3Ministerio Público

Doctor Radhamés Jiménez PeñaPRocuRaDoR GeneRal De la RePública

No hay un tema, un concepto más consustancial al gé-nero humano que los derechos; los derechos no tienen fronteras, son sagrados. El primer derecho es el de la vida y luego se agregan muchos otros como el trabajo, la alimentación, la salud, la educación, la libertad, la jus-ticia, todos formando una suerte de decálogo, de uso y reflexión universal y permanente.

¿Ha oído usted hablar de los derechos del Medio Am-biente, orientados a preservar la salud, los espacios vi-tales y todo el globo terráqueo amenazado hoy por los cambios climáticos? De esos derechos (así en plural) se ha asumido un conjunto de modelos paradigmáticos, uno de los cuales: “el ecológico contextual”, es hoy de gran actualidad y utilidad en las escuelas.

Estamos en abril y no podemos pasar por alto los derechos de la niñez, derechos especiales, ya que los niños y niñas son nuestra principal alegría de vi-vir, y justamente en este mes se celebra en nuestro país la prevención del abuso infantil. Los maltratos contra niños y niñas van desde castigos corporales y sicológicos hasta el abuso sexual, ya sea por parte de extraños o familiares. En la República Dominicana el castigo físico ha sido un recurso tradicionalmente utilizado por padres, madres y tutores como método de corrección. El maltrato físico es en un 48.2% el tipo de co-rrección más utilizado. La Constitución dominicana establece el deber del Estado de salvaguardar a la familia y al menor como parte fundamental de la misma, incorporando en el artículo 8, inciso 15, la protección de la maternidad y la infancia. Contamos además con el Código del Menor y/o Ley 136-03 que se apoya sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño. Velar por los derechos de la niñez, su razón de existir y desarrollarse en un ambiente sano y seguro es tarea de la Procuraduría General de la República, aplicando los mandatos constitucionales, con-venciones y leyes. En ella ponen las autoridades del Ministerio Público parte de sus nobles esfuerzos para que haya seguridad en la familia, contribuyendo a la vez con aquellos órganos que como el CONANI y el Despacho de la Primera Dama trabajan también, tal como lo hacen instituciones privadas, sin descanso por el presente y el futuro de los niños y niñas de este país.

En los derechos, su defensa y preservación, se sustenta una de las misiones nodales de la Procuraduría. Es un tema permanente en nuestras actuaciones y nuestro código lingüístico, cuyo abor-daje y tratamiento han concitado una atención especial en estos días con la presencia en territorio dominicano de la Corte Inte-ramericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha sido una presen-tación histórica de la que nos hemos regocijado, tratándose de la primera vez que ese organismo sesiona entre nosotros desde que fuera creada hace un tercio de siglo, y por la relevancia que tiene para la sociedad y el Estado dominicano que fuéramos es-cogidos como sede para tal acontecimiento. La CIDH presidida por la prestigiosa dama chilena Cecilia Medina Quiroga y entre cuyos siete miembros se destaca la dominicana Rhadys Iris Abreu

Blondet, no sólo vino a conocer casos sensibles de violación de los derechos humanos en el Hemisferio, sino que desarrolló en el país el Seminario “Recepción Nacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, Desafíos Presentes y Futuros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, con acceso a un público que el martes 31 de marzo abarrotó el audito-rio de la Suprema Corte de Justicia, que junto a la Cancillería y la Procuraduría, les servimos de anfitriones a tan digna delegación del más elevado nivel institucional interamericano. Sólo unas se-manas previas, el 17 de febrero, habíamos recibido la Reunión del Grupo de Expertos de la Conferencia Ministerial para el Caribe sobre Tráfico Ilícito de Drogas, Delincuencia Organizada Trans-nacional y Terrorismo como Desafíos para la Seguridad y el Desa-rrollo, que tuvo lugar en el hotel Santo Domingo, lo que pone a nuestro país, a nuestro gobierno, en el vértice de la cooperación internacional, que como dijimos en nuestro discurso del acto de apertura del evento, ha dejado de ser una cuestión meramente burocrática para convertirse en uno de los elementos más esen-ciales para la discusión y enfrentamiento de los diferentes pro-blemas que presentan nuestras sociedades.

El crimen organizado en sus diferentes vertientes es hoy por hoy uno de los principales causantes del atraso y subdesarrollo de la región, y ese fenómeno ha venido transformándose en la misma medida en que hemos ido evolucionando como sociedad, o qui-zás hasta en mayor grado.

Combatir dicho fenómeno no es tarea fácil, por lo que debemos promover mecanismos de cooperación ágiles y eficientes bajo el entendido de que el crimen organizado no respeta fronteras ni derechos.

Los derechos no tienen fronteras, son sagrados

rjimenez@procuraduria.gov.do

4 Ministerio Público

editorialeditorial

Es de conocimiento público que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, dispuso a partir de abril corriente, la reducción de un 10 por ciento en el salario de los funcionarios de la institución que devengan por encima de 100 mil pesos y de un 5% a los que devengan montos a partir de los 70 mil.

La medida fue dispuesta en atención al llamado hecho por el presidente Leonel Fernández para enfrentar la crisis económi-ca mundial cuyos efectos se teme que repercutan con fuerza en el país.

El magistrado Jiménez Peña dijo, para justificar la medida, que “en momentos difíciles como los actuales, los hombres y mujeres comprometidos con un mejor destino para la pa-tria deben poner los intereses generales por encima del in-terés particular”.

Y subrayó: “Ante el gran reto que significa la grave crisis eco-nómica que a escala planetaria sacude al mundo, y, de manera particular a nuestro país, nos hemos visto precisados a tomar la decisión de ordenar una reducción en los salarios de los funcio-narios y empleados de esta Procuraduría General de la Repúbli-ca a partir de la fecha”.

Es indudable que la medida que estará vigente por lo que resta del año 2009, no tiene nada de populista y sí mucho de ejemplarizadora, sobre todo, para otros funcionarios y áreas del Gobierno en donde se sabe abundan los altos sa-larios. No se trata de trazar la raya de Pizarro ni de cazarse con la gloria, sino de practicar con el ejemplo y de ir crean-do conciencia y expectativas favorables a una iniciativa del Gobierno que busca por la vía de una ley en el Congreso, acabar de una vez y por todas con las odiosas distorsiones salariales en la Administración Pública, en donde hay funcio-narios que ganan más y hasta triplican el sueldo del Presi-dente de la República. Como lo dijo el periódico El Nacional en su editorial del pasado siete de abril, “es obvio que esa rebaja de un diez por ciento para los salarios por encima de los cien mil pesos y cinco por ciento para los que devengan sobre 70 mil, no será bien recibida por los afectados, pero a la Procuraduría le cabe el honor de convertirse en la primera institución oficial que de verdad se aprieta los pantalones”.

El tabloide vespertino que dirige el veterano periodista Radhamés Gómez Pepín destaca por igual la medida del jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Altuna Tezanos, quien anunció aumentos salariales para los miembros de la institución que realizan labores especiales, lo que por su lado es un ejemplo práctico de equidad.

“El procurador general y el jefe de la Fuerza Aérea han ofrecido un contundente ejemplo del papel que debería asumir la Admi-nistración Pública en tiempos de aguda crisis económica, cuan-do el drama de las desigualdades salariales entre funcionarios y empleados se expresa con mayor dramatismo”, sostiene el prestigioso medio periodístico.

A juicio de El Nacional, “La gravísima crisis económica no pare-ce llamar la atención de las altísimas estructuras de dirección del Estado que devengan salarios muy por encima del prome-dio en América Latina, que en la mayoría de los casos no se redi-túan en beneficio de la población. La jefatura de Estado Mayor de la Fuerza Aérea ha dispuesto discretos aumentos e incenti-vos salariales a clases y alistados que de alguna manera alivian la pesada carga que, para esos soldados y sus familias, supone devengar salarios mínimos”.

Y recuerda que “El Poder Ejecutivo ha encomendado a la Secre-taría de Administración Pública elaborar un proyecto de política salarial que supuestamente conjugaría el desorden o excesivo privilegio y discrimen que prevalecen en el sector público don-de funcionarios de tercera categoría o gente empadronada en la nómina oficial, devengan ingresos exorbitantes”.

En su nota editorial, el vespertino señala también que “Parte el alma saber que funcionarios y consuetudinarios clientelistas políticos perciban lujosos salarios, mientras la gran mayoría de empleados públicos, incluidos médicos, enfermeras, guardias y policías, deben arreglársela con salarios de miseria”.

En tal sentido puntualiza que “En contraposición a ese marco de inequidad e irracionalidad hay que resaltar la medida del procurador Jiménez Peña, de reducir los sueldos de los altos funcionarios de esa dependencia, o las acciones que se enca-minan en la Fuerza Aérea y la Marina para incrementar los in-gresos de clases y alistados”, que en esas instituciones son los que menos ganan.

La disposición del procurador general de la República está dirigida a su asistente en el área financiera y administrativa, Gladys Checo, y a la directora de Gestión Humana, Rossanna Dalmasí.

HaY QUe PraCtiCar CoN el eJeMPlo

5Ministerio Público

La Procuraduría General de la República, en interés de cimentar cada vez más sus niveles de transformación y eficiencia en el fiel cumplimiento de la Ley 340 y su re-glamento, recibió complacida los resultados de cinco ana-listas que obtuvieron igual número de certificaciones por haber concluido satisfactoriamente sus calificaciones en el taller Primer Ciclo de la Jornada de Desarrollo Gerencial y Humano y la Especialización Técnica en Contrataciones Públicas.

Bajo los auspicios de la Unión Europea, el curso fue impar-tido por la Secretaría de Hacienda el pasado mes de marzo, en el salón de conferencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Estuvo motivado en el interés y la seguridad de que la Unidad Ejecutora de Compras y Contrataciones de la ins-titución rectora del Ministerio Público, se perfile cada vez más en los procesos de adquisición de servi-cios con estricto apego a las normas trazadas por la Ley 340.

La Procuraduría ha puesto todo su empeño para fortalecer esos mecanismos con la debida objetividad y transparencia, según lo explica Gladys Checo de Almonte, asistente del Procu-rador General de la República en los Asuntos Administrativos y Financieros.

Sostuvo que a ello responde la instalación de una plataforma tecnológica propia denominada Pro- CompraNet, “ lo cual nos permite visualizar en el presente y pasado todas las operaciones realizadas bajo cualquier modalidad de servicio, como compras me-

nores, comparación de precios, así como licitaciones públi-cas o restringidas”.

Explica que una vez la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Financiera procese el bien o servicio adquirido, sus resultados son des-cargados a la plataforma propia de ProCompra-Net, donde tanto el suplidor como el público en general tienen a su disposición los resultados de la operación totalmente actualizada.

La Unidad Ejecutora de Compras y Contratacio-nes está dirigida por Sandra Santana junto a un equipo de analistas de alta calificación, entre

los cuales figuran Lidia Padilla, Argelis Rafael Olivero, Kelman Suárez, Ana Leonardo y Tuskany Yanet Se-púlveda.

La actividad fue realizada en la Cancillería y auspiciada por la Unión Europea

Analistas de Compras y Contrataciones participan en taller especializado

Kelman Suárez, Lidia Padilla, Ana Leonardo, Argelis Olivero y Tuskany Sepúlveda, quie-nes realizaron el taller.

iNstitUCioNaliNstitUCioNal

Gladys Checo de Almonte

Sandra Santana, encargada de Compras, desde la izquierda, comparte con Ana Leonardo, Kelman Suárez y Argelis Olivero.

6 Ministerio Público

Con motivo de la conmemoración del “Día del Servidor Público”, la Secreta-ría de Estado de Administración Pú-blica (SEAP) otorgó reconocimientos a 378 empleados públicos con más de 25 años de servicio al Estado domi-nicano. La distinción abarcó a varios empleados de la Procuraduría Ge-neral de la República (PGR), quienes recibieron medallas al mérito por su trayectoria de servicio.

Los empleados de la PGR que recibieron reconocimientos fueron: Mirian Teresa

Castillo, de la Dirección General de Prisiones; Josefina Altagracia

Comprés, del Departamento de Dictá-menes y Litigios; Leda María Sánchez Mejía, de la Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP); Víctor Manuel Thomson Rivera, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Ce-cilio Ramírez Dionisio, de Servicios Generales, entre otros.

La directora de Gestión Humana de la Procuraduría, licenciada

Rossanna Dalmasí, tras felicitar a los

empleados de esta institución, les ex-hortó a asumir sus

funciones con honestidad, entrega, en-tusiasmo y dedicación.

La actividad se celebró en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la participación de servi-dores de 44 instituciones del Estado, y estuvo en-cabezada por el vicepre-sidente de la República,

doctor Rafael Alburquerque; Luis Ma-nuel Bonetti, Ramón Ventura Camejo, Max Puig y monseñor Ramón Benito Ángeles, secretarios de la Presidencia, de la SEAP, de Trabajo y de la Confe-rencia del Episcopado Dominicano, Benito Ángeles, y el secretario de Tra-bajo, Max Puig.

Todos llevan más de 25 años

de servicio

NotiCiasNotiCias

Empleados de la Procuraduría reciben reconocimiento en el Día del Servidor Público

Rosanna Dalmasí coloca un pin de reconocimiento a Víctor Thomson y luego figura junto al grupo de reconocidos, Leda María Sánchez Mejía, Mirian Teresa Castillo, Josefina Comprés y Cecilio Ramírez.

Roxanna Reyesrecibe reconocimiento por su labor como la procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer

7Ministerio Público

El secretario de Administración Públi-ca, Ramón Ventura Camejo, reveló que el Poder Ejecutivo se apresta a some-ter al Congreso Nacional un proyecto de ley para regular las distorsiones salariales en las instituciones centrali-zadas y descentralizadas, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional y los ayuntamientos.

Señaló que luego de esa medida, dece-nas de funcionarios dejarían de tener sueldos por encima del Presidente de la República.

De acuerdo a Ventura Camejo, se reali-zarán reuniones con funcionarios altos y bajos, la sociedad civil, técnicos del área y legisladores para debatir sobre el particular y crear una ley consensuada.

“Se buscará en esta ley que regule las distorsiones salariales y además que cada empleado y funcionario deven-gue un sueldo de acuerdo a sus des-empeños y a las implicaciones de sus funciones”, sostuvo

Camejo indicó que el presidente Leo-nel Fernández lo instruyó para que se designe una comisión que elabore los estudios y realice las recomendaciones necesarias para establecer la escala sa-larial en el sector público.

El anuncio se hace después que se ha desatado un festival de aumentos sala-riales en organismos descentralizados del Estado, como el propio Congreso y los ayuntamientos.

Fiscal provincia Santo Domingo

la procuradora general adjunta para asuntos de la Mujer y Política criminal, Roxanna Re-yes, recibió un reconocimiento por la destaca labor que desempeña en esa dependencia de la Procuraduría General de la República durante un acto que realizó el Hotel intercontinen-tal V centenario para conmemorar el Día internacional de la Mujer.

Junto a la magistrada Reyes, fueron galardonadas también, la cantante lírica, ivonne Haza y Mary Pérez de Marranzini, presidenta de la asociación nacional de Rehabilitación.

las damas fueron elegidas por la gerencia del Hotel V centenario. Recibieron el reconoci-miento por parte exmin carvajal, director de mercadeo, y olmedo Herrera, gerente gene-ral de la empresa. Roxanna Reyes estuvo acompañada de su madre, Monserrat acosta; su abuela Hilda Moquete, y su hermana Melissa Reyes

El procurador fiscal Perfecto Acosta entrega un certificado a una dirigente comunitaria.

Entrega certificados a dirigentes comunitarios que participaron en curso de prevención en uso de drogasEl fiscal de la provincia de Santo Do-mingo, Perfecto Acosta, encabezó el acto de entrega de certificados a diri-gentes comunitarios que participaron en el curso taller “Prevención del Uso Indebido de Drogas”.

Más de cien dirigentes comunitarios y pastores evangélicos fueron capaci-tados mediante este seminario taller que tuvo como objetivo principal, crear conciencia sobre la importancia de la prevención, y que fue organizado por la Fiscalía de la provincia Santo Domingo.

En sus palabras de motivación, Perfecto Acosta destacó la importancia de la pre-vención en la lucha contra el narcotráfico.

También resaltó el trabajo que se ejecuta desde la fiscalía, al señalar que a diario desmantelan puntos de distribución de drogas en un trabajo conjunto con la Di-rección Nacional de Control de Drogas.

El fiscal de la provincia Santo Domingo reveló además, que el número de so-metimientos por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controla-das aumentó en el primer bimestre de este año en un 20% con relación a igual período de 2008.

Acosta explicó que entre enero y febre-ro de este año fueron sometidas 389 personas y en el 2008, 254 por violar la Ley 50-88.

NotiCiasNotiCias

PE busca evitar distorsión de sueldos en el Gobierno

Ramón Ventura Camejo

8 Ministerio Público

Cónsul de EE.UU:

El funcionario consular elogió la ca-pacidad y profesionalidad de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTPs), en ocasión de la graduación de la décimo tercera pro-moción de este cuerpo, celebrada en el salón de actos de la Procuraduría General de la República.

La actividad estuvo encabezada por el procurador general de la Repúbli-ca, Radhamés Jiménez Peña, quien al pronunciar el discurso central en la actividad, dijo que los nuevos 109 VTPs serán entrenados y capacitados para continuar con la transformación del sistema penitenciario en la Repú-blica Dominicana.

El cónsul de los Estados Unidos ma-nifestó que el programa modelo que implementa la Procuraduría General de la República en varios recintos pe-nitenciarios del país, es un ejemplo para el mundo. “Yo puedo dar testi-monio de lo que afirmo porque visito con frecuencia las cárceles para dar seguimiento a los casos de 70 norte-americanos que enfrentan procesos judiciales”, precisó el diplomático.

Dijo que ningún interno norteameri-cano le ha expresado quejas en cuanto al trato de los custodias, sino que por el contrario han elogiado la profesio-nalidad de este cuerpo.

Mike Schimmel, cónsul de Estados Unidos, habla en el acto de graduación de agentes penitenciarios.

El cónsul general de los Estados

Unidos en el país, Mike Schimmel, calificó como un ejemplo para el

mundo el Nuevo Modelo Penitenciario

implementado en la República

Dominicana.

Nuevo Modelo Penitenciariodominicano es ejemplo para el mundo

NotiCiasNotiCias

9Ministerio Público

Destacó además, que el informe sobre el respeto a los derechos humanos suministrado por el De-partamento de Estado de los Estados Unidos hace comentarios positivos so-bre la realidad dominica-na en las cárceles y de los avances alcanzados en los mismos.

De igual manera, Schim-mel resaltó las cualidades humanas de los agentes VTPs, de quienes destacó el buen trato que ofrecen a las personas privadas de su libertad. El cónsul de los Estados Unidos ha-bló durante el acto al pedir el turno que correspondía al experto en materia penitenciaria, el británico Nick Brooke.

Elogió de igual manera los esfuerzos desplegados por el procurador ge-neral Radhamés Jiménez Peña, para hacer realidad la transformación del sistema penitenciario dominicano.

Dijo que es loable el hecho de que Ji-ménez Peña haya recorrido varias na-ciones del mundo, incluso China, para observar los modelos penitenciarios y captar las experiencias positivas para implementarlas en la República Do-minicana.

“El trabajo que ha realizado el procu-rador Jiménez Peña por transformar el sistema penitenciario y las condi-ciones de vida de los internos debe ser elogiado por toda la sociedad do-minicana y el mundo”, apuntó.

EL PROCURADOR

En tanto que el magistrado Jiménez Peña, al pronunciar el discurso central del acto, agradeció las palabras de elo-gio emitidas por el diplomático estado-unidense, al tiempo de dejar claro que el proceso de transformación peniten-ciaria “no se detendrá en el país”.

Manifestó que tal y como dijo en una ocasión Mahatma Gandhi, el retrato de los pueblos se puede observar a través de sus cárceles, por lo que en la Repú-blica Dominicana estamos avanzando de manera considerable en cuanto al respeto de los derechos humanos a las personas privadas de su libertad.

El procurador general de la República destacó la voluntad política del presi-dente Leonel Fernández, sin cuyo apo-yo, dijo, habría sido imposible alcanzar la actual transformación penitenciaria.

El magistrado Jiménez Peña resaltó que en esta ocasión, también recibie-ron sus certificados 53 subdirectores y supervisores de Seguridad, quienes participaron en el Curso de Actuali-zación 2009, que se imparte para las distintas áreas del Modelo de Gestión Penitenciaria.

En la actualidad existen diez Centros de Corrección y Rehabilitación en el Nuevo Modelo de Gestión Penitencia-ria de las 37 cárceles que existen en el país, esos centros son Najayo Mujeres, Rafey Hombres y Mujeres, Vista al Va-lle en San Francisco de Macorís, Elías Piña, Monte Plata, Haras Nacionales en Santo Domingo, Dajabón, Mao y Puerto Plata.

Jiménez Peña anunció para este año, la inauguración de seis nuevos cen-tros ubicados en San Pedro de Maco-rís, Higüey, Moca, Baní, Azua, Salcedo

y La Romana.

Mientras que Roberto San-tana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria, valo-ró el trabajo de depuración realizado para reclutar a los nuevos agentes VTPs, al tiempo de expresar su con-fianza en que desempeñarán sus funciones con profesio-nalidad y seriedad. En el acto también habló el mayor ge-neral Manuel de Jesús Pérez Sánchez, director general de Prisiones.

Vista parcial del público que asistió a la graduación, entre ellos procuradores generales adjuntos y de cortes, y pro-curadores fiscales.

NotiCiasNotiCias

Roberto Santana, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Radhamés Jiménez Peña, Nicholas Brooke e Ismael Paniagua junto a los graduandos.

10 Ministerio Público

El secretario de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales, Jaime David Fernán-dez Mirabal, advirtió que continuará cumpliendo con la ley y que está dis-puesto a sentarse en los bancos de la Suprema Corte de Justicia por la pro-tección de las áreas verde en la Repú-blica Dominicana.

Fernández Mirabal sostuvo que no permitirá que particulares se adue-ñen de terrenos que figuran dentro de los parques, que son los pulmones de vida del país.

“Yo estoy dispuesto a que me guarden un sitio en una cárcel, pero no voy a desmayar en la protección del medio ambiente”, agre-gó Fernández Mirabal.

El funcionario hizo la ad-vertencia al presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Na-turales de la Cámara de Di-putados sobre las áreas protegidas del Parque del Este, en Boca de Yuma.

“Ese es un caso cerrado, gracias a la intervención de los partidos de la Liberación Domi-

nicana y Revolucio-nario Dominicano, ante las cámaras legislativas”.

Manifestó que no permitirá que par-ticulares se adueñen del patrimonio nacional.

Asimismo, declaró que conjuntamen-te con la Secretaría de Turismo, tiene en carpeta proyectos para la zona de Bahía de Las Águilas, en la provincia de Pedernales.

El ex procurador general de la Repúbli-ca, Virgilio Bello Rosa, expresó satisfac-ción por la convocatoria a licitación pú-blica internacional hecha recientemente por el Gobierno para la construcción de la presa de Monte Grande.

Bello Rosa dijo que, junto al abogado Rafael Ureña Fernández, había ini-ciado un proceso judicial para que el

Gobierno llamara a una licitación pú-blica porque lba adjudicación se hizo después de la aprobación de la Ley 449-06, sobre Contrataciones Públi-cas de Bienes, Servicios, Obras y Con-cesiones.

El jurista indicó que el 22 de noviem-bre de 2006, el Estado dominicano conjuntamente con el Instituto Nacio-

nal de Recursos Hidráulicos (INDHRI) firmó con la empresa extranjera Con-sorcio AGCONVISA, un contrato para el diseño, construcción y financiamiento del proyecto múltiple Monte Grande.

“Quiero expresar mi satisfacción pú-blica por el hecho de que el Presidente de la República ordenó la realización de un concurso público para la cons-

Bello Rosa satisfecho con que Gobierno cumpla ley ordena concurso público para construir obras

Presa Monte Grande

NotiCias

Jaime David dispuesto ir a justicia por las áreas protegidas

Jaime David Fernández Mirabal

Parque Nacional del Este

11Ministerio Público

Las Fuerzas Armadas a través de sus diferentes niveles de mando analizaron los factores causales que pueden originar las deno-minadas amenazas emergentes, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el atentado contra el medio ambiente y su impacto negativo en las operaciones, el personal y la logística dentro del funcionamiento de las fuerzas militares y de seguridad.

Durante la jornada sobre impac-to de las amenazas emergentes en las fuerzas militares, los altos mandos identificaron las vul-nerabilidades existentes gene-radoras de riesgos que a su vez pueden afectar el cumplimiento de las misiones.

Además, profundizaron en cuan-to a las medidas que están adop-tando para evitar que permanez-can dentro de las filas personas que irrespeten los valores tradicionales y las normas de conducta de todo mi-litar.

Reforma

En la jornada, organizada por la Secre-taría de las Fuerzas Armadas a través de la Comisión Permanente para la Re-

forma y Modernización de las Fuer-zas Armadas, compareció el director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (Conare), Car-los Villamán; el jefe de la Marina de Guerra, Luis Homero Lajara Solá; el subsecretario de las Fuerzas Arma-das, Julio César Ventura Bayonet, y el director de Asuntos Internos de las FF.AA., mayor general Antonio Va-lentín Jáquez López, entre otros.

Con la actividad, también se busca generar en los diferentes niveles de mando participantes su compro-miso, en cuanto a la visión, misión, valores y principios de las Fuerzas Armadas, además de recabar infor-maciones concretas que sirvan de base al Estado Mayor General para la toma de decisiones, en lo referente a las directrices trazadas por el presi-dente Leonel Fernández.

La actividad es la continuación de otras semejantes que sobre el mismo tema han venido realizando y que ahora se pretende discutir a la luz de la reali-dad de República Dominicana.

trucción de la presa, a la que se hace referencia en los documentos”.

“Definitivamente yo me siento muy satisfecho de que haya sido así, y que en el futuro se haya establecido un cri-terio para que se le dé cumplimiento a la ley, no sólo en este caso, sino en to-dos los casos que participa el Gobier-no dominicano”.

El Gobierno a través del INDRHI, con-voca a las empresas interesadas en participar en el referido proyecto, a presentar las solicitudes, las cuales serán recibidas en sobres lacrados en un plazo establecido por ley.

“Quiero expresar mi satisfacción pública por el hecho de que el Presidente de la República ordenó la realización de un concurso público para la construcción de la presa, a la que se hace referencia en los documentos”.

NotiCias

Pedro Rafael Peña Antonio

FA analiza debilidad y riesgo en seguridad del Estado, ciudadanía y medio ambiente

12 Ministerio Público

La Procuraduría General de la Repúbli-ca creó la Dirección Nacional de Perse-cución del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, para intervenir de manera directa en el desarrollo de la investiga-ción de esos delitos y los medios para su comisión. El nuevo organismo está pre-sidido por el procurador general adjun-to Frank Euclides Soto Sánchez, quien contará con un cuerpo especializado para cumplir con sus nuevas funciones, además de el director del Departamen-to contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

El procurador general, Radhamés Jimé-nez Peña hizo el anuncio durante una rueda de prensa celebrada en la sede de la institución rectora del Ministerio Pú-blico, en la que participaron el primer sustituto del procurador, Ángel Castillo Tejada, así como los fiscales del Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal e Hi-güey, Alejandro Moscoso Segarra, Raúl Martínez, Faustino Pulinario Romero, y Lucas Evangelista Pérez, respectiva-mente.

El magistrado Jiménez Peña dijo que la nueva Dirección de Persecución del Narcotráfico y la Criminalidad, creada

mediante la resolución 12, se encargará de diseñar las políticas institucionales necesarias para combatir y prevenir la comisión de delitos com-plejos y de narcotráfico, así como servir de orga-nismo asesor en las estra-tegias a seguir en ese sen-tido a nivel nacional.

De igual forma, dijo que brindará la protección necesaria a las víctimas y testigos de los casos que estén bajo investigación, y que en lo adelante el De-partamento contra el Trá-fico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, así como la Unidad Antilava-do de Activos funcionarán bajo esa dirección.

De su lado, el recién desig-nado director de esa ofi-cina, Frank Soto, dijo que desde ya se iniciaron los contactos con los diferentes actores del sistema para obtener uniformidad de criterios de ac-tuación y persecución del narcotráfico y la criminalidad.

“En tal sentido, quisiera contar con el apoyo de voces autorizadas, que es-taremos tocando sus puertas oportu-

namente, como es, la de Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecuti-vo en materia de Drogas; el mayor general Gilber-to Delgado Valdez, pre-sidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); mayor general Rafael Guiller-mo Guzmán Fermín, jefe de la Policía Nacional y la doctora Mabel Féliz, presidenta del Consejo Nacional de Drogas”, ex-presó Soto.

En la rueda de prensa también participaron, el director nacional del Mi-nisterio Público, Rodolfo

Espiñeira; el procurador general ad-junto para el Sistema Eléctrico, Moi-sés Ferrer, y el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez.

Procuraduría crea Dirección de Persecución Narcotráfico y Criminalidad Compleja

NotiCiasNotiCias

El procurador Radhamés Jimé-nez Peña acompa-ñado de su primer sustituto Ángel Castillo Tejada y el titular de la nueva dirección Frank Soto.

El magistrado Frank Soto es

además Segundo Sustituto del Procurador

General de la República

13Ministerio Público

Al inaugurar el ciclo de conferencias que desarrolló la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, el diputado y dirigente político, Pelegrín Castillo, afirmó que en la República Dominicana se registran avances positivos en materia de seguri-dad nacional, pero advirtió que el país no se puede dormir, ya que el crimen organizado es un fenómeno también en crecimiento, peligroso e inminente.

Sostuvo que el crecimiento de la de-lincuencia nacional y transnacional en territorio quisqueyano se debe a que la República Dominicana acusa un desa-rrollo espectacular. “Somos el país que más ha crecido en los últimos 50 años en la región del Caribe; hemos crecido como sociedad y hemos logrado metas importantes”, subrayó el legislador de la Fuerza Nacional Progresista.

Entre esos crímenes citó el narco-tráfico, del cual dijo se ha expandido vertiginosamente en el Caribe, y en ese sentido se debe evitar que los pro-blemas de las naciones vecinas no se arrastren hacia República Dominica-na, a pesar de las buenas relaciones que mantiene con sus respectivos go-biernos.

A juicio de Pelegrín Castillo, el concep-to de seguridad nacional, además de combatir el crimen y la delincuencia con políticas amplias y consensuadas,

debe tomar en cuenta otros aspectos importantes, como lo es el problema del cambio climático que produce el calentamiento de la tierra.

La disertación de Castillo titulada “Criminalidad Organizada, Narcotrá-fico y Lavado de Activos: Reto para una Política de Seguridad Nacional”, formó parte del plan de trabajo es-tratégico de la Unidad Antilavado que dirige Germán Miranda Villlalona, con el cual se busca abrir un espacio sobre el tema para compartir la experiencia norteamericana, italiana, española y francesa, por ser éste un tema de ca-rácter transnacional.

La actividad fue realizada durante un acto que estuvo encabezado por el procurador general adjunto, Frank Soto, en representación del máximo representante del Ministerio Públi-co, Radhamés Jiménez Peña, y por el propio Mi-randa Villalona, quien sostuvo que para actuar correctamente en estos días y tener efectivi-dad en la lucha contra el crimen, hay que estar d e b i d a m e n t e actualizado con las técnicas y la preparación que brindan las sociedades del conocimiento y la tecnología de la in-formación y la comunicación.

Sostuvo que conocimiento y técnica, más voluntad y compromiso, son los recursos combinados que se requie-ren para combatir los flagelos cri-minalizados y así contribuir con la seguridad y, por vía de consecuencia, con el desarrollo de los objetivos del milenio.

Al evento, realizado en el antiguo edi-ficio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, participaron abogados y expertos en la materia, así como em-pleados de la Procuraduría General de la República.

Pelegrín Castillo afirma país avanzaen materia de seguridad

Al dictar conferencia en Procuraduría

Considera que el crecimiento del crimen se

debe a que la sociedad dominicana

es la de mayor desarrollo de la región del

Caribe

NotiCiasNotiCias

Pelegrín Castillo

Germán Daniel Miranda Villalona, director de la Unidad de Antilavado.

Vista del público que asistió a la conferencia integrado por abogados y empleados de la Procuraduría.

14 Ministerio Público14 Ministerio Público

El Ministerio Público actuará sin contemplación ni privilegio contra aquellos usuarios y empresas distri-buidoras de energía eléctrica que se dediquen a cometer fraudes, según lo advirtió el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, quien aclaró que la persecución se hará a todos los niveles “para todo el que cometa fraude, sea la empresa distribuidora de electricidad o sea el usario”.

Aseguró que el Ministerio Público se integra desde ya de manera formal, desde la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones a todo lo que tiene que ver con el fraude de energía eléctrica. lo cual precisó, está taxati-

vamente incriminado por la Ley Ge-neral de Electricidad 186-07.

Con esos fines al juramentar al pro-curador general adjunto para el Sistema Eléctrico, doctor Moisés Ferrer Lan-dron, le instruyó hacer cumplir de manera estric-ta la referida legislación.

Dijo que todas las depen-dencias del Programa de Apoyo a la Elimina-ción del Fraude Eléctrico (PAEF) pasarán de ahora en adelante a formar par-te de la Procuraduría General Adjun-ta para el Sistema Eléctrico.

Explicó que bajo esa Procuraduría estarán a cargo las diferentes co-ordinaciones con todos los actores del sistema eléctrico nacional, la

Corporación de Empre-sas Eléctricas Estatales (CDEEE), las diferentes distribuidoras y la Su-perintendencia de Elec-tricidad.

La información se dio a conocer durante una rueda de prensa cele-brada en la sede de la Procuraduría, la cual estuvo encabezada ade-

más de los magistrados Jiménez y Ferrer, por Henry Merán, encargado

Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico

NotiCiasNotiCias

Procurador advierte

actuará sin contemplación

en casos de fraudes

El procurador Radhamés Jiménez Peña; Doris Rodríguez, consultora jurídica de EDESUR; el procurador adjunto para el sistema eléctrico, Moisés Ferrer Landron, quien recibe de los gerentes de EDEESTE y EDENORTE, Leonardo Marinas y Rafael Geraldo Sosa, documentos que contienen informaciones de fraude hecho por usuarios del servicio.

Entra en operación

15Ministerio Público 15Ministerio Público

de la Unidad de Identificación Rural y Urbana de la (CDEEE), quien parti-cipó en representación del presiden-te de dicha corporación, Radhamés Segura; el señor Leonardo Mariñas, gerente de la empresa distribuidora del Este (EDEESTE), y el director del PAEF, José Esteban Arias.

En ese acto, el magistrado Ferrer re-cibió las primeras denuncias de frau-des de las cuales en representación de EDEESTE, el señor Mariñas entregó

tres casos de unos 4000 que están en proceso; por EDENORTE, Rafael Ge-rardo Sosa entregó un caso de 4000, y Doris Rodríguez entregó dos de 3000.

De su lado, el magistrado Ferrer, tras ser posesionado en esas funciones, hizo un llamado a todas las personas que tienen conexiones ilegales y que de alguna manera están sustrayendo energía, que desistan de esa actitud y que pasen por las distintas compa-ñías distribuidoras, a los fines de que

regularicen su situación, porque de lo contrario la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico le aplicará todo el peso de la ley.

Tras ser posesionado en el cargo por el magistrado Jiménez Peña, el ma-gistrado Ferrer dijo que los usuarios que entiendan que contra ellos se han cometido fraude, pueden acudir a esa institución a poner sus denun-cias en contra de la empresa corres-pondiente.

A pedido del Ministerio Público, el Pri-mer Juzgado de la Instrucción del Dis-trito Judicial de Santo Domingo dictó medidas de coerción contra dos hom-bres sorprendidos mientras realizaban una conexión eléctrica ilegal para un apartahotel de la avenida España.

Las medidas fueron dictadas por vio-lación de los artículos 379 y 401 del Código Penal, así como al artículo 125, literal E, de la Ley General de Electri-cidad 125-01, modificada por la Ley

186-07, en contra de Jorge Manuel Disla Féliz y Juan Ozuna de la Cruz, sorpren-didos haciendo una co-nexión ilegal al apartahotel Mar y Dalia, que tenía el ser-vicio suspendido por falta de pago, de acuerdo con la reso-lución de medida de coerción adoptada por el tribunal.

Mediante el auto 637-2009 dictado por el magistrado juez interino de la instrucción René del Rosario, se dis-puso medidas de coerción consisten-tes en la prestación de una garantía económica avalada por una compa-ñía aseguradora por cien mil pesos a cada uno, y que se presenten los días primero y 15 de cada mes, por un pe-ríodo de seis meses contados a partir del 18 de marzo, al despacho de la magistrada Gervacia Cid Martínez.

Los dos imputados fueron sor-prendidos en flagrante delito por miembros de la gerencia del De-partamento de Investigación de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, que dirige el ma-gistrado Moisés Ferrer, mientras ha-cían la indicada conexión ilegal.

Se le incautaron dos escaleras (una de aluminio y otra de madera), una pinza de corte y un destornillador plano.

Se trata de los primeros casos que son introducidos a la justicia median-

te el nuevo esquema establecido con la modificación de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07 que criminaliza el frau-de eléctrico.

Medidas de coerción para dos sorprendidos por Procuraduría Eléctrica en flagrante delito

el Robo de electricidad

La decisión del Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo de dictar coerción contra dos personas sorprendidas cuando realizaban conección ile-gal a la red eléctrica (robo de luz), marca un precedente en este tipo de delito, y parece que la condena a esta práctica viene en serio.

Ya así lo había advertido la Supe-ritendencia de Electricidad. Sin embargo hace varios años que el presidente Leonel Fernández de-nunció que los mayores hurtadores de electricidad en República Domi-nicana eran los grandes ricos.

Fragmento del editorial el caribe del 24 de marzo 2009

NotiCiasNotiCias

16 Ministerio Público

La Procuraduría General de la Repúbli-ca y la Escuela Nacional del Ministerio Público celebraron una espléndida ce-remonia de graduación de las últimas tres promociones del Programa Ex-traordinario de Formación (PEF), du-rante la cual 80 miembros del Ministe-rio Público dominicano se graduaron, además de 15 fiscales provenientes de otros países de América Latina.

La actividad, celebrada en el auditorio de la Procuraduría, estuvo encabezada por el procurador y jefe del Ministerio Público, Radhamés Jiménez Peña; el director de la ENMP, Ramón Núñez; el primer sustituto del procurador, Án-gel Castillo, y el comisionado de Apo-yo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez.

Asimismo, los embajadores de Pana-má, El Salvador y Ecuador, Mirosla-va Rosas, Ernesto Ferreiro Rusconi y Carlos Manrique Muñoz, respecti-vamente. También, Clara Scaroina de Porsella y Nery Magaly Funes Padilla, diplomáticas de los consulados de Pa-raguay y Honduras, quienes recibie-ron los pergaminos y reconocimientos correspondientes a los fiscales de esas naciones que cursaron el PEF.

Igualmente, integraron la mesa directiva, el director nacional del Ministerio Públi-

co, Rodolfo Espiñeira; el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez; el director de la Escuela Nacional Penitenciaria, Roberto Santana, y el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Fernando Pérez Volquez.

Palabras de Ramón Núñez

Con la graduación conjunta concluyó exitosamente el primer ciclo de for-mación de todos los procuradores y fiscales a nivel nacional.

Dijo que cumplido este proceso, “la institucionalidad del Ministerio Públi-co será mejor resguardada si en la Re-forma Constitucional esta importante conquista legal se constitucionaliza”.

Agregó que la ENMP continuará fo-mentando los concursos públicos, y que se trabaja para convocar a profe-sionales del Derecho para que partici-pen como aspirantes a fiscalizadores y así iniciar de inmediato con la próxi-ma promoción del PEF.

Procurador destaca trabajo

En tanto, el procurador general de la Re-pública dijo que gracias a la calidad de su

Gladys Sán-chez, Natiaski Marmolejos, Héctor Cruz, Army Ferreiras, Luis Ramírez, Rosanna Mola-no, Bienvenido Nolasco, entre otros Ministerios Públicos que se graduaron.

El procurador Radhamés Jiménez entrega al embajador de El Salvador, Ernesto Ferreiro, los pergaminos de graduación de los fiscales de su país egresados de las promociones.

Danisa Cruz recibe del procurador Radhamés Jiménez una placa que la acredita como la más destacada de su promoción. A su lado Ramón Núñez.

CON GRADUACIONES CONJUNTAS DEL PEFENMP cierra con broche de oro primer ciclo de formación de ministerios públicos

17Ministerio Público

labor de formación la ENMP goza hoy de un gran prestigio, que va en ascenso a ni-vel nacional e internacional.

Sostuvo que gracias a este avence fue escogida para ocupar la secretaría Pro-Tempore de la Red de Capacita-ción del Ministerio Público Iberoame-ricano (RECAMPI).

Explicó que debido a la excelencia en sus programas académicos, fiscales de Panamá, Paraguay, Perú, Costa Rica, Guatemala, Hondura, El Salvador, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela vienen a capacitarse, “lo que debe llenarnos de orgullo a todos los dominicanos”.

Destacó que todo ese prestigio descansa en el gran trabajo que han desarrollado el director de la ENMP, Ramón Núñez, y todo su equipo.

Reveló que las 14 promociones que hasta el momento se han graduado dentro del PEF, es una muestra de que el proceso de institucionalización del

Ministerio Público se consolida a pa-sos agigantados y de manera contun-dente, con profesionales altamente capacitados y comprometidos con la defensa de los intereses de la socie-dad.

“Un funcionario público carente de va-lores éticos se convierte en cómplice del fraude, la corrupción y las injusticias, haciendo de la profesión un oficio per-verso y nocivo, y perjudicando a quie-nes más estamos llamados a proteger”, enfatizó Jiménez Peña, al exhortar a los graduandos a cumplir con sus funcio-nes teniendo como eje fundamental, el respeto, la dignidad y la honorabilidad.

En nombre de los graduandos

La fiscal adjunta, Army Ferreira Reyes, agradeció en nombre de sus compa-ñeros de graduación, y resaltó la fun-ción de la ENMP por desarrollar una labor formadora de líderes nacionales y por ser receptora de sus homólogos extranjeros.

Como estudiantes meritorios fueron reconocidos Alba Núñez Pichardo, fis-cal adjunta del Distrito Judicial de San-tiago, por haber obtenido el promedio académico más alto en la duodécima promoción del PEF. Mientras que Filo-mena Miguelina Rodríguez Vásquez, procuradora adjunta ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, fue reconocida por haber obtenido el segundo promedio más alto de la duodécima promoción.

En tanto que José Agustín de la Cruz Santiago, fiscal adjunto del Distrito Na-cional, obtuvo el tercer promedio más alto en la referida promoción.

En la decimotercera promoción el pro-medio más alto lo obtuvo Danissa Am-paro Cruz Taveras, fiscal adjunta del Distrito Nacional, seguida por Aura Gar-cía Martínez, fiscalizadora de Santiago, y de Nicasio Pulinario, fiscal adjunto de San Cristóbal.

Durante el acto se hizo una mención especial a los magistrados Jaime Alon-zo Zetien Castillo y Dilza Virginia Muñoz Moreno, fiscales de Colombia y Ecua-dor, respectivamente.

Los más destacados en la decimocuarta promoción fueron Army Esperanza Fe-rreira Reyes, fiscal adjunta del Distrito Na-cional, reconocida por obtener el prome-dio académico más alto, seguida por Ybo René Sánchez Díaz y Roxanna Campusa-no Ariza, ambos del Distrito Nacional.

En esta promoción se hizo una mención especial a los magistrados Kelvin Fabri-cio Aguirre Córdova y María Graciela Encarnación Vera Colman, fiscales de Hondura y Paraguay.

NotiCiasNotiCias

Desde la izquierda, Ángel Castillo, Ramón Núñez, Radhamés Jiménez Peña, Lino Vásquez, José Fer-nando Pérez Volquez y Rodolfo Espiñeira. Las demás personalidades son los diplomáticos Miroslava Rosas, Ernesto Ferreiro Rusconi, Carlos Manrique Muñoz y Nery Magaly Funes Padilla, de Panamá, El Salvador y Ecuador.

LOS MERITORIOS

Army Ferreiras habló en representación de sus compañeros de graduación.

18 Ministerio Público

El secretario de la Presiden-cia, César Pina Toribio, ad-

virtió ayer que es inacep-table que los legisladores

peledeístas u otros con-gresistas condicionen

la aprobación de la re-

forma constitucional a la repostula-ción en el cargo.

Pina Toribio sentenció que el presi-dente Leonel Fernández no llegará a acuerdo ni ofrecerá compensación para aprobar el proyecto de reforma.

REFORMA CONSTITUCIONAL ES INNEGOCIABLE

PINA TORIBIO ASEGURA

NotiCias

El director de la Escuela Nacio-nal del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, afirmó hoy que el inicio formal de los trabajos de la Asamblea Revisora para conocer la reforma constitucional, es el es-cenario ideal para la consagración de la Carrera del Ministerio Público como garantía de su independencia funcional.

Dijo, además, tener la esperanza de que en el nuevo texto constitu-cional se abandone la organización refleja del Ministerio Público como un espejo del Poder Judicial y se adopte una organización flexible que le otorgue al Ministerio Público la posibilidad de organizarse de un modo más eficiente y estar así en condiciones de encarar adecuada-mente las cada vez más demandan-tes tareas de investigación y perse-cución de la criminalidad.

“El inicio formal de los trabajos de la Asamblea Revisora nos presen-ta la oportunidad histórica de per-feccionar el documento político y jurídico fundamental del Estado dominicano, de modo que un nuevo texto constitucional dé cuenta de las importantes conquistas que en

el sistema de justicia hemos expe-rimentado en los últimos 12 años”, precisó Núñez.

A juicio del jurista, de esa manera se estaría salvaguardando el impor-tante esfuerzo que, en aplicación de la Ley 78-03, “se ha venido llevando a cabo en el último lustro y que nos ha llevado a la integración progre-siva de un cuerpo de funcionarios estables y competentes, en cum-plimiento de exigentes requisitos legales y reglamentarios, tendentes a asegurar la igualdad de acceso a los cargos públicos”.

Expresó total confianza en que la Asamblea Revisora sabrá buscar fórmulas idóneas para asegurar un buen gobierno interno del Ministe-rio Público al momento de otorgar rango constitucional al Consejo General de Procuradores y al defi-nir el proceso de designación del Procurador General de la Repúbli-ca. Sobre este último aspecto, favo-recemos que el nombramiento del Procurador General de la República y una parte de sus adjuntos esté su-jeto a la ratificación senatorial.

Reforma Constitucional es escenario ideal para consagración de Carrera del MP

Ramón Emilio Núñez

RAMóN EMILIO NúñEz AFIRMA

19Ministerio Público

El jurista Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitu-cional, considera que el pro-yecto de reforma que se debate en el país y busca ser aprobado mediante una asamblea revi-sora del Congreso, no es presi-dencialista como han afirmado algunos sectores.

Explicó que, contrario a la per-cepción equivocada de algu-nos, el documento elaborado no otorga más poderes al jefe de Estado, sino que sugiere otorgárselos al Congreso y a la Cámara de Cuentas en busca de un equilibro en la administra-ción del pública.

Jorge Prats integró el grupo de los 13 juristas que elaboraron el Anteproyecto de Reforma a la Carta Magna.

Entre las sugerencias, indicó el jurista, está la creación de un nuevo mecanis-mo para la designación de los miem-bros de la Cámara de Cuentas, que es el órgano contralor de las finanzas del Estado, y el rendimiento de cuentas de los funcionarios en sesiones periódicas ante el Congreso.

“Sobre la reelección presidencial, Jorge Prats defendió esa figura al plantear que durante las consultas celebradas en todo el país durante meses para elabo-rar el anteproyecto se evidenció que es aceptada por la población y los partidos políticos.

Dijo que lo único necesario era ponerse de acuerdo sobre el mecanismo en que se aplicaría y explicó que se inclinaron por la fórmula aplicada por José Fran-cisco Peña Gómez en el 1994, que esta-

blece la abstención de un período y el retorno continuamente.

TEMAS DE DEBATE

Jorge Prats consideró en otro as-pecto que entre los temas más debatidos deberán estar los rela-tivos a la arquitectura del poder, tales como la unificación de las elecciones, la reelección presi-dencial y la disminución del por-centaje de votos para ganar la presidencia de la República en la primera vuelta.

Por igual, el de la justicia, sobre el cual dijo, tiene la esperanza de que pueda lograrse por lo menos un mínimo de consenso. Añadió que contrario a lo que se ha di-

cho, la propuesta de la Sala Constitucio-nal no desarticula el Poder Judicial, sino que viene a fortalecerlo.

Jorge Prats puntualiza que la reforma, tal y como ha sido concebida, plasma grandes conquistas en lo que respecta a la ampliación de los derechos fun-damentales y la creación de nuevos instrumentos de garantías y aspectos relativos a la consolidación del Poder Judicial.

Dice que su aprobación traerá grandes beneficios en derechos humanos y sistema de justicia

Manifestó que el gobernante ha dicho que respetará la decisión de los asam-bleísta e informó que está programa-do que se reunirá próximamente con los legisladores del Partido de la Libe-ración Dominicana (PLD).

“Pero en modo alguno, eso no signifi-ca imponer el criterio del Presidente, y en los encuentros que se han realiza-do hasta el momento ha sido enfático en reconocer, respetar y estimular la libertad que tienen los legisladores de decidir lo que ellos entiendan, en ma-yoría, más correcto.

Mucho menos, acordar ningún tipo de beneficio ni de tratamiento ni de com-pensación por el respaldo que puedan brindar a la iniciativa de reforma cons-titucional”, expresó Pina Toribio.

Dijo que el Comité Político del PLD se-ñaló la última vez que tocó el tema de la extensión del período legislativo, que se opone de manera unánime.

Expresó que respeta y valora la pos-tura de quienes propugnan por una asamblea constituyente para refor-mar la Constitución, pero dijo que “el actual Congreso tiene la legalidad y la

legitimidad suficiente y el aval de dife-rentes sectores del país para producir esa reforma constitucional.

No es potestad del Presidente

El vicepresidente Rafael Alburquerque dijo que no es potestad del Presidente de la República hacer ningún tipo de negociación o concesión sobre la re-forma constitucional.

Indicó que la Asamblea Nacional tiene la oportunidad de ofrecer al país una Constitución con principios apegados al siglo 21 y a la democracia.

JORGE PRATS CONSIDERA Proyecto de Reforma Constitucional no es presidencialista

NotiCias

20 Ministerio Público

En este año 2009 y justo en el mes de junio próximo, se celebra el centenario del natalicio del profesor Juan Bosch, figura señera de la ética, la moral y de la literatura en la República Dominicana. Es una ocasión ideal para rendir tributo a un dominicano cuya obra y conducta constituyen un paradigma en el ámbi-to latinoamericano. Don Juan Emilio Bosch Gavi-ño, coincidencialmente, había nacido en La Vega el 30 de junio, fecha en que en nuestro país se conmemora el día del maestro, y durante todo el mes de junio se dedica al Reconocimiento de la Excelencia Magisterial.

Por ser maestro singular de la literatura, la política y la moral, el prof. Juan Bosch ha impactado la conciencia nacional y es por esa razón que el Presidente de la Repú-blica, Leonel Fernández, mediante el decreto No. 247-08, ha declarado el año 2009 como el “Año del Natalicio del Profesor Juan Bosch”.

En el mundo literario, político y cultural, la fa-milia educativa nacional ha recibido con júbilo y entusiasmo tan acertada denominación, y desde la escuela, con alegría y con pasión, se dió inicio en el centro educativo Unión Panamericana, a la celebración de su natalicio bajo el sentimiento desbordado de los buenos y nobles do-minicanos.

Rendimos honor a Don Juan que es una expresión y un legado latinoamericano, creador de un estilo ex-

presivo que lo dimensiona como exponente de una herencia transformadora coloquial, que a través de humanos y campestres personajes hacen del cuento, el ensayo y la novela, materia prima de nuestra idio-sincrasia y de nuestra composición social dominicana,

enseñanzas imperecede-ras para los estudiosos latinoamericanos.

Desde el alma de la es-cuela dominicana, es-cenario genuino, activo y transformador de la sociedad actual, emer-ge la figura de Bosch el maestro, sus pensamien-tos y sentimientos como lección necesaria y perti-nente en estos momen-tos inciertos que vive la nación dominicana.

Constituye un imperativo retomar sus enseñanzas, su prédica, su lucha titá-nica por una sociedad más humana e igualita-ria, e imprimirle su visión convergente con el ideal duartiano sustentado en la sublimidad pedagógi-ca y moral que se eleva sobre las particularida-des para preferencial lo nacional, el bien común y la conciencia social.

Es innegable que en la visión del maestro, no necesariamente imitado

por todos sus alumnos, se concibe un proyecto de nación libertario y reivindicativo para rescatar el ideal trinitario e impulsar a su pueblo al desarrollo huma-no sostenible eliminando el lastre de la pobreza, la in-equidad social, la opresión y la injusticia.

En estos tiempos de neoliberalismo, transacción de principios, de afanes y desvelos por riquezas fáciles y

Juan Bosch, en el mes y año de su centenarioFausto Mota García

Subsecretario de Educación Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio.mota12@hotmail.com

Juan Bosch

oPiNiÓNoPiNiÓN

21Ministerio Público

por famas insustanciales y pa-sajeras, su pensamiento y sus valores patrióticos adquieren mayor significación que nun-ca, y vuelan por los cielos americanos para conver-ger con el pensamiento Martiano y Bolivariano, y fomentar movimientos dignificantes de patrio-tismo y libertad como lo que se gestan en una amplia franja surame-ricana donde luchan d e n o d a d a m e n t e por la soberanía, la autodetermina-ción, la libertad y el auténtico pro-greso humano sostenible.

La figura magisterial y luminaria de Bosch lleva consi-go grabada, cual silueta invulnerable, la autenticidad de su pensamiento democrático, la coherencia entre lo que pensaba, decía y hacía, su fe inquebrantable por una patria sana y fuerte, y su acti-tud rectilínea e incuestionable contra la corrupción y la vida fácil.

Desde el corazón mismo de la escuela festejamos con actitud crítica el Centenario del Natalicio del Maestro afirmando, con irrenunciable determinación, que tra-bajaremos en los procesos de cambios necesarios, en la tarea que nos conduce a mejores condiciones de vida para los más necesitados, que no nos conformaremos con el bienestar personal e individual, que renovamos el compromiso de ser verdaderos agentes de cambio para junto a los buenos dominicanos, convertirnos en muro de contención para las aguas desbordadas y ser semilla fresca, renovable y esperanzadora para sem-brar, cuantas veces fuere necesario, el terreno fecun-do donde más temprano que tarde, germinarán los ideales y las enseñanzas de ese hombre grande, que en el año 1909 naciera en La Vega, para ser ejemplo y

guía de los hombres y mujeres que sueñan, aspiran y luchan con un mundo mejor.

En este Centenario del Natalicio del Maestro, labore-mos sin descanso desde la escuela, abordemos y es-tudiemos su literatura, la cuentística, su obra, moral y ética, para de ese modo poder transformar a la socie-dad dominicana.

La Vega, Ciudad de primicias del Nuevo Mundo, tierra productiva y prometedora, se siente altamente orgu-llosa de ser la cuna de nacimiento de esta egregia figu-ra y de ser responsable de salvaguardar en su seno sus restos mortales, los cuales irradian luz y esperanza de un mañana mejor.

22 Ministerio Público

La Procuraduría General de la Repú-blica y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), unieron sus voluntades para dejar in-augurado un Centro de Capacitación en Informática en la Escuela Nacional del Ministerio Público, equipado con 20 computadoras personales.

El magistrado Radhamés Jiménez Peña en calidad de máximo repre-sentante del Ministerio Público y presidente del Consejo Directivo de la ENMP, encabezó la inauguración, junto al director de el INDOTEL, José Rafael Vargas.

Las computadoras serán utilizadas por los miembros de la comunidad académica de la ENMP, quienes ten-drán acceso a Internet y biblioteca virtuales, así como cursos de Internet en línea, entre otros.

El centro de informática fue equipado además con una impresora láser, un inversor de 10.8 Kw., 24 baterías, dos

puntos de acceso inalámbrico, un en-lace al Internet, un regulador de volta-je y mobiliario para los equipos.

La dirección y administración del nue-vo centro estará a cargo de la citada entidad académica, quien rendirá un informe mensual al INDOTEL sobre las actividades desarrolladas y el des-empeño en la implementación del proyecto bajo su supervisión. “Los centros de capacitación en informá-tica (CCI) están llamados a jugar un rol de primera en la formación de ciu-dadanos productivos, en el marco de una economía globaliza-da, en la cual la edu-cación es el atractivo más importante para

hacer frente a los retos que enfrenta la nación”, precisa el convenio.

Ese centro fue instalado como parte de un convenio firmado con esos fines entre la ENMP y el INDOTEL.

Procuraduría e Indotel inauguran centro de capacitación de informática en la ENMP

El procurador Radhamés Jiménez Peña; Ramón Núñez y José Rafael Vargas, directores de la ENMP e INDOTEL, respectivamente, cortan la cinta. Observa detrás Rodolfo Espiñeira, director nacional del Ministerio Público.

NotiCiasNotiCias

23Ministerio Público

La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad So-cial se sustenta, entre otros principios fundamentales, en el derecho de libre elección que le permite a los afiliados selec-cionar cualquier proveedor de servicio acreditado y a cambiar-lo cuando lo considere conveniente, tanto en el ámbito de las pensiones como en el de riesgos de salud.

En una clara contradicción con ese principio esencial del orde-namiento sectorial de la seguridad social, el párrafo I del artícu-lo 31 de la ley dispuso, con arbitrariedad manifiesta, que fueran excluidos del derecho a la libre elección los asalariados públi-cos, a pesar de que éstos contribuyen con el mismo porcentaje que los asalariados privados en el régimen contributivo, privan-do inconstitucionalmente del mercado de estos asalariados a las administradoras de riesgos de salud de capital privado.

Esa disposición de naturaleza prohibitiva, generó, desde el ini-cio mismo del sistema, serias dudas sobre su compatibilidad constitucional con derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República y en la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo con el derecho a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la libertad de em-presa, ya que le permite a la Administradora de Riesgo de Sa-lud, de propiedad estatal, Seguro Nacional de Salud (SENASA), afiliar asalariados del sector privado, pero las ARS de capital privado no podrán afiliar asalariados del sector público, lo que va en detrimento de la libre competencia en el régimen contri-butivo de la seguridad social.

Incluso, con motivo de una acción de amparo interpuesta por ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo por un grupo de servidores públicos de la universidad del Estado, ese órgano jurisdiccional especializado se pronunció en el sentido de que la prohibición de la libre elección de los asalariados públi-cos en el régimen contributivo era contraria a la Constitución.

Al margen de esa discusión respecto de la incompatibilidad del texto legal in comento con la Carta Sustantiva de la Nación y en general con el denominado “Bloque de Constitucionalidad”, la realidad jurídica actual es que el párrafo I del artículo 31 de la Ley 87-01, quedó derogado en ocasión de la promulgación, por parte del Presidente Leonel Fernández, de la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario No. 358-05, que en su artículo 33, letra h, declara como un derecho fundamental del consumidor o usuario el de “acceder a una variedad de produc-

tos o servicios que permitan su libre elección, al igual que le per-mitan seleccionar al proveedor que a su criterio le convenga”.

La propia Ley 358-05, define al consumidor o usuario como la “persona natural o jurídica, pública o privada que adquie-ra, consuma, utilice o disfrute productos y servicios, a título oneroso, como destinatario final de los mismos para fines per-sonales, familiares o de su grupo social”. Por su parte el pro-veedor es definido como la “persona física o jurídica, pública o privada, que habitual u ocasionalmente, produce, importa, manipula, acondiciona, envasa, almacena, distribuye, comer-cializa, vende o presta servicios en el mercado de consumido-res o usuarios”.

Como se puede advertir con la simple lectura de las definicio-nes anteriores, los servidores públicos quedan comprendidos en el concepto de consumidor o usuario, y el Seguro Nacional de Salud (SENASA), en el de proveedor, por lo que con la pro-mulgación de la Ley de Protección de los Derechos del Consu-midor o Usuario, le fue restituido a los servidores públicos el derecho a la libre elección que le había sido inconstitucional-mente cercenado en el ámbito de la seguridad social.

Para que no quede la más mínima duda respecto de la aplicación del derecho a la libre elección reconocido a todo consumidor o usuario por la Ley 358-05, en ordenamientos sectoriales como el de la seguridad social, el artículo 135 de ese texto legal dispone que “en caso de contradicción entre las disposiciones de la pre-sente ley con las disposiciones contenidas en las leyes sectoria-les y sus reglamentos, se aplicará la disposición que resulte más favorable al consumidor”, que en este caso resulta obviamente, el derecho a la libre elección establecido como un derecho fun-damental en el artículo 33, letra h de la Ley 358-05.

El órgano regulador sectorial de la seguridad social en materia de salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SI-SALRIL), pudo haber advertido esta situación, si para el dictado de su ilegal Resolución 00159-2008, hubiera tenido el cuidado de respetar el ordenamiento jurídico dominicano que exige, como condición sine qua nom “para la validez” de las reglamentacio-nes o medidas que pretendan adoptar los órganos reguladores sectoriales susceptibles de afectar los derechos e intereses de los consumidores o usuarios, el de solicitar consulta previa al Consejo Directivo del Instituto Nacional de Protección de los De-rechos del Consumidor (Artículo 17, letra k, Ley 358-05).

La Libre Elecciónen la Seguridad Social

oPiNiÓNoPiNiÓN

olivo a. Rodríguez HuertasAbogado Constitucionalista y

Especialista en Seguridad Social rodriguezolivo@gmail.com

24 Ministerio Público

La Corte Interamericana de Derechos Humanos escogió a la República Do-minicana para desarrollar su Trigési-ma Octava Sesión Extraordinaria, un magno evento inaugurado por el pre-sidente Leonel Fernández y que contó con la coordinación organizativa de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República.

Desde el lunes 30 de marzo al vier-nes 3 de abril, la Corte integrada por siete jueces y dirigida por la magis-trada Cecilia Medina Quiroga, sesionó en audiencias públicas durante cinco días en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Es-tero Hondo de la capital dominicana, ciudad primada de América. Durante

el evento la corte conoció casos de carácter contencioso bajo su apodera-miento entre los que se destacan los relacionados con Usón Ramírez, en Venezuela, y Anzualdo Castro, en Perú, sobre desaparición y libre expresión del pensamiento. Además deliberaron acerca de la emisión de sentencias y resoluciones.

CORTE INTERAMERICANA SE ESTRENA CON ÉXITO EN REPÚBLICA DOMINICANA CONOCE CASOS DE VIOLACIÓN Y CELEBRA SEMINARIO DURANTE TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

25Ministerio Público

Junto a Medina Quiroga, quien la pre-side en representación de Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está integrada por los jue-ces Diego García-Sayán, de Perú, vi-cepresidente; y los magistrados Ser-gio García Ramírez, Manuel Ventura Robles, Leonardo Franco, Margarette May Macaulay y Rhadys Abreu Blon-det, de México, Costa Rica, Argentina, Jamaica y República Dominicana, res-pectivamente.

SEMINARIO

Durante su estadía en el país, el martes 1ro. de abril, los jueces impartieron el seminario titulado “Recepción Nacio-nal de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y Desafíos Presentes y Futuros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Huma-nos”, el cual se desarrolló en el audito-rio de la Suprema Corte de Justicia con acceso al público.

Procuraduría, Cancillería y

Suprema Corte le sirven de anfitrionas

NotiCiasNotiCias

conVenioS con la PGR y ScJ

Durante su permanencia en República Dominicana la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos firmó sendos convenios con la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia para desarrollar activida-des conjuntas que permitan una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos huma-nos y los asuntos judiciales.

En el caso de la Procuraduría, la actividad tuvo lugar el pasado 30 de marzo en la Secretaría de Estado de Relaciones Exterio-res, y rubricaron el convenio los magistrados Radhamés Jimé-nez Peña, en representación de la institución rectora del Minis-terio Público, y Cecilia Medina Quiroga, por la Corte.

La Corte firmó convenios tam-bién con la Secretaría de Rela-ciones Exteriores, el Colegio de Abogados y las universidades Iberoamericana, Católica de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, Católica Madre y Maestra y el Instituto Militar de Derechos Humanos y Digni-dad Humana.

El procurador Radhamés Jiménez intercambia con la magistrada Cecilia Medina Quiroga ejemplares encuadernados del convenio firmado entre las instituciones que representan.

El presidente Leonel Fernández en compañía del canciller Carlos Morales Troncoso, el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros dignatarios.

26 Ministerio Público

La presidenta de la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos, Cecilia Me-dina Quiroga, declaró ante la presencia del presidente Leonel Fernández, que esa institución tiene el compromiso de actuar para que las sociedades del hemisferio y los hombres y mujeres que las integran se sientan seguros y seguras de que sus derechos, con las garantías de los Estados y los gobier-nos, les serán preservados.

Sostuvo que sólo así, con un cuidado y cuidadoso estado de derecho, prevale-cerá la justicia para beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que en su defecto no hay alegatos que valgan ni paz que sea perdurable.

La magistrada chilena no tuvo repa-ro en elogiar los avances del sistema de justicia dominicano, y agradeció la hospitalidad del pueblo dominicano y de sus instituciones para con el pleno de la Corte que preside, la cual sesionó por primera vez en suelo dominicano desde su creación a finales de los años 70s del pasado siglo, tiempo a través del cual, luego de su actuación en San-to Domingo, se ha reunido 10 veces fuera de su sede, San José en Costa Rica.

Dijo que la Corte reconoce los lazos que la unen con República Dominica-na y otros Estados de la región, y va-loró el esfuerzo que se hace en países como el anfitrión para consolidar el imperio de los derechos humanos.

Medina Quiroga dijo que la Corte tiene el deber ético y la responsabilidad de cumplir con su tarea, de promover y difundir los instrumentos internacio-nales de defensa de los derechos hu-manos, sin cuya prevalencia, sostuvo, no puede haber paz ni justicia que val-gan y perduren.

Indicó que la Corte ha realizado varias visitas fuera de su sede, y en cada país anfitrión no sólo se limita a analizar el respeto a los derechos, a la salud y la educación, sobre todo en los niños, sino que se interesa por los aspectos políticos y económicos que afectan a los seres humanos.

DURANTE SEMINARIO

Luego, durante el Seminario “Recep-ción Nacional de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana y Desa-fíos Presentes y Futuros del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”, Medina Quiroga advirtió que la justicia internacional sobre derechos humanos sólo pros-perará si se respeta y se garantiza el derecho de cada país.

Rafael Luciano Pichardo, vicepresi-dente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), al dar la bienvenida al seminario, dijo que República Dominicana como

Durante Décima Reunión itinerante de CIDH Cecilia Quiroga Medina declara:SIN DERECHOS NO HAY JUSTICIA QUE VALGA NI PAZ QUE PERDURE

26 Ministerio Público

NotiCiasNotiCias

Presidente Leonel Fernández inaugura xxxvIII sesión de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos

Elogia avances de sistema judicial dominicano

27Ministerio Público

miembro del Pacto de San José, respeta y obedece las decisiones de la Corte In-teramericana de Derechos Humanos.

Recordó que como muestra de eso, República Domini-cana acogió y cumplió la sentencia dictada por esa Corte, mediante la cual ordenó al Estado dotar de actas de na-cimiento a dos niños de origen haitiano.

Recordó también que como signata-ria del Pacto de San

José, República Dominicana introdujo en su legislación el derecho que tienen los ciudadanos a ejercer el recurso de amparo, la presunción de inocencia y el derecho a la vida. El seminario se desarrolló en el auditorio de la Supre-ma Corte de Justicia.

NotiCiasNotiCias

Presidente Leonel Fernández inaugura xxxvIII sesión de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos

E l presidente Leonel Fernán-dez recibió la placa conme-morativa del acto inaugural de la Trigésima-Octava sesión de la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos que se celebró en el país del 30 de marzo al 3 de abril.

28 Ministerio Público

La Procuraduría General de la República y la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajarán de manera conjunta para llevar a cabo proyectos de investigación y lograr una mejor aplica-ción y difusión de los instrumentos internacionales para la promoción y defensa de los derechos humanos.

Así lo establece el convenio firmado por las dos instituciones en el marco de la Trigésima Octava Sesión del tribunal hemisférico que tuvo lugar en el país, y cuyo acto de apertura fue encabezado por el Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, la Presidenta de la Corte, Ce-cilia Medina Quiroga, el Canciller Carlos Morales Troncoso, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

El acuerdo firmado entre los magistrados Medina Quiroga y Jiménez Peña, establece la realización de congresos, seminarios, simposios, coloquios, conferencias, foros bilaterales o multilate-rales, así como el desarrollo de actividades jurídicas y de investi-gación.

Igualmente, el intercambio de publicaciones, material jurídico y de cualquier otro tipo de información que pueda resultar bené-fica para ambas instituciones, con el fin de acrecentar el acervo bibliográfico y aprovechar la información jurídica generada.

Procuraduría y CIDH firman convenio

Morales Troncoso define hecho como un privilegio

LA BIENVENIDA DEL CANCILLER

El secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, manifestó que es un honor para el país que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo escogiera como escenario para realizar su Trigésima Octava Sesión, para discutir casos contenciosos que se encuentran bajo su conocimiento.

Hablando en el acto inaugural del evento realizado en el au-ditorio de la Escuela Diplomática de la Cancillería y tras dar la bienvenida a los siete jueces que conforman la CIDH, dijo que para los dominicanos es una novedad que una institu-ción judicial tan importante se concentre en el país durante cinco días, sesionando por décima ocasión fuera de su sede que es Costa Rica.

Sostuvo que la República Dominicana es de las naciones que en forma efectiva está legalmente comprometida con el mantenimiento de los estándares internacionales con res-pecto a la promoción y la protección de los derechos huma-nos, como lo demuestra con la adherencia de los pactos y convenciones sobre la materia.

Solicitó no constreñir el tema al debate jurídico o político, sino que se lleve hasta las comunidades que, en su opinión, es donde se siente más la carencia del respeto a los dere-chos humanos o se manifiestan de manera más concreta en la vida de la gente.

Morales Troncoso abogó por la educación, como primer paso en el caso dominicano, para educar a quienes ejercen posiciones de autoridad, tanto en las instituciones de segu-ridad del Estado como en el sistema judicial.

NotiCiasNotiCias

29Ministerio Público

RECIPROCIDAD MEDIATICA-VIRTUAL

El acuerdo establece que ambas instituciones se incorpo-rarán de manera mutua en sus respectivas páginas web, de tal forma que se garantice el acceso electrónico direc-to a ambos sistemas, al tiempo que garantiza la participación de funcionarios en programas de capacitación y formación que puedan impartir ambas instituciones, quedando esos funciona-rios sujetos a las normas internas del organismo que organice el curso.

Establece además, los mecanismos necesarios con el fin de poder editar conjuntamente el material que se determine

de común acuerdo, y plantea crear un comité integrado por un funcionario

de cada una de las instituciones, el cual servirá de enlace.

Otro punto acordado es la pu-blicación del material que edi-ten de manera conjunta, del modo que estimen convenien-

te, haciendo constar en su caso su origen y finalidad.

El convenio tiene un período de tiempo indefinido, sin embargo, cual-

quiera de las partes podrá darlo por termi-nado cuando lo estimen necesario.

El acuerdo fue firmado tomando en conside-ración que la República Dominicana es un Es-tado democrático basado en la aplicación de principios y normas de Derechos Humanos, los cuales la Procuraduría debe hacerlos cum-plir. En el caso de la Corte en su condición de establecer relaciones más estrechas con los diversos órganos judiciales de los Estados.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, destacó la celebración en el país de la Décima Sesión itinerante de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos (CIDH) y dijo que ello se debió al clima de garantía a esos fundamentos del ciudadano, las libertades públicas y la seguridad jurídica que imperan en la nación dominicana, gracias al compromiso de todas las autoridades.

La sesión de la CIDH se desarrolló desde marzo 30 a abril 3 y es la número XXXVIII que realiza esa institución con sede en Costa Rica, desde su fundación en 1979, tras la Confe-

rencia Especializada Interamericana de Dere-chos Humanos celebrada una década antes en esa nación cuna de la democracia latinoame-ricana (el 22 de noviembre de 1969) .

Subero Isa dijo que el país se siente compla-cido por este encuentro. “Nos sentimos su-mamente complacidos de que dentro de los integrantes de esa Corte se encuentre una prominente dominicana como lo es la doctora Radhys Abreu Blondet, ampliamente conoci-da en nuestro país y en el extranjero por su preocupación por los derechos humanos y por los asuntos notariales”.

Tras reconocer el importante papel jugado por el Poder Eje-cutivo dominicano en aceptar la competencia de la Corte In-teramericana de Derechos Humanos, Subero Isa declaró que desde el inicio del año 1997, la SCJ, como tribunal supremo de la nación, vela, como medio eficaz de la protección de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitu-ción de la República, por el cumplimiento y aplicación de las normas amparadas en la libertad personal.

Subero dice que país es garantía de derechos, libertades públicas y seguridad

jurídica

Subero Isa destaca sesión CIDH en el país

NotiCiasNotiCias

Subero Isa saluda a Cecilia Medina Quiroga al encontrarse en la Escuela Diplomática de la Cancillería.

30 Ministerio Público

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la Organización de Estados Americanos que goza de autonomía frente a los demás órganos con su sede en San José de Costa Rica, cuyo propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sis-tema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA, es decir, español, inglés, portugués y francés. Los idiomas de trabajo son los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, puede adoptarse también como idio-ma de trabajo el de una de las partes, siempre que sea oficial.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Intera-mericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José de Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de las bases del Sistema interamericano de protección de derechos humanos.

Los Estados partes en esta Convención se “comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garanti-zar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discri-minación alguna”.

Si el ejercicio de tales derechos y liberta-des no estuviere ya garantizado por dispo-siciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes están obligados a adoptar medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacerlos efectivos.

Además, establece la obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y cul-turales contenidos en la Carta de la Orga-

nización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Como medios de protección de los dere-chos y libertades, establece dos órganos para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos y la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos.

Ha sido complementada con:

Protocolo Adicional a la Convención Ameri-cana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), de 1988

Protocolo a la Convención Americana so-bre Derechos Humanos relativo a la aboli-ción de la pena de muerte, de 1990

ORIGENES

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especia-lizada Interamericana sobre Derechos Hu-manos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido

depositado el undécimo instrumento de rati-ficación por un Estado Miembro de la OEA.

A la fecha, veinticinco naciones America-nas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua-dor, El Salvador, Grenada, Guatemala, Hai-tí, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domi-nicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uru-guay y República Bolivariana de Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al Secretario Gene-ral de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Ver Jurisprudencia por país.

Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él, y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las na-ciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adop-tada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos

De izquierda a derecha: José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos; embajador Carlos Sosa, representante Permanente de Honduras ante la OEA y vicepre-sidente del Consejo Permanente; Luz Mejía y Santiago Canton, presidenta y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.

la conVenciÓn

31Ministerio Público

COMPETENCIA CONTENCIOSA

La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso rela-tivo a la interpretación y apli-cación de las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que le sea sometido, siempre que los Es-tados partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, por declaración es-pecial o por convención especial. Básicamente, conoce de los casos en que se alegue que uno de los Estados partes ha violado un derecho o libertad protegidos por la Convención, siendo necesario que se hayan agotados los procedimientos previstos en la mis-ma. Las personas, grupos o entidades que no son Estados no tienen capacidad de presentar casos ante la Corte, pero sí pueden recurrir ante Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos. La Comisión puede llevar un asunto ante la Corte, siempre que el Estado cues-tionado haya aceptado su competencia. De todas maneras, la Comisión debe

comparecer en todos los casos ante la Corte. El procedimiento ante la Corte es de carácter contradic-torio. Termina con una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable. Si el fallo no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tiene derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o indivi-dual. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de

cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha

de la notificación del fallo.

COMPETENCIA CONSULTIVA

Los Estados miembros de la OEA pueden consultar a la Corte acerca de la inter-pretación de la Convención Interameri-cana de Derechos Humanos o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Además, pueden consultarla, en los que les compete, los órganos de la

Con el fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los derechos humanos: la Co-misión Interamericana de Derechos Huma-nos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.

Sin embargo, el Tribunal no pudo estable-cerse y organizarse hasta que entró en vi-gor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la Convención Ameri-cana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Intera-mericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Was-hington, D. C.

La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se estable-ciera en ese país. Esta decisión fue

ratificada después por los Estados Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.

Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte aprobó su Regla-mento, el cual incluye las normas de proce-dimiento. El 25 de noviembre de 2003 entró en vigor un nuevo Reglamento de la Corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la Corte.

El 10 de septiembre de 1981 el Gobierno de Costa Rica y la Corte firmaron un Convenio de Sede, aprobado mediante Ley No. 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye

el régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este Convenio de Sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa que hoy ocupa la sede del Tribunal.

El 30 de julio de 1980 la Corte Interamerica-na y el Gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante Ley No. 6528 del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de De-rechos Humanos. Bajo este Convenio se establece el Instituto como una entidad internacional autónoma, de naturaleza

académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los de-rechos humanos, con un enfoque mul-tidisciplinario y con énfasis en los pro-blemas de América. El Instituto, con sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema interame-ricano de protección internacional de los derechos humanos.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos es otro de los mecanismos con cuenta el hemis-ferio americano. Representa un valioso centro mundial para la en-señanza, investigación y promo-ción de los derechos humanos. Su misión es la de promover y fortalecer el respeto de los dere-chos humanos consagrados en la Convención Americana sobre De-rechos Humanos.

el inSTiTuTo

Derechos humanos. Pintura mural en Saint-Josse-ten-Noode (Bélgica). El texto resume los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

32 Ministerio Público

Cecilia Medina Quiroga es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y So-ciales egresada de la Universidad de Chile, doctorada en Derecho en la Universidad de Utrecht, Holanda. Es profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Facul-tad de Derecho de la Universidad de Chile. Forma parte del Comité Acadé-mico y del Claustro del programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Durante ocho años fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Presidenta del mismo en los años 1999 y 2000. Es Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos desde enero de 2004. Ha dictado cursos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ha sido pro-fesora invitada en la Universidad de Lund, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, en el Instituto de Estudios Sociales de Ámsterdam, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Toronto, Canadá, y en la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas (Costa Rica). Hizo docencia desde 1980 hasta 1993 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utrecht y ocupó la cátedra Robert

F. Kennedy en la Facultad de Dere-cho de la Universidad de Harvard, en 1997. Hasta 1973, fue Pro-Secretaria y Relatora del Tribunal Constitucional de Chile. Se ha encargado de la organi-zación y dirección de numerosos cur-sos de Derecho Internacional de Dere-chos Humanos para jueces y abogados chilenos y latinoamericanos, tanto en Chile como en Argentina, Uruguay

y Holanda. Es miembro del Consejo Editorial de las revistas Human Rights Quarterly y Netherlands Quarterly of Human Rights; miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, de la Asamblea General del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la Comisión Internacio-nal de Juristas, del Consejo Consultivo del Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) y del Consejo Consulti-vo del Institute of Human Rights, Abo Akademi University. Ha escrito libros y numerosos artículos en el tema de su especialidad. Recibió un premio por su trayectoria en el campo de los derechos humanos otorgado por la organización Equality Now, entre otras distinciones. En Chile, recibió recientemente el premio Elena Caffa-rena. El 2004 ingresó a la Comisión Internacional de Juristas y, también el mismo año, fue elegida como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en 2007 fue nombrada por un año como vicepresidenta de la Cor-te y, posteriormente, designada para desempeñar el cargo de presidenta de dicho tribunal, en el periodo 2008-2009. En 2006 obtuvo el Premio Gru-ber para los Derechos de la Mujer.

Cecilia Medina QuirogaUna mujer extraordinaria

Organización de los Estados America-nos. Asimismo, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la OEA, puede darle a tal Estado opiniones acerca de la com-patibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales.

COMPOSICIÓN

La Corte está compuesta de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a títu-lo personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales confor-me a la ley del país del cual sean na-cionales o del Estado que los propon-ga como candidatos. No puede haber más de un juez de la misma nacionali-

dad. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completa tal mandato.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos en-tidades del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Tiene su sede en Washington, DC. El otro organismo del sistema es la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos, electos a título personal y no como representantes de ningún gobierno, sino que representan a los países miembros de la Organización de Estados Americanos.

Es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para pro-mover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en esta materia

NotiCiasNotiCias

Comisionada Luz Patricia Mejía Guerrero, Presi-denta de la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos

la coMiSiÓn

33Ministerio Público

Rhadys I. Abreu de Polanco es la prime-ra representación que obtiene la Repú-blica Dominicana en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para el país el honor es de do-ble mérito ya que se trata de una mujer que como Abreu de Polanco tiene una amplia trayectoria profesional al ser-vicio de los mejores intereses del país, tras investirse de abogada en la Uni-versidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se graduó con honores cum laude. Luego hizo una maestría en Política y Derecho Internacional, Dere-cho Penal, Criminología, y Especializa-ción en Estudios Europeos. Asimismo ha realizado Curso sobre Derechos Humanos, auspiciado por el Centro In-ternacional para la Enseñanza de los Derechos Humanos en la Universidad René Casin, Estrasburgo, Francia; Curso de Derechos Humanos auspiciado por Instituto Internacional de los Derechos Humanos; Curso Superior de Derechos Humanos (Centro de Derechos Huma-nos, Palacio de las Naciones Unidas, Gi-nebra, Suiza); XVII Curso Interdiscipli-nario de Derechos Humanos (Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), San José, Costa Rica); y III Curso Regional Sobre la Preparación y Pre-sentación de Informes a los Comités de Supervisión de los Tratados Internacio-

nales de Derechos Humanos (Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Santo Domingo, Rep. Dom.). Ha presentado diversas charlas en ma-teria de Derechos Humanos en distin-tas organizaciones, tales como: Origen y Evolución de los Derechos Humanos, (Universidad Católica de Santo Domin-go), Relaciones entre Derechos Huma-nos y Derecho Internacional Humani-tario, (Universidad Nacional Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS)), Los Derechos Humanos (Instituto Superior de la Policía Nacional, Santo Domin-go. Rep. Dom.), Derechos Humanos y Mecanismos Extrajudiciales (Escuela Diplomática de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, Santo. Domingo, Rep. Dom.)

Es autora de distintas obras, dentro de las cuales podemos citar: “Jurisdicción Volun-taria”, “Lecciones de Derecho Notarial”, entre otros. Actual-mente es Jueza Ti-tular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte se compone de siete Jueces, nacionales de los Estados Miembros de la OEA, los cuales proponen las candidaturas de sus nacionales. En la Asamblea General de la OEA, celebra-da en República Dominicana en junio 2006, habían tres vacantes con seis candidatos para el puesto. Su candi-datura se presentó tres meses antes, tal como lo establece la Convención, con la anuencia del Presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, y la gestión del canciller dominicano, Carlos Morales Troncoso. Su candi-datura fue presentada a través de la

Misión dominicana en Washington ante la OEA, lo que dio inicio a un proceso de negociaciones con los de-más Estados, intercambiando votos, enviando notas a las cancillerías de la región y visitando las embajadas acre-ditadas en el país.

Por instrucciones del canciller visitó Washington con la finalidad de que los representantes ante la OEA le conocieran mejor, lo que dio lugar a un intercambio de impresiones que hizo su candidatura más potable. El embajador de entonces, Roberto Ál-

varez, convocó un desayuno, donde nuestra candidata tuvo la oportuni-dad de conversar con todos. La elec-ción fue bastante reñida, se tuvieron que realizar dos rondas y salió elec-ta. La Cancillería desarrolló un papel decisivo para este triunfo, ya que se emplearon a fondo en negociacio-nes con sus pares. El 1ero. de ene-ro de 2007, inició Rhadys I. Abreu de Polanco sus funciones que durarán en principio 6 años.

Ella dice estar muy contenta y agra-decida de todos.

NotiCias

Rhadys Iris Abreu de Polanco

¿cÓMo lleGa RHaDYS a la coRTe?

33Ministerio Público

Una dominicana en la CorteInteramericana de Derechos Humanos

cont.

34 Ministerio Público

Raúl Alfonsín, el gran presidente argen-tino (1983-1989) que sucedió a las san-grientas dictaduras militares, falleció en su país el primero de abril corriente.

Considerado un paladín de los derechos humanos y la democracia, su deceso produjo una situación de duelo nacional sólo comparado con el que generó la muerte de Juan Domingo Perón en 1974

Nacido en 1927, contaba con 82 años de edad a la hora de fallecer aquejado de dolencias que los mantuvieron retirado en su casa durante meses.

De él dijo el secretario general ibero-americano, Enrique Iglesias: “El presi-dente Raúl Alfonsín ha sido un referente ético y político extraordinario para todo Iberoamérica. Será recordado siempre como un símbolo de valentía, honradez y entrega a la lucha por la democracia.

Fue el primer presidente democrático de Argentina tras la dramática dictadura militar que vivió esta gran nación herma-na. El entonces líder de la Unión Cívica

Radical fue toda su vida un ejemplo de compromiso y de lucha” por los dere-chos fundamentales.

NotiCias

Durante su presencia en República Dominicana la CIDH cele-bró dos audiencias públicas los días 31 de marzo y 01 de abril en la sala de la Suprema Corte de Justicia que fue abarrota-da de público, entre jueces, fiscales, abogados y periodistas. Durante las mismas se conocieron los casos Usón Ramírez, en Venezuela, y Anzualdo Castro, en Perú, sobre desapari-ción y libre expresión del pensamiento. Además deliberaron acerca de la emisión de sentencias y resoluciones.

¿Cuál es la importancia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sesione en la República Dominicana?

La propia Rhadys I. Abreu de Polanco lo explica a seguidas:

“La relevancia de celebrar períodos de sesiones fuera de la sede de la Corte re-dunda en la promoción del conocimien-to general de la jurisdicción interameri-cana y en el incremento en la atención de asuntos sometidos al Tribunal. En el año 2008, la Corte celebró tres períodos de sesiones extraordinarios fuera de su sede en Tegucigalpa, Honduras; Monte-video, Uruguay; y México, Distrito Fede-ral; además la Corte celebró también dos sesiones extraordinarias en Costa Rica, a parte de las cuatro sesiones ordina-rias. El objetivo central de los períodos

de sesiones extraordinarios es cumplir la función judicial que compete a la Cor-te, las actividades académicas que reali-zamos tienen carácter complementario. Reiteró que el traslado de la Corte fuera de su sede no implica en modo alguno la práctica de visitas in loco, investigacio-nes de hechos o evaluaciones generales sobre derechos humanos. Nos limita-mos a la competencia estricta del Tri-bunal, en los períodos extraordinarios no se celebran audiencias ni se conocen casos concernientes al país anfitrión. Es bueno señalar que estas sesiones extraordinarias se celebran gracias a la cooperación del Ministerio Español de Asuntos Exteriores, la Agencia Españo-la de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y al Ministerio No-ruego de Relaciones Exteriores, toda vez que estas actividades serían impractica-bles con cargo a los limitados recursos

ordinarios de la Corte. Para la República Dominicana es una única oportunidad para presenciar audiencias de un Tribu-nal Internacional. Aunque los integran-tes del Tribunal celebramos reuniones periódicas, el trabajo es ininterrumpido y la función jurisdiccional se cumple en forma permanente, de este modo, los señores jueces trabajamos permanen-temente desde nuestros países en la elaboración de proyectos de sentencias, estudio de prueba y doctrina, y en el despacho de diferentes asuntos que son cotidianamente sometidos a nuestra consideración a través de la Secretaría del Tribunal. A partir del 1979, año en que se instaló la Corte, se han sometido 121 casos contenciosos. Entre 2004 y 2008 se planteó el 47% de ese total. Ac-tualmente la Corte tiene en trámite 110 casos contenciosos en diversas etapas procesales.

EN MEMORIA DE RAÚL ALFONSÍN

35Ministerio Público

El Recurso de Casación lo analizamos en nuestro libro “Ma-nual del Recurso de Casación”. Con motivo de la puesta en vigencia de la Ley 491-08, del 19 de diciembre de 2008, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley 3726, del 29 de diciembre de 1953, mejor conocida como Ley sobre Proce-dimiento de Casación, es necesario que reiteremos algunas precisiones a contracorriente.

Hasta la aparición de nuestro manual, los juristas domini-canos habían repetido el error del profesor Froilán Tavares hijo, de confundir la casación con el recurso de casación propiamente dicho. En su obra “Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano”, Volumen II-IV, Página 87, afir-ma: “La casación es el recurso extraordinario mediante el cual se obtiene de la Suprema Corte de Justicia la anulación de las sentencias en última o en única instancia dictadas en violación de la ley.”

En ese concepto se confunde la casación con el Recurso de Casación. No es correcto entender la finalidad como si fuera el medio. La casación es la anulación, revocación o abrogación de la sentencia que ha sido objeto del Recur-so de Casación incoado ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, por haberse probado la violación a un precepto constitucional alegado o a una disposición legal. Así lo estatuye el artículo 3 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. Dice: “En materia civil o comer-cial, dará lugar a casación toda sentencia que contuviere una violación de la ley.” Por tanto, el Recurso de Casación es la vía de derecho para lograr la casación. En síntesis, la casación es un efecto, un resultado y el Recurso de Casa-ción es un medio, el que hace posible el efecto o resultado. La casación la dicta o pronuncia o declara la Suprema Corte de Justicia. El Recurso, en cambio, lo interpone la parte que persigue la casación de la sentencia.

Por tanto, el Recurso de Casación es la vía extraordinaria de derecho, de carácter constitucional, que tienen las partes interesadas para recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, contra las sentencias dic-tadas o pronunciadas en única o última instancia por los Tri-bunales del orden judicial que contengan o se presuma que contienen cualquier violación a la Constitución o a la ley.

Y siendo el Recurso de Casación un derecho fundamental de las personas, es obvio que la Constitución lo garantiza. Todas las sentencias dictadas por los Tribunales de la Re-pública, deberían estar sometidas al Recurso de Casación.

Así aseguramos que en el sistema no existan sentencias que violen el ordenamiento legal.

Es necesario que entendamos claramente que el derecho que consagra la Constitución no puede ser suprimido por una ley adjetiva. Este concepto es esencial. Sin embargo, por normas adjetivas acostumbramos a suprimir el Recurso de Casación. La Ley 491-08 es una de ellas. Y trae innovacio-nes que debemos conocer.

Esa Ley redujo a 30 días el plazo para interponer el Recurso en asuntos civiles, comerciales, inmobiliarios y contencio-sos administrativos y tributarios.

Retomó la modalidad de la derogada Ley de Registro de Tierras. En la materia inmobiliaria no será necesario que el Recurso de Casación contenga la copia certificada de la sen-tencia recurrida, ni los documentos justificativos. Sólo ten-drá que enunciarlos. El Secretario General de la Suprema so-licitará los documentos necesarios para decidir el recurso al secretario correspondiente de la Jurisdicción Inmobiliaria.

Los tribunales de tierras ya no adjudican derechos a favor de sucesiones en forma innominada. La Ley precisa que, en caso de que se hiciera, el Recuso se notificará en manos del representante de la sucesión, de las personas que partici-paron en el proceso, conforme certificación, y del Abogado del Estado.

Dicha Ley limita el Recurso de Casación. Reitera que no se-rán recurribles en casación las sentencias preparatorias que dispongan medidas conservatorias o cautelares, sino junta-mente con la definitiva del caso.

Tampoco serán impugnadas con el Recurso de Casación las sentencias especificadas en el artículo 730 del Código de Procedimiento Civil, relacionadas con el embargo inmobilia-rio. Ni las que contengan condenaciones menores de 200 salarios mínimos. Las que no consignen monto, podrán ser apreciadas, según los valores envueltos, para admitir o de-clarar inadmisible el Recurso.

Y dicha Ley consagró que el Recurso de Casación suspende, sin necesidad de demanda adicional, la ejecución de la sen-tencia impugnada, salvo en materia laboral.

Estos nuevos cambios deben ser conocidos por todo abo-gado litigante.

La Nueva Ley de Casación

Rafael ciprián loraJuez del Tribunal Superior

de Tierra del Distrito Nacionalrafaelciprian@hotmail.com

oPiNiÓNoPiNiÓN

36 Ministerio Público

Cuando uno habla de derechos huma-nos sabe que tienen tras de sí una carga histórica ineludible. Los derechos hu-manos son fruto de una larga marcha histórica en la que la presencia de la República Dominicana tiene, sorpren-dentemente, un puesto de privilegio. El Sermón de Fray Antonio de Monte-sinos pronunciado en 1511 en la capi-tal de La Española como se le conocía entonces a la isla, y tras él toda la obra de Fray Bartolomé de las Casas, es uno de los detonantes de una Teología Po-lítica; teología política que a través de la Escuela de Salamanca canaliza uno de los caudales más fructíferos para lo que ha sido la configuración actual de los derechos humanos.

Esta trayectoria histórica va a ser uno de los referentes que subyacen y es invocado cuando se lleva a cabo la De-claración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Unos derechos, por cierto, cada día más presentes en todos los ám-bitos en los que nos movemos como hombres y mujeres de carne y hueso. De hecho, cada día es más recurrente hablar de derechos humanos. No hay aspiración, deseo, reivindicación, inte-rés… sentidos como realmente huma-nos, que no se refieran a los derechos humanos para alcanzar su legitima-ción y su significado humanizador.

Lo que manifiesta toda esta carga de actualidad de los mismos es que tras ellos se esconden y confluyen diver-sas sensibilidades que son difíciles de aunar en un discurso filosófico que les dé cobijo. Y, sin embargo, los Derechos Humanos son, al día de hoy, un lugar de cruce privilegiado de todas esas sensibilidades que más y mejor nos definen y que, por ello, están abiertas a una gran diversidad de lecturas.

Precisamente va a ser esta diversidad la que da idea de su complejidad, sin merma por eso de su dimensión fruc-tífera. Se podría decir que las sensibi-lidades a las que responden los Dere-chos Humanos, tienen que ver con: el componente psicológico, es decir, con nuestro mundo de las aspiraciones y de los deseos; y que no hacen sino tra-ducir el viejo ideal que todos tenemos de ser felices en un mundo cada vez más humano y humanizado. Los de-rechos humanos expresarían el nivel de lo que deseamos el referente moral de los derechos humanos, es decir, con la idea de la dignidad que todos poseemos y que exige ser respetada. Un ideal moral que mide la bon-dad o la maldad moral de lo que hacemos o dejamos de hacer y que nos convierte en mujeres y hombres dignos de respeto y de consideración.

Lo que se traduce en un discurso ético como lo que debería ser el referente sociológico, es decir, los derechos hu-manos nos remiten a la exigencia de un contexto socio-cultural adecuado para que no se conviertan en una far-sa. En este sentido, los derechos re-claman un lugar social humanizador que sirva de control y verificación a lo que hay o se da, en el entendido de que los derechos humanos constitu-yen un ‘ideal’, que no es lo mismo que una quimera. y, finalmente, que no en último lugar, los derechos humanos

Graciano González R. arnaizDirector del Departamento de ÉticaUniversidad Complutense de Madridarnaiz@filos.ucm.es

DERECHOS HUMANOSTradición, Vigencia y Modernidad

36 Ministerio Público

Monumento a Fray Antonio de Montesinos, célebre por su Sermón de Adviento a favor de los indígenas.

37Ministerio Público 37Ministerio Público

reclaman la sensibilidad política, es decir, reivindican la exigencia de que las cuestiones ligadas al problema de la legitimación y de la legitimidad del poder en las sociedades modernas de-mocráticas se ventilen por relación con ellos. En este nivel es en que hablamos de estado social de derecho como con-creción de un espacio público.

La cuestión que podemos plantearnos, a la vista de todas estas sensibilida-des, es si los derechos hu-manos podrían ser vistos como la clave de lectura de lo que, si no se nos entiende mal, llamaría-mos ideología del futuro. Entendiendo por tal, una situación moral marco que da cobertura – a tra-vés de la ética y del dere-cho– a toda realización individual o colectiva que aspire a ser considerada digna de ser catalogada como humana y humani-zadora, y en ese sentido alcanzara legitimidad so-cial y política.

Condición humana y derechos humanos

Hay que comenzar se-ñalando, para ser conse-cuentes, que ni la concor-dia que parece existir en la actual consideración 36 “Educar en la Ciudadanía” - Edición Especial No.5, general de aprecio y de recurso a los derechos humanos, ni esta propuesta final de una especie de visión general a la que remitiría un dis-curso de los derechos humanos, tienen un consenso total y absoluto.

A lo largo de la historia ambos aspec-tos han convivido con posturas muy críticas respecto de ellos. Y ya no sólo cabe referirse a la postura de Marx, cuando criticaba la dimensión formal del derecho – de los derechos - pues-tos al servicio de una clase dominante burguesa para alienar cualquier tipo de realización, sino a posturas más contemporáneas que son más contun-dentes. Jeremy Bentham es un ejem-

plo de crítica radical a tales derechos, desde el momento en el que sostiene que “no existe derecho alguno que, cuando su abolición sea provechosa para la humanidad, no deba ser abo-lido”.

Esta peculiar lectura utilitaria de los derechos, convive también con otra sorprendente puesta entre paréntesis

de los mismos derechos por parte de Nietzche. Para éste, el recurso a los derechos humanos es el resultado de una voluntad débil del hombre que se ve en la tesitura de hallar cobijo en la ‘sombra de Dios’. Derechos, así, de siervos incapaces de ejercer su vo-luntad de poderío y, en ese sentido, obstáculos para la ‘Gran Política’ – con mayúsculas -. Más cerca de nosotros, A. MacIntyre habla de los derechos humanos como l de ficciones o de fa-bulaciones que resultan útiles para dar cobertura a actuaciones sociopo-líticas y planes de vida, pero que nada tienen que ver con el hecho de que existan. Es más, su existencia es com-parable a la de los unicornios o a la de las brujas.

Lo que trato de manifestar con todas estas referencias es que la considera-ción positiva de los derechos huma-nos, ha convivido con una persistente crítica a los mismos; una crítica mo-tivada por su probada ineficacia a la hora de la realidad, que se ha tradu-cido en crítica a su misma existencia. Sin embargo, a nuestro entender, hay un defecto de base en la manera de ar-

gumentar ‘contra’ la exis-tencia de tales derechos. Pues lo que se cuestiona no es su existencia, leída en términos de procla-mación o de traducirse en leyes o constituciones, sino, más bien, su fac-ticidad o su factualidad en el sentido de que la realidad deja mucho que desear a la hora de ver los derechos humanos en la práctica. Insisto, por ello, que la pregunta no es si existen o no, sino la pregunta moral de su sentido; es decir, si tiene sentido reivindicar tales derechos para poder ser, y seguir siendo, hombres y mujeres, aún cuando no se cumplan del todo.

Y esta consideración, ¿a qué nos remite?; ¿cuál es,

entonces, la pregunta o la cuestión pregnan-te? La cuestión es, a nuestro entender, si

responden o no a una consideración de la condición humana como tal. Di-cho de otra manera, la pregunta es si los derechos humanos apuntan a una realidad humana y humanizadora que merezca la pena – a una condición hu-mana - y, dado que así fuera, nos inte-rrogaríamos si tienen capacidad para ‘medir’ la valía de lo que cabe ser en-tendido como digno de ser considera-do humano. Es, a lo que se puede ver, una pregunta de ida y vuelta.

Pues bien, para dar cuenta de ambas perspectivas, tendríamos que soste-ner que la realidad a la que apuntan es, justamente, la de la exigencia mo-ral de los mismos - o la condición de posibilidad, que diría Kant - para po-

Fray Bartolomé de Las Casas, gran fraile que trabajó en favor de la población indígena.

38 Ministerio Público38 Ministerio Público

der hablar de significación humana de nuestra existencia y de nuestro mundo. Debido a esta consideración, los seres humanos aparecen como ti-tulares de unos derechos ‘en su condi-ción de humanos’, poniéndose en cir-culación un concepto de los mismos como ‘algo previo’; es decir, algo que no es preciso que nadie nos conceda – derechos legales – porque todos lo tenemos. Los derechos humanos se tienen en virtud de la condición de hu-manos; por el hecho de ser personas, diríamos.

Sólo que decir que los derechos son humanos porque lo exige nuestra peculiar condición antropológica, no aclara por completo el significado del término derechos. La expresión de-rechos tiene ventajas y desventajas. La desventaja del término derecho es que oculta el sentido moral de una exigencia ínsita de la condición huma-na. Pero tiene, también, ventajas. Pues resulta provechoso no sólo para poner de relieve que son exigencias que de-ben ser satisfechas sino también para manifestar la ‘obligación’ que tienen los poderes de pasar por la expresión jurídica – derechos – de tales exigen-cias para legitimarse y darse sentido. A esto nos referimos cuando hablamos de Estado de Derecho, o mejor aún, de Estado Social de Derecho.

De hecho, se han utilizado múltiples nombres para hablar de este doble as-pecto. Se les ha denominado Derechos Fundamentales, Derechos morales, Derechos públicos subjetivos, Li-bertades públicas… Por haber sido utilizada la Universal de 1948, esta denominación ha resultado ser la más popular. Lo que no obsta para descubrir en los susodi-chos “Educar en la Ciudadanía” Edición Especial 37 derechos una ínsita dimensión moral, viendo en ellos una suerte de promulgación de ‘un código moral universal’ al que los principios del derecho – y los distintos comportamientos - deben mirar para generar modelos humanos de ser, tanto individual como colectivamente considerados. Sin embargo, esta reco-nocida vocación universalizadora con la que nacen no nos impide reconocer

su conexión con la civilización occi-dental y con su modelo de entender una adecuada realización individual y colectiva. Occidente inventa (sic) los derechos, es cierto. Pero no tiene la exclusiva de su interpretación.

Ahora bien, reconocer esta depen-dencia (sic) occidental de los dere-chos, no nos debe llevar a optar por una alternativa de abdicación de los mismos porque ‘son occidentales’. La alternativa es abrirse a otras posibles lecturas, desde la interculturalidad, por ejemplo, que posibiliten novedo-sas lecturas de la dignidad o de la so-lidaridad desde otros registros. Esta diversidad de posibles lecturas, junto con la pluralidad de perspectivas que albergan los Derechos Humanos, hace pertinente que el discurso filosófico se plantee y se preocupe por el tema de la fundamentación racional de ta-les derechos.

El objetivo de dicha preocupación es poner en común un acervo de ‘razo-nes’ abiertas a otras interpretaciones, en el bien entendido de que

nada de los derechos humanos será moral, a menos que conserve los tres rasgos identitarios de la moralidad, a saber: la dimensión de la individuali-dad, la dimensión de la universalidad y la dimensión de la interdependen-cia. De tales rasgos depende la consi-deración de lo que merece la pena ser entendido como condición humana; auténtica base para poder hablar de Derechos Humanos.

La cuestión de la fundamentación de los Derechos Humanos

En la búsqueda de un fundamento ra-cional de los derechos humanos, com-piten dos grandes modelos de explica-ción racional: los modelos derivados de una concepción positiva jurídica, y aquellos que propugnan para los derechos un ámbito más amplio que el del mero reconocimiento fáctico o positivo. Ambos modelos se agrupan en torno a dos concepciones de base como son el iuspositivismo y el iusna-turalismo, siendo el resto de las expli-caciones, posibles modulaciones de

ambos.

Antes de pasar a exami-nar cada una de ellas, es

preciso señalar que un adecuado plantea-miento de la cues-tión de la funda-mentación, es decir, de la consideración y del análisis de las razones que damos

para su justifi-cación, ha de

atender a dos aspectos: al

a s p e c t o f o r m a l – tras-cenden-

tal - de la considera-

ción de que las razones

aducidas puedan ser todas válidas;

y asimismo debe atenerse a un aspecto

material – histórico-, que entienda que las razones

39Ministerio Público

que demos nos han de conducir a una explicación de por qué existen tales derechos; de por qué son derechos y deben ser respetados (son válidos) y de por qué es injusto todo comporta-miento que les viole.

Pues bien, teniendo en cuenta ambas perspectivas, podemos pasar a expo-ner diversos modelos de fundamen-tación que nos parecen los más soco-rridos por parte de la investigación filosófica

Iusnaturalismo

El iusnaturalismo, al que hemos alu-dido más arrriba, es el primer modelo por consideración histórica. Se basa en la determinación de lo que es justo e injusto por referencia a la existencia de normas ‘naturales’ que existen al margen, y con independencia, de la voluntad del legislador. Dichas nor-mas ‘naturales’, emanadas, bien del Creador, o bien de la propia naturale-za, convalidarían una obra que sería justa si, y sólo si, coincide con el dere-cho natural o con la Ley natural.

Esta teoría, que se identifica con la concepción tradicional del derecho, percibe los derechos humanos como parte del Derecho Natural concer-niente a las personas, en virtud de las ‘cualidades’ que las adornan. Bien sea por su condición de criaturas, creadas a imagen y semejanza de Dios, bien sea por su peculiar estructura perso-nal derivada de su condición racional. De ahí que existan, al menos, dos ver-siones del iusnaturalismo: el iusnatu-ralismo de tinte más sustancialista

– de tradición escolástica - y el iusna-turalismo racionalista

– de tradición ilustrada -

Esta teoría del iusnaturalismo que es de una fecundidad inextinguible, ha dado lugar a diversas versiones con-temporáneas en las que ya no se habla tanto de ‘Derecho Divino’ o de ‘Orden Natural’, sino de ‘la naturaleza de las cosas’. En todas estas versiones, los derechos humanos traducen obliga-ciones derivadas de la naturaleza de los seres humanos, en tanto que seres

racionales, capaces de sentimientos y de creatividad; seres con necesidades básicas, de alimento, de cobijo, de paz y de seguridad; y seres con necesida-des más altas como la educación, el medio ambiente, el desarrollo de sus capacidades... De manera que, en este contexto, los derechos humanos son la expresión jurídica de esas necesi-dades a las que los hombres ‘tienen derecho’ qua seres humanos.

Las críticas más generalizadas a este modelo de fundamentación descan-san en la comprensión de una idea de naturaleza humana refractaria a lo histórico; su recaída en la deno-minada falacia naturalista que deriva el deber ser del ser; una indudable dosis de subjetivismo so capa de un objetivismo derivado del término na-turaleza como algo universal e inmu-table y su desconocimiento del papel del Estado en la consideración de los denominados derechos económicos y socioculturales en los que se desglo-san los derechos humanos.

Contractualismo

En sus orígenes, esta explicación de-pende de la teoría del contrato social como expresión heurística del origen de lo social y, por extensión, de la so-ciedad. Es una doctrina iniciada por Hobbes, retomada después por Rous-seau y Kant, y posteriormente re-lanzada en la actualidad, al punto de convertirse en uno de los referentes más importantes de la Filosofía Polí-tica contemporánea. En la actualidad, Rawls y la corriente de la Teoría de la Decisión Racional, así como las teorías éticas del discurso, han vuelto a elevar a primer plano esta perspectiva, aun-que es preciso reconocer en cada una de ellas matices muy diferentes.

En general, se puede decir que la idea básica de todas estas teorías es que si queremos encontrar un sentido, es decir, un fundamento racional a la existencia de derechos y obligaciones que se hallan presentes en la socie-dad, tenemos que hipotizar una situa-ción originaria a partir de la cual todo el magma de lo pre-social se convierte en sociedad racional.

Dicha hipótesis no prejuzga otros aná-lisis históricos que hablan de la orga-nización social a partir de una primi-genia estructuración social en tribus y en grupos más o menos organizados, hasta los modelos de organización so-cial más desarrollados. Lo que sostie-ne esta teoría es que podemos imagi-nar, ‘con razón’, una situación de pacto social entre personas racionales que, sin referirse en un primer momento a ningún concepto jurídico o de otro tipo legal, es decir, llegado el caso, se ven en la situación de ponerse de acuerdo para vivir en sociedad, para sobrevivir.

Pues bien, si éste fuera el caso, el argu-mento contractualista se completa di-ciendo que tal acuerdo originario con-lleva el respeto obligatorio de ciertos derechos a los que tienen ‘derecho’ los individuos como contrapartida de su ‘cesión’ en el pacto. Es obvio que ta-les derechos tienen los rasgos de los derechos fundamentales que después se van a explicitar como derechos hu-manos; y es obvio, también, que sin tales derechos, el pacto no sería po-sible. Por eso, unos derechos así en-tendidos son necesarios para la vida en sociedad, al margen de la voluntad de los legisladores ya que sin ellos la vida en sociedad sería imposible, i.e., invivible.

Es preciso no olvidar que en las versio-nes actuales del neocontractualismo aparecen unidos tres aspectos: la idea de contrato social, el procedimentalis-mo y el individualismo metodológico.

Utilitarismo

La teoría utilitarista, salida de Jeremy Bentham, aparece tardíamente en el registro de las teorías éticas. Aún así, ha alcanzado en el plazo de los dos últimos siglos una relevancia excep-cional. Sin duda, la sencillez de su ex-presión – la identidad de la felicidad con el placer y la máxima del mayor placer para el mayor número – la ha puesto en la línea de salida de todo tipo de discurso ético y político rele-vante y, por lo mismo, en una exigen-cia de lectura de las necesidades y de las capacidades de los humanos que,

39Ministerio Público

40 Ministerio Público

leídas desde esta clave, exigen una concreción legal ineludible.

Precisamente, este punto de partida del utilitarismo le da un sesgo antime-tafísico y, por tanto antiiusnaturalis-ta, en la medida en la que las oscuras (sic) ideas que amparaban sus esque-mas se habían convertido en una traba para el progreso, “Educar en la Ciuda-danía” Edición Especial 39 la paz y la felicidad de las sociedades humanas. La traducción de la idea de felicidad a términos de bienestar y placer es de-terminante del éxito de su propuesta, pero también, y además, de un punto de vista inédito, en tanto en cuanto la única justificación posible de las nor-mas, instituciones y prácticas sociales deriva de aquí.

La peculiar manera de medir la felici-dad – cálculo felicílico – merced al re-curso de conocimientos de economía, derecho, psicología, ciencia política...

que aseguran un criterio de bienestar, le llevan a supeditar el valor de todo derecho – y de todos los derechos, también los humanos – al logro de esta felicidad para el mayor número.

Nace así el principio de utilidad como referente de justificación y legitima-ción que ayuda a resolver casos de conflicto de derechos en virtud de su recurso a una regla: calcular las con-secuencias de cada curso de acción y elegir aquella que dé lugar a las mejo-res consecuencias esperadas desde el punto de vista del bienestar general. De ahí, el sesgo consecuencialista de las modernas justificaciones de nor-mas.

El problema adjunto a cualquier apli-cación del principio de utilidad es el de poder llegar a justificar perjuicios, daños, incluso la muerte de algún o de algunos individuos, en aras del bien-estar general. El tema del ‘chivo expia-torio’, la muerte del inocente... se han

convertido en el talón de Aquiles de una teoría que pretendía

arrasar, pues lo que no es de recibo

es que en tales casos cuestiones tales como las de la dignidad, del respeto... son puestas entre paréntesis en aras de una situación general, lo que a to-das luces puede resultar ser una situa-ción inmoral.

Otro gran reto que tiene el utilitaris-mo como teoría moral, es el de la he-teronomía moral. Puesto que la vida moral es ‘utilizada’ para proporcionar otro tipo de realidad que es el placer o la felicidad.

De ahí arrancan las acusaciones de ser un fiel reflejo de los presupuestos de una sociedad liberal: liberalismo eco-nómico e individualismo; de incorpo-rar, inevitablemente, una cierta dosis de egoísmo al propiciar, como recurso moral, un equilibrio entre interés pri-vado e interés público; y, finalmente, de llegar a sacrificar valores funda-mentales, como la dignidad o el res-peto, en aras de un ideal ético que se basa en el interés, en la eficacia o en la felicidad de la mayoría. Son sistemas éticos que se mueven siempre en el mínimo moral.

Axiológicas –humanismo como referente-

Precisamente esta falta de humanidad que se genera en la aplicación del

principio de utilidad es lo que denuncia el humanismo, cuya

base de operaciones es la idea de la dignidad de la

persona.

Como tal corriente filo-sófica, tiene una inspi-ración de base cristiana y su desarrollo filosó-fico está afincado en la fenomenología. Aunque es verdad que cualquier

recurso al humanismo, para paliar el déficit de humanidad, ha de ser contrastado con la de la proclama de su fin (Heide-gger) – fin del humanismo – por parte de la filosofía. De lo que se ha llamado postmodernidad .

40 Ministerio Público

41Ministerio Público

No obstante, su adscripción a la fe-nomenología permite a este modelo de fundamentación aunar una doble función. Por un lado, le lleva al análi-sis de lo que puede ser considerado como lo propiamente humano y des-cribir sus características en los térmi-nos de modo de acción, de compren-sión, de conocimiento, de sensación y emoción...Y, por otro lado, le permite concluir o deducir la especial idio-sincrasia que tiene lo humano y que puede ser descrito por la categoría de dignidad, de una dignidad especial por encima de cualquier otro ser vivo. Esta especial dignidad que descubre en el ser humano, la nombra con el término de persona a la que entiende como un ser que posee una capacidad de acción libre, de comprensión de la realidad y de relación con los otros.

Esta dignidad descubierta en el análi-sis del ser humano la hace merecedora de respeto y cuidado, y la convierte en valor de referencia. Por eso el nombre de fundamentación axiológica, pues es dicha dignidad especial que poseen los seres humanos la que tratan de ex-presar y de desarrollar los derechos humanos.

Como las reconocidas capacidades del ser humano son algo, de por sí, abierto, esta orientación humanista permite, Otro gran reto que tiene el utilitarismo como teoría moral, es el de la heteronomía moral. Puesto que la vida moral es ‘utilizada’ para pro-porcionar otro tipo de realidad que es el placer o la felicidad.

40 “Educar en la Ciudadanía” - Edi-ción Especial no. 5 por una parte, es-tablecer una coincidencia con otras argumentaciones salidas de distintos credos o colectivos anclados en dicha idea; y también y, a la vez, posibili-ta una continua lectura histórica de esta idea de dignidad para reivindicar ‘nuevas situaciones o espacios’ para que dicha dignidad sea efectiva, es de-cir, se concrete en una vida digna de ser denominada humana.

La insistencia en la idea de dignidad como valor moral y, a su luz, de los va-lores de la libertad, de la responsabi-lidad, del respeto y de la diferencia y

de cooperación hacen de esta pers-pectiva un modelo axiológico para la fundamentación de un discurso de los derechos humanos.

En este modelo, los problemas vienen derivados de la propia consideración de la dignidad como ‘valor moral’ y de su colocación en una posible esca-la de valores. Cuestión clave, en este perspectiva, es cómo leer una idea de dignidad sin un referente metafísico, tal criticado por la filosofía actual y cómo traducir en categorías morales ‘positivadas’ dicha idea en el marco de una sociedad globalizada. De ahí la pertinencia de una lectura intercultu-ral de dicha idea que supone un nuevo desafío para la filosofía. No conviene olvidar, que esta perspectiva axiológi-ca de fundamentación se mueve en el ámbito de una ética de máximos.

Las generaciones de los Derechos Humanos

Esta diversidad de propuestas de fundamentación de los derechos hu-manos, cada una con sus luces y sus sombras, ha dado pie a diversas pro-puestas de entenderlos, según se re-

fieran a los valores a los que hagan referencia y a las implicaciones indivi-duales, económicas y sociales o, senci-llamente, culturales de los mismos. A esta diversidad de lecturas nos referi-mos cuando hablamos de las genera-ciones de los derechos humanos, cuyo sentido no es otro que tratar de unir la formulación de los mismos con las nuevas condiciones históricas que van surgiendo.

La propia inserción de los Derechos Humanos en el contexto de la globa-lización con las transformaciones eco-nómicas que se están operando, con los cambios derivados de los desarro-llos científico-tecnológicos y sociocul-turales y con las nuevas concreciones de las aspiraciones de los individuos y de los pueblos, favorecen y exigen nuevas aproximaciones a la manera de interpretar la ‘realidad’ de los mismos en tanto que catálogo de referencia de una vida digna en un mundo cada vez más justo.

A este respecto, se suele aludir a tres generaciones de los Derechos Huma-nos, si bien es verdad que ya se habla

41Ministerio Público

42 Ministerio Público42 Ministerio Público

de derechos de cuarta generación para referirse, por ejemplo, al valor de la paz como valor universal y a los derechos de los pueblos.

La primera generación: los derechos de la libertad

Esta consideración pone de relieve la experiencia histórica de las primeras proclamaciones de derechos, centra-das en una serie de reclamaciones de derechos civiles y políticos.

Es cierto que el contexto histórico de tales demandas es Europa y Amé-rica del Norte, a lo largo de los siglos XVIII y XIX, amparadas en el movimiento cul-tural de la Ilus-tración, en los movimientos sociopolíticos de las revo-luciones bur-guesas y en las guerras de inde-pendencia, también de Iberoamérica.

La pionera en la expresión de ta-les derechos es La Declaración de De-rechos de Virginia (1776) en la que se pone como origen de tales reclamacio-nes la idea de que todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes y tienen derechos innatos a su condición humana. En el mismo sentido, el artículo primero de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789), insis-te en la proclamación de que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos.

Esta peculiar insistencia en el tema de la libertad, es uno de los rasgos que más y mejor identifican los derechos de primera generación a los que se les percibe como derechos: individuales, civiles y políticos, que exigen: respeto a la dignidad de las personas, preser-var su integridad física, su autonomía y su libertad frente a los poderes cons-tituidos y las garantías procesales.

Los referentes teóricos ‘remotos’ de esta primera generación hay que en-

contrarlos en el iusnaturalismo racio-nalista, en el contractualismo social y en la filosofía con la que arranca la modernidad, es decir, en la Ilustra-ción. Más próximo a nosotros, el libe-ralismo político fue introduciendo to-dos estos ‘valores’ en los preámbulos de todas las Cartas Magnas sobre las que se asientan los estados modernos, prototipo de los estados nacionales del siglo XIX. Todos estos derechos van a ir percibiéndose según una óp-tica política como los garantes de la ostentación del ejercicio del poder y, por lo mismo, como referentes de legi-timación del ejercicio del mismo.

El Pacto Internacio-nal de los Derechos

Civiles y Políticos que la ONU pro-clama en 1966, es un ejemplo de compendio de estos dere-chos, a la vez

que clausura una etapa de los mis-

mos.

Segunda genera-era-ción: los derechos de

la igualdad

El punto de inflexión del que parte esta nueva lectura que llamamos se-gunda generación ya no va a ser la reclamación de una protección por parte del Estado con vistas a asegurar el disfrute de tales derechos a las per-sonas. Lo que la segunda generación requiere del Estado es un cierto grado de intervención – implicación positi-va – para garantizar la satisfacción de unas necesidades básicas de los indi-viduos.

El estado de bienestar, surgido para proveer a los individuos de unos bie-nes sociales básicos tales como la edu-cación, la salud, el trabajo y la protec-ción social, inaugura un desarrollo de los derechos humanos en los términos de exigencia de unas condiciones so-ciales que permitan disfrutar a todos los hombres de los derechos de pri-mera generación. ¿Por qué? Porque no es verdad que todos los hombres nacen iguales en derechos y liberta-

des. Lo general es la situación inversa, debido a que las situaciones de parti-da son desiguales.

Hemos de reconocer que esta recla-mación de los denominados derechos de igualdad de consideración y trato no se lleva a cabo sin grandes contra-tiempos. El progresivo avance de la democracia política, la progresiva am-pliación del sufragio universal y las di-versas reformas sociales del siglo XIX, van dando cobertura legitimatoria a esta lectura.

Pero es preciso añadir, en aras de la verdad, que gran parte de la culpa (sic) en el logro de estos derechos la tiene el movimiento obrero – revolu-ción rusa incluida (1917) - que surge con fuerza al amparo del desarrollo industrial. Este peculiar factor del movimiento obrero es lo que lleva a muchos estudiosos a relacionar esta generación con el socialismo, dicho así de manera general, como refe-rente político que permitió y amparó esta lectura. Y, lo más importante, de la puesta en marcha de los derechos económicos y sociales como exigencia de igualdad, nace la figura del Estado Social, de la misma manera que antes hemos hablado de la incidencia de los derechos individuales en el nacimien-to del Estado Liberal.

Tercera generación: los derechos de la solidaridad

El inicio histórico de la denominada tercera generación, puede situarse en la segunda mitad del siglo XX como consecuencia de la situación de las minorías en el contexto de los países desarrollados y de amplias capas de población – tercer mundo – que, en absoluto, pueden disfrutar de nada de lo que los derechos humanos señalan.

Precisamente, este carácter de de-mandas de colectivos – minorías, sectores de población o continentes y civilizaciones enteras – hacen que los derechos humanos se desdoblen en declaraciones sobre distintas aplica-ciones de los mismos a las situaciones concretas, en tanto en cuanto se van decantando respecto de colectivos marginados o minorías privadas de

43Ministerio Público

estos derechos. La consideración más amplia y su incidencia en la concre-ción de dichos colectivos en El punto de inflexión del que parte esta nueva lectura que llamamos segunda ge-neración, requiere del Estado cierto grado de intervención – implicación positiva – para garantizar la satisfac-ción de unas necesidades básicas de los individuos.

42 “Educar en la Ciudadanía” - Edición Especial no. 5 zonas geográficas de-terminadas les hacen bascular hacia demandas de solidaridad entre países pobres y países ricos; de superación de la desigualdad Norte-Sur y de una incidencia en la protección del medio ambiente como exigencia de solidari-dad universal. (cfr., texto de la Comi-sión Internacional de Derechos Hu-manos de 1968 reunida en Teherán para analizar los 20 años de la proclamación de la ONU).

Todas estas lecturas son perspectivas de los derechos humanos llevadas a cabo desde el valor de la solidari-dad. Una peculiar lec-tura que toma un nuevo rumbo con la incidencia social, económica y cul-tural de los cambios pro-ducidos por las nuevas tecnologías y la globali-zación, en la medida en que tales cambios nos hacen realidad que vi-vimos en un ‘mundo co-mún y compartido’ lo que acentúa las situaciones de insolidaridad visualizadas como pobreza, desarrollis-mo, devastación del territo-rio, invasión cultural… Deri-vados de esta lectura son:

• el derecho a la paz y a la in-tervención por parte de un poder legítimo mundial en los conflictos armados, en los genocidios y crímenes contra la humanidad;

• el derecho a un orden internacional justo que ga-

rantice una vida digna a todas las per-sonas;

• el derecho a un desarrollo sostenible y a un comercio justo;

• el derecho a la libre circulación de las personas y no sólo del dinero y de las mercancías...

Todo este conjunto de derechos recla-mados son, en realidad, aspiraciones morales que van ampliando su campo, y encuentran en el valor de la solida-ridad un marco adecuado para armo-nizar igualdad y diferencia; desarrollo individual y colectivo; interdependen-cia de cada ser humano con los demás, con el entorno natural, con el pasado común y con las generaciones futuras

en la tarea de pro-poner un

‘marco moral común’ de referencia de derechos y deberes.

Precisamente, esta consideración de ‘marco moral’ requiere una progre-siva legislación al respecto – decla-raciones... – para lo cual es preciso la reunión de una gran movilización de las conciencias, una fuerte presión so-cial, una acción política decidida y una profundización en los mecanismos de participación cívica propiciados por la estructura democrática del poder.

Los Derechos humanos: ¿una ‘ideología’ para el siglo XXI?

Si nuestra consideración de los De-rechos Humanos resulta adecuada, como sin duda así lo creemos, es de-bido al especial empeño que hemos puesto por comprenderlos desde una triple perspectiva: la perspectiva

moral, la perspectiva jurídica y la

43Ministerio Público

44 Ministerio Público44 Ministerio Público

perspectiva política. Las tres son in-terdependientes. Pero ocupan planos o niveles diferentes.

No descubro nada al decir que nues-tra opción ha sido la de proponer una perspectiva moral de los derechos, en el entendido de que no sólo confor-man uno de los aspectos relevantes de nuestra condición humana, sino que nos permiten dotar de un contenido humano y humanizador a las diversas reivindicaciones y exigencias que sur-gen de una manera de ser hombre y mujer, en relación con otros hombres y mujeres.

En realidad, con todos los seres hu-manos. Por eso hemos identificado los Derechos Humanos con valores mo-rales para poder hablar de exigencias jurídicas – proclamación de derechos - y de reivindicaciones políticas – legi-timación del poder y lecturas genera-cionales de los derechos -.

Por su propia dinámica, ‘lo moral’ en tanto que ámbito significativo de lo humano, propuesto por estos dere-chos, requiere su puesta en práctica. Momento en el que aparece la consi-deración jurídica de los mismos como una suerte de ‘cordón de seguridad’ para que tales valores o exigencias puedan ser disfrutados por todos los seres humanos.

La consideración de Norberto Bobbio cuando dice que el problema de los de-rechos no es tanto el de su fundación cuanto el de protección, tiene su sen-tido desde aquí. Pues por su propia di-námica, ‘lo moral’ en tanto que ámbito significativo de lo humano, propuesto por estos derechos, requiere su pues-ta en práctica. Momento en el que apa-rece la consideración jurídica de los mismos como una suerte de ‘cordón de seguridad’ para que tales valores o exigencias puedan ser disfrutados por todos los seres humanos.

“Educar en la Ciudadanía” Edición Especial 43 este peculiar plus de rea-lidad, que es el de su reconocimien-to, requiere para su plena vigencia el recurso de una política – ejercicio del

poder – que potencie, ampare y desa-rrolle todo este ámbito de los dere-chos. De manera que serán, de verdad, derechos humanos, cuando se den las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales apropiadas para que sean disfrutados por todos.

Así, ética, derecho positivo y exigencia política son las condiciones de control y verificación de todo discurso sobre derechos humanos en el que aparez-can interrelacionadas las notas de universalidad, indivisibilidad e inter-dependencia como ha destacado la Conferencia Mundial de Derechos Hu-manos celebrada en Viena (1993) y la 28º reunión de la Conferencia General de la UNESCO de 1995. En la unión de las tres notas aludidas más arriba, puede verse el punto de intersección de la triple perspectiva – ética, jurídi-ca y política - que ayuda a profundizar todo el significado antropológico, so-cial y cultural que requieren los suso-dichos derechos para ser tales. Dere-chos que permanecen como referentes de sentido y, así, como exponentes de una condición humana digna de ser universalizada, a cuyo discurso se de-dica la reflexión filosófica tratando de contemplar unidos:

• ineludible momento ‘formal’ de toda reflexión que destaca en la aprehen-sión de los derechos los referentes de: una determinada idea de dignidad; una expresión de valores derivados de dicha idea que nos permite hablar de ‘valores humanos’; una manera de desarrollarse individualmente, y un sentido de las diversas prácticas so-ciales, así como una coloración de las actividades políticas. Y junto con este momento formal, en la consideración de los mismos, merece destacarse,

• momento ‘material’ para destacar que los derechos humanos establecen las condiciones materiales y sociales para que las condiciones formales ad-quieran significado y sentido. Dicho de otra manera, lo que aporta esta perspectiva ‘material’ de la reflexión filosófica sobre los Derechos Huma-nos es: poner en relación el disfrute de los derechos civiles y políticos con

las condiciones materiales exigidas para llevarles a cabo; enjuiciar todo tipo de ideal democrático y una deter-minada idea de justicia y, finalmente, configurar una ciudadanía como ex-presión de una dignidad responsable de los otros.

Este es el contexto de referencia para poder hablar de los Derechos Huma-nos como ‘ideología’ para el siglo XXI; una ‘idelogía’ en la que se dan la mano tradición y modernidad o actualidad. Por eso, aunque para algunos, los derechos humanos sean fábulas, nos resultaría ya imposible e impensable vivir sin ellos. Ni los individuos serían tales, ni las sociedades y los pueblos serían dignos de ser vividos si desapa-recieran tales derechos del imaginario colectivo.

Precisamente por ello, es necesario volver una y otra vez al discurso de los Derechos Humanos, aún a sabien-das de su inagotabilidad. O, tal vez, por ella.

Bibliografía

GRACIANO GONZÁLEZ R. ARNAIZ (Coord.), Derechos humanos. La con-dición humana en la sociedad tecno-lógica, Tecnos, Madrid 1999 y Ética de la Paz. Valor, ideal y derecho humano, Biblioteca Nueva, Madrid 2007.

S. LUKES, “Cinco fábulas sobre los de-rechos humanos”, S. SHUTE y S. HUR-LEY, De los Derechos Humanos, Trotta, Madrid 1998, 29- 46.

CARLOS S. NINO, Etica y derechos hu-manos, Ariel, Barcelona 1989.

JAIME ORÁA – FELIPE GÓMEZ ISA, La declaración universal de Derechos Humanos, Univ. Deusto, Bilbao 2002.

GREGORIO PECES-BARBA (ED.), El fundamento de los Derechos Huma-nos, Debate, Madrid 1989.

BENITO DE CASTRO CID, Introducción al Estudio de los Derechos Humanos. Ed. Universitas, S.A., Madrid 2003.

45Ministerio Público

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas votó en 1948 la De-claración Universal de Derechos, en la República Dominicana regía la Cons-titución que había sido modificada en enero de 1947. La Justificación princi-pal de esta revisión constitucional, la número 27 hasta entonces, fue la de

articular el nuevo régimen monetario a que se entregaba el país, tras haber saldado su deuda pública creando una moneda nacional y una entidad emi-sora y reguladora como el Banco Cen-tral de la República.

Motivaciones de carácter financiero, básicamente, dejaron como es obvio sin tocar la estructura constitucional que comprendía los derechos huma-nos, tratado entonces bajo el Títu-lo II de los Derechos Individuales, y consagrados sin novedades dignas de resaltar, con relación a los textos

anteriores. De ese modo, se pronunciaba como

inherentes a la per-sonalidad huma-

na, la inviolabilidad de la vida (art. 6, a.C.); la libertad del trabajo (a.C. 2); la libertad de conciencia y de cultos (a.C. 3); la libertad de enseñanza (a.C. 4); la libertad de expresión, libertad de asociación y de reuniones para fi-nes pacíficos; derecho de propiedad; inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio, libertad de tránsito, seguridad individual y el derecho a la propiedad exclusiva sobre inventos, descubrimientos y producciones cien-tíficas, artísticas y literarias.

Sin referirnos a la situación real en cuanto al cumplimiento efectivo de esta dogmática, teniendo en cuenta que el férreo régimen inaugurado en 1930 había entrado en su fase tiráni-ca, lo interesante aquí es anotar que el modelo constitucional vigente re-producía en sus líneas generales lo que venía siendo el jus- humanismo

Toda sociedad en la cual la garantía de estos derechos no está asegurada y la separación de poderes determinada, no tiene Constitución

LOS DERECHOS HUMANOSEN LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA

“ "

45Ministerio Público

Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789.

césar Pina ToribioEx-Procurador General de la República, Secretario de Estado de la Presidencia

cesarpina@presidencia.gov.do

46 Ministerio Público

dominicano desde la primera Consti-tución, la del 6 de noviembre de 1844, que dedicó sus artículos del 14 al 38 a tratar lo que ella denominó el Derecho Público de los dominicanos.

Esa carta de derecho establecía la premisa de que “los dominicanos na-cen y permanecen libres e iguales en derecho… estando para siempre abo-lida la esclavitud”. A continuación, se consagraba la libertad individual, a cuyo aseguramiento se dedicaban las siguientes pragmáticas:

art. 17.- Fuera del caso in fraganti delito, ninguno puede ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del Juez, que debe notificarse en el momento del arresto, o a lo más tarde dentro del tér-mino de veinte y cuatro horas.

art. 18.-Los sorprendidos in fraganti serán llevados ante el Juez competen-te, y si fuere en la noche, se llenará esta formalidad a las seis de la mañana del siguiente día, sin que puedan ser presentados ante ninguna otra auto-ridad.

art. 19.- Nadie puede ser preso ni sentenciado, sino por el Juez o Tribu-nal competente, en virtud de leyes anteriores al de-lito y en la forma que ellas prescriban.

Nuestra primera Consti-tución había recibido las influencias, al igual que todo el constitucionalis-mo hispanoamericano de la época de la ejemplar Revolución Francesa, a través de sus Declaración de los Derechos del Hom-bre y del Ciudadano de 1789 y de la declaración de independencia de los Estados Unidos, de 1777. Como se sabe, ambos instrumentos inspirados en las Doctrinas del derecho natural que había cautivado al pensamiento jurídico de esos tiempos, habían for-mulado las bases de lo que hasta los nuestros sería el estatuto de protec-ción a los derechos individuales.

Si bien se citan de manera ordinaria como fuentes de inspiración y orien-

tación para ese nuestro primer docu-mento constitucional republicano, las experiencias dominicanas y francesas, resulta claro que en el punto de los de-rechos humanos la influencia decisiva fue las de las ideas de 1789, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El punto de partida para ambos textos el francés y dominicano, es común: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho.

Las nociones de libertad y derechos se corresponden igualmente.

“La Ley no puede prohibir sino las ac-ciones perjudiciales a la sociedad.

Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado hacer lo que aque-lla no ordene”, reza el articulo 5 de la declaración francesa. “A nadie se le puede obligar a que haga lo que la ley no manda, ni impedir que haga lo que la ley no priva.”

Ha dicho nuestro texto de 1844.

El resto de principios consagrados es también más amplio, al estilo del fran-cés, que el modelo norteamericano. Así están proclamados además, el de-recho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio, al que se le considera “asilo sagrado”; libertad de expresión, sin censura previa; el secreto de la co-rrespondencia; el derecho de asocia-ción; el derecho de reunión.

Merecen especial mención, dos consa-graciones particularizadas: El derecho a la educación aparece formulado del siguiente modo, “ será creada la ins-

trucción pública, común a todos los ciudadanos, gratuita en todos los ramos de la enseñanza primaria, cuyos estable-cimientos serán distri-buidos gradualmente en proposición combinada con la división del terri-torio, (Art. 29). El otro es el derecho de petición, atribuido a los individuos y no a las colectividades (36). La proclamación del derecho a la ense-ñanza, que no se repite en los textos posteriores con la misma fórmula, nos parece una avanzada de los derechos sociales que sólo más de un siglo después aparecerían en nuestras disposiciones

constitucionales. Por el contrario, el derecho de

petición se mantendría en varias di-visiones ulteriores hasta desaparecer definitivamente a partir del 1924.

Se echan de menos en este documen-to el reconocimiento de la libertad de cultos, que aparecerían en la Constitu-ción de 1907 y la libertad de tránsito reconocida a partir del 1887.

La Constitución de 1844, surgió lastra-da por el tristemente celebre artículo 210, despóticamente arrancó Pedro

La ley no puede prohibir sino las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que aquella no ordene

“"

Juan Pablo Duarte, líder de la fundación de la República comparte con varios de sus compañeros trinitarios.

47Ministerio Público

Santana de nuestros padres constitu-yentes y que negó así la filosofía y el contenido humanista del documento, cuyos fundamento quedaban recogi-dos en los textos que hemos espigado y que pasaban a ser letra muerta como consecuencia del fatídico precepto.

El texto del 1844 sufriría una revisión en 1854, dirigida a eliminar el men-cionado artículo y a otros aspectos de la misma. El capítulo de nuestro inte-rés se produce en sus líneas esencia-les, aunque se echa de menos el texto sobre la enseñanza pública asumida como “derecho público de los domini-canos”. Sin embargo, en diciembre del 1854 se vota una nueva reforma de la cual resultan textos formalmente nue-vos, aunque reproduciendo los princi-pios fundamentales, recogidos como “Los derechos naturales y civiles de libertad, igualdad, seguridad y pro-piedad de todos los dominicanos”; en 1958 se votó la llamada Constitución de Moca, por haber sido adoptada en la ciudad de este nombre, y corres-pondiendo a un movimiento político armado de corte liberar, a la cual ha llamado Juan Bosch una “Carta magna fantasmal...porque a penas fue aplica-da de manera muy superficial en algu-nos lugares del Cibao” lo que explica diciendo: “La pequeña burguesía vive en el orden político de ilusiones que trasforman en su cerebro la realidad y la ilusión que habían provocado los acontecimientos de julio de 1857 no podían escapar a esa inclinación. Para esa pequeña burguesía la República Dominicana era un Estado en cuya base había una sociedad similar a la de Francia o Estados Unidos. Lo que le impedía ser igual a esos países eran sus malos gobiernos y las Constitucio-nes que habían promulgado esos go-biernos: en consecuencia, la situación del país cambiaría tan pronto le diera una Constitución diferente.”

Lo cierto es que en orden a la consa-gración a los derechos humanos, la Constitución de 1858 sólo aportó un elemento innovador de importancia: la abolición de la pena de muerte por razones políticas. Durante los años de vigencia de los textos anteriores, la sangre de nuestros patriotas más nobles y esclarecidos había teñido el cadalso como culminación de farsas judiciales. María Trinidad Sánchez, Antonio Duvergé y su hijo, José Joa-

quín y Gabino Puello son ejemplos de ello. La prohibición de la pena de muerte ha tenido una existencia tan azarosa como nuestra constituciona-lidad, proclamada con limitación a razones políticas, se mantiene en las revisiones de 1865 y 1866, para des-aparecer en las de 1868 y 1872. En la reforma de 1874 se reestablece la abolición por razones políticas para desaparecer en la de 1875.

Es en la reforma de 1877 cuando se plantea de manera expresa la inviola-bilidad de la vida como una garantía de los dominicanos, pronunciándose la abolición absoluta de la pena de muerte; abolición que se conserva en la revisión de 1878 para volver en la de 1879 y 1880 a limitarse a las que tienen por origen causas políticas. La prohibición de la pena de muerte desaparece en el texto de 1881, para volver al régimen que la excluye sólo “por razones políticas” en las versio-nes de 1887 y 1896. La reforma de 1907 establece una abolición absolu-ta de la pena de muerte y de cualquier otra que implique pérdida de la salud o integridad física del individuo. No duraría sino hasta el 1908 la vigencia de este texto, cuando se reestablece con excepción de los delitos políticos para reaparecer como abolición abso-luta, con relación similar a la del 1907, en la reforma constitucional de 1924, tras la desocupación de las fuerzas norteamericanas, la prohibición abso-luta de 1924 se repite en las dos revi-

siones del 1929 y en la de 1934, para aparecer en la de 1942 y 1947 con la excepción “ para lo que en tiempo de guerra como nación extranjera, se ha-gan culpable de delitos contrarios a la suerte de las armas nacionales, o de traición o espionaje a favor del enemi-go”. Este texto tendría mejor suerte ya que se le ratificó en las seis reformas habidas de 1955 al 1963. Los textos de 1966 y 1994 han consagrado una abolición absoluta.

La evolución histórica que acabamos de delinear no registra mayores cam-bios en la forma de consagrar los de-rechos humanos que los que hemos pretendido sintetizar. Puede afirmar-se que, en cuanto a su redacción y presentación, dos formas aparecen alternándose entre las diversas mo-dificaciones y revisiones sufridas por nuestra Carta Magna, sin que aparez-can diferencias sustanciales o consec-tuales dignas de ser relevadas.

La Constitución de 1955

La primera reforma constitucional re-gistrada tras la aprobación de la De-claración Universal de los Derechos Humanos fue la del 1 de diciembre de 1955, promovida por las urgencias de tipo político y de índole personal que acuciaban al régimen, que enfrentaba serias presiones internacionales. A todas esas condicionantes quiso res-ponder este nuevo texto constitucio-nal, que si bien formalmente adoptó los lineamentos de la Declaración de 1948 negados en la práctica política y social del país, consagró una seria contradicción que permite dar una idea del carácter simulado del discur-so humanista que asuma. En efecto, es la primera Constitución que al referir-se a lo que las otras denominaban ga-rantías de los dominicanos o derechos públicos de los dominicanos, utiliza el término de derecho humano, para afirmar con solemnidad, por obvia in-fluencia de la Declaración de la ONU, lo siguiente: “Se reconoce como finali-dad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y la creación y mantenimien-to de los medios que le permitan per-feccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y justicia social, compatibles con el or-den público, el bienestar general y los derechos de todos.”

La pequeña bur-guesía vive en el orden político de ilusiones que transforman en su cerebro la realidad y la ilu-sión que habían provocado los acontecimientos de julio de 1857 que no podían escapar a esa inclinación

“

"

48 Ministerio Público

A seguidas se enumeraban y descri-bían las normas con las cuales se pre-tendían garantizar la realización de tales fines: individualidad de la vida con prohibición de la pena de muerte sólo exceptuando por actos “culpables de delitos contrario a la suerte de las armas nacionales o de traición o espio-naje en favor del enemigo; la seguridad individual, con sus consiguientes ga-rantías procesales que han sido doctri-nadas común de nuestras constitucio-nes; libertad de conciencia y de cultos; libertad de expresión del pensamiento sin sujeción a censura previa; libertad de asociación y reunión; inviolabilidad de correspondencias y demás docu-mentos privados; inviolabilidad de do-micilio; libertad de tránsito.

Al lado de esos derechos, de carácter individual, se consignan igualmente derechos de carácter social como la libertad de trabajo, libertad de em-presas, libertad de enseñanza, la ne-cesidad de protección del Estado de la familia a fin de “robustecer su es-tabilidad y bienestar, su vida moral, religiosa y cultural”. El derecho a la seguridad social asumida como una obligación del Estado a proveer su desarrollo progresivo, queda también consagrado, incluyendo la necesidad de protección y asistencia en favor de los pobres y ancianos.

Dos elementos importantes nos sir-ven para demostrar el carácter subal-terno de las motivaciones para las re-formas. En primer lugar, la adopción a contrapelo de declarar la libertad de conciencia y de cultos y el derecho a la libre expresión del pensamiento de un artículo, No. 4, con el siguiente texto:

“Se declara que el comunismo por su tendencia atentatoria contra la sobe-ranía de los Estados y los atributos inherentes a la persona humana, es incompatible con los principios fun-damentales reconocidos en esta Cons-titución.

Por consiguiente, la ley dispondrá las medidas necesarias para sancionar a las personas o agrupaciones que sus-tenten doctrinas o programas de filia-ción comunistas”.

La segunda muestra es la constitucio-nalización en el rango de los derechos humanos, de cuestiones propias al

derecho privado como es el régimen del patrimonio conyugar y de las su-cesiones, al propósito de investir con la jerarquía propia de estos textos dis-posiciones con vista a problemas de índole familiar del dictador, como lo relativo a la exclusión por indignidad de los sucesores.

Como se sabe, el 1955 inicia el perío-do final y más difícil de la tiranía en el que los métodos de violación a las disposiciones relativas a derechos individuales llegaron a sus máximos extremos. No obstante, dos reformas más se conocerían ante la muerte del dictador: las de 1958 y la de 1960, que dejaron intocado el capítulo dedicado a los derechos humanos, no obstante que en la propuesta inicial de reforma se contemplaba la restauración de la pena de muere para combatir el terro-rismo. Por demás, el anticomunista artículo 4 desaparecería en la última.

La Constitución de 1963

El período que marcó la transición en-tre la caída de la tiranía y la elección de un gobierno elegido en libertad por la voluntad popular, trajo consi-go dos revisiones constitucionales (1961 y 1962) dirigidas a organizar

la celebración de dichas elecciones, poniendo las funciones ejecutivas y legislativas a cargo del organismo de-nominado Consejo de Estado, al que correspondió convocar y celebrar las elecciones generales de 1962. El 27 de Febrero de 1963 ascendió a la pri-mera magistratura del Estado, el pro-fesor Juan Bosch y con el equipo de legisladores (senadores y diputados) que constituidos en Asamblea Reviso-ra votaron la Constitución del 29 de abril de 1963, ejemplar en más de uno de sus aspectos y punto luminoso en nuestra historia constitucional.

Justamente en el plano de los dere-chos humanos, encontramos uno de esos puntos al formular consagracio-nes de mayor consonancia con la De-claración Universal de los Derechos Humanos. Nada más y nada menos que en su artículo primero, la Consti-tución de 1963 expresa su profundo sentido humanista y su apego a las convicciones que en el 1948 vieron sustento ideológico y ético a dicha De-claración, al decir:

“Art. 1.- Son finalidades básicas de los poderes públicos: a) Proteger la dig-nidad humana, promover y garantizar su respeto.

b) Propender a la eliminación de los obstáculos de orden económico y so-cial que limiten la igualdad y libertad de los dominicanos y se opongan al desarrollo de la personalidad humana y a la efectiva participación de todos en la organización política, económica y social del país; y

c) El desarrollo armónico de la socie-dad dentro de los principios normati-vos de la ética social.”

El concepto de igualdad ordinariamen-te localizado en nuestras Constitucio-nes anteriores en el capítulo dedicado a los derechos humanos, se consagra en esta parte primera de los Principios

Dos elementos importantes nos sirven para demostrar el carácter subalterno de las motivaciones para las reformas. En primer lugar, la adopción a contrapelo de declarar la libertad de conciencia y de cultos, y el derecho a la libre expresión del pensamiento

“

"

Juan Bosch, ex-presidente de la República y Pa-dre de la democracia dominicana.

49Ministerio Público

Fundamentales y se expresa en la for-ma clásica: “Art. 6.- A nadie se le puede obligar hacer lo que la ley no manda ni impedirle lo que la ley no prohíbe.”

Por primera vez en nuestra historia constitucional se adoptan los dere-chos sociales, no con simples enun-ciaciones sino con un tratamiento de mayor profundidad buscando trazar sus alcances y orientaciones desde el seno mismo de la Carta Magna. De ese modo, la sección denominada Prime-ra Parte, tiene un Título I denominado Relaciones Económicas y Ético-Socia-les, que comprende cinco secciones y 51 artículos dedicados al Trabajo, la Propiedad, la Familia y la Salud, con principios, postulados y precisiones que bien merecen un esfuerzo analíti-co similar o superior al presente.

Justamente el título II de esa parte está dedicado a los Derechos Humanos con una precisa y detallada enumeración y conceptualización de los mismos. Ahí encontramos consagrados en textos más o menos clásicos, la inviolabili-dad de la vida, la libertad personal y un régimen de garantías procesales, la libertad de creencia, el derecho de aso-ciación, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de expresión, la inviolabili-dad de correspondencia y la libertad de tránsito. El derecho de petición que vimos desaparecer en la modificación de 1924, reaparece acompañado de la obligación, a cargo de los poderes públicos, de “responder a dichas peti-ciones por medio de sus titulares o re-presentantes, en un término razonable que no será mayor de treinta días”.

Singular manifestación de protección al derecho de los ciudadanos a vivir en su país, cuya importancia sólo es dable a apreciar en la perspectiva de lo que había sido la práctica del des-tierro como medida de represión po-lítica, es la que brinda el artículo 66, y que algunas versiones atribuyen su parternidad al propio Presidente Bosch, conocedor como poco de los rigores del destierro: “Ningún domi-nicano podrá ser expulsado del país”.

La preocupación jus-humanista no quedó exclusivamente en la expre-sión de una aspiración socialmente sentida, sino que se proyectó a los mecanismos de efectiva protección capaces de ser deslumbrados para la

época. En primer lugar, la protección judicial quedaba establecida por el ar-tículo 58 al decir: “Todos los habitan-tes del territorio dominicano pueden actuar en justicia para salvar guardar y defender sus propios derechos y sus legítimos intereses. La administración de justicia es gratuita”.

La protección de las garantías proce-sales fueron ampliadas tanto en su enunciación, como en su sanción. Se prohibía la incomunicación de “Dete-nidos o presos, así como la publicidad vejatoria de los mismos. El artículo 75 establecía que: “todas las personas tienen acceso a los registros de dete-nidos y presos”, mientras el disposi-tivo subsiguiente creaba una grave y justificada presunción: “Cualquier he-cho que afecte la integridad personal, seguridad o la honra de una persona detenida o condenada, será imputa-ble a sus aprehensores o guardianes quienes podrán suministrar la prueba contraria. Se reconoce a los subordi-nados el derecho de negarse a cumplir las órdenes o disposiciones de sus su-periores, contrarias a las garantías de que trata este artículo”.

Incluso, la pena mereció la positiva-ción de sus fundamentos socio-filosó-ficos: “La finalidad principal de todo establecimiento penitenciario, rezaba el artículo 80, debe ser, desarrollar en el condenado la actitud para el traba-jo, los buenos hábitos y las costum-bres sociales, en ningún caso las cár-celes servirán para la mortificación o corrección brutal del delincuente.

Rompiendo con toda nuestra tradi-ción constitucional, volviendo a los orígenes filosóficos de las libertades individuales, el artículo 81 expresaba: “Se declara legítima la resistencia en-caminada a la protección que los dere-chos humanos consagrados más arri-ba, los cuales no excluyen los demás que esta Constitución establece ni otro de igual naturaleza o que sea una resultante de la soberanía del pueblo y del régimen democrático.

Todos conocemos el destino de este capítulo glorioso de la constituciona-lidad dominicana. Pero aún a pesar de su corta vigencia legal a consecuencia del golpe de Estado de 1963, no pue-de decirse de esta experiencia lo que el propio Profesor Bosch había dicho de la Constitución de 1958. No se tra-tó de una carta fantasmal, sino de un instrumento de real vigencia institu-cional en cuanto duró aquel gobierno, y de profundas consecuencias histó-ricas y políticas, amen del gran peso que ha tenido posteriormente en el pensamiento social y constitucional de los dominicanos.

La Constitución de 1966

Tras el interregno que midió entre el derrocamiento del gobierno demo-crático de 1963 y la restauración de la constitucionalidad, se votó en 1966 una nueva Constitución que regresó en cuanto a derechos humanos, por lo menos, y en término de modelo for-

Se declara legítima la resistencia encaminada a la protección de los derechos humanos, los cuales no excluyen los demás que esta Constitución establece, ni otro de igual naturaleza o que sean una resultante de la soberanía del pueblo y del régimen

“

"

Juaquín Balaguer, ex-presidente de la República y facilitador de la transición hacia la democracia.

50 Ministerio Público

mal y de contenido con muy ligeras variantes, a la Constitución de 1955. El nuevo texto tiene sólo una inclusión de importancia que es la consagración del derecho a la información, tipifica-do como el libre acceso de los medios a las fuentes noticiosas oficiales y pri-vadas, “siempre que no vaya en contra del orden público o pogan en peligro la seguridad publica”.

Las garantías procesales resultaron enriquecidas con dos precisiones: La prohibición del traslado de cualquier detenido de un establecimiento carce-lario a otro lugar sin orden escrita y motivada de la autoridad competen-te, y la de toda persona a cuya guarda este un detenido de presentarlos tan pronto lo requiera dicha autoridad ju-dicial. Como en los textos anteriores, se establece el hábeas corpus como salva guarda a esta garantía.

El régimen de protección a los dere-chos humanos se vio completado y fortalecido en término formales, con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Cos-ta Rica, aprobados ambos en 1978 y que adquirieron rango constitucional por virtud del artículo 10 de la misma Constitución, a cuyo tenor “ La enume-ración contenida en los artículos 8 y 9 no es limitativa y, por consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza”.

El 14 de Agosto del 1984 se votó una nueva modificación constitucional que no tocó el estatuto de los dere-chos humanos de manera directa, aunque la creación del Consejo Nacio-nal de la Magistratura y la atribución a la Suprema Corte de Justicia de la facultad de designación de los demás jueces del orden judicial, pueden y deben tener incidencias en el aspecto recomendado a consecuencia del for-talecimiento de este poder del Estado y de su independencia.

Consideraciones finales

Si he preferido el método de la exposi-ción cronológica y no el de la explica-ción exegética para configurar frente a ustedes una panorámica de lo que es y ha sido el tema de los derechos huma-nos en la Constitución dominicana ha

sido por la creencia de que la riqueza del tema haya podido tener, es sólo la resultante de esa dinámica histórica la que nos permite reflexionar sobre el estatuto actual y lo que sería más importante perfilar sobre lo que debe ser una declaración de derechos y un régimen efectivo de protección y ga-rantía para su cumplimiento, de cara a los nuevos tiempos y a lo que parece ser un paso inexorable al que estamos cada vez acercándonos más: la Refor-ma Constitucional.

Si bien nuestro estatuto constitucio-nal de los derechos humanos tiene la conformación clásica que arranca de nuestros primeros constituyentes, obviamente mejorado al incorporar-

se los elementos de la Declaración de 1948, su concepción ha sido conser-vadora en tanto ha quedado limitada a una serie de derechos fundamenta-les sin recoger en su devenir otras fa-cultades y aspiraciones humanas que han merecido especial protección del manto constitucional. Y lo es más por la ausencia de mecanismos, recursos y órganos especialmente dedicados a su control y protección. En ese senti-do, pues, de lo que parece tratarse es no sólo de lo que tenemos, sino de lo que debemos perseguir en un proceso como el que se cumple entre nosotros deberán ser sometidas a revisión to-das las instituciones, no para su susti-tución mecánica, sino para la racional formulación y reformulación de las que propendan a la sociedad de los nuevos tiempos. Parece que en punto a derechos humanos corresponderá:

• Perfilar y delinear con caracteres precisos, la distinción entre dere-chos individuales y sociales, de cara a los roles que de manera definitiva reconozcamos al Estado.

• Ampliar el respecto de cada uno de esos derechos y libertad, incorpo-rando de manera definitiva:

• En el campo de los derechos indivi-duales

- el derecho a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre;

- el derecho al libre desarrollo de la personalidad;

- el derecho a la información veraz e imparcial;

- el derecho a la paz; - la constitucionalizacion efectiva

de los mecanismos de protección a estos derechos;

- recurso de amparo, acción de há-beas corpus: la adopción de me-didas eficaces propias al proceso penal democrático.

• En el campo de los derechos sociales y culturales:

- el derecho a la cultura; - el derecho al ambiente sano.

No se puede pretender en modo algu-no que lo anterior sea exhaustivo ni la expresión acabada de una propuesta definitiva. Son sólo líneas para provo-car la reflexión hacía la universidad y el consenso.

La dinámica histórica actual nos permite reflexionar sobre el estatuto actual y lo que sería más importante perfilar en torno a lo que debe ser una declaración de derechos y un régimen efectivo de protección y garantía para su cumplimiento, de cara a los nuevos tiempos"

Francisco Alberto Caamaño Deñó, ex-presidente de la República, líder de la Guerra Patria de Abril de 1965.

“

51Ministerio Público

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, mostró al em-bajador de Francia en el país, Francis Roland Dubertrand, los avances alcan-zados por el Ministerio Público en cuan-to a la capacitación de sus miembros, los métodos para su selección, evaluación y funcionamiento de la Escuela Nacional, entre otras actividades, con el objetivo de relanzar los programas de coopera-ción de esa nación con la justicia domi-nicana.

En un encuentro celebrado en la sede de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), el magistrado Jiménez Peña resaltó que en la actualidad más del 50% de los fiscales forman parte de la Carrera, mientras que los restantes se encuentran en vía de incorporarse.

Destacó la implementación de los pro-gramas extraordinarios de formación a que son sometidos los representantes del Ministerio Público, incluyendo los primeros 100 miembros de la Carrera, quienes iniciaron como fiscalizadores.

Dijo estar honrado con la visita del em-bajador francés, Dubertrand, a la ENMP y de conocer los planes de Francia para cooperar con la República Dominicana en la ejecución de proyectos de capaci-tación en el sector justicia.

“Estoy honrado de conocer los planes de Francia en fortalecer la asistencia,

ya que es una nación con la cual man-tenemos lazos históricos de amistad”, precisó.

Embajador elogia proceso de capacitación de fiscales

De su lado, el embajador Dubertrand elogió el proceso de capacitación imple-mentado por la escuela con los fiscales dominicanos, logrando en pocos años transformar el Ministerio Público.

Dijo que en materia de Derecho, Fran-cia siempre ha mantenido una relación especial y fuerte con el país, tradición que dijo, se debe mantener.

“Tenemos similitudes muy fuertes en términos de Derecho, aunque también hay diferencia en cuanto a la organiza-ción”, precisó.

Manifestó que tiene programado asis-tir al Ministerio Público dominicano en distintos aspectos, de la misma manera como se está haciendo con la Policía Nacional.

El embajador de Francia estuvo acom-pañado de Lionel Dost, asistente de la Policía Judicial francesa.

Presentación

En una exposición realizada por Ra-món Núñez, director de la ENMP, se ofreció en detalles al origen y evolu-

ción de la misma, así como los aportes hechos en la capacitación de fiscales, fiscalizadores y procuradores del país y varias naciones del área.

Resaltó las evaluaciones realizadas por la Escuela desde su creación en el año 2002, mediante el decreto 514-02 y luego prevista en la ley 78-03, donde se determinó cuáles fiscales se ajusta-ban al perfil.

Manifestó que se ha adoptado un modelo de gestión de la capacitación orientando a la transferencia de los conocimientos, destrezas y habilida-des hacia el trabajo de los fiscales, de modo que la capacitación impacte po-sitivamente su desempeño.

En la actividad estuvieron presentes, además, el primer sustituto del pro-curador, Ángel Castillo; el procurador de la Corte de Apelación de San Cris-tóbal, Jesús María Fernández Vélez; el presidente del Colegio de Abogados, José Pérez Vólquez; Antonio Medina Calcagno, vicedecano de la Facultad de Derecho de la UASD; Thalia Gold-berg, directora de gestión de Fiscalía del Ministerio Público, y Danisa Cruz, encargada de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la Re-pública.

Francia manifiesta interés en aumentar cooperación al Ministerio Público dominicanoPROCURADOR MUESTRA AL EMBAJADOR AVANCES DE LA ENMP

Lionel Dost, asistente de la policía judicial francesa; el embajador de Francia en el país, Francis Roland Dubertrand; Radhamés Jiménez Peña, Ramón Emilio Núñez y Ángel Castillo.

NotiCiasNotiCias

52 Ministerio Público

Es una acción constitucional o legal que tiene cualquier perso-na que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para conocer qué información existe sobre su perso-na, y de solicitar la corrección de esa información si le causara algún perjuicio.

Este derecho se ha expandido y comenzó a ser reglamentado tanto por leyes de hábeas data como por normas de protec-ción de datos personales. También se encomendó a agencias estatales el control sobre la aplicación de estas normas.

Así existen en diversos países, por ejemplo, como Argentina, Es-paña y Francia, agencias del Estado que tienen por misión super-visar el tratamiento de datos personales por parte de empresas e individuos. También se suele exigir un registro del banco de datos para generar transparencia sobre su existencia.

La acción de Hábeas Data, con rango constitucional, existe en varios países como Bolivia, donde en su artículo 23, entre otras cosas, dispone que:“Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la elimina-ción o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamen-tal a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta Constitución, podrá in-terponer el recurso de Hábeas Data ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya. La de-cisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el Tribunal Constitucional, en el plazo de 24 horas, sin que por ello se suspenda la ejecución del fallo. El recurso de Hábeas Data no procederá para levantar el secreto en materia de prensa. El re-curso de Hábeas Data se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo Constitucional”.

Así como también, en Ecuador, el artículo 94 de su Constitución establece que: “Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Podrá solicitar ante el funcionario respectivo, la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación, si fue-ren erróneos o afectaren ilegítimamente sus derechos. Si la fal-ta de atención causare perjuicio, el afectado podrá demandar indemnización”.

El Hábeas Data en Honduras, consagra que, toda persona tie-ne el derecho a acceder a la información sobre sí misma o sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en caso de que fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o enmendarla. Por consiguiente, la acción se ejercerá sin necesidad de poder ni de formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días hábiles o inhábiles y libre de costas; donde únicamente conocerá de la garantía del Hábeas Data la Sala de lo Constitucional de la Cor-te Suprema de Justicia, quien tendrá la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar cualquier violación a los derechos del honor, intimidad personal o familiar y la pro-pia imagen.

Además, el Hábeas Data en Paraguay está protegido en su artículo 135 de la Constitución; en Perú, en los artículos 200 y 205, los cuales disponen que son garantías constitucionales: La Acción de Hábeas Corpus, La Acción de Amparo, La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el artículo 2o, incisos 5, 6, y 7 de la Constitución sobre: la Acción de Inconstitucionali-dad, la Acción Popular y la Acción de Cumplimiento. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los dere-chos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribuna-les u organismos internacionales constituidos según tratados o convenidos de los que Perú es parte”.

El artículo 28 de la Constitución de Venezuela, en cuanto a la acción de Hábeas Data, establece que: “Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectifi-cación o la destrucción de aquello, si fuesen erróneos o afecta-sen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan infor-mación cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.

El Hábeas Data en el Ordenamiento Constitucional Henry cerda

Procurador General Adjunto, Encargadode Supervisión del Ministerio Públicohenrycerda@hotmail.com

aCtUalidadaCtUalidadteMa de

53Ministerio Público

La acción de Hábeas Data, con rango constitucional, existe en varios países como Bolivia, donde en su artículo 23, entre otras cosas, dispone que:“Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obte-ner la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos de datos públicos o privados que afec-ten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad per-sonal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta Constitución, podrá interponer el recurso de Hábeas Data ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el Tribunal Constitucional,

en el plazo de 24 horas, sin que por ello se suspenda la ejecu-ción del fallo.

El anteproyecto de Ley de Procedimiento Constitucio-nal, cuyo principal objetivo es la creación de la Cuarta

Sala en el interior de la Suprema Corte de Justicia, contempla el Amparo informativo o Hábeas Data,

y la misma destaca que cualquier persona física puede reclamar, por vía de amparo, una orden

judicial para conocer las informaciones rela-tivas a su persona que consten en registros

o bancos de datos de entidades públicas o privadas destinadas a proveer informes a

terceros, así como el destino, uso o finali-dad dados a esa información. A través del

amparo podrá igualmente reclamarse la actualización de la información, la recti-

ficación de errores, la eliminación o su-ministro de información que vulnere

derechos constitucionalmente pro-tegidos. En este orden, se quiere

establecer en principio una ambi-güedad de la acción o más bien,

esto podría crear confusión en-tre los actores del sistema de

justicia, por las razones que en otra entrega analizare-

mos, por razones de espa-cio, conjuntamente con el proyecto de reforma constitucional, relacio-

nado al Hábeas Data.

aCtUalidadaCtUalidadteMa de

54 Ministerio Público

La Procuraduría General de la República a través de la Coordinación Nacional de NNA y Familia que dirige la magistrada Marisol Tobal, trabaja con iniciativas pro-pias y en colaboración con otras institu-ciones, en beneficio de la niñez domini-cana.

Para ello desarrolla varios programas orientados a proteger y ofrecer garantía de sano desarrollo a la población de más temprana edad, conforme lo establecen la Constitución de la República en su artí-culo 8, inciso 15, la Convención de Gine-bra de los Derechos del Niño de 1989 y el Código para la Protección de los Dere-chos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Cuenta con una Policía Especializada, ofrece orientación sobre la actuación de la Escuela en la Prevención del Abuso Infantil, de cómo evitar la violencia intra-familiar según lo establece la Ley 24-97 y de cómo disciplinar efectivamente sin utilizar el castigo hacia los niños, niñas y adolescentes.

Quienes visitan las páginas de la Procura-duría en la red www.procuraduria.gov.do y acceden al blog de la Coordinación de NNA y Familia, encuentran además de las informaciones necesarias, la labor que se desarrolla desde esa área, y de las orientaciones pertinentes con respecto al tratamiento que amerita el tema de la niñez y la familia.

El CUIDADO DE LA NIÑEZ

La magistrada Tobal considera que cui-dar de los niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos los días que no puede ser desatendida porque de ello depende la continuación de un país y una sociedad en la que se pueda convivir con sentido de armonía y democracia.

Sostuvo que se debe evitar por todos los medios el maltrato infantil y en su defecto, velar porque los niños, niñas y adolescentes se desarrollen en un am-biente social, familiar y escolar sano, alegre y afectivo

LA ESCUELA Y LA FAMILIA

En el caso de los abusos infantiles que se cometen en la familia, un mal típico de la sociedad dominicana, el mecanismo más adecuado para detectarlo, evaluar la situación y dar la salida adecuada, es la escuela, explica Marisol Tobal.

A su juicio, maestros y maestras juegan un papel fundamental en prevención de abuso, ya que son agentes claves en el proceso de socialización en la comuni-dad educativa, y en el desarrollo psicoso-cial de los alumnos y alumnas.

Explica que las actitudes y comporta-miento de los docentes son modelos para la formación de valores de los alumnos, alumnas, valorando la integri-

en sus artículos 2 y 3 la ley 136-03 establecea) El Estado, a través de sus

instituciones, los medios de comunicación, la familia y la comunidad en general, pro-mueve el fomento de valores y principios, a fin de que los niños, niñas y adolescentes puedan cumplir con sus deberes.

b) Todos los niños, niñas y ado-lescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garan-tizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia, la salud y su desarrollo integral.

54 Ministerio Público

EN MES DE PREVENCIóN DEL ABUSO INFANTIL

Procuraduría llama a cuidar de la niñezEvitar maltrato y velar por su desarrollo en un ambiente sano

Marisol Tobal

NotiCias

55Ministerio Público

dad personal, sus potencialidades y ayudando a superar de manera positiva sus dificultades.

INDICADORES DE VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

• Falta de condiciones adecuada para el proceso enseñanza, aprendizaje

• Confrontaciones entre estudiantes y profeso-res o profesores con estudiantes

• Predominio de un alumno sobre otro/a• Subordinación• Humillación• Irrespeto• Imposición• Intolerancia • Indiferencia• Negligencia• Agresión física• Manipulación• Ridiculización• Restricción del derecho a la libertad escolar• Minimizar los derechos de los/as estudiantes

frente a otros o frente a los adultos.

ORIENTACION PROFESIONAL

En cuanto a la violencia en la familia que se origi-na y se desarrolla generalmente entre las parejas y parientes, la magistrada Tobal la considera otra violación a los derechos de la niñez que puede ser manejada con orientación profesional.

Estima que es importante que tanto hombres y mujeres, así como cualquier miembro de la fami-

lia reconozcan las situaciones que generan violencia para prevenirla y evitar así que los hijos salgan afec-tados en su desarrollo.

Se refirió también al modelo de disciplina autoritario y de castigo físico señalando que ni ayer ni hoy ha sido el apropiado.

A su juicio la disciplina se logra me-jor con la comunicación y la parti-cipación entre los miembros de la familia, sobre todo en lo que tiene que ver con la toma de decisiones, el afecto y los valores que sirven de base a la formación moral de la que tanto requiere hoy la sociedad.

La Convención sobre los Dere-chos del Niño (CDN) es un trata-do internacional de las Naciones Unidas, que posee 54 artículos que reconocen que todas las personas menores de 18 años tienen derecho a ser protegi-dos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad, es-tableciendo que los niños son sujetos de derecho. Fue adop-tada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Su origen fue la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de la organi-zación internacional Save the Children, que fue aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de

diciembre de 1924. Las Naciones Unidas aprobó en 1948 la Decla-ración Universal de los Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño. Sin embargo, posteriormente, se llegó al convencimiento que las particulares necesidades de los niños debían estar especialmen-te enunciadas y protegidas. Es el tratado internacional que reúne al mayor número de Estados partes. Ha sido ratificada por todos los Estados del mundo, a excepción de Somalía y Estados Unidos de América, este último fundamentalmente debido a la prohibición de la aplicación de la pena de muerte a niños, que contiene esta convención.

En su Artículo 309-2, la Ley 24-97 define la vio-lencia intrafamiliar como toda conducta que emplee la fuerza física, violencia psicológica y verbal, intimidación o persecución dentro del hogar, ya sea contra uno o varios miembros de la familia o cualquier otra persona con la que se mantenga una relación de convivencia o perso-na bajo cuya autoridad o cuidado se encontraba la familia. Ambos delitos se castigan con prisión de 1 a 5 años y multas de 500 a 5,000.00 pesos y la restitución de los bienes destruidos, dañados y ocultados si fuera el caso.

55Ministerio Público

56 Ministerio Público

Con la llegada de Abril que es el mes de la prevención del abuso infantil, se renuevan las acciones para conjurar ese mal, y en esta ocasión fue creada la Red de Protección Infantil, una inicia-tiva del Instituto Dominicano de Desa-rrollo Integral (IDDI) con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas, incluyendo la Procuraduría General de la República.

La Red ofrecerá atención a los niños de los barrios marginados de la zona norte del Distrito Nacional, y la respaldan tam-bién el Ayuntamiento del Distrito Nacio-nal (ADN), el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), Salud Mental, Consejo Presidencial del SIDA, y Fe y Alegría.

OBJETIVOS

La Red de Protección Infantil tie-ne la finalidad de anali-zar la situación de mal-t r a t o infantil y fortalecer la colabo-ración y co-ordinación entre las or-ganizaciones que trabajan con los Niños, Niñas y Adoles-centes en riesgo.

“Abrimos hoy un es-pacio en donde esta-mos convocando a las instituciones que traba-jan el área de protección infantil, Teresa Morrobel, directora del Departamen-to de Promoción Social del IDDI, para que se sumen a este gran esfuerzo”, explicó .

Esta red es una iniciativa del IDDI, que comenzó sus trabajos en octubre de 2008 con el apoyo de la Asociación Na-

varra Nue-vo Fu-turo y la

Agencia Española para la Cooperación Inter-

nacional del Desarrollo (AECID), las cuales donaron aproximadamente 300 mil euros al programa.

“Esta iniciativa incluye a todos los ac-tores e instituciones que trabajan con niños en situación de riesgo en esta zona marginal, además entendemos

que sólo con la colaboración de todas las organizaciones es la única forma en que se puede disminuir el maltrato”, explicó el coordinador del Proyecto de Protección Infantil, Peter De Wanne-maeker.

LAS CIFRAS

Según los últimos estudios realizados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre el 30 y 50 por ciento de los niños dominicanos sufren

NotiCiasNotiCias

Crean Red de Protección Infantil para atender a niños de los barrios de Santo Domingo

Creado en 1984, el Instituto Dominicano de Desarrollo Inte-gral, Inc. es una organización sin fines de lucro que contri-buye a la reducción de la pobreza en las zonas rurales y ur-banas. Cuenta con un personal compuesto por hombres y mujeres que trabajan con comunidades y organizaciones locales interesadas en asumir la responsabilidad de me-jorar sus condiciones de vida y la vida de sus vecinos.

MIENTRAS UNICEF DICE QUE ENTRE 30 Y 50 POR CIENTO DE LOS INFANTES DOMINICANOS SUFREN MALTRATOS

57Ministerio Público

de maltrato en el país, in-dicó Wannemaeker.

En el desarrollo de la red de protección infan-til, el IDDI ofrecerá psi-coterapia, intervencio-nes a domicilio, charlas y talleres a padres y ma-dres con dificultades de educar a sus hijos.

SECTORES BENEFICIADOS

El programa de protec-ción estará dirigido a los barrios marginados de la zona norte del Dis-trito Nacional, como La Zurza, Cristo Rey, Villas Agrícolas, Ensanche Lu-perón, Capotillo, Simón Bolivar, 24 de Abril, En-sanche Espaillat, María Auxiliadora, Guachipita, Gualey, Los Guandules y la Ciénaga.

LINEA 700 (Prevención y denuncia de abuso infantil)

En un proyecto liderado por el Despacho de la Primera Dama de la Re-pública, con el soporte del Consejo Nacional de la Niñez y el Ministerio Público desarrollado por

la Oficina Presidencial de Tecnolo-gías de la Información y Comunica-ción.

La Línea 700, es la vía que ofrece a los ciudadanos información de cómo prevenir el abuso infantil, y a la vez facilita la tramitación de las denuncias. Dentro de los servicios que brinda la Línea 700 se pueden encontrar los siguientes:

Denuncias de abuso infantil (físi-co, psicológico y sexual).

Reporte de niños, niñas o adoles-centes extraviados.

Reporte de niños, niñas o adoles-centes abandonados.

Denuncia o sospecha de explota-ción laboral de niños, niñas o ado-lescentes.

Niños, niñas o adolescentes con denuncia o sospecha de negligen-cia de sus padres o responsables.

Denuncia o sospecha de inducción a la delincuencia o acti-vidades antisociales a niños, niñas o adoles-centes.

Medidas de preven-ción de abuso en contra de niños, ni-ñas y adolescentes.

Instituciones que ofre-cen apoyo en caso de abuso infantil.

Cerca de cinco mil infantes de los ba-rrios pobres serán beneficiados con zapatos a través del programa “Cero niño Descalzo” que desarrolla el Ayun-tamiento del Distrito Nacional (ADN).

“Estamos hablando de que ya conta-mos con un banco de datos con más de 30 mil niños que no tienen zapatos y que han sido debidamente identifica-dos, porque viven en situaciones de alto riesgo”, sos-tuvo el síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo.

Según la encargada de la Dirección de Servicio Social del ADN, Nerys Martí-nez, cada niño reci-birá tres pares, dos nuevos y uno usado, de los que se han ido recibiendo en las diferentes dona-ciones.

“Los niños beneficiados recibirán dos pares nuevos, uno estilo tenis y otro par de vestir. Los que nos han regalado que están usados, los niños lo recibirán como extra, o sea que en este caso los niños recibirán finalmente tres pares de zapatos”, señaló Martínez.

NotiCiasNotiCias

Beneficiará a unos

cinco mil infantes de los barrios

pobres

El Despacho de la Primera Dama, la Procuraduría General de la Repúbli-ca, el Consejo Nacional para la Niñez (CONANI), y la Oficina Presiden-cial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) son sig-natarios de un acuerdo mediante el cual se comprometen a colaborar para luchar en equipo contra el abuso infantil. El convenio fue firmado por la Primera Dama, Margarita Cedeño de Fernández; el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña; la presidenta del CONANI, Kirsys Fernández de Valenzuela, y el director de la OPTIC, Do-mingo Tavárez.

ADN PONE EN MARCHA PROGRAMA “CERO NIñO DESCALZO”

57Ministerio Público

Roberto Salcedo

Crean Red de Protección Infantil para atender a niños de los barrios de Santo Domingo

MIENTRAS UNICEF DICE QUE ENTRE 30 Y 50 POR CIENTO DE LOS INFANTES DOMINICANOS SUFREN MALTRATOS

58 Ministerio Público

La Fiscalía del Distrito Nacional des-truyó más de 200 máquinas tragamo-nedas que operaban de forma ilegal y que fueron confiscadas durante varios operativos que se realizaron en distin-tos colmados y colmadones de los ba-rrios de la capital.

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra dijo que en los operativos se detuvo a 20 personas, contra las que se solici-taron medidas de coerción.

Ratificó que detrás de las máquinas tragamonedas hay una mafia que está siendo investigada por organismos de inteligencia tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría General de la Re-pública.

MEDIDAS CONTRA DETENIDOS

A las personas detenidas en los alla-namientos, los jueces del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Na-cional les impusieron como medida

de coerción la presentación periódica ante los tribunales.

En los operativos participaron alrede-dor de 20 fiscales adjuntos, quienes “peinaron” los barrios Cristo Rey, la Puya de Arroyo Hondo, Villa Juana, Villa María, Villa Consuelo, Los Guan-dules, Villa Francisca, entre otros sec-tores de la capital.

MARISOL TOBAL ENTREGA MENORES A SUS PADRES

Como es usual en estos operativos, menores de edad fueron sorprendi-dos operando las máquinas tragamo-nedas donde juegan y pierden dinero con la complicidad de los dueños y ad-ministradores de colmados y colma-dones. Tras ser rescatados, los niños y adolescentes fueron entregados a sus padres a través de la procuradora general adjunta Marisol Tobal, coordi-nadora nacional de Niños, Niñas, Ado-lescentes y Familia.

“Estas máquinas tragamonedas están trayendo a nuestro país la penosa rea-lidad de que hay niños y adolescentes robándoles a sus padres y a particula-res para ir a jugar en estos artefactos” afirmó Tobal. Sostuvo que en años an-teriores, cuando se realizaba este tipo de operativos, se encontraron porcio-nes de droga en varios lugares donde se realizaron los allanamientos.

Fiscalía del Distrito Nacional desarrolla batida contra máquinas tragamonedasRescatan menores y los entregan a sus padres

En otro aspecto, la Co-ordinación Nacional de NNA celebró un en-cuentro deportivo con más de 100 adolescen-tes en conflicto con la ley penal. La actividad se desarrolló en el Cen-tro de Evaluación y Re-ferimiento de Menores (CERMENOR), ubicado en el sector Cristo Rey de esta capital.

El intercambio depor-tivo formó parte de los programas que desarrollan las autori-dades en procura de reinsertarlos a la sociedad como hombres de bien. Los adolescentes de ambos sexos, quie-

nes son rehabilitados en los centros de atención integral de todo el país, compitieron en las disciplinas de vo-leibol, baloncesto y ajedrez, bajo la

supervisión de la ma-gistrada Marisol Tobal, coordinadora nacional de Niños, Niñas, Ado-lescentes y Familia, y el general Valentín Rosa-do Vicioso, director de la Policía Judicial Espe-cializada.

En la denominada fies-ta deportiva por la li-bertad y rehabilitación participaron adoles-centes de los centros

de Atención Integral de Najayo, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, CERMENOR, Santiago y el Instituto Preparatorio de Señoritas de Santo Domingo.

NotiCiasNotiCias

NNA realiza encuentro deportivo con adolescentes en conflicto con la ley penal en Cristo Rey

Procurador fiscal Alejandro Moscoso

Marisol Tobal y el director de la Policía Judicial Especializada, Valentín Rosado Vicioso, en com-pañía de comunitarios y damas que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley penal.

59Ministerio Público

Salud, Persecucióny Conciencia

Vaughn González Fiscal Adjunto del Distrito Nacional adscrito a

la Dirección General de Aduanasvaughngonzalez@hotmail.com

Toda vez que la salud constituye un derecho humano e ina-lienable que debe ser promovido y satisfecho por los gobier-nos y Estados mediante el desarrollo biológico, psíquico, so-cial, cultural y moral de cada ser humano, se promulgó el 08 de marzo de 2001, la Ley General de Salud, identificada con el número 42-01.

Dicha ley regula las sanciones aplicables a las violaciones que se comenten en materia de salud pública, entre las cua-les se encuentran las siguientes:

En principio, es el artículo 156 de ese texto legal, que consi-dera como crímenes y sanciona con pena de dos (2) a diez (10) años de reclusión o multas que oscilarán entre veinticinco y cincuenta veces el salario mínimo nacional establecido por la autori-dad legalmente competente para ello o por la ley, las siguientes infracciones:

Arrogar desechos sólidos contaminantes o sustancias descompuestas, tóxicas o nocivas a los abastos de agua potable destinados al uso y consumo de la población; introducir al país, cultivar o mantener microorganismos, cultivos bacterianos, virus, hongos patóge-nos y vectores transmisores de enferme-dades, sin autorización de la SESPAS o en laboratorios que no reúnan las condiciones necesarias de seguridad que eviten su pro-pagación; alterar, adulterar o contaminar productos desti-nados al consumo humano, cuando ello ponga en peligro la salud, la integridad física o la vida; introducir animales afec-tados por enfermedades directa o indirectamente trans-misibles a los seres humanos o a los animales; procesar o usar plaguicidas y fertilizantes sin sujetarse a las normas de seguridad para evitar la contaminación de alimentos y obje-tos, cuando de ello se puedan derivar daños o lesiones de consideración a la salud de terceros; conservar, distribuir, industrializar o entregar el producto o los subproductos de animales muertos o sacrificados por padecer enferme-dades zoonóticas, con las excepciones establecidas en la ley; y, ejercer cualesquiera de las profesiones dentro de las ciencias de la salud, sin tener el título universitario o de edu-cación superior que lo acredite para tales funciones, o por carecer del exequátur expedido por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el artículo 159 de tal ley, indica que las auto-ridades de salud y los funcionarios tendrán autoridad para

investigar la existencia de infracciones sanitarias dentro de sus respectivas jurisdicciones. Podrán actuar por propia iniciativa a requerimiento del Ministerio Público, cuando la naturaleza del caso lo amerite o ante las denuncias que les formularen particulares. El Ministerio Público podrá requerir también la intervención de la autoridad sanitaria para que lo auxilie en la persecución de infracciones a la ley.

Mientras que, el artículo 160 de la mencionada norma esta-blece que toda persona o asociación de personas u organi-zación está facultada a denunciar ante la autoridad sanitaria correspondiente, cualquier infracción a las disposiciones de la ley y sus reglamentos.

Así, lamentable y paralelamente a las dis-posiciones antes citadas, en nuestro país se está agudizando el grave problema del deli-to de medicinas falsificadas e ingresadas de contrabando a nuestro territorio.

Al respecto, tales ilícitos constituyen perjui-cios muy fuertes en contra de la actividad comercial. Además, los mismos tienen como consecuencia cruel, evitar que miles de en-fermos se sanen, que miles niños, jóvenes, adultos y ancianos disfruten de una exce-lente salud, ya que tales medicinas no están aptas para el consumo humano.

Por consiguiente, son esas las razones por las cuales debe-mos combatir, diariamente, el contrabando de medicinas y su falsificación, como se está haciendo desde la Fiscalía del Distrito Nacional, con energía y sin ningún tipo de con-templación, y como expresa el actual director general de Aduanas, Miguel Cocco, en el Editorial de la Revista de la institución que dirige, marcada con el número 23, corres-pondiente al mes de enero de 2009, enfocados en los me-jores resultados con sentido de unión de criterio y con espí-ritu democrático para elevar a nuestro país por encima de los escenarios de crisis, y siguiendo adelante con el asegu-ramiento del mejor nivel de desarrollo humano para todos los ciudadanos de la República Dominicana.

De modo y manera, pues, actuando en ese sentido, valiente y responsablemente, lograremos que cada día avance más y más la humanidad, como el mayor de los grupos sociales, poseedor de una elemental conciencia.

oPiNiÓNoPiNiÓN

59Ministerio Público

La Ley 42-01 regula las sanciones

aplicables a las violaciones que se comenten en

materia de salud pública

60 Ministerio Público

El singular plan de la Procuraduría Ge-neral de la República de convertir los CCRs del Nuevo Modelo Penitenciario en pequeñas y micro-empresas, y que con rotundo éxito funciona en el Pro-yecto Salcedo adscrito al sistema tra-dicional, avanza progresivamente y ya beneficia modalidades como la de Vista al Valle de San Francisco de Macorís,

La idea es, según lo explica el procura-dor general de la República, Radhamés Jiménez Peña, que los propios internos contribuyan a su sustento en término de alimentación y perciban otros in-gresos para que puedan ayudar a sus familiares.

Dijo que granjas con gallinas ponedo-ras, invernaderos, terrenos para hor-talizas, panaderías, talleres de costura y ebanistería son parte de los espacios de producción en los recintos peniten-ciarios de San Francisco de Macorís, Monte Plata, Puerto Plata, Mao y Rafey Hombres.

Jiménez Peña habló en el centro peni-tenciario Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, donde en un mensaje diri-gido al personal administrativo de ese centro expresó la necesidad de ser aus-tero, honesto, tener sentido de sacri-ficio y mucha creatividad ante la crisis mundial.

A los internos que tienen capacidad para producir artesanía, manifestó, se les habilitará micro empresas para ven-der sus obras en el país, principalmente en las zonas turísticas.

Entiende que si se logra potencializar el trabajo y la creatividad de todos los res-ponsables del sistema se podría seguir siendo exitoso, sobre todo en medio de la crisis económica mundial.

“Si nosotros logramos que los centros penitenciarios sean autosostenibles por lo menos en un 50%, le estamos quitan-do a la Procuraduría y al gobierno esos gastos”, agregó.

Dijo que han iniciado con toda la volun-tad y el apoyo del presidente de la Re-pública, Leonel Fernández, el proceso

de transformación de los centros pe-nitenciarios del país, y que se amerita darle sostenibilidad en el tiempo.

Resaltó que Vista al Valle en San Fran-cisco de Macorís, es uno de los centros emblemáticos del nuevo modelo peni-tenciario que se implementa en el país, y hace un año y meses era una especie de “pocilga” donde había seres humanos.

ALTERNATIVA ANTE LA CRISIS

El magistrado Jiménez Peña recordó que grandes potencias como Estados Unidos, España y Japón, están despi-diendo miles de empleados tanto de la administración pública como del sector privado.

Los terrenos de los centros peniten-ciarios deben ser aprovechados me-tro a metro para la producción de alimentos agrícolas que le sirvan para el consumo de los internos y del per-sonal que labora allí.

Ya en Vista al Valle, dijo, instalaron una granja de gallinas ponedoras que es atendida por internos penitencia-

rios, y los huevos que se producen sirven para la alimentación de ellos. Próximamente, pondrán a producir un invernadero.

Otros centros que disponen de gran-jas de gallinas ponedoras son Salcedo y Najayo Femenino en San Cristóbal. En el primero de estos centros, los internos penitenciarios atienden una finca de 300 tareas sembradas de plá-tano, yuca y berenjena. En su inverna-dero producen hortalizas y en talleres reparan butacas, fabrican inversores, calzados y enmarcan cuadros.

“Vamos a ser un ejemplo al país y al mundo de que con trabajo, dedica-ción, voluntad y compromiso se pue-de”, dijo el procurador Jiménez

AVANCE OBRAS

El procurador general de la Repúbli-ca también recorrió el centro peni-tenciario de Salcedo y supervisó los trabajos de construcción del nuevo centro de Moca, obra que construye la institución a un monto cercano a los RD$300 millones.

Proyecto de convertir CCRs en micro-empresas es ya realidad esperanzadora en varios de esos centros

El plan es instalar granjas con gallinas ponedoras, invernaderos, terrenos para hortalizas, panaderías, talleres de costura y ebanistería para la reparación de butacas

NotiCias

61Ministerio Público

La Procuraduría General de la Re-pública dejó inaugurado el Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía en San Francisco de Macorís, con lo que su-man once las provincias que cuentan ya con este sistema muy vinculado con el paradigma de fiscalía virtual que en la actualidad toma cuerpo en muchos países del mundo y que per-sigue, además de agilizar y transpa-rentar los procesos judiciales, apro-vechar las ventajas de la globalización y la sociedad de la tecnología de la in-formación y del conocimiento.

Las otras provincias donde funciona ese modelo son San Pedro de Maco-rís, La Romana, El Seibo, La Vega, Na-gua, Moca, Salcedo, Baní, Elías Piña y Puerto Plata.

El acto de inauguración fue encabe-zado por el máximo representante del Ministerio Público, Radhamés Ji-ménez Peña, quien aseguró que antes de que finalice el mes de agosto próximo serán incorporadas otras 13 institucio-nes para completar 24 dentro de este sistema, que incluye además del remoza-miento de la planta física, el equipamien-to con apoyo tecnológico.

Precisó que lo más importante que se está produciendo con la instauración de ese sistema es el cambio de mentalidad en los fiscales, en su forma de actuar y de hacer más eficiente el servicio al ciuda-dano.

Declaró que el Ministerio Público era una institución difusa, sin identidad y coyuntural, donde los fiscales estaban sujeto a los vaivenes de la política, pero que actualmente se ha construido una carrera, de la cual forman parte más de 400 fiscales.

En ese sentido, dijo que están propug-nando para que la Carrera del Ministerio Público sea contemplada en la reforma a la Constitución, aunque aclaró que los fiscales se mantendrán en sus puestos de acuerdo a su desempeño, tras advertir que aunque sea funcionario de Carrera, si comete una falta en contra de la moral y la ética, será separado de la institución.

El Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía debe responder con resultados como hasta ahora ha venido sucediendo en las entidades que han sido incorporadas a este novedoso sistema , expresó el pro-curador.

El magistrado Jiménez Peña agradeció el apoyo de la Agencia de los Estados Uni-dos para el Desarrollo Internacional (US-AID), para hacer realidad el proyecto.

BENDICIÓN DE LA OBRA

La bendición de la obra estuvo a cargo del padre Félix Rosario Salazar de la pa-rroquia San Martín de Porres, quien ca-lificó de muy positivo el Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía, con el que dijo se avanza para conseguir el anhelo de jus-ticia de la sociedad, así como para vivir en paz y tranquilidad.

LOS QUE ASISTIERON

La actividad estuvo encabezada ade-más, por el director nacional del Mi-nisterio Público, Rodolfo Espiñeira ; el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa; la gobernadora de la pro-

vincia Duarte, Luz Selene Plata; el sín-dico de SFM, Félix Rodríguez; lapresi-denta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese municipio, Delfi-na Amparo De León Salazar; el coro-nel Luis Sierra Difó, de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, así como por Stephen Brager y Lisset Dumit, de la USAID.

Con la implementación del nuevo mo-delo se garantiza un correcto procesa-miento de los casos bajo los reglamen-tos del nuevo Código Procesal Penal. La incorporación de la Fiscalía de SFM al nuevo modelo incluyó la reparación de la planta física y el equipamiento de sus diferentes oficinas, las cuales fueron dotadas de modernos equipos de computadora.

El Nuevo Modelo de Gestión de Fisca-lía opera de manera simultánea con el sistema Justicia Siglo XXI, que es un software que garantiza el control per-manente de cada caso, desde el inicio del proceso hasta su conclusión.

La Fiscalía de San Francisco de Maco-rís está ubicada en el Palacio de Justi-cia, en la avenida 27 de Febrero.

Nuevo Modelo de Gestión en Fiscalía llega a San Francisco de Macorís

NotiCiasNotiCias

El magistrado Jiménez Peña corta la cinta en compañía del procurador fiscal Juan de Dios Rosario. Figuran autoridades municipales, del Ministerio Público y de la USAID.

Proyecto de convertir CCRs en micro-empresas es ya realidad esperanzadora en varios de esos centros

62 Ministerio Público

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, juramentó a Hotoniel Bonilla García como nuevo procurador general adjunto y titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA)

en sustitución de Oc-

tavio Líster, quien fue nombrado emba-jador de República Dominicana en Gua-temala. Bonilla García fue designado en sus nuevas funciones por el presidente Leonel Fernández, mediante el decreto número 223-09.

Al momento de su designación, Bonilla García ocupaba el cargo de subdirector de la DPCA.

El magistrado Jiménez Peña declaró que la DPCA tiene grandes retos en la persecución de la corrupción pública y privada como una de las prioridades del Presidente de la República.

“Desde la DPCA haremos que ese deseo del excelentísimo señor Presidente de la República sea cumplido en su totalidad, y que los casos de corrupción sean lle-vados hasta las últimas consecuencias; no vamos a permitir que ningún fun-cionario o actor privado atente contra el patrimonio público del pueblo domi-nicano”, enfatizó el jefe del Ministerio Público.

Agregó que tiene plena confianza en que el

licenciado Bonilla García desempeña-rá un excelente pa-pel en la dirección de la DPCA junto

al equipo de profesionales que le acom-paña, ya que ha dado muestras de recti-tud y honradez en el tiempo que lleva en esa dirección.

Dijo sentirse satisfecho con la decisión del presidente Fernández de nombrarlo en el cargo, porque es uno de los miem-bros del Ministerio Público que ha de-mostrado mayor responsabilidad en la persecución de la corrupción.

De su lado, Bonilla García agradeció la confianza depositada en él por el Pre-sidente de la República y el máximo re-presentante del Ministerio Público. Dijo que su designación es un gran compro-miso con el país y el presidente Fernán-dez, quien en su discurso del pasado 16 de Agosto ante la Asamblea Nacional, destacó que se duplicarán todos los esfuerzos necesarios para combatir la corrupción.

Manifestó que ha recibido instrucciones del procurador general de la República de no flaquear en ese compromiso de perseguir la corrupción.

“Esta designación representa un mayor compromiso, y en ese sentido cumpli-remos con ese mandato, con esa obliga-ción legal que tenemos como funciona-rio del Estado y del pueblo dominicano”, resaltó Bonilla García.

Hotoniel Bonilla:Nuevo titular de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa

62 Ministerio Público

Nació en el municipio de Cabrera, provin-cia María Trinidad Sánchez, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. En junio del año de 1990 se trasladó a Santo Domingo, ingresando posteriormente a la Universidad Autónoma de Santo Domin-go. Es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de dicha universidad, donde obtuvo el título de Licenciado en Derecho, en abril del año 1995.

Fue designado abogado ayudante del Pro-curador Fiscal del Distrito Nacional durante el período 1996 y 2000. En ese año se tras-ladó a Costa Rica, donde cursó una Espe-

cialidad en Administración de Justicia Pe-nal, en la Universidad Nacional de ese país, con una duración de un año, obteniendo honores académicos por su desempeño. Regresó a Santo Domingo en el año 2001, y se dedicó a la práctica privada de la abo-gacía en su oficina, B & G Consultores.

En el mes de agosto del año 2004, fue de-signado subdirector del entonces Depar-tamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República y luego en adición como procurador adjunto de la Corte de Apela-ción del Distrito Nacional.

En la evaluación realizada en el año 2005 a los miembros del Ministerio Público, obtu-vo las más altas calificaciones, excelente, con perfil de investigador y litigante.

Ha realizado diversos cursos, entre és-tos “Técnicas de Litigación Oral”, en Costa Rica; “Rol del Fiscal en el Sistema Acusatorio”, en la Universidad de Puer-to Rico; realizó una pasantía en la Fis-calía Anticorrupción de la República de Argentina; ha participado en distintos cónclaves sobre temas de corrupción, celebrados en México, La Habana, Cuba y Bolivia.

HOTONIEL BONILLA

62 Ministerio Público

NotiCiasNotiCias

63Ministerio Público

El fiscal general del Estado de Ecua-dor, Washington Pesántez Muñoz, re-conoció al procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, por el desarrollo institucional y la modernización que experimentan el Ministerio Público y el sistema peni-tenciario de la República Dominicana.

Igualmente, agradeció el apoyo pro-fesional que ha ofrecido a esa nación al permitir que sus fiscales reciban los programas de formación que se imparten en la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).

El magistrado Jiménez viajó a Ecuador acompañado del director de la ENMP, licenciado Ramón Núñez, para repre-

sentar al país en la Reunión Prepara-toria de la Comisión Delegada de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica.

El procurador, al recibir la distinción, se comprometió a continuar impul-sando iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de las relaciones con el Ministerio Público del referido país.

También, le expresó su satisfacción de que los fiscales de Ecuador compartan experiencia con los de República Do-minicana en los cursos del Programa Extraordinario de Formación que se les imparten en la ENMP.

Fiscalía de Ecuador reconoce desempeño del procurador a nivel nacional e internacionalConsejo del Distrito Metropolitano de Quito lo declara “Huésped Ilustre”

“Huésped ilustre de Quito”

Asimismo, el Consejo del Dis-trito Metropolitano de Quito y el alcalde Andrés Vallejo de-clararon al magistrado Rad-hamés Jiménez como “Hués-ped Ilustre”, tras ponderar las iniciativas que ha impulsa-do para mejorar las diversas áreas de la institución.

El reconocimiento fue entre-gado por el alcalde Vallejo y la secretaria general del Conse-jo, María Belén Rocha Díaz.

Además de la placa de reconocimiento, el magistrado Jiménez Peña recibió de su homólogo ecuatoriano un obsequio consistente en la estatuilla que se observa en la instantánea.

NotiCiasNotiCias

64 Ministerio Público

La Fiscalía de Santiago cuenta ya con un Departamento de Denuncias y Querellas con el propósito de ampliar y optimizar el trabajo del Ministerio Público y garantizar a los usuarios un servicio más completo.

El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, la procurado-ra de la Corte de Apelación y el fiscal de Santiago, Vielka Calderón y Raúl Mar-tínez, respectivamente, encabezaron el acto de inauguración.

Jiménez Peña dijo que la Fiscalía de San-tiago es una institución modelo en su género, por su buena práctica de servi-cio al ciudadano, lo cual será mejorado con la instalación del nuevo órgano.

Resaltó el proceso de modernización constante que se produce en esa depen-dencia eje del Cibao y la zona norte.

La encargada del nuevo departamen-to es la fiscal adjunta Luisa Liranzo, y junto a ella trabajarán sus colegas José Francisco Núñez en Recepción de De-nuncias; Manuel Cuevas en Atención al Usuario; Gerardo Ponce en Asuntos

Comunitarios, y Regis Reyes en Asun-tos Internos. Mientras que en la antigua Base Aérea estarán los fiscales Aura Luz García, Sergio Santos, Idalia Jiménez y Yaira Hernández, quienes tendrán a su cargo el área de Atención al Usuario.

En la nueva oficina se recibirán de-nuncias verbales y escritas en casos de asuntos relacionados a la Ley 50-88 so-bre drogas, así como por abuso de con-

fianza, amenaza, agresión física, estafa, trabajo realizado no pagado y trabajo pagado no realizado, trata de perso-nas, robo y asuntos comunitarios, entre otros.

El Departamento de Denuncias y Que-rellas de la Fiscalía de Santiago ofrece sus servicios de lunes a viernes en ho-rario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Estudiantes de la Universi-dad Tecnológica de Santiago (UTESA) visitaron la sede de la Procuraduría General de la República, donde les fueron mostrados los avances que ha alcanzado el Ministerio Públi-co en materia de institucio-nalización, profesionalización y transparencia.

El propio procurador gene-ral, Radhamés Jiménez Peña, les explicó a los estudiantes el proceso de avance que vive la institución rectora del Ministe-rio Público. Igualmente, los invitó a visitar las di-

ferentes fiscalías que operan dentro

de un nuevo modelo de ges-tión y las instalaciones de las escuelas del Ministerio Público y la Penitenciaria, así como los diferentes recintos penitencia-rios que funcionan dentro del nuevo sistema, para que pue-dan observar de cerca los cam-bios que experimentan.

Los estudiantes estuvieron acompañados de Henry Cerda, procurador general adjunto, quien les impartió un taller so-bre la estructura de la Procura-duría General de la República y

sus atribuciones, con presentación de vídeos.

Inauguración Departamento de Denuncias y Querellas en Fiscalía de Santiago

Estudiantes de derecho de UTESA visitan la Procuraduría y participan en taller

NotiCiasNotiCias

Parte de los estudiantes de derecho de UTESA quienes acudieron a la Procuraduría a tomar el taller.

65Ministerio Público

El Servicio Nacional de Representa-ción Legal de la Víctima logró otras cuatro importantes condenas, cuyos imputados fueron penalizados entre 30 y 20 años y al pago de indemniza-ciones por más de RD$17 millones a favor de las víctimas.

La magistrada María Hernández, di-rectora de la oficina de representación legal, citó entre esos casos, la condena dictada por el Primer Tribunal Cole-giado del Distrito Nacional, en contra de Juan Ramón Rosario Salazar, de 31 años, quien deberá cumplir en la Pe-nitenciaría Nacional de La Victoria 30 años de reclusión y pagar un resarci-miento a la víctima de RD$10 millo-nes. Fue acusado de violar a su propia hija de diez años de edad, golpeándola y penetrándole un dedo por la vagi-na. El hecho ocurrió el 11 de junio de 2006 en el sector de Capotillo de esta capital.

Dijo que otro hecho por el cual fue condenado, en el Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Do-mingo, Wander Paniagua Mejía, de 29 años, por haber dado muerte a Jesús Manuel López, de aproximadamente 18 años, infiriéndole una puñalada en la sien izquierda el día 27 de marzo de 2008, en el barrio de Gualey del Dis-trito Nacional, tras una discusión en-tre ambos.

El tercer caso está relacio-nado con la sentencia de las magistradas Sarah Veras, Dayra Medina e Ingrid Fer-nández del Segundo Tribu-nal Colegiado del Distrito Nacional, quienes penaliza-ron a Augusto Loreano De los Santos, de 21 años de edad, al pago de una indem-nización de RD$2 millones a favor de las víctimas y a 20 años de prisión por haber dado muerte al represen-tante de la Federación In-ternacional de Maxi Balon-cesto, Miguel Rafael Suárez Molina, de 41 años de edad, luego de un atraco frente al negocio del occiso.

Este hecho ocurrió el 17 de junio de 2008 cuando el señor Suárez Molina abría su negocio a las 8:30 a.m., en el en-sanche Luperón de esta capital, en com-pañía de su esposa Wendy de los Santos Flores, quien resultó ilesa. El imputado cometió el asalto en compañía del nom-brado Moreno Laureano Castro (More), que se encuentra prófugo.

Por último, fue condenado Cristino Alejandro Vicente Tejada, de 23 años de edad, a través de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de RD$5 millo-nes por haber dado muerte a Eddy Pal-ma Montero, de 30 años, propinándole

una herida en la garganta con un pe-dazo de espejo, cuando el occiso trató de defender a su hermana, Fiordaliza Palma Montero, quien estaba recibien-do una golpiza del imputado. El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2006.

Junto a la directora del Servicio Na-cional de Representación Legal, María Hernández García , actuaron en nom-bre de las víctimas, los magistrados Sandra Cruz, Arelis Ramírez, Altagra-cia Vialet, Grimaldy Oviedo y Domin-go Ramírez Pacheco.

El Servicio Nacional de Representa-ción Legal de los Derechos de las Víc-timas también ha logrado sentencias ejemplares en los casos de Enmanuel Guerrero Alcántara, a quien el Segun-do Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las magistra-das Daira Medina, Ingrid Fernández y Tania Yune, condenó a 30 años de pri-sión por la violación comprobada de un menor de 9 años, cuya identidad se omite por razones legales, hecho ocu-rrido en La Puya de Arroyo Hondo, en el mes de marzo de 2008.

Entre otros casos, esa oficina también logró una condena de 10 años de re-clusión contra José Bonilla, manager de la liga ¨Las Estrellas de Bonilla¨, quien fue encontrado culpable de vio-lar a un menor de edad en el sector Las Caobas.

Cuerpo de especialistas que asiste a la magistrada María Hernández García.

NotiCiasNotiCias

Servicio representación legal de derechos de víctimas logra otras cuatro importantes condenas

María Hernández García

66 Ministerio Público

JERARQUíA DEL MINISTERIO PúBLICOProcuradores Generales de Cortes de Apelación de los Departamentos Judiciales

66 Ministerio Público

Juan amado cedano Santana Procurador General de la corte de apelación del De-

partamento Judicial del Distrito nacional. Tel.: 809 533 3522 ext. 425

Cel.: 809 480 9122 C/ Hipólito Herrera Billini esq.

Juan Ventura Simó. Centro de los Héroes. (Edif. Viejo de la Procuraduría General

de la República).

esteban Sánchez Díaz Procurador General de la corte de apelación

del Departamento Judicial de la Provincia de barahona.

0Hesanchez@procuraduria.gov.do Tel.: 809 524 2371 Cel.: 829 222 2534

amado José RosaProcurador General de la corte de apelación

del Departamento Judicial de la Provincia Duarte.

1Ha/rosa@procuraduria.gov.do Tel.: 809 533 3522 ext. 613 / 614

Calle 27 de febrero esq. Emilio Conde, Palacio de Judicial SFM.

Víctor GonzálezProcurador General de la corte de apelación

del Departamento Judicial de la Provincia de la Vega. mvasquez@procuraduria.gov.do

Tel.: 809 573 2831 ext. 212 / 809 573 2386 ext. 201, 208-213.

Fax: 809 573 8390 / Cel.: 829 222 4273 Ave. García Godoy, entre c/Monseñor Panal y Diverge.

La Vega, Rep. Dom.

Félix Álvarez RiveraProcurador General de la corte de apelación

del Departamento Judicial de la Provincia de Puerto Plata.

pfpuertoplata@procuraduria.gov.do Tel.: 809 533 3522 ext. 860 / 863

Cel.: 809 480 8724 Av. Luís Ginebra esq. Hermanas Mirabal, 3er. Piso.

Palacio de Justicia, Puerto Plata.

Ángel René Pérez GarcíaProcurador General de la corte de apelación del

Departamento Judicial de la Provincia de San Pedro de Macoris.

dr.rpg@hotmail.com Tel.: 809 529 3393 / 809 529 3525 / 809 480 8716

Fax: 809 529 2238

Fermín casilla Minayaabogado del estado ante la Jurisdiccióninmobiliaria del Departamento central.

Tel.: 809 533 3677 / 809 535 4500 / 809 535 4495 ext. 222

Fax: 809 534 5285 Ave. Independencia esq. Jiménez Moya,

1er piso. La Feria.

Julio césar castro castro Procurador General de la corte de apelación

del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo. Av. Charles de Gaulle #27,

Provincia Sto.Dgo., Rep.Dom. Tel.: 809 533 3522 ext. 490 y 487

67Ministerio Público 67Ministerio Público

JERARQUíA DEL MINISTERIO PúBLICOProcuradores Generales de Cortes de Apelación de los Departamentos Judiciales

andrés chalas Velásquez Procurador General de Medio ambiente

achalas@procuraduria.gov.do Tel.: 809 533 3522 ext. 452 / 453 / 454

C/ Hipólito Herrera Billini esq. Juan de Dios Ventura Simó,

Procuraduria edif. Viejo. Centro de los Héroes DN.

Macroni de Jesús Mora Procurador General de la corte de apelación del

Departamento Judicial de la Provincia de Montecristi.

macronimora@gmail.com Tel.: 809 533 3522 ext. 684

Cel.: 809 480 9448 Prolongación Pimentel No. 107, esq.

Manuel Rueda. Las Colinas, Montecristi.

Vielka calderón TorresProcuradora General de la corte de apelación del

Departamento Judicial de la Provincia de Santiago de los caballeros.

Palacio de Justicia Federico C. Alvarez, Avenida 27 de Febrero. Ensanche

Román I, 3er. Nivel. vielkacladeron@hotmail.com

Jesús María Fernández Vélez Procurador General de la corte de apelación del

Departamento Judicial de la Provincia de San cristóbal.

j.fernandez@procuraduria.gov.do Tel.: 809 533 3522 ext. 511

Cel.: 829 423 8035 C/ Padre Borbón # 15 esq. General Cabral, 2do. Piso.

Palacio de Justicia, San Cristóbal.

césar a. Jazmín RosarioProcurador General Tributario

y administrativoprocuraduria_tributaria_adm@yahoo.es

jazmincesar@hotmail.comTel.: 809 687 0069 ext. 23 - 36

Fax: 809 221 5113

Milcíades alcántara alcántara Procurador General de la corte de apelación del

Departamento Judicial de la Provincia de San Juan de la Maguana

malcantara16@hotmail.com Tel.: 809 533 3522 ext. 551

C/ Dr. Luis Pelayo González, frente al Ayuntamiento. San Juan de la

Maguana.

Julio césar castro castro Procurador General de la corte de apelación

del Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo. Av. Charles de Gaulle #27,

Provincia Sto.Dgo., Rep.Dom. Tel.: 809 533 3522 ext. 490 y 487

68 Ministerio Público

La Comisión del Ministerio Público a cargo del caso Ojo de Agua, Paya, Baní, en que siete hombres resultaron muer-tos por sicarios al servicio del Narco-tráfico, depositó por ante el Juzgado de Instrucción de esa jurisdicción, el expediente de acusación en el que se involucran como autores materiales e intelectuales a 25 personas, de ellos, 11 militares y 14 civiles. El expediente consta de unas 300 páginas.

La comisión la coordina el magistrado Francisco Polanco y la integran ade-más, los magistrados Fabián Melo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Na-cional, Dulce María Luciano, de la Uni-dad de Anti-lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, así como el procurador fiscal de Baní, Robert Lugo y sus fiscales adjuntos Francis Valdez y Constantino Beltré.

El informe, presentado ante el juez de la Instrucción Bartolo Castillo, fue recibido por la secretaria del tribunal, Alodia Perelló, en la mañana del miér-coles 15 de abril corriente.

Previo a depositar la acusación, la Comisión se reunió por más de cinco horas con el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, en su despacho del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, quien los instruyó en la dirección correcta.

El juez de la Instrucción tiene un plazo de 20 días para conocer las pruebas y evidencias presentadas por el Minis-terio Público y fijar audiencia prelimi-nar para decidir quiénes de los impu-tados va a juicio de fondo.

LOS DETALLES

Veinticinco personas, entre ellas once militares y catorce civiles, fueron acu-sados por los crímenes de narcotráfi-co y asesinatos múltiples, derivados de la ejecución de siete colombianos en el paraje Ojo de Agua, municipio de Paya, en una acción que el Ministerio Público advierte demostrará que tuvo que ver con el “tumbe y/o ajuste de cuenta” por un alijo de 1,300 kilos de cocaína.

Figuran como cabecillas en el expe-diente José Luis Montás Vargas (El Duro Motors), y Luis Lara Martínez (El Churro); los ex coroneles de la Ma-rina de Guerra, Ricardo Guzmán Pérez y Miguel Peña Figuereo; el ex sargen-to de esa institución, Antonio Manuel Roché Pineda (Quico); los ex capitanes Edward Mayobanex Rodríguez Mon-tero (El Comando), Jorge Luis Chalas; el ex mayor Jesús Sánchez Piña y el ex teniente Andrés Tapia Balbuena, supuesto cómplice de asesinato para tumbar los 1,300 kilos de cocaína.

Lara Martínez, Manuel Calvo y Jairo Rodríguez son señalados como auto-res materiales de narcotráfico y coor-dinadores de recibir el cargamento.

Otros acusados son el nicaragüense so-breviviente de la matanza, Orin Clinton Gómez Harfold, el colombiano René Rue-da Martínez o Andrés Berroa Mercedes, alias “Frank El Capi o Venezuela”; Freddy Manuel Encarnación Quezada, (Yeri); Víctor Montás Pérez, hermano de El Duro Motors; Tirson Antonio González

Comisión del MP deposita acusación contra implicados matanza Paya, BaníEntre los acusados hay once militares

El magistrado Francisco Polanco y demás miembros de la comisión del Ministerio Público entregan el expediente de acusación a la secretaria del Juzgado de Instrucción de Baní, Alodia Perelló.

69Ministerio Público

(Toro Bravo), chofer de Lara Martínez; Janeurys Manuel Calvo Tejada, Denisario Rodríguez Pérez, Pedro González Esté-vez (Chicho), Domingo Onésimo Marmo-lejos (El ingeniero), Quilvio Santana Féliz (El Chivo), Joaquín Féliz Pérez (Colorao), Noé Martín Sterling Villalón, hijo del se-nador por Barahona, Noé Sterling Vás-quez; Alexander Restrepo Car-mona, Augusto Alberto Daneris Andújar, Félix Mora Terrero y el abogado José Simé Cisneros.

En el caso del ex mayor de la Policía, Frederick Guillermo Medina Abud, quien está pre-so por el proceso, el Ministerio Público lo dejó fuera del expe-diente “porque en referencia a ese imputado, las investigacio-nes realizadas de manera objeti-va y minuciosa por el Ministerio Público no encontró elementos suficientes que liguen a ese im-putado con el hecho de Paya”.

Precisa que en el caso del ex agente, se encontró un arma ilegal durante un allanamiento, caso por el que será pro-cesado. Medina Abud ha sido sometido además por la muerte de un vecino suyo en el sector Los Ríos donde reside.

Los ejecutados en Paya son los colom-bianos Atencio Vargas, Eduardo Fabio de León Peroza (Negro Bollo), Oscar Darío Naranjo Mejía (Fierrito), Jesús Darío Hans (Blanquito), Enrique Mar-tínez Gutiérrez (El Washy), Apolinar Al-tamirano Cuellar y Geovanny Alejandro Bawie Duffis.

LAS PRUEBAS

Los representantes del Ministerio Pú-blico en la persona de su coordinador Francisco Polanco, solicitaron al juez admitir una serie de pruebas y dictar apertura a juicio en contra del grupo.

Advirtieron que hay pruebas suficien-tes, documentales, materiales y pericia-les en contra del grupo.

“Con toda seguridad, vamos a probar que esa noche del 4 de agosto se pro-dujo la introducción en el país de un alijo de droga, que fue en esencia lo que dio origen a los asesinatos”, sos-tuvo Polanco quien se mostró seguro de que el Ministerio Público probará la acusación.

DE ACUERDO AL JEFE POLICIAL

El jefe de la Policía Nacional, Rafael Gui-llermo Guzmán Fermín, considera que las investigaciones sobre el caso conclu-yeron como se esperaba.

A su juicio “está más que claro el organi-grama de la estructura criminal confor-mada por los sicarios oficiales de rangos medios, ejecutores de la masacre. “To-dos están identificados, subrayó, para a

seguidas sentenciar: “están todos los que son, y son todos los que están”.

EL CABECILLA

Como jefe de la banda de sicarios figura al capitán de fragata de la Marina de Guerra, Ricardo Rafael Guzmán Pérez, quien fue captura-do con ocho paquetes de cocaína, junto a su esposa y su chofer, en la avenida Ecológica de Santo Domin-go Este.

Oficiales militares involuctrados

Los oficiales son: los capitanes de fragata Ricardo Rafael Guzmán Pé-rez y Robert Augusto Peña Valdez; alférez de fragata Jesús Sánchez Piña; capitán de fragata Benny Jairon Rodríguez Pérez y los capi-tanes de corbeta de la MG, Miguel Peña Figueroa y Genaro Silverio Balbuena.

La Policía informó que los oficiales investigadores de la institución del orden, en apoyo al Ministerio Públi-co, pudieron establecer que de 60 personas investigadas, 13 tuvieron una participación activa en la orga-nización criminal que concluyó con la masacre de los siete hombres y un herido de gravedad en Paya, Baní.

Sobre la drogaLa comisión que investigó el caso Paya determinó que 600 kilos de cocaína, de los 1,300 introducidos por la playa de Viyella, en Azua, el 4 de agosto pasado, estaban guar-dados en la residencia del ex coro-nel de la Marina de Guerra, Ricardo Guzmán Pérez, quien fue implicado junto a otras 24 personas en la ma-tanza de siete colombianos.

Según la acusación presentada ante el juez del Juzgado de la Ins-trucción de Baní, Bartolomé Casti-llo, luego de que el grupo recibiera la droga y asesinara a los siete co-lombianos, Guzmán Pérez guardó junto a otros imputados los 600 kilos de cocaína en su residencia de la calle Proyecto número 18, Man-zana 6, residencial Prado Oriental, en Santo Domingo Este.

El jefe de la Policía conduce personal-mente al ex-teniente de navío Edward Mayobanex Rodríguez Montero,

quien fuera apresado en el aeropuerto internacional de Puerto Plata, con el pelo rubio al estilo “blanco de la tierra” haciéndose pasar por un turista andaluz cuando intentaba viajar hacia una isla del Caribe. Se le considera la cabeza de los sicarios que ejecu-taron la matanza. La foto en solitario nos presenta a Rodríguez Montero en sus facciones originales de “jabao” y pelo hirsuto.

El senador por la provincia Peravia, Wilton Guerrero, ofrece declaraciones a la prensa sobre el caso.

70 Ministerio Público

NotiCiasNotiCias

El Comisionado para la Re-forma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez Sámuel, lamentó que siete proyectos de modificación a varios artículos del Código Procesal Penal hayan peri-mido en el Congreso Nacio-nal, durante los cierres de las legislaturas extraordina-rias desde el 2006 hasta la fecha.

Dijo que con la modificación de la ley 76-02, se busca es-tablecer mayores controles en los casos de libertad bajo fianza, rechazando la misma en caso de droga, aumento del plazo de la prisión pre-ventiva, fortalecer los meca-nismos de protección a favor de las víctimas en materia de violencia intrafamiliar o de género y ampliar el concep-to de peligro de fuga, entre otros.

Vásquez Sámuel, quien es además vicepresidente de la Comisión Nacional de Ejecu-ción del Código Procesal Penal, pre-sentó al Congreso Nacional otra pro-puesta de reforma a la normativa que ha sido discutida y consensuada por los miembros de la Comisión, y que dijo esperar no corra la misma suerte de las anteriores.

La entrega del documento fue hecha por Vásquez a los presidentes de las Comisiones de Justicias de las Cáma-ras de Diputados y del Senado, Víctor Suárez y Francisco Domínguez Brito.

Las propuestas que fueron declara-das perimidas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo; los diputados Pelegrín Castillo y José Ricardo Ta-veras Blanco, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP); el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín; y los diputados Santiago Vilorio y Luis José González Sánchez, de los partidos de la Liberación Do-minicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Varios sectores de la sociedad, inclu-yendo el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, favorecen una re-visión al Código Procesal Penal, tras considerar que la aplicación que están haciendo los jueces es muy cuestiona-ble, para evitar que los delincuentes continúen siendo puestos en libertad cuando son llevados a la justicia.

El primer proyecto fue presentado por Pelegrín Castillo y Taveras Blanco, el 13 de julio de 2006, durante el cierre de cuatrienio, (periodo 2002-2006), el cual pasó por la Comisión de Jus-

ticia, Seguridad y Defensa Nacional y perimió al cie-rre de la primera legislatu-ra extraordinaria del 15 de febrero de 2007.

Igualmente presentaron otro proyecto de modifica-ción al referido código, el 3 de marzo del mismo año, el cual también perimió en la segunda legislatura ex-traordinaria.

En tanto que el 10 de mayo del mismo año, el Poder Ejecutivo presentó un pro-yecto de ley con el cual buscaba modificar varios artículos del Código Proce-sal Penal, cuyo plazo ven-ció el 29 de junio de 2007, al término de la segunda legislatura extraordinaria de ese año.

Ante el vencimiento del pla-zo, el presidente de la Cáma-ra de Diputados presentó el 21 de agosto de 2007 otra propuesta de modificación

de varios artículos de la ley 76-02, cuyo plazo venció el 29 de junio de 2008 y perimió el 26 de julio de ese mismo año, al término de la primera legislatu-ra ordinaria de 2008.

En tanto, que los diputados Vilorio Lizardo y González Sánchez presen-taron el l4 de septiembre de 2008, un proyecto de ley mediante el cual buscaban la modificación de dos artí-culos del Código Penal y uno del Có-digo Procesal Penal, sobre violación de propiedad, el cual venció el 2 de noviembre de 2008, y perimió el 25 de febrero pasado.

El comisionado Vásquez dijo que la re-forma procesal penal ha servido para fortalecer los derechos de la ciudada-nía, imputados y víctimas, rescatando los valores liberales que la tradición autoritaria había ocultado, pero que todavía persisten una serie de vicios que deben corregidos para preservar el estado de derecho.

Lino vásquez lamenta que siete proyectos modificarían CPP hayan perimido en el Congreso

Lino Vásquez dijo esperar que el nuevo proyecto presentado por el Comisionado de Justicia sea aprobado oportunamente.

Lino Vásquez Sámuel