Violencia+e+Integración+Social

Observatorio Social

Violencia e integracin social 23

Av. de Mayo 1437, 4 G, (C1085ABE), Ciudad Autnoma de Buenos AiresRepblica ArgentinaTelfonos: (+54 11) 4384.6125 [email protected]://observatoriosocial.com.ar

DirectoresGabriela V. AgostoMiguel Paradela Di Riso

PropietarioAsociacin Civil Observatorio Social

EditoresSilvana PascucciVernica Bagnoli

ISSN 1667-586X

Docke diseo y comunicacin

Queda prohibida la reproduccintotal o parcial del contenido sinla previa autorizacin del editor. Las notas firmadas son responsabilidadde sus autores.

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Sumario #23

En la presente edicin de la Revista de Observatorio Social, nos proponemos reflexionar sobre un fenmeno complejo que se encuentra instalado en la agenda social y poltica actual: la violencia en las relaciones sociales, sus dimensiones, el sentimiento colectivo, los condicionamientos que inciden en la problemtica y, fundamentalmente, sus implicancias en materia de integracin social.

Para ello, hemos invitado a importantes expertos y reconocidos analistas, tanto nacionales como internacionales, a compartir sus ideas. Ellos nos convocan a pensar, desde diferentes enfoques y perspectivas, las variadas expresiones de la violencia y su injerencia en materia de integracin social, construccin de una cultura para la paz y educacin para la transformacin de conflictos.

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En primer lugar, VIRGINIA GAMBA -ase-sora del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires-, reflexiona sobre la violencia social y la necesidad de construir o reconstruir pro-cesos de integracin social, sobre todo en aquellos escenarios post conflicto o de transicin. En este sentido, presenta los casos de la Repblica Democrtica del Congo, Nigeria, Sudn, Rwanda, Burundi, Mozambique y Angola. Finalmente, la autora afirmar que contar con polticas transparentes, reglas de juego claras, y educacin para resolver conflictos y ganar tolerancia con justicia, son los instrumen-tos necesarios para llevar adelante la trans-formacin, el desarrollo y la democracia en paz.

Continuando en la misma lnea de an-lisis, ROXANA KREIMER docente de la Universidad de Buenos Aires-, reflexiona sobre la violencia social e inequidad, sos-teniendo que la violencia es el precio de la desigualdad e injusticia social. La autora argumenta que all donde predomina la inequidad, no hay justicia, y es difcil que haya paz. En este sentido, plantea que el llamado fenmeno de la inseguridad es propio de las sociedades democrticas, es decir, de contextos en donde se produce una brecha entre las expectativas y objeti-vos que genera la sociedad, y las posibilida-des reales de lograrlos. Al finalizar su art-culo, la autora enumera una serie de medi-das posibles que permitiran enfrentar el problema de la inseguridad, no desde sus consecuencias, sino a partir de sus causas.

Por su parte, NICOLS GARCETTE -Escuela de Economa de Paris- analiza la criminali-dad en la Argentina, abordando la temtica a partir de la utilizacin de los conceptos y los mtodos de la ciencia econmica. El autor, experto en economa del crimen, desarrolla la evolucin de la criminalidad en el pas desde el ao 1991 hasta la actua-lidad, resaltando sus factores explicativos y colocando particular nfasis en las varia-bles econmicas. El autor concluye que el delito contra la propiedad en Argentina parece haberse convertido durante la lti-ma dcada en un mecanismo de redistribu-cin progresivo que, si bien no se traduce en una modificacin de la distribucin del ingreso a nivel del pas o de cada provincia, no obstante permiti a una parte de los argentinos suavizar el empobrecimiento que sufrieron.

Desde Brasil, REBECA PREZ -coordinadora del proyecto Jvenes en Violencia Armada Organizada Internacional de Viva Ro, Brasil- lleva a cabo un diagnstico sobre los problemas vinculados a la violencia armada en la regin de Amrica Latina y las estra-tegias de la organizacin brasilea Viva Ro para enfrentar y reducir los niveles de vio-lencia, en contextos urbanos, especialmen-te en el caso carioca. La autora desarrolla la experiencia y competencia que ha adqui-rido Viva Ro a lo largo de los aos, la cual combina la familiaridad con los contextos afectados por la pobreza y la violencia armada, con la gestin del conocimiento a partir de investigaciones en el terreno y la formulacin de polticas pblicas adecua-das a la situacin de los pases de la regin.

Desde Colombia, JUAN JAIRO GARCA GONZLEZ -director de Fomento Cultural del Politcnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid- analiza el conflicto armado colombiano. En este sentido, el autor sos-tiene que dicho conflicto demanda una lectura transversal que involucre intereses polticos, econmicos, militares y de territo-rialidad, dado que junto con los propsitos de los grupos armados, florecen grandes negocios donde participan, con diferentes niveles de responsabilidad, comerciantes ambiciosos, militares corruptos y polticos inescrupulosos, dejando una secuela de dolor y muerte que pone a tambalear cada vez ms la institucionalidad del pas; difcil situacin que slo es posible modificar con un espritu renovador de las costumbres polticas colombianas.

Finalmente, FABIO ALONSO MEZA RAMREZ -coordinador de Proyectos de la Fundacin Servicio Colombiano de Desarrollo Social, SERCOLDES- analiza el escenario colombia-no, considerando fundamental la construc-cin de una cultura por la paz y la impor-tancia de la educacin para la transforma-cin de conflictos. Sostiene que desde los aos noventa ante el recrudecimiento del conflicto armado, emerge como necesidad colectiva urgente, la construccin de una cultura de paz con justicia social. En este sentido, al autor desarrolla la experiencia y trayectoria de la Fundacin SERCOLES a travs de sus iniciativas y programas estra-tgicos en diferentes regiones del pas, as como los logros alcanzados en favor de una cultura por la paz y la no violencia.

Queremos dedicar este nmero a todos los que trabajan da a da por una comunidad en paz y prosperidad.

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4Reflexiones sobre la violencia social

Virginia Gamba

A fines del siglo pasado, al culminar la guerra fra y consolidarse los procesos de democratizacin a nivel global, el estudio de la violencia social y la necesidad de regenerar o generar integracin se convirti en eje fundamental para el manejo de procesos de transicin. Procesos de reconstruccin post conflicto, de democra-tizacin luego de gobiernos autoritarios, y aquellos causados por la transformacin de sistemas generados por la independencia o la desintegracin de federaciones, todos centraron la atencin del analista internacional y de las agencias internacionales de desarro-llo y reconstruccin. As, se not casi inmediatamente que una vez que se detenan los conflictos calientes, se estableca la democracia o se iniciaba el gobierno independiente, aumentaba el crimen y la violencia interpersonal.

VIRGINIA GAMBA es asesora del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), presidente de la Fundacin Surpaz (Argentina) y co-directora de Armiger PTY Ltd (Sudfrica). Es especialista en temas de seguridad pblica y defensa. [email protected]

En muchos casos, el nivel de violencia social aumentaba en cambio de reducirse, pero en todos los casos el crimen y la sen-sacin de ser vctima de crmenes cada vez ms violentos tambin se apoderaba del imaginario colectivo. En aquellas regiones del mundo donde las naciones haban sido forzadas a interactuar bajo la gida de un mismo estado, se incremento la violencia y la intolerancia a la convivencia entre grupos raciales, religiosos o tnicos generando geno-cidios, como sucede por ejemplo en la Repblica Democrtica del Congo, Nigeria o en Sudn. En otros pa-ses donde estos mismos grupos se haban mantenido artificialmente separados, como por ejemplo en Sudfrica, la bsqueda de consenso

se manifest como solucin a la construccin de un futuro comn abandonando la bsqueda de indi-vidualidades; de ah el concepto de pas arco iris propiciado por el esta-dista Nelson Mandela en 1995.

El tema del incremento del cri-men en regiones en transformacin luego de una transicin o de una guerra era ms sencillo de explicar que los ejemplos de violencia social inter e intra grupal. Las transiciones son momentos vulnerables donde una forma de ley y orden es reem-plazada por otra generando opor-tunidades para el crimen comn y el crimen organizado nacional y transnacional. Asimismo, casi todos los casos de transicin vienen acompaados por un relajamiento o una incapacidad de vigilancia

propiciando la corrupcin y los ilci-tos. En situaciones de post guerra la sociedad tambin enfrenta la abun-dancia de armas que, no teniendo ya objetivo poltico, adquieren un valor econmico especifico sea para su venta ilegal o bien para su uso ilegal en momentos en que el estado emergente adolece de los medios para su control y reduccin. La inse-guridad propia de una transicin hace que los individuos intenten la auto proteccin, no confiando en los estamentos oficiales para defender su propiedad, su vida o sus intere-ses. Finalmente, incluso en casos benignos de transicin pacfica, el crimen parece aumentar porque la gente tiene menos miedo de infor-mar sobre delitos, o porque las esta-dsticas se replantean desde ndices

5Reflexiones sobre la violencia social

diferentes a los planteados en las polticas de estado del pasado. La manipulacin poltica de la insegu-ridad, posible en un pas democr-tico emergente, tambin alimenta este fenmeno.

La violencia social es un fen-meno largamente estudiado porque es comn a la conducta humana, como todas las variaciones de vio-lencia. Tradicionalmente la violen-cia social se asocia con la compe-tencia por escasez de recursos pero, aunque este elemento permanece como uno de los factores que gene-ran violencia social, otros factores de igual o mayor importancia han sido identificados. As, hacer frente al stress cultural que lleva a la des-estabilizacin social y reflexionar sobre la inhabilidad de la sociedad en resolver conflictos son dos fac-tores que hoy se consideran de ms relevancia en la reconstruccin o la construccin de procesos de integra-cin social. Estos tres factores que parecen tan sencillos contienen la frmula a aplicar en la disuasin y manejo de fenmenos de violencia social.

Contrariamente a lo que suele indicarse, la competencia por recur-sos no siempre es la razn de la tensin y violencia social. En socie-dades desarrolladas y con un alto ndice de asistencia social provista por el estado as como de educacin y salud, la violencia social ocurre en igual o mayor grado que en otras sociedades. Irlanda del Norte y la ex Yugoslavia son ejemplos claros de este fenmeno. En pases pobres, empobrecidos o faltos de desarrollo, la competencia por recursos no se refiere solamente a economa y sub-sistencia sino tambin a la burocra-cia y al poder.

En pases con recursos e infra-estructura, la apertura que ocurre con la transformacin de gobiernos y regmenes, muchas veces atrae una gran cantidad de migraciones internas y externas, desde lo rural a lo urbano y desde pases empobre-cidos a otros que parecen ser ms pujantes. Esto comienza a gene-rar un stress cultural que puede originar violencia social. El refu-giado socioeconmico que busca alternativas que su propio pas no ofrece, incrementa la tensin entre las sociedades en transicin. La xenofobia emergente en Europa

ante el alto ndice de inmigrantes africanos o musulmanes en esa regin, es comparable a la xeno-fobia emergente entre las clases medias y bajas sudafricanas frente a la inmigracin pobre proveniente de Mozambique o Zimbabwe. En Argentina, la diferenciacin entre los pueblos vulnerables y emergen-tes de las villas, con las nacionali-dades que se manifiestan de Per, Bolivia o Paraguay, por ejemplo, son seales de intolerancia creciente.

Lo que es importante destacar en todos estos casos es que si bien Europa puede considerarse un espacio desarrollado y prspero, la dinmica en la bsqueda de una cultura europea integrada por sobre las culturales nacionales propias de la regin de Europa, est en plena transicin por lo que hace a una mayor vulnerabilidad en la identifi-cacin del nosotros y ellos. Algo, que en EEUU, Canad o Australia no es un problema ya que son pases de inmigrantes. En Argentina no tendra que existir intolerancia por ser tambin pas de inmigrantes y, sin embargo, se esta empezando a notar en la manera en que las clases medias y bajas argentinas conside-ran el fenmeno de las villas aso-cindolo a culturas forneas. Estos son buenos ejemplos para entender el factor de stress cultural que lleva a la desestabilizacin afectando particularmente a los estados y naciones vulnerables por encontrar-se en situaciones post conflicto o de transicin. Finalmente, es posible ver diferencias profundas entre grupos sociales que histricamente han manejado sus propios procesos de resolucin de conflicto y los que dependan del estado para resolver los mismos. Es muy interesante, por ejemplo, remarcar que la intole-rancia tnica en Rwanda y Burundi gener uno de los peores genocidios del Siglo XX y, sin embargo, carac-tersticas parecidas en Angola no propiciaron matanzas entre grupos sociales diferentes. La recuperacin de post guerra de Mozambique ha sido ms pacfica que la ocurrida en la mayora de los pases africanos luego de un conflicto violento. Se piensa que ello est dado en las his-tricas costumbres de los pueblos rurales de Mozambique y Angola de efectuar sus propias formas de reconciliacin y justicia buscando

la reintegracin social de grupos armados desmovilizados a pesar de que muchos de esos mismos gru-pos haban cometido atrocidades contra los vecinos del pueblo. Es curioso notar como en El Salvador y Guatemala pasa lo contrario: las familias del exilio de las guerras, al volver al pas durante la paz, traen consigo costumbres aprendidas en el exilio que se propagan a ms velocidad entre los jvenes que no encuentran races en su lugar de origen. Las guerras del fenmeno de clanes de jvenes violentos en esos pases llevan a las guerras callejeras de una violencia inusitada entre jvenes.

Finalmente, vale la pena reflexionar sobre la intolerancia y la ira, ambas frmulas que tienen que ver con valores culturales por una parte, y con frustraciones cons-tantes por la otra. En muchos pases se nota el incremento en niveles de intolerancia y de ira en la suba de estadsticas de violencia domstica, abuso de menores, rias callejeras y deportivas, y accidentes de trfi-co. Al analizar estas situaciones es importante identificar temprana-mente el factor de frustracin colec-tiva y personal detrs de las mismas para atacar el problema lo antes posible.

En conclusin, para hacer frente a la violencia social, disua-dirla y reducir su incidencia, los gobiernos deben estar alertas. Es importante educar a la ciuda-dana en frmulas de resolucin pacfica de conflictos interperso-nales, as como proveer capacidad para absorber o tolerar culturas diferentes. Por lo mismo, es impor-tante reconocer el stress cultu-ral y la frustracin antes que stas desestabilicen a la sociedad. Polticas transparentes, donde las reglas de juego estn claras y la impunidad no se tolere, comunica-cin constante entre la sociedad y los gobernantes, y educacin para resolver conflictos y ganar tolerancia con justicia, son los instrumentos necesarios para lle-var adelante la transformacin, el desarrollo y la democracia en paz. ?

6Violencia social e inequidad: anlisis y propuestas

Roxana Kreimer

Ms de cincuenta estudios sealan que la violencia es ms comn en sociedades en las que hay mayor inequidad*, es decir, all donde hay mayor desigualdad de ingresos y, por tanto, de posibilidades de desarrollo social. Desigualdad y desventajas comparativas resul-tan clave para entender el concepto de inequidad. En los estudios sealados la llamada inseguridad correlaciona mucho ms con la inequidad que con la pobreza, el desempleo, el PBI por cpita, el consumo de energa por cpita y la participacin en los niveles medios de la educacin.

La inequidad es el factor que ms correlaciona con los ase-sinatos y los delitos contra la propiedad privada. El trabajo citado de Pablo Fanjnzylber, que incluye tasas de Latinoamrica y de muchos otros pases, se propuso identificar los determinantes de las tasas de criminalidad a travs de los pases y del tiempo y coincide con el de Daly, Wilson y Vasdev1, en el que se atribuye a la inequidad el 50% de los asesinatos y delitos contra la propie-dad privada. La desigualdad (medi-da a travs del coeficiente Gini) correlaciona con el homicidio en 50 Estados de EEUU y en 125 ciudades del mismo pas. El coeficiente Gini es un nmero entre 0 y 1 (a veces se

* Fanjnzylber, Pablo, Daniel Lederman, y Norman Loayza Determinants of Crime Rates in Latin America and the World: An Empirical Assessment. Disponible en World Bank (www.worldbank.org/laccrime).1. Daly, Wilson, & Vasdev, Income Inequality and Homicide rates in Canada and the United States, Canadian Journal of Criminology, Canada, abril 2001.

expresa en porcentaje, multiplican-do el coeficiente por cien, y se deno-mina ndice Gini) en el que el cero se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y el uno con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingre-sos y todos los dems ninguno).

Cambios temporales en el ndice Gini predicen cambios en las tasas de homicidio. Fleisher2 fue pio-nero en la visin que tom en cuen-ta el papel que juega el ingreso en la cantidad de crmenes y delitos. En 1960 este autor observ que a medi-da que suban los ingresos bajaban las tasas de crmenes y robos come-tidos por hombres jvenes. Tambin encontr que la inequidad (es decir, la desigual distribucin de la rique-za) jugaba un papel importante en relacin a la violencia social. En

2. Fleisher, Belton M. The Effect of Income on De-linquency. American Economic Review 56, 1966: pp. 11837.

1973 Erlinch3 sigui en esta ltima lnea y comprob que influan las oportunidades brindadas por las potenciales vctimas. En este estu-dio se plante la hiptesis de que la inequidad sera la principal causa de la delincuencia en virtud del llama-do efecto envidia, que encuentro ms apropiado denominar justa indignacin, en virtud de la imposi-bilidad de cumplir con los fines que una sociedad democrtica propone para el ciudadano medio, sumado a la disponibilidad de personas con recursos econmicos a las que es posible robar (cuando la mayora es pobre, hay menos ocasin de que un robo resulte lucrativo). Ambos auto-res vieron que la tasa de desocupa-cin tena menos incidencia en el delito que el nivel de ingresos y la distribucin del ingreso.

3. Ehrlinch, Isaac. Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation. Journal of Political Economy 81, 1973, pp. 52165.

ROXANA KREIMER es Lic. en Filosofa y Doctora en Ciencias Sociales (ambos por la Universidad de Buenos Aires). Fue becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Cientficas y Tcnicas de la Argentina (CONICET), docente de la Universidad de Buenos Aires, y ha brindado cursos y conferen-cias en diversas universidades argentinas y extranjeras. [email protected]


Cuanto ms elevado es el ndi-ce Gini, es decir cuanto mayor es la desigualdad, mayor suele ser la tasa de homicidios y, en general, mayores son los niveles de violencia en una sociedad. En la mayora de los estudios se prefiere tomar como referencia la tasa de homicidios y no la de robos porque se reportan ms los homicidios y, por tanto, se la considera una tasa ms fiable.

Tomemos los datos de algunos pases con bajos ndices de desigual-dad. El ndice Gini de Finlandia del 2004 fue de 0,25, y su tasa de homi-cidios de 2,75 cada 100.000 habitan-tes. El Gini de Suiza fue de 0,33 y la tasa de homicidios de 2,94. El Gini de Alemania fue de 0,30 y la tasa de homicidios del 0,98. Veamos ahora los ndices de pases con mayor inseguridad. El Salvador tuvo ese mismo ao un Gini de 0,53 y una tasa endmica de 43, 4 homicidios cada 100.000 habitantes. Venezuela tuvo un Gini de 0,49 y una tasa de homicidios de 34 cada 100.000 habitantes. Paraguay tuvo un Gini de 0,57 y una tasa de 18 homicidios cada 100.000 habitantes. A mayor desigualdad social, mayor violencia. Argentina tuvo ese ao un Gini de 0,51 y una tasa de homicidios de 6, 8. Estados Unidos un Gini de 0,40 y una tasa de homicidios de 5, 5. 4

Como vemos, la violencia es el precio de la desigualdad social. Y lo es en contextos democrticos, es decir, all donde la sociedad propug-na el ideal de que todos mediante su esfuerzo y su talento podran tener las mismas posibilidades de ascenso social, sin que muchos de sus miem-bros encuentren un mbito propi-cio para lograrlo. Esta situacin se agrava an ms si han mejorado su situacin durante un tiempo y una crisis econmica les quita lo poco que poseen (pauperizacin).

Se roba para alzarse con un buen botn, para participar de una aventura (como seala Daniel Miguens en su libro Los pibes cho-rros, donde se describe cmo jve-nes que no estudian ni trabajan aprenden a robar contactndose con otros jvenes en la calle 5) y se roba por justa indignacin, en virtud de que todos los das esos jvenes ven

4. United Nations Human Development Report.5. Miguens, Daniel, Los pibes chorros, estigma y mar-ginacin Buenos Aires, Capital Intelectual, 2004.

desfilar ante sus ojos la vida que la sociedad les dice que podran tener pero que esa misma sociedad les niega. Es en este sentido que puede sostenerse que el llamado fenme-no de la inseguridad es propio de las sociedades democrticas, es decir, de contextos en donde se produce una brecha entre las expec-tativas y objetivos que genera la sociedad y las posibilidades reales de lograrlos.

En contextos tradicionalmente pobres, la miseria no genera delitos, ya que no hay una gran distancia entre lo que una persona desea y lo que posee. No podran aspirar a otra forma de vida porque no la conocen, o por tratarse de sociedades jerr-quicas en donde no se plantean las mismas posibilidades (ideales) para todos los ciudadanos. En una socie-dad estamentaria, no se ambicionan horizontes correspondientes a otras jerarquas sociales. En la India con-viven sectores privilegiados junto a otros que pasan privaciones, pero la cultura no propone las mismas metas para todos estos grupos. En la Argentina y en muchos otros pases occidentales, en cambio, se postu-lan metas comunes de consumo y bienestar, mientras que grupos sociales con crecientes restricciones no tienen ni mnimamente la oca-sin de alcanzar esas metas. Como se seal anteriormente, esto es ms grave si la situacin econmica hace que pierdan lo poco que logra-ron reunir. Si no pueden obtener lo que la sociedad les propone por una va tradicional, podra volverse tentadora la posibilidad de obte-nerlo mediante la transgresin. Es significativo que sea muy comn el arrebato de zapatillas de marca cuyo precio representa entre un ter-cio y un cincuenta por ciento de un sueldo mnimo. No se trata de acce-der simplemente a un calzado, sino a un sofisticado objeto de consumo que la publicidad insta cotidiana-mente a adquirir.

India es un pas que entre el 2004 y el 2006 tuvo un 27,6% de su poblacin por debajo de la lnea de pobreza. Sus tasas de delito son bajas, as como sus niveles de inequidad (el ndice Gini es relativa-mente bajo, 0,36 en el 2004, aunque ha crecido algo ltimamente). El elemento religioso no puede ser sos-layado, ya que explica en parte las

...el llamado fenmeno de la inseguridad es propio de las sociedades democrticas, es decir, de contextos en donde se produce una brecha entre las expectativas y objetivos que genera la sociedad y las posibilidades reales de lograrlos.

8bajas tasas de delitos, pero tambin juega un papel importante el hecho de que la sociedad no proponga las mismas metas para todos sus ciuda-danos.

La desigualdad vuelve mucho ms probable la violencia social, es el factor que ms correlaciona con el delito, pero hay otras variables que inciden en menor proporcin. De otra manera cometeramos el error de afirmar que todos los pobres son delincuentes. La relacin entre el desempleo y el delito no es directa. Para que se produzca una escalada de violencia social es necesario que se haya producido una socializacin conflictiva en relacin a los valo-res de la honestidad, el trabajo y la familia, que dejan de ordenar la vida de las personas. Como seala Daniel Miguens 6, el desempleo pro-duce un clima anmico y una pr-dida de las rutinas que estructuran la existencia. En nuestra sociedad el trabajo otorga identidad a las perso-nas, las integra socialmente, organi-za su vida en etapas (cuando prime-ro se estudia) y su cotidianeidad en rutinas. La falta de normas implica con frecuencia una prdida de los estmulos que organizan la vida de las personas, la disolucin de los lazos de contencin y la prdida del sentido que se le da a la vida, vincu-lado con la posibilidad de generar proyectos a largo plazo. Por qu el que roba arriesga su vida? No teme ir a la crcel? Estudios como el de Miguens demuestran que en la evaluacin de los costos y los bene-ficios de su accin, el que comienza a robar por lo general siente que no tiene mucho para perder, ni en lo econmico ni en lo que atae al sen-tido general de su vida.

El desempleo permanente o la falta de estabilidad laboral contri-buyen a que se pierda progresiva-mente la capacidad de transmitir a las nuevas generaciones valores vinculados con el trabajo, la educa-cin y la familia. Durante la dcada del noventa, en la Argentina el salario de los sectores de baja califi-cacin disminuy en un 40%. Pocos aos despus, ms de la mitad de la poblacin cay por debajo de la lnea de pobreza. Los jvenes que hoy delinquen crecieron en la dca-da del noventa y no conocieron el

6. Miguens, Daniel, Ibid. pp. 44

modelo de estabilidad laboral de las generaciones anteriores ni la dignidad personal que esto conlle-vaba para sus abuelos, encarnada en la mxima Del trabajo a casa y de casa al trabajo, que defini a los sectores populares durante dcadas. En este mbito el varn dej de ser el principal proveedor econmico del hogar y fue sustituido en esa tarea por mujeres y nios. La mayo-ra de los jvenes que delinquen nacieron en familias monoparenta-les, vivieron privaciones en la infan-cia, mientras observaban el ascenso de otros grupos sociales. Tal como testimonia Miguens, para los margi-nados y los desempleados, el grupo de pares en la calle se constituye como un espacio de referencia. En muchos de estos grupos la violencia se convierte en (1) una fuente de ingresos alternativa, (2) una accin aventurera y una expresin de cora-je y de fuerza fsica y (3) un canal de resentimiento.

En el siguiente testimonio se observa cmo la violencia a menu-do est relacionada con la falta de acceso a formas de consumo bsicas: Estbamos solos, con mis hermanitos y con mi vieja en la casa, era el cumpleaos de mi vieja y no tenamos nada para festejar. Ni una torta ni nada. Y yo le dije a mi vieja Quedate tranquila que hoy vamos a festejar. Tena bronca, mi vieja laburaba y haba labura-do toda la vida y ni el cumpleaos poda festejar. Y sal esa noche mi vieja tuvo cumpleaos con todos los vecinos, s o s. 7 El conjunto de rap Fuerte Apache, cuyos integrantes pertenecen a la villa que da nom-bre al grupo, escribi en una de las estrofas de su tema El mundo al revs: Nos marginan a todos / a nadie le importamos / slo nos nombran / cuando mal actuamos / cuando nos drogamos / robamos o matamos / En mi barrio se tendran que formar profesionales / en lugar de que los chicos sean criminales. Significativamente no se habla de inseguridad cuando se hace refe-rencia a la situacin que viven quie-nes son vctimas de la exclusin. Se los considera un peligro, en lugar de subrayar que estn en peligro.

Es importante tener en cuenta que las personas en situacin de

7. Ibid., pp.52

la profundizacin de la democracia y de la justicia social, incluyendo la igualdad real y la lucha contra la discriminacin por motivos de gnero, podr contribuir al real cumplimiento de todos los Objetivos del Milenio, en tanto la igualdad entre los gneros y el empoderamiento de la mujer resultan una precondicin para todos los dems.


pobreza tambin son vctimas de robos y arrebatos. Dcadas atrs era comn que en las villas los vecinos dejaran su ropa colgada en la calle, o que sus gallinas circularan por los pasillos comunes. Hoy estos hbitos han desaparecido por la frecuencia de los hurtos.

Algunas medidas que pueden contribuir a resolver el problema de la inseguridad:

Sera deseable articular polti-cas pblicas destinadas a resolver el problema a partir de la evidencia cientfica y no de la mera opinin. Es decir, apuntando a la problem-tica que, como se ha sealado, es la que ms correlaciona con la inse-guridad: la desigual distribucin de ingresos y de oportunidades. A continuacin, enumero algunas medidas que permitiran enfrentar el problema a partir de sus causas y no de sus consecuencias.

Ingreso bsico ciudada-no (o Renta Bsica Universal): Otorgamiento de un ingreso bsico a todo ciudadano, independiente-mente de su posicin econmica, promulgado mediante una ley nacional y equivalente a un con-junto de bienes y servicios prima-rios que permitan garantizar la vida, para evitar que la inflacin disminuya su poder adquisitivo. La medida ha sido adoptada, con diversos matices, en lugares tan dismiles como Alaska, Brasil, Canad, Holanda y Sudfrica.8 Un lema posible para la instauracin de esta medida: Tolerancia cero a la indigencia, o Tolerancia cero a la pobreza.

Becas en el rea educativa y de capacitacin: Si los padres no pueden hacerse cargo de solventar la subsistencia de sus hijos mien-tras cursan la escuela primaria, el colegio secundario o la universidad, el Estado garantizara los gastos de subsistencia y de estudio (este sis-tema se aplica desde hace muchos aos en Alemania. Si los padres no pueden solventar los gastos corres-pondientes a todos los niveles de la educacin formal -primaria, secun-daria y universidad- de sus hijos, el Estado se hace cargo). El monto de las becas tambin debera ser equi-

8. Erik Olin Wright (Editor), Repensando la distribu-cin, Ideas, Bogot, 2008

valente a un conjunto de bienes y servicios bsicos, para evitar que la inflacin disminuya su poder adqui-sitivo.

Colegio secundario obligato-rio, con salida laboral y educacin para la vida: Se garantizara la obligatoriedad del colegio secunda-rio, que capacitara para un oficio y ofrecera a travs de las materias filosofa, psicologa y sociologa una preparacin prctica para la vida (por ejemplo, entrenamiento para la gestin de conflictos, herramientas para el dilogo no violento, desarro-llo de la asertividad, para defender los propios derechos sin lesionar los derechos de los dems). En Canad el ingreso ciudadano es percibido por todos los nios: los padres estn obligados a garantizar que sus hijos cumplan con los planes sanitarios de prevencin y que completen los niveles primario y secundario del ciclo de educacin formal.

Capacitacin laboral para jvenes en situacin de vulne-rabilidad: Cursos y capacitacin para oficios con salida laboral. Esta institucin debera desarrollar una accin coordinada con la que men-cionamos a continuacin:

Instituto para la asignacin de empleos: Destinado a mediar en la asignacin de puestos de trabajo en el mbito pblico y privado. Se dara prioridad a las personas en situacin de vulnerabilidad y se garantizara que los habitantes de las villas no sean discriminados por el lugar en el que viven cuando soli-citan un empleo. Operara con fon-dos pblicos pero de manera aut-noma, como una universidad. Su direccin sera rotativa: alternaran integrantes del Directorio, confor-mado de manera proporcional por representantes de todos los partidos polticos.

Microcrditos para la forma-cin de cooperativas: Pequeos prstamos y/o subsidios concedidos a personas en situacin de pobreza que no pueden solicitar un prsta-mo bancario tradicional. Por el xito de este emprendimiento le fue otor-gado al banquero y economista de Bangladesh Dr. Muhammad Yunus el Premio Nobel de la Paz en virtud de "sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y econmico desde abajo".

Redes que contribuyan a la integracin social: Personas o instituciones que puedan atender a las necesidades concretas de los habitantes de cada barrio, brindar ayuda a las madres que cran solas a sus hijos, por ejemplo, para que sus hijos no abandonen el colegio, ofreciendo facilidades de todo tipo a la familia y a los alumnos para que se reintegren a la institucin. Se combinara el trabajo de la escuela con el de las instituciones vecinales (salas mdicas, secretaras de bien-estar y municipales). Se crearan clubes y asociaciones vecinales que puedan suscitar nuevos intereses en nios y jvenes, y que eviten el tiempo en que la calle se convierte en una escuela para el delito.

Reintegracin del que delinque a la sociedad: Crceles y centros de detencin de menores que capaci-ten para el mundo del trabajo, que ofrezcan una reeducacin para la vida y que garanticen la obtencin (y permanencia) de un trabajo con un sueldo digno. Se crearan organi-zaciones eficaces que monitoreen la reinsercin laboral de los presos que salen de la crcel y de los menores que salen de los institutos, y que tambin monitoreen y garanticen la insercin educativa y laboral de quienes han delinquido una sola vez y han salido en libertad. En Costa Rica se han obtenido muy buenos resultados en los procesos de reinsercin.9 Los presos cuen-tan con garantas fundamentales tuteladas por la Constitucin, por ejemplo, el derecho a estudiar y trabajar: el 33% estudian (el Sistema Penitenciario est obligado a alfa-betizarlos y a ofrecer escuela pri-maria, secundaria y universidad para quienes lo deseen). El 70% de la poblacin carcelaria trabaja en tareas de abastecimiento del propio penal, o en oficios como ebanistera (son los principales proveedores de pupitres para el Ministerio de Educacin). Tienen un sistema de telefona pblica, derecho a la salud y a la plena informacin sobre lo que sucede en el pas y en el mundo. El 99% de los presos est ocupado y no hubo ningn motn interno en los ltimos 18 aos.

9. Kliksberg, Bernardo, y Sen, Amartya, Primero la gente, Barcelona, Ediciones Deusto, 2007, pp.247

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Limitar la acumulacin de la riqueza: Dado que, como se ha sealado, la principal causa de la inseguridad no es la pobreza sino la desigualdad de ingresos y oportuni-dades, no se solucionar de manera eficaz el problema de la inseguridad ni se lograr la justicia social plena si al mismo tiempo no se limita la acumulacin de la riqueza. Entre las mltiples medidas destinadas a lograr este objetivo, que no sern detalladas aqu por falta de espacio, cabe destacar la necesidad de poner un lmite al derecho de sucesin, un resabio medieval en virtud de que el mundo moderno plantea el ideal de que cada uno ocupe en la sociedad el lugar que le asignen su esfuerzo y su mrito y no sus privilegios de nacimiento. Una posibilidad sera la de limitar el derecho de sucesin a una o dos viviendas para los hijos de los actuales propietarios (una en el lugar de residencia permanente y una en la playa 10), implementan-do este cambio para la generacin siguiente, en forma anloga a la implementacin que tuvo lugar durante el siglo XIX en las nuevas naciones americanas y en Espaa del principio jurdico de libertad de vientres, que condujo a la abolicin de la esclavitud otorgando la liber-tad a los hijos nacidos de esclavas. Este procedimiento gradual permiti-ra amortiguar la resistencia al dero-gamiento de este privilegio ances-tral que casi nadie cuestiona y que mina el proclamado ideal moderno de igualdad de oportunidades. Limitar la acumulacin de la riqueza tambin supondra limitar el nme-ro de propiedades que puede poseer un ciudadano. Mientras que el alza del valor de las propiedades vuelve cada vez ms remota la posibilidad de que los sectores econmicamente ms desfavorecidos accedan a una vivienda propia, en la Argentina es legal que un solo ciudadano posea varias decenas de propiedades, o ms. Dado que a falta de un sistema previsional eficaz, muchas personas viven en su vejez con el alquiler de las propiedades que han comprado con su trabajo, se podra estudiar la posibilidad de limitar la posesin de

10. Estas medidas fueron adoptadas en Cuba. Pueden criticarse con justicia muchas polticas autoritarias de la isla pero, al igual que, por ejemplo, su plan de alfabetizacin, la limitacin de derecho de sucesin ha sido un paso decisivo para las conquistas sociales en favor de la equidad.

propiedades, por ejemplo, al equi-valente al valor en alquileres de la jubilacin percibida por los funcio-narios pblicos de ms alto rango. Estas medidas deberan ser com-plementadas con polticas efectivas de asignacin de tierras (algo que sobra en nuestro pas) y viviendas. Tambin deberan estudiarse otras medidas destinadas a poner lmi-te a la acumulacin de la riqueza (lmite para los depsitos bancarios, desarrollo de un sistema fiscal en el que los que ms aporten sean ver-daderamente los que ms tienen, etc.). Esto implicara, por ejemplo, promover formas cooperativas de organizacin empresarial en con-traste con la formacin de empresas capitalistas, en las que se posibilita una apropiacin del excedente del producto del trabajo. El concepto de recursos humanos presupone que un ser humano es una cosa entre las cosas, que as como se compran maquinaria e insumos es legtimo contratar empleados para poner a funcionar una empresa. El empresa-rio que aporta capital ayuda al ofre-cer trabajo, pero no ayuda al apro-piarse del excedente que genera lo producido por el trabajador.

Accin policial: La represin es el mtodo menos eficaz para enfren-tar el problema del delito. Mediante la llamada poltica de Mano dura se corre el riesgo de criminalizar la pobreza, es decir, de considerar sospechosas a todas las personas en situacin de pobreza y a quienes posean rasgos tnicos de grupos que habitualmente son discriminados. Es falso que durante la intendencia de Rudolph Giuliani en Nueva York la poltica de Tolerancia cero haya resultado efectiva: durante los aos en que Giuliani fue intendente el ndice de desocupacin baj en esa ciudad. Es el descenso de la desocu-pacin el que explica la baja en la tasa de criminalidad durante esos aos en que aumentaron a gran escala los gastos de la polica y las denuncias por discriminacin y abusos, y se deterioraron las rela-ciones entre las comunidades afro-americanas y latinas con la polica. Menos conocido fueron los casos de San Diego y Boston, que entre 1993 y el 2001 redujeron la tasa de homicidios en un 62% en el caso de San Diego y en un 25% en el caso de Boston. Se tendieron lazos entre

La represin es el mtodo menos eficaz para enfrentar el problema del delito. Mediante la llamada poltica de Mano dura se corre el riesgo de criminalizar la pobreza, es decir, de considerar sospechosas a todas las personas en situacin de pobreza y a quienes posean rasgos tnicos de grupos que habitualmente son discriminados.

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Violencia social e inequidad: anlisis y propuestas

las principales instituciones de la sociedad civil y los grupos de per-sonas en situacin de pobreza con el fin de prevenir y crear oportuni-dades para la poblacin joven, que es la ms afectada por la exclusin social. En San Diego se cre una polica denominada de cercanas, que trabaj con la comunidad y que es tres veces inferior en nmero a la de Nueva York. Disminuyeron significativamente los delitos y las denuncias, y aument la popu-laridad de la polica. En Boston la operacin Cese de Fuego logr a fines de los noventa disminuir el delito en dos terceras partes slo en un ao. Se puso el nfasis en suprimir la circulacin de armas, se incluyeron programas de entrena-miento para cambiar los mtodos usuales de trabajo de la polica con las bandas, se form un grupo de trabajo en el que estaban represen-tadas distintas instituciones de la comunidad. Tambin se apel a la intermediacin de la iglesia para hablar con las bandas de jvenes, abrirles nuevas posibilidades para el futuro laboral, comunicarles la firme decisin de la comunidad de acabar con el delito y advertirles sobre las consecuencias graves que se derivaran de no aprovechar esa oportunidad de cese del fuego.11 Mientras entre 1993 y 1996 la can-tidad de detenciones disminua en un 15% en San Diego, en Nueva York con el rgimen de Tolerancia cero aumentaban en un 24%. Las quejas contra la polica bajaron un 10% en San Diego y aumentaron un 60% en Nueva York.

Pese a haber invertido mul-timillonarios recursos en polica, Los ngeles tiene hoy 6 veces ms bandas que 25 aos atrs. La Mano dura produce hacinamiento en las crceles y suscita permanen-tes enfrentamientos, aborda las consecuencias y no las causas, que son eminentemente sociales. Las polticas represivas resultan atracti-vas para muchas personas, porque se cree equivocadamente- que los resultados sern inmediatos. Finlandia tiene el menor nmero de policas por habitante del planeta y pudo reducir el nmero de pre-sos en las crceles de 4709 en 1983 a 3106 en 1990 y 2798 en 1997 (un

11. Kliksberg, Bernardo, y Sen, Amartya, Primero la gente, Barcelona, Ediciones Deusto, 2007, pp.244.

40% menos en 14 aos). Su tasa de homicidios es de apenas 2, 2 homici-dios anuales cada 100.000 habitan-tes12. La filosofa de la mano dura carece de toda evidencia cientfica, focalizar los sntomas de la violen-cia sin abordar sus causas.

Polticas en torno al consu-mo de drogas: No hay evidencia cientfica de que los programas basados en la reduccin de la ofer-ta y en una mayor accin policial logren disminuciones significativas del consumo. Los vnculos entre el delito y la droga son complejos y ambos fenmenos no estn unidos causalmente: se tratara de un ele-mento comn en el estilo de vida delincuencial. La desigualdad y las privaciones son factores subyacen-tes en el delito, y ambos generaran tanto la delincuencia como en parte- el consumo. El consumo est ligado tambin a otros factores, que incluyen las carencias econ-micas. Escocia tiene una tasa muy alta de drogas problemticas, y un rango medio de delitos. En Holanda se consumen menos drogas que en Escocia, y hay ms delitos. Se debera revisar el supuesto de que una dura accin represiva con las drogas es la mejor forma de reducir la delincuencia con drogas. El desa-rrollo social es la mejor poltica de prevencin, tal como se ha produ-cido en Canad, Francia, Austria y Finlandia 13. En Nueva York se crea-ron programas eficaces como el de Brooklyn en 1990 (Drug Treatment Alternative to Prison Program14). All fueron tratadas ms de 2000 perso-nas que cometieron delitos graves no violentos y que habran ido a prisin. Los que participaron del programa tuvieron un 33% menos de posibilidades de ser arrestados nuevamente y un 67% menos de posibilidades de ser encarcelados. En otros estudios la iniciativa no dio resultados significativos; esto

12. Ibid.13. Kuure, T. Literature review - Finland. En A. Stevens, & B. Gladstone (Eds.), Learning, not offending: Effecti-ve Interventions To Tackle Youth Transition To Crime In Europe. Brasted,: RPS Rainer, 2002.Alex Stevens, Mike Trace and Dave Bewley-Taylor, Reducing Drug Related Crime: An Overview Of The Global Evidence, 2005, disponible en http://www.internationaldrugpolicy.net/reports/BeckleyFoundation_Report_05.pdf14. Drug Treatment Alternative To Prison Program. An Evaluation By The National Center On Addiction And Substance Abuse. Disponible en http://www.cor.state.pa.us/stats/lib/stats/DTAP.pdf

significa que hay otros factores que moderan el efecto de esta interven-cin y que deberan ser estudiados con mayor detenimiento. No han dado evidencia de resultar efectivas las publicidades que buscan asustar a los jvenes para que no se acer-quen a las drogas. El desarrollo de polticas sociales y una formacin filosfica en la templanza, que es la virtud que nos permite elegir aquellos placeres compatibles con la salud y con la vida que pretende-mos llevar, sera mucho ms eficaz que las polticas de la prohibicin.

Estas son slo algunas medidas que pueden contribuir a resolver el llamado problema de la inseguri-dad. Apuntan fundamentalmente a abordar a partir de la evidencia cientfica las causas de dos insegu-ridades, una, la conocida, de la que se habla mucho, y otra de la que se habla menos y que compromete a los sectores ms desfavorecidos de la sociedad. La lista es sin duda incompleta y algunos temas han sido abordados de manera muy esquemtica en virtud de la nece-sidad de ofrecer una sntesis. En el contexto de la escasez de trabajos desarrollados en la Argentina sobre el tema, y de la escasez de pro-puestas concretas que impera en el mbito de las ciencias sociales, pretenden, no obstante, sealar algunos caminos posibles a ser debatidos.

Cuando predomina la inequi-

dad, no hay justicia, y es difcil que haya paz. Nadie es violento por naturaleza. El llamado problema de la inseguridad no se resuelve edificando muros ni encarcelando cada vez a ms personas, sino pro-moviendo una mayor seguridad para los sectores ms desfavoreci-dos de la sociedad, garantizando un ingreso ciudadano mnimo, tra-bajo, educacin, salud, presencia de redes sociales, un lmite para la acumulacin desigual de la rique-za y el establecimiento de formas ms equitativas en la organizacin del trabajo. Lamentablemente la ciudadana no marcha ni se mani-fiesta pblicamente en contra de la inequidad, un problema que, en caso de continuar, seguir promo-viendo a la violencia como el pre-cio de la injusticia social. ?

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Criminalidad en Argentina: Qu nos dice la Economa?

Nicolas Garcette

En este artculo, utilizamos los conceptos y los mto-dos de la Ciencia Econmica para analizar la crimi-nalidad en Argentina, su evolucin desde 1991 hasta la actualidad y sus factores explicativos, colocando particular nfasis en las variables econmicas*.

Cmo evolucionaron las tasas de criminalidad durante los ltimos aos en Argentina?1

Desde 1991, la Argentina expe-riment un aumento significativo en las tasas de criminalidad2. Segn las estadsticas oficiales de la poli-ca, las tasas de delitos violentos3 aumentaron en ms de un 200% durante los ltimos 15 aos. El incre-mento de este tipo de delitos marc una diferencia importante con lo ocurrido en la dcada precedente. En efecto, durante los aos ochen-ta, la tasa de delitos violentos en Argentina permaneci estable y fue

* Este artculo est basado sobre mi tesis de doctora-do (Garcette, 2008).1- Todos los datos policiales mencionados en este informe provienen de la Direccin de Poltica Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.2- Cabe mencionar que los datos policiales sub-estiman en general las ocurrencias de los delitos realmente cometidos.3- Consideramos aparte los homicidios. La categora de los delitos violentos incluye las agresiones fsicas.

relativamente baja. La tasa de deli-tos contra la propiedad muestra un patrn similar4: subi un 170% entre los aos 1992 y 2002. Sin embargo, esa tasa disminuy a partir del ao 2003. En el ao 2007, los delitos contra la propiedad han bajado un 29% en comparacin con sus niveles en el 2002. La misma tendencia se observa para la tasa de homicidios con una disminucin del casi 50% entre los aos 2002 y 2007. Como reflejo de estos elevados niveles de criminalidad, segn una encues-ta de victimizacin realizada en abril 2009 por el LICIP (Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Polticas), el 38.7% de los hogares entrevistados en 40 centros urbanos del pas declar que algn miembro del grupo familiar fue vctima de un delito en los lti-mos 12 meses.

4- Los delitos contra la propiedad incluyen robo en vivienda, robo de vehculos, robo, hurto, estafas y vandalismo.

Teora econmica del delito

El modelo terico cannico de la economa del crimen (Becker, 1968) nos ensea que el delincuente es un individuo racional como cualquier agente: decide cometer un delito considerando los beneficios y costos que le estn asociados. En este senti-do, se supone que el agente respon-de a los incentivos positivos y nega-tivos. Los incentivos positivos se refieren a la diferencia de ingresos entre los mercados de trabajo legal e ilegal. Los incentivos negativos incluyen las sanciones del sistema judicial y penal, as como las sancio-nes sociales.

Criminalidad y factores econmicos

A partir de los datos policiales disponibles para las provincias argentinas, podemos mostrar que la evolucin de los delitos contra la propiedad estuvo fuertemente aso-

Nicols Garcette es Doctor en Economa por la Escuela de Economa de Paris, Francia. Magster en Economa y Econometra por DELTA y la Universit Paris 1 (Panthon-Sorbonne). Especialista en economa del crimen y de la corrupcin, economa del desarrollo, distribucin del ingreso, econometra aplicada y crecimiento econmico. Autor de numerosos artculos, fue docente en la Universidad de Evry (Francia) y actualmente dicta la materia microeconoma en la Universidad del Salvador. [email protected].

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Criminalidad en Argentina: Qu nos dice la Economa?

to estuvo relacionado con el empo-brecimiento de una parte importan-te de la poblacin argentina entre los aos 1991 y 2002, y en particular durante la fuerte crisis econmica de 1999-2002. Por otro lado, esos delitos fueron cada vez ms con-centrados en las clases medias y altas. A la vista de esos dos resul-tados, el delito contra la propiedad parece haberse convertido durante la ltima dcada en Argentina en un mecanismo de redistribucin progresivo. Eso no significa que este mecanismo de redistribucin se traduce en una modificacin de la distribucin del ingreso a nivel del pas o de cada provincia, sino que permiti a una parte de los argenti-nos suavizar el empobrecimiento que sufrieron.

Por otro lado, los resultados obtenidos sugieren que podemos llegar a una disminucin signi-ficativa de los delitos a largo plazo a travs de una distribucin del ingreso ms igualitaria, una mayor participacin al mercado laboral y una mayor calidad del empleo (menos subempleo y menos empleo informal). ?

ciada durante el periodo 1991-2005 con la desigualdad del ingreso. En particular, nuestras estimaciones indican que el empobrecimiento de una parte de la poblacin desde 1994 y sobre todo durante la fuer-te crisis de los aos 1999-2002 ha contribuido significativamente al aumento de la tasa de delitos contra la propiedad. En cambio, la distri-bucin del ingreso, ya sea a travs de la desigualdad del ingreso o del nivel de pobreza, no afect la tasa de los delitos violentos o la tasa de homicidio en Argentina.

Por otro lado, las tasas de delitos se vieron afectadas por la evolu-cin de algunas caractersticas del mercado laboral. La tasa de parti-cipacin tuvo un efecto negativo y significativo sobre los delitos contra la propiedad. Cabe destacar que la tasa de desempleo no tuvo ninguna influencia sobre las tasas de crimi-nalidad. La tasa de participacin parece capturar el efecto del des-empleo sobre la criminalidad y en ese sentido sera un buen indicador de la tasa de desempleo escondido (desempleados inactivos). La tasa de subempleo influy positivamente sobre los delitos contra las perso-nas. En definitiva, la tasa de empleo informal tuvo un efecto positivo y significativo sobre los delitos contra la propiedad y los homicidios.

Las encuestas de victimizacin desarrolladas por la Direccin de Poltica Criminal permiten inves-tigar cmo evolucion la tasa de victimizacin segn el ingreso entre los aos 1996 y 2001. Nuestras esti-maciones sugieren que las clases medias y altas tuvieron, a lo largo de este corto perodo, probabilida-des cada vez ms altas de ser vcti-mas de algn delito contra la pro-piedad. Entre los aos 1996 y 1998, el robo simple, de vehculo o dentro de l, ya estaban concentrados en las clases medias y altas de una manera desproporcionada. Esta lista de delitos se extiende a los hurtos y robos en vivienda respectivamente en 1999 y 2001. En cambio, el ingre-

so del hogar no parece influir sobre la probabilidad de ser vctima de un delito violento. Con respecto a este tipo de delito, no se nota un cambio significativo entre los aos 1996 y 2001.

Criminalidad y polica

En cuanto a la eficacia de las policas provinciales argentinas, nuestros resultados empricos basa-dos en los datos policiales provincia-les no permiten ninguna conclusin definitiva. Si los gastos en seguridad pblica tienen un efecto negativo sobre la tasa de delitos contra la propiedad y, en menor grado, sobre la tasa de delitos violentos, ste efecto casi nunca es significativo. Eso no significa que los sistemas policiales provinciales no consigan luchar eficazmente contra el delito, ya que el efecto que medimos inclu-ye no solamente el efecto disuasivo y negativo del gasto policial sobre el delito, sino tambin el efecto incen-tivo y positivo de la tasa de delito sobre el gasto policial. Se supone que un aumento de la tasa de delito influye sobre las decisiones polti-cas y se traduce a mediano plazo en un aumento del gasto policial. Sin embargo, los datos estadsti-cos policiales que usamos no nos permiten separar esos dos efectos opuestos, que se compensan. En consecuencia, no se puede descar-tar que la ausencia de eficacia de las policas provinciales refleje la suma de esos dos efectos. De hecho, otro estudio (Di Tella y Schargrosky, 2004), desarrollando una metodolo-ga emprica original, encuentra un efecto negativo y significativo de la presencia policial en las calles sobre los robos de vehculos en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.

Comentarios conclusivos

Los delitos contra la propiedad han aumentado considerablemente desde el ao 1991. Nuestras estima-ciones demuestran que este aumen-

B i b l i o g r a f a

Becker, Gary S., Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, Mars/Avril 1968, 73, 169-217.Di Tella Raphael y Ernesto Schargrosky, Do Police Reduce Crime? Estimates Using the Allocation of Police Forces After a Terrorist Attack, American Economic Review, Mars 2004, 94:1, 115-133.Garcette Nicolas (2008), Inestabilidad social y Desarrollo, Tsis de Doctorado, Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

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Seguridad ciudadana, violencia urbana y jvenes: la estrategia de la ONG Viva Ro

Rebeca Prez

En el presente artculo se lleva a cabo un diagnstico sobre los pro-blemas vinculados a la violencia armada en la regin de Amrica Latina y las estrategias de la organizacin brasilea Viva Ro para enfrentar y reducir estos niveles de violencia, especialmente en el caso de Brasil.

Introduccin

En Brasil, como en el resto de pases latinoamericanos, a excep-cin de Colombia, los conflictos armados no son la principal mani-festacin de la violencia armada, sino que la violencia con armas se manifiesta a travs del crimen urba-no, las pandillas juveniles, los con-flictos relativos a los derechos sobre la posesin de la tierra y, cada vez ms, en la violencia social asociada con el colapso de las economas1.

Los niveles de violencia armada en el continente han llegado a pro-porciones de epidemia. De hecho, la regin de Latinoamrica con slo el 14% de la poblacin mundial, responde por el 42% de los homici-

1- Godnick, William y Vzquez, Helena (2003) Control de las Armas Pequeas y Ligeras en Amrica Latina, Serie Amrica Latina nm. 1 (versin en espaol), Internacional Alert, accesible en:http://www.internationalalert.org/publications/get-data.php?doctype=Pdf&id=69/

dios por arma de fuego en todo el mundo2. Mirando esta estadstica en el caso de Brasil, los nmeros son alarmantes: con menos del 3% de la poblacin mundial, concentra el 11% de las muertes por armas de fuego ocurridas anualmente en todo el mundo ; lo que representa una cuar-ta parte de todas las muertes que se producen en la regin.

Debido a esto, no es extrao que en la actualidad tanto las diversas autoridades gubernamentales, como los medios de comunicacin e inclu-sive las ONG, centren su agenda en el debate sobre la reforma del sector de seguridad (RSS), el rol de la polica, el control de la proliferacin de armas de fuego, cmo la presencia de mili-cias y de grupos vinculados al trfico de drogas afectan a la seguridad ciudadana, y la necesidad de pensar medidas y polticas adecuadas para enfrentar esta problemtica.

2- OMS (2002) World Report on Violence and Health, OMS, Ginebra.

Un camino a seguir

La preocupacin central de la organizacin brasilea Viva Ro es cmo enfrentar la violencia armada en contextos urbanos. Este objetivo es fruto de la situacin en el momento de origen de la orga-nizacin: en la dcada de los aos noventa en la ciudad de Ro de Janeiro, las altas tasas de mortalidad de hombres jvenes, la proliferacin descontrolada de armas de fuego y el crecimiento del trfico de drogas en las favelas llevaron la violencia a unos niveles intolerables. La ciu-dad reaccion y se organiz para parar este proceso de degradacin. Moldeado a partir de esta situacin local, Viva Ro comenz a trabajar este foco a escala nacional y, poco tiempo despus, a escala interna-cional. Viva Ro adquiri en este campo una competencia singular, que combina la familiaridad con los contextos afectados por la pobreza

Rebeca Prez es la actual coordinadora del proyecto Jvenes en Violencia Armada Organizada Internacional (COAV por sus siglas en ingls) de Viva Ro, Brasil. Responsable de desarrollar una red internacional para enfrentar esta problemtica en todo el mundo evaluando sus similitu-des y diferencias en todo el planeta. Sus intereses abarcan los temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, y proteccin de menores en conflicto armado o situaciones de violencia. [email protected]

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La estrategia de la ONG Viva Ro

Conclusin

Para todo ello, es necesario sobrepasar la mirada estricta-mente adulta del fenmeno, que analiza la problemtica de la juventud y sus diversas formas de expresin como si de un objeto de laboratorio se tratara. Es preciso un ejercicio de empata, y de dar voz y conciencia a los jvenes, porque tambin su punto de vista, sus preocupaciones, necesidades, inquietudes y miedos contribuyen a la construccin del fenmeno. Los jvenes no son el futuro, los jvenes son el presente. ?

y la violencia armada, con la ges-tin del conocimiento a partir de investigaciones en el terreno y la formulacin de polticas pblicas. De Ro de Janeiro a Bel-Air en Hait, Viva Ro trabaja por la integracin de tres grandes temas que son estratgicos para la reduccin de la violencia urbana: la Integracin de los Jvenes en Situacin de Riesgo, la Reforma del Sector de Seguridad y el Desarrollo Local.

Para ello, sera importante avanzar en una agenda en la que se abordasen estos tres mbitos a partir del desarrollo de polticas pblicas adecuadas a la situacin de los pases de la regin: a) una polti-ca para las ciudades; b) una poltica para la juventud; c) una poltica sobre Seguridad Pblica eficaz; y d) una poltica sobre control de armas y drogas.

Una poltica para las ciudades debe pasar por la urbanizacin de los barrios pobres irregulares. Abrir vas de acceso, plantar los signos de la ciudad, invertir en bienes pbli-cos, fomentar las inversiones por los propios habitantes. Aislar y reducir las tendencias autodestructivas, estableciendo para ello una agenda que movilice los mltiples usuarios e inversionistas del espacio urbano.

Una poltica para la juventud consiste, por un lado, en priorizar la educacin bsica y replantear la educacin formal desarrollando programas educacionales para jve-nes que estn fuera de la escuela. Para ello, es necesario repensar la metodologa pedaggica, con mate-riales y estilos ajustados al ritmo de la juventud citadina. Las escuelas deben ser polos locales de las artes, cultura y deportes.

Por otro lado, es necesario crear programas de rescate de jvenes que estn involucrados en la violen-cia. Necesitamos una osada institu-cional en este punto. La represin es necesaria, sin duda, pero no es sufi-ciente. Por lo que tenemos que pen-sar y proponer nuevas estrategias para enfrentar el fenmeno revi-sando las leyes y los procedimientos de abordaje del crimen entre nios,

nias y jvenes. Finalmente, promo-ver una poltica agresiva de genera-cin de empleo e ingresos para jve-nes en situacin de riesgo. Sin esto, lo planteado anteriormente queda sin fuerza.

Una poltica de seguridad eficaz pasa por la valorizacin de la fun-cin policial, visando una poltica de seguridad cuyo principal objetivo sea justamente la garanta de los derechos individuales y sus deriva-dos, y no la dicotoma entre seguri-dad y derechos humanos. En este punto sera importante desarrollar unidades especializadas en el tra-bajo de polica con los jvenes invo-lucrados en la violencia armada, unidades que fuesen bien recibidas en las comunidades y por los pro-pios jvenes; y, finalmente, invertir en el sistema penal y reformarlo, ampliar su capacidad y multiplicar las unidades menores, que sean un elemento real de reinsercin social.

Una poltica diferente sobre armas y drogas. La prohibicin de las drogas crea una reserva de mercado para el crimen, con un producto de menudeo de gran atractivo para los jvenes. Por otro lado, la liberalidad con las armas facilita la formacin de mercados informales, con un producto estra-tgico para las redes criminales. En combinacin, drogas y armas crean desafos inmensos para las fuerzas de seguridad. Las drogas alimentan la corrupcin y las armas banalizan la muerte. Es difcil imaginar una poltica ms desastrosa. Es impor-tante separar armas y drogas que el consumo de drogas deje de ser problema de la polica y pase para los dominios de la salud y de la edu-cacin-; al tiempo que el control de la violencia letal se vuelva objetivo estratgico del Estado democrtico y de sus policas. Parece imposible, pero no lo es. Estamos, en realidad, perjudicados por nuestra imagina-cin. Tendemos a naturalizar la pol-tica actual, por absurda que sea.


Arriagada, Irma y Godoy, Lorena (1999) Seguridad ciudadana y violencia en Amrica Latina: diagnstico y polticas en los aos noventa. Series Polticas Sociales N32, CEPAL, 56 pg.Cano, Ignacio (1997) Letalidade da Ao Policial no Ro de Janeiro. Ro de Janeiro: ISER. Caravana Comunidade Segura (2007) O impacto da violncia em crianas e jovens. Ro de Janeiro: Viva Ro.Dowdney Luke (2003) Crianas do Trfico Um Estudo de Caso de Crianas em Violncia Armada Organizada no Rio de Janeiro. Ro de Janeiro: Viva Ro/ISER, 7 Letras.Dowdney, Luke (2005) Ni Guerra ni Paz. Ro de Janeiro: 7 Letras.Godnick, William y Vzquez, Helena (2003) Control de las Armas Pequeas y Ligeras en Amrica Latina, Serie Amrica Latina nm. 1 (versin en espaol), Internacional Alert, accesible enhttp://www.international-alert.org/publications/getdata.php?doctype=Pdf&id=69/ Kaldor, Mary (1999) New and old wars. Organized violence in a global era. Standford: Standford University Press.Luz, Daniel (2006) Observatorio Parlamentario sobre control de armas pequeas y ligeras. Estocolmo: Foro Parlamentario.OMS (2002) World Report on Violence and Health, OMS, Ginebra.

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Conflicto armado en Colombia

Juan Jairo Garca Gonzlez

Generalidades de Colombia

Colombia es un pas con 42 millones de habitantes, geopol-ticamente privilegiado, con 2.900 kilmetros de acceso a los ocanos atlntico y pacfico y fronteras terrestres de 6.076 kilmetros con Venezuela, Brasil, Per y Ecuador.

En el 42% de su territorio (regin oriental) vive el 2% del total de sus habitantes, concentrndose el 44% de la pobla-cin en sus cinco ciudades ms grandes: Bogot, Medelln, Barranquilla, Cali y Bucaramanga.

Los principales renglones de la economa estn represen-tados en dlares FOB, para el ao 2008: caf (US$1.883.221), petrleo (US$9.306.209) y carbn (US$5.043.330); igualmente se destaca la exportacin de banano, flores y confecciones, as como el envo de vehculos a Venezuela, negocio hoy en crisis como resultado de las deficientes relaciones polticas binacionales.

Juan Jairo Garca Gonzlez es especialista en Gerencia Social de la Universidad de Antioquia y Licenciado en Psicopedagoga de la Universidad Catlica de Oriente. Fue tutor del proceso de reinsercin y desmovilizacin de las Autodefensas en el Bajo Cauca, proyecto ejecutado por la firma PMT Consulting para la Presidencia de la Repblica. Actualmente se desempea como Director de Fomento Cultural del Politcnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. [email protected]

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Surgimiento de la guerrilla

En el ao 1948, como resultado de la lucha por el poder entre los dos partidos tradicionales (liberalismo y conservadurismo), y como respues-ta a la inequidad social, la margina-lidad y a la falta de oportunidades, surgen en Colombia las primeras guerrillas liberales, combatidas por los terratenientes conservadores. Esas primeras guerrillas se entre-garon al gobierno del presidente militar (luego dictador) Gustavo Rojas Pinilla, siendo perseguidas militarmente hasta su exterminio, quedando slo algunos reductos que permanecieron escondidos en la selva, quienes luego se reagruparon hasta llegar a convertirse en podero-sos grupos capaces de enfrentar las fuerzas de seguridad del estado en una irregular guerra de guerrillas.

Las sombras condiciones sociales resultantes de las polticas implementadas por la hegemona bipartidista en Colombia, facilita-ron en escasos 30 aos el floreci-miento de grupos armados ilegales prcticamente en todo el territorio nacional. Entre los aos 1968 y 1990 prosper como en ningn otro lugar del mundo el movimiento guerrille-ro, llegando inclusive a pensarse en una escisin de la zona sur del pas en 1999, pues gran parte de dicho espacio (42% del territorio nacional) estuvo durante varios aos prctica-mente en poder de las FARC.

A lo largo de su historia, Colombia ha padecido el accionar de diferentes organizaciones gue-rrilleras que, dada su filosofa y orientacin poltica, les resulta prc-ticamente imposible consolidarse como un proyecto poltico capaz de enfrentar las dificultades sociales de este pas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC (marxistas leninistas), con un pro-medio de 18.000 combatientes; el Ejrcito de Liberacin Nacional-ELN

(de inspiracin Cubana), con un grupo estimado en 4.000 hombres; el Ejrcito Popular de Liberacin-EPL (maosta) con 2.500 combatientes; el Movimiento 19 de Abril- M19 (nacio-nalista), con un promedio de 8.000 combatientes, el Quintn Lame (de origen indgena), con un promedio de 1.500 hombres en armas. Todas ellas, sumadas a otras organizacio-nes guerrilleras de menor calado, en conjunto, con su beligerancia, fana-tismo y totalitarismo, desgastaron y desencantaron la base popular de sus movimientos, facilitando con ello el surgimiento de los grupos paramilitares; hecho que polariz el conflicto colombiano a tal punto que, mientras existan las FARC, a la izquierda le ser casi imposible ganar unas elecciones presidencia-les.

Un secuestro dio origen a las autodefensas

En el ao 1981 el secuestro de la hermana de unos narcotraficantes origin la creacin del MAS (Muerte a Secuestradores), grupo armado que desat a partir de ese momento una sangrienta guerra sin cuartel, con el objetivo de lograr la libe-racin de la seora Marta Nieves Ochoa, convirtiendo en objetivo militar a todo militante de grupos de izquierda y/o simpatizante del ideal guerrillero. Este escenario fue aprovechado por delincuentes ya legendarios como Carlos Lehder, Pablo Escobar y Gonzalo Rodrguez Gacha para fortalecer sus ejrcitos, ampliar su territorialidad y apo-derarse de nuevas rutas para la exportacin de cocana a travs de Mxico (en alianza con el cartel de Sinaloa) y de Espaa (con las mafias Sicilianas y Marroques).

Con la liberacin de la seora Ochoa el MAS se desintegra, que-dando alrededor de 2.000 mercena-rios sin empleo, quienes encontra-

Las sombras condiciones sociales resultantes de las polticas implementadas por la hegemona bipartidista en Colombia, facilitaron en escasos 30 aos el florecimiento de grupos armados ilegales prcticamente en todo el territorio nacional.

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ron techo y proteccin en los emer-gentes grupos paramilitares que ya se haban formado para combatir la guerrilla en la zona ganadera del Magdalena Medio, los cuales actua-ban en connivencia con hacendados y brigadas militares en busca de un objetivo comn por encima de la constitucin y las leyes: derrotar por cuenta propia la guerrilla y retornar la paz al campo colombiano.

Paramilitares y guerrilleros se fortalecen con negocios ilcitos

La fuerte presencia de grupos guerrilleros en casi todo el territorio nacional, sumada a la indiferencia de la dirigencia poltica y a la falta de liderazgo institucional para atender en lo militar y lo social esta realidad, contribuyeron decisiva-mente con el fortalecimiento de los grupos paramilitares, suceso que se fue convirtiendo con el tiempo en un hecho concreto de delincuencia organizada disfrazada de ideales polticos en ambos bandos, con el apoyo financiero de algunos gana-deros y empresarios, as como con el acompaamiento asolapado de muchos dirigentes polticos con intereses electorales en las zonas de conflicto, y con el respaldo de algu-nos militares para la realizacin de incursiones conjuntas. Hechos que hoy estn en poder de la justicia, como lo evidencian 81 congresistas elegidos para el perodo 2006-2010 investigados o procesados penalmente por parapoltica en Colombia, lo cual equivale al 30.33% del total de los 267 miembros del Congreso (informacin procedente de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscala General de la Nacin),

1.603 militares de 32 Brigadas inves-tigados por la procuradura por posibles falsos positivos desde el 2003 y varias empresas investiga-das tanto en Colombia como en el exterior por respaldar econmica-mente a grupos paramilitares, como el caso de Chiquita Brands.

La radicalizacin del conflicto entre estos dos ejrcitos irregulares (guerrillas y paramilitares) obliga a ambos grupos a fortalecer sus finan-zas para sostener su guerra, encon-trando en los cultivos ilcitos y el narcotrfico la ms rentable, fcil y rpida fuente de ingresos. Es as como, a travs de la intimidacin y la vigilancia territorial, la gue-rrilla asume el control del ingreso de insumos para el procesamiento de coca en las zonas de cultivo del sur del pas- para Naciones Unidas, Colombia tendra 86.000 hectreas sembradas de coca que produciran 440 toneladas de cocana por un valor de 350 millones de dlares-, estableciendo un impuesto obliga-torio a los cocaleros para dejarlos ejercer sus labores clandestinas.

Los paramilitares por su parte, asumen el control de zonas estrat-gicas del Bajo Cauca, el Magdalena Medio y la Costa Atlntica, llevando al desplazamiento forzado a la pobla-cin campesina de estas regiones, a travs de masacres sistemticas y selectivas, boleteo y destierro, toman-do para s posesin de grandes exten-siones de tierra (aproximadamente 4.000.000 hectreas rurales en todo el pas pasaron a manos de parami-litares), con lo cual crece exponen-cialmente el nmero de desplazados hacia los grandes ncleos urbanos, estimado en 3.500.000 personas desplazadas a ciudades capitales en menos de 10 aos.

La radicalizacin del conflicto entre estos dos ejrcitos irregulares (guerrillas y paramilitares) obliga a ambos grupos a fortalecer sus finanzas para sostener su guerra, encontrando en los cultivos ilcitos y el narcotrfico la ms rentable, fcil y rpida fuente de ingresos.

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Dejando siempre de lado la posibilidad de ejecutar una reforma social trascendental en Colombia que reduzca el hambre, posibilite la inclusin social y le arrebate de una vez por todas sus banderas a los grupos armados, diferentes gobiernos han negociado con estos actores, quedando en cada proceso de paz reductos armados que -aje-nos a su vocacin izquierdista o antisubversiva- ejercen de manera independiente sus labores, para luego resurgir bajo la figura de nue-vas bandas emergentes, interesadas en apoderarse del control del nego-cio de la droga practicado por sus antiguos comandantes; tema que agudiza y degrada cada vez ms el conflicto.

Los costos del conflicto

Mientras Estados Unidos des-tina un 4% del PBI para su defen-sa -incluida la guerra con Irak-, Colombia destin en el ao 2007 el 6.32% de su PBI para el mismo fin, el doble de lo destinado por Venezuela y casi seis veces ms que el presu-puesto ecuatoriano en el rea.

Colombia asign en el ao 2008 $18,4 billones para gastos en Defensa, de los cuales el 81% fueron gastos de funcionamiento, pues se estima que 8 de cada 10 funcionarios del Estado pertenecen al Ministerio de Defensa. El presu-puesto para defensa representa ms de la quinta parte del gasto pblico y su crecimiento del 20% en este ao es ms del doble del resto de los rubros presupuestales, y cuatro veces la tasa de crecimiento espera-da de la economa.

Recuperacin de la Institucionalidad

Colombia requiere desarrollar nuevas agendas con apoyo y veedu-ra internacional que le permitan: Salvaguardar sus instituciones

democrticas a travs del fortaleci-miento de la justicia, la independen-cia de sus poderes, la consolidacin de partidos polticos alejados de rela-ciones con grupos ilegales y la cons-truccin de una ciudadana activa y corresponsable con el futuro del pas.

Sanear sus fuerzas de seguridad e inteligencia, purgando desde sus cimientos la polica nacional y el ejrcito, y renovando totalmente la estructura administrativa y operativa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), oficina de inte-ligencia adscrita a la Presidencia de la Repblica, ente que hoy est al servicio de oscuros intereses, como lo evidencian los escndalos producidos en los ltimos tiempos.

Trazar un nuevo pacto social demo-crtico e incluyente, que garantice seguridad democrtica integral a todos (paz con techo, salud, alimen-tacin y empleo), desarrollo terri-torial y conectividad con el mundo, garantizando estabilidad legislativa y respetando los postulados de la Constitucin Nacional

Colombia necesita hechos pol-ticos concretos para recuperar la institucionalidad y reincorporar-se con dignidad a la comunidad internacional, reconquistando espacios polticos que le permitan erradicar definitivamente una guerra que, as se esconda ante los vecinos como la hija fea de la fami-lia, hace rato es pan de cada da en todos los hogares colombianos. ?

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Educacin para la transformacin de conflictos: construyendo cultura de paz en Colombia

Fabio Alonso Meza Ramrez

Colombia es escenario de variadas expresiones de violencia intra-familiar, delincuencial y la propia de un antiguo conflicto arma-do interno que lleva a la reproduccin de patrones violentos en generaciones sucesivas, pero tambin de comunidades que desde la opcin de vida no violenta construyen la esperanza por la vida. La Fundacin SERCOLDES desarrolla, en diferentes regiones del pas, procesos de organizacin y formacin de lderes que, desde la educacin popular promueven una cultura de paz y reconciliacin, exigibilidad de derechos y fortalecimiento de la democracia.

Fabio Alonso Meza Ramrez es colombiano, Comunicador Social con nfasis en educacin y Magster en Estudios Polticos de la Universidad Javeriana de Bogot, Magster Artis en Administracin Pblica del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, Espaa. Actualmente es coordinador de Proyectos de la Fundacin Servicio Colombiano de Desarrollo Social (SERCOLDES). Telfono (57 1) 6788672 310 8097003. [email protected]

En un lejano pas existi hace muchos aos una oveja negra.Fue fusilada.Un siglo despus, el rebao arrepentido le levant una estatua ecuestre que qued muy bien en el parque.As, en lo sucesivo, cada vez que aparecan ovejas negras eran rpidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse tambin en la escultura.

Augusto Monterroso

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Quizs en Colombia sobren las definiciones de lo que es violen-cia ante la evidencia de cada da. Desde la ms cercana, interpersonal y familiar, hasta la del conflicto armado interno que lleva dcadas. En el ao 2008 se atendieron 78.734 denuncias de violencia intrafami-liar, de las cuales el 89% se trat de violencia contra mujeres; ade-ms, se registraron 10.901 casos de maltrato contra nios y nias, y de stos el 42% fue cometido contra menores de 9 aos. No obstante, se sabe que el subregistro por ausencia de denuncias es muy alto. Otro dato nos muestra que entre las primeras causas de suicidio est la incapa-cidad para afrontar los conflictos entre parejas; y lo que quizs es ms angustioso es que de las 18.879 per-sonas que sufrieron lesiones, el 74%, fueron nias y nios entre los 0 y los 14 aos de edad.1

En los aos noventa, Colombia alcanz el mximo pico de muer-tes violentas superando el nivel mundial con ms de 30 mil homi-cidios por ao. Si bien esta cifra ha venido descendiendo, en el ao 2008 fueron asesinadas 14.038 per-sonas, de las cuales el 52% tenan edades entre los 20 y los 34 aos. Pero la gran mayora no obedecen al enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y el Estado, sino por intolerancia, rias, delincuencia o inseguridad ciudadana.

Adems, cuando se est en un escenario de conflicto armado

1. Todas las cifras son tomadas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, http://www.medicinalegal.gov.co

interno desde hace cinco dcadas, se van enquistando otras fuentes de violencia, como el trfico de armas y de narcticos, que se convierten en combustible para la guerra. Por su parte, el conflicto entre grupos irre-gulares y la fuerza pblica no cesa de producir todo tipo de violaciones al derecho internacional humanita-rio2, ms de 4 millones de desplaza-dos forzados, secuestros, desapari-ciones, masacres, asesinatos selec-tivos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, minas antipersonal, reclu-tamiento forzado, entre ellos miles de menores de edad, persecucin a defensores de derechos humanos, a comunidades indgenas y grupos afrocolombianos, daos a la infraes-tructura civil y al medio ambiente, entre otras expresiones atroces. A todo lo anterior se suma la violencia estructural que involucra injusticias sociales, impunidad, inequidad, dis-criminacin y marginacin.

Como se observa, tras la rutina de las violaciones se va acumulando un conjunto aterrador de cifras que van en aumento, se olvidan ante el remolino de informaciones diarias que entregan los noticieros, mezcla-dos con escndalos de corrupcin estatal, ausencia de verdad, justi-cia y reparacin para la vctimas, farndula, deportes y algn aire de patrioterismo por el premio que gana un colombiano en el exterior.

Cuando nios y nias crecen en medio de la violencia aprenden

2. Ver Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacin de los derechos humanos en Colombia, http://www.hchr.org.co, febrero de 2009.

Cuando nios y nias crecen en medio de la violencia apernden que la guerra, asesinato, narcotrfico, maltrato familiar, impunidad, mentira y crueldad son expresiones legtimas.

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que la guerra, asesinato, narcotr-fico, maltrato familiar, impunidad, mentira y crueldad, son expresiones legtimas. Por tanto la honestidad, la tolerancia o la ternura, la recon-ciliacin y la no violencia, parecen valores alejados de su realidad y poco viables para sobrevivir. Ante esta realidad, la confusin entre conflicto y violencia se hace palpa-ble al acumular en lo cotidiano sen-timientos frustrantes e incapacidad para encontrar salidas creativas, humanas, alternativas y pacficas. En este ambiente, nios y nias crecen temerosos, obligados a callar, mentir y desconfiar. La fuerza y la arbitrariedad, la venganza y la ley por la propia mano se vuelven leg-timas ante sus ojos.

Desde uno de sus programas estratgicos, Paz y Democracia, y con el propsito de aportar en la construccin de una cultura de paz, respeto por los derechos humanos y ejercicio de la demo-cracia, la Fundacin SERCOLDES3 ha promovido, en los ltimos 10 aos, tres iniciativas: Escuelas para la Convivencia Familiar y Comunitaria, dirigida a socializa-doras de la infancia, madres comu-nitarias y profesores/as; Escuela Ecumnica para la Paz con pastores/as, religiosas, laicos/as, docentes y jvenes; y Comunidades Escolares de Paz enfocado a estudiantes,

3. El Servicio Colombiano de Desarrollo Social (SER-COLDES) es una organizacin no gubernamental que trabaja, a travs programas educativos, con personas y grupos en situacin de vulnerabilidad y quienes colaboran con ellos, con el fin de que desarrollen sus capacidades humanas, mejoren su calidad de vida y fortalezcan la sociedad civil. Ha adelantado labores en ms de 100 municipios de Colombia, beneficiando a ms de 200 mil personas en 37 aos de labores, acumulando una nutrida experiencia en el trabajo organizativo de mujeres, la comunicacin social, los derechos humanos, el trabajo por la paz, el ecumenis-mo y las metodologas de la educacin popular.

docentes y padres de familia. Con ellas se ha cubierto la formacin de 400 lderes promotores de paz en ocho departamentos y en las seis primeras ciudades del pas: Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y munici-pios aledaos a las mismas.4

Para este propsito, se ha dise-ado un apoyo mutuo entre la educacin popular5 y la educacin para la paz, compartiendo riquezas mutuas: Debate crtico y creativo. Apuesta

por la racionalidad e imaginacin. Reconoce la alteridad y la diferen-cia. Apoya la diversidad y la plura-lidad.

Postulados democrticos y de participacin. Apuesta por los derechos y su exigibilidad, y por los protagonismos sociales y polticos de los sujetos de la educacin.

Construccin colectiva de cono-cimiento. Aportes de expertos. Apuesta por el dilogo de saberes, compartiendo vivencias y aprendi-zajes.

Bsqueda de los cambios positi-vos, colectivos e individuales, de la transformacin social por medios pacficos.

Afincamiento en la realidad y mirada a las utopas. Apuesta por los sueos con sentido de realidad y por la justicia social.

Construccin de sujetos. Apuesta

4. Estos procesos ha contado con el apoyo solidario de Manos Unidas de Espaa, el Consejo Mundial de Iglesias de Suiza, la Agencia de Cooperacin del Movi-miento de Nias y Nios Catlicos de Austria DKA, el Grupo e Estudios de Salud Integral y el Fons Mallorqu de Solidaritat i Cooperaci, de Espaa.5. Originada con Pablo Freire y fortalecida con los aportes de movimientos sociales, ONG y acadmicos en las ltimas dcadas, la educacin popular pre-tende la transformacin social acogiendo un amplio debate de ideas, concepciones y saberes, de prcticas y metodologas.

El Servicio Colombiano de Desarrollo Social (SERCOLDES) es una organizacin no gubernamental que trabaja, a travs programas educativos, con personas y grupos en situacin de vulnerabilidad y quienes colaboran con ellos, con el fin de que desarrollen sus capacidades humanas, mejoren su calidad de vida y fortalezcan la sociedad civil.

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CCERES Aguirre, Alirio y SANDOVAL Guzmn, Betty. Travesa: de la Violencia a la Convivencia Pacfica, Bogot, Fundacin SERCOLDES y Manos Unidas de Espaa, 2004.MUOZ, Jairo y MEZA R., Fabio Alonso. Educacin Popular y Educacin para la Paz en Colombia: Herramientas para Transformar el Conflicto. Papeles de Cuestiones Internacionales, No 88 Madrid, Centro de Investigacin para la Paz CIP-FUHEM Icaria editorial, Invierno 2004/05, pp. 75-83. MEZA Ramrez, Fabio Alonso. Conflicto y Violencia. Bogot, Fundacin SERCOLDES y Consejo Mundial de Iglesias, 2005.MEZA Ramrez, Fabio Alonso. Comunicacin y No violencia. Paz y Reconciliacin. Bogot, Fundacin SERCOLDES y Fons Mallorqu de Solidaritat i Coperaci, 2007.MEZA Ramrez, Fabio Alonso. Aprendiendo de los Conflictos. Bogot, Fundacin SERCOLDES y DKA-Austria, 2008.SERCOLDES y Ciudad Humana. Anlisis de Factores de Conflictividad que Afectan la Gobernabilidad, la Seguridad y la Convivencia en Bogot. Investigacin para la Secretara de Gobierno de la Alcalda Mayor de Bogot y el PNUD, Bogot 2008.Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, http://www.medicinalegal.gov.coOACNUDH Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situacin de los derechos humanos en Colombia, http://www.hchr.org.co, febrero de 2009.

por la expansin de las capacida-des humanas.

Aprendizaje desde lo interdisci-plinario. Apuesta por la formacin integral.

Bsqueda de alianzas para la generacin de redes con actores educativos privados, pblicos, aca-dmicos y comunitarios.6

Este proceso en favor de la cul-tura de paz, promueve la transfor-macin de conflictos entendiendo los mismos como espacio de mlti-ples oportunidades y desafos para convivir en medio de las diferen-cias7; la comunicacin asertiva y el ejercicio de prcticas no violentas8; el acceso a la justicia comunitaria, conciliacin y mediacin; la bsque-da de reconciliacin, verdad, justicia y reparacin; el ejercicio de prcti-cas de democracia local, participa-cin ciudadana y autogestin comu-nitaria9; la exigibilidad de derechos humanos y derecho internacional humanitario; la construccin de simbologas de paz y la celebracin de rituales con dimensin espiritual trascendente y en armona con el medio ambiente. Todo desde las rea-lidades cotidianas micro (individual, interpersonal y familiar) y macro (regionales, nacionales e internacio-nales).

Con los procesos adelantados, se ha logrado: Validar propuestas metodolgicas,

y herramientas didcticas (mdu-los, audios, videos, juegos) disea-

6. MUOZ, Jairo y MEZA R., Fabio Alonso. Educacin Popular y Educacin para la Paz en Colombia: Herra-mientas para Transformar el Conflicto, p 82-83.7. Desde los postulados de Lederach, Fisas, Michels, Curle, Galtun y Valenzuela.8. Desde el Jainismo, Jesucristo, Thoreau, Gandhi, King, Rosemberg y Corral.9. Desde Dahl, Zuleta, Arendt, Cortina, Sartori y Meza.

das desde la realidad y con partici-pacin de los/as beneficiarios/as.

Generar o apoyar iniciativas de organizacin comunitaria para la paz, construir colectivos y redes que toman vida propia y autono-ma, garantizan sostenibilidad y lideran sus propias iniciativas de convivencia pacfica.

Motivar sinergias interinstitucio-nales, intereclesiales, intergenera-cionales y regionales que alimen-tan con su pluralidad la conviven-cia en medio de la diversidad.

Involucrar instituciones y comuni-dades educativ

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Violencia+e+Integración+Social

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