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Unidad III LA DEMANDA DE AMPARO
Unidad III LA DEMANDA DE AMPARO
Asignatura: Amparo
Licenciatura en Derecho
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Unidad III: La demanda de amparo
Semana 6
A. PRESENTACIÓN
El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, emerge con la necesidad de salvaguardar
las garantías individuales tuteladas por nuestra Constitución; es decir, como medio de control extraordinario en
virtud de la naturalidad de los actos que se reclaman por esta vía, de trámite usual como cualquier otro juicio
en donde se dirimen controversias; el juicio de amparo indirecto debe de substanciarse con las bases
generales que rigen en derecho procesal.
El ejercicio de la acción que hace valer cualquier gobernado que se estima conculcado en sus derechos
sustantivos, tiene estricta relación con la interposición de la demanda que insta ante los órganos
jurisdiccionales de amparo, para que estos intervengan en su protección; y es mediante esta vía que se ejercita
la acción.
En lo sucesivo analizaremos todo lo que concierne al escrito de demanda de amparo, cuáles son los elementos
o requisitos formales que por ley debe contener, así como algunos aspectos que el tribunal de amparo debe
examinar y que este estudio recaerá en un acuerdo que emite el propio órgano y tendrá a bien, admitir,
prevenir o desechar la demanda.
B. OBJETIVO ESPECÍFICO
El alumno identificará los principales elementos y requisitos que debe contener la demanda de amparo
indirecto y que acuerdos de trámite recaen en la misma; así como bajo que términos puede decretarse la
suspensión.
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C. TEMA Y SUBTEMAS
3. LA DEMANDA DE AMPARO
3.2 Amparo indirecto
3.2.1 Elementos, procedencia y requisitos.
3.2.2 Medios probatorios.
3.2.3 Solicitud de la suspensión.
3.2.4 Acuerdos de trámite que recaen a la demanda.
D. MAPA MENTAL: UNIDAD III
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E. CONTENIDO
3.2 Amparo indirecto
Como ya ha sido tema de estudio, el juicio de amparo indirecto, adopta esta
acepción por la manera en que conocen de él los tribunales de amparo;
sabemos que originalmente los Jueces de Distrito concomerán de este tipo de
juicios, pero indirectamente también pueden conocer de él, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ó los Tribunales Colegiados de Circuito, lo anterior sólo a
través del recurso que haga valer alguna de las partes desfavorecidas en juicio
en contra de alguna resolución pronunciada en primera instancia por el Juez de
Distrito, de ahí que se le denomina también amparo biinstancial.
Demanda
Al igual que cualquier otro juicio tendiente a dirimir una controversia, el juicio de
amparo indirecto se promueve mediante la interposición del escrito de demanda;
que configura un acto procesal en el cual el gobernado que se estima agraviado
por algún acto de autoridad en detrimento de sus derechos sustantivos, hace
valer el ejercicio de la acción constitucional; por lo cual cuando el tribunal de
amparo admita a trámite dicha demanda por ser procedente, entonces se
originará el procedimiento de garantías tendiente a resolver sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama.
En la demanda de amparo el quejoso precisa el objetivo esencial de la acción
constitucional que hace valer; por ello es de suma importancia el planteamiento
exacto y correcto que de la violación reclamada que se hace en la misma, pues
en todo proceso los términos en que se elabora la demanda influyen en la
sentencia que debe pronunciarse en el juicio respectivo, en materia de amparo
tal circunstancia es mucho más determinante, en especial en los casos en que
se trata de amparos de estricto derecho. (Espinoza B. M. B., 2009, P. 129).
¿Cómo se tramita el amparo indirecto?
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3.2.1 Elementos y requisitos
Para abundar en el presente tema, es menester remitir a lo que la Ley
Reglamentaria en la materia establece respecto de las formalidades que beberá
revestir la demanda de amparo indirecto.
Requisitos y elementos
El artículo 108 de la Ley de Amparo constituye la regla general de los elementos
y requisitos que debe contener el escrito de la demanda que se promueve
mediante la vía indirecta ante el Juez de Distrito; misma que debe formularse
por escrito o por medios electrónicos en los casos en que la Ley autorice, siendo
éstos en materia penal exclusivamente, aquellos que importen peligro de
privación de la vida o ataques a la libertad personal; asimismo como requisito
formal de la demanda, debe expresarse.
El nombre y domicilio del quejoso, así como del que promueve en su nombre, es
quien deberá acreditar su representación (Art 108 fracción I);con el objeto de
identificar plenamente a la persona que insta ante el órgano de amparo para que
éste intervenga en su protección, por si sola o de aquella que promueve en su
nombre y que legalmente puede representarla; si es en este sentido se deberá
precisar nombre completo del representante, especificar el carácter y los
términos de su representación pudiendo actuar como apoderado, defensor, si se
trata de algún acto que corresponda a materia penal en los casos a los que se
refiere al artículo 15 de la Ley en la materia.
También será necesario que se especifique si se promueve a nombre de
persona física o moral, tratándose de las segundas, se deberá indicar el nombre
que corresponda conforme al acta constitutiva; de acuerdo a la presente fracción
que se estudia, es de suma importancia que se señale con precisión el domicilio
correcto, a efectos de que el tribunal de amparo lleve a cabo las notificaciones
que legalmente sean pertinentes.
La fracción II advierte también que se deberá señalar el nombre y domicilio del
tercero interesado, y si no se conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir
¿Cuáles son las formalidades que debe contener la demanda de amparo indirecto?
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verdad; lo anterior y a efecto de que exista un tercero interesado a juicio, con la
finalidad de que el órgano de amparo lo emplace a juicio de garantías para que
esté en posibilidad de defender sus derechos.
Por otro lado la fracción III del artículo 108 que se estudia requiere que se
señale:
La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen
normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de
Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las
autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio
de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de
autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios
propios.
Al respecto es de suma importancia que en el escrito de demanda, no se omita
a ninguna autoridad que tenga estricta relación con el acto que se ha reclamado,
así como la ejecución del mismo, pues nuestro más alto tribunal ha sostenido
jurisprudencialmente que no es procedente analizar si los actos son
constitucionales o inconstitucionales de aquellas autoridades que en la demanda
no se nombraron como responsables, de allí la importancia de señalar incluso a
aquellas que tuvieron que ver en la ejecución del acto reclamado, así como
cuando el amparo verse en contra de normas generales o leyes, como se ha
precisado en líneas precedentes.
Como requisito formal del escrito de la demanda de garantías, la fracción IV
refiere que se deberá señalar la norma general, acto u omisión que de cada
autoridad se reclame; pues resulta necesario que se estipule el acto que se le
atribuye a cada autoridad, lo que se deberá señalar de forma clara y concisa,
haciendo manifiesto cuales son las autoridades en su carácter de ordenadoras y
cuáles de ejecutoras.
Así también se deberá señalar la fecha en que se emitió el acto y todo lo
referente a su contenido, esto es, lo que en él se ordenó, se limitó o se
estableció; lo anterior con la finalidad exclusiva de fijar la litis sobre la que va
versar el juicio de garantías.
Atendiendo la fracción V del presente artículo, que es del tenor siguiente:
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Art 108, fracción V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones
que constituyan los antecedentes delacto reclamado o que sirvan de fundamento
a los conceptos de violación…;
Lo que se señala como requisito formal de la demanda de garantías, con la
finalidad de que el juzgador de amparo conozca del asunto que se somete a su
consideración, para fijar la naturaleza del acto reclamado y pueda resolver sobre
su constitucionalidad o inconstitucionalidad, en base primaria a la relatoría de
los hechos que asiente el quejoso en la demanda.
De acuerdo a la fracción VI se deberá expresar en la demanda los preceptos
que, conforme al artículo 1o de la Ley de Amparo, contengan los derechos
humanos y las garantías cuya violación se reclame;entendiéndose éstos como
la cita del artículo que consagra la garantía que se estima afectada por el acto
de autoridad.
La fracción VII señala:
Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de
esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al
Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se
promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto
de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la
autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.
En casos específicos de que el juicio de amparo se promueva con fundamento
en la fracción II del artículo 1o de la Ley de Amparo, deberá precisarse la
facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido
invadida por la autoridad federal; lo anterior en estrictos asuntos que vulneren el
régimen competencial que existe entre la Federación y los Estados o el Distrito
Federal en perjuicio del gobernado.
La fracción VIII indica que se deberán expresar los conceptos de violación, los
cuales consistirán en la parte principal de la demanda de amparo, pues su
formulación será de suma importancia para que se otorgue o no el amparo y
protección de la Justicia de la Unión al quejoso atendiendo el principio de
estricto derecho que ya ha sido tema de estudio. En los conceptos de violación
se constituyen los razonamientos lógico jurídicos o consideraciones de derecho
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inclinados a demostrar o acreditar que el acto reclamado es contraventor de lo
que estatuye la Carta Magna.
En resumen, el concepto de violación es la estricta y exacta vinculación que el
agraviado debe establecer de manera razonada entre la actividad desarrollada
por la autoridad responsable y las garantías constitucionales que considere
violadas; así pone de relieve la contravención de los derechos fundamentales
por parte de ese actuar o conducta autoritaria. (Espinoza B. M. B., 2009, P.
132).
Es dable enfatizar, que la Ley exceptúa en tratándose de amparos que versen
contra actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad
personal de los requisitos formales que señala el artículo 108 de la Ley de
Amparo; pues sólo bastará con que el quejoso señale en su escrito de demanda
el acto que reclame, la autoridad ordenadora, la ejecutora y el lugar en donde se
encuentre el quejoso; lo anterior por la inminente naturaleza que implican los
actos a que nos referimos en líneas anteriores y que son exclusivos en materia
penal.
Como elemento formal de la demanda de amparo, el artículo 110 de la Ley
Reglamentaria, señala que se deberán de acompañar al escrito copias del
mismo para cada una de las partes que intervengan en el juicio, así como dos
juegos más para el incidente de suspensión, si es que se solicita; exceptuando
lo anterior cuando la demanda se exhiba de forma electrónica, así como esta
exigencia correrá a cargo del tribunal de amparo, cuando se trate de amparos
de asuntos del orden penal, laboral en favor de los trabajadores, cuando trate
de menores o incapaces, cuando se trate de amparos en materia agraria en
favor de los núcleos de población ejidal o comunal y finalmente cuando el
quejoso se encuentre en desventaja social, pobreza o marginación.
Procedencia
En el caso del amparo indirecto, este procede contra todo acto de autoridad que
los gobernados estimen como violatorios de sus derechos humanos
reconocidos, así como a sus garantías individuales.
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A continuación se transcribe dicho artículo que a la letra dice:
Artículo 107.
El amparo indirecto procede:
I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del
primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras,
las siguientes:
a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos
humanos;
b) Las leyes federales;
c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal;
d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
e) Los reglamentos federales;
f) Los reglamentos locales; y
g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;
II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los
tribunales judiciales, administrativos o del trabajo;
III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento
administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:
a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o
durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin
defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y
b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación,
entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos
tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
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IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo
realizados fuera de juicio o después de concluido.
Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el
amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo,
entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo
sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle
cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo
reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese
procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al
resultado de la resolución.
En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma
definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega
de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones
cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;
V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación,
entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos
tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;
VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la
acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la
reparación del daño; y
VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la
competencia o el conocimiento de un asunto.
En la siguiente semana se analizara con más detalle cada uno de estos
supuestos de procedencia.
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3.2.2 Medios probatorios
Los medios probatorios se entienden como aquellos instrumentos o elementos
que la ley reconoce como tales, que se relacionan con todos y cada uno de los
hechos controvertidos en el juicio; y las partes los hacen valer con la finalidad de
demostrar la falsedad o certeza de algún hecho.
Para materia estricta de amparo indirecto, en su primera instancia, donde existe
el periodo probatorio, esto es que las partes pueden ofrecer las pruebas que
consideren pertinentes, se admitirán y se desahogarán las pruebas ofrecidas
según corresponda. De acuerdo a lo que establece el primer párrafo del artículo
119 de la Ley de la materia, serán admitidas en juicio de amparo indirecto todas
aquellas pruebas que legalmente estén reconocidas, a excepción de la
confesional por posiciones; para tales efectos y toda vez que la Ley de Amparo
no precisa a que medios probatorios específicamente se refiere; será necesario
remitirnos a lo que establece el artículo 93 del Código Federal de
Procedimientos Civiles y que es del tenor siguiente:
Articulo 93.- La ley reconoce como medios de prueba:
I.- La confesión.
II.- Los documentos públicos;
III.- Los documentos privados;
IV.- Los dictámenes periciales;
V.- El reconocimiento o inspección judicial;
VI.- Los testigos;
VII.- Las fotografías, escritos y notas taquigráficas, y, en general, todos aquellos
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; y
VIII.- Las presunciones.
¿Cuáles son los medios probatorios admisibles en materia de amparo indirecto?
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Por tanto es dable puntualizar que serán admitidas las pruebas antes listadas a
excepción de la marcada con la fracción I. Así también la ley precisa que por
regla general, estos medios probatorios deberán ofrecerse y rendirse en la
audiencia constitucional, aunque existen algunas excepciones al respecto que
en lo sucesivo analizaremos.
La documental
Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está
encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un
funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios
públicos, en el ejercicio de sus funciones. (Código Federal de Procedimientos
Civiles, 2012, P. 20).
Por exclusión son documentos privados aquellos que no reúnen las
características de los documentos públicos.
Tratándose de pruebas documentales, ya sean públicas o privadas, éstas
podrán presentarse con anterioridad a la celebración de la audiencia
constitucional, aunque el órgano jurisdiccional puede relacionarla hasta
celebrada la audiencia incluso tenerla como recibida en ese acto.
La testimonial
Por lo que respecta a la prueba testimonial, la cual consiste en las declaraciones
de terceros a quienes les consten los hechos sobre los que se les examina, ésta
deberá ser ofrecida según marca la Ley, cuando menos cinco días antes de que
se celebre la audiencia constitucional, asimismo se deberá acompañar al escrito
mediante el cual se ofrece, el original del interrogatorio sobre el cual versara, así
como copias para cada una de las partes, señalando en el mismo acto el
nombre correcto de los testigos que se presentaran, así como su domicilio. Para
efectos de este medio probatorio, la ley precisa que no se admitirán más de tres
testigos por cada hecho.
La pericial
La prueba de dictamen pericial consiste en que el juzgador no puede ser un
especialista en todas las ramas del saber humano, por lo tanto será asesorado e
ilustrado por peritos y por conocedores de las diversas materias del
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conocimiento humano. El dictamen pericial, por regla general, contiene una
opinión técnica referida a determinado asunto. (Gómez L. C., 2000, P. 276)
De igual manera que la prueba testimonial, la pericial deberá ofrecerse por lo
menos con cinco días antes de que tenga verificativo la audiencia constitucional,
lo anterior y toda vez que se trata de un medio de prueba que requiere un
desahogo posterior, razón por la cual deberá ofrecerse con anterioridad. En el
escrito mediante el cual se ofrece la prueba pericial, se formulará el cuestionario
o se precisará los puntos sobre los que debe versar; y se señalará el nombre del
perito que designa la parte, según se trate.
La inspección judicial
Esta prueba consiste en que el Juez o los miembros del órgano jurisdiccional de
amparo, examinen directamente las cosas o las personas para apreciar
circunstancias o hechos captables directa y objetivamente. La inspección judicial
deberá ofrecerse cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, lo
anterior en virtud de la naturaleza que la atañe como medio probatorio, pues al
igual que la testimonial y la pericial amerita de un desahogo posterior. En el
escrito mediante el cual se ofrezca, se deberán señalar los puntos sobre los que
debe ocuparse la inspección.
3.2.3 Solicitud de la suspensión
Para efectos de suspensión en amparo indirecto, debemos entenderlo como la
interrupción o detención del acto que se tilda de inconstitucional, ya sea en lo
que se refiere a sus simples efectos exteriores o en lo que respecta al
procedimiento de su ejecución material; tanto en lo que se relaciona con sus
consecuencias jurídicas, como en lo que vea la situación de hecho que el acto
está llamado a producir.
En el amparo biinstancial, la suspensión puede decretarse de oficio o a petición
de parte, una vez que el órgano de amparo ha admitido la demanda de
¿Cómo puede decretarse la suspensión en amparo indirecto?
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garantías o en cualquier momento del juicio mientras no se dicte sentencia
ejecutoria.
Suspensión de oficio
De conformidad con el artículo 126 de la Ley en la Materia, la suspensión se
decretará de oficio, esto es, que aunque no la solicite el quejoso puede
determinarla el tribunal de amparo de conocimiento de manera unilateral,
atendiendo la gravedad de los actos reclamados y para conservar la materia del
juicio; la suspensión de oficio procederá sólo tratándose de amparos promovidos
en contra de actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la
libertad personal, así como aquellos que en materia agraria atenten la propiedad
o posesión de los derechos agrarios de los comuneros o ejidatarios, ello con la
finalidad de que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, la
libertad, así como los derechos agrarios de los sujetos de derecho antes
descritos.
Suspensión a petición de
parte
La suspensión a petición de parte se configura fuera de los casos en que de
oficio deba suspenderse el acto reclamado y se decretará siempre y cuando la
solicite el quejoso a la autoridad que conoce del juicio y mientras no se siga
perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público si
se concediera la suspensión; para tales efectos el artículo 129 de la Ley de
Amparo refiere de estos supuestos.
En términos generales, puede establecerse que este requisito se satisface
cuando con la concesión de la suspensión no se afectan las necesidades
colectivas, no se ofenden los derechos de la sociedad, no se priva a ésta de los
provechos o beneficios que pudiera obtener de llevarse a cabo el acto, no se
altera la paz social, ni se controvierten disposiciones que tutelan
primordialmente los derechos de la colectividad. (Poder Judicial de la
Federación, 2009, Pp. 262-263).
Una vez que se solicite la suspensión a petición de parte específicamente,
puesto que de oficio se decreta de plano por el órgano de amparo que conozca
del juicio; ésta puede concederse de manera provisional o definitiva.
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Suspensión provisional
La suspensión provisional de acuerdo al numeral 139 de la Ley de Amparo
procede cuando existe peligro inminente de que el acto reclamado se ejecute y
este cause en el quejoso daños de difícil reparación; por lo que el Juez de
Distrito deberá ordenar en el auto admisorio de la demanda que las cosas se
mantengan en el estado que guardan, hasta en tanto se notifique a la autoridad
responsable sobre la resolución que decida respecto de la suspensión definitiva.
Expresado en otras palabras, este tipo de suspensión tiene por efecto paralizar
el acto que se reclama hasta en tanto el órgano de amparo resuelve si es o no
factible otorgar la suspensión definitiva; para que se pueda otorgar la
suspensión provisional, lo deberá solicitar el quejoso y no se deberá seguir
perjuicio al interés social ni se contravengan las disposiciones de orden público,
además de que el acto reclamado deberá tildarse de inminente perjuicio para el
quejoso.
Suspensión definitiva
Por otra parte, la suspensión definitiva implica la tramitación de un incidente en
el que se ordena a la autoridad responsable emitir el informe previo, se señala
fecha para la audiencia incidental, se ofrecerán, admitirán y desahogaran
pruebas (únicamente las documentales y la inspección judicial Articulo 143 Ley
de Amparo), hasta que concluya con la resolución mediante la cual el órgano de
amparo ordena a la autoridad responsable mantenga las cosas en el estado en
que se encuentren hasta en tanto dure la tramitación del juicio principal de
amparo, esto con la finalidad de mantener la materia objeto del juicio.
De concederse la suspensión definitiva, la sentencia interlocutoria que se
pronuncie al respecto, deberá surtir sus efectos, así como el órgano
jurisdiccional deberá especificar las situaciones sobre las que habrán de quedar
las cosas y fijar las medidas tendientes a conservar la materia del juicio.
Contario sensu la resolución negare la suspensión definitiva, se dejara libre la
facultad de la autoridad responsable de ejecutar el acto que se reclamo de ella.
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3.2.4 Acuerdos de trámite que recaen a la demanda
Los acuerdos de trámite que recaen a la demanda de garantías interpuesta por
el quejoso, son aquellos que tienden a desechar, prevenir o admitirla.
Desechar la demanda
Una vez que se ha recibido el escrito de demanda por parte del Juez de Distrito
o Tribunal Colegiado de Circuito según corresponda el caso, procederá a
examinarlo, hecho lo anterior se deberá dictar un auto inicial. Si del escrito se
desprendiera claramente que existe notoria causa de improcedencia, el órgano
de amparo tiene la facultad de desechar de plano la demanda.
Prevenir la demanda
Por lo que respecta al acuerdo relativo a la prevención de la demanda, sucede
cuando existe alguna deficiencia o irregularidad en el escrito de demanda o no
se hubiere expresado el acto reclamado con claridad, cuando exista alguna
omisión de los requisitos formales de la misma, cuando no se acompañe el
documento que acredite la personalidad de quien promueve, o cuando no se
exhibieran las copias necesarias de la demanda; el órgano jurisdiccional deberá
dictar un auto de prevención en donde se requerirá al promovente
concediéndole el plazo de cinco días para que subsane, aclare o corrija aquellas
deficiencias. Transcurrido el plazo antes señalado, si el peticionario de amparo
no diera cumplimiento a la prevención hecha por el órgano jurisdiccional, la
demanda se tendrá por no interpuesta.
Admitir la demanda
Finalmente el acuerdo relativo a la admisión de la demanda, es aquel, en el que
el órgano de amparo al estudiar el escrito de demanda, no encuentra motivo o
causa alguna de improcedencia; este cumple con los requisitos formales que
establece la ley o bien que una vez que se haya hecho alguna prevención a que
alude el párrafo que antecede y el promovente hubiera cumplido con dicho
¿Cuáles son los acuerdos que emite el órgano jurisdiccional y que recaen a la demanda?
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requerimiento, el órgano jurisdiccional de conocimiento deberá admitir a trámite
la demanda de garantías.
En el acuerdo de admisión de la demanda además se deberá señalar día y hora
para la audiencia constitucional, se pedirá informe con justificación a las
autoridades responsables, se ordenará correr traslado al tercero interesado y en
su caso, se tramitará el incidente de suspensión, lo anterior de acuerdo a lo que
establece el artículo 115 de la Ley de Amparo.
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F. CONCLUSIÓN
Para efectos de conclusión, es dable enfatizar la importancia de los elementos o requisitos formales que debe
satisfacer la demanda de amparo que se promueve mediante la vía indirecta o biinstancial ante el Juez de
Distrito; pues de ello dependerá en gran medida incluso, si se concede o no la protección de la Justicia de la
Unión a quien se estime violentado en sus garantías individuales o derechos humanos reconocidos.
El quejoso que inste ante el órgano jurisdiccional para que intervenga en su protección, deberá formular la
demanda de garantías de manera tal que sea preciso en señalar correctamente el acto que reclama de la
autoridad, los conceptos de violación que estime pertinentes así como apegar su escrito estrictamente a lo que
estatuye el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de Amparo.
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G. GLOSARIO
Término Significado
Auto En derecho procesal refiere al tipo de resolución
judicial.
Demanda
En derecho procesal, demanda es el acto por el que
el actor o demandante solicita del órgano
jurisdiccional frente al demandado una tutela jurídica
en forma de sentencia favorable, mediante un escrito
en el que expone los antecedentes del hecho del
caso y sus razonamientos jurídicos, con el que
ordinariamente comienza el proceso.
Ejercicio de la acción Para tener derecho de acción se han de dar
determinados presupuestos y requisitos. La función
jurisdiccional no puede desarrollarse sino a instancia
de parte. La función jurisdiccional es, ciertamente,
una obligación asumida por el Estado, cuando éste
prohíbe el ejercicio del propio derecho a los
interesados. Frente a esta obligación está el derecho
de acción, como derecho a que el juez o Sala, a
través de sus miembros, realice la función
jurisdiccional.
Incidente Es el planteamiento en el desarrollo del proceso de
una cuestión que no pertenece normalmente a lo que
hasta entonces ha sido objeto del proceso.
Cuestiones accesorias que surgen durante la
tramitación del juicio principal.
Informe previo Escrito mediante el cual la autoridad responsable da
respuesta a la solicitud de suspensión del acto
reclamado formulada por el quejoso.
Juicio Según el derecho procesal en sentido propio, es la
acción y efecto de juzgar, operación sustancial de la
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jurisdicción, consistente en decir el Derecho en el
caso concreto.En sentido amplio e incluso
legalmente, el término juicio es sinónimo de proceso.
Suspensión Gramaticalmente, suspender, del latín suspenderé,
entre otros significados tiene el de “detener o diferir
por algún tiempo una acción u obra”; equivale, pues,
a paralizar algo que está en actividad, en
formapositiva; a transformar temporalmente en
inacción unaactividad cualquiera.
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H. FUENTES DE INFORMACIÓN
a) Bibliográficas Chávez C. R. (2005) Juicio de Amparo. México: Porrúa.
Espinoza B. M. (2009) Juicio deamparo. México: Oxford.
Gómez L. C. (2000) Teoría general del proceso. México. Oxford.
Ruiz H. E. (2009) Curso General de Amparo. México Oxford
Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Poder Judicial de la Federación. (2009). Manual del justiciable
en materia de amparo.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2010). Manual del juicio de amparo. México. Themis.
b) Legislativas
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf
Ley Reglamentaria de Amparo de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos http://www.pjetam.gob.mx/legislacion/Diario_Oficial/2013/P.O-02-04-2013.pdf
c) Cibergráficas
Fix Z. H. (s/f). Breve introducción al juicio de amparo. Recuperado el 09 de noviembre de 2013 en:
http://www.colegionacional.org.mx/SACSCMS/XStatic/colegionacional/template/pdf/1976/07%20-
%20Breve%20introduccion%20al%20juicio%20de%20amparo%20mexicano,%20por%20Hector%20Fix-
Zamudio.pdf
