Los perversos versos de la mineria

¿Puede ser

sustentable

la minería? Ecuador, un caso peligroso

William Sacher

Alberto Acosta

Nota: estos textos son de amplia divulgación,

por lo tanto pueden ser distribuidos citando la fuente. Se encuentran

colgados en los siguientes portales:

www.extractivismo.com

www.infomineria.org

Emma Gascó Tomado de www.rebelion.org 7.8.11

“Buscamos generar una actividad minera comprometida, responsable y ética,

que sea justa con el Estado, con la economía, con la comunidad, y con el

ambiente.

Estamos mirando al futuro, promoviendo una nueva cultura de la industria

minera, que priorice el desarrollo sustentable y el fomento de la participación

social, promoviendo una minería ecuatoriana ética, una minería bien hecha!”

Wilson Pástor Morris

Ministro de Recursos Naturales No Renovables

Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2011-2015

Para responder a las múltiples y razonadas voces que la critican, la industria

minera transnacional promueve intensamente los conceptos de “minería

responsable” e incluso, sin rubor alguno, de “minería sustentable”. Según

voceros de esta industria, la minería a gran escala sería capaz de satisfacer las

demandas actuales en minerales sin poner en peligro las necesidades de las

generaciones futuras, es decir sin provocar graves trastornos ambientales y

complejos impactos en las comunidades asentadas en zonas mineras y en la

población en general.

Estos conceptos, fueron promovidos incansablemente por diversos gobiernos

alrededor del mundo interesados en la explotación minera, desde finales de los

años noventa. En esta época, grandes empresas transnacionales mineras, en el

marco de la Iniciativa Minera Global (Global Mining Initiative), se asociaron

para responder de esa manera a la preocupación creciente provocada por las

grandes contaminaciones derivadas de la actividad minera en el mundo.

En la actualidad, el gobierno del presidente Rafael Correa retoma ese discurso.

Sin ninguna capacidad para superar el modelo extractivista promueve estos

conceptos, especialmente a través de su Plan Nacional de Desarrollo del

Sector Minero 2011-2015.

El primer mandatario Rafael Correa, en uno de sus enlaces ciudadanos, en

febrero del año 2009, puso a Canadá como ejemplo de minería responsable, a

pesar de las múltiples críticas que enfrentan las empresas de este país en el

mismo territorio canadiense y alrededor del mundo. Calificó de “exitosa” a la

explotación minera canadiense, incluso para los indígenas de ese país y afirmó

además que ellos podrían explicar a los indígenas ecuatorianos, que la minería

es posible sin daños al medio ambiente y en beneficio de las comunidades.

Esta apreciación presidencial se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo del

Sector Minero 2011-2015, publicado en agosto del 2011. Desde esta

perspectiva oficial se promete generar “condiciones de desarrollo sustentable”

en la actividad minera a gran escala. Se ofrece, solemnemente, una “minería

bien hecha”, que se fundamenta en “una nueva cultura minera”, así como “una

minería ética”, lo que se logrará empleando “prácticas metalúrgicas adecuadas

y tecnologías ambientalmente amigables”. Todo esto sería posible, de

conformidad con el gobierno ecuatoriano, gracias a una acción empresarial

“basada en una gestión socio ambiental eficaz, que prevenga, controle y

mitigue los impactos que se deriven de las labores mineras”.

Además, con el fin de demostrar preocupación por la participación del Estado

en la renta minera, se habla de hacer “cumplir con el pago de tributos

contemplados en la Ley, para que el Estado reinvierta en el desarrollo de los

territorios”. Con todo este paquete de ofrecimientos se quiere convertir a la

actividad minera en “uno de los pilares del desarrollo, económico, social y

ambiental”, para que “con la distribución equitativa de sus beneficios, [esta

actividad] genere nuevas zonas de desarrollo y contribuya al modelo del Buen

Vivir.”

¿Es posible creer en la realización de tal proyecto? ¿Es viable una minería

bien hecha que no ocasione severos impactos ambientales y sociales?

¿Realmente será el Estado el gran beneficiario de los ingresos provenientes de

la explotación de minerales? ¿Será la minería metálica a gran escala que

provoque el ansiado desarrollo y que se constituya en la senda para el Buen

Vivir?

La realidad, la terca realidad, como veremos más adelante, contradice muchas

de estas aspiraciones.

Un sinnúmero de desastres ambientales, sociales y económicos

El examen de la minería industrial de los últimos años alrededor del planeta

evidencia un sinnúmero de daños y destrucciones múltiples e irreversibles de

la Naturaleza. Por igual son incontables las tragedias humanas, tanto como la

destrucción de las potencialidades culturales de muchos pueblos. En el ámbito

económico la situación tampoco es mejor. Los países cuyas exportaciones

dependen fundamentalmente de recursos minerales o petroleros son

económicamente subdesarrollados.

La generalización de estos pasivos económicos y socioambientales a lo largo y

ancho del planeta muestra la existencia de un modus operandi altamente

destructor del sector minero transnacional. Desde este punto de vista no existe

ejemplo, en ninguna parte del planeta, de una minería “sustentable”. No es de

sorprenderse, puesto que por definición la explotación de recursos no

renovables no puede ser sustentable. Sostener lo contrario es practicar un

discurso distorsionador.

Basta ver los daños provocados por las empresas originarias de Canadá y

China, que controlan el futuro de la gran minería en el Ecuador. En su país, las

empresas mineras chinas se destacan por sus numerosos daños ambientales y

las condiciones peligrosas de trabajo de los obreros. Por su parte, las

canadienses Kinross y Iamgold, dos transnacionales propietarias de dos

proyectos “estratégicos” en el Ecuador (Fruta del Norte y Quimsacocha), han

sido acusadas, respectivamente, de negligencias ambientales graves y de

ganancias abusivas por medio de especulación, en sus explotaciones en África.

Esta realidad confirmaría, una vez más, la validez de la “paradoja de la

abundancia” y la maldición que pesaría sobre los “mendigos sentados en un

banco de oro”. La literatura especializada ha detectado una variada gama de

mecanismos y efectos que mantienen en el subdesarrollo a los países que se

concentran casi exclusivamente en la exportación de recursos primarios. Son

innumerables las patologías que genera este esquema perverso de

acumulación, que se retroalimenta y potencia sobre sí mismo en círculos

viciosos cada vez más perniciosos. La historia de un país primario-exportador

como el Ecuador está llena de experiencias de este tipo.

Canadá: un falso ejemplo de minería

En un país como Canadá, que supuestamente cuenta con la mejor tecnología

minera, el saldo socio-ambiental de la minería es catastrófico.

En este país, existen alrededor de 10.000 minas abandonadas, heredadas de

150 años de laisser-faire en el ámbito minero. Estas minas representan una

amenaza permanente de contaminación de las redes hidrográficas con metales

pesados y por drenaje ácido de mina. La remediación de estas minas costaría

al menos 6 mil millones de dólares a los contribuyentes canadienses.

Adicionalmente, las minas activas en Canadá producen más de 650 millones

de toneladas anuales de desechos, es decir sesenta veces más que la basura

recogida en todas las ciudades canadienses juntas. Es más, los proyectos

mineros actuales amenazan directamente la supervivencia del Bosque Boreal.

Cabe mencionar aquí las consecuencias de la actividad minera industrial sobre

los numerosos pueblos indígenas en el propio Canadá. La minería ha

provocado históricamente la destrucción de sus ecosistemas y por ende de sus

culturas sin nunca haber pedido el consentimiento de los pueblos para realizar

actividades extractivas en sus territorios.[1]

Parece que la minería canadiense

reproduce esta conducta a nivel internacional, por lo que ha sido criticada por

las Naciones Unidas por sus impactos negativos en “la tierra, la salud, el

medio vital y la forma de vida” de los pueblos indígenas alrededor del

mundo.[2]

Igualmente, cabe recordar que Canadá no ha firmado hasta ahora la

Convención 169 de la OIT, que garantiza a los pueblos indígenas el control de

su territorio y su participación en la elaboración de planes de desarrollo.

En términos económicos el aporte de la minería es marginal. La extracción

minera en Canadá contribuye con menos del 1% del PIB y las empresas

mineras pagan muy pocos impuestos. De todos los sectores de la economía, la

minería es el que menos contribuye en términos de impuesto a la renta,

mientras que el empleo minero representa apenas el 3% del empleo total.[3]

Si esto sucede en el país líder de la industria minera y en donde dicen existe

una sólida institucionalidad, ¿cómo logrará el Estado ecuatoriano imponer las

condiciones necesarias para llevar a cabo su “minería bien hecha”?

Megacontaminación, efectos previsibles de la megaminería en el Ecuador

La explotación minera industrial moderna implica la extracción masiva -y en

un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales;

recursos que se han formado en procesos de muy larga duración, a escalas

tectónicas. En la actualidad, los sitios de alta concentración mineral se van

agotando, sin embargo, los elevados precios del mercado mundial permiten

que la explotación minera sea rentable aún en los yacimientos en donde el

mineral es escaso. Para hacer producir estos yacimientos, es necesario aplicar

una minería industrial de gran escala, con uso masivo de químicos a veces

sumamente tóxicos, el consumo abundante de agua y la acumulación de

grandes cantidades de desechos.

A modo de ejemplo tengamos presente que para obtener una tonelada de

cobre, se genera un promedio de 300 toneladas de desechos tóxicos o

contaminantes, demandando entre 30 y 500 mil litros de agua, dependiendo

del yacimiento.[4]

En el caso del oro, las proporciones son más aberrantes: para

producir un anillo de 10 gramos, se produce un promedio de 20 toneladas de

desechos y el tratamiento inicial de la roca consume un promedio de 7 a 8 mil

litros de agua (!).[5]

En la cordillera del Cóndor, la explotación del yacimiento de cobre de

Mirador, a cargo de la empresa china CCRC-Tongguan, generará al menos

326 millones de toneladas de desechos[6]

: ¡el equivalente de 4 Panecillos! Esta

cifra es comparable a la recolección de basura de la zona urbana de Guayaquil

durante 405 años. La explotación del depósito de Fruta del Norte que

contendría reservas por 11,8 millones de onzas de oro, provocaría un volumen

de residuos igual de monumental, que llegaría a 384 millones de toneladas; se

estima en 28 mil kilogramos de residuo por cada onza de oro, suponiendo

apenas una concentración de un gramo de oro por tonelada. Una cifra

comparable a la recolección de basura de la ciudad de Cuenca durante 5260

años.[7]

Este gigantismo no puede evitar la generación de impactos ambientales

importantes. Los desechos mineros, al ser acumulados durante muchos años,

pueden derramarse y contaminar el medio ambiente, particularmente con

metales pesados o drenaje ácido de roca. Este último fenómeno ocurre cuando

las aguas de lluvia, o aún el aire, entran en contacto con las rocas que han sido

desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie y acumuladas en las

escombreras, en el cráter o en los diques de desechos de la mina.

Generalmente, existe un alto riesgo de que se produzca una oxidación de

minerales sulfurados por la lluvia o el aire húmedo, que terminan por provocar

una acidificación inusual de las aguas que corren sobre estas rocas. En el

Ecuador, muchos yacimientos mineros estarían particularmente expuestos a

este problema porque tienen rocas sulfurosas, conocidas por generar drenaje

ácido.

Este tipo de contaminación es particularmente devastadora para el agua. Son

muchos los casos alrededor del planeta en los que se ha afectado la vida

acuática, provocando la desaparición de especies enteras de peces. En

numerosas ocasiones, el agua termina por ser inutilizable para el consumo

humano o para labores de agricultura La contaminación de las fuentes provoca

además de un conjunto de impactos en términos de salud pública, como

enfermedades degenerativas, de la piel, etc. Esta situación es particularmente

alarmante en el caso del Ecuador, en dónde el 12.5% de las zonas de páramo -

zonas de formación de las fuentes de agua- está concesionado.

Estas contaminaciones del agua son aún más graves en áreas geográficas

caracterizadas por altas precipitaciones y normalmente ricas en biodiversidad,

como es el caso de la Cordillera del Cóndor en donde se encuentran los mega-

proyectos Mirador, Fruta del Norte, y Panantza San Carlos.

En Ecuador, en síntesis, los grandes proyectos mineros amenazan con

contaminar regiones de alta biodiversidad, de las más densas en biodiversidad

del planeta. La explotación minera podría acelerar la inquietante pérdida de

biodiversidad observada a escala mundial: se registra una caída de la

abundancia de especies de alrededor del 40% entre 1970 y 2000.

En el caso de Mirador, el yacimiento se encuentra en zonas con bosques

primarios y con abundante agua, con pendientes muy fuertes. En estas

condiciones no se puede pasar por alto el impacto de las lluvias torrenciales

que se registran en la región, que podrían desbordar las instalaciones de

acumulación de los desechos mineros. La historia mundial reciente de la

industria minera registra un sinnúmero de accidentes, mortales en ciertos

casos, por ruptura de diques de cola, siempre con consecuencias catastróficas

para los ecosistemas y la salud pública. Por lo tanto no se trata de amenazas

solamente potenciales. La experiencia recomienda tomar en serio estas

situaciones, que de producirse, serían grandes catástrofes ambientales y

humanas.

En síntesis, en el Ecuador, todos estos riesgos de contaminación (ruptura de

diques, contaminación por drenaje ácido de roca, por metales pesados, entre

otros muchos más) son particularmente agudos por la elevada actividad

sísmica y la frecuencia, intensidad y cantidad de lluvias. Por otra parte, estos

procesos podrían ser más graves tomando en cuenta el cambio climático

actual, cada vez más evidente. Todo esto debería ser motivo de enorme

cuidado en el manejo de los desechos mineros a largo plazo.

Diagnosticar y prever algunos de los efectos y riesgos de la actividad minera

es una tarea compleja. Para hacerlo se requiere de múltiples herramientas, por

ejemplo, en el ámbito hidrometereológico y sísmico se necesitan largas series

de datos.

En el Ecuador no se puede diagnosticar ni prever de manera adecuada las

consecuencias de la actividad minera, particularmente en el agua,

precisamente porque no existen series de datos pluviográficos o de caudales

de ríos de períodos suficientemente largos en las zonas de los proyectos

mineros. Esta carencia se observa claramente en el Estudio de Impacto

Ambiental de Mirador, el proyecto minero más avanzado del país.

En estas condiciones, la apuesta por la minería a gran escala en el Ecuador es,

por decir lo menos, una alternativa arriesgada, con consecuencias que

sobrepasan probablemente los límites del territorio nacional. No nos

olvidemos que en la tradicional región minera de Portovelo se extiende la

contaminación hacia el sur, llegando incluso al Perú. La contaminación

ambiental en esta región preocupa internacionalmente, pues afecta cada vez

más a las regiones costaneras peruanas. Si esto sucede con actividades mineras

que no son de gran magnitud, ¿qué podría suceder como consecuencia de la

megaminería?

Amenazas sociales y económicas de la megaminería

Los mega proyectos mineros provocan una serie de macro impactos sociales y

económicos, que no pueden pasarse por alto. Apuntar este tipo de actividad

extractivista solo sumando cifras –muchas veces irreales- de los potenciales

ingresos por exportaciones, es una de las mayores irresponsabilidades que

comenten los gobiernos que alientan esta forma de extractivismo.

La implementación de la actividad minera a gran escala en regiones vírgenes

implica modificaciones profundas en las sociedades, en los territorios y en las

actividades económicas. Estas modificaciones no solo son causadas

directamente por los proyectos mineros, sino también por las diversas mega

infraestructuras energéticas y de transporte que éstos requieren. A más de la

complicada transformación de la relación ser humano-Naturaleza, la

megaminería destruye las bases materiales de pueblos indígenas y

comunidades asentadas en las regiones donde se despliegan estos proyectos,

proletarizándolos. La minería industrial trae nuevos imaginarios de consumo y

modos de vida que entran en conflicto con los valores sociales de las

comunidades, destruyendo fuerzas productivas auténticamente sustentables y

prácticas construidas sobre las bases del Buen Vivir. Agravando la situación,

en estas zonas y en las ciudades contiguas se registra un acelerado incremento

del costo de la vida. Además, conlleva a una redistribución de poderes, que

pasan a ser controlados en gran medida por las transnacionales, sus

representantes y sus abogados, en particular.

La mega-minería provoca con frecuencia conflictos internos, y conduce por lo

tanto a una redefinición irreversible de la estructura social de las comunidades

existentes y sus alrededores. El problema no se produce solo durante la fase de

extracción. A menudo, la presencia de empresas de exploración minera

provoca estas consecuencias sociales incluso antes de que se extraiga el

primer gramo de mineral. Basta ver lo que ha sucedido en la zona de Intag, en

la provincia de Imbabura, a lo largo de los últimos 15 años.

La ausencia de prácticas adecuadas para llevar adelante la consulta previa a las

comunidades afectadas ha sido otro motivo de permanente conflictividad. Sin

embargo, este asunto no se resolverá solo con metodologías y prácticas

adecuadas para realizar dicha consulta. Mientras no se respete el derecho de

toda comunidad al consentimiento previo, libre e informado, como

complemento fundamental de la consulta previa, no será factible construir el

Buen Vivir.

Además de estos conflictos sociales, la minería a gran escala trae una serie de

enfermedades provocadas por la contaminación del ambiente, a más de otros

problemas sociales como el alcoholismo, el consumo de drogas, aumento en la

tasa de suicidios, enfermedades sexualmente transmisibles, etc.

Alrededor del mundo, a más de la contaminación por residuos tóxicos,

destrucción de ecosistemas y envenenamiento de poblaciones locales, un gran

número de transnacionales mineras son acusadas de intimidación, complicidad

en el asesinato de líderes opuestos a la actividad minera, financiamiento de

guerras civiles, entre otras actividades ilícitas y abiertamente atentatorias

contra los Derechos Humanos. Cabe recordar también que la misma

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE u

OECD por sus siglas en inglés) reconoce que la corrupción se vuelve práctica

corriente en numerosos países en donde se instalan las mineras

transnacionales.[8]

En cuanto a los empleos creados, una gran parte de ellos son efímeros y

altamente peligrosos, y su estabilidad siempre dependerá de los caprichos de

los mercados internacionales. Además, la megaminería, tal como sucede con

el petróleo, no es una actividad generadora de masivos puestos de trabajo.

Según el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero, la minería a gran

escala, en caso de que se desarrollen todos los proyectos previstos, generaría

apenas 10.000 nuevas plazas de trabajo. La mayoría de los empleos creados

será durante la fase de construcción de las minas, la cual tiene una duración

limitada de 18 meses a 3 años. En la fase de explotación, los empleos son

reducidos y especializados, lo que significa que, en su mayoría, no serán

cubiertos por personas provenientes de las zonas aledañas. En consecuencia, la

gran minería lleva a la marginalización socio-económica de poblaciones no

preparadas, especialmente mujeres y campesinos, o tradicionalmente

consideradas como menos capacitadas para el trabajo minero y las actividades

económicas conexas que éste genera.

Otro punto a considerar tiene que ver con los impactos a nivel de los

gobiernos locales. Casi siempre son muy graves las consecuencias de la gran

minería en planes de desarrollo provinciales, cantonales y parroquiales. En la

medida que no tienen conocimiento ni recursos para enfrentar el huracán

social, cultural y ambiental que comúnmente trae la gran minería, el impacto

en los gobiernos locales (en especial infraestructura, seguridad, educación,

salud, suministro de agua potable, etc.) puede ser devastador.

Con el arranque de la minería metálica a gran escala, el gobierno estima que la

contribución del sector a la economía del país crecerá de manera significativa,

con una inversión de alrededor de 37.000 millones de dólares en los próximos

veinte años. Sin embargo, las cifras de empleo y ganancias previstas hay que

asumirlas con mucho cuidado, puesto que, tanto las empresas como el Estado

tienen interés en inflarlas. Por otro lado, estas empresas transnacionales son

especialistas en hacer cuentas alegres que a la postre terminan por perjudicar

al país que les recibe, ya lo hemos vivido con frecuencia con las empresas

petroleras.

Las empresas mineras, sean grandes o pequeñas, enfrentan con mucha

frecuencia acusaciones de evasión fiscal u otras formas de criminalidad

económica. No nos olvidemos que las empresas transnacionales, en este caso

las mineras, acostumbran domiciliarse en paraísos fiscales o paraísos

judiciales como Canadá, para evadir ilimitadamente sus obligaciones fiscales

y sus responsabilidades frente a las múltiples externalidades en el ámbito

socio-ambiental. Las empresas Salazar Resources, Ecometals Ltd., y Mariana

Resources, grandes propietarias de concesiones en Ecuador, tienen su sede en

Las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda y Guernesey respectivamente. Otras

transnacionales activas en el Ecuador tienen subsidiarias con sede en Las Islas

Caimán, Belice, Barbados, Aruba o Panamá. ¿En estas circunstancias, cómo

logrará el gobierno ecuatoriano fiscalizar las transnacionales mineras activas

en el territorio?

Es preciso recordar que normalmente las empresas destacan los “enormes”

montos de reservas mineras existentes, transformados a valores monetarios.

Con estas cifras, en general altamente exageradas, se quiere sensibilizar a la

opinión pública a favor de la minería. Sin embargo, esta mirada resulta

incompleta. A pesar de lo limitado que es este ejercicio, por la imposibilidad

de cuantificar el valor de los bienes naturales o las riquezas culturales, se

podría hacer un intento de “evaluación seria de los costos y beneficios de la

minería. Este balance entre lo que se gasta y los beneficios, [debería] cumplir

algunas condiciones mínimas, tales como incluir todos los costos y tener una

mirada nacional antes que atada a la rentabilidad empresarial. Entre los costos

debemos contabilizar las pérdidas de ingreso de actividades desplazadas,

especialmente la agropecuaria, y las renuncias fiscales que pueda otorgar el

gobierno a las empresas mineras (exoneraciones tributarias, por ejemplo). La

experiencia […] enseña que también se deben sumar los llamados costos

ocultos, incorporando por ejemplo el valor económico de la contaminación.

Son pérdidas económicas que no aparecen en los proyectos de las empresas ya

que son transferidas a la sociedad, y usualmente las deben asumir los

gobiernos municipal o nacional. También son costos los denominados

“subsidios perversos”, donde los casos más comunes en América Latina se

expresan en otorgar energía a precios menores, agua casi sin costo, y en

infraestructura de transporte.”[9]

¿Se han presentado estas evaluaciones? Definitivamente, no, probablemente

porque el asumir estos costos disminuiría notablemente la rentabilidad de las

empresas y se pondría en evidencia los magros beneficios para el gobierno.

Antes de abrir las puertas a este tipo de explotación, el gobierno debería

“realizar un análisis costo beneficio a escala nacional, bajo amplias escalas de

tiempo (de 50 a 100 años para la minería), y con una contabilidad en serio,

incorporando los costos ocultos y todos los subsidios y transferencias

sociales.”

Como hemos visto, aun con la mejor voluntad, se vuelve imposible practicar

una minería responsable, sustentable o bien hecha. A su realización se oponen

múltiples obstáculos que tienen que ver con el contexto internacional y con la

realidad nacional. El tipo de actores transnacionales mineros presentes en el

país, como lo demuestra la historia minera industrial reciente, no es motivo de

tranquilidad, todo lo contrario. La minería “sustentable” aparece aquí como el

“nuevo terno” del imperio de la industria minera; “todavía tiene las mismas

viejas y crudas ambiciones”.[10]

Cabe señalar que la industria minera mundial no está sujeta a ningún marco

legal internacional. A lo sumo ésta se compromete -siempre de manera

voluntaria- a regular sus actividades a través de la firma de numerosos

convenios: el Council for Responsible Mining in Ecuador (CONMIN), el ISO

26000, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,

los Principios de Ecuador, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el

Global Reporting Initiative, la Iniciativa para la Transparencia en las

Industrias Extractivas (ITIE), el Código del Cianuro, entre otros. Sin

embargo, el alcance de estos instrumentos es sumamente limitado. Nunca hay

garantías reales para que las empresas respeten sus compromisos, en la medida

que estos instrumentos no cuentan con herramientas para aplicarlos en caso de

incumplimiento.

Consecuentemente, al entrar en una fase de explotación intensiva de sus

recursos minerales, más que caminar hacia un desarrollo sostenido y

sustentable, el Ecuador corre el riesgo de enfrentar una serie de consecuencias

nefastas tanto para su economía y estabilidad política, cuanto para la

protección y conservación de un medio ambiente sano, viendo amenazadas su

soberanía alimentaria y energética, su salud pública y la riqueza cultural de

sus diversas naciones.

La megaminería en la senda de la maldición de la abundancia

Es necesario señalar la falta de experiencia del sector minero ecuatoriano en la

minería industrial. Siendo una actividad que requiere gran nivel de

especialización, existe el riesgo de que el Ecuador siga actuando como país

primario-exportador, al vender el mineral en bruto a los países occidentales o

emergentes, sin recibir la plusvalía resultante de su transformación.

Como en el caso del petróleo, muchos países que conocieron el advenimiento

de la gran minería están sujetos a la llamada “maldición de los recursos” o “la

paradoja de la abundancia”. Es decir, la abundancia de recursos naturales

tiende a “distorsionar la estructura y la asignación de los recursos económicos

del país, redistribuye regresivamente el ingreso nacional y concentra la

riqueza en pocas manos, mientras se generaliza la pobreza. Esta realidad da

paso a crisis económicas recurrentes, al tiempo que consolida mentalidades

“rentistas”, [y] profundiza la débil y escasa institucionalidad”.[11]

Para concluir esta rápida reflexión sobre los posibles impactos de la

megaminería en Ecuador, recordemos que todas las evidencias históricas

apuntan en la misma dirección: a la larga, la exportación de materias primas

no renovables tiende a “desarrollar el subdesarrollo”, es decir, a profundizarlo

en nuestros países. El problema radica casi exclusivamente en nuestros

gobiernos y en nuestras élites, sumisos a los capitales transnacionales.

Gobiernos, como el actual, son incapaces de superar la maldición del

extractivismo, para dar paso a propuestas concretas que promuevan la

transición de nuestra economía hacia la autodependencia, la integración

nacional y la ampliación del mercado interno. Lo que demanda un uso

sustentable y racional de los recursos naturales disponibles sobre la base de

alianzas y consensos que conduzcan a la construcción del Buen Vivir, que

definitivamente está en la dirección contraria al extractivismo minero o

petrolero.-

[1] « Aboriginal Peoples and Mining in Canada: Consultation, Participation

and Prospects for Change », North-South Institute, Working Discussion Paper,

enero de 2002, y Royal Commission on Aboriginal People, Restructuring the

Relationship (Volume 2), 1996.

[2] Comité Para la Eliminación de la Discriminación Racial, Observaciones

finales, Canadá, NACIONES UNIDAS, CERD/C/CAN/CO/18, 25 de mayo del

2007.

[3] Handal, L., “Le soutien à l'industrie minières: Quels bénéfices pour les

contribuables?”, Institut de Recherche et d'information Socio-Économique

(IRIS), Montréal, Québec, Canada, abril 2010.

[4] Mudd, G., 2008, « Sustainability Reporting and Water Resources: a

Preliminary Assessment of Embodied Water and Sustainable Mining », Mine

Water Environ, 27:136-144.

[5] Mudd, G., 2007, « Global trends in gold mining: Towards quantifying

environmental and resource sustainability? », Resources Policy, 32:42-56.

[6] Ecuacorriente S.A. – Terrambiente Co. Ltda., « Alcance al Estudio de

Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador ».

[7] Foro Recursos Hídricos, “Agua, minería y conflictos socio-ambientales”,

Camaren-CARE, Quito, 2008.

[8] Report on the application of the convention on combating bribery of

foreign public officials in international business transactions and the 2009

revised recommendation on combating bribery in international business

transactions, OCDE, 18 de marzo de 2011. Cabe destacar que este informe

analiza el estado de situación de la corrupción por parte de intereses

canadienses en el extranjero. En particular, la OCDE deplora la debilidad de

las leyes canadienses para controlar estas prácticas e insta al Canadá a reforzar

de manera urgente la lucha contra la corrupción de funcionarios extranjeros.

[9] Gudynas, E., « ¿Hicieron las cuentas? Los costos de la minería a cielo

abierto”, 12 de agosto del 2011.

[10] Whitmore, A., 2006, “The emperors new clothes: Sustainable mining?”,

Journal of Cleaner Production, 14, 309-314.

[11] Acosta, A., « La Maldición de la Abundancia », Abya-Yala, Quito, 2009.

Nota sobre los autores:

William Sacher: PhD en ciencias atmosféricas y oceánicas. Investigador del

colectivo de autores académicos Recursos de África, Montreal, Canadá.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la

FLACSO-Ecuador. Profesor honorario de la universidad Ricardo Palma, Lima

Ex-ministro de Energía y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente.

Coordinación de la serie Los perversos versos de la minería: Carlos

Zorrilla, William Sacher, Alberto Acosta.

Responsabilidad de los textos: cada autor o autora.