REPÚBLICA ARGENTINA VERSIÓN TAQUIGRÁFICAa la Cámara que las agrupa, –CICOMRA–. Hemos...

REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Salón “Arturo Umberto Illia” — H. Senado de la Nación

28 de septiembre de 2011

Presidencia de la señora senadora Estenssoro

28/09/2011 Reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación Pág. 2 y Libertad de Expresión

– En el Salón Arturo Umberto Illia del H. Senado de la Nación, a

los 28 días del mes de septiembre de 2011, a las 9 y 21 dice la:

Sra. Presidenta (Estenssoro). – Buenos días a todos y a todas, a los senadores y senadoras. Hoy vamos a tratar dos proyectos de ley S.4311/10, del senador Rubén Giustiniani y el proyecto S. 2096/10 de la senadora Blanca Osuna que proponen declarar a la telefonía móvil como servicio público. Los senadores Cabanchic, Latorre y Roldán solicitaron el tratamiento de estos proyectos en la Comisión. Para tal fin hemos invitado a los funcionarios del gobierno que atienden estos temas: al secretario de Comunicaciones, arquitecto Lisandro Salas; al señor secretario de Comercio Interior, el licenciado Guillermo Moreno; también invitamos a los representantes de las empresas de telefonía celular –Telefónica, Telecom, Claro y Nextel– a la Cámara que las agrupa, –CICOMRA–. Hemos invitado también a asociaciones de consumidores: por Consumidores Libres he visto al señor Héctor Polino, a la CEC representada por Susana Andrada; a la Unión de Usuarios y Consumidores, el doctor Claudio Daniel Boada y otras organizaciones de consumidores como ADUC, que ha venido su presidente, el señor Basualdo. También hemos invitado a especialistas en derecho a la información: el doctor Gordillo, el doctor Carlos Casañe, el doctor Ariel Caplán y el doctor Henoch Aguiar.

Los representantes de las operadoras telefónicas y de la cámara CICOMRA nos comunicaron que no van a venir y no hemos recibido respuesta de los funcionarios de gobierno. Sí la hemos recibido de las asociaciones de consumidores que son las asociaciones de consumidores. Esto nos muestra que es un tema que los aflige. También están presentes los especialistas en derecho y comunicaciones.

Voy a enumerar los proyectos que vamos a tratar después que serían: S.1185/10, del senador Jenefes, ya lo hemos discutido, es el proyecto de ley de creación del registro público nacional “No llame”; y el proyecto S.1570/11 de los señores senadores Rached y Escudero por el que se prohibe la publicación en cualquier medio de comunicación de propaganda con ofertas de servicios sexuales. En este caso los senadores Morandini, Naidenoff, Rached y Roldán solicitaron su tratamiento. Además tenemos una cantidad de proyectos de declaración que voy a enumerar porque los vamos a pasar a la firma en los despachos. Son los siguientes: el S.1500/11 proyecto de declaración por el que se declara de interés el programa radial Fórmula Tuerca y todos los deportes del senador Sanz; el S. 1456/11 de comunicación de la senadora Escudero por el que se solicitan medidas para dotar de teléfonos públicos a la localidad de Iruya, Salta; el S. 1494/11 proyecto de comunicación del señor senador Menem por el que se solicitan las medidas para la instalación de una sucursal del correo oficial en La Rioja; el S.1794/11 proyecto de declaración del señor senador Colazo por el que se expresa beneplácito por el relanzamiento del proyecto EUDEBA Digital; S. 1800/11 proyecto de declaración del señor senador Colazo por el que se expresa beneplácito por el lanzamiento de un sello postal alusivo al 50 Aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico; S.1888/11 proyecto de declaración del señor senador Nikisch por el que se expresa beneplácito por el premio otorgado al grupo Los Girasoles y S. 1864/11 proyecto de comunicación del senador Pérez Alsina por el que se solicita se garantice la instalación y acceso a la telefonía pública en las localidades de La Poma e Iruya, provincia de Salta.

Vamos a dar tratamiento al proyecto de la telefonía móvil. Para ello hemos preparado una pequeña presentación para poner en contexto la problemática y, después, vamos a escuchar a los senadores autores de los proyectos y a los invitados.


– Se proyectan filminas. Sra. Presidenta.- Vemos que en este caso el gran problema es la desprotección de los usuarios frente a un servicio esencial. La cantidad de líneas telefónicas de telefonía móvil ha crecido exponencialmente. En el 2000 era de tan solo 5.400.000 se multiplicaron por 10, hoy son entre 55 y 57 millones. O sea que ha habido un crecimiento enorme. Y tiene una penetración de líneas por habitante de un 137 por ciento. Y más del 80 por ciento de la población usa el sistema prepago. En la Argentina es al revés, el sistema que usan los sectores de menores ingresos que es el prepago es más caro.

En nuestro sistema, como en Brasil se penaliza a los sectores de menores ingresos. Cuando vemos qué pasa con las tarifas en América Latina el promedio de la tarifa es de 15 dólares, en Asia 7 dólares –un asiático paga la mitad que el resto de toda América–, en Europa 13 dólares y Brasil es uno de los países más caros, pero la Argentina también está entre los más caros con 20 dólares. O sea que estamos por encima de Latinoamérica en un ranking de DIRSI que es una de las pocas fuentes de información porque la Secretaría de Comunicaciones o la CNC no brindan la información que nos permita hacer análisis comparados. Ahí podemos ver que en un ranking de 25 países la Argentina figura 16 en el puesto de países más caros.

En la Argentina el sistema prepago es de alrededor de 36 dólares y en Costa Rica que es tal vez el país que tiene la legislación más adecuada, 5,78 es el promedio del costo mensual de la tarjeta prepaga. Qué pasa con el servicio fijo que es el que está hoy y esta regulado y declarado como servicio público y tiene solamente 9 millones de líneas o sea que no ha habido un crecimiento desde el año 2000 que tenía 7.900.000 se mantiene prácticamente igual, la penetración es apenas del 22 por ciento, o sea que la obligación de las telefónicas con la privatización de Entel de llegar al servicio universal jamás se cumplió, apenas uno cada cinco o un poco más tienen hogar y telefonía fija que es el servicio público. La tarifa de la telefonía fija está congelada desde el año 2000 mientras que la tarifa del servicio móvil está completamente liberada. Los usuarios estamos cautivos de los operadores porque hay una mora de 11 años en la implementación de la portabilidad numérica. Esto estaba en los pliegos de privatización y en el decreto de desregulación del año 2000 que instaba a implementar el sistema de portabilidad numérica. El año pasado llegamos a un consenso, íbamos a sacar un proyecto de ley instando al gobierno a implementar la portabilidad fija y móvil y la noche antes, la Secretaría de Comunicaciones sacó una resolución que todavía no ha cumplido y se sigue demorando. O sea que esa es una de las razones por las que la tarifa es tan alta porque los usuarios son rehenes de los operadores porque no pueden cambiar de operador por miedo a perder el número aunque el servicio sea caro o no sea tan bueno.

La telefonía celular encabeza los reclamos en el Sistema Nacional de Arbitraje del Consumo de Defensa del Consumidor de la Secretaria de comercio. Ese es el problema número uno.

Este es un mercado en el que llama la atención que hasta ahora no se haya regulado, porque es claramente oligopólico con muy altas barreras de entrada y la facturación de la telefonía móvil aumentó tres veces en seis años. De 7500 millones de pesos en el 2006 a 27 mil millones de pesos en el 2011. Para que tengan una idea esto equivale al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires que, con ese presupuesto, debe brindar educación, salud; asfalto, luces y limpieza en las calles y todo lo que hace un gobierno con 27 mil millones de pesos.


Las telefónicas tienen esa facturación anual para dar telefonía móvil solamente. O sea que es un negocio fabuloso donde hay cuatro operadores, pero tres tienen el dominio del mercado. Claro con el 35 por ciento, Personal 32 y Movistar con el 31. Han tenido, en los últimos años, un aumento de su facturación de más del 30 por ciento anual.

Para obtener una licencia para poder operar en telefonía móvil se tarda cuatro años y medio, no es un mercado abierto ni competitivo. El trámite para ingresar al mercado tarda, por lo menos, cuatro años y medio, pero desde hace cinco años que no se licita espectro, porque la telefonía móvil funciona a través del espectro radioeléctrico que es un bien público, pero hace cinco años que no hay licitaciones.

Otro factor que complica mucho este mercado o que lo hace muy opaco es que el ente regulador, la CNC, es inoperante en este tema. Está intervenido, desde hace casi una década. No hay participación de los usuarios en el órgano y no hay estadísticas. Cuando queremos analizar el mercado, tenemos que referirnos a estadísticas internacionales y juntar de aquí y de allá porque el Ente no publica regularmente informes sobre las tarifas, calidad del servicio o datos comparados con otros países. Y si las tienen no son de fácil acceso. Con esto no quiero decir que no hagan las estadísticas, sino que realmente, como senadora de la Nación me fue muy difícil acceder a esta información y los especialistas en derecho de las comunicaciones también tienen este problema. No hay información fácil. Los usuarios, también saben que dentro de un mismo operador les resulta difícil saber si el plan que tienen tiene un costo por minuto más caro que el otro porque no hay información que los propios operadores le den claro a sus usuarios. En ese sentido hay mucho por hacer.

Con respecto a los dos proyectos de ley a los que se van a referir en instantes los senadores Giustiniani y Osuna estos son los puntos principales. Ambos proyectos proponen que se declare servicio público a la telefonía celular. El proyecto de Giustiniani propone que la regulación de las tarifas sean justas y razonables, prohibe el ajuste automático y también propone que haya un ente regulador específico para la telefonía móvil y que sus integrantes sean designados por concurso. Que es el otro problema que se da en la CNC que no están designados por concurso ya que está intervenido.

La senadora Osuna, además de proponer que la telefonía móvil sea un servicio público que el marco regulatorio permita esclarecer y formalizar la relación contractual entre empresas y usuarios, que se implemente la portabilidad tanto para la telefonía móvil como para la fija y que haya mucho mayor información sobre las tarifas y las condiciones del servicio y la facturación. Además, propone que la CNC sea la autoridad de aplicación. Ese es el marco.

Vamos a comenzar el debate con un máximo de 10 minutos por orador. Tiene la palabra la señora senadora Osuna. Sra. Osuna.– Gracias, senadora Estenssoro. Señores senadores y representantes de las distintas organizaciones e instituciones que están presentes. Quiero referirme brevemente al proyecto. La telefonía celular y su regulación es una materia pendiente que ya ha tenido distintas iniciativas anteriormente en la Cámara de Diputados, en ese momento también presenté un proyecto y, paralelamente a ese debate que quedó sin consecución pero que vuelve a aparecer en ambas cámaras como manifestaciones de concreta preocupación por la ausencia de regulaciones. Me refiero a regulaciones en general, pero en realidad estamos hablando de cuestiones puntuales en las que entendemos que el Estado, habida cuenta de la amplitud que ha cobrado el servicio y del volumen y dimensión de los usuarios de la telefonía


celular, es necesario que intervenga. En virtud de ello y ajustándonos a que, tal como entre otros refiere Villegas Basavilvaso podríamos definir que el servicio de telefonía celular es una actividad cuyo objeto es la satisfacción de necesidades colectivas y que, justamente, además de la información que acaba de brindar la presidenta de la Comisión se hace necesario por las disparidades que presenta en nuestro país en relación a avances en otros países pero, además, por la amplitud de la cobertura, necesariamente incluye a sectores de pequeños o de menores ingresos nos parece de estricta justicia avanzar en esa regulación. Concretamente nuestra propuesta en el proyecto es declarar a la actividad como servicio público. En su articulado, el proyecto, hace referencia a algunas pautas que hacen referencia a la mejora del contrato. La relación contractual que vincula a las empresas prestadoras y a los usuarios. Esto incluye una cuestión que ha sido de debate intenso en distintas circunstancias y en las organizaciones de defensa del consumidor que es la facturación por tiempo real expresada en minutos y segundos. Este sería el límite al llamado redondeo que, indudablemente, supone un expreso beneficio para las empresas en desmedro de los intereses de los usuarios. En el articulado del proyecto hacemos referencia a la conformación del contrato, para que, si se modifican las condiciones de contratación hay que comunicar al usuario con antelación mínima de 60 días, que el prestador debe asegurar la prestación en forma definitiva y eficiente en condiciones de regularidad, continuidad y calidad, que son tres calificaciones características de los servicios públicos, que los prestadores deben compensar a los usuarios con una bonificación general por falta de servicio, del mismo modo que en contrario, en caso de incumplimiento de pago de la factura del servicio por parte del usuario, sufre una penalización por parte de la empresa. Las empresas deben, además, contar con un servicio de atención al usuario, que la atención de reclamos debe ser en forma personal o telefónica, incluimos la portabilidad numérica y, en este sentido, entiendo que la secretaría de comunicaciones viene avanzando en materia del cumplimiento de la resolución a la que hizo referencia la senadora Estenssoro que son las resoluciones 8 y 2 de 2011 de la Secretaría de Comunicaciones y de la Secretaría de Comercio Interior. No quiero extenderme mucho más sólo hacer una referencia en comparación con el otro proyecto que está en consideración, me parece importante plantear y que tiene que ver con mi posición en contrario a la creación de un organismo regulador y sí, efectivamente, quien regule sea la Comisión Nacional de Comunicaciones. La observación se basa en lo siguiente. Hoy, el soporte de telefonía móvil tiene diversas prestaciones, una tiene que ver con el uso de Internet, la televisión o el acceso a televisión y, al establecer un ente regulatorio estaríamos regulando, desde ese ente, diversos servicios que, en algunos casos, tienen regulación. Eso en realidad contraría el principio del rol que tienen que tener los entes reguladores y que, de hecho, tienen en Argentina y en el mundo. El formato inespecífico por la diversidad de soportes con que puede operar la telefonía celular conspira –desde mi punto de vista– contra el planteo de establecer un ente regulador. Del mismo modo, debe formar parte del debate más allá de que en mi proyecto no esté planteado, aunque hay una referencia, la necesidad de que declarándolo servicio público el Estado pueda tener una intervención en las tarifas. Esto es materia de debate. El formato definitivo será producto de los acuerdos que alcancemos pero entiendo que ahí se provoca y hay de hecho una dificultad y una inequidad que nosotros deberíamos atender.


Por mi parte nada más por ahora. En la oportunidad que corresponda pediré la palabra. Sra. Presidenta. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Sr. Giustiniani.– Gracias, presidenta. Después de la contundencia del informe que ha realizado en cuanto a la realidad que expresa hoy el mercado de los celulares en la República Argentina y las implicancias del mismo es poco lo que voy a agregar. En lo que respecta a mi proyecto, en el Artículo 1° plantea la declaración de servicio público al servicio de telefonía móvil. La contundencia de la exposición inicial responde largamente a la pregunta básica inicial si la telefonía móvil debe o no ser un servicio público. Es contundente la respuesta afirmativa que significa una ley en este momento, que en los últimos tiempos hemos aprobado muchas en el Congreso de la Nación que son de sentido común y que vienen a dar respuesta, después de un largo reclamo de la sociedad. Como autor de este proyecto de ley he tenido en estos tres días en los que tuvo estado público la constatación de lo que significa el impacto del debate de este tema. Y los medios de comunicación de todo el país que se han hecho conteste a este tema, es en función del reclamo permanente de los ciudadanos que todos los días se sienten maltratados por las empresas de telecomunicaciones. Es lamentable que hayan rechazado el convite, pero es coherente porque a este debate de la necesidad de un mejor servicio al declarar servicio público a la telefonía móvil, no hay respuestas del otro lado. Me gustaría un debate franco, abierto y transparente y escuchar cuál es el argumento de las empresas. Este es un mercado oligopólico, tres empresas que concentran el 97 por ciento de la actividad. Y no estamos hablando de fabricar zapatillas o remeras. El fabricante de zapatillas de acuerdo a la calidad del producto que pone en el mercado le pone un precio, el que él quiere y el ciudadano de a pié entra y elige por distintos tipos de zapatillas. Este mercado no es así. Y claramente vemos que las tarifas van evolucionando con un acuerdo sistemático de empresas que actúan en el mercado y no como una competencia clara, abierta, franca y transparente, si no –repito– de manera oligopólica. Esto expresa, en el día de hoy y durante los últimos años por informes de mercado dados por las mismas empresas, que son las cinco empresas que más utilidades han tenido en la República Argentina junto con los bancos y las petroleras. Precisamente las tres actividades que continúan desde los procesos de desregulación absoluta sin ningún tipo de legislación al respecto. Con estos proyectos damos respuesta a una necesidad. Mi proyecto plantea los cuatro conceptos que hacen a un servicio público: el capítulo de la obligación de las empresas, el del derecho de los usuarios y el capítulo de las tarifas justas y razonables. Esto marca la definición conceptual de lo que hace el servicio público. El sujeto, desde nuestro punto de vista, es el abordaje moderno que hace a todo servicio público en donde, entre esos dos actores que son Mercado y Estado el Siglo XXI abre un actor fundamental que es la sociedad. Por lo tanto las organizaciones de usuarios son las que deben marcar el ritmo de lo que hagan los entes de control claros y transparentes que tengan una equis distancia tanto de la captura de las empresas como de las decisiones del Estado en defensa de la sociedad. Esto son conceptos que hacen a una cuestión moderna en los servicios públicos, eso es lo que intentamos plantear en este proyecto de ley que tiene 15 artículos. Gracias. Sra. Presidenta. – Tiene la palabra la señora Susana Andrada.


Sra. Andrada. – Buenos días a todos. Soy Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor una de las tantas organizaciones de defensa del consumidor que existen en la Argentina. Agradezco este debate y a los senadores por dejarnos expresar las necesidades que tienen los usuarios en relación a la telefonía celular. Lógicamente, como el conjunto de las asociaciones de consumidores estamos totalmente de acuerdo con que la telefonía celular sea declarada servicio público. Es una decisión impostergable. En la Argentina existen entre 57 y 58 millones de teléfonos celulares, que son utilizados en los sectores de menores recursos en los que la gente no tiene acceso al teléfono de línea porque no se han hecho las inversiones correspondientes porque no quieren entrar, porque las zonas rurales les resultan poco rentables y, por lo tanto, vuelcan al consumidor a utilizar el teléfono celular. Ese es el primer punto que quiero destacar. Dentro del os reclamos que recibimos en las asociaciones de consumidores –que son muchísimos por año– el 75 por ciento está vinculado a las telecomunicaciones del total del universo del consumo. Dentro de ese 75 por ciento de reclamos –hablamos de reclamos a teléfonos de línea, celulares, Internet, cable, etcétera– prácticamente el 90 por ciento se lo lleva la telefonía celular. Y hablamos de reclamos recurrentes. Hablamos de empresas que actúan en forma oligopólica, son prácticamente dos empresas, porque sabemos que Telefónica y Telecom forman una sola familia a pesar de tener nombres distintos y la otra es Claro. Son empresas que incumplen con la poca reglamentación que existe al respecto.

Por eso, nosotros desde el Centro de Educación al Consumidor, muy humildemente les queremos agregar al proyecto de ley algunos conceptos que nos parecen importantes desde nuestro punto de vista como asociaciones de consumidores.

En primer lugar el tema de la vigencia de los sistemas de tarjeta prepaga. Actualmente se están manejando con una vigencia de 30 días. El usuario paga por anticipado los llamados y los mensajes que envía, se le dan sólo 30 días para hacer uso de ese dinero. Están utilizando nuestro dinero y, además, nos dicen cómo y en cuánto tiempo tengo que utilizar el dinero que ellos mismos pueden estar usando en el marcado. El usuario paga por anticipado los mensajes y las llamadas que realiza y no recibe ningún resarcimiento a cuenta. Además, el precio de las tarjetas debería ser de un 25 por ciento más barato que el llamado común porque lo estoy haciendo por adelantado. Muy por el contrario figura un tiempo límite de 30 días cuando en realidad nosotros pedimos que sea ilimitado. Que un usuario pueda elegir que sus 30 pesos, que tal vez son de una abuela que llama a sus nietas dos o tres veces por día o tres veces al mes, si los usa en un mes o en un año. ¿Por qué esos 30 pesos tienen que durar 30 días? Lo están obligando compulsivamente a gastar cuando sabemos que la plata no le alcanza a nadie a pesar de los datos del INDEC.

En segundo lugar solicitamos que se respete, dentro de ese período de pago por anticipado de nuestro servicio, la tarifa vigente. Porque sucede que uno carga 30 pesos y el mensaje que envía le avisan que pasa de 46 centavos a 76 centavos. ¿Por qué? Si yo lo pagué cuando costaba 46 centavos. Que respeten el dinero que les han pagado y las condiciones en el momento en el que pacté el cobro del prepago. Ese es un punto muy importante para los usuarios, principalmente para los que menos tienen, jubilados y pensionados.

En relación al tema de las penalidades a las empresas, nunca nos quedó claro cuál fue el monto –a pesar de que le solicitamos a las autoridades de la Comisión Nacional de Comunicaciones los informes de los montos de las penalidades aplicadas– porque jamás nos lo han informado. No lo saben. El señor Ceferino Namuncurá lamentablemente no tiene esos


datos, dice que es muy difícil de conseguir esa información. Entonces, ¿para qué sirve un organismo de veinte pisos con sedes en el interior y demás?

Me parece que, además de ser una multa mucho más fuerte porque las empresas tienen reclamos recurrentes y constantes sobre desaparición del saldo, cobros de más, sobrefacturación y demás, la multa debe ser más considerable para las empresas de telefonía celular y, además, debe haber un resarcimiento económico a los usuarios.

Estoy un poco cansada, creo que la gente también, de que nos coman el saldo y no nos devuelvan nada. Una sola vez piensen en los usuarios y, además de la multa que le aplican a la empresa, de la que nunca nos vamos a enterar porque Ceferino Namuncurá no quiere y el secretario de Comunicaciones Salas tampoco, que la gente tenga por lo menos el resarcimiento de la devolución del salgo retenido. Y si es declarado servicio público tendrán que devolver el 25 por ciento más los intereses que correspondan del valor de la tarjeta por mal funcionamiento del servicio. Ese dinero es nuestro y lo están usando por anticipado.

En cuanto a las antenas tenemos un problema entre las antenas y el Gran Buenos Aires; esto lo sabe muy bien el señor Sobrino que vive en el Gran Buenos Aires y que tantas veces lo hemos hablado. Me parece que debe haber un resarcimiento para aquellas personas que no tienen un buen servicio por problemas de antena. Puede cobrarse un 50 por ciento menos, ya que tienen tantos problemas entre las antenas y los concejales.

La publicidad engañosa es otro problema, ya sea por engaño o por error, por favor que se publique por los medios de comunicación el error al que han inducido a los consumidores. Me parece que el tema de la publicidad es importantísimo. Y el otro tema preocupante es la portabilidad numérica. Estamos todos de acuerdo y no entendemos por qué se ha postergado seis meses más. El último punto son los agentes oficiales, los vendedores de telefonía celular. Estos agentes oficiales no están regulados por absolutamente ningún organismo y, con quienes en muchísimas oportunidades, el usuario cae en engaños porque el agente oficial le informa una cosa y la compañía directamente se desentiende del tema. Ni hablemos del tema monopolio y oligopolio y las Pymes. Voy a dejar en Secretaría una copia con las incorporaciones que planteamos. Muchas gracias. Sra. Presidenta. – Tiene la palabra Héctor Polino. Sr. Polino. – Muchas gracias por la invitación. Quiero le felicitar a los senadores Osuna y Giustiniani por la calidad de los proyectos que han presentado. Si bien hay diferencias entre los proyectos, por ejemplo el del senador Giustiniani contempla el tema de las audiencias públicas y la senadora Osuna no, nosotros somos partidarios de la existencia de las audiencias públicas. Incluso en mi gestión de diputado nacional presenté un proyecto para regular el funcionamiento de las audiencias públicas porque tal cual como funcionan actualmente constituyen una burla para los usuarios. Nos hemos encontrado con el caso de una audiencia pública realizada en la localidad de Moreno sobre el tema ferroviario que terminó a las 2 de la mañana y en el Boletín Oficial de ese día ya estaba publicado el acuerdo con las empresa concesionarias lo que estaba indicando que nos tomaron el pelo a todos los que estuvimos durante tantas horas, en un ambiente caldeado, y ni se tomaron el trabajo de escuchar lo que se había dicho.

Leyendo uno de los libros del doctor Agustín Gordillo sobre el Tratado de Derecho Administrativo, en el tomo referido a los derechos de usuarios y consumidores recuerda algo


que es muy interesante: en la Gaceta de Buenos Aires aparece una resolución del Cabildo de Buenos Aires prohibiéndole a un peluquero abandonar la colonia porque era el único peluquero que existía en la colonia. Entonces se consideró que era de interés público que el peluquero permaneciera trabajando en la colonia.

Esto indica que el Estado, frente a determinadas circunstancias, no puede mirar hacia el costado, sino que tiene que intervenir y regular esas circunstancias. Esto viene a cuento de que no se puede explicar que la telefonía fija esté regulada con 9 millones de líneas y no esté regulada la telefonía móvil. Eso es inexplicable, también en nuestra entidad como lo dijo Susana Andrada, las distintas irregularidades y estafas que cometen las empresas de telefonía con los usuarios. Yo tengo un capítulo muy extenso que si me refiero a esto no me van a alcanzar las 10 minutos para referirme a otras cuestiones. Fundamentalmente, las empresas de telefonía celular se caracterizan por la falta de información adecuada a los usuarios.

En el día de ayer apareció en el diario Clarín una solicitada de la empresa Personal anunciando el aumento de las tarifas a partir del 25 de noviembre próximo. Le pido a cualquier profesional que esté acá que me lo explique. Tengo cuatro títulos, tres universitarios y uno secundario, les confieso que no puedo entender las variaciones tarifarias de los distintos servicios y planes que ofrece la empresa. Nadie puede entender ese galimatías que está establecido en esa solicitada. Y la única obligación que tienen las empresas es publicar con 60 días de anticipación el nuevo cuadro tarifario sin otra obligación de demostrar la variación de la estructura de costos, por ejemplo. Es una verdadera arbitrariedad.

¿Por qué se ha desarrollado más la telefonía celular que la fija? La fija está regulada y la celular desregulada. Y, además, hay que hacer menos inversiones para el mantenimiento del servicio y para la expansión del mismo. Las empresas Telecom y Telefónica decidieron crear sus propias empresas y desarrollar las empresas de telefonía celular porque no hay ningún tipo de regulación y aumentan las tarifas cuando se les ocurre. Entonces, en la Argentina se da este hecho que ya está expresado en el informe de la presidenta de la Comisión que el país tiene un promedio de 23 líneas de teléfono fijos cada 100 habitantes y hay provincias como Corrientes, Santiago del Estero, Formosa o Chaco que tienen un promedio de 9 teléfonos fijos cada 100 habitantes. Y en los barrios humildes de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en las villas de emergencia de la Capital Federal, del Conurbano bonaerense, las empresas, Telecom y Telefónica, no instalan las telefonías fijas, y ¿saben cuál es el argumento? Que los operarios no tienen seguridad para hacer las instalaciones y que el Estado no les brinda seguridad para cuando tienen que hacer los arreglos cuando se descomponen las líneas. Entonces, los ciudadanos más pobres de la ciudad de Buenos Aires tienen que recurrir a la telefonía celular para estar comunicados con sus semejantes y pagar las tarifas que de acuerdo a un estudio que llevó a cabo esa entidad que aquí fue señalada por la presidenta de la Comisión, que está conformada por especialistas y técnicos en comunicación, un análisis que publicaron en el mes de marzo de este año, un estudio que se realizó sobre sesenta y dos países del mundo entre los cuales están los países de América Latina, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, los países europeos, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, asiáticos como Japón Corea, la Argentina ocupaba el tercer lugar después de Brasil y Nicaragua. Y yo estoy seguro que con los aumentos que se produjeron a partir de esa fecha, debemos estar batiendo un récor mundial. En los Estados Unidos ––tengo este dato que es por demás elocuente––, las empresas


de telefonía celular ofrecen a sus clientes 2000 minutos libres por sólo 35 dólares; es decir, 315 pesos por mes al cambio de nuestra moneda. Esos 2000 minutos equivalen a 33 horas 20 minutos; es decir, más de una hora por día. Si alguien en nuestro país habla más de una hora por día, abonará una factura de 3600 pesos, lo cual es muchísimo más que los 75 dólares de los Estados Unidos, que equivalen a 315 pesos. Lo que en los Estados Unidos sale 315 pesos, aquí costaría 3600 pesos. El valor del mismo tiempo cuesta en la Argentina 1200 por ciento más caro que en los Estados Unidos de Norteamérica. Tengo un informe de la Auditoría General de la Nación. Es una auditoría que se hizo sobre el ejercicio 2006/2007 publicado en marzo de 2011. La CNC informa, por medio de una nota tal, que el área Policía Técnica cuenta con tres agentes abocados exclusivamente a la tarea de fiscalización y prestación de los servicios de telefonía móvil. Tres agentes. Pero hay que realmente conviene remarcar. La presente labor de auditoría tuvo por objeto verificar los cambios realizados en la CNC respecto de la relación con las empresas telefónicas. Y fíjense lo que dice este informe. La CNC basa la resolución de las denuncias que hacen los usuarios en las informaciones e inspecciones realizadas y suministradas por la empresa prestadora del servicio de telefonía, y no por datos que haya obtenido directamente. ¿Qué quiere decir? Que un usuario tiene un problema con una empresa de telefonía móvil y también con la telefonía fija, primero tiene que hacer el reclamo ante la empresa. Está obligado hacerlo ante la empresa. Esperar que la empresa conteste. Cuando la empresa contesta, si uno no está de acuerdo con la respuesta o directamente la respuesta es el silencio, tiene que ir a la CNC. ¿Y la CNC qué hace? En lugar de hacer su propia investigación y tener datos propios e informar al usuario, le pide los datos a la propia empresa. Esto está comprobado por la propia Auditoría General de la Nación. Brevemente, permítanme que me refiera a un aspecto, y con esto termino, que son las ganancias de las empresas. Hay poca comodidad acá, menos que en la banca. De acuerdo con los datos que las empresas suministraron a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores, nos dan estos resultados. Telefónica, que es la dueña de Movistar… Sra. Presidenta. –– Y de parte de Telecom. Sr. Polino. –– Exactamente; después de la fusión. En el primer semestre de este año obtuvo ganancias por 85.300.000 dólares. Al cambio actual equivalen a 355 millones de pesos; es decir, un 48 por ciento más que en el mismo período de 2010, cuando ganó 57.600.000 dólares. Veamos Telecom. Tuvo utilidades por 310 millones de dólares, que, al cambio actual, son 1.240 millones de pesos; un 41 por ciento superior al mismo período del año pasado. Y el principal ingreso está dado por la telefonía móvil e internet. Ahora bien, si este es el margen de rentabilidad, yo me pregunto por qué la empresa Movistar aumentó las tarifas a partir del 1 de septiembre de este año entre un 8 y un 15 por ciento de acuerdo a los planes que ofrece. Y por qué la empresa Personal acaba de publicar un aviso que a partir del 25 de noviembre aumenta las tarifas en un promedio de un 15 de por ciento. Con estos márgenes de rentabilidad realmente es un escándalo. No se puede demorar un minuto más la sanción de una ley que establezca un marco regulatorio de esta actividad. Sra. Presidenta. –– Muchísimas gracias. El material que quieran poner a disposición de la Comisión es siempre útil y lo vamos a agradecer.

A continuación, va a hacer uso de la palabra el señor Pedro Bussetti, de DEUCO. Sr. Bussetti. –– Buenos días. Gracias por la invitación.


En primer lugar, quiero decir que hoy estamos aquí presentes once de las veinticinco entidades que integramos la Comisión de Usuarios del Servicio de Telecomunicaciones, que funciona dentro de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Yo le pediría, señora presidenta, que le permitiera a cada una de ellas, que están presentes, tener la posibilidad de expresarse unos minutos para referirse a este tema tan importante; lo digo por la presencia masiva de las entidades. En ese sentido, ayer hemos emitido un documento en el que apoyamos, como Comisión de Usuarios, la aprobación de un marco regulatorio de la telefonía móvil, que, además, fije las tarifas a través de la autoridad de aplicación y sobre la base de la estructura de costos. Con respecto a mi exposición, yo pertenezco a DEUCO, y estoy aquí en compañía de mi secretario, Roberto Daoud, que, además, es subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de la Plata. Entonces, vamos a compartir los diez minutos, de manera de no quitarle el tiempo que le corresponde al resto de los expositores. Decíamos que estamos aquí justamente como parte de las veinticinco entidades. De alguna manera, representamos a estos 57. Millones de usuarios del servicio. Este marco regulatorio que hoy se plantea es una deuda que tiene no solamente el Congreso Nacional, sino también el Poder Ejecutivo Nacional que allá por 2003 2004 convocó a audiencias públicas, a consultas para dictar finalmente un marco regulatorio, pero lamentablemente, no se cumplió. Este marco regulatorio fue reclamado por las asociaciones de consumidores en las dos audiencias públicas que el Estado Nacional convocó para la renegociación de los contratos de Telefónica y Telecom en el marco de la ley de emergencia 25561, que obliga al Estado Nacional a renegociar los contratos. Las asociaciones de consumidores en Tucumán y en Mar del Plata, donde se realizaron estas audiencias, en 2005 ya reclamábamos la sanción de un marco regulatorio de telefonía móvil e internet. Lamentablemente ––como todos sabemos–– no se cumplió. De la misma manera, estas veinticinco entidades que integramos la Comisión de Usuario hemos presentado hace un año, ante la Comisión de Usuarios y Consumidores de la Cámara de Diputados de la N ación, un pedido a la Presidencia de esa Comisión para tratar también un marco regulatorio de la telefonía móvil sin que hasta el presente hayamos tenido respuesta. El marco regulatorio que nosotros apoyamos, o la idea de marco regulatorio que nosotros apoyamos, en primer lugar, tiene la necesidad de que como se dijo acá, sea declarado este servicio, servicio público por las razones que se expusieron aquí; porque la telefonía fija no ha llegado a ser universal en todo el país. Como dijo el doctor Polino recién, hay provincias que tienen una baja densidad de líneas telefónicas en su jurisdicción y esto obliga necesariamente a la utilización de la telefonía móvil. Porque además, a través de distintos sistemas, como el sistema de tarjeta prepaga, este sistema alcanza a los sectores de menores recurso de la población que se ven afectados por las condiciones abusivas en que se plantean las tarifas. Y, justamente, lo que apoyamos y lo que solicitamos y lo que defendemos es que se regulen las tarifas de los distintos servicios. Hablamos, primero, de determinar cuál va a ser la unidad de medida de la prestación del servicio. Si va a ser el minuto o va a ser otra medida, para que sea esa medida la que tenga que estar contemplada en los contratos y en las tarifas, y que, obviamente, esas tarifas sean determinadas por la autoridad de aplicación de la ley de marco regulatorio sobre la base del estudio de una estructura de costos y una ganancia


razonable, como habitualmente se hace cuando un servicio es declarado servicio público. Hoy los usuarios ––como acaba de señalar el doctor Polino–– estamos sometidos a la decisión arbitraria, unilateral de las empresas que fijan las tarifas y ¡oh, casualidad! que las tarifas son prácticamente homogéneas.

Si uno analizas las tarifas que tienen las distintas prestadoras no hay demasiadas diferencias entre ellas. Lo que cabría suponer es que, tal vez, habría algún tipo de acuerdo para que tengan pequeñas variaciones y que sean prácticamente homogéneas. Reclamamos que el Estado verifique que las tarifas sean justas y razonables, que estudie los costos de los servicios, que también ––como se dijo acá–– antes de la aprobación de cualquier modificación del cuadro tarifario se convoque a audiencias públicas, como le corresponde a cualquier servicio público. Una ley que haga efectiva la competencia en este mercado, que hoy tiene cuatro empresas que prestan el servicio en condiciones oligopólicas, donde tres tienen más del 90 por ciento de los abonados.

En este sentido, nosotros, ya en forma particular como organización, saludamos el ingreso en este mercado de las cooperativas argentinas a través de la marca Nuestro que hoy son lamentablemente, porque no poseen la licencia de la que hablaba la presidenta de la Comisión del servicio, sino que son operadores virtuales con un acuerdo con la empresa Telecom, pero están en el mercado y entendemos que un nuevo marco regulatorio favoreciendo o promoviendo la competencia también debe contemplar el ingreso de estas cooperativas que en otros ámbitos, en el ámbito de la telefonía fija, en el ámbito de la televisión por cable prestan servicios competitivos y mucho más barato que lo prestan las compañías que lo hacen habitualmente.

Queremos una ley que establezca un organismo de control específico para la telefonía móvil con la efectiva participación de los usuarios, integrando su directorio, a fin de representar y defender los intereses de los usuarios, que, obviamente, de la misma manera que reclamamos la regularización de los distintos entes que están intervenidos, sean elegidos por concurso público de antecedentes con capacidad sobrada en la materia y no por decisiones del Poder Ejecutivo: Q, que ese organismos esté descentralizado en todo el país, porque este es un servicio que se presta en todo el país.

Reclamamos la sanción de una ley que haga realidad la postergada una vez más por seis meses portabilidad numérica para que el usuario pueda mantener el número asignado cuando decida cambiar de prestadora y deje de estar cautivo de una empresa. Luego de once años de queque se aprobara esta norma, las asociaciones de usuarios a través de la Unión de Usuarios de Consumidores debemos recurrir a la justicia para que se pusiera en funcionamiento este mecanismo aprobado allá por el año 2000.

Queremos que se ratifique lo que ante su reglamentación la Ley 25.891 sancionada en 2004 para prevenir el robo de celulares y castigar la venta ilícita de aparatos robados; ley que se aprobó por el famoso ––no sé si lo recuerdan–– caso “Blumberg”, y después esa ley, luego de ser aprobada, no fue reglamentada.

Queremos que los contratos de la telefonía móvil sean no solamente presentados ante la autoridad de aplicación, como hoy lo establece la Resolución 490/97, sino que tengan el control de la autoridad de aplicación del marco regulatorio, que sean aprobados, que sean controladas, que no contengan cláusulas abusivas en desmedro de los usuarios. Sra. Presidenta. –– Disculpe, señor Bussetti, ya se han terminado sus diez minutos, y me parece que su compañero va a tener que esperar.


Sr. Bussetti. –– Lamentablemente, es poco el tiempo. Finalmente, abreviando porque no tenemos más tiempo, queremos que la ley de marco regulatorio rija en forma conjunta con la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y en caso de duda sobre la normativa aplicable resulte la más favorable al consumidor. No sé si me permite que le dé la palabra a mi compañero. Sra. Presidenta. –– Mire, la verdad, estamos muy apremiados con el tiempo porque hoy tenemos sesión y, entonces, tenemos que asistir los senadores a otras comisiones. Por lo tanto, voy a hacer una moción de que dejemos hablar a los expertos en Derecho Administrativo y derecho de las comunicaciones y, después, los que estemos en la Comisión, los que nos quedemos, podamos seguir escuchando a los usuarios porque también ha habido otras personas de organizaciones de usuarios que no habían sido invitadas que quieren tener la palabra. Si están de acuerdo con esta propuesta, podrán tener luego el uso de la palabra. Entonces, le vamos a dar la palabra, en primer lugar, al doctor Cassagne, que es uno de los primeros que llegó. Sr. Cassagne. –– Gracias, señora presidenta. Le ruego me disculpe, tengo una disfonía. Voy a tratar de hablar despacio. Yo le confieso que después de leer los proyectos he llegado a la conclusión de que están muy bien confeccionados, con buena técnica legislativa. En general, participo de la idea que todos han expresado aquí respecto de la necesidad de regular ese sector. Creo también que muchos de los problemas que hay en este momento se dan por la falta de competencia; evidentemente, hay aquí un oligopolio y eso es lo que está provocando la situación actual. En cambio, como dijo recién el señor Polino, cuando hay competencia, las tarifas tienen que bajar. Tengo dudas respecto de la declaración de servicio público por lo siguiente. En la Argentina ––esto fue una cuestión que se discutió mucho hace unos cuantos años–– había una tendencia mundial encabeza por los franceses en trasladar prácticamente todas las actividades que satisfacían las necesidades colectivas, como servicio público. Por ejemplo, la venta de pan, de leche, de carne; incluso, la actividad teatral fue declarada en Francia servicio público en algún momento. Creo que esto llevó a un extremo por la excesiva intervención del Estado. A mí me parece que el peligro que corremos con esto, aparte de cambiar las reglas de juego y desalentar las futuras inversiones en el sector, es que no está muy claro en la Argentina cuál es el régimen de servicio público. Porque hay mucha gente que piensa que al declarar servicio público, el Estado tiene como poderes exorbitantes, poderes implícitos, que pueden revocar las licencias o las concesiones por razones de oportunidad. En fin, todo esto genera un manejo de incertidumbre para el inversor. Ahora, pienso que la misma solución a la que ustedes quieren llegar se podría lograr con una declaración de esta actividad como servicio de interés público regulado. Eso no cambio mucho, pero aventa todo el riesgo, todo el peligro, toda la incertidumbre que provoca la definición de servicio público. Por otra parte, seríamos los primeros en el mundo en elaborar esa declaración. No existe ningún país donde la telefonía celular sea servicio público, y lo que me parece a mí que tenemos que hacer es abrir la competencia. No puede ser que desde hace cinco años no se haya llamado a concurso. Esa me parece que es la gran falencia que hay en el régimen de la telefonía celular. Con respecto al otro punto, el de la audiencia pública, no estoy de acuerdo en hacerla tan rígida. Pienso que es un sistema que en algunos sectores se ha transformado en una burla,


como decía el señor Polino recién. Los argentinos tenemos la tendencia a deformar todas las instituciones que importamos de otros países, en vez de generar las propias. Por otra parte, la audiencia pública implica un principio de representación política antiguo que ya ha caído en desuso. No consagra el derecho de participación, que es lo importante, sino el de representación en ese momento; no es lo mismo. Y esto puede dar lugar a que estas audiencias públicas sean ocupadas, muchas veces, por intereses corporativos, precisamente en el campo sindical; lo que ha pasado unas cuantas veces. Yo creo que la audiencia pública tendría que ser una facultad del ente regulador para convocarla, y me parece que debería haber algún otro sistema para establecer el control de las tarifas, que hoy día, internacionalmente es muy fácil de poder lograr. No obstante, coincido en que tiene que haber una adecuada regulación. En cuanto al ente regulador, quizás, por el principio de especialidad sea mejor crear un ente regulador separado. Por supuesto, no con tres personas ––como dijo recién el señor Polino––, pero sí con una división importante de la Comisión de Comunicaciones y dejar una parte para la regulación de la telefonía celular. Pero, en fin, este es un problema de conveniencia y de legislación, no es un problema de fondo. Sra. Presidenta. –– Muchas gracias, doctor Cassagne. Tiene la palabra el doctor Gordillo. Sr. Gordillo. –– Muchas gracias por la invitación, senadora.

Entrando en el fondo del tema, creo que el Congreso tiene facultad para declarar servicio público en tanto haya sustento fáctico suficiente para hacerlo. En este caso, lo hay precisamente por el carácter oligopólico de la actividad.

Ahora bien, creo que un servicio público necesita un ente regulador, pero el ente regulador debe ser regulador, no ejecutor de políticas de la administración central. Así como tenemos que controlar la concentración de poder económico, hay que controlar la concentración de poder político. Por eso me parece que de las dos opciones que se mencionan, es preferible que haya un ente regulador independiente propio, al cual yo le agregaría que debe ser imparcial e independiente. Le agregaría que no debe haber facultad del Poder Ejecutivo para intervenirlo y le agregaría también, claramente, la participación de los usuarios con voz y voto, que en uno de los proyectos no está, y entre los derechos de los usuarios pondría entonces no solamente el de participar, sino también el de participar con voz y voto en el cuerpo directivo del ente regulador.

También hay que pensar en los deberes de los usuarios, no solamente los derechos que se han enfatizado tanto y muy bien acá. Entre los deberes, yo diría que hay uno que me parece importante que no se respeta y es el deber de todo usuario de un servicio de telefonía móvil de no utilizarlo dentro del campo de audición de terceros. Muchas gracias. Sra. Presidenta. –– Gracias por la precisión y por la brevedad. Tiene la palabra el doctor Caplán. Sr. Caplán. –– Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, suscribo plenamente las observaciones realizadas por el ente representante de la Asociación de Consumidores y también con la exposición que acaba de hacer el doctor Gordillo. Voy a hacer algunas reflexiones adicionales. Resulta casi esquizofrénico poder pensar que la telefonía fija es un servicio público y la telefonía móvil no lo es, cuando la mayoría de los llamados desde un teléfono fijo se hacen a teléfonos móviles y también muchos de los


llamados de los teléfonos móviles se hacen a teléfonos fijos. Quiere decir que en el servicio de telecomunicación la telecomunicación es una sola. Imaginemos una comunicación entre un teléfono fijo y una telefonía móvil. ¿Por qué una va a ser servicio público y el otro no? Realmente, carece de sentido lógico. O ninguno de los dos debiera ser servicio público o los dos debieran serlo. A nadie se le ocurre pensar, ni siquiera plantear ––al menos no he escuchado ni tengo conocimiento de algún proyecto que haya al respecto–– de declarar a la telefonía fija como un servicio de interés público sujeto a regulación. Entonces, si la telefonía fija es servicio público, la telefonía móvil también la debería ser. Por supuesto, como todo servicio público, requiere un marco regulatorio. El artículo 42 de la Constitución Nacional señala claramente que ese marco regulatorio debe ser por ley. Habla de una legislación regulatorio, lo cual lamentablemente en nuestro medio, como pasa con otros artículos de la Constitución como los que se refieren a la cuestión de la coparticipación, todavía no se cumplen. Pero eso no quiere decir que no esté y que no haya que cumplirlo. Solamente, los servicios públicos que tienen una ley son la electricidad y el gas; el resto son una serie de decretos y reglamentos que mal pueden llamárselos regulación, porque son meros decretos y reglamentos sujetos a la volatilidad y al vaivén propio de la coyuntura política que en nuestro medio es bastante oscilante. Con lo cual, es poco saludable como forma de regular un servicio público cuyo objetivo debe ser la universalidad, la no discriminación, la continuidad, etcétera. De modo que entiendo que la telefonía móvil debería ser declarada servicio público y, aparte, agregaría una cuestión más, que es la cuestión del espectro radioeléctrico. La telefonía pública, como bien señaló el senador Giustiniani, no es como un par de zapatos que se puede comprar en una tienda y hay múltiples ofertas y libre competencia. Está claro que no hay competencia, que no hay acuerdo de precios, sino también acuerdo en la forma del abuso porque no hay ninguna razón por la cual el minuto prepago deba valer más que el doble que el minuto que se paga por abono. Esto realmente es un trato discriminatorio para quienes son el sector más pobre de la población y no está en condiciones de solventar en forma periódica un monto determinado y va pagando a través del prepago, a medida de su propia disponibilidad, paga el doble. Es irrazonable y contrario a las resoluciones actuales que dicen que el precio debe ser razonable. No es razonable que lo mismo valga el doble.

La experiencia práctica indica que es necesaria la regulación y esto no implica demasiados inconvenientes ni riesgos de estatizaciones ni un desaliento a las inversiones, al contrario, creo que el problema que desalienta a las inversiones es que no se otorgan licencias y se está consolidando en la práctica un mercado oligopólico. Me gustaría que los senadores hicieran un pedido de informes acerca de cuánto demora un pedido de licencia común en la CNC y van a ver que son meses, años o nunca. Entonces, la barrera a la competencia no es el fantasma de la regulación, sino que el Estado no otorga las licencias a quienes la piden y están en condiciones de prestar un servicio adecuado para incrementar la competencia.

Por otro lado quería ir al tema del espectro radioeléctrico. Volviendo al ejemplo del par de zapatos que se compra en la tienda del senador Giustiniani. El par de zapatos se compra en un negocio particular y es una transacción absolutamente privada. Para prestar un servicio de telefonía móvil hay que usar el espectro radioeléctrico que no es algo privado, es público. Sería interesante que, si bien la regulación dice que se trata de un recurso natural de limitado y finito y que es administrado en forma indelegable por el Estado, sería bueno incluirlo dentro del Artículo del Código Civil que habla de cuáles son los bienes públicos del


Estado y en forma expresa y mediante una ley. Es decir, habría que agregar un inciso al artículo 2340 del Código Civil –si mal no recuerdo– donde diga que el espectro radioeléctrico forma parte de aquello que es considerado dominio público del Estado. De esa forma va a ser inalienable, imprescriptible y nadie va a poder alegar derechos posesorios. No sería impensable que alguna empresa o grupo de empresas en el día de mañana pretendan adueñarse de algo que es patrimonio común como el espectro radioeléctrico.

Asimismo, habría que hacer que el organismo de control que se cree específicamente para telefonía móvil sea el encargado de administrar el espectro radioeléctrico. El Estado, al aportar el espectro radioeléctrico a este negocio de la telefonía móvil por supuesto que tiene arte y parte. Supongamos que para prestar telefonía móvil hacen falta más antenas y supongamos que dos socios se juntan y uno dice que pone los equipos y el otro las antenas y se reparten las antenas y el Estado que aporta el espectro no está en condiciones, ni siquiera, de regular, cosa que parece bastante insostenible.

En cuanto a los proyecto, son compatibles. El del senador Giustiniani ahonda en algunas cuestiones pero no está enfrentado filosóficamente con el otro proyecto. Incluso la senadora intervino que es partidaria de la regulación tarifaria, con lo cual me parece que son dos proyectos compatibles. En cuanto a la autoridad regulatoria, creo que es conveniente por el principio de división de poderes que cuanto más chico el poder más bueno o amigable para los que no lo tienen.

No hay dudas de que la CNC no es un ente regulador por definición. La Secretaría de Comunicaciones controla y la Comisión apenas controla y en la práctica controla muy poco.

El problema de los entes creados por decreto es que el Poder Ejecutivo los hace y los deshace de acuerdo a su conveniencia. Y está presente Henoch Aguiar que fue protagonista de esta historia. La CNC tuvo un Directorio que se creó por concurso tal como lo decía el decreto, hasta que se enfrentó al ministro de Economía y le dijo que el rebalanceo telefónico era una medida perjudicial para los usuarios y una serie de análisis que hacía que las empresas dejaran de ganar muchísimo dinero. El ministro, que era Cavallo, un tanto despótico, intervino la CNC, después de llamar a una audiencia pública en la que las autoridades de la CNT en aquel entonces, tuvieron la posibilidad de fundamentar esta cuestión al igual que las asociaciones de consumidores. Todo esto trajo una conmoción de tipo social que dilató el rebalanceo tele fónico unos meses.

En definitiva, como era un ente creado por decreto, el Poder Ejecutivo lo intervino en el año 1995. Esta intervención sigue vigente hasta el día de hoy con distintos interventores. No existe organismo de contralor independiente y es esencial que lo sea.

El organismo que regule la telefonía móvil, o lo que venga a regular, debe tener una autonomía financiera que se puede obtener de la tasa de control que pagan las empresas, que es el 0,5 por ciento de la facturación. Esa tasa sería bueno que se prevea que ingrese directamente al organismo de contralor porque, si no, va a Rentas Generales y después vuelve al contralor lo que más o menos le parece a Rentas Generales y así se pierde la autonomía, por los pesos, que es por donde debería nacer. Cuando no hay autofinanciación no hay autonomía y lo que se proclama en una ley queda en la práctica reducido al federalismo fiscal que proclama la Constitución y en la Práctica no existe, por decirlo de alguna manera.

Sería importante que en la ley se incluya esta tasa de control y que vaya directamente al organismo de control para que se organice.

Para terminar quiero hacer una reflexión sobre las cooperativas telefónicas frente a los


servicios celulares. En este momento, como quedó articulado el sistema de el que llama paga, lo que sucede es que la telefonía fija subvenciona a la telefonía móvil, lo cual es relativo con las grandes empresas de telefonía fija y las de telefonía móvil, pero no es neutro para las cooperativas, que son operadores independientes, que sólo tienen telefonía fija. Entonces, de alguna manera habría que garantizar que los operadores independientes que deberían tener un renglón en esta ley no debieran pagarle a las telefonías móviles por terminar el tráfico generado en la infraestructura de los operadores independientes más de lo que los móviles le pagan a ellos por terminar el tráfico en la cooperativa. Lo cual es, como todos sabemos, cero. En realidad esta es una práctica bastante extendida en otros medios y no debiera pagar por esa terminación. De esa manera se terminaría con un pasivo bastante grave que tienen las cooperativas y que son una amenaza a su independencia y, por otro lado, se fortalecerían los operadores independientes, los hegemónicos que podrían ser el germen de una auténtica competencia en el mercado.

Se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Sra. Presidenta. – Tiene la palabra el doctor Henoch Aguiar. Sr. Aguiar. – Muchas gracias por la invitación.

Es fantástico que el Senado se esté abocando a los temas de la telefonía celular, sino poniendo las narices en esta cosa bastante poco tratada y tan importante que son los servicios de telecomunicaciones para el desarrollo del país.

Quisiera primero centrar de qué estamos hablando. Estamos hablando de la telefonía móvil celular. Como ustedes saben en los pliegos de las diferentes épocas tiene cuatro nombres diferentes –SRMC, PCS, STM, RCE– pero son denominaciones de lo mismo. Lo que conocemos como telefonía móvil es llamar y que otro lo atienda.

Ahora, esos no son los únicos servicios móviles. En la Argentina, desde el 2000 tenemos y nos adelantamos años a Colombia, que lo hizo en 2009, lo que se llama licencia única de comunicaciones. Todo prestador grande o chiquito tiene el mismo título habilitante. Esto es como la democracia ninguno es más ciudadano que otro, todos tenemos los mismos derechos. Un prestador chiquito que le brinda servicios a dos ciudadanos es igual de importante que el que le brinda a 10 millones. Lo que importan son los ciudadanos y como todos tenemos los mismos derechos quien representa nuestros derechos que es el prestador frente a la comunidad de las comunicaciones, debe estar en condiciones de disputar. No hay condes, marqueses y caballeros en telecomunicaciones. Todos tienen el mismo título. Y en esa licencia se dice específicamente que esa licencia habilita a la prestación de servicios fijos, móviles, con o sin infraestructura propia, nacionales o internacionales. Todo servicio puede ser móvil. Veníamos de una época en la que los servicios móviles se daban solamente sobre algunas frecuencias en la década del 90, se subastaban y sólo ahí se podían dar. Todo el campo podía ser arado pero sólo por allí pasaba el río del a tecnología que lo fertilizaba. Entonces, tener esas porcioncitas de espectro en los 90 era lo mismo que tenerlo todo porque el resto del espectro no se podía utilizar.

Hoy en día esto no es así. Puede haber muchas alternativas que competirían local o nacionalmente con la telefonía celular.

Todos ustedes, porque se conectan acá, están conectados a redes wi fi. Si instaló una red con una torres más alta y frecuencias específicas que no es la que se usan para las i-pad, etcétera que se llaman wi max, hay muchas frecuencias en el país que permiten desde una torre atender hasta 60 kilómetros a la redonda esenciales para brindar Internet y telefonía. Es


lo mismo, se han confundido, son todos datos. Es lo mismo, no hay diferencia entre telefonía, datos, voz o video, ahora son todos ceros y unos. Todo está digitalizado. Frecuencias para wi max hay en el país, están previstas, algunas han sido otorgadas y otras no. sobre todo en el interior del país hay lugares donde hay bandas de frecuencias que están ahí, son caminos de la comunicación que no están siendo utilizados y sería fantástico que se pudieran licitar porque en ese caso darían Internet y telefonía con un aparato móvil, obviamente, es una torre que puede dar 60 kilómetros, está en otra frecuencia, pero el principio es el mismo: frecuencia, torre. Esas torres podrían estar comunicadas entre sí y que un usuario pase de una torre a otra. Si fueran pequeños prestadores que lo acordaran, podrían hacerlo. Y no hay inconvenientes para que estos equipos de nuevas torres y nuevos servicios wi max puedan ofrecer roaming con la señal de celulares. Son servicios móviles y los títulos son iguales para todos. Quien tiene iguales títulos pueden exigir iguales derechos. Podríamos hacerlo.

En principio el Reglamento del Espectro dice que hay que licitar. Cada cual se presenta para pedir una frecuencia, se publica y si nadie la quiere se le da. Si usted encontró la manera de utilizar algo que nadie sabía cómo utilizar se la brindo por un precio base. Pero si hay un o cien empresas o personas que dicen que están interesados, después de la publicación en el Boletín Oficial en esa frecuencia, se debe llamar a concurso. No se puede llamar a concurso cada quince días, entonces está la norma que cuando se agrupan pedidos, se llama cada seis meses. Con lo cual deberíamos estar muy contentos porque muchos servicios wi max se deberían haber licitado. No es así. Hace más de diez años que no hay ninguna licitación en una década. Esto pasa por encima de los gobiernos y las políticas. En una década no ha habido una sola licitación de wi max los caminos del aire para generar nuevas movilidades y prestaciones de telefonía e Internet en el interior del país están cerrados. Es una alternativa fantástica que generaría una competencia brutal, pero no.

Cuando hablamos del título entre otras cosas dice que puede o no tener infraestructura propia, sin infraestructura propia hay muchos prestadores de telefonía en Europa. Son prestadores que no tienen red se llaman MDMOS, son operadores de redes virtuales. El Corte Inglés no tiene ni una sola torre pero puede alquilarle a un precio fijo a la Movistar de España la red y vende el servicio de celular con condiciones mejores, planes más lindos o atendiendo al usuario mejor, llamándolo para la fecha de su cumpleaños, dándole el sentido pésame cuando es el cumpleaños de la suegra y etcétera. En ese caso hay competencia en precios o en calidad de atención que a veces es tanto o más importante que la calidad técnica misma, que alguien nos escuche y nos atienda.

Entonces, en Europa hay muchos más prestadores que aquellos que tienen frecuencia. En Argentina me tocó firmar en el 2001 una frecuencia y por el 2004 le insinuaron que la resignara y lo que está sucediendo con las cooperativas es que son más operadores mayoristas del prestador personal pero no hay algo claro que diga alguien que quiera brindar el servicio de celular sobre infraestructura de terceros, que lo puede hacer siempre que las condiciones económicas sean coherentes y le permitan la competencia. Las demás frecuencias tampoco están licitadas.

Hay una cosa muy importante así como la senadora Morandini está conectada en este momento con su I-pad, mediante wi fi, también podría estar conectada con un celular 3G y podría hacer una llamada a París, por ejemplo, a través de su celular pero como ese aparato tiene datos, podría bajar el software de SKIPE, por ejemplo que es telefonía IP y la llamada le costaría cero pesos. Llegaría al otro lado del mundo sin pagar un centavo. Se puede pero no


está regulada la telefonía IP en la Argentina. La telefonía IP tiene, todavía mala calidad, algunos me han dicho que a veces, desde las centrales se degrada la telefonía IP cuando se la detecta en las redes de los dominantes, ha de ser una mentira aviesa pero yo repito lo que he escuchado, pero lo que quiero decir es que si se regula un nuevo fenómeno tecnológico que es la telefonía IP sobre fijo y móvil se habilitaría una prestación mucho más interesante. Hoy en día la telefonía IP sólo está regulada en Chile, en América Latina y muchos países de Europa, Asia y etcétera. En la Argentina no está regulada y no tiene la fuerza necesaria para tener derecho de ciudadanía. De eso no se habla y eso no se toca. Sucede, pero por afuera.

Entonces, tenemos frecuencia wi max, MBNO, otras frecuencias, telefonía IP, la verdad eso generaría muchas alternativas.

¿Por qué las asociaciones de usuarios tienen razón en todo lo que dicen? Porque el usuario es un esclavo, un usado de las telecomunicaciones porque no tiene alternativas.

Ahora bien, ¿qué es la telefonía celular? Es muchas cosas: la llamada de toda la vida con la que se inició el viejo ladrillo que nos ofrecía los minutos de voz disponibles; después, los SMS; en la actualidad, el acceso a la televisión digital terrestre; el Video On Demand; los datos; etcétera. Hay muchos servicios que, además, son evolutivos. Hoy en día se encuentran estos pero, de aquí a cinco años, lo que recibiremos en esa increíble computadora portátil que es el celular, puede ser mucho más.

Entonces, se plantea un problema en el caso de que se quisiera hacer un control de tarifas fijado en costos sobre un servicio determinado. ¿Qué servicio voy a determinar? ¿El que conozco? De aquí a seis meses quedará medio obsoleto. Además, ¿cómo evalúo esos costos?; ¿a precios históricos del dominante?; ¿a precios actuales de reposición del mercado?; ¿a precios eficientes de mercado que muchas veces no son los precios del mercado?; ¿a costos incrementales? Ustedes conocen las teorías económicas y las mil fórmulas para hacerlo. El único problema radica en que como, probablemente, es la tecnología más evolutiva de todas, cuando se fije: “Che, este tipo de servicio que logré definir es a tal precio…” Sé que la intención no es esa, pero en el fondo podrá resultar una gran noticia para el prestador, porque se habrá fijado un precio tope para un servicio determinado que en cuatro o seis meses puede ser más barato de prestar. Por lo cual, se pueden generar islotes de precios altos por la propia regulación, dado que el Estado no tiene la capacidad de seguirlos en forma permanente. En efecto, en la mayor parte de los mercados, si hay un único prestador de telefonía celular y no se produce una apertura a las telecomunicaciones, hay que controlar, es decir que habrá que ver precios y tarifas, etcétera. Sin embargo, por lo general, con la mano en el corazón, la mejor manera de controlar los precios y la atención a los clientes de las empresas de telecomunicaciones –en general y de éstas en particulares–, depende de tres políticas: primero, competencia; segundo, más competencia y, si fallan las dos primeras, más competencia todavía.

La verdad es que hay mucho por hacer y en una década se ha hecho poco y nada al respecto. Entonces, para el precio, competencia. Porque según el precio de hoy, aparece uno nuevo, unos megas más. Estoy ahí, justito. Además, Agustín Gordillo me hizo una seña de que esos minutos que no utilizó me los pasa, creo que hicimos un trueque. No, no, no, mentira. (Risas.) Sra. Presidenta. – Caplán lo hizo. (Risas.) Sr. Aguiar. – Ya sé, ya sé. Ah, los utilizó Caplán... No está bien. (Risas.)


Sra. Presidenta. – Casagne dice que pasa, pero era uno nada más. Sr. Aguiar. – Ahora bien, hay muchas maneras de promover una competencia que sea fantástica para el usuario y que lleve a las cuerdas a los actuales prestadores que están disfrutando de sus “condecías” en donde no hay nadie que haya tenido títulos para brindar servicios.

¿Por qué no hay competencia? Recién lo dijo muy rápidamente el doctor Caplán y es cierto: para obtener una licencia o un registro de telecomunicaciones –llenando todos los papeles como Dios manda y sin faltas de ortografía– se tarda de tres a cuatro años. Reitero, para sacar una licencia o un nuevo registro. Asimismo, se requerirán tres o cuatro años para que un prestador de Río Negro se fusione con uno de Neuquén u obtenga los permisos para la instalación de torres.

En este momento en el interior del país se dice, no se sabe, que debe haber aproximadamente mil prestadores como WiMAX, que están sobre licencias libres y que no tienen que licitar. Éstos están operando y no dijeron que están las torres. No tienen licencias, porque si las piden, no se las dan. Brindan servicios enganchados a una conectividad que ofrecen las telefónicas, por lo tanto, lo hacen sin crecer demasiado, ya que, quien crece demasiado, será castigado porque empieza a competir. Entonces, no hay licencias, no se otorgan licencias, y las que se dan tardan tres o cuatro años.

Además, si uno de los licenciatarios se quiere conectar con las grandes redes que lo rodean, es decir, las viejas de ENTEL, de Telefónica y de Telecom que han crecido, se generan los conflictos, porque el que está instalado dice: “Si querés subirte a mi red, pagá el doble”. Entonces, hay un derecho de peaje que no debería haber, porque existe un reglamento que dice dónde conectarse. No obstante, cuando hay conflicto, interviene la Secretaría de Comunicaciones y resuelve en veinte días. Pero sólo dos o tres temas han sido resueltos en los últimos ocho años. Repito, en ocho años se han resuelto dos o tres temas de interconexión. Nada más. Uno con las cooperativas y algún otro que había sido cortado. Todos los demás temas de interconexión, todos los conflictos con los dominantes, cero.

Este es el mundo deseado por los dos dominantes. Porque cuando le imponen un precio abusivo a un pequeño prestador, a un ISP, que quiere brindar telefonía e Internet en el interior del país –donde más hace falta– le cobran unas cifras exorbitantes y cuando éste se va a quejar a la Secretaría de Comunicaciones, le reciben el expediente, le ponen un sello y duermen la siesta encima. Con lo cual, los prestadores son como personas violadas enfrente de la Comisaría mientras el comisario toma mate en la entrada. Aunque más no sea, al ver que éste no hace nada, lo único que piden es que se las viole con cariño, pero nada más.

Lo que está sucediendo es patético y aunque lo dije con una broma, dista de serlo. Por lo tanto, no hay licitaciones de frecuencia, no se resuelven los conflictos de

interconexión y no se dan licencias. ¡Cómo va a surgir la competencia! ¡No se regulan los servicios nuevos! Entonces, ¿hay reglas o no las hay? Se ha hablado de tarifas. En efecto, el Decreto 764/2000, a través de su reglamento, establece que todos los prestadores, no sólo los de telefonía celular, pueden ser prestadores normales; con poder significativo, si tienen más del 25 por ciento de la facturación o de las líneas de un mercado nacional o regional; o con poder dominante.

Los prestadores con poder significativo y con poder dominante pueden tener una regulación tarifaria; no con techos tarifarios, pero sí para realizar un control con costos. Aún más, el punto 11.4 del Reglamento actualmente vigente declara: “La Autoridad de Aplicación


con criterio general no discriminatorio…” –esto no significa que para un prestador sí y para otro no, sino que es para todos los prestadores de un determinado tipo de servicio– “…podrá ajustar los servicios de los Prestadores a las pautas establecidas en el artículo 26 del Decreto N. 1185/90”, que es el que fija los costos. ¡Ya está!

– Un señor participante realiza manifestaciones fuera del alcance del

micrófono.

Sr. Aguiar. – ¡Ya sé! Ahí vamos. El problema es el siguiente: tenemos todas las reglas, están dichas; está la Ley de Defensa del Consumidor; hay un reglamento viejo –pero está– para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1997; y, además, hay principios generales que permitirían sacar otras reglas e ir mucho más allá, pero ¿qué hace en este sentido la Secretaría de Comunicaciones que es la autoridad regulatoria?

Normalmente, un regulador dictamina, en forma aproximada, trescientas resoluciones por año, ahora bien, fíjense en el Boletín Oficial de ayer, creo que llegamos a las noventa y cinco para el mes de septiembre –de a diez por mes–. Es decir que es paupérrima la actividad regulatoria y el ente de control no está ejerciendo la tarea que podría con las normas existentes. ¿Por qué? Porque está bajo el control político. ¿Qué dice la Unión Europea cuando habla de sus entes de telecomunicaciones? Hizo un análisis, un informe muy bueno de 2001; otro de 2006, y brindó recomendaciones en 2007. Ya más de la mitad, casi el 60 por ciento de los entes reguladores, no de la radiodifusión, sino de las telecomunicaciones y radiodifusión en la Unión Europea, son independientes del poder político. Por lo tanto, no dependen de un Ministerio y cuando reportan lo hacen ante el Parlamento. Puede ser que también reporten al Ministerio, pero su verdadero reporte, reitero, es ante el Parlamento y deciden autónomamente. Además, se ve que un ente de control no reporta cuando la alzada no va al ministro; en ese caso, hay dependencia política absoluta.

Esto ya está sucediendo en dieciséis países sobre veintisiete. Eran el 30 por ciento y ahora, reitero, más del 60 por ciento de los entes reguladores. Y ya terminamos. Sra. Presidenta. – Por una cuestión de equidad… Sr. Aguiar. – Es cierto, es cierto. La verdad, respetando infinitamente lo que ha sido planteado por esta Comisión, quiero manifestar que el teléfono celular es la rama, la movilidad es el árbol y las telecomunicaciones son el bosque. Si hiciéramos una CNC especial nada más que para la telefonía móvil, estaríamos considerando nada más que uno de los pedacitos del problema. Me parece que tenemos todas las normas. Yo celebraría terriblemente que surgiera una ley que dijera, en doce artículos: “Se crea la CNC como órgano independiente, con estabilidad…” y que aplique todas las normas existentes, desde un lugar de apertura.

Todos los que están aquí con excelentes intenciones, con las normas que hay, harían maravillas. Esas que permitirían que Andrada estuviera feliz con las cosas que podrían suceder, porque el poder está, pero no la voluntad. No importa las reglas del fútbol, sino el árbitro que las aplica. Acá el árbitro no tiene independencia y está solo. Entonces, hay que generar competencia en los precios y, para hacer ejercer las normas, es necesaria una autoridad de aplicación no sólo en telefonía celular sino en todas las telecomunicaciones, a las que buena falta les hace.

Muchas gracias. Sra. Presidenta. – Le hago una pregunta específica: ¿o sea que el servicio público no es necesario?


Sr. Aguiar. – El servicio público es un concepto general que se define por las reglas que lo determinan. Ya todas las reglas están y tenemos algunas que son tan específicas para la telefonía celular que permiten controlar costos, tarifas, información, etcétera, como si se tratara de un servicio público.

Reitero, aunque no está dicho que es un servicio público, en definitiva, la reglamentación posee unas normas que lo controlan como si lo fuera. Es casi un tema formal. Lo que importa es encontrar a alguien que haga cumplir esas normas. Sra. Presidenta. – Como han visto, hemos querido invitar a expertos con distintas posiciones para mostrar la voluntad que tenemos de entender los diferentes puntos de vista. Entre los usuarios también buscamos a quienes estuvieran a favor de lo que ocurre ahora y que no tuvieran quejas, pero no los encontramos. Hasta aquí han hablado los expertos, a continuación, disertarán los expertos de los usuarios. Pero quiero dejar en claro que estamos analizando el proyecto con amplitud a fin de encontrar el marco regulatorio apropiado.

Como dije antes, hemos convocado a los operadores de telefonía y también a los funcionarios, que esperemos que en una próxima reunión vengan. Ahora vamos a seguir con los representantes de los usuarios que se encuentran presentes. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Claudio Daniel Boada que pertenece a la Unión de Usuarios y Consumidores. Sr. Boada. – Yo voy a reducir al mínimo mi exposición para no repetir conceptos ya presentados y también para dar lugar a otros compañeros de las diferentes organizaciones y al subsecretario de Servicios Públicos de La Plata. Deseo plantearles cuatro o cinco puntos: en primer lugar, sobre el marco regulatorio que prevé la actividad como un servicio público. No nos conforma que se declare de “interés público”, simplemente, porque es un tema en el que tenemos experiencia con lo sucedido en el GLP, en el gas, y, de una declaración de este tipo, no se han creado los beneficios esperados por la sociedad y los usuarios.

Nosotros sostenemos que se deben dar todas las condiciones y que debe ser declarado “servicio público” y no de “interés público”.

Luego, en relación con la definición de “telefonía celular”, a nosotros nos conforma más la de “telefonía móvil”. En este momento, la telefonía celular tiene distintos canales o vías tecnológicas, entonces, deseamos que se caracterice como telefonía móvil aquella que se encuentra en contraposición a la fija, o básica, sin importar el canal por el cual camina: por antena, por Internet o por la forma tecnológica que aparezca.

En segundo término, sobre la regulación de las tarifas, que claramente tiene que estar, entendemos que ambos proyectos, tanto el del señor senador Giustiniani como el de la señora senadora Osuna –su iniciativa no lo dice específicamente pero está en el espíritu de la misma– tienen que presentar una regulación clara y tarifaria, basada en una estructura de costos y en una ganancia razonable de la empresa.

Asimismo, sostenemos que se tiene que realizar una audiencia pública. En esto creo interpretar las manifestaciones del doctor Polino de hace un rato, ya que cuando habló de las audiencias públicas y de la burla a éstas, no lo hizo para suprimirlas sino simplemente para que sean, no cualquier cosa, sino un genuino espacio de intervención y de participación de todos los actores.

Creo que te entiendo. Eso no quiere decir que al estar degradada la saquemos sino que


reforcemos su valor. Por otro lado, hay una necesidad clara de que haya una regulación tarifaria y que ésta

se realice por ley; que haya una declaración de servicio público y que también sea por ley, aunque en este momento contemos con una serie de reglamentaciones y algunas leyes que se encuentran dispersas. Ya que, de todo lo que hemos charlado, vemos que las que están no tienen efectividad como tal. Entonces, démosle el carácter de ley, a fin de que tengan un valor jurídico mucho más importante por sobre las reglamentaciones o resoluciones de los órganos de control.

El otro tema que quería reforzar es el de las asociaciones. De paso, les comento que no hace tanto tiempo hemos conformado una Comisión de Usuarios en el ámbito de la CNC. En este momento trabajamos veinticinco asociaciones. Todas pensamos en forma coherente que se necesitan pautas que permitan una sana competencia; es decir, mucha más competencia que la actual, para que se amplíen otros actores. Eso también va a provocar una mejoría en las pautas del mercado, en la calidad de las prestaciones y en los precios. Por supuesto, además de la aplicación de la ley Nº 24.240 en todo lo que hace a contratos, información veraz, atención personalizada y portabilidad numérica.

Para sintetizar, porque no quiero utilizar más tiempo, creo que nosotros venimos de años de una etapa asignada por la desaparición del Estado, y tenemos que tener una tendencia –y esto se está viendo en todas las cosas– hacia un Estado más presente y un mejor mercado. En efecto, a eso tiene que tender esta legislación. Muchas gracias. Sra. Presidenta. – A continuación, tiene la palabra el doctor Daoud. Sr. Daoud. – Muchas gracias. En realidad fui invitado por el presidente de la Asociación a la que pertenezco y me pareció interesante sumar la realidad municipal de la provincia de Buenos Aires. Si bien soy subsecretario de Servicios Públicos y Relaciones de Consumo de la Municipalidad de la Ciudad de La Plata, conformamos, con noventa y un municipios de la provincia y la Dirección Provincial de Comercio, el Consejo Provincial del Consumo, representado por las autoridades locales de Defensa del Consumidor de cada uno de los municipios. La verdad es que celebramos que exista la posibilidad de discutir una regulación del servicio y, sin entrar en la discusión del servicio público o de la declaración de interés, nos parece que es importante hablar de la realidad del usuario. Asimismo, considero importante todo aquello que se encuentra relacionado con el órgano de control: cómo lo definimos, si tiene que ser el que está, si tiene que ser uno nuevo. Y, más allá de compartir ideas con algunos expositores, deseo mencionar algo que aún no se ha dicho: la telefonía móvil es una evolución de la telefonía fija, con lo cual, de alguna manera, estamos hablando de una misma actividad evolutiva que podría seguir evolucionando, por consiguiente, tendría asidero la posición que sostiene un órgano de control o un ente regulador único. No obstante, también tenemos que poner la mirada en aquello que ha elegido el usuario de la telefonía móvil o de los servicios en general.

Recientemente, en La Plata, provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaba la última reunión del Consejo Provincial del Consumo, se tocó el tema de la telefonía móvil y esto generó una preocupación alarmante para todos los municipios. Solamente en la ciudad de La Plata, en 2010, se realizaron 560 audiencias de conciliación con las empresas de telefonía móvil. Uno dirá: “¡Qué cantidad en proporción a otras!”, ya que sólo los servicios públicos de energía eléctrica, agua, telefonía fija, transporte y cloaca emplearon 197 audiencias. En


efecto 560 audiencias fueron para tres empresas de telefonía móvil y 197 para los servicios públicos en general. Además, hubo otras 2000 audiencias distribuidas entre 25 rubros de otro tipo de empresas que no viene al caso establecer. Por lo tanto, el porcentaje correspondiente a la telefonía móvil es de un 25 y 30 por ciento.

Entonces, la pregunta que siempre nos hacemos cuando nos reunimos con los compañeros de otros municipios es: hasta dónde una estructura municipal puede seguir estirándose para atender las necesidades de un servicio como el de la telefonía que no tiene regulación y evidentemente está cada vez más voraz en querer o pretender tener usuarios, sin saber si puede tener señal, sin saber si puede brindar un servicio, sin saber si puede dar información.

Obviamente que las dificultades sobre el diagnóstico o el diagnóstico que se ha hecho sobre el servicio lo compartimos. Pero me parece que también tenemos que ver cómo solucionar esto. El usuario, de alguna manera, con las deficiencias propias de cada lugar –por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en muchos de los municipios, aunque no voy a decir que los noventa y uno funcionan de la misma manera– ha elegido un lugar que le da inmediatez y cercanía con el tema del control y con el de las empresas en general, es decir, las oficinas de Defensa del Consumidor de cada uno de los municipios.

Entonces, cuando vemos que las tasas –como mencionaba el doctor Caplán– con las que se sostienen los organismos de control están tan lejos de la posibilidad de controlar realmente y de atender al usuario, consideramos que una de las dos iniciativas tendría que tener alguna mención sobre el fortalecimiento de los municipios. Da dado que la autonomía municipal no se fortalece solamente desde la palabra –y todos lo sabemos–, sino también desde los recursos.

Con lo cual, nosotros queremos hacer nuestro aporte desde ahí, es decir, buscar una participación real del municipio, del organismo de control, o del organismo de Defensa del Consumidor municipal. Sin entrar en detalles en si el organismo de control ha funcionado bien o mal, porque en realidad los organismos de control se crean, se instalan en la Capital Federal o en la ciudad de La Plata –y afortunadamente nosotros los tenemos a todos o a sus delegaciones– pero en Carmen de Patagones… En Trenque Lauquen una sola empresa tuvo 216 denuncias en lo que va del año. Este es un informe que vamos a acompañar y a dejar. Reitero, de una sola empresa, 216 denuncias en una población promedio de la provincia de Buenos Aires que hace que una estructura municipal tenga que abocar sus recursos a esa instancia. Por otra parte, entiendo que la decisión municipal debe ser celebrada, porque de otra forma el vecino quedaría totalmente desamparado y no habría posibilidad de mediar o de solucionar el conflicto que pudiese tener.

Como ejemplo presento al municipio de Trenque Lauquen y no al de La Plata porque me parece que éste es un municipio promedio de la provincia y quiero resaltar que la cifra 216 hace referencia a las denuncias. Lo planteo porque a veces se vulgariza la información en cuanto a un reclamo, ya que los reclamos los hacemos ante las empresas de servicio público. Es decir que, para ver si nos dan una solución, éstos se hacen previos a la denuncia. Sin embargo, esta cifra corresponde a denuncias, a un usuario que denuncia una violación… Sra. Presidenta. – El tiempo ha culminado, ya que era compartido. Sr. Daoud. – Señora Presidenta: muchas gracias. Sra. Presidenta. – Redondee su idea. Sr. Daoud. – Quisiera manifestar que tenemos que tener una visión sobre el control en la que


podamos incluir a los municipios o a la autoridad de aplicación local. Muchas gracias. Sra. Presidenta. – A continuación, tiene la palabra el señor Sobrino.

Le pido brevedad. Sr. Sobrino. – Deseo agradecer la invitación, pero más que nada voy a expresar dos cositas, porque ya hemos presentado un trabajo.

En primer lugar, qué entendemos nosotros por “precio razonable”. Con el tema de la garrafa también se decía “precio razonable”, pero nos preguntamos: ¿Razonable para quién? ¿Para la empresa, para el usuario, o para quién? Porque, como manifestó Boada, el precio razonable que figuró en el tema de las garrafas, hasta último momento, se trató de “servicio público”, pero algún pícaro cambió los términos y puso “interés público”. Y resulta que el costo de la garrafa es seis veces superior al costo del gas en línea. Y así nos va.

Nosotros hablamos desde el lado del usuario. Estamos satisfechos por la invitación pero, al mismo tiempo, quisiéramos que esto que hoy empieza no se paralice. Por ese motivo, las asociaciones nos ofrecemos –y creo que vamos a estar todas de acuerdo– a intervenir con la gente que ustedes dispongan para seguir el tema.

Porque nos pasa lo siguiente: hoy se habló de las audiencias públicas, y ustedes habrán visto que en los diarios ya se refleja la tarifa que van a tener los taxis en noviembre. Ahora bien, la audiencia pública la tendremos el 21 de octubre. Resulta que es un mamotreto así, pero nunca nos citan antes, sino que lo hacen sobre el momento, nos dan cinco minutos y en ese tiempo tenemos que decir qué pasa.

Nosotros fuimos ya a varias audiencias públicas. Por ejemplo, sobre el tema de la luz, ya he participado en más de sesenta. Pero como no son vinculantes –y deben seguir siendo así– ¿qué pasa? Todos los que estamos allí –que somos pocos– estamos en contra del aumento, pero resulta que ese aumento ha sido aceptado de antemano.

De todas maneras, la audiencia pública tiene que existir porque es la forma que nos permite explayarnos, pero tiene que modificarse. ¿Cómo? Ustedes tendrán que estudiarlo, y ver de qué manera puede resultar positiva. Hoy el señor dijo que la audiencia pública podía ser tomada por una mayoría –manifestó algo así– y yo digo que por más que haya una mayoría o una minoría, al no ser vinculante, los señores que finalmente deciden ya tienen autorizados los aumentos.

Para finalizar, creo que hay un consenso total en que debe tratarse de un servicio público. No obstante, deseo expresar otra cosa más: se debe cumplir con la ley y todos los entes reguladores deben ser elegidos; no a dedo como en la actualidad –además, hay otros que están intervenidos desde hace tiempo–. Entonces queremos que se cumpla la norma y que en cada ente regulador esté representado el usuario.

Nosotros, ¿qué recibimos del ente regulador? Una información que, como se dice vulgarmente, ya está en la cocina. Está todo cocinado y resuelto. No es que nos dicen vamos a tratar tal tema o queremos saber qué piensan ustedes. Nos lo dan resuelto.

En cuanto a los reclamos, hoy se habló acá sobre la Secretaría de Comunicaciones. En este sentido, nuestra Asociación presentó un reclamo muy importante de la zona de Quilmes, donde se presta un servicio de celulares que no llega a cubrir el 50 por ciento de la comunicación. ¿Por qué? Porque hay problemas con las antenas y una serie de cosas más. Nosotros hemos hecho una presentación ante la CNC, que durmió cuatro meses, y cuando quisimos ver qué sucedía con ella, pasó a la Secretaría de Telecomunicaciones, en Tucumán 744, y cuando fuimos a hacer el trámite nos dijeron: “No; ya está archivado”. Entonces, ¿qué


hacemos los usuarios cuando no tenemos esa respuesta de quien tiene que darla? Vuelvo a felicitarlos, porque no son muchas las oportunidades en las que somos

invitados a este tipo de reuniones y la verdad es que son necesarias. Termino diciendo que ofrecemos nuestra ayuda ––y creo que las asociaciones van a estar de acuerdo en ello– para que cuando se siga este tratamiento, podamos colaborar –no en cinco minutos– trayendo la palabra del usuario. Porque las asociaciones estamos cerca del usuario, pero resulta que desde el usuario llegar a las empresas o a los entes, cuesta mucho. Gracias. Sra. Presidenta. – Muchísimas gracias. Aquí el doctor quiere hacer una acotación. Sr. Caplán. – Quisiera hacer una acotación sobre la base de lo que dijo Henoch. No sé si lo voy a malinterpretar, si lo voy interpretar bien o si lo complementaré. Él me dirá si desautorizo su pensamiento o no, de cualquier manera, diré lo que pienso. ¿A qué voy? Servicio público, competencia y tarifa. Tres conceptos. A veces ligados, a veces enemistados; hay que analizarlo. No siempre es como el prejuicio indica. ¿Cuál es el prejuicio? Hace falta servicio público; cuando no hay competencia, hay monopolio. La competencia es imperfecta cuando se trata de un servicio que tiende a satisfacer una necesidad general y, cuando hay servicio público, debiera haber tarifa. Eso, en la realidad, no se da siempre.

En materia de telefonía, los pliegos de privatizaciones de ENTEL, dicen claramente que son servicios públicos, dicen claramente que habrá regulación tarifaria hasta tanto haya libre competencia y, cuando haya libre competencia, será ésta la que fije los precios. Entonces, la autoridad de contralor, que debe controlar cuáles son los costos y cuál es la tarifa, lo que pasaría a controlar es que la competencia sea transparente, que no haya acuerdos.

La idea que está detrás de esto es que la competencia por sí sola –que es una idea económica que se puede suscribir o no, pero es la que está detrás del pliego y creo que también Henoch apuntaba a ello– trae como resultado un abaratamiento de los servicios, y un mejoramiento de los servicios, porque las empresas están compitiendo entre sí para ganar el favor de los usuarios. Es decir, puede haber servicio público en una empresa monopólica, puede haber servicio público con un servicio que no sea monopólico, puede haber servicio público con tarifas, y puede haber servicio público con precios.

Según se dijo desde el comienzo de las privatizaciones y en los pliegos de ENTEL figura también que el objetivo de las telecomunicaciones era generar la competencia. Se manifestó claramente que iba a haber tarifas mientras no hubiera competencia. Porque cuando no hay competencia, si no hay tarifa, se pone al lobo a cuidar a las gallinas sin ningún tipo de protección. Es decir que la tarifa es un remedio ante la falta de competencia y no hay una contradicción conceptual entre tarifa y competencia. Sino que la tarifa es una necesidad ante la falta de competencia y más que necesidad es una obligación de nuestro sistema constitucional, de las autoridades –que incluye también la legislativa– de proteger a los usuarios frente a los monopolios naturales y legales como lo declara la Constitución Nacional a través de su artículo 42.

Entonces, voy a esto, “telefonía celular”: hoy, no hay competencia. Aquí hubo acuerdo unánime. Si no hay competencia, tiene que haber tarifa. La discusión de si “precio” en lugar de “tarifa” y “libertad de precio” habrá que darla cuando realmente exista competencia. Por el momento, la ley tiene que crear las condiciones para que pueda existir esa competencia. Y la discusión sobre si es necesario que no haya tarifas sólo se la puede dar cuando deje de haber


competencia o, eventualmente, se puede prever legislativamente –como se hizo con los pliegos de las privatizaciones de ENTEL– que habrá tarifa hasta tanto haya competencia efectiva. Pero lo que no puede suceder nunca es “no haber tarifa esperando la competencia”, porque en el camino lo que hay es abuso de los prestadores monopólicos u oligopólicos de los usuarios.

Creo que Henoch apunta también a eso. Después me dirá si lo malinterpreto o si lo traduzco como traidor y no como traductor, que tienen la misma etimología. Él dice que la mejor solución es la competencia. Porque con la competencia las empresas van a brindar el mejor servicio al más bajo costo. ¿Para qué? Para tener la mayor cantidad de clientes posibles y la mayor utilidad posible. Es la lógica del sistema que es correcta. Pero “mientras tanto”, cabe preguntarse; porque estamos viviendo el “mientras tanto” y la vida es un “mientras tanto”. Mientras tanto, mientras no hay competencia, ¿qué hacemos? Es inevitable la tarifa. Y creo que en este punto –y te consulto– Henoch también estará de acuerdo.

Sin competencia es rol indelegable del Estado hacer un control adecuado o fijar tarifas, o controlar los precios. Lo cual no obtura la competencia, porque la tarifa es máxima, pueden compartir las empresas hacia debajo de la tarifa ofreciendo mejores condiciones o mejores servicios.

Vos, Henoch, desmentime si se traicioné en la traducción. Sra. Presidenta. – Brevemente, porque tenemos a un representante más que escuchar. Sr. Aguiar. – Muy brevemente. Legislación europea. Las tarifas de roaming, cuando por ejemplo un francés está en Austria, las tarifas de roaming, en principio, son libres. Sin embargo, la Unión Europea ha iniciado un proceso de diálogo con todos los operadores y todas las administraciones para ir bajando las tarifas de roaming para que se trate de un mismo espacio móvil para toda la Unión Europea.

Cuando se dan condiciones de generalidad y universalidad aplicando las reglas que tenemos –el puntito este del Reglamento de Licencias– aunque haya competencia, aún en caso de competencia, también se puede orientar. Con lo cual, estamos de acuerdo, se podría orientar. Lo único que digo como warning, como atención, es que tenemos que considerar ¿cuál es la causa y cuál el efecto? Si hay tres, que vienen siendo los tres, que antes eran cuatro y medio, ahora son tres y medio, se ha ido achicando, ¿cuál es el mandato que tienen los pliegos? Estos deben permitir mayor competencia.

Este pliego que se va a licitar ahora, va a permitir la misma… Les da a los mismos que están, es decir que no entrará ninguno nuevo. Entonces, sí efectivamente hay que legislar para el “ende mientras”, como dicen los del campo. Pero, es muy grave ver que en casi una década no hemos tenido nuevas aperturas y esto se debe a que está cerrado el grifo. Estamos violando, no en el derecho, sino en el hecho, la ley 25.000 y la obligación de apertura de las telecomunicaciones.

Entonces, sí, lo hacemos tarifario. Pero consideremos que las tarifas que se establezcan rápidamente quedarán demodé. Por más barato que fuera el precio de una Commodore 128 ¿se acuerdan? Hoy en día resultaría excesivo, porque la tecnología va para abajo. Entonces, lo que uno establezca es una aspirina. El remedio profundo, el diagnóstico profundo, el que obliga a bajar, surge cuando no hay más barreras tecnologías, administrativas, y todo aquel que tiene una buena idea desafía las inversiones pesadas de los otros que las quieren amortizar con nuevas ideas y nuevas tecnologías que empujan para


abajo. Por consiguiente, estoy de acuerdo pero me parece que lo de las tarifas es una aspirina y la solución de fondo es abrir un mercado fuente a la inventiva, a la creación y a los nuevos modos de brindar servicios, que es lo que lo que les van a hacer hociquear.

Si fuera prestador y alguien me va a controlar las tarifas, más con otras administraciones, pensaría: “en algún momento lo vamos a hablar”. Pero si a un prestador le dicen: “¿Qué preferís que no se haga esto de la competencia y que te regulen tarifas?” Creo que decide eso, porque en definitiva, siempre se queda y alguna vía encontrará. Podemos decir mil. En cambio, si le dicen “va a haber competencia de verdad”, el pánico es terrible. ¡Generemos el pánico! Sra. Presidenta. – A continuación le daremos la palabra al señor Fortuna, que vino en representación de las veinticinco asociaciones que integran la Comisión de Usuarios del Servicio de Telecomunicaciones. Sr. Fortuna. – En términos generales, no voy a ser redundante en los conceptos. En primer lugar, hemos coincidido por primera vez por unanimidad todas las asociaciones de consumidores que estamos en la Comisión de Usuarios del Servicio de Telecomunicaciones, que se creó recientemente en la CNC, en la necesidad de que se aprueben estos proyectos de ley. Se pueden aportar modificaciones como en el tema del marco regulatorio y las tarifas. Recién escuché decir acá que cuánto más competencia hay es mejor y los precios bajan. Sí, pero no es suficiente. Haciendo referencia a lo que decía él, creo que este sistema es oligopólico. Pero, el de la medicina prepaga no era oligopólico. Era un mercado súper competitivo y vivíamos padeciendo los aumentos. Es mentira que es por una sola cosa. Adhiero a lo que dice Ariel, las dos cosas: competencia y control. En los siete años que estuve como director de Defensa del Consumidor –y lamento que se haya retirado el doctor Gordillo, quien escribió un artículo de la ley y lo podría decir él–, las cabezas de todos los reclamos, el top 5 era: telefonía celular, en primer lugar; medicina prepaga, en segundo lugar –todo lo que no estaba regulado– y después venía Garbarino y los otros. Pero los grandes bienes de consumo que no estaban regulados encabezaban el top 5. Estaban todos. Y con las prepagas no podemos decir que se tratara de un oligopolio. Había 150 prepagas. Después se cartelizaban y subían todas. Y cuando uno hacía reuniones con las cámaras, venían todas con el mismo argumento. Yo voy a subir el 15 por ciento. Yo voy a subir el 20 por ciento. Se cartelizaban. Es más, ya se lo había dicho a Belocopitt que, cuando iban a regular, dijo que iba a fundir, que se iba a poner de herrero. Mentira, compra cada vez más prepagas. Yo no me voy a meter en el negocio de ellos. Pero, nosotros tenemos que defender los derechos de los consumidores. En la Ciudad de Buenos Aires, teníamos 10 mil reclamos por años. No sé cómo será ahora, porque somos muy críticos de la gestión actual. En ese momento, el 50 por ciento de los reclamos se los llevaban prepagas, telefonía celular y algún otro rubro. Me parece que al no tener control… Habría que hacer un organismo de control adecuado. Adhiero a lo mencionado respecto a buscar la vuelta en relación a las nuevas tecnologías que se achican. Acuérdense cómo fue cuando aparecieron los ladrillos. ¿Qué hacían las empresas de telefonía celular? Había que crear el mercado, entonces, valían una fortuna. Un ladrillo no lo tenía cualquiera. Te daba un estatus superior. Y, hoy, tener un celular no te da ningún estatus. Entonces, empiezan las nuevas tecnologías para dar estatus.


Otro tema es el de la inseguridad. Hoy, vas a comprar cien gramos de fiambre y te dan un celular que no sabés de dónde salió. Las promociones de las empresas. Vas a Garbarino y te da… Parece que le hago lobby a Garbarino. Me parece una cosa ilógica. En las ferias de artesanías, te venden celulares. Estamos todos de acuerdo con que hay fallas en los controles. Pero, me parece que si no hay un marco que regule… Cuando estaba Henoch, una vez lo fuimos a ver en el edificio del Correo, que fue cuando pedíamos que abrieran las empresas de telefonía fija las zonas de reclamos. Estamos al día de hoy y sigue habiendo una oficina en Bartolomé Mitre y Uruguay para Telefónica y en Las Heras y Austria para Telecom. Y no tenemos posibilidad de reclamo. Si reclamás, te atiende una colombiana que no sabe ni de donde le estás hablando en un call center. Me parece que es un desmadre. Todo esto lleva agua para un solo molino. No estoy en contra de que las empresas tengan rentabilidad y ganen, pero también que haya reglas de juego que beneficien a los consumidores y no que los consumidores sean cautivos y presos del maltrato. No sé hasta dónde llega la autoridad de la CNC. Pero, nosotros como autoridad por la Ley N° 24.240, le pedíamos los contratos a las empresas y eran reticentes a entregarnos los contratos. Nos decían: “ustedes, ¿quiénes son?”. “La autoridad de aplicación”.

Es verdad que no alcanza con tener el organismo, si no hay alguien que tenga la voluntad política de ejercerlo. Pero, me parece que hay que crear el organismo, el marco regulatorio y un mecanismo. Las asociaciones de consumidores podemos aportar, modestamente, desde nuestro lugar, la experiencia para poder formular una ley que salga de la mejor manera posible, no en detrimento de las empresas, pero sí en beneficio de los consumidores que representan la zona más vulnerable en la relación de consumo. Sra. Presidenta. – Muchísimas gracias a todos y todas las presentes. Este es un tema importante. Sr. Polino. – Quiero plantear el tema de los daños que podría provocar a la salud el uso de la telefonía celular. En el año 1999, presenté un pedido de informes a la Cámara de Diputados sobre las radiaciones electromagnéticas que generan la telefonía celular y el Ministerio de Salud de la Nación contesta en el año 2000. Dice algunas cosas. Quiero tomar tres nada más, porque si no voy a demorar mucho. Dice que efectivamente los aparatos de telefonía celular móvil y particularmente las torres y radiobases de emisión son fuentes de radiación electromagnética, no ionizante, de radiofrecuencia y microondas que contribuyen en mayor o menor medida, en cada caso particular, a la denominada contaminación electromagnética; que efectivamente la radiación de microondas así como la radiofrecuencia producen vibración molecular, en particular de las moléculas de agua y el consecuente incremento de temperatura del medio biológico en forma proporcional a la densidad de potencia a la que se haya expuesto el cuerpo, en contestación a los puntos 2 y 11. Con relación a los diferentes efectos sobre el metabolismo, producidos por los fenómenos térmicos, eléctricos y la resonancia por incidencia de radiofrecuencias y/o microondas sobre los seres vivos y, en particular, el ser humano, se adjunta copia del capítulo correspondiente al tema, que forma parte del manual de estándares para la reposición radiomagnética comprendida, etcétera, etcétera y podría continuar. Y adjuntan un trabajo hecho por especialistas sobre la influencia que produce el uso


de la telefonía celular. He visto, ya hace muchos años, que en determinados países europeos, cuando vendían

un teléfono celular, dentro de la caja había un prospecto que indicaba, cuando los teléfonos celulares tenían antena, de qué manera había que ponerlos sobre el oído: de manera perpendicular, no paralelo. Por ejemplo, le indicaban al consumidor… Sra. Presidenta. – La verdad es que no tenemos tiempo para meternos en este tema que deberíamos analizar. Sr. Polino. – Pero, me parece que en la ley habría que establecer la obligación de las empresas a informar a los usuarios. Si bien las investigaciones no arrojan conclusiones terminantes, lo cierto es que el uso de la telefonía celular no es inocuo. Produce daños a la salud, dependiendo de la edad de quien lo use y sus condiciones físicas y de cómo y en qué lugar se lo use. No es lo mismo usarlo a nivel de tierra que de manera subterránea y alegremente veo que la gente está en un subterráneo, en un viaje de 20 minutos, hablando con un teléfono celular, sin tener conciencia del daño que se le está generando a la salud. Me parece que en el proyecto de ley tendría que existir la obligación de las empresas a informar a los usuarios sobre este tema particular. Sra. Presidenta. – Es una buena recomendación.

Asimismo, deseo manifestarles que es un avance que estemos tratando estos dos proyectos. Pero, como hemos visto, considerando la política que ha seguido el gobierno en los últimos años, no ha habido una voluntad de regular y controlar, ni siquiera utilizando la legislación existente. Así que, necesitamos su apoyo para hablar con los distintos señores senadores y diputados, como también para hacerlo con el gobierno y con la opinión pública, para que este tema, que los ciudadanos padecen día a día, cuente pronto con una regulación adecuada. La verdad es que necesitamos trabajar, muy intensamente, entre todos.

Muchísimas gracias y vamos a tener otra reunión más. Sin otros temas por tratar, damos por finalizado el plenario de comisiones.

– Son las 11 y 55.

Date post:	12-Mar-2020
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