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De las arcas fiscales al negocio familiar:
Cores aprobaron millonarios fondos regionales
para favorecer a sus propias empresas
Entre 2009 y 2013, los entonces Consejeros Regionales (Cores) del Biobío Eduardo Araya
(PS) y Óscar Ferrel (DC) asignaron en total más de $3.000 millones en recursos para
proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Posteriormente, las licitaciones fueron adjudicadas a un call center y una constructora:
ambas empresas vinculadas a ellos y sus familiares. Incluso, el democratacristiano negoció
alzas a los contratos por $500 millones extra entre marzo y mayo de 2014. Pese a que este
conflicto de interés es una práctica ilegal, ninguna de las mencionadas autoridades fue
expulsada del Consejo Regional, según lo ordena la ley de Gobiernos Regionales.
Por: Jonathan Flores Belmar
Concepción, junio de 2014
Cerca de las 17:30 del 28 de diciembre de 2011, con sus 22 miembros presentes,
comenzó la última sesión del año del Consejo Regional (Core) del Biobío liderado por el
entonces intendente Víctor Lobos (IND) en Concepción. Tras saludar a todos los alcaldes
presentes en el Salón Mural del edificio de gobierno, ubicado frente a la Plaza España, las
autoridades comenzaron la revisión del informe de la Comisión de Gobierno.
Su presidente, el entonces Core Óscar Ferrel (DC), explicó los detalles de una
reunión que sostuvo ocho días antes en la Gobernación de Ñuble para analizar el futuro
del proyecto de mejoramiento de la Ruta N-55, que mantenía un tramo sin pavimentar de
7.8 kilómetros entre el sector Las Trancas y las Termas de Chillán. Para ello, conversó con
el gobernador de Ñuble, Eduardo Durán (RN); el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar (RN); el
alcalde de Pinto, Fernando Chávez (UDI); representantes del Consorcio Nevados Chillán, la
Hotelera Somontur e Inmobiliaria Aitué.
Allí alcanzaron un acuerdo de financiamiento compartido para lograr concretar las
obras que requerían cerca de $3.442 millones en total. La mitad la aportó el gobierno
central, mientras que el dinero restante, cerca de $1.721 millones, debía salir del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Por su parte, los interesados (municipios y
empresas) ofrecieron aportar $300 millones que posteriormente fueron ingresados a las
arcas fiscales. De esta forma, tras su explicación, Ferrel mostró a sus pares la conveniencia
de la iniciativa.
Minutos más tarde, la Comisión de Presupuesto –que revisó el proyecto
previamente y recomendó aprobarlo sin objeciones– sometió la propuesta a votación del
Core, donde fue aprobada por unanimidad. Ferrel incluido.
Más de dos años después, en una sesión realizada el 9 de enero de 2013, el
entonces Core de la Provincia de Ñuble Juan del Pino (RN) pidió la palabra y preguntó
sobre el estado de la licitación realizada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para
pavimentar la Ruta N-55; un cuestionamiento que le surgió a raíz de una publicación
realizada dos días antes en el Diario La Discusión de Chillán, donde ya se anunciaba cuál
era la oferta más baja existente para adjudicarse los trabajos.
Debido a que en el proyecto había dinero del FNDR involucrado, solicitó de
inmediato información oficial para corroborar si los hechos eran ciertos. Inmediatamente,
el intendente Lobos propuso consultar directamente al MOP para aclarar las dudas.
Pero nada de eso fue necesario. Óscar Ferrel, quien fue Director Nacional de
Vialidad entre 1992 y 1997, entró de golpe en la conversación y confesó que su empresa
Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada (ICCOS LTDA) se adjudicó la licitación tras
presentar la oferta más baja: $3.341 millones de pesos (ver recuadro).
Antes de cualquier reacción, Ferrel defendió la irregular adjudicación diciendo que
Contraloría General de la República no le prohibía aprobar los recursos, ya que sólo lo
limitaba a no participar del proceso de licitación, del cual no son parte los Cores, porque,
en su caso, es una decisión del MOP. De hecho, al ser contactado sobre el tema, Ferrel no
reconoce ni cree estar incurriendo en una ilegalidad. “Yo tengo mi conciencia tranquila”,
expresó.
Por lo mismo, no fue la única obra que se adjudicó el consejero. El 26 de octubre
de 2011 también votó a favor de reponer los puentes Malvén y Chumulco en la Ruta Q-80,
que unen las localidades de Negrete y Mulchén en la Provincia de Biobío. El proyecto
consideró $1.347 millones con cargo al FNDR y de igual modo el Consejo Regional aprobó
la iniciativa por unanimidad.
Pese a todos los cuestionamientos recibidos, ambos proyectos tuvieron
modificaciones de contrato que aumentaron los recursos para ICCOS LTDA. En marzo de
este año, la Dirección de Vialidad cedió $448 millones adicionales para concluir las obras
de la ruta entre Las Trancas y las Termas de Chillán. Mientras que en el caso de los dos
puentes, las asignaciones subieron $95 millones extra, según el contrato firmado el 5 de
mayo pasado.
Al respecto, el hijo de Óscar Ferrel, quien tiene el mismo nombre y se encuentra a
cargo de la gerencia de la empresa de su padre, explicó que ambas extensiones de los
contratos son justificadas. En el caso de la ruta N-55, aseguró que se debió a un aumento
en los costos de las barreras de contención de vehículos que consideraba el proyecto, ya
que “se trató de reducir las partidas por varios lados y esa fue una de las partidas (de la
licitación) que no se incorporó en su dimensión real, ya que eso no se puede ver hasta que
vas terminando el camino y puedes determinar qué tan peligrosas son las curvas”, explicó.
Respecto de los puentes en la Ruta Q-80, dijo que simplemente se trató de un error en el
cálculo de la cantidad de materiales a ocupar.
Así las cosas, al igual que los 22 Cores de ese entonces (actualmente son 28), Juan
del Pino también votó a favor y, sin saberlo, se convirtió en cómplice de una mala práctica
que siempre ha quedado en rumores y comentarios de pasillo, pero que se ha repetido
más de una vez en el periodo 2009-2014.
Beneficiando a la familia
Según explica Del Pino, el caso anterior es uno de los más millonarios, pero no es el
único al interior del Core. Todo se trataría de una práctica común asumida como normal
por algunos integrantes del Consejo Regional que han aprovechado sus facultades para
beneficio propio.
De forma extraoficial, según confirmaron algunos ex integrantes del Core, Juan del
Pino comentó internamente la existencia de algunos conflictos de interés, pero nadie lo
apoyó ni respaldó su posición. “Yo me sentía un Quijote en el Consejo diciendo ‘esta
cuestión es impresentable’ y todo el mundo miraba para el lado. Por eso no seguí (en el
Core)”.
–Algunos consejeros tenían mucha incidencia en determinados proyectos. Y
también, de una u otra forma, actuaban con ciertas intenciones que me parecían muy
poco éticas.
– ¿Qué intenciones?
–De favorecer a familiares en forma particular.
En términos concretos, Del Pino se refiere a Eduardo Araya (PS). En el Fondo de
Subvención de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas del FNDR, el Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Senama) presentó tres proyectos para las provincias de Arauco, Biobío
y Ñuble para asistir por vía telefónica a ancianos vulnerables con más de 65 años. Todos
fueron aprobados en la sesión número 22 del Core realizada el 21 de noviembre del 2012.
Seis meses más tarde, las licitaciones fueron adjudicadas a la empresa Servicios
Integrales de Ayuda al Adulto Mayor Limitada (SIAAM LTDA), que pertenece en un 50% a
Norma Arroyo, la actual pareja de Araya y con quien tiene dos hijas. “Eso lo sabían todos
los colegas. Era de conocimiento público”, expresó el ex consejero RN.
Hasta la fecha, el servicio que SIAAM ofrece es un seguimiento a los adultos
mayores vulnerables que, gracias a recursos públicos, reciben un teléfono móvil (con
números grandes y un botón de emergencia en la parte trasera), para obtener asistencia a
distancia a la hora de tomar sus medicamentos, visitar al médico u otra necesidad
específica.
El 30 de marzo de 2012, el proyecto del Servicio Integral de Asistencia al Adulto
Mayor Limitada (SIAAM LTDA.) recibió $50 millones de pesos desde Corfo a través del
Capital Semilla de Innova Biobío, que apoya la puesta en marcha y despegue de negocios
innovadores en general. Según información de Corfo, toda esa inversión pública
representó casi un 80% de los $64 millones que se requerían para financiar el total del
proyecto; aunque quienes son parte de éste actualmente niegan lo anterior y dicen que la
inversión total alcanzó en realidad los $150 millones. (Ver recuadro)
De hecho, se trata de un proyecto tan innovador que la misma Norma Arroyo
reconoció que “no tenían competencia”. En efecto, eso sólo fue en un inicio, ya que ahora
hay dos empresas más (Eulen y Familia en Línea) que prestan servicios similares desde
Santiago, pero de todos modos son los únicos que funcionan en la región.
Según consta en Mercado Público, la plataforma online de licitaciones del Estado,
los contratos sumaron casi $100 millones en conjunto. Los correspondientes a Biobío y
Ñuble fueron firmados el 3 de mayo de 2013, por $30 y $34 millones respectivamente;
mientras que el tercero para Arauco se concretó el 18 de abril del mismo año por $32
millones adicionales. Al respecto, Juan José Río, Gerente General de SIAAM y quien firmó
los contratos con Senama, dijo que se enteró de un posible conflicto de interés justo antes
de iniciar el proyecto, por lo que le consultó a Araya en ese momento. “Yo no estoy
casado con Norma Arroyo”, le respondió el entonces consejero, dando a entender que
con eso no habría ningún problema legal al respecto.
Pese a que estuvo presente en la sesión 22 del Consejo Regional, Araya se restó de
la votación de la glosa que incluía los tres proyectos que terminaron a favor de su pareja.
Aun así, no se inhabilitó abiertamente ni reconoció de forma oficial sus intereses respecto
de la iniciativa. Y enseguida, sin explicación aparente, retomó su participación en las
demás decisiones que el Core acordó en esa misma jornada.
Según explicó Araya, lo anterior habría sido a consecuencia de llamadas telefónicas
que lo habrían hecho entrar y salir reiteradas veces de la sesión. Él mismo contó que esa
jornada se mantuvo muy preocupado por el robo de una propaganda perteneciente a su
campaña que buscaba la reelección en 2013. Aun así, existe una contradicción, ya que la
sesión en que se discutió el financiamiento a los proyectos fue en noviembre de 2012, por
lo que es improbable que en esa fecha ya haya tenido propaganda política instalada.
Por su parte, Estrella Mollá, ciudadana española que trajo la idea del proyecto
desde su país y quien es dueña del otro 50% de SIAAM, aseguró que Norma nunca le
comentó sobre un eventual conflicto por la ocupación de su pareja. “Si ella montó este
negocio conmigo es porque no le debe influir en nada”, aseguró. Pese a que sabía que
Eduardo Araya se desempeñaba como Consejero Regional, tampoco advirtió por cuenta
propia ningún tipo de problema debido a su desconocimiento de la institucionalidad
chilena, explicó Mollá.
Ante lo evidente de los hechos, Juan del Pino expuso los antecedentes frente a la
Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), que se
reunió en la Región de Aysén los días 24, 25 y 26 de mayo de 2012; sin embargo, sus
críticas tampoco fueron acogidas y ni siquiera se estimó realizar algún tipo de
investigación. “No me pescaba nadie”, recalcó.
Burlando las reglas
Pese a que la Ley 19.175 de Gobiernos Regionales -que norma la actividad de los
Cores entre los artículos 28 y 43 del Capítulo III- establece claramente las inhabilidades
para desempeñar el cargo de consejero, la normativa no ha sido aplicada como
corresponde.
El escrito expresa claramente que “ningún consejero podrá tomar parte en la
discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados”. De esta forma, en la actual
legislación se entiende que dicho interés existe cuando el conflicto de un Core se relaciona
moral o monetariamente, por ejemplo, con alguna empresa de su propiedad o sus
familiares.
Ante esto, Juan Vejar (DC), presidente de la Asociación Nacional de Consejeros
Regionales (Ancore) y quien presidió la Comisión Jurídica del organismo en Aysén,
reconoció que la agrupación discutió a nivel nacional lo sucedido con este tipo de
conflictos en la región del Biobío, donde los representantes locales fueron Bernardo
Daroch (PPD), Juan del Pino y Marcelo Chávez (DC). Según expresó Vejar, la sanción que
deberían haber recibido Óscar Ferrel y Eduardo Araya es la expulsión del Consejo Regional
una vez estudiados los antecedentes por parte del Tribunal Electoral Regional (TER). El
problema radica en que la comisión mencionada no posee atribuciones para sancionar a
los Cores y, al mismo tiempo, ninguno de los hechos planteados fue comprobado por la
Ancore como para presentarlo al TER.
La ley actual considera que tomar parte en la discusión y votación es motivo de
inhabilidad, por lo que habría bastado sólo un requerimiento de cualquier miembro del
consejo para ser despedido del organismo. Aunque “naturalmente, si hay defraudación al
fisco también hay sanciones penales, pero eso lo determinan los tribunales de justicia”,
explicó el presidente de Ancore.
Una presentación que podría haber hecho cualquier miembro de la Comisión de
Fiscalización del Core, que coincidentemente presidía Eduardo Araya: el mismo consejero
cuestionado por su conflicto de interés en torno a los proyectos que se adjudicó SIAAM
LTDA.
La comisión deficiente
Asimismo, los entonces integrantes de la Comisión de Fiscalización, el ex Core
Daniel Cuevas (PPD) y el reelecto Mario Morales (PS), revelaron que dicha repartición del
organismo casi no funcionó entre 2009 y 2014, porque “no hubo muchos temas” y
tampoco actuaba de oficio. De hecho, una de las pocas veces que dicha cartera sesionó
fue para investigar respecto de los fondos con que se construyó un polideportivo en Los
Ángeles, el cual –si bien terminó de ser construido– dejó un déficit de $200 millones para
su posterior implementación deportiva.
De todas maneras, ambos se defendieron de la casi nula labor que tuvieron
diciendo que no era parte de sus atribuciones, ya que “sólo se fiscalizan los actos del
ejecutivo, de los proyectos y los recursos que el Gobierno Regional (Gore) asigna a las
organizaciones y a los municipios”, recalcó Cuevas. Pese a lo anterior, en los dos casos
expuestos (ICCOS y SIAAM) había dinero del Fondo Nacional de Desarrollo Regional
involucrado.
Según afirmó el ex consejero PS, nunca hubo actos relacionados con conflictos de
interés de Araya y Ferrel en ninguna tabla de la Comisión de Fiscalización. Y así consta en
las actas de las sesiones llevadas a cabo entre 2009 y 2014, ya que en la mayoría de ellas
ni siquiera aparecían en la lista inicial de temas a tratar. Una de las pocas ocasiones fue
cuando Juan del Pino preguntó por el proyecto de la ruta a las Termas de Chillán
(vinculado a Ferrel), aunque nunca se pidió fiscalizar el asunto. Otro caso fue planteado
en una actividad pública realizada en Ñuble, donde el mismo Del Pino mencionó el caso de
Eduardo Araya y su pareja incluso antes de que los fondos fueran aprobados.
Según el aludido, posterior a este episodio se reunió con la bancada del Partido
Socialista (integrada por Juan López Ferrada, Víctor Valenzuela y Mario Morales), a
quienes les aseguró que en la votación de aquellos proyectos se iba a inhabilitar. De ahí en
adelante, el tema nunca volvió a ser tratado en alguna instancia oficial del Core, señaló
Eduardo Araya.
De acuerdo a Morales, para no dar pie a las irregularidades planteadas, lo único
que hay que hacer es inhabilitarse cuando hay algún conflicto de interés. Eso es lo que
exige la ley y lo que, según consta en las actas, han hecho algunos Cores como Gustavo
Seguel (UDI), Juan Manso (UDI) y Javier Ávila (RN). “Cualquier ciudadano que quiera hacer
una observación sobre los actuaciones de los consejeros puede hacerlo, pero es un tema
que escapa al Consejo y se tiene que hacer ante los tribunales o en la Contraloría General
de la República”, reafirmó.
De hecho, pese a que no hay ningún registro del dictamen, Óscar Ferrel aseguró
que en su caso Contraloría consideró que no hay ninguna incompatibilidad, debido a que
los proyectos fueron licitados en Mercado Público y no por contrato directo. “Sólo se
establece que no puedo ser parte de los equipos que resuelven las propuestas, que es
distinto”, expresó.
Pese a que es una competencia de la Comisión de Fiscalización, ésta no se ha
preocupado de las evaluaciones posteriores a la asignación de los fondos. “La labor del
Consejo llega hasta que se aprueban los recursos y de ahí en adelante no se sabe qué
pasa. Y ahí hay un problema, ya que una de nuestras obligaciones es evaluar”, aseguró
Juan López Ferrada, actual Consejero Regional del Partido Socialista, que presidió la
cartera de presupuesto y también votó a favor de los proyectos que beneficiaron a Ferrel.
De hecho, López considera que el caso de este último “era poco ético (…) y a juicio
de muchos no debiera haberse presentado a la licitación porque (todo) parece medio
extraño”.
“Juez y parte”
“Hay que establecer un conjunto de inhabilidades e incompatibilidades, porque,
me van a disculpar, pero que un consejero regional apruebe un proyecto y después se lo
adjudique a través de su propia empresa es una inmoralidad. Eso no corresponde en
ninguna parte”, recalcó el senador Felipe Harboe (PPD) en medio de una sesión
extraordinaria del Core realizada en la Intendencia el pasado 27 de mayo. La idea de la
convocatoria buscaba discutir, en conjunto con los congresistas de la región, las
características de la nueva Ley 20.678, que modifica la legislación vigente sobre las
facultades del Consejo Regional.
En la misma línea, pero en un tono menos directo, el diputado Jorge Ulloa (UDI)
recalcó que no se puede ser “juez y parte” pidiendo más fondos para la región y, al mismo
tiempo, más herramientas para fiscalizar. Los consejeros regionales “no debieran tener
injerencia en la decisión respecto de los proyectos uno por uno y, claramente, sería
mucho más grave que además fueran partícipes de algunas empresas. Eso naturalmente
sería contrario a la ética en todo sentido”, aseguró en medio de la sesión.
Una posición que también comparte el ex consejero Juan del Pino, ya que en la Ley
de Gobiernos Regionales a los Core se les entrega atribuciones para fiscalizar al Ejecutivo.
Y luego, el problema se genera cuando se debe velar por el avance de las obras que se
realizan con fondos regionales. “No puedo ser juez y parte. Sanciono un proyecto, lo
evalúo, lo voto, le entrego los recursos y después yo me lo adjudico. No corresponde”,
enfatizó.
Ante este adverso panorama, los 28 integrantes actuales del Consejo Regional
mantienen una posición rígida en busca de mantener sus atribuciones. Al comenzar el
encuentro, la Subcomisión Jurídica del Core entregó un informe a todos los presentes
donde insistieron, principalmente, en que ellos debían seguir decidiendo el destino del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Acto seguido, la Comisión de Gobierno del Core también respondió a los 12
congresistas que asistieron al encuentro (son 18 en total), ya que el proyecto transfiere al
intendente la capacidad de decidir sobre el FNDR. “Atenta contra una efectiva política de
descentralización regional y, en su nefasta estructura, quita las facultades resolutivas, lo
cual es una bofetada a la ciudadanía que votó por autoridades empoderadas”, reclamaron
a través de una declaración pública entregada en medio de la sesión.
A la discusión local de la ley, que aún se encuentra en su segunda fase de discusión
en el Senado tras haber pasado por la Cámara de Diputados, faltaron Clemira Pacheco
(PS), Loreto Carvajal (PPD), Roberto Poblete (IND), Rosauro Martínez (RN), Manuel
Monsalve (PS) y Alejandro Navarro (MAS). Eso sí, los congresistas que estuvieron
presentes reclamaron inmediatamente por el tono confrontacional de las declaraciones
del Core, ya que a juicio de ellos cuestionó en términos muy duros el trabajo de senadores
y diputados. Al finalizar la discusión, los consejeros también se sintieron ofendidos. Uno
de sus integrantes, Félix González (PEV), expresó públicamente su molestia: “Me parece
muy ofensivo que se insinúe corrupción para quienes recién asumimos”, reclamó, puesto
que apenas 5 de los 28 miembros del Consejo Regional fueron reelectos en las urnas en
noviembre de 2013.
Lo cierto es que las autoridades regionales lucharán por no perder potestad sobre
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que –según su declaración pública– es el
único factor que les permite mantener un rol activo contra la descentralización. Y no sólo
se quedarán en palabras, ya que el 10 de julio pasado las bancadas de la Alianza del Core
Biobío dijeron a través de la prensa que si los obligan a votar por glosas tomarán medidas
de protesta similares a las realizadas por el consejo de la región del Maule, quienes tres
días antes protagonizaron un paro de “brazos caídos” (en el que suspendieron la sesión
programada para esa jornada) por la misma causa y también debido a la demora en la
tramitación de la Ley 20.678 en el Congreso.
Recuadros
Negocio rentable
Según destaca su propio sitio web, la empresa Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada
(ICCOS LTDA.) fue creada fundamentalmente para desarrollar proyectos para el Ministerio
de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU),
municipalidades y, en último lugar, entidades privadas en general.
Lo anterior queda demostrado en Mercado Público, la plataforma online de licitaciones
del Estado, donde cerca del 50% de las licitaciones que aparecen adjudicadas a dicha
constructora están ligadas a obras de la Dirección de Vialidad del MOP. Entre 2006 y 2014,
12 de 27 adjudicaciones pertenecían a obras de esa cartera ministerial.
Además de la construcción de obras civiles, la empresa tiene una división de áridos
ubicada en la localidad de Quinchamalí, distante 80 kilómetros de Concepción, que
produce cerca de mil metros cúbicos de arena y gravilla diariamente.
Esta constructora se constituyó el 28 de noviembre de 1996, pero no funcionó de forma
efectiva hasta 1997, el mismo año en que Óscar Ferrel dejó su puesto como Director
Nacional de Vialidad tras cinco años en el cargo.
Reconocimiento nacional y extranjero
El 17 de noviembre de 2012, SIAAM LTDA. fue reconocida con el Premio a la
Innovación Social de la Región del Biobío, otorgado por Innova Biobío. Lo anterior fue
consecuencia de que, a mediados de 2011, la empresa fue impulsada por IncubaUdec (la
Plataforma de Emprendimientos Tecnológicos de la Universidad de Concepción), quienes
guiaron al proyecto para que obtuviera fondos de Corfo.
Así fue que el proyecto comenzó a operar en comunidades alejadas de la Provincia
de Biobío, como Negrete y Alto Biobío, donde recibieron buenos resultados desde los
municipios respectivos, ya que los adultos mayores bajaron sus visitas presenciales al
médico debido a que el servicio les recordaba oportunamente la ingesta de
medicamentos.
Del mismo modo, como fruto del trabajo del proyecto, obtuvieron el tercer lugar
en el concurso RedEmprendia, organizado por el Banco Santander y la Universidad de
Santiago de Compostela, España, que premia el emprendimiento e innovación a nivel
iberoamericano y donde se presentaron más de 130 proyectos diferentes.
Destacados
El ex Consejero Regional Juan del Pino aseguró que “algunos consejeros tenían mucha
incidencia en determinados proyectos. Y también, de una u otra forma, actuaban con
ciertas intenciones que me parecían muy poco éticas (…) De favorecer a familiares en
forma particular”.
Juan José Río, Gerente General de SIAAM y quien firmó los contratos con Senama, dijo
que se enteró de un posible conflicto de interés justo antes de iniciar el proyecto, por lo
que le consultó a (Eduardo) Araya sobre su relación de pareja. “Yo no estoy casado con (la
propietaria de SIAAM) Norma Arroyo”, le respondió el entonces consejero, dando a
entender que con eso no habría ningún problema legal al respecto.