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El largo y sinuoso camino

urante más de cuatro años, el gobierno de Enrique Peña Nieto desdeñó la lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Es-cuela Normal Rural Raúl Isidro

Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en Iguala. A toda costa trató de ocultar la verdad sobre este hecho, considerado por la opinión pública nacional e internacional, como el peor agravio en contra de la sociedad mexicana desde la matanza de Tlatelolco en 1968.

La única respuesta a la exigencia de justicia durante todo este tiempo fue lo que el propio gobierno quiso imponer como la «verdad histórica», la cual, a punto de cum-plirse el quinto aniversario de la tragedia, se halla completamente desmoronada.

En un afán por deslindar al Ejército

mexicano de cualquier responsabilidad en el caso, el régimen priista del mexiquense trató de que toda la culpa recayera en el crimen organizado. Desde el primer momento se le atribuyó al grupo delincuencial Guerreros Unidos la desaperición de los normalistas, como si nunca hubieran sido atacados por agentes del Estado.

Es decir, utilizó la misma estrategia con la que, desde su arribó al poder, combatió a luchadores sociales y al magisterio disidente que se oponía a la reforma educativa. En cues-tión de meses, el movimiento magisterial y estudiantil en contra de la referida reforma al sistema educativo fue contenido a base de de-tenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos políticos, con la complacencia de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que nunca

cuestionaron la persecución contra la disi-dencia, ni con mo partidos ni en la cámaras de diputados y senadores.

La persecución política empezó en Guerrero, cuando mil quinientos policías federales desalojaron a maestros y normalis-tas que protestaban en contra de la reforma educativa, en la Autopista del Sol, el 5 de abril de 2013. En el movimiento magisterial participaban los normalistas de Ayotzinapa y ocho normales públicas más.

Después de este desalojo, el 1 de mayo del mismo año, en Chilpancingo, la Poli-cía Federal detuvo a cuatro maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), después de la conmemoración del Día Internacional de Trabajo, y los envió, esa misma tarde, a una cárcel de alta seguridad en Tepic, Nayarit,

Por: Kau Sirenio

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Nuevo gobierNo. uNa puerta abierta. [Foto: iNterNet]

HACIA LA JUSTICIA

Trinchera Política y Cultura (año 18, Edición Especial No. 8) es una publicación semanal editada y distribuida por Colectivo Trinchera, A. C., Priv. Electricistas No. 9, Col. Guerrero 200, Chilpancingo, Gro., C. P. 39097www.trinchera-politicaycultura.comsem_trinchera@yahoo.com.mxEditor responsable: Ulises Domínguez Mariano.Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.04-2019-060713063900-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor.Certificado de Licitud de título y contenido No. 17328, expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación.Impreso por Ulises Domínguez Mariano, Nogal No. 56,Fracc. Jacarandas II, Chilpancingo, Gro., C. P. 39090.Este número se imprimió el 22 de septiembre de 2019.

DIRECTORIO

Coord. de iNFormaCióN:Zacarías Cervantes

iNFormaCióN:Eduardo Añorve

Eduardo Yener SantosHercilia Castro

Kau SirenioBeatriz garcía

opiNióN:José María Hernández

Humberto Santos Bautista

Cultura:Carlos ortiz

tohuampohuaN

FotograFia:Yener Santos

Diseño:Irving Ulises

Coord. geNeral:

Ulises Domínguez Mariano

direCtor FuNdador:Manuel Domínguez Jaimes (t)

5 años de la barbarie

ace cinco años, ocurrió un hecho que conmocionó a la opinión pública nacional e internacional. Cobijados con la oscuridad de la noche, unos policías-delincuentes o delincuentes-policías atacaron en Iguala a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. Mataron a tres de ellos y a otras tres personas más, y desaparecieron a 43 normalistas, a lo largo de una perse-

cución encarnizada por toda la ciudad durante varias horas. El ataque no tiene justificación desde ningún ángulo, toda vez que nunca intentaron siquiera detener a los jóvenes, si es que se les podía enjaretar algún delito. No. El ataque fue directo. A mansalva. Todo indica que los policías-delincuentes tenían la instrucción precisa de combatirlos como enemigos a los que hay que exterminar sin misericordia. En pocas palabras, se trató de una carnicería, una barbarie.

Desde el primer momento, Trinchera se dio a la tarea de documentar y difundir estos hechos, considerados como la peor violación de derechos humanos de las últimas cinco décadas en México. Nuestra edición de esa semana se tituló «La barbarie», porque no existe otro término que defina con más precisión lo que ocurrió esa aciaga noche septembrina de 2014. A partir de ese momento, semana a semana, estuvimos atentos al desarrollo de los sucesos. Cubrimos las marchas multitudinarias que se llevaron a cabo las primeras semanas, las acciones de protestas, radicales algunas, de tal forma que llegamos a ser referente de la información para algunos de los reporteros tanto de otros estados de la República como del extranjero que llegaron a Guerrero en esos días e incluso semanas.

Y en un afán de documentar la historia en el momento mismo en que se está desarro-llando, cada 26 de septiembre, lanzamos una edición especial dedicada al caso de los 43 normalistas desaparecidos, como se le conoce al movimiento en busca de justicia que enca-bezan los familiares de esos jóvenes sacrificados por la inquina oficial.

Hoy que se cumplen cinco años de aquel abominable hecho, no podía ser la excepción. Y ponemos en manos de nuestros lectores esta edición ensamblada con una serie de textos y fotografías que tratan de explicar todos los avatares de este agravio en contra de la sociedad mexicana, que incluso se ha catalogado como un crimen de lesa humanidad.

El periodismo tiene el deber moral de coadyuvar a la construcción de una sociedad mejor. Más allá de simplemente pasar las noticias cotidianas, uno de sus principales compromisos consiste en explicar la realidad, indagar, documentar las acciones del poder que afecten la vida de los ciudadanos. Porque como bien señalaba el reconocido periodista argentino ya fallecido Tomás Eloy Martínez, el periodismo es «un instrumento de información, una herra-mienta para pensar, para crear, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta».

Con el periodismo independiente que caracteriza a este semanrio, hemos acompañado a lo largo de estos cinco años, la lucha de los padres de los 43 normalistas desparecidos por las fuerzas oscuras del poder, porque como también apuntaba con mucha lucidez Tomás Eloy: «Ser periodista significa ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a veces, también ser otro».

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acusados de terrorismo.Con estos hechos, el gobierno de Enrique

Pena Nieto reinventó la guerra sucia en Gue-rrero, cuyo gobernador, Ángel Aguirre Ri-vero, no defendió la soberanía de la entidad, debido a que él mismo ya estaba aplicando esas estrategias de contrainsurgencia contra sus opositores.

El 12 de diciembre de 2011, a ocho meses de la llegada de Aguirre a la gubernatura por segunda ocasión, policías federales y minis-teriales mataron a balazos a los normalistas Gabriel Echeverría de Jesús y Alexis Herrera Pino, durante un desalojo de estudiantes de Ayotzinapa que protestaban por la falta de atención a una minuta acordada meses antes con el gobernador.

A la detención de los cuatro maestros en mayo de 2013, siguió la desaparición, el 30 de mayo, del líder de Unidad Popular (UP) de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y siete de sus compañeros, a manos de sujetos descono-cidos. Tres días después, los cuerpos del diri-gente y dos de sus compañeros aparecieron con huellas de tortura en un paraje cercano a la colonia Valerio Trujano, perteneciente al municipio de Tepecoacuilco.

Frente al féretro de Hernández Cardo-na, el activista, ahora fallecido, Bertoldo Martínez Cruz acusó: «El Estado mexicano recurre al escuadrón de la muerte (sicarios del narcotráfico) para callar las voces disidentes en el país».

Y agregó: «Ni en las peores dictaduras militares de Sudamérica fue tan aterrador lo que estamos viviendo estos años. El regreso del “nuevo” PRI es la encarnación de la guerra sucia».

El Otoño Rojo de 2014 alcanzó su punto más cruento la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, cuando policías munci-pales y civiles armados atacaron a normalistas de Ayotzinapa que ese día habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses en los cuales viajar a la Ciudad de México para la conme-moración de la matanza del 2 de octubre. El atentado dejó tres normalistas y tres civiles asesinados, dos decenas de heridos, así como cuarenta y tres estudiantes desparecidos.

Por sus dimensiones, este hecho fue también la primera palada de tierra de lo que a la postre significo la sepultara de un régi-men que intentó mantener su propia «verdad histórica».

Hasta antes de la desaparición de los 43 normlistas, habían asesinado a diez activistas que apoyaban la lucha de los normalistas que demandaban justicia por el asesinato de Gabriel y de Alexis. Estos asesinatos tuvieron un común denominador. En todos estuvieron involucrados civiles armados con la intención de hacerlos pasar como ajuste de cuenta. Ni uno de estos crímenes se ha esclarecido.

En cambio, veinticinco actvistas más fueron encarcelados, tres de ellos, enviados a cárceles de máxima seguridad de Oaxaca, Ve-racruz y Nayarit. Arturo Campos Herrera, de

la policía comiunitaria de Ayutla, fue enviado a Almoloya; Gonzalo Molina, lo recluueron, primero en Oaxac y luego en el Altiplano. La hoy senador por Morena Nestora Salgado, la enviaron a Nayarit.

La persecución política estuvo acompaña-da de una campaña de odio en contra de los movimientos sociales. Aguirre Rivero dio en-trevistas en cadena nacional de televisión para acusar a los normalistas: «los muchachos de la Normal de Ayotzinapa tienen rencor social, porque son adoctrinados por la guerrilla».

«Además, ellos se dedican a robar com-bustible a los trasportistas; mi gobierno ha sido y será tolerante ante estos hechos, pero llegará el día que meteremos en orden a los muchachos porque ya rebasaron el límite de la ley; pronto llegará el día en que aplicare-mos todo el rigor de la ley», advirtió.

Este lenguaje de odio fue el primer dis-paro en contra de los estudiantes.

Además de las amenazas verbales de copiosa reproducción en los medios de co-municación, se pasó a los hechos concretos. Cuando los normalistas llegaron a la central camionera de Chilpancingo esa tarde del 26 de septiembre de 2014, la terminal estaba bajo resguardo de la Policía Federal, para impedir que los jóvenes se llevaran los autobuses.

Fue por ello que los estudiantes fueron a Iguala, ciudad que, prácticamente, fue una trampa para ellos.

Así empezó la represión más atroz en contra de la población estudiantil y civil. Pero lo peor es que a partir de estos hechos, el gobierno federal encabezado por Peña Nieto, en lugar de procurar justicia, buscó por todas las formas posibles impedir que se hiciera justicia.

Lo que sí hizo fue construir pruebas falsas para para impedir que se conociera la verdad de lo ocurrido esa noche, ya que el Ejército estuvo involucrado desde el primer momento de la persecución de la policía municipal de Iguala en contra de los normalistas.

Como parte de esta estrategia para obs-taculizar la justicia, desde los primeros detenidos, más por lo evidente de su partici-pación que por cumplir con la procuracuión de justicia, se violí el debido proceso. Gran parte de las declaraciones de los detenidos, se las arrancaron a base de tortura o bien, se integraron mal los expedientes.

Además, infiltró a los movimientos socia-les que demandan la presentación con vida de los 43 normalistas.

A días de que se cumplan cinco años de lo que se ha considerado la violación más grave de derechos humanos de la historia reciente del país, se han liberado a setenta y siete de los ciento cuarenta y dos detenidos.

Pero el nuevo gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obra-dor anuncia nueva investigación y enfilan su aparato hacia los autores intelectuales de la distorsionada «verdad Histórica»: El ex procurador General de la República, Jesús

Murillo Karam y el ex encargado de la Agen-cia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

***

Una de las estrategias que los gobiernos fede-ral y estatal implementaron para contener el reclamo popular por los ataques en Iguala y la desaparición de los 43 normalistas, se basó en la mentira y la calumnia para criminalizar el movimiento, al acusar a los estudiantes de tener nexo con el crimen organizado, y a los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas, vincularlos en el trasiego de droga. Con ese argumento limpió la imagen de los militares e impidió que se abrieran los cuarteles militares para buscar a los jóvenes desaparecidos, a pesar de que el operativo policiaco militar, el Ejército mexicano estuvo en comunicación antes, durante y después del ataque.

En lo que se ve como un enorme despre-cio por la opinión pública nacional e interna-cional, Peña Nieto utilizó todas las artimañas para proteger al Ejército mexicano, para que sus elementos señalados por el Grupo Inter-nacional de Expertos Independientes (GIEI) no se presentaran a declarar sobre los hechos.

El régimen priista enturbió la investiga-ción mintiendo con descaro, trivializando el tema y confrontándose con instituciones de reconocido prestigio internacional, como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el mencionado GIEI (de la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos), al grado de que prácticamente los expulsó del país, en lo que puede considerarse como una torpeza imperdonable en el manejo de las relaciones internacionales.

La versión oficial no convenció a medios internacionales como The New York Times, que publicó que el caso Ayotzinapa es una de las peores atrocidades en materia de derechos humanos cometidas en México. Mientras The Economist señaló que Ayotzinapa es prueba de la descomposición del sistema judicial mexicano. Por su parte, organismos internacionales y nacionales no creen que los 43 normalistas fueran incinerados en Cocula. Expertos en la materia han probado la false-dad de la «verdad histórica» del gobierno mexicano.

***

Tres policías comunitarios resguardan la ca-lle que conduce a la Normal de Ayotzinapa, mientras en la puerta, donde se lee «Cuna de la conciencia social», un par de normalistas apurados montan unas fogatas para iluminar a los familiares y vecinos de Tixtla que van llegando a la escuela para saber que pasó en Iguala.

Hay cierta agitación en Ayotzi. Los es-tudiantes caminan de prisa al comedor del internado. Todos preguntan qué pasó. Pero

nadie tiene la respuesta. Los cuarteños (los de cuarto grado) gritan casi al unísono:

–Paisa, muévanse al comedor; hay que organizarce para ir por los compas que se fueron a Iguala».

–Dicen que hay varios muertos, paisa. ¿Es cierto eso? –quiere saber uno del comité de derechos humanos.

La noche tomó de sorpresa a todos. Las horas pasaban y las respuestas no llegaban. Así transcurrió la reunión en el comedor. Los del comité de Relaciones Exteriores (Relex) hacen un esfuerzo por comunicarse con las organizaciones sociales de Iguala.

–Tío, por favor, ayuda a nuestros com-pañeros. Están atrapados en Iguala –suplica el Relex.

Del otro lado no hay respuesta. El miedo y la desesperación se apoderan de los norma-listas, que a sus veinte años, esa noche viven una de las peores experiencias.

Después de un saludo de «gracias, Tío, por venir», el muchacho suelta su teléfono móvil al reportero:

–Escucha, tío, los están matando. Escucha

los disparos.Del otro lado de la línea telefónica, las

ráfagas de armas largas truenan ensordecedo-ras. El Relex se dobla y suelta a llorar.

En un recuento rápido, los del comité hacen un esfuerzo para hacer su primera lista de los jóvenes que se fueron a Iguala esa tarde: «El Carrilla, El Cochiloco… ese bato no, paisa, no recuerdo los nombres, pero hay que hacer una lista para saber. Urge saber cuántos están allá» apura un cuarteño que fue comité estudiantil.

***

Los rayos del sol asomaron en los surcos de cempaxúchitl donde la tarde del 26 de septiembre Los pelones (alumnos de nuevo ingreso) labraron tierra para la siembra de Flor de Muerto antes de salir a Iguala a tomar camiones para ir a la marcha nacional en la ciudad de México, el 2 de octubre.

Mientras se recupera de las lesiones de balazos en el brazo, El Carrilla habló con el Semanario Trinchera lo que vivió la noche

del 26 de septiembre, desde que salió de la Normal hasta que llegó a Iguala:

«Salimos a Iguala, a las seis de la tarde del 26 de septiembre, a tomar unos autobu-ses, que ocuparíamos para trasladar a las delegaciones de la FECSM (Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de Mé-xico) a la marcha nacional del 2 de octubre en la ciudad de México», empieza su relato.

«Dos horas y media después de que salimos de la Normal, fuimos atacados por policías municipales en la central camionera de Iguala. Los policías salieron por todos los flancos; no pudimos hacer nada. Al camión donde iba le cerraron el paso; nos defendimos como pudimos, pero fue imposible. A todos mis compañeros se los llevaron. Si no fuera por la herida, no sé dónde estaría ahora», evoca.

En el operativo policiaco-militar partici-paron soldados del 27 Batallón de Infantería, las policías federal, estatal y municipal, además de grupos de civiles armados. Meses después, la entonces Procuraduría General de la República dio a conocer que los civi-

Nava

La verdad histórica

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les armados pertenecían al cártel Guerreros Unidos.

Aunque la versión oficial que se emitió fue para confundir a la opinión pública.

Con voz apagada, Carrilla intenta trazar otro esbozo de historia: «No supe qué pasó después». Los recuerdos del normalista se pierden, como se perdieron sus ganas de vivir. Antes del ataque de Iguala, él era un mucha-cho alegre y ‘llevado’ con sus compañeros, aunque con los adultos era más cuidadoso para decir las cosas.

En la primera refriega en las calles de Iguala, Carrilla quedó herido del brazo. Una bala le rozó cuando intentó aventar un extin-guidor. Él y otros heridos fueron trasladados a hospitales.

«De los cuarenta compañeros que íbamos en el camión, soy el único sobreviviente», precisa.

En la primera balacera de esa noche, cayó herido Aldo Gutiérrez Solano –hasta la fecha continúa en estado vegetativo–; minutos después fue atacado el autobús del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo. La policía asesinó al chofer del camión y al futbolista David Josué García Evangelista, de quince años.

La segunda balacera vino cuando los estu-diantes platicaban con los reporteros sobre la primera agresión, en la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez, salieron disparando a quemarropa hacia los normalistas, maestros de la CETEG y reporteros.

En ese ataque cayeron asesinados Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, mientras Edgar Andrés Vargas resultó herido; además, los policías mataron de un disparo a la pasajera de un taxi.

El primer informe del GIEI revela que el gobernador Ángel Aguirre y presidentes municipales de la región Centro y Norte estaban al tanto de lo que sucedía en Iguala, a través del C4. El entonces alcalde Chilpan-cingo, Mario Moreno Arcos, hablo en ese momento con el árbitro del equipo de futbol Los Avispones, pero no hizo nada por con-tener la agresión en contra de los estudiantes y futbolistas.

La primera búsqueda se realizó el sábado 27, porque en el primer recuento a cargo de normalistas y maestros de la CETEG: falta-ban cincuenta y siete estudiantes. Después de cuatro horas de caminar las calles de Iguala, localizaron el cuerpo del normalista Julio César Mondragón Fontes –originario del Estado de México– con el rostro desollado.

Veintidós policías preventivos de Iguala fueron detenidos y trasladados a Acapulco, por la fiscalía del estado, como presuntos responsables de los hechos.

Tres días después, acompañados de estu-diantes, organizaciones sociales, la FECSM y maestros de la CETEG, los padres de los 43 normalistas desaparecidos, marchan en la capital. Atraviesan la ciudad de norte a sur, desde el monumento a Nicolás Bravo, hasta

el lugar donde habían asesinado casi tres años antes a Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.

La protesta estudiantil y magisterial obligó a que el 1 de octubre, el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Veláz-quez, pidiera licencia al cargo por treinta días. En cuanto el cabildo aprobó su solicitud, el perredista huyó de Iguala, minutos antes de que policías ministeriales sitiaran el palacio municipal para detenerlo.

Después de cuatro días de silencio, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez del tema.

Con la consigna «2 de octubre no se ol-vida», normalistas, universitarios, maestros y organizaciones sociales toman las calles de Chilpancingo, demandan presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. La indignación se replicó en Atoyac, Aca-pulco, Ayutla, Zihuatanejo, Tlapa, Chilapa y Tecoanapa.

A seis días de la tragedia, el capítulo México de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron los hechos y los calificaron de «extrema gravedad», como uno de «los sucesos más terribles de los tiempos recientes».

A once días del ataque, maestros de la CETEG, organizaciones sociales y univer-sitarios, marchan e instalan un plantón en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en Chilpancingo.

Como parte de las protestas, estudian-tes de Ayotzinapa incendian el Palacio de Gobierno, mientras maestros de la CETEG hacen lo propio con el palacio municipal de Chilpancingo.

Al día siguiente, Enrique Peña Nieto pro-metió encontrar pronto a los 43 normalistas desaparecidos y presentar a los culpables, promesa que quedó en el olvido. Apoyados por comerciantes, organizaciones sociales y estudiantes, los padres de los 43 estudiantes marchan en Acapulco y plantean la renuncia del gobernador Ángel Aguirre.

Durante la llamada Primera acción glo-bal por Ayotzinapa el 22 de octubre, más de ciento cincuenta mil personas toman el zócalo de la capital del país. A la protesta nacional se suman universidades públicas y privadas para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas. Las protestas se extendieron en todo el país y en el extranjero. Muchos mexicanos radicados en otros países se congregaron en espacios públicos y sedes diplomáticas a exigir justicia y presentación con vida de los 43 normalistas.

La condena nacional e internacional obligó al gobernador Ángel Aguirre Rivero a pedir licencia para separarse del cargo, después de ser advertido por el presidente nacional del PRD de que, de no hacerlo, el gobierno federal iniciaría un proceso penal en su contra.

Al cumplirse un mes de la desaparición

de los 43 estudiantes, el secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, asumió el cargo como gobernador interino. En lugar de ir a Ayotzinapa a buscar a los padres de los normalistas, el gobernador prefirió ir a Los Pinos a ponerse a las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto.

El 28 de octubre, Peña Nieto se reúne con los padres de los 43 normalistas en Los Pinos. El encuentro duró cinco horas, para que el presidente emitiera un mensaje en cadena nacional anunciando la firma de una minuta de diez acuerdos, en la que las autoridades se comprometen a localizar a los normalistas y detener a los responsables. El sexenio de Peña finalizó más de cuatro años despues, sin que cumpliera su pormesa.

Después de cuarenta y un días de los he-chos de Iguala, la Policía Federal detiene, en la ciudad de México, a José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.

El 7 de noviembre, el entonces procura-dor general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó su primera versión de la «verdad histórica».

Ese día, normalistas, organizaciones sociales, maestros y padres de los 43 desapa-recidos cerraron durante tres horas y media las instalaciones del Aeropuerto Internacional Juan N. Álvarez, de Acapulco. El gober-nador Rogelio Ortega Martínez mandó un mensaje en el que señaló que los normalistas de Ayotzinapa, «de víctimas, han pasado a victimarios».

El 11 de noviembre, maestros de la CE-TEG incendiaron las oficinas del PRI estatal; policías estatales desalojan a los maestros con gas lacrimógeno.

Familiares de los desaparecidos parten de Ayotzinapa en tres caravanas, el 13 de noviembre,a recorrer ocho estados del norte, sureste y sur.

En Chiapas, la caravana Sureste es reci-bida por el EZLN en el municipio autónomo de Oventik. Los rebeldes ofrecieron apoyo a estudiantes y familiares de los desaparecidos y les recomendaron a los normalistas y fami-liares que se cuidaran de las organizaciones sociales que se acercaron a ellos, porque muchos buscarían sacar provecho de su dolor. Lo advertido se cumplió meses después.

Durante la llamada Tercera acción global por Ayotzinapa, el 20 de noviembre, en el zócalo de la Ciudad de México, y en ciento ochenta y cinco ciudades de todo el mundo, miles de personas salieron a exigir la presen-tación con vida de los 43 normalistas.

Como si no le importara el dolor de los padres de los normalistas desparecidos, el presidente Peña Nieto convocó a los gue-rrerenses a hacer un esfuerzo colectivo «a superar» el dolor que dejó la desaparición de los 43 normalistas.

Dos días después de la declaración de Peña Nieto, el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, en Austria, da a conocer que un

hueso de los restos encontrados en una bolsa que supuestos sicarios de Guerreros Unidos arrojaron al río de Cocula corresponde al normalista Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes desaparecidos.

El Equipo Argentino de Antropología Forense aclaró, el 7 de diciembre, que ellos no fueron testigos del hallazgo del fragmento óseo que culminó con la identificación de Alexander Mora Venancio.

Un día antes de que se cumpliera el tercer aniversario luctuoso del asesinato de Jorge Alexis Herrera Pinos y Gabriel Echeverría de Jesús, cinco científicos de la Universi-dad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana aseguraron que la hipótesis de la PGR era imposible de probar científicamente, porque para la cremación de 43 cadáveres se requería de algo más que leña y llantas.

El día de Nochebuena, pese a la lluvia y el frío, padres de los 43 desaparecidos protestaron frente a la residencia oficial Los Pinos para recordar al presidente Enrique Peña Nieto que mientras no les devolvieran a sus hijos, no habría fiestas ni descanso para ellos ni para su gobierno.

Al cumplir tres meses de la desaparición de los 43 normalistas, los padres de familias encabezaron una marcha para exigir la pre-sentación con vida de sus hijos, y la renuncia de Peña Nieto a la Presidencia. Una vez más, se manifestaron a las puertas del 27 Batallón de Infantería.

A cuatro meses de la tragedia, el titular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, presentó lo que llamó «la verdad histórica». El procurador aseguró que exisíaen elementos legales y científicos suficientes para asegurar que los 43 desaparecidos fueron secuestrados, asesinados, incinerados y que sus restos fue-ron tirados al río San Juan, en el municipio de Cocula.

El 24 de febrero, en Acapulco, policías federales asesinaron al profesor Claudio Cas-tillo Peña durante una protesta de la CETEG y del SUSPEG, en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas.

El 2 de marzo llegan a la Normal de Ayotzinapa los integrantes del GIEI, el espa-ñol Carlos Beristain, la colombiana Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox Vial, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el también colombiano Alejandro Valencia Villa para iniciar la investigación.

Después de la jornada electoral del 7 de junio, en Tlapa, policías federales y militares asesinan de un balazo al universitario Antonio Vivar Díaz, quien participaba desde octubre de 2014 en la protesta por la presentación con vida de los 43 normalistas.

Ese día, brigadas de padres de los 43 desaparecidos y sus grupos de apoyo confis-caron y quemaron la papelería electoral de veinticuatro casillas en Tixtla para boicotear las elecciones federal, estatal y municipal.

En su informe preliminar del 6 de sep-

tiembre, el GIEI desmanteló la «verdad histórica», lo que significó un duro golpe a la versión presidencial. Con base en peritajes del experto peruano en Ciencias del Fuego José Torero, se descartó que los 43 detenidos-desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.

La respuesta del gobierno mexicano llegó diez días después (16 de septiembre) con otra mentira, al afirmar que forenses de la Universidad de Innsbruck identificaron ma-terial genético del normalista de Ayotzinapa Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 desaparecidos en restos hallados en Cocula.

Los padres rechazaron la versión, mien-tras que el EAAF aclaró el jueves 17 que los resultados del laboratorio de la Universidad Innsbruck, Austria, no son definitivos para identificar al normalista y que los valores obtenidos en el análisis de una muestra ósea indican que solo se puede considerar como una posibilidad de que pertenezca a Jhosivani Guerrero de la Cruz.

Al cumplirse un año de la tragedia, padres de los desaparecidos marcharon en la Ciudad de México. La protesta salió del auditorio na-cional al zócalo de la capital. Más de ochenta mil personas salieron a la calle ese día. Las marchas continuaron en todo el país cada día 26 de mes.

Después de un año de investigación, el gobierno mexicano anunció, el 13 de abril, que daba por concluido el trabajo de GIEI, tras varias confrontaciones por la veracidad de la investigación.

El domingo 24, el GIEI presenta su segundo informe de los hechos, en donde desecha por completo la versión de la PGR, y el 24 de mayo entrega su último informe sobre el caso y pide cambiar la versión oficial, porque «no existe certeza sobre el destino de los estudiantes».

El anunció de la renuncia de Tomás Zerón a la Dirección de la Agencia de Investigación Criminal pareció un triunfo para los padres de los 43 estudiantes, pero, en cuestión de horas, se desvaneció con la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de nombrarlo secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad.

A cinco días del segundo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisiona-do de la ONU para los Derechos Humanos, se reunió con familiares y compañeros de los estudiantes desaparecidos, en la Normal de Ayotzinapa.

A dos años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, exintegrante del GIEI, sostuvo que «era claro y es claro que el resultado final no fue el basu-rero de Cocula. Sobre esos elementos ya hay cinco dictámenes técnicos en ese sentido».

A dos años y ocho días de la barbarie fue-ron asesinados Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro, alumnos del último grado de la Normal de Ayotzinapa, a bordo de

una camioneta Urvan, del transporte público, en la carretera Tixtla-Chilpancingo, a cuatro kilómetros de la capital.

En el lapso de los últimos veintiocho años, han sido asesinados diez estudiantes de Ayotzinapa, por parte del Ejército mexicano, la policía o la delincuencia organizada, sin que haya un solo sentenciado por estos crímenes.

A tres años de la desaparición de los 43 normalistas, organizaciones sociales y pa-dres de los estudiantes suspenden la marcha programada para esta fecha y se suman al apoyo de los damnificados del sismo del 19 de septiembre.

Padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos irrumpieron en un mitin del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, realizado en esta ciudad.

A cuatros años de la desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala, estudiantes, organizaciones sociales y padres de familias marchan en la ciudad de México para exigir presentación con vida de los estudiantes.

El 1 de julio de 2018, en una jornada electoral histórica, el Movimiento de Regene-ración Nacional (Morena) gana la presidencia de la República y la mayoría calificada en las cámaras de senadores y diputados.

26 de septiembre, 3 semillas, 43 es-peranzas, se llamó a la generación de los estudiantes ausentes, que egresarían el 13 de julio de 2018, ello, trece días antes de que se cumplieran los 46 meses de su desaparición.

A cuanrenta y cinco días de que López Obrador asumió la presidencia de la Repúbli-ca, se crea la comisión especial para esclare-cer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

El 3 de septiembre, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, ordenó la libertad de Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, uno de los presuntos líderes que habría ordenado la desaparición de los 43 normalis-tas de Ayotzinapa.

Los familiares de los normalistas desa-parecidos de Ayotzinapa se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el miércoles 11 de septiem-bre, quince días antes de cumplirse cinco años de la tragedia. López Obrador dijo en confe-rencia de prensa que uno de los compromisos de su gobierno es no descansar hasta dar con el paradero de los 43 normalistas.

A trece días de que se cumplieran cinco años de la desaparición de los normalistas, un juez federal ordenó la liberación de veinticua-tro presos vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes. Con esto, suman ya setenta y siete liberados de un total de ciento cuarenta y dos detenidos.

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a liberación de veinticuatro pre-sos la semana pasada –aparte de los cincuenta y tres que salieron a lo largo de este año–, inculpa-dos de la desaparición de los 43

normalistas de Ayotzinapa hace cinco años «golpea e incrementa el dolor de las madres y padres», que reconocen estar deseperados, pero dispuestos a seguir, aunque «el camino sea lento».

Durante estos cinco años, desde que desaparecieron a los estudiantes, mata-ron a tres de sus compañeros, así como a otras tres personas, fueron detenidos por estos hechos ciento setenta y siete presuntos culpables, entre ellos, poli-

cías municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala.

Pero hasta ahora han sido liberados setenta y siete, con lo que los mismos padres consideran cambia el panorama de su lucha por encontrar a sus hijos, aun cuando tienen muchas esperanzas en el nuevo gobierno de la República que en-cabeza Andrés Manuel López Obrador.

La liberación de 24 más

Apenas el 30 de agosto, Gildardo López Astudillo, alias Cabo Gil, lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos acusado de haber jugado un papel

preponderante en la desaparición de los estudiantes, fue puesto en libertad.

Esta liberación, fue vista como el primer paso para allanar el camino para liberar a varios presos más implicados en el caso.

De las ciento siete pruebas con las que la PGR procesó a los detenidos, solo subsisten cuarenta y cuatro; las sesenta y tres restantes las declaró ilícitas el Pri-mer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, informó el 3 de septiembre el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Mi-gración, Alejandro Encinas Rodríguez, durante la conferencia matutina del

Por: Zacarías Cervantes

L

padres de los 43. eNtre el

desalieNto y la esperaNza. [Foto:

iNterNet]

La liberación de implicadosRETARDA LA JUSTICIA

presidente López Obrador.Hasta ese momento se habían libe-

rado a cincuenta y tres de los presuntos culpables que estaban en prisión.

Lo anterior debido a que se acredi-taron una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la li-bertad, al detectarse: trece casos de dila-ción indebida en la puesta a disposición ; cuarenta y ocho detenciones ilegales por falsa flagrancia; veintidós detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular; veintinueve casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; veintiséis casos de exceso en el cumplimiento de una orden de pre-sentación; un caso de incomunicación y seis casos de violación al derecho a la defensa adecuada.

Posteriormente, el pasado 16 de septiembre, el propio Alejandro Encinas anunció la liberación de otros veinticua-tro implicados.

«El juez primero de distrito de pro-cesos penales de Tamaulipas, el señor Samuel Ventura Ramos, del cual no encontramos fotografía alguna ni re-gistro alguno en las páginas del Poder Judicial e, incluso, del propio juzgado que él encabeza, dictó libertad absoluta e inmediata de veinticuatro personas detenidas por la desaparición forzada de 43 estudiantes», reveló el funcionario.

En ese momento dijo que estas reso-luciones alentaban el silencio, la com-plicidad, y la impunidad para conocer la verdad, y que mostraban la miseria, la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia en el país.

La defensa de los padres

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el defensor que ha acompañado a las madres y padres en este camino de cinco años, explica a Trinchera las implicaciones jurídicas de la liberación de los detenidos para este caso.

Recuerda que el primer grupo de detenidos fueron treinta y tres policías acusados de homicidio y lesiones, y posteriormente vendría la investigación donde cobraría relevancia la teoría de que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula.

Señala que cinco detenidos confiesan

que los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal y entregados a la organización criminal Guerreros Unidos, y que ésta los habría incinerado en el basurero de Cocula; luego, ellos mismos inculpan a otras personas, con lo que se acumulan ciento cuarenta y cuatro detenidos.

Agregó que este 31 de mayo, el Primer Tribunal Colegiado del Decimo-noveno circuito de Reynosa resolvió un amparo en dos dimensiones: por un lado, dice que hay evidentes irregularidades, como que todos los detenidos fueron presentados ante el juez con demora injustificada y con lesiones en diversas partes del cuerpo.

Pero resalta que algunos detenidos acusaron a otros, y que la defensa de los primeros y los segundos, es decir, de acusadores y acusados, era el mismo abogado, y que eso no debía ser, porque es un conflicto de intereses.

«Todas estas irregularidades, que son bastantes, son las que ocasionaron la nulidad de las pruebas que sostenían esa acusación, y la consecuencia natural, de ello fue que fueron excluidas esas pruebas, y las que se quedó el juez son insuficientes para someter a proceso a los detenidos, razón por la cual, el juez ha tenido que estar liberando», explica.

Ante este panorama, subraya dos implicaciones de estas liberaciones de los detenidos que tienen responsabili-dades en los hechos. Por un lado dice que generan impunidad. Y por otro, se pierde información relevante sobre el paradero de los 43.

Rosales Sierra manifiesta que esto tampoco significa que se tiene que empezar desde cero, sino que la inves-tigación adquiere otro rumbo. «Sigue reconstruir las investigaciones e impul-sar las nuevas líneas de investigación que hay, y buscar mecanismos legales mediante los cuales se evite la salida de más detenidos», dice.

Los padres y madres de los 43 no desisten

El vocero de los familiares de los 43, Melitón Ortega García, describe el impacto que ha causado la liberación de detenidos.

«Ha golpeado mucho el dolor de los padres; ha incrementado; ha habido más desesperación; y como vemos que es parte de una estrategia del gobierno

anterior, y la PGR (Procuraduría General de la República), la SEIDO (Subprocu-raduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada), planeó para no llegar a la verdad. Eso nos lleva a generar la impunidad del tema de los 43 con la salida de varios de los deteni-dos, pues va en ese sentido, a ocultar», reprocha.

Lamenta que los que ya liberaron se llevan consigo información, y que los detenidos ya sabían que serían liberados tarde que temprano, por las irregularida-des durante su detención.

Pero por otro lado dice que ven positi-vamente los encuentros que están teniendo con autoridades del gobierno federal, que finalmente sienten que hay compromiso real del que esperan se concrete en hechos, en el avance de alguna de las líneas de in-vestigaciones que plantean: la del Ejército, las detenciones donde participaron policías ministeriales, municipales, estatales y federales; la telefonía celular, y el trasiego de drogas de Iguala a Chicago como móvil de la agresión

«Hay buena disposición (…) es cosa que nunca tuvimos en el anterior gobier-no; más bien, el anterior gobierno lo que provocó fue callar las voces de todas las instituciones y mantenerse cualquier acto de impunidad. Eso se vivió diferen-te. Pero lo que vemos es que, sí va lento a pesar de que ya se constituyeron todos los órganos que deben trabajar sobre el tema», añadió.

Los padres de los 43 han apercibido a las auotridaes, específicamente a la Fiscalía General de la República (FGR), a que aporten elementos que permita avanzar, que la información que les vayan dado sea de impacto.

Los padres confían en que la justicia no llegue casi al término o al término del sexenio, sino que ésta llegue lo más pronto posible.

«La movilización de los padres debe mantenerse; debemos estar muy alertas, muy pendientes de cada paso que se esté dando de este nuevo gobierno; sobre todo, los pasos que va ir dando el fiscal del caso Ayotzinapa», apuntó.

Al pueblo, al magisterio, a los estu-diantes universitarios, colectivos y cam-pesinos los padres piden sean solidarios, y que en el marco de los cinco años de la desaparición en sus ciudades repliquen las marchas que se harán para continuar con la demanda de justicia.

Por: Beatriz García

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sta semana se cumplen cinco años se cumplen desde aquella fatídi-ca noche/madrugada del 26 y 27 de septiembre del año 2014 en la ciudad de Iguala, cuando el Estado

mexicano desapareció a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y mató a tres más y a otras tres víctimas colaterales que nada tenían que ver en el asunto.

Desde esa fecha, miles de manifesta-ciones se han llevado a cabo en todo el país en demanda de justicia para las familias de los jóvenes asesinados y desaparecidos, y castigo para los culpables, que hasta ahora no se mira por ningún lado.

Con la detención de más de ciento cua-renta personas presuntamente implicadas en la desaparición de los jóvenes (procesadas mediante de tortura), quisieron hacer creer

que el caso prácticamente estaba cerrado. Pero ahora, bajo el nuevo régimen encabe-zado por Andrés Manuel López Obrador, este mes, un juez de Tamaulipas liberó, bajo diversos argumentos, a Gildardo López Astudillo, El Gil, presunto líder del grupo Guerreros Unidos, y a otros veinticuatro policías municipales de Iguala, Huitzuco, y Cocula.

En este contexto, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, creada al arranque del actual gobierno, anunció una nueva investigación; es decir, basada, principalmente, en el trabajo que al respecto hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Se cae la verdad histórica

Expertos, investigadores, académicos, líde-res políticos y los propios padres de familia de los 43 desaparecidos, coinciden en que se trató de un crimen de Estado, por todas las anomalías observadas a lo largo de estos cinco años.

Primero fue el argumento inverosímil del gobierno de Enrique Peña Nieto, de la «verdad histórica», vertido por el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, consistente en asegurar que los normalistas fueron incinerados, y sus cuerpos tirados en el Río San Juan, del municipio de Cocula.

Haciendo un poco de historia, cuando ocho reporteros nos trasladamos a la ciudad de Iguala, minutos antes de la medianoche

e

gobierNo de amlo.

CoNFiaNza. [Foto: iNterNet]

El movimiento de los 43Y LA CUARTA TRANSFORMACIÓN

de ese 26 de septiembre, prácticamente du-rante todo el trayecto desde Zumpango hasta Iguala, no dejó de llover.

Incluso, cuando peritos de la PGR levan-taban los cadáveres en el crucero de Avenida Álvarez y Periférico Norte en Iguala, todavía hasta las cuatro de la mañana continuaba la lluvia en toda la zona norte de la entidad, incluido el municipio de Cocula.

Entonces, ¿de dónde Murillo Karam y Tomás Zerón sacaron la conclusión de que los jóvenes normalistas habían sido incine-rados? Es más, los expertos que contrató el GIEI, así como el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses, no hallaron nin-guna evidencia de que esto pudiera haber ocurrido.

Por esa razón, no se entiende por qué hasta el momento el gobierno de la 4T no ha llamado a cuentas a éstos y otros personajes de la administración pasada, incluido el ex-presidente Peña Nieto, ni a los altos mandos del Ejército Mexicano, que saben lo que sucedió esa noche.

Lo mismo sucede con funcionarios de Guerrero, si bien el exgobernador Ángel Aguirre y el entonces procurador Iñaki Blanco, ya lo hicieron, todavía falta conocer el testimonio de Lambertina Galeana Marín, entonces titular del Tribunal Superior de Justica, quien debe responder por los videos que desaparecieron en la Ciudad Judicial de Iguala, en donde están las evidencias del paradero que siguieron los estudiantes normalistas durante su desaparición esa noche, y cómo elementos del Ejército y la Policía Federal se percataron del hecho y no intervinieron.

El papel de la prensa

A cinco años de distancia, en un análisis del papel que jugaron los medios de comunica-

ción, resulta más que evidente que gracias a los reporteros, primero de Guerrero, luego de México, y al final de varias partes del mundo, el caso de desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas se difundió masivamente.

Desde el movimiento estudiantil de 1968, no se había registrado en el país un aconte-cimiento como lo fue el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, que estuvo en la primera plana de los diarios y revistas impresos; de los noticiarios de radio y televi-sión; de los escritores, y hasta de los cineastas que han llevado este caso de desaparición forzada al cine.

Los reporteros de Iguala «se la jugaron», al grado de que estuvieron a punto de perder la vida, cuando los policías municipales y los pistoleros les dispararon en plena entrevista con los estudiantes de la Normal de Ayotzi-napa que en esos momentos se encontraban prácticamente acorralados y huyendo de la persecución.

Sin embargo, hoy existe preocupación no solo entre los periodistas y fotoreporteros de Iguala, sino en general en todo el gremio, a partir de que fueron liberados la mayoría de los detenidos, y lo peor es que ya circulan de nuevo por las calles de la ciudad tama-riendera.

Ninguno de los tres niveles de gobierno está garantizando la seguridad de los repor-teros, que están llevando a cabo su labor in-formativa sin ninguna garantía de seguridad para su protección.

Ahora, Iguala se ha convertido en un lugar en donde ejercer el periodismo inde-pendiente puede costarle la vida a cualquiera de los reporteros, tanto los que viven allí, como los que cubrimos los distintos eventos que se desarrollan.

El futuro del movimiento

Si bien en los tres primeros años las movili-zaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes fueron contundentes, como lo demostraron las marchas impulsadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en Chilpancingo y Acapulco, y a escala nacional por la CNTE, hoy lamentablemente el movi-miento ha venido de más a menos.

Pero hay que reconocer que los padres de familia han demostrado una voluntad de lucha ejemplar, a pesar de los intentos del gobierno por dividir el movimiento ofre-ciendo dádivas.

El cansancio y las enfermedades son más que evidentes entre los padres de familia, que a pesar de eso continúan movilizándose a largo y ancho del país y visitando diversas partes del mundo.

Si bien los abogados del Centro de Dere-chos Humanos de la Montaña Tlachinollan, han realizado un trabajo muy importante en busca de esclarecer el caso y llevar a la cárcel a los responsables, esto no ha sido suficiente, porque ahora la investigación prácticamente parte de cero.

A manera de conclusión, será muy di-fícil para el gobierno de la 4T resolver este crimen de Estado, porque es evidente que el presidente López Obrador no quiere tocar al Ejército mexicano o a algunos de sus elementos, que mucho tuvieron que ver en la desaparición forzada de los estudiantes normalistas.

Existe la certeza en un amplio espectro de la opinión pública de que los altos mandos del 27 Batallón de Infantería, saben del paradero de los jóvenes estudiantes; incluso, en estos días se informó que se registraron llamadas justo en las instalaciones militares antes de que desaparecieran los normalistas.

Por: Sergio Ocampo

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l subcomandante Moisés, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), previno hace cinco años de lo que depararía a los padres de los 43 estudiantes

de la Normal de Ayotzinapa desapareci-dos en Iguala.

El 15 de noviembre de 2014, en el caracol de Oventik, Chiapas, dijo: «Puede ser que quienes ahora se amon-tonan encima de ustedes para usarlos en beneficio propio, los abandonen y corran a otro lado a buscar otra moda, otro mo-vimiento, otra movilización».

Entonces, no habían transcurrido ni dos meses de los ataques, detención y desaparición de los estudiantes de la Nor-mal de Ayotzinapa en Iguala. Los ojos del mundo estaban puestos en los padres y sus familiares que exigen la presentación con vida de los normalistas. La solida-ridad internacional y nacional se había volcado a su movimiento. Entre esta

solidaridad estaba la de los oportunistas de los que previno el subcomandante Moisés en Oventik.

«Nosotros pensamos que quienes apuestan a un calendario de arriba o a una fecha tope, los abandonarán en cuanto una nueva fecha aparezca en su horizon-te. Pero sabemos que ustedes y nosotros no nos venderemos, no claudicaremos y que no nos rendiremos», advitiró el chiapaneco.

El mensaje de Moisés, a nombre de la Comandancia General del EZLN, tuvo lugar al terminar el acto de la caravana de familiares de desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa, en su recorrido por varios estados del país en busca de respaldo a la lucha por la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos.

Moisés hizo cuentas: «Hagan de cuenta que son 100 los que ahora los acompañan en sus demandas. De esos 100, 50 los cambiarán por la moda que

esté a la vuelta del calendario. De los 50 que queden, 30 comprarán el olvido que ya ahora se oferta en pagos en abonos y se dirá de ustedes que ya no existen, que no hicieron nada, que fueron una farsa para distraer de otras cosas, que fueron un invento del gobierno para que tal partido o tal personaje político no avanzara.

»…De los 20 que queden, 19 correrán despavoridos al primer vidrio roto porque las víctimas de Ayotzinapa, de Sonora, de Coahuila, de cualquier geografía, se quedan en los medios de comunicación sólo un momento y pueden elegir no ver, no escuchar, no leer, dándole vuelta a la página, cambiando de canal o de estación, pero un vidrio roto es, en cambio, una profecía».

Profetizó: «Y entonces, de los 100 verán que sólo queda uno o una. Pero esa una o uno se ha descubierto en las pala-bras de ustedes, ha abierto su corazón, como decimos nosotros, y en ese corazón

e

las primeras marChas.

reCuerdo lejaNo. [Foto: iNterNet]

De la solidaridad copiosaA LA RESISTENCIA PROPIA

se han sembrado el dolor y la rabia de su indignación.

Y les pidió: «Por sus muertos y sus desaparecidos, también por ese uno, esa una, de entre los 100, tienen que seguir adelante, porque esa una o uno, al igual que ustedes, no se rinde, no se vende, no claudica, porque resulta que los pocos son pocos hasta que se encuentran y se descubren en otros, y los que se pensaron pocos y solos, descubrirán que somos los mayoritarios en todos los sentidos y que son los de arriba los que son pocos en verdad».

Cinco años después, las multitudes que acompañaron en los primeros días, semanas y meses a los padres se han ido. Muchas organizaciones al ver satisfechas sus demandas y objetivos, o porque la lucha de los padres ya no es una «moda», como lo previó el subcomandante Moi-sés, abandonaron la lucha por la presen-tación de los 43 estudiantes.

Otros, incluso, lograron visibilizarse y se encarrilaron en la vía electoral y hoy figuran en cargos de elección po-pular. A estos, la Comandancia General del EZLN también los visibilizó: «Hay muchos intereses de los políticos en pri-mera fila, que quieren usarlos a su gusto y conveniencia, y no nos sumamos ni nos sumaremos al vuelo rapaz de oportunistas sinvergüenzas a quienes nada importa que aparezcan con vida los que ahora faltan, sino llevar agua al molino de su ambición».

Frente a estos riesgos, el llamado fue no abandonar la lucha «porque en ella anda no sólo la memoria de sus muertos y desaparecidos, también camina la rabia de quienes abajo son ahora para que los de arriba sean».

Desde entonces, la Comandancia General del EZLN también advirtió a los padres que el estado les escondería la verdad. «Hay quienes allá arriba quie-ren distraer y así esconder al verdadero culpable… ahora vemos, escuchamos y leemos que otros tratan de tapar ésa su palabra dura, fuerte, lo que es el núcleo de dolor y rabia que echó a andar todo».

Las multitudinarias movilizaciones que se fueron

Con el respaldo popular y de organismos internacionales, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, iniciaron su movimiento a los primeros días de los ataques en Iguala.

Cinco años después, sin las acciones multitudinarias que se vieron al inicio, continúan solo con la fe y la esperanza

de encontrarlos. Con el deseo de conocer la verdad y que haya justicia contra los autores materiales e intelectuales.

El siguiente es un recuento periodís-tico y la recapitulación de las acciones y encendidas protestas más relevantes realizadas después de la detención-desaparición de los estudiantes, durante el mismo 2014.

El 3 de octubre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó la desaparición de los 43 estudiantes. El organismo internacional calificó el hecho como uno de «los sucesos más terribles de los tiempos recientes».

El 6 octubre, la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que otorgue medidas cautelares en favor de estudian-tes de la normal rural Raúl Isidro Burgos.

El 7 de octubre, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el crimen de las seis personas en Iguala como «inhumano y absurdo», y pidió a México una investigación completa y transparente.

El 7 de octubre estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) toma-ron las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Gue-rrero (PGJE), y pegaron en las paredes las fotografías de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa.

Mientras tanto, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) inició una Caravana por el Desarrollo y la Paz en exigencia de la aparición de los estudiantes.

El mismo día se realizó una marcha nacional que se replicó en sesenta y cua-tro ciudades del país y el mundo.

El 8 de octubre, tras solicitar medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, Amnistía Internacional (AI) emitió ocho recomendaciones al gobierno de Enrique Peña Nieto para que las autoridades a su cargo agilizaran la investigación y localizaran a los 43 normalistas.

El mismo día se realizó la primera jornada de lucha por Ayotzinapa en la que decenas de miles de personas repu-diaron el asesinato de los estudiantes en ochenta ciudades del mundo y exigieron la aparición con vida de los normalistas.

Asimismo, se instaló el plantón de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) en el Zócalo de Chilpancingo y del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), mismo que levanta-

rían en febrero y marzo del año siguiente en medio de una fuerte división y acusa-ciones mutuas de dos grupos de haber «vendido» el movimiento y de haber lucrado con el movimiento de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

El 10 de octubre se realizó la primera Asamblea Interuniversitaria en la cual se llamó a los estudiantes de escuelas nacio-nales a organizarse y movilizarse para exigir a las autoridades la presentación de los estudiantes de la aldea de Ayotzi-napa. En dicha asamblea se contó con la participación de más de treinta escuelas en la zona metropolitana.

El 22 de octubre se llevó a cabo el Día de Acción Global por Ayotzinapa, que entre otras acciones a escalas na-cional e internacional, se publicó una petición con el título Carta abierta desde el extranjero – #AyotzinapaSomosTodos, en la que intelectuales y académicos de sesenta países y quinientas universidades, centros de investigación, organizaciones civiles y ciudadanos de todo el mundo denunciaron irregularidades en la inves-tigación de los desaparecidos, e incluso los obstáculos a la justicia de las propias autoridades.

Ese mismo día se realizó una mo-vilización denominada «Una luz por Ayotzinapa», que tuvo como punto de reunión el Ángel de la Independencia. La participación, según datos periodísticos fue de aproximadamente ciento cincuenta mil personas, encabezadas por los padres de familia de las víctimas.

Ese mismo día en Bogotá, Colombia, ciudadanos de ese país y de México se reunieron al grito de «¡Vivos se los lle-varon, vivos los queremos!».

El 29 de octubre en una audiencia pública en la Ciudad del Vaticano el Papa Francisco pidió que se orara a favor de los normalistas desaparecidos. Posterior-mente, el 7 de noviembre el Papa señaló: «Quiero expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de la legal desaparición, pero sabemos asesinato, de los estudiantes».

El 8 de noviembre en el partido León contra Puebla se mostró un trapo con la leyenda «Gobierno Asesino» y un cen-tenar de cartelones con el número «43». Por tal acción, el equipo fue sancionado por la Federación Mexicana de Futbol.

Asimismo, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz 2014 a Malala Yousafzai, un joven mexicano inte-rrumpió la ceremonia en protesta por la desaparición de los 43 normalistas.

Por: Zacarías Cervantes

| 1514 | Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019

Yousafzai, más tarde declaró su apoyo al joven.

El 10 de noviembre, varios manifes-tantes atacaron el Palacio de Gobierno en Chilpancingo, arrojando piedras y pren-diendo fuego al edificio y a los vehículos que estaban en los alrededores.

Ya el día 11 de noviembre de 2014, un grupo de manifestantes prendieron fuego a la sede del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Ese mismo día, padres de familia, estudiantes normalistas de Ayotzinapa y manifestantes tomaron y bloquearon la terminal aérea internacional de Acapulco. El incidente inició con violentos enfren-tamientos con las fuerzas de seguridad.

La noche del 12 de noviembre, en Ámsterdam, Holanda, mexicanos residentes allá protestaron dentro y fuera del estadio Amsterdam Arena. Durante el himno nacional de México sacaron y agitaron pañuelos negros en señal de luto antes del partido contra la selección de futbol de los Países Bajos.

El mismo día, manifestantes tomaron tres carreteras federales, dos casetas de cobro y oficinas de dependencias guber-namentales. Y maestros y estudiantes irrumpieron en el Congreso local de Guerrero y otro edificio gubernamental e incendiaron varias salas, además de cinco vehículos que estaban en lugar.

El 13 de noviembre se realizó una

ázaro Mazón Alonso está sentado en una mesa de ma-dera al fondo del patio de su casa. Un par de perros con aspecto de no ser muy finos

aunque sí muy bravos salen al encuentro junto con un chico que abre la puerta. «El señor Lázaro lo espera». Otro chico barre la hojarasca de las baldosas de un par de árboles robustos que refrescan el mediodía de Iguala. La casa es grande y acogedora. Acá vivió su madre y les repartió a los cinco hermanos. Es, por lo menos, más de media cuadra en el primer cuadro de la ciudad.

Dice que no es que se haya venido a refugiar acá después de que salió de la Secretaría de Salud en septiembre de 2014 atrás de la renuncia del alcalde José Luis Abarca Velázquez y seguida, una semana después, por la del mismo gobernador

Ángel Aguirre Rivero, tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de tres –así como de tres ciuda-danos más– la noche de aquel viernes 26. «Nunca me refugié porque no tengo nada que ocultar; siempre dije que José Luis Abarca era mi amigo y lo sigo diciendo, solo que yo no respondo por lo que hagan mis amigos ni mi familia».

En el patio de su casa, con los dos pe-rros echados a su vera y un café tibio traído un cuarto de hora antes por el mismo chico que abrió la puerta y que luego se despidió, Lázaro dice que de cinco años para acá no todos los actores políticos de aquel mo-mento están donde deberían estar. Lo dice a pregunta expresa. La pregunta es, desde luego, por David Jiménez Rumbo, desde luego que por David Jiménez Rumbo, pero también por Evodio Velázquez Aguirre y por Víctor Aguirre Alcaide y por Sebastián

de la Rosa Peláez, todos embriagados por el poder emanado de Casa Guerrero donde despachaba –y eso ya es decir mucho– Án-gel Aguirre Rivero, el mismo que tres años antes llevaron a la gubernatura cobijado por las siglas del PRD.

–¿Cree en el karma?

***

David Jiménez Rumbo lideró desde que fue asesinado su padrino político Armando Chavarría Barrera el Grupo Guerrero, un derivado del Polo Guerrerense de Izquier-da, y desde ahí tomó parte del reparto de candidaturas para puestos de elección y puestos en el gobierno. Para él reservó los mejores lugares, desde luego. De diputado a senador y hasta secretario de Desarrollo Social con Aguirre en el gobierno y lue-go otra vez diputado federal. También

Por: David Espino

L

lázaro mazóN. los giros de la polítiCa. [Foto: iNterNet]

A cinco años de distancia:

LAS AMBICIONES TRUNCADAS

primera reunión de familiares de víc-timas de desaparecidas por el crimen organizado convocada por Antropología Forense A. C. para que la gente de Iguala denunciaran los crímenes cometidos a raíz de la aparición de nuevos vestigios y osamentas de otros desaparecidos.

Desde el 16 de noviembre, varias ciudades de México y del mundo orga-nizaron marchas exigiendo justicia. Las protestas se replicaron en los países de Alemania, Argentina, Australia, Austria, Birmania, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Hong Kong, India, Reino Unido, Irlanda, Islandia, Ita-lia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Polonia, Puerto Rico, República Checa, El Salvador, Suecia Suiza, Tai-landia, Uruguay y Venezuela.

El 19 de noviembre, en la entrega nú-mero 15 de los Premios Grammy Latinos, celebrado en la ciudad de Las Vegas, el artista portorriqueño René Pérez Joglar, casi al final de la interpretación de su tema «El aguante», mostró su playera negra con el mensaje: «Ayotzinapa, faltan 43» y gritó: «¡Ayotzinapa somos todos! ¡No podemos permitir que eso siga sucediendo en estos tiempos! ¡Que viva México».

El 20 de noviembre se vivió una vio-lenta jornada de protestas, bloqueos de avenidas y la detonación de bombas mo-lotov contra policías en las inmediaciones del aeropuerto de Ciudad de México, con el objetivo de bloquearlo.

El 1 de diciembre de 2014 en el marco del segundo aniversario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se vivió otra jornada de protestas en la Ciudad de México. Encapuchados causaron des-trozos a comercios, restaurantes y sedes bancarias en Paseo de la Reforma y la calle Florencia de la colonia Juárez.

La ruptura del silencio de los familia-res de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reveló ese 2014 la aparición de fosas clandestinas con hallazgos de cuerpos y imperante impunidad de los gobiernos locales y el federal, así como la complicidad con grupos del crimen organizado.

A partir de entonces se comenzaron a denunciar una gran cantidad de desa-parecidos en Guerrero, entre los que se encuentran lo mismo activistas que polí-ticos, estudiantes y ciudadanos comunes en casi todo el territorio guerrerense.

La lucha por los 43, aun cuando no se conozca la verdad, no ha sido en vano.

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hizo dirigente del PRD estatal a su delfín Celestino Cesáreo Guzmán y luego sena-dor suplente.

La noche del 26 de septiembre de 2014, Lázaro Mazón estaba en Acapulco cuando, a eso de las diez de la noche reci-bió una llamada del gobernador para que se trasladara con ambulancias, médicos y enfermeras a Iguala, que estaba en medio de una emergencia de seguridad por ba-laceras descontroladas desde hacía horas. El 27 se conoció la noticia: no habían sido balaceras cualquiera. Policías municipales y narcos de la zona habían balanceado los autobuses donde se transportaban estudiantes de la normal de Ayotzinapa, habían matado a tres y desaparecido a 43.

Lo demás fue una bola de nieve que precipitó caídas y truncó ambiciones.

David Jiménez, que ya se veía como candidato a gobernador en 2015, se tuvo que refugiar en su estado, Michoacán, y desde allí promoverse para diputado fede-ral plurinominal por la quinta circunscrip-ción, donde permaneció hasta poco antes del 2018, cuando entonces quiso competir para ser candidato a alcalde en Acapulco, solo que el PRD en Guerrero le cobró caro haber huido en medio de la tempestad y le cerró la puerta. No tuvo mejor opción que lamerse las heridas en el PRI donde apoyó a los (perdedores) candidatos del PRI.

Con todo y eso, David Jiménez se muestra seguro. Posa en su rancho Las Espadas, con un ganado de búfalos y su siembra de sorgo en Cuajinicuilapa, en la Costa Chica del estado. Posa en fotos y escribe que está listo y en espera del 2021. Posa en fotos como si fuera un líder querido y se deja ver en su feis con el senador Manuel Añorve Baños, para algunos todavía aspirante a la guberna-tura por el PRI, perdedor en 2011 contra Ángel Aguirre, y perdedor al senado en la elección federal de 2018.

***

Andar en Iguala, a pesar de que Iguala fue circunstancial en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre, pesa como si se anduviera en un cementerio antiguo. Iguala pesa en la conciencia nacional como el lugar donde se mata de manera impune y se desaparece y se incinera a estudiantes y se entierra en fosas clandestinas a las víctimas y donde los presidentes municipales son tipos im-presentables que matan a líderes sociales y hacen negocios con narcos y matones.

El negocio de las funerarias parece boyante. Cuatro de estos establecimientos se suceden uno tras otro en el trayecto por el que se llega a la casa de Lázaro Mazón. Habrá sido coincidencia o un signo de

que la muerte es rentable es esta ciudad que, dice quien fue su alcalde dos veces, es desafortunada desde aquel viernes 26 de septiembre. «Acabaron con Iguala. Acá ya no se vende nada. El negocio del oro se vino abajo», dice y cuando dice «acabaron» no se refiere a los narcos o a la mala fama del exalcalde Abarca y su mujer, sino a los medios, a los periodistas, dice. Y tampoco.

–¿Cree en el karma?–No. Creo en que la vida pone a todos

en el lugar que les corresponde.–¿Será el caso de quienes tuvieron

injerencia de manera directa o indirecta en la desaparición de los 43 estudiantes?

–No, no todos están en el lugar que les corresponde.

No se refiere a él, desde luego. Él se victimiza y dice que toda la batería del PRD nacional se fue en su contra porque era el candidato de facto de Morena a la gubernatura del estado porque «el licen-ciado» Andrés Manuel López Obrador ya había venido a destaparlo y se le fue la candidatura. Quince días antes en un cafetín de Chilpancingo presumió que le hubiera ganado al PRI, pese a los hechos del 26 de septiembre. Lástima que lo se-ñalaron de ser el inmediato padrino para que José Luis Abarca fuera candidato del PRD en Iguala y luego alcalde.

–¿Habrá sido porque el suplente de Abarca era hermano de usted?

–No. Fue porque yo era el candidato de Morena a gobernador. No era yo quien definía las candidatura en el PRD, eran los cuatro líderes de las corrientes que en ese momento estaba fortalecidas tras la llegada de Aguirre al gobierno.

Es decir, David Jiménez, Evodio Ve-lázquez, Víctor Aguirre Alcaide y Sebas-tián de la Rosa Peláez.

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Evodio Velázquez parecía encarnar el modelo guerrerense del chico maravilla. Subió de manera meteórica en la vida polí-tica del PRD. Fue diputado federal cuando tenía veintiocho y alcalde de Acapulco sólo nueve años más tarde, con treinta y siete, de 2015 al 2018. Este último puesto lo obtuvo gracias a que Ángel Aguirre cayó de la gubernatura y no terminó de allanarle el camino a su hijo Ángel Aguirre Herrera, tras la desaparición de los normalistas. Iguala también fue una circunstancia que jugó a su favor, aunque abrazó las políticas de Aguirre cuando era secretario general del PRD.

Y sigue con mucha influencia en su partido, ahora más, que los dirigentes se están haciendo menos. Influyó para que la candidatura del PRD a la gubernatura en

2015 fuera para Beatriz Mojica Morga, se-cretaria de Desarrollo Social con Aguirre y ligada a su grupo Nueva Mayoría. Y ya de salida de la alcaldía porteña le alcanzó su influencia para hacer candidata a diputada local a su esposa y anotarla a la misma vez en la lista de plurinominales, vía por la que al final llegó al Congreso del estado.

Además, Evodio está apuntado para la gubernatura en 2021 si las cuentas en Acapulco le salen bien y Adela Román Ocampo –alcaldesa llegada por Morena– no lo hace investigar por la Auditoría Su-perior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública.

***

Lázaro Mazón goza de cabal salud política pese a cargar una culpa que, dice, no le corresponde. No nació en Iguala, sino en Cocula, dos municipios conectados por un camino fuera de la línea federal a menos de una hora de distancia y conectados por la desaparición de los 43 desde que, de acuerdo con la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue donde quemaron a los normalistas hasta reducirlos a cenizas. No se ve retirado de la política. No aún. Tal vez dentro de diez años, cuando tenga setenta, dice.

Y sí que no está retirado. Fue candidato a diputado local por el PRD en la pasada elección de 2018 aunque perdió por pocos votos contra el candidato del Morena, el que ahora es presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Antonio Helguera Jiménez. Hace planes para el 2021, no dice en qué términos. Tampoco necesita decirlos. Sobre todo si su retórica surca entre el que le hayan quitado la candidatura a gobernador en 2015 y en que nada tiene que ver con la postulación de Abarca en 2012, pasando por la persecución política de la que aún se cree objeto.

–Estoy yendo dos veces por mes a la Auditoría Superior de la Federación por observaciones en la Secretaría de Salud cuando yo no manejé ni un peso. Yo fui el secretario; quien manejó el dinero, de todos es sabido, fue el hermano del en-tonces gobernador Aguirre, Carlos Mateo.

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Carlos Mateo Aguirre Rivero estuvo en la cárcel poco menos de seis meses, acusado de peculado y de desviar dos-cientos ochenta y siete millones de pesos. Tampoco se pensó que fuera a estar en la cárcel mucho tiempo. Ángel Aguirre conserva tanto poder como dinero. Haber logrado que su hermano fuera exonerado por un desvío diecisiete veces mayor al

presupuesto de Cochoapa el Grande, por ejemplo, muestra poco más que eso. Pre-tendió ser candidato a diputado federal en 2018 y en el PRD se lo consintieron sin el menor pudor, como si nada hubiera pasa-do; si no lo hizo fue porque la indignación fue más grande de lo esperado. Desde su manso retiro aún mueve varios hilos en el PRD de Guerrero y algunos en el PRI. Dicta lecciones sobre política en una co-lumna que escribe en un periódico local y promueve alianzas (PRI-PRD, PRD-PRI) impensables hace tal vez unos diez años.

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Víctor Aguirre Alcaide era secretario general del PRD cuando Ángel Aguirre anunció su renuncia al PRI y consecuente adhesión al perredismo para ser candidato. Abrazó –de manera literal– esa candidatu-ra y Aguirre lo hizo subsecretario de go-bierno. Conoció de todos los detalles del asesinato de Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 12 de diciembre de 2011 a manos de policías ministeriales, y no solo no dijo nada, sino que no renunció a un gobierno que despreció los derechos humanos desde el inicio, que hizo mofa del asesinato de los dos normalistas y cuya consecuencia bien pudo ser lo que pasó la noche del viernes 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Pese a esto, tampoco renunció. Se fue del gobierno porque se fue todo ese gobierno con el gobernador a la cabeza. Y luego buscó ser candidato a alcalde de Acapulco y le alcanzó solo para que Evodio Velázquez le diera una secretaría: Desarrollo Social. En 2018, al final de este gobierno, quiso ser otra vez candidato a alcalde y su aspiración terminó en apenas una regiduría que reclamó para su grupo, Unidad de Izquierda Guerrerense –es decir para él–, en un pacto de apoyo al entonces candidato de su partido Jacko Badillo.

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–¿Cuál fue el infortunio de José Luis Abarca?

Lázaro Mazón se mece en su silla de madera mientras habla. No es una silla mecedora, sino que la sostiene en las dos patas traseras y se mece, hace equilibrio o intenta hacerlo hasta que lo pierde y casi cae. Así es la política, una silla de dos patas, se piensa.

–Haber sido alcalde de Iguala durante los hechos del 26 de septiembre.

Lo dice con convicción. Lázaro Mazón cree en serio en la inocencia de quien se dice amigo, y cuando se le inquiere por el asesinato de Arturo Hernández Cardona

–otro de los delitos por el que permanece preso– dice que también la acusación de ese delito se le está desmoronando a la Fiscalía porque la necropsia indica que a Hernández le dispararon por la espalda y el testigo que lo señalaba aseguró que le disparó de frente y con una escopeta.

«También» significa que todos los demás delitos por los que ambos per-manecen recluidos, él en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, y ella en el penal femenil de Amacuzac, Morelos, han sido in-validados uno por uno: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y todo porque quienes los señalaban ya fueron libera-dos luego de que se documentara que sus declaraciones las hicieron a base de tortura, entre ellos, el principal acusado de desaparecer a los 43 normalistas: Gildardo López Astudillo.

De todos modos, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa conservan intactos sus bienes millonarios que quedaron a buen resguardo de sus hijas, y ya solo le queda una acusación en su contra: la del asesinato de Hernández Cardona, que también se tambalea.

***

Sebastían de la Rosa Peláez está desa-parecido; es decir, está desaparecido de la vida pública. Opera desde su organización, la CODUC, único espacio que le queda desde que en marzo de 2018 renunció al PRD pensando en quién sabe qué cosa, quizá en que lo detendrían. Lo único que recibió fueron reproches y la acusación de que su salida no era más que un chantaje por no haber conseguido las candidaturas deseadas. Su grupo llegó a controlar el Congreso local con Bernardo Ortega Jiménez como presidente de la entonces Comisión de Gobierno, pero ni éste lo siguió en su renuncia al perredismo.

A la salida de Aguirre de la guberna-tura, se alzó como el estabilizador ante el CEN del PRD y fue uno de los que impulsó a Rogelio Ortega Martínez como gobernador interino. Se encumbró en el PRD desde que fue dirigente estatal, luego diputado local dos veces y luego diputado federal. Llegó a decir que la democracia era la rotación de las élites. De ser un marginal, ascendió a las castas selectas del PRD donde se tomaban las decisio-nes, por ejemplo, que José Luis Abarca Velázquez fuera el candidato perredista a la alcaldía de Iguala. Sin que Abarca sea ahora el centro de las investigaciones de la Comisión de la Verdad ni tampoco pieza destacada en las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos

Independientes por la desaparición de los normalistas.

Sebastián de la Rosa se creyó su pre-tendido aforismo hasta que Ángel Aguirre le paró su carrera hacia el Senado en 2012 e impuso en su lugar a uno de sus delfi-nes, el priista Sofío Ramírez Hernández. Entonces Sebastián se conformó con la diputación federal y con el control del Poder Legislativo en Guerrero. Con la desaparición de los estudiantes de Ayo-tzinapa, también llegó su descenso. Fue un declive largo y lento. Le dio tiempo, incluso, de ver cómo caía la noche y se iba quedando solo. Con todo, aún tuvo opor-tunidad de conseguir para su compañera de sector, María del Carmen Cabrera La-gunas, la candidatura en el distrito tercero federal por el PES, que fue en coalición con Morena.

Así que María del Carmen es el último reducto de su influencia.

***

Quién puede decir quién impulsó a Lázaro Mazón para ser candidato a senador en 2006 por el PRD; él mismo dice que no tiene grupo y cuando se refiere a Los Chu-chos de Nueva Izquierda que controlan el PRD en el país se refiere a ellos como Los Cuchos. Lo cierto es que él mismo quiso tener el suyo propio sin que lo lograra del todo. Cuando fue secretario de Salud, recién salido del Senado, impulsó la for-mación de Morena y por eso se sentía en la lista para ser candidato a gobernador. Luego vino lo de Iguala, se publicaron fo-tos de él con los Abarca y López Obrador ya no le respondió las llamadas.

–Hasta al licenciado Andrés Manuel lo quisieron embarrar por una foto que José Luis se tomó con él, no a la inversa –recuerda.

Lázaro vive con sus perros y con un sueldo que tiene en el Cobach, dice, don-de tiene plaza de médico escolar desde hace muchos años, aunque ahora está de permiso.

–¿Ya se va a jubilar?–Ni de la política. Eso sí, no me veo

con setenta años y todavía aspirando a algún puesto.

También vive con sus secretos. En el cafetín de Chilpancingo, quince días antes de la entrevista en su casa de Iguala, dijo que sobre la desaparición de los 43 nor-malistas hace cinco años él conocía cosas de las que poco o nadie había hablado.

–¿Y por qué no las dice? –se le pregun-tó más bien de forma informal.

–Por mi seguridad –respondió sin rodeos.

Lázaro Mazón también vive rumiando sus miedos.

| 1918 | Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019

a liberación absolutoria del Cabo Gil, jefe del grupo criminal Guerreros Unidos y responsable directo en la desaparición de los 43 nor-

malistas en la noche del 26 y madru-gada del 27 de septiembre de 2014, provocó el enojo de la opinión pública nacional e internacional, por la mani-fiesta impunidad del Estado mexicano ante la injusticia reclamada por los padres de los estudiantes a lo largo de cinco años, llenos de esperanzas y desalientos, pero siempre en busca de sus hijos con vida.

Pero las complicidades no termina-ron ahí; porque días después un juez federal liberó a veinticuatro policías más. De los ciento dieciocho detenidos durante las primeras investigaciones de la Procuraduría General de la República de Jesús Murillo Karam y del gobierno de Enrique Peña Nieto, solo quedan encarcelados alrededor de veinticinco. Es decir, noventa y tres han sido liberados bajo el recurso de que sus declaraciones fueron extraídas por medio de la tortura física y bajo amenaza de muerte, bien contra del detenido o de su familia.

Sin embargo, hasta ahora se sabe, las autoridades judiciales nunca apli-caron los exámenes correspondientes que establece el Protocolo de Estam-bul para tener la certeza de si fueron torturados o no. A pesar de esta anomalía jurídica, el juez federal no tuvo empacho en liberarlos con base en ese recurso legal, inexistente en las carpetas de investigación que se les integraron a cada uno de los presun-tos responsables.

Han transcurrido cinco años, 1825 días, de aquella nefasta y cruenta no-che en la ciudad de Iguala, Guerrero, en la que los estudiantes fueron objeto de la violencia criminal con las compli-cidades de las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, de la Policía Federal y miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.

En la persecución de los estudian-tes, la colaboración oficial, en el trans-curso de estos cinco años, es inegable. La protección de las autoridades judiciales a estos aparatos es cada

vez más evidente. Tanto es así que a ninguno de los detenidos se les imputó el delito de desaparición forzada, considerado como de lesa humanidad e imprescriptible hasta la aparición de las víctimas.

El interés del gobierno peñista fue separar siempre a los policías, en sus distintos niveles, de la desaparición de los estudiantes. Procuró establecer la responsabilidad exclusivamente en Guerreros Unidos; es decir, la desa-parición fue consecuencia siempre del crimen organizado y nunca de sus elementos policiacos.

Así lo estableció en la «verdad histórica» de Murillo Karam, que fue construida con base, primero, en declaraciones hechas, supuestamente, por medio de la tortura; segundo, con la implantación de pruebas; tercero, en equipos de investigación afines al gobierno para sustentar las conclusio-nes oficiales, y, cuarto, no se interesó en continuar las investigaciones en las recomendaciones del Grupo Interdisci-plinario de Expertos.

Como se recordará, el entonces director de la Agencia de Investiga-ción Criminal, Tomás Zerón de Lucio, extrajo de la cárcel, sin respetar nin-gún protocolo, al Chereje, uno de los miembros de Guerreros Unidos, para que le mostrara en qué lugar del río San Juan habían arrojado las cenizas de los estudiantes que habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

De las cenizas encontradas en bolsas negras se extrajeron las mues-tras para que la universidad suiza de Innsbruck investigara y se conocieran los ADN y saber a quién de los jóvenes correspondían. De las muestras, solo se supo de uno de ellos, originario de El Limón, municipio de Tecoanapa.

El Grupo de Expertos fue decisivo para acercarse a la verdad y, desde luego, impidió que las intenciones del gobierno peñista fructificaran y se aceptaran sin problema alguno los resultados. Sin embargo, se asesoró de José Toledo, peruano investigador especialista en ciencias del fuego, el cual determinó que la incineración de los estudiantes en el basurero de Co-cula era «científicamente imposible».

Pero no conforme, el gobierno con-trató los servicios de un grupo afín, del cual no se conocieron sus componen-tes como tampoco los resultados, sino un breve comunicado que no decía casi nada sobre el caso. Otro elemen-to importante fue la decisión guber-namental de no seguir las líneas de investigación que recomendó el Grupo de Expertos: el autobús de Estrella Roja con doble fondo, donde según se hallaba la droga; entrevistar a milita-res e investigar las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, investigar a la policía de Huitzuco y Policía Federal, entre otras más.

En la actualidad, el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador mandató la realización de investigaciones en contra de funciona-rios de la antes PGR, al exprocurador Jesús Murillo Karam y al exdirector de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, del anterior gobierno de Peña Nieto y averiguar las responsabilidades en la integración de carpetas, con sus respectivas pruebas en la sustentación de los delitos.

Para desgracia de la verdad, para los mexicanos y, principalmente para los padres de los 43 normalistas, el gobierno ha dicho que debido al desorden jurídico y administrativo dejado por la PGR, comandada por Murillo Karam, y complicidades de autoridades y del sistema judicial con criminales, prácticamente reiniciarán a partir de «cero» las investigaciones sobre este caso.

Sin embargo, no es del todo cierto. Las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Expertos son un buen reinicio y más cuando existe la vo-luntad y decisión de permitir de parte del gobierno federal la participación de la Organización de las Naciones Unidas y organismos internacionales de derechos humanos. Es cierto se han perdido cinco años, pero de haber continuado en la ruta de Peña Nieto, téngase de seguro que no se hubie-ra llegado a ningún resultado, pero ahora es posible que lo haya, pues se inició con una limpia con la apertura de investigaciones a altos funcionarios del pasado.

AyotzinApA: cinco Años de un crimen

José María Hernández Navarrete

Las palabras del maestro de América, Don Justo Sierra, siguen siendo, sin duda, vigentes, porque en pleno Siglo XXI, Guerrero

es un pueblo «con hambre y sed de justicia». Los grandes problemas e injusticias que todavía se viven en la entidad son, quizá, la expresión más nítida de una sociedad derrotada y encerrada en un laberinto que parece no tener salida. La pobreza y la des-igualdad, la marginación, la violencia y la injusticia social son las señas de una identidad no deseada. Por eso, hace falta repensar a Guerrero, para aprender a mirarse por dentro y cam-biar la mirada, para hacer visibles los problemas del estado desde su propia historia. Pero no mirando el pasado como algo inerte, sino como la posi-bilidad de abrir un diálogo generoso que nos ayude a superar los solilo-quios que siempre giran alrededor de la autocomplacencia, el autoengaño y la simulación; eso no sirve para com-prender los problemas emergentes y solo contribuye a reproducir el analfa-betismo político contextual.

La mirada al pasado debiera servir para responder al contexto actual, porque, como alguna vez escribió Octavio Paz, «una sociedad se define no solo por su actitud ante el futu-ro, sino frente al pasado, y que sus recuerdos no son menos reveladores que sus proyectos». En esa tesitura, quizá ahora sería pertinente no solo repensar a Guerrero, sino pensar en serio sobre cuál es nuestro proyecto como guerrerenses para sobrevivir en este siglo, sobre todo, si podre-mos hacerlo con esa carga que nos ha acompañado por décadas y que encierra acontecimientos decisivos que definieron el destino del estado, y que todavía se siguen pagando los costos por hacer una lectura descontextuali-

zadas de ese tiempo vivido. Es tiempo de que los guerrerenses nos empece-mos a preguntar qué vamos a hacer con Guerrero de aquí al 2021.

Sin embargo, la mera posibilidad de responder a esta pregunta, tiene que empezar por una ruptura radical con los marcos tradicionales. Ya no es suficiente con solo acotar que en estas tierras del sur se empezó a configurar la idea de nación independiente con Los Sentimientos de la Nación, leídos por Don José María Morelos y Pavón. Ese mismo documento nos recuerda la injusticia social que todavía se vive, dado que no se ha podido «moderar la opulencia y la indigencia», y los guerrerenses siguen encerrados en el laberinto de la pobreza que les here-daron sus antepasados casi desde la fundación del estado. Y de muy poco ha servido su participación en las luchas y movimientos libertarios por tener una vida mejor. Los rezagos si-guen siendo casi los mismos; es decir, se ha venido heredando intergenera-cionalmente la pobreza por décadas.

El otro rezago que permanece es el que se refiere a los derechos huma-nos, porque todavía estaba fresca en la memoria de los mexicanos y guerrerenses, la experiencia de la his-toria reciente, la de la llamada Guerra Sucia, que costó cientos de desapa-riciones forzadas y de detenciones arbitrarias, lo cual fue reconocido por el entonces gobernador del estado, Rubén Figueroa Figueroa. Cuando en una entrevista que concedió a perio-distas franceses, le preguntaron sobre el número de presos políticos en Gue-rrero, la respuesta de Figueroa fue la expresión misma de la situación que se vivía en la entidad. «En Guerrero no hay presos políticos, todos están muertos», dijo sin ambages.

Eran los tiempos duros en los que cualquier movimientos de protesta

estaba condenado a ser perseguido, encarcelado, desterrado o desapare-cido. Guerrero no era un estado de derecho, y los movimientos de protes-ta casi se había reducido solo a dos sectores que se negaban a someterse: la comunidad de la Universidad Autó-noma de Guerrero y los maestros del Consejo Central de Lucha (CCL), que tenía como antecedente el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), creado por el ilustre maestro guerre-rense Othón Salazar Ramírez, que había sufrido la persecución y había parado en la cárcel por encabezar las luchas por democratizar el SNTE.

Eran los tiempos en que ser uni-versitario y ser maestro era riesgoso, porque se era estigmatizado desde el poder. Para el gobernador Figueroa Figuieroa, la Universidad Autónoma de Guerrero no era un centro de estudios, sino «un nido de guerrille-ros». En respuesta a ese estigma, los universitarios respondieron con una enorme pinta en las bardas de en-frente del edificio docente, que todo el pueblo podía leer cuando pasaba por la Alameda: «Antes de graduarnos como universitarios, nos graduaremos de guerrilleros». Los estudiantes de la ahora UAGro tenían muy presente la represión que se había desatado en contra de la huelga que se había mantenido en 1960 en la lucha por la autonomía universitaria.

Los maestros tenían también agra-vios y no olvidaban la golpiza que les habían dado en Tlapa para desalojar un plantón que mantenían en el zóca-lo de la ciudad, en los años setenta, en demanda de aumento salarial y la democratización de su sindicato. Unos años más tarde, el propio gobernador Figueroa había encabezado el desalo-jo de las escuelas cuando los profeso-res habían decretado un paro para exigir las mismas demandas.

AyotzinApA: derechos humAnos y educAción

Humberto Santos Bautista

LMéxico es un pueblo con hambre y sed. El hambre y la sed que

tiene, no es de pan; México tiene hambre y sed de justicia. Justo Sierra, autor del decreto que dio a la escuela primaria carácter de

obligatoria en 1881 y del proyecto de creación de la Universidad Nacional .

20 | Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019

Esos tiempos duros y de resisten-cia de los movimientos sociales en Guerrero, sirvieron para aprender lo que ya se sabía, pero que se negaba a aceptar: Guerrero no era –y todavía no lo es– un estado de derecho. Y en un estado donde el derecho es inexis-tente, tampoco era viable la justicia.

Esa especie de maldición pareciera confirmarla una evidencia empírica a la que por ser tan cotidiana, casi ha pasado inadvertida: en este 27 de octubre de 2019, Guerrero cumplirá ciento setenta años como entidad federativa, y durante ese periodo, solo diez gobernadores han concluido sus periodos gubernamentales. El último de ellos fue Zeferino Torreblanca Ga-lindo, que gobernó al estado de 2005 a 2011. Esa inestabilidad casi perma-nente, solo se explica por la disputa despiadada por el poder.

Los argumentos teóricos que tratan de justificar –más que explicar– el atraso de Guerrero han sido muy variados, aunque casi todos coinci-dieron por mucho tiempo en un factor que casi se volvió prenda exclusiva de los guerrerenses: la inestabilidad política se debía al carácter violento de Guerrero. Ahora que la violencia es un fenómeno generalizado en todo el país, ese argumento ha perdido vigencia.

Esa herencia de un estado donde el derecho no se respeta y la justicia es una vaga aspiración, sigue tala-drando la conciencia de los guerre-renses y eso ha propiciado que los casos más emblemáticos de violación a los derechos humanos se tengan que resolver en las cortes internacio-nales. En el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974, a manos del Ejército, con el argumento de que «componía corridos», fue necesario esperar varios sexenios para que su familia –particularmente su hija– tuviera acceso a las instancias de justicia. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dictó sentencia, condenando al Estado mexicano por violación a diversos derechos huma-nos.

En esa misma tesitura, más recien-temente, los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas del pueblo me’phaa, que fueron violadas por elementos militares en 2002, también tuvieron que acudir a las instancias

internacionales para pedir justica. Y en octubre de 2010, la CorteIDH dictó sentencia en contra del Estado mexi-cano y determinó la reparación del daño.

El otro caso fue el de los ecologis-tas campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes por defender su territorio y sus recursos naturales, fueron detenidos de manera arbitra-ria por el Ejército. Los campesinos ambientalistas fueron liberados en noviembre de 2001, también por la intervención de la CorteIDH.

Por último, está el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzi-napa desde el 26 de septiembre de 2014, que ha sacudido la conciencia nacional y a cinco años de su desapa-rición, la exigencia de justicia es más fuerte que nunca, porque lo que está en juego es la posibilidad misma del estado de derecho. ¿Cómo es posi-ble que cinco años después, todo el aparato del Estado mexicano no sea capaz de informar del paradero de los 43 estudiantes y que los presuntos responsables hayan sido liberados? Este parece ser el verdadero desa-fío para el gobierno de la llamada Cuarta Transformación de la Repúbli-ca, pues de eso dependerán también las posibilidades de ese proyecto. Sin justicia, ninguna transformación de la República será posible.

Quizá por eso ya es tiempo de que los guerrerenses nos hagamos una pregunta que es cada vez más pertinente: ¿Qué hacer con Guerrero de aquí al 2021?

En ese mismo contexto, uno de los espacios claves de la transformación de la República, será el de la edu-cación, y me parece que Ayotzinapa también tiene un papel reservado en esa tarea, por supuesto, siempre y cuando asuma el compromiso de em-pezar su propia transformación; sobre todo, ahora que el propio presidente de la República ha declarado que va a fortalecer a las escuelas normales del país, como una estrategia central de la política educativa de su gobier-no. Más allá de las declaraciones del presidente, que debieran de ser objeto de un análisis hermenéutico profundo, porque los efectos que tienen sus pa-labras no es el mismo que si hablara cualquier simple ciudadano, con rela-ción a las escuelas normales, habría que tener presente lo siguiente:

1. Las escuelas normales fueron fundadas en el siglo XIX –por un gran

liberal de estas tierras del sur, por cierto: Ignacio Manuel Altamirano–, y de entonces a la fecha, las reformas que se han hecho no han podido trascender la visión escolarizante y no han podido promover un proyecto educativo propio. Se han copiado mo-delos pedagógicos que son descon-textualizados, porque nada tienen que ver con la realidad del país. La última de estas malas copias es el llamado «modelo de competencia» que solo ha contribuido a una pérdida de identi-dad de la tarea de educar.

2. En las escuelas normales –con muy raras excepciones–, por lo menos en el sur de México, se dejó de lado una cuestión central en la formación docente: la profesión de maestro no consiste en tener «una simple cham-ba», sino en un compromiso ético para ofrecer la mejor educación, de buena calidad, a los sectores más pobres. La educación no consiste en escolarizar de manera mediocre a la población, sino en posibilitarles el acceso a la mejor educación para que aprendan a poner un pie en el primer peldaño de la escalera del desarrollo sostenible.

3. Si la afirmación del presidente fuera cierta de que basta con pasar por una normal para ser un buen maestro, la pregunta sería, ¿por que en Guerrero los egresados de nor-males con títulos de licenciados han demostrado una y otra vez que son incapaces de enseñar a leer y escribir a los niños de primer grado de zonas rurales y marginadas, en los primeros tres meses del año escolar y el único argumento que tienen es que «no aprenden porque son pobres»? ¿La conclusión sería que los pobres están condenados a no aprender por su condición marginal o porque se les ofrece una educación mediocre por profesores mediocres que a su vez fueron formados mediocremente?

4. Guerrero fue por varios años uno de los estados con más normales en el país y, pese a eso, seguimos siendo la entidad con el mayor rezago educativo. ¿Dónde estaría la con-gruencia de la tesis presidencial con la realidad que vivimos en Guerrero? La experiencia histórica demuestra que los discursos del poder suelen estrellarse contra la terca realidad. El problema es que ellos son temporales y se van. Pero el pueblo, como decía Robespierre –para estar a tono con el discurso radical–, «es eterno».

Este libro tratará de iluminar el camino para que el lector pueda transitar por una indagación extre-

madamente compleja, enfrentada a reportes contradictorios, pistas falsas, manipulaciones evidentes, líneas rojas y fuerzas intocables, y con numerosos personajes. La versión que el gobierno mexica-no quiso imponer como verdad histórica se reveló ya como una mentira, pero no es suficiente con señalarlo: las evidencias están ahí y hace falta descubrirlas, reunir-las y ordenarlas para comprobar cómo es que lo que el presidente

Enrique Peña Nieto presume como la investigación más profunda que se ha hecho, en realidad es una mezcla de maldad y descuido, de torpezas y abusos.

Con un estilo que permite al lector ser partícipe en todo momento de la evolución de los hechos y también del estado emocio-nal del autor y de los principales implicados, especialmente los familiares de las víctimas,

en el presente libro no solo se plasma la reconstrucción de lo que aconteció aquella noche de septiembre de 2014, sino los numerosos obstáculos puestos por las autoridades para que se llevase a buen puerto la tarea encomendada al GIEI: un amplio repertorio de añagazas con un úni-co objetivo: imponer una

verdad que nada tenía que ver con La verdad; un relato que salvaguardaba a las autoridades a costa del dolor de las familias.

Ayotzinapa mentira históricaEstado de impunidad, impunidad de estadoTémoris GreckoEdiciones ProcesoPáginas: 376

El tiempo de AyotzinapaCarlos Martín BeristainFocaPáginas: 272

Mario Bojórquez (Los Mochis, Sinaloa, México, 1968). Poeta, ensayista y traductor. Es autor de Diván de Mouraria (1999), El deseo postergado (2007), Y2K (2009) y Hablar Sombras (2013). Sus primeros libros se

reúnen en El rayo y la memoria (2012). Obtuvo los Premios Bellas Artes de Literatura en Poesía Aguascalientes (2007), el de ensayo José Revueltas (2010), y recientemente, el Premio Alhambra de Poesía Americana (2012). Pertenece al Sistema Nacional de Crea-dores de Arte de México.

Considero a Mario Bojórquez como uno de los más talentosos poetas de su genera-ción, quien es autor ya de una obra consi-derable y que además se caracteriza desde la juventud por su sólida cultura, así como

por sus notables dotes de ensayista y de traductor de poetas y escritores de varias lenguas. Doy aquí constancia de mi entu-siasmo por su obra. Eduardo Lizalde

Creo que fui uno de los primeros en aplaudir el trabajo de Mario Bojórquez y la condición prestigiosa de ahora demues-tra el acierto de mi observación. Vamos a continuar juntos hasta el fin del mundo. Ledo Ivo.

Memorial de AyotzinapaMario BojórquezVisorPáginas:92

BapelTorre de

| 2322 | Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019Chilpancingo, Gro, del 23 al 29 de septiembre de 2019

L

PRONÓSTICOEnrique González Rojo Arthur

Cuando caiga en la calle,

en la esquina de Furor y Emboscada,

se escuchará de mis labios:

mis hijos, se llegó el momento de su viejo.

Extiéndanme en el piso.

Para morir deben ponerme aquí bajo las sienes

la más mullida de las piedras

y arroparme con mis propios estertores.

Tomen mi báculo.

Guárdenlo en el mismo sitio

en que, dobladas y planchadas,

esconderán mis sonrisas

mi terquedad de siempre

y mis debilidades.

Rodeen después mi cuerpo.

Apresen mis manos.

De vez en cuando interroguen a mi pulso.

con las mandíbulas abiertas

los segundos homicidas

ciérrenme los ojosy vean cómo lentamente

se me va despellejando el nombre.

LA BÚSQUEDASaúl Ibargoyen

Siempre estamos buscando pedazos de cuerpo sí

Buscando playas jardines casas

En medio del humo apenas visible

Y a través de gases que abren sus moléculas oscuras.

Rebuscando destripando camas desmemoriadas

Y platos y cubiertos que perdieron manchas

Y secas cicatrices de ruido o mero silencio.

Rascando gerundiando la búsqueda

Las urgencias sin plazos ni lugares ni salones

Ni albas salas enfriándose

Porque nadie a nadie nombra

Ni nadie a nadie espera.

Rejuntando sí pedazos de humánidos cuerpos

Sin el vero impulso de antiguos mensajes

Que soplaban los desnudos huesos

Y las panzas despojadas

Hacia el cotidiano evento de la resurrección.

Rasqueteando reacomodando sí reubicaciones

De trozos de tantos cuerpos tozudamente

Derivados de lo humano carnal

Y su indecisa presencia

Entre el miedo sin origen y la ceniza irremediable.

Rascando y más fuera de lo eterno

Tal vez porque de cada pedazo

Se aleja una sombra que perturba

El hocico del lobo del hombre.

ANTEDÍAÓscar Oliva

Hablo desde un país sin nombre,

hablo desde un país que no me pertenece,

hablo desde su historia maltratada,

hablo con los clavos de sus ríos,

hablo desde un país que se desmorona.

Hablo sin país, hablo sin nombre,

hablo con el futuro a mi espalda,

hablo con un viento que azota mi lengua,

hablo con el golpe de un pico

golpeando mi historia personal

y la historia de mi país

para continuar hablando desde abajo

con la boca pegada en sus paredes

y en esas paredes escribir su nombre

y mi nombre.

as maneras de enfrentar el dolor y la injusticia son muchas, tan diversas, con el fin de reclamar, pedir que la ley en nuestro país funcione para generar equidad. Aquí tres poetas que dieron su palabra en reclamo:

* Carteles que han circulado en apoyo a Ayotzinapa

Recuerdos de

Una noche de hace cuatro años, en un pueblo conocido como el lugar de los tamarindos, cuarenta y tres jóvenes fueron desapare-cidos. Un rumor da cuenta que fueron asesinados y luego puestos al fuego hasta convertirlos en cenizas. Al parecer nadie creyó eso como la verdad histórica, nombre que le habían puesto los guar-dianes de la ley de aquel lugar polvoso.

En aquel lejano páramo como si fuera magia los desaparecie-ron, no hubo rastro que seguir, o si hubo lo fueron borrando las víboras y los buitres. Se dice que fueron los bandidos de esa zona que trafican con drogas, o los mismísimos rangers que cuidan el lu-gar, o ambos que, como todos saben, son la misma cosa, uno igual al otro, solo que unos trabajan afuera de la ley, y los otros están cobijados por la autoridad.

En la casa de las madres y padres de los muchachos solamente hubo tristeza y rabia. Nadie pudo dar una explicación que calmara sus almas. No había cuerpo para rezarle, era una zozobra de quien va por la niebla sin ver, perdidos, olvidados.

Se dijeron muchas cosas. Leyendas, esas que se van inventando con los años, hasta ir borrando la memoria, para tejer el misterio del mundo, donde solo queda el consuelo, la fe y la esperanza, que son el buen negocio de los mercenarios.

Dicen que el crimen perfecto es el que se comete cuando no se deja rastro del cuerpo ni del arma, y el culpable no puede ser atrapado. Esa noche, el crimen perfecto fue orquestado desde la impunidad, la podredumbre, el descaro, el cinismo. Y fue el asesino el que desde las orillas de la ley se perseguía así mismo de manera absurda y torpe.

Llegaron más hombres de otros lugares, investigaron siguieron rastros falsos, otros fueron inventando los sucesos, sin dar respues-tas.

Han pasado los años, se han silenciado las voces, el crimen es casi perfecto. Ellos saben cómo se asesina sin dejar rastro, llevan ya tantos años matando que para ellos es ya tan normal.

aquella noche