Acceso de las mujeres a la ley de víctimas
Encuestas 2017
Resultados preliminares
La encuesta
Objetivos
• Conocer los obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia, en particular, en el marco de la Ley de Víctimas 1448/2011, a través de una indagación sobre los procedimientos realizados en el punto de atención de la UARIV del norte del Cauca.
• Identificar propuestas para superar cuellos de botella que se presentan en el acceso de las mujeres a la justicia.
Aspectos metodológicos
La encuesta fue aplicada a 248 mujeres consultantes del punto de atención de la UARIV, ubicado en la alcaldía municipal de Santander de Quilichao, Cauca.
Las encuestas fueron aplicadas entre el 28 de agosto y 1 de septiembre.
Las encuestadoras fueron 6 mujeres lideresas pertenecientes a los municipios de Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caloto.
Para la aplicación de la encuesta se usó el programa survey en dispositivo tablet que facilitó el registro de la información.
Las encuestadoras participaron en un proceso de capacitación y contaron con un manual de instrucciones.
La encuesta contó con el apoyo del Punto de Atención de la UARIV del norte del Cauca.
Caracterización de las encuestadas 247 mujeres encuestadas
residentes en 14 municipios, 11 de ellos del norte del Cauca.
Las encuestadas están distribuidas proporcionalmente en todos los grupos de edad, con una leve mayoría (31%) en mujeres de 51 años y más.
Mujeres encuestadas
Municipio de procedencia % N°
Santander de Quilichao 34 84
Toribío 17 42
Caloto 15 38
Buenos Aires 13 32
Suárez 12 29
Corinto 3 7
Guachené 1 3
Miranda 1 3
Caldono 1 3
Villa Rica 1 2
Bogotá 0 1
Cajibío 0 1
Cali 0 1
Florida 0 1
Total 100 247
Edad % N°
Hasta 30 años
23 58
31-40 24 59
41-50 21 52
51 y más 31 78
Total 100 247
Caracterización de las encuestadasGrupo
étnico/social de
pertenencia
% N°
Indígena 39 94
Afro/negro 33 80
Mestizo 17 40
Campesino 11 26
Total 100 240
Idioma % N°
Español 82 204
Nasa yuwe 10 24
Otro idioma indigena
7 18
Palenquero 1 2
Total 100 248
La mayoría de mujeres pertenecen a un grupo étnico, siendo mayoritarias las mujeres indígenas. El 17% se identificaron como mestizas y el 11% como campesinas.
El 10% de mujeres hablan la lengua del pueblo nasa y un 7% otra lengua. Aspecto clave que muestra la necesidad de tener en cuenta el bilingüismo para adecuar la atención a las mujeres en el ámbito institucional.
Caracterización de las encuestadas
Nivel de estudios
% N°
Ninguno 24 60
Primaria 43 105
Secundaria y más
33 82
Total 100 247
Estado Civil % N°
Soltera 31 77
Casada/Unión libre/Unión de hecho
54 133
Separada/divorciada/viuda
15 37
Total 100 247
El 43% de las mujeres terminó la primaria, frente a un 33% que realizó estudios secundarios y de universidad. Un 24% no terminó ningún estudio, situación que evidencia un panorama deficitario en el acceso de las mujeres a la educación y la necesidad de atención particularizada.
El 54% de mujeres tienen una pareja, frente a un 15% que está separada o viuda y posiblemente cabeza de hogar.
El 53% tienen entre tres y más hijos, evidenciando una carga alta en términos de sostenimiento familiar.
Número de hijos/as
% N°
0-1 20 50
2 26 65
3-4 31 77
5 y mas 22 54
Total 100 246
Caracterización socio económica de las encuestadas
Estado laboral
% N°
Empleada 17 42
Desempleada
19 46
Inactiva 64 157
Total 100 245
La situación laboral de las mujeres víctimas es precaria:
La mayoría de mujeres (64%) no
tiene un trabajo remunerado, ni está en busca de uno.
El 19% se encuentra buscando trabajo y apenas un 17% está empleada al momento de realizar la encuesta.
Tipo de organización N %Consejo comunitario/Cabildo/J.A.C.
49 44,5
Grupo religioso 45 40,9
Organización de víctimas/discapacidad
10 9,1
Mujeres productoras/gremios/sindicatos
8 7,3
Grupos culturales 3 2,7
Grupos deportivos 3 2,7
Adultos mayores 3 2,7
Movimiento político 2 1,8
Ambiental 2 1,8
LGTBI 0,0
110 100,0
¿Pertenece a alguna asociación?
% N°
Sí 45 110
No 55 134
Total 100 244
Caracterización socio económica de las encuestadas
En materia organizativa, el nivel de pertenencia de las mujeres a un tipo de organización es alto, el 45% afirma que pertenece a una forma organizativa en particular.
Las organizaciones de mayor afluencia son las étnicas y las de tipo religioso
En un bajo nivel aparecen las organizaciones de víctimas, 10%.
Información ¿Conoce la Ley de víctimas?
% N
Sí 16 40
He escuchado algo sobre ella
56 138
No 28 68
100 246
El 72% afirma conocer la Ley de Víctimas. No obstante el 56% dice que “ha escuchado algo” y el 28% que “no la conoce”, ratificando un conocimiento precario sobre la Ley. Esta situación constituye un primer obstáculo para el acceso a la justicia en el ámbito de la información. No hay conocimiento suficiente sobre la Ley, las mujeres pueden estar familiarizadas con algunos términos o aspectos de la Ley pero no hay un conocimiento en profundidad.
En su mayoría, la gestión que mayoritariamente hacen las mujeres en el punto de atención de la UARIV es averiguar información sobre las medidas de reparación. En segundo lugar a la entrevista para el PAARI.
¿Que vino a hacer en la Unidad de Victimas?
% N
A averiguar sobre las medidas de reparación
43 107
A la entrevista para el PAARI
21 51
A recibir una notificación/actualizar documentos
12 30
A consultar si la inscribieron en el RUV
11 28
A informarse sobre la Ley de Víctimas
6 15
Otro motivo 6 15
Total 100 246
Información
Las declaraciones han sido realizadas por las mujeres en un 39% antes de la expedición de la ley y en la misma proporción posterior a ella. Si se compara con las gestiones que vienen a hacer (en su mayoría averiguar sobre las medidas de reparación) es probable que haya pasado mucho tiempo y aún el acceso a las mismas no se ha cumplido de manera integral.
¿En qué año hizo la declaración?
Año % N°
Entre 1997 y 2010 39 97
Entre 2011 y 2015 39 97
Entre 2016 y 2017 11 27
No recuerda el año/no la ha hecho
11 26
Total 100 247
Hechos victimizantes y autores Hecho sufrido %
Desplazamiento forzado 177 72,5
Enfrentamientos armados 98 40,2
Amenaza 89 36,5
Abandono o despojo de tierras 39 16,0
Atentado terrorista 39 16,0
Homicidio 37 15,2
Pérdida de bienes 32 13,1
Minas y artefactos explosivos 25 10,2
Desaparición forzada 22 9,0
Reclutamiento forzado de menores
11 4,5
Delitos sexuales 10 4,1
Secuestro 6 2,5
Tortura 6 2,5
Confinamiento 1 0,4
244 100,0
Las mujeres afirmaron hacer sido afectadas por diversos hechos en el marco del conflicto armado. El desplazamiento forzado fue el de mayor ocurrencia, seguido de los enfrentamientos armados y las amenazas. No obstante, en todos los casos hubo mujeres que reportaron haber sido afectadas. En este caso es clave que las medidas de reparación atiendan a esta multiplicidad de afectaciones. En el 55% los actores fueron identificados como guerrilla; en segundo lugar con el 29,4% los grupos paramilitares, y casi en el mismo nivel, 27%, la Fuerza Pública
Actores responsables N° %
Guerrillas 136 55,5
Paramilitares 72 29,4
Grupo no identificado 54 22,0
Fuerza pública 27 11,0
245 100,0
Información
¿Actualmente se encuentra inscrita en el RUV?
¿Le autorizaron medidas de reparación?
¿Ya le hicieron la encuesta para el PAARI?
89
57
76
11
43
24
Información de acceso (%)
Si No
El 11% no se encuentra registrada en el RUV y por tanto aún no han logrado superar el primer requisito para acceder al proceso de reparación.
El 43% de mujeres afirmó que aún no le han sido autorizadas ningún tipo de medidas de reparación, a pesar que al 76% ya le realizaron la encuesta para el PAARI.
Medidas recibidas
Medidas N° %
Afiliación al Sistema de Salud y Seguridad Social
70 74
Atención psicosocial 33 35
Medidas en educación 21 22
Generación de ingresos 13 14
Restitución de vivienda 12 13
Reubicación o retorno 8 9
Acto de reparación simbólica 8 9
Indemnización por vía administrativa
6 6
Restitución de tierras 3 3
Créditos en deudas por impuesto predial
1 1
94 100,0
• De las mujeres que afirmaron haber recibido algún tipo de medida, las más recurrentes han sido las de afiliación al Sistema de salud y seguridad social y en segundo lugar las psicosociales.
• Las medidas que pudieran garantizar mayor nivel del estabilidad socio económica para las mujeres (indemnización, restitución de vivienda, tierras, etc.) han sido las de menor cumplimiento.
• Solo en el 6% de quienes han recibido alguna medida ésta ha sido la indemnización administrativa.
Medidas recibidas, según municipio de residencia
Medidas que le han sido otorgadas (%)
Santander de
Quilichao
Buenos Aires/Suarez
Toribío Caloto Otro
Afiliación al Sistema de Salud y Seguridad Social
79 64 82 85 60
Atención psicosocial 47 23 18 54 10
Medidas en educación 39 0 27 8 20
Generación de ingresos 18 9 9 8 20
Restitución de vivienda 18 5 9 15 10
Reubicación o retorno 5 9 9 23 0
Acto de reparación simbólica
3 9 9 31 0
Indemnización por vía administrativa
8 9 9 0 0
Restitución de tierras 8 0 0 0 0
Créditos en deudas por impuesto predial
0 0 9 0 0
• La afiliación al sistema de seguridad social ha sido otorgada en promedio al 80% de las mujeres, siendo Buenos Aires y Suárez los municipios con un menor acceso: 64%.
• La atención psicosocial ha sido mayormente recibida para las mujeres residentes en Santander y Caloto.
• Las medidas de educación no han sido otorgadas a mujeres residentes en Buenos Aires y Suárez.
Percepciones sobre la atención en la UARIV Variable %
Para nada de acuerdo
En desacuerdo
De acuerdo Totalmente de acuerdo
El tiempo de espera fue razonable
19 29 49 4
El tiempo que el funcionario dedicó a su caso fue adecuado
7 19 68 6
El funcionario/a que la atendió tenía conocimientos suficientes de la ley y de los tramites
4 13 73 10
El funcionario/a que la atendió comprendió su caso correctamente
5 13 72 10
El funcionario/a que la atendió fue amable
2 7 63 28
La información que le dieron le pareció confiable
5 20 66 9
En general, la atención que recibió fue apropiada
5 16 58 21
Los principales problemas de atención están relacionados con el tiempo de espera: el 48% afirma estar “para nada de acuerdo” y en “desacuerdo” con la razonabilidad del tiempo de espera. El 58% afirmó que esperó entre 4 y más de 7 horas para ser atendida.
La percepción en general sobre la atención de funcionarios/as es positiva.
El 20% considera que la información no fue tan confiable y el 16% que la atención no fue apropiada.
Tiempos de espera % N°
Hasta 1 hora 18 44
1-4 horas 23 55
4-7 horas 28 67
mas de 7 horas 30 72
Total 100 238
Factores que intervienen en el acceso¿Alguna persona/institución la ayudó
en el trámite?
% N°
Si 24 59
No 76 186
Tota 100 245
¿Quién la ayudó en el trámite?
Actor % N°
Una institución del estado 15,3 9
Organización social 6,8 4
Abogados/asesores 10,2 6
Familiares/amigos 50,8 30
Personas que ya hicieron el trámite 20,3 12
Total 100,0 59¿Qué tipo de ayuda?
Ayuda % N°
Asesorías jurídicas 15,8 9
Capacitaciones/seminarios 8,8 5
Consejos por parte de personas 43,9 25
Acompañamiento de familiares 35,1 20
Total 100,0 57
El 24% afirmó recibir una ayuda para el trámite; en el 50% de los casos se trató de un familiar o amigo, seguido del 20% de alguna persona que ya ha realizado los trámites. Esta situación sugiere que el estado y las organizaciones sociales no son fuente de mayor consulta por las mujeres para asesorarse sobre los trámites para el acceso. La ayuda se trató de “consejos”; es decir no es propiamente una ayuda cualificada.
Elementos para la reflexión Teniendo en cuenta que el 10% de mujeres indígenas habla principalmente su
propia lengua, es clave adoptar medidas de bilingüismo para garantizar una mejor comprensión de la información o brindar las opción de traducción si las mujeres lo requieren para facilitar su expresión o recepción de parte de funcionarios/as de la UARIV.
Las mujeres que más consultan el punto de atención de la UARIV tienen una pertenencia étnica, no obstante sus procesos de reclamación son a título individual, lo cual sugiere que hay un desbordamiento en las solicitudes de reparación individual más que de tipo colectivo.
Aunque casi el 45% de las mujeres afirman pertenecer a una organización, en su mayoría las mujeres no acuden a las organizaciones sociales para pedir asesoría con relación a los trámites que requieren para acceder a la Ley de Víctimas. Existe un vacío en espacios de formación y cualificación hacia las mujeres para mejorar el acceso. De hecho, el 72% afirmó apenas haber escuchado algo sobre la ley o no conocerla.
El tiempo de espera la atención es el factor de mayor crítica que reportan las encuestadas. Entre 4 y más de 7 horas constituye un lapso excesivo para la atención.
A pesar de que la educación es una de las medidas que aparece con un nivel importante de otorgamiento, el 27% de las mujeres afirmó no haber terminado ningún estudio. Teniendo en cuenta los niveles de edad de las encuestadas es necesario indagar si existe una correspondencia entre mujeres más adultas y menor nivel de estudio.
Resulta importante indagar con mayor profundidad si el factor educativo puede estar generando dificultades en el acceso, bajo el entendido de que entre menor cualificación de las mujeres su posibilidad de acceder en mejores condiciones a sus derechos en el marco de la Ley 1448 se dificulta.
Al igual que la educación, las condiciones laborales de las mujeres son muy precarias y debilitan su estabilización social y económica, aspecto al que tienen derecho en el marco de la reparación integral. Las medidas otorgadas en indemnización han sido mínimas y no han tenido ningún impacto en mejorar las condiciones económicas a través del acceso al trabajo para las mujeres.
El desplazamiento forzado es el hecho victimizante sufrido en mayor proporción por las mujeres y de hecho las medidas tienden a ser consideradas en función de este hecho. No obstante, en varios casos las mujeres han sido víctimas de múltiples hechos y la atención y medidas de reparación no suelen considerar esta multiplicidad de afectaciones.
La pertenencia en un alto porcentaje a asociaciones religiosas por parte de las mujeres, indica la importancia que tiene este tipo de instituciones en sus vidas y es clave profundizar en la relación que tiene su pertenencia a las iglesias con el hecho de haber sufrido una situación de violencia en el marco del conflicto armado.
Con relación a los actores responsables de las violencias sufridas por las mujeres, el actor “no identificado” abre una importante puerta de análisis sobre todo para comprender la situación actual de los municipios objeto de la encuestas en el proceso de implementación de acuerdos de paz. Varias mujeres han comentado en diversos espacios que muchas de ellas no han declarado por miedo a los actores agresores; hoy el miedo sigue vigente porque a pesar del proceso de paz persisten actores armados que aparentemente no son posibles de identificar.