gestionado por un ente
autárquico cuyo funcionamiento esté explícitamente regulado por una norma creada para
tal fin.
Para Daniel Das Neves, el canal público tiene que ser “no gubernamental, con
participación de todos los sectores, y con un pie claro en la construcción de un
consenso en lo cultural, que se muestre ligado con las luchas de nuestro país”379.
Sin embargo, el representante del gremio de los periodistas volvió a insistir en que
aún no se generó ese debate porque ni el gobierno ni los legisladores presentaron
siquiera una propuesta. En ese espacio de debate tienen que intervenir “los
propios trabajadores, y esto no es una visión corporativa. (...) El gobierno tiene
que estar en la discusión, como un actor más, traer su propuesta”380, dijo y
agregó: “Me pronuncio a favor de una decisión política que, en el marco de una
política de comunicación integral, refleje el pensamiento mayoritario de este país,
las distintas expresiones sociales, políticas, culturales, periodísticas, laborales, a
través de una programación que lo refleje con calidad, que yo creo que está en
condiciones, y que sea financiado por parte del Estado”381.
“En términos de canal público, creo que lo fundamental es que se des-
gubernamentalice su política –sostuvo Guillermo Mastrini. Creo que se puede, en
términos ideales, ser más ambicioso y no sólo de la Legislatura382. Porque si no
parece ser que el gobierno es sólo de los políticos. Creo que puede haber una
representación social”383 en la gestión estratégica del medio.
Pese a que para el académico puede haber una instancia superior que
determine la orientación y los objetivos del perfil de la emisora, “hay un nivel
operativo de un canal que no puede ser en una asamblea. Un canal de televisión
es una cosa de flujo. Si uno entiende que hay flujos y que hay decisiones
379 Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6.380 Íbid. 381 Íbid. 382 El profesor Mastrini hace referencia a uno de los puntos cuestionados de la ley RTA, que impulsó la ex diputada aliancista Irma Parentella, que se promulgó en noviembre de 1999, pero finalmente fue vetada por el entonces presidente Fernando De la Rúa. RTA era una sociedad estatal no gubernamental, a cargo de la administración de ATC, Radio Nacional, el S.O.R., y la R.A.E., controlada por el Congreso. Para más detalles, ver Capítulo I, El estigma de la BBC y también Capítulo III , subtítulo 8 Los cambios que no fueron. 383 Entrevista a Guillermo Mastrini. Ver Anexo 5.
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ejecutivas que tomar... la dirección del canal tiene que ser una sola, y tiene que
ser ejecutiva”384, precisó. No obstante, sostuvo que “el director ejecutivo tiene que
anualmente dar cuenta de cómo él interpretó la línea”385 que le fue fijada por el
orden rector.
Además de abordar los criterios relacionados con la administración política,
Mastrini examinó el perfil de la programación que debería perseguir Canal 7. “No
creo que un canal público tenga que quedar en el gueto de la educación y la
cultura”386, aseguró al tiempo que esbozó una idea original acerca de las
características de las audiencias que consumen televisión pública. “Un canal
público no puede ser de una minoría, sino de muchas minorías distintas. Si uno
pensara que distintos cincos por ciento de la población miran a lo largo del día
Canal 7 (o a lo largo de la semana), [es evidente que] está cumpliendo una
función distinta de la que cumplen los canales privados, que es satisfacer
demandas minoritarias, pero también importantes en términos
comunicacionales”387, dijo el director de la carrera de Comunicación de la UBA.
También comentó que para confeccionar una grilla adecuada es importante
“detectar cuáles son las necesidades comunicacionales para llegar a esos
públicos”388, y en ese sentido abogó por la apelación a cualquier formato televisivo
en tanto y en cuanto responda a un criterio claro de comunicación. “El género
tendrá que vincularse a una política y a un objetivo de política que vos tengas. Y
si vos creés que una telenovela te puede servir más para vincularte con las clases
populares a las que querés llegar, ¿por qué te lo vas a negar?”, reflexionó
Mastrini389.
Por último, en el sector privado se destacan algunas voces que también
apuestan por una televisión pública de calidad. El director de relaciones
institucionales del grupo Telefé y vicepresidente de la Asociación de Teledifusoras
Argentinas (ATA), Antonio Ambrosini, sostuvo en una columna de opinión en La
Nación que “la televisión pública requiere tres libertades: política, económica y
384 Íbid. 385 Íbid. 386 Íbid. 387 Íbid.388 Íbid.389 Una idea similar apunta el teórico Aníbal Ford cuando en Página 12 escribe: “Tal vez uno de los objetivos centrales de un canal público (...) radique en reinformar al país sobre sí mismo y sobre América Latina. Y no importa a través de qué géneros o formatos. Eso se hace de diversas maneras” (Aníbal Ford. Lo que nadie hizo; en suplemento Radar de Página 12, 20 de junio de 2004, pág. 6).
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artística, sin designaciones políticas en las direcciones de los medios estatales”390.
En relación con los problemas estructurales de Canal 7, el consultor de medios y
ex director de programación de Canal 13, Hugo Di Guglielmo, dijo que “en
cualquier canal, estatal o no, hay tres personas clave: un director general,
responsable de la parte empresarial e institucional; un director de programación
(no más de uno), responsable de toda la pantalla y comunicación del canal, y un
director periodístico para el área de noticias. Los tres deben tener en claro el
objetivo”, sostuvo y afirmó: “La gente de televisión debe pensar en la pantalla, no
en el lobby político”391.
Rumbo incierto
En definitiva, cada uno de estos debates en torno de Canal 7 están –como desde el
inicio de la gestión– abiertos y con rumbo indefinido.
La reconversión del parque tecnológico y el proyecto Telesur trazan sólo
aproximaciones parciales del gobierno, que supedita el resto de los cambios a un debate
social -que pese a los reclamos no parece ser una prioridad en la agenda- para la sanción de
una nueva ley de Radiodifusión que, hasta el momento, se encuentra demorada por las
múltiples razones que se puntualizaron hasta aquí.
Además, también señalamos que hay dos nuevos proyectos de canales estatales, que
señalan que incluso el propio gobierno carece de un criterio unificado acerca del rumbo
que debería tomar la televisión pública y, en particular, Canal 7.
Sin embargo, eso no es todo. Las complejidades estructurales, lejos de finalizar allí,
también incluyen los rasgos distintivos de una emisora que sigue atravesada por la saga
constante de dificultades de neto carácter interno, que van desde disputas de conducción
irreconciliables, hasta supuestos recelos de política partidaria, incluyendo variadas
sospechas en la administración de fondos. El lobby político no cesa. A continuación,
profundizaremos tales elementos.
390 Ambrosini, Antonio. Qué hacer con Canal 7. La televisión pública no es una utopía; en www.lanacion.com.ar, 2 de julio de 2004.391 Íbid.
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La historia sin finUna saga de internas, política y sospechas
Principio de incertidumbre
Primero se habló del conductor de Videomatch y propietario de Ideas del Sur,
Marcelo Tinelli; después se nombró al ex Gerente de Programación del 13, Hugo
Di Guglielmo; incluso hubo quienes señalaron al conductor de Caiga Quien Caiga
y dueño de la productora Cuatro Cabezas, Mario Pergolini. Todo era verosímil: a
mediados de 2003, el flamante gobierno de Néstor Kirchner buscaba un nuevo
Gerente de Programación para Canal 7 y no sonaba descabellada la posibilidad
de que el presidente, acostumbrado desde temprano a sorprender por su impacto
mediático, pusiera al frente de la emisora a alguno de los “pesos pesados” de la
industria de la televisión.
Sin embargo, poco a poco las versiones perdieron vigor y dieron paso a la
incertidumbre: el edificio de Figueroa Alcorta y Tagle se transformó, a casi tres meses de
la asunción presidencial, en la única dependencia oficial donde el gobierno no había
designado autoridades. Mientras en Radio Nacional y Télam las nuevas gerencias ya
tomaban decisiones, en la emisora de televisión no hubo nombramientos hasta septiembre.
En el interín sólo se había dispuesto la elección de dos veedores: José Paquez (que
auditaba entes estatales) y Leonardo Bechini, autor de Poliladron, Verdad Consecuencia,
los primeros capítulos de 099 Central y Un cortado, historias de café, entre otra decena de
tiras y unitarios392.
“Nombres hay muchos. Lo cierto es que nosotros encontramos un canal que necesita
mucha atención. Por eso, más que por los nombres estamos preocupados por la situación
por la que atraviesa cada espacio del canal. Estamos viendo con qué contamos para poder
cruzarlo con los objetivos, para saber en cuántas etapas se va a poder poner en
funcionamiento todo. Hay que tener un diagnóstico certero porque el canal es el lugar de
mayor complejidad. Nosotros no ponemos el nombre por delante del proyecto. Queremos
resolver los contenidos, lo técnico, lo laboral, la relación con los gremios... Por eso,
entendemos que surjan nombres, pero la verdad es que la Secretaría de Medios está
392 Bonacchi, Verónica. Canal 7: un enigma argentino; en www.lanacion.com.ar, 22 de agosto de 2003.
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preocupada por el diagnóstico”, le explicaba a La Nación el 22 de agosto de 2003 el
subsecretario del área, Juan Gabriel Mariotto393. Con o sin diagnóstico, a esa altura el
retraso en la designación de autoridades ya tenía tres meses.
No obstante, el Canal tenía alguien que tomaba decisiones. El por entonces veedor
Bechini –aunque no sonaba fuerte en los medios– era quien ejecutaba en silencio las
decisiones que tomaba directamente el secretario de Medios de la Nación, Enrique
Albistur394. Con perfil bajo, el reconocido guionista ocupaba como veedor “una oficina
montada como una escenografía de televisión, dispuesta a cambiar de lugar en cuanto haya
un nombramiento”395.
Y así fue. El 5 de septiembre de 2003 Leonardo Bechini debutó en la función pública
como Gerente de Programación y Producción de Canal 7.
La designación llegó gracias al propio Albistur, con quien el guionista tenía una óptima
relación. A principios de 2003, Bechini estaba instalado en México, trabajando en una
productora con un grupo de venezolanos. “Las razones del ‘exilio’ habían sido
económicas: su última producción Un cortado, historias de café, que se vio justamente por
Canal 7, lo habían llevado directamente a la quiebra”396. Las elecciones lo hicieron volver.
A la hora de la segunda vuelta entre Kirchner y Menem se alistó detrás de Albistur y firmó
una solicitada que apoyaba al por entonces candidato santacruceño. Después, surgió lo de
la Secretaría de Medios y Bechini aterrizó en la emisora oficial. Primero como veedor,
después como gerente.
“Los contenidos [de Canal 7] tienen que ir a todo el país. Tenemos que desarrollar y
potenciar lo que se hace en el interior, aprovechando las secretarías de cultura. Mi idea es
hacer minibrigadas: mandar a un director, un productor y dos actores a hacer seminarios de
un mes. Y en ese mes, deben generar una obra de ficción hecha en el lugar. Además,
vamos a interactuar mucho con los ministerios para que haya un plan de comunicación.
Tiene que haber programas que informen sobre la salud y sobre educación”397. Esos eran
los ejes que planteó Bechini durante su asunción. A eso le sumó el anuncio del cambio de
logo (una costumbre de todas las gestiones), la decisión de llegar a una grilla de 24 horas y
la promesa de lanzar una nueva programación en marzo del año siguiente. La meta a largo
393 Íbid.394 Algunos ejemplos de la dirección a pedido fueron la puesta en marcha de la programación especial por el 51er. Aniversario de la muerte de Evita, la transmisión de los Juegos Panamericanos y la realización en Argentina de Aló Presidente, el programa que grabó el presidente venezolano, Hugo Chavéz, en los estudios del canal.395 Bonacchi, Verónica. Op. cit.396 Bonacchi, Verónica. Bechini llega a canal 7; en www.lanacion.com.ar, 6 de septiembre de 2003.397 Íbid.
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plazo era ambiciosa: “Quiero tener una pantalla que la gente quiera. Quiero que la gente
vuelva a recuperar el cariño por Canal 7”398. La apelación sentimental del flamante
directivo era una alegre manifestación de deseos exclusivamente propia. Era el discurso de
un Bechini gerente.
Ese ánimo no duró demasiado. En noviembre de 2003 –esta vez a instancias del
matrimonio Kirchner (y especialmente de Cristina Fernández)– desembarcó en el canal la
prestigiosa documentalista y esposa del diputado transversal oficialista Miguel Bonasso,
Ana de Skalon, que venía de una fuerte formación audiovisual producto de sus trabajos en
el canal británico Channel Four, dependiente de la BBC de Londres. El perfil de de Skalon
era diferente al de Bechini, y arribó a la emisora con la misión específica de profundizar
tareas periodísticas y documentales, sumadas a un nuevo enfoque sobre los derechos
humanos, una política de gestión de notable importancia en el imaginario del gobierno.
Con ese esquema de figuras nació una nueva entraña de gestión en el canal. El manejo
de los contenidos se dividió en dos direcciones: una periodística y de no ficción, a cargo de
de Skalon; y otra de Entretenimientos y Ficción, a cargo de Bechini. De esa manera, la
emisora asumía por primera vez una conducción bifronte.
Para abastecer ambas áreas se creó una Gerencia de Producción –hasta ese momento a
cargo de Bechini– al frente de la cual quedó un hombre del canal, Atilio Biondo. En tanto,
toda la estructura sería supervisada por el jefe de la Unidad de Negocios de Canal 7, el
contador Salvador Laganá, que respondía directamente al interventor del Sistema Nacional
de Medios Públicos (SNMP), Ricardo Palacio (ex secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Rawson). Ambos hombres formaban parte de la tropa de Enrique
Albistur y, por ende, del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de quien depende toda el
área de medios nacional.
Alta tensión
En principio, tanto Ana de Skalon como Leonardo Bechini defendieron causas
comunes, que estaban en plena sintonía con el discurso oficial: la necesidad de revalorizar
el canal como un bien del público y dotarlo de presupuesto, la obligación de reequipar de
forma urgente el parque tecnológico de una emisora que no se renovaba desde 1978 y el
objetivo de lograr una programación con la mayor cantidad de producción propia, sin tanto
398 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
uso recurrente de las coproducciones que habían caracterizado a la emisora durante los ’90.
Todo ese escenario enmarcado, obviamente, en la necesidad de abrir un debate nacional
para una nueva ley de Radiodifusión que hiciera, tal como apuntaba Bechini a fines de
2003, que la de Kirchner fuera “la última gestión política de Canal 7”399.
Pero hasta ahí llegaban los acuerdos. Lo cierto es que desde el comienzo las dos
direcciones no pudieron superar una tensión implícita: la de encontrar la difícil frontera
que dividiera las atribuciones de una y otra área. Con criterios muchas veces
irreconciliables, la tarea de conformar un conjunto que construyera una programación
equilibrada resultó una quimera.
Las características de cada uno no ayudaban en esa tarea. Por un lado, Bechini asumía
los mandatos de la televisión de mercado y el sistema comercial: la contratación de figuras
que mejoraran el encendido y la preeminencia de ficciones y programas de
entretenimientos de carácter popular. Su poder de decisión estaba apadrinado, nada más y
nada menos, que por Palacio, interventor del Sistema de Medios, y Albistur, secretario
nacional de Medios.
Por su parte, de Skalon aspiraba a un Canal de perfil “cultural”, que escapara al
mandato de los ratings para adoptar una posición documental más fuerte, de carácter
formativo, que incluyera investigación periodística y que, sobre todo –en línea con la
visión del matrimonio Kirchner– recuperara la memoria en un sentido amplio, a tono con
la problemática de los derechos humanos del gobierno. En su caso, la esposa de Bonasso
tenía línea directa con el entorno presidencial, y particularmente con la actual senadora por
Buenos Aires y esposa del primer mandatario, Cristina Fernández.
Ese mapa de relaciones no tardaría en desequilibrar los espacios de poder cuando, a
partir de 2004, las discrepancias y las desestabilizaciones asomaron como una constante
sin remedio.
Pantalla plana
A raíz de las diferencias, en los primeros meses de 2004 la grilla caminó en un extraño
tentempié, y el lanzamiento de la nueva programación se anunció recién para junio. La
pantalla, sobre todo en los horarios centrales, no tenía estabilidad. “Lo único fijo son los
noticieros” aseguraba el crítico de televisión Marcelo Stiletano al analizar la pantalla del 7
399 Borsato, Juan Ignacio. “En Canal 7 no hay que ser exitoso, el pecado es ser mediocres”; en www.television.com.ar, 4 de diciembre de 2003.
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El cana l que no mi ramos
en abril de ese año400. “El resto de la grilla –afirmaba el periodista– se arma casi siempre
con programas especiales, documentales o realizaciones periodísticas, aunque la
programación puede alterarse aún cada vez que se impone (…) la transmisión en vivo de
algún discurso presidencial en el interior”.
Si bien muchas de las propuestas documentales y periodísticas resultaron de buen
nivel, era obvio que el canal seguía en transición hacia el relanzamiento, sobre todo en el
área de Ficción y Entretenimientos, que anunciaba para esas semanas una gran cantidad de
cambios. “El mayor desafío es poner en marcha un sistema de producción que hace más de
20 años que está ausente en el canal. Con austeridad, pero no por ello escasa creatividad,
vamos a ofrecer tres propuestas en tres géneros distintos: terror, drama y comedia”,
apuntaba Bechini en junio.
Las propuestas a las que se refería eran Los de la esquina, una comedia familiar
semanal proyectada para los domingos a las 14.30, con Rodolfo Ranni, Emilio Disi, Víctor
Laplace y Georgina Barbarossa; De la cama al living, un ciclo de unitarios centrado en
historias de amor y desamor entre parejas; e Historias de terror, una adaptación televisiva
de trece cuentos clásicos de terror. “El objetivo de introducir ficción a la pantalla –
detallaba Bechini– es el de acercar más a la gente entre sí. Estamos respondiendo a la
necesidad que tienen los habitantes del resto del país de entretenerse a través de la ficción.
Creo que la función de un canal estatal es reflejar todos los aspectos de la cultura, y la
ficción es una parte importante, al mismo nivel que la música y la literatura”.
Con una anunciada inyección de tres millones de pesos para invertir en pantalla,
Bechini incluso anunció la incorporación de Juan Alberto Badía con un remozado ciclo
musical y la confirmación de la polémica Georgina Barbarossa en la grilla (en aquel
momento vapuleada por las críticas ante los gastos de producción de su programa Las
cosas de Georgina). Mientras Bechini avanzaba, las diferencias de criterios internos se
ahondaban con de Skalon401 y las grietas asomaron definitivamente cuando la “mano” de la
política entró en escena.
400 Stiletano, Marcelo. La emisora, bajo el eje de lo provisional; en www.lanacion.com.ar, 8 de abril de 2004.401 El periodista del canal, Mauro Federico, conductor de Huella Digital y del controvertido programa Visión 7, Edición Especial Domingo, ratificó gráficamente en una entrevista realizada para la presente investigación los problemas en la conducción: “Estas dos áreas (Ficción y No Ficción), que teóricamente deberían complementarse, han venido desde que comenzó la gestión cagándose a codazos para tratar de acomodar los espacios que ellos consideran que debe tener el canal público y no utilizando un criterio de complementariedad, que sería muy saludable para la pantalla del 7”. En tanto, el subsecretario de Medios, Juan Gabriel Mariotto también ratificó el problema en una entrevista para esta tesis, al admitir que no se habían podido sortear en la emisora “diferencias de criterios entre los directivos”. Ver Anexo 9.
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El cana l que no mi ramos
Cultura cero
Como parte de la “reestructuración de la programación” anunciada para junio, el 20 de
mayo de 2004 se levantaron de la grilla los dos programas culturales tal vez más
emblemáticos de la emisora: Los siete locos, que conducía desde hace diecisiete años
Cristina Mucci, y El refugio de la cultura, con Osvaldo Quiroga, que llevaba ocho años en
la televisión y once en la radio.
La decisión derivó en un escándalo mediático. Mucci explicó la situación al aire y tuvo
como invitados a Elisa Carrió y a Juan José Sebreli, que criticaron duramente la política
del gobierno. En tanto, Quiroga fustigó la decisión en el resto de los medios: “El canal del
Estado tiene que responder a las necesidades de la gente. No puede hacer una televisión
comercial y popular para competir con los canales privados, ya que no les da el
presupuesto ni es su rol. Se pretende hacer una televisión más popular, se le da lugar a
[Georgina] Barbarossa y a [Juan Alberto] Badía, pero no a programas literarios, justo
cuando (el ministro de Educación) Daniel Filmus está diciendo que ‘no se puede vivir sin
libros’. No se entiende”402. Incluso, el periodista sacó a la luz conflictos internos y aseguró
que Ana de Skalon se había comunicado con él para hablar del tema: “Me dijo que ella no
estaba de acuerdo con la decisión y me dio a entender que la política del gobierno para
Canal 7 es hacer una programación de puro entretenimiento”403.
La discusión abierta sobre el rol de los medios públicos y las críticas recibidas de
diversos periodistas, agrupaciones literarias y personalidades de la cultura provocaron la
marcha atrás de la decisión tomada. El propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández,
apareció en pantalla junto a Quiroga el 27 de junio para anunciar la continuidad de los
programas. Los ciclos pertenecían al área de Skalon, así que ella también reconoció el
error. “Sin embargo, un funcionario de alto nivel en el gobierno reveló entonces que la
decisión había surgido directamente de la intervención del SNMP (Ricardo Palacio) y
había sido adjudicada a de Skalon”404. Las aguas se dividieron todavía más: las diferencias
no incluían solamente a Bechini, sino que la propia Secretaría de Medios habían apuntado
contra la directora, que apenas pudo sortear la tormenta por su relación directa con el
matrimonio presidencial.
402 Respighi, Emanuel. Sin lugar en la nueva grilla; en www.pagina12.com, 22 de mayo de 2004403 Longo, Fernanda. Canal 7 levantó de la grilla dos programas culturales; en wwww.clarin.com, 21 de mayo de 2004.404 Stancanelli, Pablo. Canal 7, una saga interminable; en Le Monde Diplomatique. Nº 70. Buenos Aires, abril de 2005.
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Días de furia
Un nuevo conflicto, “de mayores consecuencias, pero de menor repercusión
mediática”405, asomó en el canal en septiembre de 2004 con el levantamiento de Visión
Siete, Edición Especial Domingo, conducido por los periodistas Raúl Dellatorre, Mauro
Federico, Pablo Feldman e Hinde Pomeraniec los domingos a las 22. De Skalon entendía
que el programa era una extensión del noticiero, así que decidió que fuese realizado por los
trabajadores de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). Los
problemas surgieron cuando el otro gremio mayoritario en el canal, el Sindicato Argentino
de la Televisión (SAT) –que nuclea a técnicos, camarógrafos y editores artísticos– puso el
grito en el cielo porque aseguraba que la producción era de su competencia.
“Ambas representaciones sindicales entendían que el programa debía ser hecho por
personal afiliado a su sindicato. La UTPBA decía: ‘Es un programa periodístico, lo tienen
que hacer periodistas’. El SAT decía: ‘Será un programa periodístico pero requiere de
nuestro trabajo artístico, entonces lo tienen que hacer los realizadores’. (…) Estaba en
cuestionamiento la labor de la factura técnica, es decir: quién hacía las cámaras de
exteriores y quién editaba. Ese era el territorio de disputa”406. En esos dos casos, hay
editores y realizadores afiliados al SAT y editores y realizadores afiliados a la UTPBA.
A raíz del conflicto, el SAT decidió retirar su participación desde su primera edición, el
1º de agosto. Durante un mes el programa salió al aire con la colaboración del personal
jerárquico (que tiene un sindicato propio), pero el 5 de septiembre los trabajadores del SAT
encadenaron la puerta del estudio seis, bloquearon la entrada e impidieron la salida al aire.
La tensión había ido en aumento desde los chispazos producidos por la decisión del
Ministerio de Trabajo del 27 de agosto, que después de dictar la conciliación obligatoria
(que exigía a los gremios negociar sin que pudieran tomar medidas de fuerza) dictaminó
que el programa saliera al aire con cámaras y edición supervisadas por el SAT. La UTPBA
impugnó ese fallo y el 3 de septiembre la cartera laboral revirtió la decisión y le dio la
razón al gremio de los periodistas. Ese dictamen fue comunicado al canal el sábado, y el
domingo el SAT encadenó el estudio.
A las 22:15 de ese domingo 5 de septiembre Ana de Skalon apareció en pantalla y leyó
un mensaje que hizo público el conflicto. La directora acusó a los “máximos dirigentes del
SAT” de prohibir a sus afiliados cumplir con sus tareas y coaccionar “por la fuerza y con
405 Íbid.406 Entrevista al periodista de Canal 7 Mauro Federico. Ver Anexo 9.
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actitudes patoteriles” la posibilidad de que otros trabajadores lo hicieran. Para de Skalon,
las acciones se daban en un contexto de “intereses mafiosos y corporativos” que impedían
el desarrollo de una televisión “realmente pública”. La tensión se agudizó ese mismo día,
cuando una productora del programa periodístico Huella Digital fue amenazada y le
arrojaron una pastilla de Gamexane en su oficina.
Finalmente, el gobierno decidió abrirse del conflicto y la disputa terminó en la
Justicia407. En tanto, la intervención del SNMP fue levantando los sucesivos programas
semana a semana (pese a que la producción lo realizaba como si fueran a salir) aludiendo
al problema entre sindicatos. Mauro Federico explicó que “llegó un momento que el
desgaste de estar haciendo el programa y que no saliera al aire llevó a todos a decir que no
tenía ningún sentido seguir con eso”408.
En el momento más álgido del conflicto, Ana de Skalon dijo estar sorprendida por la
desproporción de la reacción con el problema. “Para mí, aquí hay algo que excede al canal
–explicó– y por eso salí al aire”409. Pero lo que anunciaba como una sencilla interpretación,
era una certeza propia: los ribetes del problema excedían al canal, pero la incluían.
Intereses en fuga
Tras el conflicto con Visión 7…, quedaron al desnudo en la emisora pública intereses
en disputa que encontraron en la pelea gremial un caldo de cultivo ideal. La situación dio
pie para que se combinaran factores que trazan una radiografía histórica del 7, e incluyen
censuras, altercados por el destino de la programación y definición de internas políticas en
un terreno apto para tales cuestiones.
Después del levantamiento definitivo del programa, la UTPBA manifestó su rechazo
ante “la prohibición y censura” ejercida sobre Visión 7… El gremio aseguraba que el
supuesto conflicto gremial encerraba un mar de fondo: “Se combinan dos cosas (…); el
problema sindical y el levantamiento porque el programa tenía determinadas
características”, destacaba ante el conflicto el secretario general del sindicato, Daniel Das
Neves410.
Para el periodista Mauro Federico, directamente involucrado en la cuestión, “lo que
ocurrió es que los sectores que entendieron que ese programa podía ser peligroso agitaron
407 Hacia mayo de 2006, la causa seguía en la Justicia a la espera de una definición.408 Entrevista a Mauro Federico. Ver Anexo 9.409 Un estudio encadenado y una directora al aire; en diario Página 12, 6 de septiembre de 2004.410 Entrevista a Daniel Das Neves. Ver Anexo 6.
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el conflicto para que de una u otra forma ese programa dejara de salir al aire 411. (…)
Nosotros en el primer programa denunciamos las vinculaciones de los barrabravas de Boca
con los incidentes de la Legislatura (…) con todo lo que suponía eso políticamente en una
interna recalentada con Macri. (…) Eso generó quilombo. El propio Ministerio del Interior
se interesó en el tema. Nunca con nosotros sino con las autoridades del canal, con la
intervención. Después el programa empezó a movilizarse hacia las provincias. A la tercera
semana nosotros decidimos ir a cubrir una marcha que se hacía en Salta por el tema de la
privatización del servicio de agua. Entonces el equipo que viaja no sólo cubre ese
problema, sino que también se mete a investigar el tema del desmonte de una serie de lotes
que tenían protección porque eran una zona de patrimonio nacional. (…) [El gobernador de
Salta, Juan Carlos] Romero les estaba dando autorización a una empresa para que los
desmontara. (…) El informe lo armo contando estas dos caras. Incluso, llegamos a
agarrarlo a Romero en una tele-conferencia que daba aquí en Buenos Aires. Uno de los
cronistas del programa le hace una entrevista a Romero, que lo que menos se esperaba era
que le preguntáramos desde el canal oficial eso. Y lo hace y el tipo queda descolocado
ciento por ciento”412.
Fuentes periodísticas y el propio Federico confirmaron que ese informe provocó la
queja de funcionarios del gobierno salteño ante la jefatura de Gabinete por sufrir el agravio
de las cámaras estatales. Desde la propia jefatura se habría reconocido la inconveniencia de
tratar esos temas ante la inminencia de la firma de un acuerdo federal entre el presidente
Kirchner y los gobernadores para definir fondos de coparticipación413.
Otro de los factores que azuzaban el conflicto, está claro, era el enfrentamiento entre
los directores de la conducción bifronte. Según fuentes directamente relacionadas con el
canal, el conflicto fue, en parte, producto de esa interna. Cuando asumió en noviembre de
2003, en una de sus primeras decisiones, Ana de Skalon había resuelto actuar como
mediadora entre los trabajadores y los representantes de la Secretaría de Medios, en un
aparente intento por detener ciertas injerencias de los funcionarios en la grilla de
contenidos periodísticos. “Ningún periodista puede ir a Casa de Gobierno a discutir los
contenidos de un programa, de ningún canal. Yo soy la responsable de lo que ustedes
pongan. Por ende, van a discutir conmigo”, le habría dicho la directora a un grupo de
411 Se puede ver el detalle de cada programa (de los que se emitieron y de los que no) en www.periodistascanal7.com.ar. Los programas producidos que no salieron al aire son tres: 5, 12 y 19 de septiembre de 2004.412 Íbid.413 Stancanelli, Pablo. Op. cit.
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El cana l que no mi ramos
trabajadores en la emisora414. Esa posición no fue vista con buenos ojos por las autoridades
máximas del área de comunicación del gobierno, quienes ya venían molestándose por las
disputas con Bechini, ahijado político de la Secretaría.
En un orden más partidario y menos interno, también hubo quienes supieron conectar
los episodios gremiales con rencillas de poder en el seno del peronismo. A mediados de
2004, en medio de los problemas en el canal, la interna del PJ porteño había abierto una
etapa definitoria después de que fuera intervenido por la Justicia Electoral el 25 de marzo
de ese año.
En esa lucha de poder, Miguel Bonasso (marido de de Skalon) y Alberto Fernández
(cabeza de la estructura que incluye a la Secretaría de Medios) estaban en bandos
enfrentados415. Los analistas más suspicaces aseguran que el canal fue botín político de la
interna: el SAT (enrolado en la Confederación General del Trabajo, que en ese momento
tenía claro interés de sumar hombres propios en la conformación de listas de cara a las
elecciones en 2005), habría fogoneado los conflictos para perjudicar el entorno bonassista
y “jugar” a favor de los hombres cercanos a Fernández. Verosímil o descabellado, lo cierto
es que esas versiones nunca pudieron ser confirmadas.
Estamos en el aire
Mientras tanto, la grilla de programación de Canal 7 siguió transitando nuevos frentes
de tormenta. Pese a la reivindicación de la crítica a algunos programas culturales e
históricos, el afianzamiento de Víctor Hugo Morales en las mañanas informativas y el éxito
del clásico Folklorísimo, en general, lo único estable siguieron siendo los noticieros.
Poco después del escándalo con los gremios, Ana de Skalon dejó de ir a la emisora
producto de un grave problema de salud y viajó a Cuba para iniciar un tratamiento médico.
La dirección periodística, por lo tanto, quedó acéfala y en piloto automático. Se
mantuvieron la mayoría de sus programas, algunos de buen nivel (Cultura Cero, Historias
414 Entrevista a Mauro Federico. Ver Anexo 9.415 El origen de la disputa no era nuevo. En aquel momento las diferencias ya eran públicas. Fuentes cercanas al jefe de Gabinete señalaban en esos días de interna que “la calentura es de Alberto [Fernández] y debe ser porque cada vez que el Ejecutivo manda un proyecto, Bonasso se lo petardea”. En la vereda opuesta, los hombres cercanos al dirigente transversal aseguraban que Fernández había olvidado ciertas banderas de campaña y se había lanzado a la política gubernamental, igual que un político tradicional. “Fernández no se diferencia de ciertos vicios que le achacamos al menemismo; y nos está pateando en contra”. Algunos hombres del jefe de gabinete, en cambio, aseguraron que el distanciamiento se debió a que Bonasso le pidió un cargo de importancia dentro de la Cámara de Diputados, especulación que los bonassistas niegan. Lizzano, Antonio; y Vedia y Mitre, Martín. El PJ porteño define su futuro; en Noticias Urbanas, 10 de septiembre de 2004.
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El cana l que no mi ramos
prestadas, Visión 7 Internacional, entre otros), pero no se produjeron demasiadas
innovaciones.
En tanto, de toda la ficción que pensaba instalar Bechini, sólo quedó una en pie hasta
fines de 2004, De la cama al living. Los de la esquina no supo instalarse como la comedia
familiar de los domingos y fue levantado rápidamente, y el ciclo Historias de Terror,
hecho en co-producción con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
no alcanzó los objetivos que se esperaban y antes de noviembre quedó fuera del aire. El
director de Ficción y Entretenimientos también había apostado a la novela La mujer del
presidente, pero desapareció de la pantalla misteriosamente. Sólo había logrado imponer el
bizarro 30 y pico, un programa que revisaba clásicos de la música comercial de los ’60 y
’70.
El canal es mío, mío
Hacia finales de 2004, la apuesta para la grilla ya estaba destinada al año siguiente.
“No estoy conforme con lo hecho hasta ahora”, dijo Bechini al hacer un balance sobre su
primer año de gestión416; y no era para menos. No obstante, se avecinaban nuevos aires. Sin
la presencia de Ana de Skalon, Bechini se sintió con más libertad para hacer cambios y
profundizó otro tipo de propuesta para el 7.
En primer lugar, el director de Ficción se aprestó a idear la propuesta de verano junto a
Palacio, y pensaron en darle a Moria Casán un ciclo diario de dos horas desde alguna playa
de Mar del Plata. Incluso ambos mantuvieron algunas reuniones con la diva. Otro que
querían que fuera de la partida era Juan Alberto Mateyko, para conducir su clásico La
movida del verano. También charlaron con el productor Carlos Rottemberg para que
Mirtha Legrand volviera al canal con sus habituales almuerzos. Por otro lado, Bechini
convocó a Raúl Portal para que iniciara un programa de música cubana.
De todos ellos, el único confirmado de inmediato fue el ex conductor de Perdona
nuestros pecados y Noti-dormi, que a principios de noviembre empezó el ciclo Son… de
todos. Rottemberg, por su parte, por esos días había asegurado que Mirtha se iba a tomar el
verano para pensar qué hacer con su futuro en la televisión, así que el proyecto se cayó. En
tanto, Mateyko y Casán empezaron a negociar su participación en el 7, y tanto Bechini
como Palacio descontaban llegar a un arreglo para que formaran parte de la temporada
estival de la emisora. 416 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Juan Ignacio Borsato para el sitio web www.televisión.com.ar, 2 de diciembre de 2004.
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Sin embargo, un escándalo en los pasillos de la Casa Rosada abortaría los planes
puestos en marcha. La primera semana de diciembre de 2004, Palacio fue a contarle al
Presidente los primeros avances del plan para el 2005. A esa altura, Casán y Matyeko eran
casi un hecho en el aire de la emisora de Figueroa Alcorta y Tagle, pero el interventor
apenas pudo nombrar a la vedette: antes de que pudiera continuar, la reacción de Kirchner
originó un entuerto que hizo desandar una decisión tomada. Durante esos días, Canal 7 fue
cuestión de debate no sólo con el Presidente, sino también con la primera dama, Cristina
Fernández de Kirchner, que participó de algunos de los altercados por la programación.
Para la esposa del líder santacruceño, Casán no podía estar al aire “por razones de
incompatibilidad de imágenes entre la vedette y la pantalla de un canal eminentemente
cultural”417. En seguida, la pulposa conductora quedó fuera de juego.
Algunos días después de la negativa en Casa de Gobierno, Palacio volvió a la carga,
esta vez para contar la segunda parte del plan: “Muñeco” Mateyko retornaría a la televisión
abierta con su programa de fin de semana. Y el ciclo de la tarde, en lugar de estar liderado
por Moria, sería conducido por la actriz y vedette Mónica Ayos. La respuesta del
Presidente fue contundente: había que anular esos desembarcos. En los pasillos de uno de
los sectores presidenciales de Casa de Gobierno se desató otra fuerte discusión que el líder
pingüino cerró a los gritos. “¡El dueño del canal soy yo!”418, le dijo a Palacio, quien tuvo
que volver a la emisora con la negativa a cuestas. No podía insistir más: por las mismas
cuestiones las disputas con de Skalon ya eran públicas, pero agigantar una herida
directamente con el matrimonio presidencial era otro cantar.
El largo camino de la grilla
Con las nuevas propuestas de verano truncas, en la emisora empezaron a diseñarse las que comenzarían hacia mayo de 2005. En tanto, las clásicas fiestas populares de todos los años (como el Festival de Cosquín y Jesús María o los carnavales de Gualeguaychú, entre otros) siguieron siendo los eventos más vistos del canal durante la temporada estival.
En marzo, Ana de Skalon (ausente desde octubre del año anterior por su tratamiento
médico en Cuba) retomó la dirección periodística, y volvió la puja de espacios. En el diario
El Litoral de Santa Fe, la periodista Mariana Canavese, colaboradora de Le Monde
Diplomatique, titulaba en esos días una nota sobre la emisora con una frase que definía la
cuestión: Guerra kirchnerista en el Canal 7. Es que después de varios meses de ausencia,
417 El canal es mío, mío; en diario La Nueva Provincia, 17 de diciembre de 2004. 418 Íbid.
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la vuelta de de Skalon era una piedra en el zapato para la Secretaría de Medios: “Distintas
fuentes confirman que hay quienes no deseaban la reincorporación de de Skalon, de modo
tal que se habría avanzado en la programación sobre algunos de sus espacios. Lo cierto es
que la nueva grilla tendrá que contemplar ahora los cambios dispuestos por la directora del
área periodística”, señalaba Canavese.
En medio de la tensión que se respiraba en los pasillos del canal, se anunció que el 1°
de mayo se restituirían los programas a cargo de la dirección periodística. Esto significaba
que cambiaban los horarios que habían estado pautados para programas como Cultura
Cero, Científicos Industria Argentina, Los siete locos y El refugio de la cultura. Pero,
además, se explicó que volvían a la pantalla los programas Historias prestadas, Visión 7
Internacional, Argentina.doc, Huella Digital y Caminos de Tiza.
Bechini tuvo que rearmar los espacios propios en la programación, en una grilla donde
no había “suficiente espacio para tantos programas”419, teniendo en cuenta que volvía
Compatriotas (un ciclo diario de las medianoches que, conducido por “Coco” Silly y
Daniel Aráoz, había tenido buena repercusión en 2004); que ya se estaba preparando la
vuelta de Un cortado, historias de café –escrito y dirigido por el propio Bechini– junto al
programa De gira (un ciclo donde un grupo de actores recorrería el país presentando obras
de teatro); que seguían las tratativas secretas para la llegada de tres periodistas deportivos
de alto nivel420; y que estaba en marcha la producción de Chicos.ar, un magazine para
niños.
Justamente, ese magazine infantil, en su período de prueba, trajo un nuevo dolor de
cabeza para el gobierno. La razón era que una de las integrantes del ciclo, Roberta, de 11
años, resultó ser hija de Bechini. En ediciones sucesivas, el diario La Nación acusó al
directivo de “contratarse a sí mismo” y aseguró que la gacetilla de prensa del programa
promocionaba a Roberta como una de las conductoras421. El director de Entretenimientos
desmintió esas aseveraciones e insistió con que el ciclo era una coproducción, que su hija
había ido a un casting, que no era conductora, que no cobraba y que lo publicado era una
“operación de prensa”422. Lo cierto es que las acusaciones desgastaron la imagen del
directivo y se atrasó el lanzamiento del ciclo, ya sin la niña al aire.
419 Canavese, Mariana. Guerra kirchnerista por Canal 7; en diario El Litoral, 10 de abril de 2005.420 Esos tres periodistas serían Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo y Julio Ricardo (que fue director del canal en los ´90). Juntos trabajarían durante el 2005 en el programa 3 en el fondo.421 Ver Nuevos frentes de tormenta de Bonacchi, Verónica, y La vieja manía de contratarse a sí mismo de Sirvén, Pablo; y Una pantalla llena de contradicciones de Bonacchi, Verónica; en diario La Nación, 29 y 30 de abril de 2005, respectivamente. 422 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Guillermo Blanc en el programa Cartelera 1030; AM 1030 Radio del Plata, 14 de mayo de 2005. Ver Anexo 8.
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En tanto, el área de de Skalon no corrió mejor suerte. Mientras sus ciclos se iban
reincorporando lentamente en pantalla, dos de sus programas volvieron a quedar atrapados
en disputas gremiales y en el medio de sospechas de censuras aparentemente iniciadas por
el propio gobierno. La noche del jueves 28 de abril de 2005 debía emitirse un documental
sobre los treinta años de la guerra de Vietnam, que había sido anunciado repetidamente en
pantalla; pero a último momento lo que se vio fue Carrera para salvar el planeta, un
documental presentado por Meryl Streep. Los conflictos habían surgido a mitad de la tarde,
cuando se anunció que se levantaba, por conflictos gremiales, el documental junto con el
programa Huella Digital, anunciado para el sábado a las 22. La directiva llegó firmada por
Bechini a las 21:10. Según Mauro Federico, conductor de Huella..., “a alguien se le ocurrió
que el programa (que iba a tratar cuestionamientos al gobierno de Neuquén) podía ser
perjudicial para el gobierno” y lo levantó423. Sin embargo, entre las 21:10 y las 22 hubo un
ir y venir político y la intervención dispuso una contraorden. Finalmente Huella Digital
salió al aire. En cambio, el documental sobre Vietnam nunca vio la pantalla.
Desde el gobierno, se recalcó en varias oportunidades que los levantamientos se
producían por las continuas disputas gremiales y que las denuncias de censura no tenían
“nada que ver con la realidad”424. “Por algunas desinteligencias que hemos cometido desde
la conducción –aseguraba el interventor del SNMP, Ricardo Palacio– se han originado uno
o dos programas que fueron reclamados por los dos sindicatos. (…)”425. En el caso del
documental sobre la guerra de Vietnam, el SAT había avisado que harían “un paro total de
actividades en el canal si el programa salía al aire. Entonces, en el momento de tomar la
decisión y ante un paro total de actividades al otro día, decidimos suspender la salida al
aire hasta que pudiéramos sacar programas con estas características que no tuvieran
consecuencias mayores. No fue censura”426, enfatizaba el jefe del Sistema de Medios.
La gota rebalsó el vaso cuando el anunciado Vida y Vuelta, conducido por el
historiador Felipe Pigna (también bajo la dirección de de Skalon), desapareció de los
anuncios de la programación antes de su primera emisión el miércoles 4 de mayo. La crisis
se hizo pública cuando el conductor dijo por radio que le habían levantado el ciclo. Ese
mismo día, desde el gobierno ordenaron a la intervención la reposición del programa427.
423 Entrevista a Mauro Federico. Ver Anexo 9. 424 Ricardo Palacio, interventor del SNMP, durante una exposición en el Senado nacional. 7 de junio de 2005. Ver Anexo 10.1.425 Íbid.426 Íbid.427 Bonacchi, Verónica. La emisora oficial continúa alterada; en diario La Nación, 7 de mayo de 2005.
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Las continuas desprolijidades causaron tanto malestar que Palacio, a través de una
circular, anunció que era él quien decidía qué salía o no por la pantalla. Desde entonces, la
grilla llega firmada a todos los despachos no sólo por Palacio sino también por el
coordinador general del canal, Ricardo Laganá.
En junio de 2005, la Jefatura de Gabinete respondió una serie de preguntas legislativas
acerca de la gestión del gobierno mediante un informe enviado al Senado nacional. Allí,
uno de los tantos temas abordados fue el de los contenidos de la programación y “el reparto
del tiempo al aire”428 en Canal 7.
Para el gobierno, la emisora elaboraba en aquel momento una programación “de
acuerdo a las pautas de servicio público a la comunidad, ofreciendo una programación no
comercial que suponga una alternativa real a la programación comercial existente” y
dirigida a “garantizar el derecho a la información y al conocimiento, como así también a
entretener y difundir los valores culturales de todos los habitantes del país”. “La estrategia
se realiza asegurando segmentos de programación que cumplan (…) los objetivos
mencionados y teniendo los recaudos de ofrecer opciones para la gente de todas las edades,
niveles culturales y económicos”429.
Después de hacer un muy breve recorrido por el temario general de la grilla, el informe
destacaba la “participación del interior” a través “de los segmentos dedicados a la difusión
de festivales y fiestas populares” y el programa De gira, que llevó “elencos de actores a
teatros de diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, en los que se presentaban
obras nacionales”430. No obstante, el propio informe admitía que después de cuatro meses
la intención era continuar por el resto de las provincias pero “razones presupuestarias por
el momento suspendieron su realización”. En más de una oportunidad, el propio Bechini en
2005 había mencionado esas propuestas como lo más interesante de su programación: De
gira me parece que es uno de los programas que tiene la razón de ser de lo que es un canal
federal, porque es llevar el canal al interior, mostrar el interior. También me sentí orgulloso
de poder mostrar durante todo el verano en una maratón de 22 a 0 todas las expresiones
culturales y festivas de todo el interior del país”431.
De todas formas, al igual que desde el comienzo de gestión, lo único estable durante el
año siguieron siendo los noticieros. Durante 2005, de las diecinueve horas y media
promedio de programación, de lunes a viernes, siete correspondieron a servicios de 428 Informe del gobierno nacional a la Cámara de Senadores de la Nación, 8 de junio de 2005. Ver Anexo 10.2.429 Íbid.430 Íbid.431 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Guillermo Blanc. Ver Anexo 8.
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El cana l que no mi ramos
noticias, cuatro a entretenimiento e interés general, tres a documentales sobre
personalidades e historia, dos a programas infantiles, una hora a salud, una hora a
programas culturales y media hora a deportes. Sólo durante los fines de semana había una
fuerte reducción de los segmentos de noticias. Sobre treinta y seis horas de programación
sábado y domingo, una hora y media era dedicada a los servicios de noticias, seis horas a
cine, otras seis a diversos festivales en el interior y cinco horas y media a transmisiones
deportivas432.
Después de la primera mitad del año, por problemas de salud Ana de Skalon volvió a
discontinuar su presencia en el canal. Promediando 2005 volvió a viajar a Cuba y ya no
regresó a la emisora. El área periodística volvió a quedar acéfala; y a fines de año volvería
a sufrir nuevos embates433. Finalmente, el viernes 17 de febrero de 2006, Ana de Skalon
falleció en La Habana. Se informó que sufría cáncer de mama desde 1997.
En tanto, hacia finales de temporada, para Bechini lo mejor de Canal 7 en 2005 había
sido el proceso de “renovación tecnológica del canal”. Con respecto a la programación, sus
elogios principales recayeron en Badía en concierto, 3 en el fondo, Vida y vuelta, los
documentales con producción propia y la transmisión de los festivales en el interior. Para
el 2006, el guionista aseguraba que el principal objetivo sería “cristalizar negocios de venta
al exterior”434.
En tanto, la autocrítica estuvo centrada en la desprolijidad de la grilla. “Nuestros
lanzamientos son totalmente dispares [porque] no podemos contar con presupuesto
propio”, aseguraba Bechini, e insistía: “No podemos tener un cronograma de estrenos
porque el dinero no llega”. Para el 2006 el principal pedido era justamente el de un
cronograma de presupuesto para la pantalla. “Si no cada semana seguirá habiendo una
sorpresa en la grilla”435.
Los sospechosos de siempre
Pese a los pedidos presupuestarios del directivo, su manejo del dinero en el 7 también
fue eje de debate público. Además del fuerte cuestionamiento que hubo a comienzos de
432 Informe del gobierno nacional a la Cámara de Senadores de la Nación. Ver Anexo 10.1.433 Entre septiembre y diciembre de 2005, el programa Huella Digital volvió a generar controversia ante aparentes intentos de censura oficial. En dos emisiones, una referida a sospechas de corrupción en la Municipalidad de Berazategui y la otra que versaba sobre el estado de los trenes privatizados argentinos, se denunciaron presiones y diversas tentativas de bloqueo oficial. 434 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Juan Ignacio Borsato para el sitio web www.televisión.com.ar, 1° de diciembre de 2005. 435 Íbid.
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El cana l que no mi ramos
año por la aparente contratación de su hija, a Bechini se le reprochó también la compra
injustificada de películas y episodios de la serie cómica Every Loves Raymond (uno de los
programas principales de la programación de la cadena norteamericana CBS, que cosechó
importantes niveles de audiencia y que finalizó, después de diez años de aire
ininterrumpidos, a comienzos de 2005). La Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
envió un informe a Palacio donde cuestionaba la decisión de comprar series y films, que en
este caso significaban un desembolso superior a los 600 mil pesos. “Sería conveniente
fundamentar la decisión de optar por este tipo de programas y no de otro”, sostenía.
Además, agregaba: “No constan las consultas de precios, condiciones y calidad de
películas efectuadas a otros proveedores en forma de planilla comparativa (…) a fin de
demostrar que se evaluó la razonabilidad de precios”436.
Bechini no habló de los precios públicamente, pero esgrimió que la razón del informe
se debía a revisiones de rutina de la SIGEN en el canal. Y justificó la compra rápidamente:
“Compramos material de películas porque el canal no tenía en existencia ninguna película;
tenía un paquete (…) con derechos que ya estaban vencidos y que seguir pasándolos era
arriesgar a comernos un juicio. Eran películas del año ’40; nosotros estuvimos comprando
películas del ’80, del ’90 y del 2000”437.
Pero ése no es el único reproche. El otro gran cuestionamiento a las autoridades del
canal fue el de la constante realización de coproducciones, pese a que uno de los objetivos
públicos al comienzo de la gestión había sido el de reducir ese tipo de contratos. “Las
coproducciones constituyen una práctica habitual y beneficiosa en los canales de
televisión, pero en el caso de Canal 7 han sido histórica y mayoritariamente fuente de
negocios turbios y de pérdidas para la emisora estatal”438, dice el periodista Pablo
Stancanelli.
En 2005, el canal mantuvo contratos de coproducción con una gran cantidad de
programas. Entre ellos figuran las transmisiones de fútbol, los programas De gira,
Noctámbulo, Polémica en los estadios, Sin escala, Chicos.ar, 30 y pico y Campeones
(entre muchos otros), y la mayoría de las transmisiones de actos oficiales.
Si bien los últimos informes especiales que dan cuenta fehaciente del vaciamiento de la
emisora a través de las coproducciones datan del año 2000, el periodista Pablo Stancanelli
aseguraba en Le Monde Diplomatique hacia abril de 2005 que “en los pasillos del canal
sostienen que nada ha cambiado”. 436 Bonacchi, Verónica. Nuevos frentes de tormenta; en La Nación, 29 de abril de 2005.437 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Guillermo Blanc. Ver Anexo 8.438 Stancanelli, Pablo. Op. cit.
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El cana l que no mi ramos
El periodista del canal, Mauro Federico, coincidió con el diagnóstico: Canal 7 “forma
parte de las tantas áreas del Estado que sin control lo que hacen es funcionar con inercia y
en esa inercia proliferan negocios. Porque hoy sigue habiendo negocios. (…) El principal
déficit de transparencia que tiene el canal está dado en la relación con las productoras”439,
señaló.
Ya en 2004, Fabián Roggero, uno de los delegados del Sindicato Argentino de
Televisión, denunciaba públicamente que la Secretaría de Medios tercerizaba los actos
oficiales que la propia emisora cubría con sus equipos440. Un ejemplo fue el día que
Kirchner asistió al acto en El Palomar donde se descolgaron los cuadros de Jorge Videla y
Reynaldo Bignone: “Canal 7 contrató un equipo de exteriores de la productora La Corte, la
misma en donde se graban la mayoría de los programas del canal El Gourmet, cuando
había equipos propios disponibles”441. Mauro Federico también se refirió a la cuestión y
enfatizó que en los actos oficiales se hace “doble trabajo (con doble gasto): se manda un
equipo de exteriores del canal y se contrata a La Corte”442.
La Corte nació en 1994, de la mano de Pablo Monzoncillo, como una “productora de
filmes y videocintas, vinculada a la realización de cortos publicitarios y la producción de
programas de tevé”443. Los primeros contratos de tercerización entre La Corte y Presidencia
se remontan a los días iniciales de Kirchner en el poder y, según un ex funcionario de la
Secretaría de Medios, se la contrata porque “tiene mejor calidad que la del canal”444.
En tanto, uno de los programas de la actual gestión sospechado es 30 y pico, que en el
2005 apareció remozado con nuevas figuras musicales y del espectáculo. En una nota
interna del canal firmada por Bechini y Palacio, referida a la publicidad del programa, se
informó a la gerencia comercial que “dado el aumento de costos de la coproductora y ante
el interés del canal de continuar con una programación de alto rating que implica un fuerte
beneficio para la venta publicitaria, se acordó una pauta a partir del primer peso de ingreso
del 75 por ciento para la coproductora y el 25 por ciento para el canal. Por otra parte, la
coproductora se compromete a ingresar una pauta al canal de diez mil segundos por mes a
un valor de dos pesos el segundo, y diez mil pesos bonificados. En la página de Internet de
Canal 7, el precio del segundo de publicidad para ese mismo programa es de 60 pesos”445.
439 Entrevista a Mauro Federico. Ver Anexo 9.440 Vergili, Alicial. Una asignatura pendiente; en Revista Debate, 18 de junio de 2004.441 Íbid.442 Entrevista a Mauro Federico. Ver Anexo 9.443 Murano, Adrián. La intrigante empresa que filma a Kirchner; en Perfil, 9 de abril de 2006. Pp. 6 y 7.444 Ìbid.445 Stancanelli, Pablo. Op. cit.
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El cana l que no mi ramos
Mauro Federico ratifica las sospechas y asegura que hay otros contratos que también
son “impresentables”. En ese sentido, recalcó el ejemplo del ciclo Televisión Abierta
(coproducido en 2005 por La Cornisa Producciones, propiedad del periodista Luis Majul),
que según el conductor cobraba un monto fijo por programa de 14 mil pesos y con una
distribución de la pauta publicitaria “absolutamente leonina”446. La consulta de estos
contratos era pública en la página de Internet del Sistema Nacional de Medios Públicos; sin
embargo el acceso está bloqueado desde mediados de 2004447 (durante junio de ese año, el
diario La Nación había difundido los distintos contratos que figuraban allí, pero el
conocimiento público de los datos creó “resquemores en la dirección del canal”)448.
Pese a la larga lista de coproducciones, en la emisora sostienen que han bajado respecto
de otras administraciones, pero que –pese a ser un objetivo central de gestión– resulta
imposible tener mayor producción propia con un presupuesto inestable y raquítico que
está, casi en su totalidad, dedicado a pagar salarios. De todas formas, más allá de nombres
y presupuestos, la falta de transparencia del sistema sigue generando más dudas que
certezas.
446 Entrevista a Mauro Federico. Ver Anexo 9.447 Ver www.snmp.gov.ar. 448 Bonacchi, Verónica. Preocupante situación del canal oficial; en La Nación, 29 de octubre de 2004.
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El cana l que no mi ramos
CONSIDERACIONES FINALES
El surgimiento de la televisión en Argentina tuvo como referencias directas a los
modelos de Radiodifusión que se habían desarrollado previamente en Estados Unidos y
Europa. En ese sentido, los primeros capítulos de esta tesis estuvieron destinados al
análisis de las particularidades de esos modelos, que nacieron a partir de las distintas
tradiciones decantadas de los profundos cambios históricos acaecidos a fines del siglo
XVIII.
Así, la Radiodifusión en Europa se fundó en el concepto de servicio público, que
otorgaba al Estado un papel primordial como garante de la prestación y acceso universal de
los servicios de Radiodifusión. En cambio, el modelo norteamericano privilegió la lógica
de la libre competencia entre diversos prestadores, limitando la intervención estatal a la
satisfacción del interés público, fijando un marco regulador general y concediendo
licencias de explotación de los servicios de Radiodifusión al sector privado.
Dos concepciones que bien entrado el siglo XX darían lugar a sendos modelos de
televisión: el europeo, que priorizó la función social del nuevo medio, y el norteamericano,
que apuntó a la maximización de ganancias.
En el primer caso, y pese a los diversos matices adoptados por cada país, se fundó una
televisión pública monopolizada por un Estado-gestor, financiada a través de un canon
pagado por los televidentes y con una programación de producción nacional apuntada a
informar, educar y entretener.
La televisión norteamericana, por su parte, se desarrolló desde el comienzo bajo las
leyes del mercado y se financió con publicidad. En este modelo comercial, el Estado
arbitró entre los intereses de los distintos competidores que se encargaban de entretener a
un conjunto de consumidores –no ya ciudadanos– a partir de una programación que incluía
tanto producción nacional como extranjera. No obstante, el Estado norteamericano reservó
el uso de licencias para el servicio público y creó una entidad autónoma (la Corporation for
Public Broadcasting, CPB) encargada de promover, controlar y financiar los programas de
radio y televisión públicos. Y más allá de que esta corporación no desarrolló sus funciones
en condiciones presupuestarias ideales, lo concreto es que a fines de los años ’90 las
estaciones de televisión pública en Estados Unidos sumaban 373, un cuarto del total de
canales de televisión abierta del país.
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El cana l que no mi ramos
Esto último pone de manifiesto que aún en un sistema televisivo de neto corte privado
y comercial, el Estado fue capaz de reconocer en la televisión pública una función social
indispensable en la promoción de la pluralidad de ideas; necesidad que la competencia
privada estaba lejos de satisfacer.
A partir de la influencia cultural que comenzó a ejercer el país del norte tras la Segunda
Guerra Mundial, los países de América Latina desarrollaron sistemas de televisión
emparentados con el modelo norteamericano. Sin embargo, al tiempo que se adoptaba la
lógica del interés privado, se construyeron empresas estatales con alguna pretensión de
servicio público al modo europeo. De esta manera, fue tomando cuerpo un sistema de
televisión mixto que más que constituirse en un modelo ecléctico superador dio lugar a una
confusa convivencia de pretensiones e intereses que quedaron a mitad de camino entre la
Radiodifusión pública y la privada, con medios en propiedad del Estado que buscaron
financiarse con publicidad y que fueron utilizados regularmente como órganos de
propaganda por los gobiernos de turno.
Así, la falta de políticas claras y sostenidas a lo largo del tiempo gestó en los países
latinoamericanos sistemas televisivos débiles que enfrentaron problemas que se han vuelto
estructurales.
Como se ha visto al caracterizar la actualidad latinoamericana, Antonio Pasquali traza
un diagnóstico oscuro sobre una televisión que hoy no satisface ninguna de las necesidades
socioculturales y educativas de las poblaciones de la región, que informa poco y
tendenciosamente, que mantiene una estrecha connivencia con el poder político, y que ha
acaparado la casi totalidad del mercado publicitario, lo que le brinda un gran margen de
maniobra y le permite una mayor penetración política y cultural. La falta de una televisión
pública con objetivos claramente definidos y la ausencia de una política reguladora por
parte del Estado han sido sin duda las principales causas que han conducido a esta
situación.
La Argentina no ha sido la excepción a la regla, ya que la televisión nació también
como un sistema mixto que conjugó la estrecha relación entre el poder político y el
mandato constante de los intereses comerciales. Una estructura que perdura hasta hoy, que
en más de medio siglo ató a la televisión estatal a los caprichos y necesidades de cada
nueva gestión y que terminó convirtiéndola en una de las instituciones más desprestigiadas
del país.
Recorrer la historia del canal sirvió para poner de manifiesto, tal como apunta Mindez
en Canal 7. Medio siglo perdido, que “no resulta extraño que un país con gobiernos
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El cana l que no mi ramos
inestables, autoritarios, corruptos y mezquinos haya engendrado una televisión estatal de
similares características”449.
En consecuencia, a lo largo de esta tesis hemos dado cuenta de las complejidades que
limitan y postergan el avance institucional hacia una verdadera televisión pública en el
país, cuyos contenidos sean expresión del pluralismo social y las identidades regionales, a
partir de cuatro pilares fundamentales: la autonomía económica, la des-centralización
política, una distribución federal que posibilite a toda la población el acceso al servicio y
un estatuto legal y operativo que regule su funcionamiento interno.
Para ello, es indispensable que Canal 7 sea financiado con fondos que provengan
mayoritariamente del erario público, pero que se encuentren fuera de la égida de los
organismos de gobierno que controlan el presupuesto. Sólo de esta manera puede
asegurarse la pluralidad de ideas, expresada a partir de una doble independencia: del poder
político –evitando el posible uso propagandístico del medio– y del mercado publicitario,
para que la televisión pública no esté obligada a competir por el rating condicionando así el
desarrollo de una programación que debe estar orientada al interés general en vez de a los
negocios.
Lo anterior no implica que la televisión pública no pueda sumar ingresos provenientes
de la publicidad, aunque necesariamente éstos deberán limitarse a un porcentaje menor
para evitar influencias en sus políticas y contenidos.
A diferencia de los magros presupuestos con que ha contado históricamente, estos
fondos descentralizados deberán cubrir también la dotación tecnológica necesaria para
garantizar el acceso igualitario de toda la población a contenidos de calidad que satisfagan
las necesidades culturales y educativas de los ciudadanos con un sentido federalista y de
respeto por las minorías.
Por último, es imposible pensar una verdadera televisión pública cuyo funcionamiento
no esté regido por mecanismos democráticos y transparentes que sólo podrán garantizarse
a través de una activa participación ciudadana en la administración de la emisora, tanto en
la supervisión y destino de los fondos públicos como en el diseño estratégico de la
programación.
A lo largo de más de cincuenta años, en nuestro país ninguna gestión implementó
verdaderos cambios en ese sentido. Incluso, a partir de 1989, la situación crónica de Canal
7 se agudizó aún más, cuando la Argentina se sumó a la estructura económica que el
pensamiento neoliberal había implementado en el mundo una década atrás, y que había
449 Mindez, Leonardo. Op. cit. Pág. 113.
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El cana l que no mi ramos
desatado la crisis definitiva de la televisión pública, después de que las principales
corporaciones estatales que la sostenían se debilitaran en virtud del creciente peso que
alcanzaron los criterios económicos en la organización y regulación del medio.
Como en el resto del planeta, la introducción del libre mercado también desnaturalizó
el concepto de servicio público, y el Estado entonces asumió la re-regulación del sistema
televisivo para potenciar la competencia y crear un escenario compatible con los nuevos
intereses económicos, donde sectores financieros sin tradición en Radiodifusión pudieran
empezar a invertir en el área, con valores dinámicos de competitividad y ganancias al corto
plazo.
Esas ideas se concretaron durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, quien
mantuvo la ley de Radiodifusión impuesta por la dictadura militar y la fue modificando en
beneficio de los intereses privados: amplió el número de licencias, permitió el ingreso de
empresas editoriales y periodísticas al mercado televisivo y consolidó la formación de
multimedios. Además, decidió la privatización de las emisoras estatales (excepto Canal 7)
y, años después, permitió también la participación del capital extranjero.
En este contexto, Canal 7 quedó en el escenario televisivo como la única emisora del
Estado con alcance nacional; y en una posición vulnerable ante el apetito voraz de la ola
privatizadora. La propia administración de Menem intentó, sin éxito, propiciar su venta en
1992 y 1995.
A partir de 1999, durante el gobierno de Fernando De la Rúa, sin el peligro de la
privatización pero ante la continua reducción de las funciones públicas, se implementaron
algunos cambios paulatinos en la debilitada emisora, pero que no modificaron su
estructura ni su funcionamiento. Incluso, poco antes de la caída del presidente radical, la
televisora volvió a ser presa de los repetidos vicios de antaño. En un contexto muy poco
favorable para las instituciones estatales, Canal 7 –víctima de la historia y reprobadas
gestiones– seguía siendo un islote a la deriva en un océano privatizado.
Sin embargo, a partir de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner cuestionó los postulados
del neoliberalismo reinante, y a partir de la revalorización del Estado en la planificación de
la economía y en la defensa de los bienes y empresas públicas, parecía darle al canal estatal
una nueva oportunidad. Fue el propio gobierno quien habló de colocarlo “a la altura de las
mejores emisoras estatales del mundo” [haciendo hincapié en] “el rol fundamental”450 que
la televisión pública está llamada a cumplir en un Estado moderno.
450 Solicitada con motivo del 53º aniversario del inicio de transmisiones de Canal 7. Diario Clarín, 17 de octubre de 2004.
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El cana l que no mi ramos
Asimismo, la enfática reivindicación de los derechos humanos por parte de la nueva
administración (que, entre otras medidas, impulsó la derogación de las leyes del perdón y
cedió el predio de la ESMA para la construcción de un museo de la Memoria) marcó un
quiebre radical respecto de las políticas que en la materia habían desarrollado los gobiernos
que se sucedieron durante los últimos quince años.
En ese contexto, quienes entienden a la comunicación y a la información pluralista
como un derecho humano fundamental para la democracia, renovaron su entusiasmo,
mientras el gobierno seguía alimentado la expectativa: cuestionó la vigencia de la ley de
Radiodifusión de la dictadura y prometió la pronta sanción de un nuevo marco regulador,
que reordenaría el sistema de medios con criterios democráticos y participativos, y que, se
suponía, marcaría por fin un rumbo concreto para el canal estatal.
En consecuencia, este trabajo se extiende desde la asunción del gobierno de Néstor
Kirchner –el 25 de mayo de 2003– hasta las elecciones legislativas del 23 de octubre de
2005, la primera prueba de fuego de la nueva administración.
A partir de ese corte temporal, el análisis realizado determinó que, pese al discurso
renovador, Canal 7 sigue empantanado en complejidades estructurales que dificultan su
transformación y advierte que la gestión actual en la emisora evidencia importantes
limitaciones y contradicciones que siguen postergando la construcción de una verdadera
televisión pública.
El nuevo gobierno inició su gestión en Canal 7 partiendo de una convicción básica que
lo diferenció inmediatamente de los embates privatizadores de los ’90: la emisora debía
seguir en manos del Estado.
Sobre esa certeza, la Secretaría de Medios –área de la que depende el Sistema Nacional
de Medios Públicos– impulsó una serie de medidas orientadas a resolver los problemas
técnicos de Canal 7 que, dado el estado de abandono, la desinversión y el despojo al que
había sido sometido –principalmente durante la década anterior– se habían vuelto
estructurales.
Las iniciativas (que han sido detalladas en Disculpen las molestias, estamos
trabajando) incluyeron dos proyectos: la instalación de nuevas repetidoras para recuperar
la cobertura nacional de la señal y la puesta en marcha de un plan trienal para actualizar el
reequipamiento técnico, que no se renovaba desde 1978.
Durante el período analizado, la reconversión técnica fue la medida más importante
que el gobierno de Kirchner implementó en el canal. Una medida completamente necesaria
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El cana l que no mi ramos
y digna de reconocimiento, ya que sería imposible avanzar hacia un verdadero canal
público sin tecnología actualizada.
Sin embargo, tampoco es posible dar pasos firmes en ese sentido si esas acciones no
están contenidas previamente en un plan estratégico que determine el rumbo a seguir. Un
programa que goce del consenso de todas las áreas de gobierno involucradas en la
comunicación, que proponga metas parciales, que fije plazos, y que explique con precisión,
en suma, qué objetivos debe cumplir el canal. En esa línea, las iniciativas puestas en
marcha en la emisora por el actual gobierno no dejan de ser parciales y no implican en sí
mismas una política de medios públicos.
La voz oficial sostiene que los cambios tienen por finalidad abarcar con una señal de
calidad la totalidad del territorio argentino. Una indudable necesidad que no da respuesta
sin embargo a la cuestión de fondo: con qué tipo de programación se pretende llegar.
Se trata de uno de los puntos clave en el diseño de una verdadera televisión pública
porque, como se ha indicado ya, una emisora pública que se precie de tal debe
proporcionar contenidos orientados a satisfacer las necesidades socioculturales y
educativas de toda la población, como propuesta diferencial ante la oferta de los canales
privados.
Así, al carecer de una política estratégica para el canal, el gobierno no ha podido
definir con precisión el tipo de programación que busca en la pantalla del 7. Esto no
significa que los funcionarios con real injerencia en el tema no tengan opiniones personales
respecto del “contenido ideal”; justamente, esa diversidad de criterios es la que ha
propiciado el estancamiento sobre este punto, tal como quedó expresado, por ejemplo, en
la disputa Ana de Skalon-Leonardo Bechini, integrantes de la inédita conducción bifronte
que dirigió Canal 7 hasta principios de 2006. Mientras Bechini apostaba a una
programación comercial (priorizando la ficción, contratando a figuras reconocidas y
apuntando al rating), de Skalon aspiraba a contenidos “culturales”, poniendo el énfasis en
el documental y la investigación periodística.
Una tensa relación con un trasfondo político que no hace más que reforzar la
convicción de que no habrá en el canal avance institucional posible hasta tanto no tenga
independencia de los gobiernos de turno. De hecho, el Poder Ejecutivo podría haberse
autolimitado en su facultad de nombramiento de los directores, del mismo modo que lo
hizo en el caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo propuso en 2004
la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Una iniciativa que el gobierno de Kirchner,
hasta el momento, no ha tenido en cuenta.
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El cana l que no mi ramos
Otra de las acciones llevadas a cabo por la actual gestión fue la incorporación del canal
al proyecto de la cadena Telesur, una decisión que generó elogios parciales desde diversos
sectores. Es que una propuesta de este tipo cobra gran relevancia en un contexto de
desequilibrio informativo entre las potencias económicas y los países periféricos. Un
reciente estudio europeo451 reveló que el 90 por ciento de los bienes y servicios culturales
que se generan en el mundo son controlados por los grandes centros económicos actuales,
como son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Más precisamente: de las 300
empresas líderes en el sector de las telecomunicaciones, 144 son estadounidenses, 80
europeas y 49 japonesas. Por eso, es importante que los bienes y servicios educativos y
culturales no sean concebidos como simples commodities que intercambian los países en
sus relaciones comerciales452.
En ese sentido, la propuesta de Telesur podría haberse interpretado como un indicador
del contenido que el gobierno pretendía para la grilla del canal: una programación con
anclaje latinoamericano. Sin embargo, desde la Secretaría de Medios, se descartó esa
posibilidad y se aseguró que Telesur “excede el rol”453 de la emisora estatal. De hecho,
hasta el momento, Argentina sólo aportó al proyecto la estructura de Canal 7 (donde
funciona la corresponsalía de Buenos Aires), y se comprometió a producir cien horas
mensuales de contenido audiovisual.
Más allá de la programación, el gobierno tampoco logró dar una respuesta unívoca a
otras cuestiones básicas que a tres años de su asunción debería tener en claro y que fueron
planteadas al inicio de este trabajo: cuál debería ser la misión del canal, cómo debería estar
integrado, de qué manera se pretende terminar con la histórica dependencia gubernamental
de la emisora, y cuáles deben ser los criterios de financiamiento.
El propio secretario de Medios, Enrique Albistur, consultado sobre estos puntos en su
presentación ante el Senado nacional –en junio de 2004– sorprendió al señalar que
“tendríamos que generar mecanismos para empezar a discutir”454 estos aspectos. Sin
451 Juan Carlos Miguel. Los grupos de comunicación occidentales a la hora de la convergencia. Estudio citado por Postolski, Glenn; Santucho, Ana y Rodríguez, Daniel en Concentración y dependencia: los medios de comunicación en el centro de la crisis. Apunte de la cátedra de Políticas y Planificación de la Comunicación (UBA). En www.fsoc.uba.ar/mastrini.452 En octubre de 2005, la 33º Asamblea general de la UNESCO aprobó en París el proyecto de “Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas”, una propuesta que impulsaron Francia y Canadá para proteger sus productos culturales del libre comercio. La iniciativa fue resistida por Estados Unidos, que quería imponer su hegemonía en la industria audiovisual.453 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.454 Informe de Enrique Albistur ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado nacional. 7 de junio de 2005. Ver Anexo 10.1.
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definiciones claras en ese sentido, la política en el canal de la administración kirchnerista
queda inevitablemente anclada en el terreno de las acciones parciales.
No obstante, esgrime su defensa. Según el gobierno, toda cuestión relativa al
funcionamiento del canal sólo será contemplada con una nueva ley de Radiodifusión. La
necesidad de un nuevo marco regulador de los medios públicos y privados del país no tiene
discusión. ¿Pero la falta de una política concreta para el canal queda justificada por la
ausencia de una nueva legislación en Radiodifusión? De hecho, no. Hay cambios
sustanciales que podrían implementarse sin necesidad de esperar la sanción de una nueva
norma que reemplace a la ley 22.285. Tal es el caso, por ejemplo, de la ley de Radio y
Televisión Argentina (RTA) que fue promulgada en el Congreso Nacional en noviembre
de 1999 y que terminó siendo vetada por el ex presidente Fernando de la Rúa a poco de
asumir. Esta ley disponía la creación de una sociedad estatal no gubernamental –que
tendría a su cargo la administración de la entonces ATC, Radio Nacional y el Servicio
Oficial de Radiodifusión (SOR)– que daba por tierra con la histórica dependencia de los
medios públicos del poder político. Se trataba de una sociedad controlada por el Congreso
mediante una Comisión Bicameral y no por el Ejecutivo.
Asimismo, una norma similar fue presentada en 2004 por los legisladores que
impulsaron la Ley de RTA, pero el gobierno de Kirchner no se interesó en ella y terminó
perdiendo estado parlamentario a fines de ese año.
En cuanto a una nueva ley de Radiodifusión, la actual gestión supedita su sanción a un
amplio e imprescindible debate junto a toda la sociedad que debe darse previamente. Si
bien es cierto que el gobierno es presa de presiones corporativas –de las que hemos dado
cuenta en Ausente con aviso(s)– la apelación constante a la necesidad del debate social se
presenta más como una excusa para diluir responsabilidades propias que como una
propuesta concreta que la administración K esté dispuesta a impulsar. Es que hasta el
momento esta invitación a la participación ciudadana no ha sido impuesta en la agenda
presidencial ni se ha hablado de ella más que para justificar los demorados proyectos de
Radiodifusión que legisladores oficialistas prometían remitir al Congreso.
La presentación de un proyecto regulador oficial hubiera dado claras señales de
voluntad política por parte del gobierno y hubiera propiciado asimismo una inmejorable
oportunidad para que los distintos sectores sociales comenzaran a intercambiar propuestas
y a consensuar contenidos.
El diputado kirchnerista Osvaldo Nemirovsci aseguraba en 2004 que estaba elaborando
un proyecto de Radiodifusión que presentaría durante 2005. A mediados de ese año
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prometió que lo tendría listo para diciembre, y más tarde, alegó que debido a las elecciones
legislativas de octubre, lo pospondría para 2006. La realidad indica que hasta mayo de este
año ninguna iniciativa sobre Radiodifusión había tomado estado parlamentario, lo que
pone de manifiesto que la sanción de una nueva norma –considerada unánimemente por el
oficialismo como “indispensable” y “urgente”– no ha sido prioridad para la actual
administración durante el período analizado.
Afirmación que se sostiene más aún si se tiene en cuenta el sorpresivo decreto
presidencial de mayo de 2005 que prorrogó por diez años más las licencias de radio y
televisión. Una medida que no hace más que dilatar la sanción de una nueva ley, pese a que
la Secretaría de Medios considere que la prórroga “permite trabajar a largo plazo, sin
tantos apasionamientos ni tantos intereses que defender en el corto plazo”455.
Sin embargo, nada hace suponer que esos intereses –que han obstaculizado todo nuevo
proyecto de Radiodifusión que llegó al Congreso– vayan a desvanecerse por sí solos.
Especialmente, cuando la prórroga de licencias consolida el poder de los multimedios y
deja intacta la estructura de concentración mediática.
En ese contexto de escepticismo, la modificación del artículo 45 de la ley 22.285 –
impulsada desde el Ejecutivo–, que posibilita el acceso de entidades sin fines de lucro a
licencias de radio y televisión, se presenta más como una decisión aislada que como una
señal de voluntad política para implementar cambios de fondo en la legislación vigente.
Más allá de las buenas intenciones que pueda contener la modificación (aunque cabe
recordar que finalmente se vedó el acceso de cooperativas a las licencias) se trata de un
nuevo parche para una ley obsoleta, que sigue postergando el ordenamiento transparente
del sistema de Radiodifusión y que, consecuentemente, diluye las expectativas generadas
por el gobierno de Kirchner respecto del avance hacia una verdadera televisión pública.
Una expectativa que respondía a un discurso democratizador más amplio del gobierno,
que en sus inicios y a través del decreto 1172/03 –el cual obliga al Estado a informar
públicamente sobre el destino de los fondos de la publicidad oficial– había dado un paso
concreto para transparentar la relación con los medios, mientras prometía la pronta sanción
de un nuevo marco regulador para el sistema televisivo. Una muestra inicial de voluntad
política que diferenciaba a la nueva gestión de los oscuros manejos que en ese sentido
habían llevado a cabo las administraciones anteriores.
Sin embargo, a medida que se dilataban los plazos para la sanción de una nueva ley de
Radiodifusión, los datos en materia de publicidad revelaban dudosos criterios de
455 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.
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distribución456 y las denuncias sobre presiones a medios y periodistas comenzaban a
multiplicarse.
Más allá de eso, lo cierto es que las presiones ante los cuestionamientos periodísticos y
el reparto de la pauta con nuevo y dudoso criterio no son las herramientas con las que se
camina hacia la democratización en la difusión y el acceso a la información. La realidad
estructural no se modifica disputando mano a mano el juego de presiones, sino discutiendo
un nuevo reglamento.
Por otra parte, nuevos proyectos oficiales dificultan aún más el panorama sobre el
futuro de la televisión pública. Paralelamente al trabajo de la Secretaría de Medios, el
gobierno nacional tiene en carpeta un proyecto (elaborado por el área de Cultura) para
montar un nuevo canal público que atienda necesidades culturales; y, a su vez, el 9 de julio
de 2006 (financiado por el Ministerio de Educación) lanzará otra emisora para atender
necesidades formativas y pedagógicas. Dos pilares que pretendieron ser asignados
históricamente al 7, pero que en la actualidad parecen encontrar su puesta a punto mediante
el impulso de ideas que no lo incluyen. Dos preguntas básicas ante esas iniciativas saltan a
la vista: ¿por qué el Estado no utiliza la infraestructura de su canal de aire –con las 288
repetidoras que el propio gobierno está intentando recuperar– para ofrecer los mismos
contenidos que ahora pretenden potenciar en las emisoras paralelas?; y, en segundo
término, ¿qué razones impiden utilizar los fondos destinados a los nuevos canales –en 2006
sólo la emisora educativa recibirá 10 millones de pesos– para producir esos mismos
programas desde la estructura nacional de Canal 7? Las respuestas no son unánimes, pero
el propio secretario de Cultura, José Nun, esbozó en 2005 una aproximación: “Canal 7 es
un animal difícil de conducir, donde habría que emplear cirugía mayor (…) [porque] hay
estructuras muy anquilosadas, (…) que incluyen pesadez institucional, atraso tecnológico y
recurrentes problemas gremiales”457.
El diagnóstico es el mismo que el de la Secretaría de Medios. Pero mientras que desde
un área trazan aproximaciones parciales, desde otras impulsan directamente la creación de
nuevas emisoras, con el objetivo de que se desarrollen en un marco de mayor agilidad y
menor limitación.
En principio, eso reitera la falta de un criterio unificado. Y, sumado a la carencia de
decisión política para sancionar una nueva ley de Radiodifusión, la realidad sume en una 456 Sólo en 2005, en plena campaña electoral, las erogaciones publicitarias del gobierno aumentaron un 43 por ciento sobre lo presupuestado: de 88.626.043 pesos ascendió a 127.462.075. Informe de Poder Ciudadano, realizado sobre la base de los datos de la Secretaría de Medios, mayo de 2006.457 Declaraciones del secretario de Cultura nacional, José Nun, en el programa Palabras cruzadas. AM 590 Radio Continental; 12 de agosto de 2005.
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gigantesca nebulosa el rol en el que deberían reencauzarse las funciones de la televisión
pública y, particularmente, el anquilosado Canal 7. Más aún si retomamos las
declaraciones al comienzo de la gestión del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, de quien
depende la estructura de la Secretaría de Medios, que inició la indefinida declamación de
ideas en torno de la emisora con una intención que raya el lugar común: hacer de Canal 7
una BBC de Londres. A lo largo del Estigma de la BBC, aclaramos cada una de las
diferencias históricas, económicas, culturales y sociales que existen entre el sistema
británico y el argentino, que echan por tierra la fijación ideal a la cual esta gestión, como
otras, decidió apelar desde el comienzo. La recurrencia al ejemplo de la BBC –sin estudiar
las particularidades histórico-políticas que atravesaron y siguen atravesando a la televisión
argentina– da cuenta de que las iniciativas continúan sesgadas por el vacío de contenido o,
lo que es peor, la escasez de creatividad política.
Quizás por esa misma falta de creatividad política, las complejidades que tornan al
actual canal público en un animal difícil de conducir han tenido bajísima resolución. Hasta
el momento, además de las propuestas nulas para modificar en profundidad su rol y
estructura en el sistema de medios, la administración del gobierno de Néstor Kirchner
tampoco ha podido sortear las complejidades estructurales de una emisora históricamente
signada por las dificultades políticas, los conflictos gremiales y las disputas de conducción
a raíz de diferencias de criterio.
“Canal 7 primero es un Ministerio y después es un canal de televisión”458, admitía en
una entrevista radial el 14 de mayo de 2005 Leonardo Bechini, por entonces director de
Ficción y Entretenimientos de la emisora, que junto al área periodística, liderada por Ana
de Skalon, conformaban una conducción bicéfala inédita hasta la llegada de Kirchner al
poder. “[Canal 7] corre con todas las contradicciones de un ente estatal y superado el
escollo de tener que cumplimentar tantas cosas, después hacés una pantalla de televisión.
(…) Hay muchas cosas que tienen que ver con la política”, señalaba Bechini al hablar de
las paradojas existentes en la emisora de Figueroa Alcorta y Tagle.
Tras la muerte de de Skalon, a principios de 2006, Bechini siguió en su cargo sólo dos
meses más. En abril presentó su “renuncia indeclinable” al cargo que ocupaba, con el
argumento de que iba a retomar “ciertos proyectos personales en la actividad privada”459.
Más allá de excusas públicas, lo cierto es que la política de la que hablaba el propio
funcionario, los enfrentamientos constantes, las dificultades propias del canal y las 458 Entrevista a Leonardo Bechini realizada por Guillermo Blanc en el programa Cartelera 1030; Radio del Plata, 14 de mayo de 2005. Ver Anexo 8.459 Cambios en la dirección; en diario Página 12, 7 de abril de 2006.
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variadas sospechas sobre la gestión, terminaron jaqueando no sólo a los funcionarios, sino
a sus áreas en disputa. Tras el alejamiento de Bechini, la Secretaría de Medios decidió
eliminar definitivamente la conducción bifronte y evaluaba en mayo de 2006 la posibilidad
de que la periodista Rosario Lufrano (conductora del noticiero Visión 7) se hiciera cargo de
la gerencia general de la programación460.
Las razones para implementar modificaciones no habían sido pocas. Durante el período
analizado, Canal 7 estuvo atravesado por tenaces desavenencias políticas y pujas de
espacios entre las dos áreas en cuestión. Tal como ocurrió históricamente con diversos
directivos de la emisora, de Skalon y Bechini conformaban dos modelos antagónicos de
concebir el medio, y la tensión implícita no permitió que se avanzara con rumbo definido.
En ese contexto, la emisora también fue presa de supuestas internas partidarias,
sucesivos conflictos gremiales, levantamientos repentinos de programas, injerencias del
gobierno en la grilla y sospechas sobre el manejo de fondos públicos, que contribuyeron a
que no haya una lógica natural en el flujo de producción, atributo esencial de cualquier
canal de televisión.
Cuando el “ministerio” se impone sobre los parámetros de producción, las
consecuencias se ven directamente en la programación; y Canal 7 es un ejemplo de ello.
Hasta mayo de 2006 lo único estable habían sido los noticieros. El resto, en dos años y
medio de gestión, generó más dudas que certezas, pese a los intentos espasmódicos desde
la conducción de generar mayor producción propia. Las ideas en la grilla de Canal 7, aún
hoy, son víctimas del rating bajo (en una televisora donde aún no está claro qué perfil debe
asumir), de la limitación por el escaso financiamiento (cuya discusión el gobierno sigue
supeditando a la nueva y demorada ley de Radiodifusión) o la falta de transparencia en el
sistema de producción y contratación, una realidad que no concibe discusiones más allá de
acusaciones concretas o responsables con nombre propio.
En el marco de la presente investigación, Mariotto no tuvo problemas en aceptar
cuestionamientos: “Las críticas son acertadas, porque se hacen desde el control remoto. Lo
que propone la pantalla de Canal 7 hoy te orienta a pensar de esa forma. Nosotros, que
sabemos lo que estamos haciendo, decimos que en breve esa pantalla va a ser distinta (…)
Estamos en la etapa anterior, la de reconstrucción técnica”461.
Ante tales afirmaciones, que nos retrotraen al comienzo de las consideraciones finales,
vale la pena insistir y retomar el punto inicial: el rumbo estratégico en el que esas acciones 460 Las modificaciones siguen manteniendo en la emisora una estadística implacable: Canal 7, en promedio, sufre casi tres cambios por año en su cúpula interna. 461 Entrevista a Juan Gabriel Mariotto. Ver Anexo 1.
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están enmarcadas es el que define su valor final. Un reequipamiento sin mayores valores
agregados, que no implique también una definición concreta y clara de la naturaleza de los
futuros contenidos, del régimen de financiación y de cómo alcanzar su independencia de
los gobiernos de turno, será como recetarle un placebo a un enfermo terminal.
Si la condición sine qua non, como afirman desde el gobierno, es avanzar con la
sanción de una nueva ley de Radiodifusión, no existen razones filosóficas que impidan que
se pueda imponer en agenda el debate que asuma la importancia del caso. Mucho menos si
hacemos una breve lectura política y reconocemos la oportunidad histórica que hoy se
presenta: como nunca ocurrió desde la vuelta a la democracia en 1983, el Poder Ejecutivo
cuenta a tres años del inicio de su gobierno con una imagen pública favorable que, en
algunos casos, supera el 65 por ciento de aceptación, y con un aval partidario en
crecimiento evidente. Los problemas históricos de la emisora y las presiones propias de las
corporaciones televisivas no pueden ni deben transformarse en las justificaciones que
exculpen a la gestión política, cuando el impulso de proyectos de gran relevancia, tanto o
más controvertidos que la ley de Radiodifusión, fueron aprobados sólo en la Cámara de
Diputados con una base mínima de 130 votos propios.
Ni en Canal 7 ni en la estructura mediática argentina existe alguna razón ontológica
que impida la construcción de un canal público consustanciado con su “deber ser” y la
implantación definitiva de un nuevo sistema de Radiodifusión, acorde con los tiempos que
corren. Es cuestión de instituciones, reglas claras y, sobre todo, decisión política.
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