1 Sentencia de Sala 1048/2013 S.S. ********** VS. DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y OTRA AUTORIDAD EXPEDIENTE 1048/2013 SS Tijuana, Baja California, a dieciocho de Marzo de dos mil dieciséis. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio contencioso administrativo 1048/2013 SS, promovido por **************, en contra de las autoridades Director de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California, y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y R E S U L T A N D O 1.- Que por escrito recibido en esta Sala en fecha catorce de noviembre de dos mil trece, compareció ************, instaurando demanda en contra de las autoridades DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA, señalando como actos impugnados: “Resolución de fecha veintitrés de septiembre de 2013, emitida por la Titular de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental dictada dentro del Procedimiento Administrativo de determinación de responsabilidades bajo el expediente 168/12/TIJ instruido en contra del suscrito y otros, por la que se determina aplicar al suscrito la sanción consistente en amonestación publica Así también se reclama la eminente ejecución de la sanción impuesta.” 2.- La parte actora señaló como hechos constitutivos de su demanda los siguientes: “1.- Antecedente del acto administrativo que se impugna: a.- El suscrito laboro actualmente en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, en donde desempeño el puesto de Residente de Obra, siendo mis funciones las de supervisión de los trabajos que derivan de los contratos de obra. b.- Los contratos de obra que se celebran entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana con los diferentes contratistas es para la realización de diferentes obras que son necesarias para la ciudad, y las cuales se realizan con aportaciones tanto como del Estado como de la Federación. Cuando los recursos que se asignan para la realización de obra pública provienen de la Federación, los contratos que se celebran se encuentran regidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, siendo que dichos recursos son auditados, en su caso, por la Secretaria de la Función Pública, lo anterior de
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
**********
VS.
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES
Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA
DIRECCIÓN DE CONTROL Y
EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y
OTRA AUTORIDAD
EXPEDIENTE 1048/2013 SS
Tijuana, Baja California, a dieciocho de Marzo de dos mil dieciséis.
V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio
contencioso administrativo 1048/2013 SS, promovido por
**************, en contra de las autoridades Director de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de
Control y Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California,
y Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y
R E S U L T A N D O
1.- Que por escrito recibido en esta Sala en fecha catorce de
noviembre de dos mil trece, compareció ************, instaurando
demanda en contra de las autoridades DIRECTOR DE
RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN
DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA, Y COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
TIJUANA, señalando como actos impugnados:
“Resolución de fecha veintitrés de septiembre de 2013, emitida por la
Titular de la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental dictada dentro del
Procedimiento Administrativo de determinación de responsabilidades bajo
el expediente 168/12/TIJ instruido en contra del suscrito y otros, por la que
se determina aplicar al suscrito la sanción consistente en amonestación
publica
Así también se reclama la eminente ejecución de la sanción impuesta.”
2.- La parte actora señaló como hechos constitutivos de su
demanda los siguientes:
“1.- Antecedente del acto administrativo que se impugna:
a.- El suscrito laboro actualmente en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana, en donde desempeño el puesto de Residente de Obra, siendo mis funciones las
de supervisión de los trabajos que derivan de los contratos de obra.
b.- Los contratos de obra que se celebran entre la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana con los diferentes contratistas es para la realización de diferentes
obras que son necesarias para la ciudad, y las cuales se realizan con aportaciones tanto
como del Estado como de la Federación.
Cuando los recursos que se asignan para la realización de obra pública
provienen de la Federación, los contratos que se celebran se encuentran regidos por la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, siendo que dichos
recursos son auditados, en su caso, por la Secretaria de la Función Pública, lo anterior de
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acuerdo al artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, que al efecto señala:
ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales
mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas
personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.
Así también, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en
su artículo primero fracción VI establece que dicha ley se aplica y tiene por objeto
reglamentar las obras publicas que realicen:
VI.- Las entidades Federativas, los Municipios y los Entes Públicos de unas y otros,
con cargo tal o parcial a Recursos Federales....
Consecuentemente cuando una obra se ejecuta con fondos federales, así sea
en forma parcial, se aplicara y regulara dicha contratación por la Ley Federal de la
Materia.
c.- Es importante señalar que de todas las obras que realiza la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana, se lleva un expediente Unitario de Obra, el cual es
llevado y resguardado en la oficina de Control de Obra de la Subdirección de
Construcción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
Asimismo, debe decirse que, internamente existe un procedimiento para la
elaboración de las actas de entrega física de las obras; procedimiento que puede
sintetizarse de la siguiente forma:
El contratista da aviso del término de los trabajos ejecutados, para que se realice
la recepción física de la obra.
Se envía oficio al Subdirector de Operación y Mantenimiento de la CESPT para
que se sirva a realizar las gestiones necesarias para la revisión de la obra que será
recibida de contratista, para que verifique su correcto funcionamiento y que la misma
se encuentre en aptitud de ser recibida, pues dicha área técnica es la responsable de
la operación de la infraestructura hidráulica del organismos.
La Subdirección de Operación y Mantenimiento de la CESPT, procede a la
revisión y verificación del correcto funcionamiento de la obra que será recibida.
La Subdirección de Operación y Mantenimiento de la CESPT, firma el acta una
vez que ha verificado el correcto funcionamiento de la obra.
Tal y como puede apreciarse, el trámite para recibir físicamente una obra
pública conlleva una serie de requisitos y tiempos para su debida y correcta recepción.
De igual manera el trámite que se corre para la suscripción del acta de entrega
finiquito comprende la siguiente mecánica o proceso:
La Supervisión hace entrega a la Oficina de Control de Obra de la misma
Subdirección de Construcción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana de
los siguientes documentos: original de acta entrega recepción, copia de convenio
finiquito, pólizas de fianza del convenio finiquito, plano de obra terminada, copia de
estimación finiquito y copia de aviso de terminación de obra.
La oficina de Control de Obra integra la información antes mencionada y
procede a la elaboración del acta finiquito, procediendo a elaborar oficio que suscribe
el Subdirección de Construcción citando a la Contraloría del Estado para la firma de
dicha acta.
La oficina de Control de Obra se encarga de recabar todas y cada una de las
firmas del acta finiquito, y para esto se encarga de elaborar un oficio que debe firmar el
Subdirector de Construcción de CESPT, mediante el cual se notifica la fecha en que
deben acudir los servidores públicos y personas obligadas a firmar el acta de finiquito.
Una vez hecho lo anterior y firmada el acta, ésta se integra al expediente de
obra.
Como se puede observar el Acta Finiquito tiene un proceso de elaboración y de
recopilación de firmas.
d.- Siendo el caso que, en el año 2010, la Comisión Estatal de Servicios Públicos
de Tijuana adjudico el contrato ************* relativo a la obra denominada
"Construcción del Tanque de ampliación Ejido Lázaro Cárdenas No. 1 y tanque
ampliación Ejido Lázaro Cárdenas No.2 con capacidades de regulación de 500 m3 y
1000 m3 respectivamente y muros de contención, ubicados en el Municipio de Tijuana;
el cual se ejecutó con recursos provenientes de la Federación y en el cual al suscrito fui
designado como Residente de Obra.
Dicho contrato se reguló por la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, tal y como se puede apreciar de su clausulado y apartado de
declaraciones.
e.- En el año de 2011, la Secretaria de la Función Pública en el periodo
comprendido entre el 14 de marzo al 12 de abril de 2011, realizo una auditoria respecto
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al ejercicio presupuestal 2010 respecto a los recursos otorgados a la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana para la realización de diversas obras del programa
denominado Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU).
f.- Concluida la auditoria referida en el inciso que antecede, la Secretaria de la
Función Pública emitió diversas recomendaciones de acuerdo a los resultados de la
misma.
2.- El suscrito fui notificado en fecha 10 de septiembre de 2012 del procedimiento
administrativo de responsabilidades iniciado en mi contra por la Dirección de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental, por el supuesto incumplimiento a diversos preceptos de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, como son los artículos 46, 66, 69
y 74 penúltimo párrafo así como los artículos 65, 84 fracciones I, V y VI, 86 fracción II, 93 y
97 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas, así como a la fracción III del artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Baja California, siendo estas las siguientes:
************, es responsable por lo que concierne al Contrato ************* relativo
a la obra denominada "Construcción del Tanque de ampliación Ejido Lázaro Cárdenas,
No. 1, con capacidad de regulación de 500 m3, y Tanque de Ampliación Ejido Lázaro
Cárdenas No.2 con capacidad de 1000 m3 y muros de contención, ubicados en el
Municipio de Tijuana, Baja California”, debido a que no se advierte que se hubiere
girado oficio en tiempo y forma a la afianzadora elegida por el contratista para efecto
de garantizar durante el plazo de doce meses el cumplimiento de la obligación de
responder de los defectos que resultaren en los trabajos realizados, de los vicios ocultos
y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido, lo anterior para que la
misma no sea cancelada y notificarlo por escrito a la empresa contratista y que este
haga las correcciones o reposiciones correspondientes. Lo anterior, en virtud de que, de
conformidad con lo…
Se consideró probable responsable a **************, por lo que concierne a la
falta de uso de bitácora electrónica de no cumplir con su función de elaborar,
controlar, resguardar y dar seguimiento de la bitácora electrónica, siendo que el uso de
la bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de obras y servicios, siendo que
su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación
electrónica. Lo anterior debido a que…
************, es responsable de no conservar en forma ordenada y sistemática
toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los actos y
contratos, así como de no integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la
realización de los trabajos, en relación con los contratos de obra pública número
*************, denominada "Construcción del Tanque de ampliación Ejido Lázaro
Cárdenas No. 1 y tanque ampliación Ejido Lázaro Cárdenas No.2 con capacidades de
regulación de 500 m3 y 1000 m3 respectivamente y muros de contención, ubicados en
el Municipio de Tijuana Baja California, ************, es responsable de la irregularidad
administrativa consistente en la incorrecta integración de los expedientes unitarios de
obra, y dado que las actas de entrega recepción y finiquitos de las obras constituyen
documentación comprobatoria de la conclusión total o parcial de los trabajos de las
obras, en el plazo pactado contractualmente y en consecuencia de los derechos y
obligaciones asumidos por las partes en un contrato, por lo que se …
3.- Se me cito para que compareciera a la audiencia de pruebas y alegatos
prevista para el día 18 de septiembre de 2012, audiencia que acudí en compañía de mi
abogado defensor, manifestando por escrito lo que a mi derecho convino y ofreciendo
las pruebas conducentes.
4.- En fecha 14 de mayo de 2013 exprese por escrito alegatos dentro del
procedimiento administrativo.
5.- En fecha 23 de septiembre de 2013, se dictó la resolución dentro del
Procedimiento Administrativo de determinación de responsabilidades bajo el
expediente 168/12/TIJ instruido en contra del suscrito, en los cuales se resolvió lo
siguiente:
R E S U E L V E
PRIMERO.- Que ha quedado plenamente demostrado que *************,
************ Y **************, no son responsables de las irregularidad administrativas que le
fueron imputadas en el acuerdo de inicio de procedimiento, al desempeñarse como
Supervisores de Obra Adscritos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por
lo que no se impone sanción alguna con motivo del presente procedimiento
administrativo instruido en su contra.
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SEGUNDO.- Conforme al considerando III de la presente *************, durante su
desempeño como Coordinador de Proyectos y Seguimiento de Obras y enlace de
atender la auditoria ********** Director General , ************* Y ***************, durante su
desempeño como Supervisores de Obra, son responsables de las irregularidades
administrativas imputadas, cometidas al desempeñarse como servidores públicos
adscritos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).
TERCERO.- Por su responsabilidad y atentos a los considerandos de esta
resolución, esta autoridad determina imponerle a *************, ************ Y ************
la sanción consistente en AMONESTACION PUBLICA; sanción que se hará efectiva a
partir de la; notificación de la presente resolución.
CUARTO.- Girese atento oficio al Titular del Órgano de Control Interno de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), dependencia a la cual están
adscritos los Servidores Públicos, para que proceda a dar cumplimiento inmediato a lo
determinado por esta autoridad en términos del artículo 70 de la Ley de la materia y
una vez hecho lo anterior remita a esta autoridad copias debidamente certificadas que
acrediten la ejecución legal de esta sanción.
QUINTO.- Notifíquese la presente resolución a los servidores públicos ************* y
************ en el domicilio *************, en cuanto a *************, ************ Y *************
en el domicilio **************.
SEXTO.- Gírese atento oficio a la Dirección de Administración de Personal de la
Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, para que se realicen las anotaciones de la
presente resolución en el expediente personal de los servidores públicos sancionados.
SÉPTIMO.- En cumplimiento a la sección IV Cláusula Décima Quinta penúltimo
párrafo del Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo
del Estado Libre y Soberano de Baja California publicado en el periódico oficial el 21 de
agosto de 2009 cuyo objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión
Pública y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la corrupción", gírese
oficio al titular de la Secretaría de la Función Pública de la sanción impuesta por esta
autoridad para efectos de su registro, remitiéndole para tales efectos copia cotejada
de la presente resolución.
OCTAVO.- Previos los trámites de ley y la anotación que se haga en el libro de
registro correspondiente y que para tal efecto se lleva en esta Dirección, archívese el
presente expediente administrativo como asunto totalmente concluido.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.- Así lo resuelve y firma la LIC. CECILIA MACIEL
LOPEZ, Directora de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control
y Evaluación Gubernamental, quien actúa ante la presencia de la Licenciada Rosaura
Reyes Cisneros y la Licenciada Maricela Ramírez Barriga, quienes fungen como testigos de
asistencia.
6.- Debe decirse que respecto a las imputaciones iniciales, la autoridad
demandada, me considero no responsable respecto a:
• La obtención de la fianza para responder por vicios ocultos a cargo del
contratista, tal y como se puede apreciar en el primer párrafo de la página 187 de la
resolución que se impugna.
• Así tampoco se me consideró responsable de No llevar bitácora electrónica.
Sin embargo podemos resumir las imputaciones que la demandada considero
acreditadas:
Considera que infringí el artículo 46 fracción III de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos que impone la obligación genérica de desempeñar el cargo
con eficiencia, puesto que incumplí con lo dispuesto por los artículos 66 y 69 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, así como los artículos 65, 84
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas,
toda vez que dice fui deficiente en la supervisión, vigilancia de los trabajos, ya que se
omitió notificar al contratista de los defectos o vicios de los trabajos realizados, ya que
fue hasta después de que termino la auditoría cuando se hicieron las reparaciones por
el contratista.
Considera que infringí el artículo 46 fracción III de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos que impone la obligación genérica de desempeñar el cargo
con eficiencia, puesto que incumplí con lo dispuesto por el artículos 74 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas, así como el artículo 86 fracción
II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas,
toda vez que dice no actué con diligencia en la supervisión, ya que la documentación
que debe estar integrado al expediente unitario de obra, no fueron conservados en
forma ordenada y sistemática.”
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3.- Ofreció como pruebas:
“Se ofrecen las siguientes, mismas que se relacionan con todos y cada uno de
los hechos expuestos, así como con los motivos de inconformidad:
1.- Documental.- Consistente en la copia certificada de todas y cada una de las
constancias que integran el expediente número 168/12/TIJ, radicado ante la Dirección
General de Control y Evaluación Gubernamental del Estado.
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que en fecha 08 de noviembre de
2013 el suscrito solicitó copias certificadas de todas y cada una de las actuaciones que
comprenden el procedimiento administrativo iniciado en mi contra, razón por la cual a
la fecha de presentación de la presente demanda me es imposible exhibir la probanza
ofrecida debido a la premura del tiempo que me obliga su presentación para la
obtención expedita de la suspensión del acto reclamado.
Al efecto se exhibe el escrito de mérito.
2.- Documentales.- Consistente en las siguientes:
a) Copia de Cedula de notificación de la resolución impugnada.
b) Copia de la resolución de fecha 23 de septiembre de 2013 emitida por la
demandada dentro del procedimiento de responsabilidades número 168/12/TIJ (acto
reclamado).
3.- INFORME DE AUTORIDAD. A cargo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos
de Tijuana, a través de la Subdirección de Construcción, entidad que deberá informar y
contestar el siguiente cuestionario:
QUE EL FUNCIONARIO SEÑALADO INFORME, RESPECTO DE LAS SIGUIENTES
CUESTIONES:
a) Que señale el proceso que se sigue por parte de la Sub Dirección de
Construcción para la elaboración y firmas de las Actas de recepción física de las obras
ejecutadas por los contratistas contratos de obra pública, indicando las
responsabilidades que corresponden a la supervisión, así como al Departamento de
Licitaciones y Costos respecto de la guarda y custodia del expediente unitario de obra.
b) Que diga cuál es el plazo que normalmente transcurre en el proceso de
elaboración y firma del acta de entrega recepción respecto de una de obra pública,
desde que se notifica a la Subdirección de Operación y Mantenimiento de la CESPT
para que ésta área suscriba el acta de entrega física.
c) Que diga qué área de la Subdirección de Construcción de CESPT, es
responsable de la custodia y guarda de los expedientes unitarios de obra, y cuál es la
responsabilidad de la supervisión en cuanto a la integración de los mismos.
d) La autoridad a cuyo cargo corre la presente prueba deberá responder
considerando los procedimientos y normatividad vigente de los años 2009 al 2011. (La
anterior observación se realiza en virtud de que recientemente fue autorizado un nuevo
reglamento interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana).
4.- INFORME DE AUTORIDAD.- A cargo del Subdirector Administrativo y Financiero
de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) consistente en el informe
que deberá rendir dicho funcionario en relación a sus atribuciones, debiendo remitir
copia certificada de los documentos y constancias respectivas para justificar el
contenido de su informe:
a) Que el funcionario señalado informe qué tipo de recursos fueron ejercidos o
se han ejercido (federales ó estatales), respecto al contrato de obra pública número
**************.
b) Que el funcionario exhiba constancias que acrediten su respuesta a la
pregunta que antecede.
5.- INFORME DE AUTORIDAD.- A cargo del Titular del Departamento de Control de
Obra dependiente de la Subdirección de Construcción de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana consistente en el informe que deberá rendir dicho
funcionario en relación a sus atribuciones, debiendo remitir copia certificada de los
documentos y constancias que considere para justificar el contenido de su informe:
QUE EL FUNCIONARIO SEÑALADO INFORME, RESPECTO DE LA SIGUIENTE
CUESTIÓN:
a.- En qué fecha inicio y en qué fecha culminó el trámite de elaboración y
recopilación de firmas del acta de finiquito del contrato de obra pública **************
b.- Que señale el proceso que se sigue por parte del Departamento de Control
de Obras para la autorización y tramite de estimaciones en los contratos de obra
pública.
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6.- Presuncional Legal y Humana.- Consistente en todo lo que beneficie al
suscrito dentro del presente juicio.
7.- Instrumental de Actuaciones.- Consistente en el conjunto de actuaciones que
obren dentro del presente juicio y que beneficien a al suscrito.”
4.- Mediante auto del quince de noviembre del dos mil trece,
se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a las
autoridades demandadas. Al efecto, produjeron su contestación
en los términos de los escritos visibles a fojas 170 y 171, (Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, por conducto de su Director
General) y 175 a 199 (Directora de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental
del Estado de Baja California).
5.- En fecha dos de junio de dos mil quince se celebró la
audiencia de pruebas y alegatos, citándose a las partes para
sentencia.
6.- Mediante acuerdo de fecha veinticinco de Agosto de dos
mil quince, se ordenó se notificara a las partes el cambio de
Magistrado Titular de la Sala, de conformidad con el artículo 115 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, de aplicación
supletoria a la materia contenciosa administrativa de conformidad
con el artículo 30 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, y al haberse practicado las notificaciones
correspondientes y transcurrido el plazo sin que las partes hicieran
manifestación alguna, se procede a dictar la sentencia que en
derecho corresponde, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Baja California, es competente para conocer del
presente juicio en razón de la materia, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 22 fracción III de la ley que rige a este
Tribunal, toda vez que la controversia versa sobre sanciones
impuestas con base en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Baja California.
Asimismo, es competente por territorio, en virtud de que lo
promueve un particular, quien señala un domicilio en la ciudad de
Tijuana, Baja California, el cual se encuentra dentro de la
circunscripción territorial de esta Sala, que fue fijado por Acuerdo del
Pleno de este Tribunal, en sesiones de fechas treinta de junio de mil
novecientos noventa y cuatro y seis de septiembre de mil
novecientos noventa y siete, conforme lo dispuesto por los diversos
artículos 17 fracción VI, 18 fracción II, 21 y 23 de la citada Ley.
SEGUNDO.- El acto impugnado consistente en la resolución
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administrativa dictada por la Directora de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental de Estado de Baja California, en fecha veintitrés de
septiembre del dos mil trece, obra agregada dentro de la copia
certificada del expediente número 168/12/TIJ; prueba ofrecida por
la autoridad demandada y que se guardó por separado del
expediente original. Documental que de conformidad con lo
previsto en los artículos 322 fracción V y 405 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de
aplicación supletoria al procedimiento contencioso administrativo,
según los numerales 30, tercer párrafo y 79, ambos de la ley que
rige a este Tribunal, le asiste valor probatorio pleno para tener por
demostrada su existencia y contenido.
En relación al diverso acto impugnado que se hizo consistir en
la inminente ejecución de la sanción que le fue impuesta en la
resolución descrita en el párrafo anterior; en autos del presente
juicio no existe documental alguna que demuestre que el Titular del
órgano de control interno de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana, ejecutó la sanción de amonestación pública al
servidor público **********.
En consecuencia, surge la causal de improcedencia contenida
en la fracción IV del artículo 40 de la ley que rige a este Tribunal,
por no aparecer claramente en autos; y por tal motivo, lo
conducente es sobreseer en el presente juicio contencioso
administrativo, únicamente por lo que hace a la impugnación de la
inminente ejecución de la sanción impuesta, de conformidad con
lo previsto en el numeral 41 fracción II del mismo ordenamiento
legal en mención.
TERCERO.- Por ser una cuestión de orden público y estudio
preferente, se procederá a resolver si en la especie se actualiza
alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento que se
prevén en la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del
Estado de Baja California.
A juicio de esta Sala, en la presente controversia surge la
causal de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo
40 de la ley que rige a este Tribunal, en relación con lo dispuesto en
el artículo 31, fracción II, inciso A del mismo ordenamiento legal,
para sobreseerlo en contra de la autoridad demandada Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana; en razón de lo siguiente:
A efecto de que en los juicios contenciosos administrativos
apareciere la citada causal de improcedencia (En los demás casos
en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley),
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es menester que sea consecuencia de la misma ley que rige a este
Tribunal, sin que de manera específica esté consignada como tal
en alguna parte del ordenamiento legal, toda vez que puede
surtirse cuando del conjunto de disposiciones que lo integran y de
su interpretación, se revelen casos en que su procedencia sería
contraria a la naturaleza del juicio contencioso administrativo.
Ahora bien, el inciso A de la fracción II del artículo 31 de la ley
que rige a este Tribunal, prevé que es parte en el juicio contencioso
administrativo la autoridad que realizó el acto o emitió la resolución
impugnada.
En la presente controversia, la resolución administrativa que
resuelve sobre la existencia de las faltas imputadas a la parte
actora, es emitida por la Directora de Responsabilidades y Situación
Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental
del Estado de Baja California; sin que se advierta participación
alguna de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, a
través de su Director General.
De esta manera, se determina que al señalarse como parte de
la controversia a una autoridad que no participó en la emisión de la
resolución impugnada, se actualiza la causal de improcedencia
prevista en la fracción IX del artículo 40 de la ley que rige a este
Tribunal; resultando como consecuencia el sobreseimiento del
presente juicio contencioso administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41 fracción II del mismo ordenamiento legal
en mención, únicamente en contra de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana.
CUARTO.- Para efectos prácticos y evitar ser redundante,
cuando se haga mención en el presente considerando de la
Directora, se entenderá como “Directora de Responsabilidades y
Situación Patrimonial de la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental del Estado de Baja California”.
Como primer motivo de inconformidad, el demandante
argumenta:
“PRIMERO.- La resolución que se impugna es nula, pues se actualiza la causal de
invalidez que establece el artículo 83 fracción I de la ley que rige a este H. Tribunal, puesto
que dicho acto administrativo fue emitido por una autoridad que carece de
competencia para interpretar la normatividad en materia de obra pública federal, pues
la legislación dispone que tal atribución corresponde a la Secretaria de la Función Pública
No debe perderse de vista que el análisis y determinación de responsabilidad
administrativa que resuelve la demandada, se fundamenta en el incumplimiento de la
normatividad a la Ley de Obra Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su
Reglamento.
Del contenido de la resolución que hoy se impugna, referente al procedimiento
que fue instruido en contra del suscrito por la hoy demandada, se observa que se me
imputa responsabilidad por el supuesto incumplimiento a diversos preceptos de la Ley de
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Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas como son los artículos 46, 66, 69 y
74 penúltimo párrafo así como los artículos 65, 84 fracciones I, V y VI, 86 fracción II, 93 y 97
A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; y
en efecto, observamos que todos y cada una de las omisiones y hechos que se me
imputa y que se consideran incorrectas, derivan de la interpretación y aplicación de la ley
federal antes citada, precisamente en virtud de que para la ejecución de la obra que fue
contratada se aplicaron recursos federales.
En este punto debemos aclarar que, las posibles irregularidades en que hubiere
incurrido un servidor público de una entidad federativa al aplicar la ley federal deben ser
materia de sanción a través del procedimiento administrativo que regula la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (en lo sucesivo LFRASP)
corresponde a la Secretaria de la Función Pública, que al efecto señala en su artículo 2:
ARTICULO 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales
mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas
personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.
Como se puede observar, cuando servidores públicos de la administración estatal
contratan una obra pública bajo una ley federal y se realizan los trabajos bajo dicha
normatividad, se debe a que están aplicando recursos públicos federales, pues ese es
precisamente el requisito que la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas (en lo sucesivo LOPSRM), establece para que se aplique su contenido normativo;
por tanto, se da el supuesto de aplicación subjetiva que establece el artículo 2 de la
LFRASP y consecuentemente, se surte la competencia para aplicar esta normatividad
sancionadora a cargo de la Secretaría de la Función Pública; artículo 3 fracción III de la
LFRASP:
ARTICULO 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para
aplicar la presente Ley:
I.- ……
II.- ……
III.- La Secretaría de la Función Pública;
En este sentido, la autoridad demanda carece de facultades para aplicar sanción
alguna en base al análisis de actos y hechos ejecutados en el desarrollo contractual
llevado conforme a la legislación federal, ya que las posibles infracciones de un servidor
público perteneciente a una administración estatal, deben ser sancionadas por la
autoridad federal cuando a su actuación le resulten aplicables la normatividad federal,
como es el caso.
Para analizar la infracción a una norma estatal (como seria las obligaciones que a
mi cargo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Baja California) no sería correcto que se interpretara la normatividad federal; pues si bien
es cierto que la autoridad aplica y analiza la infracción al artículo 46 de la ley de
Responsabilidad de Servidores Públicos vigente en el Estado, el análisis que realiza para
determinar que mi obligación de llevar a cabo en forma eficiente y adecuada la
supervisión de trabajos y la integración de los expedientes de obra, deriva de una norma
federal que establece precisamente obligaciones a cargo de la residencia de las
entidades públicas, sin embargo para llevar a cabo el análisis del cumplimiento o
incumplimiento de dichas obligaciones que establece la Ley Federal, es evidente que la
competencia para analizarlas no corresponde a la demandada, sino a la Secretaria de la
Función Publica.
En efecto, conforme al procedimiento que se inició en mi contra, se imputa que
violenté el artículo 46 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Baja California, pues me encuentro obligado a ejercer las disposiciones
administrativas que determinen el manejo de recursos humanos, económicos y materiales
públicos.
Ahora bien, para analizar la imputación necesariamente debemos considerar la
siguiente premisa:
• El estudio del presente asunto tiene como presupuesto lógico, la aplicación de
una ley federal, pues el contrato de obra pública número ************* se reguló por la Ley
Federal de la materia y se aplicaron recursos federales en su ejecución; de ahí que
cualquier análisis interpretativo sobre la imputación, deberá hacerse necesariamente
sobre la base de dicha legislación, pues la misma se considera incumplida.
Como se puede observar, no basta que la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Baja California establezca una obligación del suscrito,
para que se surta la competencia sancionadora de la Contraloría Estatal; sino que la
materia de las obligaciones que se analicen deben ser del ámbito estatal para estar en
aptitud de entrar dentro de la jurisdicción material de esa H. Dirección. En el caso
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
concreto, las leyes en materia de obra pública establecen claramente que autoridad es
competente para su aplicación e interpretación.
Artículo 8 de la LOPSRM
Artículo 8. La Secretarla, la Secretarla de Economía y la Secretaría de la Función
Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para
interpretar esta Ley para efectos administrativos.
La Secretarla de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que
sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en
cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretarla de
Economía. Las disposiciones de carácter general se publicarán en el Diario Oficial de la
Federación.
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará
encargada de establecer las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles
de puesto de los servidores públicos correspondientes en materia de contrataciones
públicas, así como las relativas a la capacitación para el adecuado desempeño de sus
funciones en las materias a que alude esta Ley.
En tanto que, el artículo 8 de la Ley de Obras Públicas, Suministros, Equipamientos y
Servicios relacionados con la misma del Estado de Baja California, por su parte establece:
ARTÍCULO 8.- La Dirección y la Secretarla dentro de su ámbito de competencia
aplicarán esta ley, correspondiendo a la primera la interpretación de la misma para
efectos administrativos.
La Dirección expedirá las disposiciones administrativas que sean necesarias para el
adecuado cumplimiento de la Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaria y de la
Cámara que corresponda. Tales disposiciones se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado. La Secretarla deberá observar las disposiciones relativas a Obra Pública que
expida la Dirección.
Como se puede observar si la responsable consideró para fincarme
responsabilidad que no cumplí con las obligaciones que establecen diversos preceptos
de una ley y reglamento federales, y que como consecuencia de dicho incumplimiento
no cumplí con eficiencia en el manejo de los recursos que me estaban asignados, es
evidente que existe un impedimento jurídico para considerar que el suscrito no cumplió
con la obligación que establece el artículo 46 fracción III de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, puesto que para llegar a tal
afirmación la autoridad demandada hace una interpretación y análisis de la
normatividad federal que establece las diversas obligaciones cuya deficiencia se me
reprocha, sin embargo, NO EXISTE NINGÚN PRECEPTO LEGAL EN EL MARCO JURÍDICO QUE
PERMITA O FACULTE A LA AUTORIDAD DEMANDADA PARA INTERPRETAR LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA ASÍ COMO SU REGLAMENTO.
De ahí que es indebido que se me imputen los siguientes incumplimientos:
• Que incumplí con el artículo 66 de la Ley Federal en relación con el artículo 65 y
84 del Reglamento de dicha ley, al afirmar que fui deficiente en supervisar los trabajos en
cuanto a calidad, y que no requerí oportunamente para que el contratista respondiera
de los vicios ocultos. (de la página 170 a la página 191 de la resolución que se impugna).
• Que incumplí con el artículo 74 de la Ley Federal en relación con el artículo 86
fracción II de su reglamento, al afirmar que no conserve en forma ordenada y sistemática
la documentación comprobatoria de los actos y contratos y de no integrar y mantener al
corriente el archivo (de la página 198 a la página 221 de la resolución que se impugna).
La demandada no se encuentra facultada para interpretar la normatividad en
materia de obra pública federal, pues la legislación dispone que tal atribución
corresponda a la Secretaria de la Función Pública, de ahí que se solicita se declare la
nulidad del acto que hoy se reclama por la falta de competencia material de la
autoridad demandada para interpretar la aplicación, cumplimiento o incumplimiento de
los artículos 46, 66, 69 y 74 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas; así como los artículos 65, 84 fracciones I, V y VI, 86 fracción II,
93 y 97 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas.”
El motivo de inconformidad transcrito es fundado y operante
para declarar nula la resolución impugnada; atendiendo a los
razonamientos siguientes:
Los actos administrativos son la exteriorización de la voluntad
del Estado y se sujetan a los principios de economía, celeridad,
11
Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
eficacia, legalidad, publicidad y buena fe; y entre los cuales
destaca para el caso de estudio la legalidad, que implica que las
autoridades administrativas se someten a la leyes por ser la fuente
directa de validez y legitimidad de su actuación.
Las autoridades deben cumplir con este principio de
legalidad, al emitir actos que trascienden de manera inmediata a
la esfera jurídica de los particulares, señalando de manera clara la
norma legal que atribuya a su favor la facultad para actuar en
determinado sentido, y en la forma precisa y exacta en que lo
disponga la ley correspondiente, es decir, ajustándose escrupulosa
y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra
fundamento su conducta desarrollada.
En este sentido, el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, establece que los actos de autoridad
deben estar debidamente fundados y motivados; y la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que
por fundamentación debe de entenderse la cita precisa de los
ordenamientos legales aplicables al caso concreto, es decir, los
ordenamientos que prevean los supuestos normativos en que
encuadra la situación del particular, así como los que otorgan
facultades a la autoridad para emitirlos; y por motivación, la
precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que la autoridad haya tomado en
consideración para emitir el acto y además, debe de existir
adecuación entre los motivos y los supuestos previstos por los
referidos ordenamientos.
En el caso de estudio, se tiene que a la parte actora (entre
diversos funcionarios públicos) le fue seguido un procedimiento de
responsabilidad administrativa por dejar de cumplir la obligación
contenida en la fracción III del artículo 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja
California, en lo relativo a dejar de cumplir con leyes y reglamentos
que determinan el manejo de recursos económicos públicos,
específicamente preceptos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, vigente hasta el
veintiocho de julio del dos mil diez (por lo que hace a un contrato
número **************.
Lo anterior se advierte del contenido de la resolución
impugnada en este juicio, consultable en las fojas 4100 a 4236 de la
copia certificada del expediente número 168/12/TIJ, y que se
guardó por separado de los autos del presente juicio; mismo que
con fundamento en los artículos 322 fracción V y 405 del Código de
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, aplicables
según lo previsto en el artículo 79 de la ley que rige a este Tribunal,
le asiste valor probatorio pleno para tener por demostradas los
preceptos legales y las conductas que fueron imputadas a la parte
actora como responsabilidad administrativa.
Ahora bien, la Directora en la resolución impugnada citó
como fundamentos de su competencia para conocer y resolver el
procedimiento de responsabilidad administrativa seguido al hoy
actor, los artículos 40 y 91 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California; 1, 4, 8, 10, 17 fracción XVIII y 25
fracciones XII y XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Baja California; 1, 2, 15 fracciones VII y XXI y 17
fracciones I y III del Reglamento Interno de la Dirección de Control y
Evaluación Gubernamental; 1, 2, 3, 4 fracción I, 5 fracción I, 46, 47,
48, 52 primer párrafo, 53, 54 y 66 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja
California.
Los citados dispositivos legales dicen lo siguiente:
De la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California:
“ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola
persona que se denomina Gobernador del Estado.
El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal,
que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el
Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del
Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía
Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías y las
Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades
Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones
entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno,
la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados; y, en
general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones.
El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden común.
De la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Baja California:
“ARTÍCULO 1.- La presente Ley fija la estructura y regula la función
administrativa a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y define
las bases de creación y vinculación con la Administración Pública Paraestatal.
ARTÍCULO 4.- Cuando la prestación de servicios públicos o sociales, la
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
explotación de bienes o recursos propiedad del Estado, la investigación
científica y tecnológica o la obtención y aplicación de recursos para fines de
asistencia o seguridad social, que por su naturaleza y fines requieran ser
atendidos de manera especial, el Gobernador del Estado podrá descentralizar
sus funciones depositándolas en entidades de la Administración Pública
Paraestatal.
Los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y
Fideicomisos que funcionen en el Estado, integran la Administración Pública
Paraestatal y serán coordinados por las Dependencias del Ejecutivo, que por
acuerdo especial convenga al Gobernador del Estado.
Las Leyes, Decretos o Acuerdos especiales que establecen la creación
de las entidades, determinarán claramente sus atribuciones, el grado de
autonomía, normas de funcionamiento y las relaciones que deban darse entre
éstas y el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 8.- Los Titulares de las Dependencias a que se refiere esta Ley,
ejercerán sus funciones y dictarán las resoluciones que les competen, pudiendo
delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades salvo aquéllas que
sean indelegables de acuerdo con la Constitución, las Leyes y los Reglamentos.
ARTÍCULO 10.- El Gobernador del Estado expedirá el Reglamento Interno
de cada Dependencia del Ejecutivo, en el que se determinarán las Unidades
Administrativas de las mismas, así como sus atribuciones; además se fijarán en
ese Ordenamiento las facultades que deban ser ejercidas por sus Titulares, así
como la forma en que los mismos deberán ser suplidos en sus ausencias.
ARTÍCULO 17.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en
los diversos ramos de la Administración Pública del Estado, habrá un Secretario
General de Gobierno.
[…]
XVIII.- Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, y
ARTÍCULO 25.- A la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, le
corresponde la atención y trámite de los siguientes asuntos:
[…]
XII.- Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los
servidores públicos para constituir responsabilidades administrativas, aplicar las
sanciones que correspondan en los términos que las leyes señalan, y en su caso,
hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, presentándole
para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.
[…]
XIV.- Coadyuvar con las dependencias normativas en el establecimiento
de los lineamientos que en materia de desarrollo y modernización administrativa
deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos
técnicos y tecnológicos se lleven en un marco de legalidad y transparencia;
Del Reglamento Interno de la Dirección de Control y
Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California (vigente
en la fecha de emisión de la resolución impugnada):
“ARTÍCULO 1.- La Dirección General de Control y Evaluación
Gubernamental (Contraloría General del Estado) tendrá a su cargo las
atribuciones que le encomienden la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Baja California, así como los decretos y acuerdos que expida el C. Gobernador
del Estado.
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
ARTÍCULO 2.- Para el ejercicio de sus atribuciones la Dirección General de
Control y Evaluación Gubernamental (Contraloría General del Estado) contará
con los siguientes servidores públicos y unidades administrativas:
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
AREA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL
DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
DEPARTAMENTO DE SITUACION PATRIMONIAL
AREA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y CONTROL GUBERNAMENTAL
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS DEPARTAMENTO DE
AUDITORIAS FINANCIERAS
UNIDAD DE EVALUACION Y MEJORA
AREA DE FISCALIZACION Y EVALUACION DE LA INVERSION PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE SUPERVISION TECNICA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
COMISION ESTATAL DE AVALUOS DEPARTAMENTO DE AREA TECNICA
ARTÍCULO 15.- El área de responsabilidades y situación patrimonial tendrá
las siguientes atribuciones:
VII.- Practicar de oficio o por denuncia debidamente fundada, las
investigaciones que correspondan sobre el incumplimiento por parte de los
servidores públicos de las prevenciones a que se refiere la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California;
[…]
XXI.- Vigilar el cumplimiento de todas aquellas disposiciones legales,
administrativas y operativas que rigen el funcionamiento de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado;
ARTÍCULO 17.- El departamento de responsabilidades tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- Estudiar y analizar los documentos o informes de los que se pueda
derivar responsabilidad penal por actuaciones u omisiones por parte de los
servidores públicos de Baja California;
III.- Determinar la responsabilidad a que se hacen acreedores los
servidores públicos de acuerdo a lo establecido por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California;”
De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Baja California:
“ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés
social y de observancia general en el Estado de Baja California teniendo por
objeto reglamentar el Título Octavo, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California.
ARTÍCULO 2.- La presente Ley reglamenta la Responsabilidad de los
Servidores Públicos, en relación a:
I.- Los sujetos de responsabilidad política y administrativa;
II.- Las autoridades competentes para la aplicación y ejecución de la
presente Ley;
III.- Los procedimientos de Juicio Político y Declaración de Procedencia;
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
IV.- Las obligaciones generales en el servicio público;
V.- El procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas;
VI.- Las sanciones que se deriven del Juicio Político, así como las
administrativas;
VII.- Los Órganos de Control;
VIII.- Los recursos administrativos en el Procedimiento de
responsabilidades; y,
IX.- El Registro Patrimonial de los servidores públicos.
ARTÍCULO 3.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados
en el artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I.- Dirección: A la Dirección de Control y Evaluación Gubernamentela del
Estado;
ARTÍCULO 5.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley,
en sus respectivos ámbitos de competencia son:
I.- El Ejecutivo del Estado, los Titulares de sus Dependencias y Entidades y
la Dirección;
ARTÍCULO 46.- Todo servidor público debe desempeñar su función,
empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de Legalidad,
Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del orden
jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra emanen.
En tal virtud, los servidores públicos tienen las siguientes obligaciones:
[Se tienen por reproducidas las XXI fracciones que determinan las
obligaciones de los servidores públicos]
ARTÍCULO 47.- Los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones,
empleos o comisiones, estarán sujetos a las prohibiciones siguientes:
[Se tienen por reproducidas las XVIII fracciones que determinan las
prohibiciones de los servidores públicos]
ARTÍCULO 48.- Cuando los servidores públicos mencionados en el artículo
3 de esta Ley, incurran en violación a lo establecido en los artículos 46 y 47 del
mismo ordenamiento, serán sujetos al procedimiento de responsabilidad
administrativa.
La responsabilidad administrativa por infracciones a ésta Ley y a la
normatividad aplicable, en la cual se incurra durante el tiempo de su encargo
por cualquier servidor público, será exigible aún cuando el presunto responsable
no se desempeñe en el servicio público, de acuerdo con los plazos de
prescripción consignados en el artículo 72 de la presente Ley.
ARTÍCULO 52.- En el ámbito de sus respectivas competencias las
autoridades señaladas en el artículo 5 de la presente ley, serán las encargadas
de recibir quejas y denuncias que se presenten contra servidores públicos
relativas al incumplimiento de las funciones o a las violaciones a ésta Ley.
Cuando no exista Órgano de Control, las quejas y denuncias las recibirá el
Titular de la Dependencia o Entidad de que se trate.
La Dirección, la Contraloría Interna del Congreso del Estado, el Consejo
de la Judicatura o los Síndicos Procuradores, en sus respectivos ámbitos de
competencia determinarán la necesidad de contar con un Órgano de Control
dentro de las Dependencias y Entidades. Para tal efecto, designarán y en su
16
Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
caso, removerán a los Titulares de dichos Órganos, quienes dependerán
jerárquica y funcionalmente de las autoridades mencionadas.
ARTÍCULO 53.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección, la
Contraloría Interna del Congreso del Estado, el Consejo de la Judicatura, los
Síndicos Procuradores o el Órgano de Control, podrán llevar a cabo
investigaciones debidamente motivadas o auditorias respecto de las conductas
de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades
administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán
proporcionar la información y documentación que le sean requeridas.
Las autoridades mencionadas podrán comprobar el cumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos a través de operativos específicos de
verificación, en los que participen en su caso, los particulares que reúnan los
requisitos que aquélla establezca.
ARTÍCULO 54.- Para los efectos de este Capítulo, la Dirección, la
Contraloría Interna del Congreso del Estado, el Consejo de la Judicatura y los
Síndicos Procuradores, en el ámbito de sus respectivas competencias están
facultados para investigar de oficio las irregularidades cometidas por los
servidores públicos y de ser procedente instaurar el procedimiento
administrativo correspondiente.
En el ámbito Estatal, la Dirección podrá informar a sus Órganos de Control
o a los Titulares de las Dependencias o Entidades para que instruyan el
procedimiento administrativo o bien coadyuven en el mismo.
ARTÍCULO 61.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los
siguientes elementos:
I.- La gravedad de la infracción cometida;”
Una vez analizados los artículos transcritos, se advierte que
ninguno de ellos establece la facultad de la Directora para
conocer y resolver sobre procedimientos de responsabilidad
administrativa en contra de servidores públicos, en los que se les
atribuya como conducta infractora el dejar de cumplir con leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas de carácter federal que
determinan el manejo de recursos económicos públicos, como lo
son la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y el Reglamento de dicha ley.
En efecto, la obligación que se contiene en la fracción III del
numeral 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja California, por cuanto hace al deber de
cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que
determinen el manejo de recursos humanos, económicos y
materiales públicos; indudablemente debe interpretarse y
entenderse, en principio, al cumplimiento de las disposiciones
legales cuya observancia rigen en esta entidad federativa.
De tal modo que, para estar en aptitud de fincar
responsabilidad administrativa a un servidor público por infringir
preceptos legales que determinan el manejo de recursos
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
económicos públicos, aquéllos deben contenerse en legislaciones
que rijan en el Estado de Baja California.
No pasa desapercibido que la Directora (hoy Directora
Jurídica) en su escrito de contestación, específicamente al
oponerse al motivo de inconformidad en estudio, sostiene que si es
competente para resolver el procedimiento seguido a la parte
actora; al argumentar esencialmente lo siguiente:
Que conforme a lo previsto en el artículo 1 del Reglamento
Interno de la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del
Estado de Baja California, la Contraloría del Estado se comprometió
con el Gobierno Federal (sic) a verificar el cumplimiento de la Ley
de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas;
conforme al contenido del capítulo III fracción V y sección III del
Acuerdo de Coordinación celebrado por el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California, cuyo
objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de
Transparencia y combate a la corrupción”, así como los párrafos
segundo y tercero del Anexo de Ejecución número 1-01/10
celebrado por el Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo del Estado
de Baja California.
Al respecto debe decirse, en primer término, que en la
resolución impugnada no se estableció algún dispositivo legal,
apartado, inciso o párrafo del citado Acuerdo de Coordinación y
Anexo de Ejecución, como fundamento de competencia de la
Directora.
De tal modo que al no hacerlo así, ocasiona que se deje en
estado de indefensión al servidor público demandante para
conocer y combatir en el juicio contencioso administrativo, los
preceptos legales con que se sustentan las atribuciones para
determinar su responsabilidad administrativa e imponerle las
sanciones correspondientes con motivo de la aplicación de una
Ley Federal.
Cabe mencionar que el primer enunciado del primer párrafo
del artículo 54 de la ley que rige a este Tribunal, expresamente
establece que en la contestación de la demanda no podrán
cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución
impugnada. De ahí que la Directora esta jurídicamente
imposibilitada para establecer en su escrito de contestación cuáles
fundamentos legales, distintos a los expresados en la resolución
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
impugnada, son los que le conceden atribuciones legales para
emitirla.
Sin perjuicio de lo anterior, y para estar en aptitud de fincar al
actor la responsabilidad administrativa por dejar de cumplir con
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter
federal que determinan el manejo de recursos económicos
públicos; es menester que exista disposición expresa que así lo
indique dentro de los instrumentos legales que cita la autoridad
demandada (Acuerdo de Coordinación y Anexo de Ejecución).
De la revisión que se hace de todas las cláusulas contenidas en
el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de de Baja California, cuyo
objeto es la realización de un programa de coordinación especial
denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en materia de
Transparencia y combate a la corrupción” (publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Baja California el veintiuno de
agosto del dos mil nueve); ninguna establece de manera
específica que le corresponde directamente al Gobierno del Estado
de Baja California (por conducto de la Dirección de Control y
Evaluación Gubernamental), el instrumentar procedimientos
disciplinarios en contra de servidores públicos que resulten
responsables de irregularidades detectadas con motivo del
ejercicio de recursos federales, cuyo ejercicio y control se rige por
ordenamientos legales aplicables del orden federal e instrumentos
de coordinación celebrados para tal efecto.
De la revisión que esta Sala hace de las cláusulas del Acuerdo
de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de de Baja California, cuyo objeto es la
realización de un programa de coordinación especial denominado
“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
Gestión Pública, y colaboración en materia de Transparencia y
combate a la corrupción” (publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Baja California el veintiuno de agosto del dos mil nueve y
en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de dos
mil nueve), en el cual la autoridad sostiene su competencia, se
advierte que no establece de manera específica que le
corresponde directamente al Gobierno del Estado de Baja California
(por conducto de la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental), el tramitar y resolver procedimientos disciplinarios
en contra de servidores públicos que resulten responsables de
irregularidades detectadas con motivo del ejercicio de recursos
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
federales, cuyo ejercicio y control se rige por ordenamientos legales
aplicables del orden federal e instrumentos de coordinación
celebrados para tal efecto.
En el citado Acuerdo de Coordinación se estableció como
compromiso entre la Secretaría de la Función Pública y la Dirección
de Control y Evaluación Gubernamental del Estado de Baja
California, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la
Secretaría de la Función Pública, el iniciar, en su caso, los
procedimientos de responsabilidades (capítulo III, cláusula quinta,
inciso V), mas no substanciar en todas sus fases el procedimiento
correspondiente y resolver el mismo, determinando si existe o no
responsabilidad a cargo del servidor público local, ni mucho menos
le faculta para imponer la sanción correspondiente.
Las cláusula anterior no determina de manera clara y específica
que la competencia es de la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental del Estado de Baja California, para tramitar en todas
sus fases, y resolver los procedimientos disciplinarios en contra de
servidores públicos de esta entidad federativa, que resulten
responsables de irregularidades detectadas con motivo del ejercicio
de los recursos federales, e imponer la sanción correspondiente.
De tal manera que no existe ordenamiento legal bajo el cual se
determine de manera concreta y que no deje lugar a dudas, que la
Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del Estado de
Baja California, se encuentra facultada para determinar
responsabilidades de servidores públicos del Estado de Baja
California, que en el desarrollo sus funciones infrinjan leyes,
reglamentos y disposiciones administrativas de carácter federal, que
determinen el ejercicio, control y manejo de recursos federales.
Cabe recordar que la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos dispone en los preceptos
correspondientes, la competencia de las autoridades federales para
investigar, tramitar, sustanciar y resolver los procedimientos
respectivos, así como para imponer las sanciones correspondientes:
Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales
mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas
aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.
Artículo 4.- Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en
su caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán
autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas de
auditoría, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de control de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la
Procuraduría General de la República.
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
Artículo 11.- Las autoridades a que se refieren las fracciones I, II y IV a X del
artículo 3, conforme a la legislación respectiva, y por lo que hace a su
competencia, establecerán los órganos y sistemas para identificar, investigar y
determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 8, así como para imponer las sanciones
previstas en el presente Capítulo.
Así las cosas, para que se considere que la autoridad estatal se
encuentra facultada para tramitar, substanciar y resolver los
procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de
servidores públicos del Estado de Baja California, que en el desarrollo
sus funciones infrinjan leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas de carácter federal, que determinen el ejercicio,
control y manejo de recursos federales, y en su caso imponerles la o
las sanciones correspondientes, así debe especificarse en el
acuerdo correspondiente, lo cual no ocurre en el caso que nos
ocupa, pues se limita a facultar a la autoridad para iniciar el
procedimiento correspondiente, expresándose que lo anterior es
“…sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Secretaría
de la Función Pública…”
Tampoco pasa desapercibido para esta Sala que en la Sección
IV del capítulo IV del mencionado Acuerdo, intitulada “De las
Responsabilidades y Sanciones”, se establece una serie de
disposiciones, bajo los numerales DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA
y DÉCIMA QUINTA, en las cuales se determina una serie de
compromisos de coordinación entre la Secretaría de la Función
Pública y la Dirección de Control y Evaluación Gubernamental del
Estado de Baja California, en especial el de instrumentar los
procedimientos disciplinarios en contra de los servidores públicos que
resulten responsables de irregularidades detectadas con motivo del
ejercicio de los recursos federales, sin que se determine en forma
específica en qué casos corresponde la facultad a la Secretaría de
la Función Pública y en qué casos a la Dirección de Control y
Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California.
Los argumentos que la autoridad esgrime para sostener la
legalidad de su actuación son infundados, en razón de que se limita
a insistir que su competencia surge en razón de que el actor
incumplió con normas de carácter federal, por el irregular manejo
de recursos federales, siendo que como ya se dijo, en tal caso no se
surte la competencia de la autoridad sancionadora del Estado de
Baja California, en los términos del artículo 2 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; y el
Acuerdo en que se funda la competencia de la autoridad
demandada, no dispone en forma específica su facultad para
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
tramitar, sustanciar, y resolver los procedimientos de responsabilidad
administrativa correspondiente y en su caso, para imponer la o las
sanciones del caso.
Aunado a ello, en razón de que, como ya se dijo, en la Sección
IV el capítulo IV del mencionado Acuerdo, intitulada “De las
Responsabilidades y Sanciones”, se establece una serie de
disposiciones y compromisos entre las autoridades federal y estatal,
especificándose en la cláusula DÉCIMA CUARTA:
La Secretaría de la Función Pública y el Gobierno del Estado,
en el ámbito de sus respectivas competencias, se comprometen a
instrumentar los procedimientos disciplinarios en contra de los
servidores públicos que resulten responsables de irregularidades
detectadas con motivo del ejercicio de los recursos federales…
Es decir, en lo que se refiere a instrumentar los procedimientos
disciplinarios en contra de los servidores públicos que resulten
responsables de irregularidades detectadas en el manejo de
recursos federales, no se asignó al Gobierno del Estado tal facultad,
sino que se dejaron las facultades a cada una de las autoridades
para actuar en el ámbito de sus respectivas competencias.
Además de que no existe una norma que de manera expresa
otorgue facultad a la autoridad para tramitar y resolver
procedimientos administrativos disciplinarios, no debe soslayarse que
se trata de un procedimiento administrativo disciplinario en el cual la
autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente lo
faculte, es decir, tal como se mencionó al inicio del estudio de este
motivo de inconformidad, la autoridad administrativa se encuentra
obligada a atender cabalmente el principio de legalidad, según el
cual, solo en el caso de que exista una norma que expresamente lo
autorice, puede tramitar y resolver un procedimiento disciplinario en
contra de un servidor público que resulte responsable tratándose de
irregularidades detectadas en el manejo de recursos federales.
En el presente caso, es indudable que se desatendió el referido
principio, dado que como se señala, estamos en presencia de
derecho sancionador, y por ende, quien actúe debe estar dotado
del cúmulo de atribuciones para ello.
Por tal motivo, en este juicio surge la causal de nulidad prevista
en la fracción I del artículo 83 de la ley que rige a este Tribunal y,
como consecuencia, se declara la nulidad de la resolución
administrativa dictada por la Directora (hoy Directora Jurídica) de
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control
y Evaluación Gubernamental, en fecha once de febrero del dos mil
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
quince, dentro del expediente administrativo número 23/13/MXL,
únicamente por lo que hace al servidor público ************
A efecto de salvaguardar el derecho afectado al demandante,
se condena a la autoridad demandada a que emita una nueva
resolución en la deje insubsistente la declarada nula por esta Sala;
declarando que es autoridad incompetente para determinar
responsabilidad administrativa e imponerle sanciones a **********, por
las infracciones mencionadas en la resolución que se declara nula,
debiendo asimismo girar oficios a las autoridades señaladas en los
resolutivos CUARTO, SEXTO Y SÉPTIMO de la resolución que se declara
nula, a efecto de hacerles saber el resultado de este fallo, para que
lo hagan constar en sus expedientes y registros, debiendo hacer lo
propio la autoridad demandada en su expediente y registro.
En virtud de que resultó fundado, operante y suficiente el primer
motivo de inconformidad, resulta innecesario entrar al estudio de los
diversos motivos de inconformidad que hace valer el demandante,
ya que independientemente del resultado de su estudio el sentido
del fallo sería el ya determinado, y atendiendo a la naturaleza del
mismo, tampoco es necesario el análisis de las objeciones a las
pruebas que planteó la autoridad demandada, pues de su
contenido no se advierte que redarguya de falso lo señalado en el
contenido de la resolución impugnada.
Por todo lo antes expuesto, y de conformidad con los artículos
82, 83 fracción I y 84 primero párrafo, todos de la ley que rige a este
Tribunal; es de resolverse y se...
R E S U E L V E
PRIMERO.- Conforme a lo expuesto en el considerando segundo
del presente fallo, con fundamento en el artículo 40 fracción VI de la
Ley del Tribunal, se sobresee el presente juicio contencioso
administrativo, únicamente por lo que hace a la impugnación de la
“inminente ejecución” de la sanción impuesta al demandante, de
conformidad con lo previsto en el numeral 41 fracción II del mismo
ordenamiento legal en mención.
SEGUNDO.- Atento a lo señalado en el considerando tercero de
esta sentencia, y con fundamento en los artículos 40 fracción IX y 41
fracción II, ambos de la ley del Tribunal; se sobresee en el presente
juicio contencioso administrativo únicamente en contra de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
TERCERO.- De conformidad con lo razonado en el considerando
cuarto del presente fallo, se declara la nulidad de la resolución
administrativa dictada por la Directora Jurídica de
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de Control
y Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California, en fecha
veintitrés de septiembre del dos mil trece, dentro del expediente
administrativo número 168/12/TIJ, únicamente por lo que hace al
servidor público **********.
CUARTO.- A efecto de salvaguardar el derecho afectado del
demandante, se condena a la Directora Jurídica (antes Directora)
de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Dirección de
Control y Evaluación Gubernamental del Estado de Baja California, a
que emita una nueva resolución en la deje insubsistente la
declarada nula por esta Sala; declarando que es autoridad
incompetente para determinar responsabilidad administrativa e
imponerle sanciones a **********, por las infracciones mencionadas
en la resolución declarada nula, debiendo asimismo girar oficios a
las autoridades señaladas en los resolutivos CUARTO, SEXTO Y
SÉPTIMO de la resolución que se declara nula, a efecto de hacerles
saber el resultado de este fallo, para que lo hagan constar en sus
expedientes y registros, debiendo hacer lo propio la autoridad
demandada en su expediente y registros.
Notifíquese personalmente a la parte actora y por oficio a las
autoridades demandadas.
Así lo resolvió la Licenciada Flora Arguilés Robert, Magistrada
Supernumeraria titular de la Segunda Sala; y firmó ante la presencia
de la Secretaria de Acuerdos, Licenciada Norma Patricia Bravo
Castro, quien da fe.
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Sentencia de Sala 1048/2013 S.S.
LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
