Verdad y justicia contra la impunidad de crímenes de lesa humanidadArtículo publicado en la revista ONGC
Jordi PalouLoverdosAbogado y mediador en conflictos. Representante legal de las víctimas y del Forum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. Miembro del Internacional Criminal Bar. Abogado acreditado para actuar ante la Corte Penal Internacional (con sede en La Haya – Holanda)
Si me lo permiten, empezaré por el final. Hace unas semanas, el 24 de febrero de 2007, el Estado de Virginia aprobó por unanimidad una resolución que expresa “su profundo arrepentimiento por la esclavitud de africanos y la explotación de nativo americanos”. Dicha declaración coincide con el 400º aniversario de la primera colonia permanente anglosajona en las Américas, Jamestown, precisamente en dicho Estado. Es el primer gobierno norteamericano que pide perdón por la esclavitud de millones de africanos. Este Estado, que destacó por su lucha hacia la independencia respecto al Gobierno Británico –y por figuras como George Washington y Thomas Jefferson ahora recuerda que la Declaración de Independencia proclama que “todos los hombres son creados iguales; son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”, reconociendo a continuación que dichos principios fundamentales han sido sistemáticamente transgredidos durante la mayor parte de la historia de Virginia y de Norteamérica. El Estado español, que oficialmente abolió la esclavitud en 1880, debería hacer un reconocimiento análogo a favor de los descendientes de esclavos de África y Latinoamérica.
¿Qué tiene esto que ver con África Central hoy? Mucho. Más de lo que uno se puede imaginar. Millones ¡sí, millones en plural! De rwandeses y congoleños, sobretodo, han sido y aún son víctimas del neoesclavismo salvaje y de una eliminación violenta y sistemática. Un esclavismo de nuestro tiempo, hecho con más perversidad. Hoy nuestras conciencias no nos permitirían ver esclavos, ni en los barrios ni en las ciudades. Ya no hace falta comerciar con esclavos y traerlos a “nuestro mundo”. Es preferible y más barato que los esclavos trabajen en su propia tierra, sin desplazamientos y extraer desde allí lo que nos interesa para nuestro provecho. Para que la empresa funcione y se disponga de mano de obra gratuita solo hace falta que los capataces estén bien pagados y amparados.
La zona Este de la República Democrática del Congo es una de las zonas más ricas del planeta en recursos naturales valiosos, minerales claves y estratégicos: coltán, diamantes, cobre, cobalto, oro, casiterita (estaño) y madera, por citar sólo los más importantes. La ambición para conseguir estos recursos y la explotación ilegal no es nueva, ciertamente. Ya desde 1879 y después de la Conferencia de Berlín de 1885, el rey Leopoldo II de Bélgica explotó el Congo como una empresa. Años más tarde, tras declararse la independencia el 30 de junio de 1960 el primer ministro congoleño Patrice Lumumba reclamó también la independencia económica –además de la política y advirtió del riesgo de que las potencias extranjeras quisieran apropiarse de los recursos naturales si colocaban a un títere al frente del país. El 17 de enero de 1961 Lumumba fue asesinado por la CIA, en tiempos del General Eisenhower. Después Mobutu se hizo con el poder en 1965 mediante un golpe apoyado por EE.UU. y Bélgica, para poder explotar el Zaire como una empresa, y sacar beneficio tanto para él como para los estados y
empresas extranjeras que le apoyaban. Entretanto la mayoría de la población vivía literalmente en la pobreza en una tierra extremadamente rica.
Pero la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 cambió muchas cosas. No podemos analizar aquí todos los cambios pero podemos intentar comprender qué supuso para África Central y para “nuestro mundo”. A pesar de producirse grandes desmanes en otros lugares del planeta, la Guerra Fría impuso un cierto equilibrio y prevenciones en la URSS y EE.UU. respecto de África. Gracias a los archivos desclasificados de la propia CIA ahora conocemos bastantes detalles de la implicación de la inteligencia norteamericana en la Operación Cóndor del Cono Sur de América y las dictaduras militares de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia –muchas recibieron formación en técnicas de guerra psicológica, inteligencia militar, tortura, interrogatorios y ejecuciones sumarias en la norteamericana School of the Americas con decenas de miles de muertos, desaparecidos y presos, así como también el tutelaje de la URSS respecto de Cuba y otros países de su órbita. Por todos es conocida la “crisis de los mísiles de octubre de 1962” entre EE.UU. y la URSS que situó al mundo frente a un posible conflicto atómico y el pacto entre Kennedy y Kruschev en relación a la permanencia del comunismo en Cuba.
En el “nuevo orden mundial” salido de la caída del Muro los recursos del Este del Zaire continuaban siendo vistos con muy buenos ojos, pero desde otra perspectiva. Como hemos visto recientemente en Irak y también en Palestina, la inteligencia norteamericana es especialista en detectar y alentar divisiones internas para su propio provecho geoestratégico y geoeconómico. La estrategia para poseer Zaire era la producción de una guerra desplazada: la zona de influencia francófona en África Central debía convertirse en anglófona. Pero debía hacerse en fases. Y la primera fase era Rwanda.
Cuando se habla de la tragedia de Rwanda todos pensamos en el genocidio de 1994. Fue terrible. Elementos extremistas de la mayoría hutu organizados por el stablishment masacraron a cientos de miles de víctimas inocentes, mayoritariamente tutsis y hutus moderados. El detonante: el atentado terrorista que provocó la muerte de los presidentes hutus de Rwanda y Burundi, Juvenal Habyarimana y Cyprien Ntarymira, respectivamente. 937.000 fueron las víctimas según cifras oficiales del actual Gobierno rwandés. La versión oficial de la historia acaba aquí. Poco más se dice de Rwanda y cuando se intenta comprender en contexto este episodio se dice entonces que la mente occidental no puede entenderlo, que se trata de luchas tribales. Así que, a parte de esta versión oficial, que aparenta ser clara y diáfana, resulta que es mejor no entrar en detalles porque no lograríamos entender nada… lo cierto es que detrás de todo ello hay una historia escondida y una verdad ocultada.
Vuelvo a la caída del Muro y a Rwanda. No había pasado ni un año de la caída del Muro que un grupo de militares tutsi que estaban incorporados en los servicios secretos de la National Resistance Army de Uganda – a la sazón, principal aliado de EEUU y Gran Bretaña decidieron invadir militarmente el país por el norte de la frontera Ugandesa, aglutinados como Frente Patriótico Rwandés (FPR). El 1 de octubre de 1990, 2.400 militares tutsi ruandeses, apoyados militar y logísticamente por Uganda, invaden el norte de Ruanda, causando miles de víctimas hutu, llegando en menos de tres semanas a cien kilómetros de la capital, Kigali. El General Mayor de esta operación, Fred Rwigema, fue asesinado a las pocas semanas en extrañas circunstancias, al parecer porque era partidario de conquistar el poder con el mínimo de bajas entre la población civil. El presidente ugandés Museveni impuso el mando de los batallones a un hombre clave en esta historia, Paul Kagame, que estaba completando su formación militar de EE.UU. en el programa International Military Education and Training (así como también otros oficiales del FPR/APR y militares ugandeses fueron formados militarmente con el mismo tipo de entrenamiento que la School of the Americas en Ford Leavenworth, Kansas y en Fort Bragg, North Carolina). Por testigos claves sabemos que “Pilato”, que es como se le denominaba, no fue bien recibido por los militares tutsi al no considerarlo apto ni física ni psíquicamente. A partir del 22 de octubre de 1990 Kagame tomó el mando militar del FPR y de la operación militar que buscaba
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tomar el poder. En los siguientes cuatro años el FPR desplegó diferentes técnicas militares y ataques terroristas que causaron la muerte de cerca de 40.000 hutu de la zona norte de Rwanda.
Ahora sabemos, gracias a la investigación realizada por el juez antiterrorista francés J.L. Bruguière y a testigos claves como el exmilitar del FPR/APR Abdul Ruzibiza, que el atentado con mísiles tierra / aire extranjeros a los dos presidentes hutu de Rwanda y Burundi estaba organizado de antemano por el High Command del FPR/APR, con Paul Kagame y James Kabarebe al frente, con el fin de generar un caos en todo el país y así poder tomar el poder por la fuerza con mayor facilidad. Sabemos también que las horas inmediatamente después de ese atentado ocho batallones del FPR/APR coordinan sus acciones militares en dirección a la capital. Después que el FPR toma de forma violenta el poder en julio de 1994. Sabemos por testigos claves como el ex ministro de Exteriores rwandés, Jean Marie Ndajigimana, que Robert Gersony, investigador norteamericano, redactó un informe confidencial que aún hoy permanece embargado por la ONU en el que detallaba la muerte de 30.000 hutu ruandeses entre julio y octubre de 1994. Carla del Ponte, entonces fiscal jefe del Tribunal Internacional para Ruanda fue cesada recientemente en sus funciones por investigar y aportar pruebas de los crímenes del FPR/APR durante el 1994, además de investigar y conseguir la condena de los responsables hutu.
Y llegamos nuevamente al Zaire. Como consecuencia de los hechos ocurridos en 1994 más de un millón de hutu ruandeses se establecieron en campos de refugiados de la frontera entre Zaire y Ruanda. Muchos de los enclaves de los campos de refugiados coinciden con zonas conocidas en yacimientos minerales. Ya desde 1995 Ruanda entra en contacto con tutsi zaireños (denominados banyamulenges) y durante este año y principios de 1996 entrena militarmente a futuros cuadros. Kagame se reúne este año con los responsables del Pentágono y de la
administración norteamericana. En octubre de 1996 los ejércitos de Rwanda, Uganda y Burundi invaden el Zaire, con la asistencia militar y logística estadounidense y acompañados por tutsis banyamulenge aglutinados en las siglas AFDL. Más de 300.000 refugiados hutu ruandeses son masacrados sistemáticamente con armamento pesado y ligero y muchos de ellos son perseguidos a través de la selva zaireña hasta la otra punta del país, 2000 kilómetros más allá, según ha documentado la ONU y otras organizaciones internacionales. Entre muchos otros, cabe destacar el testimonio valiente y equilibrado de la socióloga ruandesa Beatrice Umutesi, refugiada sobreviviente a estas matanzas, que refleja vivamente el sufrimiento de todo un pueblo (ver su libro, “Huir o morir en el Zaire: la vivencia de una refugiada ruandesa”). Bebés, niños, mujeres, hombres y ancianos fueron asesinados cruelmente con armas de fuego, enfermedades, hambre, agresiones sexuales sistemáticas o una combinación de todo ello mientras el organismo de los refugiados de la ONU (ACNUR) los abandonaba a su suerte o, en el peor de los casos, los repatriaba forzadamente a prisiones o bien eran asesinados en Rwanda.
Según Wayne Madsen, un investigador norteamericano y antiguo miembro de la National Security Agency, la compañía americana Brown & Root (subdivisión de Halliburton entonces presidida por Dick Cheney) está implicada en el entrenamiento de fuerzas del FPR y presta apoyo logístico a estas tropas en el Zaire. Mientras se produce la invasión y las referidas masacres el APR/FPR y fuerzas ugandeses se dedican al pillaje sistemático de coltán mineral muy buscado ante el auge de los teléfonos móviles, ordenadores portátiles, satélites, etc, oro, diamantes, cobre y cobalto, y algunas compañías mineras de capital norteamericano obtienen concesiones de
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explotación, como por ejemplo American Mineral Fields y Barric Gold Co (de la que el ex presidente George Bush era miembro del Consejo de Administración). El investigador norteamericano Keith Harmon destaca que en ocasiones las multinacionales suministran material militar y logístico a cambio de explotaciones y posteriores concesiones mineras de territorios claves, como las minas de oro de KiloMoto. Cynthia McKinney, congresista afroamericana seguidora de Martin Luther King Jr. y enviada especial de Clinton a los Grandes Lagos africanos retorna a EE.UU. poniendo de manifiesto las graves responsabilidades de la administración norteamericana en los crímenes contra la humanidad que se perpetraban en el Zaire. Posteriormente una delegación de expertos enviados por el Secretario General de la ONU detalló con cuatro informes demoledores la responsabilidad del APR/FPR y el ejército de Uganda en el pillaje de guerra de dichos minerales estratégicos, así como la responsabilidad de multinacionales occidentales en la explotación ilegal de dichos recursos que sirven para financiar la guerra y proseguir con los crímenes contra la humanidad (el primero de estos informes, liderado por la diplomática africana Safiatou BaN’Daw, marcó un antes y un después, a pesar de que una parte muy sensible de este informe quedó embargada por la ONU). Por poner sólo algunos ejemplos de estas multinacionales, Finmining Ltd, Cogem, Sogem, Cogecom (Bélgica), Afirmex (Gran Bretaña), Finconord (Pakistán), Raremet (India), etc. En la misma línea que la ONU organizaciones como Global Witness o IPIS han realizado investigaciones y han aportado pruebas complementarias de dichos crímenes de guerra de pillaje o complicidad con crímenes contra la humanidad. Los expertos de la ONU acreditaron la exportación de diamantes por parte de Rwanda cuando este país ni produce ni exporta diamantes oficialmente; asimismo calculan que sólo de coltán, Rwanda pudo obtener en dieciocho meses por lo menos 250 millones de dólares en beneficios, cantidad considerada suficiente para sostener la presencia del FPR/APR en el Zaire y en la República Democrática del Congo.
Y continuando con el Zaire, denominada ya República Democrática del Congo, los ejércitos de Rwanda y Uganda volvieron a invadir este país en 1998, en una segunda guerra de ocupación. Prosiguieron con los crímenes internacionales, causando desde este año hasta el 2006, 4,8 millones de víctimas inocentes, de manera directa o indirectamente achacables a este conflicto, según la también organización norteamericana Internacional Rescue Committee, la ONU y la Unión Europea. El conflicto que ha producido más víctimas mortales desde la Segunda Guerra Mundial, según palabras de Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.
En medio de todo este conflicto, en el que más de siete millones de ruandeses y congoleños han perdido violentamente la vida, dos catalanes, un vasco, un andaluz y cinco personas de la zona centro del Estado español – personas también excepcionales han perdido la vida de forma violenta cuando ejercían su compromiso de asistir a la población necesitada: Joaquim Vallmajó Sala, misionero en África, secuestrado, torturado y asesinado por el FPR en Byumba (Ruanda) el 26 de abril de 1994; Servando Mayor García, Julio Rodríguez Jorge, Miguel Ángel Isla; Lucio de la Fuente y Fernando de la Fuente, hermanos Maristas, asesinados por el FPR en Bugobe (R. D. del Congo) el 31 de octubre de 1996; Mª Flors Sirera Fortuny, Manuel Madrazo Osuna y Luis Valtueña Gallego, miembros de la ONG Médicos del Mundo, asesinados por el FPR en Ruhengeri (Ruanda) el 18 de enero de 1997; Isidro Uzcudun Pouso, misionero de la diócesis de Donosti, asesinado por el FPR en Mugina (Ruanda) el 10 de junio de 2000. Los familiares de las víctimas, el iniciador de esta acción Juan Carrero, el premio Nóbel de la Paz Adolfo PérezEsquivel, la entonces Congresista Cynthia McKinney, los Ayuntamientos de Figueres, Manresa, Sevilla y Navata y numerosas ONGD nacionales e internacionales interpusieron una acción de justicia de acuerdo con el principio de justicia universal, querella que está investigando desde 2005 la Audiencia Nacional española.
Volviendo ahora al origen del artículo, el pillaje y la explotación ilegal de estos minerales se lleva a cabo por una masa anónima de esclavos africanos, vigilada por sus capataces ruandeses y ugandeses que sacan buena tajada, aunque el grueso del botín sale de África y todo ello sin necesidad de desplazar estos esclavos, ya que son explotados en el terreno. En muchas minas
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hay niños que trabajan de sol a sol en condiciones infrahumanas; también explotan a presidiarios procedentes de cárceles ruandesas, la inmensa mayoría de ellos sin proceso alguno, sin imputación concreta alguna (más allá de una genérica de “genocida”), sin abogados que les defiendan…, y son confinados a las minas, “liberados” de la prisión a cambio de nada.
Esta madeja de acciones criminales internacionales y crímenes de lesa humanidad, intereses geoeconómicos y geoestratégicos han gozado hasta ahora de total impunidad. Los expertos de la ONU piden reiteradamente que se investiguen y se juzguen a los responsables. El secretario general denuncia desde 1998 el círculo vicioso de violaciones de derechos humanos y venganza sustentado por la impunidad: “… para restablecer la paz y la estabilidad duraderas en la región es indispensable poner fin a ese ciclo. Los culpables de esas violaciones deben rendir cuentas”, comunica al Consejo de Seguridad. La ONU no ha creado un Tribunal Internacional ad hoc, ni ha decidido extender la competencia del Tribunal Internacional de Rwanda ni los Tribunales nacionales de la República Democrática del Congo han hecho nada para investigar estos crímenes. Sólo los Tribunales españoles están investigándolos en este momento.
Como señala la Resolución de Virginia con la que empezábamos este artículo, el deplorar los errores del pasado no los restablece, pero el espíritu de verdadero arrepentimiento promueve la reconciliación y la curación. Dar luz a estas verdades ocultadas es el primer paso. Aunque no es suficiente, sí es imprescindible, para no tardar cuarenta años en hacer justicia o cuatrocientos más en arrepentirnos de lo que entre todos fuimos corresponsables.
Para más información ver www.veritasrwandaforum.orgRWANDA: EL FIN DE UNA IMPUNIDAD
Es una buena noticia. El 6 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha firmado el auto de procesamiento de 40 altos mandos militares ruandeses, acusados de crímenes, entre ellos el asesinato de 9 españoles – misioneros y cooperantes, cometidos tanto en Rwanda como en RDCongo. Paul Kagame, a pesar de ser el principal responsable de dichos delitos, no está incluido en la lista de procesados, dado que, mientras dura su condición de Jefe de Estado, no es justiciable. Es una buena noticia, porque significa el fin del “privilegio de la impunidad” del que han gozado hasta ahora dirigentes ruandeses actualmente en el poder.
Efectivamente, toda la máquina judicial ruandesa e internacional a lo largo de estos años ha tratado de juzgar y condenar a los responsables del genocidio de los tutsi, perpetrado entre abril y julio de 1994, en el que fueron cruelmente asesinadas, según las estimaciones más divulgadas, 800.000 personas, la mayoría de ellas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, por su pertenencia étnica. El Tribunal Penal Internacional para Rwanda, instalado desde 1995 en Arusha (Tanzania) y cuyo mandato termina en diciembre de 2008, es el encargado de juzgar a las personalidades políticas y militares hutu consideradas máximos responsables de esta tragedia. Las condenas, sea la cadena perpetua o un número elevado de años de cárcel, han sido severas, aunque ha habido también algunas sentencias absolutorias. En el interior de Rwanda, paralelamente a los procesos en los tribunales ordinarios, se han organizado unos 20.000 tribunales populares, llamados Gacaca, ante los que han comparecido más de 800.000 hutu, acusados de haber participado de un modo u otro en el exterminio de los tutsi. Las cárceles ruandesas rebosan de prisioneros que en muchos casos esperan desde hace más de 10 años ser juzgados y ni siquiera saben los delitos que se les imputan. Al margen de otro tipo de consideraciones, como la falta de garantías de un juicio justo y equitativo, se trata, tanto en el TPIR como en los tribunales ruandeses, de la justicia de los vencedores.
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El mandato del Consejo de Seguridad por el que se creó el TPIR incluía la persecución judicial de todos los crímenes cometidos en el año 1994 tanto por los extremistas hutu, como por el FPR durante su avance, ocupación militar del país y tras su victoria e instalación en el poder. Crímenes estos últimos, silenciados y ocultados a pesar de las evidencias, denuncias y documentación existente. Hasta ahora, cualquier intento de perseguir judicialmente a los responsables de estos actos criminales ha sido abortado. La Fiscal General del TPIR, Louise Arbour, congeló los primeros informes, que ella misma había encargado al abogado Hourrigan. Su sustituta, Carla Del Ponte, trató de cumplir con el mandato iniciando investigaciones y anunciando su decisión de incriminar a los responsables del FPR en varias masacres de civiles. Fue apartada de su cargo por presiones de EEUU y Reino Unido, fieles aliados del régimen de Kigali. El actual Fiscal, Hassan Babacar Jallow, no muestra gran interés en abrir el dossier FPR y el TPIR, cuya actividad terminará en diciembre de este año, “olvidará” el caso. Todo parece indicar que la comunidad internacional, dominada por un sentimiento de culpa al no haber impedido el genocidio tutsi, ha otorgado al régimen actual carta blanca, esto es, licencia para matar. Ha funcionado con eficacia un “convenio del silencio”. Durante estos años, las denuncias contra el régimen de Kigali y sus fechorías han sido tildadas de intentos de negar o minusvalorar el genocidio del que fueron víctimas los tutsi. ¿Cómo negar esa evidencia? ¿Cómo no reclamar justicia y castigo a los responsables? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo negar otras evidencias?, ¿cómo no denunciar y llevar ante los tribunales a los responsables del FPR, actualmente en el poder, por los innumerables crímenes que han cometido?
El auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu rompe con el “convenio del silencio” y con el “privilegio de la impunidad”. En 2005, el abogado Jordi PalouLoverdos, actuando como representante legal de diversas personalidades y organizaciones y de los familiares de 9 españoles asesinados, presentó la querella que ha dado pie a la decisión de la Audiencia Nacional.
El texto, de 182 páginas, es demoledor. Consta de tres partes: I. Hechos (130), II. Las Pruebas practicadas (31138) y III. Razonamientos jurídicos, que terminan con la Parte dispositiva en la que se declaran procesados 40 mandos militares ruandeses y se decreta su prisión provisional y el mandado de búsqueda y captura (138181).
La relación pormenorizada y detallada de HECHOS incriminatorios comienza con la afirmación de que “se desprenden indicios racionales y fundados de que a partir de octubre de 1990, un grupo (el FPR) de estructura políticomilitar (…) inició una serie de actividades de carácter criminal (…) en el territorio de Rwanda”. Durante 4 años “desarrolló acciones organizadas y sistemáticas tendentes a la eliminación de población civil, tanto a través del inicio de hostilidades bélicas (…) como en la realización de actos terroristas, (…) todo ello bajo un mando estructurado”. Este grupo, el FPR, “una vez que obtuvo mediante la violencia el poder, y desde el mismo, creó y desarrolló un régimen de terror y una estructura criminal paralela al Estado dedicada, bajo un designio planificado y preestablecido, al secuestro, a la tortura, a la violación(…), al encarcelamiento de miles de ciudadanos sin proceso judicial alguno, al asesinato selectivo de personas, a la destrucción y eliminación sistemática de cadáveres (…) a los ataques indiscriminados a la población civil (…) pretendiendo la eliminación de la etnia mayoritaria, mediante acciones de carácter bélico realizadas tanto en Rwanda como en el país vecino del Zaïre (actual RDCongo) produciendo masacres indiscriminadas y sistemáticas y actos de pillaje de cara a procurarse una autofinanciación de tales actividades criminales, además del enriquecimiento ilícito de los cabecillas”.
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Viene posteriormente el resto de los 26 apartados en los que el juez detalla con precisión de cifras, fechas, circunstancias, nombres etc., tanto la estructura, organigrama y funcionamiento del poder criminal como sus innumerables fechorías. Destacan ciertamente, además del asesinato de los 9 españoles, los actos terroristas, como el asesinato de líderes hutu (entre otros, el derribo del avión del Presidente Habyarimana, que desencadenó el genocidio tutsi) cuya autoría, sin embargo, se adjudicará a otros; las operaciones de limpieza étnica en la zonas conquistadas; la masacre de miles de hutu en los campos de desplazados del interior de Rwanda, como en 1995 en Kibeho, el encarcelamiento masivo de miles de hutu; la persecución implacable de los refugiados hutu en el interior del Zaïre y el exterminio de más de 200.000 de ellos. Con relación a este último hecho, el auto del juez F. Andreu orienta su dedo acusatorio también al ACNUR, cuando constata que dicho organismo, protector de los refugiados, “instauró un sistema de recompensas en dinero para los zaireños. Se recompensaría con 10 dólares USA por cada refugiado ruandés entregado. Ello conllevó que se produjera una auténtica caza del refugiado”. En la página 80 del auto, el testigo Hubert Sauper, documentalista para cine y televisión presente sobre el terreno en Kisangani en aquellas fechas, afirmará ante el juez que el personal del ACNUR era utilizado por los soldados ruandeses para localizar y eliminar a los refugiados que huían.
Lo que vincula a todos los españoles asesinados es el hecho que eran testigos incómodos, y en algún caso denunciantes, de los desmanes y crímenes del FPR. Ese fue su delito y pagaron con su vida por ello, como espetó amenazadoramente a Joaquim Vallmajó un militar: “Esto lo pagarás algún día”. Isidro Uzcudun, asesinado el 10 de junio de 2.000, era testigo de que en su parroquia de Mugina, el FPR había asesinado a 1.325 personas. El delito de los 4 Hermanos Maristas asesinados el 31 de octubre de 1996 era que ayudaban a los hutu en los campos de refugiados en Zaïre y reclamaban una intervención internacional que evitara su exterminio. Los 3 cooperantes de Médicos del Mundo cometieron la imprudencia de descubrir, en enero de 1997, unas fosas repletas de cadáveres y constatar que el FPR realizaba masacres de civiles en la región de Ruhengeri. Vieron lo que no debían haber visto, “una barbaridad muy gorda”, según declaración de la esposa de una de las víctimas. El objetivo de su asesinato fue, como declara uno de los testigos interrogado por el juez “aterrorizar a los expatriados para provocar la salida de la ONG y de observadores de Ruhengeri (…) evitar que observadores externos pudieran ser testigos de las masacres que el APR (ejército del FPR) estaba realizando en la región de Ruhengeri”.
El capítulo de PRUEBAS PRACTICADAS, 23 declaraciones testificales que comenzaron el 28 de febrero de 2006, ocupa más de 100 páginas del auto. Doce testigos son ruandeses y son los que más datos aportan sobre los hechos criminales. Cinco son militares, 4 tutsi y 1 hutu, exmiembros del FPR, 3 civiles hutu que fueron altos cargos en el gobierno del FPR (Fiscal adjunto, Secretario General, Jefe de servicios secretos, ministro de Exteriores) y 4 hutu refugiados en su día en los campos del Zaïre. Todos ellos tomaron el camino del exilio y residen actualmente fuera de Rwanda. Salvo la Sra. Umutesi, cuya declaración versa sobre el aniquilamiento de los refugiados en su huída hacia el interior del Zaire, y el Sr. Ndagijimana, diplomático y ministro de Exteriores los primeros meses de gobierno tras la victoria del FPR en julio de 1994, los otros 10 testigos ruandeses aparecen con la sigla TAP seguida de un número, por razones de protección de su identidad. Como testigos oculares o por conocimiento directo o indirecto (no se olvide que se trata en muchos casos de militares o civiles integrados en el ejército del FPR y colaboradores
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en la estructura del poder) detallan con gran precisión los hechos criminales e identifican a los responsables de los mismos.
La lectura de sus declaraciones, a pesar del lenguaje expositivo y frío del auto (o quizás por ello) produce en más de un caso escalofríos: La existencia de grupos estructurados y especialmente organizados en el arte de matar (por ejemplo, la técnica de uso del agafuni, azada con la que golpear la nuca de la víctima maniatada); las operaciones de carga de muertos, de enterramiento en fosas comunes, de incineración de cadáveres, de borrado de huellas; el agrupamiento de las víctimas, convocadas a reuniones con el señuelo de la distribución de alimentos; el agrupamiento de 2.500 personas en el estadio de fútbol de Byumba y la orden, al parecer dada por Paul Kagame de “eliminación sin distinción”, el 23 de abril de 1994 (masacre de la que pudo ser testigo el P. Vallmajó, asesinado tres días después). No resulta fácil establecer un “ranking” de atrocidades. Por su significado y porque pone una vez más de manifiesto la pasividad, si no complicidad, de la comunidad internacional, es relevante la declaración del que fue Ministro de Exteriores durante unos meses del primer gobierno FPR, el señor JeanMarie Vianney Ndagijimana. Declara haber conocido el contenido del Informe Gersony, investigación realizada a instancias de las Naciones Unidas sobre la situación en Rwanda tras la toma del poder por el FPR, en el que “se puso de manifiesto que en sólo tres Prefecturas de Rwanda – Byumba, Kibungo y Gisenyi – (…) y en sólo dos meses esto es, desde mediados de julio hasta mediados de septiembre , se había reunido información y registrado ejecuciones selectivas o matanzas sistemáticas contra al menos 30.000 personas pertenecientes a la etnia hutu por parte del APR/FPR. (…) El Informe Gersony fue embargado y nunca vio la luz”.
Las declaraciones de los hutu refugiados en el Zaïre, singularmente las de la Sra. MarieBéatrice Umutesi, las de la congresista norteamericana Cynthia Ann Mac Kinney y las del documentalista Hubert Sauper, se centran fundamentalmente en las responsabilidades en el exterminio de los refugiados ruandeses, en los campos de TingiTingi, Lobutu, Kasese 1 y 2, y en la agresión, ocupación y saqueo por parte del ejército ruandés de amplias zonas del este del ZaireRDCongo, que produjeron millones de muertos congoleños. Las críticas al ACNUR y a su responsable Sadako Ogata por su falta de protección y por haberse puesto al servicio de los militares ruandeses para una repatriación forzosa, son constantes. Por otra parte, la congresista norteamericana no duda en afirmar que “cuando en agosto del 98 Uganda y Rwanda invaden el Congo, los dirigentes de los países invasores contaban con apoyo financiero de los Estados Unidos” y en destacar la existencia de “un sindicato del crimen fundamentalmente compuesto por traficantes de armas, recursos, diamantes, (que) coloca a gente corrupta en el poder para obtener beneficios privados”. Tal y como consta en el auto de procesamiento “Los actos de pillaje (en RDC) habrán servido tanto para la financiación de la guerra y demás operaciones militares como para el enriquecimiento personal de los altos mandos militares del APR/FPR”.
Aunque varios testigos declaran y ofrecen informaciones muy precisas sobre el atentado con el presidente Habyarimana, factor sin duda desencadenante del genocidio tutsi, el juez hace una somera referencia a ellas al estar el caso en los tribunales franceses, tras la instrucción y acusación presentada por el juez JeanLouis Bruguière.
A partir de las declaraciones de los militares tutsi del interior, que en 19901991 se incorporaron a las filas del FPR, sobre el entramado organizativo políticomilitar, se deduce que el objetivo único y último, al servicio del cual se realizaban todas las operaciones, era la conquista del poder por la fuerza. Desde ese punto de vista, cabría también deducir (y así lo declaran algunos testigos tutsi, aunque el juez no entra directamente en esta cuestión) que el FPR, presentado ante la opinión pública como el salvador de los tutsi que puso fin a su exterminio en 1994, no puso excesivo interés en detener el genocidio, ya que estaba preocupado exclusivamente por derrotar al ejército oficial y hacerse con el poder; podría, en consecuencia, ser responsable, al menos indirectamente, de la magnitud que alcanzó el genocidio tutsi.
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El auto termina con los razonamientos jurídicos por los que “los hechos relatados podrían se constitutivos de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal vigente”,
con una larga cita de los artículos pertinentes. “La competencia para el enjuiciamiento de los hechos se ampara en lo dispuesto en el art. 23,4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (…) para el conocimiento de los hechos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del territorio nacional susceptibles de calificarse según la ley española como de delitos de genocidio, terrorismo y cualquier otro que según los tratados internacionales deba ser perseguido en España”. El juez establece que existen indicios racionales y fundados para declarar la presunta culpabilidad de los
máximos responsables de la organización políticomilitar FPR/APR. En cuanto al General Paul Kagame, Presidente de Rwanda, “mientras no cese de tal cargo, la inmunidad que le ampara impedirá su procesamiento”. Sigue la lista de los 40 militares procesados. Cabe destacar entre ellos al General Kayumba Nyamwasa, actualmente Embajador de Rwanda en la Inida, al General Karenzi Karake, comandante adjunto de las fuerzas de paz de la ONUUA en Darfur /Sudán) y al Tenientecoronel Rugumya Gacinya, agregado militar de la Embajada de Rwanda en Estados Unidos. El juez decreta por fin “la prisión provisional comunicada de dichos procesados” y solicita que se libren “las oportunas requisitorias nacionales e internacionales interesando su busca y captura e ingreso en prisión a disposición de este Juzgado”
A modo de reflexión final
El futuro de Rwanda y de todos los ruandeses, así como de toda le región de los Grandes Lagos, pasa por la paz y la reconciliación. Tarea sin duda difícil, pero indispensable y posible. La búsqueda y esclarecimiento de la verdad, la justicia y la lucha contra toda impunidad, son el requisito ineludible para un futuro común de todos. Por eso, el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu es una buena noticia.
Iranzu Orbara14 de febrero de 2008
COMUNICADO DE LOS COMITÉS DE SOLIDARIDAD CON ÁFRICA NEGRA
El actual Presidente de Ruanda y su cúpula militar acusados de crímenes de genocidio
En febrero de 2005 un numeroso grupo de personas y organizaciones presentaron en la Audiencia Nacional española una querella criminal contra la cúpula militar de Ruanda. El juez ha
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dictado el pasado miércoles 6 de febrero una orden de arresto internacional contra 40 altos responsables de la cúpula políticomilitar de la Armée Patriotique Rwandaise / Front Patriotique Rwandais (APR/FPR) por su responsabilidad en crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y terrorismo, entre otros, cometidos en Ruanda y la República Democrática del Congo (antes Zaire) entre 1990 y 2002.
La querella fue presentada por varias organizaciones de derechos humanos tanto españolas como extranjeras lideradas por el Foro Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos. También la subscribían varias personalidades como Juan Carrero, Presidente de la Fundación S'Olivar de Mallorca y el premio Nóbel de la paz Adolfo Pérez Esquivel; la Federación de Comités de Solidaridad con África NegraUmoya; y un grupo de ayuntamientos y familiares ligados a 9 victimas españolas.
El juez de la Audiencia Nacional acusa a esta cúpula militar de genocidio y de haber fomentado el enfrentamiento étnico durante los años 90 entre las etnias hutu y tutsi a fin de hacer posible la toma del poder por parte de su líder Paul Kagame, actual Presidente del país, y de haber instaurado un régimen de terror. Efectivamente, en 1994, a raíz del derribo del avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, se desencadenó en todo el país un genocidio de hutu contra tutsi y hutu moderados, en el que murieron entre 800.000 y un millón de personas. Esta terrible matanza sirvió después como “tapadera” al nuevo gobierno tutsi de Paul Kagame para enmascarar un segundo genocidio de entre 4 y 5 millones de ruandeses hutu y congoleños, tanto en Ruanda como en el Este de la RDC, y que ha sido, hasta hoy, sistemáticamente silenciado.
El juez considera que hay indicios suficientes como para considerar la culpabilidad penal del Presidente Kagame, pero constata que no puede emitir una orden de arresto contra él por tener inmunidad diplomática debido a su estatus de Presidente.
Las organizaciones que llevamos años trabajando para que se conozca la verdad en la zona de los Grandes Lagos, consideramos que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional es un paso de enorme importancia para acabar con la impunidad en la zona y para alcanzar la paz en un área que ha sufrido más de cinco millones de muertos en los últimos diez años ante el silencio informativo. Igualmente nos congratulamos por la exposición pública de los autos, donde en sus 182 páginas se relatan de una forma muy pormenorizada los fundamentos de las condenas. Estos fundamentos, bien conocidos por las organizaciones de derechos humanos, han quedado sin embargo, siempre ocultos para el gran público, influido por las estrategias de desinformación creadas por ciertos poderes internacionales cómplices, los mismos que han gestado las guerras en el centro de África estos últimos años y cuyo único interés parece ser apropiarse de la fuente infinita de riquezas mineras del este del Congo más allá de la vida de las personas.
La Federación de Comités de Solidaridad con África NegraUmoya se alegra de este resultado, fruto del esfuerzo de muchas voluntades, y espera que sirva para forjar un futuro de paz en los Grandes Lagos. Así mismo esta sentencia judicial nos cuestiona cómo Naciones Unidas puede seguir manteniendo como uno de los mandos de los cascos azules en Sudán al general ruandés
Karake Karenzi, responsable, según la sentencia, de masacres de varios miles de personas.
¡Confiamos en que finalmente pueda empezar a surgir la verdad de los hechos!
Federación de Comités de Solidaridad con África NegraUmoya
RUANDA: MEMORIA SELECTIVA
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Estos primeros días de abril han sido jornadas de conmemoración en Ruanda. En la noche del 6 al 7 de abril de 1994, tras el asesinato del Presidente Habyarimana, comenzó la persecución implacable de opositores al régimen y el genocidio de los tutsi. Como todos los años, ha habido ceremonias y concentraciones de recuerdo de esta tragedia en los numerosos lugares donde el gobierno ha levantado Monumentos/Memoriale. Sin duda, una solemne ocasión para reiterar el NUNCA MÁS, como punto de partida indispensable para una reconciliación.
Sin embargo, la reconciliación entre ruandeses está muy lejos. Si llega, será cuando todos los ruandeses puedan enterrar y llorar a los suyos Hoy, sólo los tutsi tienen derecho al recuerdo y al duelo.
Será muy difícil que olvide el caso de uno de mis amigos, hutu él. Asistí a su boda con una de mis exalumnas, tutsi, que el 7 de abril de 1994 fue asesinada por miembros de la guardia presidencial junto a tres de sus cuatro hijos. Me encontré con él en uno de los campos de refugiados de la R.D.C. Le propuse ayudarle para que se exiliara. Se negó, porque ante todo debía enterrar dignamente a su mujer e hijos, cuyos cadáveres estaban en una fosa común que él conocía. Ha podido hacerlo. Ha cumplido con ese deber tan sentido por todos los africanos. Pero, ni su anciana madre ni él, pueden hacerlo con los cadáveres de sus dos hijos/hermanos asesinados, por ser hutu, por militares hoy en el poder. Es un caso más entre miles.
En años pasados, todas las semanas, los hutu, hombres y mujeres, chicos y grandes, han sido obligados por las autoridades a desenterrar de fosas comunes centenares de cadáveres, a limpiar y ordenar cráneos y huesos, para instalarlos en los Monumentos oficiales. Con ello se ha buscado una doble humillación y escarnio: por una parte, culpabilizar globalmente y públicamente a toda una etnia y, por otra, forzar a la población hutu a desenterrar restos, que luego engrosaban las estanterías de los monumentos a la memoria de los tutsi, a sabiendas de que en realidad los esqueletos pertenecían en muchos casos a familiares o vecinos hutu de la localidad.
¿Cómo negar el genocidio tutsi perpetrado del 6 de abril a julio de 1994 y no exigir justicia, castigo a los culpables y recuerdo/homenaje permanentes de tantas víctimas inocentes, cruelmente asesinadas a causa de su pertenencia étnica? Pero, ¿cómo negar las masacres indiscriminadas de hutu – otro genocidio perpetradas por el poder actual antes, durante y después de esas fechas y no reclamar también justicia y el recuerdo para ellas? Quienes, dentro y fuera de Ruanda, hemos denunciado tanto el genocidio de los tutsi como la implacable venganza de los vencedores, hemos sido tildados con frecuencia de “negacionistas” y “revisionistas”, como si participáramos en una indecente operación de lavado y no en el esclarecimiento de la verdad y en la búsqueda de la justicia. Quien, aunque tímida e “imprudentemente”, ha osado en alguna misa recordar y pedir una oración por todos sin exclusión, se ha visto forzado a hacer las maletas, acusado de promover la “ideología genocida”. Llorar por las víctimas hutu es un delito, porque ello significa desvelar el carácter asesino del poder actual.
Van pasando los años y las heridas lejos de cicatrizar sangran, aunque lo hagan en el silencio y la resignación. Las ceremonias que cada año se organizan en el mes abril, los discursos oficiales, lejos de representar un factor de reconciliación, se han convertido exclusivamente en una afirmación del poder aplastante del régimen. Este año, el presidente Paul Kagame, en una de las localidades más emblemáticas del extermino tutsi, Nyamata, no ha dudado en aprovechar la fecha para reafirmarse en su condición de libertador de Ruanda. Ha arremetido contra el juez español de la Audiencia Nacional Fernando Andreu por la “arrogancia” mostrada por éste al encausar a la cúpula militar ruandesa por los innumerables crímenes cometidos en Ruanda y en R.D. del Congo, entre ellos el de 9 españoles. La acción de la justicia española no sería sino un nuevo episodio del “colonialismo blanco” contra los africanos.
El nuevo Ruanda que los dirigentes actuales dicen estar construyendo se asienta en esta memoria selectiva y en una revisión de la historia reciente. Se parece demasiado al antiguo Ruanda en el que una minoría aristocrática imponía su poder sobre bienes y hombres, esto es, ejercía una violencia estructural, presentada sin embargo como armonía social. Los amigos de todos los ruandeses esperamos que la historia no se repita de nuevo en forma de tragedia.
Ramón Arozarena
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Nakupenda África 11.04.2008
RUANDA: RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA
El Ruanda que el FPR construye se basa en el monopolio del poder – político, económico, judicial – por una elite tutsi. No hay espacio para la disidencia, sólo para el miedo y la resignación. El crecimiento económico se traduce en el acaparamiento de la riqueza por unos pocos y en el empobrecimiento de los más. La discriminación y las desigualdades, sólo pueden ser semillas de violencias futuras.
UNA FALSA BUENA IMAGEN
El régimen ruandés goza de buena salud. A juzgar por la imagen que vende hacia el exterior, la paz, la reconciliación y el desarrollo representarían la imagen de la nueva Rwanda que renace después de la tragedia. En definitiva, un modelo a seguir. Es la conclusión que sacan no pocos visitantes. La capital, Kigali, es el gran escaparate .En plena expansión urbanística, han desaparecido los pobres, los niños de la calle, el mercado tradicional; también los vendedores ambulantes y sus improvisados tenderetes. Barriadas mugrientas dejan paso a bellas urbanizaciones y lujosas villas. Las flores son diligentemente regadas en las medianas y rotondas por personal municipal. A la noche, se “puede ir de copas”. Una limpieza y orden que contrastan con el bullicio, caos e inseguridad tan habituales en las ciudades africanas. Las cifras expresan
un crecimiento económico sostenido, gracias principalmente a ayudas del exterior que fluyen regular y generosamente. La
informatización de la administración se está generalizando. Se prevé la construcción de un nuevo aeropuerto en el Bugesera. Kigali se ha convertido en un lugar acogedor para convenciones interafricanas. El presidente Paul Kagame es recibido puntualmente por Bush, que en su adiós a la presidencia no ha dejado de viajar a Ruanda. El exprimer ministro británico Blair ejerce de consejero personal del presidente ruandés. ¿Será Ruanda un enclave asiático emergente en el centro de África? Se trata de una fachada tan hermosa como engañosa; la realidad política, económica y social es muy otra y contradice esta imagen.
EVOLUCIÓN POLÍTICA
Las instituciones políticas y administrativas se han estabilizado bajo el implacable control, militar y policial, de la cúpula tutsi del FPR,. Como afirma taxativamente Filip Reyntjens, profesor de la universidad de Amberes: “A medida que progresa la transición, los espacios de libertad se cierran, tanto en el ámbito político como en el de la sociedad civil y en lugar de evolucionar hacia la democracia, Rwanda ve cómo se consolida un régimen autoritario, incluso totalitario”. El poder no se asienta sobre una base social más o menos sólida sino sobre la fuerza y el temor. Las elecciones, presidenciales, legislativas y locales tuvieron un carácter meramente cosmético, y el régimen puede abordar el proceso electoral
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de 2008 con serenidad. Todo está bajo control.
La disidencia es erradicada de inmediato. No hay oposición visible, el foro de partidos, el Parlamento, el Senado, son cajas de resonancia de las consignas del FPR. La discrepancia conduce a la cárcel, al silencio o al exilio. Una tupida red de informadores cubre los rincones del país y nada pasa desapercibido al ojo y al oído de los servicios de información. El que osa expresar su crítica es acusado de defender una “ideología genocida y divisionista” y amenazado con ser llevado ante los tribunales. Es la espada de Damocles que pende permanentemente sobre las elites hutu. Ha sido el caso de numerosos dirigentes y colaboradores del propio FPR, a los que se les ha hecho ver que si dejan de ser útiles al régimen les espera la cárcel. No son pocos los que tras haber desempeñado importantísimas funciones en el gobierno han optado por el exilio, otros, han ”desaparecido” o han sido asesinados; otros, callan. Es evidente, sin embargo, que la resignación y el fatalismo ocultan un potencial de violencias futuras. El nuevo Ruanda se parece demasiado al antiguo, calificado de feudal, en el que una elite aristocrática ejercía una violencia estructural. “Bashaka kutugira ibikoresho” (“Nos quieren explotar como instrumentos”), concluyen algunos.
En este contexto, la labor de periodistas resulta ardua y peligrosa. Corresponsales de la BBC, de VOA y de RFI, han sido declarados “indeseables”; los directores de Umuseso, Umuvugizi, Rushyasshya, publicaciones independientes, son detenidos regularmente. Repoteros sin fronteras denunciaba en mayo “el clima cada vez más irrespirable que reina en Ruanda” y señalaba que “en ninguna parte en África se conoce un nivel tal de agresividad contra algunos periodistas”. Apenas quedan ya organizaciones de defensa de los derechos humanos; han
desaparecido o han sido infiltradas por el poder.
Existen, sin duda, tensiones y rivalidades en la cúpula del poder, que se han traducido en el alejamiento de algunos dirigentes, pero la firmeza del régimen se expresa implacablemente. Éste muestra también su perfil agresivo cuando recibe presiones del exterior para que “abra el espacio político” y dé pasos hacia un “diálogo interruandés”. Ante las acusaciones de los jueces Bruguière y Andreu contra el FPR de haber cometido crímenes contra la humanidad, Paul Kagame arremete contra las injerencias “neocolonialistas” y se presenta, él, un peón de británicos y americanos en Los Grandes Lagos, como líder herido en su dignidad de hombre africano. Es difícil diagnosticar si determinados alardes significan fortaleza o más bien debilidad.
ECONOMÍA Y SOCIEDAD
Aunque la economía ruandesa no ha alcanzado los niveles logrados en los primeros años 80, está creciendo. El espectacular crecimiento entre 19962001, tras el hundimiento producido por la guerra y el éxodo de millones de ruandeses, se ha reducido considerablemente y no alcanzará el 2,5%, cifra muy inferior a la prevista por los programas de reducción de la pobreza. A lo largo de estos años Ruanda ha recibido sustanciosas ayudas del exterior, que junto al saqueo de las riquezas mineras congoleñas han inyectado en la economía ruandesa importantes recursos. An Samsom, de la universidad de Amberes, se atreve a afirmar
que “es probable que el aporte de la ayuda extranjera y otros flujos financieros (provenientes del pillaje del Congo) sea, al menos parcialmente, el responsable de los resultados positivos de la economía en Ruanda”, para añadir que “la economía ruandesa sigue siendo extremadamente vulnerable y está confrontada a una combinación de factores estructurales
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problemáticos, como la sobrepoblación, la escasez de recursos, la gran dependencia de la agricultura de subsistencia y un limitado potencial de diversificación económica”. Por otra parte, un informe oficial admitía que: “Dado que el crecimiento económico en este periodo ha estado acompañado de una creciente desigualdad, éste ha reducido su impacto sobre la disminución de los niveles de pobreza”.
La realidad del crecimiento económico, visible en la capital, es también una fachada que no logra ocultar el empobrecimiento y miseria en medios rurales, habitados casi exclusivamente por hutu. Tras las cifras positivas se esconde el acaparamiento de la riqueza por una minoría. La gran mayoría de la población, formada sobre todo por campesinos, se ve excluida de este progreso y sus condiciones de vida se deterioran al ritmo con que crecen las fortunas de unos pocos. Ni siquiera la comunidad tutsi en su conjunto, si bien favorecida a la hora de obtener un puesto de trabajo o una plaza escolar, es la principal beneficiaria del desarrollo; también dentro de ella existen categorías.
Por otra parte, el gobierno en una especie de fiebre modernizadora – que Reyntjens califica de “ingeniería social” – impone medidas de muy difícil digestión social a la vez que discriminatorias: deben plantarse flores a la orilla de los caminos, cortar platanares, sembrar las alubias de este modo y no de otro, los cultivos deben hacerse en línea, se prohíben las bolsas de plástico, los escolares deben ir uniformados y calzados, el acceso a los centros de salud está vedado a los descalzos, los campesinos se ven obligados a vender sus productos a un mayorista designado etc…; en fin, como dice el profesor Guichaoua, se trata de decisiones tecnocráticas que “trastocan los últimos agarraderos del orden campesino”.
Es indudable que, al margen de otras consideraciones, el reparto tan desigual de la riqueza y la ruptura social consiguiente sólo pueden generar focos de futuras y graves tensiones.
JUSTICIA
Toda la máquina judicial ruandesa e internacional ha tratado de juzgar y condenar a los responsables del genocidio tutsi de 1994. El TPIR, instalado en Arusha (Tanzania) es el encargado de juzgar a los dirigentes hutu considerados máximos responsables del mismo. En el interior de Ruanda, se han organizado miles de tribunales populares, llamados Gacaca (sistema tradicional para dirimir conflictos entre vecinos y reconstruir la armonía social). Los Gacaca, recuperados en principio para conocer la verdad, hacer justicia y promover la reconciliación, se han convertido en instrumentos de control y amedrentamiento sociales. Según datos oficiales han comparecido ante ellos 818.564 hutu, acusados de haber participado en mayor o menor grado en el exterminio tutsi; muchos de ellos se han podrido previamente durante más de 10 años en la cárcel. Las condenas son severas y alcanzan con frecuencia los 25/30 años de prisión.
El pánico a ser convocado por el Gacaca de turno ha provocado la huida de miles de ruandeses; es el caso, entre tantos, de un excelente médico enterado de que se le iba a acusar de “atender mejor a los hutu que a los tutsi”. Ante estos tribunales sólo los testigos de cargo tienen la palabra y no hay
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posibilidad alguna de defensa; si un testigo de descargo se atreviera a intervenir arriesgaría ser acusado a su vez de cómplice. Al menos un miembro de cada una de las familias que viven en el ámbito de actuación del tribunal debe acudir como espectador a los juicios semanales. De lo contrario la familia es multada y considerada desafecta al régimen. Así que, todo el mundo asiste en silencio y es testigo de delaciones, de acusaciones con frecuencia falsas, de arreglos de cuentas, de sobornos a jueces y testigos; un excelente método para incubar resentimientos y odios, muy lejos de una búsqueda de la verdad, indispensable para la necesaria reconciliación. Diversas organizaciones de defensa de derechos humanos (AI, HRW) y Abogados Sin Fronteras han denunciado esta situación, en la que no hay garantías contra la arbitrariedad.
En el tema de la justicia hay, además, una cuestión insoslayable para que la verdad y reconciliación sean posibles: la impunidad de los crímenes cometidos por el FPR antes, durante y después del genocidio, tanto en Ruanda como en RDCongo, sobre los que ha existido un “convenio del silencio” generalizado. Todo parece indicar que la comunidad internacional, dominada por un sentimiento de culpa por no haber impedido el genocidio tutsi, hubiera otorgado al poder actual carta blanca, esto es, licencia para matar. Carla Del Ponte, fiscal general del TPIR, trató de cumplir el mandato del Consejo de Seguridad y perseguir judicialmente a responsables del FPR de masacres indiscriminadas. Fue apartada de su función por presiones de EE.UU. y Reino Unido. Ya antes, la fiscal Louise Arbour había congelado los informes incriminatorios. La percepción del ruandés medio es que los diversos tribunales dictan la justicia de los vencedores. De ahí que las iniciativas de los jueces Bruguière en Francia y Andreu en España de perseguir judicialmente a altos dirigentes militares del FPR hayan sido recibidas con enorme irritación por el régimen (Ruanda rompió las relaciones con Francia y Andreu ha sido acusado de “negacionista” y “arrogante”) y no menor satisfacción por muchos ruandeses y congoleños. Quizá la
verdad de la tragedia ruandesa – dos genocidios – empiece a abrirse camino. Sólo una vez desvelada será posible la difícil tarea de la reconciliación y reconstrucción material y moral de Ruanda.
Publicado en la Revista PUEBLOS nº 33Ramón Arozarena
Nakupenda Africa 11.05.2008
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