EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO Número del Caso: CP-2014-7 Fecha: 4 de octubre de 2016 Abogada del Querellado: Lcda. Daisy Calcaño López Lcdo. Luis Laguna Mimoso Oficina de la Procuradora General: Lcda. Margarita Mercado Echegaray Procuradora General Lcda. Karla Pacheco Álvarez Subprocuradora General Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez Procuradora General Auxiliar Comisionado Especial: Hon. Ygrí Rivera de Martínez Materia: Conducta Profesional – La Suspensión será efectiva una vez advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración. Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad. In re: Ramón B. Rivera Grau (TS-15,670) 2016 TSPR 212 196 DPR ____
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Número del Caso: CP-2014-7
Fecha: 4 de octubre de 2016
Abogada del Querellado:
Lcda. Daisy Calcaño López
Lcdo. Luis Laguna Mimoso
Oficina de la Procuradora General:
Lcda. Margarita Mercado Echegaray
Procuradora General
Lcda. Karla Pacheco Álvarez
Subprocuradora General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Comisionado Especial:
Hon. Ygrí Rivera de Martínez
Materia: Conducta Profesional – La Suspensión será efectiva una vez
advenga final y firme la Sentencia conforme a la Regla 45 del
Reglamento del Tribunal Supremo sobre reconsideración.
Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que
está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y
publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución
electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.
In re:
Ramón B. Rivera Grau
(TS-15,670)
2016 TSPR 212
196 DPR ____
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Ramón B. Rivera Grau
(TS-15,670)
CP-2014-0007
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de octubre de 2016.
Nos corresponde determinar si el Lcdo. Ramón
B. Rivera Grau incurrió en conducta contraria al
Código de Ética Profesional, infra, al preparar
varios contratos de opción de compraventa sobre
unos predios sin segregar y autenticar las firmas
de los comparecientes, a la vez que fungía como
representante legal de la parte vendedora en un
pleito sobre ejecución de una hipoteca garantizada
por la finca matriz.
I
El licenciado Rivera Grau fue admitido al
ejercicio de la abogacía el 31 de enero de 2006 y a
la práctica de la notaría el 23 de marzo de
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2006. A mediados de septiembre de 2008, el licenciado
Rivera Grau asumió la representación legal del Sr. Jesús
Ramos Morales y la Sra. Nildes Josefina Morales León
(matrimonio Ramos Morales) en una demanda contra el
Municipio Autónomo de Caguas y la antigua Administración de
Reglamentos y Permisos. Contestación a la Querella, págs.
2-3. Como resultado de ese proceso judicial, se obtuvieron
los permisos necesarios para iniciar la construcción de
viviendas individuales en un inmueble propiedad del
matrimonio Ramos Morales.
El 26 de marzo de 2009, el matrimonio Ramos Morales, el
Sr. Gerardo Vargas Figueroa y la Sra. Madeline Martínez
Colón comparecieron ante el licenciado Rivera Grau y
suscribieron un contrato de opción de compraventa que
preparó el letrado a petición de las partes. El notario
Rivera Grau legitimó las firmas de ese contrato mediante el
testimonio número 918. Además, el licenciado Rivera Grau
asesoró a las partes en torno a las consecuencias legales
que implica una opción de compraventa. A tenor con las
disposiciones de ese contrato de opción, el señor Vargas
Figueroa y la señora Martínez Colón, entregaron al
matrimonio Ramos Morales $7,000. Es importante destacar que
en la cláusula sexta de ese contrato se dispuso que durante
la vigencia de la opción, el matrimonio Ramos Morales
estaba “impedido de vender, hipotecar, gravar o de enajenar
de cualquier forma la propiedad antes descrita”. Contrato
de opción de compraventa de 26 de marzo de 2009, pág. 1.
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Al día después de la otorgación del contrato de opción
ante el licenciado Rivera Grau, este asumió formalmente la
representación legal del matrimonio Ramos Morales en un
pleito sobre ejecución de hipoteca que se ventilaba ante el
Tribunal de Primera Instancia desde el 9 de marzo de 2009.
Ese pleito involucraba el inmueble sobre el cual el
licenciado Rivera Grau había redactado el contrato de
opción, escrito que también se otorgó ante él. Luego, el 15
de octubre de 2009 y luego de varios incidentes procesales,
el foro primario notificó una sentencia en la que declaró
con lugar la demanda y autorizó la ejecución de la hipoteca
que gravaba el inmueble.
Posteriormente, el 3 de noviembre de 2009, el
matrimonio Ramos Morales, el señor Vargas Figueroa y la
señora Martínez Colón suscribieron otro contrato, titulado
Recibo de depósito y extensión de opción de compraventa. En
ese contrato se reiteraron los términos del primer contrato
de opción y se extendió el término de la opción por 180
días desde su vigencia a cambio de un pago de $15,000. El
licenciado Rivera Grau también preparó este contrato de
opción y autenticó las firmas de los comparecientes
mediante el testimonio número 1207. Tres días más tarde, se
firmó otro contrato titulado, Recibo de depósito y enmienda
a opción de compraventa, en el cual se reiteraron los
términos del primer contrato de opción de compraventa y
además, se redujo el precio del predio sin segregar, sobre
el cual recaía la opción, de $95,000 a $90,000. En ese
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tercer contrato, el licenciado Rivera Grau, hizo un
recuento de las cuantías entregadas en calidad de depósito
por el señor Vargas Figueroa y la señora Martínez Colón que
ascendían a $42,000. Por último, autenticó las firmas de
los comparecientes mediante testimonio núm. 1271. A pesar
de que el licenciado Rivera Grau era el representante legal
del matrimonio Ramos Morales en el pleito sobre ejecución y
sobre el cual ya había recaído una sentencia que declaró
con lugar la demanda y que autorizó la ejecución de la
hipoteca que gravaba el predio, no informó al señor Vargas
Figueroa y la señora Martínez Colón sobre el estatus
litigioso del inmueble. Es decir, no les advirtió sobre la
posibilidad de que no pudiesen hacer valer la opción de
compraventa que habían adquirido del matrimonio Ramos
Morales. De hecho, a pesar de constarle personalmente y de
haber redactado los contratos de opción, ni siquiera
advirtió a los comparecientes sobre la existencia de un
gravamen sobre el inmueble.
El 14 de diciembre de 2009, advenida final y firme la
sentencia en el pleito de ejecución, el letrado Rivera Grau
presentó, junto a la representación legal de RG Premier
Bank, una moción titulada Acuerdo sobre satisfacción de
sentencia. Como parte de ese acuerdo, se dispuso una serie
de pagos para poner al día el préstamo hipotecario y evitar
la venta en pública subasta de la propiedad. Asimismo, en
el referido escrito se señaló, en lo pertinente, que:
13. En caso de incumplimiento por la parte
demandada de cualesquiera de los términos de este
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plan de repago, R&G, o el tenedor legítimo del
pagaré hipotecario objeto de este pleito, podrá,
sin aviso o notificación alguna, solicitar la
ejecución de la sentencia, habiéndose declarado
el pagaré vencido en su totalidad, ordenándose la
venta en pública subasta del inmueble antes
descrito para así satisfacer las sumas adeudadas.
LA PARTE DEMANDANTE TENDR[Á] ADEM[Á]S DERECHO A
RECLAMAR LA TOTALIDAD DE LA PARTIDA FIJADA PARA
GASTOS, COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO, O SEA,
$79,655.00.
El 12 de enero de 2010, el matrimonio Ramos Morales
suscribió otro contrato de opción de compraventa, esta vez
con la Sra. Evelyn Zoé Pérez Ayala. Aunque el licenciado
Rivera Grau no participó activamente en las negociaciones
de las partes, sí redactó el contrato que recogió los
acuerdos alcanzados y que las partes suscribieron
eventualmente. También, asesoró a los comparecientes en
torno al negocio jurídico y autenticó las firmas de las
partes mediante el testimonio número 1239. Según las
estipulaciones de ese contrato, la señora Pérez Ayala le
entregó $7,000 al matrimonio Ramos Morales a cambio de una
opción de compraventa por un término de 180 días a partir
de la segregación del predio. En el caso de la señora Pérez
Ayala, el licenciado Rivera Grau tampoco estimó “prudente”
entrar a discutir el estatus ni el resultado del caso sobre
ejecución que disponía del inmueble en el cual se
encontraba el predio sin segregar sobre el cual esta
adquirió una opción. Contestación a la Querella, pág. 11.
Es decir, a pesar de que el acuerdo de satisfacción de
sentencia establecía expresamente que cualquier
incumplimiento daría lugar a la ejecución del inmueble, el
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licenciado Rivera Grau entendió que el asunto estaba
“resuelto” y que el matrimonio Ramos Morales continuaba
como dueño en pleno dominio del inmueble. Contestación a la
Querella, pág. 13.
El 5 de marzo de 2010, el señor Vargas Figueroa, la
señora Martínez Colón y el matrimonio Ramos Morales
suscribieron otro documento, titulado Recibo de depósito y
tercera enmienda a opción de compraventa ante el licenciado
Rivera Grau. En este otro contrato, las partes acordaron
reducir el costo del predio de terreno a $80,000 del ya
reducido precio de $90,000, a cambio de un depósito
adicional de $30,000. Así, según expuso el licenciado
Rivera Grau en el documento que redactó, tanto el señor
Vargas Figueroa como la señora Martínez Colón entregaron un
total de $72,000, al tomar en consideración los depósitos
entregados en virtud del contrato original y sus sucesivas
enmiendas. El licenciado Rivera Grau también autenticó las
firmas de los comparecientes mediante testimonio número
1271.
Aunque para el 5 de mayo de 2010, el licenciado Rivera
Grau había renunciado a la representación legal del
matrimonio Ramos Morales en el pleito de ejecución, estos
comparecieron ante él, junto a la parte compradora, para la
preparación y firma de otro contrato de opción de
compraventa sobre otro de los predios del inmueble. Esta
vez, el adquirente de la opción era el Sr. Edwin Xavier
López Díaz. Luego de recoger la voluntad de los
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comparecientes, el licenciado Rivera Grau redactó el
contrato y autenticó las firmas de las partes mediante
testimonio número 1368. A tenor con las disposiciones
contractuales, el señor López Díaz entregó, con
anterioridad a la otorgación del contrato de opción, $5,000
al matrimonio Ramos Morales.1 Sin embargo, el licenciado
Rivera Grau tampoco le informó al señor López Díaz el
estatus litigioso del predio sin segregar sobre el que
adquirió la opción, a pesar de constarle personalmente.
Tampoco advirtió de la posibilidad de que nunca se pudiera
ejercer la opción.
Al ver que el tiempo transcurría y que no había
desarrollos en torno al inmueble y sus predios, los
compradores hicieron sus respectivas investigaciones. De
esa manera, se enteraron de que el inmueble se encontraba
en proceso de ejecución por el R&G Premier Bank y que el
licenciado Rivera Grau había sido el representante legal
del matrimonio Ramos Morales en ese pleito. En particular,
el señor López Díaz supo que el predio de terreno se
encontraba en proceso de ejecución cuando una institución
financiera le negó un préstamo hipotecario.
Por estos hechos, las familias presentaron las quejas
AB-2011-417, AB-2012-02, AB-2012-114 ante este Tribunal. En
síntesis, alegaron que el licenciado Rivera Grau redactó
unos contratos de opción de compraventa y autenticó las
1 Según el referido contrato, el señor López Díaz debía
entregar $5,000 adicionales en un periodo no mayor de
treinta días a partir de su otorgación.
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firmas de todos sus comparecientes. Asimismo, señalaron que
el licenciado Rivera Grau era el representante legal del
matrimonio Rivera Morales en un procedimiento de ejecución
de una hipoteca que gravaba los terrenos opcionados. En sus
contestaciones a las quejas, el letrado negó tajantemente
la comisión de conducta ilegal o que hubiese llevado a cabo
algún acto antiético y que, como notario, no asume
responsabilidad por el cumplimiento de los negocios
jurídicos. En específico, argumentó que si bien es cierto
que existía un procedimiento de cobro de dinero y ejecución
de hipoteca contra el matrimonio Ramos Morales, no es menos
cierto que el procedimiento de ejecución “había sido
detenido” en virtud del acuerdo de satisfacción de
sentencia, por lo que la parte vendedora mantenía el
dominio sobre los predios -sin segregar- que dio en opción.
Contestación a la Querella, pág. 11. En ese sentido,
argumentó que los contratos que autenticó eran negocios
jurídicos válidos y que, a pesar de existir una sentencia
final y firme, no era correcto exponer que los predios
estaban en proceso de ejecución. Además, adujo que tampoco
existía un conflicto de interés en su gestión porque los
quejosos no fueron parte en ninguno de los procedimientos
en los cuales él fue el representante legal del matrimonio
Ramos Morales y que involucraban el inmueble en cuestión.
También expuso que las tres quejas en su contra constituyen
los primeros señalamientos desde que inició su práctica.
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El 26 de octubre de 2012, en aras de facilitar el
trámite disciplinario, ordenamos la consolidación de las
quejas AB-2011-417, AB-2012-02, AB-2012-114. También
remitimos el asunto a la Oficina de Inspección de Notarias
(ODIN) para investigación y la preparación del informe
correspondiente.
En respuesta a esa encomienda, el Director de la ODIN
presentó su informe de hallazgos en el que concluyó que el
licenciado Rivera Grau se apartó de los Cánones 18 y 35 de
Ética Profesional, infra. En específico, señaló que el
licenciado no cumplió a cabalidad con su función notarial
al no ilustrar ni dar consejo legal a los comparecientes.
Asimismo, debido a que el licenciado Rivera Grau redactó
los contratos privados previo a autenticar las firmas de
los comparecientes, el Director de la ODIN determinó que el
abogado no actuó con sinceridad, pues debió informar a los
quejosos sobre el estatus litigioso de los predios de
terreno objetos de opción. Por último, el Director
recomendó que impusiéramos la sanción disciplinaria que
estimáramos conveniente.
El licenciado Rivera Grau reaccionó al informe
presentado por la ODIN. En su comparecencia, argumentó
nuevamente que no es responsable del cumplimiento de las
disposiciones contractuales por los otorgantes y que, en lo
referente a las tres quejas en su contra, siempre se
condujo con rectitud y sinceridad. Añadió que los quejosos
tenían conocimiento de la difícil situación económica por
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la que estaba pasando el matrimonio Ramos Morales. Así,
atribuyó que las quejas en su contra eran producto de “una
percepción particular, olvidando que simplemente todo se
limita a posiciones distintas y cayendo penosamente en lo
que luce como un asunto personal”. Escrito en reacción a
informe presentado por el Lcdo. Manuel E. Avilés De Jesús y
en cumplimiento de orden, pág. 6. Además, argumentó que no
medió una función dual de abogado-notario ni un conflicto
de interés al autenticar las firmas. Por último, anejó a su
comparecencia tres declaraciones juradas de compañeros
letrados en las que se asegura que cuenta con buena
reputación en la comunidad y se da fe de la calidad humana
del licenciado Rivera Grau.
Por su parte, los quejosos también se expresaron en
torno al informe. En sus respectivos escritos, reiteraron
sus posiciones. En específico, relataron que el licenciado
Rivera Grau le faltó a la verdad con su versión de los
hechos y que él tenía el deber de redactar los contratos
con claridad. Asimismo, todos negaron enfáticamente que
conocieran los problemas económicos del matrimonio Ramos
Morales y contradijeron que se hubiese dialogado sobre ese
aspecto en la oficina del licenciado Rivera Grau. Por
último, el señor Vargas Figueroa, la señora Martínez Colón
y la señora Pérez Ayala expusieron el dolor, el sufrimiento
y la angustia que les he representado esta situación. En
particular, la pérdida de miles de dólares de sus ahorros.
Examinado el Informe del Director de la ODIN, ordenamos a
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la Procuradora General que presentara la querella
correspondiente.
La Procuradora General le imputó al licenciado Rivera
Grau la violación de los Cánones 18, 35 y 38 de Ética
Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.18, C.35, C.38. El letrado
contestó la querella y, en esencia, negó que hubiese
actuado de forma antiética y que, a lo sumo, todo se debió
a un “error de juicio” en su desempeño. Contestación a la
Querella, pág. 16. El señor Vargas Figueroa, la señora
Martínez Colón y la señora Pérez Ayala comparecieron, y en
resumen, se opusieron a los argumentos que presentó el
licenciado Rivera Grau. De hecho, señalaron específicamente
que el licenciado Rivera Grau les “ocultó” información que
hubiese influenciado la decisión de adquirir las opciones.
Así las cosas, el 11 de enero de 2015, designamos a la
exjueza del Tribunal de Apelaciones, Hon. Ygrí Rivera de
Martínez, como Comisionada Especial para que recibiera
prueba, realizara sus determinaciones de hecho y nos
presentara sus recomendaciones.
Luego de varios trámites procesales, el 11 de agosto de
2015, se celebró la conferencia con antelación a la vista
ante la Comisionada Especial. En esa vista, las partes
expresaron que no existía controversia sobre los hechos y
que el caso se sometería por el expediente. Sin embargo,
las partes acordaron que el licenciado Rivera Grau
declararía, como en efecto hizo en esa vista, sobre su
sentir en torno al proceso disciplinario. No se presentó
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evidencia adicional, pero la Procuradora General no se
opuso a que se admitieran las declaraciones juradas sobre
el carácter del letrado para que la Comisionada Especial
les asignara el valor probatorio que estimara procedente.
Por último, se acordó que el licenciado Rivera Grau
presentaría un memorando de derecho dentro de un término de
treinta días y que la Procuradora General tendría la
oportunidad de expresarse en torno a él. Así, una vez
vencidos esos términos, el caso quedaría sometido para que
la Comisionada Especial rindiera su informe.
Según acordado y luego de realizada la vista, el
licenciado Rivera Grau presentó un memorando en el que
argumentó que no actuó de mala fe y que el proceso ha sido
uno aleccionador. En ese escrito, aseguró estar arrepentido
y que, de haber prevenido las consecuencias de su omisión y
error de juicio “no intencional”, no hubiese autenticado
las firmas de los comparecientes. Memorando sobre
atenuantes, pág. 3. Por último, expuso que este es el
primer procedimiento disciplinario que ha enfrentado en sus
diez años de carrera profesional y que no hubo ánimo de
lucro en sus actuaciones, pues devengó $50 por cada
contrato que preparó y autenticó. Por su parte, la
Procuradora General reaccionó a ese escrito y expresó que
el licenciado Rivera Grau no testificó sobre los méritos de
las quejas y que no presentó prueba sobre sus alegaciones
en torno a su buena fe. También destacó que a pesar de que
se trata del primer proceso disciplinario del letrado, este
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versa sobre tres quejas consolidas. Además, el señor Vargas
Figueroa y la señora Martínez Colón refutaron los
argumentos que presentó el letrado y esbozaron que este no
realizó acto alguno para evitar que perdieran sus ahorros,
a pesar de que le constaba que era factible que ocurriera
tal pérdida.
Por último, la Comisionada Especial rindió un informe
con sus determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,
las cuales acogemos.
II
El Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, recoge
las normas que rigen la clase togada en nuestra
jurisdicción. In re Crespo Peña, Op. del 6 de abril de
