revista de estudios - Sindicato Nacional de CCOO de …€¦ · revista. S on 1.833.700 los hogares...

de estudiosanálisis, reflexión y debate

revista

2013 • ENERO 47

ENRIQUE LILLO

‘La respuesta social tiene queser radical y contundente’

Carmen Rivas

EL ANÁLISIS RODOLFO BENITO

6 millones de personas en situación de desempleo,éste es el drama, ésta es la prioridad

CARLOS BARRA Y LUIS MONTES

Madrid 2003-2012: Expolio de la sanidad pública

FRANCISCO ALEMAN PAEZ

La Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicciónsocial: desde la centralidad procesal absorbente alos riesgos de una ‘justicia defensiva’

GABRIEL JARABA

Por un combate comunicacional contra elretroliberalismo

ANA GÓMEZ

Ciber aunque sobradamente activista

DEBATES DE LA FUNDACIÓN

Alberto Garzón: ¿Son posibles otros presupuestos?

ANTONIO BAYLOS

Prólogo al libro de Bruno Trentin: ‘La ciudad deltrabajo’. Izquierda y crisis del fordismo

LOS DATOS TIENEN LA PALABRA • JESÚS CRUCES

EL COMPROMISO DE LA MEMORIA • ARCHIVO HISTORIA DEL TRABAJO

Directora: Laura Arroyo Romero-Salazar

Consejo de Redacción: Ramón Baeza, RodolfoBenito, Ana Fernández Asperilla, Carmen Rivas

Avila, Fernando Rocha, Elvira S. Llopis, Juan Vargas.

Fundación 1º de MayoCentro Sindical de Estudios de CCOO

C/ Longares,6. 28022 Madrid. Tel.: 913640601. Fax: 913640838

www.1mayo.ccoo.es | [email protected]: 1989-4724

de estudiosrevista

Son 1.833.700 los hogares con todos sus miembrosen situación de desempleo y de ellos, 638.300, losque no perciben ningún tipo de ingreso. Pero pesea esta gravísima situación se sigue insistiendo en

una política errónea, inútil desde el punto de vista econó-mico y socialmente demoledora. Una política cuyo centroes la reforma laboral, que esta produciendo estragos en elmercado laboral. Una implacable maquina de destrucciónde empleo, de profundo deterioro de las condiciones detrabajo, con consecuencias no precisamente positivas parael futuro de la economía y del empleo en nuestro país. Yjunto a ello, el desmontaje del estado social, la desaparición,el recorte y la privatización de servicios básicos que estánen la base del Estado de Bienestar, que amplían las franjasde la exclusión social y se convierten también en un verda-dero lastre para la actividad económica.

La presión social es fortísima, de eso no cabe la menorduda. El consenso de una mayoría de la sociedad en tornoa que la situación es insoportable y en la exigencia decambios, es abrumador. La existencia de iniciativas y alter-nativas, es clara. Los sindicatos recientemente hemos hechollegar al gobierno, a la patronal y a los grupos parlamenta-rios propuestas para promover el crecimiento, el empleo yla cohesión social, ante la crisis de la economía española,pero la perseverancia del gobierno en sus políticas es yatemeraria.

La movilización social sigue siendo imprescindible. Enmarzo la Confederación Europea de Sindicatos llama a unanueva movilización social en el conjunto de la Unión Euro-pea. La insistencia en que hay alternativas, va a ser unaconstante, pero requiere llegar hasta el último centro detrabajo, que llegue a la mayoría de la sociedad, que sacudalas paredes de las fuerzas políticas, que mueva al conjuntode la sociedad.

CCOO, va a seguir trabajando en esta dirección, defen-diendo el empleo y el estado social, adoptando iniciativasen el terreno de la propuesta y de la movilización, conver-giendo con el conjunto de la sociedad, desde la CumbreSocial, en los centros de trabajo, con el empleo y el estadosocial como prioridad.

Pero CCOO es también una potente Red de Solidaridad,que se va a ampliar y fortalecer, formada por su afiliación,por decenas de miles de representantes sindicales, que día

a día, en su centro de trabajo, luchan por el empleo y lascondiciones de trabajo, por decenas de miles de personas,que intentan dar respuesta al desempleo y a la poblacióndesempleada, personas que, día a día también, impulsanpolíticas de intervención social, frente a la pobreza, frenteal incremento de las desigualdades, en materia sanitaria,educativa, con relación a los servicios sociales y la atencióna las personas en situación de dependencia.

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revista DE LA FUNDACIÓN

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ANÁLISISRODOLFO BENITO | PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO y SECRETARIO CONFEDERAL DE ESTUDIOS DE CC OO

6 millones de personas en situación dedesempleo, éste es el drama, ésta es la prioridad

“Se va a desarrollar una amplia red deatención e información sobredesahucios y a ampliar y fortalecer lared de atención a personas endesempleo.

“Los sindicatos recientemente hemoshecho llegar al gobierno, a lapatronal y a los gruposparlamentarios propuestas parapromover el crecimiento, el empleo yla cohesión social, ante la crisis de laeconomía española, pero laperseverancia del gobierno en suspolíticas es ya temeraria.

CCOO esta con los trabajadores y trabajadoras, con laspersonas que están sufriendo de manara totalmente injustalas consecuencias de estas políticas, con quien hoy esta ensituación de pobreza y de pobreza severa, que esta en losumbrales de la exclusión y vulnerabilidad social.

Sin renunciar a su objetivo fundamental de agregación,promoción y defensa de los intereses colectivos de los tra-bajadores y trabajadoras, en el marco de unas relacioneslaborales asimétricas, el sindicalismo ha ido asumiendootras funciones, desde la representación institucional a laoferta de servicios que, en la actualidad, siguen siendo ne-cesarias pero resultan claramente insuficientes.

Hay que actuar contra las causas (y los causantes) de lacrisis, mediante la denuncia, presión y negociación, en sucaso, en defensa de una salida social y promoción de me-didas alternativas (fiscales, legislativas, económicas y labo-rales), y hacerlo igualmente sobre quienes sufren cada vezmás sus efectos, aportando canales de participación, deprotesta y de propuestas.

El objetivo de CCOO es la movilización también de todos

sus recursos humanos, materiales (desde alimentos a in-fraestructuras de información y formación) y relacionales(asesoría, acompañamiento etc.).

Se va a desarrollar una amplia red de atención e infor-mación sobre desahucios y a ampliar y fortalecer la red deatención a personas en desempleo.

Iniciativas, propuestas, acción y SOLIDARIDAD con ma-yúsculas, que es mucho más que una bella palabra. Es elin terés común. <

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“CCOO, va a seguir defendiendo elempleo y el estado social, adoptandoiniciativas en el terreno de lapropuesta y de la movilización,convergiendo con el conjunto de lasociedad, desde la Cumbre Social, enlos centros de trabajo, con el empleoy el estado social como prioridad.

FUNDACIÓN 1º MAYO WWW.1MAYO.CCOO.ES

La ciudad del trabajoLa ciudad del trabajo es un libro de culto. Bruno Trentin es un personaje histórico,pero también literario. Un hombre de un tiempo ya extinto, en cuya biografíacaben todas las facetas posibles de un dirigente obrero y de un intelectual rigu-roso que ha tomado partido decididamente por el socialismo y la democracia enel convulso siglo XX. La ciudad del trabajo se compone de dos partes bien defini-das. La primera se titula “Izquierda y crisis del fordismo” y la segunda “Gramsciy la izquierda europea frente al fordismo de la primera posguerra”.

Más información y pedidos: [email protected]

La llegada del PP al gobierno de Madrid en 2003,supuso la puesta en marcha de un proyecto sani-tario diseñado a medio plazo y que consistía enprivatizar el sistema sanitario público madrileño;

en aquellos días con la oposición política noqueada, lossindicatos aletargados, los profesionales y trabajadoresdel sector con prioridades e inquietudes muy alejadasdel análisis de la nueva política sanitaria a instaurar, elgobierno regional comenzó, sinoposición significativa, el caminohacia el desmantelamiento de la sa-nidad pública madrileña. Convienerecordar que con enorme rapidezse produjeron las adjudicaciones delos concursos para la construcciónde los nuevos hospitales prometidospor la Sra. Aguirre en campaña elec-toral lo que significó la entrada entromba del sector privado en la sa-nidad pública, no sólo para construiry mantener los centros hospitalariosnuevos sino incluso, en el caso deValdemoro, realizar la provisión pri-vada de la misma asistencia sanita-ria; ello se realizó obviando un pro-ceso racional de planificación en laasignación de recursos pues el ob-jetivo era situar al mercado comoelemento primordial de la políticasanitaria y avanzar hacia una re-conversión sanitaria que desman-telaría la sanidad pública. La ciuda-danía no intuyó el grave peligro queesa política suponía para el futurodel sistema público, el PP puso en marcha una campañade propaganda agresiva que trataba de convencer a lapoblación se iba a producir un aumento importante derecursos sanitarios; en realidad lo que ha ocurrido es quela puesta en marcha de los nuevos hospitales ha supuestouna reducción de recursos en los centros hospitalarios yaexistentes y por tanto han resultado falsas las promesasque dicha campaña trasladaba.

El Gobierno del PP en Madrid no cree en los servicios

públicos, esto no necesita ninguna demostración, la Sra.Aguirre lo explicitó en numerosas ocasiones; por ello suacción política ha ido encaminada a desregular todoaquello que garantizaba la ordenación racional de los re-cursos, así a pesar de haber presentado un proyecto denuevo mapa sanitario que contemplase los nuevos hos-pitales y un nuevo decreto de zonificación, éstos nuncase publicaron y en su lugar para conseguir la desregulación

de los flujos asistenciales y faci-litar la derivación de los pacien-tes hacia las instituciones priva-das aprobó posteriormente elÁrea Única que se publicitócomo necesaria en el contextode una ficticia libertad de elec-ción.

La Atención Primaria no hasido nunca una prioridad parael Gobierno Regional por ello sehan incumplido las promesas deconstrucción de todos los Cen-tros de Salud necesarios, persis-ten zonas básicas de salud conexceso poblacional y los recursoshumanos siguen siendo insufi-cientes lo que genera masifica-ción en la asistencias con de-moras intolerables. Tampoco laSalud Pública interesa al PP ypor eso suprimió la DirecciónGeneral de esa disciplina e hizodesaparecer el Instituto de SaludPública.

Empresas y consultoras priva-das han recibido numerosos encargos de informes y tra-bajos para la Consejería obviando a los cualificados fun-cionarios que en ella trabajan, empresas que sin embargohan podido utilizar los trabajos realizados por éstos te-niendo así perfecto conocimiento de la situación sanitariamadrileña.

Revalidada la mayoría absoluta en 2007, el PP avanzóaún más en el proceso privatizador incrementando el nú-mero de ciudadanos que mediante la concesión adminis-

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“Con enorme rapidez seprodujeron lasadjudicaciones de losconcursos para laconstrucción de los nuevoshospitales prometidos por laSra. Aguirre en campañaelectoral lo que significó laentrada en tromba del sectorprivado en la sanidadpública.

“Lo que ha ocurrido es que lapuesta en marcha de losnuevos hospitales hasupuesto una reducción derecursos en los centroshospitalarios ya existentes ypor tanto han resultadofalsas las promesas quedicha campaña trasladaba.

CARLOS BARRA GALÁN | MÉDICO ESPECIALISTA DEL SERMÁS. ESPECIALISTA EN GERENCIA DE ÁREAS DE SALUD.

LUIS MONTES MIEZA | MÉDICO ESPECIALISTA DEL SERMÁS.

Madrid 2003-2012: Expolio de la sanidad pública

trativa a tres nuevos hospitales a construir (Móstoles, To-rrejón de Ardoz y Villalba) recibirían provisión privada desu asistencia sanitaria; hoy ya están funcionando dos deéstos hospitales y ello unido al convenio singular suscritocon la Clínica de la Concepción (centro privado) suponeque en la actualidad más de un millón de madrileños re-ciban asistencia sanitaria en hospitales privados; si a ellounimos que la concertación ha aumentado de maneraimportante y que las derivaciones para pruebas diagnós-ticas (fundamentalmente en pruebas de imagen) no handejado de aumentar, la realidad hoy es que una partecada vez más importante del presupuesto sanitario ma-

drileño termina en manos privadas.Parece evidente a la luz de lo expuesto anteriormente

que el Gobierno de la Comunidad de Madrid (PP) haavanzado de manera imparable en su proyecto privatiza-dor iniciado en 2003 y que contrariamente a lo que susmáximos dirigentes decían entonces, ello no ha supuestoninguna mejora en la gestión sino que ha disparado unadeuda sanitaria cuyas dimensiones reales seguimos sinconocer y un despilfarro en la gestión que día a día sehace más patente, a pesar de la total opacidad quepreside la información que se aporta sobre el gasto sani-tario desde la Consejería. Ciertamente no nos causa sor-presa esta cuestión pues conviene recordar que la políticasanitaria del PP en la Comunidad de Madrid no tienenada de innovadora y eficiente como pretendían hacercreer, sino que es un calco de las políticas thacherianasque destrozaron al Servicio Nacional de Salud británico.

Es una realidad que ante un comportamiento políticode tono autoritario como practica el gobierno regional,impidiendo el necesario diálogo político, desprestigiandoa las organizaciones sindicales, tildando de vagos e inefi-cientes a los funcionarios y empleados públicos, es difícilarticular una oposición eficaz pero dicho esto, es necesarioindicar que durante demasiado tiempo, no se ha visuali-zado a la oposición política, las organizaciones sindicalesno han sabido plantar cara a la política de precarizaciónde condiciones laborales en el sector y los profesionales,salvo excepciones, no parecían percibir la gravedad de lareconversión sanitaria que el PP estaba llevando a caboen la Comunidad de Madrid; se estaba produciendo unprogramado expolio del sistema sanitario público madri-leño sin que apareciese la lógica alarma social; sería in-justo decir que no ha habido ninguna resistencia a esapolítica gubernamental, plataformas en defensa de la sa-nidad pública se constituyeron en distintas zonas, coor-dinadoras antiprivatización se opusieron a esa política,el movimiento asociativo vecinal denunció y se movilizócontra ella, todo ello fue creando un caldo de cultivo pro-picio para que el descontento social haya ido en aumentoy en los últimos meses haya surgido con toda su fuerza.

La llegada al Gobierno de España del PP al ganar pormayoría absoluta las elecciones generales de noviembrede 2011 y la consecuente puesta en marcha de su políticaconservadora, hizo que se promulgase el RD-Ley 16/2012que eliminaba el carácter de universalidad de la asistenciasanitaria que nuestro sistema tenía, negando el derechoa recibirla a determinados colectivos, así como los recortesen prestaciones y la instauración de nuevos copagos eincremento en el ya existente (farmacéutico) incluyendotambién a los pensionistas; todo ello ha actuado comorevulsivo para dinamizar y hacer mucho más visible ungran descontento social que permanecía larvado. En Ma-drid la presentación y posterior aprobación del eufemís-ticamente llamado Plan de medidas de garantía de la

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“Para conseguir la desregulación delos flujos asistenciales y facilitar laderivación de los pacientes hacia lasinstituciones privadas aprobóposteriormente el Área Única que sepublicitó como necesaria en elcontexto de una ficticia libertad deelección.

“La realidad hoy es que una parte cadavez más importante del presupuestosanitario madrileño termina enmanos privadas.

“La política sanitaria del PP en laComunidad de Madrid no tiene nadade innovadora y eficiente comopretendían hacer creer, sino que es uncalco de las políticas thacherianasque destrozaron al Servicio Nacionalde Salud británico.

sostenibilidad del sistema sanitario público madrileñoque en realidad contempla la privatización prácticamentetotal del mismo, ha sido la gota que ha colmado el vasoy ha hecho estallar la indignación de todos los sectoresde la comunidad sanitaria; así los profesionales han en-tendido que no podían permanecer más tiempo al margencontemplando como las ins-tituciones donde se han for-mado y donde trabajan se en-tregan a manos privadas ypor ello convocaron y secun-daron mayoritariamente unahuelga de más de un mes deduración exigiendo la retiradadel plan. El conjunto de tra-bajadores del sector ha pro-tagonizado encierros en loscentros y movilizaciones enlas distintas ciudades de laComunidad, las organizacio-nes sindicales han convocadojornadas de huelga generalsanitaria y la ciudadanía hasido cómplice de los profesio-nales, se ha encerrado conellos en varios centros asis-tenciales y junto a ellos haninundado las calles de Madrid en las numerosas mareasblancas dejando ver a todo el país y también fuera denuestras fronteras que no está dispuesta a permitir learrebaten un logro histórico que costó tanto conseguir:nuestro Sistema Sanitario Público con cobertura universal,igualdad en el acceso, financiación provisión y gestiónpública.

No deja de sorprender que una respuesta social de tal

magnitud en la que han participado amplios sectores vo-tantes tradicionales del PP, no haya hecho rectificar alGobierno Regional. ¿Por qué no rectifican? ¿hay algoque no sepamos los ciudadanos que se lo impida? ¿noserá algo relacionado con lo que ellos llaman negociosanitario? Sería bueno nos dieran alguna explicación cre-

íble pues hablar con imprecisión eineptitud del pretendido ahorro queel plan va a producir no hace másque acrecentar nuestra percepciónde que las razones son otras biendistintas. ¿Tendrán éstas algo quever con la llamada puerta girato-ria?

Concluyendo la sanidad públicamadrileña está en grave peligro deextinción, afortunadamente hoy lopercibe una amplia mayoría social,también la oposición política queestá reaccionando reafirmando sucompromiso con la Sanidad Pú-blica, los profesionales del sectorque se han movilizado, las organi-zaciones sindicales que están ac-tuando con mayor firmeza y el con-junto de la ciudadanía que estásiendo un actor trascendental en

la resistencia al ataque brutal del PP de Madrid. La unidadde acción contra la política del Gobierno del PP de Madridse hace imprescindible; nosotros profesionales del sistemamadrileño de salud, que hemos denunciado reiterada ypúblicamente las políticas privatizadoras de sus sucesivosgobiernos, nos permitimos con toda humildad pero confirmeza exigir se camine hacia esa unidad que nos llevaráa evitar este expolio programado. <

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“Han inundado las calles deMadrid en las numerosasmareas blancas dejando ver atodo el país y también fuera denuestras fronteras que no estádispuesta a permitir learrebaten un logro históricoque costó tanto conseguir:nuestro Sistema SanitarioPúblico.

“Concluyendo la sanidad públicamadrileña está en grave peligrode extinción, afortunadamentehoy lo percibe una ampliamayoría social.


Alternativas a la crisis y al futuro de EuropaDocumento de trabajo elaborado por las fundaciones vinculadas a CCOO y UGT (1ºde Mayo y Francisco Largo Caballero) que recoge las reflexiones aportadas en elencuentro de más de veinte sindicatos europeos que se celebró en Madrid y quesirve de punto de partida para el debate sobre alternativas a la crisis y al futuro deEuropa.El 25 de Septiembre de 2012 se reunieron en Madrid más de cincuenta dirigentes sindicalespertenecientes a alrededor de veinte sindicatos (entre los que se encontraban CC OO, UGT y

USO) del conjunto de los países de la Unión Europea, con la participación de diferentes responsables de la Confedera-ción Europea de Sindicatos (CES), que mantuvieron un Encuentro Sindical para debatir sobre la crisis y el futuro de Europa y susalternativas. El Encuentro se desarrolló en un contexto en el que los responsables políticos de las instituciones europeas y de susprincipales Estados miembros son incapaces de dar respuestas eficaces y coherentes a los problemas más urgentes.

1El conflicto de trabajo es una forma de antagonismoestructurado de las sociedades capitalistas cuyasmanifestaciones difieren extraordinariamente a nivelmaterial y desde los dispositivos jurídicos que se

arbitran para vehicular tales controversias. Como es sabido,la dialéctica composición/ heterocom-posición permite trazar un umbral te-órico de separación al hilo de sus for-mas de afrontamiento. Contamos conlíneas de acción institucional que tien-den a potenciar las fórmulas cualifi-cadas de autogestión extrajudicial,pero aun así los cauces judiciales nodejan de acaparar una centralidadabsorbente. No obstante, esa centra-lidad se refuerza, mucho más si cabe,merced a un incremento enérgico dela litigiosidad judicial nada más acti-varse la hipercrisis económica, cuyaescenario venidero cronificará deforma paulatina los niveles de con-flictividad y de judicialización. Por ello,el hecho de contar con cauces pro-cesales efectivos e imbricados ade-cuadamente en el derecho sustantivo,junto a la disposición sistémica detodo ello dentro de una estructurajurisdiccional dada, son claves de cuyatrabazón pende el desenvolvimientode las relaciones laborales, amén de representar un indiciomuy fidedigno de los niveles culturales, cívicos y de convi-vencia ciudadana2. Paralelamente, la ley procesal opera amodo de atalaya (si no banco de pruebas) que detecta elpulso de las relaciones de trabajo y su problematizaciónestructural, pero aparte de este aspecto técnico los órganosjurisdiccionales son una pieza neurálgica del Estado de de-recho pues, entre otros aspectos, se encargan de vehicular

la tutela judicial y de garantizar la prevalencia del principiode legalidad. Esto también nos emplaza a un principio deacción enraizado en la idea de justicia, lo que, merced a suvalor axiológico y de utilidad pública, erige esta temáticaen una pieza clave de la organización de la sociedad y epí-

gono jurídico de los textos Cons-titucionales. Nuestra materia im-brica un concepto paralelo alaxioma matriz: la justicia social.Este canon inhiere una clase de-terminada de justicia, aplicada,esto es, a los problemas del tra-bajo empero bajo un sentido deprotección del trabajador, convir-tiéndose de ese modo en un heu-rístico que orienta la acción dellegislador y la de los poderes pú-blicos cuando diseñan y aplicantan importante segmento de po-líticas sociolaborales.

Constitucionalmente, la potes-tad jurisdiccional de “juzgar y ha-cer ejecutar lo juzgado” corres-ponde con exclusividad a losJueces y Magistrados del poderjudicial, los cuales gozan de unaserie de prerrogativas (v.gr. inde-pendencia, inamovilidad) y de uncuadro de obligaciones en el ejer-

cicio de sus facultades (v.gr responsabilidad y sometimientoal imperio de la ley, ex arts. 117.1 y 3 CE). Este principio deunidad jurisdiccional resulta compatible con la existenciade diversos órdenes o ámbitos para la realización prácticadel derecho. Así acontece con los jueces y tribunales del or-den social, los cuales conocen las pretensiones promovidasdentro de dicha rama en los conflictos individuales y colec-tivos y en otros aspectos materiales conexos. El sistema ju-

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“La ley procesal opera a modode atalaya (si no banco depruebas) que detecta elpulso de las relaciones detrabajo y suproblematización estructural.

“El derecho del trabajo es “unordenamiento compensadore igualador en orden a lacorrección... de lasdesigualdadesfundamentales”, ahora bien,tal esencia tuitiva deviene dela recepción de dicho rasgoen las normas sustantivas yde su integración paralela enlas normas procesales.

FRANCISCO ALEMÁN PAEZ | CATEDRÁTICO ACREDITADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

La Ley 36/2011 reguladora de la jurisdicciónsocial: desde la centralidad procesal absorbentea los riesgos de una ‘justicia defensiva’

“Et is similis spectatori est quod ab omni separatus spectaculo videt”Y él es semejante a un espectador que ve el espectáculo separado de todo.(Schopenhauer A. “El mundo como voluntad y como representación”, L. III)

rídico crea un plantel de órganos especializados con pautasde actuación propias y categorías diferenciadas de otrosórdenes jurisdiccionales, sin embargo no son sólo explica-ciones técnicas o institucionales las que justifican la onto-génesis del derecho procesal laboral ya que éste tambiénopera como mecanismo de encauzamiento del conflicto so-cioeconómico subyacente a las relaciones profesionales co-adyuvando su atemperación. Se arbitra, esto es, una insti-tución nuclear, el proceso de trabajo, de consuno con unaestructura orgánica encargada de tutelar el cumplimientodel ordenamiento laboral y las relaciones jurídicas de trabajo,lo que, como digo, es una forma de encauzar institucional-mente un fin teleológico último de preterida justicia social3.La propia jurisprudencia Constitucional recaba estas carac-terísticas y resalta las conexiones del derecho sustantivo ylas normas adjetivas y sus imbricaciones con su comúnesencia protectora. Como sabe-mos, y según declarara el Alto Tri-bunal, el derecho del trabajo es“un ordenamiento compensadore igualador en orden a la correc-ción... de las desigualdades fun-damentales”4, ahora bien, talesencia tuitiva deviene de la re-cepción de dicho rasgo en las nor-mas sustantivas y de su integra-ción paralela en las normasprocesales. Para el Constitucional,se trata de superar “tendencias que creían que el Derechoprocesal era un conjunto de normas neutras y aisladas delDerecho sustantivo” pues, de contrario a ello, “resulta pa-tente que ambas son realidades inescindibles, actuandoaquél como un instrumento más, y de singular importancia,para el cumplimiento de los fines pretendidos por éste”5.En otras palabras, la desigualdad socioeconómica es unheurístico corrector que opera de consuno en las normassustantivas, en las reglas adjetivas y en el funcionamientode las normas procedimentales. En este mismo orden deideas podíamos enmarcar la conveniencia de reducir al má-ximo la complejidad de las categorías procesales, incluso laconsideración de la gratuidad en la justicia a los sujetos ensituaciones de desventaja y vulnerabilidad. Si deparamosen las atribuciones de los jueces laborales, en su especiali-zación y en su involucración adjetiva, inferimos un rol quepropende compensar la vertiente social del derecho del tra-bajo desde un plano de acción técnica, máxime con la com-plejidad que hacen gala los cauces adjetivos y la “desmesuranormativista” del propio derecho sustantivo. Sabemos losexcesos de dicho régimen mediante una incesante bateríade dispositivos legales y reglamentarios que se suceden“aluvionalmente” y sin solución de continuidad. Estas iner-cias, por lo demás, no cejan de aumentar debido a la mayordensidad de las relaciones socioeconómicas, sin olvidar lainfluencia del neocapitalismo ultraliberal en nuestra disciplina

y la inundación de cánones economicistas en los dispositivosjurídicos bajo un marchamo de racionalidad juridificadora.Aparte de estos aspectos, el procedimiento laboral es unavía mucho más ágil, económica y sencilla que, por ejemplo,el proceso civil, visto el carácter costoso, lento y formalizadorque irradian sus dispositivos rectores. En suma, y según seencarga de rubricar el Tribunal Constitucional, la ley rituaria“es un proceso a favor del trabajador, que intenta compensarla desigualdad sustancial en que éste, social y económica-mente, se encuentra” (STCO 3/1983 cit).

El procedimiento de trabajo es un concepto laxo y connumerosas aristas teóricas, si bien su significado infiere dosdimensiones complementarias. De una parte, ostenta unadimensión digamos “interna”, que no es otra que la activi-dad jurisdiccional, cuyo radio de acción viene definido porel régimen de competencias y atribuciones de los jueces y

tribunales del orden social. Perojunto a este extremo, el conceptotambién infiere un aspecto “ex-terno” que nos emplaza esta vezcon una serie de trámites y actua-ciones que vertebran una estructuranormativa dada, que en nuestro casoostenta, cómo no, un carácter ritua-rio. Podría pues decirse que el “pro-ceso” es el instrumento esencial dela jurisdicción. Aquel se traduce enuna serie o sucesión de actos adje-

tivamente ordenados con vistas a la aplicación o realizacióndel derecho respecto de un ámbito material concreto. En elcaso del derecho del trabajo, razones de política normativallevan a los poderes públicos a instituir un plantel de juecestécnicamente especializados que, a la luz del prurito pro-tector y humanitario de las normas sociales, y utilizandoinstrumentalmente los dispositivos de corrección institucionalque proporciona la ley adjetiva, resuelven las desavenenciassurgidas entre los empresarios y los trabajadores, o entredichos actores con los poderes públicos, y que finalizan conla promulgación de resoluciones firmes. El conjunto de actosque componen el “proceso” requieren unas potestades deordenación singular que se suceden consecutivamente si-guiendo un orden lógico predeterminado por la ley y enaras de la tutela judicial efectiva. En verdad, el proceso detrabajo, o “proceso social”6, es una institución jurídica sin-gularizada por mor de la materia litigiosa, los actores inter-vinientes en la misma y el modo como se formalizan losconflictos laborales. De otra parte, el derecho procesal deltrabajo está compuesto por un bloque de dispositivos nor-mativos que encauzan aquellas pretensiones cuyo funda-mento jurídico-material deviene de la rama social del dere-cho, siendo las normas laborales quienes fijan el ámbito dedicha jurisdicción en sintonía con los órganos que la com-ponen estructuralmente7. Por todo ello, podemos concebirel proceso laboral como un dispositivo corrector de des-

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“La desigualdadsocioeconómica es unheurístico corrector queopera de consuno en lasnormas sustantivas, en lasreglas adjetivas y en elfuncionamiento de lasnormas procedimentales.

igualdades en los términos sancionados por el párrafo 2ºdel art. 9 CE.

Los dispositivos procesales infieren una concepción “im-perativista y normativista” acerca de una parcela bien sin-gular del mundo jurídico. Lo es así en tanto en cuanto lasleyes rituarias conforman proposiciones prescriptivas, es de-cir, abstraen normas de mandato que institucionalizan unaspautas para la acción procesal. Por ello mismo, los actosprocesales están revestidos de autoridad pública merced ala cualidad de los agentes que pronuncian las sentencias yresoluciones judiciales. Ahora bien, según iremos abordandoen esta comunicación, el proceso laboral es mucho másque un instrumento de satisfacción de pretensiones jurídicasy económicas. El examen de dicha ins-titución y de su realidad socionorma-tiva, nos permite trasparecer del hechojurídico proyectado en las leyes ritua-rias, de suerte que, recabando otrosenfoques metodológicos, podamosampliar el dato analítico con otras for-mas de aproximación a los procesosde creación jurídica, sin descartar in-cluso la crítica de la supuesta “objeti-vidad aplicativa” de las leyes proce-sales. Ya adelanto que detecto en estatemática un cuadro de “tumores in-extirpables”, a veces recluidos en loscódigos normativos, en las rutinas ad-jetivas o el propio lenguaje científicoespecializado, y otras asentados encódigos axiológicos y prácticas de du-dosa deontología profesional; porende cuestiono el hecho que algunasde las disfuncionalidades procesalesy de la ley laboral apenas se alterenpese al devenir de reformas que muestren una aparienciavirtual de “normalidad”.

En la línea expuesta encuadro, precisamente, la modifi-cación procesal llevada a cabo a través de la Ley 36/2011,de 10 de octubre, de la Jurisdicción Social (en adelanteLJS). Su entrada en vigor ha supuesto un perfeccionamientotécnico y una ampliación del conjunto de garantías proce-dimentales pero, como digo, es un texto desacorde con lasestructuras que permiten sustanciar un amplísimo cuadrode competencias y derechos potencialmente justiciables.Con esto estoy apelando, en primer término, a un principiode autenticidad o de “sinceridad legislativa”8 que degradala norma genéticamente cuando apareja de consuno unaruptura entre su validez formal y la eficacia de sus disposi-tivos jurídicos. Para mayor abundamiento, la rama socialdel derecho se encuentra en una encrucijada inflexiva pues,de ser un ordenamiento limitador del poder directivo, hapasado a ampliar policéntricamente las facultades empre-sariales al albur de paradigmas muy variopintos de dudosa

consistencia real, y además mediante retrocesiones conti-nuas en la plataforma de derechos laborales y en las pres-taciones básicas del Estado del bienestar. Los dispositivosrituarios han venido operando hasta ahora como mecanis-mos de corrección de la desigualdad existente entre em-presarios y trabajadores al hilo de la interpretación y apli-cación de las normas laborales, pero esa idea correctora sequiebra de raíz si se alejan las vías de defensa y de exigibi-lidad de los derechos sociales. Esta es, precisamente, laidea que acometeremos en estas páginas: desde el presu-puesto de la “justiciabilidad” y la hipótesis de su posibleconversión en “justicia defensiva”.

2.- La Ley 36/2011 afrontó un reto ambicioso acome-tiendo una reforma integral delproceso de trabajo y de la acti-vidad de los órganos jurisdic-cionales del orden social. Pro-sigue la senda de otros textosprocesales que acometieronmodificaciones completas de laley rituaria, ahora bien, esta vezcontamos con diferencias muynotables respecto de otras ini-ciativas predecesoras. El primerode esos aspectos es revaloriza-dor “per se”. Durante los últi-mos años la ordenación de lamateria laboral estaba siendoobjeto de continuas “degrada-ciones” debido a la maneracomo se afrontaba su ordena-ción. Aunque la legislación de-legada disfrute de un indubi-tado respaldo constitucional,traslada una quiebra de la divi-

sión de poderes que hace un flaco favor a la ideografía deun texto con tamaño calado socionormativo. Aparte de ello,son alteraciones que amputan la oportunidad de enriquecersus contenidos merced a un análisis sopesado de los pro-yectos legislativos y a la introducción de pareceres comple-mentarios por parte de los agentes sociales y el conjuntode operadores jurídicos. Por tanto, el hecho seguirse lasenda de la elaboración legal ordinaria fue una decisión al-tamente plausible pues hace honor a la entidad que mereceun texto de las características de una ley social procesal9.Respecto de los factores que impulsaron la LJS, los clasificaréen dos bloques: los fines “ónticos”, en cuanto robustecenlos cánones idiosincrásicos de la mentada ley procesal, ylos fines “deónticos”, éstos más contingentes e imbuidosde un carácter programático10.

En el elenco de justificaciones aducidas preliminarmente,sobresale una idea hegemónica de adaptación y perfeccio-namiento técnico de la norma dentro de un objetivo másgeneral y ambicioso de modernización de la justicia, donde

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“Por todo ello, podemosconcebir el proceso laboralcomo un dispositivo correctorde desigualdades en lostérminos sancionados por elpárrafo 2º del art. 9 CE.

“La rama social del derecho seencuentra en una encrucijadainflexiva pues, de ser unordenamiento limitador delpoder directivo, ha pasado aampliar policéntricamente lasfacultades empresariales alalbur de paradigmas muyvariopintos de dudosaconsistencia real.

los tribunales del orden social forman una pieza estratégicade dicha estructura. Son muchas las ocasiones que la Ex-posición de Motivos subraya ese fin, hasta el extremo detrabarse una relación dialéctica entre la racionalización mo-dernizadora del procedimiento y la celeridad que de consunopretende impulsarse gracias a la agilización de la actividadde los órganos jurisdiccionales. Según reconoce el propiolegislador, la ley responde a un doble “eje explicativo”. Elprimer eje estriba en la realización de “importantes mejoras(técnicas y adaptaciones) que implican una estimulaciónde la jurisdicción para proyectarla como auténticamentesocial”. El segundo eje explicativo consiste en la “inequívocavoluntad modernizadora del procedimiento”. Como dijeantes, la LJS atiende un objetivo de mayor recorrido temporaly de alcance estructural, por ejemplo, merced a su incardi-nación en el Plan Estratégico de Modernización del Sistemade Justicia (2009-2012). Se trata,esto es, de “mejorar su calidad yhacer mucho más eficiente y ágilel servicio”, presumiéndose quenuestra norma “completa la mo-dernización procesal en este or-den, racionalizando y fijando unnuevo texto normativo consoli-dado y actualizado a la realidadde la organización actual del tra-bajo”.

Retomando el análisis de los ob-jetivos “ónticos” a los que aludíanteriormente, el legislador des-taca, en primer término, el papel que ostenta la rama socialdel derecho para la convivencia ciudadana y el funciona-miento del sistema democrático. En efecto, el derecho deltrabajo aborda un ámbito preferencial de las relaciones so-ciales que, como reconoce el legislador, resulta ser “funda-mental para el desarrollo económico y el bienestar de lasociedad”. Según apostilla la LJS, “la singularidad de lasrelaciones laborales y sus específicas necesidades de tutelaexplican y justifican la especial configuración de la tradicio-nalmente conocida como rama social del derecho”. Dentrode ésta, los mecanismos de solución de conflictos integranuna “especialidad del Derecho del Trabajo reconocida ennuestro país desde antiguo”, de ahí que el legislador cola-cione un doble haz de elementos caracterizadores. Unosvan referidos al proceso en sí, como es “su agilidad, flexibi-lidad y capacidad de adaptación”, o el hecho de “posibilitaruna más rápida y eficaz resolución de conflictos”. Otros seintegran, en fin, dentro del rol del órgano jurisdicente, so-bresaliendo aquí “las amplias potestades del juez o tribunal(en la) dirección del proceso”, así como “(su) proximidad einmediación…respecto de las partes y del objeto litigioso”.Los objetivos “deónticos” se insertan pues estructuralmenteen las instituciones reformadas con la LJS y se enhebrandesde la virtualidad de dichas modificaciones con el derecho

a la tutela judicial efectiva. Bajo un prurito omnisciente, lanorma pretende ofrecer “una mayor y mejor protección alos trabajadores y a los beneficiarios de la seguridad social,fortaleciendo la tutela judicial en un espacio vertebradorde la vida social y económica”. El legislador presume quelos nuevos dispositivos jurídicos entrañan en su conjuntoun “refuerzo de la seguridad jurídica” para los operadoressociales y económicos. Es más, siguiendo ese mismo cuadrode presunciones, se entiende que la dotación de los nuevosinstrumentos procesales permitirá alcanzar una tríada deaspiraciones elementales, a saber: evitar “abusos equili-brando la protección y tutela de los distintos intereses enconjunto”, proteger “mejor a los trabajadores frente a losaccidentes laborales”, y lograr al fin una “mayor seguridadjurídica al mercado laboral”. En definitiva, se tiene la con-vicción que el redimensionamiento rectoral del órgano ju-

risdicente lo erige en garante me-dular de los derechos de lostrabajadores11.

Recapitulando lo expuesto, com-probamos que la LJS reconoce lanaturaleza poliédrica de la rama so-cial del derecho y su relevancia parala superación del conflictocapital/trabajo, de suerte que, conesta premisa, se pretende contribuira una justicia ágil y eficaz incre-mentando, entre otros aspectos, lacapacidad de acción de los órganosjurisdiccionales. Desde un punto de

vista técnico, la norma plantea numerosos problemas exe-géticos y aplicativos. Por recabar algunos datos desde dondesituarnos analíticamente, podemos pensar en la ampliacióny yuxtaposición de ámbitos competenciales, en las reglasde legitimación, representación, defensa o acumulación deacciones, en el universo de actores públicos y privados quese recaban y el redimensionamiento en muchos de sus roles(juez, secretario judicial, ministerio fiscal, etc), en el impulsoproferido a las medidas extrajudiciales de composición deconflictos, en la inclusión de categorías procesales “exnovo” (v.gr. procedimiento monitorio, posibilidades trans-accionales varias, etc), en el régimen de la nueva casacióno en el tratamiento de los títulos ejecutivos. Tampoco esta-mos ajenos al plantel de “meandros técnicos” y “circunva-laciones conceptuales” que envuelven la construcción formalde algunos institutos jurídicos en la precitada LJS. Entre loprimero, incluyo el uso de “textemas de auto-rescate”, enreferencia a sintagmas del tenor: “salvo”, “sin perjuicio”,cuyos tópicos se extienden en demasía a lo largo de su ar-ticulado; y también recabo el uso repetitivo de oracionessubordinadas que truecan en excepción las reglas rectorasde un precepto, a riesgo incluso de subvertir las relacionesdialécticas establecidas normativamente. No menos signifi-cativa es la subsunción de conceptos como: “vínculo sindi-

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“La LJS introduce un cuadro dedispositivos que merecenvaloraciones positivas, sinembargo mantengo muchosrecelos con una ampliaciónde competenciasdesproporcionada con elbasamento estructural de laadministración de justicia.

cal” “directa conexidad”, “circunstancias circunstancial-mente iguales”, “punto de contradicción” o “individuali-zación de los afectados”12, cuyas acepciones y construccio-nes tienden una proclividad innata para la exégesis jurídica-si no derrubio hermenéutico- y la reconstrucción técnicade los referidos conceptos desde el anclaje dispensado ensus respectivas instituciones reguladoras. En líneas generales,la LJS introduce un cuadro de dispositivos que merecen va-loraciones positivas, sin embargo mantengo muchos receloscon una ampliación de competencias desproporcionada conel basamento estructural de la administración de justicia.La unificación competencial es un requerimiento de unidadsistémica y de homogeneidad nomotética en cualquier dis-ciplina jurídica, y también es un pre-requisito operativo paraevitar la dispersión en el tratamiento de cualquier materia,sobre todo desde el tamiz competencial del ámbito juris-diccional debido a los efectos encadena que ello provoca en un or-den dado y a sus repercusionesen el funcionamiento del sistemajudicial en su conjunto, pero elproblema es que dicha ampliaciónresulta ser una gigantomaquiadesbordante si no se cuenta conunas estructuras acordes que per-mitan la aplicación de las previ-siones legales. De serlo así, losefectos revierten negativamenteen varias facetas: en el rol juris-diccional (de ser actor, el juez setransmuta en “auxiliar de la justi-cia”13), en disfuncionalidades interiorizadas dentro del sis-tema (justicia defensiva) y hacia exterior del mismo (desva-necimiento de la idea de justicia social).

3.- El derecho procesal objetivo enuclea un bloque denormas rituarias cuyo diseño infiere un orden jurídico dentrode un sistema o subsistema jurídico. Aunque la formulacióntécnica de las cláusulas adjetivas difiere ostensiblemente,comparten el hecho de marcar unas pautas de acción “iter-ativas” cuyos cánones garantizan la protección de interesesy la tutela de los derechos subjetivos. Además, y para mayorabundamiento, el derecho procesal laboral también es unmecanismo de vigilancia y corrección de las desigualdadesanejas a la ley social. A fin de cuentas es el instrumentoque, merced a su carácter coercitivo y de orden público,atempera el conflicto capital/ trabajo. Por añadidura el pro-ceso social se enhebra, en pura relación dialéctica, con elconcepto de “justicia”, cuya trascendencia metanormativanos traslada a aspectos empíricos y de política del derechocon irradiaciones de tipo moral, éticas y filosóficas. En estostérminos, finalizaré el análisis con un examen del escenariojurisdiccional diseñado por la Ley 36/2011 barajando algu-nas hipótesis de su posible desenvolvimiento venidero. Paraello colacionaré asimismo dos enfoques teóricos que pro-

porcionan sendas aproximaciones ideográficas de la ley ad-jetiva, según la concibamos sistémicamente como “law-in-books” (derecho en textos) y/o como “law-in-action” (de-recho en acción).

Como adelantamos, el aspecto neurálgico de la reformaprocesal estriba en la reordenación del régimen de compe-tencias. En efecto, y como resaltara González Posada, laLey 36/2011 simboliza un tránsito desde la diversificaciónfuncional de la tutela a su unificación última14. Globalmentees un texto que mejora de forma ostensible la posición delmagistrado en el proceso de trabajo, y lo hace desde unamultiplicidad de facetas y bajo una tendencia ampliatoriade su perfil funcional. Reconocer al órgano jurisdicente sucondición de clave de bóveda del sistema judicial no dejade ser una obviedad redundante en cualquier administraciónde justicia que se antoje moderna y democrática, pero las

dudas surgen de inmediato cuandola saturación burocrática de los tri-bunales adquiere niveles surrealistasy cuando, para mayor abunda-miento, añadimos una inflación deroles que dilatan “sine delectu” elpapel de los jueces. A sus funcionesinmanentes de ordenación del pro-ceso y de índole resolutivo, se aña-den ahora un denso caudal de co-metidos preparatorios, conciliadores,comunicativos, ejecutivos, e inclusoprevencionistas, que exorbitan la es-tricta labor jurisdiccional. El gran di-lema estriba entonces en la manera

como va responderse a estos retos con la carencia de re-cursos materiales, humanos, organizativos y presupuestariosque endémicamente azotan la administración de justiciaen España. La religación de estos aspectos infiere vertientesy defectos casi seculares, pero la conjetura se redobla conla hipercrisis económica, la cual propende cambios muy es-casos en medios materiales y personales. Al contrario, cabepresumir un aumento exponencial de la conflictividad socialy laboral cuya progresión irá de la mano de una litigiosidadjurisdiccional en progresión ascendente. Bien es verdad queel trabajo y el derecho del trabajo “miran” de consuno a lajuridicidad y a la judicialidad, pero, vista la centralidad ab-sorbente del nuevo régimen de competencias, en el airequeda la forma de afrontar tantos retos acumulativos conla hipertrofia del rol jurisdicente realizada por la LJS15.

La jurisdicción de trabajo ha sido considerada desde an-tiguo como un referente analítico que marca un importantepulso institucional sobre una multiplicidad de planos. Lo esasí a nivel práctico y dogmático pues su operacionalizaciónpermite vislumbrar el sentido de las categorías laborales yla efectividad material de las mismas, pero, como decía an-tes, el proceso laboral también es un “referente observa-cional y empírico” merced a sus conexiones con otras ramas

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“El gran dilema estribaentonces en la manera comova responderse a estos retoscon la carencia de recursosmateriales, humanos,organizativos ypresupuestarios queendémicamente azotan laadministración de justicia enEspaña.

y su imbricación con el conjunto de órdenes jurisdiccionales.El derecho forma y con-forma un sistema cuyas piezas seengarzan unas con otras, de manera que los avances o de-fectos detectados en dicho acoplamiento acaban extrapo-lándose a otros ámbitos, esto es, una vez demostrada laeficacia de ciertas medidas, el resultado de una reforma le-gislativa o la capacidad misma ordenadora de las categoríasjurídicas desde su praxis aplicativa. La jurisdicción social esun fiel ejemplo de dicho papel referencial debido a las par-ticularidades de sus dispositivos rituarios. Ente sus rasgossobresalientes, resulta idónea para sustanciar controversiasque, por su propio sustrato sostenedor y económico, re-quieren un tratamiento ágil y expeditivo de los asuntos, loque en definitiva tamiza el formalismo de la ley procesal ysu cuadro de principios informado-res. En la formación de estos aspec-tos idiosincrásicos han influido, deuna parte, la especial sensibilidadde sus jueces y magistrados respectode un nudo litigioso cuyo carácteres bifronte “per se”, vista la consi-deración del trabajo como medio desubsistencia y como recurso produc-tivo al unísono; y de otra parte, tam-bién ha influido la red de prestacio-nes e intervenciones públicas quese despliegan estructuralmentedesde los anclajes normativos delderecho del trabajo. Ahora bien, mis recelos estriban en laposibilidad, creo ya hecha evidencia, de de-construir una“justicia defensiva”. Con dicho concepto aludiré al riesgode convertir la actividad jurisdiccional en una labor meca-nicista donde el juez se ciña a resolver los litigios de manerapartitiva descartando de antemano mayores esfuerzos in-dagadores de la verdad objetiva.

Contextualizo dicha hipótesis ante la proclividad por ce-rrarse ciertos dispositivos indagadores de los asuntos liti-giosos debido a la masificación de la carga de trabajo delos jueces y magistrados, vista además la hipertrofia fun-cional realizada por la LJS en su rol jurisdicente. En efecto,las conexiones entre el volumen de asuntos juzgados y lareferida carga han trocado una ecuación imposible. Su nu-merador enhebra el aumento de la litigiosidad con el plantelde jueces, mientras que el denominador hace lo propioentre las reducciones presupuestarias y la gestión de la es-tructura judicial en clave Autonómica. Cualquier juez afrontalos casos con la apoyatura de datos fácticos, análisis empí-ricos, integraciones nomotéticas, e incluso reelaboracionespsico-cognitivas, y ejecuta dicha labor merced a la concep-ción racional e inferencial que desprendan los elementossostenedores de cada controversia litigiosa. Sin embargoesta labor, pongamos “representacionista” de la dilucidaciónformal del derecho, tiene visos de afrontarse de una manerasuperficial, mecánicamente y sin atenuaciones. En otros tér-

minos, y colacionando de nuevo la dualéctica antes plante-ada, las correlaciones “law-in-books” (derecho en textos)vs. “law-in-action” (derecho en acción) darían lugar a unsentido no atenuativo de la labor judicial, sobremanera dis-tante de “lo equilibrador”. Nada más lejos de la esenciaconfiguradora del proceso de trabajo16.

Nuestra suposición adquiere consistencia si realizamosun examen evolutivo del panorama general de la justiciaen España y de los elementos estructurales que particular-mente caracterizan el funcionamiento del dicho orden ju-risdiccional17. En el 2010 los juzgados y tribunales del ordensocial vieron ingresar 444.316 asuntos, de los cuales fueronresueltos algo menos de la mitad con la promulgación de248.497 sentencias. Analizando dicha evolución observamos

un salto abrupto en los años 2007y 2009, sin duda por la apariciónde los primeros efectos de la crisiseconómica, pues hasta ese mo-mento las cifras pro-medio despren-dían un volumen de 300.000 asun-tos en términos absolutos. Esaevolución coincide con un aumentoen la duración media de los proce-sos en los juzgados de lo social (de5 días, pasan a 7.7) junto a un in-cremento notabilísimo de las tasasde congestión judicial (actualmenteen 1.90-2)18. La hipótesis más ve-

rosímil es que las empresas seguirán exprimiendo los sub-terfugios de la Ley 3/2012 para sanear sus plantillas, delmismo modo que la movilidad interna no será dicotómicacon la flexibilidad externa sino declinatoria a favor de laextinción, incluso bajo estrategias fraudulentas de amorti-zación de puestos para cubrirlos con contratos temporales.En esta misma línea de presunciones, la jurisdicción socialno dispondrá de medios para contrarrestar tales tendencias,menos aún con estructuras que ven henchidas las compe-tencias judiciales, adelgazados los recursos e hipertrofiadaslas funciones básicas jurisdiccionales. En definitiva, cadavez se demandará más justicia social y cada vez se resolverámenos y con respuestas más tardías19.

Gran parte de las valoraciones sobre el grado de efectivi-dad de los dispositivos laborales, sus estructuras y el régimende garantías tienen como referencia el análisis de de lasnormas sustantivas y su cohonestación adjetiva. Sabemosque el debate sobre las “rigideces” del derecho del trabajono ceja de elaborar mixtificaciones variopintas, unas vecescon la colación de dualidades axiomáticas (categorías “in”vs. “out”), otras con paradigmas (v.gr. flexibilidad, flexi-se-guridad) y otras mediante conjeturas de tipología dispar(costos laborales, modelo productivo, etc), sin embargo mu-chas de las supuestas rigideces se encuentran fuera de laley, concretamente, y en lo que aquí atañe, en las estructurasque aplican la arquitectura normativa de la legislación la-

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““Justicia defensiva”. Condicho concepto aludiré alriesgo de convertir laactividad jurisdiccional enuna labor mecanicistadonde el juez se ciña aresolver los litigios demanera partitivadescartando de antemanomayores esfuerzosindagadores de la verdadobjetiva.

boral. La administración de justicia en general, y en particularel funcionamiento venidero que auspiciamos, avalan elaserto, que de todos modos ilustraré con dos ejemplos. Enprimer término, el objetivo de una justicia eficaz con unabicefalia orgánica de dos poderes territoriales desacordeses, para empezar, un anacronismo de base, mucho más sicabe con renuencias a la coordinación y caricaturizacionesañadidas del canon de lealtad institucional. El proceso deConstitucionalización territorial del poder sigue siendo lagran asignatura irresuelta de nuestro sistema político, cuyaentidad se amplificará, claro está, con las tendencias cen-trífugas soberanistas y la consiguiente redefinición del EstadoAutonómico en clave federal20. La realidad demuestra in-efablemente las disfunciona-lidades de un modelo queasigna a un poder Estatal ladependencia orgánica de losjueces y a las Autonomías lagestión de las estructuras ju-diciales. No se trata sólo demedios escasos, ocultado em-pero ello por políticos enva-lentonados en asumir com-petencias sin capacidad paraadministrarlas eficazmente, setrata de la inoperancia de-mostrada por algunas CC.AAcuando gestionan las basesmateriales y personalesdonde precisamente se apoyala labor de los jueces y ma-gistrados. Como señala Vallespín21, gobernar, y hacerlo ade-más en tiempos difíciles, es máxima ineludible de hacer po-lítica, lo cual no debe confundirse con las fórmulasrecortadas de contabilidad social que vienen acometiéndose,máxime cuando campean comportamientos proclives a con-fundir la inequidad con la iniquidad del gobernante ocuando, más tarde, deben desmantelarse estructuras otroramantenidas por el clientelismo político. Muchas “reformasestructurales” se están aplicando vía porcentajes sin pros-pecciones solventes de su impacto futuro, y tantas otrasveces sin evaluaciones del recorrido temporal de las políticaspúblicas o de los efectos recabados de las acciones legisla-tivas. La cultura de la evaluación tiene un largo camino porrecorrer en nuestro país, pero, aparte de ello, los númerosno pueden ser apoyatura en temas axiales, y de pendenciatan jaculatoria, como los relativos a la administración dejusticia. El segundo ejemplo al que me refería conecta conlo anterior, y ahonda en los defectos de la administraciónde justicia al gestionar materialmente los asuntos litigiosos.De poco sirven los esfuerzos de agilidad jurisdiccional im-pulsados con la nueva LJS si, como muestra, laten descoor-dinaciones informáticas o si los tribunales de una Comuni-dad Autónoma no cuentan con formatos unificados y

acordes a las innovaciones legales producidas en una ma-teria dada. Quizás parezcan trivialidades ajenas al ámbitodel derecho pero estas “nimiedades burocráticas” producengrandes bloqueos en la actividad de cualquier juzgado hastaque se solventan dichos problemas, generalmente con elesfuerzo voluntarista de todo su personal. Además, muchasde estas disfuncionalidades se tornan “rigideces” que ter-minan atribuyéndose -“laterem lavarem”- al derecho deltrabajo en su abstracción conceptual.

El escenario descrito erosiona el rol jurisdicente de losmagistrados del orden social sumiéndolos en una espiralde gestiones materiales y de resoluciones expeditivas. Esmás, la acumulación exponencial de plazos y expedientes

irradia una proclividad para asumirse ro-les imbuidos de escepticismo, relativismoy pragmatismo resolutorio. En esto in-cluyo los posibles aparcamientos inda-gatorios de la verdad objetiva pese acontarse con indicios fundantes de ella,previa asimilación que cualquier hallazgocomplementario abriría una carga mul-tiplicativa en el “iter” seguido en la ges-tión de un litigio22. La hipertrofia deasuntos acumulados y por acumular,unida a la disparidad entre medios/fines,aleja la idea de una justicia distributivay de índole comunicacional23, que desdemi modesto punto de vista es la másidónea para la función disuasoria de laley laboral. En su lugar, y de contrario,prevalecería una cosmovisión de justicia

defensiva cuya esencia es meramente correctora, y cuyo al-cance deviene partitivo. No niego que en estos casos la“realidad mostrada” se de-construye para “de-mostrar”otra, justificadamente claro está (“iustum facere”), emperomediante resoluciones en cuya elaboración se coligen mé-todos y pautas de trabajo proclives al sesgo y al pragmatismooperativo. Las presiones en el funcionamiento jurisdicenteson de tal magnitud que tienden a socavar el rol ontogené-tico de los jueces sumiéndolos en comportamientos iner-ciales predefinidos estructuralmente. No es descabelladopensar en sentencias y resoluciones concebidas, más bien,como “arreglos jurídicos óptimos” cuyo sentido se encuentrecondicionado de antemano por el volumen de asuntos ylas prácticas al uso. Con independencia del reconocimientolegislativo de un amplio cuadro de facultades indagatoriasy de instrucciones para mejor proveer, serían asuntos cerra-dos acomodaticiamente bajo sospecha que cualquier infe-rencia añadida alteraría el tempo procesal y el signo de lasactuaciones. Caso de corroborarse si quiera mínimanenteesta hipótesis, la actividad de los órganos judiciales alejaríael ideal óntico de justicia social para entronizar, en su lugar,una pauta de acción que segmenta mediante intencionali-dades simplificadoras amplias facetas de la realidad nomo-

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“En definitiva, cada vez sedemandará más justicia socialy cada vez se resolverámenos y con respuestas mástardía.

“La cultura de la evaluacióntiene un largo camino porrecorrer en nuestro país,pero, aparte de ello, losnúmeros no pueden serapoyatura en temas axiales, yde pendencia tan jaculatoria,como los relativos a laadministración de justicia.

tética. Reconozco que el distingo entre “estar en el derecho”o “tenerse en la justicia” es una conjetura complejísimapara el intérprete y para el operador jurídico desde sus res-pectivas lógicas situacionales. De ahí la tesis de la “justiciadefensiva”, que además concibo como un postulado afínal realismo jurídico y la jurisprudencia sociológica, o lo quees igual, un contrapunto teórico a las concepciones formal-positivistas imperantes24. A tal efecto, perfilaré dos conceptoscuya construcción semántica es análoga empero disímil ensu significación, a saber: justicia vs. “justeza”. Para lo pri-mero colaciono, por ejemplo, la construcción de Perelman,quien concibe la justicia como un principio de acción (ennuestro caso “law-in-action”) gracias a lo cual dos sujetospertenecientes a una misma categoría esencial deben sertratados del mismo modo25. Para lo segundo recabaré laconstrucción de Zubiri, a efectos de concebir la justezacomo un mero “ajustamiento” detrascendencia en puridad formal26.La hipótesis es que, partiendo de di-cha dialéctica, la justeza ganaría te-rreno paulatinamente a la justiciaen el funcionamiento del proceso detrabajo, incluso como proclividad ac-tuarial del orden jurisdiccional social.

Las conexiones de dicha dualidadconceptual desbordan estas páginas pues abarcan facetasomniabarcantes, sean doctrinas jurídicas clásicas o inclusomodelos de ordenamientos comparados27, sin embargo noquerría terminar el análisis sin apostillar la tesis con la querubricamos este trabajo. Como sabemos, la noción de justicianos emplaza inmediatamente a una aspiración ideal de di-mensiones transhistóricas. Inhiere una ideografía deónticade búsqueda de la verdad objetiva y de sana ponderaciónen el juicio, por ende desde posicionamientos éticos -per-sonales y/o profesionales- e incluso cánones dogmáticosiusnaturalistas, lo cual justifica, entre otras cosas, la consi-deración de dicho bien como valor jurídico superior y suubicación sistemática preferente en los textos Constitucio-nales (v.gr. art. 1 CE). Frente a ello, justeza aludiría al estrictojuicio operacional que enhebra lo fáctico con lo nomotético.Nos sitúa en la lógica formal de la decisión jurídica dondeun juez o intérprete confirma o niega una pretensión previasubsunción del asunto en enunciados positivizados y desdecuyos dispositivos se elaboran proposiciones o resolucionesfundadas en derecho, empero ello, y como vengo defen-diendo, mediante escenarios de inmediatez actuarial. Noniego el paralelismo existente entre el distingo propuestocon el problema de la creación judicial del derecho y los lí-mites de la racionalidad jurídica. En realidad barajamosenigmas conceptuales casi irresolubles, máxime con la com-binación de aspectos situacionales, referenciales, racionales,cognitivos, éticos y de orden metodológico, pero justifico eldilema, y su concepción como heurístico teórico, ante laextensión de competencias realizada por la LJS y los pro-

blemas que de seguro derivan hacia la legitimidad socialde las actuaciones de los órganos jurisdiccionales, repito,desde el acrecentamiento del “poder judicial” otorgadopor dicha ley a los jueces y la desproporción mayestáticade medios con los que disponen para acometer su labor.

La justicia requiere, claro está, decisiones acordes a unasnormas previas, ahora bien, e indisolublemente unido aello, combinando criterios de equidad y coherencia a la par.El dilema surge cuando, por ejemplo, los dispositivos jurídicos“heterodeterminan” el margen de acción de los jueces me-diante estándares económicos más o menos velados dentrola construcción técnico-formal de los preceptos legislativos.Contextualizo la pregunta desde la perspectiva analíticaque vengo barajando sobre la “justicia defensiva” y al hilode la “ofensiva” acometida contra la actividad jurisdiccionaltras las recientes reformas laborales. La presente legislatura

marca un hiato disruptivo en la evo-lución de nuestra disciplina, primeropor el “estado de excepción legis-lativa”28 que está caracterizandoesta etapa, pero sobre todo, y muyespecialmente, por las rupturas ins-titucionales llevadas a cabo a travésde la Ley 3/2012 y su contextuali-zación concomitante. Si trascendié-

ramos a un ámbito mucho más general, consensuaríamosla degradación del principio de división de poderes debidoal derrubio que de continuo experimenta tal canon porparte del poder ejecutivo y del poder legislativo, sin olvidarlas circularidades políticas que han acabado impregnandolas estructuras matriciales del propio poder judicial. Peroen concreto, cuestiono el hecho que una Exposición de Mo-tivos recabe la intencionalidad de un legislador por maniatar“dictum sapiente” la labor de los jueces29, a lo que añadiría,“ex abundantia”, las declaraciones conminatorias de unatitular ministerial manifestando su recelo por que la inter-pretación judicial erosione los fines marcados por dicha re-forma legislativa, arribismo que ahonda una sucesión deactuaciones tendentes a subordinar al poder judicial frentea un sórdido poder ejecutivo de propensiones absolutistas.

Soy de quienes comparten la idea que los problemas ju-risdiccionales terminan traspareciendo dilemas éticos a lapar de consecuencias derivadas de los hechos legales30,pero, con esta salvedad, me interesa relacionar el estable-cimiento de “parámetros eficientistas” del papel jurisdic-cional con la fijación de “estándares de economicismo” ensu labor exégetica y jurisdicente. No me refiero ahora alproblema de la disparidad medios/fines sino al peso, si sequiere jurídico-moral, de las decisiones económicas en elámbito del derecho del trabajo, rama rituaria inclusive.Como sabemos, el paradigma de la “empleabilidad” es uncanon entronizado en la letra y en el espíritu de los dispo-sitivos laborales bajo criterios pragmáticos de supervivenciaempresarial, aunque los hechos sean cejudos demostrando

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“La hipertrofia de asuntosacumulados y por acumular,unida a la disparidad entremedios/fines, aleja la ideade una justicia distributiva yde índole comunicacional.

la estolidez de dichos argumentosa la luz del hundimiento del mer-cado de trabajo y de los movimien-tos telúricos provocados en el tejidosocial venidero. Comprobada la im-pronta ideológica de la acción degobierno y el error del paradigmapan-germánico de austeridad, yvista la inanidad de los dispositivosjurídicos y la instrumentación polí-tica de los mismos, urge al menosdesmitificar tales heuristicos como“poderes hermenéuticos de disua-sión”, lo que en cierto modo re-verdece el problema de los funda-mentos que están sirviendo de base para la elaboración delas resoluciones judiciales.

El asunto no es baladí. Para empezar proporciona unaplataforma más desde donde contrastar el peso de “lo eco-nómico” frente a la valencia de “lo social”, nada menosque desde el ámbito decisional de los fallos judiciales y delos fundamentos recabados para ese fin. En la medida queel derecho del trabajo forje una arquitectura normativacuyas columnas sostengan expresa o veladamente el peso

de los intereses empresariales y eco-nómicos, está implantándose un es-tándar de actuación que ampara di-chos cánones y los legitima comotales. Por si no se depara en ello, seerigen en anclajes integrados en elrégimen jurídico incluso como unapieza revalorizada del derecho exis-tente. Para mayor abundancia, sonasuntos que propician alineamientos–si no beligerancia soterrada- en elseno de los propios jueces. De algúnmodo terminan adhiriéndose a unesquema axiológico de reglas y va-lores, sean códigos de carácter ex-

terno (normas jurídicas) contextuales (procedencia, trayec-toria o formación en determinadas prácticas) o internos(moral, ética). Basta recabar, si no, los procesos de rotulacióncolectiva (conservadores/ progresistas) que acompañan suasociamiento corporativo para la defensa de sus interesesprofesionales. Los jueces, por lo demás, no son oráculossino personas que reaccionan frente a estímulos cognitivos,sociales y personales, luego, llegados a este punto, un ejer-cicio mínimo de sinceridad debe reconocer el hecho de

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revista DE LA FUNDACIÓN“

La presente legislaturamarca un hiato disruptivoen la evolución de nuestradisciplina, primero por el“estado de excepciónlegislativa” que estácaracterizando esta etapa,pero sobre todo, y muyespecialmente, por lasrupturas institucionalesllevadas a cabo a través dela Ley 3/2012.

NOTAS:

1 ([email protected]).2 Coincido con Prieto Castro (“Tratado de derecho procesal civil”,T. I, Ed. Aranzadi, 1985, pp. 94 y 95) en sus críticas acerca del usodevaluado del concepto “adjetivo” (vs. “rituario”, o derecho de“trámite”). En efecto, dicho término suele interpretarse como un“quid” antitético a su homónimo y de connotaciones peyorativas,quizás debido a una exégesis dominante que lleva a concebirlocomo una variable secundaria frente al “derecho útil” vs. “sustan-tivo”. La ideografía resultante de estas expresiones al uso inducen,ciertamente, a concebir la materia procesal como algo accesorio ode inferior rango frente al derecho material. Sin embargo el derechoprocesal laboral, con su trasfondo de derecho formal, es tan “sus-tantivo” como el basamento material de dicha parcela jurídica. Ami modo de ver, “adjetivo” enhebra una relación de intrumentalidadde las leyes rituarias con las sustantivas en una conmixtión medio-fin, gracias a lo cual se logra el restablecimiento o creación de unorden jurídico dado. Por lo demás, soy de quienes opinan que,desde un plano científico y de aproximación epistémica, el iusla-boralista teórico tiene una deuda sempiterna con dicha parcela deconocimiento de difícil solución. A mi modesto entender, sólo elejercicio práctico, o la inmediatez al mismo de forma constante,proporciona las auténticas claves comprensivas del derecho procesallaboral. A lo más, se puede contribuir a la teorización disciplinar oal enriquecimiento analítico de las categorías jurídicas laborales,pero de algún modo se adolece del conocimiento de los “entresijosrituarios” y judiciales, muchas de cuyas claves revierten de formacircular en el significado de los institutos jurídicos. En definitiva,no tengo reparo en reconocer la tesis según la cual el hombre esfundamentalmente práctico y, desde dicho presupuesto, teorético. 3 La creación de las instituciones judiciales y procesales viene

acompañada de una lógica decisional de palmaria significaciónpolítica. Lo es así, en primer término, porque trasparece unos prin-cipios morales y un marco de valores jurídicos latentes en las ins-tituciones de cada comunidad política; y también lo es así desde elmomento mismo que los poderes públicos deciden la creación deun determinado orden jurisdiccional, independientemente de lavertiente o especialización del mismo, pues el mero hecho de im-plementarse esa opción ya lleva aparejada una asignación de re-cursos personales, materiales, presupuestarios, de control y de fun-cionamiento. Además, la condición “social” de dicho orden cualificaun criterio de optimalidad. Se asignan recursos, esto es, pero desdeuna teleología distributiva y correctora de desigualdades que hundesus raíces en la idea de “justicia social”. 4 STCO 3/1983, de 25 enero5 SSTCO 114/1983, de 6 diciembre.6 Cfr. Montoya Melgar A. “Los procesos laborales y el sistema delDerecho del Trabajo” REDT, nº 25, 1986.7 Incorporo la expresión de Alonso Olea M. (“Derecho procesal deltrabajo”, Civitas, 2008, p. 41) y de Menéndez Pidal (“Derechoprocesal social”, Madrid, 1947). 8 Vid Alonso Olea M. “La materia contenciosa laboral”, InstitutoGarcía Oviedo, Universidad de Sevilla, 1967, p. 5 9 Sagardoy Bengoechea JA “Los principios de aplicación del derechodel trabajo”, Acarl, 1989, p. 68. 10 No es baladí que desde la publicación prelegislativa del ante-proyecto el 10 de septiembre del 2010, su contenido fuese anali-zándose de forma paulatina en el seno de una pluralidad de ins-tancias consultivas (v.gr. CES, CGPJ, Fiscalía General del Estado,Consejo General de la Abogacía, Consejo General de Colegios Ofi-ciales de Graduados) cuyos informes y observaciones coadyuvarona enriquecer y perfeccionar la nueva norma adjetiva.

verse influenciados por criterios éti-cos, morales y políticos, con inde-pendencia de seguirse un procesode racionalización axiológica desdeun marco-referente de principios yreglas jurídicas31. El auténtico dilemaes que las aplicaciones de los es-tándares de actuación judicial re-vierten en el sujeto agente y en laideografía resultante de la ley labo-ral para luego trascender de ambosparámetros y formar, al fin, una ideade “justicia” (o “justeza”, en sucaso). El juez racional subsume,claro está, una posición análoga a un legislador racionalbajo un marchamo de neutralidad y objetividad, pero la ló-gica de la decisión jurídica, ya se economice ésta, socialice,o filtren ambos componentes, acaba repercutiendo de formacircular en la ideografía del juez y en el rol de autoridadque de todo ello se proyecte en la entera vida social. A finde cuentas son retroalimentaciones que conforman unamoralidad ética frente a quienes, por ejemplo, siguen elpulso de las decisiones judiciales (empresarios, funcionarios,trabajadores etc), amén de componer una moralidad políticacomo ciudadanos conminados a obedecer el sentido de di-chas resoluciones.

Lo expuesto hasta ahora me lleva a recapitular el margenque disponen los jueces del orden social cuando su laborse impregna de anclajes económicos hasta el punto de ab-

sortarse en sus resoluciones el sen-tido de justicia. La duda va referidaal hecho que el legislador marqueunas pautas que amputen su capa-cidad decisional, con el añadido deunas condiciones profesionales pro-clives a activar posibles códigos dejusticia defensiva, lo cual puede pro-venir desde redacciones técnicas ex-cesivamente perfiladas a oblitera-ciones que omiten aspectos deineludible concreción debido a suexcesiva genericidad legal. Admitoque la pregunta resulta algo artifi-

ciosa pues aunque los jueces no pueden obviar la ley, y de-ben resolver conforme a derecho, siempre cuentan con im-portantes márgenes hermenéticos y operativos en su laborjurisdicente. Lo es así, con carácter general, ora flexibilizandoel tenor de los preceptos mediante interpretaciones laxas,ora colacionando principios axiomáticos generales del de-recho de obligaciones (enriquecimiento injusto, abuso delderecho, fraude de ley, etc), y también lo es, y con mayorabundamiento si cabe, en el ámbito del derecho del trabajogracias a la formulación técnica de los preceptos Estatutariosy al funcionamiento del sistema de fuentes laborales, cuyasinteracciones suelen dar un gran juego a la exégesis jurídica.Pero la duda adquiere consistencia cuando, en plena per-suasión económica, y consiguientes entronizaciones nor-mativas del derecho económico, se “abdica” de esos már-

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“En la medida que el derechodel trabajo forje unaarquitectura normativacuyas columnas sostenganexpresa o veladamente elpeso de los interesesempresariales yeconómicos, estáimplantándose un estándarde actuación que amparadichos cánones y loslegitima como tales.

11 En la elaboración de estas consideraciones realizaré las inferenciasoportunas al hilo de la la Exposición de Motivos de la Ley 36/2011,y también colacionaré, en su caso, las opiniones e intervencionesque se llevaron a cabo en las jornadas sobre “La nueva ley regu-ladora de la Jurisdicción Social” organizadas por la AEDTSS (CES.3/3/2012).12 Intervención de Folgueras Crespo J. en las jornadas organizadaspor la AEDTSS sobre la nueva ley reguladora de la jurisdicciónsocial, ult, cit. 13 Respectivamente, arts, 18/2, 160/5, art. 219/ 3 y 2, o arts. 157/1,161/3 y 157 LJS. 14 El concepto proviene de Foucault, “Vigilar y castigar”, Ed. SigloXXI, Madrid, 2005, p. 288, quien ya criticaba la transmutación delos jueces en “empleados apenas reacios”. 15 Ponencia pronunciada por el mentado autor en las jornadas or-ganizadas por la AEDTSS sobre la nueva Ley reguladora de la Ju-risdicción Social, CES, Madrid, 3/3/2012.16 Se trata, verosímilmente, de una inquietud compartida entre losjueces y tribunales del orden social; a título ilustrativo, vid. las re-flexiones vertidas por Aramendi Sánchez P. en “Jurisdicción social:un anteproyecto de ley de procedimiento laboral en un contextode crisis económica”, AS nº 20, 2011, p. 12 y ss.17 Aparte lo expuesto, no es desconocida la generalización de sen-tencias que evidencia una pobreza argumental en las fundamen-taciones jurídicas. Aludo en concreto a las “evagaciones” que confrecuencia ilustran los fallos judiciales recabando la técnica del“cortar y pegar”. Suele frecuentarse en el funcionamiento de al-gunos Tribunales Superiores de Justicia, y además cuando se limitan

a confirmar las resoluciones de instancia. Esta “metodología me-canicista”, a la cual ya he aludido en alguna publicación (“Pactoextraestatutario y modificación empresarial de condiciones colec-tivas de trabajo”, AS nº 2, 2012, pp. 82 y 83), sin duda revierte pe-yorativamente en la actividad que resulta esperable de los órganosjurisdiccionales.18 Me apoyaré en el documento “Panorama de la Justicia en España”,2011, del Consejo General del Poder Judicial. Llama poderosamentela atención la orfandad analítica que hace gala dicho documento yel desperdicio de no contar con una ideografía que profundice enlos elementos estructurales de cada orden jurisdiccional. 19 “Panorama de la Justicia…”, ult, cit pp. 143 y 145. Como datoadicional informativo, el orden social contaba en el 2010 con 525plazas de magistrados en toda España, y entre la naturaleza delos asuntos resueltos predominaron, hegemónicamente, los juiciospor despidos y las reclamaciones de cantidad.20 Vid. Aramendi Sánchez P. “Jurisdicción social: un anteproyectode ley de procedimiento laboral…”, op, cit, p. 14. 21 Sobre dichas tendencias, que en realidad vienen a confirmar lafederalización de nuestro modelo territorial, vid Alemán Páez F.“Políticas de empleo y Constitucionalización territorial del Estado.Un análisis cualitativo”, DL nº 88, 2010, pp. 11 a 68.22 “No es país para tecnócratas”, Diario El País, 30/3/2012. 23 Más ampliamente sobre el escepticismo jurídico y la objetividadjurídica, vid Moreno J. “La objetividad del derecho y la objetividadde la moral”, en la obra “Teoría y Metodología del Derecho. Estu-dios en homenaje al profesor Gregorio Peces-Barba”, T. II, Dykinson,Madrid, 2008, pp. 819 y ss, en espec. p. 825

genes, con mayor o menor nivel volitivo, hasta plegarse elcanon de justicia defensiva. No se oculta que en el trasfondode estos planteamientos laten aspectos relacionados conla prevalencia de una jurisprudencia analítica o de una ju-risprudencia ética, aunque la pregunta viene al caso deeclipsarse ésta intencionalmente con la colación “sic etsimpliciter” de un rol solo “aplicativo” o “ejecutor” delderecho. Una asepsia a-valorativa absoluta de dicho papelconminaría a desterrar cualquier connotación eidética dejusticia del pronunciamiento, si no lo es desde la preparacióninicial del mismo. En otras palabras, terminaría prevaleciendoel canon de “justeza”, esto es, de ajustamiento solo formallimitado a co-relacionar lo fáctico con lo nomotético, gene-ralmente mediante arreglos jurídicos óptimos, incluso me-diante fundamentaciones “post hoc”.

El escenario descrito, que en definitiva crea la paradojadel “secuestro del derecho”32 por el “auto-secuestro de lajusticia”, fortalece la idea que la misión del juez no es hacerjusticia sino aplicar la ley. Para sortear la consideración dedicho bien ex arts. 1 y 117 CE, su valor viene a interpretarsea modo de canon iusnaturalista de textura abierta cuya re-cepción constitucional no es tanto axiológica como progra-mática. Y para evitar el brocardo que principia el art. 117/1CE, según el cual “la justicia emana del pueblo”, prevale-cería el inciso final del mentado precepto, en cuya virtudlos jueces y magistrados están sometidos “únicamente alimperio de la ley”. Particularmente no puedo compartir esteplanteamiento pues entiendo que los jueces no quedan ab-sortos de consideraciones éticas, mucho menos apartarse

de un sentido elemental de justicia. Cuesta imaginar reso-luciones que no se adhieran, forjen o recaben un esquemaaxiológico previo, ya provengan tales códigos cognitivosdel contexto socionormativo (se quiera o no, la justicia“emana del pueblo” ex art. 117 CE para retornar a él como“valor decisional”) o se infieran del propio espíritu de lospreceptos legales, de sus conexiones sistémico-sistemáticas,incluso del sentido más básico y elemental de las institu-ciones. Para añadir una fundamentación jurídico-positiva aesta tesis, recabaré lo dispuesto en el art. 1 LOPJ. Dichoprecepto subsume el contenido del art. 117/1 CE medianteuna construcción prácticamente idéntica al tenor constitu-cional, sin embargo añade un inciso muy elocuente queavala nuestra hipótesis central de trabajo. De una parte, elart. 1 LOPJ declara que los jueces y magistrados componenel Poder Judicial y gozan de independencia e inamovilidaden el ejercicio de sus funciones, ahora bien, dicho artículoañade que sus responsabilidades deben ejercitarse bajo so-metimiento “a la Constitución y al imperio de la Ley”. LaLOPJ es muy clara a este respecto, si no tajante de los cá-nones normativos a los que están sujetos los órganos juris-diccionales. Y no es sólo por la remisión textual del susodichoart. 1 LOPJ a la Carta Magna sino por la prevalencia incon-testable de ésta como norma suprema que es del ordena-miento jurídico. Es la Constitución quien, soberanamente,abstrae un esquema axiológico y unas pautas de acciónprotocolizadas que hacen del “estar en el derecho” un“quid” implícito, y por ende indisociable, al “tener-se en lajusticia”. <

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24 Para profundizar en la teoría comunicacional del derecho es re-ferencia imprescindible la obra de Robles Morchón: “Comunicación,lenguaje y derecho. Algunas ideas básicas de la teoría comunica-cional del derecho”, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,Madrid, 2009, o su obra “Teoría del derecho. Fundamentos de te-oría comunicacional del derecho”, Civitas Thomsom Reuthers, Ma-drid, 2008, en especial capítulos 6 y 9. 25 A fin de cuentas, desde un plano analítico y metodológico, elderecho es un dispositivo de doble lente que nos permite reconstruirla realidad mediante la observación de regularidades tamizadasgracias al filtro sinóptico de las normas jurídicas. La tarea analíticapuede derivar de técnicas deductivas o inductivas, y realizarsedesde arriba hacia abajo o en sentido inverso, aunque me atreveríaa sostener que prevalece en primer lugar una aproximación oblongade la realidad material para de inmediato depurar las cosmovisionesderivadas de tal examen bajo el filtro técnico de las normas y delas categorías institucionales. Sobre este planteamiento metodo-lógico, vid Alemán Páez “Curso de Derecho del Trabajo I. La relaciónindividual de trabajo”. Ed. Tecnos, 2011, pp. 282 a 284. 26 “De la Justicia”, Centro de Estudios Filosóficos UNAM, Trad. deRicardo Guerra, México, 1964.27 Para profundizar en el planteamiento teórico y terminológicodel mentado autor, vid Aranguren JL. “Filosofía y vida intelectual.Textos fundamentales”, Ed. Trotta, 2010, p. 148. 28 A efectos de extraer esa visión comparativa de modelos, vid. portodos, la obra de Dworkin D. “Los derechos en serio”, Ed. Ariel,Barcelona, 2010, en espec. Capítulos 2 y 3. 29 La expresión proviene del diputado Carles Campuzano, del

partido CIU. 30 Personifico el asunto en la reforma de los despidos económicos.Según indica la Ley 3/3012, ésta “se ciñe ahora a delimitar lascausas…suprimiéndose otras referencias normativas que han ve-nido introduciendo elementos de incertidumbre”. Tales referencias“incorporaban proyecciones de futuro, de imposible prueba, y unavaloración finalista de esos despidos, que ha venido dando lugar aque los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios deoportunidad relativos a la gestión de la empresa. Ahora quedaclaro que el control judicial de los despidos debe ceñirse a una va-loración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”(Exp.Mots. p. III). En este aspecto, y según señala Desdentado Bo-nete, la norma infiere una voluntad de simplificación y de objeti-vación, pero también una clara advertencia contra determinadasformas de control judicial, dándose empero la impresión que conla reforma “es más importante lo que se suprime que lo que seañade”, en “En busca de la objetividad: la nueva delimitación delas causas de los despidos económicos”, AL nº, 2012. 31 Sobre dicha problemática, vid R. Dworkin “Los derechos enserio”, op, cit, p. 51. 32 Desde esta vertiente metodológica, vid. Segura Ortega M. “Laracionalidad jurídica”, Tecnos, 1998, pp. 107 y 108. 33 Recabo la metáfora de Nieto A. quien habla de “derecho se-cuestrado”, en “Crítica de la razón jurídica”, Ed. Trotta, Madrid, p.127. 34 STCO 3/1983, de 25 enero35 La expresión proviene del diputado Carles Campuzano, delpartido CIU.

Entrevista realizada por Carmen Rivas

Enrique Lillo tiene 59 años y es de un pueblo cas-tellano-manchego, de Ciudad Real que se llamaCarrizosa. Llegó a Madrid a estudiar derecho ydesde 1977 defiende a los trabajadores en cientos

de empresas y sectores, siempre desde Comisiones Obreras. Es uno de los mejores abogados laboralistas, heredero

de los abogados asesinados en su despacho de la calleAtocha hace 36 años. En esta entrevista explica y profundizaen el alcance de la última reforma laboral aprobada por elPartido Popular y denuncia que el objetivo último es acabarcon la implantación sindical, con la organización de traba-jadores en las empresas, cuya justificación más clara es lanegociación colectiva que culmina en acuerdos o conveniosque dan cobertura legal y regulan la actividad laboral en laempresas.

Asegura Enrique Lillo que tras 35 años de democraciaesta reforma laboral nos puede situar en una etapa pre-constitucional. Podemos llegar a una situación dictatorialde la mano de lo que estamos viviendo, afirma. Tenemosque intentar defender los derechos democráticos y los de-rechos sociales e intentar que se rectifique la política eco-nómica en España y en Europa. El gran drama de la actua-lidad es que los poderes públicos están contribuyendo aacrecentar la dimensión de la crisis en lugar de solucionarla.

Pregunta: La crisis económica esta teniendo pro-fundas repercusiones para los trabajadores tantopor la pérdida de empleo como por el empeora-miento de las condiciones económicas y sociales acausa de las reformas laborales, en especial, la úl-tima aprobada del gobierno del Partido Popular.R.: Esta última reforma laboral supone una carnicería paralos trabajadores que, si se consolida en los términos enque ha sido diseñada por el Partido Popular, va a traer unempeoramiento y empobrecimiento, que ya se está dando,de las condiciones de vida los trabajadores y de sectoresde las clases medias y puede significar también el propiocuestionamiento del futuro de los sindicatos. La reformalaboral, no sólo abarata y facilita el despido, que pasa aser de 20 días o de algo más de 20 días para aquellos

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“La reforma laboral puede suponer, sise consolida como proyecto, elenterramiento de la negociacióncolectiva y sin negociación colectivano existen sindicatos.

“La aplicación de la reforma laboraltiene dos fases, en la primera elabaratamiento masivo del despido,reducción salarial y empobrecimientode los trabajadores y de ampliossectores de la clase media.

ENRIQUE LILLO | ABOGADO LABORALISTA

“La respuesta social tiene que serradical y contundente

casos en que los trabajadores acuerden con sus empresas.La reforma laboral puede suponer, si se consolida comoproyecto, el enterramiento de la negociación colectiva ysin negociación colectiva no existen sindicatos. Y digo en-terramiento porque al favorecer los convenios de empresay la caducidad en la ultra actividad de los mismos puedehacer que los trabajadores se queden sin convenio colectivode aplicación. Esto va a generar muchas más dificultadesmateriales para negociar nuevos acuerdos.

P.: ¿En qué momento de la aplicación de la reformalaboral nos encontramos y cual es su apartado máspeligroso, más dañino para los trabajadores?R.: La aplicación de la reforma laboral como digo tiene dosfases, en la primera el abaratamiento masivo del despido,reducción salarial y empobrecimiento de los trabajadores yde amplios sectores de la clase media y la reducción opérdida de sus condiciones laborales. En la segunda faseque puede empezar en junio, des-aparecen buena parte de las unida-des de negociación, si estos conve-nios no son renegociados antes dejunio de 2013. Creo además queesta reforma laboral implica que alos trabajadores se les dificulta susposibilidades de defensa frente alos empresarios. Digo esto porquela reforma laboral exige a los sindi-catos y a sus abogados un esfuerzoprofesional de entendimiento de lanueva regulación de despidos co-lectivos y de la nueva regulación delas modificaciones sustanciales decondiciones de trabajo que implicanreducciones salariales. Y eso exigeadquirir conocimiento sobre econo-mía de la empresa: balance, audi-torias, cuentas de resultados, me-morias. Para lo cual se necesita nosólo un replanteamiento del conte-nido cognitivo de los abogados sinotambién de los propios sindicalis-tas.

P.: Entiendo muy bien que los abogados tenganque ponerse al día de la nueva legislación laboraly conocer a fondo los mecanismos que les permitanargumentar las demandas pero, ¿por qué, tambiénlos representantes de los trabajadores necesitanadquirir esos conocimientos sobre economía deempresa?R.: Los sindicalistas deben familiarizarse inmediatamentey empezar a estudiar y aprender sobre periodos de consulta,información dentro del periodo de consultas, qué tipo de

documentación hay que preparar, descifrar el contenido dela documentación económica puesto que su función no vaa ser sólo negociar la indemnización económica. Si no setienen estos conocimientos no se podrá defender bien elperiodo de consultas y tampoco se podrá articular, correc-tamente, la demanda de impugnación colectiva. Para estohacen falta más medios técnicos, sobre todo de economistasfamiliarizados con la situación económica en la empresa ymás conocimientos por parte de los sindicalistas de las do-cumentaciones de las empresas, de las memorias, los ba-lances y las cuentas de resultados.

P.: ¿Con estos nuevos conocimientos se podrá mi-nimizar el impacto de la última reforma laboral osimplemente hacer frente a la agresión? R.: Servirán para hacer una lucha exclusivamente defensiva.Conseguir un buen pacto en un expediente de regulaciónde empleo evidentemente es un problema sindical pero

también ahora, a raíz de la reformalaboral, es un problema técnico,económico y jurídico. El desafío estan grande que el hecho de querebajen las indemnizaciones, quete cuestionen la negociación co-lectiva y que te obliguen, si quieresdefenderte, a unos esfuerzos téc-nicos que necesitan muchos recur-sos y medios, nos sitúa ente un pa-norama muy desolador que es enel que nos ha colocado el PartidoPopular.

P.: ¿Cuando hablamos de im-pugnación colectiva a qué nosestamos refiriendo?R.: Nos estamos refiriendo a la de-manda de dimensión colectiva quedeben presentar la representacióncolectiva de los trabajadores si elERE ha sido decidido unilateral-mente por la empresa. Es decir sino se ha alcanzado un acuerdo co-

lectivo dentro de los plazos previstos para poner en marchael Expediente de Regulación de Empleo o del despido co-lectivo entonces hay que hacer una demanda de impug-nación y esta demanda de impugnación exige conocer bienlos entresijos económicos, mercantiles de la propia empresay eso requiere medios que nos permitan conocer esos en-tresijos.

Además hay que saber que la ley de reforma laboral fa-vorece mucho al empresario. Si el empresario presenta suscuentas y sus documentos formales, el éxito de la impug-nación colectiva va a ser más difícil que si el empresario nopresenta la documentación en regla. La impugnación co-

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“Conseguir un buen pacto enun expediente de regulaciónde empleo evidentementees un problema sindicalpero también ahora, a raízde la reforma laboral, es unproblema técnico,económico y jurídico.

“Ha obligado al cambio demodelo de gestión de losdespidos colectivos y tienecomo consecuencia elpropio abaratamiento deesos despidos, que ya nonecesitan la autorizaciónadministrativa en la que elpapel de la Inspección deTrabajo era fundamental.

lectiva cobra una importancia trascendental ya que una delas grandes faenas, por decirlo con claridad “putadas” dela reforma laboral del PP es la supresión de la autorizaciónadministrativa de los expedientes de regulación de empleo.Esto ha obligado al cambio de modelo de gestión de losdespidos colectivos y tiene como consecuencia el propioabaratamiento de esos despidos, que ya no necesitan laautorización administrativa en la que el papel de la Ins-pección de Trabajo era fundamental. Ya te la juegas en unpleito y este pleito es de articulación procesal difícil y poreso digo que han hecho a propósito las tres faenas de lareforma laboral: abaratamiento del despido con reduccióndel salario y empobrecimiento generalizado de los asala-riados, incluso de la clase media,hundimiento de la negociacióncolectiva con la pérdida de la ultraactividad de los convenios y ponertrabas y dificultades técnicas alos trabajadores y a los sindicatospara que puedan defenderse deesta avalancha.

P.: Esta habiendo muchosERES en los medios de co-municación y buena partede ellos, la mayoría, los estánganando los trabajadores.Esto ¿a qué se debe?R.: Primero a que muchos em-presarios tenían compromisos ypactos previos a la reforma labo-ral y han interpretado que la re-forma laboral modifica y anulaesos pactos y esto es un dispa-rate, jurídicamente hablando por-que los pactos y los compromisosno dependen de la ley aplicablesi no que tienen una vigencia porsi mismos. Por otro lado, la interpretación judicial es exigenteen cuanto al cumplimiento de las obligaciones de informa-ción económica y de negociación real dentro del periodode consultas. Estas obligaciones de información exhaustivay de negociación real con los representantes de los traba-jadores dentro del periodo de consultas están incluso cla-ramente establecidas por las directivas comunitarias y porsentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Yo creo que estos incumplimientos ha motivado que losjueces velen por la pureza del procedimiento y que aquílos despidos colectivos no se utilicen para actuacionesfraudulentas o iniciativas que suponen simplemente el in-cumplimiento de otros apartados de las leyes laborales, dela ley de seguridad social, del código de comercio o de laley de sociedades anónimas.

P.: Estás coordinando el recurso de los trabajadoresde la Radio Televisión Pública de Madrid contra elexpediente de Regulación de Empleo que ha des-pedido al 80% de la plantilla. Creo que este EREno tiene precedentes ni por la forma ni por elfondo…R.: A mi me parece que lo que ha hecho la dirección de Te-lemadrid es simplemente un acto de represión política ysocial. Es verdad que tendría pérdidas por la pésima gestiónde directivos. Pero la solución que da es, desde el punto devista social y legal, descabellada puesto que pretende des-mantelar el servicio público con el despido de la inmensamayoría de la plantilla, sin respetar la garantía de prioridad

de permanencia de los represen-tantes legales y sindicales. Ade-más ha desmantelado su propiajustificación que es la realizaciónde actividades informativas,puesto que los periodistas quehan superado oposición han sidodespedidos y han dejado a otrosque no han pasado por ningunaprueba objetiva para su contra-tación. La actuación es clara-mente fraudulenta y despropor-cionada, una medida abusivaporque implica la expulsión dela práctica totalidad de la plan-tilla. Tiene también un carácterde especulación económica y decontenido ideológico y políticopuesto que pretende sustituir eltrabajo y la actividad de los em-pleados de Telemadrid por em-presas subcontratadas. Con la si-tuación que tenemos en Españaen donde todos los días vemosque uno de los canales por los

que se está desarrollando la corrupción política es el cobrode percepciones económicas por empresas subcontratadas,resulta absolutamente censurable que ahora se sustituya ala plantilla de Telemadrid por empresas externas que, acambio de la adjudicación, en ocasiones pagan la denomi-nada mordida.

P.: Si la reforma laboral llega a aplicarse en su to-talidad, ¿qué es lo que nos espera?R.: El futuro no podemos saberlo. Pero si no hay una res-puesta y una reacción social inmediata y masiva que hagaver al PP el rechazo total y radical de la sociedad, el futuroque nos espera es de más pobreza de la que ya hay, inde-fensión de trabajadores y cuestionamiento de la viabilidady del futuro de los sindicatos junto con el cuestionamientoy la viabilidad de las fuerzas de izquierda. <

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“Me parece que lo que ha hechola dirección de Telemadrid essimplemente un acto derepresión política y social.[…] Tiene también un carácterde especulación económica y decontenido ideológico y políticopuesto que pretende sustituir eltrabajo y la actividad de losempleados de Telemadrid porempresas subcontratadas.

“Si no hay una respuesta y unareacción social inmediata ymasiva que haga ver al PP elrechazo total y radical de lasociedad, el futuro que nosespera es de más pobreza de laque ya hay, indefensión detrabajadores.

Seguimos necesitando una prensa obrera en estaera de la información? ¿El movimiento obrero or-ganizado debe poseer unos medios informativospropios, y si es así, con qué objeto y con qué

forma? Me hacía estas preguntas hojeando por enésimavez Comunicación y poder (Alianza Editorial), obra delsociólogo Manuel Castells, quien es probablemente elmás importante comunicólogo de nuestro tiempo, y queen su juventud fue un activísimo mi-litante de CCOO en el Baix Llobre-gat. Al hacérmelas, recuerdo quehace 40 años fui el primer redactorjefe de Lluita Obrera en su funda-ción, con Alfons Labrador, y que tuveel honor de presentar un programasemanal en aquella Ràdio Obreraque nunca debimos dejar perder. Yme doy cuenta de que no tengo res-puestas sencillas para tales interro-gantes. Pero sí es cierto que la cues-tión comunicacional ha sidoinseparable del movimiento organi-zado desde sus principios, que entremuchos de sus dirigentes de van-guardia han figurado tipógrafos yescritores y que una revisión histo-riográfica de la prensa obrera de losdos últimos siglos arroja una pers-pectiva bastante precisa de la evo-lución de nuestras sociedades hastala democracia y a través de ella. Ymás cierto es todavía que una solapersona no puede concebir ni arti-cular lo que pudiera ser el complejo comunicacional delas organizaciones de los trabajadores hoy día. Por esome limito a aportar unas breves notas que puedan ayudara pensar colectivamente sobre ello.

El viejo dilema prensa obrera versus prensa burguesano tiene ya sentido. Ahora toda la prensa es burguesa, yeso no es una afirmación ideológica maximalista: los pe-riódicos de gran circulación pertenecen a intereses finan-

cieros que sobrepasan a sus propiedades nominales. In-tegrados en grupos multimedia, sus líneas editoriales einformativas responden a las respectivas posiciones dediversos grupos de poder que se relacionan con los gruposfinancieros según las alianzas que establecen para en-tretejer dinámicas de influencia en la opinión pública ylas élites decisorias. La prensa comercial ha vuelto a serprensa de partido y los autocalificados medios indepen-

dientes suenan tan cínicos comolos que en siglos anteriores in-corporaban la palabra imparcialen sus cabeceras.

La prensa impresa es hoy unnegocio ruinoso. Tal ruina ha sidopropiciada por las propias em-presas al absorber los beneficiosque los diarios generaban y vol-carlos en proyectos multimediaque han topado a su vez con elretraimiento de la publicidadtanto en medios impresos comoen la televisión. El modelo denegocio de la comunicación demasas ha cambiado, y ya nopuede basarse, al menos mayo-ritariamente, en la venta de pu-blicidad. El alto precio de papele impresión hace inviable la ini-ciativa de grupos independientesde cara a la publicación de pe-riódicos alternativos con cifrasconsiderables de difusión. Ni si-quiera un empresario del nego-

cio de derechos televisivos apoyado por el anterior go-bierno fue capaz de hacer durar tal alternativa. A la ruinacontribuye el creciente desapego de unos medios percibi-dos como en estrecha colusión con intereses que no sonlos de sus lectores, incrementado por la desinversión delas empresas periodísticas en información al tiempo quese deshacen de su capital informativo encarnado por losredactores expertos que son continuamente despedidos.

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“Ahora toda la prensa esburguesa, y eso no es unaafirmación ideológicamaximalista: los periódicosde gran circulaciónpertenecen a interesesfinancieros que sobrepasan asus propiedades nominales.

“El hallazgo que la cultura demasas supone para losintereses del capitalismo esla posibilidad de ejercerinfluencia ideológicaentretejiendo información yentretenimiento, de maneraque la segunda vasuplantandoprogresivamente a laprimera.

GABRIEL JARABA | PROFESOR DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMADE BARCELONA Y MILITANTE DE CCOO.

Por un combate comunicacional contrael retroliberalismo“La esperanza llega cuando superas el miedo y encuentras en las redes, en las calles, mucha gente que está como tú”. Manuel Castells.

El negocio de la información retrocede, pues, y lo haceen beneficio del negocio del entretenimiento. Lo que noretrocede es la lucha ideológica, planteada desde ambosámbitos a la vez. El hallazgo que la cultura de masas su-pone para los intereses del capitalismo es la posibilidadde ejercer influencia ideológica entretejiendo informacióny entretenimiento, de manera que la segunda va suplan-tando progresivamente a la primera. Al incorporar ele-mentos de cultura pop y lugares comunes del apoliticismopopulista, tal combinación va extendiéndose e imponién-dose como cultura hegemónica. Lo que un día algunosconsideramos como “lluvia de ideología burguesa sobrelas clases trabajadoras” (Simplemente María y su reper-cusión sobre las clases trabajadoras, Manuel J. Campo,Ed. Avance) se ha convertido en algo más sofisticado: lareelaboración de lo peor del populismo individualista sur-gido de las ideologías popularesingenuas o sin conciencia declase reorientada y presentadacomo un éxito de la democrati-zación de la sociedad. Nadie ensu sano juicio osaría hoy influirdesde el poder sobre las clasespopulares mediante una reedi-ción de los “valores burgueses”de autoridad, orden y prevalenciadel dinero, no al menos directa ydeclaradamente. El retroliberalismo utiliza la informaciónpara asustar, tergiversar y difamar al mismo tiempo queemplea el entretenimiento para fomentar el conformismoy alentar la falsa sensación de que ciertos valores “po-pulares” (espontaneidad, llaneza, austeridad) permane-cen. Tal pinza va más allá de lo que soñaron en décadasanteriores quienes ejercieron lo que desde las izquierdasse llamó ingenuamente “manipulación”, en el seno deuna estrategia que se propone revertir las conquistas de-mocráticas políticas y sociales atendiendo a que las clasespopulares han perdido capacidad de intimidación. Ya nohay “manipulación”, simplemente mentira, miedo y con-formismo, y con esos mimbres se tejen mayorías parla-mentarias retroliberales que no ceden ante opinión públicaalguna.

Para que haya una opinión pública digna de tal nombrees necesario que exista una sociedad democrática en laque el pluralismo sea respetado y garantizado por lasinstituciones y la división de poderes. Pero la condiciónno formulada explícitamente y sin embargo imprescindiblepara que una opinión pública se erija en tal es que losciudadanos crean que las fluctuaciones de esa opiniónsean capaces de provocar cambios políticos y sociales.Ese fue el problema al que se enfrentó la prensa obreraclásica; no tanto la posibilidad de ser publicada y difundidasino la opción a influir en un amplio campo social, tantoen el “interior” de la clase de la que surgía como en su

“exterior”, en el campo general de la ciudadanía. El cierrede las clases dominantes de entonces hizo que la culturadel movimiento obrero se erigiera en contracultura queaspiraba a erigir una contrasociedad, con lo cual su in-fluencia no era directa sobre la opinión pública sino indi-recta mediante la capacidad de intimidación de la orga-nización; quedaba limitada así a tareas de agitación ypropaganda.

Asistimos ahora a un cierre semejante por parte del re-troliberalismo, aunque expresado de un modo más sofis-ticado gracias al descubrimiento de la integración y utili-zación del populismo pop (encarnado en iconos comoBelén Esteban, por ejemplo) el cual es quien vehicula losauténticos valores opuestos a la cultura del trabajo: indi-vidualismo, ambición, irreflexión interesada y despreciopor la ilustración. Incluso en plena crisis del modelo de

comunicación de masas y su ne-gocio, los medios masivos soncapaces de colapsar el movi-miento de opinión pública me-diante la introducción del des-ánimo, la despolitización y ladesautorización de cualquieragente de cambio posible (“to-dos los políticos son iguales”)dado que cuenta con un ines-perado aliado: el movimiento de

protesta que se expresa en clave de desafección pero node acción política organizada. Es así como, aunque el ne-gocio de la comunicación de masas esté en retroceso, esútil todavía para proponer tanto modelos deseables decultura pseudopopular insolidaria como para lanzar men-sajes intimidatorios. Y al mismo tiempo, los nuevos espa-cios comunicacionales en red emergentes en internet sedebaten entre la posibilidad de promover y coordinar ac-ciones de protesta y movilización paralelamente a unanueva contracultura del disenso y la queja que resulteser un estancamiento del inconformismo en un espacioalternativo. La ambigüedad de algunas propuestas de in-dignación y la limitación de su alcance en los últimos dosaños responde a esta doble opción no excluyente.

Los movimientos disconformes en red se enfrentan aesta situación tan compleja. El descubrimiento de internetcomo nuevo campo abierto al activismo movilizador y ala difusión de la conciencia de cambio sociopolítico topacon la sofisticación de las dinámicas comunicacionalesen la sociedad red. El retroliberalismo es precisamenteuna revolución política y económica que surge de las de-rrotas del mayo del 68 en París y el advenimiento de unneogaullismo que culmina en Sarkozy; del hundimientode la primavera de Praga y la transformación del socia-lismo real en neocapitalismo autoritario; de la desapariciónde la nueva izquierda norteamericana y el ascenso delreaganismo; del abandono de la voluntad de cambio de

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“Ya no hay “manipulación”,simplemente mentira, miedo yconformismo, y con esosmimbres se tejen mayoríasparlamentarias retroliberalesque no ceden ante opiniónpública alguna.

las socialdemocracias que se expresa con la desapariciónde la tercera vía giddensiana. La izquierda ha sido derro-tada en todos los campos y el capitalismo financiero em-prende una doble ofensiva: contra el capital productivo ycontra la cultura del trabajo, agentes de cuya combinaciónresultan las democracias liberales operativas. De ahí suofensiva ideológica doble, respecto a la intimidación deuna parte y al fomento de la insolidaridad de otra, asícomo de su invulnerabilidad momentánea a la disconfor-midad y la protesta, que pueden ser contenidas en uncaldo de cultivo contracultural sin influencia de cambio.

La intensidad de la difusión disconforme en internet ylas movilizaciones de los indignados en los últimos dosaños pueden hacernos creer que podemos apoyarnos enuna comunicación alternativa que descarte la incidencia

en la opinión pública en toda su amplitud y complejidad.Lo cierto es que un año después del acceso del retrolibe-ralismo al poder político, las encuestas indican que elPartido Popular no obtendría una mayoría absoluta hoyen unas elecciones generales pero sí una mayoría sufi-ciente para seguir gobernando. El movimiento indignadodio probablemente un último empujón hacia la caída algobierno Zapatero pero no ha sido capaz de transformarseen una ola de agitación sociopolítica lo suficientementeinfluyente en la opinión pública como para provocar cam-bios. Cabe preguntarse cuántas huelgas generales seríannecesarias en una legislatura de cuatro años después delas dos realizadas en el primer año de ella.

En esta sociedad que Edgar Morin calificó como de lacomplejidad, la buena noticia es que las capas y sectoressociales son muy permeables gracias a la existencia –to-davía—de la cultura igualitaria propia de los años 60 y70 y del poder de difusión y penetración de internet, ver-dadero regalo de los cielos en el siglo XXI para quienesfuimos activistas de la agitprop en el XX. La mala noticiaes que esa permeabilidad es perfectamente compatiblecon el mantenimiento de la cultura progresista en uncompartimento estanco sin influencia en lo que quedade la opinión pública gracias al juego de espejos del po-licentrismo comunicacional en internet. Mientras, el re-troliberalismo, con Rupert Murdoch a la cabeza, pugnapor trasladar a la internet abierta, multidireccional y trans-formable, las dinámicas unidireccionales e inamoviblespropias del negocio de la comunicación de masas. Conello, la red iría asimilándose progresivamente a las anti-guas formas que pretendió superar de modo que los es-pacios alternativos existentes en su seno devinieran unanueva contracultura marginal a modo de la cultura delfanzine de los años 60 y 70, tan renovadora culturalmentey disconforme socialmente como inoperante política-mente.

Este es el ingente y complejo panorama al que se en-frenta cualquier reflexión sobre comunicación transfor-madora desde el movimiento obrero organizado. Todoplanteamiento que se sitúe por debajo de este nivel decomplejidad ha de ser forzosamente parcial, insuficientee inoperante. ¿Qué hacer, pues? En primer lugar, plante-arse interrogantes como los que siguen.

¿Cómo podemos aprovechar y desencadenar el enormepoder de internet para poner en pie un verdadero poli-centrismo comunicacional que vaya más allá de la difusiónde las publicaciones institucionales de CCOO?

¿Cómo podemos crear redes de movilización, solidari-dad y acción mediante ese policentrismo en red?

¿Cómo podemos transformar nuestras publicacionesinstitucionales en medios interactivos y plataformas co-ordinadoras y movilizadoras?

¿Cómo podemos despojar a nuestros medios de laapariencia y lenguaje propios de instituciones de gobierno

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“Los medios masivos son capaces decolapsar el movimiento de opiniónpública mediante la introducción deldesánimo, la despolitización y ladesautorización de cualquier agentede cambio posible.

“El capitalismo financiero emprendeuna doble ofensiva: contra el capitalproductivo y contra la cultura deltrabajo, agentes de cuyacombinación resultan lasdemocracias liberales operativas.

u organismos parainstitucionales y recrear un nuevo estilocoherente con las tradiciones culturales de la cultura deltrabajo?

¿Cómo podemos salvar la brecha comunicacional in-ventando nuevos medios impresos ligeros y baratos quepodrían pasar por la adaptación de los flyers de la culturarock convertidos en nuevas oc-tavillas volantes?

¿Cómo podemos crear unnuevo lenguaje de la agitación ymovilización que se desprendade clichés obsoletos propios deotro tiempo en que la termino-logía de la lucha sociopolíticaaún no había sido absorbida porlo más inmovilista de la culturainstitucional y parlamentaria?

¿Cómo podemos luchar con-tra la intimidación retroliberalque pasa por el desprestigio delsindicalismo, de los sindicatos yde sus líderes develando su im-postura y al mismo tiempo revelando el valor de nuestrasposiciones y organizaciones?

¿Cómo podemos ofrecer a los medios masivos una ima-gen de nuestra actividad, ideas y actores que rompa elcliché que no solamente impone el retroliberalismo sino lapereza mental de los profesionales de la información?

¿Cómo podemos mostrar ante el gran público las ven-tajas y servicios que el sindicato ofrece tanto a los afiliadoscomo a la población en general?

¿Cómo podemos sumar la cultura del trabajo y la culturapropia de la tradición de CCOO en particular a las expre-siones de la cultura catalana que se difunden en los me-dios, campañas cívicas e inquietudes populares?

¿Cómo podemos popularizar nuevos rostros de acti-vistas, mujeres y hombres jóvenes de los ámbitos y estilosmás diversos, como personas que lleguen a ser conocidasen los ambientes ciudadanos, de modo que pongamoscaras y nombres identificables a las acciones colectivas?

¿Cómo podemos abrir líneas de trabajo conjuntas conlas redes de bibliotecas públicaspara la difusión de nuestras ac-tividades, ideas y publicacionesen ellas?

¿Cómo podemos relanzar lascomisiones de cultura y difusiónde modo que incorporen de ma-nera regular aportaciones pro-pias de los trabajadores de lacultura y de los académicos pro-gresistas, de cara a la elabora-ción de nuevas propuestas,identificación de nuevos esce-narios y trabajo con las ideas yelaboraciones críticas actuales?

Tengo para mí que las posi-bles respuestas a los interrogantes del principio de estetexto solamente pueden surgir de una reflexión crítica entorno a preguntas como las que he anotado, que notienen por que ser las definitivamente pertinentes sinoque solamente pretenden ser elementos animadores deldebate.

Pero sí que estoy convencido de que la complejidaddel reto que plantea el retroliberalismo –intimidación,desánimo, individualismo, destrucción de la democra-cia—merece respuestas a su altura, que no se expresenya en lenguajes y concepciones propias de las décadasanteriores en las que la derrota de la izquierda reveló suinadecuación. <

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“La complejidad del reto queplantea el retroliberalismo –intimidación, desánimo,individualismo, destrucción dela democracia—merecerespuestas a su altura, que nose expresen ya en lenguajes yconcepciones propias de lasdécadas anteriores en las que laderrota de la izquierda revelósu inadecuación


El impacto de la crisis en las personasmayoresEl Informe 56 de la Fundación 1º de Mayo recoge el trabajo sobre el impacto de lacrisis en las condiciones de vida de las personas mayores, realizado por Jesús Cru-ces Aguilera, Luís de la Fuente Sanz, Alicia Martínez Poza y Elvira S. Llopis. El progresivo envejecimiento de la sociedad española plantea uno de los principales retos so-cioeconómicos y políticos del Estado de Bienestar, ya que dibuja un escenario de nuevas nece-

sidades sociales a las que dar respuesta para asegurar los derechos democráticos de la ciudadanía. El aumentode la proporción de personas mayores en la sociedad implica fortalecer los diferentes pilares sobre los que se sostiene el dere-cho a un envejecimiento digno y de calidad: las pensiones, la sanidad, la atención a la diversidad funcional o las medidas de ser-vicios sociales.

Puede resultar sorprendente, pero lo cierto es queseis millones de españoles y españolas son co-municadores digitales permanentes y viven co-nectadas casi las 24 horas. Así lo publicaba el

último informe La Sociedad de la Información en Españade 2012. De todas esas personas, casi 8 de cada diezentre los 18 y los 55 años usan las redes sociales. Através de ellas se comparte información, gustos e inquie-tudes, se hacen propuestas, y también se denuncian si-tuaciones de injusticia. No es algo nuevo. Puede que latecnología haya cambiado, pero la misión es la misma:conseguir que con el apoyo de unmayor número de personas las pe-ticiones de justicia sean más efica-ces.

En Amnistía Internacional lo co-nocemos bien. Así lo pensó PeterBenenson cuando en 1961 se in-dignó al leer la noticia de que unosestudiantes portugueses habíansido condenados a siete años deprisión por hacer un brindis en unrestaurante por una libertad que noconocían durante la dictadura deSalazar. Indignarse solo no servíade nada, por eso decidió publicarun artículo, “The forgotten priso-ners”, para instar a la gente a ac-tuar y pedir la excarcelación de esospresos. Más de un millar de lectores participaron. Habíanacido Amnistía Internacional.

Ahora ya no son sólo cartas, algunas de ellas se hanconvertido en peticiones on line, pero los más de 1.000presos de conciencia que hemos contribuido a liberardesde nuestra fundación y las tres millones de personasque nos apoyan en todo el mundo avalan nuestro trabajoy nos demuestran que a la gente le siguen indignandolas injusticias.

Los gurús no paran de asegurarnos que el paradigmade la comunicación ha cambiado. Ya no se trata sólo deinformarse y de ser espectador ante la realidad, ahora esimportante formar parte de ella, también de la que nosqueda más lejana. Y no sólo eso, además de participaren este realidad, como hace posible el ciberactivismo,también nos encontramos con otro nuevo hábito: el decompartir. Ahora queremos que todos nuestros contactos

se enteren, inquieten y apoyen las iniciativas que a nosotros nos parecen interesantes. De hecho, al contrariode lo que mucha gente piensa, la Red nació en el ámbitouniversitario y no en el militar, para compartir, cooperar ycrear conocimiento de manera colaborativa a partir dellibre acceso a la información.

En un mundo en que se potencia el individualismo, lasredes sociales están contribuyendo a la ruptura de esadinámica, creando lazos que ya se ha visto que van másallá del ordenador, como ha puesto de manifiesto el mo-vimiento 15M en España. Y lo hacen con una fuerza re-

señable: el 78% de los usuariosde redes se conectan cada día,no sólo a una red como Face-book, que sigue siendo la másvalorada, sino que con la llegadade las nuevas propuestas comoPinterest, Foursquare o Insta-gram, el tiempo dedicado se in-crementa, es decir, no se dejade usar una red para usar lasotras, sino que el promedio esque los usuarios usan de pro-medio más de dos redes.

El ciberactivismo se sirve delas redes sociales para tomarcada vez más fuerza frente a lassituaciones que nos resultan in-justas. Así define David de

Ugarte en su obra “El poder de las redes” el ciberacti-vismo: “Un ciberactivista es alguien que utiliza Internetpara difundir su discurso y poner a disposición públicaherramientas que devuelvan a las personas el poder y lavisibilidad que hoy monopolizan las instituciones. La po-tencia de las redes distribuidas sólo pueden aprovecharlasplenamente quienes creen en un mundo de poder dis-tribuido”.

¿Un activismo vago?A pesar de todo, el escepticismo sigue imperando en mu-chos ámbitos, que consideran que el ciberactivismo es unactivismo vago, que no obtiene resultados. En AmnistíaInternacional, sin embargo, tenemos algunos ejemplosque nos indican que funciona, y no sólo para aunar vocesen todo el mundo y emprender acciones con otras perso-nas en favor de los derechos humanos. También para co-

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“Puede que la tecnologíahaya cambiado, pero lamisión es la misma:conseguir que con el apoyode un mayor número depersonas las peticiones dejusticia sean más eficaces.

“Ya no se trata sólo deinformarse y de serespectador ante la realidad,ahora es importante formarparte de ella, también de laque nos queda más lejana.

ANA GÓMEZ | COMMUNITY MANAGER DE AMNISTÍA INTERNACIONAL ESPAÑA

Ciber aunque sobradamente activista

nocer lo que sucede en paísescomo China, Cuba o Irán, dondela censura y los ataques contraactivistas y periodistas son cons-tantes, y donde no se nos permitetrabajar. De hecho, tal y como pu-blicamos en nuestro último In-forme Anual, en 2011 un total de91 países impusieron restriccionesa la libertad de expresión, y se re-primió y silenció a poetas, perio-distas, blogueros y personas críti-cas con sus respectivos regímenes.Como organización defensora dela libertad de expresión no pode-mos permanecer impasibles anteestas cifras.

A menudo las acciones en redessociales nos sirven de presióncomplementaria a otras llevadasa cabo por las demás vías, comoen el caso de Nasrin Sotoudeh.Esta abogada iraní, encarceladacon cargos formulados de maneraimprecisa como “difundir propa-ganda contra el sistema” y “ac-tuar contra la seguridad nacio-nal”, miembro del Centro para laDefensa de los Derechos Humanosy considerada presa de concienciapor Amnistía Internacional, co-menzó una huelga de hambrepara protestar contra la denega-ción de visitas cara a cara de suhija de 13 años y su hijo de 5años, y contra el hostigamiento asus familiares por parte de las au-toridades iraníes. Varias organiza-ciones, entre las que se encuentraAmnistía Internacional, denuncia-mos su situación por facebook ytwitter, y finalmente se consiguióque se levantara la prohibición de viajar impuesta a suhija y, como consecuencia, que la abogada pusiera fin asu huelga de hambre 49 días después de iniciarla.

Otro ejemplo es el del bloguero iraní Hossein RonaghiMaleki, condenado a 15 años de prisión en 2010, tras sersometido a un juicio injusto por cargos como “pertenenciaal cibergrupo ilegal Iran Proxy“, y cuya delicada situaciónde salud, con un riñón extirpado y con posibilidad de sufrirdaños en el otro, recibimos a través de las redes sociales. Apartir de ahí comenzó un trabajo de investigación, e inci-dencia por medio de nuestra red de acciones urgentes,que culminó en la salida de Maleki de prisión gracias a un

permiso médico carcelario. “Mesiento bien porque la cara de mimadre está fresca de felicidad y nollora”, escribía en su blog despuésde 32 meses sin poder hacerlo.

Cuba es otro de los paísesdonde las redes sociales son unaherramienta básica para comuni-car sobre la situación del país, porno contar con muchas más víasindependientes. Con los mediosde comunicación controlados porel gobierno, y la censura de mu-chas páginas de Internet, así comoel elevado coste de los locutorios,muchos activistas y disidentes seven obligados a ciberactuar fuerade la isla. Aunque hay ocasionesen las que acuden a las embaja-das occidentales en La Habanapara acceder a la web, otras vecestienen que pedir a sus contactosfuera de la isla que les publiqueninformaciones. La bloguera YoaniSánchez conoce muy bien esta si-tuación. Ella dice que “tuitea aciegas”, y lo hace varias veces aldía enviando a personas de con-fianza en otros países, los tuitsque luego estas personas colocanen su cuenta. Lo mismo sucedíacon su blog, Generación Y, al quehasta hace un tiempo no podíaacceder y tenía que ser gentefuera de la isla quien publicarasus artículos.

Sin ir más lejos, también en Es-paña podemos hablar de los re-sultados que hemos conseguidogracias al ciberactivismo, ya quevamos a lograr presentar en el Mi-nisterio del Interior cerca de

60.000 firmas de personas que se han sumado a nuestradenuncia de la violencia policial en las manifestacionesen España, como ya hicimos el pasado mes de octubrecuando entregamos otras 75.000 al Ayuntamiento deMadrid para poner fin a la situación generada por los de-rribos de viviendas en El Gallinero y Cañada Real.

Son sólo algunos de los ejemplos que hemos conocidoy que demuestran que tiene sentido seguir trabajando.Desde luego, nos gustaría que no tuviera que existir el ci-beractivismo, ni el activismo de ningún tipo, pero estáclaro que el mundo no va a cambiar solo. <

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“La Red nació en el ámbitouniversitario y no en elmilitar, para compartir,cooperar y crearconocimiento de maneracolaborativa a partir del libreacceso a la información.

“El ciberactivismo se sirve delas redes sociales para tomarcada vez más fuerza frente alas situaciones que nosresultan injustas.

“Son sólo algunos de losejemplos que hemosconocido y que demuestranque tiene sentido seguirtrabajando. Desde luego, nosgustaría que no tuviera queexistir el ciberactivismo, ni elactivismo de ningún tipo,pero está claro que el mundono va a cambiar solo.

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PERSONAS BENEFICIARIAS DE PENSIONES ENESPAÑA, 2008-2012Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, e HispabarómetroSocial de España, 2012.

PENSIONES CONTRIBUTIVAS (miles)(De jubilación, incapacidad, viudedad, orfandady familiares) 2008: ...................................................... 8.390,82009: ...................................................... 8.531,82010: ...................................................... 8.671,02011: ...................................................... 8.805,42012: ...................................................... 8.920,0

PENSIONESNO CONTRIBUTIVAS(De invalidez, jubilación)2008: ...................................................... 464.7242009: ...................................................... 458.0342010: ...................................................... 453.2952011: ...................................................... 449.0062012: ...................................................... 446.425

IMPORTE DE LAS PENSIONESCONTRIBUTIVASEN ESPAÑA, 2008-2012 (euros/mes)(De jubilación, incapacidad, viudedad, orfandady familiares)Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, e HispabarómetroSocial de España, 2012.2008: ...................................................... 719,682009: ...................................................... 754,062010: ...................................................... 779,492011: ...................................................... 804,96 2012: ...................................................... 829,79

POR CCAA, 2012Andalucía: ............................................... 757,36Aragón: ................................................... 863,79Asturias: .................................................. 984,69Baleares: ................................................. 758,26Canarias: ................................................. 777,64Cantabria: ............................................... 863,46Castilla y León: ........................................ 808,59Castilla La Mancha: ................................. 774,96Cataluña: ................................................ 856,99Comunidad Valenciana: ........................... 762,49Extremadura: ........................................... 704,35Galicia: .................................................... 696,28Madrid: ................................................... 981,99Murcia: ................................................... 731,04Navarra: .................................................. 941,50País Vasco: .............................................. 1.024,83La Rioja: .................................................. 794,68Ceuta y Melilla: ....................................... 838,85

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN,SEGÚN TRAMOS DE CUANTÍA MENSUAL ENESPAÑA, 2011 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.TOTAL (N): ...............................................5.246,2 mil Total: ...................................................... 100%Hasta 150,00: ......................................... 1,5%De 150,01 a 500,00: ............................... 28,5%De 500,01 a 641,39: ............................... 3,2%De 641,39 a 700,00: ............................... 22,8%De 700,01 a 1.100,00: ............................ 12,3%De 1.100,01 a 1.500,00: ......................... 6,1%De 1.500,01 a 1.800,00: ........................ 3,0%De 18.000,01 a 2.000,00: ....................... 6,8%De 2.000,01 a 2.497,92: ......................... 3,0%Más de 2497,42: ..................................... 0,2%

HOGARES QUE TIENEN COMO REFERENCIA UNAPERSONA JUBILADA O CON PENSION DISTINTAA LA JUBILACIÓN, 2008-2012 (en %)Fuente: Encuesta de Población Activa, INE, 2012.2008: ...................................................... 25,02009: ...................................................... 25,22010: ...................................................... 25,52011: ...................................................... 25,72012: 2.................................................... 6,0

CON ALGUNA PERSONA EN PARO2008: ...................................................... 4,82009: ...................................................... 6,72010: ...................................................... 7,42011: ...................................................... 8,22012: ...................................................... 9,2

LOS DATOS TIENEN LA PALABRAJesús Cruces | Coordinador del Servicio de Estudios y Director del Hispabarómetro (Fundación 1º de Mayo)

L La respuesta al interrogante que abre esta notatiene dos vertientes fundamentales. Una es decarácter técnico y se correspondería con la po-sibilidad específicamente económica de poder

articular una relación de ingresosy gastos fiscales que no conlle-vase la asunción de políticas derecortes en el gasto público. Lasegunda es de carácter esencial-mente político, puesto que lasimple capacidad técnica no tienepor qué derivar en su viabilidadpolítica, esto es, no tienen porqué darse las condiciones queaseguren la puesta en marcha delas alternativas técnicas. No obs-tante, esta nota pretende cen-trarse casi de forma exclusiva enla primera de las vertientes, sibien asumiendo que las posibili-dades técnicas no se dan en elvacío sino en un determinado marco institucional y enun contexto histórico concreto.

De hecho, los Presupuestos Generales del Estado queentran en vigor en 2013 se caracterizan por estar insertosen un entramado institucional muy determinado –el quese ha diseñado en la Unión Europea y que restringe losmárgenes de política económica-, y en un contexto derecesión económica que en el caso de España tiene unasingularidad propia, especialmente por el duro procesode desapalancamiento financiero para los agentes pri-vados. Ambas cuestiones determinan las limitacionestécnicas y han de ser el punto de referencia de las posi-bles estrategias económicas.

Nuestra hipótesis es que, precisamente a causa de

esas limitaciones, dentro del contexto institucional actualno hay alternativa a las políticas de austeridad y recortesen el Gasto Público. Esto no quiere decir que no existaalternativa técnica, cuestión obvia con sólo observar las

distintas tácticas económicas enpaíses como EEUU o Japón, perosí que el margen de maniobra estan reducido que aceptando elmarco institucional vigente lacuestión de la alternativa quedaríareducida a un cambio cuantitativoo de grado y no a un cambio cua-litativo en la estrategia económica.Dicho de otra forma, sin cuestionarlas instituciones dominantes la as-piración máxima que resta es ges-tionar de forma ligeramente dife-rente las políticas de austeridadque se imponen desde otras ins-tancias distintas a los parlamentosnacionales.

Recesión económica y desapalancamiento finan-cieroHay dos aspectos que a nuestro juicio requieren un aná-lisis profundo. El primero, cómo es posible articular unarelación de ingresos y gastos fiscales que puedan posi-bilitar algún tipo de políticas de estímulo económico. Yel segundo, cómo lograr que esas políticas de estímulosuperen la barrera que impone la realidad del desapa-lancamiento financiero que están manteniendo los suje-tos privados.

No podemos dejar de recordar que España entra enrecesión como consecuencia del estallido de su burbujainmobiliaria y de la ruptura del modelo de crecimiento

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“Dentro del contextoinstitucional actual no hayalternativa a las políticas deausteridad y recortes en elGasto Público.

“La aspiración máxima queresta es gestionar de formaligeramente diferente laspolíticas de austeridad quese imponen desde otrasinstancias distintas a losparlamentos nacionales.

ALBERTO GARZÓN

¿Son posibles otros presupuestos?La cuestión clave estaría (…) en cómo puede una economía como la española encontrar su lugaren el sistema capitalista mundial. Es decir, qué tipo de modelo productivo debe construir y cómolograr que dicho modelo sirva a los intereses de la sociedad y no necesariamente de la rentabilidad.Y, sin duda, la salida del euro puede ser una herramienta útil o incluso la única para lograrlo, almenos actualmente -a falta de una correlación de fuerzas favorable en el seno de los países delcentro de Europa.

económico que había permitido una creación de empleoextraordinaria en los últimos años. Al romperse dichomodelo de crecimiento, caracterizado por tener cada añomayores déficits comerciales y por la asunción de cre-cientes deudas contraídas en la esfera privada, la eco-nomía española pierde los espacios de rentabilidad quehasta ese momento incentivaban la inversión empresarial.O, dicho de una forma más clásica, la economía españolase queda entonces sin capacidad para garantizar que elciclo del capital pueda completarse. Lo que se deriva detodo ello es un reguero de deudas privadas y una es-tructura productiva no competitiva ni en sectores de altovalor añadido (por carencia de unpeso industrial suficiente) ni ensectores de bajo valor añadido(por unos costes laborales relati-vamente altos y una monedafuerte).

Las consecuencias de ello hansido la interrupción del crecimientoeconómico, el incremento del des-empleo y en última instancia unarecesión clásica. Con un añadidonada desdeñable: dado el nivel deendeudamiento privado previa-mente acumulado las políticas deestímulo chocan contra el procesode desapalancamiento y pierdensu eficacia. Es decir, el dinero quellega a las familias y empresas nose canaliza hacia la inversión o elconsumo sino que se desvía haciael canal financiero que a su vezestá envuelto en un proceso dedevolución de las deudas privadasy de devaluación del activo con-table.

En definitiva, el principal problema que enfrenta laeconomía española es que no tiene forma de articularuna estrategia de crecimiento económico, es decir, unaestrategia para garantizar que haya de forma generali-zada espacios de rentabilidad económica que incentivenla economía. Pero el segundo problema, inmediato, esque incluso con financiación suficiente las políticas deestímulo enfrentarían la realidad institucional de las deu-das privadas y la absorción de todo el flujo por parte delsistema financiero.

La estrategia económica de la troikaLa troika y los Gobiernos de la periferia europea hanasumido esta realidad y buscan pilotar un escenario decambio de modelo de crecimiento que, por otra parte,requiere asimismo un cambio en el modelo de sociedad.El modelo de crecimiento al que aspiran es uno donde

los nuevos espacios de rentabilidad económica se en-cuentren gracias a una reducción de los costes laborales,y para ello han diseñado políticas de devaluación interna(especialmente salarial). El objetivo no es otro que al-canzar la competitividad vía precio, para lo cual es nece-sario desprenderse de todos los obstáculos (sindicatos,impuestos producción, cotizaciones sociales, etc.) quemantendrían los precios rígidos.

Los problemas económicos asociados a esta estrategiason innumerables, desde el debilitamiento de la demandainterna que supone –y la consecuente prolongación dela crisis- hasta el acto de fe que significa el hecho de as-

pirar a competir contra paísescon una tradición más larga enbajos salarios. Pero la tácticapara intentar conseguirlo es bas-tante evidente. Al señalar comoprioritario el salvamento del sis-tema financiero, éste capta lamayor parte de los recursos eco-nómicos de forma tanto directa(los famosos rescates bancarios)como indirecta (el efecto del des-apalancamiento permite que lapoca actividad económica queexiste se traduzca en ingresospara las entidades financieras).

Mientras los instrumentos depolítica monetaria estén en ma-nos del Banco Central Europeo,el único margen de política eco-nómica reside en la política fiscal.Pero en el marco de la Unión Eu-ropea éste resulta ser muy redu-cido, pues la libertad de movi-miento de capitales conduce auna competencia fiscal entre pa-

íses y con terceros países (paraísos fiscales) que presionaa la baja la imposición fiscal. Así las cosas, los cambiossustantivos en el régimen fiscal habrían de conllevar ne-cesariamente la ruptura con las instituciones europeasactuales.

Entonces la estrategia de la troika es consecuente conla realidad económica de un país no competitivo y parael que no se desea una modernización industrial (por elpapel de competidor directo que supondría frente a laseconomías que pilotan la Unión Europea). Es un cambioen el modelo económico que se da en un entorno deglobalización económica y financiera que da la razón alos clásicos en lo que se refiere al empobrecimiento sa-larial y la vigencia del ejército industrial de reserva mun-dial. Pero todo ello impone la constitución de un modelode sociedad funcional que, en términos prácticos, es unaregresión social absoluta.

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“Un reguero de deudasprivadas y una estructuraproductiva no competitiva nien sectores de alto valorañadido (por carencia de unpeso industrial suficiente) nien sectores de bajo valorañadido (por unos costeslaborales relativamente altosy una moneda fuerte).

“Incluso con financiaciónsuficiente las políticas deestímulo enfrentarían larealidad institucional de lasdeudas privadas y laabsorción de todo el flujopor parte del sistemafinanciero.

El juego de posibilidadesDicho todo lo cual asumimos que los problemas realesde la economía española tienen que ver con la estructuradel sistema productivo y el rol en la distribución interna-cional del trabajo, concretamente en el marco de la UniónEuropea. Por esa razón cobra especial importancia elpapel de la moneda única, el euro, que implantada a co-mienzos de la década pasada ha sido señalada por al-gunos autores como el elemento clave del estallido dela crisis. Sin embargo, parece haber una mayoría de eco-nomistas que desconfían de los efectos beneficiosos quetendría salir de euro y apuestan en su lugar por una po-lítica alternativa en el seno de la Unión Europea y con-cretamente de la zona euro. A partir de las premisasantes descritas son tres opciones las que se abren antenosotros.

La primera, que un hipotéticoacuerdo europeo permita resol-ver los desequilibrios estructu-rales de la Unión Europea y dela zona euro, lo que requeriríaunas transferencias importantesde recursos desde el centro ha-cia el sur y una reformulacióndel sistema de financiación delcrecimiento. La configuraciónde los presupuestos tendríancomo objetivo financiar políti-cas de estímulo y de transfor-mación de los distintos modelosproductivos.

La segunda, que los paísesde la periferia acepten una de-valuación interna, fundamen-talmente salarial, que les permita competir internacio-nalmente vía precio.

La tercera, que la zona euro implosione y la recupera-ción de la soberanía monetaria permita optar bien poruna devaluación monetaria, bien por una reestructuraciónproductiva financiada por el banco central o bien porambas. En estos casos los presupuestos enfrentarían elproblema de cómo transformar unas economías con dé-ficits exteriores por otras que no podrían asumirlos alcarecer, muy probablemente, de acceso a los mercadosfinancieros internacionales. Es decir, estaríamos hablandotambién políticas de ajuste pero de otra naturaleza.

De forma transversal a estas opciones se puede pre-sentar la inflación como funcional al proceso de desapa-lancamiento financiero, o incluso alternativamente unproceso generalizado de reestructuración de deuda. Enla actualidad estos casos supondrían una convulsión enel sistema financiero europeo, lo que ha permitido quesean dos líneas rojas que la troika no desea traspasar.

En todo caso, la primera opción no parece probable

dado el contexto sociopolítico actual, donde la visióngeneralizada responsabiliza de la crisis a los países de laperiferia. La segunda opción es una vía técnicamentecomplicada –y políticamente indeseable para las aspira-ciones socialistas- en tanto que ninguna sociedad puedetolerar transformaciones tan agresivas en tan pocotiempo, pero es también económicamente errónea porqueen la actualidad España no tiene una estructura expor-tadora con problemas (sólo el 3% de las empresas sonexportadoras, pero no han perdido apenas cuota de mer-cado en las últimas décadas). La tercera opción conllevaenormes costes sociales y económicos y, en todo caso,plantea inmediatamente un nuevo problema.

Ese problema no es otro que saber si es factible re-producir el ciclo del capital en una economía como la

española y en un contexto decompetencia mundial y de glo-balización financiera. Salir deleuro, o de la Unión Europea, hade ir parejo al establecimientode controles a los movimientosde capitales y otras medidas deproteccionismo clásico si deseanmantenerse las conquistas so-ciales. Ello no ignora la posibili-dad de articular nuevos espa-cios supranacionales de alianzaseconómicas con países con es-tructura productiva similar o conintereses económicos coinciden-tes. Pero incluso más allá detodo ello queda preguntarnosqué motivará en ese diseño laactividad económica, si será la

rentabilidad (iniciativa privada) o será algún criterio socialy ecológico (iniciativa pública).

En definitiva, la cuestión clave no estaría en los ele-mentos monetarios o presupuestarios per ser, sino encómo puede una economía como la española encontrarsu lugar en el sistema capitalista mundial. Es decir, quétipo de modelo productivo debe construir y cómo lograrque dicho modelo sirva a los intereses de la sociedad yno necesariamente de la rentabilidad. Y, sin duda, lasalida del euro puede ser una herramienta útil o inclusola única para lograrlo, al menos actualmente -a falta deuna correlación de fuerzas favorable en el seno de lospaíses del centro de Europa. No obstante, no se trataríade una solución amable ni fácil de gestionar política ysocialmente. <

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“El objetivo no es otro quealcanzar la competitividad víaprecio, para lo cual es necesariodesprenderse de todos losobstáculos (sindicatos,impuestos producción,cotizaciones sociales, etc.) quemantendrían los precios rígidos.

“Pero todo ello impone laconstitución de un modelo desociedad funcional que, entérminos prácticos, es unaregresión social absoluta.

Alberto Garzón en su artículo “¿Son posibles otrospresupuestos?” hace un conciso y acertado análisis delos tres caminos teóricos que tiene la economía españolapara salir de la crisis actual y de las posibilidades políticasreales de cada uno de ellos:

Que se produzca un acuerdo a escala europea quepermita resolver los desequilibrios estructurales de lazona euro, con una importante transferencia de recursosdesde el centro hacía el sur. Aunque el autor descartaesta opción dado el contexto sociopolítico actual en elcual los países del centro de la UE responsabilizan ple-namente de sus problemas a la periferia.

Que los países periféricos acepten una devaluacióninterna, fundamentalmente salarial que permita competirinternacionalmente vía precios. Esta opción la considerapolíticamente indeseable desde las aspiraciones socia-listas y también económicamente errónea.

Que la zona euro implosione y se produzca una deva-luación monetaria en los países necesitados de finan-ciación exterior, una vez recuperada la plena soberaníamonetaria. Esta opción también tendría enormes costessociales y económicos y generaría un nuevo problema,la posibilidad real de reproducir el ciclo del capital ennuestra economía en un contexto de competencia mun-dial y globalización financiera. A pesar de esos problemasel defiende la salida del euro como una herramienta útil,que advierte que no sería una solución amable ni fácilde gestionar política y socialmente, pero lo hace ante laconstatación de que la primera opción, la deseable, esimposible en el actual contexto sociopolítico de la UE.

Derivado de este análisis, para Alberto Garzón nohay alternativa a las políticas de austeridad y recortesen el gasto público en el actual contexto institucional.Daniel Albarracín y Gabriel Flores cuestionan la afir-mación. Para ellos hay márgenes de actuación en la po-lítica fiscal, y recuerdan que la presión fiscal en Españaha estado 7 puntos por debajo de la media de la euro-zona en el periodo 1996-2010, y tiene una estructuramucho más regresiva. Gabriel Flores pone el acentoen que esto ha sido posible por la falta de voluntad po-lítica de los sucesivos gobiernos de izquierda y derecha,en contubernio con grandes grupos empresariales y éliteseconómicas, y que no hay que achacar a condicionantes

externos los problemas del sistema tributario español,en particular el expolio a que se está sometiendo a laciudadanía al facilitar que grandes grupos empresarialesreduzcan al mínimo su aportación al esfuerzo fiscal, noson nuevos ni tienen su origen en presiones o estructurassociopolíticas e institucionales foráneas. Y considera queno es útil mezclar problemas de naturaleza tan diferentecomo la salida del euro, la defensa de una reforma fiscalo la crítica de los PGE-2013.Daniel Albarracín si coincide con la consideración

de Alberto Garzón de que en el momento actual la polí-tica fiscal en todo caso sería insuficiente para atajar elproblema de la deuda contraída, fundamentalmente porlas políticas de socialización de las deudas privadas. Eneste sentido, junto con Ignacio Muro, apunta la nece-sidad de que la izquierda tenga preparado un programade reestructuración de la deuda externa, una declaraciónde impago ordenada, similar a los acuerdos establecidoscon Alemania en 1953 para reestructurar el pago de ladeuda alemana originada por las compensaciones im-puestas por los aliados como compensación por la 2ªGuerra Mundial.Ignacio Muro cree que hay más margen de actuación

a escala nacional. Considera que en la actualidad hayque establecer una estrategia defensiva, pero a la vezinsiste en la necesidad de que la izquierda tenga una al-ternativa económica realmente posible, con un relato re-alista de la necesaria austeridad y al tiempo rupturistacon el modelo vigente: Una estrategia democrática decarácter nacional por la economía productiva. Danielparece apuntar a que no debe descartarse el primer es-cenario, ya que considera que se están configurandonuevas mayorías sociales contra los recortes, contra elparo, la privatización y el deterioro de los bienes públicosa escala supranacional.

Los comentarios de los tres discrepan con la propuestade salida del euro realizada por Alberto Garzón, yaque consideran que la mera salida del euro supondría elempobrecimiento de amplios sectores de la poblaciónespañola y el descalabro de la economía, así como auna carrera de devaluación competitiva que empobreceríaa los pueblos de los países del sur de Europa, enfrentandoa unos trabajadores con otros. <

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¿Son posibles otros presupuestos? | Alberto Garzón

RESUMEN DEL DEBATECONSEJO EDITORIAL DE LA ECONOMÍA A DEBATE DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO.

L La ciudad del trabajo es un libro de culto. Posi-blemente no como “honor que se tributa reli-giosamente a lo que se considera divino osagrado”, sino como “admiración afectuosa de

que son objeto algunas cosas”, en las distintas acepcionesdel Diccionario de la RAE. Publicado en la colección “Cam-pos del saber” de Feltrinelli, en septiembre de 1997, ellibro tuvo una segunda edición en febrero de 1998, peroa partir de allí no continuó su carrera editorial. No es unlibro que en el panorama culturalitaliano haya sido recibido con en-tusiasmo. Posiblemente por lo in-cómodo de alguna de sus tesis parala izquierda que en aquellos mo-mentos gobernaba el país con lallamada coalición de centro-izquierda El Olivo, primero con Prodi(mayo de 1996 a octubre de 1998),y luego con los dos gobiernosD’Alema (octubre de 1998 a abril2000). Trentin acaba de dejar, en1996, la secretaría general de laCGIL, donde fue sustituido por Cof-ferati, y el sindicato andaba en larecomposición de la unidad de ac-ción y la práctica de la concertaciónsocial con el gobierno de centro-izquierda.

En España el libro no fue traducido. Lo consideró Ale-jandro Sierra, atento siempre a las novedades editorialesde calidad en Italia para incorporarlas a Trotta, pero en-tendió que se alejaba de su línea de incidencia y era, porconsiguiente, arriesgado intentar la traducción y errar sudistribución. Mucho después conocí que Manuel Fernán-dez Cuesta había pensado en él para Península, pero lodescartó por entender que era un texto que no sintonizabacon las líneas del debate cultural abiertas en la izquierdao asimiladas. Es decir, en el panorama de las editorialesde excelencia en lengua española el texto de Trentin notuvo encaje por lo que podríamos denominar “razonescomerciales”, como ha afirmado Carlos Mejía al explicareste proceso a sus lectores peruanos.

Así las cosas quien más ha hecho porque La ciudaddel trabajo sea conocida en lengua castellana es José

Luis López Bulla, que ya desde hace tiempo viene pro-mocionando la obra de Trentin, como lo demuestra ellibro publicado por la Fundación Sindical de Estudios yeditado por GPS en 1997, Antología de Bruno Trentin,cuyos textos y su traducción fueron sugeridos y en muchoscasos traducidos por él mismo. Pero con esta obra ha he-cho algo más. La ha ido traduciendo capítulo a capítuloen su blog Metiendo Bulla en una serie acompañaba deunos muy interesantes debates sobre los problemas y las

solicitaciones que hacía Trentinen el texto con varias interven-ciones “externas” que las co-mentaban, entre ellas las nor-malmente presentes de PacoRodriguez Lecea, y que el autordedica a Miquel Falguera y Ra-món Alós en recuerdo “de nues-tros tiempos sindicales”. Lo quecon razón define el blog peruanoBajada a Bases del “buen crite-rio, generosidad y sabiduría” deLópez Bulla se manifiesta deforma excelente en el trabajo ar-duo de contraste con el texto deTrentin, muy cargado de referen-cias implícitas y de lecturas noaccesibles para el lector español,y en la fuerza con la que su tra-

ductor impele al libro para que su contenido polémico sevuelque directamente sobre los grandes problemas queel sindicato, la izquierda social y los débiles sujetos polí-ticos tienen delante de sí, derivados, precisamente, de lasituación central que en un diseño global de la ciudadaníay de la democracia ocupa el trabajo.

La oportunidad y la conveniencia de la publicación sonobvias, dependen tanto del autor como de la obra esco-gida. Trentin es un personaje histórico, pero también lite-rario. Un hombre de un tiempo ya extinto, en cuya bio-grafía caben todas las facetas posibles de un dirigenteobrero y de un intelectual riguroso que ha tomado partidodecididamente por el socialismo y la democracia en elconvulso siglo XX. Una persona de gran estatura, no solofísica, participó muy joven en la resistencia al fascismo yal nazismo -su “diario de guerra” sobre ese período ha

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“La oportunidad y laconveniencia de lapublicación son obvias,dependen tanto del autorcomo de la obra escogida.Trentin es un personajehistórico, pero tambiénliterario.

“La continua insistencia deTrentin en el error de laizquierda europea, el deposponer el problema de laabolición de la explotación ala conquista del Estado.

ANTONIO BAYLOS | CATEDRÁTICO DERECHO DEL TRABAJO. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

‘La ciudad del trabajo’. Izquierda y crisis del fordismoPRÓLOGO AL LIBRO DE BRUNO TRENTIN

sido publicado recientemente y es una verdadera joya li-teraria e histórica- y fue un dirigente sindical extrema-damente influyente e importante en la conformacióntanto del “sindicato de los consejos” como del procesode “autorreforma” de la CGIL, además de desarrollaruna intensa y extensa reflexión teórica y política sobre eltrabajo y su subjetividad colectiva. Lo pude conocer enBolonia, cuando acababa de asumir el cargo de secretariogeneral de la CGIL y guardo un recuerdo intenso de lagravedad solemne con la que presentaba su análisis,siempre abierto a la problematización y a la complejidadde los fenómenos sociales que examinaba. Cuando murió,Joaquín Aparicio y yo participamos también en Boloniaen un homenaje que la revista Lavoro e Diritto le dedicó,el 23 de septiembre de 2007, con una intervención deRomagnoli que se publicó también en español en la quereivindicaba la relación especial de Trentin con los juristasdel trabajo, a los que consideraba portadores de una op-ción cultural cuyo valor político se conjugaba con que la

protección histórica que había recibido el trabajo no ex-cluía su universalidad.

La ciudad del trabajo se compone de dos partes biendefinidas. La primera se titula “Izquierda y crisis del for-dismo” y la segunda “Gramsci y la izquierda europeafrente al fordismo de la primera posguerra”. Como suelesuceder, los lectores del libro se declaran más partidariosde una o de otra parte, aun entendiendo que resultadifícil separar ambas, dotadas de una ligazón interna muyfuerte. Ante un libro de este tipo, los lectores eligen lalínea argumental que más les sugiere, más aun ante unaexposición tan rica como la que se deduce del texto.

Las razones profundas de la incapacidad de la izquierdaeuropea para proponer una alternativa creíble al neoli-beralismo tienen que ver con la influencia hegemónicadel fordismo, de la organización científica del trabajosobre la concepción del progreso como un fenómeno nopolítico externo a la democracia y la separación de lasnociones de la política de reformas de la situación ma-terial en que se produce la explotación del trabajo. Esoimplica la “indiferencia” de la política de los partidosprogresistas -socialdemócratas pero también de la iz-quierda plural, en especial de cultura comunista o post-comunista, y de los ecologistas- ante la “cuestión deltrabajo”, la sumisión de esta política a los imperativosde la gobernabilidad. Comentando el libro en un intere-sante seminario que organizaron simultáneamente lasFundaciones de Investigaciones Marxistas, 1º de Mayo yEuropa de los Pueblos el 1 de junio de 2012 con el título“Sindicalismo y conflicto social hoy: a propósito de BrunoTrentin”, tanto Joaquín Aparicio como yo mismo entre-sacamos elementos para el debate de la segunda parte,en especial de la continua insistencia de Trentin en elerror de la izquierda europea, el de posponer el problemade la abolición de la explotación a la conquista del Es-tado. “La temática de la liberación del trabajo y la acciónpara cambiar la organización del trabajo han sido casisiempre relegadas a un campo secundario de la acciónpolítica y social”, es decir que el trabajo y los modos deorganizarlo en los lugares de producción y en la sociedadhan sido una temática periférica en las ideologías domi-nantes de los movimientos reformistas. Trentin lo señalade manera elegante al recordar que la búsqueda de laampliación de la democracia -de las fronteras de la de-mocracia política- se ha detenido en el umbral de la so-ciedad civil y en los “lugares privados” de trabajo en losque se desarrolla, para una gran parte de la humanidad,un trabajo subordinado y subalterno. En España estetipo de tendencia se ha visto claramente reflejada en elprimer gobierno Zapatero -el único digno del nombre decentro-izquierda- en el cual sus reformas más importantesavanzaron en el tema de los derechos civiles que no pe-netraban en el ámbito del poder privado en los lugaresde producción, o se desarrollaron en la esfera de la dis-

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“La búsqueda de la ampliación de lademocracia -de las fronteras de lademocracia política- se ha detenidoen el umbral de la sociedad civil y enlos “lugares privados” de trabajo enlos que se desarrolla, para una granparte de la humanidad, un trabajosubordinado y subalterno.

tribución y en la del consumo de bienes sociales, perono en el de la producción.

Ese discurso -que no es sino una parte de los que seentrecruzan en el libro- es extremadamente actual, puestoque señala la relación directa entre libertad, derechosdemocráticos en el espacio público y el autoritarismo enel que se expresa la situación de explotación laboral, lacarencia de derechos en la concreta realización del trabajo.Esta desconexión de la problemática de la libertad y delos derechos civiles del trabajo y su complejidad social ypolítica es hoy un elemento central del debate democráticoen el que estamos inmersos trasla crisis. En positivo, se habla dederechos civiles ligados a la per-sona que no está marcada por suposición subalterna derivada deltrabajo, y en negativo, se piensaen garantizar los derechos cívicos,pero velando los lugares de trabajocomo espacio opaco a los mismos.Una especie de “externalidad” de-mocrática que hace del trabajo unelemento “privado”, sometido, portanto, a un espacio de autoridadprivada sin límites.

Desde otra perspectiva, resultadifícil encontrar un discurso políticosobre la violencia de la explotacióncomo pérdida de la identidad ciu-dadana, sobre la necesidad decambiar un trabajo cada vez me-nos libre, más sometido, sin dere-chos materiales ni formales de ciu-dadanía, única forma de superarla democracia bloqueada en la quenos encontramos. Se pueden en-contrar algunos ejemplos recientes muy sintomáticos,aunque no por ello muy “visibles” mediáticamente: laactuación de la dirección de la FIAT despidiendo o nocontratando a trabajadores afiliados a la FIOM-CGIL conel pretexto de que este sindicato no había asumido elplan de restructuración de la empresa -ni formado elacuerdo colectivo que lo “recibía” laboralmente, no seha considerado un asunto público que afectara a la de-mocracia, como ha hecho notar críticamente Antonio Let-tieri en un artículo publicado también en Metiendo Bulla.Cuando los tribunales han declarado nulos estos despidospor antisindicales y vulneratorios de derechos fundamen-tales y la dirección de la empresa ha respondido despi-diendo a su vez al mismo número de trabajadores sindi-cados que los jueces les obligan a asumir, esta graveretorsión que supone una nueva violación de derechosno ha sido objeto de ninguna intervención pública, ni delgobierno ni del parlamento, exigiendo a la empresa que

acepte la legalidad democrática. Éste es el nuevo dominioautoritario que se extiende por Europa.

Hay muchos más hilos de los que tirar en la tela deeste libro. Uno no menos importante es la reflexión quese hace en él sobre la relación que los clásicos marxistasrevolucionarios -Lenin y Gramsci fundamentalmente- efec-tuaron entre el taylorismo y el fordismo y la forma deconstruir el trabajo en el socialismo, produciendo unasuerte de “bonapartismo social”, como lo han denomi-nado Paco Rodríguez Lecea y José Luis López Bulla ensus discusiones al hilo de la traducción de los capítulos

del mismo. Naturalmente que esun asunto que alcanza directa-mente al proyecto político socia-lista, pero tiene una inmediata re-percusión también en términos dedebate sobre la acción sindical,en la que todavía la construccióncultural y social del fordismo esmuy fuerte. No sólo en la confi-guración de los términos sobre losque se basa la representación deintereses de los trabajadores y tra-bajadoras -donde siempre recae-mos en la vexata quaestio de ladualidad de representaciones enla empresa, que a mi juicio de-pende más de vectores externoscomo el lograr la unidad orgánicaentre CCOO y UGT- sino de lospropios lugares de la representa-ción ante un escenario productivoenormemente modificado res-pecto del vigente en términos for-distas.

Otro tanto respecto de los me-dios de acción sindical. En una muy amplia medida la ne-gociación colectiva sobre la organización del trabajo ylos saberes derivados de la profesionalidad, que siguesiendo un aspecto de difícil practicabilidad por el proyectoregulativo colectivo que se manifiesta a través del conve-nio colectivo. Pero también la huelga, que ve extremada-mente dificultada su capacidad de emplear las caracte-rísticas peculiares de la organización del trabajo en unsentido inverso, paralizar justamente, al menor coste po-sible para los trabajadores, mediante medidas de presióny huelgas, el proceso de producción y la continuidad delmismo, sea éste de bienes o de servicios. Sin mencionarla importancia que la información y la participación con-creta en las decisiones de la empresa que no estén fun-cionalizadas a las exigencias organizativas de la empresa.Aunque hay experiencias muy sugerentes en estos terre-nos, hay un largo camino por realizar para la acción sin-dical que reformule la relación de sus prácticas colectivas

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“Señala la relación directaentre libertad, derechosdemocráticos en el espaciopúblico y el autoritarismo enel que se expresa lasituación de explotaciónlaboral, la carencia dederechos en la concretarealización del trabajo.

“Hay un largo camino porrealizar para la acciónsindical que reformule larelación de sus prácticascolectivas con la nuevaorganización del trabajo yde la empresa y el cambioen la organización de lossaberes y del conocimientodel trabajo vivo.

con la nueva organización del trabajo y de la empresa yel cambio en la organización de los saberes y del conoci-miento del trabajo vivo.

Se trata, en fin, de un libro apreciado y precioso que,tras la publicación “en abierto” de la obra en la blogosferade Parapanda como una serie de capítulos, la Fundación1º de Mayo procede ahora a editar en su totalidad, bajolos auspicios de su presidente, Rodolfo Benito, con tra-ducción realizada y dirigida por José Luis López Bulla. Elmomento es muy conveniente. No ha sido una coinci-dencia buscada, pero es sintomático que la publicaciónen español se corresponda con la traducción al francésde este mismo texto, obra de Jerôme Nicolas, que acabade llegar a las librerías de aquelpaís en septiembre de este mismoaño, obra de la editorial Fayard,dentro de la colección “Pesos ymedidas del mundo”, dirigida porAlain Supiot, con un prólogo deJacques Delors.

Los lectores del mismo com-prenderán ahora la expresión delinicio de este prólogo en la quese definía esta obra como “de culto”. Un análisis poderosoy muy sugerente sobre la crisis de la izquierda y la nece-sidad de rearmar ideológica y teóricamente el pensa-miento teórico y reformista europeo. A su lectura querríananimar estas páginas introductorias, más conveniente sicabe en el tiempo presente, en el que a la agresión de lasllamadas políticas de austeridad está acabando con ele-mentos importantes del Estado Social y ha incrementadoexponencialmente la violencia y la arbitrariedad en loslugares de producción. Se requiere, por tanto, de maneraurgente, una respuesta articulada que fuerce a abandonarestos perfiles autoritarios impuestos con mayor fuerza

en el trabajo, sin perjuicio de afectar a toda la sociedad,precisamente porque es el espacio del trabajo sobre elque se insiste con más fuerza en el proyecto antidemo-crático que deroga derechos individuales y colectivos dela mayoría de la población. La información y la participa-ción de los trabajadores en la empresa han reducido susya raquíticos niveles, y la negociación colectiva ha sidodetenida abruptamente. El trabajo es cada vez más unespacio sin derechos.

La respuesta colectiva está siendo experimentada cadadía en España, pero a partir del 14 de noviembre, con laconvocatoria de acciones colectivas en toda Europa, coin-cidiendo en esta fecha las huelgas generales española,

portuguesa, griega, chipriota ymaltesa, y la parcial de cuatro ho-ras de la CGIL italiana, se habrádado un salto adelante muy im-portante. Sin embargo, la amplí-sima movilización social no en-cuentra capacidad de recepciónen una gran parte de los sujetospolíticos reformistas europeos,salvo algunos grupos todavía mi-

noritarios. En ese desencuentro de los sujetos políticoscon la situación de resistencia global y de exigencia deun nuevo escenario europeo que se articule en torno aun nuevo acuerdo social, las reflexiones de Trentin sonmuy oportunas, porque problematiza las nociones de de-mocracia en proceso, derechos y libertad e igualdad sobrela base de una consideración de un programa que logrela libertad en el trabajo, en un trabajo cada vez más so-metido y sin derechos materiales ni formales. Un pano-rama desolador que no puede mantenerse y que requiereun cambio radical, tal y como lo están demandando mi-llones de ciudadanos europeos. En ello estamos. <

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“Un análisis poderoso y muysugerente sobre la crisis dela izquierda y la necesidadde rearmar ideológica yteóricamente el pensamientoteórico y reformista europeo.


El Impuesto de Sociedades, principalresponsable de la crisis fiscal españolaEstudio número 59 realizado por Manuel Lago, miembro del Grupo de Trabajo delArea de Economía de la Fundación 1º de Mayo, en el que se estudia la enorme caídaen la recaudación del impuesto de sociedades y la paradoja de que ello no haya sus-citado especial interés en los análisis sobre el origen del déficit y en las medidaspropuestas para la consolidación fiscal.

El objetivo de este documento es analizar la responsabilidad del impuesto de sociedades en la crisis fiscal españolaque se inició en 2008, que continúa cinco años después y que se manifiesta, entre otras cosas, en un elevado nivel de déficit pú-blico. En estos cinco largos años hemos asistido a un fuerte desequilibrio de las cuentas públicas provocado, tanto por la caída delos ingresos como por el aumento de los gastos públicos, en cifras similares en los dos casos.

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EL COMPROMISO DE LA MEMORIAArchivo de Historia del Trabajo. Fundación 1º de Mayo.

En el contexto del descenso del poder adquisitivo de los pensionistas españoles,después de que el Gobierno de Mariano Rajoy no haya revalorizado las pensionesen virtud del IPC de noviembre, hemos rescatado para esta sección un cartel dela Federación de Pensionistas y Jubilados de CC.OO. Forma parte de la Colección

de Carteles del AHT, de la Fundación 1º de Mayo, y procede del archivo de la SecretaríaGeneral de CCOO, 1977-1987, periodo en el que ejerció como secretario general MarcelinoCamacho, del que se está elaborando un inventario topográfico. Aunque el cartel no estáfechado, se encuentra entre la documentación de 1979, por lo que podemos datarlo enesa fecha.

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