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Septiembre de 2012
Una nueva polticade drogas es posible.
Realidades y desafos del casode Uruguay
JULIOCALZADA*
Resumen ejecutivo
Las polticas prohibicionistas han mostrado ser ineficaces para reducir losriesgos y daos individuales y sociales de consumir sustancias psicoactivas,y adems han agravado los problemas sanitarios y sociales, generando ne-gocios ilegales multimillonarios y niveles de violencia sistmica nunca antesvistos.
Si bien la mayora de los usuarios de marihuana en Uruguay tienen un vn-culo ocasional con la sustancia que no reviste mayores problemas para susalud fsica, se exponen a riesgos psicolgicos, sociales y legales productode la necesidad de acceder ilegalmente a esta droga.
Por ello y tomando en consideracin diferentes experiencias en el mbitointernacional, Uruguay ha decidido implementar una poltica para separarel mercado de la marihuana del de las otras drogas y as reducir el riesgode contacto con el mercado de drogas ms riesgosas, como la pasta baseo la cocana; y para evitar que los usuarios de marihuana sean estigmatiza-dos o tratados penalmente y trabajar con programas educativos que den
informacin que les permita tomar decisiones informadas y responsables.
Adems, Uruguay buscar diversificar y ampliar del sistema nacional deatencin a las personas con problemas de drogas, mediante los impuestosa la comercializacin legal de cannabis.
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La construccin de las polticaspblicas en la Amrica Latina
del siglo XXI
Las polticas pblicas que se han desa-rrollado en Amrica Latina a lo largo delsiglo XIX y gran parte del siglo XX hantenido como base un modelo caudillistay clientelar cuyo inters primario ha sidomantener el status quo social y culturalque surgi despus de la poca indepen-dentista.
Para pensar en su desarrollo social y cul-tural de cara al siglo XXI los pases de
la regin tienen que dejar de lado estemodelo caudillista y clientelar e impulsarmodelos orientados a la inclusin social,cultural y econmica de amplios sectoresde la poblacin que han estado tradicio-nalmente marginados.
Para ello, las polticas pblicas de lospases de Amrica Latina deben tenercomo objetivo central la superacin delas inmensas desigualdades que afectan
al continente en materia de distribucinde la riqueza, facilidades de acceso a losbienes y servicios que la sociedad genera,y por ende el establecimiento de mejorescondiciones para la inclusin e cohesinsocial que nuestras sociedades reclaman.Es necesario superar las inequidades te-rritoriales y de gnero y raza para quenuestras sociedades logren progresar.
Uruguay no escapa a este contexto. Sibien es el pas ms igualitario de la re-gin, debemos de tener en cuenta quelo es en la regin ms desigual del plane-ta. Cuando analizamos el consumo, lascaractersticas de las sustancias utilizadasy sus riesgos diferenciales, los consumosms problemticos, las sustancias de ma-yor riesgo social y sanitario se encuentranen las zonas ms segregadas territorial-mente, ms excluidas de los circuitos de
circulacin econmica y social, y con me-nor desarrollo.
Las polticas en materia de drogas debenentonces apuntar a la inclusin e integra-cin social, a disminuir las desigualdadesterritoriales, de gnero, de raza, a elimi-
nar los obstculos que hacen que grandessectores de poblacin no puedan accedera los bienes y servicios sociales y cultura-les que la sociedad del siglo XXI genera,lamentablemente para los menos.
Integralidad de las polticaspblicas en materia de drogas
Dicho esto, es necesario precisar que laproblemtica de las drogas, legales e ile-
gales, debe inscribirse en los contextossociales en que se presenta. Las carac-tersticas de los pueblos de los Andes noson las mismas que las de los pueblosde la costa. Los campesinos, los habitan-tes de los pueblos y los de las grandesciudades tienen posiciones y comporta-mientos distintos frente a las drogas engeneral y ms an en relacin con algu-nas de ellas. Seguramente las conductasms homogneas se presenten frente alalcohol, la sustancia de mayor impactoen terminos epidemiolgicos y con ma-yor despliegue en trminos geogrficos,tnicos y de edad.
En funcin de sus diversas realidades epi-demiolgicas y sociales, cada pas, debe-r definir sus prioridades en trminos depolticas de inclusin e insercin social, yen materia sanitaria y, articuladamente
con ellas, tendr que establecer sus po-lticas pblicas frente al fenmeno de lasdrogas.
Esta es la perspectiva que estamos llevan-do adelante en Uruguay.
Las polticas publicas en materia de dro-gas se desarrollan articuladamente con elconjunto de polticas y acciones del Mi-nisterio de Desarrollo Social con el Plan
de Equidad, los Programas Uruguay Cre-ce Contigo, Jvenes en Red, las acciones
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posible.
Elcaso
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y programas de transferencia de rentaque han llevado a reducir la pobreza ams de la mitad entre 2005 y 2011; laimplementacin del Sistema Nacional
Integrado de Salud por parte del Minis-terio de Salud Pblica, as como las de-ms acciones de inclusin e integracinsocial llevadas a cabo por los Ministeriosde Educacin y Cultura, de Turismo y De-porte, de Trabajo y Seguridad Social, deInterior, de Economa y Finanzas, de De-fensa, y de Relaciones Exteriores.
Academia, poltica y gestinen materia de drogas
En este marco se insertan las polticas p-blicas en Uruguay, con base en un crite-rio que debera sustentar el desarrollo deesas polticas en todos los campos, y muyparticularmente en materia de drogas,que es la evidencia cientfica.
Para desarrollar polticas basadas en evi-dencia cientfica es necesario construirvnculos entre la academia, la poltica y
la gestin. Este no es ni ser un procesosencillo; por el contrario, es un procesocomplejo en el que la poltica debe jugarun papel central como viabilizador de loscaminos que hagan posible una gestinadecuada y sensata de los lineamientosque emanan de la investigacin acad-mica en los diversos campos relacionadoscon la poltica de drogas, tanto en ma-teria de reduccin de la demanda, comoen el control de la oferta, las relacionesinternacionales y la cooperacin.
Existe un importante conjunto de indi-cadores cuantitativos y cualitativos queindican cules son los problemas sani-tarios ms importantes para las socieda-des contemporneas. Las enfermedadesprevalentes no trasmisibles (EPNT), taba-quismo, alcoholismo, obesidad y seden-tarismo, establecidas por la Organizacin
Mundial de la Salud (OMS) como priori-dad para los prximos aos, ponen de re-
lieve que los mayores problemas de saludde la humanidad estn directamente a re-lacionados con hbitos, actitudes y com-portamientos. Para el caso del consumo
de drogas legales o ilegales tambin esvlido este razonamiento: los principalesproblemas con las drogas se vinculan conlos hbitos, actitudes y comportamientosde las personas.
En lo que hace a las sustancias mismas,una amplia investigacin acadmicaacredita que es posible categorizarlas enfuncin de las caractersticas de los ries-gos que su consumo presenta tanto para
quienes las utilizan como para terceros.Las polticas pblicas a desarrollar porparte de nuestros estados deben tener encuenta un universo de factores entre losque se destacan la prevalencia y percep-cin de riesgo de la poblacin en relacincon el uso del conjunto de sustanciasque circulan es un mercado determina-do, las caractersticas especficas de esassustancias y sus niveles de riesgo, y los
contextos sociales y culturales en los queocurren los consumos.
Las polticas comunicacionales, tanto ins-titucionales como las realizadas por partede los diferentes actores polticos, jueganun papel fundamental para que las po-blaciones se formen una perspectiva ade-cuada de las facetas del problema de lasdrogas, una visin informada y sensata,sin prejuicios o tabes.
El contexto de las polticas
pblicas en la segundadcada del siglo XXI
No podemos analizar las polticas pblicasen materia de drogas sin tener en cuentael momento que vivimos, marcado comonunca antes por el consumo desenfrena-do, el espectculo, la fragilidad del tiem-
po, la innovacin continua. Este momen-to es uno ms en un largo proceso de
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ms de 500 aos de desacralizacin dela sociedad, particularmente de occiden-te. Caricaturizando podemos decir queen la sociedad global, hasta 2008, hasta
la quiebra de Lemhan Brothers, lo nicoque segua siendo sagrado era el merca-do. Hoy incluso su sacralidad est msque en duda. El tabaco quizs puede daruna imagen ms clara de este proceso,desde aquellos usos rituales relatados porconquistadores del siglo XV, al uso ma-sivo por las sociedades de consumo delsiglo XX.
No es una sociedad sin valores; estamos
en una cultura en la que el valor es lopasajero, el momento, la instantaneidad.Cambiamos rpidamente de gustos, deropa, de parejas. Es la sociedad de lafragmentacin.
No podemos pensar el fenmeno del usode drogas y ms an del uso problem-tico de drogas fuera de este contextocultural, en el que stas se han consti-tuido en un producto ms, que circula
en los mercados legales e ilegales contodas las dems caractersticas y propie-dades del resto de las mercancas. Todaslas civilizaciones han encontrado diver-sas formas de convivir con las drogas, lanuestra tambin debe encontrar formasde hacerlo.
En materia de drogas, un aspecto sus-tancial del momento que viven hoynuestras sociedades es que el resultado
de las polticas que se han implementa-do hasta ahora es inverso a los objetivospropuestos. A cien aos de la emergen-cia del paradigma de control del uso dedrogas mediante una figura nica de re-gulacin que es el control penal y la cri-minalizacin de los usuarios, cincuentaaos despus de la convencin de 1961,y cuarenta aos ms tarde de que el pre-sidente de Estados Unidos Richard Nixonsostuviera que el problema de las drogas
era un problema de seguridad nacionalpara su pas y declarara la guerra contra
las drogas, parece razonables preguntar-se cul es el saldo que han dejado todosestos aos de control penal, criminaliza-cin y guerra. La evidencia seala que el
resultado es el constante crecimiento dela produccin, distribucin y consumo dedrogas en todo el mundo. Veamos:
En la Sesin Especial de Naciones Uni-das sobre Drogas (UNGASS) en 1998 sepropuso eliminar o reducir considera-blemente los cultivos de amapola, cocay cannabis y con ello la produccin deopio, cocana, hachs y marihuana. Diezaos despus, en 2008, la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y elDelito (ONUDD), present un conjuntode datos, los que son mostrados por laComisin Global sobre Poltica de drogascomo se muestra en la tabla 1 y por elObservatorio Geopoltico de las Drogasde Pars, segn la tabla 2.
Cualquier organizacin, cualquier em-presa, cualquier gobierno, que luego deaplicar una poltica o estrategia obtieneresultados contrarios a los que se propu-so tiene que indefectiblemente volver sumirada sobre lo que hizo, ver si lo quese propuso era un objetivo realista, eva-
luar los diferentes aspectos de lo hechoy cambiar.
Tabla N 1ProduccinMundial de
1998 2008 Aumento
Opio 12,9millones 17,35millones 34,5 %
Cocana13,4
millones17
millones27 %
Cannabis147,4
millones160
millones8,5 %
Tabla N 2
ProduccinMundial de
1998 2008 Aumento
Opio4220ton.
8.900ton.
110 %
Cocana800ton.
1.000ton. 20 %
Cannabis25.000
ton.40. 000
ton.60 %
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Elcaso
deUruguay
Si el anlisis de los datos sobre el volu-men de la comercializacin de drogas anivel mundial, teniendo en cuenta as-pectos relacionados con la demanda yla oferta de esas sustancias, no es aus-picioso en cuanto a sus resultados, losdatos en lo que hace a Uruguay tampocolo son. Veamos la informacin especficacon respecto a la demanda, la oferta y laincautacin de marihuana para Uruguayen los ltimos 10 aos.
Control de la Oferta
El nmero de procedimientos de con-trol de la oferta con resultado efectivo2
realizados desde 2003 hasta diciembrede 2008 muestra un incremento perma-nente. Para el ao 2009 hay un descensode 30%, cifra que se mantiene establedurante los dos aos siguientes. Para elprimer trimestre de 2012 se presenta unadisminucin importante del promediomensual. Si tomamos la serie generadapor los datos de procedimientos entrelos aos 2003 y 2011 podemos observarque casi se ha duplicado el nmero totalde procedimientos.
Esto muestra con claridad la voluntad po-
ltica y la respuesta operativa que el pasha dado desde la perspectiva del control
Tabla 3. Principales datosepidemiolgicos 2006(base de clculo 1.488.603 personas 15 a 65
aos)
Consumidores demarihuana
Datos
ltimos 12 meses 81.873ltimos 30 das 52.101Consumidores diarios 9.252Usuarios problemticos(cie 10)
16.620
Fuente:IV Encuesta Nacional en Hogares sobre consumode drogas.
Tabla 4. Principales datosepidemiolgicos 2011(base de clculo 1.541.837 personas 15 a 65 aos)
Consumidores Marihuana Datos
ltimos 12 meses 127.972
ltimos 30 das 75.550
Consumidores diarios 18.684
Usuarios problemticos (cie 10) 21.243
Fuente: V Encuesta Nacional en Hogares sobreconsumo de drogas.
Tabla 5. Consumo anual estimado en kilos: 21898,44 (crecimiento de121% en 2011 con respecto al 2006)
Tipo deConsumidor(ltimos 12 meses)
Nmero *
Consumo mensual
(en kilos)**
Valor mensual
mercado (en
U$S)***
Incautacin (pro-
medio mensual
en kilos)****
% de mercado
interno.*****
Diario/problemtico
50691 1520.73 1:216.584
163.96 8.91Ocasional 75915 304.14 243.312
Total 126606 1824.87 1:459.846
(*) Nmero de consumidores segn Encuesta 2011. Datos expandidos.
(**) Resultado de multiplicar el nmero de casos por la cantidad mensual de consumo (30 gramos per cpita para
usuario diario y/o problemtico estimacin para ocasional (20% del consumo total de usuarios diarios y/o problem-
ticos.
(***) Gasto total en el mes a precio de mercado (al consumidor)
(****) Promedio mensual de incautaciones para el ao 2006 (todas las agencias).
(*****) Porcentaje que representa la incautacin en el consumo total.
El consumo y la oferta de drogas en Uruguay en los inicios del si-glo XXI. El caso de la marihuana
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de la oferta de drogas en estos aos. En2003 se hicieron 23 procedimientos pro-medio mensuales. En 2011 este prome-dio se elev a 49 procedimientos.
Grfico 1.Total de procedimientos por ao
Grfico 2. Distribucin
de procedimientos por semestre-
Volumen de incautacinde marihuana
En las tablas 7 y 8, y en el grfico 3 po-
demos observar el promedio y total demarihuana incautada por ao (en kilos).Como se puede apreciar, la misma nopresenta una tendencia en la serie. Sedebe destacar el 2011 como ao recordcon casi 2000 kilos incautados. Este no-table incremento se explica bsicamentepor tres grandes incautaciones (749, 501y 389 kilos respectivamente).
De todos modos, y an excluyendo los
procedimientos de gran volumen, ob-servamos que el ao 2011 es en el quems incautaciones se realizaron. Se es-tima que las drogas incautadas estabandestinadas bsicamente para el consumointerno.
En cuanto a las plantas, Uruguay no es unpas productor y por lo tanto no existe unvolumen importante de plantas incauta-das. Slo en algn caso excepcional porao, el volumen de lo incautado corres-pondera a una produccin susceptiblede ser comercializada. El 2011 presenta,de manera relativa, un alto nmero deplantas incautadas.
Tabla 6. Procedimientos totales
y promedio mensual por ao
AoNo.
Procedimientos
Promedio
mensual
Desvo
estndar2003 282 23.5 7.28
2004 403 33.58 8.322005 544 45.33 14.012006 648 54.00 12.382007 730 60.83 13.382008 904 75.33 24.942009 612 51 10.422010 652 61.92 16.46
2011 589 49.08 15.02
2012 148 29.62 6.54
40 41 47 53 47
5547 48
57
60 59 53 47 53
4553 52
43
0
20
40
60
80
100
120
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Segundo semestre
primer semestre
Tabla 7. Marihuana: incautacio-
nes totales y promedios por ao
AoTotal
(en kilos)Promediomensual
Promediomensual
recortado(*)2003 620 51.71 28.532004 1256.43 104.70 81.682005 969.66 80.80 68.37
2006 444.96 37.08 33.912007 1819.19 151.61 124.902008 1062.55 88.55 80.512009 548.78 45.73 42.172010 380.31 31.69 25.352011 1967 163.96 1402012 217.94 43.58 ..(*) Es el promedio excluyendo los casos extremos al5%. Este indicador elimina los desvos producidospor grandes incautaciones o de algn mes atpico.
No se consigna para datos parciales 2012
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total por ao
No. procedimientos
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Grfico 3. Incautaciones anualesde marihuana
Si tomamos en consideracin los datosanuales de la demanda de drogas de laEncuesta de hogares 2006 y 2011 y ana-lizamos los datos de la oferta de drogas,tomados del seguimiento de los procedi-mientos y de las incautaciones de canna-
bis, se observa que en ningn caso fueposible incautar mas del 10 % de la sus-tancias que el mercado demanda.
Si estudiamos la serie que va del ao2003 al 2011, encontramos una mediade 3% en el volumen de cannabis incau-tado, lo que acompaa los datos de in-cautacin a nivel mundial que proponeLabrousse desde el Observatorio europeode Drogas. Para Uruguay, ms alla de la
profesionalidad y dedicacin de las agen-cias de control e incautacin de sustan-
cias ilegales, no se ha logrado incautarms de 3 a 5 % de la demanda estimadadel mercado de cannabis.
Hacia una gestin humanistade las polticas pblicas
en materia de drogas
Ya entrada la segunda dcada del sigloXXI, los desafos para la elaboracin deuna poltica pblica en materia de drogaspasan por:
a. Poner en la agenda del debate pblicola discusin del modelo que ha marca-
do las polticas de drogas en los ltimos100 aos y particularmente en las lti-mas cuatro dcadas, tiempo en el quela idea de la guerra contra las drogasse ha generalizado en todo el mundo,generando un debate laico, democrti-co, basado en evidencia cientfica.
b. Tener en cuenta que entre el 90 y el95 % del los usuarios problemticosde drogas no tienen en su horizonte,ni cercano ni lejano, su involucramien-to en cualquier proceso de atencin otratamiento de su problema.
c. Valorar adecuadamente el impactoque las drogas legales, en particular elalcohol y el tabaco, as como otras sus-tancias de prescripcin mdica, tienenen nuestra sociedad, e incorporarlasen el diseo y ejecucin de las polticas
pblicas.
d. Considerar que estamos ante un mer-cado de drogas ampliamente desregu-lado, dominado por organizacionescriminales en el caso de las drogasilegales y por grandes corporacionesindustriales en el caso de las drogaslegales.
Para un diseo integral de las polticas
pblicas en materia de drogas es impres-cindible que la sociedad, a travs del Es-
0,00
500,00
1000,00
1500,00
2000,00
2500,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total (en kilos)
Total (en kilos)
Tabla 8. Incautacionesde plantas de cannabis
AoTotal deplantas
Incautacin mayoren un operativo
2003 30 262004 70 21
2005 405 215
2006 99 522007 108 46
2008 171 682009 68 262010 71 212011 126 352012 45 16
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tado, regule los mercados de drogas conel objetivo prioritario de promover la sa-lud y el bienestar pblico desde una pers-pectiva de derechos humanos.
Para esto no es necesario esperar a la re-forma de las legislaciones nacionales o delas convenciones internacionales, lo quesin duda es necesario hacer. Pero mien-tras estas reformas se llevan a cabo esposible ir reformando las polticas tantoen lo relativo a la reduccin de la deman-da como en lo que hace al control de laoferta.
En materia de salud, hoy podemos im-pulsar polticas centradas en el accesouniversal de los usuarios de drogas a lasredes sociales y sanitarias que nuestrassociedades han desarrollado, ms all deque sean o no usuarios activos.
Los abordajes de base comunitaria conun amplio desarrollo en diversos pasesde Amrica Latina son una respuesta hu-mana, respetuosa, tica a los problemasde los usos problemticos de drogas delos sectores ms vulnerables de nuestrassociedades. Estos abordajes de bajo um-bral y baja exigencia deben ser comple-mentados con servicios especficos paraaquellos usuarios que en el marco de sudesarrollo personal descubren que debenadquirir otros recursos, otras habilidadescognitivas y emocionales para poder su-perar la problemtica en la que se en-cuentran.
En el campo del control de la oferta esposible realizar diferentes acciones segnse trata de sustancias hoy legales o ilega-les. En ese terreno es necesario avanzaren el desarrollo de polticas criminalesque incorporen el criterio de proporcio-nalidad de la pena en relacin con la in-fraccin o el delito cometido.
Tambin se requiere avanzar en el control
del crimen organizado y en la desarticu-lacin de las organizaciones criminales
que manejan el proceso de produccin,comercializacin y blanqueo de fondosproveniente de la venta de sustancias ile-gales.
Mientras avanzamos en la implemen-tacin de polticas de integracin e in-clusin social, debemos ir debatiendo yconstruyendo otros modelos de controldel uso de drogas basados en modelosde regulacin de mercados, centrado enpolticas de salud con una perspectiva delos derechos humanos.
La poltica de drogas
en Uruguay en la segundadcada del siglo XXI
Uruguay ha definido, desde la Junta Na-cional de Drogas (JND), una estrategiapara el periodo 2011 2015 con unasbases programticas cuyos planteamien-tos centrales son:
1. La Junta Nacional de Drogas basa su Es-trategia Nacional desde la perspectiva de
que las drogas son un problema social
complejo, multidimensional y multicau-
sal, fuertemente anclado en los factores
polticos y culturales de la sociedad y lacomunidad. Exige una presencia activa
del Estado en sus obligaciones funda-
mentales y una participacin protagnica
de la sociedad, desplegando un fuerte
compromiso en todas las reas de la ad-ministracin e incorporando el conjunto
de organizaciones de la sociedad civil y elsector privado.
2. La Junta Nacional de Drogas asume su res-
ponsabilidad en la construccin de las po-
lticas pblicas de drogas y en garantizar
derechos y garantas inherentes a los de-
rechos humanos individuales y colectivos.
La Estrategia Nacional se define desde
una visin de la complejidad del fen-
meno de las drogas, en la continuidady complementacin de acciones desde
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diversas reas de intervencin, bajo elconcepto de responsabilidad compartida
y cogestin de los riesgos entre el Estado
y el conjunto de la sociedad. Tiene entre
sus objetivos la construccin de polticaspblicas que promuevan y aseguren, des-de los controles inherentes a las obliga-
ciones del Estado, a aquellos que surgen
de la comunidad organizada o se realicen
con la participacin activa de la sociedad.
La Junta asume la poltica de drogas como
un continuo, desde un enfoque plstico
que va de la promocin de hbitos y valo-
res saludables, la prevencin y reduccin
de daos, al tratamiento y rehabilitacin,reinsercin social, y control de la oferta
de drogas y del lavado de activos.
3. La complejidad social del fenmeno de
consumo y trfico ilcito de drogas re-
quiere su incorporacin a las polticas dedesarrollo social. El enfoque de inclusin
e integracin social forma parte de una
estrategia integral que busca acompa-
ar el objetivo de generar un desarrollo
humano sustentable, justo y equitativo.Esto es, reducir las vulnerabilidades con
polticas a nivel local que incluyan el am-
paro y la promocin de recursos sociales
de reinsercin laboral, educativa, recrea-tiva y cultural.
4. La Estrategia Nacional privilegia comopiedras angulares las acciones en el mbi-
to local, a travs de la lnea de descentra-
lizacin y municipalizacin de la poltica
de drogas, con un compromiso com-
partido con los gobiernos y los actoresmunicipales y actores comunitarios. Hay
acciones de prevencin en el terreno la-
boral con una participacin permanente
y concertada de empresarios y trabajado-
res, a nivel pblico y privado; un enfoquesocio sanitario con la atencin primaria
en salud y la sistematizacin e institucio-
nalizacin en el sistema educativo de la
prevencin frente a las drogas, desde una
perspectiva de formacin de habilidadespara la vida.
5. La descentralizacin es un proceso inhe-rente al enfoque de cogestin de polticas
sobre el problema de las drogas. Hace al
papel protagnico de intendencias, alcal-
das, juntas departamentales de drogas yorganizaciones de la sociedad civil.
6. La estrategia promover un abordaje
socio sanitario desde una ptica de sa-
lud pblica en su ms amplia acepcin.
Incluye el derecho a la salud, la educa-
cin en salud, la prevencin, la deteccintemprana, asistencia y tratamiento para
la enfermedad, y la reduccin de daos.
El enfoque de salud pblica constituye un
pilar de la estrategia desde una ptica desolidaridad social y una concepcin bio-psico-social que incluye la promocin, la
prevencin y el trabajo comunitario con
participacin activa de todos los actores
locales pblicos, privados, de organiza-
ciones vecinales, no gubernamentales,lderes comunitarios.
7. Impulsar desde el Estado y con todo el te-
jido social redes de promocin y preven-
cin, de proximidad y de atencin en sa-lud, tratamiento y reinsercin social, que
coordinen todas las acciones inherentes
al consumo problemtico de drogas lega-
les e ilegales desde una visin participati-
va e inclusiva.
8. El enfoque preventivo-educativo debe es-
tar incorporado a los sistemas formales y
no formales de educacin, buscando que
los docentes, padres y madres, educan-dos y agentes comunitarios incorporen
un pensamiento crtico y creativo, racio-
nal y emocional enfocado en desarrollar
habilidades y valores para la vida.
9. El pensamiento acadmico y las univer-
sidades juegan un rol fundamental en el
abordaje del problema de las drogas, in-
corporando el tema a su currcula en lasdiversas disciplinas, y generando especia-
lizacin e investigacin interdisciplinaria,
en los campos de la salud, las cienciassociales, etc.
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10. La Estrategia Nacional no comparte losenfoques prohibicionistas y la concepcio-
nes de guerra a las drogas extendidas
a nivel internacional, cuyas consecuen-
cias han sido ms dao, ms violenciay corrupcin y que no han tenido xitoen las metas que persiguen. El uso de la
fuerza del Estado debe mantener una ac-
titud vigilante respecto a la intervencin
del sistema penal en temas que son so-
ciales, culturales y de salud. Debe primarun criterio de proporcionalidad de las pe-
nas frente a las ofensas relacionadas con
las drogas. Se debe impulsar un enfoque
que busque la integracin de las conven-
ciones y la legislacin frente a las drogascon los instrumentos internacionales de
derechos humanos. Desde esta ptica
deben ser debatidos el marco legal actual
y las convenciones que rigen el tema.
11. El enfoque de derechos y garantas indi-
viduales debe conjugarse con un fuerte
clivaje en los lazos sociales solidarios y elcompromiso con los sectores ms exclui-
dos de la sociedad. El enfoque de salud
pblica, de convivencia y seguridad ciu-dadana es un desafo de integracin so-
cial y de reconocimiento del derecho deterceros.
12. Para enfrentar el trfico ilcito de drogas
u otros bienes y el lavado de activos son
requisitos esenciales la transparencia y
eficiencia de las agencias de control, que
debern estar apoyadas por un mandopoltico claro y preciso. El combate al
lavado de dinero y la decisin de actuaren todos los niveles de la sociedad y con
todos los sectores e individuos involucra-
dos, constituyen uno de los pilares ticosy polticos centrales de la accin. La lucha
contra el delito organizado es una tarea
de un conjunto de actores y agencias que
colaboran con dicho objetivo, cooperan-
do con el Plan permanente integrado delucha contra el narcotrfico y el lavado de
dinero.
13. Uruguay adhiere al principio de responsa-bilidad comn y compartida desplegado
con un sentido de equidad,compartien-
do equitativamente los compromisos y
desafos en el marco de la cooperacininternacional, contemplando la diversi-dad y la complejidad de un fenmeno
trasnacional y respetando la soberana
nacional y cultural de todos los pueblos.
El modelo que divide arbitrariamente a lospases en productores, de trnsito y con-
sumidores es obsoleto y solo ha sido fun-
cional a un esquema discriminatorio y tan
daino como ineficiente. Reconocer las
diferentes situaciones en el marco de eva-luaciones multilaterales significa compar-
tir el desafo multidimensional. La fiscali-
zacin, evaluacin e investigacin de las
diferentes expresiones del fenmeno sig-
nifica compartir cargas y repartir costos.
Impulsar el reconocimiento de fenme-
nos regionales de uso problemtico de
drogas y de circuitos diferenciados de tr-
fico local de gran impacto social (como
las cocanas fumables), significa a la vezevaluar los efectos colaterales de las po-
lticas de fiscalizacin generalizadas que
tienen el centro de atencin en otros lu-gares.
14. Las polticas de erradicacin de cultivos
y de desarrollo alternativo en nuestra re-
gin deben incluirse de manera integral
en el desarrollo econmico y social denuestros pases, no aceptando las cargas
desiguales respecto a las responsabili-dades y los costos humanos en el tema.
Deben enfrentar con decisin y firmeza
las acciones concertadas con apego alderecho internacional y a las garantas
inherentes al respeto de los derechos hu-
manos individuales y colectivos, incluido
un enfoque de gnero, de las minoras
tnicas y de conservacin del medio am-biente y la biodiversidad.
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posible.
Elcaso
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15. Uruguay ha defendido la necesidad deimpulsar a nivel de los organismos regio-
nales, hemisfricos y mundiales un amplio
debate poltico sobre el paradigma hege-
mnico en materia de polticas de drogas.
Este debate democrtico amplio, profun-
do y sin prejuicios debe poner en cuestin
las modalidades de control y fiscalizacin
y los principios que sustentan dichos mo-
delos, consagrados en los instrumentosjurdicos internacionales, la Convencin
nica de Estupefacientes de 1961 y la
Convencin Contra el Trfico Ilcito de
Drogas de 1988.
As mismo esta Estrategia aprobada porla JND el 29 de abril de 2011 establececomo valores fundamentales los siguien-tes principios de actuacin:
Derechos humanos. Integracin deprincipios e instrumentos de derechos
humanos con la poltica de drogas; res-
peto de derechos y garantas en todos las
dimensiones.
Equidad.Compromiso en el logro de la
dignidad humana, incorporando la equi-
dad socioeconmica, de gnero, genera-
cional y territorial.
Democracia.Necesidad de abrir un gran
debate hemisfrico, regional, nacional y
local, integrando todas las miradas como
una forma democrtica de fortalecer la
estrategia frente a las drogas.
Cooperacin, responsabilidad comn,
equitativamente compartida.Defensa
del multilateralismo como patrimonio del
hemisferio.
Integralidad, equilibrio y transversa-
lidad. Abordaje complejo e interinstitu-
cional, cooperacin con la sociedad civil,
ampliacin de las visiones y modalidadesde intervencin.
Participacin. Gestion compartida de
los riesgos, lo cual implica la construccinde las polticas con la comunidad desde
un Estado presente y responsabilidad so-
cial compartida.
Evidencia cientfica y buenas prcti-
cas. Polticas de drogas basadas en infor-
macin y conocimiento de base cientfica
o de buenas prcticas debidamente eva-
luadas.
La prohibicin y la exclusividad del con-trol penal y criminal del uso de ciertasdrogas le estn generando al pas msproblemas que las mismas drogas. Estaes una verdad de la que tenemos pruebastodos los das, en el mundo entero, conlas noticias de los asesinatos, secuestros,torturas, atentados terroristas, guerrasentre carteles, que estn sembrando decadveres las ciudades del mundo, y de-teriorando sistemticamente las institu-ciones democrticas de los pases dondelos crteles de la droga corrompen fun-cionarios, jueces, policas, periodistas y a
veces deciden los resultados de las justaselectorales. La prohibicin de las drogasslo ha servido para convertir al narco-trfico en un poder econmico y criminalque ha multiplicado la inseguridad y laviolencia.
En Uruguay hay indicios de que recien-temente modalidades criminales antesdesconocidas, como el ajuste de cuentasy el sicariato, se estn comenzando a dar
en el pas, afectando cada vez ms a lossectores ms humildes y segregados dela sociedad.
Es a partir de todo ello y tomando enconsideracin diferentes experiencias enel mbito internacional, en particular lorealizado por Holanda en los aos seten-ta, la experiencia de varios estados deAustralia, el expendio de cannabis parafines mdicos en 17 estados de Estados
Unidos, as como tambin las polticas im-plementadas en Espaa y Portugal entre
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otras, que Uruguay ha tomado la deter-minacin de impulsar un amplio debatenacional que facilite la comprensin de lacomplejidad del fenmeno y que permita
el desarrollo de experiencias innovadorasque lleven a caminos alternativos a losactualmente hegemnicos.
Holanda inici una experiencia pioneraen materia de poltica sobre drogas, ba-sada en un enfoque pragmtico de sepa-racin de los mercados de las llamadasdrogas duras (herona, LSD, cocana,etc.) de los de drogas blandas (mari-huana y hashish). Las caractersticas fun-
damentales del sistema holands fueronestablecidas por la Comisin Baan y sebasan en un enfoque realista y pragm-tico, fundado en la necesidad de redu-cir los riesgos y los daos potenciales enlos que incurran aquellas personas queusaban marihuana y que, por tener queabastecerse en el mercado ilegal, fre-cuentemente asuman prcticas de ma-yor riesgo mdico, psicosocial y legal, ex-ponindose adems al consumo de otras
drogas ms fuertes.
A travs de este enfoque realista y prag-mtico, el gobierno holands estableciprioridades claras de poltica de drogas,basadas en los riesgos diferenciales quetienen las distintas sustancias para laspersonas y la comunidad en general. Elcuidado de la vida y la convivencia ciuda-dana, la promocin de la salud individualy pblica y el respeto de los derechos
humanos son los ejes centrales de la es-trategia que Holanda viene desarrollandodesde hace ya ms de treinta aos.
Por otra parte, se puede destacar quediversas provincias de Australia (Capital,Australia del Sur y Territorio del Norte)han discriminalizado la posesin de can-nabis para uso personal, as como el au-tocultivo, instrumentando sistemas con
sanciones civiles en lugar de infraccionespenales.
En esta misma lnea, se han desarrolladoen los ltimos aos en varias provinciasde Espaa los clubes sociales de cannabis.Ellos toman en cuenta diferentes mode-
los de regulacin, tanto de la produccin,como de la distribucin y consumo demarihuana. En estas asociaciones civiles,adems de producir y distribuir marihua-na controladamente, se desarrollan acti-vidades de asesoramiento mdico y legala sus miembros, adems de encuentrosinformativos y educativos tendientes amejorar la gestin de los riesgos del usode marihuana.
Ms recientemente, la Comisin Globalsobre Poltica de Drogas, integrada porexpresidentes y autoridades polticas derelevancia mundial, ha hecho un llama-do internacional a revisar los supuestosbsicos del modelo prohibicionista, desa-rrollando una serie de recomendacionespara la reforma legal de las polticas so-bre este asunto.
A nivel nacional, es fundamental desta-
car y valorar el trabajo desarrollado porla Comisin de Adicciones de la Cmarade Representantes, la cual, luego de untrabajo extenso, riguroso y abarcativode todas las posturas, concluye con unaserie de recomendaciones de polticapblica sobre drogas y particularmentesobre la marihuana que apuntan inte-gralmente a la necesidad imperiosa degarantizar las condiciones de acceso ala marihuana, para reducir los riesgos
toxicolgicos, psicolgicos, sociales ylegales generados por la ilegalidad delacceso a esta sustancia.
Las polticas prohibicionistas desarrolla-das en el mundo entero a lo largo de losltimos cincuenta aos han mostrado nosolo ser probadamente ineficaces parareducir los riesgos y daos individuales ysociales de los consumos de las distintassustancias psicoactivas, sino adems ha-
ber agravado exponencialmente los da-os, en los campos sanitario, social, legal
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y econmico, generando negocios ilega-les multimillonarios y niveles de violenciasistmica nunca antes vistos.
Uruguay no ha estado ajeno a las con-secuencias de la aplicacin de polticasinternacionales y nacionales basadas enel paradigma prohibicionista que, lejosde disuadir el consumo y mejorar el ac-ceso de los usuarios de drogas al sistemasanitario, han generado un aumento deltrfico y la violencia, adems de un cre-cimiento de los mercados de consumo,acompaados de una creciente precoci-dad en la edad de inicio en el uso de
varias sustancias.En nuestro pas la marihuana es desdehace muchos aos la sustancia ilegal msconsumida, incluso con un importante ni-vel de legitimidad en la sociedad urugua-ya. Esta sustancia, cuya capacidad paragenerar dependencia fsica y psicolgicaes de leve a moderada, se diferencia cla-ramente en sus riesgos de otras drogascuyo potencial toxicolgico y adictivo esmucho mayor. Entre ellas estn la pastabase de cocana, el alcohol, el tabaco ylos psicofrmacos.
Si bien la gran mayora de los usuarios demarihuana en Uruguay tienen un vnculoocasional con la sustancia que no revistemayores problemas para su salud fsica,es importante resaltar que los usuariosde marihuana se exponen frecuente-mente a riesgos psicolgicos, sociales ylegales que son producto de la necesidadde tener que acceder ilegalmente a estadroga. Es ante todo la unificacin de losmercados de todas las drogas ilegales, laque los expone innecesariamente al posi-ble consumo de otras drogas ms riesgo-sas, as como a situaciones de violenciaasociadas a las actividades delictivas pro-pias del mercado ilegal. Es necesario mi-nimizar estos riesgos como va alternativapara promover el cuidado de los usuarios
y mantener niveles de convivencia ciuda-dana armnicos.
En sntesis, las polticas actuales en nues-tro pas han mostrado ser ineficaces parareducir los daos sanitarios individuales ysociales asociados al consumo de mari-
huana, generando una importante crimi-nalizacin y exclusin de los usuarios atravs de la aplicacin selectiva de la leyy alejando a los usuarios problemticosdel acceso real a la red de atencin espe-cializada.
Ms all del enorme esfuerzo y dedica-cin del conjunto de actores dedicadosal control de la oferta de drogas, la in-terdiccin y confiscacin de cannabis en
ningn ao supero el 10 % del total desustancia circulante en el mercado, es-timado segn los datos proporcionadospor las encuestas de hogares de 2006 y2011.
Objetivos centrales de la inicia-tiva de regulacin del mercado
de cannabis
El Proyecto de Ley propuesto por el Po-der Ejecutivo pretende ser un instrumen-to idneo para brindar soluciones a losaspectos reseados, y particularmentepara:
La separacin del mercado de la marihua-
na del mercado de las otras drogas, de
forma que se reduzca significativamente
el nmero de nuevos ingresos de perso-
nas al mercado de drogas toxicolgica-mente ms riesgosas, como la pasta base
o la cocana.
La normalizacin e inclusin social plena
del uso de marihuana, de forma que los
usuarios no sean estigmatizados ni trata-
dos a partir de la aplicacin de la ley pe-
nal, sino que se pueda trabajar con ellos,y con toda la sociedad, a partir de progra-
mas y campaas educativas que apunten
a darles informacin veraz y creble sobre
el tema, para que puedan tomar decisio-nes informadas y responsables, y sepan
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Oficinas
AlemaniaSebastin [email protected]
www.fes.de
Amrica CentralCosta RicaMarco Vinicio [email protected]
ArgentinaMara [email protected]
BoliviaDaniel [email protected]
BrasilJean Tible
ChileJaime Ensignia
ColombiaCatalina [email protected]
EcuadorDaniel Gudio
MxicoElisa [email protected]
PerErnesto [email protected]
UruguayRafael [email protected]
VenezuelaFlavio [email protected]
EditoresPrograma de Cooperacinen Seguridad RegionalHans [email protected] [email protected]
www.seguridadregional-fes.orgBogot DC - Colombia
adems calcular y gestionar de una forma ms eficiente los riesgos deluso de esta sustancia.
La profundizacin (mediante los gravmenes que conllevar la comercia-
lizacin legal de cannabis, entre otros aspectos) del desarrollo y diversifi-
cacin del sistema nacional de atencin a las personas con problemas dedrogas, para dar respuestas eficientes y acordes a las distintas situaciones
de consumos problemticos que presenten los usuarios.
Desarrollar un combate frontal al narcotrfico arrebatndo-
le un negocio que segn estimaciones primarias se encuentra en-
tre los 30 y 40 millones de dlares anuales y que implica una poten-cial fuente de corrupcin y violencia para el conjunto de la sociedad.
*Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay.Los planteamientos hechos en este artculo representan nicamente las opiniones del autor.
Notas
1.El 2011 es ao record en incautaciones de toda la srie estudiada (2003-2012)
2. Por procedimiento efectivo nos referimos a aquellos que tuvieron unresultado positivo respecto a la incautacin de sustancias como as tambina la detencin de personas.