SEGUNDA SECCION
TOMO CXXI Saltillo, Coahuila, martes 11 de noviembre de 2014 número 90
REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO
<
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial
ARMANDO LUNA CANALES Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial
I N D I C E
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO No. 607.- En permuta, se autoriza al Ejecutivo para que a nombre del Estado reciba en propiedad del C.
Norberto Manuel de Luna Chavarría, un inmueble con superficie de 599,998.77 M2., ubicado en Piedras Negras,
Coahuila de Zaragoza.
1
DECRETO No. 612.- Se reforman las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXVIII y L del Artículo 67 y la fracción III del
Artículo 158-P y se adicionan la fracción LI al Artículo 67 y el Capítulo VI al Título Tercero de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza.
3
DECRETO No. 613.- Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
6
DECRETO No. 623.- Se modifica el Artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el
ejercicio fiscal 2014.
44
DECRETO No. 624.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la C. Sara
Jiménez Vernís, por la cantidad de $7,000.00 mensuales.
45
DECRETO por el que se reforma el Artículo 3, Fracción V del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de la Región
Centro de Coahuila.
46
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 607.-
2 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
ARTÍCULO PRIMERO.- En permuta, se autoriza al Ejecutivo para que a nombre del Estado reciba en propiedad del C. Norberto
Manuel de Luna Chavarría, un inmueble con superficie de 599,998.77 M2., ubicado en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza.
Predio que en superficie mayor de 2,470,294.20 M2., previamente sub dividida, y libre de gravamen según consta en el certificado
correspondiente, se encuentra inscrita en la oficina de Piedras Negras del Registro Público de la Propiedad bajo la Partida 40714,
Tomo 114, Libro I, Sección I, teniendo el siguiente:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
SUPERFICIE DE 599,998.77 M2.
EST. PV RUMBO DISTANCIA V COORDENADAS
Y X
COLINDANCIAS
1 3,178,832.1450 341,891,6320 Libramiento Norte
1 2 N 14°21’52.46”E 63.360 2 3,178,896.5240 341,907,3510 Libramiento Norte
2 3 N 23°32’02.56”E 73.920 3 3,178,964.2960 341,936.8670 Libramiento Norte
3 4 N 32°18’24.23”E 49.539 4 3,179,006.1660 341,963.3430 Libramiento Norte
4 5 N 37°41’00.61”E 19.578 5 3,179,8194917 341,975.3110 Libramiento Norte
5 6 N 10°47’36.81”O 812.201 6 3,179,021.6600 341,823.2094 Norberto M.de Luna CH.
6 7 S 79°12’23.19”O 829.900 7 3,179,664.0756 341,007.9918 Norberto M.de Luna CH.
7 8 S 10°47’36.99”E 450.875 8 3,179,062.6384 341,092.4279 Norberto M.de Luna CH.
8 9 S 72°07’06.40”E 519.330 9 3,179,221.1775 341,583.8153 Norberto M.de Luna CH.
9 10 S 09°21’06.52”E 137.198 10 3,178,927.2638 341,606.1095 Norberto M.de Luna CH.
10 1 S 72°07’07.05”E 300.015 1 3,178,835.1450 341,891.6320 Norberto M.de Luna CH.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se autoriza, en permuta, enajenación a favor de Norberto Manuel de Luna Chavarría de un inmueble,
propiedad del Estado, con superficie de 300,000.00 M2., identificado como lote 6, ubicado en el rancho Las Tinajas del municipio
de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza..
La propiedad del predio también está inscrita en la oficina de Piedras Negras del Registro Público de la Propiedad, bajo la Partida
82, Libro 1, Sección IX, correspondiéndole el siguiente:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN
SUPERFICIE DE 300,000.00 m2.
PUNTO P.V. DISTANCIA RUMBO COLINDANCIAS
1 2 600.00 S 83°35’24”W Al Norte con acceso principal 20 m de derecho de vía 3.7 kms. A entronque
de la carretera.
2 3 500.00 S 06°25’37”E Al Sur con propiedad del Dr. Norberto Manuel de Luna Chavarría.
3 4 600.00 N 83°35’24”E Al Oriente colinda con cerco divisorio de agostadero.
4 1 500.00 N 06°25’37”W Al Poniente con propiedad del Dr. Norberto Manuel de Luna Chavarría.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza la enajenación a título gratuito a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional, del
inmueble descrito e identificado en el artículo primero del presente decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- El presente decreto deberá insertarse íntegramente en las escrituras correspondientes.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El titular del Ejecutivo por sí o a través de apoderado, firmará las correspondientes escrituras, debiendo
el Notario Público emitir dos primeros testimonios de ellas.
ARTÍCULO TERCERO.- Los gastos que se generen con motivo de la ejecución del presente decreto serán cubiertos por cada uno
de los recipiendarios de las enajenaciones autorizadas, conforme a cada inmueble le corresponda.
ARTÍCULO CUARTO.- En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza en el término de doce meses a
partir de la publicación de este decreto, se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar este plazo, a fin de que se
pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere.
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 3
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veintinueve
días del mes de octubre del año dos mil catorce.
DIPUTADA PRESIDENTA
SILVIA GUADALUPE ARELLANO RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
ELVIA GUADALUPE MORALES GARCÍA (RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Noviembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 612.-
UNICO.- Se reforman las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXVIII y L del Artículo 67 y la fracción III del Artículo 158-P y se
adicionan la fracción LI al Artículo 67 y el Capítulo VI al Título Tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza; para quedar como sigue:
Artículo 67. …
I a XXXII. …
XXXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, discutiendo primero
los ingresos que deben decretarse para cubrir el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la
entidad de fiscalización superior.
El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del Estado, las partidas necesarias para solventar las obligaciones
incurridas en ejercicios anteriores y pagaderos en dicho ejercicio:
a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales que cuenta con la garantía del Estado,
conforme a lo autorizado por las leyes y los decretos correspondientes, y:
b) Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios aprobados por el Congreso conforme a las leyes
aplicables.
Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los Municipios, tomando en cuenta, entre otros
elementos, los informes de la entidad de fiscalización superior, así como determinar, también anualmente, las bases, montos y
plazos que habrán de observarse conforme a los principios que establece el artículo 158-T de esta Constitución, para que los
Municipios reciban de inmediato y sin demora las participaciones y aportaciones federales o estatales que les correspondan.
En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos del Estado, continuarán en vigor las del año inmediato
anterior, con las actualizaciones que sean pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.
4 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el principio de disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de los
derechos o cuotas proporcionales, equitativas y mínimas por la reproducción, gastos de envío, servicio o trámite público, conforme
a las leyes fiscales.
XXXIV. Revisar, por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada Auditoría Superior del Estado, en los términos
previstos en las leyes, la gestión financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos públicos
autónomos, entidades paraestatales, paramunicipales, mandatos, fondos, fideicomisos y de cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada que gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han ajustado a la
ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda y a su presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los planes y programas.
Las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al ejercicio
correspondiente.
El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60 días naturales posteriores a la presentación
del Informe Anual de Resultados que entregue la Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen correspondiente con base en
el análisis de su contenido, en las conclusiones técnicas del mismo y, en su caso, en la glosa, sin menoscabo de que el trámite de las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por ésta, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la ley de la
materia.
XXXV. a la XXXVII. …
XXXVIII. Expedir leyes en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas.
XXXIX. a la XLIX. …
L. Coordinar la evaluación, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, del desempeño de las funciones de la Auditoría
Superior del Estado, en los términos que disponga la ley, y
LI. Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y los demás
ordenamientos legales.
Capítulo VI
De la Auditoría Superior del Estado
Artículo 74-A. La Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía técnica, presupuestaria y de gestión, con
personalidad jurídica y patrimonio propio. La autonomía le permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la decisión sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
La función de fiscalización superior será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad,
imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información gubernamental.
Los Poderes del Estado, municipios, organismos públicos autónomos y las demás entidades fiscalizadas facilitarán el auxilio que
requiera la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las
sanciones que establezca la ley.
De igual forma, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso,
mandato, fondo o cualquier otra figura jurídica análoga, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, estatales o municipales,
deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con los
procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del
sistema financiero. En caso de no proporcionar la información y documentación, los responsables serán sancionados en los
términos que establezca la ley.
Artículo 74-B. La Auditoría Superior del Estado es competente para:
I. Fiscalizar en forma posterior la gestión financiera y las cuentas públicas en los términos que dicta esta Constitución y
las leyes;
II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en la gestión financiera de las
entidades fiscalizadas; y efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, documentos y demás
información indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades establecidas en
las leyes.
III. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades; y
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 5
IV. Fincar directamente a los responsables, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta,
información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el
programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas. Las observaciones y
recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán referirse a la administración de los
recursos contenidos en la cuenta pública en revisión.
Sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podrá realizar directamente
revisiones de conceptos específicos o requerir a las entidades que procedan a la revisión de los conceptos que estime pertinentes,
durante el ejercicio en curso, a fin de que le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas
señalados por la ley, dará lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. La Auditoría Superior del Estado rendirá
un informe específico al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y, en su caso, fincará las
responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes.
Artículo 74-C. La Auditoría Superior del Estado entregará el Informe Anual de Resultados de la fiscalización de las cuentas
públicas, en los términos que señale la ley, a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado.
Artículo 74-D. El Auditor Superior del Estado será designado por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes del
Pleno del Congreso; será inamovible y su remoción sólo podrá realizarse por las causas establecidas en las leyes y conforme a los
procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución; durará en su encargo ocho años y podrá ser ratificado para un
segundo período.
Artículo 158-P. …
I a II. …
III. El Congreso del Estado revisará por conducto de la Auditoría Superior del Estado, la gestión financiera y las cuentas
públicas de los municipios, en los términos de las disposiciones aplicables; la cual en coordinación con los municipios garantizará
la disposición de la información correspondiente a la gestión financiera y de la cuenta pública municipal a la comunidad en general,
a través de instrumentos confiables, oportunos y transparentes;
IV a VII. …
T R A N S I T O R I O
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro días del
mes de noviembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Noviembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
6 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 613.-
LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
LIBRO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TÍTULO PRIMERO
DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
COMPETENCIA
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE LAS
CUENTAS PÚBLICAS
CAPÍTULO II
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO III
DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
CAPÍTULO IV
DE LAS AUDITORÍAS
CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS
SECCIÓN PRIMERA
DE LA VISITA DOMICILIARIA
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA REVISIÓN DE GABINETE
CAPÍTULO VI
DE LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PLIEGO DE RECOMENDACIONES
TÍTULO TERCERO
DE LOS INFORMES
CAPÍTULO I
DE LOS INFORMES ESPECIALES
CAPÍTULO II
DE LOS INFORMES INDIVIDUALES
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CAPÍTULO III
DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS
TÍTULO CUARTO
DE LA CONCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LA GLOSA Y CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
CAPÍTULO II
DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES
TÍTULO QUINTO
DE LA REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
LIBRO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES EN GENERAL
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO III
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL FINCAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS
CAPÍTULO IV
DE LAS INDEMNIZACIONES
CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES
CAPÍTULO VI
DE LA PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
LIBRO TERCERO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
CAPÍTULO I
DE SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO II
DE SU PATRIMONIO
CAPÍTULO III
DE SU ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DEL ESTADO
CAPÍTULO II
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DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
TÍTULO TERCERO
DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIBRO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TÍTULO PRIMERO
DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
COMPETENCIA
Artículo 1.
La presente ley tiene por objeto reglamentar la rendición, revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas e informes de
avance de gestión financiera, de acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como
establecer las bases para la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.
Artículo 2.
La Auditoría Superior tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas y de los informes de avance de
gestión financiera. Es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, presupuestaria y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, y tiene las
facultades que le confieren la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y demás disposiciones aplicables.
Así mismo, la Auditoría Superior es competente para:
I. Fiscalizar en forma posterior la gestión financiera y las cuentas públicas en los términos que dicta la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y demás disposiciones aplicables;
II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en la gestión financiera de las
entidades fiscalizadas; y efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, documentos y demás
información indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades establecidas en
las leyes.
III. Determinar los daños y/o perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades; y
IV. Fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades.
Artículo 3.
Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Auditoría Superior: la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza;
II. Auditor Superior: el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza;
III. Comisión: la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza;
IV. Congreso: el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza;
V. Cuenta pública: el informe que las entidades rinden al Congreso sobre su gestión financiera en los términos de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental;
VI. Dictamen final de auditoría: el documento emitido por la Auditoría Superior en donde se plasman los resultados y
observaciones finales de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas;
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VII. Entidades: los Poderes, sus órganos y dependencias, organismos públicos autónomos, las entidades paraestatales, los
municipios, sus órganos y dependencias, sus organismos descentralizados y paramunicipales; los mandantes, mandatarios,
fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos
públicos o privados o cualquier otra figura jurídica similar, cuando hayan recibido por cualquier título recursos públicos,
no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector
privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya tenido o tenga a su
cargo la recaudación, custodia, administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos federales, estatales o
municipales y que por dicha razón sean sujetos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior;
VIII. Fiscalización Superior: es el conjunto de facultades ejercidas por la Auditoría Superior, que tienen por objeto la revisión
de la cuenta pública, incluyendo los informes de avance de gestión financiera, a través de la comprobación, evaluación y
control del ejercicio de la gestión financiera de las entidades;
IX. Gestión financiera: las acciones, tareas y procesos que realizan las entidades fiscalizadas para la administración y
ejercicio de los recursos públicos, así como en la ejecución de los planes y programas, conforme a las leyes de ingresos,
los presupuestos de egresos y demás disposiciones aplicables;
X. Glosa: la comparecencia de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas ante los miembros de la Comisión, a
efecto de que expliquen y aclaren los resultados y observaciones contenidos en el Informe Anual de Resultados;
XI. Información reservada: toda aquélla información y/o documentación que por disposición expresa de una ley sea
considerada como tal;
XII. Informe de avance de gestión financiera: el informe trimestral que, como parte integrante de la cuenta pública, rinden
las entidades al Congreso sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría
Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas;
XIII. Informe Anual de Resultados: el informe anual que presenta la Auditoría Superior al Congreso por conducto de la
Comisión, con las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, como resultado de las fiscalización de los
informes de avance de gestión financiera y las cuentas públicas;
XIV. Informes especiales: los informes que presenta la Auditoría Superior de la fiscalización a los informes de avance de
gestión financiera;
XV. Informes individuales: los informes que presenta la Auditoría Superior de los resultados obtenidos en las auditorías
practicadas conforme se vayan concluyendo;
XVI. Instancias de control competentes: tienen este carácter, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado, los órganos internos de control o cualquier instancia que lleve a cabo funciones de control,
fiscalización, vigilancia o similares;
XVII. Planes: Plan Estatal y Municipal de Desarrollo;
XVIII. Pliego de observaciones: el documento en el que la Auditoría Superior da a conocer a las entidades las observaciones
determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera;
XIX. Pliego de recomendaciones: el documento en el que la Auditoría Superior da a conocer a las entidades las
recomendaciones determinadas con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas y de los informes de avance de
gestión financiera, con el propósito de que sean atendidas por las entidades;
XX. Proceso de fiscalización: el comprendido desde la presentación del informe de avance de gestión financiera del primer
trimestre del ejercicio correspondiente, hasta el dictamen emitido por la Comisión relativo a la conclusión de la
fiscalización superior de las cuentas públicas;
XXI. Profesionales de auditoría independientes: los auditores de los despachos contables debidamente registrados y
contratados por la Auditoría Superior, para practicar auditorías a las entidades, de conformidad con las normas y los
lineamientos que para tal efecto dicte la misma Auditoría Superior o, en su caso, la Comisión;
XXII. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza;
10 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
XXIII. Responsabilidad resarcitoria: la responsabilidad directa, solidaria o subsidiaria, que por acción u omisión de los
servidores públicos y los particulares, personas físicas y personas morales, provoquen daños y perjuicios en la hacienda
pública o patrimonio de las entidades, y tiene como consecuencia la imposición de la indemnización resarcitoria
correspondiente;
XXIV. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado;
XXV. Sistema de contabilidad gubernamental: el sistema al que deberán sujetarse las entidades fiscalizadas para registrar de
manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así
como otros flujos económicos. Así mismo, para generar estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles,
periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.
Artículo 4.
A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado
de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila
de Zaragoza y demás disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal.
La interpretación administrativa de esta ley estará a cargo de la Auditoría Superior.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Artículo 5.
Los actos de fiscalización que ejecute la Auditoría Superior se guiarán por los principios de posterioridad, anualidad, legalidad,
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, transparencia y máxima publicidad de la información.
Artículo 6.
La fiscalización superior a cargo de la Auditoría Superior se realizará con posterioridad a la gestión financiera excepto en los casos
previstos en la presente ley; tiene carácter externo y, por lo tanto, se efectuará de manera independiente y autónoma respecto de
cualquier otra forma de control o evaluación que realicen las instancias de control competentes.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando conforme a esta ley y demás disposiciones aplicables, las instancias de
control competentes de las entidades deban colaborar con la Auditoría Superior en lo que concierne a la revisión de su cuenta
pública y/o informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior establecerá las bases para que dicha instancia de control
conceda la coordinación y colaboración entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se
requiera.
Artículo 7.
En el manejo de la información y documentación en posesión de la Auditoría Superior prevalecerán los principios de transparencia
y de máxima publicidad, con las restricciones y excepciones establecidas por la ley.
Artículo 8.
La fiscalización superior de las cuentas públicas está limitada al principio de anualidad, por lo que los procesos cuya ejecución
abarquen dos o más ejercicios fiscales sólo podrán ser revisados anualmente en la parte ejecutada.
Sin perjuicio del principio de anualidad a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la Auditoría Superior podrá revisar de
manera casuística y concreta, la información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto correspondientes a
ejercicios fiscales anteriores a los de las cuentas públicas en revisión, sin que con este motivo se entiendan, para todos los efectos
legales, abiertas nuevamente las cuentas públicas del ejercicio correspondiente a la revisión, exclusivamente cuando el programa,
proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales. Las
observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior emita, sólo podrán referirse a la administración de los recursos
contenidos en la cuenta pública en revisión.
Artículo 9.
Las entidades conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de contabilidad, así como la información financiera y
los documentos justificativos y comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y mientras no
prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas; su conservación o destrucción se realizará en los
términos de la ley de la materia.
TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
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CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y DE
LAS CUENTAS PÚBLICAS
Artículo 10.
Los informes de avance de gestión financiera y las cuentas públicas se organizarán, sistematizarán y difundirán conforme a lo
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 11.
Las entidades deberán presentar su cuenta pública anual ante el Congreso a más tardar el último día del mes de febrero del año
siguiente al ejercicio correspondiente. Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su uso
informático y facilite su procesamiento, independientemente de los demás requisitos que se deban cumplir para su presentación,
contenidos en las disposiciones de carácter general que la Auditoría Superior emita para tal efecto y deberá contener la información
descrita en el artículo 15 de esta ley.
Por los cuatro trimestres del año, las entidades presentarán ante el Congreso sendos informes de avance de gestión financiera, los
que contendrán la información descrita en el artículo 16 de esta ley. Estos informes se presentarán con las formalidades a que se
refiere el párrafo anterior dentro del mes inmediato posterior al periodo que corresponda la información.
Los periodos trimestrales son los siguientes:
I. Enero a marzo;
II. Abril a junio;
III. Julio a septiembre, y
IV. Octubre a diciembre
La Comisión deberá entregar a la Auditoría Superior las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera en un
plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a su recepción por el Congreso.
Artículo 12.
Sin perjuicio a lo señalado en el artículo anterior, las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera de las
entidades, deberán estar debidamente integrados y disponibles a través de sus páginas de internet para su fiscalización por parte de
la Auditoría Superior a partir de la fecha de su presentación y de acuerdo con lo señalado en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y demás legislación aplicable.
Artículo 13.
La falta de presentación, así como la presentación inoportuna y/o incompleta de la cuenta pública o de los informes de avance de
gestión financiera, dará lugar a que la Auditoría Superior imponga las siguientes sanciones:
I. Multa de 300 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Estado a el o los responsables de su presentación.
Así mismo, sin perjuicio de la multa impuesta, la Auditoría Superior requerirá a el o los responsables para que subsanen la
omisión o deficiencias antes mencionadas dentro de los cinco días hábiles siguientes.
II. Multa del doble de la ya impuesta, en caso de que el o los responsables no subsanen la omisión o deficiencias requeridas
dentro del plazo señalado en el segundo párrafo de la fracción anterior.
Además, sin perjuicio de las multas impuestas, en caso de incumplimiento al requerimiento se requerirá al superior jerárquico
de el o los responsables para que subsane la omisión o deficiencias requeridas dentro de los cinco días hábiles siguientes.
III. Promoción de separación definitiva del cargo público ante el órgano competente, cuando el o los responsables se hayan hecho
acreedores a la sanción prevista en la fracción I de este artículo e incurran nuevamente en la falta de presentación o la
presentación inoportuna y/o incompleta de las cuentas públicas o de los informes de avance de gestión financiera.
Además, la Auditoría Superior requerirá al superior jerárquico de el o los responsables para que subsane la omisión o
deficiencias advertidas dentro de los cinco días hábiles siguientes.
La imposición de las sanciones pecuniarias establecidas en este artículo, se sujetará a lo dispuesto en el Libro Segundo, Título
Tercero de la presente ley.
Artículo 14.
Sin perjuicio de la imposición de las sanciones establecidas en el artículo anterior, si las cuentas públicas y los informes de avance
de gestión financiera no están integrados y disponibles en los plazos y con los requisitos señalados, la Auditoría Superior
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promoverá ante las autoridades competentes la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
No será impedimento para que la Auditoría Superior realice su función de fiscalización, si las cuentas públicas no están integradas
y disponibles en los plazos y requisitos señalados.
Artículo 15.
La cuenta pública deberá contener la información señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de la
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del Estado
de Coahuila de Zaragoza.
Así mismo, la cuenta pública contendrá un informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una
declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y
el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental.
Además de lo anterior, la cuenta pública deberá contener el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de
conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
Artículo 16.
Los informes de avance de gestión financiera deberán contener la información señalada en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, además de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de
Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al periodo de que se trate y la acumulada del
ejercicio.
Los informes de avance de gestión financiera se referirán a los programas a cargo de la entidad para conocer el grado de
cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados.
Además de lo anterior, los informes de avance de gestión financiera contendrán un informe o dictamen de los profesionales de
auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda
el control interno y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control
gubernamental.
Artículo 17.
La Auditoría Superior en el ámbito de su respectiva competencia, podrá expedir las disposiciones de carácter general para
reglamentar la presentación de la cuenta pública y de los informes de avance de gestión financiera, sin perjuicio de lo previsto por
la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación con su contenido.
Los manuales, guías, instructivos, formatos, reglas y demás instrumentos que expida la Auditoría Superior, necesarios para el
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior.
CAPÍTULO II
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE
DE GESTIÓN FINANCIERA
Artículo 18.
La revisión de los informes de avance de gestión financiera tendrá como objeto verificar que los recursos públicos se administren y
ejerzan atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, así como el cumplimiento
de los objetivos, metas e indicadores fijados en los planes y programas aprobados.
Artículo 19.
La Auditoría Superior en ejercicio de sus facultades de fiscalización, podrá realizar auditorías, visitas e inspecciones, respecto de la
información contenida en los informes de avance de gestión financiera.
En su caso, dichas revisiones deberán realizarse dentro de los cinco meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para su
presentación por las entidades ante el Congreso, para lo cual se elaborarán y publicarán informes especiales.
De la revisión de los informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior podrá realizar observaciones y
recomendaciones, en cuyo caso deberán notificarse a las entidades, con el propósito de que se integren al Informe Anual de
Resultados.
Artículo 20.
Para la revisión de los informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior aplicará los mismos lineamientos técnicos y
criterios de auditoría utilizados para la revisión de las cuentas públicas.
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Artículo 21.
Si de la revisión y fiscalización de los informes de avance de gestión financiera aparecieran irregularidades que permitan presumir
la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño y/o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la
Auditoría Superior procederá en términos de lo señalado en el artículo 87 de esta ley y, en su caso, tratándose de los recursos
públicos federales, de conformidad con el artículo 163 de esta misma ley.
CAPÍTULO III
DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Artículo 22.
Las cuentas públicas serán fiscalizadas por la Auditoría Superior dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de vencimiento del
plazo para su presentación, debiendo elaborar para tal efecto un Informe Anual de Resultados.
Con independencia de lo anterior, la Auditoría Superior podrá iniciar el proceso de fiscalización mediante visitas domiciliarias y/o
revisiones de gabinete a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, en cuyo caso, la fiscalización
deberá concluir antes de la fecha de presentación del Informe Anual de Resultados. Lo anterior, sin perjuicio de los principios de
posterioridad y anualidad establecidos en esta ley.
Artículo 23.
La Auditoría Superior podrá informar de los resultados obtenidos en las auditorías practicadas conforme se vayan concluyendo, a
través de los informes individuales de auditoría que se elaboren para tal efecto.
Artículo 24.
La Auditoría Superior conservará en su poder y mantendrá en su página de internet las cuentas públicas de cada ejercicio fiscal y
los informes de avance de gestión financiera a los que se refiere la presente ley, de los últimos diez ejercicios fiscales o mientras no
prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se detecten en las
operaciones objeto de revisión.
También, conservará las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y los documentos que
contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos
que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.
Artículo 25.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Superior podrá realizar auditorías de cumplimiento legal y financiero, de
desempeño y de obra pública, en forma independiente, sucesiva o simultánea, sin perjuicio de otro tipo de auditorías que se sean
necesarias para el logro de sus objetivos.
Artículo 26.
La Auditoría Superior podrá emitir las normas y procedimientos para la práctica de auditorías, con base en las modalidades y
alcances de fiscalización previstos en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, observando en todo momento la
aplicación estricta de las normas de información financiera, los objetivos de los planes y programas aprobados, así como la demás
normatividad y disposiciones legales aplicables.
En los procedimientos de fiscalización se deberán utilizar los sistemas de contabilidad gubernamental de acuerdo con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 27.
El proceso de fiscalización superior deberá documentarse en su totalidad.
Artículo 28.
La fiscalización superior de las cuentas públicas, así como de los informes de avance de gestión financiera, tiene por objeto
determinar:
I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o egresos se ajustan a los conceptos y a las partidas respectivas;
III. El desempeño en el cumplimiento de los planes y programas, con base en los indicadores aprobados en el presupuesto y su
efecto en las condiciones sociales y económicas de cada entidad y, en su caso, regionales durante el periodo que se
evalúen;
IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad
y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos;
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V. El resultado de la gestión financiera de las entidades, en forma posterior a la conclusión de los procesos correspondientes;
VI. Si la recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de todos los recursos y los actos, contratos,
convenios, concesiones u operaciones que las entidades celebren o realicen, se ajustan a la legalidad y si no han causado
daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades;
VII. Que los sistemas de información en general, desde sus entradas, procesamiento, controles, archivos, seguridad y obtención
de información, cumplan con las disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de registro y contabilidad
gubernamental;
VIII. El cumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos y procedimientos administrativos:
IX. La evaluación del control interno de las entidades;
X. Las responsabilidades a que haya lugar, y
XI. La imposición de las sanciones correspondientes en los términos de esta ley.
CAPÍTULO IV
DE LAS AUDITORÍAS
Artículo 29.
Durante el primer trimestre del año la Auditoría Superior establecerá un programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, el
cual tendrá carácter público y deberá difundirse a través de su página de internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en donde se señale la totalidad de las entidades que serán objeto de fiscalización.
Dicho programa anual podrá modificarse cuando la Auditoría Superior lo considere necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones, debiéndose publicar dichas modificaciones en su página de internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo 30.
Antes del día 20 de enero de cada ejercicio, las entidades deberán informar a la Auditoría Superior por medio de su representante
legal, sobre la denominación e identificación de todas las demás entidades que se encuentren bajo su ámbito de influencia y cuya
gestión presupuestaria y programática no esté incorporada en su cuenta pública.
Si con posterioridad a la fecha señalada, son creadas o constituidas nuevas entidades que se encuentren bajo el ámbito de influencia
de otras entidades, éstas deberán informarlo a la Auditoría Superior en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
De acuerdo con el informe descrito, la Auditoría Superior procederá a elaborar el padrón de entidades obligadas a presentar los
informes de avance de gestión financiera y la cuenta pública correspondiente. El padrón, así como sus ulteriores modificaciones,
serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de internet de la Auditoría Superior.
En caso de no presentar las entidades el informe referido, la Auditoría Superior lo hará del conocimiento del Congreso para los
efectos correspondientes.
Artículo 31.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Auditoría Superior practicará auditorías mediante visitas domiciliarias y revisión de
gabinete a las entidades fiscalizadas, las cuales se sujetarán a las formalidades establecidas en esta ley y demás leyes aplicables.
También podrá realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas para
conocer directamente el ejercicio de sus funciones, así como llevar a cabo compulsas e inspecciones a las propias entidades o
terceros con ellas relacionadas.
Artículo 32.
La Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa y comprobatoria relativa a la gestión
financiera, así como a la correspondiente al cumplimiento de los objetivos de los planes y programas municipales, estatales y, en su
caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información.
Asimismo, tendrá acceso a las plataformas electrónicas y sistemas que se utilicen.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad más amplia de la Auditoría Superior para solicitar información y/o documentación a las
entidades para la planeación de la revisión de la cuenta pública antes de iniciar formalmente las auditorías, visitas e inspecciones.
Artículo 33.
Las entidades fiscalizadas que administren o ejerzan recursos públicos municipales, estatales o, en su caso, federales, deberán
atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior durante la planeación, el desarrollo de las auditorías y el
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seguimiento de las acciones que emita, dentro de los plazos y procedimientos establecidos en esta ley, y sin perjuicio de la
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero; su incumplimiento dará lugar a la
imposición de las sanciones establecidas en esta ley.
La Auditoría Superior informará al Congreso la falta de colaboración de las entidades fiscalizadas para los efectos
correspondientes.
Artículo 34.
Las auditorías que se efectúen en los términos de esta ley, se practicarán por el personal que la Auditoría Superior expresamente
designe para tal efecto o por profesionales de auditoría independientes que se contraten para tal fin, personas físicas o morales;
instituciones públicas o privadas, siempre y cuando no exista conflicto de intereses.
Las auditorías en las que se maneje información relacionada con seguridad pública del Estado o del país, serán realizadas
directamente por la Auditoría Superior.
Artículo 35.
Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter de representantes de la Auditoría Superior en lo concerniente a
la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar previamente el oficio de comisión y/o habilitación respectivo e
identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoría Superior.
Artículo 36.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior o los profesionales de auditoría independientes que participen en los procesos de
fiscalización, deberán sujetarse a los principios de integridad, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad y
competencia profesional, que se establezcan en las disposiciones de ética y conducta, así como para prevención de conflictos de
interés que al efecto se emitan por la Auditoría Superior.
Artículo 37.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior tendrán la obligación de excusarse de conocer asuntos cuando exista relación de
parentesco sin limitación de grado en línea recta o hasta el cuarto grado en línea colateral, con servidores públicos de las entidades
fiscalizadas o sus titulares.
Así mismo, se abstendrán de participar en los casos previstos en las disposiciones para evitar conflicto de intereses que al efecto se emitan.
Artículo 38.
Cuando al personal de la Auditoría Superior o a los profesionales de auditoría independientes se les impida la práctica de auditorías
o no se les proporcione la información y/o documentación necesaria para el debido desempeño de sus funciones, la Auditoría
Superior promoverá el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar ante las autoridades correspondientes.
Artículo 39.
Los actos administrativos y resoluciones que emita la Auditoría Superior se presumirán legales y deberán contar al menos con los
siguientes requisitos:
I. Constar por escrito en documento impreso, en su caso, en medio digital;
II. Señalar la autoridad que lo emite;
III. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate;
IV. Ostentar la firma del funcionario competente, la denominación de la entidad fiscalizada, el nombre del titular o representante
legal y, en su caso, el nombre o nombres de las personas a las que vaya dirigida. Cuando se ignore el nombre de la persona a
la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación.
Tratándose de documentos administrativos que consten en medios digitales, la Auditoría Superior emitirá reglas de carácter general
que faciliten su aplicación. Dichas reglas deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en la página
de internet de la Auditoría Superior.
CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
SECCIÓN PRIMERA
DE LA VISITA DOMICILIARIA
Artículo 40.
En la orden de visita domiciliaria, además de los requisitos a que se refiere el artículo anterior, se deberá indicar:
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I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita;
II. El nombre del o los visitadores que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser sustituidos, aumentados o reducidos en su
número, en cualquier tiempo por la Auditoría Superior. La sustitución, aumento o reducción de los visitadores que deban
efectuar la visita se notificará a la entidad fiscalizada visitada.
Los visitadores comisionados y/o habilitados para efectuar la visita podrán actuar conjunta o separadamente.
Artículo 41.
Las auditorías realizadas por la Auditoría Superior, a través de visita domiciliaria, se desarrollarán conforme a las siguientes reglas:
I. La visita a la entidad se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita.
II. El procedimiento iniciará con la notificación de la orden de visita domiciliaria al titular o representante legal de la entidad
y, en su caso, a la persona o personas que vaya dirigida.
III. Los visitadores comisionados y/o habilitados se identificarán con credencial vigente y/o constancia de identificación
expedida por la Auditoría Superior, así como con el oficio de comisión para desempeñar la visita. En caso de que los
visitadores sean profesionales de auditoría independientes habilitados por la Auditoría Superior, deberán exhibir el oficio
de habilitación correspondiente e identificación expedida por el despacho contratado.
IV. Si al presentarse los visitadores comisionados y/o habilitados al lugar en donde debe practicarse la diligencia, no estuviere
la persona visitada o su representante legal, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el
mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día hábil siguiente para recibir la orden de
visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
V. Los visitadores levantarán acta parcial de inicio en la que se hará constar lo siguiente:
a) Lugar, hora, día, mes y año en que inicia la visita domiciliaria;
b) Objeto o propósito de la visita;
c) Identificación de los visitadores comisionados y/o habilitados por la Auditoría Superior.
d) Identificación de quien atiende la visita y, en su caso, oficio de designación para tal efecto.
e) Designación de testigos. La persona con quien se entienda la visita designará a las personas que habrán de fungir
como testigos; si ésta no lo hiciere o los designados no aceptaren serlo, los visitadores los designarán, haciendo
constar esta circunstancia en el acta.
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo
la visita, porque se ausenten antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser
testigo; ante esta circunstancia la persona con la que se entiende la visita deberá designar a otros inmediatamente,
y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos.
La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita.
f) Requerimiento de información y/o documentación, así como el plazo para su presentación.
VI. Las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita, están obligados a permitir a los
visitadores el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición los documentos, libros,
registros, archivos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos y demás sistemas que
contengan información de la entidad, documentación comprobatoria y justificativa relativa al ingreso, gasto, deuda y
patrimonio públicos; expedientes técnicos y unitarios integrados con motivo de la realización de obras y adquisición de
bienes y servicios, los cuales serán examinados en el domicilio de la entidad, en el lugar donde se encuentren sus archivos
o en el lugar donde se encuentren los bienes o las obras. Los visitadores podrán solicitar y obtener copia de dichos
documentos, para que previo cotejo con sus originales sean certificados por éstos y sean anexados a las actas parciales y
finales que se levanten con motivo de la visita domiciliaria.
VII. Se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se harán constar requerimientos de información
adicionales para obtener la documentación e información necesaria y suficiente para cumplir con los objetivos de la visita.
VIII. Cuando en el desarrollo de la visita, los visitadores conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las
disposiciones legales y administrativas, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales o complementarias, las
cuales estarán firmadas por los visitadores que en la diligencia intervinieron, dejando copia de las mismas a los visitados.
También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. Los hechos u omisiones
consignados por los visitadores en las actas hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones advertidas.
IX. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en las actas parciales o complementarias, si antes del
cierre del acta final las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita no presentan los
documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en dichas actas.
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X. Las actas parciales o complementarias se entenderán que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se
señale así expresamente.
XI. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio de la entidad
visitada, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita podrán levantarse en las oficinas de la Auditoría
Superior.
XII. La visita domiciliaria concluirá con el levantamiento del acta final ante las personas visitadas, sus representantes o la
persona con quien se entienda la visita, con las mismas formalidades establecidas para el levantamiento del acta parcial de
inicio.
Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que
esté presente a una hora determinada del día hábil siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien
estuviere presente en el lugar visitado.
XIII. En el levantamiento del acta final, cualquiera de los visitadores que hayan intervenido en la visita, el visitado o la persona
con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la
persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado
o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la
propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.
XIV. Con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria, la Auditoría Superior emitirá, en su caso, el pliego de
observaciones, así como el pliego de recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán a la entidad visitada
quien contará con el plazo señalado en esta ley para presentar los documentos, libros, registros o demás evidencia que
solventen las observaciones y atiendan las recomendaciones contenidas en dichos pliegos.
XV. Si de la visita domiciliaria no se desprendieran hechos u omisiones que entrañen el incumplimiento de las disposiciones
legales y administrativas aplicables, se hará constar así por los visitadores en el acta final.
Artículo 42.
Cuando la Auditoría Superior solicite datos, informes o documentos a las entidades dentro de una visita domiciliaria, se tendrán los
siguientes plazos para su presentación:
I. Los libros y registros que formen parte de su contabilidad deberán presentarse de inmediato, es decir, el mismo día en que se
requiera dicha información, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico en su caso;
II. Seis días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los
documentos o demás información sean de los que deba tener en su poder la entidad;
III. Quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva, en los demás
casos.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA REVISIÓN DE GABINETE
Artículo 43.
Cuando la Auditoría Superior solicite de los titulares o representantes de las entidades, la información y documentación justificativa
y comprobatoria de su gestión financiera, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I. La solicitud se notificará en el domicilio de la entidad. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse
la diligencia, no estuviere el titular o representante legal de la entidad a quien va dirigida la solicitud, se dejará citatorio con
la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el representante lo espere a hora determinada del día hábil siguiente
para recibir la solicitud; si no lo hiciere, la solicitud se notificará a quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma.
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deba proporcionar los documentos, datos, libros, registros e
informes requeridos.
III. La documentación deberá ser proporcionada en original por la persona a la que se dirigió la solicitud o por su representante
legal.
IV. Una vez agotada la revisión de los documentos, datos, sistemas, libros, registros e informes requeridos, la Auditoría
Superior dará por concluida la revisión de gabinete. Posteriormente, en su caso, emitirá los pliegos de observaciones y/o
recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán al titular o representante legal de la entidad quien contará con el
18 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
plazo señalado en esta ley para presentar los documentos, libros o registros que solventen las observaciones y/o atiendan las
recomendaciones contenidas en dichos pliegos.
V. Cuando no se hubieran advertido hechos u omisiones, la Auditoría Superior comunicará al titular o representante de la
entidad, mediante oficio, esta circunstancia, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la conclusión de la revisión.
Artículo 44.
Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, la Auditoría Superior solicite información y documentación
justificativa y comprobatoria de su gestión financiera a las entidades fuera de una visita domiciliaria, éstas contarán con un plazo
improrrogable de 15 días hábiles para proporcionarlos, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la
notificación de la solicitud respectiva.
CAPÍTULO VI
DE LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
Artículo 45.
La Auditoría Superior deberá concluir los procedimientos de auditoría dentro de los plazos establecidos en los artículos 19, párrafo
segundo y 22 de la presente ley.
Artículo 46.
Las irregularidades advertidas por la Auditoría Superior con motivo de las auditorías practicadas, estarán contenidas en:
I. Pliegos de observaciones;
II. Pliegos de recomendaciones.
Artículo 47.
Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la conclusión de la visita domiciliaria o la revisión de gabinete, la Auditoría
Superior, con base en las disposiciones de esta ley formulará y notificará, en su caso, a las entidades los pliegos de observaciones y
los pliegos de recomendaciones derivados de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas y de los informes de avance de
gestión financiera. En los pliegos de observaciones se cuantificará el importe de las observaciones detectadas que sean causa de
responsabilidad.
SECCIÓN PRIMERA
DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES
Artículo 48.
Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles deberán solventar los pliegos de observaciones ante la Auditoría
Superior. Cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado o la documentación, argumentos o
demás evidencia presentados no sean suficientes para solventar las observaciones, la Auditoría Superior promoverá las
responsabilidades administrativas, iniciará los procedimientos de responsabilidades resarcitorias y presentará denuncias o querellas
en contra de servidores públicos o particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un
delito relacionado con la hacienda pública o patrimonio de las entidades, así como denuncias de Juicio Político de conformidad con
lo señalado en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 49.
Con base en la información y/o documentación a la que se refiere el artículo anterior, la Auditoría Superior emitirá el dictamen
final de auditoría mediante el cual determinará los resultados finales de las auditorías practicadas. Dicho dictamen se anexará al
Informe Anual de Resultados.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PLIEGO DE RECOMENDACIONES
Artículo 50. Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles deberán atender los pliegos de recomendaciones ante la
Auditoría Superior.
Cuando los pliegos de recomendaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado o que la documentación, argumentos o demás
evidencia presentados no sean suficientes para atender las recomendaciones, la Auditoría Superior promoverá las responsabilidades
a que haya lugar.
La Auditoría Superior deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 60 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades
fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.
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Artículo 51.
Las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior las mejoras realizadas respecto a las acciones y
recomendaciones al desempeño o, en su caso, justificar su improcedencia.
Artículo 52.
Para los efectos del artículo anterior, se entiende por acciones y recomendaciones lo siguiente:
I. Acciones de mejora continua: el conjunto de procedimientos, procesos, y/o metodologías, que las entidades deberán
atender para incrementar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de su gestión financiera.
II. Acciones de desempeño: el conjunto de procedimientos, procesos, y/o metodologías, que las entidades deberán atender
para el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas aprobados.
III. Recomendaciones de mejora continua: aquéllas sugerencias que la Auditoría Superior ponga a consideración de las
entidades a fin de incrementar la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de su gestión financiera.
IV. Recomendaciones de desempeño: aquéllas sugerencias que la Auditoría Superior ponga a consideración de las entidades a
fin de dar cumplimiento a los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados
TÍTULO TERCERO
DE LOS INFORMES
CAPÍTULO I
DE LOS INFORMES ESPECIALES
Artículo 53.
La Auditoría Superior elaborará informes especiales de las revisiones a los informes de avance de gestión financiera, los cuales
deberán ser publicados en la página de internet de la misma Auditoría Superior, debiendo informar de ello al Congreso, a través de
la Comisión, dando cuenta de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.
Los informes especiales deberán contener, en lo conducente, los mismos requisitos que el Informe Anual de Resultados.
Artículo 54.
La Comisión podrá citar al Auditor Superior y demás servidores públicos de la Auditoría Superior, a efecto de ampliar o aclarar el
contenido de los informes especiales.
Artículo 55.
La información contenida en los informes especiales será considerada por el Congreso para la elaboración de las Leyes de Ingresos
y de los Presupuestos correspondientes.
Artículo 56.
Las revisiones a los informes de avance de gestión financiera podrán ser incluidas en el programa anual de auditorías, visitas e
inspecciones a efecto de profundizar en su revisión, así como para el seguimiento de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas.
Artículo 57.
Los resultados de los informes especiales deberán incluirse en el Informe Anual de Resultados.
Artículo 58.
La Auditoría Superior cuidará que en los informes especiales no se revele información reservada o que forme parte de un proceso
de investigación. Para tal efecto, las entidades al proporcionar la información y/o documentación correspondiente, deberán informar
y comprobar a la Auditoría Superior la que reviste el carácter de reservada.
CAPÍTULO II
DE LOS INFORMES INDIVIDUALES
Artículo 59. La Auditoría Superior podrá elaborar informes individuales de las auditorías que se concluyan, los cuales serán publicados en la
página de internet de la Auditoría Superior, debiendo informar de ello al Congreso, a través de la Comisión.
Los informes individuales deberán contener, en lo conducente, los mismos requisitos que el Informe Anual de Resultados.
Artículo 60. Los informes individuales de las auditorías concluidas formarán parte del Informe Anual de Resultados.
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Artículo 61.
La Auditoría Superior cuidará que en los informes individuales no se revele información reservada o que forme parte de un proceso
de investigación. Para tal efecto, las entidades al proporcionar la información y/o documentación correspondiente, deberán informar
y comprobar a la Auditoría Superior la que reviste el carácter de reservada.
CAPÍTULO III
DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS
Artículo 62.
La Auditoría Superior entregará al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe Anual de Resultados de la revisión de las
cuentas públicas a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado.
Artículo 63.
El Informe Anual de Resultados tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de internet de la Auditoría Superior en la
misma fecha en que sea presentado al Congreso; mientras ello no suceda, la Auditoría Superior deberá guardar reserva de sus
actuaciones y de la información que posea.
Artículo 64.
El Informe Anual de Resultados deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Los dictámenes de la revisión de las cuentas públicas;
II. El apartado correspondiente a la fiscalización superior y verificación del cumplimiento de los planes y programas, con
respecto a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía;
III. El cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las normas de información financiera para
el sector público y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos correspondientes;
IV. Los resultados de la gestión financiera;
V. Los resultados de las auditorías practicadas;
VI. La comprobación de que las entidades se ajustaron a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos de la entidad, al
presupuesto de egresos y demás ordenamientos aplicables;
VII. El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso; y
VIII. Un resumen ejecutivo dirigido a la sociedad, en donde se expliquen las acciones, medidas y resarcimientos derivados de la
fiscalización de los recursos públicos.
En el supuesto de que conforme a la fracción II de este artículo, no se cumpla con los objetivos y metas establecidas en los
programas aprobados, la Auditoría Superior hará las observaciones y recomendaciones que a su juicio sean procedentes.
Artículo 65.
La Auditoría Superior dará cuenta al Congreso, a través de la Comisión, dentro del Informe Anual de Resultados, de los pliegos de
observaciones y de los pliegos de recomendaciones que se hubieren determinado, los procedimientos iniciados para el fincamiento
de responsabilidades resarcitorias y la imposición de las sanciones respectivas, así como la promoción de otro tipo de
responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos que lleve a cabo de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
Artículo 66.
La Comisión podrá citar al Auditor Superior para que comparezca el mismo día de la presentación del Informe Anual de
Resultados, a efecto de aclarar su contenido, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe
Anual de Resultados.
Para tal efecto, el Auditor Superior podrá ser acompañado por los servidores públicos de la misma Auditoría Superior que él
designe.
Artículo 67.
La Auditoría Superior cuidará que en el Informe Anual de Resultados no se revele información reservada o que forme parte de un
proceso de investigación.
Artículo 68.
Independientemente de la comparecencia señalada en el artículo 66 de esta ley, la Comisión podrá citar con posterioridad al
Auditor Superior, a efecto de que aclare en lo específico el contenido del Informe Anual de Resultados.
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Para tal efecto, el Auditor Superior podrá hacerse acompañar de los servidores públicos de la Auditoría que considere necesario.
Artículo 69.
La Comisión podrá solicitar, en su caso, a la Auditoría Superior que las aclaraciones o explicaciones del contenido del Informe
Anual de Resultados sean por escrito.
TÍTULO CUARTO
DE LA CONCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LA GLOSA Y CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Artículo 70.
Con base en el Informe Anual de Resultados, la Comisión podrá realizar la glosa de las cuentas públicas, pudiendo solicitar a
alguna de las comisiones ordinarias del Congreso, su opinión respecto de algún tema en específico de los contenidos en el Informe
Anual de Resultados.
Artículo 71.
La Comisión podrá citar a los titulares de las entidades fiscalizadas que considere deban comparecer, a efecto de que expliquen y
aclaren los resultados y observaciones de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior, en sesiones que serán públicas.
Los titulares de las entidades fiscalizadas podrán hacerse acompañar de los servidores públicos directamente involucrados en las
irregularidades y observaciones señaladas en el Informe Anual de Resultados.
En las sesiones de la glosa podrá estar presente el Auditor Superior y/o los servidores públicos de la Auditoría Superior que él
designe.
Artículo 72. Las justificaciones y aclaraciones que para tal efecto presenten los titulares de las entidades fiscalizadas deberán ser consideradas
por la Comisión para la elaboración de su dictamen, sin que puedan pronunciarse en ningún caso sobre la solventación o
fincamiento de responsabilidades.
Artículo 73.
Concluidas las comparecencias de los titulares de las entidades fiscalizadas, la Comisión elaborará el dictamen correspondiente,
con base en el análisis del contenido del Informe Anual de Resultados, en las conclusiones técnicas emitidas por la Auditoría
Superior y, en su caso, en la glosa correspondiente.
Artículo 74.
El Congreso concluirá la fiscalización superior de las cuentas públicas, en un periodo máximo de 60 días naturales contados a partir
de la fecha en que reciba el Informe Anual de Resultados, dentro del cual la Comisión someterá a consideración del Pleno del
Congreso el dictamen correspondiente, sin que ello signifique que se aprueban o no las cuentas públicas, ni que se suspenda el
trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta ley.
CAPÍTULO II
DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS
Y OBSERVACIONES
Artículo 75.
La Auditoría Superior informará al Congreso, por conducto de la Comisión, el estado que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, con los datos disponibles al cierre del primer y segundo
semestre de cada año. La información señalada será turnada por la Auditoría Superior al Congreso, dentro del mes siguiente al
cierre de cada semestre.
Artículo 76.
El informe de seguimiento se elaborará con base en el formato, lineamientos y criterios que al efecto establezca la Auditoría
Superior, e incluirá los procedimientos de fincamiento resarcitorios y los montos resarcidos a las haciendas públicas estatales,
municipales y, en su caso, federal.
Asimismo, se especificará la atención a las recomendaciones al desempeño y las acciones promovidas con ese motivo.
Artículo 77.
El informe de seguimiento tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de internet de la Auditoría Superior en la misma
fecha en que sea presentado.
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TÍTULO QUINTO
DE LA REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
Artículo 78.
Sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten denuncias debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda
suponerse la presunta recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de recursos públicos o de su
desvío, la Auditoría Superior podrá realizar revisiones, durante el ejercicio fiscal en curso, de conceptos específicos vinculados de
manera directa a las denuncias o circunstancias, o requerir a las entidades para que a través de sus instancias de control competentes
lleven a cabo dichas revisiones. El requerimiento deberá aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma
que la irregularidad cometida ocasionó un daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades.
Las denuncias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentarse ante la Comisión, ésta determinará su procedencia y, en caso
de ser legalmente procedente, las remitirá a la Auditoría Superior para que por sí o por conducto de las instancias de control
competentes, inicie la revisión por situaciones excepcionales.
Artículo 79.
Para los efectos de esta ley, se entenderá por situaciones excepcionales aquéllas en las cuales, de la denuncia que al efecto se
interponga o de las otras circunstancias, se presente alguno de los siguientes supuestos:
I. Un daño patrimonial que afecte la hacienda pública o al patrimonio de las entidades por un monto que resulte superior a
veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Estado;
II. Actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos de servidores públicos o contra la función pública;
III. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía de las entidades;
IV. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad;
V. El desabasto de productos de primera necesidad, y
VI. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados.
Artículo 80.
Las denuncias que se presenten en los términos del artículo anterior deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I. Constar por escrito;
II. Señalar la entidad y/o servidores públicos a quien o quienes se imputan los hechos;
III. Nombre, firma autógrafa y domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, ubicado en la ciudad donde se
encuentre el Congreso;
IV. La descripción de los hechos o demás circunstancias que supongan la presunta recaudación, administración, manejo,
custodia, aplicación o ejercicio irregular de recursos públicos o de su desvío;
V. Señalar el o los supuestos de procedencia de la denuncia a que se refiere el artículo anterior, y
VI. Aportar los elementos de convicción o de prueba suficientes para fundar el supuesto de procedencia de la denuncia.
Artículo 81.
Cuando sea la Auditoría Superior la que inicie directamente la revisión por situaciones excepcionales, dicha revisión se realizará
con las formalidades establecidas para las visitas domiciliarias consignadas en esta ley, y sobre los conceptos específicos
denunciados. A lo anterior no le será aplicable lo referente al pliego de observaciones.
Una vez que la Auditoría Superior concluya con la revisión por situaciones excepcionales correspondiente, rendirá un informe
específico al Congreso, a través de la Comisión y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras
responsabilidades ante las autoridades competentes.
Artículo 82.
Las instancias de control competentes de las entidades requeridas para llevar a cabo revisiones en los términos del artículo 78 de
esta ley, deberán rendir a la Auditoría Superior en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, un informe que contenga el
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resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los
responsables.
Artículo 83.
Las instancias de control competentes estarán obligadas a realizar la revisión que la Auditoría Superior les requiera, sin que dicha
revisión interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que legalmente competan a las autoridades y a los
servidores públicos de las entidades.
Artículo 84.
Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 82 de esta ley, las instancias de control competentes, sin causa justificada,
incumplen en la presentación del informe a que se refiere el mismo artículo, la Auditoría Superior impondrá al titular de la instancia
de control competente una multa de quinientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Estado. Su reincidencia se podrá
sancionar con una multa hasta del doble de la ya impuesta, independientemente de la promoción ante el órgano competente de las
acciones de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.
El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevarán al infractor de cumplir con las obligaciones o
regularizar las situaciones que motivaron las mismas.
Artículo 85.
Para imponer la sanción que corresponda, la Auditoría Superior deberá oír previamente al presuntamente infractor y tener en cuenta
sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas
tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 86.
Lo dispuesto en el presente Título no excluye la imposición de las sanciones que conforme a esta u otras leyes fueren aplicables por
la Auditoría Superior, ni el fincamiento y/o promoción de otras responsabilidades.
LIBRO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES EN GENERAL
Artículo 87.
Si de la revisión y fiscalización se determinan irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que
produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:
I. Determinar los daños y/o perjuicios correspondientes y, en su caso, fincar directamente a los responsables las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas, de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley;
II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;
III. Promover las acciones de responsabilidad relativas al Juicio Político y a la Declaratoria de Procedencia Penal en términos
de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y
IV. Presentar las denuncias y/o querellas penales a que haya lugar. En tal caso, podrá coadyuvar con el Ministerio Público en
la etapa de investigación y ante la autoridad judicial en los procesos penales correspondientes. El Ministerio Público
recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el
desistimiento de la acción penal.
De no existir hechos o conductas que pudieran producir daños y/o perjuicios en la hacienda pública o patrimonio de las entidades,
como resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, así como de los informes de avance de gestión financiera, la
Auditoría Superior comunicará mediante oficio dicha circunstancia a la entidad correspondiente, dentro de los 180 días naturales
siguientes a la conclusión de la fiscalización superior de las cuentas públicas, sin perjuicio de llevar a cabo la promoción de
responsabilidades administrativas a que se refiere la fracción II de este artículo.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entenderán como hechos o conductas que no producen daños y/o perjuicios
en la hacienda pública o patrimonio de las entidades, aquellos que no sean susceptibles de dar inicio al procedimiento para el
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, así como aquellos que no sean susceptibles de ser investigados por la comisión de
algún delito.
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Artículo 88.
Para los efectos de esta ley incurren en responsabilidad:
I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen daños y/o
perjuicios estimables en dinero a la hacienda pública de las entidades o a su patrimonio;
II. Los servidores públicos de las entidades que por actos u omisiones en ejercicio de sus facultades, contravengan las
disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de
Coahuila de Zaragoza;
III. Los servidores públicos de las entidades que no rindan sus informes acerca de la solventación de los pliegos de
observaciones formulados y remitidos por la Auditoría Superior y, en su caso, que no atiendan, sin justificación, las
recomendaciones y acciones promovidas, y
IV. Los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar las cuentas públicas y los informes de avance de
gestión financiera no formulen las observaciones y/o recomendaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o
violen la reserva de información prevista en esta ley.
Lo previsto en esta fracción también es aplicable a los servidores públicos de las instancias de control competentes de las entidades
y a los profesionales de auditoría independientes habilitados por la Auditoría Superior para labores de fiscalización.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 89.
Si con motivo de las facultades de fiscalización que realice la Auditoría Superior se advierte que los actos u omisiones por parte de
los presuntos responsables incurren en otras responsabilidades en términos de las disposiciones legales correspondientes, la
Auditoría Superior estará obligada a promover ante las autoridades federales, estatales y municipales competentes el fincamiento de
las responsabilidades respectivas.
Artículo 90.
La Auditoría Superior solicitará la intervención de las autoridades competentes, remitiendo la información y/o documentación
necesaria para que, en el ámbito de su competencia, investiguen e inicien los procedimientos correspondientes e impongan a los
responsables las sanciones conducentes en términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 91.
Cuando sean las instancias de control de las entidades la autoridad competente de conocer de la promoción de estas
responsabilidades, la Auditoría Superior solicitará un informe sobre el estado en que se encuentren los procedimientos iniciados y,
en su caso, sobre las sanciones que se hubieren impuesto. Dicho informe deberá ser remitido a la Auditoría Superior, dentro de los
60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud respectiva.
Además de lo anterior, las instancias de control competentes estarán obligadas a presentar un informe a la Auditoría Superior cada 60 días
naturales, en el cual harán del conocimiento el estado que guardan los procedimientos iniciados y, en su caso, las sanciones que se hubieren
impuesto. Dicho plazo empezará a correr a partir del día siguiente a la presentación del informe a que se refiere el párrafo anterior.
Una vez concluidos los procedimientos correspondientes y aplicadas las sanciones respectivas, las instancias de control
competentes deberán informar de ello a la Auditoría Superior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su conclusión.
En caso de que las instancias de control de las entidades no informen sobre el estado en que se encuentren los procedimientos
iniciados, así como las sanciones que se hubieren impuesto, dentro de los plazos señalados en el presente artículo, la Auditoría
Superior dará cuenta al Congreso por conducto de la Comisión para los efectos conducentes, independientemente de la promoción
ante la autoridad competente de las acciones de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.
CAPÍTULO III
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL FINCAMIENTO
DE LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS
Artículo 92.
Las responsabilidades que conforme a esta ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en
dinero que se hayan causado a la hacienda pública estatal, municipal o, en su caso, federal, así como al patrimonio de las entidades.
Artículo 93.
Las responsabilidades resarcitorias a que se refiere este capítulo, se determinarán en primer término a los servidores públicos o
personas físicas o morales que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y,
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subsidiariamente, al servidor público jerárquicamente inmediato superior que por la índole de sus funciones, haya omitido la
revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia de su parte.
Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan
participado y originado una responsabilidad resarcitoria.
Artículo 94.
Las responsabilidades resarcitorias se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones
de carácter civil o penal que imponga la autoridad judicial.
Artículo 95.
Las responsabilidades resarcitorias que se finquen a los servidores públicos de las entidades y de la Auditoría Superior no eximen a
éstos ni a las empresas privadas o a los particulares de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la
responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.
Artículo 96.
El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento siguiente:
I. La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de conformidad con el dictamen final de auditoría, elaborará el
Oficio de Inicio para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias en donde establecerá, de manera fundada y
motivada, las causas que dan origen a la responsabilidad, así como los elementos que permitan la debida identificación
del presunto o los presuntos responsables, y radicará el procedimiento respectivo;
II. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia, haciéndoles saber los hechos que se les
imputan y que sean causa de responsabilidad en los términos de esta ley, señalando el lugar, día y hora, en que tendrá
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por
medio de un defensor; apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluído su derecho para ofrecer
pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo. Así mismo, se le
solicitará señale un domicilio en el lugar de residencia de la Auditoría Superior para recibir notificaciones, bajo el
apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por estrados.
Si el presunto responsable fuere servidor público en funciones, la notificación se podrá realizar en el domicilio oficial de la entidad
fiscalizada de la que sea titular o al que se encuentre adscrito, siempre y cuando se realice de forma personal.
A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad fiscalizada correspondiente, designado para tal efecto. En este caso, el
representante de la entidad que asista a la referida audiencia, únicamente lo hará bajo el carácter de observador, sin constituirse
como parte en el procedimiento.
Entre la fecha de citación y la fecha de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles.
Los presuntos responsables tendrán expedito su derecho para que, en todo momento, durante el procedimiento a que se refiere este
artículo, puedan consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa copias
de los documentos correspondientes, dentro del horario normal de labores de la Auditoría Superior.
III. La audiencia se celebrará por los servidores públicos que designe el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
Auditoría Superior, quienes podrán ser asistidos por los auditores responsables de practicar las auditorías
correspondientes.
IV. La Auditoría Superior emitirá el acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas dentro de los 15 días hábiles siguientes
contados a partir de la celebración de la audiencia, pudiéndose ampliar este plazo a juicio de la Auditoría Superior.
La Auditoría Superior señalará día y hora para la audiencia de desahogo de pruebas la que deberá celebrarse dentro de los quince
días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de admisión, pudiéndose ampliar este plazo a juicio de la Auditoría Superior.
La Auditoría Superior podrá acordar de oficio el desahogo de cualquier prueba o diligencia que estime conducente para resolver el
asunto.
Dentro del procedimiento no se admitirán ni desahogarán incidentes de previo y especial pronunciamiento. Así mismo, no será
admitida la prueba confesional a cargo de las autoridades, así como aquellas pruebas que no cumplan con los requisitos legales para
su admisión, o sean contrarias a la moral o al derecho.
V. Desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, si los hubiere, la Auditoría Superior procederá a elaborar y acordar el
cierre de instrucción y resolverá dentro de los sesenta días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia de
responsabilidad resarcitoria y emitirá, en su caso, la Declaratoria de Daños y Perjuicios en la que se determine la
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indemnización resarcitoria correspondiente a el o los responsables, y notificará a éstos dicha declaratoria, remitiendo un
tanto autógrafo de la misma a la Secretaría, así como copia de las constancias de notificación, para el efecto de que, si en
un plazo de quince días hábiles contados a partir de la misma ésta no es cubierta, se haga efectivo su cobro en términos de
ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Dicha declaratoria será notificada también a la entidad
involucrada, por conducto de su instancia de control competente.
La indemnización resarcitoria invariablemente deberá ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, o ambos, y se
actualizará para efectos de su pago en la forma y términos que establece el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza,
tratándose de contribuciones y aprovechamientos.
VI. Si la Auditoría Superior encontrara que no cuenta con elementos suficientes para resolver, o advierta elementos que
impliquen nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas, podrá disponer la
práctica de investigaciones y citar para otras audiencias.
Artículo 97.
Cuando con motivo de la notificación del inicio del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, el
presunto responsable solicite el diferimiento de la audiencia señalada en la fracción II del artículo anterior, la Auditoría Superior
podrá acordar favorablemente en una sola ocasión dicho diferimiento, cuando a su juicio el presunto responsable acredite
fehacientemente los motivos que justifiquen el diferimiento. Para tal efecto, la solicitud deberá ser presentada por lo menos con tres
días de anticipación a la celebración de la audiencia. Acordado lo anterior, se señalará nuevo día y hora para la celebración de la
audiencia dentro de los 10 días hábiles siguientes al en que debió llevarse a cabo, dejando constancia de la notificación respectiva
en el expediente.
Artículo 98.
A falta de disposición expresa en el presente capítulo, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente el Código Procesal Civil
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 99.
Las actuaciones y diligencias de la Auditoría Superior se practicarán en días y horas hábiles; son días hábiles todos los del año, con
excepción de los sábados y domingos, los establecidos como inhábiles en el calendario oficial publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, así como aquéllos en los que tenga vacaciones generales el personal de la Auditoría Superior. Son horas
hábiles las comprendidas entre las 8:00 y las 18:00 horas.
En caso de que se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, podrá concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez.
Artículo 100.
Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.
Las notificaciones surtirán efectos el mismo día en que hubieran sido realizadas.
En caso de que esta Ley no prevea plazo o término para un determinado acto, la Auditoría Superior podrá fijarlo y no será superior
a 10 días hábiles.
CAPÍTULO IV
DE LAS INDEMNIZACIONES
Artículo 101.
Las indemnizaciones resarcitorias a que se refiere la presente ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad
líquida por la Auditoría Superior, haciéndose efectivas a través de la Secretaría, conforme al procedimiento administrativo de
ejecución que establece la legislación aplicable.
Determinada en cantidad líquida la responsabilidad, deberá registrarse de inmediato en la contabilidad de la entidad.
Artículo 102.
La Secretaría deberá informar a la Auditoría Superior de manera trimestral, dentro del primer mes inmediato posterior del periodo
que se trate, los trámites realizados para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.
Artículo 103.
El importe de las indemnizaciones resarcitorias que se recuperen en los términos de esta ley, deberá ser entregado por la Secretaría
a las respectivas entidades que sufrieron el daño y/o perjuicio respectivo. Dicho importe, sólo podrá ser ejercido de conformidad
con lo establecido en el presupuesto respectivo. Para tal efecto, las entidades deberán crear en su presupuesto una partida especial
en la que se pueda aplicar dicho recurso por concepto de recuperaciones.
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Artículo 104.
La Auditoría Superior podrá abstenerse por una sola vez de sancionar al responsable, cuando lo estime pertinente, justificando las
causas de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad, ni constituyan delito, cuando lo ameriten los
antecedentes y circunstancias del responsable y el daño causado por este, no exceda de cien veces el salario mínimo general
mensual vigente en el Estado en la fecha en que se cometa la infracción.
Lo anterior sin perjuicio de las sanciones por las responsabilidades administrativas cometidas que pudiera promover ante el órgano
competente.
Artículo 105.
Cuando el presunto responsable cubra el importe de los daños y/o perjuicios causados a la haciendas pública estatal, municipal o,
en su caso, federal con su actualización correspondiente, antes de que se emita la resolución respectiva, la Auditoría Superior
sobreseerá el procedimiento resarcitorio, sin perjuicio de otras responsabilidades a que dieran lugar.
Artículo 106.
La Auditoría Superior a través de su página de internet, llevará un registro público actualizado de los servidores públicos,
particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento
establecido en este capítulo y lo hará del conocimiento de las instancias de control competentes.
El registro al que se hace referencia en el párrafo anterior será actualizado cada tres meses.
CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y JUICIO POLÍTICO
Artículo 107.
Si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior
advierte conductas de servidores públicos que pudieran ser hechos constitutivos de delitos, presentará ante la autoridad competente
las denuncias y/o querellas correspondientes y, en su caso, promoverá las acciones de responsabilidad relativas al Juicio Político y a
la Declaratoria de Procedencia Penal en términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Para los efectos del párrafo anterior, la Auditoría Superior podrá coadyuvar con el Ministerio Público en la etapa de investigación y
ante la autoridad judicial en los procesos penales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la
opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
CAPÍTULO VI
DE LA PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Artículo 108.
Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades e imponer las sanciones e indemnizaciones a que se refiere
esta ley prescribirán en diez años.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al que se hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del
momento en que hubiere cesado, si fue de carácter continuo.
La omisión de presentar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera no prescribe, en cuyo caso la
responsabilidad será de carácter continuo.
Artículo 109.
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá cuando surta efecto la notificación al probable
responsable del inicio de cualquiera de los procedimientos establecidos en la presente ley.
TITULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
Artículo 110.
Las sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior conforme a esta ley, podrán ser impugnadas por el servidor
público o por los particulares, personas físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior, mediante el recurso de reconsideración,
el cual se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución
recurrida.
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No procederá el recurso de reconsideración en contra de los actos dictados dentro del procedimiento de fiscalización, incluyendo el
dictamen final de auditoría, así como los emitidos dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias,
en tanto no se dicte una resolución definitiva.
Artículo 111.
La representación de funcionarios públicos, particulares, personas físicas o morales ante la Auditoría Superior se hará mediante
escritura pública o mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o
fedatario público, acompañando copia de la identificación de la persona o representante legal.
Artículo 112.
El escrito de interposición del recurso, deberá contener los siguientes requisitos:
I. La autoridad a quien se dirige;
II. Nombre y firma autógrafa del recurrente y domicilio que señale para oír y recibir notificaciones ubicado en la ciudad
donde se encuentre la Auditoría Superior;
III. Resolución definitiva que impugna;
IV. Descripción de los hechos que dieron motivo al recurso;
V. Los agravios que le causan y los argumentos de derecho que se hagan valer en contra de la resolución recurrida, y
VI. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que se mencionen.
Cuando se omita alguno de los requisitos a que se refiere el presente artículo, la Auditoría Superior requerirá al recurrente para que
en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, cumpla con el o los requisitos omitidos,
apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, tratándose de los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y IV se tendrá por no
interpuesto el recurso, en caso de la fracción V, se desechará el recurso y en el caso de la fracción VI, se tendrán por no ofrecidas
las pruebas.
Artículo 113.
Además de lo señalado en el artículo anterior, el recurrente deberá anexar al recurso:
I. El documento que acredite su personalidad;
II. El documento en que conste la resolución recurrida;
III. Constancia de notificación de la resolución recurrida, y
IV. Las pruebas documentales que se ofrezcan.
Cuando el recurrente no anexe los documentos señalados en el presente artículo, la Auditoría Superior lo requerirá para que en un
plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación subsane la omisión, apercibiéndolo que en caso
de no hacerlo y tratándose de las fracciones I, II y III se tendrá por no interpuesto el recurso y cuando se trate de la fracción IV se
tendrán por no ofrecidas las pruebas.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, o si éste no hubiere podido obtenerlas, deberá señalar el
archivo o lugar en que se encuentren para que la Auditoría Superior requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para
este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con
que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos,
cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos.
La Auditoría Superior, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que se haya originado el acto
impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.
Las entidades tendrán la obligación en todo momento de proporcionar a la Auditoría Superior la documentación comprobatoria que
ésta les requiera y que los recurrentes ofrezcan como prueba en el recurso de reconsideración, siempre y cuando obre en su poder;
el incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de las sanciones establecidas en esta ley.
Artículo 114.
El recurso de reconsideración que se interponga en contra de sanciones y resoluciones emitidas por la Auditoría Superior, se
declarará improcedente cuando:
I. Se trate de actos dictados dentro del procedimiento de fiscalización o de alguna de sus fases sin que tengan el carácter de
resoluciones definitivas;
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II. Se interponga en contra del dictamen final de auditoría;
III. No se exprese agravio alguno;
IV. No afecten el interés jurídico del recurrente;
V. Se dejen sin efectos por la autoridad;
VI. Sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente de resolución y que haya sido promovido por el mismo
recurrente, sobre el mismo asunto;
VII. Se encuentren consumadas de modo irreparable, y
VIII. Se hayan consentido, es decir, no se hubiera interpuesto el recurso dentro del plazo que otorga esta ley.
Artículo 115.
Se sobreseerá el recurso de reconsideración cuando:
I. El recurrente se desista expresamente;
II. El recurrente fallezca durante la tramitación del recurso, en el caso que la sanción o resolución recurrida sólo afecte a su
persona;
III. Cesen los efectos de la resolución recurrida, y
IV. Durante el trámite del recurso sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 116.
La interposición del recurso podrá suspender la ejecución del acto o resolución recurrida, cuando así lo solicite el recurrente en el
escrito de interposición, conforme a las siguientes reglas:
I. Tratándose de multas e indemnizaciones, si el pago de éstas se garantiza en los términos y plazos previstos en el Código
Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; y
II. Tratándose de otros actos o resoluciones, si la suspensión no trae como consecuencia la consumación o continuación de
actos u omisiones que probablemente impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.
Artículo 117.
Una vez interpuesto el recurso, la Auditoría Superior emitirá dentro de los diez días hábiles siguientes, el acuerdo sobre:
I. La admisión, prevención o desechamiento del recurso;
II. La suspensión del acto o resolución recurrida, en los casos que resulte procedente; y
III. La admisión de las pruebas que resulten procedentes o el desechamiento de plano de aquéllas que no sean ofrecidas
conforme a la presente ley, o que se ofrezcan para demostrar hechos que no sean materia de la controversia o hechos que
no hayan sido argumentados por el recurrente en los agravios.
Artículo 118.
La Auditoría Superior dictará la resolución correspondiente y la notificará en un término no mayor a cuarenta días hábiles contados
a partir de la fecha de interposición del recurso.
La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios y pruebas hechos valer por el
recurrente.
En el caso de que uno solo de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez de la resolución recurrida, bastará con el examen
de dicho punto.
Ante el silencio de la Auditoría Superior, agotado el plazo señalado en el presente artículo, se entenderá confirmada la resolución
que se recurre. En este caso, el recurrente podrá impugnar ante la autoridad competente que corresponda.
Artículo 119.
Las resoluciones que pongan fin al recurso tendrán por efecto:
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I. Declararlo improcedente o sobreseerlo;
II. Confirmar el acto o resolución recurrida;
III. Revocar el acto o resolución recurrida para efectos de emitir una nueva resolución o acto, u ordenar la reposición del
procedimiento;
IV. Modificar el acto o resolución recurrida, ordenando una nueva en la que se mantenga intocado aquello que no fue objeto
de modificación; y
V. Revocar de plano el acto o resolución recurrida.
Artículo 120.
Los recurrentes, para efectos del presente capítulo, podrán consultar los expedientes administrativos correspondientes, así como
obtener copias de los documentos que obren en los mismos.
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
Artículo 121.
Cuando los funcionarios de las entidades o cualquier persona física se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de
comprobación de la Auditoría Superior, ésta podrá indistintamente:
I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
II. Imponer la multa que corresponda en los términos de esta ley;
III. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.
Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de seguridad o policías estatales y/o municipales
deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la Auditoría Superior.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Artículo 122.
Si con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, así como de los informes de avance de gestión
financiera, la Auditoría Superior advierte la comisión de infracciones a las disposiciones de esta ley, tendrá la facultad de imponer
sanciones pecuniarias.
Constituyen infracciones los actos u omisiones por parte de los servidores públicos de las entidades, particulares, personas físicas o
morales que incumplan con las disposiciones de esta ley, así como el incumplimiento a los requerimientos formulados por la
Auditoría Superior que emita para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 123.
Las sanciones correspondientes al presente capítulo se impondrán a los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales
que directamente o indirectamente ejecuten o hayan ejecutado actos o incurran en las omisiones que las hayan originado, así como
en el caso de servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorización a tales actos por
causas que impliquen dolo, culpa o negligencia.
También se aplicarán las sanciones pecuniarias establecidas en este capítulo a los terceros que hubieren contratado obra pública,
bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades, cuando no entreguen la documentación e información que les
requiera la Auditoría Superior para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 124.
Al servidor público, particular, persona física o moral que cometa las infracciones previstas en esta ley, se le impondrán las
siguientes sanciones pecuniarias:
I. Multa de 300 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Estado.
II. Multa del doble de la ya impuesta, en caso de reincidencia, sin perjuicio de promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsabilidades.
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Artículo 125.
Los profesionales de auditoría independientes serán sancionados por la Auditoría Superior con una multa de 300 a 1000 días de
salario mínimo general vigente en el Estado, según la gravedad de la falta y la prohibición de participar en el gobierno del Estado,
cuando incurran en las siguientes causas, independientemente de otras responsabilidades a que dieran lugar:
I. Por no presentar o presentar en forma extemporánea los informes y/o dictámenes técnicos de auditoría;
II. Por no plasmar en sus informes y/o dictámenes las irregularidades que detecten;
III. Por no apegarse a los lineamientos emitidos por la Auditoría Superior;
IV. Por utilizar la información y documentación para fines distintos a los expresamente señalado por la ley, o
V. Por no acatar los requerimientos que les formule la Auditoría Superior.
Artículo 126.
La imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las
multas.
Artículo 127.
Las sanciones pecuniarias a que se refiere este capítulo tendrán el carácter de créditos fiscales a favor de la Auditoría Superior,
haciéndose efectivas por conducto de la Secretaría. El o los responsables contarán con un plazo de quince días hábiles para cubrir
dichas sanciones.
Las resoluciones en las que se impongan las sanciones referidas serán notificadas a el o los responsables, remitiendo un tanto
autógrafo de las mismas a la Secretaría, así como copia de las constancias de notificación, para el efecto de que, si en el plazo
señalado en el párrafo anterior, éstas no son cubiertas, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el procedimiento
administrativo de ejecución.
Una vez que el o los responsables cumplan con la sanción impuesta, deberán acreditar dicha situación ante la Auditoría Superior.
La Secretaría deberá transferir el monto de las sanciones pagadas por el o los responsables dentro de los cinco días hábiles
siguientes al en que fueron cubiertas.
El importe de las sanciones pecuniarias quedará a disposición de la Auditoría Superior como ingreso propio y se destinará a la
formación de fondos de productividad, equipamiento y capacitación del personal que interviene en la fiscalización superior,
conforme a la normatividad que al efecto se expida.
Artículo 128.
Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá de pagar el total de la sanción pecuniaria.
Artículo 129.
Dentro de los límites fijados por esta ley, la Auditoría Superior al imponer sanciones por la comisión de las infracciones señaladas,
deberá fundar y motivar su resolución.
Artículo 130.
La Auditoría Superior tendrá la obligación de llevar el registro de los funcionarios, particulares, personas físicas y personas morales
sancionados, debiéndolo publicar en su página de internet.
Artículo 131.
No se impondrán sanciones pecuniarias cuando se cumpla en forma espontánea con las obligaciones fuera de los plazos señalados
por esta ley o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito, con excepción de la obligación de
presentar la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera dentro de los plazos señalados en la presente ley.
Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso que la omisión sea advertida por la Auditoría Superior o haya
mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por ésta.
Artículo 132.
La Auditoría Superior podrá condonar, a solicitud de parte, las sanciones pecuniarias por infracción a las disposiciones de la
presente ley, tratándose de multas que hayan quedado firmes, siempre que no exceda de cien veces el salario mínimo general
mensual vigente en el Estado, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo al
imponer la sanción, siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.
La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la
Auditoría Superior al respecto no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece esta ley.
32 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
En caso de que la Auditoría Superior otorgue la condonación respectiva, lo hará del conocimiento de la Secretaría para los efectos
legales correspondientes.
Artículo 133.
La Auditoría Superior, al imponer sanciones pecuniarias por la comisión de las infracciones, deberá tener en cuenta lo siguiente:
I. Se considerará como agravante la segunda o posteriores veces que se sancione al responsable por la comisión de una
infracción.
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se de cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes.
b) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de información y/o documentación.
c) Que altere o elimine información registrada en los sistemas informáticos.
III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continua o de tracto sucesivo.
IV. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones de carácter formal a las que correspondan varias multas,
sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.
LIBRO TERCERO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
CAPÍTULO I
DE SUS ATRIBUCIONES
Artículo 134.
A efecto de que la Auditoría Superior cumpla con su función de fiscalización, tendrá además de las atribuciones contenidas en la
presente ley, las siguientes:
I. Informar al Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, y para su debido cumplimiento todo lo relativo a las normas emitidas por el Consejo
Nacional de Armonización Contable;
II. Emitir las disposiciones relativas al archivo, guarda y custodia de los libros y documentos comprobatorios y
justificativos del ingreso, egreso, patrimonio y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la
adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías;
III. Solicitar al Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, la difusión oportuna del contenido integral de las cuentas públicas y de los informes de
avance de gestión financiera;
IV. Emitir su opinión sobre las asignaciones, ampliaciones o variaciones presupuestarias, la adquisición o variaciones de la
deuda pública y todas aquellas decisiones del Congreso que tengan impacto sobre la gestión financiera de las entidades
fiscalizadas;
V. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y actualización, dirigidos a su personal así como al de las entidades
fiscalizadas, a efecto de homologar los conocimientos y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente;
VI. Establecer los criterios para la elaboración, integración, así como para la entrega y recepción de las cuentas públicas y de
los informes de avance de gestión financiera de las entidades fiscalizadas, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables;
VII. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización superior de las
cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera;
VIII. Realizar auditorías de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley, para la fiscalización superior de
las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera;
IX. Verificar que las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera sean presentados en los términos de
esta ley, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 33
X. Evaluar los informes de avance de gestión financiera respecto de los avances físico y financiero de los programas
autorizados, así como la consecución de los objetivos fijados en los planes, atendiendo a los indicadores establecidos en
las disposiciones aplicables;
XI. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los planes y programas conforme a los indicadores
estratégicos aprobados en el presupuesto de las entidades fiscalizadas y los demás establecidos en las disposiciones
aplicables, a efecto de verificar el desempeño de acuerdo con los indicadores y cualquier otro recurso metodológico que
a su juicio permita cumplir con lo dispuesto en esta fracción;
XII. Evaluar la legalidad de los actos que realicen las entidades en el ejercicio de los recursos públicos y calificar la
evaluación de los índices de pobreza en los municipios, de acuerdo a los planes, programas y acciones implementados,
de conformidad con los indicadores establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Organización de las Naciones Unidas y demás
instituciones nacionales e internacionales;
XIII. Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren recaudado, custodiado, manejado, administrado o ejercido recursos
públicos, lo hayan realizado conforme a los planes y programas aprobados y montos autorizados en su presupuesto, así
como las demás disposiciones legales y administrativas aplicables;
XIV. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas, sean acordes con la ley de ingresos o presupuesto de
ingresos de la entidad según corresponda, y con su presupuesto de egresos y se efectúen con apego a las disposiciones
fiscales y demás aplicables;
XV. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados para comprobar que las inversiones y gastos autorizados a las
entidades se hayan aplicado legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los planes y programas
aprobados;
XVI. Requerir a las instancias de control competentes y a los profesionales de auditoría independientes los informes,
dictámenes y papeles de trabajo que se consideren necesarios, de las auditorías por ellos practicadas, así como las
aclaraciones pertinentes y compulsas;
XVII. Solicitar de las instancias de control competentes, en su caso, la información relacionada con el inicio, desahogo y
resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa, y de las sanciones que se hubieren fincado;
XVIII. Requerir por sí, o por conducto de las instancias de control competentes, a terceros que hubieran contratado bienes o
servicios mediante cualquier título legal con las entidades y con cualquier persona física o moral, pública o privada, que
haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de las
cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera;
XIX. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;
XX. Fiscalizar los subsidios que las entidades hayan otorgado a particulares y a cualquier entidad pública o privada,
cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;
XXI. Investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en
el ingreso, egreso, recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de los recursos públicos;
XXII. Efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los libros, documentos y demás información indispensable para
la realización de sus investigaciones, sujetándose a las formalidades establecidas en esta ley y demás leyes aplicables;
XXIII. Requerir a las entidades, terceros con ellas relacionados o profesionales de auditoría independientes, para que
proporcionen en el domicilio de la Auditoría Superior, los libros, documentos y demás información indispensable para el
cumplimiento de sus funciones;
XXIV. Formular observaciones y recomendaciones a las entidades derivadas de las auditorías practicadas;
XXV. Formular y aprobar los pliegos de observaciones y pliegos de recomendaciones, en los términos de esta ley y demás
disposiciones aplicables;
XXVI. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes por el incumplimiento a los requerimientos de
información, cuando se trate de la revisión de las situaciones excepcionales previstas en esta ley;
XXVII. Determinar e imponer las indemnizaciones resarcitorias y sanciones establecidas en esta ley;
34 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
XXVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las resoluciones y sanciones que
aplique;
XXIX. Concertar y celebrar convenios con los gobiernos federal, estatal y municipal, sus organismos y dependencias, personas
físicas o morales, necesarios para el cumplimiento de sus fines;
XXX. Verificar los controles, sistemas y procedimientos de informática, la utilización, eficiencia y seguridad de los equipos de
cómputo, así como el entorno al procesamiento de la información. Así mismo, podrá sugerir mejoras a las entidades
fiscalizadas a fin de lograr una utilización más eficiente y segura de la información que sirva para una adecuada toma de
decisiones;
XXXI. Llevar un registro de los profesionales de auditoría independientes que presten sus servicios a las entidades;
XXXII. Dar crédito al resultado de las revisiones efectuadas por profesionales de auditoría independientes, previa evaluación de
los papeles de trabajo y demás elementos que comprueben la debida realización de los servicios convenidos.
Los servicios a que se refiere el párrafo anterior serán contratados y liquidados por la Auditoría Superior, con
aportaciones recibidas de cada entidad revisada;
XXXIII. Brindar a las entidades servicio de implementación, capacitación y sostenimiento del sistema de contabilidad
gubernamental;
XXXIV. Elaborar y publicar estudios relacionados con las materias de su competencia;
XXXV. Emitir lineamientos para la estandarización de los formatos electrónicos e impresos a utilizar por las entidades
fiscalizadas;
XXXVI. Implementar un sistema de información que permita conocer el grado de cumplimiento y la eficacia en la
implementación de las recomendaciones y su seguimiento, así como de los indicadores relativos al avance, por estos
motivos, en la gestión financiera de las entidades fiscalizadas;
XXXVII. Llevar un registro de las entidades fiscalizadas y particulares, personas físicas o morales a las que se les fincó
responsabilidad resarcitoria, el cual deberá estar disponible en la página de internet de la Auditoría Superior;
XXXVIII. Establecer la coordinación necesaria para la integración y operación del Sistema Nacional de Fiscalización con los
órganos que realicen actividades de control, fiscalización y auditoría gubernamental, ya sea interna o externa, de la
federación, estatal y municipal; y
XXXIX. Las demás que le sean conferidas por esta ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 135. El Auditor Superior tendrá las siguientes facultades:
A. Delegables:
I. Representar legalmente a la Auditoría Superior ante toda clase de autoridades federales, estatales y municipales, así como
ante consejos, comités, grupos de trabajo u otro órgano similar que exista en el sector gubernamental o privado, e
intervenir en los juicios, en los cuales sea parte, con facultades generales y especiales;
II. Administrar los bienes y recursos de la Auditoría Superior y decidir sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles
y la contratación de servicios, así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del
dominio público del Estado, afectos a su servicio.
III. Certificar directamente o a través de las áreas correspondientes, los documentos que obren en los archivos de la Auditoría
Superior y que formen parte de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera de las entidades,
previa solicitud por escrito de las mismas a través del servidor público competente o por autoridad judicial que conozca o
tramite el asunto, fundando y motivando dicha solicitud;
IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, con organismos de
fiscalización que cumplan funciones similares dentro y fuera del Estado y con otros organismos públicos y privados, para
el mejor cumplimiento de sus objetivos;
V. Imponer las multas, indemnizaciones resarcitorias y sanciones previstas en esta ley;
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 35
VI. Aplicar sanciones al personal de la Auditoría Superior por infracciones a la presente ley, al reglamento interior y demás
disposiciones aplicables;
VII. Presentar denuncias y/o querellas en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables, en los casos de presuntas
conductas delictivas de servidores públicos y en contra de particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que
pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daño a la hacienda pública o patrimonio de las entidades, así
como denuncias de Juicio Político de conformidad con lo señalado en la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza;
VIII. Proporcionar, a solicitud de las entidades asesoría y asistencia técnica para la administración y el control de sus recursos,
así como para integrar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera;
IX. Autorizar la publicación de estudios de investigación relacionados con las materias de su competencia;
X. Solicitar el apoyo a las entidades y dependencias del gobierno federal, estatal o municipal para el cumplimiento de sus
funciones;
XI. Emitir los criterios de reserva y confidencialidad de la información propia de la Auditoría Superior, de conformidad con la
ley de la materia;
XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior, en los términos de la Constitución Política del Estado
de Coahuila de Zaragoza, la presente ley, el reglamento interior y demás disposiciones aplicables;
XIII. Realizar auditorías de tecnologías de la información para revisar y evaluar los controles, sistemas y procedimientos de
informática, la utilización, eficiencia y seguridad de los equipos de cómputo, así como el entorno al procesamiento de la
información; así como sugerir mejoras a las entidades fiscalizadas a fin de lograr una utilización más eficiente y segura de
la información que sirva para una adecuada toma de decisiones;
XIV. Realizar auditorías de legalidad con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los
procesos y procedimientos administrativos;
XV. Practicar auditorías para evaluar el desempeño de las entidades fiscalizadas,
XVI. Contratar los servicios de profesionales de auditoría independientes para la práctica de auditorías, cuando así se requiera; y
XVII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento interior y demás disposiciones aplicables.
B. Indelegables:
I. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta ley, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, en el
que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que
habrán de ser suplidos en sus ausencias, debiendo ser publicado dicho reglamento interior en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado;
II. Emitir las disposiciones en materia de ética y conducta, así como para prevención de conflictos de intereses que deberán
observar los servidores públicos de la Auditoría Superior y los profesionales de auditoría independientes habilitados por la
misma;
III. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo, de los libros y documentos
justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica
idónea de las auditorías y revisiones, de conformidad con las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas de
acuerdo con sus características de operación;
IV. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de
la Auditoría Superior y remitirlos para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
V. Emitir la normatividad correspondiente para la baja, devolución o destrucción de la documentación que obre en sus
archivos, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia;
VI. Nombrar y remover libremente al personal técnico y de apoyo adscrito a la Auditoría Superior, con excepción del personal
que sea parte del servicio fiscalizador de carrera;
VII. Ser el enlace entre la Auditoría Superior y la Comisión;
36 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
VIII. Aprobar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones durante el primer trimestre del ejercicio y difundirlo en la
página de internet de la Auditoría Superior, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así mismo, deberá
remitirlo a la Comisión para su conocimiento;
IX. Entregar al Congreso, el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior, por conducto de la Comisión, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
X. Resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y resoluciones que emita la Auditoría
Superior;
XI. Otorgar a funcionarios de la Auditoría Superior, poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de
administración con todas las facultades aun las que requieren poder especial conforme a la ley, para presentar denuncias
y/o querellas, además para sustituir sus facultades de actos de administración y pleitos y cobranzas, para desistirse de
amparos, denuncias y/o querellas, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito. El poder podrá ser ejercido ante
particulares y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales;
XII. Emitir las normas y manuales necesarios para establecer los criterios bajo los cuales, los profesionales de auditoría
independientes, deberán presentar los dictámenes y papeles de trabajo correspondientes a las auditorías practicadas;
XIII. Elaborar un informe anual de actividades y del estado que guardan las cuentas públicas de las entidades, y publicarlo
durante el mes de abril del año inmediato posterior a aquél del cual se informa, en la página de internet de la Auditoría
Superior, debiendo remitirlo a la Comisión para su conocimiento;
XIV. Recibir de la Comisión los informes de avance de gestión financiera y las cuentas públicas para su revisión y fiscalización;
XV. Entregar al Congreso por conducto de la Comisión, el Informe Anual de Resultados a más tardar el 15 de diciembre del
año siguiente al ejercicio fiscalizado y hacer público dicho informe;
XVI. Entregar al Congreso por conducto de la Comisión, el informe de los resultados de las revisiones por situaciones
excepcionales previstas en esta ley, y
XVII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento interior y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DE SU PATRIMONIO
Artículo 136.
El patrimonio de la Auditoría Superior se integrará por:
I. Los ingresos que se le asignen en el presupuesto anual de egresos del Gobierno del Estado;
II. Las aportaciones que reciba por parte de las entidades;
III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba del gobierno federal, estatal o municipal;
IV. Los bienes muebles e inmuebles que le destinen o entreguen, para el cumplimiento de su objeto, el gobierno federal,
estatal o municipal, así como aquellos que adquiera por cualquier título; y
V. Los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal.
Artículo 137. Las entidades aportarán hasta el 0.5% de sus ingresos totales a la Auditoría Superior para cubrir las erogaciones realizadas con
motivo de los servicios a que se refiere el artículo 134, fracción XXXIII de esta ley.
Las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior serán retenidas a las entidades por la Secretaría y enteradas mensualmente a la
Auditoría Superior.
CAPÍTULO III
DE SU ORGANIZACIÓN
Artículo 138.
La Auditoría Superior estará integrada por:
I. El Auditor Superior;
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 37
II. Auditores Especiales;
III. Titulares de Unidad;
IV. Directores Generales;
V. Directores de Área;
VI. Subdirectores;
VII. Auditores;
VIII. Auxiliares;
IX. Asesores, y
X. Demás personal técnico y de apoyo que al efecto señale el Reglamento Interior de conformidad con el presupuesto
autorizado.
El mismo Reglamento Interior comprenderá la designación, atribuciones, remoción y demás disposiciones relativas a la estructura
organizacional descrita en el presente artículo.
Artículo 139.
El personal de la Auditoría Superior descrito en el artículo anterior, durante el ejercicio de su cargo, tendrá prohibido:
I. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o
promoción partidista, y
II. Desempeñar otro empleo o cargo en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones
científicas, artísticas o de beneficencia, y los remunerados en el ámbito de la docencia.
Artículo 140.
El Titular de la Auditoría Superior será el Auditor Superior, quien tendrá a su cargo su representación institucional, su
administración y gobierno interior.
Artículo 141.
Quien aspire al cargo de Auditor Superior, deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;
III. Ser vecino del Estado, con residencia de cuando menos tres años;
IV. Poseer al día de su designación, título y cédula profesional en Contaduría Pública, Economía, Derecho, Administración u
otra área afín a la gestión y control de recursos públicos, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para
ello;
V. Tener reconocido prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica no menor a cinco años en la recaudación,
administración, manejo, aplicación o fiscalización de recursos públicos;
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite
pena privativa de libertad, ni haber sido inhabilitado de la función pública;
VII. No haber sido ministro de culto religioso durante los tres años anteriores al día de la designación;
VIII. No haber sido Titular del Poder Ejecutivo, Presidente de la Junta de Gobierno, Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Secretario del Ramo de la Administración Pública Estatal, Procurador del Estado o similar, Consejero
o su equivalente de alguno de los organismos públicos autónomos o Tesorero Municipal, dentro de los tres años previos al
día de la designación;
IX. No haber ocupado un cargo de elección popular o de dirección en algún partido político dentro de los tres años anteriores
al día de la designación, y
X. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta tercer grado con los titulares de los Poderes del Estado o Secretarios
del Ramo.
Artículo 142.
El titular de la Auditoría Superior será designado por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes de la Legislatura,
de una terna que al efecto formule la Comisión, de conformidad con el procedimiento siguiente:
38 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
I. La Comisión expedirá la convocatoria pública correspondiente, treinta días naturales antes de que termine el encargo el
Auditor Superior en funciones.
II. La convocatoria será abierta y dirigida a todos los ciudadanos residentes en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que
cumplan con los requisitos señalados en el artículo anterior.
III. La convocatoria contendrá, al menos, los requisitos de elegibilidad, los documentos para acreditarlos, los plazos para la
inscripción de los candidatos, los sujetos que pueden presentarlas, el procedimiento para la entrevista ante la Comisión, los
términos para realizar el dictamen respectivo y para elevar la terna definitiva al Pleno del Congreso, así como el
procedimiento que se seguirá para la designación del Auditor.
IV. La Convocatoria será publicada en las páginas de internet del Congreso, de la Auditoría Superior y cuando menos en dos
periódicos de mayor circulación en el Estado y en el Periódico Oficial del Estado.
V. Los interesados deberán presentar su solicitud y los documentos solicitados dentro de un plazo de diez días naturales
contados a partir de la publicación de la Convocatoria.
VI. Dentro de los cinco días naturales siguientes al vencimiento del plazo establecido en la fracción anterior, la Comisión
revisará las solicitudes y la documentación presentada y procederá a entrevistar en acto público y por separado a cada uno
de los candidatos.
VII. Concluido el plazo anterior, la Comisión dentro de los diez días naturales siguientes analizará las solicitudes de los
aspirantes y determinará quiénes reúnen los requisitos señalados en la convocatoria y procederá a la designación de los
candidatos.
VIII. Una vez realizadas las entrevistas y la designación de los candidatos, la Comisión, dentro de los tres días naturales
siguientes, formulará su dictamen con la terna propuesta al Pleno del Congreso, entre los candidatos mejor evaluados.
IX. De la terna propuesta, el Pleno del Congreso designará por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes de
la Legislatura, al Auditor Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien protestará su cargo ante el mismo Pleno del
Congreso.
En los recesos del Congreso, será la Diputación Permanente la que proceda a la designación, que será provisional, mientras el Pleno
del Congreso no otorgue la aprobación definitiva.
Artículo 143.
En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los
Diputados presentes de la Legislatura, dentro de los diez días hábiles siguientes, la Comisión someterá una nueva terna entre los
candidatos que hubiesen presentado su solicitud.
Si en tres ocasiones consecutivas ningún candidato de las ternas propuestas obtiene la votación señalada en el párrafo anterior, el
Pleno del Congreso elegirá a aquel que deba ocupar el cargo de Auditor Superior, por mayoría simple.
Artículo 144.
El Auditor Superior durará en el encargo ocho años y podrá ser ratificado nuevamente para un segundo periodo, por una sola vez.
Artículo 145.
Quien ocupe el cargo de Auditor Superior podrá ser ratificado para un segundo periodo por el Congreso. Para este efecto, tres
meses antes de concluir el primer periodo del Auditor Superior, la Comisión coordinará los trabajos de evaluación de su gestión y
someterá a consideración del Congreso el dictamen respectivo, a efecto de que éste resuelva, por el voto de las dos terceras partes
de los Diputados presentes de la Legislatura, sobre la procedencia de la ratificación.
Si concluido el periodo para el que fue nombrado, el Congreso no resolviera sobre la procedencia de la ratificación del Auditor
Superior, éste continuará en el cargo por un segundo periodo.
Artículo 146.
El Auditor Superior será inamovible y sólo podrá ser separado de su cargo por las siguientes causas graves:
I. Ubicarse en cualquiera de los supuestos de prohibición establecidas en el artículo 139 de esta ley;
II. Sustraer, destruir, ocultar, divulgar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo
tenga a su cuidado, custodia o acceso;
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 39
III. Incumplir con la obligación de determinar los daños y perjuicios y de fincar las sanciones en los casos que prevé esta ley,
y con la de formular las denuncias y/o querellas respectivas cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad
como consecuencia de las revisiones e investigaciones que haya realizado;
IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización del Congreso;
V. Abstenerse de presentar sin causa justificada el Informe Anual de Resultados al que se refiere el artículo 62 de esta ley;
VI. Aceptar la injerencia de terceros en el ejercicio de sus funciones y, por estas circunstancias, conducirse con parcialidad
comprobada;
VII. Incapacidad legal para ejercer su encargo, y
VIII. Influir por interés propio, en la contratación de profesionales de auditoría independientes, que cumplan funciones de
revisión o fiscalización de cuentas públicas.
La remoción del Auditor Superior se hará en lo conducente, de acuerdo al procedimiento relativo al Juicio Político y a la
Declaratoria de Procedencia Penal en términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza. La designación de
quien ocupe el cargo, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Artículo 147.
El Auditor Superior será suplido en sus ausencias temporales por un Auditor Especial, en el orden que señale el reglamento interior.
En caso de ausencia definitiva, la Comisión dará cuenta al Congreso para que se haga nueva designación, en los términos de esta
ley.
Artículo 148.
El Auditor Superior deberá continuar en su encargo hasta que sea nombrado su sucesor, salvo autorización expresa por mayoría del
Congreso para retirarse del cargo, en cuyo caso será suplido por quien legalmente corresponda.
Artículo 149.
El Auditor Superior no podrá ser reconvenido por las opiniones emitidas en el ejercicio de su función, ni por el sentido de sus
informes, observaciones, recomendaciones, acciones o resoluciones.
Artículo 150.
Los Auditores Especiales, los Titulares de Unidad y los Directores Generales serán nombrados por el Auditor Superior, deberán
reunir los requisitos que para tal efecto establezca el reglamento interior y se clasificarán como trabajadores de confianza, y se
regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones
aplicables.
Los demás servidores públicos serán designados mediante el servicio fiscalizador de carrera.
Artículo 151.
El Auditor Superior podrá delegar expresamente sus facultades en los servidores públicos de la Auditoría Superior, salvo las
facultades indelegables señaladas en el artículo 135, apartado B de esta ley. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se
adscriban unidades y órganos administrativos se publicarán en el Periódico Oficial del Estado.
CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA
Artículo 152.
La Auditoría Superior contará con un Servicio Fiscalizador de Carrera, dirigido a la objetiva y estricta selección de sus servidores
públicos, su constante profesionalización, y su permanencia y estabilidad bajo los principios de legalidad, eficacia, honradez,
imparcialidad y excelencia.
Artículo 153.
La Auditoría Superior emitirá un estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera que deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado y en su página de internet, en el cual establecerá como mínimo lo siguiente:
I. Las plazas y categorías que integran el servicio;
II. Los procedimientos y requisitos para el ingreso al servicio;
III. Los procedimientos y requisitos para las promociones y permanencia de sus integrantes;
40 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
IV. Los derechos y obligaciones de los servidores públicos del servicio;
V. Los procedimientos y requisitos para la capacitación, actualización y aplicación de la evaluación del desempeño para los
servidores públicos de carrera;
VI. Las causas de separación del servicio;
VII. Los medios de impugnación;
VIII. Los órganos del servicio y sus atribuciones, y
IX. Las demás normas relativas a la planeación, organización, operación, desarrollo control y evaluación del sistema del
Servicio Fiscalizador de Carrera.
Artículo 154.
La Auditoría Superior emitirá las disposiciones en materia de ética y conducta, así como para prevención de conflictos de intereses
que deberán observar los servidores públicos de la Auditoría Superior y los profesionales de auditoría independientes habilitados
por la misma y deberán publicarse en su página de internet.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DEL ESTADO
Artículo 155.
La Comisión tendrá por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso del Estado y la Auditoría Superior, y constituirá el enlace
que permita garantizar la debida comunicación entre ambos órganos, así como vigilar y evaluar el desempeño de esta última en los
términos de la presente ley.
Para los efectos del párrafo anterior, la Comisión podrá evaluar bajo los principios de objetividad, transparencia y máxima
publicidad, el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a
través de los mecanismos e indicadores que resulten aplicables.
Artículo 156.
En materia de coordinación con la Auditoría Superior, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:
I. Ser el conducto de coordinación y comunicación entre el Congreso y la Auditoría Superior;
II. Recibir de la Auditoría Superior el Informe Anual de Resultados, así como los demás informes que ésta emita;
III. Conocer los criterios, bases, circulares y normas de evaluación que emita la Auditoría Superior para la fiscalización de las
cuentas públicas anuales de los entes fiscalizados;
IV. Recibir el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que para el debido cumplimiento de sus funciones y
atribuciones, elabore la Auditoría Superior, así como sus modificaciones;
V. Recibir el informe anual de actividades y del estado que guardan las cuentas públicas de las entidades que elabore la
Auditoría Superior;
VI. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico el Informe Anual de Resultados de la fiscalización de las cuentas
públicas;
VII. Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado;
VIII. Conocer el proyecto de presupuesto elaborado por la Auditoría Superior;
IX. Proveer lo necesario a la Auditoría Superior para que pueda cumplir con las funciones que le confiere la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y esta ley;
X. Presentar al Congreso la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior;
XI. Coordinar los trabajos de evaluación de la gestión del Auditor Superior con el fin de someter a la consideración del
Congreso su ratificación en los términos del artículo 145 de la presente ley;
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 41
XII. Recibir de la Auditoría Superior los informes de seguimiento de las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas;
XIII. Recibir las denuncias por situación excepcional, dictaminar su procedencia y, en su caso, solicitar a la Auditoría Superior
para que por sí o por conducto de las instancias de control competentes, se practiquen las revisiones por situaciones
excepcionales en los términos de la presente ley, y,
XIV. Las demás que establezca esta ley y las demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
Artículo 157.
La Auditoría Superior establecerá la coordinación y colaboración necesaria, a través del Sistema Nacional de Fiscalización, con
todos aquellos órganos que realicen actividades de control, fiscalización y auditoría gubernamental, ya sea interna o externa, de la
federación, de los estados o municipios, con el objeto de:
I. Estandarizar el ejercicio de la auditoría gubernamental que se practica en el Estado, tanto por la Auditoría Superior, la
Auditoría Superior de la Federación, los órganos de control interno que correspondan y los profesionales de auditoría
independientes que sean contratados;
II. Garantizar la estricta observancia y aplicación de las normas, sistemas, métodos y procedimientos de contabilidad
gubernamental y archivo integral, así como definir normas de control interno como referente técnico para su
implementación;
III. Homogeneizar criterios para emitir observaciones y recomendaciones, así como para la solventación, atención y
seguimiento de las mismas;
IV. Intercambiar información en materia de fiscalización, control y auditoría gubernamental;
V. Capacitar al personal que realiza funciones de auditoría y fiscalización;
VI. Coordinar y colaborar en la práctica de visitas a las entidades fiscalizadas, a fin de evitar el ejercicio simultáneo de las
funciones de auditoría o de control en lo concerniente a la fiscalización de las cuentas públicas;
VII. Otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones, y
VIII. Facilitar la información y/o documentación que les solicite la Auditoría Superior sobre los resultados de la fiscalización
que realicen o cualquier otra que se les requiera.
CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Artículo 158.
La Auditoría Superior podrá fiscalizar los recursos federales que administre o ejerza el Estado o los municipios en los términos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Para tal efecto, la Auditoría Superior podrá celebrar convenios con la Auditoría Superior de la Federación, con el objeto de
colaborar en la verificación de la correcta aplicación de los recursos públicos federales recibidos por el Estado de Coahuila de
Zaragoza y sus municipios, conforme a los lineamientos técnicos que señale la misma Auditoría Superior de la Federación y el
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.
Artículo 159.
La Auditoría Superior deberá presentar un informe de las auditorías que realice correspondiente al Programa para la Fiscalización
del Gasto Federalizado, en los términos y condiciones señaladas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación.
Artículo 160.
Los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado que reciba la Auditoría Superior se deberán destinar
exclusivamente para actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de recursos públicos federales.
Los recursos que al final del ejercicio no hayan sido devengados por la Auditoría Superior, deberán concentrarse invariablemente
en la Tesorería de la Federación.
42 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
Artículo 161.
La Auditoría Superior deberá publicar, en su página de internet, informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, en los términos que establezcan las reglas de operación del mismo.
Artículo 162.
El Auditor Superior, con sujeción a los convenios celebrados, acordará la forma y términos en que el personal a su cargo realizará
la fiscalización de los recursos públicos federales transferidos al Estado y municipios. Lo anterior podrá ser previsto en el programa
anual de auditorías, visitas e inspecciones, que para tal efecto elabore la Auditoría Superior.
Artículo 163.
Cuando la Auditoría Superior detecte irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública federal, deberá hacerlo del
conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación dentro de los diez días hábiles siguientes, para que proceda conforme a lo
dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y con independencia de las sanciones que imponga a
los responsables de dichas irregularidades derivadas de los procedimientos administrativos de su competencia.
Artículo 164.
Las entidades fiscalizadas que administren o ejerzan recursos públicos federales deberán llevar el control y registro contable,
patrimonial y presupuestario de dichos recursos de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás
disposiciones aplicables.
TÍTULO TERCERO
DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 165.
La Auditoría Superior contará con las áreas de transparencia y acceso a la información pública, de conformidad con lo que
establece la ley de la materia. En su caso, dichas áreas deberán clasificar como reservada su información pública, según las
disposiciones aplicables.
Artículo 166.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior, de las instancias de control competentes de las entidades, los profesionales de
auditoría independientes contratados para la práctica de las auditorías y el Congreso, deberán guardar estricta reserva sobre la
información y los documentos que conozcan con motivo del objeto de esta ley; en caso de incumplimiento, serán responsables de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 167.
La Auditoría Superior será responsable solidaria de los daños y perjuicios que en términos de este capítulo, causen los servidores
públicos de la misma y los profesionales de auditoría independientes contratados para la práctica de auditorías, sin perjuicio de que
la Auditoría Superior promueva las acciones legales que correspondan en contra de los responsables.
Artículo 168.
La Auditoría Superior tendrá acceso a la información y/o documentación que las disposiciones legales consideren como de carácter
reservado y/o confidencial, cuando esté relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los
recursos públicos y tendrá la obligación de mantener la misma reserva de acuerdo con las disposiciones aplicables.
Artículo 169.
La Auditoría Superior sólo podrá revelar la información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, al
Ministerio Público, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o, en su caso, a las partes que participen en un procedimiento
resarcitorio.
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 170.
La sociedad civil podrá participar en la labor de fiscalización que realiza la Auditoría Superior. Para ello, podrá presentar
peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas ante la Comisión, quien las turnará a la Auditoría Superior.
La Auditoría Superior podrá considerar las peticiones, solicitudes y denuncias en el programa anual de auditorías, visitas e
inspecciones. En caso de incluir alguna entidad en el programa por este motivo, los resultados de la revisión practicada formarán
parte del Informe Anual de Resultados.
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 43
Artículo 171.
La sociedad en general podrá formular ante la Comisión, opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la
fiscalización que lleva a cabo la Auditoría Superior, con objeto de contribuir y participar en el mejoramiento de la función de
fiscalización superior que ejerce.
Artículo 172.
La Auditoría Superior promoverá los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de
cuentas de las entidades fiscalizadas y de la propia Auditoría Superior.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de febrero de 2013 y sus respectivas reformas; asimismo, se derogan todas
las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los procedimientos administrativos y los asuntos que a la entrada en vigor de la presente ley se
encuentren en trámite, continuarán su desarrollo conforme a la ley que se abroga.
Los informes de avance de gestión financiera correspondientes al ejercicio 2014, así como la cuenta pública de dicho
ejercicio, serán revisados y fiscalizados de conformidad con las disposiciones establecidas en el presente decreto.
ARTÍCULO CUARTO.- El actual Auditor Superior del Estado continuará en funciones hasta en tanto el Congreso designe
a quien deba ocupar el cargo.
Para tal efecto, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión llevará a
cabo el procedimiento para la designación del Auditor Superior establecido en el artículo 142 del mismo, y el Congreso
nombrará a quien deba ocupar el cargo. El actual Auditor Superior podrá participar en dicho procedimiento; en ese caso,
deberá comunicarlo y solicitar licencia para separarse del cargo durante el mismo y será suplido por el servidor público que
establezca el reglamento interior vigente.
ARTÍCULO QUINTO.- La Auditoría Superior deberá emitir un nuevo reglamento interior conforme a las disposiciones de
esta ley, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la misma.
ARTÍCULO SEXTO.- Las relaciones laborales correspondientes a servidores públicos distintos de los Auditores
Especiales, Titulares de Unidad y Directores Generales, tendrán el mismo tratamiento previsto en la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de febrero
de 2013, en tanto entren en vigor las disposiciones aplicables al Servicio Fiscalizador de Carrera.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes y reglamentos a la
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se entenderán hechas a la Ley de Rendición de
Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cuatro
días del mes de noviembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
44 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Noviembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 623.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se modifica el Artículo 12 de la Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el
ejercicio fiscal 2014, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 12.- Los ingresos previstos en este Ley se incrementarán en función de los montos y conceptos de
endeudamiento autorizados en los Decretos números 534, 536 y 109 a que se refieren los artículos 6 y 7 de la presente Ley de
Ingresos para el ejercicio fiscal 2014, así como en función de los montos y conceptos de endeudamiento autorizados en el
Decreto número 596, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 81, de fecha 10 de octubre de 2014.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el artículo 19 del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para
el Ejercicio Fiscal 2014, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 19.- Las erogaciones previstas en el artículo 1° de este Presupuesto de Egresos, se incrementarán conforme a lo
seña0lado en el artículo 12 de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014 y en los Decretos número 534,
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado N° 66, en fecha 19 de agosto de 2011; en el Decreto número 536
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado N° 77, en fecha 29 de septiembre de 2011; en el Decreto número
109 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado N° 90, de fecha 09 de noviembre de 2012, así como en el
Decreto número 596, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado N° 81, de fecha 10 de octubre de 2014. Los
montos correspondientes deberán ser estrictamente aplicados a las inversiones públicas productivas que se señalan en el
Decreto respectivo.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014, el Titular del Poder Ejecutivo
informará al Congreso del Estado, los montos conceptos y partidas objeto de modificación en el Presupuesto de Egresos del
Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos de lo autorizado en el presente Decreto, se deroga todo aquello que, conforme a
la legislación estatal, se oponga al mismo.
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 45
ARTÍCULO CUARTO.- Los ingresos derivados del financiamiento autorizado en el Artículo tercero del Decreto número
596, publicado en el Periódico Oficial del Estado N°81, de fecha 10 de octubre de 2014, que no hayan sido ejercidos durante
el ejercicio fiscal 2014, podrán contemplarse en las leyes de ingresos de los posteriores ejercicios fiscales, según
corresponda.
ARTÍCULO QUINTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cinco
días del mes de noviembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
ELVIA GUADALUPE MORALES GARCÍA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
NORBERTO RÍOS PÉREZ
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Noviembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 624.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que otorgue una pensión vitalicia a favor de la C. Sara
Jiménez Vernís, por la cantidad de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La pensión establecida en el artículo precedente, tendrá el incremento en la misma proporción al
porcentaje de aumento que en el futuro se autorice para los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaria de Finanzas pagará la pensión con cargo a la partida correspondiente del
Presupuesto de Egresos del Estado y se faculta para que periódicamente verifique su condición vitalicia.
46 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los cinco
días del mes de noviembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JOSÉ REFUGIO SANDOVAL RODRÍGUEZ
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
ELVIA GUADALUPE MORALES GARCÍA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
NORBERTO RÍOS PÉREZ
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 10 de Noviembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN Y
RENDICIÓN DE CUENTAS
JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
(RÚBRICA)
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de
las facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII y 85 párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, así como los artículos 2, 6 y 9 apartado A, fracción XIV, 39 fracción I y 40, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, y
C O N S I D E R A N D O
Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la educación es factor del progreso y la fuente de
oportunidades para el bienestar individual y colectivo; entre sus estrategias destacan la ampliación de la cobertura, la
diversificación y flexibilización de la oferta de educación superior en el país, a fin de lograr una mejor atención respecto de
las necesidades individuales y los requerimientos laborales de los mexicanos.
Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se Reforman los
párrafos cuarto, sexto y octavo del articulo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y
se adicionan un párrafo séptimo al artículo 27; un párrafo octavo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia Energética, el cual establece como objetivos el detonar el potencial de la economía mexicana
para crear empleos de calidad, reducir los costos de la energía y aumentar los ingresos del Estado, para canalizarlos a
programas sociales, a invertir en los recursos humanos que requiere el país y a un fondo de ahorro de largo plazo en favor de
las futuras generaciones.
martes 11 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 47
Que con el objeto de cumplir el citado mandato constitucional, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila,
modifica su Decreto de creación a fin de estar en condiciones jurídicas de celebrar convenios, contratos o cualquier otro
instrumento jurídico con el sector público, social y privado, que permita beneficios académicos a los educandos, así como
establecer un marco curricular adecuado para este tipo educativo, que otorgue a los alumnos un mejor conocimiento en
materia de medio ambiente, recursos naturales, eléctrico e hidrocarburos al momento de poner en práctica sus conocimientos
en el ámbito laboral.
Que las Instituciones Educativas, particularmente las Universidades Tecnológicas, asumirán un papel trascendental en la
generación de profesionistas con perfiles especializados en las materias de geología, exploración, explotación, producción y
distribución de hidrocarburos, educación ambiental, así como las enseñanzas en el uso sustentable de recursos naturales, que
permitan el establecimiento de programas de investigación científica geotérmica e hidráulica.
Que a fin de modificar el Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila, con los
requerimientos y directrices de la Reforma Energética, el Ejecutivo del Estado, ha tenido a bien emitir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN V DEL DECRETO QUE CREA LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CENTRO DE COAHUILA.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 3, fracción V del Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica de la
Región Centro de Coahuila publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de tres de junio del 2002.
Articulo 3. …
I. a IV. …
V.- Planear, formular, desarrollar y operar programas y acciones de investigación tecnológica y servicios tecnológicos,
prestar servicios de asesorías, apoyo administrativo y técnico, capacitación técnica, elaboración y desarrollo de proyectos de
ingeniería aplicables al sector petrolero, energético, metalmecánico y otros, además supervisión, estudios y actividades en
materia de seguridad, salud y medio ambiente, estudios y desarrollo de proyectos geológicos, así como exploración,
explotación y producción de hidrocarburos y servicios diversos al sector público, social y privado;
VI. a XV. …
T R A N S I T O R I O S
UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
DADO en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los diecisiete días del mes de
octubre de 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE COAHUILA DE ZARAGOZA
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
(RÚBRICA)
48 PERIODICO OFICIAL martes 11 de noviembre de 2014
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
ARMANDO LUNA CANALES Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial
ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados
por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:
I. Avisos judiciales y administrativos:
1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.);
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.30 (UN PESO 30/100 M.N.).
II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o
venta, $544.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);
III. Publicación de balances o estados financieros, $739.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.);
IV. Suscripciones:
1. Por un año, $2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
2. Por seis meses, $1,012.00 (MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)
3. Por tres meses, $534.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
V. Número del día, $22.00 (VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.);
VI. Números atrasados hasta 6 años, $76.00 (SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.);
VII. Números atrasados de más de 6 años, $152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); y
VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $272.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N.).
IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $544.00 (QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);
Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2014.
El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias
cuando el trabajo así lo amerite.
Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: [email protected]
PRIMERA SECCION
TOMO CXXI Saltillo, Coahuila, viernes 14 de noviembre de 2014 número 91
REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO
<
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial
ARMANDO LUNA CANALES Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial
I N D I C E
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO que reforma el Decreto por el que se crea la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior de
Coahuila.
1
DECRETO que reforma el Decreto que crea la Comisión para la Planeación y Programación de la Educación Media
Superior para el Estado de Coahuila
5
DECRETO mediante el cual se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión Estatal de Seguridad y
Cuerpos Policiacos correspondientes, sobre la aplicación de las Recomendaciones emitidas por Amnistía Internacional.
10
DECRETO por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el
Estado de Coahuila de Zaragoza
13
CONVOCATORIA para la designación del Auditor Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
18
CERTIFICACIÓN del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila mediante el cual se implementan Certificados de
Promoción Fiscal en el pago del Impuesto Predial para los meses de Noviembre y Diciembre de 2014.
22
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII y 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza; 2, 4, 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza; y
C O N S I D E R A N D O
Que las Comisiones de Planeación de la Educación Superior, surgen por la necesidad de consolidar este nivel educativo en el país,
integrando treinta y un Comisiones a lo largo de la República y su principal función es ser un órgano de consulta, para la
evaluación y mejora de la educación superior, con el consenso de todos los agentes que intervienen en el Sistema de Educación
2 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
Superior y lograr con ello que este nivel educativo sea más flexible, mejor articulado, con mayor cobertura, calidad, pertinencia y
equidad; es por ello la importancia de la constitución y reactivación de estas Comisiones, a fin de realizar un marco común de
Educación Superior, orientado a las necesidades del Estado.
En este mismo tenor, los artículos 11 y 13 de la Ley de Coordinación para la Educación Superior, son el marco que le dan sustento
a estas Comisiones y señalan que “… A fin de desarrollar la educación superior en atención a las necesidades nacionales,
regionales y estatales y a las necesidades institucionales de docencia, investigación y difusión de la cultura, el Estado proveerá a la
coordinación de este tipo de educación en toda la República, mediante el fomento de la interacción armónica y solidaria entre las
instituciones de educación superior y a través de la asignación de recursos públicos disponibles destinados a dicho servicio,
conforme a las prioridades, objetivos y lineamientos previstos por esta ley…” y “…Para los fines de la coordinación de la
educación superior, la Federación, los Estados y los Municipios considerarán la opinión de las instituciones de educación superior,
directamente y por conducto de sus agrupaciones representativas..” y a fin de dar cabal cumplimiento a estas disposición jurídicas,
se publicó en fecha 15 de abril de 2003, en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto que crea la
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, como un órgano colegiado de consulta de la política a la que se debe
sujetarse la Educación Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Que en fecha 30 de noviembre de 2007, las Entidades Federativas y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación
Pública, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación para el Fortalecimiento de las Comisiones Estatales para la Planeación
de la Educación Superior, en el cual se estipula en su cláusula Cuarta fracción I, la obligación de los Gobiernos Estatales de revisar,
y en su caso afinar los aspectos normativos que le den sustento a estos órganos colegiados, promoviendo en su caso, la expedición
o actualización de disposiciones jurídicas que fortalezcan su existencia o desempeño.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, en sus objetivos 3.5.1 y 4.1.1 señalan que la presente administración estatal adecuará
y actualizará el marco jurídico a las nuevas circunstancias sociales y económicas que predominen en el Estado, por ello la
necesidad de reformar este cuerpo normativo, a fin de que sea más eficiente y eficaz en la toma de decisiones y con ello se pueda
elaborar una política de calidad para la Educación Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Considerando todo lo expuesto anteriormente y en pro de la administración pública, he tenido a bien a emitir el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA
PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE COAHUILA.
ÚNICO.- Se modifican la denominación del capítulo tercero y los artículos 3 fracción I, 5, 6 fracciones I, III, IV y IX, 8 fracciones
I y IV, 10 fracciones VI y VII, párrafos primero y tercero del artículo 13,14 fracción II, 15 fracciones VII y X, 17 fracciones I y III,
18, 19 fracción III, 20 fracción II, 21 y 22; se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XIV al artículo 6, las fracciones VI, VII, VIII,
IX y X al artículo 8, las fracciones VIII, IX, X y XI, al artículo 10 y un cuarto párrafo al artículo 13; se derogan los artículos 9 y 23
del Decreto que crea la Comisión para la Planeación de la Educación Superior, para quedar como sigue:
Artículo 3.- …
I. Formular en la esfera de su competencia y mantener actualizado en los términos de este decreto, el Programa Estatal
de Educación Superior;
II a III….
Artículo 5. …
I. Un Presidente, que será el o la Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza;
II. Un Secretario Técnico, que será el o la Titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de
Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza;
III. Por once vocales, que se distribuirán de la siguiente manera:
a) El o la Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
b) El o la Titular de la Subsecretaría de Planeación Educativa;
c) Una o un representante de las Universidades Públicas que se encuentren en el Estado;
d) Una o un representante de los Institutos Tecnológicos que se encuentren en el Estado;
e) Una o un representante de las Universidades Tecnológicas que se encuentren en el Estado;
f) El o la Titular de la Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente;
g) Dos representantes de las Instituciones Privadas de Educación Superior que se encuentren en el Estado;
h) Una o un representante de las Universidades Politécnicas que se encuentren en el Estado;
i) Dos representantes del Sector Productivo de la Región;
Los cargos de los integrantes de la Asamblea General, podrán renovarse cada ciclo escolar, cuando así lo considere la mayoría de
los miembros de la Asamblea General, salvo los Titulares de la Presidencia y de la Secretaría Técnica.
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 3
Los miembros de la Asamblea General podrán designar un suplente que los representará en sus ausencias temporales, siempre y
cuando lo acrediten con oficio de suplencia.
En caso de empate en una votación, el Presidente tendrá el voto de calidad.
Artículo 6. …
I. Revisar, y en su caso aprobar para los efectos previstos en este decreto, el proyecto del Programa Estatal de Educación Superior;
II. …
III. Otorgar facultades al o la Titular de la Presidencia para el correcto desempeño de sus funciones;
IV. Autorizar por escrito al o la Titular de la Presidencia para que en su representación suscriba los convenios y acuerdos de
coordinación y colaboración;
V a la VIII. …
IX. Aprobar los informes trimestrales y anuales de labores de la COEPES y demás órganos que la conforman;
X. …
XI.- Fungir como un Comité Técnico Consultivo en el nivel de Educación Superior en lo concerniente al Reconocimiento de
Validez Oficial, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Estatal de Educación;
XII.- Emitir una opinión técnica para la aprobación de los cambios en los planes, programas y en la curricula en las Instituciones de
Educación Superior;
XIII. Establecer la periodicidad en la cual el Comité Técnico Consultivo de la Asamblea General, deba de reunirse;
XIV. Las demás que le confiera este Decreto u otras disposiciones aplicables.
Artículo 8. El o la Titular de la Presidencia de la Asamblea General tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. Convocar a través de la Secretaría Técnica a los integrantes de la Asamblea General a las sesiones que se
desarrollarán conforme al orden del día que para tal efecto se elabore.
II a III …
IV. Suscribir en conjunto con los integrantes asistentes de la Asamblea que asistan a las sesiones, las actas que se levanten
de las mismas;
V. …
VI. Representar a la COEPES ante toda clase de autoridades e instituciones u organizaciones de los sectores público,
social y privado;
VII. Proponer a los integrantes de la Asamblea General el análisis de los asuntos que estime necesarios;
VIII. Emitir opiniones que le sean solicitadas, así como proporcionar la información que, para el cumplimiento del objeto
de la COEPES, resulte necesaria;
IX. Gestionar el presupuesto para la operación y funcionamiento de la COEPES;
X. Las demás que le confiere este Decreto u otras disposiciones aplicables.
Artículo 9. Se deroga.
Artículo 10. El o la Titular de la Secretaría Técnica tendrán las atribuciones y obligaciones siguientes:
I a V…
VI. Mantener informado al o la Titular de la Presidencia de los trabajos del Comité Técnico Consultivo y Comisiones de
Trabajo.
4 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
VII. Presentar ante la Asamblea General los proyectos que requieren su aprobación.
VIII. Proponer el programa anual de trabajo de la COEPES, así como las fechas y sedes de las reuniones.
IX. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre la Asamblea General de la Comisión, con voz y voto.
X. Suplir al o la Titular de la presidencia en sus ausencias y asumir las atribuciones que le correspondan.
XI. Las demás que le confiere este decreto u otras disposiciones aplicables.
Artículo 13. La Asamblea General sesionará ordinariamente cuatro veces al año y de manera extraordinaria cuantas veces sea
necesario, cuando así lo estime conveniente la o el Titular de la Presidencia o a petición de la tercera parte de la Asamblea
General.
…
Las convocatorias a las reuniones ordinarias se emitirán con cinco días de anticipación a la fecha de celebración. En el caso de
sesiones extraordinarias, las convocatorias se emitirán con veinticuatro horas de anticipación y en ellas se indicará el día, hora
y lugar en donde se realizará la reunión, remitiendo la documentación correspondiente.
En las convocatorias a las sesiones extraordinarias se indicará la justificación o el asunto especifico que las motive y no podrán
tratarse asuntos Generales dentro de estas sesiones.
Artículo 14.- …
I. …
II. Integrantes que serán los o las Directoras de Planeación o su equivalente de las siguientes instituciones:
a) Una o un representante de las Universidades Públicas que se encuentren en el Estado;
b) Una o un representante de las Universidades Tecnológicas que se encuentre en el Estado;
c) Una o un represente de los Institutos Tecnológicos que se encuentren en el Estado;
d) Una o un representante de las Universidades Politécnicas que se encuentren en el Estado;
e) Una o un representante de las Instituciones Privadas de Educación Superior que se encuentre en el Estado.
f) El o la Titular de la Dirección de Formación Continua y Profesionalización Docente de la Secretaría de Educación;
g) El o la Titular de la Dirección de una Escuela Normal que se encuentren en el Estado; y
h) Dos asesores acreditados, previa invitación del Presidente de la asamblea.
El cargo de integrante del Comité Técnico Consultivo será personal y honorifico, por lo que no será remunerado y en caso de
ausencia, estos podrán designar a un suplente, para que asista a las reuniones.
Artículo 15.- …
I a VI …
VII.- Elaborar, con la colaboración de la Comisión de Trabajo correspondiente, el proyecto del Programa Estatal de Educación
Superior y someterlo a consideración de la Asamblea General, a través del o la Titular de la Presidencia;
VIII a IX…
X. Informar oportunamente al o la Titular de la Presidencia por medio del Secretario Técnico de la Asamblea sobre los avances de
los trabajos ejecutados;
XI….
Artículo 17.- …
I.- Informar al o la Titular de la Presidencia a través del Secretario Técnico el calendario y la sede de sus reuniones, así como los
avances conseguidos en la consecución de sus propósitos;
II.- …
III.- Entregar al o la Titular de la Presidencia, a través del Secretario Técnico los trabajos que se realizaron en las comisiones de
trabajo, así como las recomendaciones pertinentes.
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 5
CAPÍTULO TERCERO
EL PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Artículo 18.- El Programa Estatal de Educación Superior, es el conjunto de políticas, estrategias y acciones a las que habrá de
sujetarse la planeación de la Educación Media Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de garantizar el máximo
desarrollo institucional y elevar la calidad educativa en este nivel.
Artículo 19.- El Programa Estatal de Educación Superior, observará lo siguiente:
I a II. …
III.- El programa deberá ser congruente con las directrices fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo, Plan Sectorial de
Educación, el avance de sus metas, líneas estratégicas, acciones, su incidencia y resultados de ejecución se evaluarán de manera
permanente y periódica por la Asamblea General.
Artículo 20.- Para la elaboración del Programa Estatal de Educación Superior se observará lo siguiente:
I.- …
II.- Una vez elaborado el proyecto por el Comité Técnico Consultivo, lo someterá por conducto del Secretario Técnico a
consideración de la Asamblea General.
III.- …
Artículo 21.- El programa una vez aprobado por la Asamblea General, tendrá una vigencia sexenal, sin perjuicio de que pueda ser
modificado, actualizado, corregido y/o reformado por la Asamblea General en los términos que disponga el reglamento
correspondiente.
Artículo 22.- El Programa Estatal de Educación Superior propiciará la colaboración y participación activa de las autoridades
competentes en la materia y de las instituciones correspondientes.
Artículo 23.- Se deroga
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila
de Zaragoza.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado, en la residencia oficial del Poder Ejecutivo a 31 de octubre de 2014.
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”
EL GOBERNADOR CONSTITUCONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
ARMANDO LUNA CANALES
SECRETARIO DE GOBIERNO
(RÚBRICA)
JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
(RÚBRICA)
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII y 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza; 2, 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza; y
C O N S I D E R A N D O
Que las Comisiones de Planeación de Educación Media Superior surgen por la necesidad de consolidar este nivel Educativo en el
país, su principal función es la de ser un órgano de consulta, a fin de promover la evaluación y la mejora de la educación media
superior, con el consenso de todos los agentes que intervienen en el Sistema de Educación Media Superior, para que este nivel
6 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
educativo sea más flexible, mejor articulado, de mayor cobertura, calidad, pertinencia y equidad, en ese sentido, la importancia de
la constitución y reactivación de estos Consejos, con el propósito de implementar un marco curricular común en la Educación
Media Superior, orientado a las necesidades del Estado.
Que la autoridad Federal con el apoyo de las Entidades Federativas, han impulsado en materia de educación importantes reformas
estructurales en los últimos años, entre las cuales destaca la reforma Constitucional al artículo 3 publicada en el Diario Oficial de la
Federación en fecha 9 de febrero del 2012, en donde se eleva a rango Constitucional la obligatoriedad de impartir por los diferentes
ordenes de gobierno la Educación Media Superior a todas y todos los habitantes del país. A fin de dar cumplimiento al mandato
constitucional la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios han implementado diversas políticas públicas y
gubernamentales a fin de alcanzar la máxima cobertura de este nivel educativo.
La Educación Media Superior, se imparte a través de las Instituciones de Formación para el Trabajo, los Subsistemas
Descentralizados, particulares con reconocimiento de validez oficial y por los subsistemas autónomos, mismos que se han ido
fortaleciendo y consolidando en base en la homologación de un marco curricular común, en donde se plasma a través de diversas
asignaturas las necesidades del Estado, para ello la implementación de una curricula común en el nivel de Educación Media
Superior.
Que en fecha 23 de marzo de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, el decreto por el que se
crea la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior, mediante el cual se establecían las
atribuciones y políticas mediante las cuales se regirán este nivel Educativo.
Que en fecha 20 de mayo de 2013, las Entidades Federativas y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública,
suscribieron el Convenio Marco de Coordinación para el Fortalecimiento de las Comisiones Estatales para la Planeación de la
Educación Media Superior, en el cual se estipula en su cláusula cuarta fracción I, la obligación de los Gobiernos Estatales de
revisar, y en su caso afinar los aspectos normativos que le den sustento a estos órganos colegiados, promoviendo en su caso, la
expedición o actualización de disposiciones jurídicas que fortalezcan su existencia o desempeño.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en sus objetivos 3.5.1 y 4.1.1 señalan que la presente administración estatal adecuará y
actualizará el marco jurídico a las nuevas circunstancias sociales y económicas que predominen en el Estado, por ello la necesidad
de reformar este cuerpo normativo a fin de que sea más eficiente y eficaz en la toma de decisiones y con ello se pueda elaborar una
política de calidad para la Educación Media Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Que una vez expuesto lo anterior, es prioridad de esta administración la actualización de los cuerpos normativos vigentes en el
Estado, para ello se modifica el decreto de creación de los Consejos de Planeación y Programación en la Educación Media Superior
en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de que la toma de decisiones sea de una manera congruente y ordenada, así mismo se
dicten las políticas educativas a través de los principios de transparencia, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y para la buena marcha de la administración pública, he tenido a bien a emitir
el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO QUE CREA LA COMISIÓN PARA LA PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA EL ESTADO DE COAHUILA
ÚNICO: Se modifican la denominación del capítulo tercero y los artículos 3 fracción I, 5, 6 fracciones III, VI, IX y X, 8 fracciones
I IV y VI, fracciones VI y VII del artículo 10, 13, 14 fracción II, 15 fracciones VII y X, 16, 17 fracciones I y III, 18, 19 fracción III,
20 fracción II y 22; se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 6; las fracciones VII, VIII y IX al artículo 8; las fracciones
VIII, IX, X, XI y XII al artículo 10, las fracciones IV y V al artículo 17 y se deroga el artículo 9, para quedar como sigue:
Artículo 3. …
I. Formular, en la esfera de su competencia y mantener actualizado en los términos de este decreto, el Programa Estatal
de Educación Media Superior;
II a III…
Artículo 5. …..
I. Un Presidente que será el o la Titular de la Secretaría de Educación;
II. Un Secretario Técnico que será el o la Titular de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Formación para el
Trabajo;
III. Por 11 vocales que serán, previa invitación del o la Titular de la Presidencia en los casos que corresponda y serán los
siguientes:
a) El o la Titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Coahuila de Zaragoza;
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 7
b) El o la Titular de la Representación Federal de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de
Educación Pública en el Estado de Coahuila de Zaragoza:
c) El o la Titular de la Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de
Zaragoza;
d) Un o una representante de las Universidades Públicas que se encuentren en el Estado;
e) Una o un representante del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Coahuila de Zaragoza y Colegio de Bachilleres de Coahuila;
f) Dos representantes de las Instituciones Privadas que presten Educación Media Superior en el Estado de Coahuila de
Zaragoza;
g) Dos representantes del sector productivo
Los cargos de los integrantes de la Asamblea General serán de carácter personal y honorífico, por lo que no serán remunerados,
además podrán participar con voz y voto, estos podrán renovarse cada ciclo escolar, cuando así lo considere la mayoría de los
miembros de la Asamblea General, salvo los Titulares de la Presidencia y de la Secretaría Técnica.
Los miembros de la Asamblea General podrán designar un suplente que los representará en sus ausencias temporales, siempre y
cuando lo acrediten con oficio de suplencia.
En caso de empate en una votación, el o la Titular de la Presidencia tendrá el voto de calidad.
Artículo 6.- …
I a II…
III.- Revisar y aprobar en su caso, el Proyecto del Programa Estatal de Educación Media Superior, los programas operativos
anuales y la congruencia de éstos con las políticas públicas nacionales y estatales de este Nivel de Educación.
IV a V…
VI. Otorgar facultades al o la Titular de la Presidencia para el correcto desempeño de sus funciones;
VII a VIII…
IX. Aprobar los informes trimestrales y anuales de labores de la CEPEMS y demás órganos que lo conforman. Presentar con la
periodicidad que se determine por la CEPPEMS al o la Titular de la Presidencia, los resultados de los trabajos realizados por los
miembros de la misma.
X. Fungir como un Comité Técnico Consultivo en el nivel de Educación Media Superior, en lo concerniente al Reconocimiento de
validez oficial, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Estatal de Educación.
XI.- Emitir una opinión técnica para la aprobación de los cambios en los Planes, programas y curricula en las Instituciones de
Educación Media Superior;
XII. Establecer la periodicidad en la cual el Comité Técnico Consultivo de la Asamblea General, deba de reunirse;
XIII. Las demás que le confiera este decreto u otras disposiciones aplicables.
Artículo 8.- …
I. Convocar a través de la Secretaría Técnica de la Asamblea General a los integrantes de la misma a las sesiones, que se
desarrollarán conforme al orden del día que para ese efecto se elabore.
II a III….
IV. Suscribir en conjunto con los integrantes asistentes de la Asamblea que asistan a las sesiones, las actas que se levanten
de las mismas;
V. …
VI. Representar a la CEPPEMS ante toda clase de autoridades e instituciones y organizaciones de los sectores público,
social y privado.
VII. Proponer a los integrantes de la Asamblea General el análisis de los asuntos que estime necesarios;
VIII. Gestionar el presupuesto para la operación y funcionamiento de la CEPPEMS; y
8 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
IX. Las demás que le confiera este decreto u otras disposiciones aplicables en la materia;
Artículo 9.- Se deroga
Artículo 10.- ….
I a V…
VI. Mantener informado al o a la Titular de la Presidencia de los trabajos del Comité Técnico Consultivo y de las
Comisiones de Trabajo;
VII. Presentar ante la Asamblea General los proyectos que requieren su aprobación.
VIII. Proponer el programa anual de trabajo de la CEPPEMS, así como las fechas y sedes de las reuniones.
IX. Asistir a las sesiones que celebre la Asamblea General, con voz y voto;
X. Suplir al o a la Titular de la presidencia en sus ausencias y asumir las atribuciones que le correspondan al o a la
Titular de la Presidencia.
XI. Emitir opiniones que le sean solicitadas, así como proporcionar la información que, para el cumplimiento del objeto
de la CEPPEMS, resulte necesaria.
XII. Las demás que le confiera este decreto u otras disposiciones aplicables en la materia;
Artículo 13.- La Asamblea General sesionará ordinariamente cuatro veces al año y de manera extraordinaria cuantas veces sea
necesario, cuando lo estime necesario la o el Titular de la Presidencia o a petición de una tercera parte de los integrantes de la
Asamblea General.
…
La Convocatoria a las reuniones ordinarias se emitirán a través del o la Titular de la Secretaría Técnica, cuando menos con cinco
días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.
En el caso de sesiones extraordinarias, las convocatorias se emitirán con veinticuatro horas de anticipación y en ellas se indicará el
día, hora y lugar en donde se realizará la reunión, remitiendo la documentación correspondiente.
Artículo 14.- …
I. ….
II. Integrantes que serán los o las Directoras de Planeación o su equivalente de las siguientes instituciones:
a) Una o un representante de las Universidades Públicas en el Estado;
b) Una o un representante de cada uno de los subsistemas que prestan Educación Media Superior en el Estado de
Coahuila de Zaragoza;
c) Una o un representante de una Universidad Privada o su equivalente que preste Educación Media Superior;
d) Una o un representante de las Escuelas Privadas que cuenten con reconocimiento de validez oficial federal o estatal;
e) El o la Titular de la secretaría técnica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Formación para el Trabajo;
f) Dos asesores previa invitación de la o el Titular de la Secretaría Técnica de la CEPPEMS;
El cargo de integrante del Comité Técnico Consultivo será personal y honorifico, por lo que no será remunerado y en caso de
ausencia, estos podrán designar a un suplente, para que asista a las reuniones.
El o la Titular de la Secretaría Técnica dada la naturaleza de los asuntos a desahogarse por el Comité Consultivo, podrá invitar a
personas diferentes que permitan enriquecer y nutrir los acuerdos tomados, estos participaran con voz pero sin voto.
Artículo 15.- ….
I a VI…
VII. Elaborar con la colaboración de la Comisión de Trabajo correspondiente, el proyecto del Programa Estatal de Planeación de la
Educación Media Superior y someterlo a consideración de la Asamblea General a través del o la Titular de la Presidencia.
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 9
VIII a IX…
X. Informar oportunamente al o la Titular de la Presidencia, por medio del Secretario Técnico de la Asamblea General, sobre los
avances de los trabajos ejecutados
XI a XII…
Artículo 16.- Las comisiones de Trabajo son órganos operativos, temporales y de consulta de la Asamblea General, que tendrán
como encomienda la de abordar los temas específicos relacionados con la educación media superior, y estará integrado de la
siguiente manera:
I. Un Coordinador que será designado por el o la Titular de la Secretaría Técnica de la Asamblea General;
II. Ocho integrantes como mínimo; los cuales deberán ser personal académico y/o perito del tema específico a
desarrollar, a propuesta de los miembros titulares del Comité Técnico Consultivo, y estará integrado de la siguiente
manera:
a. Por un representante de las Universidades Públicas del Estado;
b. Por seis representantes de los subsistemas de Educación Media Superior en el Estado;
c. Un representante de las instituciones particulares, a invitación del o la Titular de la Secretaría Técnica;
El cargo de integrante de las Comisiones de Trabajo será de carácter personal y honorífico por lo que no será remunerado.
Los integrantes de las Comisiones de Trabajo podrán designar un suplente en caso de que no puedan asistir a las sesiones, estos
acreditarán su puesto con el oficio correspondiente.
Su temporalidad y el número de comisiones estarán en razón del objetivo de cada una de ellos, así mismo informarán al Secretario
Técnico sobre la agenda de reuniones programadas.
Artículo 17. Las Comisiones de Trabajo, tendrán las siguientes funciones:
I.- Informar al o la Titular de la Presidencia a través de la Secretaría Técnica el calendario y sede de las reuniones, así como los
avances conseguidos en la consecución de sus propósitos;
II.- …
III.- Entregar al o la Titular de la Presidencia a través del Secretario Técnico el producto de sus trabajos y, en su caso, las
recomendaciones pertinentes;
IV.- Analizar y desarrollar los temas relacionados con la educación media superior que les sean conferidas por los integrantes de la
Asamblea General; y
V. Las demás que le confieren las disposiciones aplicables, la Asamblea General o el o la Titular de la Presidencia dentro de la
esfera de sus atribuciones.
CAPÍTULO TERCERO
EL PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
Artículo 18.- El Programa Estatal de Educación Media Superior, es el conjunto de políticas, estrategias y acciones a las que habrá
sujetarse la planeación de la Educación Media Superior en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de garantizar el máximo
desarrollo institucional y elevar la calidad educativa en este nivel.
Artículo 19.- El Programa Estatal de Educación Media Superior se ajustará a lo siguiente:
I a II…
III.- El Programa deberá ser congruente con las directrices fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal de
Educación, con el avance de las metas planteadas, las líneas estratégicas, acciones, su incidencia y resultados de ejecución se
evaluarán de manera permanente y periódica por la Asamblea General.
Artículo 20.- Para la elaboración del Programa Estatal de Educación Media Superior, se observará lo siguiente:
I. …
II.- Una vez elaborado el proyecto del Programa Estatal de Educación Media Superior, el Consejo Técnico Consultivo lo someterá
a consideración de la Asamblea General a través del Secretario Técnico.
10 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
Artículo 22.- El Programa Estatal de la Educación Media Superior propiciará la colaboración y participación activa de las
autoridades en la materia y de las instituciones correspondientes.
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila
de Zaragoza.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza a los 31 días del mes de octubre
de 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR CONSTITUCONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
ARMANDO LUNA CANALES
SECRETARIO DE GOBIERNO
(RÚBRICA)
JESÚS JUAN OCHOA GALINDO
SECRETARIO DE EDUCACIÓN
(RÚBRICA)
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en ejercicio de las
facultades que me confieren los artículos 82 fracción XVIII, 85 párrafo tercero y 88 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza; y
C O N S I D E R A N D O
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 1: “En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos
que establezca la ley...”.
Que en esta tesitura, la Constitución Local estipula que dentro del territorio del Estado, toda persona gozará de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo
los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución Federal.
Que dentro del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza 2011-2017, se encuentran como estrategias de acción
de una sociedad garantista de un Estado de Derecho, en el que abunde la paz y la tranquilidad, de una sociedad respetuosa de los
derechos inherentes al ser humano, en sus objetivos 4.6 y 4.10 relativos al Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración
de Justicia, los cuales establecen como obligación del Estado: “…salvaguardar los derechos de las personas, su integridad física y
patrimonial, así como preservar el ejercicio de las libertades, el orden y la paz social, dentro de un marco de respeto de los
derechos humanos…” y la “…procuración de justicia de excelencia, basado en acciones eficaces de investigación y persecución
de los delitos, así como en el desempeño respetuoso de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas y ofendidos del
delito…”, respectivamente.
Que el Estado Coahuilense, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno Mexicano, en materia
de Derechos Humanos, ha ratificado dos instrumentos internacionales que versan exclusivamente sobre el tema de la tortura: la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura. En tal virtud, ha determinado en forma obligatoria la aplicación de las Recomendaciones de
Amnistía Internacional, derivadas de la falta de perseverancia en la aplicación del Protocolo de Estambul. En la inteligencia de
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 11
consolidar acciones encaminadas a proteger la integridad física y psicológica de la persona, en consonancia con los Instrumentos
Internacionales, ratificados por el Estado Mexicano.
Que el carácter absoluto de prohibición de la tortura en el derecho internacional es de una contundencia tal, que dicha norma ha
sido catalogada como ius cogens. Esto quiere decir que es una medida aceptada por toda la comunidad internacional en su
conjunto, que no admite acuerdo en contrario de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.
Los instrumentos previamente descritos, son parte de la Constitución Federal, y la Constitución Local en sus artículos 1 y 7
respectivamente, brindan un marco para la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así mismo,
desde julio de dos mil catorce se encuentra vigente la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el reconocimiento al derecho a la integridad personal no es un mero
formulismo, ya que tiene implicaciones que van más allá de la prohibición de determinadas conductas. La integridad personal alude
a la cualidad de todo individuo de ser merecedor de respeto, aun y cuando haya realizado una conducta nociva, los agentes del
Estado no deben causar daños físicos o psicológicos injustificados de ningún tipo.
La labor continua del Estado de Coahuila de Zaragoza, ha sido prevenir que elementos humanos adscritos al servicio público de
esta entidad trasgredan derechos humanos y de esta manera, proteger a las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
Esta obligación implica el deber que tiene el Estado de organizar el aparato normativo gubernamental, de tal manera que continúe
siendo garante de una sociedad jurídicamente libre, en el pleno ejercicio de los derechos humanos.
Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien expedir el siguiente:
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD Y CUERPOS POLICIACOS CORRESPONDIENTES, SOBRE LA
APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR AMNISTÍA INTERNACIONAL.
ARTÍCULO ÚNICO: Se expide Decreto mediante el cual se Instruye a la Procuraduría General de Justicia del Estado, Comisión
Estatal de Seguridad y Cuerpos Policiacos Correspondientes, sobre la Aplicación de las Recomendaciones emitidas por Amnistía
Internacional.
ARTÍCULO 1.- El presente Decreto es de orden público y de observancia general para la Procuraduría General de Justicia del
Estado, la Comisión Estatal de Seguridad y cuerpos policiacos correspondientes.
ARTÍCULO 2.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad y cuerpos policiacos
correspondientes, al practicar detenciones, continuarán con la observancia estricta de las leyes de la materia, para que las
condiciones de detención sean realizadas con respeto íntegro a los derechos humanos.
ARTÍCULO 3.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad y cuerpos policiacos
correspondientes, deberán implementar los mecanismos necesarios para la creación de un registro estatal de detenciones, el cual
deberá ser de libre acceso a los defensores y familiares de las personas detenidas.
ARTÍCULO 4.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, a través de sus órganos de
control interno, iniciarán el trámite correspondiente a las denuncias o quejas, que por detenciones ilegítimas o arbitrarias, sean
presentadas ante ellas y realizar una investigación exhaustiva, hasta resolver lo que en derecho corresponda.
ARTÍCULO 5.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en aras de continuar con el respeto a los derechos que gozan las
personas detenidas, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado
de Coahuila de Zaragoza, tratados internacionales y demás leyes aplicables a la materia, seguirá brindando a los detenidos las
facilidades necesarias, para en caso de que no acepten ser asistidos por un defensor público, puedan tener acceso a uno de su
elección, desde el momento de su detención.
ARTÍCULO 6.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Seguridad y cuerpos policíacos
correspondientes, deberán en todo momento, permitir que los familiares de las personas detenidas, puedan tener acceso a ellos, en
el lugar donde se encuentren asegurados.
ARTÍCULO 7.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, de manera inmediata
valorarán la integridad física y estado de salud de la persona detenida, y de ser necesario, lo turnarán a las instituciones de servicio
médico correspondientes.
ARTÍCULO 8.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, a través de sus peritos
médicos legistas y/o forenses, continuarán aplicando los procedimientos que garanticen la confidencialidad, el consentimiento, la
12 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
exhaustividad y la imparcialidad, al momento de realizar los dictámenes médicos periciales en las personas detenidas, conforme a
las disposiciones que las leyes de la materia establecen.
Así mismo, y respetando los procedimientos arriba señalados, se procurará anexar al dictamen que se emita, fotografías y demás
constancias que denoten huellas de posible tortura y/o malos tratos. Dichos informes médicos deberán ser puestos de manera
inmediata a disposición de las personas detenidas y sus defensores.
ARTÍCULO 9.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, a través de sus órganos de
control interno, iniciarán de manera pronta y eficaz los procedimientos aplicables, en los casos en cualquiera de sus servidores
públicos, incurran en responsabilidad administrativa y/o penal.
ARTÍCULO 10.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá continuar con el perfeccionamiento del Dictamen
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos, con el que cuenta, hasta alcanzar su
compatibilidad con los lineamientos y medidas establecidos en el “Protocolo de Estambul” y las recomendaciones emitidas por
organismos protectores de derechos humanos.
De igual manera, cuando a la institución arriba citada, le sea puesto del conocimiento algún posible caso de tortura y/o malos tratos,
previo análisis de las pruebas con las que se cuenten hasta ese momento, deberá llevar a cabo los procedimientos necesarios para
que la unidad administrativa correspondiente aplique el “Protocolo de Estambul”.
ARTÍCULO 11.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en estricto apego a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, tratados internacionales y demás leyes aplicables a
la materia, desde el momento mismo en que se reciba una denuncia por un posible caso de tortura y/o malos tratos, iniciará la
investigación correspondiente, sin demora, independiente, imparcial y exhaustiva, hasta resolver lo que en derecho corresponda.
Para los efectos legales anteriores, deberán recabarse todas las pruebas pertinentes incluyendo en su caso, las que provengan de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme
a las leyes de la materia y mecanismos que para tal fin se implementen, y no únicamente basándose en el Dictamen
Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos.
ARTÍCULO 12.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, deberá autorizar a médicos particulares, incluidos expertos
internacionales y representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Coahuila de Zaragoza, para que examinen lo antes posible a las y los detenidos, y que sus evaluaciones médico-legales
sirvan de apoyo técnico para los dictámenes médicos periciales y/o forenses que obran en los expedientes.
ARTÍCULO 13.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, girará instrucciones a los agentes del Ministerio Público, para
que continúen ofreciendo pruebas ante la autoridad jurisdiccional, con apego irrestricto a los derechos humanos.
En el supuesto de que se compruebe que dichas pruebas fueron conseguidas mediante la violación de derechos humanos, serán
motivo de exclusión y/o nulidad por la autoridad competente.
ARTÍCULO 14.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, en estricto cumplimiento a la Ley General de Víctimas y la Ley
de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, deberá reforzar el derecho exigible de las víctimas de la tortura y/o malos
tratos, a la reparación del daño causado.
ARTÍCULO 15.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, realizará las gestiones pertinentes para que se continúe con la
capacitación constante a los agentes del Ministerio Público, peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal, a efecto de que
refuercen sus conocimientos sobre la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o
Malos Tratos, de acuerdo con lo establecido en el “Protocolo de Estambul”.
ARTÍCULO 16.- La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad, instrumentarán acciones
conjuntas para la prevención, investigación, sanción y erradicación del delito de tortura, implementando los mecanismos de
coordinación inherentes a sus funciones específicas.
Para los fines anteriores, podrán solicitar el apoyo de las unidades administrativas federales, estatales y municipales, que a su
consideración requieran.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
DADO. En la residencia del Poder Ejecutivo, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil catorce.
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 13
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO
HOMERO RAMOS GLORIA
(RÚBRICA)
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos: 59 fracción II, 82 fracción XVIII y 85 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza; 6 y 9 apartado A fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza y el artículo 38 de la Ley de Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza; y
C O N S I D E R A N D O
Que es prioridad de la administración pública estatal instrumentar nuevos esquemas para prevenir y combatir los factores asociados
a la pobreza y marginación, así como garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y el acceso de todas las personas al
desarrollo social, por lo que para ello, se requiere contar con instrumentos jurídicos y administrativos adecuados, que propicien las
mejores condiciones que repercutan en el progreso de los niveles de bienestar social de los habitantes del estado de Coahuila
Zaragoza, por lo que es necesario armonizar, hacer más eficientes y dar transversalidad a las políticas públicas, en beneficio de las
personas que no cuentan con los medios idóneos y suficientes para solventar sus necesidades básicas y se encuentran en situación
de pobreza, especialmente de pobreza extrema.
Que resultan elementos clave para lograr resultados efectivos en el tema de combate a la pobreza, la reorientación del gasto social
hacia la atención focalizada de las necesidades esenciales de la población; el desarrollo de la política social en forma
interinstitucional, integral, coordinada, evaluable y transparente; así como una renovada cultura de servicio a la ciudadanía,
mediante la vinculación, coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia,
así como de los sectores social, educativo y privado, en torno a una estrategia integral que favorezca el desarrollo social y humano.
Que la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza, previene que corresponde al estado propiciar y garantizar
a la población el pleno ejercicio de los derechos sociales, estableciendo las reglas y normas de operación de los programas
orientados a construir la igualdad de oportunidades, promoviendo la superación de la marginación y de la pobreza, la
vulnerabilidad, así como la discriminación y exclusión social. Conforme a la citada ley es deber del estado establecer y definir las
obligaciones y responsabilidades en materia de desarrollo social de los gobiernos estatal y municipales que deberán de regirse,
entre otros, por los principios de libertad, justicia, equidad, solidaridad, subsidiaridad, participación social, auto gestión, honestidad
y transparencia.
Que como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, los programas asistenciales y de desarrollo social deben ser
concebidos como derechos inalienables de los individuos y de la sociedad, no para hacer dependientes a las personas, sino para que
con criterios de focalización, equidad, temporalidad, transparencia y corresponsabilidad, se logre superar su situación de rezago, ya
que la pobreza, la desigualdad y la discriminación limitan el ejercicio cabal de los derechos de los individuos, para evitar ello es
preciso poner en marcha acciones que resuelvan las necesidades más apremiantes de las personas en condiciones de pobreza y
garantizar el respeto a sus derechos.
Que en fecha 30 de noviembre de 2013, entra en vigor la Ley de Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de
Coahuila de Zaragoza, cuyo objeto es reducir la pobreza extrema en el estado, procurar la igualdad de oportunidades y la
ampliación de capacidades, para que todos los coahuilenses que viven en esta condición, mejoren su calidad de vida y tengan
garantizado el derecho a la alimentación, acceso a los servicios de salud y seguridad social, educación, calidad y espacios de la
vivienda, el acceso a servicios básicos y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, que favorezca el grado de cohesión social
en el estado.
Que conforme al artículo 38 de la referida ley, será creada la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la
Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza con el objeto de combatir la pobreza extrema, y se constituirá como órgano
interinstitucional, permanente de consulta, colaboración, coordinación y concertación de estrategias y acciones que permitan a las
personas en condición de pobreza extrema, acceder a recursos para ampliar sus capacidades básicas para desarrollar sus
potencialidades con independencia, plenitud y equidad.
14 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
Con la finalidad de dar cumplimiento a dicho precepto legal, así como de instituir y regular la operación e integración de la
Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza, he tenido a
bien expedir el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE
A LA POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
ARTÍCULO ÚNICO: Se emite decreto por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la
Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 1. Se crea la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de
Zaragoza, la cual tendrá su domicilio en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 2. El objeto de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema es combatir la pobreza
extrema, y se constituirá como órgano interinstitucional, permanente de consulta, colaboración, coordinación y concertación, en la
que se armonicen y acuerden las acciones que permitan, a las personas en condición de pobreza extrema, acceder a recursos para
ampliar sus capacidades básicas para desarrollar sus potencialidades y el sano desarrollo humano, con independencia, plenitud y
equidad.
Artículo 3. La Comisión, para el desarrollo de las atribuciones previstas en el artículo 41 de la Ley para la Prevención y Combate a
la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza podrá:
I. Proponer estrategias, políticas y acciones en materia de prevención y combate a la pobreza extrema, a fin de que sean
consideradas por las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el
ámbito de sus respectivas competencias y programas;
II. Proponer mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública del Estado de
Coahuila de Zaragoza, los municipios y la federación, así como entre los sectores público, social y privado, para el
diseño, ejecución y evaluación de acciones de prevención y combate a la pobreza extrema;
III. Opinar sobre los programas relacionados con el objeto y atribuciones de la Comisión;
IV. Establecer procedimientos de consulta y participación social, del sector académico y de la población en general, que
redunden en la creación e implementación de programas de prevención y combate de la pobreza;
V. Emitir opinión sobre la política social y los servicios que ejecuta el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza;
VI. Elaborar diagnósticos situacionales mediante elementos de información y procedimientos autorizados por las instancias
estatales o nacionales;
VII. Formular, analizar, aprobar y ejecutar el programa anual de actividades;
VIII. Analizar, crear y establecer indicadores armonizándolos con el Plan Estatal y Nacional de Desarrollo, que permitan la
medición de resultados y del cumplimiento del programa anual;
IX. Aprobar los sistemas de evaluación y monitoreo de los programas que inciden en la prevención y combate a la pobreza
extrema;
X. Dar seguimiento a los acuerdos que los gabinetes temáticos, le hagan llegar, a fin de tomarlas en consideración en el
desarrollo de sus funciones;
XI. Proponer al Ejecutivo del Estado la asignación presupuestal y de programas, estrategias o acciones de prevención y
combate a la pobreza extrema;
XII. Formular, aprobar y expedir su reglamento interior, lineamientos de operación y demás disposiciones técnicas y
normativas para el cumplimiento de su objetivo y atribuciones;
XIII. Solicitar informes periódicos a las dependencias y entidades participantes en la Comisión y vigilar su cumplimiento así
como opinar sobre las acciones o programas que las dependencias de los tres órdenes de gobierno ejecuten en materia de
prevención y combate a la pobreza en el estado;
XIV. Administrar los recursos del Fondo para la Prevención y el Combate a la Pobreza Extrema y emitir opinión para dotarlo
de recursos;
XV. Acordar la organización interna temática y operativa de la Comisión para el cumplimiento de sus objetivos;
XVI. Emitir los acuerdos que permitan dar cumplimiento a lo previsto en la Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza
Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como a la prevención y combate a la pobreza extrema;
XVII. Establecer la coordinación intersecretarial para la integración y sistematización de programas, así como su definir su
cobertura y objetivos, a fin de que converjan en forma transversal en la prevención y combate a la pobreza;
XVIII. Las que adicionalmente le atribuya la Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila
de Zaragoza; y
XIX. Las demás funciones necesarias para el cumplimiento de su objeto.
Artículo 4. La Comisión, estará integrada por:
I. La persona titular del Ejecutivo del Estado. Quien la presidirá.
II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Quien fungirá como coordinador
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 15
Vocales:
III. La Secretaría de Gobierno;
IV. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad;
V. La Secretaría de Desarrollo Rural;
VI. La Secretaría de Cultura;
VII. La Secretaría de Educación;
VIII. La Secretaría de la Juventud;
IX. La Secretaría de Finanzas;
X. La Secretaría de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial;
XI. La Secretaría de Salud;
XII. La Secretaría de las Mujeres;
XIII. La Secretaría del Trabajo;
XIV. La Secretaría de Medio Ambiente;
XV. La Comisión Estatal de Vivienda;
XVI. La Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila;
XVII. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza;
XVIII. La Oficina del Gobernador;
XIX. La Secretaría Técnica y de Planeación del Ejecutivo; y
XX. Los Ayuntamientos.
En ausencia de la persona titular del Ejecutivo del Estado, la Comisión será presidida por la coordinadora de la misma.
Podrán ser invitados a las sesiones de la Comisión, con voz pero sin voto, los representantes de instituciones educativas,
asociaciones civiles y organismos privados integrantes de la sociedad civil que en razón de su profesión u ocupación, estén en
posibilidad de hacer aportaciones o propuestas importantes relacionadas con la materia.
A excepción del titular del Ejecutivo del Estado, los integrantes de la Comisión, no podrán designar suplentes, no obstante y a
efecto de mejorar la coordinación entre las dependencias integrantes de la Comisión, cada titular de las dependencias designará un
enlace operativo, quienes deberán contar con capacidad decisoria para la toma de acuerdos y compromisos, para el cumplimiento
de los objetos de la ley, los programas y las atribuciones de la Comisión.
Artículo 5. La Comisión sesionará de forma ordinaria cuando menos cuatro veces al año y de forma extraordinaria cuantas veces
sea necesario a solicitud de la persona titular de la presidencia o la titular de la coordinación.
Artículo 6. Para la celebración de la sesiones de la Comisión se estará a lo dispuesto en su reglamento interior, la Ley para la
Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de Zaragoza y, en lo aplicable, a la Ley de Entidades
Paraestatales para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 7. Corresponde a la persona titular de la presidencia de la Comisión:
I. Representar a la Comisión y presidir las sesiones de la misma;
II. Convocar a las sesiones de la Comisión;
III. Proponer a la Comisión las estrategias, acciones, estructura y procedimientos que le permitan cumplir sus objetivos;
IV. Proponer a la Comisión las alternativas de solución o recomendación, sobre los problemas estatales, regionales o
sectoriales relacionados con la pobreza, en especial sobre la pobreza extrema;
V. Promover la coordinación y colaboración con los sectores social, privado, educativo y a la población en general,
mediante la convocatoria para que participen en la formulación de propuestas y en las sesiones de la Comisión;
VI. Someter a consideración de la Comisión, para su opinión y, en su caso, recomendación, diagnósticos y análisis sobre el
funcionamiento de planes, programas y demás acciones que realicen las dependencias en materia de atención a la
pobreza, en especial sobre la pobreza extrema;
VII. Presentar a consideración de la Comisión, la creación de subcomisiones o grupos de trabajo de carácter transitorio o
permanente, sectorial por rama de actividad o de cobertura regional;
VIII. Invitar a participar en las sesiones de la Comisión a especialistas estatales, nacionales o extranjeros y a representantes de
organismos públicos, privados o internacionales;
IX. Solicitar a la persona titular de la Secretaría Técnica los informes de seguimiento de acuerdos y resultados que estime
conveniente;
X. Dar seguimiento, registrar y sistematizar los avances y resultados en el combate a las carencias de las personas
beneficiadas por los programas que inciden en el combate a la pobreza;
XI. Designar a él o la titular de la Secretaría Técnica de la Comisión, previa propuesta del coordinador de la misma;
XII. Suscribir los documentos necesarios para el ejercicio de su funciones; y
XIII. Las demás funciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las tareas relacionadas con el objeto de la Comisión.
Artículo 8. Corresponde a la persona titular de la coordinación de la Comisión:
16 PERIODICO OFICIAL viernes 14 de noviembre de 2014
I. Coordinar las actividades de la Comisión;
II. Convocar en suplencia de la presidencia a las sesiones de la Comisión;
III. Conducir las sesiones de la Comisión y dirigir sus debates, en suplencia de la Presidencia;
IV. Emitir y suscribir las convocatorias a las sesiones de la Comisión o, en su caso, delegar en el Secretario Técnico dicha
atribución;
V. Dar seguimiento a la creación de subcomisiones o grupos de trabajo y a la designación de sus respectivos responsables;
VI. Someter a la consideración de la Comisión la propuesta del programa anual de trabajo y los procedimientos de
evaluación de las acciones propuestas;
VII. Proponer y atender los mecanismos de cooperación, capacitación, que redunden en la eficacia de las acciones que en
materia de política social y de pobreza se implementen en el estado;
VIII. Coordinar la integración del Programa Estatal para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema, verificando su
cumplimiento;
IX. Presentar informes parciales y anuales al Titular del Ejecutivo sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos del
Programa Estatal para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema;
X. Suscribir los documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones;
XI. Proponer a la Comisión la creación de programas que inciden en la prevención y combate a la pobreza extrema, así como
las adecuaciones, medidas y mejoras necesarias a los existentes;
XII. Proponer las zonas de atención prioritarias y las acciones tendientes a lograr la cobertura del programa en las mismas, a
fin combatir la pobreza extrema de las personas que en éstas habitan;
XIII. Coordinar la calendarización con las diversas dependencias, en la ejecución de los programas y acciones que desarrollen
en materia de pobreza extrema; y
XIV. Las demás funciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las tareas relacionadas con el objeto de la Comisión.
Artículo 9. La persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión, tendrá las funciones siguientes:
I. Suscribir las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias que acuerde con él o la titular de la presidencia de
la Comisión o, en ausencia de éste, con él o la titular de la coordinación de la misma;
II. Auxiliar a la presidencia, o en ausencia de éste, con la persona titular de la coordinación de la Comisión, en el desarrollo
de las sesiones;
III. Dar seguimiento de los acuerdos de la Comisión e informar a la persona titular de la presidencia o la coordinación sobre
sus avances y cumplimiento;
IV. Suscribir los documentos necesarios para el ejercicio de sus funciones;
V. Firmar las actas y los acuerdos de las sesiones y remitirlas para su firma a los miembros de la Comisión;
VI. Coordinar, apoyar y dar seguimiento a los trabajos de las subcomisiones o grupos de trabajo;
VII. Coordinar a las acciones de los enlaces operativos de las dependencias;
VIII. Coadyuvar en la integración y elaboración del programa anual de actividades, los informe parciales y anual y demás
normativa que se requiere para el cumplimiento de los objetivos de la Comisión;
IX. Proponer el orden del día de las sesiones ordinarias a las personas titulares de la presidencia y coordinación de la
Comisión;
X. Formular la lista de asistencia a las sesiones de la Comisión, verificar el quórum, integrar la información que sustente
cada asunto y elaborar las actas correspondientes;
XI. Integrar los documentos de trabajo e informes que se requieran, así como expedir constancias y certificaciones de los
acuerdos y demás documentación que obre en sus archivos;
XII. Llevar el registro y control de las actas, acuerdos y demás documentación relativa al funcionamiento de la Comisión y de
las subcomisiones;
XIII. Apoyar al o la titular de la coordinación en el seguimiento de los trabajos de la Comisión y las subcomisiones; y
XIV. Las demás funciones que sean necesarias para dar cumplimiento a las tareas relacionadas con el objeto de la Comisión.
Artículo 10. Corresponde a las vocalías de la Comisión:
I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias, con voz y voto;
II. Suscribir las actas de acuerdos que se levanten en las sesiones de la Comisión y los documentos necesarios para el
ejercicio de sus funciones;
III. Proponer los asuntos que estimen deban de ser sometidos a la consideración de la Comisión;
IV. Proponer acciones o medidas que tengan por objeto mejorar el funcionamiento de la Comisión; y
V. Las demás que establezcan los lineamientos de operación.
Artículo 11. La Comisión será la responsable de la administración los recursos del Fondo para la Prevención y el Combate a la
Pobreza Extrema, el cual se integrará en los términos que dispone la Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza Extrema en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, debiendo las dependencias estatales destinar recursos en sus respectivos presupuestos para el
cumplimiento de las metas, estrategias, programas y acciones que establezcan en sus planes de inversión anual, para la prevención
y el combate a la pobreza extrema, independientemente de las aportaciones que realicen para la creación, integración y
sostenimiento del fondo a que se refiere la ley, así como determinar metas de corto y mediano plazo, de las estrategias, programas y
viernes 14 de noviembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 17
acciones, para la prevención y combate a la pobreza extrema e incorporar los indicadores establecidos por las instancias
competentes.
Para los efectos anteriores, deberán considerarse preferentemente las zonas de atención prioritarias considerando el mayor grado de
pobreza y marginación, conforme a la información que resulte de los diagnósticos situacionales que las instancias competentes
emitan.
Los planes y programas anuales de las dependencias en materia de prevención y combate a la pobreza extrema, deberán hacerse del
conocimiento de la Comisión, una vez que les sean asignados, a fin de que la misma evalúe el cumplimiento de lo previsto en el
presente artículo y emita las observaciones y recomendaciones procedentes.
Artículo 12. La Comisión podrá constituir subcomisiones sectoriales por rama de la administración estatal, los que serán los
encargados de elaborar los programas regionales, así como que sean necesarios para prevenir y combatir la pobreza extrema,
atendiendo a las condiciones y características geográficas, demográficas y el grado de desarrollo de las diversas regiones del
estado.
La forma de integración y funcionamiento de las subcomisiones se determinará en el reglamento interior de la Comisión o en los
lineamientos que la propia Comisión emita.
T R A N S I T O R I O S
Primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo. La Comisión deberá ser instalada y emitir su reglamento interior en un plazo que no exceda de sesenta días hábiles
contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Dado. En la residencia del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a
los 13 días del mes de octubre de dos mil catorce.
A T E N A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
RODRIGO FUENTES ÁVILA
(RÚBRICA)
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RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
ARMANDO LUNA CANALES Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial
ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados
por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:
I. Avisos judiciales y administrativos:
1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.);
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.30 (UN PESO 30/100 M.N.).
II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o
venta, $544.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);
III. Publicación de balances o estados financieros, $739.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.);
IV. Suscripciones:
1. Por un año, $2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
2. Por seis meses, $1,012.00 (MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)
3. Por tres meses, $534.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
V. Número del día, $22.00 (VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.);
VI. Números atrasados hasta 6 años, $76.00 (SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.);
VII. Números atrasados de más de 6 años, $152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); y
VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $272.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N.).
IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $544.00 (QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);
Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2014.
El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias
cuando el trabajo así lo amerite.
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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
En materia rendición de cuentas y fiscalización. Presentada por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. Informe en correspondencia: 7 de Octubre de 2014.
TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Primera Lectura: 7 de Octubre de 2014. Segunda Lectura: 21 de Octubre de 2014. Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda y Cuenta Pública Primera Lectura del Dictamen: 22 de Octubre de 2014. Segunda Lectura del Dictamen: 29 de Octubre de 2014. Declaratoria: 4 de Noviembre de 2014. Decreto No. 612 Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: P.O. 90 / 11 de Noviembre de 2014
TRÁMITE LEGISLATIVO RELATIVO A LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Turnada a las Comisiones de Hacienda y Cuenta Pública y de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. Lectura del Dictamen: 4 de Noviembre de 2014. Decreto No. 613 Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado: P.O. 90 / 11 de Noviembre de 2014
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
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“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
INICIATIVA DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA Y SE CREA LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA,
SUSCRITA POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA, RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ.
El que suscribe, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, en
ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 59 fracción II, 82 fracción I y
196 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; 9 apartado A
fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de
Zaragoza y 144 fracción II y 145 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso la presente Iniciativa con Proyecto de
decreto, por el que se Reforman, Derogan y Adicionan Diversas Disposiciones de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Una democracia de resultados exige niveles de transparencia y rendición de cuentas
veraces y oportunas por parte de todo el sistema político.
Sin ellos, difícilmente podemos brindar a nuestro régimen democrático condiciones de
mayor confianza, modernidad, eficiencia y eficacia en su actuar frente a los ciudadanos.
Una sociedad mejor informada, con fácil acceso a publicaciones y resultados de los
distintos órdenes y poderes de gobierno, con mecanismos para dialogar, evaluar e
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incidir en la gestión pública, apoyará y participará con mayor interés en las propuestas
que enriquezcan el andamiaje democrático y social del país.
Esto se puede lograr fortaleciendo la transparencia, la fiscalización y la evaluación
rigurosa del ejercicio público, mismo que contribuyen a la efectiva rendición de cuentas
del sistema político a la ciudadanía.1
En este sentido, la rendición de cuentas de las democracias contemporáneas es un
instrumento de gobernanza cada vez más demandado por la sociedad. Entre los
órganos garantes de la rendición de cuentas, las Auditorías Superiores son sin duda, el
pilar fundamental de la vigilancia del uso correcto y eficaz del gasto público.
Por ello, es de importancia estratégica hacer revisiones a las leyes que rigen a las
Auditorías Superiores y a la función fiscalizadora que realizan, con el objetivo de
actualizarlas para garantizar que estos órganos atiendan a las necesidades
económicas y sociales contemporáneas y se verifique una auténtica rendición de
cuentas de las haciendas públicas que contribuya a unas finanzas públicas controladas,
como lo ha sugerido la Red por la Rendición de Cuentas de nuestro país.
Por su parte, las recientes reformas en materia de transparencia y acceso a la
información pública, contenidas en el artículo sexto de nuestra Carta Magna federal y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 7 de febrero, así como la
presentación del Plan de Acción de México 2013-2015 como parte de los compromisos
adquiridos en la Alianza para el Gobierno Abierto2, la propuesta de creación de la
Comisión Nacional Anticorrupción y el avance del Sistema Nacional de Fiscalización
Superior, se presentan como una coyuntura para que el Estado de Coahuila de
1 Peña Nieto, Enrique, México la Gran Esperanza, Random House Mondadori, 2012. 2 Disponible en http://pa2015.mx/#alianza
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Zaragoza actualice su marco jurídico bajo los estándares de una alta calidad en la
materia, y lo armonice con estas nuevas disposiciones y lineamientos.
En este contexto, la evolución legislativa de la fiscalización superior en Coahuila de los
últimos años, refleja la voluntad de fortalecer constantemente la función de vigilancia y
control de los recursos públicos, mejorándose la calidad de la normativa aplicable. En
un periodo de 25 años, han existido 3 ordenamientos en la materia y se han llevado a
cabo un sinnúmero de reformas a los mismos con el afán de fortalecer al órgano
fiscalizador y garantizar su eficiencia y eficacia. En el año 2013 El Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico
Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara3, realizaron un estudio en
donde se evalúa distintos ámbitos de los órganos fiscalizadores del país.
En atención a los resultados del estudio y una vez detectadas las áreas de oportunidad
de los órganos fiscalizadores del país, estas instituciones, elaboraron una Ley modelo
de fiscalización superior para las entidades federativas, misma que, ha sido analizada
profunda y comparativamente con el actual marco normativo del Estado de Coahuila,
con la finalidad de detectar las áreas de mejora que permitan situar a nuestras leyes
como innovadoras a nivel nacional y otorguen un fundamento jurídico adecuado y
suficiente para la fiscalización superior de los recursos públicos.
Con base en lo anterior, la iniciativa que se presenta ante esta Honorable Legislatura,
se enfoca en nueve áreas estratégicas para la rendición de cuentas y la fiscalización
superior:
Fortalecer la autonomía de la Auditoría Superior del Estado
Fortalecer el servicio fiscalizador de carrera;
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Robustecer las disposiciones en materia de responsabilidades de los servidores
públicos;
Precisar los deberes del poder legislativo;
Aumentar la transparencia de la fiscalización superior,
Mejorar los efectos y consecuencias de esta función;
Regular con detalle los procedimientos de fiscalización,
Fomentar la participación ciudadana, y
Armonizar las disposiciones vinculadas.
Siguiendo los cánones de una adecuada técnica legislativa para conseguir un sistema
jurídico integrado, pleno y coherente en la materia, se presenta una reforma integral a
los cuerpos legales que fundamentan la fiscalización superior del gasto público de
nuestro Estado, comenzando por la Constitución Política y presentando la nueva Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior.
La reforma constitucional aquí presentada a las fracciones XXXIII, XXXIV, L y LI del
artículo 67 y III del artículo 158-P, así como la propuesta de adición del Capítulo VI al
Título Tercero, tiene por objeto delimitar con mayor precisión la competencia del poder
legislativo y las atribuciones de la Auditoría Superior así como fortalecer su autonomía,
conforme a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
vinculando adecuadamente sus labores sin menoscabo de la autonomía constitucional
del órgano fiscalizador y por otra parte, como un elemento innovador, se establece el
uso de los informes de la Auditoría Superior como un insumo para la toma de
decisiones en materia de aprobación del presupuesto, dándole un efecto positivo, de
contribución a la mejora del sector público, a los trabajos de la entidad de fiscalización
superior, como sugieren las mejores prácticas internacionales documentadas en
investigaciones recientes. Sobresale también, la disminución de los plazos que habría,
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en la entrega, fiscalización y conclusión de la cuenta pública, haciendo más oportunos
los informes de la Auditoría Superior del Estado.
LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR.
Por otro lado, como ejes transversales que sustentan la presente iniciativa, la nueva
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior para nuestro estado, completa la
armonización, ya iniciada en la Ley vigente, en lo conducente a las disposiciones de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental, evitando así ambigüedades o
contradicciones que obstaculicen la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior.
Asimismo, se prioriza el control ciudadano continuo sobre la Auditoría Superior a través
de una amplia transparencia de su trabajo y resultados, utilizando la página de internet
del órgano fiscalizador, en la que deberá publicarse: el programa anual de auditorías,
los informes de labores y del ejercicio de su presupuesto, los manuales de trabajo, el
registro y seguimiento de la promoción de responsabilidades de los servidores públicos,
el estatuto del servicio fiscalizador de carrera, y desde luego, los informes y resultados
de sus hallazgos, entre otra información útil para la sociedad.
Resalta en ese mismo sentido, como elemento innovador, la obligación de presentar un
Resumen Ejecutivo del Informe Anual de Resultados de la revisión de la cuenta pública,
dirigido al ciudadano. Ello, con las obligaciones debidas en materia de protección de
datos personales e información reservada que señala la ley de la materia. Es
importante destacar que se establecen obligaciones al respecto, para que las entidades
fiscalizadas sean corresponsables de estas protecciones, en atención a la abundancia e
importancia de esta información.
Los principios de seguridad jurídica y de legalidad, guían las disposiciones de la nueva
ley como otro eje transversal a lo largo de su articulado. Se procuró precisar
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competencias, atribuciones, facultades y obligaciones tanto de la Auditoría Superior
como de las entidades fiscalizadas, al igual que se detallaron los procedimientos,
garantizando los medios de defensa, derecho de audiencia y el debido proceso.
Un aspecto transversal más de la Ley que se propone, es mejorar el afianzamiento de
la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior del Estado a través de la intervención de
las autoridades competentes, así como la inclusión de obligaciones a cargo de las
instancias de control competentes. El control y vigilancia de la gestión financiera, en
forma adecuada y con resultados que incluya la mejora del desempeño institucional,
solo es alcanzable con la coordinación efectiva de las diversas entidades que
intervienen en ello. Sobresalen, en los comparativos nacionales, las obligaciones
establecidas para que todas las instancias mencionadas informen continuamente a la
Auditoría Superior de las acciones y medidas tomadas con motivo de sus
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas en materia de
responsabilidades de los servidores públicos.
Se dispone como otro elemento innovador, en la presente iniciativa, que los Informes de
la Auditoría Superior puedan ser tomados en cuenta en la discusión y aprobación de los
Presupuestos. Con esta posibilidad, la labor del órgano fiscalizador se vincula al ciclo
de las finanzas públicas y los Informes pasan a tener una consecuencia en la gestión
pública futura.
La nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila
de Zaragoza que se somete a la consideración de este Honorable Congreso, fue
estructurada en tres grandes apartados, dándole un mejor acomodo a los preceptos
legales. Se considera su triple función como una ley reglamentaria constitucional, una
ley que regula los procedimientos de la fiscalización de la información financiera y las
cuentas públicas así como los procedimientos para determinar daños y perjuicios a la
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hacienda pública y responsabilidades de los servidores públicos y también, como una
ley orgánica al establecer las bases de organización y atribuciones de la Auditoría
Superior del Estado.
El primer Libro “De la función de fiscalización superior” contiene cinco títulos de los
cuales, el primero “De la fiscalización superior”, delimita la competencia, define los
principales conceptos de la ley, fija la supletoriedad de las leyes en su aplicación y
establece los principios y su alcance, que guían la función de la fiscalización superior.
El segundo título “Del proceso de la fiscalización”, regula desde las formas de
integración y presentación de los avances de gestión financiera y cuentas públicas
hasta la conclusión de los procedimientos de auditoría, particularizando en las reglas de
la visita domiciliaria y la revisión de gabinete así como los pliegos de observaciones y
recomendaciones resultantes.
Los diferentes tipos y funciones de los Informes que emite la Auditoría Superior del
Estado son objeto de un tercer título denominado “De los Informes”, ello con la finalidad
de precisarlos y hacer que la legislación sea más clara. Se establecen tres tipos de
informes: especiales, individuales y el anual de resultados de la revisión de la cuenta
pública. Es de resaltarse, la incorporación de los “informes individuales” de las
auditorías concluidas, mismos que sin violentar el principio de posterioridad de la
revisión al gasto público ejercido y proceso concluido, permiten, tener resultados e
información más pronta y oportuna, sin tener que esperar a la presentación del Informe
Anual.
El cuarto capítulo “De la conclusión y seguimiento de la fiscalización superior”
constituye un grupo de normas jurídicas innovadoras y pioneras en México ya que
establece con disposiciones particulares, la función del Congreso como un contrapeso
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“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
efectivo de los otros poderes públicos. Así, se sientan las bases del diseño de una
glosa y conclusión a la revisión de la cuenta pública, que no interfiere con la autonomía
e Informe Anual de la Auditoría Superior del Estado, pero sí garantiza la certidumbre
jurídica del cierre de la revisión al gasto público por parte de los legisladores, siguiendo
el modelo federal, permitiendo tener posicionamientos políticos, bien diferenciados, de
las consecuencias técnicas a cargo del órgano fiscalizador.
Las situaciones excepcionales que deban ser revisadas por la Auditoría Superior del
Estado, son el objeto de regulación del quinto y último título del primer Libro,
denominado “De la Revisión por Situación Excepcional”, con estas disposiciones,
independientemente del Programa Anual de Auditorías que se establezca, pueden
cubrirse las situaciones que emerjan y por su gravedad ameriten una revisión por la
entidad de fiscalización superior.
Una consecuencia indeseable pero que debe regularse en caso de suceder, es que los
resultados de la revisión del ejercicio de los recursos públicos, impliquen
responsabilidades institucionales y de los servidores públicos en lo individual. Por ello, y
siguiendo un orden secuencial, el Libro Segundo, de la iniciativa sometida a esta
Honorable Asamblea, titulado “De las responsabilidades” se avoca a regular lo
conducente fijando primeramente, las atribuciones y sujetos de las responsabilidades
en su primer título “Disposiciones generales”, para que en el segundo título “De los
medios de defensa” se garanticen adecuadamente éstos, antes de que la Auditoría
Superior dicte una resolución definitiva. El último título “De las medidas de apremio y
sanciones” se dedica a regular, dentro del ámbito de competencias y atribuciones del
órgano fiscalizador, la etapa final de un procedimiento por responsabilidades de los
servidores públicos que es la imposición de la sanción. Con todas estas modificaciones,
como ya se señaló, se cumplen los principios de legalidad y seguridad jurídica en un
área tan delicada como es el determinar responsabilidades a un servidor público.
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
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“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
Si bien, la Entidad de Fiscalización Superior goza de autonomía técnica y de gestión
para decidir sobre su gestión interna, patrimonio y resoluciones, es imprescindible
regular las bases de su organización y funcionamiento, por lo que el Libro Tercero “De
la Auditoría Superior del Estado” se dedica a ello.
El Libro consta de tres títulos, el primero “De las atribuciones y organización de la
Auditoría Superior del Estado” desarrolla y mejora en relación a la actual ley, sus
atribuciones que como órgano que goza de autonomía técnica y de gestión debe tener,
atendiendo a las disposiciones federales y de nuestra Constitución Política.
Se garantiza un servicio fiscalizador de carrera, fijando el contenido mínimo que debe
establecer su estatuto; con esta medida, se robustece la profesionalización y objetividad
de los auditores y demás empleados de la Auditoría Superior, además de garantizar la
continuidad de labores en los casos de cambios en el personal de confianza.
En un sistema cada vez más integrado de rendición de cuentas, a nivel nacional, es
necesario establecer las disposiciones legales que permitan a la entidad de fiscalización
superior de Coahuila interactuar adecuadamente con otras dependencias e instancias.
Por ello, el Título segundo “De la coordinación institucional” del tercer Libro, se
concentra en las relaciones de la Auditoría Superior del Estado, primeramente con el
Congreso local, después con el Sistema Nacional de Fiscalización y por último con la
Auditoría Superior de la Federación, dejando abierta la posibilidad de la coordinación
con otras instituciones.
La autonomía de las entidades de fiscalización superior ha sido confundida, en diversas
ocasiones, con la impunidad o ausencia de rendición de cuentas de estos órganos de
vigilancia de los recursos públicos. Por ello, y abundando en la precisión y claridad, el
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
Título tercero y último de la nueva ley que se presenta se denomina “De la
transparencia y participación ciudadana”. En este Título se establecen otras
obligaciones de la Auditoría Superior completando las ya mencionadas anteriormente y
promoviendo la participación ciudadana.
Por lo anteriormente expuesto se presenta ante este Honorable Congreso del Estado la
iniciativa de:
D E C R E T O
ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN las fracciones XXXIII , XXXIV , XXXVIII y L del
artículo 67 y la fracción III del artículo 158-P; Se ADICIONA, la fracción LI del artículo
67, y el Capítulo VI al Título Tercero, de la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza, para quedar como sigue:
Artículo 67. …
I a XXXII. …
XXXIII. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos del Estado, discutiendo primero los ingresos que deben decretarse para cubrir
el ejercicio presupuestal, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la
entidad de fiscalización superior.
El Congreso deberá aprobar en el Presupuesto de Egresos del ejercicio, las partidas
necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores y
pagaderos en dicho ejercicio:
CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
“2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses”
a) Que constituyan deuda pública del Estado o de las entidades paraestatales
que cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo autorizado por las leyes y
los decretos correspondientes, y:
b) Que se deriven de contratos para proyectos para prestación de servicios
aprobados por el Congreso conforme a las leyes aplicables.
Asimismo, examinar, discutir y aprobar anualmente las leyes de ingresos de los
Municipios, tomando en cuenta, entre otros elementos, los informes de la entidad de
fiscalización superior, así como determinar, también anualmente, las bases, montos y
plazos que habrán de observarse conforme a los principios que establece el artículo
158-T de esta Constitución, para que los Municipios reciban de inmediato y sin demora
las participaciones y aportaciones federales o estatales que les correspondan.
En el caso de no aprobarse la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos,
continuarán en vigor las del año inmediato anterior, con las actualizaciones que sean
pertinentes de acuerdo al índice de precios al consumidor.
Las leyes garantizarán la gratuidad de la información pública bajo el principio de
disponibilidad presupuestal, sin perjuicio de los derechos o cuotas proporcionales,
equitativas y mínimas por la reproducción, gastos de envío, servicio o trámite público,
conforme a las leyes fiscales.
XXXIV. Revisar, por conducto de la entidad de fiscalización superior denominada
Auditoría Superior del Estado, en los términos previstos en las leyes, la gestión
financiera y las cuentas públicas de los Poderes del Estado, Municipios, organismos
públicos autónomos, entidades paraestatales, paramunicipales, mandatos, fondos,
fideicomisos y de cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que
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gestione recursos públicos, con objeto de conocer sus resultados y comprobar si se han
ajustado a la ley de ingresos o presupuesto de ingresos, según corresponda y a su
presupuesto de egresos y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y
programas.
Las cuentas públicas serán entregadas al Congreso a más tardar el último día del mes
de febrero del año siguiente al ejercicio correspondiente.
El Congreso concluirá la revisión de las cuentas públicas en un periodo máximo de 60
días naturales posteriores a la presentación del Informe Anual de Resultados que
entregue la Auditoría Superior del Estado, emitiendo el dictamen correspondiente con
base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas del mismo, sin
menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas por ésta, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en la ley de la
materia.
El Congreso realizará la glosa de las cuentas públicas con base en el informe que la
Auditoría Superior del Estado le entregue, en los términos que las leyes lo señalen.
XXXV. a la XXXVII. …
XXXVIII. Expedir leyes en materia de fiscalización superior y rendición de cuentas.
XXXIX. a la XLIX. …
L. Coordinar la evaluación, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, del
desempeño de las funciones de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que
disponga la ley, y
LI. Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución y los demás ordenamientos legales.
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Capítulo VI
De la Auditoría Superior del Estado
Artículo 74-A. La Auditoría Superior del Estado es un órgano con autonomía técnica,
presupuestaria y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La
autonomía le permitirá el ejercicio de sus atribuciones y la decisión sobre su
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la
ley.
La función de fiscalización superior será ejercida conforme a los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad,
transparencia y máxima publicidad de la información gubernamental.
Los Poderes del Estado, municipios, organismos públicos autónomos y las demás
entidades fiscalizadas facilitarán el auxilio que requiera la Auditoría Superior del Estado
para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las
sanciones que establezca la ley.
De igual forma, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o
moral, pública o privada, fideicomiso, mandato, fondo o cualquier otra figura jurídica
análoga, que reciban y ejerzan recursos públicos federales, estatales o municipales,
deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior
del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del
sistema financiero. En caso de no proporcionar la información y documentación, los
responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.
Artículo 74-B. La Auditoría Superior del Estado es competente para:
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I. Fiscalizar en forma posterior la gestión financiera y las cuentas públicas en
los términos que dicta esta Constitución y las leyes;
II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; y
efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, documentos y
demás información indispensables para la realización de sus investigaciones,
sujetándose a las formalidades establecidas en las leyes.
III. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al
patrimonio de las entidades; y
IV. Fincar directamente a los responsables, las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades
competentes el fincamiento de otras responsabilidades.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior del Estado podrá solicitar y
revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la
cuenta pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la
información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación,
contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los
planes y programas. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la
Auditoría Superior del Estado emita, sólo podrán referirse a la administración de los
recursos contenidos en la cuenta pública en revisión.
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Sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que
determine la ley, podrá realizar directamente revisiones de conceptos específicos o
requerir a las entidades que procedan a la revisión de los conceptos que estime
pertinentes, durante el ejercicio en curso, a fin de que le rindan un informe. Si estos
requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la ley, dará
lugar al fincamiento de las responsabilidades que correspondan. La Auditoría Superior
del Estado rendirá un informe específico al Congreso del Estado, a través de la
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública y, en su caso, fincará las responsabilidades
correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades
competentes.
Artículo 74-C. La Auditoría Superior del Estado entregará el Informe Anual de
Resultados de la fiscalización de las cuentas públicas, en los términos que señale la
ley, a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado.
Artículo 74-D. El Auditor Superior del Estado será designado por el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes del Pleno del Congreso; será inamovible y
su remoción sólo podrá realizarse por las causas establecidas en las leyes y conforme
a los procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución; durará en su
encargo ocho años y podrá ser ratificado para un segundo período.
Artículo 158-P. …
I a II. …
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III. El Congreso del Estado revisará por conducto de la Auditoría Superior del
Estado, la gestión financiera y las cuentas públicas de los municipios, en los términos
de las disposiciones aplicables. El Congreso del Estado en coordinación con los
municipios garantizará la disposición de la información correspondiente a la gestión
financiera y de la cuenta pública municipal a la comunidad en general, a través de
instrumentos confiables, oportunos y transparentes;
IV a VII. …
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se Crea la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
D E C R E T O
LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
LIBRO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TÍTULO PRIMERO
DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
COMPETENCIA
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TÍTULO SEGUNDO
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DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA Y DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
CAPÍTULO II
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO III
DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
CAPÍTULO IV
DE LAS AUDITORÍAS
CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS
SECCIÓN PRIMERA
DE LA VISITA DOMICILIARIA
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA REVISIÓN DE GABINETE
CAPÍTULO VI
DE LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PLIEGOS DE OBSERVACIONES
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PLIEGO DE RECOMENDACIONES
TÍTULO TERCERO
DE LOS INFORMES
CAPÍTULO I
DE LOS INFORMES ESPECIALES
CAPÍTULO II
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DE LOS INFORMES INDIVIDUALES
CAPÍTULO III
DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS
TÍTULO CUARTO
DE LA CONCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LA GLOSA Y CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS
CUENTAS PÚBLICAS
CAPÍTULO II
DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES
TÍTULO QUINTO
DE LA REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
LIBRO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES EN GENERAL
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO III
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DE LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL FINCAMIENTO DE
LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS
CAPÍTULO IV
DE LAS INDEMNIZACIONES
CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES
CAPÍTULO VI
DE LA PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
LIBRO TERCERO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO
CAPÍTULO I
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DE SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO II
DE SU PATRIMONIO
CAPÍTULO III
DE SU ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DEL ESTADO
CAPÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
TÍTULO TERCERO
DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
LIBRO PRIMERO
DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
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TÍTULO PRIMERO
DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
COMPETENCIA
Artículo 1.
La presente ley tiene por objeto reglamentar la rendición, revisión y fiscalización
superior de las cuentas públicas e informes de avance de gestión financiera, de
acuerdo a lo previsto por la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza,
así como establecer las bases para la organización y funcionamiento de la Auditoría
Superior del Estado de Coahuila.
Artículo 2.
La Auditoría Superior tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de las cuentas
públicas y de los informes de avance de gestión financiera. Es un órgano con
personalidad jurídica y patrimonio propio y goza de autonomía técnica, presupuestaria y
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, y tiene las facultades que le confieren la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta ley y demás
disposiciones aplicables.
Así mismo, la Auditoría Superior es competente para:
I. Fiscalizar en forma posterior la gestión financiera y las cuentas públicas en los
términos que dicta la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza, esta ley y demás disposiciones aplicables;
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II. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; y
efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de libros, documentos y
demás información indispensables para la realización de sus investigaciones,
sujetándose a las formalidades establecidas en las leyes.
III. Determinar los daños y/o perjuicios que afecten a la hacienda pública o al
patrimonio de las entidades; y
IV. Fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades
competentes el fincamiento de otras responsabilidades.
Artículo 3.
Para efectos de la presente ley, se entenderá por:
I. Auditoría Superior: la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza;
II. Auditor Superior: el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de
Zaragoza;
III. Comisión: la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública del Congreso del Estado
de Coahuila de Zaragoza;
IV. Congreso: el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza;
V. Cuenta pública: el informe que las entidades rinden al Congreso sobre su
gestión financiera en los términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental;
VI. Dictamen final de auditoría: el documento emitido por la Auditoría Superior en
donde se plasman los resultados y observaciones finales de las auditorías
practicadas a las entidades fiscalizadas;
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VII. Entidades: los Poderes, sus órganos y dependencias, organismos públicos
autónomos, las entidades paraestatales, los municipios, sus órganos y
dependencias, sus organismos descentralizados y paramunicipales; los
mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier
otra figura análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o
privados o cualquier otra figura jurídica similar, cuando hayan recibido por
cualquier título recursos públicos, no obstante que no sean considerados
entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al
sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, que haya tenido o tenga a su cargo la recaudación, custodia,
administración, manejo, aplicación o ejercicio de recursos públicos federales,
estatales o municipales y que por dicha razón sean sujetos de fiscalización por
parte de la Auditoría Superior;
VIII. Fiscalización Superior: es el conjunto de facultades ejercidas por la Auditoría
Superior, que tienen por objeto la revisión de la cuenta pública, incluyendo los
informes de avance de gestión financiera, a través de la comprobación,
evaluación y control del ejercicio de la gestión financiera de las entidades;
IX. Gestión financiera: las acciones, tareas y procesos que realizan las entidades
fiscalizadas para la administración y ejercicio de los recursos públicos, así como
en la ejecución de los planes y programas, conforme a las leyes de ingresos, los
presupuestos de egresos y demás disposiciones aplicables;
X. Glosa: la comparecencia de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas
ante los miembros de la Comisión, a efecto de que expliquen y aclaren los
resultados y observaciones de las auditorías practicadas por la Auditoría
Superior;
XI. Información reservada: toda aquélla información y/o documentación que por
disposición expresa de una ley sea considerada como tal;
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XII. Informe de avance de gestión financiera: el informe trimestral que, como parte
integrante de la cuenta pública, rinden las entidades al Congreso sobre los
avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la
Auditoría Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas;
XIII. Informe Anual de Resultados: el informe anual que presenta la Auditoría
Superior al Congreso por conducto de la Comisión, con las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas, como resultado de las fiscalización de
los informes de avance de gestión financiera y las cuentas públicas;
XIV. Informes especiales: los informes que presenta la Auditoría Superior de la
fiscalización a los informes de avance de gestión financiera;
XV. Informes individuales: los informes que presenta la Auditoría Superior de los
resultados obtenidos en las auditorías practicadas conforme se vayan
concluyendo;
XVI. Instancias de control competentes: tienen este carácter, la Secretaría de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado, los órganos
internos de control o cualquier instancia que lleve a cabo funciones de control,
fiscalización, vigilancia o similares;
XVII. Planes: Plan Estatal y Municipal de Desarrollo;
XVIII. Pliego de observaciones: el documento en el que la Auditoría Superior da a
conocer a las entidades las observaciones determinadas con motivo de la
fiscalización de las cuentas públicas y los informes de avance de gestión
financiera;
XIX. Pliego de recomendaciones: el documento en el que la Auditoría Superior da a
conocer a las entidades las recomendaciones determinadas con motivo de la
fiscalización de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión
financiera, con el propósito de que sean atendidas por las entidades;
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XX. Proceso de fiscalización: el comprendido desde la presentación del informe de
avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio correspondiente,
hasta el dictamen emitido por la Comisión relativo a la conclusión de la
fiscalización superior de las cuentas públicas;
XXI. Profesionales de auditoría independientes: los auditores de los despachos
contables debidamente registrados y contratados por la Auditoría Superior, para
practicar auditorías a las entidades, de conformidad con las normas y los
lineamientos que para tal efecto dicte la misma Auditoría Superior o, en su caso,
la Comisión;
XXII. Reglamento Interior: el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado
de Coahuila de Zaragoza;
XXIII. Responsabilidad resarcitoria: la responsabilidad directa, solidaria o subsidiaria,
que por acción u omisión de los servidores públicos y los particulares, personas
físicas y personas morales, provoquen daños y perjuicios en la hacienda pública
o patrimonio de las entidades, y tiene como consecuencia la imposición de la
indemnización resarcitoria correspondiente;
XXIV. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado;
XXV. Sistema de contabilidad gubernamental: el sistema al que deberán sujetarse
las entidades fiscalizadas para registrar de manera armónica, delimitada y
específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión
pública, así como otros flujos económicos. Así mismo, para generar estados
financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los
cuales serán expresados en términos monetarios.
Artículo 4.
A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo
conducente, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal para el
Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo para el
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Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás
disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal.
La interpretación administrativa de esta ley estará a cargo de la Auditoría Superior.
CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Artículo 5.
Los actos de fiscalización que ejecute la Auditoría Superior se guiarán por los principios
de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad,
transparencia y máxima publicidad de la información.
Artículo 6.
La fiscalización superior a cargo de la Auditoría Superior se realizará con posterioridad
a la gestión financiera excepto en los casos previstos en la presente ley; tiene carácter
externo y, por lo tanto, se efectuará de manera independiente y autónoma respecto de
cualquier otra forma de control o evaluación que realicen las instancias de control
competentes.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cuando conforme a esta ley y
demás disposiciones aplicables, las instancias de control competentes de las entidades
deban colaborar con la Auditoría Superior en lo que concierne a la revisión de su cuenta
pública y/o informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior establecerá
las bases para que dicha instancia de control conceda la coordinación y colaboración
entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se
requiera.
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Artículo 7.
En el manejo de la información y documentación en posesión de la Auditoría Superior
prevalecerán los principios de transparencia y de máxima publicidad, con las
restricciones y excepciones establecidas por la ley.
Artículo 8.
La fiscalización superior de las cuentas públicas está limitada al principio de anualidad,
por lo que los procesos cuya ejecución abarquen dos o más ejercicios fiscales sólo
podrán ser revisados anualmente en la parte ejecutada.
Sin perjuicio del principio de anualidad a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, la Auditoría Superior podrá revisar de manera casuística y concreta, la
información y documentos relacionados con conceptos específicos de gasto
correspondientes a ejercicios fiscales anteriores a los de las cuentas públicas en
revisión, sin que con este motivo se entiendan, para todos los efectos legales, abiertas
nuevamente las cuentas públicas del ejercicio correspondiente a la revisión,
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales.
Las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior emita, sólo podrán
referirse a la administración de los recursos contenidos en la cuenta pública en revisión.
Artículo 9.
Las entidades conservarán en su poder los libros y registros presupuestarios y de
contabilidad, así como la información financiera y los documentos justificativos y
comprobatorios de sus cuentas públicas durante un plazo mínimo de diez años y
mientras no prescriban las acciones derivadas de las operaciones en ellos consignadas;
su conservación o destrucción se realizará en los términos de la ley de la materia.
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TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE
GESTIÓN FINANCIERA Y DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Artículo 10.
Los informes de avance de gestión financiera y las cuentas públicas se organizarán,
sistematizarán y difundirán conforme a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Artículo 11.
Las entidades deberán presentar su cuenta pública anual ante el Congreso a más
tardar el último día del mes de febrero del año siguiente al ejercicio correspondiente.
Será presentada en forma impresa y en un archivo electrónico de datos que permita su
uso informático y facilite su procesamiento, independientemente de los demás
requisitos que se deban cumplir para su presentación, contenidos en las disposiciones
de carácter general que la Auditoría Superior emita para tal efecto y deberá contener la
información descrita en el artículo 15 de esta ley.
Por los cuatro trimestres del año, las entidades presentarán ante el Congreso sendos
informes de avance de gestión financiera, los que contendrán la información descrita en
el artículo 16 de esta ley. Estos informes se presentarán con las formalidades a que se
refiere el párrafo anterior dentro del mes inmediato posterior al periodo que corresponda
la información.
Los periodos trimestrales son los siguientes:
I. Enero a marzo;
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II. Abril a junio;
III. Julio a septiembre, y
IV. Octubre a diciembre
La Comisión deberá entregar a la Auditoría Superior las cuentas públicas y los informes
de avance de gestión financiera en un plazo máximo de cinco días hábiles posteriores a
su recepción por el Congreso.
Artículo 12.
Sin perjuicio a lo señalado en el artículo anterior, las cuentas públicas y los informes de
avance de gestión financiera de las entidades, deberán estar debidamente integrados y
disponibles a través de sus páginas de internet para su fiscalización por parte de la
Auditoría Superior a partir de la fecha de su presentación y de acuerdo con lo señalado
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás legislación aplicable.
Artículo 13.
La falta de presentación, así como la presentación inoportuna y/o incompleta de la
cuenta pública o de los informes de avance de gestión financiera, dará lugar a que la
Auditoría Superior imponga las siguientes sanciones:
I. Multa de 300 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Estado a el o los
responsables de su presentación.
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Así mismo, sin perjuicio de la multa impuesta, la Auditoría Superior requerirá a el o
los responsables para que subsanen la omisión o deficiencias antes mencionadas
dentro de los cinco días hábiles siguientes.
II. Multa del doble de la ya impuesta, en caso de que el o los responsables no
subsanen la omisión o deficiencias requeridas dentro del plazo señalado en el
segundo párrafo de la fracción anterior.
Además, sin perjuicio de las multas impuestas, en caso de incumplimiento al
requerimiento se requerirá al superior jerárquico de el o los responsables para que
subsane la omisión o deficiencias requeridas dentro de los cinco días hábiles
siguientes.
III. Promoción de separación definitiva del cargo público ante el órgano competente,
cuando el o los responsables se hayan hecho acreedores a la sanción prevista en
la fracción I de este artículo e incurran nuevamente en la falta de presentación o la
presentación inoportuna y/o incompleta de las cuentas públicas o de los informes
de avance de gestión financiera.
Además, la Auditoría Superior requerirá al superior jerárquico de el o los
responsables para que subsane la omisión o deficiencias advertidas dentro de los
cinco días hábiles siguientes.
La imposición de las sanciones pecuniarias establecidas en este artículo, se sujetará a
lo dispuesto en el Libro Segundo, Título Tercero de la presente ley.
Artículo 14.
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Sin perjuicio de la imposición de las sanciones establecidas en el artículo anterior, si las
cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera no están integrados y
disponibles en los plazos y con los requisitos señalados, la Auditoría Superior
promoverá ante las autoridades competentes la aplicación de las sanciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
No será impedimento para que la Auditoría Superior realice su función de fiscalización,
si las cuentas públicas no están integradas y disponibles en los plazos y requisitos
señalados.
Artículo 15.
La cuenta pública deberá contener la información señalada en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, además de la normatividad emitida por el Consejo
Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización Contable del
Estado de Coahuila de Zaragoza.
Así mismo, la cuenta pública contendrá un informe o dictamen de los profesionales de
auditoría independientes o, en su caso, una declaratoria de las instancias de control
competentes, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera
y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la
función de control gubernamental.
Además de lo anterior, la cuenta pública deberá contener el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores
aprobados en los presupuestos correspondientes.
Artículo 16.
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Los informes de avance de gestión financiera deberán contener la información señalada
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de la normatividad emitida
por el Consejo Nacional de Armonización Contable y por el Consejo de Armonización
Contable del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al periodo de que se
trate y la acumulada del ejercicio.
Los informes de avance de gestión financiera se referirán a los programas a cargo de la
entidad para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de
necesidades en ellos proyectados.
Además de lo anterior, los informes de avance de gestión financiera contendrán un
informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes o, en su caso, una
declaratoria de las instancias de control competentes, acerca de la situación que guarda
el control interno y del grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los
objetivos de la función de control gubernamental.
Artículo 17.
La Auditoría Superior en el ámbito de su respectiva competencia, podrá expedir las
disposiciones de carácter general para reglamentar la presentación de la cuenta pública
y de los informes de avance de gestión financiera, sin perjuicio de lo previsto por la Ley
General de Contabilidad Gubernamental en relación con su contenido.
Los manuales, guías, instructivos, formatos, reglas y demás instrumentos que expida la
Auditoría Superior, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
y en la página de internet de la Auditoría Superior.
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CAPÍTULO II
DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA
Artículo 18.
La revisión de los informes de avance de gestión financiera tendrá como objeto verificar
que los recursos públicos se administren y ejerzan atendiendo a los principios de
legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, así como el
cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores fijados en los planes y programas
aprobados.
Artículo 19.
La Auditoría Superior en ejercicio de sus facultades de fiscalización, podrá realizar
auditorías, visitas e inspecciones, respecto de la información contenida en los informes
de avance de gestión financiera.
En su caso, dichas revisiones deberán realizarse dentro de los cinco meses siguientes
a la fecha de vencimiento del plazo para su presentación por las entidades ante el
Congreso, para lo cual se elaborarán y publicarán informes especiales.
De la revisión de los informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior
podrá realizar observaciones y recomendaciones, en cuyo caso deberán notificarse a
las entidades, con el propósito de que se integren al Informe Anual de Resultados.
Artículo 20.
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Para la revisión de los informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior
aplicará los mismos lineamientos técnicos y criterios de auditoría utilizados para la
revisión de las cuentas públicas.
Artículo 21.
Si de la revisión y fiscalización de los informes de avance de gestión financiera
aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas
que produzcan un daño y/o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades, la Auditoría Superior procederá en términos de lo señalado en el artículo 87
de esta ley y, en su caso, tratándose de los recursos públicos federales, de conformidad
con el artículo 163 de esta misma ley.
CAPÍTULO III
DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Artículo 22.
Las cuentas públicas serán fiscalizadas por la Auditoría Superior dentro de los nueve
meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para su presentación, debiendo
elaborar para tal efecto un Informe Anual de Resultados.
Con independencia de lo anterior, la Auditoría Superior podrá iniciar el proceso de
fiscalización mediante visitas domiciliarias y/o revisiones de gabinete a partir del primer
día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal, en cuyo caso, la fiscalización
deberá concluir antes de la fecha de presentación del Informe Anual de Resultados. Lo
anterior, sin perjuicio de los principios de posterioridad y anualidad establecidos en esta
ley.
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Artículo 23.
La Auditoría Superior podrá informar de los resultados obtenidos en las auditorías
practicadas conforme se vayan concluyendo, a través de los informes individuales de
auditoría que se elaboren para tal efecto.
Artículo 24.
La Auditoría Superior conservará en su poder y mantendrá en su página de internet las
cuentas públicas de cada ejercicio fiscal y los informes de avance de gestión financiera
a los que se refiere la presente ley, de los últimos diez ejercicios fiscales o mientras no
prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las supuestas
irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión.
También, conservará las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen
responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas penales,
que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos
que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.
Artículo 25.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Auditoría Superior podrá realizar auditorías
de cumplimiento legal y financiero, de desempeño y de obra pública, en forma
independiente, sucesiva o simultánea, sin perjuicio de otro tipo de auditorías que se
sean necesarias para el logro de sus objetivos.
Artículo 26.
La Auditoría Superior podrá emitir las normas y procedimientos para la práctica de
auditorías, con base en las modalidades y alcances de fiscalización previstos en el
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, observando en todo momento la
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aplicación estricta de las normas de información financiera, los objetivos de los planes y
programas aprobados, así como la demás normatividad y disposiciones legales
aplicables.
En los procedimientos de fiscalización se deberán utilizar los sistemas de contabilidad
gubernamental de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Artículo 27.
El proceso de fiscalización superior deberá documentarse en su totalidad.
Artículo 28.
La fiscalización superior de las cuentas públicas, así como de los informes de avance
de gestión financiera, tiene por objeto determinar:
I. Si los programas y su ejecución se ajustan a los términos y montos aprobados;
II. Si las cantidades correspondientes a los ingresos o egresos se ajustan a los
conceptos y a las partidas respectivas;
III. El desempeño en el cumplimiento de los planes y programas, con base en los
indicadores aprobados en el presupuesto y su efecto en las condiciones sociales
y económicas de cada entidad y, en su caso, regionales durante el periodo que
se evalúen;
IV. Si los recursos provenientes de financiamiento se obtuvieron en los términos
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes
y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos
adquiridos;
V. El resultado de la gestión financiera de las entidades, en forma posterior a la
conclusión de los procesos correspondientes;
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VI. Si la recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de
todos los recursos y los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones
que las entidades celebren o realicen, se ajustan a la legalidad y si no han
causado daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades;
VII. Que los sistemas de información en general, desde sus entradas, procesamiento,
controles, archivos, seguridad y obtención de información, cumplan con las
disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de registro y
contabilidad gubernamental;
VIII. El cumplimiento de la normatividad en el desarrollo de los procesos y
procedimientos administrativos:
IX. La evaluación del control interno de las entidades;
X. Las responsabilidades a que haya lugar, y
XI. La imposición de las sanciones correspondientes en los términos de esta ley.
CAPÍTULO IV
DE LAS AUDITORÍAS
Artículo 29.
Durante el primer trimestre del año la Auditoría Superior establecerá un programa anual
de auditorías, visitas e inspecciones, el cual tendrá carácter público y deberá difundirse
a través de su página de internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, en donde se señale la totalidad de las entidades que serán objeto de
fiscalización.
Dicho programa anual podrá modificarse cuando la Auditoría Superior lo considere
necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones, debiéndose publicar dichas
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modificaciones en su página de internet, así como en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.
Artículo 30.
Antes del día 20 de enero de cada ejercicio, las entidades deberán informar a la
Auditoría Superior por medio de su representante legal, sobre la denominación e
identificación de todas las demás entidades que se encuentren bajo su ámbito de
influencia y cuya gestión presupuestaria y programática no esté incorporada en su
cuenta pública.
Si con posterioridad a la fecha señalada, son creadas o constituidas nuevas entidades
que se encuentren bajo el ámbito de influencia de otras entidades, éstas deberán
informarlo a la Auditoría Superior en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
De acuerdo con el informe descrito, la Auditoría Superior procederá a elaborar el
padrón de entidades obligadas a presentar los informes de avance de gestión financiera
y la cuenta pública correspondiente. El padrón, así como sus ulteriores modificaciones,
serán publicados en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en la página de
internet de la Auditoría Superior.
En caso de no presentar las entidades el informe referido, la Auditoría Superior lo hará
del conocimiento del Congreso para los efectos correspondientes.
Artículo 31.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Auditoría Superior practicará auditorías
mediante visitas domiciliarias y revisión de gabinete a las entidades fiscalizadas, las
cuales se sujetarán a las formalidades establecidas en esta ley y demás leyes
aplicables.
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También podrá realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores
públicos de las entidades fiscalizadas para conocer directamente el ejercicio de sus
funciones, así como llevar a cabo compulsas e inspecciones a las propias entidades o
terceros con ellas relacionadas.
Artículo 32.
La Auditoría Superior tendrá acceso a toda la información y documentación justificativa
y comprobatoria relativa a la gestión financiera, así como a la correspondiente al
cumplimiento de los objetivos de los planes y programas municipales, estatales y, en su
caso, federales de las entidades fiscalizadas, siempre que al solicitarla se expresen los
fines a que se destine dicha información. Asimismo, tendrá acceso a las plataformas
electrónicas y sistemas que se utilicen.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad más amplia de la Auditoría Superior para solicitar
información y/o documentación a las entidades para la planeación de la revisión de la
cuenta pública antes de iniciar formalmente las auditorías, visitas e inspecciones.
Artículo 33.
Las entidades fiscalizadas que administren o ejerzan recursos públicos municipales,
estatales o, en su caso, federales, deberán atender los requerimientos que les formule
la Auditoría Superior durante la planeación, el desarrollo de las auditorías y el
seguimiento de las acciones que emita, dentro de los plazos y procedimientos
establecidos en esta ley, y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los
derechos de los usuarios del sistema financiero; su incumplimiento dará lugar a la
imposición de las sanciones establecidas en esta ley.
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La Auditoría Superior informará al Congreso la falta de colaboración de las entidades
fiscalizadas para los efectos correspondientes.
Artículo 34.
Las auditorías que se efectúen en los términos de esta ley, se practicarán por el
personal que la Auditoría Superior expresamente designe para tal efecto o por
profesionales de auditoría independientes que se contraten para tal fin, personas físicas
o morales; instituciones públicas o privadas, siempre y cuando no exista conflicto de
intereses.
Las auditorías en las que se maneje información relacionada con seguridad pública del
Estado o del país, serán realizadas directamente por la Auditoría Superior.
Artículo 35.
Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter de representantes
de la Auditoría Superior en lo concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto,
deberán presentar previamente el oficio de comisión y/o habilitación respectivo e
identificarse plenamente como personal actuante de dicha Auditoría Superior.
Artículo 36.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior o los profesionales de auditoría
independientes que participen en los procesos de fiscalización, deberán sujetarse a los
principios de integridad, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad y
competencia profesional, que se establezcan en las disposiciones de ética y conducta,
así como para prevención de conflictos de interés que al efecto se emitan por la
Auditoría Superior.
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Artículo 37.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior tendrán la obligación de excusarse de
conocer asuntos cuando exista relación de parentesco sin limitación de grado en línea
recta o hasta el cuarto grado en línea colateral, con servidores públicos de las
entidades fiscalizadas o sus titulares.
Así mismo, se abstendrán de participar en los casos previstos en las disposiciones para
evitar conflicto de intereses que al efecto se emitan.
Artículo 38.
Cuando al personal de la Auditoría Superior o a los profesionales de auditoría
independientes se les impida la práctica de auditorías o no se les proporcione la
información y/o documentación necesaria para el debido desempeño de sus funciones,
la Auditoría Superior promoverá el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar
ante las autoridades correspondientes.
Artículo 39.
Los actos administrativos y resoluciones que emita la Auditoría Superior se presumirán
legales y deberán contar al menos con los siguientes requisitos:
I. Constar por escrito en documento impreso, en su caso, en medio digital;
II. Señalar la autoridad que lo emite;
III. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se
trate;
IV. Ostentar la firma del funcionario competente, la denominación de la entidad
fiscalizada, el nombre del titular o representante legal y, en su caso, el nombre o
nombres de las personas a las que vaya dirigida. Cuando se ignore el nombre de la
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persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su
identificación.
Tratándose de documentos administrativos que consten en medios digitales, la
Auditoría Superior emitirá reglas de carácter general que faciliten su aplicación. Dichas
reglas deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así como en
la página de internet de la Auditoría Superior.
CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
SECCIÓN PRIMERA
DE LA VISITA DOMICILIARIA
Artículo 40.
En la orden de visita domiciliaria, además de los requisitos a que se refiere el artículo
anterior, se deberá indicar:
I. El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita;
II. El nombre del o los visitadores que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser
sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la
Auditoría Superior. La sustitución, aumento o reducción de los visitadores que
deban efectuar la visita se notificará a la entidad fiscalizada visitada.
Los visitadores comisionados y/o habilitados para efectuar la visita podrán actuar
conjunta o separadamente.
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Artículo 41.
Las auditorías realizadas por la Auditoría Superior, a través de visita domiciliaria, se
desarrollarán conforme a las siguientes reglas:
I. La visita a la entidad se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de
visita.
II. El procedimiento iniciará con la notificación de la orden de visita domiciliaria al
titular o representante legal de la entidad y, en su caso, a la persona o personas
que vaya dirigida.
III. Los visitadores comisionados y/o habilitados se identificarán con credencial
vigente y/o constancia de identificación expedida por la Auditoría Superior, así
como con el oficio de comisión para desempeñar la visita. En caso de que los
visitadores sean profesionales de auditoría independientes habilitados por la
Auditoría Superior, deberán exhibir el oficio de habilitación correspondiente e
identificación expedida por el despacho contratado.
IV. Si al presentarse los visitadores comisionados y/o habilitados al lugar en donde
debe practicarse la diligencia, no estuviere la persona visitada o su representante
legal, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que
el mencionado visitado o su representante los esperen
a hora determinada del día hábil siguiente para recibir la orden de visita; si no lo
hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
V. Los visitadores levantarán acta parcial de inicio en la que se hará constar lo
siguiente:
a) Lugar, hora, día, mes y año en que inicia la visita domiciliaria;
b) Objeto o propósito de la visita;
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c) Identificación de los visitadores comisionados y/o habilitados por la
Auditoría Superior.
d) Identificación de quien atiende la visita y, en su caso, oficio de designación
para tal efecto.
e) Designación de testigos. La persona con quien se entienda la visita
designará a las personas que habrán de fungir como testigos; si ésta no lo
hiciere o los designados no aceptaren serlo, los visitadores los designarán,
haciendo constar esta circunstancia en el acta.
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no
comparecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, porque se
ausenten antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad
de dejar de ser testigo; ante esta circunstancia la persona con la que se
entiende la visita deberá designar a otros inmediatamente, y ante su
negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán
designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no
invalida los resultados de la visita.
f) Requerimiento de información y/o documentación, así como el plazo para
su presentación.
VI. Las personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la
visita, están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar o lugares
objeto de la misma, así como mantener a su disposición los documentos, libros,
registros, archivos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de
almacenamiento de datos y demás sistemas que contengan información de la
entidad, documentación comprobatoria y justificativa relativa al ingreso, gasto,
deuda y patrimonio públicos; expedientes técnicos y unitarios integrados con
motivo de la realización de obras y adquisición de bienes y servicios, los cuales
serán examinados en el domicilio de la entidad, en el lugar donde se encuentren
sus archivos o en el lugar donde se encuentren los bienes o las obras. Los
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visitadores podrán solicitar y obtener copia de dichos documentos, para que
previo cotejo con sus originales sean certificados por éstos y sean anexados a
las actas parciales y finales que se levanten con motivo de la visita domiciliaria.
VII. Se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se harán
constar requerimientos de información adicionales para obtener la
documentación e información necesaria y suficiente para cumplir con los
objetivos de la visita.
VIII. Cuando en el desarrollo de la visita, los visitadores conozcan hechos u omisiones
que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales o
complementarias, las cuales estarán firmadas por los visitadores que en la
diligencia intervinieron, dejando copia de las mismas a los visitados. También se
consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de
terceros. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas
hacen prueba plena de la existencia de tales hechos o de las omisiones
advertidas.
IX. Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en las actas
parciales o complementarias, si antes del cierre del acta final las personas
visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita no
presentan los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u
omisiones consignados en dichas actas.
X. Las actas parciales o complementarias se entenderán que forman parte
integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente.
XI. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de
comprobación en el domicilio de la entidad visitada, las actas en las que se haga
constar el desarrollo de una visita podrán levantarse en las oficinas de la
Auditoría Superior.
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XII. La visita domiciliaria concluirá con el levantamiento del acta final ante las
personas visitadas, sus representantes o la persona con quien se entienda la
visita, con las mismas formalidades establecidas para el levantamiento del acta
parcial de inicio.
Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su
representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora
determinada del día hábil siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará
ante quien estuviere presente en el lugar visitado.
XIII. En el levantamiento del acta final, cualquiera de los visitadores que hayan
intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la
diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al visitado. Si el
visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no
comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con
quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha
circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor
probatorio de la misma.
XIV. Con posterioridad a la conclusión de la visita domiciliaria, la Auditoría Superior
emitirá, en su caso, el pliego de observaciones, así como el pliego de
recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán a la entidad visitada
quien contará con el plazo señalado en esta ley para presentar los documentos,
libros, registros o demás evidencia que solventen las observaciones y atiendan
las recomendaciones contenidas en dichos pliegos.
XV. Si de la visita domiciliaria no se desprendieran hechos u omisiones que entrañen
el incumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables, se
hará constar así por los visitadores en el acta final.
Artículo 42.
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Cuando la Auditoría Superior solicite datos, informes o documentos a las entidades
dentro de una visita domiciliaria, se tendrán los siguientes plazos para su presentación:
I. Los libros y registros que formen parte de su contabilidad deberán presentarse de
inmediato, es decir, el mismo día en que se requiera dicha información, así como
los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico en su caso;
II. Seis días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación
de la solicitud respectiva, cuando los documentos o demás información sean de los
que deba tener en su poder la entidad;
III. Quince días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la
notificación de la solicitud respectiva, en los demás casos.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LA REVISIÓN DE GABINETE
Artículo 43.
Cuando la Auditoría Superior solicite de los titulares o representantes de las entidades,
la información y documentación justificativa y comprobatoria de su gestión financiera,
fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I. La solicitud se notificará en el domicilio de la entidad. Si al presentarse el
notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere el
titular o representante legal de la entidad a quien va dirigida la solicitud, se dejará
citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el
representante lo espere a hora determinada del día hábil siguiente para recibir la
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solicitud; si no lo hiciere, la solicitud se notificará a quien se encuentre en el
domicilio señalado en la misma.
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deba proporcionar los
documentos, datos, libros, registros e informes requeridos.
III. La documentación deberá ser proporcionada en original por la persona a la que se
dirigió la solicitud o por su representante legal.
IV. Una vez agotada la revisión de los documentos, datos, sistemas, libros, registros e
informes requeridos, la Auditoría Superior dará por concluida la revisión de
gabinete. Posteriormente, en su caso, emitirá los pliegos de observaciones y/o
recomendaciones correspondientes, los cuales se notificarán al titular o
representante legal de la entidad quien contará con el plazo señalado en esta ley
para presentar los documentos, libros o registros que solventen las observaciones
y/o atiendan las recomendaciones contenidas en dichos pliegos.
V. Cuando no se hubieran advertido hechos u omisiones, la Auditoría Superior
comunicará al titular o representante de la entidad, mediante oficio, esta
circunstancia, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la conclusión de la
revisión.
Artículo 44.
Cuando con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, la Auditoría
Superior solicite información y documentación justificativa y comprobatoria de su
gestión financiera a las entidades fuera de una visita domiciliaria, éstas contarán con un
plazo improrrogable de 15 días hábiles para proporcionarlos, contados a partir del día
siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva.
CAPÍTULO VI
DE LA CONCLUSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
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Artículo 45.
La Auditoría Superior deberá concluir los procedimientos de auditoría dentro de los
plazos establecidos en los artículos 19, párrafo segundo y 22 de la presente ley.
Artículo 46.
Las irregularidades advertidas por la Auditoría Superior con motivo de las auditorías
practicadas, estarán contenidas en:
I. Pliegos de observaciones;
II. Pliegos de recomendaciones.
Artículo 47.
Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la conclusión de la visita domiciliaria o
la revisión de gabinete, la Auditoría Superior, con base en las disposiciones de esta ley
formulará y notificará, en su caso, a las entidades los pliegos de observaciones y los
pliegos de recomendaciones derivados de la revisión y fiscalización de las cuentas
públicas y de los informes de avance de gestión financiera. En los pliegos de
observaciones se cuantificará el importe de las observaciones detectadas que sean
causa de responsabilidad.
SECCIÓN PRIMERA
DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES
Artículo 48.
Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles deberán solventar
los pliegos de observaciones ante la Auditoría Superior. Cuando los pliegos de
observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado o la documentación,
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argumentos o demás evidencia presentados no sean suficientes para solventar las
observaciones, la Auditoría Superior promoverá las responsabilidades administrativas,
iniciará los procedimientos de responsabilidades resarcitorias y presentará denuncias o
querellas en contra de servidores públicos o particulares, cuando tenga conocimiento
de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con la hacienda
pública o patrimonio de las entidades, así como denuncias de Juicio Político de
conformidad con lo señalado en la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
Artículo 49.
Con base en la información y/o documentación a la que se refiere el artículo anterior, la
Auditoría Superior emitirá el dictamen final de auditoría mediante el cual determinará los
resultados finales de las auditorías practicadas. Dicho dictamen se anexará al Informe
Anual de Resultados.
SECCIÓN SEGUNDA
DEL PLIEGO DE RECOMENDACIONES
Artículo 50.
Las entidades, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles deberán atender los
pliegos de recomendaciones ante la Auditoría Superior.
Cuando los pliegos de recomendaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado o
que la documentación, argumentos o demás evidencia presentados no sean suficientes
para atender las recomendaciones, la Auditoría Superior promoverá las
responsabilidades a que haya lugar.
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La Auditoría Superior deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 60 días hábiles
sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se
tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.
Artículo 51.
Las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior las mejoras
realizadas respecto a las acciones y recomendaciones al desempeño o, en su caso,
justificar su improcedencia.
Artículo 52.
Para los efectos del artículo anterior, se entiende por acciones y recomendaciones lo
siguiente:
I. Acciones de mejora continua: el conjunto de procedimientos, procesos, y/o
metodologías, que las entidades deberán atender para incrementar la eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez de su gestión financiera.
II. Acciones de desempeño: el conjunto de procedimientos, procesos, y/o
metodologías, que las entidades deberán atender para el cumplimiento de los
objetivos contenidos en los programas aprobados.
III. Recomendaciones de mejora continua: aquéllas sugerencias que la Auditoría
Superior ponga a consideración de las entidades a fin de incrementar la
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de su gestión financiera.
IV. Recomendaciones de desempeño: aquéllas sugerencias que la Auditoría
Superior ponga a consideración de las entidades a fin de dar cumplimiento a los
objetivos contenidos en los planes y programas aprobados
TÍTULO TERCERO
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DE LOS INFORMES
CAPÍTULO I
DE LOS INFORMES ESPECIALES
Artículo 53.
La Auditoría Superior elaborará informes especiales de las revisiones a los informes de
avance de gestión financiera, los cuales deberán ser publicados en la página de internet
de la misma Auditoría Superior, debiendo informar de ello al Congreso, a través de la
Comisión, dando cuenta de las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas.
Los informes especiales deberán contener, en lo conducente, los mismos requisitos que
el Informe Anual de Resultados.
Artículo 54.
La Comisión podrá citar al Auditor Superior y demás servidores públicos de la Auditoría
Superior, a efecto de ampliar o aclarar el contenido de los informes especiales.
Artículo 55.
La información contenida en los informes especiales será considerada por el Congreso
para la elaboración de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos correspondientes.
Artículo 56.
Las revisiones a los informes de avance de gestión financiera podrán ser incluidas en el
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones a efecto de profundizar en su
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revisión, así como para el seguimiento de las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas.
Artículo 57.
Los resultados de los informes especiales deberán incluirse en el Informe Anual de
Resultados.
Artículo 58.
La Auditoría Superior cuidará que en los informes especiales no se revele información
reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Para tal efecto, las
entidades al proporcionar la información y/o documentación correspondiente, deberán
informar y comprobar a la Auditoría Superior la que reviste el carácter de reservada.
CAPÍTULO II
DE LOS INFORMES INDIVIDUALES
Artículo 59.
La Auditoría Superior podrá elaborar informes individuales de las auditorías que se
concluyan, los cuales serán publicados en la página de internet de la Auditoría Superior,
debiendo informar de ello al Congreso, a través de la Comisión.
Los informes individuales deberán contener, en lo conducente, los mismos requisitos
que el Informe Anual de Resultados.
Artículo 60.
Los informes individuales de las auditorías concluidas formarán parte del Informe Anual
de Resultados.
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Artículo 61.
La Auditoría Superior cuidará que en los informes individuales no se revele información
reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Para tal efecto, las
entidades al proporcionar la información y/o documentación correspondiente, deberán
informar y comprobar a la Auditoría Superior la que reviste el carácter de reservada.
CAPÍTULO III
DEL INFORME ANUAL DE RESULTADOS
Artículo 62.
La Auditoría Superior entregará al Congreso, por conducto de la Comisión, el Informe
Anual de Resultados de la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 15 de
diciembre del año siguiente al ejercicio fiscalizado.
Artículo 63.
El Informe Anual de Resultados tendrá carácter público y deberá publicarse en la
página de internet de la Auditoría Superior en la misma fecha en que sea presentado al
Congreso; mientras ello no suceda, la Auditoría Superior deberá guardar reserva de sus
actuaciones y de la información que posea.
Artículo 64.
El Informe Anual de Resultados deberá contener como mínimo lo siguiente:
I. Los dictámenes de la revisión de las cuentas públicas;
II. El apartado correspondiente a la fiscalización superior y verificación del
cumplimiento de los planes y programas, con respecto a la evaluación de la
consecución de sus objetivos y metas, bajo criterios de eficiencia, eficacia y
economía;
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III. El cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como las
normas de información financiera para el sector público y de las disposiciones
contenidas en los ordenamientos correspondientes;
IV. Los resultados de la gestión financiera;
V. Los resultados de las auditorías practicadas;
VI. La comprobación de que las entidades se ajustaron a la ley de ingresos o
presupuesto de ingresos de la entidad, al presupuesto de egresos y demás
ordenamientos aplicables;
VII. El análisis de las desviaciones presupuestarias, en su caso; y
VIII. Un resumen ejecutivo dirigido a la sociedad, en donde se expliquen las acciones,
medidas y resarcimientos derivados de la fiscalización de los recursos públicos.
En el supuesto de que conforme a la fracción II de este artículo, no se cumpla con los
objetivos y metas establecidas en los programas aprobados, la Auditoría Superior hará
las observaciones y recomendaciones que a su juicio sean procedentes.
Artículo 65.
La Auditoría Superior dará cuenta al Congreso, a través de la Comisión, dentro del
Informe Anual de Resultados, de los pliegos de observaciones y de los pliegos de
recomendaciones que se hubieren determinado, los procedimientos iniciados para el
fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la imposición de las sanciones
respectivas, así como la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de
hechos presuntamente ilícitos que lleve a cabo de conformidad con lo dispuesto en esta
ley.
Artículo 66.
La Comisión podrá citar al Auditor Superior para que comparezca el mismo día de la
presentación del Informe Anual de Resultados, a efecto de aclarar su contenido, sin que
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se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe Anual de
Resultados.
Para tal efecto, el Auditor Superior podrá ser acompañado por los servidores públicos
de la misma Auditoría Superior que él designe.
Artículo 67.
La Auditoría Superior cuidará que en el Informe Anual de Resultados no se revele
información reservada o que forme parte de un proceso de investigación.
Artículo 68.
Independientemente de la comparecencia señalada en el artículo 66 de esta ley, la
Comisión podrá citar con posterioridad al Auditor Superior, a efecto de que aclare en lo
específico el contenido del Informe Anual de Resultados.
Para tal efecto, el Auditor Superior podrá hacerse acompañar de los servidores públicos
de la Auditoría que considere necesario.
Artículo 69.
En su caso, la Comisión podrá solicitar a la Auditoría Superior que las aclaraciones o
explicaciones del contenido del Informe Anual de Resultados sean por escrito.
TÍTULO CUARTO
DE LA CONCLUSIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CAPÍTULO I
DE LA GLOSA Y CONCLUSIÓN DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS
CUENTAS PÚBLICAS
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Artículo 70.
Con base en el Informe Anual de Resultados, la Comisión realizará la glosa de las
cuentas públicas, para lo cual remitirá dicho Informe a cada una de las comisiones del
Congreso, a efecto de que las analicen y emitan sus opiniones respecto a los temas
que les conciernen.
Artículo 71.
La Comisión podrá citar a los titulares de las entidades fiscalizadas que considere
deban comparecer, a efecto de que expliquen y aclaren los resultados y observaciones
de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior, en sesiones que serán públicas.
Los titulares de las entidades fiscalizadas podrán hacerse acompañar de los servidores
públicos directamente involucrados en las irregularidades y observaciones señaladas
en el Informe Anual de Resultados.
En las sesiones de la glosa podrá estar presente el Auditor Superior y/o los servidores
públicos de la Auditoría Superior que él designe.
Artículo 72.
Las justificaciones y aclaraciones que para tal efecto presenten los titulares de las
entidades fiscalizadas deberán ser consideradas por la Comisión para la elaboración de
su dictamen, sin que puedan pronunciarse en ningún caso sobre la solventación o
fincamiento de responsabilidades.
Artículo 73.
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Concluidas las comparecencias de los titulares de las entidades fiscalizadas, la
Comisión elaborará el dictamen correspondiente, sin que ello signifique que se
aprueban o no las cuentas públicas, ni que se suspenda el trámite de las acciones
promovidas por la Auditoría Superior, mismas que seguirán el procedimiento previsto en
esta ley.
Artículo 74.
El Congreso concluirá la fiscalización superior de las cuentas públicas, en un periodo
máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que reciba el Informe
Anual de Resultados, con base en el análisis de su contenido, en las conclusiones
técnicas emitidas por la Auditoría Superior y las comparecencias de los titulares de las
entidades fiscalizadas.
Lo anterior sin menoscabo de que el trámite de las acciones promovidas por la misma
Auditoría Superior siga su curso en términos de la presente ley.
CAPÍTULO II
DEL SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS Y OBSERVACIONES
Artículo 75.
La Auditoría Superior informará al Congreso, por conducto de la Comisión, el estado
que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las
entidades fiscalizadas, con los datos disponibles al cierre del primer y segundo
semestre de cada año. La información señalada será turnada por la Auditoría Superior
al Congreso, dentro del mes siguiente al cierre de cada semestre.
Artículo 76.
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El informe de seguimiento se elaborará con base en el formato, lineamientos y criterios
que al efecto establezca la Auditoría Superior, e incluirá los procedimientos de
fincamiento resarcitorios y los montos resarcidos a las haciendas públicas estatales,
municipales y, en su caso, federal.
Asimismo, se especificará la atención a las recomendaciones al desempeño y las
acciones promovidas con ese motivo.
Artículo 77.
El informe de seguimiento tendrá carácter público y deberá publicarse en la página de
internet de la Auditoría Superior en la misma fecha en que sea presentado.
TÍTULO QUINTO
DE LA REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR SITUACIONES EXCEPCIONALES
Artículo 78.
Sin perjuicio del principio de posterioridad, cuando se presenten denuncias
debidamente fundadas o por otras circunstancias pueda suponerse la presunta
recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de
recursos públicos o de su desvío, la Auditoría Superior podrá realizar revisiones,
durante el ejercicio fiscal en curso, de conceptos específicos vinculados de manera
directa a las denuncias o circunstancias, o requerir a las entidades para que a través de
sus instancias de control competentes lleven a cabo dichas revisiones. El requerimiento
deberá aportar indicios probatorios razonables, mediante los cuales se presuma que la
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irregularidad cometida ocasionó un daño o perjuicio a la hacienda pública o al
patrimonio de las entidades.
Las denuncias a que se refiere el párrafo anterior deberán presentarse ante la
Comisión, ésta determinará su procedencia y, en caso de ser legalmente procedente,
las remitirá a la Auditoría Superior para que por sí o por conducto de las instancias de
control competentes, inicie la revisión por situaciones excepcionales.
Artículo 79.
Para los efectos de esta ley, se entenderá por situaciones excepcionales aquéllas en
las cuales, de la denuncia que al efecto se interponga o de las otras circunstancias, se
presente alguno de los siguientes supuestos:
I. Un daño patrimonial que afecte la hacienda pública o al patrimonio de las
entidades por un monto que resulte superior a veinte mil días de salario mínimo
general vigente en el Estado;
II. Actos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos de servidores
públicos o contra la función pública;
III. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía de las
entidades;
IV. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la
comunidad;
V. El desabasto de productos de primera necesidad, y
VI. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados.
Artículo 80.
Las denuncias que se presenten en los términos del artículo anterior deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
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I. Constar por escrito;
II. Señalar la entidad y/o servidores públicos a quien o quienes se imputan los
hechos;
III. Nombre, firma autógrafa y domicilio del promovente para oír y recibir
notificaciones, ubicado en la ciudad donde se encuentre el Congreso;
IV. La descripción de los hechos o demás circunstancias que supongan la presunta
recaudación, administración, manejo, custodia, aplicación o ejercicio irregular de
recursos públicos o de su desvío;
V. Señalar el o los supuestos de procedencia de la denuncia a que se refiere el
artículo anterior, y
VI. Aportar los elementos de convicción o de prueba suficientes para fundar el
supuesto de procedencia de la denuncia.
Artículo 81.
Cuando sea la Auditoría Superior la que inicie directamente la revisión por situaciones
excepcionales, dicha revisión se realizará con las formalidades establecidas para las
visitas domiciliarias consignadas en esta ley, y sobre los conceptos específicos
denunciados. A lo anterior no le será aplicable lo referente al pliego de observaciones.
Una vez que la Auditoría Superior concluya con la revisión por situaciones
excepcionales correspondiente, rendirá un informe específico al Congreso, a través de
la Comisión y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá
otras responsabilidades ante las autoridades competentes.
Artículo 82.
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Las instancias de control competentes de las entidades requeridas para llevar a cabo
revisiones en los términos del artículo 78 de esta ley, deberán rendir a la Auditoría
Superior en un plazo que no excederá de treinta días hábiles, un informe que contenga
el resultado de sus actuaciones y, en su caso, de las sanciones que se hubieren
impuesto o a que se hubieren hecho acreedores los responsables.
Artículo 83.
Las instancias de control competentes estarán obligadas a realizar la revisión que la
Auditoría Superior les requiera, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio
de las funciones o atribuciones que legalmente competan a las autoridades y a los
servidores públicos de las entidades.
Artículo 84.
Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 82 de esta ley, las instancias de control
competentes, sin causa justificada, incumplen en la presentación del informe a que se
refiere el mismo artículo, la Auditoría Superior impondrá al titular de la instancia de
control competente una multa de quinientos a mil días de salario mínimo general
vigente en el Estado. Su reincidencia se podrá sancionar con una multa hasta del doble
de la ya impuesta, independientemente de la promoción ante el órgano competente de
las acciones de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.
El fincamiento de responsabilidades y la imposición de sanciones no relevarán al
infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las
mismas.
Artículo 85.
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Para imponer la sanción que corresponda, la Auditoría Superior deberá oír previamente
al presuntamente infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la
gravedad de la infracción cometida, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar
prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta ley.
Artículo 86.
Lo dispuesto en el presente Título no excluye la imposición de las sanciones que
conforme a esta u otras leyes fueren aplicables por la Auditoría Superior, ni el
fincamiento y/o promoción de otras responsabilidades.
LIBRO SEGUNDO
DE LAS RESPONSABILIDADES
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
DE LAS RESPONSABILIDADES EN GENERAL
Artículo 87.
Si de la revisión y fiscalización se determinan irregularidades que permitan presumir la
existencia de hechos o conductas que produzcan daños y/o perjuicios a la hacienda
pública o al patrimonio de las entidades, la Auditoría Superior procederá a:
I. Determinar los daños y/o perjuicios correspondientes y, en su caso, fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias
respectivas, de conformidad con el procedimiento establecido en esta ley;
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II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras
responsabilidades;
III. Promover las acciones de responsabilidad relativas al Juicio Político y a la
Declaratoria de Procedencia Penal en términos de la Constitución Política del
Estado de Coahuila de Zaragoza, y
IV. Presentar las denuncias y/o querellas penales a que haya lugar. En tal caso,
podrá coadyuvar con el Ministerio Público en la etapa de investigación y ante la
autoridad judicial en los procesos penales correspondientes. El Ministerio
Público recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
De no existir hechos o conductas que pudieran producir daños y/o perjuicios en la
hacienda pública o patrimonio de las entidades, como resultado de la revisión y
fiscalización de las cuentas públicas, así como de los informes de avance de gestión
financiera, la Auditoría Superior comunicará mediante oficio dicha circunstancia a la
entidad correspondiente, dentro de los 180 días naturales siguientes a la conclusión de
la fiscalización superior de las cuentas públicas, sin perjuicio de llevar a cabo la
promoción de responsabilidades administrativas a que se refiere la fracción II de este
artículo.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entenderán como hechos o
conductas que no producen daños y/o perjuicios en la hacienda pública o patrimonio de
las entidades, aquellos que no sean susceptibles de dar inicio al procedimiento para el
fincamiento de responsabilidades resarcitorias, así como aquellos que no sean
susceptibles de ser investigados por la comisión de algún delito.
Artículo 88.
Para los efectos de esta ley incurren en responsabilidad:
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I. Los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u
omisiones que causen daños y/o perjuicios estimables en dinero a la hacienda
pública de las entidades o a su patrimonio;
II. Los servidores públicos de las entidades que por actos u omisiones en ejercicio
de sus facultades, contravengan las disposiciones contenidas en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del
Estado de Coahuila de Zaragoza;
III. Los servidores públicos de las entidades que no rindan sus informes acerca de la
solventación de los pliegos de observaciones formulados y remitidos por la
Auditoría Superior y, en su caso, que no atiendan, sin justificación, las
recomendaciones y acciones promovidas, y
IV. Los servidores públicos de la Auditoría Superior, cuando al revisar las cuentas
públicas y los informes de avance de gestión financiera no formulen las
observaciones y/o recomendaciones sobre las situaciones irregulares que
detecten o violen la reserva de información prevista en esta ley.
Lo previsto en esta fracción también es aplicable a los servidores públicos de las
instancias de control competentes de las entidades y a los profesionales de auditoría
independientes habilitados por la Auditoría Superior para labores de fiscalización.
CAPÍTULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
Artículo 89.
Si con motivo de las facultades de fiscalización que realice la Auditoría Superior se
advierte que los actos u omisiones por parte de los presuntos responsables incurren en
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otras responsabilidades en términos de las disposiciones legales correspondientes, la
Auditoría Superior estará obligada a promover ante las autoridades federales, estatales
y municipales competentes el fincamiento de las responsabilidades respectivas.
Artículo 90.
La Auditoría Superior solicitará la intervención de las autoridades competentes,
remitiendo la información y/o documentación necesaria para que, en el ámbito de su
competencia, investiguen e inicien los procedimientos correspondientes e impongan a
los responsables las sanciones conducentes en términos de las disposiciones
aplicables.
Artículo 91.
Cuando sean las instancias de control de las entidades la autoridad competente de
conocer de la promoción de estas responsabilidades, la Auditoría Superior solicitará un
informe sobre el estado en que se encuentren los procedimientos iniciados y, en su
caso, sobre las sanciones que se hubieren impuesto. Dicho informe deberá ser remitido
a la Auditoría Superior, dentro de los 60 días naturales siguientes a la recepción de la
solicitud respectiva.
Además de lo anterior, las instancias de control competentes estarán obligadas a
presentar un informe a la Auditoría Superior cada 60 días naturales, en el cual harán del
conocimiento el estado que guardan los procedimientos iniciados y, en su caso, las
sanciones que se hubieren impuesto. Dicho plazo empezará a correr a partir del día
siguiente a la presentación del informe a que se refiere el párrafo anterior.
Una vez concluidos los procedimientos correspondientes y aplicadas las sanciones
respectivas, las instancias de control competentes deberán informar de ello a la
Auditoría Superior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su conclusión.
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En caso de que las instancias de control de las entidades no informen sobre el estado
en que se encuentren los procedimientos iniciados, así como las sanciones que se
hubieren impuesto, dentro de los plazos señalados en el presente artículo, la Auditoría
Superior dará cuenta al Congreso por conducto de la Comisión para los efectos
conducentes, independientemente de la promoción ante la autoridad competente de las
acciones de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones.
CAPÍTULO III
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y EL FINCAMIENTO
DE LAS RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS
Artículo 92.
Las responsabilidades que conforme a esta ley se finquen, tienen por objeto resarcir el
monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la
hacienda pública estatal, municipal o, en su caso, federal, así como al patrimonio de las
entidades.
Artículo 93.
Las responsabilidades resarcitorias a que se refiere este capítulo, se determinarán en
primer término a los servidores públicos o personas físicas o morales que directamente
hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y,
subsidiariamente, al servidor público jerárquicamente inmediato superior que por la
índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas
que impliquen dolo, culpa o negligencia de su parte.
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Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, persona
física o moral, en los casos en que hayan participado y originado una responsabilidad
resarcitoria.
Artículo 94.
Las responsabilidades resarcitorias se fincarán independientemente de las que
procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter civil o penal que
imponga la autoridad judicial.
Artículo 95.
Las responsabilidades resarcitorias que se finquen a los servidores públicos de las
entidades y de la Auditoría Superior no eximen a éstos ni a las empresas privadas o a
los particulares de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la
responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.
Artículo 96.
El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará al procedimiento
siguiente:
I. La Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de conformidad con el
dictamen final de auditoría, elaborará el Oficio de Inicio para el Fincamiento de
Responsabilidades Resarcitorias en donde establecerá, de manera fundada y
motivada, las causas que dan origen a la responsabilidad, así como los
elementos que permitan la debida identificación del presunto o los presuntos
responsables, y radicará el procedimiento respectivo;
II. Se citará personalmente al presunto o presuntos responsables a una audiencia,
haciéndoles saber los hechos que se les imputan y que sean causa de
responsabilidad en los términos de esta ley, señalando el lugar, día y hora, en
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que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar
en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un defensor;
apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrá por precluído su
derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos, y se resolverá con los
elementos que obren en el expediente respectivo. Así mismo, se le solicitará
señale un domicilio en el lugar de residencia de la Auditoría Superior para recibir
notificaciones, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las
subsecuentes notificaciones se le harán por estrados.
Si el presunto responsable fuere servidor público en funciones, la notificación se podrá
realizar en el domicilio oficial de la entidad fiscalizada de la que sea titular o al que se
encuentre adscrito, siempre y cuando se realice de forma personal.
A la audiencia podrá asistir el representante de la entidad fiscalizada correspondiente,
designado para tal efecto. En este caso, el representante de la entidad que asista a la
referida audiencia, únicamente lo hará bajo el carácter de observador, sin constituirse
como parte en el procedimiento.
Entre la fecha de citación y la fecha de la audiencia deberá mediar un plazo no menor
de cinco ni mayor de quince días hábiles.
Los presuntos responsables tendrán expedito su derecho para que, en todo momento,
durante el procedimiento a que se refiere este artículo, puedan consultar los
expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a
su costa copias de los documentos correspondientes, dentro del horario normal de
labores de la Auditoría Superior.
III. La audiencia se celebrará por los servidores públicos que designe el Titular de la
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior, quienes podrán ser
asistidos por los auditores responsables de practicar las auditorías
correspondientes.
IV. La Auditoría Superior emitirá el acuerdo de admisión o desechamiento de
pruebas dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la
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celebración de la audiencia, pudiéndose ampliar este plazo a juicio de la
Auditoría Superior.
La Auditoría Superior señalará día y hora para la audiencia de desahogo de pruebas la
que deberá celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de
la fecha de admisión, pudiéndose ampliar este plazo a juicio de la Auditoría Superior.
La Auditoría Superior podrá acordar de oficio el desahogo de cualquier prueba o
diligencia que estime conducente para resolver el asunto.
Dentro del procedimiento no se admitirán ni desahogarán incidentes de previo y
especial pronunciamiento. Así mismo, no será admitida la prueba confesional a cargo
de las autoridades, así como aquellas pruebas que no cumplan con los requisitos
legales para su admisión, o sean contrarias a la moral o al derecho.
V. Desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, si los hubiere, la Auditoría
Superior procederá a elaborar y acordar el cierre de instrucción y resolverá
dentro de los sesenta días hábiles siguientes sobre la existencia o inexistencia
de responsabilidad resarcitoria y emitirá, en su caso, la Declaratoria de Daños y
Perjuicios en la que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente a
el o los responsables, y notificará a éstos dicha declaratoria, remitiendo un tanto
autógrafo de la misma a la Secretaría, así como copia de las constancias de
notificación, para el efecto de que, si en un plazo de quince días hábiles
contados a partir de la misma ésta no es cubierta, se haga efectivo su cobro en
términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Dicha
declaratoria será notificada también a la entidad involucrada, por conducto de su
instancia de control competente.
La indemnización resarcitoria invariablemente deberá ser suficiente para cubrir los
daños y perjuicios causados, o ambos, y se actualizará para efectos de su pago en la
forma y términos que establece el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, tratándose de contribuciones y aprovechamientos.
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VI. Si la Auditoría Superior encontrara que no cuenta con elementos suficientes para
resolver, o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad a cargo del
presunto o presuntos responsables o de otras personas, podrá disponer la
práctica de investigaciones y citar para otras audiencias.
Artículo 97.
Cuando con motivo de la notificación del inicio del procedimiento para el fincamiento de
responsabilidades resarcitorias, el presunto responsable solicite el diferimiento de la
audiencia señalada en la fracción II del artículo anterior, la Auditoría Superior podrá
acordar favorablemente en una sola ocasión dicho diferimiento, cuando a su juicio el
presunto responsable acredite fehacientemente los motivos que justifiquen el
diferimiento. Para tal efecto, la solicitud deberá ser presentada por lo menos con tres
días de anticipación a la celebración de la audiencia. Acordado lo anterior, se señalará
nuevo día y hora para la celebración de la audiencia dentro de los 10 días hábiles
siguientes al en que debió llevarse a cabo, dejando constancia de la notificación
respectiva en el expediente.
Artículo 98.
A falta de disposición expresa en el presente capítulo, se aplicará en forma supletoria y
en lo conducente el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Artículo 99.
Las actuaciones y diligencias de la Auditoría Superior se practicarán en días y horas
hábiles; son días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos,
los establecidos como inhábiles en el calendario oficial publicado en el Periódico Oficial
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del Gobierno del Estado, así como aquéllos en los que tenga vacaciones generales el
personal de la Auditoría Superior. Son horas hábiles las comprendidas entre las 8:00 y
las 18:00 horas.
En caso de que se inicie una actuación o diligencia en horas hábiles, podrá concluirse
en horas inhábiles, sin afectar su validez.
Artículo 100.
Los plazos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya
surtido efectos la notificación correspondiente.
Las notificaciones surtirán efectos el mismo día en que hubieran sido realizadas.
En caso de que esta Ley no prevea plazo o término para un determinado acto, la
Auditoría Superior podrá fijarlo y no será superior a 10 días hábiles.
CAPÍTULO IV
DE LAS INDEMNIZACIONES
Artículo 101.
Las indemnizaciones resarcitorias a que se refiere la presente ley tendrán el carácter de
créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por la Auditoría Superior, haciéndose
efectivas a través de la Secretaría, conforme al procedimiento administrativo de
ejecución que establece la legislación aplicable.
Determinada en cantidad líquida la responsabilidad, deberá registrarse de inmediato en
la contabilidad de la entidad.
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Artículo 102.
La Secretaría deberá informar a la Auditoría Superior de manera trimestral, dentro del
primer mes inmediato posterior del periodo que se trate, los trámites realizados para la
ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.
Artículo 103.
El importe de las indemnizaciones resarcitorias que se recuperen en los términos de
esta ley, deberá ser entregado por la Secretaría a las respectivas entidades que
sufrieron el daño y/o perjuicio respectivo. Dicho importe, sólo podrá ser ejercido de
conformidad con lo establecido en el presupuesto respectivo. Para tal efecto, las
entidades deberán crear en su presupuesto una partida especial en la que se pueda
aplicar dicho recurso por concepto de recuperaciones.
Artículo 104.
La Auditoría Superior podrá abstenerse por una sola vez de sancionar al responsable,
cuando lo estime pertinente, justificando las causas de la abstención, siempre que se
trate de hechos que no revistan gravedad, ni constituyan delito, cuando lo ameriten los
antecedentes y circunstancias del responsable y el daño causado por este, no exceda
de cien veces el salario mínimo general mensual vigente en el Estado en la fecha en
que se cometa la infracción.
Lo anterior sin perjuicio de las sanciones por las responsabilidades administrativas
cometidas que pudiera promover ante el órgano competente.
Artículo 105.
Cuando el presunto responsable cubra el importe de los daños y/o perjuicios causados
a la haciendas pública estatal, municipal o, en su caso, federal con su actualización
correspondiente, antes de que se emita la resolución respectiva, la Auditoría Superior
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sobreseerá el procedimiento resarcitorio, sin perjuicio de otras responsabilidades a que
dieran lugar.
Artículo 106.
La Auditoría Superior a través de su página de internet, llevará un registro público
actualizado de los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales,
públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del
procedimiento establecido en este capítulo y lo hará del conocimiento de las instancias
de control competentes.
El registro al que se hace referencia en el párrafo anterior será actualizado cada tres
meses.
CAPÍTULO V
DE LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y JUICIO POLÍTICO
Artículo 107.
Si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas y de los informes de avance de
gestión financiera, la Auditoría Superior advierte conductas de servidores públicos que
pudieran ser hechos constitutivos de delitos, presentará ante la autoridad competente
las denuncias y/o querellas correspondientes y, en su caso, promoverá las acciones de
responsabilidad relativas al Juicio Político y a la Declaratoria de Procedencia Penal en
términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
Para los efectos del párrafo anterior, la Auditoría Superior podrá coadyuvar con el
Ministerio Público en la etapa de investigación y ante la autoridad judicial en los
procesos penales correspondientes. En estos casos, el Ministerio Público recabará
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previamente la opinión de la Auditoría Superior, respecto de las resoluciones que dicte
sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
CAPÍTULO VI
DE LA PRESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES
Artículo 108.
Las facultades de la Auditoría Superior para fincar responsabilidades e imponer las
sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta ley prescribirán en diez años.
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente al que se hubiere incurrido
en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado, si fue de carácter
continuo.
La omisión de presentar las cuentas públicas y los informes de avance de gestión
financiera no prescribe, en cuyo caso la responsabilidad será de carácter continuo.
Artículo 109.
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá cuando
surta efecto la notificación al probable responsable del inicio de cualquiera de los
procedimientos establecidos en la presente ley.
TITULO SEGUNDO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN
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Artículo 110.
Las sanciones y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior conforme a esta
ley, podrán ser impugnadas por el servidor público o por los particulares, personas
físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior, mediante el recurso de
reconsideración, el cual se interpondrá dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación de la resolución recurrida.
No procederá el recurso de reconsideración en contra de los actos dictados dentro del
procedimiento de fiscalización, incluyendo el dictamen final de auditoría, así como los
emitidos dentro del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades
resarcitorias, en tanto no se dicte una resolución definitiva.
Artículo 111.
La representación de funcionarios públicos, particulares, personas físicas o morales
ante la Auditoría Superior se hará mediante escritura pública o mediante carta poder
firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o
fedatario público, acompañando copia de la identificación de la persona o representante
legal.
Artículo 112.
El escrito de interposición del recurso, deberá contener los siguientes requisitos:
I. La autoridad a quien se dirige;
II. Nombre y firma autógrafa del recurrente y domicilio que señale para oír y recibir
notificaciones ubicado en la ciudad donde se encuentre la Auditoría Superior;
III. Resolución definitiva que impugna;
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IV. Descripción de los hechos que dieron motivo al recurso;
V. Los agravios que le causan y los argumentos de derecho que se hagan valer en
contra de la resolución recurrida, y
VI. Las pruebas que se ofrezcan, relacionándolas con los hechos que se mencionen.
Cuando se omita alguno de los requisitos a que se refiere el presente artículo, la
Auditoría Superior requerirá al recurrente para que en un plazo de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente al de su notificación, cumpla con el o los requisitos
omitidos, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, tratándose de los requisitos
previstos en las fracciones I, II, III y IV se tendrá por no interpuesto el recurso, en caso
de la fracción V, se desechará el recurso y en el caso de la fracción VI, se tendrán por
no ofrecidas las pruebas.
Artículo 113.
Además de lo señalado en el artículo anterior, el recurrente deberá anexar al recurso:
I. El documento que acredite su personalidad;
II. El documento en que conste la resolución recurrida;
III. Constancia de notificación de la resolución recurrida, y
IV. Las pruebas documentales que se ofrezcan.
Cuando el recurrente no anexe los documentos señalados en el presente artículo, la
Auditoría Superior lo requerirá para que en un plazo de cinco días hábiles contados a
partir del día siguiente al de su notificación subsane la omisión, apercibiéndolo que en
caso de no hacerlo y tratándose de las fracciones I, II y III se tendrá por no interpuesto
el recurso y cuando se trate de la fracción IV se tendrán por no ofrecidas las pruebas.
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Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, o si éste no
hubiere podido obtenerlas, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para
que la Auditoría Superior requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible.
Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de
los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe la copia sellada de la
solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de
las constancias de éstos.
La Auditoría Superior, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el
expediente en que se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no
hubiere tenido oportunidad de obtenerlas.
Las entidades tendrán la obligación en todo momento de proporcionar a la Auditoría
Superior la documentación comprobatoria que ésta les requiera y que los recurrentes
ofrezcan como prueba en el recurso de reconsideración, siempre y cuando obre en su
poder; el incumplimiento a dicha obligación dará lugar a la imposición de las sanciones
establecidas en esta ley.
Artículo 114.
El recurso de reconsideración que se interponga en contra de sanciones y resoluciones
emitidas por la Auditoría Superior, se declarará improcedente cuando:
I. Se trate de actos dictados dentro del procedimiento de fiscalización o de alguna
de sus fases sin que tengan el carácter de resoluciones definitivas;
II. Se interponga en contra del dictamen final de auditoría;
III. No se exprese agravio alguno;
IV. No afecten el interés jurídico del recurrente;
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V. Se dejen sin efectos por la autoridad;
VI. Sean materia de otro recurso que se encuentre pendiente de resolución y que
haya sido promovido por el mismo recurrente, sobre el mismo asunto;
VII. Se encuentren consumadas de modo irreparable, y
VIII. Se hayan consentido, es decir, no se hubiera interpuesto el recurso dentro del
plazo que otorga esta ley.
Artículo 115.
Se sobreseerá el recurso de reconsideración cuando:
I. El recurrente se desista expresamente;
II. El recurrente fallezca durante la tramitación del recurso, en el caso que la
sanción o resolución recurrida sólo afecte a su persona;
III. Cesen los efectos de la resolución recurrida, y
IV. Durante el trámite del recurso sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 116.
La interposición del recurso podrá suspender la ejecución del acto o resolución
recurrida, cuando así lo solicite el recurrente en el escrito de interposición, conforme a
las siguientes reglas:
I. Tratándose de multas e indemnizaciones, si el pago de éstas se garantiza en los
términos y plazos previstos en el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de
Zaragoza; y
II. Tratándose de otros actos o resoluciones, si la suspensión no trae como
consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que
probablemente impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.
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Artículo 117.
Una vez interpuesto el recurso, la Auditoría Superior emitirá dentro de los diez días
hábiles siguientes, el acuerdo sobre:
I. La admisión, prevención o desechamiento del recurso;
II. La suspensión del acto o resolución recurrida, en los casos que resulte
procedente; y
III. La admisión de las pruebas que resulten procedentes o el desechamiento de
plano de aquéllas que no sean ofrecidas conforme a la presente ley, o que se
ofrezcan para demostrar hechos que no sean materia de la controversia o
hechos que no hayan sido argumentados por el recurrente en los agravios.
Artículo 118.
La Auditoría Superior dictará la resolución correspondiente y la notificará en un término
no mayor a cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha de interposición del
recurso.
La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los
agravios y pruebas hechos valer por el recurrente.
En el caso de que uno solo de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez de
la resolución recurrida, bastará con el examen de dicho punto.
Ante el silencio de la Auditoría Superior, agotado el plazo señalado en el presente
artículo, se entenderá confirmada la resolución que se recurre. En este caso, el
recurrente podrá impugnar ante la autoridad competente que corresponda.
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Artículo 119.
Las resoluciones que pongan fin al recurso tendrán por efecto:
I. Declararlo improcedente o sobreseerlo;
II. Confirmar el acto o resolución recurrida;
III. Revocar el acto o resolución recurrida para efectos de emitir una nueva
resolución o acto, u ordenar la reposición del procedimiento;
IV. Modificar el acto o resolución recurrida, ordenando una nueva en la que se
mantenga intocado aquello que no fue objeto de modificación; y
V. Revocar de plano el acto o resolución recurrida.
Artículo 120.
Los recurrentes, para efectos del presente capítulo, podrán consultar los expedientes
administrativos correspondientes, así como obtener copias de los documentos que
obren en los mismos.
TÍTULO TERCERO
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES
CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO
Artículo 121.
Cuando los funcionarios de las entidades o cualquier persona física se opongan u
obstaculicen el ejercicio de las facultades de comprobación de la Auditoría Superior,
ésta podrá indistintamente:
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I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública;
II. Imponer la multa que corresponda en los términos de esta ley;
III. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato
legítimo de autoridad competente.
Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales estatales y los cuerpos de
seguridad o policías estatales y/o municipales deberán prestar en forma expedita el
apoyo que solicite la Auditoría Superior.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
Artículo 122.
Si con motivo de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, así como
de los informes de avance de gestión financiera, la Auditoría Superior advierte la
comisión de infracciones a las disposiciones de esta ley, tendrá la facultad de imponer
sanciones pecuniarias.
Constituyen infracciones los actos u omisiones por parte de los servidores públicos de
las entidades, particulares, personas físicas o morales que incumplan con las
disposiciones de esta ley, así como el incumplimiento a los requerimientos formulados
por la Auditoría Superior que emita para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 123.
Las sanciones correspondientes al presente capítulo se impondrán a los servidores
públicos, particulares, personas físicas o morales que directamente o indirectamente
ejecuten o hayan ejecutado actos o incurran en las omisiones que las hayan originado,
así como en el caso de servidores públicos que por la índole de sus funciones hayan
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omitido la revisión o autorización a tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o
negligencia.
También se aplicarán las sanciones pecuniarias establecidas en este capítulo a los
terceros que hubieren contratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier
título legal con las entidades, cuando no entreguen la documentación e información que
les requiera la Auditoría Superior para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 124.
Al servidor público, particular, persona física o moral que cometa las infracciones
previstas en esta ley, se le impondrán las siguientes sanciones pecuniarias:
I. Multa de 300 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Estado.
II. Multa del doble de la ya impuesta, en caso de reincidencia, sin perjuicio de
promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras
responsabilidades.
Artículo 125.
Los profesionales de auditoría independientes serán sancionados por la Auditoría
Superior con una multa de 300 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el
Estado, según la gravedad de la falta y la prohibición de participar en el gobierno del
Estado, cuando incurran en las siguientes causas, independientemente de otras
responsabilidades a que dieran lugar:
I. Por no presentar o presentar en forma extemporánea los informes y/o
dictámenes técnicos de auditoría;
II. Por no plasmar en sus informes y/o dictámenes las irregularidades que detecten;
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III. Por no apegarse a los lineamientos emitidos por la Auditoría Superior;
IV. Por utilizar la información y documentación para fines distintos a los
expresamente señalado por la ley, o
V. Por no acatar los requerimientos que les formule la Auditoría Superior.
Artículo 126.
La imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o
regularizar las situaciones que motivaron las multas.
Artículo 127.
Las sanciones pecuniarias a que se refiere este capítulo tendrán el carácter de créditos
fiscales a favor de la Auditoría Superior, haciéndose efectivas por conducto de la
Secretaría. El o los responsables contarán con un plazo de quince días hábiles para
cubrir dichas sanciones.
Las resoluciones en las que se impongan las sanciones referidas serán notificadas a el
o los responsables, remitiendo un tanto autógrafo de las mismas a la Secretaría, así
como copia de las constancias de notificación, para el efecto de que, si en el plazo
señalado en el párrafo anterior, éstas no son cubiertas, se haga efectivo su cobro en
términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Una vez que el o los responsables cumplan con la sanción impuesta, deberán acreditar
dicha situación ante la Auditoría Superior. La Secretaría deberá transferir el monto de
las sanciones pagadas por el o los responsables dentro de los cinco días hábiles
siguientes al en que fueron cubiertas.
El importe de las sanciones pecuniarias quedará a disposición de la Auditoría Superior
como ingreso propio y se destinará a la formación de fondos de productividad,
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equipamiento y capacitación del personal que interviene en la fiscalización superior,
conforme a la normatividad que al efecto se expida.
Artículo 128.
Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá de pagar el total de la sanción
pecuniaria.
Artículo 129.
Dentro de los límites fijados por esta ley, la Auditoría Superior al imponer sanciones por
la comisión de las infracciones señaladas, deberá fundar y motivar su resolución.
Artículo 130.
La Auditoría Superior tendrá la obligación de llevar el registro de los funcionarios,
particulares, personas físicas y personas morales sancionados, debiéndolo publicar en
su página de internet.
Artículo 131.
No se impondrán sanciones pecuniarias cuando se cumpla en forma espontánea con
las obligaciones fuera de los plazos señalados por esta ley o cuando se haya incurrido
en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito, con excepción de la obligación
de presentar la cuenta pública y los informes de avance de gestión financiera dentro de
los plazos señalados en la presente ley.
Se considerará que el cumplimiento no es espontáneo en el caso que la omisión sea
advertida por la Auditoría Superior o haya mediado requerimiento o cualquier otra
gestión notificada por ésta.
Artículo 132.
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La Auditoría Superior podrá condonar, a solicitud de parte, las sanciones pecuniarias
por infracción a las disposiciones de la presente ley, tratándose de multas que hayan
quedado firmes, siempre que no exceda de cien veces el salario mínimo general
mensual vigente en el Estado, para lo cual apreciará discrecionalmente las
circunstancias del caso y los motivos que tuvo al imponer la sanción, siempre que un
acto administrativo conexo no sea materia de impugnación.
La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no constituirá
instancia y las resoluciones que dicte la Auditoría Superior al respecto no podrán ser
impugnadas por los medios de defensa que establece esta ley.
En caso de que la Auditoría Superior otorgue la condonación respectiva, lo hará del
conocimiento de la Secretaría para los efectos legales correspondientes.
Artículo 133.
La Auditoría Superior, al imponer sanciones pecuniarias por la comisión de las
infracciones, deberá tener en cuenta lo siguiente:
I. Se considerará como agravante la segunda o posteriores veces que se sancione al
responsable por la comisión de una infracción.
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se de cualquiera
de los siguientes supuestos:
a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar
operaciones inexistentes.
b) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de información
y/o documentación.
c) Que altere o elimine información registrada en los sistemas informáticos.
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III. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continua
o de tracto sucesivo.
IV. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones de carácter
formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a
la infracción cuya multa sea mayor.
LIBRO TERCERO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO
CAPÍTULO I
DE SUS ATRIBUCIONES
Artículo 134.
A efecto de que la Auditoría Superior cumpla con su función de fiscalización, tendrá
además de las atribuciones contenidas en la presente ley, las siguientes:
I. Informar al Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
para su debido cumplimiento todo lo relativo a las normas emitidas por el
Consejo Nacional de Armonización Contable;
II. Emitir las disposiciones relativas al archivo, guarda y custodia de los libros y
documentos comprobatorios y justificativos del ingreso, egreso, patrimonio y
deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada
rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías;
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III. Solicitar al Consejo de Armonización Contable del Estado de Coahuila de
Zaragoza, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la
difusión oportuna del contenido integral de las cuentas públicas y de los
informes de avance de gestión financiera;
IV. Emitir su opinión sobre las asignaciones, ampliaciones o variaciones
presupuestarias, la adquisición o variaciones de la deuda pública y todas
aquellas decisiones del Congreso que tengan impacto sobre la gestión
financiera de las entidades fiscalizadas;
V. Diseñar y ejecutar programas de capacitación y actualización, dirigidos a su
personal así como al de las entidades fiscalizadas, a efecto de homologar los
conocimientos y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente;
VI. Establecer los criterios para la elaboración, integración, así como para la entrega
y recepción de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión
financiera de las entidades fiscalizadas, de conformidad con lo establecido en la
Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás leyes aplicables;
VII. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas necesarios para la
revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas y de los informes de
avance de gestión financiera;
VIII. Realizar auditorías de conformidad con las disposiciones establecidas en la
presente ley, para la fiscalización superior de las cuentas públicas y de los
informes de avance de gestión financiera;
IX. Verificar que las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera
sean presentados en los términos de esta ley, de conformidad con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental;
X. Evaluar los informes de avance de gestión financiera respecto de los avances
físico y financiero de los programas autorizados, así como la consecución de los
objetivos fijados en los planes, atendiendo a los indicadores establecidos en las
disposiciones aplicables;
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XI. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los planes y
programas conforme a los indicadores estratégicos aprobados en el
presupuesto de las entidades fiscalizadas y los demás establecidos en las
disposiciones aplicables, a efecto de verificar el desempeño de acuerdo con los
indicadores y cualquier otro recurso metodológico que a su juicio permita
cumplir con lo dispuesto en esta fracción;
XII. Evaluar la legalidad de los actos que realicen las entidades en el ejercicio de los
recursos públicos y calificar la evaluación de los índices de pobreza en los
municipios, de acuerdo a los planes, programas y acciones implementados, de
conformidad con los indicadores establecidos por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, la Organización de las Naciones Unidas y demás
instituciones nacionales e internacionales;
XIII. Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren recaudado, custodiado,
manejado, administrado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado
conforme a los planes y programas aprobados y montos autorizados en su
presupuesto, así como las demás disposiciones legales y administrativas
aplicables;
XIV. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas, sean
acordes con la ley de ingresos o presupuesto de ingresos de la entidad según
corresponda, y con su presupuesto de egresos y se efectúen con apego a las
disposiciones fiscales y demás aplicables;
XV. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados para comprobar que las
inversiones y gastos autorizados a las entidades se hayan aplicado legal y
eficientemente al logro de los objetivos y metas de los planes y programas
aprobados;
XVI. Requerir a las instancias de control competentes y a los profesionales de
auditoría independientes los informes, dictámenes y papeles de trabajo que se
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consideren necesarios, de las auditorías por ellos practicadas, así como las
aclaraciones pertinentes y compulsas;
XVII. Solicitar de las instancias de control competentes, en su caso, la información
relacionada con el inicio, desahogo y resolución de los procedimientos de
responsabilidad administrativa, y de las sanciones que se hubieren fincado;
XVIII. Requerir por sí, o por conducto de las instancias de control competentes, a
terceros que hubieran contratado bienes o servicios mediante cualquier título
legal con las entidades y con cualquier persona física o moral, pública o
privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la
documentación justificativa y comprobatoria de las cuentas públicas y de los
informes de avance de gestión financiera;
XIX. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus
funciones;
XX. Fiscalizar los subsidios que las entidades hayan otorgado a particulares y a
cualquier entidad pública o privada, cualesquiera que sean sus fines y destino,
así como verificar su aplicación al objeto autorizado;
XXI. Investigar en el ámbito de su competencia los actos u omisiones que impliquen
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, recaudación,
administración, manejo, custodia, aplicación y ejercicio de los recursos públicos;
XXII. Efectuar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de los libros, documentos y
demás información indispensable para la realización de sus investigaciones,
sujetándose a las formalidades establecidas en esta ley y demás leyes
aplicables;
XXIII. Requerir a las entidades, terceros con ellas relacionados o profesionales de
auditoría independientes, para que proporcionen en el domicilio de la Auditoría
Superior, los libros, documentos y demás información indispensable para el
cumplimiento de sus funciones;
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XXIV. Formular observaciones y recomendaciones a las entidades derivadas de las
auditorías practicadas;
XXV. Formular y aprobar los pliegos de observaciones y pliegos de recomendaciones,
en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables;
XXVI. Fincar las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes por el
incumplimiento a los requerimientos de información, cuando se trate de la
revisión de las situaciones excepcionales previstas en esta ley;
XXVII. Determinar e imponer las indemnizaciones resarcitorias y sanciones establecidas
en esta ley;
XXVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en
contra de las resoluciones y sanciones que aplique;
XXIX. Concertar y celebrar convenios con los gobiernos federal, estatal y municipal, sus
organismos y dependencias, personas físicas o morales, necesarios para el
cumplimiento de sus fines;
XXX. Verificar los controles, sistemas y procedimientos de informática, la utilización,
eficiencia y seguridad de los equipos de cómputo, así como el entorno al
procesamiento de la información. Así mismo, podrá sugerir mejoras a las
entidades fiscalizadas a fin de lograr una utilización más eficiente y segura de la
información que sirva para una adecuada toma de decisiones;
XXXI. Llevar un registro de los profesionales de auditoría independientes que presten
sus servicios a las entidades;
XXXII. Dar crédito al resultado de las revisiones efectuadas por profesionales de
auditoría independientes, previa evaluación de los papeles de trabajo y demás
elementos que comprueben la debida realización de los servicios convenidos.
Los servicios a que se refiere el párrafo anterior serán contratados y liquidados
por la Auditoría Superior, con aportaciones recibidas de cada entidad revisada;
XXXIII. Brindar a las entidades servicio de implementación, capacitación y
sostenimiento del sistema de contabilidad gubernamental;
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XXXIV. Elaborar y publicar estudios relacionados con las materias de su competencia;
XXXV.Emitir lineamientos para la estandarización de los formatos electrónicos e
impresos a utilizar por las entidades fiscalizadas;
XXXVI. Implementar un sistema de información que permita conocer el grado de
cumplimiento y la eficacia en la implementación de las recomendaciones y su
seguimiento, así como de los indicadores relativos al avance, por estos motivos,
en la gestión financiera de las entidades fiscalizadas;
XXXVII. Llevar un registro de las entidades fiscalizadas y particulares, personas físicas o
morales a las que se les fincó responsabilidad resarcitoria, el cual deberá estar
disponible en la página de internet de la Auditoría Superior;
XXXVIII. Establecer la coordinación necesaria para la integración y operación del
Sistema Nacional de Fiscalización con los órganos que realicen actividades de
control, fiscalización y auditoría gubernamental, ya sea interna o externa, de la
federación, estatal y municipal; y
XXXIX. Las demás que le sean conferidas por esta ley y demás disposiciones
aplicables.
Artículo 135.
El Auditor Superior tendrá las siguientes facultades:
A. Delegables:
I. Representar legalmente a la Auditoría Superior ante toda clase de autoridades
federales, estatales y municipales, así como ante consejos, comités, grupos de
trabajo u otro órgano similar que exista en el sector gubernamental o privado, e
intervenir en los juicios, en los cuales sea parte, con facultades generales y
especiales;
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II. Administrar los bienes y recursos de la Auditoría Superior y decidir sobre la
adquisición y enajenación de bienes muebles y la contratación de servicios, así
como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles
del dominio público del Estado, afectos a su servicio.
III. Certificar directamente o a través de las áreas correspondientes, los documentos
que obren en los archivos de la Auditoría Superior y que formen parte de las
cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera de las
entidades, previa solicitud por escrito de las mismas a través del servidor público
competente o por autoridad judicial que conozca o tramite el asunto, fundando y
motivando dicha solicitud;
IV. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Auditoría Superior de la
Federación, con organismos de fiscalización que cumplan funciones similares
dentro y fuera del Estado y con otros organismos públicos y privados, para el
mejor cumplimiento de sus objetivos;
V. Imponer las multas, indemnizaciones resarcitorias y sanciones previstas en esta
ley;
VI. Aplicar sanciones al personal de la Auditoría Superior por infracciones a la
presente ley, al reglamento interior y demás disposiciones aplicables;
VII. Presentar denuncias y/o querellas en los términos de esta ley y demás
disposiciones aplicables, en los casos de presuntas conductas delictivas de
servidores públicos y en contra de particulares, cuando tenga conocimiento de
hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daño a la
hacienda pública o patrimonio de las entidades, así como denuncias de Juicio
Político de conformidad con lo señalado en la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza;
VIII. Proporcionar, a solicitud de las entidades asesoría y asistencia técnica para la
administración y el control de sus recursos, así como para integrar las cuentas
públicas y los informes de avance de gestión financiera;
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IX. Autorizar la publicación de estudios de investigación relacionados con las
materias de su competencia;
X. Solicitar el apoyo a las entidades y dependencias del gobierno federal, estatal o
municipal para el cumplimiento de sus funciones;
XI. Emitir los criterios de reserva y confidencialidad de la información propia de la
Auditoría Superior, de conformidad con la ley de la materia;
XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior, en los
términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, la
presente ley, el reglamento interior y demás disposiciones aplicables;
XIII. Realizar auditorías de tecnologías de la información para revisar y evaluar los
controles, sistemas y procedimientos de informática, la utilización, eficiencia y
seguridad de los equipos de cómputo, así como el entorno al procesamiento de
la información; así como sugerir mejoras a las entidades fiscalizadas a fin de
lograr una utilización más eficiente y segura de la información que sirva para una
adecuada toma de decisiones;
XIV. Realizar auditorías de legalidad con el propósito de verificar el cumplimiento de la
normatividad en el desarrollo de los procesos y procedimientos administrativos;
XV. Practicar auditorías para evaluar el desempeño de las entidades fiscalizadas,
XVI. Contratar los servicios de profesionales de auditoría independientes para la
práctica de auditorías, cuando así se requiera; y
XVII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento interior y demás
disposiciones aplicables.
B. Indelegables:
I. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta ley, el Reglamento Interior de
la Auditoría Superior del Estado, en el que se distribuirán las atribuciones a sus
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unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que
habrán de ser suplidos en sus ausencias, debiendo ser publicado dicho
reglamento interior en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
II. Emitir las disposiciones en materia de ética y conducta, así como para
prevención de conflictos de intereses que deberán observar los servidores
públicos de la Auditoría Superior y los profesionales de auditoría independientes
habilitados por la misma;
III. Establecer las normas, procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de
archivo, de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y
del gasto público, así como todos aquellos elementos que permitan la práctica
idónea de las auditorías y revisiones, de conformidad con las propuestas que
formulen las entidades fiscalizadas de acuerdo con sus características de
operación;
IV. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la
debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior y remitirlos para
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
V. Emitir la normatividad correspondiente para la baja, devolución o destrucción de
la documentación que obre en sus archivos, de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia;
VI. Nombrar y remover libremente al personal técnico y de apoyo adscrito a la
Auditoría Superior, con excepción del personal que sea parte del servicio
fiscalizador de carrera;
VII. Ser el enlace entre la Auditoría Superior y la Comisión;
VIII. Aprobar el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones durante el primer
trimestre del ejercicio y difundirlo en la página de internet de la Auditoría
Superior, así como en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así mismo,
deberá remitirlo a la Comisión para su conocimiento;
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IX. Entregar al Congreso, el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior,
por conducto de la Comisión, de conformidad con las disposiciones aplicables;
X. Resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y
resoluciones que emita la Auditoría Superior;
XI. Otorgar a funcionarios de la Auditoría Superior, poderes generales y especiales
para pleitos y cobranzas y actos de administración con todas las facultades aun
las que requieren poder especial conforme a la ley, para presentar denuncias y/o
querellas, además para sustituir sus facultades de actos de administración y
pleitos y cobranzas, para desistirse de amparos, denuncias y/o querellas, así
como para otorgar y suscribir títulos de crédito. El poder podrá ser ejercido ante
particulares y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales;
XII. Emitir las normas y manuales necesarios para establecer los criterios bajo los
cuales, los profesionales de auditoría independientes, deberán presentar los
dictámenes y papeles de trabajo correspondientes a las auditorías practicadas;
XIII. Elaborar un informe anual de actividades y del estado que guardan las cuentas
públicas de las entidades, y publicarlo durante el mes de abril del año inmediato
posterior a aquél del cual se informa, en la página de internet de la Auditoría
Superior, debiendo remitirlo a la Comisión para su conocimiento;
XIV. Recibir de la Comisión los informes de avance de gestión financiera y las cuentas
públicas para su revisión y fiscalización;
XV. Entregar al Congreso por conducto de la Comisión, el Informe Anual de
Resultados a más tardar el 15 de diciembre del año siguiente al ejercicio
fiscalizado y hacer público dicho informe;
XVI. Entregar al Congreso por conducto de la Comisión, el informe de los resultados
de las revisiones por situaciones excepcionales previstas en esta ley, y
XVII. Las demás que se deriven de la presente ley, el reglamento interior y demás
disposiciones aplicables.
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CAPÍTULO II
DE SU PATRIMONIO
Artículo 136.
El patrimonio de la Auditoría Superior se integrará por:
I. Los ingresos que se le asignen en el presupuesto anual de egresos del Gobierno
del Estado;
II. Las aportaciones que reciba por parte de las entidades;
III. Los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba
del gobierno federal, estatal o municipal;
IV. Los bienes muebles e inmuebles que le destinen o entreguen, para el
cumplimiento de su objeto, el gobierno federal, estatal o municipal, así como
aquellos que adquiera por cualquier título; y
V. Los demás bienes o ingresos que adquiera por cualquier otro medio legal.
Artículo 137.
Las entidades aportarán hasta el 0.5% de sus ingresos totales a la Auditoría Superior
para cubrir las erogaciones realizadas con motivo de los servicios a que se refiere el
artículo 134, fracción XXXIII de esta ley.
Las aportaciones a que se refiere el párrafo anterior serán retenidas a las entidades por
la Secretaría y enteradas mensualmente a la Auditoría Superior.
CAPÍTULO III
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DE SU ORGANIZACIÓN
Artículo 138.
La Auditoría Superior estará integrada por:
I. El Auditor Superior;
II. Auditores Especiales;
III. Titulares de Unidad;
IV. Directores Generales;
V. Directores de Área;
VI. Subdirectores;
VII. Auditores;
VIII. Auxiliares;
IX. Asesores, y
X. Demás personal técnico y de apoyo que al efecto señale el Reglamento Interior
de conformidad con el presupuesto autorizado.
El mismo Reglamento Interior comprenderá la designación, atribuciones, remoción y
demás disposiciones relativas a la estructura organizacional descrita en el presente
artículo.
Artículo 139.
El personal de la Auditoría Superior descrito en el artículo anterior, durante el ejercicio
de su cargo, tendrá prohibido:
I. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y
hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista, y
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II. Desempeñar otro empleo o cargo en los sectores público, privado o social, salvo
los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia, y
los remunerados en el ámbito de la docencia.
Artículo 140.
El Titular de la Auditoría Superior será el Auditor Superior, quien tendrá a su cargo su
representación institucional, su administración y gobierno interior.
Artículo 141.
Quien aspire al cargo de Auditor Superior, deberá cumplir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos el día de la designación;
III. Ser vecino del Estado, con residencia de cuando menos tres años;
IV. Poseer al día de su designación, título y cédula profesional en Contaduría
Pública, Economía, Derecho, Administración u otra área afín a la gestión y
control de recursos públicos, expedidos por autoridad o institución legalmente
facultada para ello;
V. Tener reconocido prestigio profesional, capacidad y experiencia técnica no
menor a cinco años en la recaudación, administración, manejo, aplicación o
fiscalización de recursos públicos;
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado mediante sentencia
ejecutoriada por delito intencional que amerite pena privativa de libertad, ni haber
sido inhabilitado de la función pública;
VII. No haber sido ministro de culto religioso durante los tres años anteriores al día
de la designación;
VIII. No haber sido Titular del Poder Ejecutivo, Presidente de la Junta de Gobierno,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Secretario del Ramo de
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la Administración Pública Estatal, Procurador del Estado o similar, Consejero o
su equivalente de alguno de los organismos públicos autónomos o Tesorero
Municipal, dentro de los tres años previos al día de la designación;
IX. No haber ocupado un cargo de elección popular o de dirección en algún partido
político dentro de los tres años anteriores al día de la designación, y
X. No tener parentesco consanguíneo o de afinidad hasta tercer grado con los
titulares de los Poderes del Estado o Secretarios del Ramo.
Artículo 142.
El titular de la Auditoría Superior será designado por el voto de las dos terceras partes
de los Diputados presentes de la Legislatura, de una terna que al efecto formule la
Comisión, de conformidad con el procedimiento siguiente:
I. La Comisión expedirá la convocatoria pública correspondiente, treinta días
naturales antes de que termine el encargo el Auditor Superior en funciones.
II. La convocatoria será abierta y dirigida a todos los ciudadanos residentes en el
Estado de Coahuila de Zaragoza, que cumplan con los requisitos señalados en
el artículo anterior.
III. La convocatoria contendrá, al menos, los requisitos de elegibilidad, los
documentos para acreditarlos, los plazos para la inscripción de los candidatos,
los sujetos que pueden presentarlas, el procedimiento para la entrevista ante la
Comisión, los términos para realizar el dictamen respectivo y para elevar la terna
definitiva al Pleno del Congreso, así como el procedimiento que se seguirá para
la designación del Auditor.
IV. La Convocatoria será publicada en las páginas de internet del Congreso, de la
Auditoría Superior y cuando menos en dos periódicos de mayor circulación en el
Estado y en el Periódico Oficial del Estado.
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V. Los interesados deberán presentar su solicitud y los documentos solicitados
dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la publicación de
la Convocatoria.
VI. Dentro de los cinco días naturales siguientes al vencimiento del plazo establecido
en la fracción anterior, la Comisión revisará las solicitudes y la documentación
presentada y procederá a entrevistar en acto público y por separado a cada uno
de los candidatos.
VII. Concluido el plazo anterior, la Comisión dentro de los diez días naturales
siguientes analizará las solicitudes de los aspirantes y determinará quiénes
reúnen los requisitos señalados en la convocatoria y procederá a la designación
de los candidatos.
VIII. Una vez realizadas las entrevistas y la designación de los candidatos, la
Comisión, dentro de los tres días naturales siguientes, formulará su dictamen con
la terna propuesta al Pleno del Congreso, entre los candidatos mejor evaluados.
IX. De la terna propuesta, el Pleno del Congreso designará por el voto de las dos
terceras partes de los Diputados presentes de la Legislatura, al Auditor Superior
del Estado de Coahuila de Zaragoza, quien protestará su cargo ante el mismo
Pleno del Congreso.
En los recesos del Congreso, será la Comisión Permanente la que proceda a la
designación, que será provisional, mientras el Pleno del Congreso no otorgue la
aprobación definitiva.
Artículo 143.
En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen haya obtenido la
votación de las dos terceras partes de los Diputados presentes de la Legislatura, dentro
de los diez días hábiles siguientes, la Comisión someterá una nueva terna entre los
candidatos que hubiesen presentado su solicitud.
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Si en tres ocasiones consecutivas ningún candidato de las ternas propuestas obtiene la
votación señalada en el párrafo anterior, el Pleno del Congreso elegirá a aquel que
deba ocupar el cargo de Auditor Superior, por mayoría simple.
Artículo 144.
El Auditor Superior durará en el encargo ocho años y podrá ser ratificado nuevamente
para un segundo periodo, por una sola vez.
Artículo 145.
Quien ocupe el cargo de Auditor Superior podrá ser ratificado para un segundo periodo
por el Congreso. Para este efecto, antes de concluir el primer periodo del Auditor
Superior, la Comisión coordinará los trabajos de evaluación de su gestión y someterá a
consideración del Congreso el dictamen respectivo, a efecto de que éste resuelva, por
el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes de la Legislatura, sobre la
procedencia de la ratificación.
Si concluido el periodo para el que fue nombrado, el Congreso no resolviera sobre la
procedencia de la ratificación del Auditor Superior, éste continuará en el cargo por un
segundo periodo.
Artículo 146.
El Auditor Superior será inamovible y sólo podrá ser separado de su cargo por las
siguientes causas graves:
I. Ubicarse en cualquiera de los supuestos de prohibición establecidas en el
artículo 139 de esta ley;
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II. Sustraer, destruir, ocultar, divulgar o utilizar indebidamente la documentación e
información que por razón de su cargo tenga a su cuidado, custodia o acceso;
III. Incumplir con la obligación de determinar los daños y perjuicios y de fincar las
sanciones en los casos que prevé esta ley, y con la de formular las denuncias y/o
querellas respectivas cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad
como consecuencia de las revisiones e investigaciones que haya realizado;
IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización del
Congreso;
V. Abstenerse de presentar sin causa justificada el Informe Anual de Resultados al
que se refiere el artículo 62 de esta ley;
VI. Aceptar la injerencia de terceros en el ejercicio de sus funciones y, por estas
circunstancias, conducirse con parcialidad comprobada;
VII. Incapacidad legal para ejercer su encargo, y
VIII. Influir por interés propio, en la contratación de profesionales de auditoría
independientes, que cumplan funciones de revisión o fiscalización de cuentas
públicas.
La remoción del Auditor Superior se hará en lo conducente, de acuerdo al
procedimiento relativo al Juicio Político y a la Declaratoria de Procedencia Penal en
términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de
Coahuila de Zaragoza. La designación de quien ocupe el cargo, se hará de conformidad
con lo establecido en la presente ley.
Artículo 147.
El Auditor Superior será suplido en sus ausencias temporales por un Auditor Especial,
en el orden que señale el reglamento interior. En caso de ausencia definitiva, la
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Comisión dará cuenta al Congreso para que se haga nueva designación, en los
términos de esta ley.
Artículo 148.
El Auditor Superior deberá continuar en su encargo hasta que sea nombrado su
sucesor, salvo autorización expresa por mayoría del Congreso para retirarse del cargo,
en cuyo caso será suplido por quien legalmente corresponda.
Artículo 149.
El Auditor Superior no podrá ser reconvenido por las opiniones emitidas en el ejercicio
de su función, ni por el sentido de sus informes, observaciones, recomendaciones,
acciones o resoluciones.
Artículo 150.
Los Auditores Especiales, los Titulares de Unidad y los Directores Generales serán
nombrados por el Auditor Superior, deberán reunir los requisitos que para tal efecto
establezca el reglamento interior y se clasificarán como trabajadores de confianza, y se
regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.
Los demás servidores públicos serán designados mediante el servicio fiscalizador de
carrera.
Artículo 151.
El Auditor Superior podrá delegar expresamente sus facultades en los servidores
públicos de la Auditoría Superior, salvo las facultades indelegables señaladas en el
artículo 135, apartado B de esta ley. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades
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o se adscriban unidades y órganos administrativos se publicarán en el Periódico Oficial
del Estado.
CAPÍTULO IV
DEL SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA
Artículo 152.
La Auditoría Superior contará con un Servicio Fiscalizador de Carrera, dirigido a la
objetiva y estricta selección de sus servidores públicos, su constante profesionalización,
y su permanencia y estabilidad bajo los principios de legalidad, eficacia, honradez,
imparcialidad y excelencia.
Artículo 153.
La Auditoría Superior emitirá un estatuto del Servicio Fiscalizador de Carrera que
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en su página de internet, en el
cual establecerá como mínimo lo siguiente:
I. Las plazas y categorías que integran el servicio;
II. Los procedimientos y requisitos para el ingreso al servicio;
III. Los procedimientos y requisitos para las promociones y permanencia de sus
integrantes;
IV. Los derechos y obligaciones de los servidores públicos del servicio;
V. Los procedimientos y requisitos para la capacitación, actualización y aplicación
de la evaluación del desempeño para los servidores públicos de carrera;
VI. Las causas de separación del servicio;
VII. Los medios de impugnación;
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VIII. Los órganos del servicio y sus atribuciones, y
IX. Las demás normas relativas a la planeación, organización, operación, desarrollo
control y evaluación del sistema del Servicio Fiscalizador de Carrera.
Artículo 154.
La Auditoría Superior emitirá las disposiciones en materia de ética y conducta, así como
para prevención de conflictos de intereses que deberán observar los servidores
públicos de la Auditoría Superior y los profesionales de auditoría independientes
habilitados por la misma y deberán publicarse en su página de internet.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN CON EL CONGRESO DEL ESTADO
Artículo 155.
La Comisión tendrá por objeto coordinar las relaciones entre el Congreso del Estado y
la Auditoría Superior, y constituirá el enlace que permita garantizar la debida
comunicación entre ambos órganos, así como vigilar y evaluar el desempeño de esta
última en los términos de la presente ley.
Para los efectos del párrafo anterior, la Comisión podrá evaluar bajo los principios de
objetividad, transparencia y máxima publicidad, el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y metas del programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, a través de
los mecanismos e indicadores que resulten aplicables.
Artículo 156.
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En materia de coordinación con la Auditoría Superior, la Comisión tendrá las
atribuciones siguientes:
I. Ser el conducto de coordinación y comunicación entre el Congreso y la Auditoría
Superior;
II. Recibir de la Auditoría Superior el Informe Anual de Resultados, así como los
demás informes que ésta emita y turnarlos a las comisiones ordinarias del
Congreso;
III. Conocer los criterios, bases, circulares y normas de evaluación que emita la
Auditoría Superior para la fiscalización de las cuentas públicas anuales de los
entes fiscalizados;
IV. Conocer el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones que para el
debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría
Superior, así como sus modificaciones;
V. Conocer el informe anual de actividades y del estado que guardan las cuentas
públicas de las entidades que elabore la Auditoría Superior;
VI. Citar al Auditor Superior para conocer en lo específico el Informe Anual de
Resultados de la fiscalización de las cuentas públicas;
VII. Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado;
VIII. Conocer el proyecto de presupuesto elaborado por la Auditoría Superior;
IX. Proveer lo necesario a la Auditoría Superior para que pueda cumplir con las
funciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza y esta ley;
X. Presentar al Congreso la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de
Auditor Superior;
XI. Coordinar los trabajos de evaluación de la gestión del Auditor Superior con el fin
de someter a la consideración del Congreso su ratificación en los términos del
artículo 145 de la presente ley;
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XII. Recibir de la Auditoría Superior los informes de seguimiento de las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas;
XIII. Recibir de la Auditoría Superior el informe relativo al incumplimiento de las
instancias de control competentes, para llevar a cabo los procedimientos para la
práctica de las revisiones por situaciones excepcionales, y
XIV. Las demás que establezca esta ley y las demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO II
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN
Artículo 157.
La Auditoría Superior establecerá la coordinación y colaboración necesaria, a través del
Sistema Nacional de Fiscalización, con todos aquellos órganos que realicen actividades
de control, fiscalización y auditoría gubernamental, ya sea interna o externa, de la
federación, de los estados o municipios, con el objeto de:
I. Estandarizar el ejercicio de la auditoría gubernamental que se practica en el
Estado, tanto por la Auditoría Superior, la Auditoría Superior de la Federación,
los órganos de control interno que correspondan y los profesionales de auditoría
independientes que sean contratados;
II. Garantizar la estricta observancia y aplicación de las normas, sistemas, métodos
y procedimientos de contabilidad gubernamental y archivo integral, así como
definir normas de control interno como referente técnico para su implementación;
III. Homogeneizar criterios para emitir observaciones y recomendaciones, así como
para la solventación, atención y seguimiento de las mismas;
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IV. Intercambiar información en materia de fiscalización, control y auditoría
gubernamental;
V. Capacitar al personal que realiza funciones de auditoría y fiscalización;
VI. Coordinar y colaborar en la práctica de visitas a las entidades fiscalizadas, a fin
de evitar el ejercicio simultáneo de las funciones de auditoría o de control en lo
concerniente a la fiscalización de las cuentas públicas;
VII. Otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de
sus funciones, y
VIII. Facilitar la información y/o documentación que les solicite la Auditoría Superior
sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se les
requiera.
CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Artículo 158.
La Auditoría Superior podrá fiscalizar los recursos federales que administre o ejerza el
Estado o los municipios en los términos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Para tal efecto, la Auditoría Superior podrá celebrar convenios con la Auditoría Superior
de la Federación, con el objeto de colaborar en la verificación de la correcta aplicación
de los recursos públicos federales recibidos por el Estado de Coahuila de Zaragoza y
sus municipios, conforme a los lineamientos técnicos que señale la misma Auditoría
Superior de la Federación y el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado.
Artículo 159.
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La Auditoría Superior deberá presentar un informe de las auditorías que realice
correspondiente al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, en los
términos y condiciones señaladas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de
la Federación.
Artículo 160.
Los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado que reciba la
Auditoría Superior se deberán destinar exclusivamente para actividades relacionadas
directamente con la revisión y fiscalización de recursos públicos federales.
Los recursos que al final del ejercicio no hayan sido devengados por la Auditoría
Superior, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación.
Artículo 161.
La Auditoría Superior deberá publicar, en su página de internet, informes trimestrales
sobre la aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto
Federalizado, en los términos que establezcan las reglas de operación del mismo.
Artículo 162.
El Auditor Superior, con sujeción a los convenios celebrados, acordará la forma y
términos en que el personal a su cargo realizará la fiscalización de los recursos públicos
federales transferidos al Estado y municipios. Lo anterior podrá ser previsto en el
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, que para tal efecto elabore la
Auditoría Superior.
Artículo 163.
Cuando la Auditoría Superior detecte irregularidades que afecten el patrimonio de la
hacienda pública federal, deberá hacerlo del conocimiento de la Auditoría Superior de la
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Federación dentro de los diez días hábiles siguientes, para que proceda conforme a lo
dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y con
independencia de las sanciones que imponga a los responsables de dichas
irregularidades derivadas de los procedimientos administrativos de su competencia.
Artículo 164.
Las entidades fiscalizadas que administren o ejerzan recursos públicos federales
deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de dichos
recursos de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás
disposiciones aplicables.
TÍTULO TERCERO
DE LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CAPÍTULO I
DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Artículo 165.
La Auditoría Superior contará con las áreas de transparencia y acceso a la información
pública, de conformidad con lo que establece la ley de la materia. En su caso, dichas
áreas deberán clasificar como reservada su información pública, según las
disposiciones aplicables.
Artículo 166.
Los servidores públicos de la Auditoría Superior, de las instancias de control
competentes de las entidades, los profesionales de auditoría independientes
contratados para la práctica de las auditorías y el Congreso, deberán guardar estricta
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reserva sobre la información y los documentos que conozcan con motivo del objeto de
esta ley; en caso de incumplimiento, serán responsables de acuerdo con las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 167.
La Auditoría Superior será responsable solidaria de los daños y perjuicios que en
términos de este capítulo, causen los servidores públicos de la misma y los
profesionales de auditoría independientes contratados para la práctica de auditorías, sin
perjuicio de que la Auditoría Superior promueva las acciones legales que correspondan
en contra de los responsables.
Artículo 168.
La Auditoría Superior tendrá acceso a la información y/o documentación que las
disposiciones legales consideren como de carácter reservado y/o confidencial, cuando
esté relacionada con la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de
los recursos públicos y tendrá la obligación de mantener la misma reserva de acuerdo
con las disposiciones aplicables.
Artículo 169.
La Auditoría Superior sólo podrá revelar la información de carácter reservado,
confidencial o que deba mantenerse en secreto, al Ministerio Público, cuando se
acompañe a una denuncia de hechos o, en su caso, a las partes que participen en un
procedimiento resarcitorio.
CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Artículo 170.
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La sociedad civil podrá participar en la labor de fiscalización que realiza la Auditoría
Superior. Para ello, podrá presentar peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y
motivadas ante la Comisión, quien las turnará a la Auditoría Superior.
La Auditoría Superior podrá considerar las peticiones, solicitudes y denuncias en el
programa anual de auditorías, visitas e inspecciones. En caso de incluir alguna entidad
en el programa por este motivo, los resultados de la revisión practicada formarán parte
del Informe Anual de Resultados.
Artículo 171.
La sociedad en general podrá formular ante la Comisión, opiniones, solicitudes y
denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que lleva a cabo la Auditoría
Superior, con objeto de contribuir y participar en el mejoramiento de la función de
fiscalización superior que ejerce.
Artículo 172.
La Auditoría Superior promoverá los mecanismos necesarios para fortalecer la
participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades fiscalizadas y de la
propia Auditoría Superior.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de febrero de
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2013 y sus respectivas reformas; asimismo, se derogan todas las disposiciones legales
y reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
TERCERO. Los procedimientos administrativos y los asuntos que a la entrada en vigor
de la presente ley se encuentren en trámite, continuarán su desarrollo conforme a la ley
que se abroga.
CUARTO. El actual Auditor Superior del Estado continuará en funciones hasta en tanto
el Congreso designe a quien deba ocupar el cargo.
Para tal efecto, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del
presente decreto, la Comisión llevará a cabo el procedimiento para la designación del
Auditor Superior establecido en el artículo 142 del mismo, y el Congreso nombrará a
quien deba ocupar el cargo. El actual Auditor Superior podrá participar en dicho
procedimiento; en ese caso, deberá solicitar licencia para separarse del cargo durante
el mismo y será suplido por el servidor público que establezca el reglamento interior
vigente.
QUINTO. La Auditoría Superior deberá emitir un nuevo reglamento interior conforme a
las disposiciones de esta ley, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor de la misma.
SEXTO. Las relaciones laborales correspondientes a servidores públicos distintos de
los Auditores Especiales, Titulares de Unidad y Directores Generales, tendrán el mismo
tratamiento previsto en la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de
Zaragoza publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 12 de febrero de
2013, en tanto entren en vigor las disposiciones aplicables al Servicio Fiscalizador de
Carrera.
SÉPTIMO. Todas las disposiciones, menciones y referencias que se hagan en las leyes
y reglamentos a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, se entenderán hechas a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización
Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza.
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Dado. En la residencia del Poder Ejecutivo a 1 de octubre de 2014.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
PRIMERA SECCION
TOMO CXXI Saltillo, Coahuila, viernes 12 de diciembre de 2014 número 99
REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO
DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO
<
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial
ARMANDO LUNA CANALES Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial
I N D I C E
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DECRETO No. 655.- El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, ratifica el
nombramiento del C. Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, como Comisionado Estatal de Seguridad, el cual le fue
otorgado por el Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.
2
DECRETO No. 660.- Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del
Artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3
DECRETO No. 661.- Se designa al Contador Público José Armando Plata Sandoval, como Auditor Superior del Estado
por un período de ocho años, a partir de la fecha en que rinda la protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado.
4
DECRETO No. 662.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a título gratuito, un bien inmueble con una
superficie de 30,000.00 M2., ubicada en la colonia Centro, en la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a favor del
Organismo Público Descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto que lo destine a la construcción de
un Hospital Regional de Especialidades.
5
DECRETO No. 663.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a título gratuito, un bien inmueble con una
superficie de 100,049.62 M2., ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo Público
Federal Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto que lo destine a la
construcción de un Hospital Regional de Especialidades.
6
DECRETO No. 664.- Se reforma el Artículo Primero, las fracciones II, III, IV y V del Artículo Segundo, el Primero y
Segundo Párrafos del Artículo Tercero, y los Artículos Cuarto y Séptimo del Decreto No. 596 publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado en fecha 10 de octubre de 2014.
8
DECRETO No. 665.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del
dominio público municipal, un bien inmueble con una superficie de 2,057.70 M2., ubicado en el Fraccionamiento “La
Merced II” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación “Pro-Infancia Neurogénica
A.C.”.
9
2 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
DECRETO No. 666.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar
del dominio público municipal, una calle en desuso con una superficie de 6,401.71 M2., ubicado en la colonia “Estancias
de San Juan Bautista” de esa ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la empresa “ENRALE S.A. de
C.V.”.
10
DECRETO No. 668.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, para enajenar a título gratuito un bien inmueble con una superficie de 1,189.89 M2., ubicada en el
Fraccionamiento “Valencia” de esta ciudad, a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal denominada “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila”
(DIF).
11
DECRETO No. 672.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del
dominio público municipal, un bien inmueble con una superficie de 1,418.40 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Joyas
del Oriente” de esa ciudad, con el fin de celebrar un contrato de comodato por un lapso de 99 años a favor de la
“Parroquia de la Inmaculada Concepción, La Joya, Coahuila, A.R.”.
12
DECRETO No. 673.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del
dominio público municipal, un bien inmueble con una superficie de 3,590.98 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Villas
de la Hacienda” de esa ciudad, con el fin de celebrar un contrato de comodato por un lapso de 50 años a favor de la
“Parroquia de San José Obrero en Torreón, A.R.”
14
ACUERDO C-216/2014 del H. Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza emitido
en sesión de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, relativo a la modificación de la denominación del Distrito
Judicial de Viesca.
15
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se declaran improcedentes
las solicitudes presentadas por el Partido Humanista, a través de su representante propietario C. Alejandro Javier Ramírez
Estrada.
16
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se declara improcedente la
solicitud presentada por el Partido Morena, a través de su representante propietaria C. Rosa Esther Beltrán Enríquez.
17
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se repone el procedimiento
respecto al dictamen consolidado de los informes de campaña sobre el origen monto, destino y aplicación de los recursos
de los partidos políticos correspondiente al proceso electoral ordinario 2012-2013, en acatamiento a la sentencia del H.
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila recaída al juicio electoral promovido por el Partido Unidad
Democrática de Coahuila.
17
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueba el proyecto de
dictamen consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, relativo a los informes de campaña para la elección de Diputados
Locales sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, la coalición y los candidatos
independientes, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2013-2014.
18
ACUERDO del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila mediante el cual se aprueban los Informes
presentados por las organizaciones de observadores electorales denominadas “Movimiento Cívico Mexicanos por la
Democracia” y “Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales de Coahuila A.C”, sobre el origen, monto, destino y
aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades, correspondientes al Proceso Electoral
Ordinario 2013-2014.
19
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 655.-
ARTÍCULO ÚNICO.- El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, ratifica el
nombramiento del C. Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, como Comisionado Estatal de Seguridad, el cual le fue otorgado por el
Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado.
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 3
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Comuníquese este Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para su conocimiento y los efectos legales
procedentes.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a primero de
diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADA SECRETARIA
ELVIA GUADALUPE MORALES GARCÍA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 660.-
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del Artículo 2o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el tenor literal siguiente:
“Artículo Único. Se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 2°…
…
…
…
…
A. ...
I. y II. …
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio
de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su
derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de
elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los
4 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político electorales de los y las ciudadanas en
la elección de sus autoridades municipales.
IV. a VIII. …
B. …
Artículos Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”
Segundo. Las Legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones, así como la legislación
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.”
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese la expedición del presente Decreto a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
para los efectos del Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del
mes de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 661.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se designa al Contador Público José Armando Plata Sandoval, como Auditor Superior del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El nombramiento del Contador Público José Armando Plata Sandoval, como Auditor Superior del
Estado, será por un período de ocho años, a partir de la fecha en que rinda la protesta de ley ante el Pleno del Congreso del Estado.
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 5
T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del
mes de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 662.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a título gratuito, un bien inmueble con una
superficie de 30,000.00 M2., ubicada en la colonia Centro, en la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo
Público Descentralizado Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto que lo destine a la construcción de un Hospital Regional
de Especialidades.
El inmueble consiste en una superficie de 30,000.00 M2., ubicado en la calle Mina sin número en la colonia Centro, en ciudad
Acuña, Coahuila y que se identifica con el siguiente:
CUADRO DE CONSTRUCCIÓN.
SUPERFICIE 30,000.00 m².
LADO RUMBO DISTANCIA V
COORDENADAS
EST PV Y X
A 933.7340 1,029.4410
A B N 32°47’44.27” E 50.494 B 976.1800 1,056.7910
B C N 32°55’33.37” E 119.644 C 1,076.6060 1,121.8240
C D N 32°43’31.32” E 61.099 D 1,128.0070 1,154.8550
D E N 32°49’22.78” E 35.451 E 1,157.7982 1,174.0710
E F N 53°57’26.03” W 110.372 F 1,222.7396 1,084.8269
F G S 34°04’41.29” W 25.238 G 1,201.8358 1,070.6856
G H S 33°43’52.51” W 87.942 H 1,128.6990 1,021.8517
H I S 33°51’21.39” W 68.006 I 1,072.2239 983.9651
6 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
I J S 33°37’48.77” W 85.298 J 1,001.2023 936.7244
J A S 53°57’26.03” E 114.666 A 933.7340 1,029.4410
Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del Gobierno del Estado con una mayor extensión, en la oficina del Registro Público
de la ciudad de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 93, Libro 1, Sección IX, de fecha 5 de diciembre de
2014.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Ejecutivo para que por sí o por conducto de quien ocupe la titularidad de la
Secretaría de Finanzas, otorgue la escritura correspondiente
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en el Título de Propiedad respectivo.
ARTÍCULO CUARTO.- Los gastos que se generen por la escrituración y registro de la enajenación autorizada, correrán a cargo
del organismo donatario.
ARTÍCULO QUINTO.- En caso de que, en un plazo de veinticuatro meses contados a partir de la publicación de este decreto, no
se formalice la escrituración, su registro o se inicie el trazo y construcción del Hospital de Especialidades señalado en el numeral
primero, quedarán sin efecto sus disposiciones, revirtiéndose el inmueble al patrimonio del Estado.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del
mes de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 663.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Gobierno del Estado para que enajene a título gratuito, un bien inmueble con una
superficie de 100,049.62 M2., ubicado en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a favor del Organismo Público Federal
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 7
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con objeto que lo destine a la construcción de un Hospital
Regional de Especialidades.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El inmueble consiste en una superficie total de 100,049.62 M2., ubicado en la ciudad Torreón, Coahuila y que
se describen de la siguiente manera:
1.- POLÍGONO D: Con una superficie de 60,000.53 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 311.49 metros y colinda con polígono C.
Al Sur: mide 322.07 metros y colinda en dos líneas una de 314.47 metros y otra de 7.60 metros, colindando con
polígono E.
Al Poniente: mide 193.65 metros y colinda en 104.86 metros con polígono C y en 88.78 metros con el polígono A-1.
Al Oriente: se miden en dos líneas rectas de 186.56 metros y colinda con ejido El Águila.
2.- POLÍGONO E: Con una superficie de 20,017.93 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 314.47 metros y colinda con polígono D.
Al Sur: mide 308.51 metros y colinda con polígono F.
Al Poniente: mide 65.01 metros y colinda con polígono A-1.
Al Oriente: mide 64.36 metros y colinda con Ejido El Águila.
3.- POLÍGONO F: Con una superficie de 10,021.63 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 308.51 metros y colinda con polígono E.
Al Sur: mide 350.36 metros y colinda con polígono G.
Al Poniente: mide 33.03 metros y colinda con polígono A-1.
Al Oriente: mide 32.70 metros y colinda con el Ejido El Águila.
4.- POLÍGONO G: Con una superficie de 10,009.53 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 305.36 metros y colinda con polígono F.
Al Sur: mide 302.19 metros y colinda con polígono A-1.
Al Poniente: mide 33.34 metros y colinda con polígono A-1.
Al Oriente: mide 33.00 metros y colinda con el Ejido El Águila.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al titular del Ejecutivo Estatal para que firme la escritura relativa por sí o por apoderado jurídico,
debiendo insertarse íntegramente en ella este decreto e inscribirla en los registros públicos correspondientes.
ARTÍCULO CUARTO.- Los gastos de escrituración y registro, se pagaran totalmente por el Organismo Público Federal sujeto de este
Decreto.
ARTÍCULO QUINTO.- En caso de que, en un plazo de diez y ocho meses contados a partir de la publicación de este decreto, no se
formalice la escrituración, su registro o se inicie el trazo y construcción del Hospital de Especialidades señalado en el numeral primero,
quedarán sin efecto sus disposiciones, revirtiéndose el inmueble al patrimonio del Estado.
T R A N S I T O R I OS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
8 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 664.-
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo Primero, las fracciones II, III, IV y V del Artículo Segundo, el Primero y Segundo Párrafos
del Artículo Tercero, y los Artículos Cuarto y Séptimo del Decreto No. 596 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en
fecha 10 de octubre de 2014, para quedar como sigue:
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, reconoce la
existencia de pasivos diversos del Estado, derivados de la adquisición de bienes, contratación de obras públicas y servicios que
constituyen inversiones públicas productivas, de conformidad con el Artículo 3 fracción XXI de la Ley de Deuda Pública para el Estado
de Coahuila de Zaragoza.
ARTÍCULO SEGUNDO.- . . . .
I.- . . . .
II.- Que dicho reconocimiento de adeudo o certificación respectiva, o cualquier otro acto que se considere apropiado, sustituya, si
fuera conveniente, la cuenta por cobrar del Proveedor respectivo.
III.- Que los Proveedores cedan, transfieran, descuenten o de cualquier forma moneticen sus derechos de cobro, directamente con el
Estado o con uno o varios fideicomisos de administración y pago a constituirse por el Estado o por cualquier otro tercero. Los proveedores
adheridos al Esquema de Regularización tendrán derecho a recibir el pago, a descuento o a plazos, de sus cuentas por cobrar por parte del
Estado o del o los fideicomisos que se constituyan para tal efecto. Los pagos realizados a través del Esquema de Regularización no podrán
rebasar del monto que se señala en el Artículo Tercero del presente decreto.
IV.- Que el o los fideicomisos constituidos para cumplir con el Esquema de Regularización, o en su caso, el Estado, podrán contratar uno
o varios financiamientos. Dichos financiamientos se pagarán en un plazo de hasta cuatro años y se contratarán con personas de
nacionalidad mexicana.
V.- Para otorgar mayor seguridad al Esquema de Regularización, el Estado podrá afectar a él o los fideicomisos constituidos para realizar
los fines del Esquema de Regularización cualquier bien o derecho que considere necesario, incluyendo, previa obtención de las
autorizaciones o modificaciones contractuales necesarias, los derechos fideicomisarios respecto de la cantidad de remanentes y/o los
ingresos derivados respecto de las cantidades remanentes conforme al Fideicomiso F/1163 celebrado entre el Estado como fideicomitente
y fideicomisario en segundo lugar y Banco Invex, S.A. Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, división fiduciaria como
fiduciario de fecha 30 de septiembre de 2011.
ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas a contratar uno o varios financiamientos, ya
sea directamente o indirectamente, inclusive por medio de uno o varios fideicomisos a ser constituidos directamente por el Estado o por un
tercero, a fin de implementar el Esquema de Regularización, para cubrir pasivos existentes, hasta por la cantidad de $2,500,000,000.00
(Dos mil quinientos millones de pesos 00/100 m.n.) más los accesorios financieros y gastos de implementación convenientes o necesarios.
Dicho financiamiento o financiamientos deberán ser destinados al pago de ciertos pasivos determinados, derivados de la adquisición de
bienes y de la contratación de obras públicas y de servicios relacionados que constituyen inversiones públicas productivas,
independientemente de las condiciones pactadas en relación al vencimiento, plazo y forma de pago o cualquier otra.
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 9
Al monto a contratar autorizado en el presente artículo, se le adicionarán los gastos de implementación que resultaran convenientes y
necesarios incluyendo honorarios, gastos de estructuración o cualquier gasto derivado de la contratación de coberturas, entre otros, en su
caso. Dichos gastos de implementación no podrán exceder del 3% del monto indicado en el párrafo anterior.
. . . . .
ARTÍCULO CUARTO.- El financiamiento o financiamientos autorizados en el presente decreto deberán ser destinados al pago de
ciertos pasivos determinados, derivados de la adquisición de bienes y de la contratación de obras públicas y de servicios relacionados que
constituyen inversión pública productiva.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, a llevar a cabo la celebración de los actos jurídicos
convenientes o necesarios para formalizar las operaciones descritas en el presente Decreto, incluyendo instrucciones, mandatos,
contratación de garantías y de coberturas así como cualquier acto jurídico necesario o conveniente para la implementación del Esquema de
Regularización y/o el pago de los pasivos descritos en el artículo primero del presente Decreto.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE FINANZAS
ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 665.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio
público municipal, un bien inmueble con una superficie de 2,057.70 M2., ubicado en el Fraccionamiento “La Merced II” de esa ciudad,
con el fin de enajenarlo a título gratuito a favor de la Asociación “Pro-Infancia Neurogénica A.C.”
El inmueble antes mencionado se identifica como fracción poniente del Lote 2, de la manzana “A”, ubicada en el Fraccionamiento La
Merced II, con una superficie de 2,057.70 M2., y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
10 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
Al Norte: mide 38.00 metros y colinda con Lote 3 de la manzana “A”
Al Sur: mide 38.00 metros y colinda con Calle M. Faraday.
Al Oriente: mide 54.15 metros y colinda con área para plaza de la misma manzana.
Al Poniente: mide 54.15 metros y colinda con Avenida José Vasconcelos.
Dicho inmueble se encuentra inscrito con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la oficina del Registro Público
de la ciudad Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 6477, Folio 185, Libro 19-B, Sección I de fecha 7 de diciembre
de 1987 por adquisición. Y Partida 119370, Libro 1194, Sección I, de fecha 15 de julio de 2009 por subdivisión.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de la construcción de sus instalaciones que posibiliten la
atención a un mayor número de pacientes con la enfermedad de espina bífida y sus secuelas. En caso de que a dicho inmueble se le dé un
uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al
Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo
que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado
de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.
Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del
Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en
tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 666.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio
público municipal, una calle en desuso con una superficie de 6,401.71 M2., ubicado en la colonia “Estancias de San Juan Bautista” de esa
ciudad, con el fin de enajenarlo a título oneroso a favor de la empresa “ENRALE S.A. de C.V.”
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 11
El inmueble antes mencionado cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide 24.95 metros y colinda con calle Emiliano Zapata.
Al Sur: mide 25.05 metros y colinda con Avenida Lázaro Cárdenas.
Al Oriente: mide 256.10 metros y colinda con la escuela primaria José María Uranga.
Al Poniente: mide 255.85 metros y colinda con propiedad privada.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de que se realice la construcción de un centro comercial, el
cual generará empleos en la región. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho
automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo
que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado
de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.
Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del
Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en
tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 668.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para
enajenar a título gratuito un bien inmueble con una superficie de 1,189.89 M2., ubicada en el Fraccionamiento “Valencia” de esta ciudad,
a favor del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominada “Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila” (DIF), el cual se desincorporo con Decreto número 377 publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 17 de diciembre de 2013.
12 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
La superficie antes mencionada cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: mide en 12 líneas; 3.49, 3.24, 11.96, 2.35, 1.20, 2.34, 1.10, 0.60, 0.22, 8.30, 3.43 y 5.00 metros y colinda con
la calle Rioja.
Al Sur: mide 25.60 metros y colinda con propiedad municipal.
Al Oriente: mide en 8 líneas; 6.97, 4.35, 3.96, 1.05, 3.78, 2.02, 8.19 y 6.40 metros y colinda con área municipal.
Al Poniente: mide en 8 líneas; 8.18, 9.03, 0.95, 1.82, 1.82, 6.71, 4.19 y 2.97 metros y colinda con área municipal.
Dicha superficie se encuentra inscrita con una mayor extensión a favor del R. Ayuntamiento de Saltillo, en la Oficina del Registro Público
de la ciudad de Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 280807, Libro 2809, Sección I, de fecha 18 de septiembre de
2012.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de que se construya un centro comunitario que beneficie a las
personas que habitan el mencionado sector. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho
automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- El Ayuntamiento del Municipio de Saltillo, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante
legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.
ARTÍCULO CUARTO.- En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la actual administración
municipal (2014-2017), quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose en su caso de nueva autorización legislativa para
proceder a la enajenación del citado inmueble.
ARTÍCULO QUINTO.- Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán
por cuenta del beneficiario.
ARTÍCULO SEXTO.- El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 13
DECRETA:
NÚMERO 672.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio
público municipal, un bien inmueble con una superficie de 1,418.40 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Joyas del Oriente” de esa
ciudad, con el fin de celebrar un contrato de comodato por un lapso de 99 años a favor de la “Parroquia de la Inmaculada Concepción, La
Joya, Coahuila, A.R.”
El inmueble antes mencionado se identifica con una fracción de terreno de la manzana 45, ubicada en la calle Lafiolita entre calle
Amatista y Avenida Universidad del Fraccionamiento “Joyas del Oriente” de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y
colindancias:
Al Norte: mide 30.09 metros y colinda con calle Lafiolita.
Al Sur: mide 30.00 metros y colinda con privada, hoy calle calcita.
Al Oriente: mide 48.70 metros y colinda con fracción de terreno de la misma manzana.
Al Poniente: mide 45.26 metros y colinda con fracción de terreno de la misma manzana.
Dicho inmueble se encuentra inscrito con una extensión mayor a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la oficina del Registro Público
de la ciudad Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 142354, Libro 1424, Sección I de fecha 8 de diciembre de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de la construcción de un templo religioso. En caso de que a
dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la enajenación y el
predio será reintegrado al Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo
que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado
de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.
Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del
Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en
tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
14 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
EL C. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE,
LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA;
DECRETA:
NÚMERO 673.-
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio
público municipal, un bien inmueble con una superficie de 3,590.98 M2., ubicado en el Fraccionamiento “Villas de la Hacienda” de esa
ciudad, con el fin de celebrar un contrato de comodato por un lapso de 50 años a favor de la “Parroquia de San José Obrero en Torreón, A.R.”
El inmueble antes mencionado se identifica fracción de terreno de la manzana s/n, ubicada en la esquina de la Avenida Malecón y
Avenida Costera del Fraccionamiento “Villas de la Hacienda” de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: en línea curva en 35.89 metros y colinda con Avenida del Malecón y Avenida Costera.
Al Nororiente: mide 66.11 metros y colinda con Avenida Malecón.
Al Oriente: mide 65.30 metros y colinda con Avenida Costera.
Al Suroriente: mide 83.10 metros y colinda con terreno de la misma manzana.
Dicho inmueble se encuentra inscrito con una extensión mayor a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la oficina del Registro Público de la
ciudad Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 5605, Foja 112, Libro 37-D, Sección I de fecha 7 de abril de 1999.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La autorización de esta operación es con objeto de la construcción de una capilla y salones de catequesis. En
caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida la
enajenación y el predio será reintegrado al Municipio.
ARTÍCULO TERCERO.- Para que el Municipio pueda disponer de este bien inmueble, y cumplir con lo que se dispone en el Artículo
que antecede, el Ayuntamiento, conforme a lo que señalan los Artículos 304 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado
de Coahuila, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerá un plazo cierto y determinado para su formalización.
Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del
Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en
tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.
T R A N S I T O R I O S
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los nueve días del mes
de diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADO PRESIDENTE
JUAN ALFREDO BOTELLO NÁJERA
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIA
ANA MARÍA BOONE GODOY
(RÚBRICA)
DIPUTADO SECRETARIO
FERNANDO DE LA FUENTE VILLARREAL
(RÚBRICA)
IMPRÍMASE, COMUNÍQUESE Y OBSÉRVESE
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 11 de Diciembre de 2014
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ
(RÚBRICA)
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
ARMANDO LUNA CANALES
(RÚBRICA)
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 15
ACUERDO C-216/2014 DEL H. CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA EMITIDO EN SESIÓN DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, RELATIVO A
LA MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DEL DISTRITO JUDICIAL DE VIESCA.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- De conformidad con lo previsto por los artículos 143 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de la administración, vigilancia y
disciplina del Poder Judicial del Estado, con independencia técnica de gestión para emitir sus resoluciones, además, está facultado para
expedir acuerdos que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones.
SEGUNDO.- En el desarrollo de la sesión se planteó por parte del Magistrado Presidente la importancia de ir adecuando la
denominación de los Distritos Judiciales considerando la municipalidad que funge como su cabecera, en algunos de ellos, sin que ello
implicara modificar su ámbito de competencia y por ende sus respectivas integraciones o agrupaciones, respecto a los municipios que los
comprenden.
De esta manera, se presentó el caso del Distrito Judicial de Viesca cuya denominación se ha mantenido debido a circunstancias
históricas del Estado –muy representativas–, pero que ya no responden a las características actuales de la región. Y ello es así, en virtud
de que es reconocido el gran impulso que genera la Laguna en diversos ámbitos, como lo es el económico, no sólo en nuestra entidad sino
en el país mismo, por lo que es un punto muy atractivo de inversiones nacionales e internacionales en el mundo globalizado en que
vivimos, las que en su gran mayoría tienen como destino principal al municipio de Torreón.
En ese contexto, mencionaron los Consejeros la conveniencia de actualizar la nomenclatura del Distrito Judicial en el que se
encuentra enclavado el municipio de Torreón, a efecto de que en el ámbito de la impartición de justicia se tenga la certeza por parte de
cualquier ciudadano o inversionista, nacional o extranjero, de que esa importante municipalidad cuenta con órganos jurisdiccionales en las
diversas materias legales y que no quepa duda alguna del avance, en todos los espacios, de ese municipio y esa importante región.
TERCERO.- En atención al considerando precedente, y tomando en cuenta que las haciendas públicas de los municipios que
integran el actual Distrito Judicial de Viesca no se verán afectadas con el cambio de denominación de ese distrito, así como que no se lleva
a cabo una nueva división judicial que involucre a otras municipalidades, se considera pertinente que el Distrito Judicial de Viesca, cambie
su denominación a la de Distrito Judicial de Torreón, el que continuará integrándose con los municipios de Torreón, Viesca y Matamoros.
CUARTO.- Conviene precisar que el cambio de denominación no influirá en los efectos jurídicos y administrativos que se
deriven de las disposiciones normativas, comunicaciones, acuerdos y demás documentos oficiales de cualquier índole que hagan mención
al Distrito Judicial de Viesca, debiéndose entender que se refieren al de Torreón.
Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política del Estado, así como 5° y 56 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los Consejeros, por unanimidad de votos, emiten el siguiente acuerdo:
ACUERDO C-216/2014
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 6° de la Constitución Política del Estado, así como 5° y 56 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se determina modificar la denominación del “Distrito Judicial de
Viesca” por la de “Distrito Judicial de Torreón”, el que continuará integrándose con los municipios de Torreón, de Viesca y Matamoros,
fungiendo como cabecera de ese distrito el municipio de Torreón.
SEGUNDO.- El resto de los Distritos Judiciales, mantendrá su denominación e integración conforme a lo previsto en el acuerdo
C-202/2010 emitido por este Consejo de la Judicatura en sesión celebrada el 11 de octubre de 2010.
TERCERO.- El cambio de denominación no influirá en los efectos jurídicos y administrativos que se deriven de las
disposiciones normativas, comunicaciones, acuerdos y demás documentos oficiales de cualquier índole que hagan mención al Distrito
Judicial de Viesca, debiéndose entender que se refieren al de Torreón.
Asimismo, de conformidad con los principios de eficiencia y economía en el ejercicio de los recursos públicos, se continuarán
utilizando los sellos y papelería oficial con la denominación de Distrito Judicial de Viesca, hasta en tanto se realicen las adecuaciones
pertinentes con la nueva denominación, conforme a la planeación del presupuesto que corresponda.
CUARTO.- El Consejo de la Judicatura del Estado, oyendo la opinión del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado,
en el ámbito de su competencia, resolverá cualquier cuestión administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del
presente Acuerdo
T R A N S I T O R I O S
PRIMERO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día 15 de diciembre del año 2014.
SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor del Poder Judicial a fin de que realice los trámites administrativos que se
requieran para el debido cumplimiento del presente acuerdo, en tanto se continuarán utilizando, para todos los efectos que diera lugar, los
16 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
sellos, papelería y demás identificaciones que establecen “Distrito Judicial del Viesca”, mismos que deberán entenderse que corresponden
al “Distrito Judicial de Torreón”, conforme a la nueva denominación.
TERCERO.- Para su difusión, dese a conocer el presente Acuerdo mediante publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado, en la página electrónica del Poder Judicial, en los estrados de los órganos jurisdiccionales y en las oficinas administrativas de
este poder público y por otros medios idóneos que se estimen pertinentes.
Asimismo, realícense las comunicaciones a las autoridades federales, locales y municipales que corresponda.
Así lo acordaron y firman los miembros integrantes del Consejo de la Judicatura que estuvieron presentes en la sesión ordinaria
del día veintisiete de octubre de dos mil catorce, por ante la Secretaria de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe.
(RÚBRICA)
LIC. GREGORIO ALBERTO PEREZ MATA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
(RÚBRICA)
MAG. LIC. GERMÁN DE JESÚS
FROTO MADARIAGA
CONSEJERO
(RÚBRICA)
MAG. LIC. LUIS MARTÍN GRANADOS SALINAS
CONSEJERO
(RÚBRICA)
DR. HOMERO RAMOS GLORIA
CONSEJERO DEL PODER EJECUTIVO
(RÚBRICA)
DIP. LIC. RICARDO LÓPEZ CAMPOS
CONSEJERO DEL PODER LEGISLATIVO
(RÚBRICA)
LIC. ADRIÁN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
CONSEJERO
(RÚBRICA)
LIC. JESSICA PALOMA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA AUXILIAR EN FUNCIONES DE
SECRETARIA DE ACUERDO Y TRÁMITE DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA
A C U E R D O S
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
03 DE DICIEMBRE DE 2014
ACUERDO NÚMERO 71/2014
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes
miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos primero y tercero del artículo Transitorio
Cuarto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 27 numeral 5 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 25, 45, 68, 69 numeral 1, 72, 79, 82 numeral 1, inciso b) del Código Electoral
del Estado de Coahuila de Zaragoza, 24 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, 52 de la
Ley General de Partidos Políticos, así como en los acuerdos 57/2013 y 63/2013 aprobado por el Consejo General de éste Insti tuto,
ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el acuerdo presentado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo a las
solicitudes presentadas por el Partido Humanista, mediante oficio sin número, de fecha 25 de noviembre de 2014, que se resuelve en los
siguientes términos:
ÚNICO. Se declaran improcedentes las solicitudes presentadas por el Partido Humanista, a través de su representante propietario C.
Alejandro Javier Ramírez Estrada, mediante oficio sin número, de fecha 25 de noviembre de 2014.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2, inciso g) del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 17
-RÚBRICA-
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
-RÚBRICA-
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA
A C U E R D O S
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
03 DE DICIEMBRE DE 2014
ACUERDO NÚMERO 72/2014
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes
miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento
en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos primero y tercero del artículo Transitorio
Cuarto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 27 numeral 5 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 25, 45, 68, 69 numeral 1, 72, 79, 82 numeral 1, inciso b) del Código Electoral
del Estado de Coahuila de Zaragoza, 24 del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, 52 de la
Ley General de Partidos Políticos, así como en los acuerdos 57/2013 y 63/2013 aprobado por el Consejo General de éste Instituto,
ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el acuerdo presentado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, relativo a la
solicitud presentada por el Partido Morena, mediante oficio sin número, de fecha 03 de diciembre de 2014, que se resuelve en los
siguientes términos:
ÚNICO. Se declara improcedente la solicitud presentada por el Partido Morena, a través de su representante propietaria C. Rosa Esther
Beltrán Enríquez, mediante oficio sin número, de fecha 03 de diciembre de 2014.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2, inciso g) del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
-RÚBRICA-
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
-RÚBRICA-
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA
A C U E R D O S
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
03 DE DICIEMBRE DE 2014
ACUERDO NÚMERO 73/2014
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes
miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento
en los artículos 27 numeral 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 48, 50 numeral 1 incisos c) y 53 del Código
Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza; 10, 11 y 13 del Reglamento de Fiscalización. ACUERDA: Aprobar en todos sus términos
el acuerdo por el que se repone el procedimiento respecto al dictamen consolidado de los informes de campaña sobre el origen monto,
destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos correspondiente al proceso electoral ordinario 2012-2013, en acatamiento a la
sentencia del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila recaída al juicio electoral promovido por el Partido Unidad
Democrática de Coahuila, identificada con número de expediente 123/2013.
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos del presente acatamiento, relación al resuelto SEGUNDO de
la sentencia definitiva pronunciada por el H. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, identificada con el
número de expediente 123/2013, se impone al Partido Unidad Democrática de Coahuila la siguiente sanción:
a) Una multa consistente en 2,738 días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad
de $174,602.26 (Ciento setenta y cuatro mil, seiscientos dos pesos 26/100 M.N)
SEGUNDO. Publíquese el presente acatamiento en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza.
18 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
TERCERO. Infórmese al H. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza sobre el cumplimiento dado a la
sentencia emitida en el expediente identificado con el número 123/2013.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
-RÚBRICA-
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
-RÚBRICA-
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA
A C U E R D O S
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
03 DE DICIEMBRE DE 2014
ACUERDO NÚMERO 74/2014
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes
miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento
en los artículos 27 numeral 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 48, 50, 52 numeral 1, inciso c) y 53 del
Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, 10, 11 y 13 del Reglamento de Fiscalización. ACUERDA: Aprobar en todos sus
términos el proyecto de dictamen consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, relativo a los informes de campaña para la elección de Diputados Locales
sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, la coalición y los candidatos independientes,
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2013-2014, que se resuelve en los siguientes términos:
PRIMERO.- Se aprueben en su totalidad los informes iniciales, preliminares y finales de campaña para la elección de Diputados Locales,
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2013-2014, presentados por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional,
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Primero Coahuila, y de la Revolución Coahuilense.
SEGUNDO.- Se aprueben en su totalidad el informe inicial, preliminar y final de campaña para la elección de Diputados Locales,
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2013-2014, presentados por la coalición Todos Somos Coahuila.
TERCERO.- Se aprueben en su totalidad los informes iniciales, preliminares y finales de campaña para la elección de Diputados Locales,
correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2013-2014, presentados por los candidatos independientes los C.C. Reyes Flores Hurtado,
Luis Alberto Zavala Díaz y Roberto Quezada Aguayo.
CUARTO.- Se impone una sanción al Partido de la Revolución Democrática de 2,964 días de salario mínimo general vigente para la
capital del Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $189,014.28 (Ciento ochenta y nueve mil, catorce pesos 28/100 M.N.) Lo
anterior en los términos establecidos en el considerando DÉCIMO SEXTO del presente dictamen.
QUINTO.- Se impone una sanción al Partido Unidad Democrática de Coahuila de 6,398 días de salario mínimo general vigente para la
capital del Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $408,000.46 (Cuatrocientos ocho mil pesos 46/100 M.N.) Lo anterior en los
términos establecidos en el considerando DÉCIMO SÉPTIMO del presente dictamen.
SEXTO.- Se impone una sanción al Partido Movimiento Ciudadano de 1,004 días de salario mínimo general vigente para la capital del
Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $64,025.08 (Sesenta y cuatro mil, veinticinco pesos 08/100 M.N.) Lo anterior en los
términos establecidos en el considerando DÉCIMO OCTAVO del presente dictamen.
SÉPTIMO.- Se impone una sanción al Partido Socialdemócrata de Coahuila de 863 días de salario mínimo general vigente para la capital
del Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $55,033.51 (Cincuenta y cinco mil, treinta y tres pesos 51/100 M.N.) Lo anterior en
los términos establecidos en el considerando DÉCIMO NOVENO del presente dictamen.
OCTAVO.- Se impone una sanción al Partido Joven de 785 días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Coahuila,
equivalente a la cantidad de $50,059.45 (Cincuenta mil, cincuenta y nueve pesos 45/100 M.N.) Lo anterior en los términos establecidos en
el considerando VIGÉSIMO del presente dictamen.
NOVENO.- Se impone una sanción al Partido Progresista de Coahuila de 6,667 días de salario mínimo general vigente para la capital del
Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $425,154.59 (Cuatrocientos veinticinco mil, ciento cincuenta y cuatro pesos 59/100
M.N.) Lo anterior en los términos establecidos en el considerando VIGÉSIMO PRIMERO del presente dictamen.
viernes 12 de diciembre de 2014 PERIODICO OFICIAL 19
DÉCIMO.- Se impone una sanción al Partido Campesino Popular de 1,066 días de salario mínimo general vigente para la capital del
Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $67,978.82 (Sesenta y siete mil, novecientos setenta y ocho pesos 82/100 M.N.) Lo
anterior en los términos establecidos en el considerando VIGÉSIMO SEGUNDO del presente dictamen.
DÉCIMO PRIMERO.- Se impone una sanción al candidato independiente del Distrito Electoral II, el C. Marco Antonio Villarreal
Izaguirre, de 2,002 días de salario mínimo general vigente para la capital del Estado de Coahuila, equivalente a la cantidad de $127,667.54
(Ciento veintisiete mil, seiscientos sesenta y siete pesos 54/100 M.N.) Lo anterior en los términos establecidos en el considerando
VIGÉSIMO CUARTO del presente dictamen.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las multas impuestas a los partidos de la Revolución Democrática, Unidad Democrática de Coahuila,
Movimiento Ciudadano, Socialdemócrata de Coahuila, Joven, Progresista de Coahuila y Campesino Popular y al candidato independiente
Marco Antonio Villarreal Izaguirre, deberán ser pagadas ante la Secretaría Ejecutiva en un plazo improrrogable de quince días contados a
partir de la notificación. En caso de que transcurra el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, respecto a los partidos políticos el
Instituto Electoral Local podrá deducir el monto de la multa de las ministraciones del financiamiento público que corresponda y respecto
al candidato independiente, el importe de la multa será considerado como un crédito fiscal y se dará vista a la autoridad fiscal competente
a efecto de que realice el cobro del mismo.
DÉCIMO TERCERO.- Se notifique a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del
Trabajo, Verde Ecologista de México, Unidad Democrática de Coahuila, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Socialdemócrata de
Coahuila, Primero Coahuila, Joven, de la Revolución Coahuilense, Progresista de Coahuila y Campesino Popular; a la coalición “Todos
Somos Coahuila”; y a los candidatos independientes los C.C. Reyes Flores Hurtado, Marco Antonio Villarreal Izaguirre, Luis Alberto
Zavala Díaz y Roberto Quezada Aguayo sobre lo expuesto en el presente dictamen.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
-RÚBRICA-
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
-RÚBRICA-
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA
SECRETARIO EJECUTIVO
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA
A C U E R D O S
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
03 DE DICIEMBRE DE 2014
ACUERDO NÚMERO 75/2014
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, por unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes
miembros del Consejo General, en presencia de la Secretaria Ejecutiva, los representantes de los Partidos Políticos, con fundamento en
los artículos 27 numeral 5, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 50 numeral 1 incisos k) del Código Electoral
del Estado de Coahuila de Zaragoza; 221 del Reglamento de Fiscalización. ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el proyecto de
dictamen consolidado que presenta la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Coahuila, relativo a los informes sobre el origen, monto, destino y aplicación del financiamiento obtenido
para el desarrollo de sus actividades correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2013-2014, presentado por las organizaciones de
observadores electorales denominadas “Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia” y “Centro de Estudios Económicos, Políticos y
Sociales de Coahuila A.C” que se resuelve en los siguientes términos:
ÚNICO.- Se aprueben en su totalidad los Informes presentados por las organizaciones de observadores electorales denominadas
“Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia” y “Centro de Estudios Económicos, Políticos y Sociales de Coahuila A.C”, sobre el
origen, monto, destino y aplicación del financiamiento obtenido para el desarrollo de sus actividades, correspondientes al Proceso
Electoral Ordinario 2013-2014.
Acuerdo que en esta misma fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este Instituto, en los términos de los artículos 33 y 34 de
la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
Emitido el presente acuerdo se suscribe según lo estipulado en el artículo 88 numeral 2 inciso g) del Código Electoral del Estado de
Coahuila de Zaragoza.
-RÚBRICA-
LIC. JESÚS ALBERTO LEOPOLDO LARA ESCALANTE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL
-RÚBRICA-
LIC. GERARDO BLANCO GUERRA
SECRETARIO EJECUTIVO
20 PERIODICO OFICIAL viernes 12 de diciembre de 2014
RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
ARMANDO LUNA CANALES Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial
ROBERTO OROZCO AGUIRRE Subdirector del Periódico Oficial
De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados
por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:
I. Avisos judiciales y administrativos:
1. Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.);
2. Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.30 (UN PESO 30/100 M.N.).
II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o
venta, $544.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);
III. Publicación de balances o estados financieros, $739.00 (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.);
IV. Suscripciones:
1. Por un año, $2,024.00 (DOS MIL VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.)
2. Por seis meses, $1,012.00 (MIL DOCE PESOS 00/100 M.N.)
3. Por tres meses, $534.00 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
V. Número del día, $22.00 (VEINTIDÓS PESOS 00/100 M.N.);
VI. Números atrasados hasta 6 años, $76.00 (SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.);
VII. Números atrasados de más de 6 años, $152.00 (CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.); y
VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $272.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS PESOS 00/100 M.N.).
IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $544.00 (QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.);
Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2014.
El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias
cuando el trabajo así lo amerite.
Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
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