XXIII CONGRESO NACIONAL DE TRIBUNALES DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Salta, septiembre de 2015
TEMA 4
BALANCE SOCIAL: CONCEPTO, MODELOS EL DISEÑO, INDICADORES,
NORMATIVA. AUDITORIA DEL BALANCE SOCIAL
TÍTULO DEL TRABAJO
BALANCE SOCIAL EN LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO.
UN PASO DE CALIDAD HACIA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
AUTOR
Cr. Fernando Roberto Lenardón
Auditor Tribunal de Cuentas de Entre Ríos
ÍNDICE
Contenido RESUMEN .................................................................................................................................2
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................3
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................3
1. DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AL BALANCE SOCIAL ...........................5
1.1. Implantación de políticas de responsabilidad social ....................................................7
1.1.1. Enfoque Estratégico ..............................................................................................8
1.1.2. Código de Ética o Conducta..................................................................................9
1.1.3. Minimizar el impacto ambiental ...........................................................................9
1.1.4. Asegurar la motivación y la implementación de los recursos humanos en la mejora continua de la entidad..............................................................................10
1.1.5. Mantener una estrecha relación con el cliente (ciudadano) y garantizar el diálogo, la transparencia y su satisfacción ..........................................................11
1.1.6. Extender el compromiso de Responsabilidad Social a terceros involucrados ....11
1.1.7. Metodología y sistema ........................................................................................12
2. BALANCE SOCIAL..................................................................................................13
2.1. Definición...................................................................................................................13
2.2. Marco teórico .............................................................................................................15
2.3. Su composición ..........................................................................................................19
2.4. Utilidad.......................................................................................................................20
2.5. Requerimientos...........................................................................................................20
2.6. El concepto de valor económico generado................................................................22
2.6.1. El concepto de valor económico agregado aplicado al sector público................22
2.6.2. Características de la información del EVEGyD..................................................22
2.6.3. Objetivo del Estado de Valor Económico Generado y Distribuido ....................23
2.6.4. Alcance y presentación........................................................................................23
2.6.5. Determinación y distribución del valor económico generado en un OCE..........24
3. CONCLUSIONES......................................................................................................25
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………..……………………27
2
RESUMEN
Comienza a tomar notoriedad en la Administración Pública argentina la preocupación por
llevar adelante políticas proactivas de protección y la generación de relaciones de “ganar –
ganar”, tanto con proveedores, como con el propio personal y ciudadanos, en su doble rol de
contribuyentes y usuarios de los bienes públicos.
Una vez consolidado este nuevo paradigma, se impondrá la necesidad de medir que lo
planificado y ejecutado (con la consiguiente erogación de fondos públicos) van en la
dirección correcta.
Allí se torna útil el Balance Social, como herramienta que brinda información a los usuarios
desde otra perspectiva complementaria a los reportes financieros tradicionales.
Este documento fija un mínimo de explicación que los entes deben brindar periódicamente a
la sociedad sobre medio ambiente, recursos humanos, comunidad, transparencia y otras
temáticas relacionadas. Es, en definitiva, un elemento fundamental para la armonía entre la
organización y la sociedad.
Lo que se procura con su confección es transformar en expresión formal todo el acervo de
actividades que se desarrollan. Con ello en perspectiva, y dada la esencial función que
cumplen los órganos de control externo en el andamiaje estatal, incorporar esta herramienta
ha de ser visto como un significativo aporte de valor agregado a los reportes suministrados al
público, dentro del amplio deber de respondhabilidad.1
1 De acuerdo con la definición de Ángel González Malaxecheverría (1994, exposición magistral en Argentina), Respondhabilidad es el deber de todo administrador de rendir cuentas, informando sobre su gestión y el cumplimiento de metas.
3
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo se elabora específicamente para este Congreso, partiendo de la definición
de la temática sugerida por los organizadores en su convocatoria.
Allí se indica que:
“Las empresas tanto públicas como privadas son organizaciones sociales y como tales
generan una serie de beneficios y costos sociales.
El Balance Social es un complemento del balance financiero publicado anualmente por
una organización, en el cual se da cuenta de los proyectos, beneficios y acciones
sociales dirigidas a los empleados, inversionistas, analistas de mercado, accionistas y a
la comunidad en su conjunto. Es un instrumento estratégico para avalar, difundir y
multiplicar el ejercicio de la Responsabilidad Social.
En definitiva, el Balance Social es un mecanismo creado para que las organizaciones
rindan cuentas de los impactos de su actuación en el área social.”
Con eso en mente y con la experiencia de haber participado en la confección de Balance
Social de organizaciones no gubernamentales, como asimismo haber colaborado en las tareas
preliminares para la primera Memoria de Sustentabilidad que emitirá el Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Entre Ríos; se propone, a partir de la base teórica, tanto doctrinaria como
normativa, efectuar un justificativo para ratificar no solo la utilidad de que las organizaciones
de control externo gubernamental elaboren su Balance social, sino incluso la necesidad de que
lo hagan, en aras de concluir el círculo virtuoso de la rendición de cuentas integral al
ciudadano.
INTRODUCCIÓN
Los órganos de control externo (OCE) de la Hacienda Pública, como parte inescindible del
Estado, tiene una misión fundamental, que es velar por la correcta inversión de los fondos
públicos. Sin embargo, en el camino hacia el cumplimiento de esa finalidad esencial han de
mantener relaciones con una serie de sujetos que forman parte del mundo en que desarrollan
sus actividades.
4
Así, los primeros individuos que están ligados a la vida del organismo son los propios
empleados y funcionarios que forman parte de su estructura orgánica. Luego, aunque no en
orden decreciente, están los cuentadantes, es decir todos aquellos funcionarios públicos que,
por administrar una parte del erario, se encuentran en la obligación de rendir cuentas. Aquí
también deben considerarse a las máximas autoridades de todo Gobierno republicano, como
son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial: con ellos, el Tribunal de
Cuentas mantiene permanente relaciones funcionales, que influyen mutuamente en el
quehacer de unos y otros.
Por último, pero más importante en esta definición de los stakeholders2, resulta menester
incluir al ciudadano cuyo bienestar general es el objetivo final de toda acción de gobierno. En
definitiva, es a él a quien el andamiaje estatal debe rendirle cuentas de sus acciones, en todo
sentido.
En esta relación que se procura sinérgica, la interacción con los canales de comunicación
adquiere una importancia superlativa, pues éstos serán el nexo para la toma de conocimiento
por parte del pueblo.
Visto así, no solamente importa cuánto gasta la Administración Pública y en qué lo gasta, sino
también se torna importante contestar a la pregunta “cómo invierte sus recursos”.
Pero, más importante aún que eso, y pensando específicamente en los órganos de control
externo, es que se transforma el paradigma, desde aquella visión histórica de una
“fiscalización” que busca sancionar los hechos corruptos hacia otro que procura prevenir,
coadyuvar con una gestión de excelencia y, solamente en última instancia, castigar los
desvíos.
Esto implica incorporar fuertemente en los OCE una noción sistemática y sistémica de
Responsabilidad Social (RS) no ya solamente “hacia dentro” de la institución (cosa por demás
necesaria) sino también “hacia afuera”, por cuanto ha de requerirse de toda una serie de
actividades tendientes a mejorar la performance de los propios controlados: enseñarles sobre
2 Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic
Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para referirse a “quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de una empresa”.
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la mejor forma de cumplir sus obligaciones (lo que implica también promover una gestión
más eficiente); y también dotarlos de elementos para que esa tarea de rendición sea más
sencilla. Por otra parte, implica preocuparse de informar a los poderes y a la comunidad sobre
los logros alcanzados, comprometiéndose a objetivos de largo alcance, planificando y
midiendo las actividades.
En este itinerario, no se puede omitir la mejora de las condiciones de trabajo, tanto operativas
como de calidad de vida de sus dependientes, recurso fundamental para llevar adelante sus
acciones y único elemento que no puede ser sustituido: capacitación, dotación de más y
mejores recursos materiales (sobre todo tecnológicos) y, especialmente, una buena
remuneración, son elementos fundamentales.
Contando con todos estos elementos, se hace posible establecer una política de RS, generando
una planificación de largo plazo, a partir de la cual se definirán las metas anuales a ser
desarrolladas de manera incremental.
Este programa deberá ser medido, para identificar los logros y marcar los desvíos, lo que
constituirá, en definitiva, el Balance Social.
Todo ello es posible. Es más, mucho de ello se hace. Lo único que resta es, como se ha dicho,
formalizar el proceso, lo que implica sistematizar las tareas, ponerlas en vistas a este objetivo
y ser constantes y coherentes, tanto en la gestión como en la medición; teniendo en cuenta,
sobre todo, que no se puede emitir un Balance Social si no se efectúan actividades de
Responsabilidad Social.
1. DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL AL BALANCE SOCIAL
El primer concepto que se hace necesario considerar es el de Responsabilidad Social o, en
otros términos las actividades que debería realizar un ente en función de su preocupación de
mejorar su entorno.
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En este sentido, una investigación de Harvard (i) sostiene que las entidades con
responsabilidad social poseen una gobernanza distinta, basada en los siguientes presupuestos:
• tienen foco en la relación de públicos de interés (stakeholders);
• establecen procesos de diálogo formal con esos públicos y, con eso:
- identifican los criterios de relación para con cada público en función de sus
necesidades y demandas;
- consiguen oportunidades para la fidelización del cliente - ciudadano;
- entrenan empleados y directivos para servir al público;
- crean valor compartido, para atender tales demandas;
- actúan con proactividad y transparencia;
- orientan inversiones para el largo plazo, esto es, para procesos, productos y
servicios que superan las demandas, por calidad y seguridad socio ambiental, amén
de la financiera;
- definen la sustentabilidad como responsabilidad expresa de la dirección;
- mantienen un comité de sustentabilidad que tiene por tarea orientar a los ejecutivos
en dirección a las políticas de RS y resultados esperados, además de establecer
comunicación con los stakeholders;
- el sistema de compensación al liderazgo está dirigido tanto al desempeño político y
financiero como a la consecución de metas no financieras ligadas a los indicadores
clave de las políticas de sustentabilidad;
- difunden y promueven la medición de los objetivos por el largo plazo y no por los
resultados electorales;
- la toma de decisiones está basada en datos reales y transparentes, tanto como en
informaciones relativas a stakeholders, debidamente auditadas por firmas
independientes.
En tanto, Volpentesta (ii) denomina “Principios de la RS” a conceptos que parecen creados
para la Administración:
1. Rendición de cuentas;
2. Transparencia;
3. Comportamiento ético;
4. Respeto a los intereses de los stakeholders;
5. Respeto a la legalidad;
6. Respeto a la normativa internacional;
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7. Respeto a los derechos humanos
Y, a continuación propone los insumos fundamentales de la RS
• gobernanza de la organización;
• derechos humanos;
• prácticas laborales;
• medio ambiente;
• prácticas justas de operación;
• respeto a los ciudadanos;
• participación activa y desarrollo de la comunidad.
Si se cumple con estos principios, si se actúa con responsabilidad social, entonces será posible
conformar un reporte digno para presentar a la sociedad.
1.1. Implantación de políticas de responsabilidad social
Emprender un camino socialmente responsable siempre es complicado, pero no imposible
Cuando un ente del ámbito privado se propone asumir acciones de responsabilidad social,
corre el riesgo de que ello afecte a su estrategia de negocio y a sus relaciones con el
entorno.(iii) Pero esto no debería ser un problema para el Estado, pues su esencia, el objetivo
de su creación es, justamente, el cuidado de la gente, tanto interna como externa a la
organización; del contexto que permita el crecimiento actual pero que también asegure el
futuro.
La cuestión es que una gestión responsable requiere, irremediablemente, de ser creativos. Esto
significa, no atar nuestra estructura de pensamiento a lo que ya conocemos, sino dar rienda
suelta a las ideas que pueden ayudarnos a encarar una gestión socialmente responsable desde
otro lugar.
Para ello, el concepto de sustentabilidad debe integrarse en el funcionamiento cotidiano de
todas las áreas y tareas de la organización, como se muestra en la siguiente figura, haciendo
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necesaria una política de gestión que integre la RS en el día a día hasta el punto de
transformarla en parte de la rutina operativa, estableciendo un sistema de seguimiento y
control de los indicadores financieros, sociales y medioambientales, y que permita un diálogo
continuado con los diferentes grupos de interés. Así, la interrelación original se transforma en
un triángulo más complejo, aunque sin cambiar su esencia.
Figura 1: La Responsabilidad social
1.1.1. Enfoque Estratégico
Para desarrollar la RS bajo un enfoque estratégico, en primer lugar es necesario identificar
capacidades como compromiso gerencial, liderazgo, relaciones sinérgicas y éticas con los
stakeholders, existencia de herramientas de transparencia informativa, etc., de manera tal que
se pueda desarrollar, evaluar e implementar un plan integral que permita incluir como
matrices de riesgos y oportunidades no solamente a las cuestiones económicas (siempre
importantes) sino también (y con similar grado de relevancia) a los factores sociales como la
conflictividad social, pobreza, variables ambientales y escasez de recursos naturales.
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En una gestión sostenible, es un factor fundamental que los altos funcionarios de la
organización sean quienes definan la estrategia de Responsabilidad Social.
1.1.2. Código de Ética o Conducta
En segundo lugar, se deberá redactar un código de ética, para lo cual es preciso tener en
cuenta que cada tipo de actividad tiene sus propias exigencias morales y proporciona sus
valores específicos. En términos generales, el código de ética es el documento formal donde
se expresan los valores de la entidad y los compromisos adquiridos, que deben guiar la
actividad de las personas de ésta. Establece un marco de referencia para las acciones de la
organización y todos sus miembros. Este código debe ser una reflexión conjunta, no impuesta
y, por lo tanto, implica un proceso participativo y dialogado de toma de conciencia de
responsabilidades de sus miembros. En definitiva, es un documento que manifiesta el
conjunto de valores que guía la conducta de la Administración y orienta a sus miembros en la
toma de decisiones.
En la mayoría de las empresas, esta herramienta establece las conductas esperadas de sus
miembros en situaciones que se vinculan con la confiabilidad de la información, corrupción y
soborno, discriminación, seguridad del personal, relación con los clientes y proveedores. En el
Estado, debería adoptarse la moderna visión (en positivo) de que los ciudadanos son los
clientes, ya que han pagado sus impuestos y contribuciones o que, en general, cumplido con
las obligaciones que les fueron impuestas para recibir, a cambio, la satisfacción de sus
necesidades a través de la prestación de los servicios públicos. Pero también es preciso pensar
en los clientes internos, es decir el personal, que es el primer y directo afectado por las
políticas de RS de la oficina, y sobre todo de la ausencia de ella.
1.1.3. Minimizar el impacto ambiental
Ello significa poder identificar y evaluar los principales impactos ambientales de la actividad,
por ejemplo llevar un control sistemático del consumo de energía, papel y producción de
residuos; gestionar los residuos adecuadamente; optimizar el consumo de energía.
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La entidad expresa su responsabilidad social también a través del cuidado de su entorno
físico. Esta cuestión se muestra como una necesidad imperiosa para la propia subsistencia de
la Administración (que ocupa importantes locaciones en cada ciudad argentina), ya que, por
un lado, su impacto es significativo,3 y, por otra parte, el respeto y cuidado del medioambiente
es una cuestión clave para llevar a cabo un desarrollo sostenible de toda la comunidad.
En los últimos diez años, la gestión ambiental de las organizaciones en nuestro país ha
incrementado su relevancia, de la mano de la importancia que ha adoptado la temática en la
agenda de la opinión pública. Globalmente, las empresas están considerando los beneficios
que conlleva el ser ecológicamente responsable, debido a que no es sólo un compromiso con
las futuras generaciones sino que a su vez genera un valor intrínseco y una ventaja
competitiva.
La RS ambiental es hoy mucho más que iniciativas de reciclaje o de conservación de energía.
Ser una organización ambientalmente responsable es considerar todos los impactos ecológicos
que generan la producción y operación de la empresa. Estas consideraciones, como prácticas
integrales, van más allá de las regulaciones gubernamentales.
Por su parte, el Gobierno no solamente ha apoyado esas iniciativas sino que también está
avanzando en sus propias políticas al respecto. Ésta comienza a ser una obligación casi tan
prioritaria como la justicia o la seguridad.
1.1.4. Asegurar la motivación y la implementación de los recursos humanos en la
mejora continua de la entidad
Las condiciones laborales constituyen el primer ámbito social de responsabilidad de cualquier
organización. La actividad que conlleva la gestión de los recursos humanos se encuentra
enmarcada en un esfuerzo colectivo a los fines de lograr aspectos como la formación
continua, la gestión participativa; el equipo de trabajo, la salud y la seguridad en el trabajo; la
ética profesional.
3 Piénsese solamente, por citar un ejemplo gráfico, cómo quedan desiertas las calles, en la mayoría de nuestras ciudades del interior del país, cuando hay un feriado en el sector público.
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Otro desafío que enfrentan las oficinas estatales, especialmente, resulta lograr una dotación
diversa, con oportunidades equitativas para todos los trabajadores.
1.1.5. Mantener una estrecha relación con el cliente (ciudadano) y garantizar el diálogo,
la transparencia y su satisfacción
Una de las tareas más importantes a desarrollar en el caso de los servicios a usuarios es
monitorear que el servicio de los proveedores intermedios, además de que se cumpla como ha
sido contratado, esté alineado con los principios éticos de la organización.
De la misma trascendencia resulta fomentar buenas prácticas ambientales entre usuarios, y
que la oficina mantenga y potencie el compromiso con el ciudadano, para lo cual es requisito
ineludible fomentar que los directivos de la administración se involucren directamente con los
programas de atención al público. En síntesis, asumir el rol de verdadero servidor público.
Esta faceta cierra el círculo virtuoso con una comunicación clara, oportuna y transparente de
toda la información relativa a las tareas que se realizan, sus logros pero también los desvíos.
1.1.6. Extender el compromiso de Responsabilidad Social a terceros involucrados
En las empresas privadas, la gestión responsable de la cadena de proveedores se refiere a
integrar en ella la gestión de los temas sociales, económicos y ambientales:
“La relación que las compañías mantienen con sus proveedores es uno de los pilares
fundamentales de la responsabilidad social empresarial”
En el sector público se debería pensar también en los proveedores como brazo extensivo de la
política oficial. Pero, sobre todo, resulta necesario diseñar los canales adecuados para
incorporar al ciudadano – contribuyente.
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En los organismos de control, específicamente, se debería pensar en los cuentadantes o sujetos
controlados, a quienes resulta preciso motivar hacia prácticas responsables y éticas,
reforzando las que lleven a cabo pero, especialmente en aquellos casos en donde se verifiquen
mayores dificultades en cuanto a recursos, acompañar la gestión mediante orientación,
capacitación e, incluso, apoyo técnico.
1.1.7. Metodología y sistema
Tal vez la mayor diferencia entre filantropía y Responsabilidad Social sea la existencia de una
planificación y una acción sistematizada, desarrolladas para la consecución de objetivos
predeterminados, que impliquen no solamente el crecimiento de la organización sino también
de los stakeholders.
Entonces, no sirve con actividades aisladas, esporádicas y espasmódicas, que procuren
solucionar un problema puntual o el de un sujeto en particular, sin establecer cuáles son las
mejoras que se pretenden conseguir en el corto, mediano y largo plazo.
Éste ha de ser el principal cambio de paradigma entre lo que ya se viene haciendo y lo que ha
de realizarse a futuro. Más que nada, es una mudanza en las formas pero también en la
significación de las actividades y de los objetivos.
Una vez que la Administración se resuelve a tomar las actividades bajo la óptica de la
Responsabilidad Social, y se establecen los objetivos, la organización debe fijar los plazos y
las metas parciales a ser cumplidas en los horizontes temporales más cercanos. Esto es propio
de toda planificación.
En este proceso, lo más importante resulta establecer los estándares para luego medirlos con
lo ejecutado, sin cuyo parangón es imposible generar el camino de la mejora continua:
planificación, ejecución, medición, determinación de logros y desvíos son los elementos
esenciales de todo plan estratégico. Cuando ello se cumple, es posible luego confeccionar el
Balance Social.
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2. BALANCE SOCIAL
2.1. Definición
“El balance social es un instrumento para medir, evaluar e informar en forma
clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada, el resultado de
la política económica, social y ambiental de la organización. En dicho documento se
recogen los resultados cuantitativos y cualitativos del ejercicio de la responsabilidad
socio-ambiental, informando en forma objetiva las condiciones de equidad y
sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas
en su comportamiento” (iv)
Son finalidades del Balance Social convertirse en instrumento de diálogo entre el ente y los
stakeholders, mostrar una visión general de las actividades y sus impactos sociales y
ambientales, como asimismo describir las dificultades enfrentadas y desafíos por vencer.
Su meta es expresar en detalle y cronológicamente, con datos comparables, el objetivo de
sustentabilidad económica y social de una entidad. Contiene un reconocimiento de la
confianza entre la organización y las diversas instituciones, empresas y personas que apuestan
a un fin común.
Es preciso destacar que resulta un instrumento complementario y no contradictorio con la
información financiera tradicional.
Sabido es que actualmente los entes privados incorporan a sus objetivos económicos y
financieros (aún aquellos que no persiguen lucro deben procurar un fondo que les permita
continuar con su accionar en años venideros), otros aspectos que tienen que ver con
programas sociales integrados a sus estrategias empresariales, representando verdaderos
compromisos frente a su entorno.
Por su parte la Administración Pública, como se ha dicho, tiene un claro desafío que asumir
con la sociedad a la que se debe, ya que se trata de un medio idóneo para aumentar su
legitimación y permitir su sustentabilidad en el tiempo.
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A ello, debe agregarse otra actividad clave: la comunicación y difusión tanto externa como
interna. En general, se definen programas y planes de acción, que no siempre son conocidos
por todos los miembros y menos por los terceros relacionados, en sus aspectos intrínsecos,
tales como tareas a realizar, efectos, etc. En muchos casos (problema que también se da con el
Presupuesto, herramienta que debería ser esencial en la administración financiera) se elaboran
en cumplimiento de requisitos formales para luego ser soslayados en la gestión diaria.
A la vez, cuando culmina el período, los resultados son expuestos de diversa forma, pero
difícilmente son susceptibles de ser evaluados en cuanto a cumplimiento de objetivos
inicialmente propuestos. Entonces el análisis y evaluación que puede hacerse es muy
subjetivo, dependiendo del informante y de la posibilidad de recepción por parte de los
interlocutores.
Insertar el Balance Social como instrumento de política comunicacional, dentro de la
Administración Pública, significa también un paso de calidad en la información, que no se
haría por el cumplimiento de normas formales sino, fundamentalmente, por mostrar a la
ciudadanía y autoridades los resultados alcanzados.
Como es consabido, las organizaciones estatales presentan un alto nivel de interacción con la
comunidad local, organizaciones vecinales, ONG, empresas y, desde luego, con otras oficinas
del propio Estado, en uno o varios de sus estamentos. Un adecuado sistema de información
institucional redundaría en un verdadero canal de comunicación de la responsabilidad social,
e instaría a que los demás actores económicos y sociales, incrementen sus iniciativas en el
mismo sentido.
El Balance Social, entendido como documento que comunica los resultados de una evaluación
del impacto social, permitirá dar cuenta de la suma de acciones implementadas, a la luz de
directrices y criterios uniformes en materia de medición, elaboración de informes y
validación.
Será un canal regular que refleje cuales han sido los resultados positivos y negativos. La
información obtenida (junto con la económica, patrimonial y financiera), posibilitará redefinir
políticas y programas, como asimismo realizar proyecciones y comparaciones, enfrentar los
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puntos débiles y reconocer los problemas. En definitiva, será una herramienta de gran
importancia a los efectos de evaluar la gestión a futuro.
Un aspecto que elevará su potencialidad será la existencia de consensos en la elaboración de
sus objetivos, lo que incrementará la fiabilidad de la evaluación, cuyos criterios asimismo
deberán ser preestablecidos para evitar subjetividades o discrecionalidades.
Resulta esencial transformar la Responsabilidad Social en un camino hacia una madura y
verdadera consolidación de la horizontalidad de las relaciones dentro de la entidad y con las
demás oficinas, compartiendo conocimientos y experiencias para establecer normas dirigidas
a la excelencia de la gestión y su comunicación.
2.2. Marco teórico
El primer antecedente legal referido al tema Balance Social en nuestro país, fue la Ley 25250,
con vigencia a partir del 11 de junio de 2000. Esta ley comúnmente conocida como “reforma
laboral”, en su artículo 18 (Titulo V: Balance Social), establecía la realización con carácter
obligatorio de un Balance Social anual para empresas existentes en nuestro país que ocuparan
más de quinientos (500) trabajadores. Esta norma fue derogada un año más tarde por su par
Nº 25877, denominada de “ordenamiento laboral”. Ese texto legal considera diversos temas
que se encuentran vinculados con los ordenamientos de carácter laboral y de seguridad social
de nuestro país; incluyendo la previsión de que las empresas que ocupen más de trescientos
(300) trabajadores deben elaborar, anualmente, un Balance Social que incluya información
relativa a: condiciones de trabajo y empleo, costo laboral y prestaciones sociales a cargo de la
empresa.
A nivel subnacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dictó la ley 2594 en
diciembre de 2007. Dicha ley establece la obligación de la presentación del “Balance de
Responsabilidad Social y Ambiental”, en forma anual para aquellas empresas que contraten a
más de trescientos (300) trabajadores.
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Sin embargo, aún son incipientes los intentos de elaborar una herramienta de este tipo para el
sector público, pudiendo mencionar, entre las pioneras, a la provincia de Salta, que se
encuentra trabajando en conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de ese
territorio, y a algunas municipalidades, entre las que conocemos a Villa Elisa, en la provincia
de Entre Ríos.
En tanto, el art. 26 de la ley nacional vigente define que el Balance Social incluirá la
información que seguidamente se indica, la que podrá ser ampliada por la reglamentación
tomando en cuenta, entre otras consideraciones, las actividades de que se trate: Balance
general anual, cuenta de ganancias y pérdidas, notas complementarias, cuadros anexos y
memoria del ejercicio; Estado y evolución económica y financiera de la empresa y del
mercado en que actúa; Incidencia del costo laboral; Evolución de la masa salarial promedio.
Su distribución según niveles y categorías; Evolución de la dotación del personal y
distribución del tiempo de trabajo; Rotación del personal por edad y sexo; Capacitación;
Personal efectivizado; Régimen de pasantías y prácticas rentadas; Estadísticas sobre
accidentes de trabajo y enfermedades inculpables; Tercerizaciones y subcontrataciones
efectuadas; Programas de innovación tecnológica y organizacional que impacten sobre la
plantilla de personal o puedan involucrar modificación de condiciones de trabajo.
Poniendo a salvo las diferencias que existen en cuanto a gestión y objetivos entre la actividad
privada y la pública, es dable pensar que la mayoría de estos reportes pueden emitirse en
cualquier oficina del Estado, lógicamente con algunas adecuaciones. En otros casos, los que
no sean útiles para evaluar la performance social del Gobierno podrán reemplazarse.4
Para sintetizar, podríamos decir que, de acuerdo con la ley 25877 los objetivos del Balance
Social en las entidades privadas (especialmente empresas) son:
• realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en un período determinado,
permitiendo la posibilidad de redefinir políticas, establecer programas y evaluar la
efectividad de las inversiones sociales, con miras a la promoción de los trabajadores y
de la sociedad;
• disponer de información de la empresa y de sus trabajadores, así como de los sectores
que se vinculan comercial o productivamente con su actividad;
4 Ésta puede ser una tarea de estudio e investigación para los organismos académicos de nuestros entes.
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• facilitar el intercambio de información con el objeto de entablar una discusión fundada
en datos objetivos y negociar de buena fe, a fin de permitir alcanzar acuerdos
equilibrados en la negociación colectiva.
En tanto, con fecha 30/11/2013, la Junta de Gobierno de la FACPCE aprobó la Resolución
Técnica Nº 36, titulada “Balance Social” (en adelante, RT 36); en la cual se establecen
criterios vinculados con la elaboración optativa de estos informes contables sociales para su
presentación a terceros por todo tipo de ente (públicos, privados o mixtos) con o sin ánimo de
lucro.
Reconoce que el balance social surge a partir de la limitación de los estados financieros en
exteriorizar aspectos del comportamiento social y ambiental de los entes y que su preparación
requiere de un abordaje interdisciplinario. Se advierte, sin embargo, que la relevancia de esta
información dependerá de la periodicidad, credibilidad y consistencia de la misma.
Consigna que uno de los objetivos para la preparación del Balance Social es:
“demostrar la forma en la que contribuye la organización, o pretende contribuir en
el futuro, a la mejora, e incide en el cambio de las tendencias, avances y condiciones
económicas, ambientales y sociales a nivel local, regional y/o global”.
Esta norma técnica, que dispone las características de un Balance Social con miras a ser
publicado por las entidades, manifiesta, en sus considerandos, que la mera información sobre
las tendencias del desempeño individual (o sobre la eficiencia de la organización) no dará
respuesta a este objetivo, por lo que el Balance Social debe tratar de presentar la performance
del ente, relacionándola con concepciones más amplias de la sustentabilidad.
Esto incluye analizar el trabajo de la organización en el contexto de los límites y las
exigencias impuestas sobre las condiciones de vida de la comunidad, los recursos ambientales
o sociales a nivel sectorial, local, regional o mundial, y sobre el uso de recursos y niveles de
contaminación. También puede ser relevante en lo referente a objetivos sociales y
económicos, tales como objetivos de desarrollo sustentable y objetivos socioeconómicos a
escala nacional o internacional.
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Para la preparación del Balance Social, esta resolución se basa en la Guía para la Elaboración
de Memorias de Sustentabilidad del Global Reporting Initiative (GRI)5, que es el modelo
internacional más reconocido.
El GRI es una iniciativa internacional apoyada desde Naciones Unidas que se define a sí
misma como “una iniciativa internacional a largo plazo, promovida por un conjunto diverso
de partes interesadas o interlocutores, cuya misión es desarrollar y diseminar a nivel global las
guías necesarias para aquellas organizaciones que, de manera voluntaria, quieren emitir
informes sobre la sustentabilidad de las dimensiones económicas, sociales y ambientales de
sus actividades, productos y servicios”.
En la Guía del GRI se parte de la visión estratégica basada en la importancia que tiene esta
información (cuando es periódica, creíble y consistente) para contribuir a enfrentar los
desafíos que implica la sustentabilidad de las sociedades.
Contempla tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social, e identifica las categorías
que comprende cada una de ellas así como los indicadores cuantitativos y cualitativos que
permiten seguir la evolución de los resultados.
Su estructura parte de los principios de transparencia, inclusión y verificación, y esos
principios son los que determinan las características que debe tener la información: completa,
relevante y situada en un contexto de sustentabilidad.
La calidad y veracidad de información deben garantizarse mediante su precisión, objetividad
y comparabilidad. Punto en donde se hace necesario incorporar la auditoría.
5 Modelo de “Global Reporting Initiative” (GRI) para las empresas N° 6 – Mediterráneo Económico – ISBN: 84-95531-24-0. En el capítulo destinado a lo económico, se centra en el análisis del impacto económico directo, referido a clientes, proveedores, empleados, proveedores de capital y sector público. En el capítulo medioambiental, se detiene en aspectos relacionados con los materiales, la energía, el agua, la biodiversidad, las emisiones, efluentes y residuos, los proveedores, los productos y servicios, el cumplimiento y el transporte. Y, por último, en el capítulo social distingue cuatro sub apartados: el primero, referido a las prácticas laborales (empleo, relaciones laborales, salud y seguridad, formación y diversidad e igualdad), el segundo al respeto de los derechos humanos (estrategia y gestión, libertad de asociación, no discriminación, trabajo infantil, trabajos forzados, prácticas disciplinarias, y derechos de los pueblos indígenas), el tercero a la sociedad en general (comunidad, soborno y corrupción, contribuciones políticas y competición y política de precios) y el cuarto relacionado con la responsabilidad de productos (salud y seguridad del cliente, productos y servicios, marketing y privacidad).”
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También deben contemplarse aspectos como la accesibilidad a la información, teniendo en
cuenta la claridad en la presentación de los datos.
En definitiva, si la responsabilidad social de las instituciones constituye una intervención cada
vez más real, debe haber una forma de medirla. La evaluación no se limitará a los recursos y
gastos realizados sino que tendrá relación con el número de personas beneficiadas y efectos
directos e indirectos sobre el contexto.
El valor agregado de este reporte y que no puede soslayarse es que cada intervención
susceptible de mostrarse en el Balance Social, debe estar relacionada con algún rubro de los
Estados Contables financieros, que brinda información sobre su costo económico.
2.3. Su composición
El Balance Social ha de contar con dos partes componentes:
Memoria de Sustentabilidad: Para la elaboración de la Memoria de Sustentabilidad se
atenderá a las pautas y principios establecidos en la Guía para la confección de Memorias de
Sustentabilidad elaborada por el Global Reporting Initiative (GRI), los cuales se referencian
en el Anexo II de dicha Resolución Técnica.
Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD): Para la elaboración del
EVEGyD se aplicarán las disposiciones contenidas en el Capítulo IV de la Resolución
Técnica Nº 36.
Se presentará en forma conjunta con los Estados Contables del ente, o por separado, haciendo
referencia a dichos Estados Contables. En aquellos entes que posean actividad e inversión
social en más de una jurisdicción, se recomienda presentar el Balance Social separando
claramente la actividad de cada jurisdicción.
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2.4. Utilidad
El Balance Social, como herramienta de la gestión, puede:
• colaborar con un posicionamiento positivo para la entidad, lo que origina una valoración
positiva en la comunidad. Esto incrementa el sentido de pertenencia y lealtad del público
en general;
• incrementar la participación y el compromiso de la sociedad para con el Estado y
viceversa;
• ampliar los canales de comunicación tradicionales con audiencias clave;
• contribuir a la mejora continua y promoción del desempeño de la organización;
• incrementar la calidad de trabajo de los dependientes del ente;
• incrementar la apreciación de los servicios de la entidad;
• contar con una herramienta para darle valor a los intangibles de la Administración.
2.5. Requerimientos
Para lograr que el BS genere los resultados deseados, es imprescindible:
• la existencia de una política social en la organización;
• el apoyo de los funcionarios, desde los rangos superiores a los intermedios;
• la existencia de una Estrategia Corporativa Integral;
• el conocimiento del concepto y contenido del Balance Social por parte de todos los
integrantes de la organización;
• la definición de objetivos y metas que regirán la implementación del Balance Social;
• realizar un diagnóstico de la gestión empresarial en relación al cumplimiento de su
responsabilidad social en un determinado período, lo que permite redefinir políticas,
establecer programas y hacer más eficientes las inversiones sociales, mejorando la
relación costo/beneficio;
• permitir a la gerencia planificar las acciones orientadas a aumentar la productividad y
eficiencia de sus trabajadores, y a efectuar un seguimiento del resultado de esas
acciones;
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• disponer de información relativa a los recursos humanos de la empresa y sobre su
relación con los sectores de la comunidad con los cuales ella se vincula, entre otras
cosas, para poder informar adecuadamente a la opinión pública sobre su desempeño
social;
• permitir a la empresa actualizar políticas y programas relacionados con su
responsabilidad social, ya que es un instrumento efectivo para medir y controlar las
consecuencias, los costos y beneficios derivados de sus acciones.
Este Balance, al igual que cualquier otra información de carácter público, deberá cumplir con
una serie de requisitos indispensables. Debe ser transparente, amigable, verificable,
comparable, objetivo, representativo, periódico y relevante. Desarrollaremos las premisas más
significativas:
Transparencia: que significa revelar de forma clara, precisa y completa en un grado
razonable y suficiente la información sobre las políticas, decisiones y actividades de las que es
responsable, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el medio
ambiente.
Materialidad (o relevancia): lo que implica que la información contenida en las memorias
debe cubrir aquellos aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales,
ambientales y económicos de la organización o aquellos que podrían ejercer una influencia
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
Participación de los stakeholders: en lo que podría ser quizás, la mayor diferencia con la
información financiera que los entes brindan a los usuarios, esta característica es propia de los
balances sociales: La necesaria la identificación e involucramiento de los stakeholders,
considerando sus intereses y expectativas, y describiendo cómo se ha dado respuesta a esos
intereses y expectativas. Apertura de canales de comunicación en ambas direcciones.
Legitimidad: debe cumplirse con toda la normativa aplicable; en especial (y por ser
cuestiones que habitualmente no se respetan, la redactamos), renovación de las licencias de
operación dentro de las sociedades que exigen cada vez más responsabilidad, involucramiento
en la sociedad y mejor rendición de cuentas.
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2.6. El concepto de valor económico generado
Valor económico generado es el valor creado por la organización y los grupos sociales
involucrados con ella. Se mide, en forma general, por la diferencia entre el valor de las ventas
y los insumos adquiridos a terceros devengados en el ejercicio.
En la actividad privada, este concepto resulta útil, por cuanto permite diferenciarse del
beneficio empresario ya que el primero se refiere a la retribución de todos los grupos sociales
que intervienen en los procesos inherentes a las actividades del ente, mientras que el beneficio
empresario se refiere a la porción que les corresponde a los propietarios cuando se distribuye
el valor económico generado.
2.6.1. El concepto de valor económico agregado aplicado al sector público
En el Estado ha de mostrarse aquí el conjunto de recursos y la proveniencia de ellos,
obviamente partiendo de la ejecución del Cálculo de Recursos, a la que deberá adicionarse el
resto de movimientos financieros pero siempre que sean de administración propia.
2.6.2. Características de la información del EVEGyD
El EVEGyD6 está fundamentado en conceptos macroeconómicos, buscando presentar la parte
en que contribuyen las entidades en la formación del Producto Bruto Interno.
Es un estado económico financiero, histórico, que muestra el valor económico generado por
una organización y simultáneamente revela como se distribuye entre los diversos grupos
sociales que han contribuido a su creación. Para los inversores y otros usuarios, esa
demostración proporciona información de naturaleza económica, financiera y social, y ofrece
6 De acuerdo con la Res. Técnica N° 36 FACPCE.
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la posibilidad de una mejor evaluación de las actividades de la entidad en la sociedad en la
cual está inserta.
El EVEGyD elaborado por segmento (tipo de clientes, actividades, productos, área geográfica
y otros) puede representar información aun más valiosa para la formulación de proyecciones
de analistas sociales y económicos.
Si se pudiera efectuar este reporte para el Estado como un todo, mostraría exactamente cómo
se distribuye la riqueza del país generada en un período determinado de tiempo (normalmente
el año).
Para una repartición puntual del Estado (en nuestro caso, un órgano de control externo) ha de
ser fundamental estandarizar los parámetros de asignación.
2.6.3. Objetivo del Estado de Valor Económico Generado y Distribuido
El objetivo del Estado de Valor Económico Generado y Distribuido es evidenciar el valor
económico generado por la entidad y su distribución entre los beneficiarios de las políticas de
RS del ente, durante un periodo determinado. (v)
2.6.4. Alcance y presentación
La entidad debe preparar el EVEGyD y presentarlo como parte integrante del Balance Social.
Cuando se trata de empresas privadas, la distribución del valor económico generado debe ser
expuesta, como mínimo, en los siguientes conceptos:
• Remuneraciones al personal;
• Remuneraciones al personal directivo y ejecutivo;
• Pagos al Estado (impuestos, tasas y contribuciones);
• Retribuciones al capital de terceros.
• Retribuciones a los propietarios.
• Ganancias retenidas.
• Otras.
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En el Sector Público esta distribución dependerá de los objetivos de la oficina pero también de
los criterios que se definan en la planificación.
En el anexo I de la Res. Técn. Nº 36 se brinda un modelo de EVEGyD. El mismo podrá ser
adaptado por entes cuyas características así lo requieran.
2.6.5. Determinación y distribución del valor económico generado en un OCE
Determinación
El EVEGyD, en su primera parte, debe presentar en forma detallada el valor económico
generado por la entidad. Como ya se indicara, ha de mostrarse aquí el conjunto de recursos y
la proveniencia de ellos.
Distribución
En su segunda parte, el EVEGyD debe presentar en forma detallada la forma en que el valor
agregado por la entidad fue distribuido. Los principales componentes de esa distribución se
detallan a continuación:
• Personal (tanto técnicos como funcionarios);
• Terceros relacionados (proveedores, otros organismos del estado, cuentadantes)
• Retribuciones a terceros (en caso de devolución de aportes recibidos en algún
momento);
• Retribuciones a los propietarios: por estar pensando en actividades del Estado, este
ítem podría incluir todas aquellas actividades operativas que realiza el ente y que son
motivos de su creación, ya que con éstas, justamente, se devuelve a los ciudadanos las
contribuciones realizadas. En el caso de un organismo de control, se podrían incluir
aquí la cantidad de auditorías realizadas, parametrizar logros, actividades de
prevención, solución de problemas, etc.
• Grado de satisfacción de los stakeholders, tanto sean cuentadantes, como proveedores,
medios de comunicación y público en general, con relación al trato recibido desde la
institución y con las tareas que realiza el organismo.
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• Otras: incluye las remuneraciones que configuran transferencia de valor agregado a
terceros originadas en capital intelectual, tales como royalties, franquicia, derechos de
autor, seguros por riesgo de trabajo, etc.
3. CONCLUSIONES
Mucho antes de la elaboración del concepto de responsabilidad social, las instituciones
estatales se caracterizaban por tener una fluida y fuerte relación con sus stakeholders, y fueron
de las primeras en preocuparse por el desarrollo sustentable de su propia organización, de su
personal y del medio que las rodea, incluyendo aquí tanto a proveedores como a
contribuyentes – ciudadanos.
Lo que se propone con la confección del Balance Social es transformar en expresión formal
todo el acervo de actividades que se desarrollan. Con esa idea en mente, y dada la esencial
función que cumplen los órganos de control externo en el andamiaje estatal pero, también, en
el funcionamiento republicano de gobierno, incorporar esta herramienta ha de ser visto como
un significativo aporte de valor a los reportes suministrados al público, dentro del deber
amplio de respondhabilidad. 7
Este novedoso instrumento de información fija un piso mínimo de información que los entes
deben brindar periódicamente a la comunidad sobre medio ambiente, recursos humanos,
comunidad, transparencia y otras temáticas relacionadas.
Algunas características fundamentales del Balance Social:
1. Debe ser presentado de manera periódica, con indicadores que permitan su
comparabilidad;
2. Debe confeccionarse de manera uniforme, sin alterar la cantidad de indicadores;
3. Debe confeccionarse con absoluto profesionalismo, para realizar una comunicación en
armonía con la estrategia y los lineamientos de la alta dirección.
7 De acuerdo con la definición de Ángel Malaxacheverría (1994, exposición magistral en Argentina), Respondhabilidad es el deber de todo administrador de rendir cuentas, informando sobre su gestión y el cumplimiento de metas.
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Si se cumple adecuadamente con estos principios, el Balance Social permite a la organización
diagnosticar su gestión social, medir la evolución del impacto de su actividad en el medio
ambiente y en la comunidad, evitando posibles crisis e identificando potenciales alianzas con
los grupos de interés.
Conceptualmente, significa agregar mayor transparencia a la rendición de cuentas, puesto que
es una herramienta concebida para generar un flujo de comunicación confiable y regular con
los grupos de interés, generando lazos de confianza entre la organización y la sociedad civil.
En definitiva, es un elemento fundamental para lograr la armonía entre la organización y el
medio, preservándola y haciéndola viable en el largo plazo.
Para implementarlo en una institución se hace necesaria la existencia de una política social,
reconociendo su responsabilidad social como filosofía y fijando los parámetros dentro de los
que se desarrollan las acciones tendientes al cumplimiento de tal responsabilidad, tanto
interna como externa.
El Balance Social es un instrumento de evaluación adecuado y pertinente, en cuanto permite
medir, comparar y observar la evolución de la gestión social de la empresa, facilitando la
elaboración de planes y presupuestos para una mejora futura.
A los fines de su que se eleve aún más su utilidad, se torna necesario impulsar y desarrollar
criterios uniformes sobre el tema, generando un cuerpo normativo que permita aglutinar la
información en un documento único y estandarizado, respetando desde luego las
particularidades de cada caso, pero como una cuestión complementaria. De esa manera será
posible la comparación entre distintos períodos bajo análisis y asimismo entre distintos entes
del país.
En cuanto a los órganos de control externo, que ya desarrollan actividades de RS, estos
podrán, a través de la sistematización de las mismas, la definición de objetivos de corto y
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largo plazo y el establecimiento de un mecanismo consistente y coherente en el tiempo,
conformar un Balance Social que eleve la calidad de su actual gestión, proceso que habrá de
cerrar el círculo virtuoso con su adecuada difusión a la sociedad.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(i ) Citado por ABRAHAÇO, Jorge: “¿Al final, las empresas sustentables dan lucro?”.
Instituto Ethos, www3.ethos.org.br/cedoc/afinal-empresa-sustentavel-da-lucro.
(ii ) VOLPENTESTA, Jorge: “Gestión de la Responsabilidad Social Empresaria”. Buenos
Aires, Ed. Editorial Osmar Buyatti, mayo 2009; p. 15.
(iii ) CAMPANA, Paula y MILOCCO María: “Cómo implementar responsabilidad social
en las empresas argentinas”. 13º Jornadas Provinciales de Profesionales en Ciencias
Económicas de Entre Ríos, Paraná, junio de 2011, p. 45.
(iv ) FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES. Resolución
Técnica Nº 36, año 2013.
(v ) RODRÍGUEZ de RAMÍREZ, María del Carmen, “La esperada resolución técnica
(FACPCE) 36 sobre Balance Social”. En Profesional y Empresaria (D&G), febrero
2013, p. 115.