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Presentación de la “Red contra el genocidio y la impunidad en México”
En México se ha perpetrado un genocidio complejo y continuo a lo largo de más de 50
años. Sostenemos que hay muchos elementos que sustentan esta afirmación, que dicho
genocidio sigue en curso y que hay múltiples situaciones que permiten denominarlo como
tal.
Nadie sabe a ciencia cierta el número de víctimas de esta atrocidad, porque
desafortunadamente en nuestro país prevalecen las prácticas para ocultar y minimizar las
cifras. En recuentos oficiales que incluyen a los muertos en la “guerra contra el narco”, los
feminicidios, los asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes
y líderes, militantes y candidatos políticos, sólo en los últimos años se cuentan alrededor
de 400 mil víctimas.1 Sin embargo, en dicha cifra no se tienen en cuenta los muertos por
contaminación ambiental, cuya sistematicidad corresponde a decisiones políticas y
empresariales dolosas de desregulación ambiental. Tampoco están incluidas las cifras
reales de los asesinatos de migrantes, así como la gran cantidad de desaparecidos —más
de 40,000— y desplazados por la violencia (ver Anexo 1).
También han quedado invisibilizadas las masacres políticas ocurridas en los últimos
50 años, incluido el ‘68, el halconazo del ’71, Acteal, el Bosque, Aguas Blancas, Tlatlaya,
El Charco, Acteal, así como la represión contra la APPO, Atenco, Nochixtlán, Ayotzinapa,
etcétera, que implican incontables desapariciones y asesinatos.
Todos estos crímenes son difíciles de identificar como un genocidio porque éste se
expande a lo largo de varias décadas y porque los delitos que abarca se ven aislados y
desunidos. En la sociedad mexicana se acepta generalmente que vivimos sometidos desde
hace años a una política de terror, pero las atrocidades se presentan de manera separada,
sus explicaciones son fragmentarias y muchas veces no se señalan las causas profundas.
Observar la crueldad de un asesinato, de dos o de cinco, o el descubrimiento de cientos de
fosas con restos humanos, no permite aún recomponer la articulación de todo el proceso
de agresión: es necesario hacer el esfuerzo crítico por ponerlos en común, por entender su
lógica, por articular esos “horrores aislados.”
1 Cifra provisional, basada en múltiples informes. Consultar Anexo 1.
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Respecto de la perpetración de estos crímenes, clasificamos el comportamiento
criminal del Estado mexicano, por lo pronto, de dos maneras:2
Como típico, esto es, la destrucción de población bajo la forma de matanzas,
desapariciones forzadas, asesinatos selectivos de líderes sociales de distintos sectores, de
comunidades campesinas, de comunidades indígenas, donde el responsable —el Estado
mexicano a través de sus fuerzas armadas o sus fuerzas de seguridad— actúa al
descubierto, como en el caso del ’68.
En segundo lugar, como neoliberal o de fascismo tercerizado, pues los
responsables de las masacres se desdibujan al ojo público, lo que torna más compleja la
definición del sujeto activo (perpetrador). En este comportamiento, al involucramiento
directo del poder estatal —que no desaparece—, se suma un vínculo complejo con la
criminalidad organizada, que directa o indirectamente funge como instrumento de políticas
represoras del Estado. Se trata de una tercerización de la violencia estatal que
convenientemente presenta las atrocidades como hechos explicables sólo por la lucha entre
grupos del narcotráfico, cuando en realidad se trata de hechos vinculados a lógicas o
ingenierías de despojo, represión social y aniquilación interna.
A partir del sexenio del presidente Felipe Calderón (2006) ya se puede observar una
estrategia más clara por parte del Estado de instaurar un “caos sistemático” y una
normalización de la violencia, de manera que la violencia que proviene de diversos actores
externos (crimen organizado, crimen uniformado, empresarios y gobiernos) penetra en la
vida de las comunidades en la forma de conflictos “internos”, con lo cual se borra la
identidad de los responsables activos y el sentido territorial y social de tal cúmulo de
agresiones.
Además, tenemos las dinámicas de devastación ambiental, ampliamente
documentadas en el Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos,3 tras el
desmantelamiento de todo el sistema productivo que articulaba la economía mexicana y su
re-industrialización exportadora con alto control trasnacional y grave desregulación, que ha
producido un altísimo número de muertes y grave destrucción de la salud, lo que, en
2 Entrevista de Luis Hernández Navarro a Daniel Feierstein, “El genocidio mexicano”, en A
Contracorriente, 12 de marzo de 2018, disponible en: https://www.rompeviento.tv/?p=43291; Daniel Feierstein, “Cinco lecciones sobre genocidio”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Wv7Ov2PTdKo&t=189s
3 http://www.capitulomexicotpp.org/
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términos legales, corresponde al Artículo 2, inciso c) de la Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, de las Naciones Unidas,4 que habla del acto de
someter a la población “a condiciones que hayan de acarrear su destrucción.”
Al rastrear las condiciones de posibilidad y las causas de cada elemento de esta
barbarie, encontramos un suelo común: el empecinamiento estatal y empresarial por la
instauración en México de un proyecto económico de “libre comercio”, que no sólo incumple
las leyes y abusa del poder, sino que además aplica verdaderas ingenierías de distorsión
institucional y jurídica y así se dota de un marco para cometer injusticias aun cumpliendo
con la ley, pues ésta se halla alejada del interés general y desviada hacia intereses privados
nacionales y extranjeros. Es lo que ha provocado el neoliberalismo en todo el planeta: las
prioridades económicas cancelan el sentido de lo político y del derecho, lo desfiguran para
que sirva a su proyecto, van creando antecedentes y rutas que conducen a que resulte
imposible el acceso del pueblo a la justicia. De acuerdo con esta lógica, hagamos lo que
hagamos, nunca se tiene acceso a la justicia, y quienes reclaman se juegan en ello la vida.
¿Por qué genocidio?
En concordancia con la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, de las Naciones Unidas, también vigente en México, y con el artículo 149 Bis
del Código Penal Federal,5 genocidio se define como aquellos “actos perpetrados con la
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal.” La dificultad de esta figura jurídica estriba en que obliga a probar la
intencionalidad de destrucción de la identidad del grupo en cuestión por parte de los
perpetradores. Ello exige que los movimientos sociales, las víctimas sobrevivientes y la
sociedad en general busquemos aclararnos el porqué de la unidad y sistematicidad de las
estrategias de ataque de las que somos objeto. Es ésta su diferencia con los crímenes de
lesa humanidad, pues en dichos casos sólo se castiga a los responsables sin observar la
intencionalidad general de lo ocurrido.
¿Qué identidad es esta? Consideramos que la Revolución de 1910 y la Constitución
de 1917 configuran en México una identidad nacional de orden económico-político que se
4 ONU, Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, consultada el 11
de octubre de 2018 en: http://www.un.org/en/genocideprevention/documents/Appeal-Ratification-Genocide-FactSheet-SP.PDF.
5 Código Penal Federal, https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/codigo-penal-federal
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expresa en un sistema jurídico. Dicha identidad se consolida aún más con la obra política
de Lázaro Cárdenas.
Sabemos y reivindicamos que México es una nación pluricultural; sin embargo,
gracias a la Revolución mexicana, se constituye en nuestro país una cultura política definida
por un sistema de derechos sociales y un sujeto de derechos colectivos: el reparto agrario
a favor del campesinado, los derechos laborales en favor del proletariado, la educación y la
salud públicas en favor de la población toda, etc. Se establecen las bases jurídicas que
inauguran una relación potencial entre la sociedad y el Estado que no existía antes. En el
caso de México ocurre que todos los grupos reprimidos o masacrados a lo largo de los
últimos 50 años han reivindicado la Constitución del ’17 como su elemento de identidad
profunda.
La Revolución mexicana retoma las profundas tradiciones comunitarias que brotan
de una extraordinaria variedad de pueblos originarios y las reinventa entre los nuevos
pueblos, ya no sólo campesinos, sino incluso entre los habitantes de las ciudades. Y no es
sino hasta 1992 que el nuevo poder económico y político neoliberal, en aras de una
pretendida “modernización” del país en un contexto de globalización, revierte uno de los
núcleos identitarios más importantes, al menos formalmente, cuando reforma el artículo 27
constitucional, no sólo para eliminar los candados contra la compra-venta del ejido, sino
para desde ahí emprender la destrucción general de todo tipo de tejidos comunitarios entre
los habitantes del país. En esta lógica se ubican todos los ajustes y reformas “estructurales”
de los últimos sexenios.
Así pues, el genocidio ha tenido la intención de desfigurar y destruir los rasgos
identitarios de la población que derivan de los derechos colectivos consagrados en la
Constitución de 1917: el salario digno, la estabilidad en el empleo, el derecho a la
educación, el derecho a la tierra, el derecho a la salud, el derecho a la libertad de expresión,
a la participación política democrática o, incluso, el derecho a la vida, trastocando en
general las relaciones entre la sociedad y el Estado.
De modo que las acciones de parte de un nuevo poder económico y político, en todo
el curso de su maduración, buscaron durante los últimos cincuenta años, el establecimiento
a sangre y fuego de un nuevo “pacto jurídico” que retrocediera al país al mundo que precede
a la Revolución de 1910, en el que se restaurase una noción de propiedad para las clases
dominantes que no conlleve gravamen, responsabilidad u obligación alguna hacia las
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demás personas y pueblos originarios que habitan el territorio nacional. No hay más
derechos.
La eficacia de dicha transformación es evidente: después de incontables baños de
sangre, las instituciones que otrora tenían la misión de garantizar dichos derechos se
encuentran destruidas; no sólo sumidas en la ineficacia y el descrédito, sino a menudo
vueltas ellas mismas contra los sujetos sociales por cuyo bienestar debían velar: la
Secretaría de Educación Pública contra los maestros y la educación integral; la de la
Reforma Agraria contra los campesinos; la del Trabajo contra los trabajadores… Nos
encontramos con un país destruido, infiltrado por poderosos grupos delincuenciales, en el
que se han desmantelado la mayoría de las instituciones, al que se ha contaminado en
tierra, agua y aire, y donde han asesinado y siguen asesinando, desapareciendo y
despojando a grandes grupos de población.
Por eso consideramos que no basta caracterizar a esta barbarie como crímenes de
lesa humanidad; porque hay la intención y la acción sistemática y premeditada dirigida a
aniquilar los derechos consagrados en la Constitución de 1917, como la raíz en la cual se
cifra y se actualiza la identidad nacional.
Esta es la razón por la que hoy 19 de octubre de 2018, nos constituimos como Red
Contra el Genocidio y la Impunidad en México, cuyos ejes son la denuncia, la
visibilización, el esclarecimiento de la verdad, la demanda de justicia y de castigo a los
perpetradores de genocidio y represión, así como la movilización social que coadyuve a la
consecución de dichos ejes.
El objetivo primordial de la red es detener el genocidio continuo contra el pueblo
mexicano y la flagrante e indignante violación a los derechos humanos y sociales.
Para tal fin, la construcción de una o múltiples causas alrededor de la figura de
genocidio nos parece una estrategia muy potente por varios motivos:
Primero, por la capacidad de condena penal; pues el llevar a los tribunales, juzgar y
lograr la condena de los responsables políticos de alguno de estos procesos constituye el
mejor sistema de prevención para su continuidad. Los crímenes contra la humanidad son
delitos muy diferentes del otro conjunto de delitos. En el delito común, la racionalidad no
juega un rol muy importante: alguien que está en una situación muy difícil –social,
económica–, no lee el Código Penal para ver qué le puede ocurrir cuando comete un delito;
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pero, en el caso de delitos de Estado, se trata de delitos profundamente racionales y, por
tanto, la impunidad garantiza su reiteración.
Debemos luchar porque exista un costo político y un castigo proporcionales a una
acción genocida. La posibilidad de condena hace que cada uno de los posibles
perpetradores piense en que puede ser castigado y lo disuade de incurrir en ese tipo de
conductas.
A este respecto, saludamos con admiración al movimiento argentino constituido en
el “Colectivo Social contra la Impunidad”. Mediante él, la sociedad argentina asumió, en un
grado que en realidad es inexistente en muchos otros países, la necesidad de organizar
una movilización política frente al poder judicial y ya no sólo frente al poder ejecutivo o
legislativo, como es la costumbre predominante. Siguiendo esta estrategia, y apenas con
sentencias favorables de sólo una pequeña fracción de los jueces, hasta ahora este
Colectivo ha logrado colocar a más de mil cien genocidas en prisión, incluidos cuadros
centrales y medios, cuatro jueces y hasta un empresario, mientras continúan en proceso
tres mil más. Esto ha cambiado de forma sustantiva el modo de operar del poder judicial en
aquel país; queremos iniciar un camino como ése.
En segundo lugar, y tanto o más importante aún, es que dichas causas desatarían
un proceso de reflexión colectiva en los movimientos y organizaciones sociales en México,
que redoble la labor de romper nuestra dispersión y fragmentación, y nos permita
comprender qué es lo que le está pasando a la sociedad mexicana. Este objetivo vale por
sí mismo y es aún más vital y potente, pues fuerza al sistema institucional, o bien, a tener
que evidenciarse en el sentido de su impunidad absoluta, o bien, a tener que enderezar su
funcionamiento y salvaguardar el interés general de la sociedad.
Por supuesto, no dependeremos de las procuradurías ni las fiscalías para que
desaten este proceso, pues estos organismos han estado y podrían seguir coludidos con el
poder económico-político. Más bien, las organizaciones sociales podemos darnos el trabajo
de comprender lo que está ocurriendo y de estructurarnos como querellas colectivas —no
particulares, en las que solamente se representa a la víctima directa, cuya presencia está
por supuesto, sino representar un movimiento mucho más amplio— que puedan asumir lo
que les pasa a otros como parte de lo que nos pasa también a todos, contrarrestando así
nuestra propia fragmentación. Evidenciaríamos cómo las masacres del ’68 y ’71, Acteal,
San Fernando, Nochixtlán, las masacres del periodo del actual presidente Enrique Peña
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Nieto y las de otros sexenios, a lo largo de todo el país, no son casos aislados, sino parte
de un único proceso político; que todas estas acciones no se explican porque a algún
funcionario “se le pasó la mano”, sino que dependen de un proceso de disciplinamiento que
busca quebrar la identidad de un pueblo. Nos es urgente entender estas lógicas.
Por ello consideramos fundamental que las organizaciones nacionales
emprendamos un proceso de alfabetización jurídica que nos dote de herramientas para
actuar en este terreno y podamos así generar nuevos espacios de movilización política. La
originalidad de la presente iniciativa no estaría sólo en la unidad de acción de múltiples
actores, sino también, y muy especialmente, en la focalización de la actuación hacia el
Poder Judicial, que en México nunca se toca y para el cual nunca hay ningún costo político
por su complicidad estructural con la impunidad de graves crímenes contra la población.
En el caso del movimiento argentino se ha logrado que haya una gran claridad
respecto a los nombres de los jueces responsables de cada caso, las leyes a las que se
apelan y los mecanismos jurídicos que se siguen o se dejan de seguir. Los escraches6
contra jueces que se vuelven cómplices de los genocidios han resultado muy importantes,
al punto que jueces han entrado a prisión por su comportamiento corrupto, lo cual favorece
un clima que progresivamente obstruye este tipo de comportamientos.
Trabajar en esta nueva dirección ayudaría a deslindar responsabilidades por los
agravios sufridos, visibilizaría los procesos reales, las víctimas, los victimarios y las
instancias públicas y privadas responsables de estos crímenes. De manera que esta
movilización se centraría en crear un alud de casos con los que se cerque y acose a las
estructuras de poder jurídico, sentando jurisprudencia y alfabetizándonos como pueblo en
lo que en verdad significa el derecho y la justicia.
Antecedentes
Esta iniciativa de lucha no parte de cero. Es en realidad producto de dos grandes esfuerzos.
El primero es la sobresaliente y desconocida experiencia del Comité ‘68, quienes ya han
llevado un juicio y logrado una condena por genocidio en México. Partiendo del hecho de
que el crimen de genocidio está reconocido constitucionalmente, el Comité ‘68 logró una
sentencia parcialmente favorable del magistrado José Ángel Mattar Oliva en la que se
6 Acciones de presión que realizan los ciudadanos contra personas del ámbito político,
administrativo o militar, que consiste en dar difusión, ante los domicilios particulares de éstas o en cualquier lugar público donde se las identifique, a los abusos cometidos durante su gestión.
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concluye que sí hubo genocidio y se extiende la orden de aprehensión contra el
expresidente Luis Echeverría7 junto con 64 militares de alto rango. A pesar de esta
sentencia, poco después el mismo Poder Judicial denegó todo con el argumento de que, al
invocar los tratados internacionales, el movimiento violaba la soberanía nacional e incluso
ponía en riesgo el TLCAN (sic). Aun así, lo que el Comité ‘68 logró sienta jurisprudencia
internacional, es inédito y muy valioso para la exigencia de justicia de la nación.
El segundo punto de referencia que nos antecede y nos permite plantear este
camino de lucha son los resultados que tuvo el Tribunal Permanente de los Pueblos,
Capítulo México, que sesionó entre 2011 y 2014 sobre la situación de los derechos
humanos y sociales en México y donde se acusó y sentenció al Estado por perpetrar un
conjunto de crímenes contra el pueblo de México.8
El Tribunal reveló la enorme gravedad de lo que acontece en México y que se
presenta bajo la forma de una gran dispersión: como si México fuera un conjunto de varios
países dentro de uno solo. En cada uno de esos “países” están ocurriendo injusticias no
necesariamente iguales, pero cruzadas por algunos elementos comunes, como la
persecución política o la destrucción ambiental. El Tribunal ayudó a cobrar conciencia de la
magnitud de los hechos, a ver dinámicas más generales y a tratar de articular a las
organizaciones, comunidades y movimientos en resistencia. Fueron más de 2,300 las
organizaciones que participaron a lo largo de tres años.
Sin embargo, a cuatro años de la Sentencia Final de Capítulo México, mientras los
organismos nacionales e internacionales demuestran negligencia frente a la denuncia del
propio Tribunal –gracias a los cuantiosos recursos que invierte la diplomacia mexicana para
permanentemente disminuir y desconocer la gravedad de las denuncias–, la crisis de los
derechos humanos y sociales en México no sólo no ha mejorado, sino que empeoró. La
misma clase de acciones que se denunciaron en el Capítulo México se multiplicaron, dada
la extraordinaria impunidad para los perpetradores que no enfrentan ninguna consecuencia.
El Tribunal mismo cerró en México su Audiencia Final “bajo la sombra de Ayotzinapa”, pues
7 Alfredo Mendez Ortiz, “Concluye juez: Echeverría, culpable de matanza en 68”, La Jornada,
19 de julio de 2006, consultado en: http://www.jornada.com.mx/2006/07/19/index.php?section=politica&article=020n1pol
8 Andrés Barreda Marín (coordinador), Juicio al Estado mexicano por la violencia estructural causada por el libre comercio. Audiencia Final del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos: libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos (12 al 15 de noviembre de 2014). Sentencia, fiscalías y relatorías, México, Editorial Itaca, 2016.
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la flagrante y escandalosa desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de seis
personas a cuenta del narco-Estado ocurrió exactamente dos meses antes.
Por último, es importante aclarar que con la constitución de esta “Red contra el
genocidio y la impunidad en México” no se trata de crear una institución rígida y superior a
la cual los distintos miembros nos estaríamos sujetando, sino más bien de crear una
instancia de articulación, no de discusión doctrinaria, que mantenga la autonomía plena de
cada uno de los grupos que la conforman, en la que no se cuestione la identidad política
que cada grupo ha decidido, donde nadie exija nada ni dé autorización a los demás para
nada, ni se someta a nadie a ninguna situación que ponga en riesgo la seguridad de sus
actividades. Se propone, más bien, a partir de lo que ya está trabajando cada organización,
un proceso voluntario de libre articulación en un esfuerzo colectivo que pertenezca y
potencie a todos, que visibilice las luchas reales e impostergables, y que tenga como
objetivo que las luchas y los esfuerzos no sigan dispersos.
Así iniciamos este camino que sabemos no será fácil ni rápido, pero que
consideramos imprescindible para lograr verdad y justicia: elementos esenciales para la
reparación del daño a nuestros pueblos, así como para fortalecer la exigencia de
presentación de nuestros desaparecidos y honrar a los cientos de miles de personas que a
lo largo de nuestra historia reciente han perdido la vida, víctimas de genocidio y represión.
Quienes integramos esta red: sobrevivientes y familiares, organizaciones
defensoras de derechos humanos, académicos de múltiples universidades, periodistas,
abogados, sacerdotes, asociaciones religiosas, organizaciones de la sociedad civil y
ciudadanos invitamos a todos aquellos quienes han luchado y siguen pugnando por un
México democrático y libre a seguir juntos esta lucha.
Ciudad de México, 19 de octubre de 2018.
Red contra el genocidio y la impunidad en México
Lista de integrantes de la red:
Comité 68
Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio (Covic), Nochixtlán, Oaxaca
UPVA 28 de Octubre, Puebla
Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP)
Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México
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Brigadas Emiliano Zapata de México
Liga de Unidad Socialista (LUS)
Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA)
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Ayotzinapa
Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia
Colectivo Nos Hacen Falta
Colectivo Aequus. Promoción y Defensa de los DDHH
Red de Académicos e Investigadores: UACM, UAM, INAH y UNAM
Hijos
Movimiento Independiente Obrero Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), Puebla
Asamblea Nacional de Articulación
Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco
Unión Cívica Felipe Carrillo Puerto
Consejo Regional de Pueblos Originarios Puebla-Hidalgo
Casa del Migrante de Saltillo
Unión de Lucha Anticapitalista
Jóvenes ante la Emergencia Nacional (JEN)
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Anexo 1
Muertes causadas por la violencia estructural en México (1985-2018)
Concepto Cantidad Cantidad
Guerra contra el narco (homicidios dolosos) (a) (1997-ago2018) 355,718 355,718
Masacres (b) 22
Asesinatos de género
Feminicidios (c ) (1985-2016) 52,210 52,210
Feminicidios (c ) (2017-jun2018) 3,884 3,884
LGTB (d) (2013-2017) 381 381
Muertos ambientales (e) (2018) 25,000 25,000
Muertes de migrantes (f) (2014-2017) 1,469 1,469
Muertes de migrantes (f) (1990-junio de 2018) 7,000 7,000
Asesinatos de defensores de Derechos Humanos (g) (2012-2018) 106 106
Asesinato de periodistas (h) (2000-2017) 167 167
Asesinato de sacerdotes (i) (2012-2018) 22
Asesinato de sacerdotes (i) (1990-2018) 48 48
Asesinato de militantes y líderes políticos (j) (sep-2017/jun-2018) 112 112
Desaparecidos (k) (2014/30-abr-2018) 37,435
Desplazados internos (m) (2006-2017) 329,917
TOTAL 446,095
NOTA: Las cifras son de distintas fuentes por lo que puede haber repeticiones, sin embargo, las sumamos con el fin de contar con una cifra total aproximada, porque sabemos que hay un escaso registro de las muertes causadas por la violencia estructural en México. FUENTES: (a) Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Incidencia delictiva, consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php
(b) “Las masacres que México no olvida”, Telesurtv.net, 2 de octubre de 2017, disponible en: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Las-masacres-mas-impactantes-de-Mexico-20171002-0030.html; “22 masacres en México que continúan impunes”, 29 de noviembre de 2014, consultado en: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-22-masacres-mexico-continuan-impunes-20141129075936.html; “Historia de las masacres en México en las últimas dos décadas”, Seguridad Nacional Hoy, 14 de noviembre de 2014, consultado en: http://seguridadnacionalhoy.com/historia-de-las-masacres-en-mexico-en-las-ultimas-dos-decadas/
(c) ONU Mujeres, "La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016", citada en David Saúl Vela, “Ocurren en México 7.5 feminicidios al día, revela ONU Mujeres”, El Financiero, 7 de marzo de 2018, consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ocurren-en-mexico-7-5-feminicidios-al-dia-revela-onu-mujeres
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(c) Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, Centro Nacional de Información, Información con corte al 31 de diciembre de 2017, consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf
(c) Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, Centro Nacional de Información, Información con corte al 30 de junio de 2018, consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_JUN2018.pdf
(d) Rocío Muñoz Ledo, “Un país donde te pueden matar… por ser gay”, Aristegui Noticias, 17 de mayo de 2018, consultado en: https://aristeguinoticias.com/1705/kiosko/asesinatos-de-personas-lgbt-en-mexico-alcanzan-los-381-en-5-anos-letras-s/
(e) "Mueren por contaminación 25 mil personas al año en México: OMS", Redacción SDPnoticias.com, 2 de mayo de 2018, consultado en: https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/05/02/mueren-por-contaminacion-25-mil-personas-al-ano-en-mexico-oms
(f) Organización Internacional de las Migraciones (OIM), Proyecto de Migrantes Desaparecidos, citado en: Agencia EFE, "El número de inmigrantes muertos al cruzar de México a EEUU aumentó en 2017", 6 de febrero de 2018, consultado en: https://www.efe.com/efe/america/mexico/el-numero-de-inmigrantes-muertos-al-cruzar-mexico-a-eeuu-aumento-en-2017/50000545-3515429
(f) "Exigen fin a muerte de migrantes con caminata", El Universal, 4 de junio de 2018, consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/mundo/exigen-fin-muerte-de-migrantes-con-caminata
(g) Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos. (h) Efrén flores, “La lista de periodistas caídos en 64 años: el sexenio de Calderón es el más letal, le
sigue el de EPN”, SinEmbargo, Sección Unidad de datos, 20 de diciembre de 2017, consultado en: http://www.sinembargo.mx/20-12-2017/3360109
(i) Centro Católico Multimedial (CCM), “2018, Violencia sin fin para el sacerdocio mexicano”, 19 Abril, 2018, consultado en: http://ccm.org.mx/2018/04/2018-violencia-sin-fin-sacerdocio-mexicano/
(j) “Elecciones México 2018: 112 políticos asesinados”, Excélsior, 9 de junio de 2018, consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/elecciones-mexico-2018-112-politicos-asesinados/1244292
(k) Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Datos Abiertos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), consultado en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/datos-abiertos.php
(m) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Desplazamiento forzado interno en México, consultado en: http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno-forzado-cifras-2017/