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______________ SESIÓN Nº 096-2012 9 de febrero del 2012

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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA

Nº 096-2012

9 DE FEBRERO DEL 2012 Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las ocho horas con treinta y tres minutos del nueve de febrero del dos mil doce. Presentes los señores diputados Juan Carlos Mendoza García, Presidente; Patricia Pérez Hegg, Vicepresidenta; José Roberto Rodríguez Quesada, Primer Secretario; Martín Monestel Contreras, Segundo Secretario; Gloria Bejarano Almada, Primera Prosecretaria y José Joaquín Porras Contreras, Segundo Prosecretario. Asimismo estuvieron presentes los señores Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo y Carlos Guillermo Mora Mora, Auditor Interno. El diputado José Roberto Rodríguez Quesada, Primer Secretario dirige la

sesión del Directorio, hasta que se incorpora el señor Presidente. ARTÍCULO 1.- El legislador Rodríguez Quesada solicita a los presentes indicar si hay

aclaraciones a las actas anteriores. El señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo manifiesta que hay un error material en el artículo 5 de la sesión Nº 094-2012, cuando se da la aprobación de las actas anteriores, pues se indica “…se aprueban las actas de las sesiones Nº 082-2011 y Nº 083-2011”, cuando lo correcto es que sean las actas de las sesiones Nº 092-2012 y 093-2012.

Se aprueba realizar dicha modificación y dado que el señor Presidente tiene otras aclaraciones al acta anterior, se pospone su aprobación para otro momento de esta misma sesión.

ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 499, con fecha 3 de febrero del 2012,

suscrito por el diputado Luis Fishman Zonzinski y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar al señor Mauricio Umaña Zúñiga, cédula Nº 1-657-263, en el puesto No. 019157 de Profesional 2B, en sustitución del señor Nelson Garita Vargas, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 1 al 29 de febrero del 2012.

El señor Umaña Zúñiga estará destacado en el despacho de la diputada

Gloria Bejarano Almada. SE ACUERDA: Por la vía de la excepción y dado que el código se

encuentra trasladado temporalmente en el despacho de la diputada Gloria Bejarano Almada, nombrar al señor Mauricio Umaña Zúñiga,


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cédula 1-657-263, en el puesto No. 019157 de Profesional 2B, en sustitución del señor Nelson Garita Vargas, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 1 al 29 de febrero del 2012.

El señor Umaña Zúñiga estará destacado en el despacho de la

diputada Gloria Bejarano Almada. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 3.- La diputada Gloria Bejarano Almada, Primera Prosecretaria, solicita al

Directorio Legislativo reconsiderar la incorporación de la atinencia de Historia, ya que de otra manera, la señora Alejandra Volio Pacheco, después de laborar durante seis años para la Institución, quedaría fuera de los concursos. Le parece injusto que esto suceda, cuando su trabajo podría ser dar seguimiento a todos los documentos históricos que tiene la Institución. Por su parte la señora Leda Zamora Chaves, coordinadora de la Comisión Institucional de Concurso Interno, indica que el tema de la atinencia en Historia ha generado algunos recursos. En este caso específico se está haciendo una modificación, pues se aceptó parcialmente el recurso de revocatoria presentado y se va a incluir la atinencia de Historia para algunos de los puestos del área de Comisiones Legislativas, pero no así para el puesto que está ubicado en Servicios Técnicos, cuyo perfil pertenece a las Ciencias Económicas, dado que corresponde al grupo de funcionarios que hace estudios económicos en Servicios Técnicos; pero en el área de Comisiones, donde hay una amplia variedad de atinencias, sí se va a incluir y con eso se estaría abriendo la posibilidad de que la señora Volio Pacheco pueda participar. Solicita que este tema se posponga momentáneamente y se conozca en esta misma sesión, pero más adelante.

ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 493, con fecha 30 de enero del 2012,

suscrito por diputado Luis Fishman Zonzinski y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, respectivamente, mediante el cual solicitan realizar los siguientes movimientos de personal:

Cesar el nombramiento del señor Carlos Luis Herrera Calderón, cédula Nº 1-561-789, en el puesto No. 011642 de Asistente de Fracción Política 1, a partir del 15 de febrero del 2012.

Nombrar a la señora Marta Eva Solano Ugalde, cédula Nº 3-241-181, en el puesto 011642 de Asistente de Fracción Política 1, a partir del 15 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014.

La señora Solano Ugalde estará destacada en el despacho del diputado Luis Alberto Rojas Valerio.

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Nota: Por tratarse de un puesto del área de fracción política, el cual viene debidamente avalado por el Jefe de Fracción, el Director Ejecutivo recomienda su tramitación. SE ACUERDA:

Cesar el nombramiento del señor Carlos Luis Herrera Calderón, cédula 1-561-789, en el puesto No. 011642 de Asistente de Fracción Política 1. Rige a partir del 15 de febrero del 2012.

Nombrar a la señora Marta Eva Solano Ugalde, cédula 3-241-181, en el puesto 011642 de Asistente de Fracción Política 1. Rige a partir del 15 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014.

La señora Solano Ugalde estará destacada en el despacho del diputado Luis Alberto Rojas Valerio. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 5.- Se conoce oficio D.A. FPLN-208-11, con fecha 1 de febrero del 2012,

suscrito por el diputado Luis Gerardo Villanueva Monge y el señor Alberto Trejos Jiménez, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del Partido Liberación Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan realizar los siguientes movimientos de personal: 1. Cesar el nombramiento del señor Bernal Bolaños Quesada, cédula

2-286-760, en el puesto No. 055083 de Asesor Especializado A. Rige a partir del 31 de enero del 2012.

2. Nombrar al señor Bernal Bolaños Quesada, cédula 2-286-760, en el puesto No. 048144 de Asesor Especializado BR. Rige a partir del 1 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014.

3. Nombrar al señor Rodrigo Alonso Fonseca, cédula 2-457-323, en el puesto No. 055803 de Asesor Especializado AR. Rige a partir del 1 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014.

Ambos funcionarios estarán destacados en el despacho de la diputada María Julia Fonseca Solano.

________________________ Nota: Por tratarse de puestos del área de fracción política, los cuales vienen debidamente avalados por el Jefe de Fracción, el Director Ejecutivo recomienda su tramitación. SE ACUERDA: 1. Cesar el nombramiento del señor Bernal Bolaños Quesada,

cédula 2-286-760, en el puesto No. 055083 de Asesor Especializado A. Rige a partir del 31 de enero del 2012.

2. Nombrar al señor Bernal Bolaños Quesada, cédula 2-286-760, en el puesto No. 048144 de Asesor Especializado BR. Rige a partir del 1 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014.


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3. Nombrar al señor Rodrigo Alonso Fonseca, cédula 2-457-323,

en el puesto No. 055803 de Asesor Especializado AR. Rige a partir del 1 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014.

Ambos funcionarios estarán destacados en el despacho de la diputada María Julia Fonseca Solano. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 6.- Se conoce oficio OIP-624-2012, con fecha 30 de enero del 2012, suscrito

por la señor Sandra Urbina Mohs, Coordinadora de la Oficina de Iniciativa Popular, mediante el cual indica que enfrenta serios problemas de salud; no obstante, es de su interés participar del proceso de fortalecimiento de la Oficina de Iniciativa Popular, que ha coordinado por 12 años, hasta que hace un año y medio, se le otorgó un permiso sin goce de sueldo. Ahora que se encuentra de nuevo en la Asamblea Legislativa (desde el 2 de enero pasado), se dio cuenta de que se ha intervenido en la Oficina con pocos aciertos. Aunado a lo anterior, se les trasladó la competencia del Portal Legislativo, y deben integrarlos para lograr el objetivo de ofrecer mayores espacios de participación activa en el Congreso de la República.

Desea sinceramente ser parte de este paso adelante que ha dado el Directorio en el sentido correcto, pero su salud la frena. Los médicos le recomiendan una incapacidad de tres meses, lo cual no quisiera, es por ello que solicita un horario flexible por tres meses, siempre cumpliendo con sus obligaciones, de manera que le permita contribuir con su conocimiento y experiencia en este proceso de la Oficina de Iniciativa Popular, pero a la vez salvaguardar su salud en los momentos en que verdaderamente no puede laborar. Lo anterior con la anuencia y supervisión de sus superiores. SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que realice este Órgano Colegiado el conocimiento y resolución del oficio OIP-624-2012, suscrito por la señora Sandra Urbina Mohs, Coordinadora de la Oficina de Iniciativa Popular, mediante el cual solicita una flexibilización del horario que cumple en la Institución.

________________ Nota: La diputada Patricia Pérez Hegg ingresa al salón de sesiones.

ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio RECOM 02-2012, con fecha 2 de febrero del 2012,

suscrito por los miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, mediante el cual, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento Interno de Contratación Administrativa, publicado en La Gaceta Nº 211 del viernes 2 de noviembre del 2007, presenta la propuesta de adjudicación de la Licitación Pública No.2011LN-000002-01, “Restauración y Reforzamiento del Edificio


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Castillo Azul de la Asamblea Legislativa”, cuyo plazo vence el jueves 1 de marzo del 2012.

Se invitó a participar en la licitación mediante publicación en el diario oficial La Gaceta Nº 213, el día 7 de noviembre del 2011; se indicó en dicha invitación que se celebraría una visita técnica al sitio de las obras el día 14 de noviembre del 2011, a las 10 a.m. A dicho acto asistieron las empresas Roca S.A., Proyectos Electromecánicos Obando S.A., Ingeniería PCR S.A., RyS Consultores S.A., Ingeniería GAIA S.A., Constructora Luna y Rojas S.A., R.A. de Costa Rica S.A., Representaciones Pizarro y Apú S.A., Recubrimientos y Construcciones S.A., INTEC Internacional S.A., Desarrollo Contemporáneo S.A., América Ingeniería S.A. y Macro Estructuras S.A. El día 13 de diciembre del 2011 se realizó el acto de apertura de las ofertas y atendieron la invitación empresas Recubrimientos y Construcciones S.A., R.A. de Costa Rica S.A., RyS Consultores S.A., Macro Estructuras S.A., y América Ingeniería S.A.

___________________ El Director Ejecutivo manifiesta que, si así lo dispone el Directorio, la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, se encuentra en la mejor disposición de efectuar una presentación a los miembros, a fin de dar detalles de la recomendación. La diputada Bejarano Almada por su parte, plantea que este proceso inició hace nueve meses, por tanto no es conveniente postergarlo más. Considera que es peligroso que existan funcionarios trabajando todo el día en el Castillo, cuando hay un claro riesgo de temblores. Se debe tomar en consideración que la fachada principal del edificio no está amarrada al cuerpo principal, lo cual hace más peligrosa la estructura. Se ha confiado en el criterio de la Comisión de Recomendación de Licitaciones, por ello no es necesario dejar pasar los días, pues es una obra a la que hay que darle prioridad. Ante consulta al respecto, el señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo apunta que la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas está integrada por funcionarios del más alto nivel, quienes cuentan con mucha experiencia en el tema. Es necesario considerar que estos procesos son sumamente complejos en la administración pública. Recuerda que este proyecto inició desde el 2006, pero por diferentes razones los directorios anteriores lo han postergado. Hasta ahora es que firmemente se toma la decisión, el proceso ha sido exitoso, lo cual no quiere decir que no se presenten apelaciones más adelante, que podrían retrasar aún más las obras. Plantea el señor Ayales Esna que los recursos existen para los acabados finales de las obras. Finalmente, el Director Ejecutivo indica que en caso de que se rechace esta recomendación, debe haber un fundamentación muy bien sustentada. Por otra parte, la señora Leda Zamora Chaves indica que no se trata de desconocer la recomendación técnica hecha por la comisión, esto no está en cuestionamiento; sin embargo, como se estila en la mayoría de la instituciones, las juntas directivas deben darse un tiempo para conocer los detalles de las recomendaciones de los órganos técnicos, pues hay que tener elementos claros de qué fue lo que se adjudicó y a quién para poder sustentar la decisión. Deja claro que no se trata de cuestionar el trabajo que responsablemente ha hecho la comisión técnica. El diputado Martín Monestel indica que si ya la licitación está hecha, debe acogerse.


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Finalmente, el diputado José Roberto Rodríguez Quesada se abstiene de emitir su voto.

SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que celebre este Órgano Colegiado, el conocimiento y resolución del oficio RECOM 02-2012, suscrito por los miembros de la Comisión de Recomendación para Contrataciones Administrativas, mediante el cual presentan la propuesta de adjudicación de la Licitación Pública No.2011LN-000002-01 “Restauración y Reforzamiento del Edificio Castillo Azul de la Asamblea Legislativa”. Asimismo, se otorga audiencia a los funcionarios de dicha comisión, por espacio de veinte minutos, en la sesión que celebrará este Directorio Legislativo el jueves 16 de febrero del 2012, a las 8:30 a.m., con el propósito de que se refieran a los detalles de la propuesta planteada.

ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio DF-0077-02-2012, con fecha 7 de enero del 2012, suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del Departamento Financiero, mediante el cual remite para conocimiento y aprobación del Directorio Legislativo, la modificación No. 01-2012 al presupuesto de la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 2012:

Disminuir:

Partida/Subpartida CONCEPTO JUSTIFICACION MONTO

1 SERVICIOS 3.000.000,00

1 0303 001 1120 1120 Impresión

Encuadernación y Otros

A la luz del proceso de eliminación de papel

se podría generar ahorro, por tanto se puede disponer de estos recursos

3.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

25.000.000,00

29999 001 1120 1120 Otros Útiles, Materiales y

Suministros Diversos

Se propone posponer el proyecto de rotulación de edificaciones por la suma de ¢33.0 millones

25.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 500.000,00

5 0201 280 2110 1120 Edificios La oferta para la licitación de la restauración

estructural e Integral del Castillo Azul resultó menor a la suma adjudicada, razón por la cual

se puede disponer de estos recursos.

500.000,00

TOTAL DISMINUCIONES 28.500.000,00

Aumentar:

Partida/Subpartida CONCEPTO JUSTIFICACIÓN MONTO

1 SERVICIOS 3.000.000,00

1 0199 001 1120 1120 Otros Alquileres Alquiler de ductos a CNFL para la

comunicación de internet y telefónica de diferentes edificios legislativos.

3.000.000,00


25.000.000,00

2 0203 001 1120 1120 Alimentos y Bebidas Para adecuar las necesidades presupuestarias al Plan de Compras Institucional

25.000.000,00


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5 BIENES DURADEROS 500.000,00

50102 280 2210 1120 Equipo de Transporte Para dar contenido al proceso de adquisición iniciado al finalizar el 2011

500.000,00

TOTAL AUMENTOS 28.500.000,00

En ese mismo sentido se conoce oficio DF-0091-02-2012, con fecha 3 de

febrero del 2012, suscrito por el señor Mario Delgado Umaña, Director del Departamento Financiero, mediante el cual, como complemento al oficio DF-0077-02-2012, modificación al presupuesto Institucional, detalla las necesidades en el rubro de Alimentos y Bebidas que se solicita aumentar la asignación de recursos en ¢25.0 millones:

1. El presupuesto institucional inicialmente asignado fue de ¢60.0

millones.

2. Las necesidades planteadas para el año superan los ¢95.0 millones.

3. A la fecha se han comprometido recursos para iniciar procesos de compra por la suma de ¢52.5 millones, lo que deja un disponible de ¢7.0 millones.

Solicitud de Concepto Monto

Pedido

220038 Azúcar y Café 4,200,000.00

220205 Azúcar y Café 370,125.00

220046 Edulcorante 3,700,000.00

220210 Té de Manzanilla 612,000.00

220267 Galleta Dulce 3,000,000.00

220173 Galleta Salada 1,905,315.00

220266-210255 Aguan envasada 18.9 litros 5,632,000.00

220002 Refrescos y Mezcladores 23,000,000.00

220014 Bocadillos Plenario y Comisiones 10,000,000.00

52,419,440.00TOTAL

Muchos de los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades del año, principalmente en agua envasada, se requiere cerca de ¢3.0 millones adicionales, bocadillos de Plenario (se gasta ¢75.000 por sesión, se estiman 200 sesiones, para un total de ¢ 15.0 millones, pero al ritmo que llevamos podrían llegar a 300 para un faltante de ¢7.5 millones), actualmente no se han contemplado las necesidades de las fracciones, comisiones y de los miembros del Directorio Legislativo estimados en ¢10.0 millones y se proyecta un faltante en galletas (dulces, saladas e integrales) por la suma de ¢5.0 millones y finalmente el café de percolador y corriente en la suma de ¢10.0 millones. Pese a ello, solo se


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están incluyendo ¢25.0 millones con la esperanza de que se pueda generar un sobrante a la hora de adjudicar la contratación de refrescos y mezcladores. En el tema del equipo de transporte por la suma de ¢500.000, corresponde a un equipo especial para atender estados de emergencia, conforme lo ha recomendado el Ministerio de Salud para uso de las brigadas institucionales.

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el Departamento Financiero, mediante oficio DF-0077-02-2012, avalar la siguiente modificación al presupuesto institucional:

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA

ARTÍCULO 10, SESIÓN ORDINARIA No. 096-2012 CELEBRADA EL 9 DE FEBRERO DEL 2012

CONSIDERANDO

Que en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Fiscal y por Programas para el Ejercicio

Económico del 2012, título 101, Asamblea Legislativa, disposiciones varias, inciso c), se establece lo siguiente: “Se

autoriza a la Asamblea Legislativa para que, mediante acuerdo interno del órgano máximo institucional, realice aumentos

y rebajos de la subpartida aprobadas en su presupuesto, así como la creación de nuevas subpartidas, respetando las

limitaciones establecidas en el artículo 45 de la Ley 8131, Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.

Estas modificaciones deberán ser comunicadas a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de

Hacienda”.

POR LO TANTO RESUELVE:

ARTÍCULO UNO:

Disminuir: Partida 1 Servicios, subpartida 10303 Impresión, Encuadernación y Otros. Partida 2 Materiales y Suministros,

Subpartidas 29999 Útiles, Materiales y Suministros Diversos. Partida 5 Bienes Duraderos, subpartida 50201 Edificios.

Aumentar: Partida 1 Servicios, subpartida 1 01 99 Otros Alquileres, Partida 2 Materiales y Suministros, subpartida 20203

Alimentos y Bebidas. Partida 5 Bienes Duraderos, subpartida 50102 Equipo de Transporte.

TÍTULO 101


PROGRAMA 002-01 ASAMBLEA LEGISLATIVA

Disminuciones:

Partida/Subpartida CONCEPTO MONTO MONTO

1 SERVICIOS 3.000.000,00

1 0303 001 1120 1120 Impresión Encuadernación y Otros

3.000.000,00


25.000.000,00

29999 001 1120 1120 Otros Útiles, Materiales y 25.000.000,00


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Suministros Diversos

5 BIENES

DURADEROS

500.000,00

50201 280 2110 1120 Edificios 500.000,00

TOTAL DISMINUCIONES 28.500.000,00


PROGRAMA 002-01

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Aumentos:

Partida/Subpartida CONCEPTO MONTO MONTO

1 SERVICIOS 3.000.000,00

1 0199 001 1120 1120 Otros Alquileres 3.000.000,00


25.000.000,00

2 0203 001 1120 1120 Alimentos y Bebidas 25.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

500.000,00

50102 280 2210 1120 Equipo de Transporte 500.000,00

TOTAL AUMENTOS 28.500.000,00

Asimismo, se autoriza al Departamento Financiero para que gestione ante el Ministerio de Hacienda la documentación necesaria para la aprobación definitiva de la presente modificación.

ARTÍCULO 9.- Se conoce oficio DM-0072-2012, con fecha 31 de enero del 2012,

suscrito por el señor René Castro Salazar, Ministro de Ambiente, Energía y Minas, mediante el cual solicita la rescisión del convenio de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Legislativa y ese Ministerio para el préstamo del señor Alexander Miranda Rivera, cédula Nº 1-624-560.

Indica el señor Castro Salazar que las expectativas y objetivos del

convenio están cumplidas, por tanto solicitan que se rescinda dicho convenio a partir del 1 de febrero del 2012.

En ese mismo sentido se conoce oficio JAAM-0016-2012, suscrito por el diputado Jorge A. Angulo Mora, mediante el cual solicita que a partir de esta fecha y hasta el 30 de abril del 2014, pueda contar, en calidad de préstamo, con los servicios del funcionario Alexander Miranda Rivera, quien se encuentra nombrado en el código Nº 038783 de Profesional 2B, perteneciente al Departamento de Servicios Parlamentarios.

SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones:

1. Instruir al Departamento de Asesoría Legal con el propósito de que proceda a realizar las gestiones necesarias para rescindir de inmediato el convenio suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas y la Asamblea Legislativa para el préstamo del funcionario Alexander Miranda Rivera.


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2. Solicitar al Director del Departamento de Servicios

Parlamentarios su criterio en relación con la solicitud planteada por el diputado Jorge A. Angulo Mora, mediante oficio JAAM-0016-2012, tendiente a que se destaque al funcionario Miranda Rivera en su despacho, hasta el 30 de abril del 2014. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio PAL-1341 11/12, con fecha 8 de febrero del 2012,

suscrito por la señora Erika Valverde Valverde, mediante el cual, con instrucciones de diputado Juan Carlos Mendoza García, Presidente de la Asamblea Legislativa, solicita nombrar en el puesto No. 011269 de Asesor Especializado, al señor Rubén Mora Villalta, cédula Nº 3-412-659, a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril del 2012. SE ACUERDA: Nombrar al señor Rubén Mora Villalta, cédula Nº 3-412-659, en el puesto No. 011269 de Asesor Especializado. Rige a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril del 2012. ACUERDO FIRME.

__________________ Nota: El diputado Juan Carlos Mendoza García, ingresa al salón de sesiones. ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio UT-390-01-2012, con fecha 30 de enero del 2012,

suscrito por el señor Armando Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes, mediante el cual manifiesta que cuando se tomó el acuerdo de instalar los dispositivos GPS, se estableció que fuera únicamente en los vehículos Station Wagon utilizados para las giras de los diputados; por lo que no se instalaron en las microbuses, ni en los dos pick up. Sin embargo, en los últimos meses se han venido presentando necesidades en los diputados o comisiones legislativas de utilizar algunas veces los microbuses, o incluso hasta alguno de los pick up. Ante esa situación le parece recomendable que se le instalen dispositivos GPS también a los dos pick up, placas 339-44 y 339-29 y el microbús placa 339-30. Por lo anterior solicita someter a consideración del Directorio Legislativo la posibilidad de que se adquieran y se instalen tres dispositivos adicionales y se amplíe el contrato del servicio de plataforma para esos tres dispositivos nuevos.

Descripción cantidad Monto

Adquisición 3 dispositivos 459.000

Instalación 3 instalaciones 75.000

Mensualidades 3 mensualidades 43.875

Total ¢ 577.875.00

SE ACUERDA: Instruir a la Administración con el propósito de que realice las gestiones necesarias para que se instalen los


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dispositivos de posicionamiento global (GPS) a los dos pick up, placas 339-44 y 339-29 y el microbús placa 339-30, así como su respectivo mecanismo de monitoreo y control. Asimismo, se dispone que el uso del microbús será únicamente para atender solicitudes de comisiones y los pick ups para casos excepcionales. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 12.- Se conocen oficios USV 48-2012 y USV-50-2012, con fecha 31 de enero del 2012, suscritos por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad de Seguridad y Vigilancia, mediante los cuales solicita realizar los siguientes movimientos de personal.

Carla Vargas Romero

Funcionario Cédula Nº Puesto Cargo Periodo Vacaciones

Livio Pérez Badilla 3-455-506 014588 Agente de Seguridad 1 al 25 de febrero del 2012.

Luis Carlos Rojas Jiménez Hernán Fernández Agüero 1-429-988 112302 Agente de Seguridad 27 de febrero al 18 de marzo 2012

(*) Modificar el acuerdo tomado en el inciso 2), artículo 15 de la sesión Nº 094-2012.

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Nota: El Director Ejecutivo recomienda dichos nombramientos, en virtud de que los servidores han demostrado idoneidad en el puesto, tal y como lo certifica la señora Camacho Carranza y además tienen la experiencia suficiente para asumir sus funciones.

SE ACUERDA:

1. Nombrar a la señora Carla Vargas Romero, cédula 3-455-506, en

el puesto No. 014588 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Livio Pérez Badilla, cédula 3-455-506, quien disfruta de su periodo de vacaciones del 10 al 25 de febrero del 2012.

2. Nombrar al señor Luis Carlos Rojas Jiménez, cédula 3-418-758, en el puesto No. 112302 de Agente de Seguridad, en sustitución del señor Hernán Fernández Agüero, cédula 1-429-988, quien disfrutará su periodo de vacaciones a partir del 27 de febrero al 18 de marzo del 2012. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 13.- Se conoce nota con fecha 1 de febrero del 2012, suscrita por la señora

Yenory Salazar Mora, mediante la cual manifiesta que es funcionaria del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo desde hace 20 años y actualmente madre de tres hijos, gemelos (niño y niña) de 5 años y una niña de 3 años 6 meses.

Desde finales del año 2009, cuando su hijo Juan Pablo Cordero Salazar tenía 2 años y 8 meses, inició un proceso de evaluación de su desarrollo, dado que empezó a perder facultades adquiridas. En razón de esto, y siguiendo la referencia de su pediatra, se iniciaron consultas y exámenes de todo tipo para saber que estaba sucediendo con el niño. Como era muy pequeño se hicieron todas las evaluaciones posibles a ese momento, hasta llegar a otra ronda de evaluaciones el año pasado, específicamente durante los meses de octubre y diciembre.


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El resultado de estas evaluaciones ha sido que el menor presenta Autismo de Alto Funcionamiento asociado a: a) Trastorno del Lenguaje, b) Demora en Habilidades Motoras, c) Déficit de Atención con Hiperactividad. Por lo que se recomienda: Terapia de Lenguaje, Terapia Pedagógica, Terapia Ocupacional, Terapia de Vida Diaria y continuar en el Centro Educativo (adjunta dictamen médico extendido por la pediatra especialista en Neurodesarrollo, Margarita Arata Herrero). Desde que inició el proceso de evaluación de Juan Pablo, la primera recomendación fue matricularlo en un centro infantil, por lo que se vio en la obligación de inscribirlos a los tres años en un maternal y así se han mantenido hasta ahora. En la actualidad tiene un horario de las 8a. m. a las 5p.m. para recogerlos a las 5:20 y llegar a casa a las 7p.m. Se supone que debe llegar a trabajar con él, pero a esa hora está agotado y lógicamente no quiere; lo que limita su labor. El menor se encuentra en una edad en la que cada día es una oportunidad para potenciar sus capacidades, por lo que se encuentra dentro del rango que define la Ley Nº 7600, denominada como Estimulación Temprana: “Estimulación temprana: Atención brindada al niño entre

cero y siete años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarcan todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso lógico de la maduración.” Título I, Capitulo I, de la Ley 7600.

Antes de su diagnóstico le planteaba la posibilidad de que fuera algo pasajero, pero ante el resultado final se ve en la obligación de madre de luchar para que su hijo salga adelante, es por esta razón que solicita, con todo respeto, un permiso de un tercio de tiempo con goce de salario por un año, lo que representa tres horas diarias. Esto para poder llevar a su hijo a sus terapias, que lleguen al menos un hora antes a casa y lograr trabajar con él. Todo con el propósito de mejorar su funcionalidad y garantizar su autonomía. Lo solicita con goce de salario porque las terapias son semanales y es una inversión en efectivo que necesariamente sale de su salario, como también las visitas de observación al centro educativo se cancelan también en efectivo y tienen un costo del doble de una terapia, además de todos los materiales para mejorar su comunicación y otras inversiones necesarias como citas con la especialista en Desarrollo, tratamientos de Ortopedia Maxilar, entre otros. Agrega que si no necesitara de sus ingresos para financiar el tratamiento semanal de su hijo y otros gastos dentro del presupuesto familiar, pediría un permiso sin goce sueldo de tiempo completo, pero su realidad es que necesita el salario que recibe quincenalmente, no puede dejar de trabajar, su trabajo en este momento es la garantía de que Juan Pablo tenga los recursos que requiere para su desarrollo.

Esta solicitud cuenta con el visto bueno de la señora Karla Granados Brenes y el señor Juan Carlos Jiménez Vargas, Directora y Jefe de Área del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.

SE ACUERDA: Otorgar permiso con goce de salario por un tercio de tiempo a la funcionaria Yenory Salazar Mora, cédula Nº 1-743-690, en el puesto Nº 112333 de Profesional 2B, con el propósito de que atienda las necesidades especiales de su hijo. Lo anterior rige a partir del 13 de febrero del 2012 y hasta por un año. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 14.- Se conoce nota con fecha 6 de febrero del 2012, suscrita por los

diputados Marielos Alfaro Murillo y Danilo Cubero Corrales, Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario, mediante la cual solicitan que se autorice el traslado temporal de la plaza del funcionario Alex Piedra Sánchez, cédula 3-334-875, puesto No. 078903 de Profesional 2B del Departamento de Comisiones Legislativas a su fracción política, exactamente al despacho de legisladora Alfaro Murillo, hasta el 30 de abril del 2014, para laborar en temas de control político y hacendario, como parte del derecho que le asiste a su fracción de utilizar códigos administrativos.


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La anterior solicitud cuenta con el visto bueno del señor Gerardo Sanabria Rojas, Director del Departamento de Comisiones Legislativas. SE ACUERDA: Dado que se cuenta con el visto bueno del señor Gerardo Sanabria Rojas, Director del Departamento de Comisiones Legislativas, destacar temporalmente en el despacho de la diputada Marielos Alfaro Murillo al funcionario Alex Piedra Sánchez, cédula 3-334-875, puesto Nº 078903. Rige a partir del 13 de febrero del 2012 y hasta el 30 de abril del 2014. El señor Piedra Sánchez mantendrá los derechos que como funcionario en propiedad le corresponden. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 15.- Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio planteado por la señora Sonia Betrano Valverde, contra la Comisión Institucional de Concurso Interno, el cual se transcribe literalmente a continuación:

“SRES. COMISIÓN INSTITUCIONAL DE CONCURSOS INTERNOS (CICI): Yo, Sonia Betrano Valverde, mayor, casada, asesora legislativa, vecina de Montelimar, Goicoechea, con cédula de identidad No. 1-565-831, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas; presento formal recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra los concursos internos 07, 08 y 09-2012, comunicados el día de hoy a todo el personal de la Asamblea Legislativa, mediante CIRCULAR DRH-PA-01-2012, del Lic. Hugo Cascante Micó, Director del Departamento de Recursos Humanos, con base en lo siguiente: 1. Tengo una licenciatura de Historia de la Universidad de Costa Rica y una Maestría en Administración de Empresas del INCAE con énfasis en Recursos Naturales, que no es reconocida en la Asamblea Legislativa. Soy funcionaria de la Asamblea Legislativa desde 1996. Desde el 24 de febrero de 2010 ocupo el puesto No. 55801 del Departamento de Servicios Técnicos, de forma interina. En este momento me encuentro destacada en la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional. 2. Ante la noticia de que pronto se abrirían un nuevo concurso interno para llenar las plazas que están ocupadas de forma interina, en diciembre del 2011 le consulté al Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, entre otras cosas, información sobre las atinencias que serían abiertas. El Lic. Hugo Cascante Micó, mediante oficio DRH-PA-0008-2012, me responde que: “En función de lo anterior y según los acuerdos que tome la CICI en torno al tema, la atinencia de Historia será considerada al menos para el puesto Nº 55801 tantas veces mencionado, en donde gustosamente se recibirá su participación.” 3. Que en la primera publicación del concurso interno señalado se incluyó para esta plaza la atinencia en Historia. 4. No se incluyó Historia entre las atinencias para el concurso de los puestos No.110123, No.108923, No. 2433, No. 112340 y No. 22785 de Profesionales 1 y 2 y en el Concurso No. 9-2012, Profesional Jefe 1 y Profesional Jefe 2ª, pese a que sí se incluyeron un amplio grupo de carreras afines a las ciencias sociales. El argumento utilizado por ustedes, la Comisión, ante mi consulta, es que la “profesión de Historia no está considerada como atinente en los departamentos donde se encuentran las vacantes que Usted menciona, bien sea porque los


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mismos directores de departamento así lo han considerado o porque la naturaleza de las funciones que caracteriza esos departamentos, no se ajusta al perfil profesional de los profesionales en Historia.” La negrilla no es del original. De la argumentación esgrimida podemos concluir que la determinación de las atinencias se le dejo a la subjetividad de las personas que ocupan los cargos de dirección de los departamentos, o al criterio de los miembros de la CICI quienes consideran que la currícula de las carreras de archivística, ciencias políticas, desarrollo social, ciencias de la educación o relaciones internacionales, por poner algunos ejemplos de atinencias si aceptadas, si se ajustan al perfil profesional de estos puestos pero la de Historia no. Sin duda alguna, detrás de estas determinaciones hay una subjetividad inadecuada y excluyente, que perjudica no solo a los profesionales de Historia sino a otros profesionales de Ciencias Sociales. El estudio de los perfiles de Profesional 1 y Profesional 2 del Manual Descriptivo de Clases, en el cual se detallan las actividades que corresponden a este tipo de puestos, los conocimientos y experiencia requeridas, muestran claramente que el curriculum académico de cualquier profesional de una carrera de Ciencias Sociales en una universidad reconocida, como la UCR, puede cumplir los requisitos. Tanto es así, que la mayoría de las carreras en ciencias sociales se incluyen como atinencias para estos puestos. 5. En los concursos comunicados el día de hoy se excluye la carrera de Historia de los requisitos de todos los puestos. 6. Los cambios a los concursos incluidos en esta publicación se realizan sin explicar el fundamento técnico y legal para hacerlo. Consultada verbalmente la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa sobre los acuerdos de Directorio Legislativo que autorizan tales cambios, me informan que no están facultados para entregar copia de tales documentos, en razón de que las actas de Directorio Nº 94 y 95 NO ESTÁN FIRMES AÚN. Es decir, que la Comisión que ustedes conforman divulgó públicamente una reforma a los concursos que no está firme aún y que por lo tanto no es pública. 7. Ustedes mismos reconocen en el documento incluido en el Acta del Directorio Legislativo, No. 91 del 19 de enero 2012, punto 10, el derecho de participación de quienes ocupamos las plazas en forma interina y cumplimos con los requisitos para participar. 8. El atropello de un procedimiento, haciéndole cambios sustanciales cuando ya está en marcha, sólo puede generar esta clase de perjuicios para los funcionarios y funcionarias, quienes somos la parte más débil de la relación laboral. En razón de todo lo anterior y en aras de la transparencia y el respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, que deben ser respetados y protegidos en todo acto administrativo de naturaleza laboral, solicito: 1. Se suspenda inmediatamente y hasta la resolución de la eventual apelación subsidiaria que presento, los concursos No. 7, 8 y 9-2012 para Profesional 2 (A y B). 2. Se vuelva a incluir en la plaza No. 55801, que ocupo interinamente en la actualidad, la carrera de Historia. 3. Se incluya la atinencia de Historia en el concurso de los puestos No.110123, No.108923, No. 2433, No. 112340 y No. 22785 de Profesionales 1 y 2 y en el Concurso No. 9-2012, Profesional Jefe 1 y Profesional Jefe 2ª. Caso contrario apelo ante el superior”.

Se conoce posición externada por la Comisión Institucional de Concurso Interno al recurso planteado por la señora Sonia Betrano Valverde, el cual se transcribe literalmente a continuación:

“8 febrero 2012.


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Señora: Sonia Betrano Valverde Estimada señora: En atención al recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por su persona contra los concursos internos 07, 08 y 09-2012, le manifestamos lo siguiente en relación con lo solicitado: 1-No es posible incluir en el puesto No. 055801, la atinencia de Historia, ya que primeramente la Directora del Departamento de Servicios Técnicos, solicito reconsiderar el perfil para ese puesto, ya que el mismo se encuentra ubicado en el Area Económica de ese Departamento, que atiende todos los temas relacionados con materia económica, hacendaria, presupuestaria, tributaria, fiscal y crediticia, por lo cual se solicitó un profesional con estudios en alguna de las especialidades de las ciencias económicas. En razón de lo anterior se procedió a indagar el origen de este puesto, determinándose que: a) Que el puesto No.055801 de Profesional 2B, perteneció al señor Wilson Orozco Gutiérrez, del Area Económica, el cual renunció, renuncia que fue conocida y aceptada en el artículo 7 la Sesión No. 150-2009. b) Que el señor Orozco Gutiérrez antes de su renuncia, se encontraba disfrutando de un permiso sin goce de salario a partir del 17 de julio del 2008. c) Que en el artículo 7 de la Sesión No. 111-2008 del Directorio Legislativo, de 9 de julio del 2008, se prorroga el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en los incisos 2) y 3) artículo 7 de la sesión 64-2007 del 11 de julio del 2007, en el que se nombró a la señora Grettel Cabrera Garita en sustitución del funcionario Wilson Orozco Gutiérrez, y destacada en el Departamento de Comisiones Legislativas, por lo que al conocerse de la renuncia del señor Orozco Gutiérrez, la señora Cabrera Garita, continuó en ese puesto. d) Que en el artículo 15 de la Sesión No. 160-2009 del 5 de agosto del 2009, se acordó excluir dicho código 055801 de Profesional D, ocupado en forma interina por la dicha funcionaria, del próximo concurso interno ordenado por ese Organo Colegiado para las plazas profesionales, en razón de coadyuvar con la situación planteada por el señor Gerardo Sanabria Rojas, Director del Departamento de Comisiones, sobre la escasez de personal en esa área, pese a que presupuestariamente se encuentra asignada al departamento de Servicios Técnicos. e) Que en el artículo 4 de la Sesión No. 177-2009 del 9 de diciembre del 2009 el Directorio Legislativo acordó cesar el nombramiento de la señora Gréttel Cabrera Garita en el puesto No. 055801 de Profesional D y nombrarla en el puesto No. 360713 de Técnico Especialista C. Asimismo se acuerda desestimar la solicitud planteada por el Departamento de Comisiones Legislativas para que se ocupe el puesto 055801, en virtud de que éste no pertenece presupuestariamente a esa dependencia. f) Que en el artículo 13 de la Sesión No. 182-2010 del 24 de febrero del 2010, celebrada por el Directorio Legislativo, se acordó nombrar a la señora Sonia Betrano Valverde, en el puesto No. 055801 de Profesional 2B, especialidad Historia (con la entrada en vigencia del Manual de Puestos, los profesionales D, pasan a ser profesional 2 B), a partir del 1 de abril del 2010. Este nombramiento se realiza por tres meses y será prorrogado por períodos iguales hasta que el Directorio Legislativo ordene la realización del concurso interno de este puesto (la negrita no es del original). La señora Betrano Valverde estará ubicada presupuestariamente en el Departamento de Servicios Técnicos.


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g) Que mediante artículo 21 de la sesión extraordinaria No. 002-2010 del 5 de mayo del 2010, se acordó destacar a la señora Betrano Valverde en la Dirección Administrativa del PLN, del 1 de mayo del 2010 al 30 de abril del 2014. Por su parte el artículo 7 de la sesión No. 066-2010 del 3 de junio del 2010, modificó el acuerdo anterior en el sentido de que la señora Betrano Valverde estará destacada en el despacho de la Diputada Ileana Brenes Jiménez. Así las cosas, se observa que usted conocía de antemano que su nombramiento en ese puesto era por un determinado período, sea hasta que el Jerarca ordenara la realización del concurso interno, situación que ocurrió en días anteriores. Por lo tanto al tener un perfil que no guarda relación con la atinencia solicitada para el puesto 055801 del concurso No. 08-2102, se solicitó al Directorio Legislativo que acordara excluir la atinencia de Historia de este puesto en concurso, situación que ocurrió en el artículo 2 de la sesión extraordinaria No. 95-2012 celebrada por ese órgano colegiado el 6 de febrero del año en curso. 2-En cuanto a que se incluya la atinencia de historia en el concurso para los puestos que usted menciona, se acoge el recurso de revocatoria en parte y se procederá a incluir dicha atinencia en los puestos Nos. 110123 y 108923, de Profesional 2 A ubicados en el Departamento de Comisiones, y en los puestos Nos. 145 y 072499 de Profesional Jefe 1, ubicados en los Departamentos de Servicios Parlamentarios y Comisiones respectivamente. En los demás puestos que usted solicita la atinencia, no será posible incorporarla, por tener los mismos especificidades muy concretas, donde la Historia no resulta aplicable. Por lo tanto se le acoge parcialmente el recurso de revocatoria en lo señalado en líneas anteriores; y se envía para ante el Directorio Legislativo, para la resolución del recurso de apelación, solo en aquello que no se le otorgó.

SE ACUERDA: Avalar la siguiente resolución:

CONSIDERANDO

Que este Directorio Legislativo conoció y valoró los argumentos planteados por la señora Sonia Betrano Valverde, contra los concursos internos 07, 08 y 09-2012.

Que la Directora del Departamento de Servicios Técnicos solicitó

reconsiderar el perfil del puesto Nº 055801, ya que este se encuentra ubicado en el Área Económica de esa dependencia, la cual atiende los temas relacionados con materia económica, hacendaria, presupuestaria, tributaria, fiscal y crediticia, por lo cual se solicitó un profesional con estudios en alguna de las especialidades de las ciencias económicas.

Que la funcionaria Betrano Valverde conocía de antemano que su

nombramiento en ese puesto era por un determinado período, sea hasta que el jerarca ordenara la realización del concurso interno, situación que ocurrió en días anteriores; por lo tanto al tener un perfil que no guarda relación con la atinencia solicitada para el puesto 055801 del concurso No. 08-2102, se solicitó a este Directorio


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Legislativo que acordara excluir la atinencia de Historia de este puesto en concurso, situación que ocurrió en el artículo 2 de la sesión extraordinaria No. 95-2012 celebrada el 6 de febrero del año en curso.

Que la Comisión Institucional de Concurso Interno acogió

parcialmente el recurso de revocatoria planteado por la funcionaria y dispuso incluir la atinencia de Historia en los puestos Nos. 110123 y 108923, de Profesional 2 A ubicados en el Departamento de Comisiones, y en los puestos Nos. 145 y 072499 de Profesional Jefe 1, ubicados en los Departamentos de Servicios Parlamentarios y Comisiones, en los que la funcionaria puede participar.

POR TANTO: El Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y con base en la recomendación planteada por la Comisión Institucional de Concurso Interno (CICI), acuerda acoger parcialmente el recurso de apelación planteado por la señora Sonia Betrano Valverde y en consecuencia, la atinencia de Historia se incluirá en los puestos Nos. 53241 de Profesional 1B ubicado en el Departamento de Servicios Parlamentarios, 110123 y 108923, de Profesional 2 A ubicados en el Departamento de Comisiones, y Nos. 000145 y Nº 072499 de Profesional Jefe 1, ubicados en los Departamentos de Servicios Parlamentarios y Comisiones Legislativas, respectivamente. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio CRI-INT-952-2012, con fecha 8 de febrero del 2012, suscrito por la diputada María Jeannette Ruiz Delgado, Presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, mediante el cual indica que el viernes 17 de febrero a las 10 a.m., los miembros de Directorio Legislativo, las jefaturas y subjefaturas de las fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, así como los miembros de la comisión que preside, recibirán a la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, en las instalaciones del Castillo Azul.

Por lo anterior solicita un refrigerio para 50 personas y el apoyo logístico

necesario, por parte del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.

SE ACUERDA: Autorizar a la Administración para que realice las

gestiones necesarias, a fin de ofrecer un refrigerio para 50 personas en la reunión que llevarán a cabo los miembros de Directorio Legislativo, las jefaturas y las subjefaturas de las diferentes fracciones políticas, así como los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior con la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano, la cual se efectuará en el Castillo Azul el 17 de febrero del 2012, a las 10 a.m.


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Adicionalmente se insta a los invitados a participar en dicha actividad.

Se encarga al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo con el propósito de que ofrezca la ayuda logística necesarias para la realización de dicha actividad. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio ML-CGF-MG-398-11-01-2012, con fecha 2 de febrero

del 2012, suscrito por el diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes, mediante el cual solicita tomar los acuerdos correspondientes a efectos de poder asistir a la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa EUROLAT, de la cual es miembro y al seminario de alto nivel sobre la lucha contra el narcotráfico, que se llevará a cabo en la Ciudad de México, DF, saliendo el lunes 20 de febrero y regresando el viernes 24 de febrero del 2012.

En ese mismo sentido se conoce oficio CRI-INT-951-2012, suscrito por la diputada María Jeannette Ruiz Delgado, en relación con la solicitud planteada por el diputado Carlos Góngora Fuentes para participar en la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa EUROLAT, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, DF, del 20 al 24 de febrero del 2012.

SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Carlos Humberto Góngora Fuentes, en la Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa EUROLAT, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, DF, del 20 al 24 de febrero del 2012.

Asimismo se acuerda otorgar al legislador Góngora Fuentes los

pasajes aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.

Se otorga al legislador un plazo improrrogable de siete días hábiles posteriores al regreso para rendir cuentas sobre el adelanto de viáticos o gastos de representación, así como el respectivo informe de la actividad. _______________

Nota: El diputado Juan Carlos Mendoza García, vota en contra de la anterior

disposición.

ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio ML-VDCC-111-2011, con fecha 20 de octubre del 2011, suscrito por el diputado Danilo Cubero Corrales, Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario, mediante el cual solicita que se traslade en calidad de préstamo al despacho de la diputada Mireya Zamora Alvarado, al funcionario William Morera Massey, cédula Nº 1-615-863, quien ocupa en propiedad el puesto Nº 014616 de Técnico 2,


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perteneciente al Departamento Financiero, a partir del lunes 24 de octubre del 2011 y hasta el 30 de abril del 2014.

Asimismo solicita que se le mantengan al señor Morera Massey los

derechos que como funcionario administrativo en propiedad le corresponden.

En ese mismo sentido se conoce oficio DF-0025-01-2012, con fecha 12 de enero del 2012, suscrito por la señora Silvinia Trejos Solano, Subdirectora del Departamento Financiero, mediante el cual manifiesta que no considera conveniente el traslado del señor William Morera Massey, a la oficina de la diputada Mireya Zamora Alvarado, salvo que pueda ser sustituido con otro funcionario que tenga el mismo perfil, quien realizaría las funciones que tiene a cargo el señor Morera Massey, entre las que están cálculo de viáticos al exterior, asistencia en el pago de dietas y gastos de representación a los diputados entre otros, las cuales son de suma importancia en el proceso de pagos de su dependencia. SE ACUERDA: Dado que no se cuenta con el visto bueno del Departamento Financiero, desestimar la solicitud de la diputada Mireya Zamora Alvarado para destacar en su despacho al señor William Morera Massey. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio ML-JF-DCC-074-2011, con fecha 1 de noviembre del

2011, suscrito por el diputado Danilo Cubero Corrales, Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario, mediante el cual solicita destacar temporalmente al señor Luis Paulino Castro Porras, cédula 1-528-540, puesto No. 001569 de Profesional 1B, en la oficina de la diputada Damaris Quintana Porras, a partir del 14 de noviembre del 2011 y hasta el 30 de abril del 2014, conservando los derechos y garantías que como funcionario en propiedad le corresponden. Dicho funcionario pertenece presupuestariamente al Departamento de Servicios Parlamentarios. Agrega que la diputada Quintana Porras cuenta en este momento únicamente con un funcionario administrativo destacado en su despacho por lo que es procedente tal solicitud a fin de completar los dos apoyos a los que tiene derecho cada uno de los diputados.

En ese mismo sentido se conoce oficio DSP-006-1-12, con fecha 12 de enero del 2012, suscrito por el señor Ricardo Agüero Salazar, Director del Departamento de Servicios Parlamentarios, mediante el cual se refiere al eventual traslado del señor Luis Paulino Castro Porras, a la oficina de la diputada Damaris Quintana Porras.

Sobre el particular manifiesta que esa dependencia ha visto disminuido el número de funcionarios por razones ajenas a su decisión, y un nuevo traslado le reduce aún más su capacidad de respuesta para atender con eficiencia los servicios que tiene por encargo.


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El señor Castro Porras forma parte de un reducido número de funcionarios que se ocupan de un tema de gran trascendencia para ellos, como es la actualización de las leyes. De proceder con su traslado, esa Unidad quedaría más disminuida aún. Adicional a ello, Luis Paulino cumple otras tareas igualmente útiles en el quehacer departamental. Por ejemplo, en la actualidad está dando apoyo a la Comisión Especial que estudia el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. En virtud de lo anterior, no considera conveniente que se haga ese traslado. SE ACUERDA: Dado que no se cuenta con el visto bueno del Director del Departamento de Servicios Parlamentarios, desestimar la solicitud de la diputada Damaris Quintana Porras para trasladar al señor Luis Paulino Castro Porras a ese despacho. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 20.- Se conoce oficio DRH-PA-101-01-2012, con fecha 23 de enero del 2012, suscrito por el señor Juan José Chotto Monestel, Jefe del Área de Provisión y Aplicación del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual remite para consideración del Directorio Legislativo la terna de las oferentes al puesto Nº 007788 de Profesional Nivel 1B, en sustitución del señor Carlos Roverssi Rojas, quienes cumplen completamente con los requisitos académicos y de experiencia para ocupar dicho puesto, el cual pertenece al Departamento de Recursos Humanos.

Indica el señor Chotto Monestel que sostuvo conversaciones con el señor Presidente del Directorio Legislativo, señor Juan Carlos Mendoza García, Segundo Secretario del Directorio Legislativo señor Martín Monestel Contreras, y con el Director Ejecutivo, a quienes les indicó la angustia laboral por la que atraviesa el Área de Provisión y Aplicación del Departamento de Recursos Humanos y se evidenció la imposibilidad física y material para cumplir con las diferentes tareas asignadas tanto organizacional y funcionalmente, en relación con el concurso interno institucional (divulgación, publicidad y realización del concurso interno institucional de alrededor de 85 plazas administrativas), el estudio de reasignación por la vía de la excepción de aproximadamente 23 puestos administrativos, etc. Asimismo manifiesta que esa área ha sido debilitada, ya que ha perdido dos plazas profesionales en menos de seis meses (una por nombramiento en una categoría inferior de parte del directorio legislativo y otra por traslado a la Sección de Transportes del Departamento de Servicios Generales). Por lo anterior envía nuevamente la respectiva terna para efectos de ser incluida en el orden del día de los asuntos que deben ser sometidos a


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conocimiento del Directorio Legislativo para su aprobación. Manifiesta la urgencia de contar con el referido nombramiento a la brevedad posible, necesidad que al día de hoy no ha sido solventada. Los nombres y calidades de las funcionarías son los siguientes:

Ana Luisa Ramírez Brenes, cédula Nº 1-749-024

Marcela Ávalos Mora, cédula Nº 1-1142-0175

Elia Aguilar Carvajal, cédula Nº 1-618-405

SE ACUERDA: Nombrar a la señora Marcela Ávalos Mora, cédula 1-1142-175, en el puesto Nº 007788 de Profesional 1B, en sustitución del señor Carlos Roverssi Rojas, quien disfruta de un permiso sin goce de salario. Rige a partir del 13 de febrero del 2012 y hasta el retorno del titular del puesto. __________________ Nota: El diputado Juan Carlos Mendoza García, deja constando su voto a favor de la señora Ana Luisa Ramírez Brenes.

ARTÍCULO 21.- Se conoce el siguiente documento:

CREACIÓN DE LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Propuesta I. PRESENTACIÓN

En el artículo 19 de la sesión N° 068-2011, realizada el 4 de agosto de 2011, el Directorio Legislativo acordó la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas como unidad administrativa de la Asamblea Legislativa.

En concordancia con dicho acuerdo, se tienen las siguientes consideraciones:

El establecimiento de una oficina para atender asuntos estratégicos vinculados con los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, es una acción impostergable. La iniciativa es una respuesta de la Asamblea Legislativa a los tratados y convenios internacionales que el país ha ratificado y que demandan el respeto y la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas.

La construcción de Costa Rica como país con un modelo inclusivo requiere de la generación de espacios concretos para que todos los sectores sociales y poblacionales puedan gestionar sus procesos de desarrollo, en el marco de sus particularidades históricas y culturales. En ese sentido la apertura de una oficina indígena en la Asamblea Legislativa corresponde con ese objetivo.

Los pueblos indígenas costarricenses son un actor de relevancia en la vida política del país. En el último medio, siglo la discusión del modelo de desarrollo que el país requiere involucra, ineludiblemente, intereses de los pueblos indígenas expresados en sus tierras, territorios, recursos,


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biodiversidad y gobernabilidad. Paralelamente, estos pueblos tienen una especial concepción de la realidad basada en su cosmovisión y expresada en sus conocimientos y formas de relación ancestrales con la naturaleza, universo y humanidad. Los pueblos indígenas, desde antes de la existencia del Estado-Nación, han dado grandes contribuciones a la Costa Rica de hoy, a través de sus recursos y biodiversidad, entre otros.

Siendo Costa Rica un país habitado por muchos grupos étnicos, donde sus primeros pobladores son

los pueblos indígenas, urge iniciar una discusión sobre un modelo de país intercultural y pluricultural, donde la participación indígena sea vinculante, sobre todo en aquellas discusiones y toma de decisiones referidas a la vida nacional y, especialmente, en aquellos temas que les afectan directa o indirectamente.

La Asamblea Legislativa, como primer poder de la República, debe garantizar la existencia de una Oficina de Asuntos Indígenas. Dicha oficina deberá contar con los recursos necesarios para su buen funcionamiento, especialmente en lo correspondiente a canalizar las propuestas y demandas de los Pueblos Indígenas, sobre la base de sus propias formas de organización y gobierno, y frente a un Estado que históricamente les ha discriminado y ha obstaculizado la implementación de sus principales derechos indígenas, pese a la ratificación de instrumentos legales internacionales en esta materia.

La oficina indígena de la Asamblea Legislativa coincide con la tendencia mundial que busca erigir mecanismos de participación política de los pueblos indígenas en instancias públicas, así como la canalización de sus principales propuestas y demandas sobre su desarrollo autónomo, en concordancia con la correcta aplicación y cumplimiento del Convenio 169 de la OIT; de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la legislación nacional.

II. OBJETIVOS ORIENTADORES DE LA OFICINA DE ASUNTOS INDÍGENAS

A través de la oficina indígena la Asamblea Legislativa deberá vigilar el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas en todo su accionar, orientándose a los siguientes objetivos:

Objetivo General

Facilitar la relación entre la Asamblea Legislativa y los pueblos indígenas mediante el intercambio de información, el análisis y la discusión sobre la legislación y las propuestas de ley que en ella se promuevan.

Objetivos Específicos

Formular recomendaciones a los legisladores y las legisladoras sobre los proyectos de ley promovidos en la Asamblea Legislativa, que afecten la vida de los Pueblos indígenas.

Proveer de información técnica sobre Pueblos Indígenas a la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y demás despachos y departamentos que así lo requieran.

Facilitar información a los poderes del Estado sobre aquellas propuestas de ley referidas a pueblos indígenas que requieren ser puestas en corriente legislativa para su aprobación, así como de aquellas otras iniciativas que requieren del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.


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Mantener suficientemente informadas a las organizaciones indígenas de la sociedad civil sobre el acontecer legislativo, y facilitar el desarrollo de espacios de diálogo con los y las legisladoras para el mutuo entendimiento.

Dar seguimiento al cumplimiento de las leyes y convenios internacionales. III. ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1: Formular recomendaciones a los legisladores y las legisladoras sobre los proyectos de ley promovidos en la Asamblea Legislativa que afecten la vida de los pueblos indígenas.

a) Disponer de mecanismos ágiles y eficientes para emitir recomendaciones a los diputados y las

diputadas, acordes con el cumplimiento de los derechos indígenas en los procedimientos legislativos.

b) Analizar el cumplimiento de los derechos indígenas en la Asamblea Legislativa, especialmente el

consentimiento libre, previo e informado y en concordancia con los estándares de derechos reconocidos a nivel internacional.

c) Promover el establecimiento de mecanismos de consulta a los pueblos indígenas en la Asamblea

Legislativa.

d) Promover espacios de reunión e intercambios entre legisladoras, legisladores y pueblos indígenas, a fin de que estos últimos puedan presentar sus posiciones, propuestas y demandas respecto a las acciones que afecten sus intereses.

e) Asesorar al Directorio Legislativo en las decisiones políticas que afecten a los pueblos indígenas.

f) Monitorear el cumplimiento de las leyes y convenios internacionales sobre derechos de pueblos

indígenas por parte de autoridades administrativas y operadores de justicia.

Objetivo 2: Proveer de información técnica sobre pueblos indígenas al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa

a) Brindar información al Departamento de Servicios Técnicos para que sus dictámenes se apeguen a los estándares de derecho nacional e internacional en materia indígena, apoyando la labor del personal en el análisis de la información.

b) Realizar estudios e investigaciones varias sobre los temas que le sean asignados.

Objetivo 3: Facilitar información a los poderes del Estado sobre aquellas propuestas de ley referidas a pueblos indígenas que requieren ser puestas en corriente legislativa para su aprobación, así como de aquellas otras iniciativas que requieren del consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

a) Sensibilizar a los funcionarios públicos sobre la importancia del cumplimiento de los derechos indígenas, brindando información adecuada y oportuna sobre la temática.


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b) Informar a los funcionarios y funcionarias de los poderes del Estado sobre la obligatoriedad de incluir los derechos indígenas, principalmente en el derecho al consentimiento previo, libre e informado en las propuestas que afecten a los pueblos indígenas.

Objetivo 4: Mantener suficientemente informadas a las organizaciones indígenas de la sociedad civil sobre el acontecer legislativo y facilitar el desarrollo de espacios de diálogo con los y las legisladoras para el mutuo entendimiento.

a) Rendir un informe anual a los Pueblos Indígenas sobre las labores realizadas por la Oficina

de Asuntos Indígenas.

b) Informar con prontitud a los pueblos indígenas sobre aquellas iniciativas de ley existentes en

la Asamblea Legislativa que afecten sus intereses.

c) Facilitar información oportuna a los indígenas sobre espacios de participación a nivel

nacional e internacional, así como su promoción desde la oficina legislativa.

d) Implementar una base de datos con las políticas, programas y proyectos del Estado que

afecten a los pueblos indígenas, que sea de fácil acceso a las comunidades indígenas.

Objetivo 5. Dar seguimiento al cumplimiento de las leyes y convenios internacionales sobre derechos de Pueblos Indígenas.

Mantener informada a la Asamblea Legislativa sobre recomendaciones emitidas en materia de

derechos indígenas por las Organismos internacionales, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la

Defensoría de los Habitantes, las Organizaciones No Gubernamentales y especialistas en Derechos

Humanos de Pueblos Indígenas.

IV.ALCANCES ESPERADOS

Se espera que con la creación de la Oficina de Asuntos Indígenas en la Asamblea Legislativa se logre lo

siguiente:

Análisis riguroso de la legislación que se promueve en la Asamblea Legislativa, a la luz de los

derechos de los pueblos indígenas que el país ha ratificado.

Establecimiento de mecanismos y procedimientos técnicos y políticos en la Asamblea Legislativa

que aseguren el acceso de los pueblos indígenas a la toma de decisiones.

Instrumentación del consentimiento previo, libre e informado.

Acompañamiento técnico y político a los Pueblos Indígenas para la promoción y aplicación de sus

derechos en la Asamblea Legislativa.

Aplicación de los estándares de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, por parte del

Estado y los distintos actores y acotras sociales, en los procesos de revisión y análisis de la legislación

que se apruebe en la Asamblea Legislativa.


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Aprobación de leyes sobre pueblos indígenas amparadas en los convenios internacionales y

vinculantes.

V. RECURSOS HUMANOS

Para el alcance de los objetivos se requiere la contratación de al menos una persona con formación

profesional para ocupar una plaza 1A, que sea de origen indígena y perteneciente a alguna de las ocho

etnias reconocidas en el país, quien debe contar con capacidades y habilidades técnicas y políticas de

coordinación general y ejecución en el área de los derechos humanos.

1. Perfil de la Persona Titular

Requisitos

1. Perteneciente a uno de los pueblos indígenas de Costa Rica.

2. Contar con estudios en al menos el grado de bachillerato universitario en una carrera atinente al

área.

3. Estar incorporada al colegio profesional respectivo.

4. Trayectoria demostrada con el movimiento indígena en los últimos diez años.

5. Poseer amplios conocimientos sobre los pueblos indígenas y sus derechos.

6. Demostrar conocimientos en gestión política, negociación política e incidencia política.

7. Tener un amplio historial comprobable en la defensa, promoción y aplicación de los derechos de

los pueblos indígenas.

8. Poseer experiencia y habilidades en labores de cabildeo e incidencia política en materia de

derechos indígenas.

9. Poseer conocimientos importantes de los procedimientos de la Asamblea Legislativa.

10. Tener amplios conocimientos de la situación del país y de la actuación estatal con respecto a los

pueblos indígenas.

11. Demostrar amplios conocimientos de las principales reivindicaciones de los pueblos

12. indígenas.

13. Preferiblemente facilidades de comunicación cultural con los ochos pueblos indígenas del

14. país.

15. Capacidad para incorporar tanto a mujeres como hombres indígenas en todas las

16. actividades que se coordinen con los diferentes pueblos indígenas. ____________________


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La diputada Gloria Bejarano Almada indica que con respecto al acuerdo del 2011 sobre la reapertura de la Oficina de Asuntos Indígenas, es importante realizar algunas consideraciones. En los últimos años la Asamblea Legislativa ha creado dependencias administrativas para la atención de grupos específicos de la población, concretamente la que atiende los asuntos de discapacidad y la que lo hace con el tema de género. Si bien la idea de la creación de estas unidades administrativas ha sido asesorar a los diputados en materias propias de su competencia, en la práctica, lo que se ha percibido es una extensión de más burocracia en el Parlamento, lo cual deteriora la imagen que tiene el ciudadano sobre este Primer Poder de la República. Permitir la creación de otras oficinas en ese sentido contribuye a continuar una línea que ha demostrado ser poco funcional en la institución. Existen muchos grupos que ante un modelo como el que se pretende implementar podrían buscar la creación de oficinas para la protección de sus intereses (adultos mayores, juventud, gays, lesbianas, transgéneros, ambientalistas), lo cual evidentemente es nocivo para el Parlamento. La Asamblea Legislativa conoce de los más variados temas, y los diputados deben contar con asesoría técnica oportuna, efectiva e imparcial para su más adecuado abordaje, pero esto no se logra desde las unidades administrativas independientes sino más bien fortaleciendo las diferentes áreas que tiene nuestro departamento de Servicios Técnicos, herramienta que ha demostrado ser de gran utilidad para el trabajo de los legisladores y la cual es necesario fortalecer. Por lo tanto, sugiere que estas unidades sean incorporadas al Departamento de Servicios Técnicos, ya que en el país existen instancias como el INAMU, las instituciones que protegen los derechos y analizan los problemas de personas con discapacidad y que nuestra función como poder legislativo es legislar, entonces estas personas que van a ver los temas legales deberían estar revisando la legislación actual y los proyectos de ley que se presentan dentro de la corriente legislativa para garantizar que protegen y en todo caso no afectan los intereses de estos grupos, de otra manera, estamos creando una serie de dependencias administrativas y ya hay otras instancias que debieran estar preocupadas por ellos, nosotros más bien deberíamos tener una relación más estrecha por ejemplo con el INAMU, la oficina de rehabilitación y atención de las personas con discapacidad y no tener unidades en el Parlamento porque esa no es nuestra función, debemos enfocarnos a lo que es el Poder Legislativo, que es la generación y revisión de la legislación de nuestro país. Por su parte, el señor Presidente coincide con el tema de la burocracia y en ese sentido le ha planteado al Departamento de Desarrollo Institucional la necesidad de evaluar cómo se pueden integrar y coordinar mejor entre las distintas oficinas que existen, porque también hay situaciones particulares. Podemos tener el caso de una mujer indígena con discapacidad que busca incidencia parlamentaria y debería existir desde la Asamblea Legislativa la posibilidad. En este caso, no se trata de hacer trabajo de organización de los pueblos indígenas, se trata de generar un empate entre el congreso y esta población que mejore las capacidades de incidencia política sobre el proceso legislativo. En ese sentido, igual la oficina de género lo que busca es transversalizar el tema de género en lo que es la formulación de las leyes, la oficina de discapacidad debe buscar también ese abordaje en el proceso de legislación. Cree que no es ajeno en el proceso de legislación como hay que verlo. Considera que sería mejor que trabajen todos unidos, pero eso pasa por un proceso de reestructuración que es más complejo de lo que podemos tomar acá en un primer momento. Indica el legislador que el título del documento es erróneo cuando dice que es creación. Se trata más bien de una reapertura, porque la oficina ha existido, cuando existió no funcionó


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adecuadamente; eso es una realidad y no se trata de reproducir los errores del pasado, por eso este planteamiento se hizo al Directorio para analizar cuáles son las características de ese planteamiento.

Este es un compromiso que adquirimos ante ellos la semana anterior, es una demanda de los pueblos, ciertamente no por eso se debe generar una oficina para cada población, pero en este caso en particular es pertinente y no quedarnos acá, hay que generar una coordinación adecuada entre los que tienen atención a esas poblaciones. El señor Presidente manifiesta que está de acuerdo en que no sea una oficina independiente, pero Servicios Técnicos no es el lugar en el que debe estar.

SE ACUERDA: Posponer para una próxima sesión que realice este Órgano Colegiado el conocimiento y resolución del documento denominado “Creación de la Oficina de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa de la República De Costa Rica”.

ARTÍCULO 22.- Se retoma la lectura y aprobación de las actas anteriores y previo a proceder a su aval, el diputado Juan Carlos Mendoza García, se refiere al artículo 1 de la sesión Nº 094-2012 en el que se autorizó la participación del diputado Molina Rojas en la conferencia denominada: “La descentralización en Centroamérica y República Dominicana: Balances y desafíos”, la cual tuvo lugar en República Dominicana del 17 al 21 de octubre del 2011. El legislador deja constando su voto en contra de dicha disposición y que además no estuvo en la sesión al momento de esta aprobación. Asimismo, advierte a la Administración que de proceder con este acuerdo se estaría actuando en contra de lo que dicta el reglamento legislativo, que no autoriza a los miembros de este Directorio a adoptar este tipo de medidas, ya que reglamentariamente le corresponde al Plenario Legislativo, pues es el único que está autorizado para hacerlo. Llama la atención a la Administración de que no puede ejecutar este acuerdo porque es antirreglamentario. El diputado Martín Monestel Contreras manifiesta que este caso es igual al de la diputada Sianny Villalobos Argüello, a lo cual el diputado Mendoza García plantea que tampoco sería procedente realizar el reconocimiento. Por otra parte, con respecto al artículo 18 de la sesión Nº 094-2012, indica el señor Presidente que se había solicitado, por la vía de la excepción, al Departamento de Recursos Humanos un estudio técnico de reasignación del puesto 078794, el cual ocupa la señora Rose Mary Artavia González; sin embargo, según el análisis que realizó, si bien Recursos Humanos le indicó a ella que solicitara convalidar el requisito de experiencia en el puesto, también indica que no cumple con el título de bachiller en educación media y titulo de secretaria graduada en un colegio técnico profesional, entonces considera que un tema es


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reconocer el tiempo de experiencia, y otro es pasar por alto requisitos académicos, por lo tanto quisiera solicitar a esa dependencia, que convalide el año de experiencia de la funcionaria, lo cual sí aplica y no la reasignación del puesto.

SE ACUERDA: Modificar el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 18 de la sesión Nº 094-2012, con el propósito de solicitar al Departamento de Recursos Humanos, que valide, únicamente, el requisito de experiencia que tiene la señora Rose Mary Artavia González en el puesto Nº 078794, más no así la reasignación de este código. Lo anterior por cuanto la funcionaria carece de los requisitos académicos necesarios para ser reasignada.

Hechas las anteriores aclaraciones, se aprueban las actas de las sesiones ordinaria Nº 094-2012 y extraordinaria Nº 095-2012, celebradas por el Directorio Legislativo el 2 y 6 de febrero del 2012, respectivamente.

ARTÍCULO 23.- Se conoce oficio As. Leg. 986-2011, con fecha 14 de diciembre del 2011,

suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en el artículo 13 de la sesión Nº 086-2011.

En dichos documentos se hace referencia a la posibilidad de normar, vía Reglamento Autónomo de Servicio de la Institución, las condiciones para otorgar un beneficio o licencia a los trabajadores o funcionarios que tengan un familiar que, por el estado calificado de su enfermedad, requiera la atención de las personas más cercanas. Esta propuesta ampliaría, sin fundamento legal que lo autorice, las condiciones que hoy se regulan en la Ley 7756 que norma los permisos para familiares que cuenten con un enfermo en fase terminal. Al respecto, cabe recordar que nuestra Institución se rige por el principio de legalidad, regulado en el artículo 11, tanto de nuestra Constitución Política, como de la Ley General de Administración Pública; dicho principio establece que los actos y comportamientos de la Administración deben estar justificados en una ley previa, esto es, deben sujetarse a lo que autorice la ley. Para el caso concreto, se debe tener claro que no existe ninguna norma legal que faculte a la Administración a aplicar un beneficio como el que nos ocupa a los servidores legislativos. Obsérvese que la Ley 7756 tiene restringido su ámbito de aplicación a aquellos casos donde se esté en presencia de pacientes con enfermedades en fase terminal, condición que deben ser previamente valoradas y diagnosticadas por el médico tratante, y que no enmarca la figura que nos ocupa. Por su parte, el artículo 47 de la Normativa de Relaciones Laborales de la Caja Costarricense de Seguro Social es una norma que, como lo reconoce el Departamento de Servicios de


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Salud, alcanza únicamente a los funcionarios de esta institución autónoma y no es extensiva a este Poder de la República. De la misma manera, téngase presente que el mismo artículo 47 de cita señalada, que el beneficio ahí contenido “se encuentra fuera del contexto que señala la ley 7756”, lo que implica que su fundamento jurídico no es la ley que establece los “Beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal”, sino que tiene como antecedente los derechos obtenidos de las convenciones colectivas y demás movimientos organizados en dicha Institución, por lo que, reitera, su aplicación se limita exclusivamente a sus servidores. Además de lo anterior, y sin dejar de señalar las buenas intenciones de la propuesta, de la misma nota presentada, se desprende la necesidad de contar con un fondo económico debidamente destinado y sostenible, que permita cubrir adecuadamente el subsidio necesario en el transcurrir del tiempo; fondo para el que no contamos con el principio de legalidad necesario para crearlo ni darle contenido presupuestario. Concluyendo, es criterio de esa Asesoría Legal que la propuesta presentada carece del fundamento jurídico para poder ser considerada a nivel del Reglamento Autónomo de Servicios, no solo porque no existe norma general que fundamente la aplicación de dicho beneficio o licencia, sino porque la autorización requerida debe venir de una ley de la República, o en su defecto implicaría hacer una reforma a nuestra Ley de Personal. SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio As. Leg. 986-2011, con

fecha 14 de diciembre del 2011, suscrito por la señora Reyna J. Marín Jiménez, Directora del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere a la posibilidad de normar, vía Reglamento Autónomo de Servicio de la Institución, las condiciones para otorgar un beneficio o licencia a los trabajadores o funcionarios que tengan un familiar que, por el estado calificado de su enfermedad, requiera la atención de las personas más cercanas.

Asimismo, se solicita a esa dependencia, compartir la experiencia de otras instituciones, donde este tema lo han solucionado a través de la integración de normas de la hermenéutica jurídica en el sentido de las convenciones que protegen los derechos de los menores y de igual manera en adultos mayores y en fase terminal, bajo el principio de conciliar la vida laboral con las tareas del hogar. Por lo anterior, se le solicita a ese despacho tomar en consideración las convenciones internacionales de derechos humanos que protegen a la familia para plantear una propuesta a este Directorio Legislativo. ACUERDO FIRME.

ARTÍCULO 24.- Se conoce oficio C-021-2012, con fecha 20 de enero del 2012, suscrito

por el señor Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se refiere a la consulta que se le planteada ante una controversia suscitada a lo interno de la Asamblea Legislativa, entre los Departamentos de Asesoría Legal y Financiero, concerniente a la posibilidad jurídica de que los diputados,


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una vez finalizado el período constitucional de cuatro años por el que fueron electos, puedan seguir haciendo uso de la asignación de quinientos (500) litros de combustible que el artículo 5 de la Ley N° 7352 les confiere; esto en caso de que al finalizar dicho período les quede algún remanente de la cuota de combustible correspondiente al último mes de su gestión. Y se indica que el Directorio Legislativo, en el artículo 11 de la sesión 49-2011 de 31 de marzo de 2011, adoptó un acuerdo sobre el punto, el cual no ha podido ser ejecutado por cuanto las citadas unidades técnicas mantienen opiniones encontradas al respecto.

CONSIDERACIONES PREVIAS Y ALCANCES DE NUESTRO DICTAMEN. El ámbito de nuestra competencia consultiva se enmarca dentro de los presupuestos que vienen contenidos en la gestión formulada por la Administración consultante. Ello implica que debamos analizar el objeto de la consulta tal y como nos viene formulada, para precisar así el alcance de la misma, como muestra de la decisión sopesada, seria y concienzuda de someter formalmente determinado tema a conocimiento de este órgano asesor. Ahora bien, analizado con detenimiento el objeto de su gestión podemos afirmar que se nos está pidiendo una valoración concreta sobre actuaciones de la Administración activa. Interesa indicar entonces, en primer lugar, que en lo concerniente a la valoración de actos concretos, cabe advertir que esta particular forma de requerir nuestro criterio técnico jurídico ha sido considerada improcedente, y así lo hemos expresado en reiteradas ocasiones, pues no corresponde a la Procuraduría General, como órgano superior consultivo de la Administración Pública, valorar si una determinada decisión administrativa, o incluso la opinión externada por asesorías o dependencias internas, son conformes o no al ordenamiento jurídico. La función consultiva debe ser ejercida respecto de competencias u organización de la Administración consultante, de la interpretación de normas jurídicas e incluso de sus efectos, pero no sobre actuaciones o criterios concretos -actuales o potenciales- vertidos por la Administración, sus dependencias o asesorías (Dictámenes C-277- 2002 de 16 de octubre de 2002, C-196-2003 de 25 de junio de 2003, C-241-2003 de 8 de agosto de 2003 y C-120-2004 de 20 de abril de 2004, C-315-2005 de 5 de setiembre de 2005, C-328-2005 de 16 de setiembre de 2005, C-418-2005 de 7 de diciembre de 2005 y 0392-2006 de 6 de octubre de 2006 y C-135-2010 de 06 de julio de 2010, entre otros muchos). No obstante, tomando especialmente en cuenta el indudable interés de su promotor en obtener criterios jurídicos que le permitan esclarecer la duda que formula, procederemos a atenderla, y en consecuencia, emitiremos nuestro criterio abstracto acerca de lo consultado, sin que entremos a valorar actuaciones o criterios concretos -actuales o potenciales- vertidos por la Administración, sus dependencias o asesorías. Interesa advertir entonces que siendo que la Asamblea Legislativa, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, está legitimada para requerir el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General en materias que conciernan específicamente,


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como en el presente asunto, al ejercicio excepcional, por su parte, de la función administrativa y que, en tal caso, el presente dictamen tendrá incluso II.- CUOTA DE COMBUSTIBLE COMO AYUDA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, VINCULADA AL EJERCICIO DEL CARGO DE DIPUTADO. En atención a su rango como miembros de los Supremos Poderes y a las necesidades propias del ejercicio de sus cargos, la asignación a los legisladores de una cuota de combustible constituye, sin lugar a dudas, una de las "ayudas técnicas y administrativas" de las que habla la norma 113 constitucional (al respecto véanse el dictamen C-197-2001 de 12 de julio de 2001, así como el Considerando XII de la resolución N° 550-91 de las 18:50 hrs. del 15 de marzo de 1991, Sala Constitucional). Y según indicamos recientemente, no tiene, de ningún modo, naturaleza retributiva-salarial (dictamen C-277-2011 de 9 de noviembre de 2011), pues al decir de la propia Sala Constitucional dichas "ayudas" se agotan en sí mismas con su asignación y son más bien recursos o medios (personales o materiales) que se ponen a disposición de cada diputado para facilitar el ejercicio concreto y particular de sus funciones (Resoluciones N°s 1974-97 de las 15:00 hrs. del 9 de abril de 1997 y 2000-06329 de las 16:21 hrs. del 19 de julio de 2000). Como se infiere, tal "ayuda" está estrechamente vinculada al ejercicio del cargo de diputado y su necesidad de desplazarse, en razón de sus especiales funciones, a lugares alejados del recinto parlamentario (dictamen C-277-2011 op. cit.). Así que una vez que la persona deja de ocupar definitivamente el cargo de diputado, sea por muerte, renuncia unilateral (arts. 206 y 264 del Código Electoral y Resolución N° 1435-92 de las 12:00 hrs. del 29 de mayo de 1992, Sala Constitucional), por destitución y pérdida de credencial ordenada por el Tribunal Supremo de Elecciones (art. 262 y ss. del Código Electoral), o bien por terminarse el respectivo período constitucional por el que fue electo -que por disposición constitucional expresa, tiene una duración de cuatro años (art. 107 de la Constitución Política)-, el derecho a percibir dicha ayuda termina. En el contexto aludido, resulta entonces jurídicamente improcedente que una vez finalizado el período constitucional de cuatro años por el que fueron electos, se pretenda que quienes fueron diputados puedan seguir haciendo uso de la asignación de quinientos (500) litros de combustible que el artículo 5 de la Ley N° 7352 les confiere; esto aún en el caso de que al finalizar dicho período les quede algún remanente de la cuota de combustible correspondiente al último mes de su gestión. Admitir lo contrario implicaría una eventual desviación de poder (art. 131 de la Ley General de la Administración Pública), porque se presentaría una clara inadecuación entre el fin de la norma y el sentido teleológico de la actuación administrativa y esa inadecuación es susceptible de invalidar dicha conducta al no servir ésta objetivamente al fin establecido por el ordenamiento jurídico (dictamen C-293-2009 de 19 de octubre de 2009). Véase que en estos casos no se estaría, de ningún modo, infringiendo la reserva legal reconocida por el Tribunal Constitucional en la materia, pues ha sido la propia Constitución Política (arts. 107 y 113) y la interpretación que se ha hecho de la misma, la que han fijado implícita y consustancialmente los límites aludidos, tanto a las asignaciones


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o retribuciones, como a las ayudas técnicas y administrativas que la ley puede conferirle a los diputados para el ejercicio de su cargo. Por último, no está de más recordar que las decisiones administrativas en orden a la obtención, manejo, uso y administración de los recursos públicos no pueden de ningún modo quedar a la entera voluntad de la Administración Pública, sino que deben ser estrictamente conformes a la ley, por lo cual deben producir exclusivamente un cumplimiento efectivo y satisfactorio (utilización óptima) de los intereses generales propios de la acción pública concreta de que se trata (Dictamen C-240-2008 de 11 de julio de 2008). CONCLUSIONES:

La asignación a los legisladores de una cuota de combustible constituye una de las "ayudas técnicas y administrativas" de las que habla la norma 113 constitucional.

Dicha "ayuda" no tiene naturaleza retributiva-salarial (dictamen C-277- 2011 op. cit).

Y está estrechamente vinculada al ejercicio efectivo del cargo de diputado y su necesidad de desplazarse, en razón de sus especiales funciones, a lugares alejados del recinto parlamentario.

En el contexto aludido, resulta jurídicamente improcedente que una vez finalizado el período constitucional de cuatro años por el que fueron electos, se pretenda que quienes fueron diputados puedan seguir haciendo uso de la asignación de quinientos (500) litros de combustible que el artículo 5 de la Ley N° 7352 les confiere; esto aún en el caso de que al finalizar dicho período les quede algún remanente de la cuota de combustible correspondiente al último mes de su gestión.

Admitir lo contrario implicaría una eventual desviación de poder (art. 131 de la Ley General de la Administración Pública).

SE ACUERDA: Dar por recibido el oficio C-021-2012, con fecha 20 de enero del 2012, suscrito por el señor Luis Guillermo Bonilla Herrera, Procurador de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se refiere a la imposibilidad jurídica de que los diputados, una vez finalizado el período constitucional de cuatro años por el que fueron electos, puedan seguir haciendo uso de la asignación de quinientos (500) litros de combustible que el artículo 5 de la Ley N° 7352 les confiere. Asimismo, se instruye a la Administración con el propósito de que haga dicho criterio del conocimiento de los diputados a la Asamblea Legislativa.


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ARTÍCULO 25.- SE ACUERDA: Posponer para la próxima sesión que celebre este Órgano Colegiado el conocimiento y resolución de los temas contenidos en los artículos 19, 20, 21 y 22 que constan en el orden del día.

Se levanta la sesión a las 9:32 a.m.

Juan Carlos Mendoza García PRESIDENTE

José Roberto Rodríguez Quesada Martín Monestel Contreras PRIMER SECRETARIO SEGUNDO SECRETARIO

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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO ACTA DE … compartidos/Acta096...SESIÓN Nº 096-2012 9 de...

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