UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE HISTORIA
MAESTRIA EN HISTORIA
EL DILEMA DE LA CIUDADANÍA Y LA LUCHA POR LA NACIÓN EN SINALOA: SUS PUGNAS Y SUS ACTORES,
(1857-1877)
TESIS QUE PRESENTA
MARIA DEL ROSARIO HERAS TORRES
PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRA EN HISTORIA
DIRECTOR DE TESIS
DR. SAMUEL OCTAVIO OJEDA GASTELUM
CULIACÁN ROSALES, FEBRERO DE 2008.
2
INDICE
pág.
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………. 7
CAPITULO I
BALANCE HISTORIOGRAFICO
1.1.- Balance nacional y las tendencias latinoamericanas………..……………...23
1.2.- La historiografía nacional………………………………………………….. …30
1.2.1.- Historia épica o crónica de batallas…………………………………………..32
1.2.3.- Nuevas preocupaciones historiográficas en el estado………………....…34
CAPITULO II
SINALOA: SU CONFORMACIÓN INSTITUCIONAL. ENTRE LOS PODERIOS LOCALES Y LA INCIDENCIA CLERICAL
2.1.- Las instituciones públicas en Sinaloa: sus conflictos….…………………….44
2.2.- La incidencia del clero en la vida pública……………………….……………. 53
2.3.- Clanes familiares, institución y vida pública……………………..…………….61
2.4.- La influencia de los comerciantes de Mazatlán………...…………………….67
2.5.Organización de los poderes públicos y sus cambios constitucionales con la reforma liberal…………………………………………………………………………...71
2.5.1.- El poder legislativo y ejecutivo…………………………….………… ………71
2.5.2.- El poder judicial…………………………………………………………………74
2.5.3.- Disputas entre los poderes y ejercicio real………………………….……….78
3
CAPITULO III
MILITARISMO Y CAUDILLISMO: NUEVAS CONFIGURACIONES POLITICAS DURANTE LA INTERVENSIÓN FRANCESA Y LAS REVUELTAS
INTERNAS.
3.1.- Caudillismo y levantamientos militares de mediados del siglo XIX .……….81
3.2.- Las manifestaciones violentas de las aspiraciones políticas del poder……96
3.2.1.- Rebelión de Ángel Martínez………………………………………….……….96
3.2.2.- Las revueltas que suscitan juaristas, porfiristas y lerdistas………………89
3.3. Los caudillos, sus rasgos y motivaciones………………………………….….104
CAPITULO IV
CIUDADANÍA, REPRESENTACIÓN POLÍTICA: PRIVILEGIO Y EXCLUSIÓN
4.1.- La ciudadanía como concepto histórico y su inclusión constitucional en Sinaloa …………………………………................................................................110
4.2.- Vecindad: requisito, derecho o privilegio ciudadano………………….…….116
4.3.- Educación y formación ciudadana………………………………………….…123
4.4.- Una nueva normatividad en Sinaloa………….…………………………..…..129
4.4.1.- Organización electoral en Sinaloa………………………………..…………133
4.4.2.- Dificultades e irregularidades electorales………………….………...........139
4.5.-Ciudadanía irreal…………………………………………………………………142
CAPITULO V.
LA NACIÓN: SURGIMIENTO Y DEFENSA DE UN IDEAL
5.1.- La nación y la lucha por sus soberanía…………………………………….149
5.2.- La guardia nacional: un garante de la soberanía…………………………...154
5.3.- Los problemas por una soberanía estatal no definida……………………...161
4
5.4.- Los conflictos con extranjeros: complicaciones en la lucha por la nación y la soberanía……………………………………………………………………………...166
5.5.- La prensa: espacio de opinión pública………………………………………..167
5.5.1.- Medio elitista para incentivar la integración nacional……………………..169
5.5.2.- Espacio de opinión pública…………………………………………………..181
CAPITULO VI
ELCIUDADANO IDEAL Y LA REALIDAD CORPORATIVA SINALOENSE.
6.1.- Ciudadano: entre lo imaginario y lo real…………………..……….. ……….186
6.2.-Obligación ciudadana y preocupación gubernamental: recaudación tributaria……………………………………………………………..…………………193
6.3.- Las reacciones o interpretaciones contra las leyes..…………………..……200
6.4.-Lo tradicional y lo moderno, resistencia por las leyes de reforma …………………………………………………………………………………………..211
6.5.- Un sociedad tradicional afectada……………………………………………...216
FUENTES
BIBLIOGRAFIA
5
AGRADECIMIENTOS
Para mencionar a todas aquellas personas que de una forma colaboraron para la
realización de este trabajo el espacio sería insuficiente, por lo que haré mención
sólo de algunas, no porque les reste importancia sino porque talvez ahora se me
escapan de la mente.
A la Universidad Autónoma de Sinaloa, por facilitar mi desarrollo académico;
particularmente a la Facultad de Historia porque en sus espacios he tenido un
acercamiento al apasionante mundo del pasado, y porque he encontrado
compañeros, y colegas que me han brindado su amistad y apoyo, Rosario,
Pedro, Javier, Liliana, Rafael Santos, Mabel, Flérida y Elda.
Especialmente quiero agradecer a mi familia: mis padres, mis hermanos, mi
esposo por el apoyo y la fe que siempre me han demostrado; a mi hijo por las
ausencias, los descuidos y los encierros los fines de semana; a todas las que me
apoyaron con el cuidado de mi bebé para que me dedicara a esta investigación:
mi mamá, mis hermanas: Chuyita, Linda, Mari, Irasema y a doña Mirna, porque
se que siempre aceptaron con cariño. A ellas gracias por las demostraciones de
afecto a mi Ramsés.
Brindo un merecido reconocimiento al Doctor Samuel Octavio Ojeda Gastélum,
porque no solo fue asesor sino guía, conductor de lo que este trabajo es, porque
me motivó a observar y decir lo que yo no veía, por su paciencia, y su amistad.
A la institución donde me he desarrollado laboralmente el Archivo Histórico
General del Estado de Sinaloa, y especialmente por el apoyo brindado de su
Director Gilberto López Alanís y Javier León, por el apoyo incondicional. A mis
compañeros de área Alba, profe Carlos, y César por su amistad y comprensión.
A las instituciones archivísticas que me abrieron las puertas para adentrarme en
los repositorios documentales que conservan: Archivo Municipal de Mazatlán a
Aristeo, y don Ernesto; a los que me atendieron en el Archivo Histórico de la
Crónica de Culiacán; a los que laboran en las colecciones especiales de la
6
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, al personal de la Biblioteca Miguel
Lerdo de Tejada.
A todos gracias nuevamente.
7
INTRODUCCION
La construcción de la ciudadanía y la lucha por la nación: viejos y nuevos actores
en Sinaloa 1857-1877, estudia una etapa en la cual se presentó una lucha por
dos proyectos que fueron contrapuestos y se representaron de acuerdo a las
visiones, circunstancias y conveniencias de los grupos portavoces de la política
nacional, liberalismo y el conservadurismo.
El proyecto de Estado de los liberales buscaba eliminar la sociedad corporativa,
estamental, proponiendo una forma de organización mas libre, individual, la
ciudadanía respecto con el ejercicio de sus derechos y obligaciones, proyecto
que tiene cierta influencia de las ideas de la ilustración francesa, emanada de los
derechos humanos.
Uno de los objetivos de esta investigación es explicar como en este periodo el
precepto liberal ciudadanía, enmarcado en la constitución política provocó una
serie de reacciones debido a lo significativo de otorgar la individualidad política a
los hombres, para eliminar la presencia y el peso comunal.
Así que se discute el asunto de la representatividad política, la ciudadanía y la
no ciudadanía, destacando que, al abordar las obligaciones de los ciudadanos es
menester explicar la conformación de la milicia, pues se consideraba un deber
con la patria, según los liberales, mas el alistamiento de civiles en la milicia
presentó resistencia de muchos.
Analizar el papel que juega la conformación de las llamadas “milicias cívicas”
porque la ideología que se promovía era la de defender la nación, la soberanía
mexicana, así que este se convierte en un tema trascendente, debido a la
obligación de los llamados ciudadanos de alistarse a las filas de la milicia, para
defenderse en contra de las intervenciones extranjeras, pero a su vez la
soberanía entre los estados de la federación se relativizó con las invasiones del
ejército en los límites estatales.
El trabajo que se presenta es el resultado de una investigación que busca
contribuir al conocimiento de la historia política de Sinaloa, bajo perspectivas y
8
visiones que modifican las tendencias historiográficas, para dejar atrás, la vieja
forma de hacer historia, donde los grandes acontecimientos son la línea
cronológica que guía las descripciones de las hazañas de los héroes, a través de
los cuales se finca una historia nacional, y patriótica, para ofrecer una visión que
permita comprender el papel que juegan los grupos sociales, del pueblo, que no
forma parte directa en las decisiones y acciones del poder político, pero que sin
embargo, tiene participación por los movimientos que se suscitan a partir de la
construcción de un Estado, de una esfera política de importancia y la creación de
los diferentes espacios públicos de donde resultan participaciones políticas.
En Sinaloa, el imaginario político, la esfera pública y privada, el análisis del
discurso a partir de las propuestas para la construcción de un estado nación no
han sido abordados para el segundo imperio; ni la reforma como revolución
político social y que decir de los espacios políticos, donde se manifiesta la
conformación de la ciudadanía, que también implica imposición de derechos y
obligaciones al votar, pagar impuestos, alistarse a la milicia que aunque para
nuestro país ha sido estudiado desde la década de los noventas, no se conocen
investigaciones al respecto, con esta perspectiva para nuestro estado.
El estudio de preceptos históricamente modernos como la ciudadanía y la nación,
con las manifestaciones que representan sus actores y las diferentes fricciones
que subyacen en su relación, para el caso de Sinaloa, es de suma importancia
porque la mayoría de los trabajos bibliográficos, que sobre la reforma, y la
intervención, acerca del estado se han hecho, tienen la característica de estar en
la historia política tradicional, que ve a la soberanía inserta en la lucha de los
republicanos en contra de la intervención francesa, donde los sinaloenses
jugaron un papel muy importante al defender el territorio nacional y hacerse
presentes en las luchas del centro del país y del propio territorio de Sinaloa y con
ello contribuir a la lucha por la reinstauración la república liberal.
Se requiere el estudio no solamente del principio, desarrollo y fin de las
disidencias de los grupos en el poder, los choques por las posiciones políticas, la
lucha que enfrenta el gobierno contra rebeliones armadas, sino reconstruir con
9
estos elementos y otros más, los procesos políticos, donde aparezcan los
actores sociales, los miembros del pueblo en su esfera pública integrados o no
en la política, olvidados o tomados en cuenta en el marco institucional a través de
las constituciones y leyes, pero luchando a favor o en contra de las elites;
integrados en los bandos militares, acaudillados por líderes tradicionales.
Sobre la ciudadanía no se ha dicho prácticamente nada, solo se refieren a ella al
hablar de las luchas de los liberales, para que se aplique y se respete el voto de
los pueblos, manifestándose aquí la cuestión del sufragio y la validez que
adquieren los gobiernos al haber sido elegidos a través de una elección.
La hipótesis inicial que dio origen a este trabajo consideraba que en estas dos
décadas de lucha armada en Sinaloa, suscitadas por la promulgación de la
constitución federal de 1857 y las Leyes de Reformas existió un escenario
político donde los constantes pronunciamientos, asonadas y revueltas armadas
no permitieron la aplicación de estas medidas liberales en Sinaloa. Mismos
sucesos que no pararon debido a la debilidad del aparato gubernamental, y que
por tanto los actores colectivos, de los que poco ha hablado la historiografía local
tuvieron gran presencia en este periodo de lucha.
Para desarrollar esta hipótesis original fue necesario hacer la revisión de una
serie de fuentes como la prensa de la época, archivos municipales,
correspondencia clerical, expedientes agrarios, correspondencia militar, entre
otros que a la luz de las obras bibliográficas escritas,1 las conjeturas se
transformaron debido a la existencia de varios elementos que permitieron ver los
hechos de manera diferente: la presencia inminente del caudillismo y caciquismo
que dominaron muchos de los rasgos de la política en Sinaloa y que
restringieron la modernidad tan anunciada por las elites liberales, aunque unas
veces expresaron defenderla a toda ultranza y otras la percibieron como
irrealizable. También un elemento que fue el hilo conductor que transformó dicha
hipótesis fue la aparición de dos conceptos como la ciudadanía y la nación a los
1 Son varias las obras que permitieron vislumbrar el panorama de estudio, todas giran en torno a la propuesta de François-Xavier Guerra de la existencia de una sociedad holística donde confluyen una sociedad tradicional y una moderna.
10
que se refieren como hitos de la modernización política cuando en realidad el
ejercicio de la ciudadanía respecto a su participación en elecciones se vulneró
debido a la presencia del caudillismo y el caciquismo.
Y por otro lado, la nación no existía, pues la conciencia acerca de la misma se
empezó a construir con el fenómeno de la intervención francesa, porque los
liberales hacían un llamado al ciudadano para que luchara al lado del gobierno
nacional y los gobierno locales hacían lo propio para evitar la toma de ciudades y
puertos principales del país que se convertirían en núcleos fuertes del
imperialismo.
2. Referentes teórico-conceptuales.
La nueva historia política es una corriente que en los últimos tiempos ha
alcanzado gran desarrollo. Hacia los años setentas del siglo XX, dentro del
campo de los estudios históricos se empezó a desarrollar una renovación
viéndose como un regreso, retorno, o vuelta del interés por el estudio de la
política y de lo político.
Tendencia historiográfica que retoma los avances realizados por otros
investigadores de la llamada nueva historia cultural, centrada en el estudio de la
comunicación, y sus medios, en la circulación de ideas, y consecuentemente en
la multitud de nuevas practicas sociales, que se necesitaban para que los
intercambios se presentaran, o bien en los espacios de sociabilidad que se
produjeron gracias al ciclo de retroalimentación comunicativa.2 De aquí surgió
una convergencia clara entre la vieja historia de las ideas y la no tan vieja historia
de las mentalidades y la historia cultural, el resultado invadió la historia política y
se convirtió en una nueva historia (o una nueva mirada historiográfica) de ésta en
la medida en que integraba ingredientes del mundo de la cultura y de las
practicas sociales.
Dicha corriente tiene varios enfoques, para entender el abordaje a la historia
política no únicamente como narración cronológica de los grandes
2 Guillermo Palacios (coordinador), Ensayos sobre la Nueva Historia Política de América Latina, Siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007.
11
acontecimientos, de héroes, o gobernantes sino que a través de algunos
métodos adoptados gracias a la interdisciplinaridad con algunas ciencias
sociales, se puede considerar el estudio de las sociabilidades, de los
imaginarios, y la historia de los conceptos.
Uno de los conceptos que es en buena medida el hilo nodal de la propuesta
teórica es el “espacio público”, que Francois Xavier Guerra, aplica para el caso
latinoamericano, y que recorre toda su obra. Su forma de abordaje remite a los
escritos de Jürgen Habermas, quien en 1962, asoció la emergencia de la
modernidad con el surgimiento de nuevos ámbitos de sociabilidad y formas de
publicidad, es decir, formas modernas de publicación. 3
Guerra en uno de las primeras obras que se conocieron en Iberoamérica, México:
del antiguo régimen a la revolución, no apunta nada en torno a la influencia
habermesiana, y va e ser hasta, Los Espacios Públicos en Iberoamérica.
Ambigüedades y problemas, libro coordinado junto con Annick Lempèriére,
donde para explicar al espacio público se separa de la postura de Habermas por
considerar que tiene una perspectiva teleológica de la historia, pues busca en el
pasado los gérmenes de la modernidad, es decir, a encontrar en las nuevas
formas de sociabilidad que surgen a mediados del siglo XVIII, perdiendo de vista
los vínculos premodernos, que no solo pervivirán en la modernidad, sino que
resultaran determinantes, en la configuración de imaginarios, prácticas y modos
de sociabilidad.4
Para Guerra el concepto esfera pública utilizado por Habermas no es propio para
sociedades no europeas, donde se encuentran una pluralidad de espacios
públicos y no es posible hablar de una sola esfera pública, burguesa, pues a ella
se contrapone el multiculturalismo, o diversidad de esferas alternativas a la
burguesa. La esfera pública se entiende como un espacio abstracto e inmaterial,
3 Elias Palti,”Guerra y Habermas: ilusiones y realidad de la esfera pública latinoamericana,” en: Erika Pani y Alicia Salmerón, (coordinadores), Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, Historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. 461-483. 4 Ibíd., p. 463.
12
con matices de una historia cultural, donde los aspectos más palpables son los
impresos, su difusión, recepción y las prácticas de lectura.5
Para el caso latinoamericano sin duda alguna uno de los autores que más
influyeron para que se iniciara este revisionismo historiográfico de la historia
política fue Francois Xavier Guerra, que en búsqueda de lo moderno, se
interesó en el estudio de las “sociedades del pensamiento” insistiendo en la
importancia del estudio de los actores, para descubrir que durante el siglo XIX
mexicano se presentó la coexistencia de un mundo con referencias
´”tradicionales”´ y un mundo políticamente ´”moderno”´, al lado de esta sociedad
´”holista´´ había ciudadanos, en el sentido moderno de la palabra, la división
esencial era la que separaba a una sociedad holista formada por actores
colectivos, de los partidarios de un concepto que asignaba al individuo el papel
de referencia, tanto político como social. 6
El concepto espacio público, para América Latina se pluralizó por el
multiculturalismo ahí presente, y para abordar este enfoque de estudio, donde los
espacios públicos, son ámbitos, donde los hombres establecen relaciones entre
sí, de manera libre, se discuten y se difunden opiniones para hacerse públicas,
pueden ser espacios colectivos, espacios a donde la gente acude de manera
constante como el mercado, la plaza, la imprenta, el café, e incluso la calle,
donde se desarrollan las sociabilidades, vínculos entre sectores inmiscuidos en
fenómenos políticos. La ciudad lugar por excelencia de la política. Estos espacios
deben ser de constantes encuentros, intercambios intelectuales o diversos, que
provocan el flujo de opiniones produciendo un espacio compartido de las
relaciones personales, del vecindario, del parentesco, y de la pertenencia a las
mismas instituciones.7
5 François Xavier Guerra y Annick Lempèriére, Los Espacios Públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas, México, FCE, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998, p. 10-11. 6 Elisa Cárdenas Ayala,”Las páginas mexicanas de François-Xavier Guerra: 18 años” en: Erika Pani y Alicia Salmerón, (coordinadores), Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, Historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. (42-75), p. 52. 7 Elías Palti, “Guerra y Habermas”... p. 463.
13
Guerra en busca de la explicación y las características de la modernidad que se
revalida en los discursos revolucionarios del siglo XIX, encuentra que la
transformación de una cultura política estamental y corporativa a una
individualista también se llevó a cabo en la construcción de los nuevos espacios
de “sociabilidad,” abiertos por las elites modernas, las cuales no eran tanto una
clase social como una cultural, poniendo énfasis en las sociedades de amigos,
del país, las tertulias y otros espacios públicos, donde se discutían libremente
una serie de asuntos, sin la influencia del estado, lo que los constituía en una
sociedad civil, en una modernidad alternativa.
La propuesta de Guerra de estudiar la modernidad en América Latina está
influenciada por los trabajos de Francois Furet, precursor de la historia
revisionista de la Revolución Francesa que propone el rescate de las tesis de dos
pensadores Alexis Tocqueville y Augustin Cochin para revalorar la interpretación
que el primero había hecho sobre esta revolución llegando a la conclusión de que
había más continuidades entre la Francia anterior a la de 1789 y la
decimonónica todo lo contrario a lo que pudiera esperarse después de esta gran
revolución y que el transito de una sociedad estamental a una de individuos era
un proceso de mucho tiempo atrás, pues los monarcas absolutistas lo habían
iniciado.8
De Cochin, Furet rescató el estudio de las sociedades del pensamiento que
permitió la formación de una modernidad alternativa que además sirvió como
espacio revolucionario a finales del siglo XVIII en Francia. Francois Xavier Guerra
y otros discípulos de Furet como Pierre Rosanvallon. Mona Ozouf, siguieron el
enfoque de la formación de los espacios públicos así como también aunque con
inclinaciones propias, el alemán Reinhart Koselleck.
Para los estudios latinoamericanos los enfoques de las sociabilidades, análisis de
la convivencia grupal, y los imaginarios, tiene muchos seguidores que
8 Alfredo Ávila, “De las independencias a la modernidad. Notas sobre un cambio historiográfico,” en Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, Historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. (75-112), p. 89.
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principalmente se ocupan de la problemática de la construcción de las naciones, 9
resultando de ello una serie de trabajos, de modelos de investigación a cerca de
las realidades de diferentes países de América Latina como Argentina, México,
Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, entre otros pero también
estudios y análisis comparativos entre éstos.
La historia de los conceptos, es también propuesta metodológica de esta
corriente, bien manejado por Koselleck, que propone este tipo de historia para
ver lo que sucedió, para almacenar el pasado en el lenguaje y para integrar las
experiencias viciadas en sus capacidades lingüísticas y en su comportamiento. El
ser humano, por su propia naturaleza requiere del lenguaje para moverse, para
mirar, para escuchar, para recordar o para desear o esperar algo, y por tanto,
para actuar y para pensar.10
Koselleck encuentra la existencia de conceptos claves, que debido a los cambios
políticos se modifican más constantemente o es más fácil encontrarlos en las
rupturas, coyunturas de carácter político, social, mental o ideológico. Ejemplos de
éstos son: revolución, progreso, liberalismo, opinión pública, clase social, nación,
patriotismo, democracia, etc.
Existen también conceptos que no se apoyan en las experiencias, sino que
pretenden alguna clase de cambios o bien una orientación hacia el futuro, hacia
lo deseable o idealizable; por lo tanto Koselleck pone como ejemplo el concepto
Estado, término cuyo uso que se pone de moda en tiempos de la revolución
francesa, y contenía aspiraciones normativas de tipo jurídico y moral. Dicho
concepto se enriqueció de un sentido utópico, se convirtió en un concepto de
expectativa. Según Fichte -señala Koselleck- el verdadero estado, es un estado
que educaría a los ciudadanos en el cultivo de su propia independencia. Una vez
que hayan tomado en sus manos las riendas de la administración, estos
9 Antonio Annino, Marcelo Carmagnani, José Carlos Chiaramonte, Pilar González Bernardo, Carlos A. Forment, Alicia Hernández Chávez, Erika Pani, Alicia Salmeron, Annick Lempèrieré, Elias Palti, Roberto Di Estefano, José Murillo de Carvalho, Marie- Danielle Démelas, entre otros. 10 Reinhart Koselleck, Futuro pasado, para una historia semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, p. 28.
15
ciudadanos, serían capaces igualmente de dejar a un lado cualquier clase de
estado y, por ende, la fuerza y la coerción.11
Por su parte, Pierre Rosanvallon, a través de sus estudios, propone la llamada
historia conceptual de lo político, que adopta al objeto político moderno como
preocupación central, donde han de entenderse preceptos como democracia,
nación, estado, para comprender la sociedad, no solo con la articulación de sus
fenómenos económico, social y cultural, sino del estudio de su centro nervioso
como institución. Es decir, la búsqueda de la explicación de fenómenos actuales
que se analizan a largo plazo y que necesariamente tienen que ser explicadas a
través de la historia, como una interacción entre el presente y el pasado.
Pierre Rosanvallon define a la historia conceptual de lo político como aquella que:
se distingue por su objeto de estudio, porque además de la sucesión
cronológica de los acontecimientos, analiza el funcionamiento de las
instituciones, desmenuza los mecanismos de toma de decisiones
publicas, interpreta el resultado de las elecciones, echa luz sobre las
razones de los actores y el sistema de sus interacciones, describe, de los
rituales y los símbolos que organizan la vida. [Es decir], su objeto son los
rasgos de la democracia, de la historia de la misma, de lo inacabado, las
fracturas, las tensiones, los limites y las negaciones que dibujan la
democracia, porque lo político no se deja aprender más que en esos
momentos y situaciones que subrayan que la vida en democracia no es
una vida de conformación como un modelo ideal sino la investigación de
un problema a resolver.12
Para dicho autor, la historia de lo político debe nutrirse de los aportes de la
historia social, la historia de las ideas, la sociología y la teoría política. En el caso
de la primera, el utilizar sus aportes, implicaría no solo detectar un conflicto entre
lo alto y lo bajo de la sociedad; sino una tensión en la noción misma de sufragio
político: tensión del sufragio como símbolo de inclusión social, expresión de la
11 Ibíd., p. 37. 12 Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 49.
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igualdad entre los ciudadanos (y que por lo tanto exige su universalización) y el
sufragio como expresión del poder social, forma del gobierno de la sociedad.
Por otra parte, al apoyarse en la sociología considera que los estudios deben
considerarse dos dimensiones, estructura e historia. Al nutrirse de la teoría
política, concluye que ésta no debe estar apartada en el estudio de preceptos
teóricos si no que debe considerar la historia como la materia y la forma
necesaria de un pensamiento total de lo político, porque los conceptos políticos
solo pueden comprenderse en el trabajo histórico de su puesta a prueba de sus
intentos de eluditación.13
Por ultimo, separa a la historia de lo político, de la historia de las ideas y de las
doctrinas, porque las grandes obras no pueden ser comprendidas como simples
teorías autónomas, pues son parte de un imaginario social más global, se pueden
considerar no como ente aislado del contexto, sino un testigo que al interpretarse
e investigarse, nos brinda una explicación de la problemática.
Las obras teóricas, que pueden aparecer como un ensayo, un tratado filosófico,
una constitución, o una tesis, significan representaciones e ideas de una
experiencia social de la vida de las sociedades, se piensan, se elaboran se
formulan por los miembros de la misma, que están inmersos en el espacio y un
momento político. Son también representaciones activas, que limitan el campo de
lo posible a través del campo de lo pensable y delimitan el campo de las
controversias porque son un reflejo de las controversias y de los conflictos, ya
que a veces los actores de las mismas son actores directos o indirectos, en una
palabra son actores, no pasivos.
De acuerdo a esta tendencia historiográfica tan diversa de la historia política lo
que este trabajo retoma es el estudio de la modernización de la política, a través
de reformas en los códigos constitucionales, jurídicos, para eliminar la forma de
organización corporativa de la sociedad para proponer formas individualistas
donde el ciudadano se anteponga al peso que tenían las sociedades
estamentales y se consolide el poder civil como regulador de la ciudadanía.
13 Ibíd., pp. 44-45.
17
Conceptos como ciudadanía y nación soberana son preceptos de la historia
moderna que necesitan ser analizados para comprender las discusiones, las
interpretaciones y las distintas utilizaciones que presentaron, para dimensionar el
grado de experiencia y de expectativa que acerca de los mismos se tenía, que
muchas veces no estaba dentro de la realidad y que el concepto ciudadano surge
impregnado de un ideal, de un modelo europeo, o más bien francés, respaldado
en los derechos humanos y que el matiz de los derechos políticos, de
representatividad a través del sufragio, de otorgar al pueblo su soberanía les
permitió a los gobernantes actuar en aras del bien común de sus representados.
La prensa y los impresos en general marcaron un referente importantísimo como
medio promotor de ideas modernizadoras, como la aparición de una cultura
política que requería de este espacio de difusión que a la vez se convertía en
espacio de discusión, donde se manifiestan las opuestas posturas políticas
acerca de una idea de nación moderna, donde el estado debe ser participe
interfiriendo de manera más directa en la vida, la cultura local, coadyuvando o
regulando aspectos electorales, educativos, patrióticos, y de la magnitud de los
impuestos.
Y en la búsqueda de lo moderno, automáticamente encontramos lo tradicional y
se provoca una convergencia entre ambos, porque lo tradicional no puede
eliminarse de manera automática por el hecho de una reforma constitucional,
pues el orden corporativo, las costumbres, las fuerzas locales, los derechos
ancestrales se hacen valer, se manifiestan, se representan en el actuar, en el
orden de la sociedad, es una cultura arraigada que presentó reacciones de
formas diferentes y que al final el Estado tuvo que condensar ideas, proyectos
para lograr la estabilidad.
4.- Fuentes
Para explicar el concepto histórico de la ciudadanía en Sinaloa, y la lucha de la
defensa nacional las fuentes y la forma de interpretarlas ofrecen una mirada en la
cual la prensa de la época, sus artículos, discursos, informes, leyes, decretos,
las constituciones y las discusiones previas a las mismas, o a cualquier ley, o
18
reforma; así como también los juicios legales, los informes de gobierno, de
secretarias o de ministerios, las cartas personales, las partes de guerra del
ejército, las proclamas revolucionarias, o de grupos rebeldes, permiten que este
trabajo se construya con el seguimiento a este concepto y que a su vez presente
los pormenores de su uso, de su interpretación, a veces traslapada por el choque
de intereses políticos.
El índice del Archivo General de Sinaloa 1857-1877. Describe los asuntos que
resuelve el gobierno del estado en los ramos de Justicia, hacienda, fomento, y
que permiten conocer las acciones de las autoridades liberales, y en ocasiones
proporcionan pistas sobre reacciones de los ciudadanos ante los cambios que se
presentan y que afectan sus intereses, aunque en esta fuente es sumamente
difícil encontrar los imaginarios políticos de los grupos disidentes como
conservadores e imperialistas.
Documentos impresos del arzobispado de México y obispado de Sonora.
Ubicados en las misceláneas de la Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. En
los cuales se encuentra el llamado que hacen los jerarcas de la iglesia católica en
México, para convocar a sus fieles a manifestarse en contra de las leyes de
reforma y las discusiones que bajo correspondencia sostienen con los juaristas.
Documentos de la Presidencia Municipal de Mazatlán y actas de cabildo. Esta
fuente de archivo es de gran riqueza para la historia política, porque contiene la
correspondencia entre la presidencia del ayuntamiento, con el prefecto, el
gobierno del estado, así que además de encontrarse las disposiciones y
ordenanzas para la regulación de la vida de los pobladores del municipio,
podemos localizar leyes, códigos, reglamentos para todo el Estado. En los
documentos de la presidencia se pueden encontrar los juicios de imprenta, que
tienen que ver con las restricciones a la opinión publica estipulada en la ley de
imprenta en todo el país y ejecutado en las instancias municipales, la
organización para las elecciones, el papel que juega el municipio para coordinar
estos eventos y todas las quejas que hacen los ciudadanos cuando se han
cometido fraudes y demás irregularidades; el bando de policía que permite
19
recrear la vida de los mazatlecos en la época, así también las continuas
demandas que hacen los ciudadanos y los hombres y mujeres comunes y
corrientes para manifestar ante el cabildo sus inconformidades contra
ordenanzas municipales, así como para denunciar injusticias por parte de los que
tienen el poder político y económico en sus manos.
Actas de cabildo del municipio de Culiacán. Sobre el municipal de Culiacán sólo
se pueden localizar de 1872, 1873, 1876, 1877, de este periodo de estudio y los
documentos de la presidencia no se conservaron. Así que las actas de cabildo
presentan las discusiones en las sesiones ordinarias de los regidores, donde
observamos las formas disposiciones y ordenanzas que regulan la vida de los
pobladores del municipio, sus alcaldías y directorias.
Prensa. Esta fuente proporciona una gran riqueza documental, permite
contextualizar el panorama de lo que sucede en Sinaloa en este periodo en
materia política, económica y social. Además, juega un papel muy importante
como promotor de ideas político-democráticas, liberales, que se manifiestan en el
lenguaje que utiliza, en artículos de opinión, en las proclamas de las facciones,
en la utilización constante de nociones como libertad, soberanía, legitimidad, e
igualdad. Así, mas que ser un medio que se utiliza como portavoz de la política
es un actor de suma trascendencia, en muchos de los casos los editorialistas, en
otros los propietarios de la imprenta, los encargados de la publicación son
personas que se dedican a la política, que están dentro de la administración o
que buscan acceder al poder, que socialmente son parte de una facción política.
En esta categoría se puede mencionar algunos de los más significativos órganos
periodísticos que llegaron a las manos de las elites sinaloenses:
El Cinco de Mayo. Periódico de la facción liberal, publicado en 1866 en Culiacán;
año en que Mazatlán estaba tomado por los franceses. Manifiesta su propuesta
en los artículos de opinión, los discursos cívicos en fechas conmemorativas, es
notable la utilización constante y repetida de nociones como igualdad, libertad,
ciudadanía, soberanía, pueblo, etc. Aunque se presenta sólo una parte de la
realidad pintada por los liberales, sus discursos, como proyecto de estado viable,
20
en donde las reformas sociales y económicas convienen como beneficio del
pueblo.
Diario Oficial de la Federación. No podemos olvidar que su función principal en
este periodo es publicar leyes, códigos, reglamentos del gobierno republicano,
pero a su vez en artículos editoriales, memorias, discusiones del congreso, es
posible dilucidar sobre las discusiones que se suscitan a partir de reformas
hacendarías, de justicia y de instrucción publica. Además, se publican los
informes de los ministerios que permiten recrear el panorama de la población, de
las actividades económicas, de los cambios administrativos, de la Guerra, de la
seguridad en los caminos y pueblos.
Diario del Imperio. Órgano de Maximiliano de Hamsburgo, que permite conocer
los proyectos de estado del Segundo Imperio mexicano, descubriéndose que sus
ideas son también liberales, debido a la influencia de los cambios suscitados en
Europa a mediados del siglo XIX.
El Estado de Sinaloa, Periódico Oficial del Estado y El Estado de Sitio. Ambos
son expresiones oficiales del gobierno del Estado de Sinaloa: presentan la visión
de la administración liberal en turno, la expedición de leyes, decretos y
disposiciones que vienen a trastocar en muchos de los casos las formas de vida
de los sinaloenses y provocan reacciones que deben ser atendidas, aunque a
veces se tergiversan las causas de los movimientos que se suscitan.
La prensa independiente. Bajo este rubro son varios los periódicos que se
pueden mencionar que se consultaron: El Pacifico, El Trabajo, El Aguilucho,
Juan sin Miedo, La Tarántula, todos publicados en Mazatlán. Este tipo de prensa
jugó un papel muy importante, no sólo por la variedad de la información que
presenta sino porque tienen un papel político que se manifiesta en sus
editoriales, artículos de opinión en contra o a favor del gobierno, en otros casos
proponen candidatos para los puestos públicos como presidencia de la republica,
gobernadores, diputados, presidentes municipales, ministros de justicia, entre
otros, que así como postulan candidatos pueden desvirtuar al adversario, para
restarle votos, asegurando que las simpatías de la ciudadanía le favorecerán.
21
O simplemente publican en sus páginas informes de presidentes municipales u
de otros, proclamas de causas revolucionarias que enarbolan ideas y difunden
puntos de vista a su favor para ganar adeptos.
En los remitidos de los periódicos se localizan manifestaciones claras en contra
de autoridades, fricciones entre los poderes, como puede ser el ejecutivo y el
judicial, o entre los miembros de grupos que buscan acceder al poder, así como
también quejas, denuncias de particulares o de vecinos contra disposiciones
federales, estatales o municipales; gracias a ésto se puede medir el grado y la
importancia que alcanza la opinión publica.
Volantes o impresos sueltos. La mayoría de éstos fueron localizados en los
expedientes de los juicios de imprenta seguidos por los cabildos municipales, de
acuerdo a la ley de imprenta de carácter nacional, que deja al ayuntamiento la
organización de los jurados cuando un impreso es denunciado por atentar contra
dicha ley. La mayoría de los volantes o impresos se denuncian por el afectado,
culpando casi siempre por atentar la vida privada, y el culpable puede tener hasta
quince o más días de prisión o el pago de una multa. Estos documentos permiten
estudiar casos específicos, donde la opinión pública se sale de los límites legales
o no, porque también se puede considerar la denuncia como innecesaria.
Discursos del Presidente en el Congreso de la Unión y del Gobernador en el
Congreso local. Los del presidente, localizados en la correspondencia de Benito
Juárez y los segundos en el Congreso del Estado de Sinaloa. Formas que utilizan
los gobernantes además de sus informes anuales, para convencer de las
acciones realizadas en sus proyectos administrativos, para persuadir sobre el
destino de los recursos públicos, la aplicación de nuevos impuestos, la
impartición de la justicia. A través de éstos se puede conocer el lenguaje
democrático de los hombres que tienen el poder político.
Correspondencia entre liberales sinaloenses y Benito Juárez. Epistolares que se
encuentran ya publicadas como documentos, bajo el título Discursos y
Correspondencia de Benito Juárez, publicada en década de los setentas del siglo
XX. Dicha correspondencia personal entre Juárez y sinaloenses que enarbolan la
22
causa republicana en esta Guerra de Reforma, son prueba evidente de las
relaciones sociales establecidas entre los hombres donde se aprovecha este
medio, para enterar, discutir y resolver problemas políticos que los atañen en
común.
Haciendo un balance crítico de las fuentes es considerable señalar que por ser la
mayoría de procedencia oficial o de gobierno, donde se encuentran discursos
políticos nacionales y locales que presentan de forma reiterativa la alusión a los
conceptos ciudadanía, nación, soberanía y libertad como una forma de incidir en
la aceptación de los proyectos de la creación de un estado-nación donde la
ciudadanía reemplace a la organización comunal de la sociedad. En los discursos
liberales se nota la defensa a todo trance de la constitución de 1857, por ser el
código al cual deben apegarse sin distinciones los ciudadanos donde se asientan
sus derechos y sus deberes.
Al gobierno sinaloense de este periodo, se observa como el defensor del
proyecto liberal y promotor de las leyes nacionales, las que se buscaba que
fuesen reeditadas y difundidas en Sinaloa, emitiéndolas por correspondencia a
las prefecturas distritales; además surgen leyes secundarias que pueden estar
incluidas en los proyectos de modernización del poder público en contra de
corporaciones, tanto la eclesiástica como las comunidades indígenas.
En general, las fuentes encontradas ofrecen la visión de los liberales, los
defensores del proyecto de república constitucional que establecieron
comunicación con el presidente Juárez, que ocuparon los escaños más altos en
la política estatal, así que la visión plasmada en artículos periodísticos, circulares,
leyes, decretos, proclamas; dicha correspondencia oficial demuestra que su
imaginario político es de carácter liberal y que defienden la construcción de la
integración nacional.
Aunque, es necesario señalar que, en la lucha contra el poder comunal hay una
serie de actores que se enfrentan a los preceptos modernizadores y sus
consecuencias, reapareciendo en el escenario de lucha los clérigos y las
comunidades indígenas. La iglesia por medio de circulares convoca a los
23
feligreses a unirse por la defensa de la fe que estaba siendo asechaba, se opone
terminantemente al juramento de la Constitución de 1857, pareciéndole un
sacrilegio dicha pretensión del poder civil y peor aún la prohibición de su
participación en áreas tan trascendentes como la justicia y la educación.
Por su parte, la resistencia indígena también se manifiesta en las fuentes con
quejas, inconformidades constantes, pleitos y juicios legales y alzamientos
armados a los que las fuerzas militares buscan acallar, enarbolando la búsqueda
de la paz en el estado. Su lucha se presentó en contra de la modernización del
sistema de propiedad de la tierra que prefería al campesino libre e individual,
sobre el sistema comunal de propiedad y asociación, afectando derechos
ancestrales de explotación de la tierra para las colectividades civiles de donde
dependían familias enteras.
En fin, toda una gama de fuentes que ofrecen miradas variadas y rostros diversos
de los actores que en grados y trincheras distintas se involucraron en los
procesos políticos y sociales durante las primeras décadas de la segunda mitad
del siglo XIX. Fuentes que buscan captarse y utilizarse con sentido crítico a lo
largo de los siguientes capítulos.
24
CAPITULO I.
BALANCE HISTORIOGRAFICO
1.1.- Balance nacional y las tendencias latinoamericanas.
En la historiografía política tradicional de nuestro país se observa la llamada
historia liberal épica y nacionalista que se mantuvo durante mucho tiempo, es
identificable la replica entre liberales y conservadores, es decir, publicaron sus
diferentes versiones sobre todo de la etapa del segundo imperio mexicano.
Los trabajos inmediatos a la intervención francesa y la reforma están marcados
por dos derroteros: los que surgieron luego de la salida de los intervensionistas
franceses y del fusilamiento del príncipe Maximiliano de Habsburgo, para
reprobar esta acción y otros justificaron esta y todas las acciones bélicas que se
vivieron como un hecho de legítima defensa de la soberanía nacional, del código
constitucional de 1857 y las propuestas reformistas del gobierno republicano.
Quienes estuvieron involucrados en esta guerra, de un lado o del otro, produjeron
textos donde pretenden exponer su propia visión. Escribieron para defenderse,
para debatir sobre los hechos, dar su propia versión e incluso para mentir y
tergiversarlos.
Por su parte, Francisco de Paula y Arangoiz articuló la defensa de los
conservadores en contra de quienes culpaban de la tragedia mexicana al santo
padre y al clero mexicano.14
Hacia 1904, Francisco Bulnes hizo una crítica irreverente cuestionando con rigor
las tan exaltadas glorias nacionales que hacían de la guerra de intervención un
punto culminante de la epopeya nacional en: El verdadero Juárez y la verdad
sobre la intervención y el imperio. El autor desmentía el levantamiento en masa
del pueblo mexicano en contra de quienes profanaban su patria, su suelo,
aseguraba que el imperio prometía orden y prosperidad y que los improvisados
generales liberales, además de ser patriotas, valientes también eran
14 Erika Pani, El Segundo imperio, pasados de usos múltiples, FCE, México, 2004, p. 21.
25
incompetentes. Para él nadie había salvado a México del Imperio, pues lo que lo
había derrocado era la incompetencia financiera del príncipe austriaco, el imperio
había muerto solo.15
Por su puesto, que las reacciones a estas afirmaciones no se hicieron esperar,
manifestaciones, boicot contra el editor del libro, un sin número de folletos,
artículos que defendían al Benemérito, y el trabajo mas acabado entorno a esto
fue Juárez: su obra y su tiempo, de Justo Sierra, lo catalogaba como el ”gran
representante del derecho” pues su vida era una ´”suprema lección de moral
cívica”. Considera que la lucha estaba encaminada a eliminar el poder de la
iglesia y el ejército porque estas instituciones no permitían el desarrollo de la
unidad nacional. Señala que las reacciones de estos grupos fue una resistencia
al movimiento evolutivo de la sociedad pero que el resultado de la contienda fue
la justicia, el suelo y el ciudadano como valor social. 16
Justo Sierra, con su Evolución política del pueblo mexicano, publicada en 1903,
vendría a pintar a la guerra de reforma y la lucha de intervención como la
segunda guerra de independencia, donde los enfrentamientos armados y el
derrame de sangre se justifica, para que alcanzara la categoría de nación que
recién aparecía, en la que se vislumbraba un etapa de mejora, desarrollo político
y social en manos de uno de los liberales herederos y a la vez salvador del
pueblo mexicano: Porfirio Díaz. 17
Hacia 1954, el trabajo coordinado por Daniel Cosió Villegas de El Colegio de
México, Historia Moderna de México, concientiza acerca de la visión política de la
historia, pues la considera parcial y deforme, dice que se puede completar y
corregir con el relato de la vida económica y política, por ello, su obra está divida
en tres libros: la vida política, económica y social.
Es una obra muy completa que tiene la propuesta de separar la historia moderna
de la antigua y para el autor la segunda se inicia en 1867 porque los cambios 15 Ibíd., pp. 81-82. 16 Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo, México, Editorial Porrúa S.A, Colección Sepan Cuantos, Nº 146, 1974, p. 16. 17 Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1957, p. 398.
26
suscitados en el porfiriato no son propios de este periodo sino del que le
antecedió, la republica restaurada. Señala el año de 1867 marca el triunfo del
liberalismo sobre la reacción conservadora y muchos de los cambios políticos
modernos en la educación, la economía fueron propuestas juaristas, la
promulgación de códigos legales que habrían de ordenar una serie de aspectos
de manera radical.
En el primer centenario de la muerte de Juárez, Edmundo Gorman provoca gran
polémica, a través de La supervivencia política novo hispana, donde pone en tela
de juicio aquellas construcciones que insisten en la imagen inmaculada del ser
republicano del pueblo de México, y en el anacronismo, maldad y estupidez de
los conservadores, critica las historias que cuentan solo la verdad por una lado y
por otro la mentira. Llama entonces a rescatar a conservadores y monárquicos,
esencialmente para rescatar lo titánico de la empresa republicana. 18
Desde la década de los setentas empiezan a aparecer algunos trabajos que
buscan el estudio de otras líneas de la etapa Juarista, como lo fue el caso de la
investigación del norteamericano T. G. Powel,19 estudia la forma como impacta la
política liberal en el campesinado indígena de México, y sobre la misma
comunidad campesina indígena, donde también se discuten los actos de las
autoridades imperiales, estatales y locales que tuvieron gran significación para el
indígena.
Respecto a este mismo tema Donald J. Fraser20, afirma que la política de
desmancomunación de tierras comunales no es obra de Porfirio Díaz, sino de
una serie de disposiciones del gobierno de Juárez, medidas juristas que a través
de la ley Lerdo ordenaron la división de estas tierras. Que existe una continuidad
en la política de desamortización de las comunidades indígenas durante toda la
época que va de 1856 a 1911.
18 Erika Pani, op. cit. p.104. 19 T.G. Powel, El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850-1876), México, SEP setentas, 1974, p. 7. 20 Donald J. Fraser, “La política de desamortización en las comunidades indígenas 1856-1872”, Revista Mexicana, México, El Colegio de México, Nº 33, 1972.
27
Estos y otros trabajos publicados en la Revista Historia Mexicana a partir de la
década de los setentas serian el preámbulo de la corriente historiográfica Nueva
Historia Política que empiezan a proporcionarnos una serie de libros publicados
de forma colectiva entre países iberoamericanos como Argentina, Brasil, Perú,
México y Uruguay, entre otros.
Esta corriente de los estudios históricos latinoamericanos emanada a partir de las
renovaciones que presentan los trabajos de la escuela historiográfica, construida
alrededor de François Xavier Guerra, que junto con sus seguidores tratan de
utilizar las tendencias historiográficas dominantes en Europa para aplicarlas al
campo iberoamericano, aunque resaltan las propias particularidades y grandezas
de estos pueblos.
Tendencia que ha realizado grandes estudios de la modernización y la tradición,
fincados en la idea de la existencia de una sociedad ´”holista´” que se enfrenta a
los afanes modernizadores que pregonaba el liberalismo latinoamericano.
Específicamente, proponen ahondar en el estudio de las significaciones el
seguimiento de conceptos clave como ciudadanía, espacio y opinión pública.
A partir de los trabajos de Guerra se integró una corriente renovadora de la
historia política latinoamericana inclinada por el estudio de la conformación del
estado colonial al estado nación. Representó una ruptura con la visión positivista
de la historia política inclinada por paradigmas patrióticos. En esta propuesta hay
una inclinación hacia figuras, conceptos discursos del imaginario político al
estudiar como se traslaparon, contradijeron y transformaron aquellos conceptos
clave de la política moderna como soberanía, ciudadanía y opinión pública, para
describir y entender situaciones políticas y culturales radicalmente nuevas e
inexploradas.
Se investigan los poderes con origen social y no político, hay una concepción
donde finca su explicación para el análisis de la vida política mexicana, el
lenguaje de referencia revisando algunos términos socorridos como caciquismo y
caudillismo, militarismo.
28
Nuevos procesos se discuten a partir de diversas dimensiones de estudio que
han surgido como las relaciones entre la sociedad civil y el sistema político,
queda claro que el estudio del poder no es solo atender a las elites dirigentes,
sino también a sectores más amplios de la población que forman parte de la
comunidad política, los historiadores amplían sus focos de acción para analizar la
relación entre gobernantes y gobernados, qué papel juegan los que no están
propiamente en el sistema político, y que rol juega la sociedad en la legitimación
del poder.
Al respecto una de las obras colectivas, Construcción de la legitimidad política en
México21 en la cual la intención clave es el análisis en diferentes trabajos en
torno al estudio de las ideologías plasmadas en el discurso de liberales,
conservadores y socialistas, que les permite el ejercicio hegemónicos de la
autoridad. Se nota en este trabajo la influencia de Francois Xavier Guerra de ver
a la sociedad moderna mexicana compuesta holísticamente, es decir, que oscilan
entre lo moderno y lo tradicional, además desarrollan históricamente la
explicación de conceptos como patria, pueblo, ciudadanía, libertad y nación.
En América Latina la corriente de la nueva historia política esta dando resultados
muy interesantes, para el estudio de la transformación de una cultura política
corporativa a una individualista, donde se construyen espacios de sociabilidad
abiertos a las elites políticas modernas; del estudio de las revoluciones con una
perspectiva de larga duración, donde las diferencias no se explican en el
momento del estallido, sino mucho más atrás, en la institucionalidad, en los
preceptos constitucionales, en las relaciones estamentales; de la problemática
para el reconocimiento de la soberanía internacional; de los imaginarios políticos
de liberales y de los conservadores; de la forma como se va transformando el
lenguaje político en el siglo XIX.
Sin embargo, estas cuestiones han sido abordados desde una perspectiva
nacional, de la política, olvidando que seguramente en cada una de las regiones
21 Brian Connaughton, Carlos Illanes y Sonia Pérez Toledo (coordinadores), Construcción de la legitimidad política en México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México-UAM-UNAM, 1999.
29
del país adquiere matices diferentes, se manifiestan, se trasforman, o se
soslayan, en las realidades locales, ejercen una influencia muy interesante.
En torno a las tendencias de integrar los estudios históricos de América Latina
bajo la corriente de la nueva historia política han salido a la luz una serie de
obras colectivas como la de: Inventando la Nación, Antonio Aninno y Francois
Xavier Guerra, Ibero América en el siglo XIX, concluyen en que las elites al
darse cuenta de que sus modelos de nación son inmensamente distantes de las
grandes potencias de Europa y de Estados Unidos se dedican a construir la
nación y el pueblo moderno, es decir, un pueblo de individuos libremente
asociados que compartan mitos comunes, para crear los individuos van a
combatir los cuerpos y corporaciones del Antiguo Régimen que estructuraban
todavía la mayoría de la sociedad atacando a los mas poderosos la iglesia y las
comunidades campesinas.22
Otra de las obras es Ciudadanía, política y formación de las naciones,
perspectivas históricas de América Latina, coordinado por Hilda Sabato, quien
deja claro que no tratan de buscar nuevas definiciones sino analizar un conjunto
de procesos sociales que tuvieron lugar en Ibero América cuando la constitución
de la ciudadanía se planteo como problema concreto tratando de responder a las
interrogantes, de cómo se construyeron las comunidades políticas de la región y
cómo se organizó, sostuvo y reprodujo el poder político en cada una de ellas. Es
la conformación de estado-nación lo que preocupa donde sobresalen algunos
campo de estudio inclinados con soberanía popular y la representación moderna,
ciudadanía política, sufragio, las elecciones y otras formas de representación,
como sociedad civil pues subyace que el proceso político implica necesariamente
una conexión social.
Y para el caso de México una de las grandes aportaciones que se inscriben en el
estudio de los imaginarios, es el trabajo de Erika Pani, que se publicó en el año
2001, Para mexicanizar el segundo imperio, el imaginario político de los
imperialistas, obra que se puede considerar como historia de los proyectos del 22 Antonio Annino y Francois Xavier Guerra (Coordinadores), Inventado la Nación, México, FCE, 2003.
30
estado, del proyecto de nación republicano y liberal; de aquellos que imaginaron
cómo podía llevarse un régimen, y de qué manera, de cómo idear y aplicar una
legislación. A la autora le interesa cómo fueron fraguándose una serie de
proyectos de estado tanto liberales como imperialistas, recupera el debate
político desde los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, rescata los
lenguajes políticos donde se discutieron y pensaron la política de Estado.
Poco después de la muerte de Francois Xavier Guerra, se publicó un trabajo
como un homenaje póstumo, coordinado por Erika Pani y Alicia Salieron,
“Conceptualizar lo que se ve” obra que además de destacar la aportación
historiográfica y metodologiíta de Guerra señala que para explicar la nueva
cultura política debemos ocuparnos del mundo editorial y las practicas epistolares
así como las fiestas y las conmemoraciones que contribuyeron a la elaboración
de una nueva memoria para las nuevas naciones. Es necesario poner especial
atención en la consolidación de la opinión publica, las nuevas solidaridades,
participes de la constitución de la modernidad política, donde le mundo editorial
revoluciona la cultura, al multiplicarse, volantes, folletos, periódicos, libros, se
introducen valores, conceptos e ideas modernas; las páginas modernas se
constituían en espacios y debates y los diarios en particular, en voz de facciones
y grupos comprometidos con diferentes proyectos de nación.23
Una de las obras más recientes, que se circunscribe en la historia intelectual y
presenta acertadas explicaciones sobre la política del siglo XIX, es La invención
de una legitimidad, razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (un
estudio de las formas del discurso político) de Elías José Palti.
Este autor estudia la forma como los discursos públicos, los lenguajes políticos
manifestados en la prensa, la bibliografía, expedientes judiciales, y diarios de
debates de las cámaras, sufrieron una serie de transformaciones a lo largo del
siglo, cuando se veían desgastados y era necesario reconstruirlos, reformularlos
o eliminarlos, porque el consenso de la base se desvanece, y los valores,
categorías, nociones, e instituciones que se habían considerado como normales 23 Erika Pani, Alicia Salmerón (coordinadoras), Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. 13 y 14.
31
eficientes y capaces de resolver problemas y situaciones se tornan
problemáticas, siendo objeto directo de criticas y cuestionamiento, tanto que se
deben construir otra vez, pues ya no sostienen la realidad.
Otro de los libros que se han escrito en homenaje a Guerra es Una ausencia que
convoca coordinada por Elisa Cárdenas y Annick Lempérière, en el año 2007,
donde además de ofrecer reflexiones conceptuales y metodológicas presenta
otras rutas alternativas, temas afines, se estudian las revoluciones, la transición
política del imperio a las naciones, la construcción de formas democráticas de la
política. Los grandes ejes que vertebran la discusión de este libro son
revoluciones y espacios públicos, estos son dos temas esenciales dentro de la
obra de Guerra y que tienen entre sí múltiples puntos de contacto: liberalismo y
democracia, legitimidad y conflictos civiles, formas de sociabilidad y nuevos
códigos culturales, formas de mediación entre estructuras sociales y poder
político.24
1.2.- La historiografía regional.
Al hacer una revisión bibliográfica de las obras de carácter histórico sobre
Sinaloa se puede decir que para el periodo de la reforma el abordaje de la
política es lo que domina; las obras del siglo XIX marcaron las tendencias para
escribir la historia de Sinaloa y éstas perduraron hasta buena parte del siglo XX.
La mayoría de los trabajos son de carácter acontecimental, historia heroica, de
batallas militares, o con un sentido apologético y biográfico, además reducidos a
pequeños espacios temporales o muy específicos, como la reforma, guerra de
intervención francesa, o guerra de los tres años.
Las tendencias de la historia épica tradicional y nacionalista rebasaron el siglo
XIX y se prolongó durante el siglo XX, hasta la década de los setentas esta forma
de escribir y explicar el pasado siguió dominando, resaltando los grandes
acontecimientos, los hechos de los gobernadores, describiendo a los héroes y
sus batallas con el fin de que la historia no se olvide y que se conozca la
24 Ibíd., p. 10- 11.
32
participación de Sinaloa en la guerra de reforma y la construcción del régimen
republicano nacionalista.
Dentro de la historiografía sinaloense, la historia política es lo que más se abordó
hasta 1980. La característica de estas publicaciones es una historia de los
grandes hombres, estudios monográficos, o biográficos donde se refiere más a la
política que a lo político, al quehacer de los hombres que se encuentran en el
poder, es decir de los gobernantes y los avatares de sus acciones, la política
como ejercicio del gobierno, la competencia de grupos por el poder, por tener la
autoridad.
Sin embargo, hacia la década de los ochentas se observa la preocupación de
deslindarse de la historia política tradicional y los historiadores y maestros
formados muchos de ellos en las aulas de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
en la maestría en Historia de la recién creada Escuela de Historia, inclinan sus
inquietudes hacia la historia económica, tratando de encontrar otras vertientes
que expliquen la historia de Sinaloa, abandonan la historia política que había
dominado no solo el siglo XIX sino casi todo el veinte.
Así, buena parte de la historia de la reforma se interpreta con las miradas lejanas
a la historia de héroes y villanos, porque las corrientes historiográficas de esta
escuela apuntaron a fuentes como el Archivo de Notarias y sobre los fondos de
tesorería y contribuciones de los ayuntamientos para detectar la afectación en
ventas y préstamos monetarios o bien analizando los proyectos internacionales
del mundo global para explicar a una economía de mercado internacional donde
el puerto de Mazatlán empieza a ser polo de atracción para franceses e ingleses.
Es necesario señalar que el estudio de las elites políticas de poder llama la
atención de algunos historiadores académicos a partir de lo noventas siguen una
preocupación ya incursionada por otros investigadores del país, en Sinaloa, Félix
Brito Rodríguez25 y Arturo Carrillo Rojas,26 son autores de obras que siguen esta
temática y que han inclinado su mirada a la historia política, sosteniendo que los
25 Félix Brito Rodríguez, La política en Sinaloa durante el porfiriato, Culiacán, DIFOCUR, 1998. 26 Arturo Carrillo Rojas, Conflictos por el poder Sinaloa de 1831 a 1880, Culiacán, DIFOCUR, 2000.
33
grupos de poder local económicamente fuertes ejercían y dominaban los puestos
de importancia gubernamental a través de una red de control político fincada en
lazos familiares y de compadrazgo.
Para este recuento se eligieron los trabajos elaborados en el siglo XIX, aunque
algunos fueron publicados hasta el XX, y respecto a las obras de este último siglo
se revisaron los trabajos publicados a partir de los años cuarentas, haciendo un
corte en los ochentas, debido a la aparición de la producción historiográfica que
abandona la historia política tradicional, y los estudios de la reforma se ven
influenciados por estudiar su problemática con una visión económica-social.
Es menester destacar que no se abordarán todas las obras relativas al tema,
algunas quedan fuera, pero -en general- la mayoría de las ausentes se inscriben
en historia tradicional, pues se escriben para que destacar glorias del pasado y
preservarlas en la memoria de la sociedad, para exaltar a héroes como Juárez,
Rosales, Corona, para construir remembranzas de batallas y hazañas militares.
1.2.1.- Historia épica o crónica de batallas.
Uno de los primeros trabajos que particulariza sobre los acontecimientos en
Sinaloa, es el Ensayo Histórico del Ejército de Occidente de José María Vigil y
Juan B. Hijar y Haro,27 crónica militar que narra los sucesos, las acciones
militares de este ejército que estaba conformado por fuerzas de Jalisco, Colima,
Sonora y Sinaloa. La lucha contra la intervención era reciente y este libro como
muchos otros se declara abiertamente a favor de los republicanos.
La acepción de soberanía que adopta el autor, es de la causa de los mexicanos
para defenderse de la intervención francesa, la ciudadanía como derechos y
obligaciones que se otorgan a los miembros de un estado democrático, no está
presente.
27 José María Vigil, Ensayo Histórico del Ejército de Occidente, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), México, 1987.
34
Eustaquio Buelna escribe su legado de obras históricas en las dos últimas
décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. En sus publicaciones28 se
observa la historia positivista donde el culto al documento esta presente, tratando
de respetar las reminiscencias que quedaron del pasado, aunque en Apuntes
para la historia de Sinaloa 1821-1882, no lo logra, pues su carácter es notable,
pero vaya recordar que estas efemérides no estaban acabadas para publicación
y que algunos han considerado como memorias escritas que dejó al morir en
1907 y que hasta 1924, salieron a la luz.
En toda su obra historiográfica se mantiene latente la preocupación por describir
lo más trascendente de los sucesos políticos del Estado, ocupándose casi
siempre, de narrar lo que concierne a la política desde el gobierno.
Por su parte, José María Gaxiola, es autor de toda una serie de ensayos29 en los
cuales se esfuerza por demostrar que Sinaloa no va a la zaga en su marcha del
progreso de los demás Estados de la federación. Elabora las biografías de los
héroes de Sinaloa, sus obras demuestran la visión que tiene el autor de resaltar
las fechas de una historia heroica, donde los grandes hombres merecen ser
recordados. El significado que la soberanía y la ciudadanía tiene en sus trabajos
se remonta a las acciones hechas por el gobernador del Estado Rafael de la
Vega, en tiempos de la intervención norteamericana, cuya voz a pesar de sus
previas acciones, se deja de escuchar por las luchas políticas locales que
enfrenta Sinaloa en ese periodo.
En los trabajos de José Maria Vigil, Buelna y Gaxiola, existe la idea de una
historia común para los mexicanos, como las pretensiones de las obras de
historia nacional de Justo Sierra, pero también resaltan la contribución de los
sinaloenses en esta construcción.
28 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la Historia de la Guerra de la Intervención Francesa en Sinaloa, Universidad de Sinaloa 1964; Apuntes para la historia de Sinaloa, 1821-1882, Secretaria de Educación, 1924. 29 José María Gaxiola, “La Invasión norteamericana 1845 a 1849”, Revista Histórica del Estado Sinaloa, México, Imprenta de Antonio Rosas, 1891 p. 1-294; “Sinaloa de 1850 a 1851”, Revista Histórica del Estado, México, Imprenta y Encuadernación de Irineo Paz, 1894, pp. 1-37.
35
Para estos historiadores los héroes encarnados en el pueblo lograron la libertad
interna y de la independencia nacional. Era esta una segunda revolución y la
significación la tenían la iniciación de la independencia por Hidalgo en 1810 y la
culminación de esta con Juárez batiendo los rezagos de la colonia, aquí se
forjaba la nación soberana, liberal y republicana.30 Así que los demás ensayos de
gobierno había que enterrarlos, como la etapa del imperio de Maximiliano.
1.2.3.- Nuevas preocupaciones historiográficas en el estado.
Desde la década de los cuarentas hasta setentas del siglo XX, se observa una
intensa labor de historiadores por afición que se entregan a la búsqueda e
indagación de la historia de Sinaloa. Al revisar sus obras observamos que se
preocupan por construir la historia general de Sinaloa, cada uno por su lado, sin
separarse de la tendencia de la descripción de hechos políticos con un carácter
liberal, épico y nacionalista influencia venida desde el siglo XIX, como modelo de
la construcción de la nación, de la historia patria.
Al ser éstas las características, que permanecen en los trabajos del siglo XX
sobre el XIX, la soberanía sigue únicamente abordada de manera expresa en el
ejercicio de la defensa del territorio mexicano y sinaloense, así que la soberanía,
por ende la ciudadanía, como preceptos modernos de la instauración del sistema
democrático, representativo siguen sin ser considerados.
José Mena Castillo31 emprende una investigación de la historia de Sinaloa
unificada donde se refleja la impresión de un todo. Busca un ensayo propio de
Sinaloa desde la época de la conquista hasta el porfiriato donde une los sucesos
de Sinaloa y hace referencia al proceso general de la historia patria.
El trabajo escrito por Filiberto Leandro Quintero,32 respecto a la etapa de la
reforma liberal, su contribución es importante porque la descripción de su historia
no se limita a los hechos acaecidos en el Distrito del Fuerte sino que al dar
30 Ibíd. 31 José Mena Castillo, Historia Compendiada del Estado de Sinaloa Tomo I y II, México, Gobierno del Estado de Sinaloa, 1941 y 1943. 32 Filiberto Leandro Quintero, Historia integral de la Región del Río de Fuerte, Mochis, Ediciones, El Debate, 1977.Mismo que a su muerte en 1969 no pudo ver publicado, pero que en 1979 descubren su contribución y se hace realidad impresa.
36
seguimiento a sus personajes políticos aporta sobre sus acciones en buena
parte de Sinaloa y sur de Sonora.
Es obvio, que sobre este periodo, tiene la clara intención e seguir los hechos de
los gobernadores y la problemática de la erección de un Estado y la
conformación de poder legislativo.
Antonio Nakayama, tiene un legado de obras que contribuyeron al conocimiento
de periodos y temas muy variados, entre los cuales, el libro Sinaloa un bosquejo
de su historia, dedica no pocas páginas al movimiento de la reforma, el
liberalismo y la intervención francesa y la restauración de la república. Aquí
describe cronológicamente los hechos, o acontecimientos del gobierno de
Sinaloa, las acciones militares contra los franceses, detalla sobre las mismas y a
la vez describe los enfrentamientos de hostilidad que se suscitaron entre las
facciones liberales.
Este mismo autor publicó una interesante investigación titulada Realidad y
mentira de Plácido Vega, que permaneció inédita a su muerte en 1978 y
rescatada para su edición hasta 1993, donde cambia la visión que sobre este
personaje había creado su acérrimo enemigo Eustaquio Buelna, así que
Nakayama lo saca a la luz, le da brillo a su trayectoria política con una serie de
documentos encontrados en la Biblioteca de Bancroft. Nakayama considera a
Plácido Vega como el personaje más destacado en el Sinaloa del siglo XIX,
encuentra en él una gran personalidad, descubre a un hombre que posee
pasiones, virtudes y defectos, pero su reivindicación es evidente, pues afirma que
logró que Sinaloa fuera conocido en los cuatro puntos cardinales.33
En 1975, sale a la luz su obra Sinaloa el drama y sus actores, donde elabora las
biografías de los héroes de Sinaloa en todas sus épocas, haciendo la apología
descriptiva de sus vivencias en los avatares de la política de la región.
Nakayama, en la biografía colectiva que sobre los hombres de la reforma en
Sinaloa hace, no solo se limita a resaltar los pormenores de los hombres de
33 Antonio Nakayama, Realidad y mentira de Plácido Vega, Culiacán, Centro de Estudios Históricos del Noroeste A. C., 1993.
37
armas, los héroes, los gobernantes, sino que otorga especial interés a los
clérigos, al papel que juegan en la historia política del Estado, y circunstancias y
pormenores del periodo que rescata desde la separación del Estado de
Occidente, las luchas entre las facciones políticas representadas por grupos de
poder, en El fuerte, El Rosario, Cosalá y Mazatlán, y Culiacán. También
contribuye al estudio de familias económica y políticamente fuertes, como los
Iriarte, los de la Vega, etc.
Este autor entiende a la política, con actores variados donde no solo figuran
gobernadores, comandantes y fuerzas militares, sino obispos, y familias
poderosas, que tienen una participación directa que se facilita gracias a las
relaciones que establecen entre sí.
Otro importante filón de la historiografía sinaloense es obra de Héctor R. Olea.34
Este investigador contribuye al estudio de las instituciones políticas en torno a los
textos constitucionales, que han estado vigentes, en Sinaloa en el marco
histórico- político, aunque también detalla las condiciones que precedieron a la
primera constitución haciendo mención de los sujetos políticos de relevancia
nacional y local, de los personajes que en el estado tuvieron relevante
participación.35
Su obra ha servido para revalorar la necesidad de llevar a cabo las
investigaciones sobre los estudios constitucionales, revelar la importancia de
Sinaloa en la búsqueda del sistema liberal mexicano, proponiendo en esto, otra
veta para analizar la historia política, donde las constituciones, y las leyes son
parte integrante de este abordaje histórico.
Gracias a este trabajo la historia política cambia de rostro, acercándose a los
documentos propiamente jurídicos, que a su vez revelan las luchas y las
diferencias, en la búsqueda por alcanzar un consenso que reordene los intereses
de las facciones reformistas locales.
34 Héctor R. Olea, Eustaquio Buelna, Fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, UAS, 1987 y Sinaloa a través de sus constituciones, México, UNAM, 1985. 35 Diego Valadés,”Introducción”, en Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus constituciones, México, UNAM, 1985, p. 8.
38
1.3.- La búsqueda de la historia regional.
En la década de los ochentas el proyecto de regionalizar y desconcentrar la
educación superior, la investigación científica y la cultura, tuvieron efectos
bibliográficos y con la contribución del Gobierno del Estado y del Instituto Mora
se hizo una compilación de las obras escritas en y de Sinaloa.
Como resultado de esto se publicó, Sinaloa Textos de su Historia, de Sergio
Ortega y Edgardo López Mañón, dieron cuenta de la situación nada halagadora
de nuestro Estado pues encuentran el dominio del abordaje de acontecimientos
políticos y militares con una marcada tendencia a la descripción cronológica y el
seguimiento de la vida heroica, de hombres a los cuales historia de bronce a
edificado como tales, siendo considerados los hechos que se piensa dejaron
huella de la memoria histórica, preocupándose por la biografía de sus
protagonistas, la monografía histórica, relegando a los actores que no fueron
figuras en el poder político.
Muchas de las nuevas preocupaciones no sólo de Sinaloa sino del noroeste de
nuestro país han sido influenciados por uno de los historiadores más prolíficos de
México, Don Sergio Ortega Noriega, que tiene una serie de trabajos,36 sus
investigaciones abrieron líneas de investigación hacia el porfiriato, aunque su
propuesta era el estudio de lo económico, político y social, fue la primera, la más
socorrida en Sinaloa, dejando al margen lo político.
Ortega hace notar en su libro Breve Historia de Sinaloa, que la política no es una
sucesión de hechos impactantes y particularmente trascendentes, en la vida de
los pueblos, sino que están impregnados por una realidad interna y externa,
donde la geografía, la conformación étnica racial y social, la religión, la economía,
los grupos locales poderosos, y las circunstancias nacionales le otorgan a la
política matices propios de la región. Así que su trabajo enmarca esta serie de
caracteres para hablar de la política desarrollada a través de la historia en
36 Sergio Ortega Noriega, El Edén Subvertido, la colonización de Topolobampo, 1886-1896, México, SEP, INAH, Departamento de Investigación Histórica, 1978; Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, FCE, 1999.
39
nuestro estado, donde efectivamente con todos estos agravantes, las decisiones
y reacciones de los hombres del quehacer político, se expresa y se entiende a
través de estos escenarios.
Por otra parte, las corrientes históricas en México, empiezan a ser influenciadas,
por la tendencia construir la historia regional, a partir de la década de los
setentas, por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa amplió su
preocupación a través del Instituto de Investigaciones de Económicas y Sociales,
así como también hizo posible el proyecto de una Escuela de Historia en 1987,
que inicio primero con la maestría y poco después con licenciatura.
Con el objetivo de la formación de la investigación histórica que permitiera la
reconstrucción de la historia regional, se puede hablar una serie de trabajos que
han tenido como foro el Congreso anual de Historia que organizan junto con el
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la misma Universidad, y la
publicación de la revista Clío, de la ahora Facultad.
Respecto a la investigación del periodo de la reforma, han incursionado,
Rigoberto Arturo Román Alarcón, María del Carmen Azalia López González,
Rigoberto Rodríguez Benítez, Columba Norzagaray Gámez, Arturo Carrillo Rojas,
algunos únicamente con ensayos cortos, otros con tesis o libros publicados.
En los trabajos de Rigoberto Arturo Román Alarcón, Azalia López González y
Rigoberto Rodríguez Benítez, se observa la influencia del enfoque de la historia
económica pues estos fenómenos que pudieran entenderse como parte de la
política, los entienden y los explican con una teoría donde los fenómenos de la
etapa reformista en Sinaloa se representan por una lucha entre potencias
mundiales, para la explotación de un centro comercial importante; señalando que
los problemas locales es un conflicto entre elites económicamente fuertes; o bien
razón de la modernización de la economía orientada hacia la individualización del
campesino que afectó a la propiedad comunal o tomando en cuenta la afectación
en las ventas urbanas y las sociedades de préstamos.
Pero también se ocupan de problemas entre iglesia – estado, tratando de
entender los conflictos que se suscitaron a partir de las leyes de reforma donde
40
las elites de poder representadas por gobernadores y obispos, se enfrentan para
defender por un lado, los preceptos católicos y por el otro las leyes establecidas
en la carta magna de la nación.
Rigoberto Arturo Román Alarcón, a lo largo de varios ensayos37 ofrece una
visión en la cual señala que el móvil que lleva a los franceses a tomar Sinaloa es
la atracción de un importante centro comercial, el más prospero del noroeste,
porque la conquista de la zona del noroeste era clave para los planes de convertir
a Sonora en una zona de explotación de algodón que sustituyera a la Lousiana y
que ofreciera competencia a la misma, pues gracias a su materia prima Inglaterra
podía posible mantener el monopolio comercial del algodón, o sea que en
resumidas cuentas esta zona de conflicto intervencionistas es también una lucha
entre las potencias mundiales, Inglaterra y Francia.
Estos problemas locales tenían que ver con los poderíos económicos, que
generaron movimientos políticos por pugnas o choques entre familias poderosas
como los de la Vega contra los comerciantes de Mazatlán quienes provocaban
revueltas y motines aliados con los militares para hacer fácil y efectivo el
contrabando de mercancías y dinero por el puerto.
Por su parte, Azalia López González, que tiene una serie de trabajos38 donde
plasma los cambios ocurridos en el país a raíz de la revolución de Ayutla poco
se minimizaron en Sinaloa debido a los problemas locales de los grupos de poder
de Mazatlán y Culiacán, aunque la Ley Lerdo, provocó repercusiones en la
transformación urbana de Mazatlán, sin embargo, considera que las relaciones
37 Rigoberto Arturo Román, “El movimiento separatista de Mazatlán de 1852”, Memoria del VII Congreso de Historia Regional, Culiacán, UAS, 1991, pp. 184-195; El contrabando de mercancías y Mazatlán 1871-1872; La dominación francesa 1864-1866, Revista Clio, Culiacán, UAS, Escuela de Historia, nº 2., 1991; y La amortización de la moneda de cobre en Sinaloa, 1872-1875. 38 Maria del Carmen Azalia López González, “Las leyes de Reforma y la propiedad Civil en Sinaloa”, Memoria del X Congreso Nacional de Historia Regional, Culiacán, UAS, 1996; “La Reforma y el Imperio”, Historia de Sinaloa, tomo II, Tomo II, Jorge Verdugo Quintero (coord.), Culiacán, DIFOCUR, 1997; “Reforma y Desamortización en Mazatlán (1859—1889)´´, Historia de Mazatlán, Arturo Carrillo (coord), Culiacán,…… 1999; “Iglesia y Estado: la transición”, Memoria del XV Congreso de Historia Regional, Culiacán, UAS, Ayuntamiento de Mazatlan, 1998; ´´Plácido Vega visto por Buelna y Nakayama´´, Revista Enlace, Culiacán, SEPyC, nº 22, 2001; “La iglesia decimonónica en Sinaloa”, Revista Clío, Facultad de Historia, UAS, nº 28, 2002; “Política y religión en Sinaloa, siglos XIX y XX”, I Congreso de Religión y sacralidad, Guerrero, Universidad de Guerrero, 2003.
41
entre la iglesia y el estado tuvieron serias afectaciones en el obispado de Sonora
y Sinaloa pues el obispo se mantuvo exiliado durante varios años, apreciándose
en sus trabajos una lucha entre dos grupos fuertes que luchaban por obtener la
supremacía. Las fuentes que Azalia López González consulta son variadas el
Archivo municipal revisando las ventas urbanas y El archivo del Congreso del
Estado, donde revisa principalmente periódicos oficiales.
Los trabajos de Rigoberto Rodríguez Benítez,39 en los cuales tiene dos
intenciones, en el primero cuantificar las acciones de ventas, préstamos y
sociedades mercantiles, es decir cómo los hechos de armas afectan o no los
derechos de propiedad urbana y rural, son los registros notariales su fuente
principal. En el segundo son los problemas sociales de la criminalidad, la
delincuencia, sus fuentes principales son los informes de Supremo Tribunal de
Justicia publicados en el Boletín Oficial, donde la cuantificación delictiva es la
información que más destaca.
Otro trabajo sobre el tema proviene de la pluma de Columba Norzagaray
Gámez,40 quien hace una investigación donde destaca la relación existente entre
el liberalismo y la propiedad de la tierra en Sinaloa y considera que el proceso de
privatización el tierra estipulado desde 1857, fue aplicado en Sinaloa de forma
tardía. Según su hipótesis los éxitos económicos del porfirismo, fueron en gran
medida posibles, gracias a que en la etapa reformista se generaran
trascendentes cambios que heredaron los liberales tuxpecanos.
Arturo Carrillo Rojas41, hace un estudio de las luchas por el poder político, y de
los diferentes conflictos locales entre las elites poderosas para tener entre sus
manos la máxima autoridad. Así que analiza los enfrentamientos y los
diferencias entre los grupos de poder de Culiacán y Mazatlán, donde en el
primero de los casos los vínculos de la familia de la Vega, económicamente
39 Rigoberto Rodríguez Benitez, “Sinaloa 1867-1877: ventas préstamos y sociedades” y ´”Delincuencia y bandidos en Sinaloa”, 1867-1877, Memoria del Congreso de Historia Regional, Culiacán, UAS, IIES, 2002. 40 Columba Norzagaray, Liberalismo y propiedad de la tierra en Sinaloa (1870-1910), tesis de maestría, Culiacán, UAS, Facultad de Historia, 1998. 41 Arturo Carrillo Rojas, op. cit.
42
poderosos, gracias a una serie de garantías que le daba el tener el poder político
del Estado. Para Mazatlán, gran influencia ejercieron los comerciantes
extranjeros que sostuvieron una lucha acérrima contra disposiciones hacendarías
y estuvieron en complicidad con los militares de la plaza para propagar
desordenes que les favorecían en el contrabando comercial. Aborda también las
contradicciones internas del grupo liberal con una pugna entre civiles y militares.
La característica común en estos trabajos es entender la historia política, donde
la lucha por el poder, y las acciones realizadas por el mismo, como reformas
constitucionales, aplicación de leyes innovadoras, del gobierno, están
influenciadas por grupos de poder económicamente fuertes en el ámbito local y
por el peso que tiene el desarrollo del capitalismo mundial.
1.4.- Un breve balance y reflexión
A través de este recuento bibliográfico se han mostrado las tendencias y
preocupaciones de los historiadores que escribieron sobre el siglo XIX en su
propio siglo y en el XX, y en lo que se refiere a la materia política es lo que mas
se abordó hasta la década de los setentas del siglo XX, este tipo de historia dejó
de hacerse con las investigaciones de las obras de corte académico.
Los estudios de la reforma en Sinaloa fueron a la par de tendencias de la historia
política en forma tradicional épica y nacionalista, son los trabajos de los
historiadores por afición los que más han contribuido al conocimiento del periodo
de la reforma, porque los de corte académico abandonaron prácticamente este
periodo prefiriendo las investigaciones sobre el porfiriato con una interpretación
económica, como etapa donde se desarrollan una serie de actividades
económicamente importantes, de flujos comerciales, y de política estable.
Son pocos los historiadores académicos que indagan sobre la etapa reformista y
de la republica restaurada, los que lo hacen en su mayoría trataron de explicar
este periodo en razón de la trascendencia económica, son pocos los trabajos de
mayor alcance pues la mayoría se publicaron como ponencias en los congresos
o artículos de la revista Clío de la Facultad de Historia.
43
Aunque es destacable que los trabajos de Columba Norzagaray y de Arturo
Carrillo Rojas son tesis de maestría y de doctorado que versan sobre este
periodo, el primero sobre el asunto del reparto de tierras como consecuencia de
la política de desamortización y el segundo sobre la conformación de las elites de
poder que conformaron el gobierno liberal de Sinaloa.
De esto se puede concluir que la historia de lo político no esta presente, hay un
olvido del papel que juegan los grupos sociales que no necesariamente son parte
de las elites, del pueblo en su acepción original, su participación en los
movimientos suscitados a partir de la construcción de un Estado fuerte, de una
esfera política de importancia y la creación de los diferentes espacios públicos
donde se ubica.
El abordaje del estudio del imaginario político, de las sociabilidades, de la esfera
publica y privada, del estudio del discurso a partir de las propuestas por construir
un estado nación no han sido abordados para el estudio del segundo imperio, la
reforma como revolución político social no ha sido estudiada y que decir de los
espacios políticos, de los que representa la conformación de la ciudadanía para
la imposición de derechos y obligaciones de los individuos al votar, pagar
impuestos, y formar parte de la milicia que aunque en nuestro país ha sido
trabajado desde la década de los noventas, no se conoce un solo trabajo con
esta perspectiva para Sinaloa, por ello esta propuesta:
La construcción de la ciudadanía y la soberanía con sus pugnas y actores:
Sinaloa 1857-1877, que tiene como fin el estudio de una etapa en la cual los
preceptos liberales ciudadanía y soberanía enmarcados en la constitución política
provocaron una serie de reacciones debido a lo significativo de otorgar la
individualidad política a los hombres, para eliminar el poderío comunal. Así que
se discutirá el asunto de la representatividad política, los derechos y obligaciones
de los ciudadanos, la ciudadanía y la no ciudadanía.
Al abordar las obligaciones de los ciudadanos es menester explicar la
conformación de la milicia y la resistencia a alistarse a los cuerpos de la guardia
44
nacional, pues se consideraba un deber y una obligación donde las personas se
comprometían con la institucionalidad republicana, por la salvación de la misma.
45
CAPITULO II.
SINALOA: SU CONFORMACION INSTITUCIONAL. ENTRE LOS PODERIOS LOCALES Y LA INCIDENCIA CLERICAL
2.1.- Las instituciones públicas en Sinaloa: sus conflictos.
Hasta 1821 las provincias de Sonora y Sinaloa se agrupaban políticamente bajo
la designación de Intendencia de Arizpe, pero con la declaración de
independencia el proyecto de federalización llegó a cada uno de los antiguos
territorios de la Nueva España. Con la desaparición del imperio de Iturbide,
México adoptó la forma republicana Guadalajara y Nueva Vizcaya se
federalizaron.42
Al generalizarse este movimiento por el resto de las antiguas provincias del
imperio, en el Rosario43 empezó a gestarse una propuesta con la llegada de
Mariano Urrea, que tenía el cargo de, jefe político y Superior de Sonora y
Sinaloa, desde allí se manifestaron por la federalización, y al mismo tiempo
separación de las provincias, tal vez por encargo del Supremo Gobierno.44 Esta
propuesta se concretizó mediante el llamado Plan del Rosario del 14 de junio de
1823, las Provincias de Sonora y Sinaloa, se denominarían en lo sucesivo,
Estado Libre de Sonora, integrándose con los trece partidos que componían la
42 El hecho de que el fenómeno de federalización de territorios como Guadalajara y Nueva Vizcaya haya hecho eco en las provincias de Sonora, tenía un significado histórico-político ya que hasta la tercera década del siglo XVIII los alcaldes mayores de las provincias de Sonora y Sinaloa dependían de diferentes autoridades, al alcalde mayor de Culiacán al reino de Nueva Galicia o sea la Audiencia de Guadalajara y los demás a Nueva Vizcaya. En 1733 el gobierno virreinal para solucionar esto decidió unificar dichas provincias en una sola gobernación, llamada de Sinaloa y provincias agregadas o Gobernación de Sonora y Sinaloa. Esta gobernación se sujetaría al virrey en los ramos de gobierno, hacienda, y guerra, es decir el gobernador sujeto al virrey, mientras en el ramo de justicia a la Audiencia de Guadalajara.(Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 100-101. 43 El Rosario era una villa importante debido a la explotación minera, con una ventajosa posición topográfica, por hallarse situada tierra adentro e inmediata al presidio de Mazatlán. Además el comercio le otorgaba riqueza marítima sobresaliente y de mayores recursos en las provincias de Sonora y Sinaloa. Era cabecera de partido, residía allí un juzgado de Distrito, una oficina de ensaye, una aduana terrestre y algunas casas de Comercio. Esta información la proporciona Juan M. Riesgo y Antonio J. Valdés en su “Memoria Estadística del Estado de Occidente”; tomado de Sergio Ortega Noriega, Sinaloa textos de…, p. 107. 44 Antonio Nakayama, El Estado de Occidente, espejismo y fracaso de una entidad, Culiacán Centro de Estudios Históricos del Noroeste, 1998, p. 23.
46
intendencia, la nueva entidad pasó a ser libre, independiente y soberana de si
misma, y no reconocería otras relaciones con los demás estados o provincias
que las de fraternidad y confederación.
Aunque dicho Estado tuvo una efímera duración, pues el 21 de junio de ese
mismo año fue revocado por orden del Supremo Gobierno. Sin embargo, sirvió
de base para posteriormente implantar un sistema que tendría la forma popular
representativa, con los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, jamás deberían
recaer en una sola persona o corporación, ni en dos de ellos.
Se estableció que las leyes generales del momento expedidas por el Congreso
Nacional con la calidad de meras providencias serían obedecidas puntualmente e
igual sucedería con la que emanaran del Supremo Poder ejecutivo. También
tendrían derecho a decretar una convocatoria para sus representantes en el
Congreso de la Nación.
Pese a esto, por decreto el día 21 de junio de 1823, se declaró que Sinaloa y
Sonora seguirían unidas, lo que vino a finiquitar el intento de federalización del
Rosario, dichas provincias conformarían el llamado Estado Interno de Occidente,
proceso que se coronaría años más tarde, y las elites políticas de Sinaloa
pudieron ver realizada la separación hasta 1831.
El asunto de la separación nunca dejó de tener eco y ser motivo de grandes
debates dentro y fuera del Congreso local. Por su parte, los legisladores de la
provincia de Sonora se mostraban renuentes, mientras que los de Sinaloa
consideraban que tomar el rumbo como un estado más de la federación les
traería grandes beneficios.
La polémica trajo tanta trascendencia que los legisladores decidieron consultar a
los ayuntamientos y la mayoría se manifestó por la separación. Como
consecuencia de ello, el 29 de enero, a legislatura estatal –desde Cosalá- de
manera unánime solicitó al Congreso de la Unión la declaración de la
separación.45
45 Filiberto Leandro Quintero, op. cit., p. 4.
47
Fue hasta el 13 de octubre de 1830, cuando el Congreso constituyente aprobó la
división, un día después, el congreso local, dio a conocer las pautas pertinentes
para la conformación de ambas entidades.
La nación adoptó el sistema de república federal, precisamente por el peso que
tenían las provincias al redactar la constitución de 1824, los estados precedían y
dominaban en muchas ocasiones el poder central, que en esa época era muy
débil, el país estaba arruinado por las guerras de independencia; la debilidad del
aparato de Estado, por la desaparición de la administración peninsular; la
incapacidad de establecer un sistema fiscal eficaz, en un estado central con
funciones mal definidas, y que tenía que gastar lo mejor de sus recursos en el
mantenimiento del ejército.46
La república federal fincó sus bases en una nueva constitución como estructura
política renovada, sin embargo, aunque se ha señalado que este sistema era
totalmente foráneo e importado de Gran Bretaña, de Estados Unidos y Francia.
Con respecto a este proceso, el investigador Jaime Rodríguez considera que se
fincaron en las bases de los americanos españoles donde ya existían los
conceptos políticos modernos como libertad, soberanía popular y gobierno
representativo, ideas fundadas en el pensamiento clásico de la antigüedad, en
las teorías católicas y en pensadores españoles del siglo XVI y XVII.47
Por otro lado, al promulgarse la ley para la división del Estado Interno de
Occidente, el congreso quedó instalado en Culiacán el 13 de marzo de 1831,
fecha oficial de la creación del Estado Soberano, Libre e independiente de
Sinaloa.48
El Congreso nombró como gobernador a Francisco Iriarte y vice gobernador a
Fernando Escudero, pero en ausencia de ambos, el 14 de marzo asume
interinamente el cargo Agustín Martínez de Castro. Francisco Iriarte, a pesar de
la incansable lucha que realizó, para la división del estado de occidente, no llegó 46 François Xavier Guerra, México del antiguo régimen a la…, p, 45-46. 47 Jaime Rodríguez, “Organización política de los Estados”, Josefina Zoraida Vázquez, Miño Grijalva (coordinadores) La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, París, UNESCO, TROTTA, Colección Historia General de América Latina, Volumen IV, 2007, p. 234. 48 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, FCE, 1999.
48
a tomar posesión, debido a, su delicada salud y muerte en septiembre de 1832,
fue Fernando de Escudero quien tuvo que tomar interinamente posesión del
cargo.
Por su parte, el Congreso del Estado -en el cumplimiento de sus funciones-
sancionó la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que se ceñía a los
lineamientos del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y de la Constitución
Federal de 1824. Pero además de someterse a estas leyes generales, los
diputados integran algunos principios liberales que la carta magna no tenía,
como la prohibición de la adquisición de propiedades de las manos muertas, en
el artículo diez; el otorgar garantías individuales como la libertad individual y de
seguridad personal, el libre uso de la prensa, el derecho de propiedad, e igualdad
ante la ley y el derecho de petición.49
Los grupos en aras de obtener el poder político del estado, provocan
movimientos de inestabilidad en la administración de Manuel María Álvarez de la
Bandera, pues no era adepto a sus intereses, ya que en 1834 el clan de la
Vega50 ofreció un soborno a las fuerzas militares federales, al mando de Carlos
Cruz Echeverría y el coronel José Urrea, para derrocar al gobierno y buscar
posesionarse del poder ejecutivo. Más el gobernador ofreció resistencia hasta el
23 de enero de 1835, fecha en que renunció a su cargo, por las presiones locales
y la del comandante militar del estado, José Mora, enviado por el presidente
Antonio López de Santa Anna, a partir de este suceso empezó así la dominación
política del clan de la Vega que prolongaría por caso veinte años. 51
Sin embargo, en 1836, Antonio López de Santa Anna, optó por otro régimen, la
república central, y desconoció la carta magna. Sinaloa como los demás
estados quedó conformado como un departamento. El periodo centralista abarcó
de 1836 a 1846.52
49 Ibíd, p. 191. 50 Clan aglutinado en torno una familia que tenía asentado poder económico en Culiacán durante varias décadas y que en los siguientes apartados se desarrollara más ampliamente. 51 Ibíd., p. 192-193. 52 Filiberto Leandro Quintero, op. cit., p. 17.
49
El Gobierno de Santa Anna, ordenó en Sinaloa, el nombramiento de un
encargado del Gobierno del Departamento, que recayó en Pedro Sánchez, quien
a la vez era el Comandante de la guarnición en Mazatlán, y fungía como primer
vocal y presidente de la junta Departamental para sustituir al Congreso. Además
se declaró que las leyes sobre prescripciones, reformas religiosas, es decir,
donde se establece que las manos muertas no pueden adquirir bienes raíces en
el estado, son contrarias a la voluntad del Estado, y por ende derogadas junto
con la ley de imprenta y la de no reelección.
Pero esta etapa de centralismo no gozó siempre de estabilidad, pues el 7 de
noviembre de 1844, la guarnición de Mazatlán, se pronunció por el plan de
Guadalajara, desconociendo al gobierno de Santa Anna y recobrándose esta
plaza a favor del federalismo, que se restableció con exactitud, en agosto de
1846, fecha en la que Rafael de la Vega apareció como gobernador después de
la expedición de la convocatoria para elecciones.
Pero las facciones centralistas, no conformes con esto, al año siguiente
realizaron pronunciamientos en el puerto a favor de Santa Anna, para colmo de
males la intervención Norteamérica, los sorprende en medio de esta crisis,
Mazatlán poca resistencia ofreció contra los intervencionistas, no se hizo nada
para defender el puerto, el comandante militar del gobierno general Rafael Téllez,
que había sido nombrado protector de la Alta California, precisamente por la
amenaza extranjera, tenía a su mando una importante sección de tropa, pero sin
oponer resistencia desalojó la plaza, casi de manera inmediata.
En cambio, de 1847 a 1852, lo que se observa es que en Sinaloa existía una
relativa calma en cuanto a las luchas entre centralistas y federalistas se refiere, lo
que si es notable son las luchas de poderes locales, donde la elite política de
Culiacán protagonizada por la familia de la Vega, se enfrentaba de manera
abierta contra los comerciantes de Mazatlán.
En 1852, al tomar posesión Francisco de la Vega, quien realizó reformas
hacendarías, encontró grave oposición con los mazatlecos debido a la renuencia
de acatar las disposiciones. Debido a ello, Pedro Valdés, Comandante de la
50
guarnición, se puso a la cabeza de un movimiento sedicioso que logró derrocar
al gobernador para quedar al mando del poder ejecutivo y posteriormente
sumarse a las causas centralistas.
Durante el periodo santanista, la relación entre los gobernadores de los
departamentos, presidentes de ayuntamientos y prefectos municipales con el
Gobierno Central, se hacían de manera directa, las ordenanzas y disposiciones
se enviaban desde el centro; los nombramientos de miembros de gobierno
departamental, del ayuntamiento y del municipio, se proponían al Presidente de
la República, y después del visto bueno, eran expedidos los nombramientos.
Más el centralismo y el despotismo adoptado por Santa Anna, suscitó un
movimiento nacional en su contra, así que en 1854 Juan Álvarez e Ignacio
Comonfort, se pronunciaron a favor del republicanismo y contra el dictador,
mediante el Plan de Ayutla. También se pugnaba por una nueva constitución.
Ante esta amenaza, en mayo de 1854 la prefectura de Mazatlán recibió una
circular53 enviada por el mismo Santa Anna donde prevenía a los empleados de
la administración pública de ese Departamento para al recibir el plan de
proclama de Don Juan Álvarez, entregaran los documentos a la primera
autoridad política, ya que al ser encontrados en su poder, serían juzgados y
castigados conforme a las leyes. 54
En Sinaloa en ese mismo año se levantó en Mazatlán un acta, condenando el
pronunciamiento de Juan Alvárez, y por algunos meses las autoridades del
puerto trataron de mantenerse neutrales en este movimiento, pero el 27 de
septiembre de 1855, declararon en su adhesión en todas sus partes, tal vez
porque tenían noticias que en Guadalajara, Santos Degollado, gobernador
provisional de Jalisco, era el jefe de la revolución con amplias facultades de
Comonfort.
53 Nota que se envió a todas las jurisdicciones de la nación. 54 Archivo Histórico Municipal de Mazatlán, (AHMM), “Circular enviada por el gobernador del Departamento de Sinaloa,” mayo 23 de 1854, Presidencia Municipal, Caja 23 (1852-1860), Exp. 1854.
51
En noviembre de ese mismo año Juan Álvarez, nombró como gobernador nada
menos que a Pomposo Verdugo, miembro de una de las familias de fuerte
raigambre en Culiacán, cacique, con ideas conservadoras, y además
emparentado con los de la Vega. Y con el afán de establecer los poderes
aparentemente democráticos, en contraparte con el sistema centralista anterior,
se publicó el Estatuto Orgánico de Sinaloa el 3 de enero de 1856, que prometía
arreglar la administración interior y respetar las leyes y disposiciones emanadas
del gobierno del general Álvarez.
Además dicho estatuto dividía o reinstalaba al poder público en tres órganos
ejecutivo, legislativo y judicial, depositando en el primero a Pomposo Verdugo por
órdenes del presidente interino, y establecía un consejo como poder legislativo
que se formaría por cinco ciudadanos que se distinguieran por su patriotismo e
ideas liberales recayendo estos puestos en Miguel Ramírez, Agustín Martínez de
Castro, T. Murphy, Lic. Jesús Escudero y Eustaquio Buelna.55
Debido al triunfo de la revolución de Ayutla, en febrero de 1856, el Ministro de
Justicia envío una misiva a todos los gobernadores, y comandantes generales del
país para que colaboraran con la recaudación documentada contra Antonio
López Santa Anna y todos los funcionarios públicos que le sirvieron. Dicha
información debía contener todos los datos que sirvieran para demostrar su
participación, de modo que fuera posible enjuiciarlos para reclutarlos en prisión.56
Más esto parece que no tuvo grandes alcances porque dos meses después de
febrero de 1856, se envía una circular recordando que no había llegado
información sino solo las memorias de la administración que no bastaban para
mostrar la culpabilidad de sus delitos y que en caso de Santa Anna necesitaba
comprobarse también la posesión de bienes que tenía en Veracruz.57
55 Francisco Xavier Gaxiola, “Estatuto Orgánico de Sinaloa de 1856”, en Sergio Ortega Noriega y Edgardo López Mañón (compiladores), Sinaloa textos de su historia, México, Gobierno del Estado de Sinaloa, DIFOCUR, Instituto Mora, 1987, pp. 384-385. 56 AHMM, “Documento remitido del Gobierno del Estado a la presidencia municipal de Mazatlán,” 22 de febrero de 1856. Presidencia 1852-1860, Exp. 1856. 57 AHMM, “Documento remitido del Gobierno del Estado a la presidencia municipal de Mazatlán,” 24 de abril de 1856. Presidencia 1852-1860, Exp. 1856.
52
Pero los conservadores no estaban dispuestos a rendirse tan pronto y en
Mazatlán, el jefe de la guarnición de Mazatlán, se pronunció por el plan de
Tacubaya y la secunda José María Yánez, jefe de la cuarta línea militar en el
país, quien fue nombrado gobernador y regía a través de un consejo compuesto
por cinco personas, más los problemas se sucedían uno a uno, en Cósala, un
grupo de presos dieron libertad a los demás, poniéndose a la cabeza de una
tropa con la que sorprendieron al cuartel, y a las autoridades del lugar y
levantaron un acta apoyando dicho plan, más el jefe de la guarnición del lugar los
derrotó, pero dicha gavilla se reunió nuevamente causando desmanes en Tominil
y San Juan donde fueron definitivamente dispersos.58
Con el apoyo de las fuerzas federales a favor del centralismo, la defensa del
gobierno republicano siguió perdiendo terreno, por ello en julio de 1858, un grupo
de jóvenes liberales del Distrito del Fuerte, iniciaron una insurrección popular en
defensa de la Constitución, y el día 25, Plácido Vega, Ramón Félix y Buelna,
Mariano Delgado, y Manuel Vega. Pesqueira se dirigieron al gobernador de
Sonora, Ignacio Pesqueira, pidiéndole auxilio; quien contestó que apoyaría a los
liberales sinaloenses y mandó establecer sus fuerzas en la ciudad de Álamos,
mientras daba la orden a Jesús García Morales para que cooperara con su
contingente para arrojar a los reaccionarios de Mazatlán.59
Un día antes del pronunciamiento, en la noche del 18 de agosto de 1858, al
celebrarse en la villa de El Fuerte, el festejo del onomástico de la señorita Clara
de la Vega, en la casa de sus padres, don Ponciano de la Vega, Plácido de la
Vega, quien era pretendiente o novio de Clara, en el momento de hacer el brindis
lanzó vivas a la Constitución. Esa noche invitó a todos los allí reunidos, para que
al día siguiente asistieran a una serenata que él ofrecía, misma que fue muy
concurrida, pero a la hora conveniente despidió a las familias, que a la audición
asistieron, quedándose muchos jóvenes comprometidos con el complot, quienes
58 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de…, p. 46-48. 59 Francisco Javier Gaxiola, ”Antonio Rosales”, Revista literarias sobre escritores sinaloenses, México, 1890, p. 43.
53
se dirigieron a tomar el cuartel, y se apoderaron del banco de armas y del cuartel
que a la vez era cárcel. 60
Al día siguiente requisitaron los fondos de la recaudación de rentas e imponen a
algunos vecinos préstamos forzosos, a usanza de los grupos rebeldes, y
procedió Placido Vega a distribuir entre los campesinos algunas tierras de la
propiedad del criollo, Francisco Camilo Orrantia, caique de la región.61
Por otra parte, el día 20, en Culiacán, se pronunciaron, el teniente coronel
Ignacio Martínez Valenzuela y Eustaquio Buelna, contra el mismo Plan de
Tacubaya, mismo que fue secundado por la guarnición, quedando preso el jefe
de la misma, coronel Ochoa y a su vez en Concordia, se pronunciaron, por lo
mismo, un mes después.62
García Morales, esperó a las fuerzas unidas de Sonora y Sinaloa, a las que se
incorporó una fuerza de Chihuahua, finalmente toman por asalto Mazatlán, el 6
de abril de 1859, Ignacio Pesqueira,63 luego de fungir como, gobernador de
Sonora y provisional de Sinaloa, nombró a Plácido Vega, jefe del ejecutivo del
estado.
Aunque en Sinaloa se puede decir que triunfó el liberalismo, la lucha continuó en
el resto del país, y para Plácido Vega, era muy importante consolidar al
movimiento para evitar trastornos que demoraran la derrota de los
conservadores, la rebelión indígena de Manuel Lozada, asechó a Sinaloa y para
contrarrestar su avance se recurrió al préstamo forzoso, el cual se hizo en
muchas ocasiones para atraer recursos para la guerra.
Para cerrar este apartado es necesario señalar que las propuestas de
institucionalidad con un régimen de gobierno libre y soberano, que a la vez
formaría parte del sistema federal, surgió desde el llamado Estado Libre de
60 Filiberto Leandro Quintero, op. cit, p. 436 - 437. 61 Ibíd. 62 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de…, p. 48. 63 Liberal, Juarista, entonces gobernador de Sonora, máximo representante en la lucha contra el conservadurismo en el noroeste del país, que entró en relaciones con los liberales del Fuerte ofreciendo su ayuda al movimiento encabezado por Placido Vega en 1858. Pesqueira al mando de su ejército que unido con el del caudillo sinaloense, toma Mazatlán el 3 de abril del siguiente año.
54
Sonora en 1823, que comprendía a las antiguas provincias de Sonora y Sinaloa,
posteriormente como Estado Interno de Occidente que va de 1824 a 1830 y
finalmente cuando las provincias se separaron y cada una conformó su estado.
Por su parte Sinaloa en la Constitución local de 1831, asentaba preceptos
liberales en diversas materias tales como desamortización de manos muertas,
ciudadanía, libertad de expresión, derecho de imprenta, más su vigencia duraría
poco tiempo, cerca de cinco años pues la decisión de optar por el régimen
centralista la dejó inaplicable.
De 1836 a 1847, los conservadores ejercieron el poder en la capital del estado,
el puerto de Mazatlán, residiendo allí los gobernadores del régimen centralista,
que casi siempre eran los propios comandantes militares; y los años sucesivos
se caracterizaron por una lucha en la que los federalistas a veces retomaron y
otras perdieron el poder, fase que se prolongaría más de diez años.
No obstante, en esta etapa surgió una propuesta liberal, curiosamente durante la
administración de Francisco de la Vega64 promulgaron una nueva constitución
para Sinaloa en 1852, misma que tuvo como redactores a Ignacio y Miguel
Ramírez, prominentes liberales, con experiencias en gobiernos en otros estados
de la republica. Más debido a una serie de conflictos políticos, donde los actores
principales fueron el clan de la Vega de Culiacán y los comerciantes de Mazatlán,
la constitución no se adoptó y el centralismo perduró tres años más hasta que en
1855 la revolución iniciada en Ayutla derrocó a Santa Anna, se nombró
presidente provisional a Juan Álvarez y este a su vez decidió que Pomposo
Verdugo, ejerciera el mando del gobierno de Sinaloa, restableciendo el sistema
de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
Al parecer la propuesta política liberal emanada de los líderes e ideólogos
mexicanos no se había consolidado en Sinaloa, pues entre 1855 y 1857 el estado
se enfrascó entre las diferencias de los grupos locales y los pronunciamientos
64 Cacique y caudillo, originario de Culiacán, miembro del clan de la Vega, que ejerció gran dominio político y económico gracias al comercio ilegal por el puerto de Altata y a la condición de privilegio por figurar en los escaños altos de la política estatal. Sobre esto volveremos más adelante.
55
externos que hacían eco en ciudades como Mazatlán, Culiacán o El Fuerte a
favor o contra el sistema republicano.
El movimiento liberal ya contaba con fervientes defensores en Sonora, así que
los vínculos sociales se ejercieron con jóvenes del Fuerte, para concretizar un
pronunciamiento político a favor del juarismo en 1858, tomando finalmente en
abril de 1859 Ignacio Pesqueira, gobernador de Sonora, la capital del Estado
sinaloense, al unir sus fuerzas con las de un hombre que se empezaba a
vislumbrar como un caudillo fuerte, capaz de emprender la lucha por la causa
republicana, Plácido Vega.
2.2.- La incidencia del clero en la vida pública.
A la par de los poderes civiles, durante las primeras tres décadas del Sinaloa
independiente, una institución de fuerte raigambre fue la iglesia. Misma que se
estableció como institución de gran trascendencia en el noroeste gracias a la
herencia de los jesuitas en los siglos de la época colonial, que legaron una gran
cantidad de parroquias que aún en el siglo XIX muchas de ellas se conservaban
en algunos pueblos, propagando la educación en los indígenas, a la vez que la
doctrina cristiana en un sin número de fieles.
Su desarrollo como institución tiene sus propias lógicas y particularidades con la
creación del obispado de Sonora en 1779, tenia como objeto que el territorio de
la Intendencia de Arizpe, se mantuviera integrada al poder de la Corona, los
obispos actuaban más como ministros del rey que como pastores, pues
respaldaban plenamente la política del monarca.65 Además, la posición de
autoridad que tenían en el régimen colonial les permitió ejercer gran influencia
en la política, ocupando puestos e incidiendo en la toma de decisiones de
carácter civil, el obispo de Sonora y Sinaloa Fray Bernardo del Espíritu Santo,
quien ocupó el cargo de 1817 a 1825, ejerció gran influencia en la política del
noroeste, fue diputado de la Junta Provisional Gubernativa de 1821, gracias al
65 Sergio Ortega, Breve historia de Sinaloa … p. 145.
56
apoyo incondicional que siempre le tuvo Agustín de Iturbide, al que demostró
gran fidelidad, además fue diputado de la provincia de Arispe en 1822.
Estuvo mezclado en la política, sirviéndose de ésta para dominar Sonora y
Sinaloa, en dos presbíteros confió la ayuda para lograr el poder, Miguel Maria y
Carlos Espinoza de los Monteros. El segundo fue diputado en la junta provincial
de 1822 a 1824. El hermano de ambos, Fernando, fue nombrado jefe político de
la provincia de Sinaloa y así es posible comprender que el dominio del poder civil,
tuvo influencia directa de los representantes de la iglesia, que era una de las
herencias coloniales, y que en la ocupación de los cargos públicos más
importantes evidenció durante mucho tiempo los vínculos tradicionales entre la
clase clerical.66
La presencia del clero se manifestó de forma palpable en el Congreso
Constituyente del Estado Libre de Occidente, de 1824-1825, donde de once
representantes tres eran sacerdotes, Francisco de Orrantía, Carlos Espinoza de
los Monteros, y Antonio Fernández Rojo; en la primera legislatura de dicho
estado de 1826 a 1828, estuvieron José Salvador Salido, Juan Crisóstomo Elías
González y en 1828-1830 sólo el cura Antonio Fernández Rojo y en la tercera de
1830-1831 únicamente Juan Francisco Escalante y Moreno.67
La influencia política que ejerció Fray Bernardo del Espíritu Santo sufrió una
trascendente caída, debido a su absolutismo y su fobia a la forma democrática de
gobierno, se convirtió en un blanco de ataque de los criollos, entre éstos
Francisco Iriarte, los de la Vega, etc., que esperaban la oportunidad para
apoderarse de los destinos de la región.
Por otra parte el obispo recibió una queja de los vecinos de Tepahui jurisdicción
de Navojoa, que involucraba a los hermanos Espinoza de los Monteros,
protegidos suyos. La manifestación se turnó por escrito al Ministerio de Estado y
Negocios Eclesiásticos, y el titular del mismo se dirigió al prelado para dejar en
66 Antonio Nakayama, ”Fray Bernardo del Espíritu Santo, Quinto Obispo de Sonora”, Sergio Ortega Noriega, Sinaloa Textos de su historia…p. 119. 67 Antonio Nakayama, El Estado de Occidente, espejismo y fracaso de… pp. 137-138.
57
claro que los párrocos y eclesiásticos deberían abstenerse de mezclarse en
asuntos profanos y políticos, debiendo sujetarse al ejercicio de sus funciones.68
Fray Bernardo contestó de forma poco diplomática e irresponsable al presidente
Guadalupe Victoria, y finalmente este incidente terminó con un documento donde
el obispo aceptó respetar y reconocer la suprema autoridad del poder ejecutivo.
Al efectuarse las elecciones para diputados constituyentes del Estado Libre de
Occidente el obispo que ya tenía sus candidatos lucho por nulificar a los de sus
enemigos, que precisamente también eran presbíteros, Francisco de Orrantia y
Antonio Fernández Rojo. Al primero lo culpó de supuestos delitos y al segundo lo
suspendió del curato, pero al final siempre lograron entrar a la asamblea.
Después la lucha continuó en asamblea cuando los diputados enemigos del
obispo decidieron reformar los aranceles eclesiásticos, solo que no ganaron la
pelea porque el asunto caía en la jurisdicción federal y no en el estado. 69
Pero tardo muy poco este personaje en expresar su oposición a las ideas
democráticas, pues en un documento titulado “Defensa de la soberanía” del
altísimo” donde defendía el dogma católico pues lo consideraba insultado por los
liberales y repudiaba el proyecto de república en México.
La autoridad política que había alcanzado alrededor de el se encontraba en
declive recibía ataques del Congreso local, y de algunos puntos populosos del
noroeste y de la ciudad de México, aunque contaba con elementos fieles no le
alcanzó pues la fuerza que tenían la habían obtenido a través del obispo.
Después de su muerte en 1825, la diócesis de Sonora estuvo vacante, por trece
años, hasta que en 1837, España reconoció la independencia de México y el
papa se atrevió a nombrar obispo, don Lázaro de la Garza y Ballesteros. El
nombramiento fue aceptado por los gobiernos de Sonora y Sinaloa, sin
inconvenientes.70
68 Antonio Nakayama, Sinaloa un bosquejo…p.254. 69 Ibíd. 70 Antonio Nakayama, “Lázaro de la Garza y Ballesteros, padre de la cultura del noroeste”, Sergio Ortega Noriega, Sinaloa textos de su historia…, pp. 327.
58
Según Antonio Nakayama, en 1842 principió una de las etapas más prolíficas del
obispado, pues se inició la construcción de la catedral en Culiacán y se erigieron
los colegios San Juan Nepomuceno, y Santo Tomas de Aquino y se fundó el
panteón San Juan.
Además se inició una preocupación por la formación educativa de jóvenes que se
inclinarían por el sacerdocio o bien por una vida civil fue de gran importancia,
primero porque se necesitaban hombres dedicados a la entrega pastoral y por
otro lado el Seminario y los Colegios permitieron establecer vínculos estrechos
con las elites poderosas y con la clase instruida de la región. El Seminario
Tridentino de Sonora y Sinaloa, espacio por excelencia para obtener la
instrucción educativa para los hijos de las clases prominentes, siendo los clérigos
los encargados de una educación formal que incluían además de los
conocimientos para enfrentar la vida, la pretensión de que no se apartaran del
temor de Dios, que fueran atentos a las cosas espirituales, pero su vez se
generaban lazos o vínculos con las familias pudientes en el constante trato
formativo de los alumnos.
La iglesia católica conservó la ingerencia en la vida publica, pues aún después
de la independencia se observaba el respeto y la cercanía que los hombres del
gobierno tenían con los clérigos, de tal forma que, durante el gobierno de
Joaquín de Herrera, presidente interino un año, entre 1844 y 1845, en un
documento enviado por el gobernador a la prefectura de Mazatlán, el presidente
del país, ordenó que en todas las iglesias, catedrales, parroquias y conventos se
hicieran oraciones solemnes por su Santidad Sr. Pio IX, durante tres días, a
donde habían de asistir el ultimo de esos días, a la iglesia metropolitana el
presidente de la república; y en las respectivas capitales, los gobernadores y los
jefes políticos de los demás territorios. Comprometiéndose además a realizar un
donativo de veinticinco mil pesos en clase de voluntario destinados al pontífice.71
En poco tiempo quien requeriría recursos económicos de parte de la institución
eclesiástica fue el gobierno civil, que con la emergencia provocada por la guerra 71 AHMM, Correspondencia del prefecto del Distrito de Mazatlán, marzo 16 de 1849, Presidencia Municipal 1849-1860, Caja 23, Carpeta 1849, Exp. 3.
59
con los Estados Unidos de América en 1847, y con el afán de los gobiernos por
allanarse de recursos para evitar la invasión de las tropas norteamericanas, los
legisladores de la cámara nacional, decretaron el 13 de enero de ese mismo
año la Ley de manos muertas para proporcionarse hasta quince millones de
pesos.
La iglesia que tenía noticias de que con esta decisión resurgían las ideas
liberales, rechazó el decreto, y por su parte Don Lázaro de la Garza y
Ballesteros, obispo de Sonora a través de una carta pastoral, publicada en
Culiacán, se manifestó en contra de la hipoteca o venta en subasta pública de los
bienes del clero. Considerando como tales a las fincas rusticas y urbanas
propiedad de las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república que se
establecieron con el carácter de duración perpetua o indefinida.72
El obispo, al contestar la circular que le había enviado el ministerio de Justicia y
negocios eclesiásticos en la misma fecha, señaló no estar en sus arbitrios ni dar
a los bienes de esta sagrada mitra otro destino sino el que la iglesia decidiera, ni
sujetarlos para su manejo a otros reglamentos ya que juró guardar las leyes de la
iglesia, mismas que no permitían la observancia de dicha disposición.73
Aunque existieron una serie de proyectos sobre bienes eclesiásticos que
provocaron fricciones entre el Estado y la iglesia en México, durante varias
décadas, lo cierto es que nunca llegaron para quedarse de forma definitiva, pues
continuamente se derogaron, debido a, los cambios políticos originados por las
revoluciones.
Por tanto, la iglesia y el Estado siguieron conservando una relación muy
estrecha, resolvían algunas diligencias entre ambos, por ejemplo, en el gobierno
general uno de los ministerios se encargaba de la justicia, negocios eclesiásticos
e instrucción publica, se coordinaban las autoridades civiles y eclesiásticas, de tal
manera que, como prueba de esto, en febrero de 1854, el presidente dispuso que
en todas las escuelas de la república se enseñara la doctrina cristiana por el
72 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Colecciones especiales, (BPEJ), Cartas sobre diversas materias del obispo, Lázaro de la Garza y Ballesteros, 1847-1867, Miscelánea N. 636. 73 Ibíd.
60
catecismo del padre Ripalda, aprobado, por su puesto, por el arzobispo de
México.74
La recolección de diezmos se hacía por los gobiernos municipales y era
canalizada a los clérigos, o bien la comunicación necesaria entre gobernador y
obispo cuando se iniciaba la construcción de parroquias, se propone una terna
para nombrar a un encargado de coordinar la edificación, que a la vez se haría
cargo de administrar los donativos de los vecinos, de dicha terna el obispo
concede el honor a uno de ellos y se envía la resolución que se hace llegar al
prefecto municipal. 75
De forma definitiva los estrechos vínculos entre la elite eclesiástica y la elite
política empezaron a romperse cuando los liberales se dieron cuenta que muchos
de sus problemas hacendarlos, podrían resolverlos eliminando el poder material
de la iglesia, otorgándole solo el espiritual. Dictaron una serie de reformas a las
que consideraban sociales, las cuales empezaron a promulgar desde 1856, con
la llamada ley de 25 de junio de ese año, Desamortización de Bienes
Eclesiásticos, ley que declara nacionales los bienes eclesiásticos, 12 de julio de
1859, entre otras.
Las instrucciones de carácter nacional que los obispos debían acatar se hicieron
llegar al Obispo de Sonora y Sinaloa a través del gobernador Plácido Vega, las
cuales consistían en jurar la constitución de 1857, aceptar todas las leyes bajo fe
de juramento, entregar facturas e instrumentos públicos de los bienes
eclesiásticos, hacer un préstamo de 200 mil pesos al tesoro público, reintegrables
de los productos de los bienes eclesiásticos. 76
Por supuesto, que el clérigo las rechazó y se sumó a las protestas por la
eliminación de los privilegios eclesiásticos y de los bienes de la iglesia, por
medio de varias cartas pastorales, sin embargo, al promulgarse las leyes de
desamortización propuso que todo se arreglara con el papa, pero la lucha se 74 AHMM, Circular que el gobernador de Sinaloa dirige al Presidente Municipal, febrero 27 de 1854, Presidencia Municipal, Caja 23, 1849-1860, Carpeta 1854, Exp. 3. 75 AHMM, Correspondencia del prefecto con el gobernador, mayo 27 y junio 8 de 1856, Presidencia Municipal, Caja 23,1849-1860, Carpeta 1856, Exp. 3. 76 Antonio Nakayama, Realidad y mentira de…, p.104-105.
61
recrudeció y en 1861 fue desterrado del estado y el país, por desavenencias con
el gobernador de Sinaloa, Plácido Vega.
En medio de la intervención francesa en 1866, solicitó su regreso a estas tierras
y el propio gobierno de Sinaloa en manos de los liberales radicados en Culiacán,
aceptó públicamente en su periódico oficial 5 de mayo, el regreso del Obispo
esperando, que estableciera nuevamente el plantel de Instrucción secundaria y
profesional, Seminario Tridentino de Sonora y Sinaloa.
Esto fue posible, gracias a la ley publicada desde el 4 de diciembre de 1860, la
cual abrió las puertas en todo el país a los sacerdotes de todos los cultos de
otras naciones, así que la tan discutida tolerancia de cultos se aceptó y el
gobierno debía proteger a los católicos, gracias a la libertad religiosa. Con esto,
todos los sacerdotes, podían volver al ejercicio de su ministerio, como lo hizo el
obispo de Sonora, Don Pedro Loza pidió permiso para volver a su antigua
residencia en Culiacán, en marzo de 1866, después de permanecer en los
puertos de Mazatlán y Guaymas ejerciendo su ministerio. 77
Los sacerdotes que ingresaron nuevamente al país después del exilio tuvieron
que comprobar que no sirvieron a la intervención, ni al imperio para ser excluidos
de la Ley de traidores, en el caso de Pedro Loza, al radicar ya en Culiacán,
recibió un certificado que le extendió el presidente del ayuntamiento de Culiacán,
Tomás Gómez, donde confirmaba que el prelado no participó con los
imperialistas que realizaron saqueos en esta ciudad, este documento fue
enviado, a la Secretaría de Estado y el Despacho de Hacienda y Crédito Público,
consiguiendo la certificación para quedar libre de tales acusaciones.78
El rol de la iglesia en la institucionalidad sinaloense fue clara, pues en materia
política, los clérigos ocuparon cargos en los congresos locales, incidieron en
decisiones para puestos como gobernador y en las primeras constituciones
sobre todo la del Estado Interno de Occidente, fueron pieza clave para la
77 El Cinco de Mayo, Periódico del Estado de Sinaloa (CM) Culiacán, 10 de marzo de 1866, N. 3., p. 25. 78 DO, Juicio que llevó a cabo Joaquín de la Vega, 23 de marzo de 1869, N. 82, F. 159.
62
elaboración de la constitución que serviría de base a la del posterior Estado de
Sinaloa en 1831.
Los clérigos al visualizar el movimiento liberal republicano que buscaba fortalecer
el poder civil y romper los vínculos políticos con el eclesiástico en sus diferentes
etapas, como el de 1833 con Valentín Gómez Farias, o el de 1857 y 1859 de
Ignacio Comonfort y Benito Juárez, 79 reaccionaron defendiendo sus intereses
convocando a la defensa de la fe. Sin embargo, terminado el largo proceso de
lucha civil, fue necesario conciliar con el gobierno mexicano para reordenar y
reedificar la administración eclesiástica y fortalecer la vida espiritual tan
degradada por los enfrentamientos armados.
Así, el proceso de secularización que tantas rencillas causó permitió la
separación del poder civil y el eclesiástico y cada uno de estos se conformaría
como una esfera separada, con respeto mutuo e independencia para fortalecerse
interiormente.
2.3.- Clanes familiares, institucionalidad y vida pública.
Tras la caída del dominio español, en los territorios de la Nueva España, los
puestos administrativos que anteriormente se reservaban para los peninsulares,
fueron ocupados por los residentes de la república; las clases pudientes de las
provincias vieron la posibilidad de colocarse, mantenerse y perpetuar el poder
político en sus manos.
Con el debilitamiento del marco institucional central de la república y de las
funciones administrativas de los gobiernos estatales, debido a, la continua
amenaza de guerra, por las intervenciones extranjeras, revueltas etc, se
acrecienta la privatización absoluta del poder en manos de potentados locales.
Los cuales empiezan a actuar con sentimientos de los representantes de Estado
liberándoles de funciones administrativas y de justicia que no alcanzaban a
ejercer, por otra parte, en una entidad tan lejana del centro del país, o del lugar
79 Proyectos de los que más adelante se detallará al hablar del proceso y reacción de la constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma.
63
de donde despachaba el ejecutivo nacional, les permitió ejercer un dominio sin
precedentes.
Aunque en política al revisar la prensa de la época se habla de ciudadanos,
elecciones, partidos, opinión pública, mayoría, oposición, pueblo, nación,
prosperidad, al analizar desde otra perspectiva, también se perciben situaciones
que pueden chocar con esta terminología parece que todo pinta con buenas
intensiones, pues se descubre que hay rebeliones, alzamientos, motines,
revueltas, enajenación y ocupación de terrenos, manifestaciones contra las leyes,
contrabando marítimo, confiscación de bienes, reos políticos, que nos permiten
adentrarnos en una realidad que se aleja del universo político moderno, a la que
tanto se alude para percibir que estos grupos están integrados por vínculos
esencialmente tradicionales, que las elites de dominio se cohesionaron a través
del parentesco, amistad, fidelidad, lealtad.
En Sinaloa los grupos del poder político se ligaban por el parentesco cercano
como hijos, hermanos, primos, y de más, se cohesionaron por lazos afectivos e
intereses comunes y solidarios que casi siempre tenían que ver con lo económico
y con el afán de poder. Otro tipo de vínculo que no necesariamente era de sangre
pero si espiritual, porque tiene que ver con el catolicismo, es el compadrazgo y
que vino a delimitar muchos de los puestos públicos.
Pero no solo los intereses positivos se heredaban entre las familias sino también
los conflictos, los odios, las venganzas, las inconformidades que enfrentaron a
familias y descendientes, aún estando separados por generaciones.
A principios de la tercera década del siglo XIX, al haberse ya separado Sonora y
Sinaloa, tras las luchas por la institucionalidad política, que habían sacado del
escenario a Fray Bernardo del Espíritu Santo, los políticos sinaloense quedaron
divididos en facciones, siendo esto más obvio en Culiacán, donde familias como
Fernández Rojo, Verdugo, Espinoza de los Monteros, de la Vega y otras, se
enfrascaron en pleitos mas banales, así que al nombrar el primer gobernador
estaban divididos y el puesto recayó en quien se encontraba a la cabeza de una
familia de Cosalá, Don Francisco Iriarte.
64
La familia Iriarte era dueña de propiedades mineras de mucha importancia, con
una gran fortuna y con haciendas de labor. Don Francisco Iriarte alcanzó
puestos políticos aún estando unidas las provincias de Sonora y Sinaloa en 1824,
apareció, primero, como jefe político; después, en octubre, el Congreso nombró
como gobernador a Simón Elías González, y a él vicegobernador, pese a sus
protestas de no aceptar el cargo. Su mayor logro fue la separación de Sonora y
Sinaloa, por ello fue nombrado nuevamente gobernador en 1831, pero no pudo
tomar posesión del cargo porque se le concedió una licencia de seis meses para
salir a la capital de la República a curar sus enfermedades. 80
Los nexos políticos que alcanzó Francisco Iriarte, además de ser tradicionales
pues se decía que estaba emparentado con el entonces Presidente de la
república Guadalupe Victoria, parentela que le venía de su antecesores en
Durango, pero además era en Sonora y Sinaloa la cabeza visible del rito
masónico escocés, vínculo social de carácter moderno que cohesionaba a buena
parte de los políticos mexicanos.
Al no poder ocupar el puesto Francisco Iriarte por su enfermedad el mando
recayó, después de un interinato, en el vice gobernador Manuel Maria Álvarez de
la Bandera, del clan de Cosalá. Su periodo solo duró dos años, pues el grupo de
Culiacán promovió una revuelta con las fuerzas federales derrotando al
gobernador Álvarez de la Bandera, un año después. En hasta 1835 cuando los
de la Vega lograron su objetivo, pues Manuel María de la Vega fue nombrado por
la legislatura, gobernador provisional del Estado, iniciándose así una dominación
política y económica en Sinaloa que se extendió por catorce años.
Al llegar Manuel María de la Vega a la gubernatura en 1835, la familia, ocupó
otros cargos públicos, especialmente en el área de Rentas, donde los beneficios
eran cuantiosos. Su hermano Rafael fue administrador principal de Rentas del
Tabaco en los departamentos de Sonora y Sinaloa, y su hermano Cosme fungió
como administrador y dueño del ramo del tabaco de Culiacán. De estas
prerrogativas se aprovecharon para comercializar el tabaco por medio de la casa 80 Antonio Nakayama, “Don Francisco de Iriarte”, Sergio Ortega Noriega y Edgardo López Mañón (compiladores), Sinaloa textos de su historia… pp. 188-196.
65
comercial Vega Hermanos, de Mazatlán, propiedad de Rafael, Manuel María y
Antonio. Fueron diputados, ministros del tribunal, alcaldes, regidores y miembros
de la fuerza pública.
En el sector minero, los De la Vega obtuvieron cargos claves, como la
Administración de Rentas del mineral de Cosalá, desempeñado por Cruz
Echevarria gracias al apoyo de Antonio de la Vega; y el manejo de Rentas de la
receptoría de San Ignacio con Francisco Rodríguez, cuyo fiador fue Ignacio de la
Vega.81
A partir de entonces, los De la Vega y sus aliados, dominaron el estado, con
grandes beneficios económicos, y sobre todo les sirvió para ampliar y fomentar
sus relaciones comerciales. Dicho beneficio se dio, no sólo a través del cobro de
derechos aduanales, sino controlando el comercio en el centro y norte del
estado, utilizando al puerto de Altata para la entrada de mercancías extranjeras
de contrabando. La extensa red extensa de protegidos que crearon no solo eran
distribuidores de las mercancías importadas sino leales agentes políticos para el
control de las elecciones.
Pero en 1836, al implantarse en el país la República Central, los De la Vega se
vieron afectados en sus intereses, porque el gobernador del Departamento
recibió del centro del país su nombramiento, y éste recaía en el comandante
militar en turno que residía en Mazatlán.
Ante esta situación, los De la Vega inmediatamente movieron sus amplias
relaciones y aprovechan la sublevación de la guarnición de Mazatlán, a la que
persuadieron para que reconociera como gobernador a Pomposo Verdugo,
casado con una hermana de Rafael de la Vega. Al volver, Rafael como
gobernador del Estado, en 1846, encaró una constante lucha contra los
comerciantes de Mazatlán y con el propio gobierno central, que aparentemente
preocupado de la situación de Sinaloa, convocó a una junta en el Ministerio de
Relaciones, con la asistencia del Secretario de este ramo, Anastasio Bustamante,
nombrado jefe del Ejercito de Occidente, y don Juan Manuel Espinosa, enemigo
81 Félix Brito Rodríguez, op. cit., pp. 131-133.
66
de los de la Vega, que hizo que la decisión se inclinara hacia Gumersindo Layja
como gobernador,82 a quien se le expidió el nombramiento con fecha 5 de
septiembre. Sabiendo esto, los de la Vega, ya lo habían mandado desterrar hasta
Tepic.83
Rafael convocó a elecciones para elegir la legislatura que a su vez legitimaría el
poder que le había entregado su cuñado Pomposo Verdugo. Las elecciones se
llevaron a cabo con una serie de irregularidades y después de una intensa lucha
legal que llevo varios meses, en el congreso nacional, De la Vega fue reconocido
como gobernador del estado.
Sin embargo, dejó la gubernatura en marzo de 1848, y tres meses más tarde
falleció inesperadamente. Con este suceso, la élite veguista sufrió un fuerte
golpe, pues su líder, quien planificó la forma en que su familia y seguidores
tomarían las riendas del control político y económico del estado, murió antes de
cumplir los cincuenta años de edad, cuando aún estaba moviendo las piezas que
le permitiría consolidarse como élite en el poder.
Los de la Vega, en lo político alcanzaron el más alto puesto a nivel estatal; en lo
económico lograron acumular una considerable fortuna, prueba de ello es el
establecimiento en Culiacán de la primera fábrica de hilados y tejidos de la
entidad, denominada El Coloso de Rodas; en lo militar estuvieron al frente de sus
tropas para defender su autoridad.84
En el siguiente periodo gubernamental asumió el poder Pomposo Verdugo, quien
gobernó con la oposición de la élite de Mazatlán, que organizaba constantes
motines y levantamientos. En las elecciones de 1852, Francisco de la Vega,
sucesor de Rafael en la jefatura del grupo, se presentó como candidato a
82 Señala Francisco Xavier Gaxiola que Layja –quien era oriundo de la Hacienda de Pericos- apareció desempeñando papeles de importancia hasta 1839; era entonces vocal Suplente del Supremo Tribunal de Justicia, usurpó la presidencia de éste y persiguió a los magistrados que eran partidarios del sistema federal, trato también de hacer armas contra el gobernador Luís Martínez de la Vea logrando alterar el orden en algunos pueblos. Al respecto véase, Francisco Xavier Gaxiola, La Invasión Norteamericana en Sinaloa, 1845-1849, 83 Ibíd., p. 58 y 59. 84 Arturo Carrillo Rojas, La política de las elites, Sinaloa: 1877-1909, Culiacán, UAS/IIES, [Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, inédita], 2000, p. 50.
67
gobernador, y obtuvo el triunfo mismo que no le duró mucho debido a, una serie
de reformas hacendarías y la promulgación de la Constitución local del grupo de
los comerciantes de Mazatlán auspiciaron motines que permitió su derrocamiento
final en marzo de 1853.
Dicho grupo familiar asume nuevamente el poder en 1855, pues al proclamarse
el Plan de Ayutla, Juan Álvarez, jefe de las fuerzas revolucionarias, nombró
gobernadores en todos los estados para contrarrestar el poder centralista al que
habían derrocado, dispuso que sea Pomposo Verdugo, cuñado de Rafael y
Francisco de la Vega quien atendiera la gobernatura.
Los gobernadores en los Estados se convierten en amos y señores de una
región, poseían los destinos de la gente, se movían por sus propios intereses de
familia, administran, explotan y negocian recursos a su antojo, disponían de la
fuerza armada y pueden manipular a la comandancia militar del gobierno general
a su favor cuando sus intereses de grupo son afectados, podían utilizar y
administrar la política a su antojo.
Un ejemplo claro que patentizó el caciquismo fue cuando el gobernador Pomposo
Verdugo, aprovechándose del poder político que poseía, al ver que en un asunto
judicial con los dueños del mineral de Guadalupe de los Reyes, se había
declarado el fallo por la Suprema Corte a favor de la familia Iriarte, y en contra de
la Compañía Vega y hermanos, decide trasladarse al mineral, el 7 de diciembre
de 1855, tomarlo por asalto, sus minas y haciendas acompañado del comandante
general y de casi toda la guarnición del estado, realizando una serie de ultrajes y
saqueos en las casas de los administradores. Apoyado también por un piquete
del escuadrón de seguridad publica de Jalisco. Persigue después, con pretexto
de sedición al gobierno a todos aquellos empleados de la negociación que se
manifestaron en contra del despojo a la familia Iriarte.85
85 BPEJ, Colecciones especiales, Exposición de los hechos concernientes a la ocupación violenta de las minas y haciendas de beneficio de Guadalupe de los reyes en el partido de Cósala que ha motivado la denuncia elevada al Supremo Gobierno de la Unión contra el Exmo. Sr. D. Pomposo Verdugo, por Antonio de Mijares Díaz, Miscelánea N. 196, Cédula N. 3198.
68
Se ha considerado que el encumbramiento de la familia de la Vega de Culiacán,
tuvo su fase culminante cuando Francisco de la Vega perdió la gubernatura en
manos de Pedro Valdés, jefe militar que por influencia de los comerciantes de
Mazatlán, comandó un movimiento incluso de separación del puerto, sin
embargo, tal vez ya no alcancen durante mucho tiempo el poder ejecutivo del
Estado, pero sus descendientes, Joaquín, Ignacio, Adolfo, Miguel de la Vega, en
el Distrito de Culiacán, en ayuntamiento propiamente, seguirían ocupando
puestos como tesoreros, presidente del ayuntamiento, y regidores.
El primero de ellos fue diputado federal en la administración juarista, y el último
juez del poder judicial en 1868. La explotación comercial les permitió sostener la
riqueza familiar y los intermediarios comerciales no terminaron de la noche a la
mañana, pues siguieron ejerciendo dominio en este sector, de tal forma que, uno
de sus administradores José Roiz gozaba de gran favoritismo en la aduana
marítima de Altata. 86
2.4.- La influencia de los comerciantes de Mazatlán.
A raíz de la independencia se favoreció un proceso de desarrollo comercial en el
puerto que atrajo a alemanes, franceses, ingleses y españoles que ya sea por su
cuenta o en representación de casas comerciales de Londres, Hamburgo, Bilbao,
Bremen, entre otras arribaron al puerto y se favorecieron con las importaciones
provenientes de Europa y estados Unidos principalmente, además se vieron
beneficiadas con la ampliación de un mercado regional que comprendía a
Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Baja California y Alta
California.87
Las casas comerciales que se establecieron también hacían préstamos a
agricultores, mineros, y a funcionarios públicos mismos que utilizaron los créditos
para cubrir gastos de la entidad, y en los periodos de guerra el endeudamiento
era mayor. Así las actividades de los comerciantes se ligaban con los miembros 86 Archivo Municipal de Culiacán (AMC), Actas de cabildo, de 1873 y 1876. 87 Luis Antonio Martínez Peña, “Mazatlán historia de su vocación comercial (1823-1910)”, Arturo Carrillo Rojas, Guillermo Ibarra Escobar (coordinadores), Historia de Mazatlán, Culiacán, UAS-H. Ayuntamiento de Mazatlán, 1998, p. 94.
69
de la política, por lo cual estaban al tanto de conflictos militares y revueltas de
gran alcance.
Los caudillos aprovecharon estas relaciones para establecer alianzas con los
intereses de las compañías comerciales, a través de los cónsules o bien
representantes de los negocios de transacción, que muchas veces se
favorecieron con revueltas y rebeliones para evadir pagos aduanales.
El movimiento mercantil puso a Mazatlán como el primer puerto del pacífico, los
comerciantes extranjeros establecidos eran las personas más poderosas
económicamente de la zona y empezaron a competir con los grupos de poder de
otras ciudades, como El Rosario, Cosalá, y Culiacán.88
Entre estos comerciantes figuraban José Martín Echeguren, español, Pedro Fort,
francés, además Lino Arizqueta, también español, Agapito Somellera, entre otros,
que intervinieron de formas palpables en la política de la entidad pues sus
intereses comerciales estaban en juego, al introducirse el sistema de alcabalas
por el de impuesto directo.
Con Culiacán se presentó una rivalidad teniendo como razones de peso en un
principio las desavenencias por el comercio, pues la familia de la Vega ejercía la
mayoría de los puestos gubernamentales en el estado y se favorecía como ya se
mencionó, así que pronto esto incentivó la codicia de los comerciantes por la
situación de desventaja en que realizaban su actividad. Tal fue el caso que
durante la intervención norteamericana, en 1847, el gobernador Rafael de la
Vega y Rafael Téllez, enviado del gobierno central para proteger el avance de los
norteamericanos en el noroeste, se enfrascaron en una lucha pues el segundo
de estos en contubernio con los comerciantes extranjeros inició una revuelta
contra el gobierno del Estado.
Los comerciantes de Mazatlán tuvieron la ventaja de que en el puerto residía la
capital del estado, la comandancia militar y por supuesto autoridades federales
como la jefatura de aduana marítima. Estos comerciantes ejercieron gran
influencia sobre los militares y otras veces manipularon sus acciones en beneficio 88 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa…, p. 195.
70
propio, al incitar revueltas o motines para descargar la mercancía de contrabando
acrecentando sus riquezas monetarias, o bien negociando directamente con los
empleados u oficiales de la aduana para no pagar impuestos.
En 1852, la decisión del gobernador Francisco de la Vega de sustituir las
alcabalas por un impuesto directo, abrió una vez más el conflicto con los
cónsules residentes en Mazatlán y algunos comerciantes nacionales.89
Como efecto de esto entra a escena un militar que acaudilla un movimiento que
al final buscaba separar políticamente a Mazatlán, suceso que ya se detalló en
páginas anteriores. Este caudillo era un oficial militar de nombre Pedro Valdés,
que se sumó al plan del 13 de septiembre de 1852 dado en Guadalajara que
culminó con la deposición del general Mariano Arizta, y el regreso de Antonio
López de Santa Anna, quién reconoció a Váldés como gobernador interino del
Estado.
En Mazatlán eran constantes los motines y alzamientos, provocados en la
mayoría de los casos por los comerciantes, quienes a la hora del desembarco de
sus mercancías y el embarque de metales preciosos como plata y oro,
sufragaban rebeliones para que el desorden les permitiera no pagar impuestos, al
mismo tiempo se hacían llamar cónsules honorarios y intervenían en asuntos
políticos, en muchas ocasiones amenazaron con la intervención militar de sus
países de origen y no pocas veces realizaron bloqueos en el puerto para no
permitir ni entrada ni salida de las embarcaciones.
Eran una clase comerciante fuerte que se valía de los funcionarios coludidos con
sus intereses y cuando no se veían favorecidos por el gobierno, organizaban
masas de individuos, recurriendo al motín del pueblo, mismos que ya
enardecidos asaltaban a las sedes del gobierno, la aduana marítima, paralizando
la ciudad.
Eran frecuentes las constantes reclamaciones de los extranjeros, ingleses,
alemanes, franceses, norteamericanos, que entorpecían la campaña contra el
conservadurismo, claro es que las potencias extranjeras al no estar de acuerdo 89 Luís Antonio Martínez de la Peña, op. cit., pp. 98 y 99.
71
con el triunfo liberal y sus marinas de guerra lo reflejaron, en algunos casos
evidentes, cuando el gobernador, Pesqueira de Sonora, apoyando al grupo de
jóvenes liberales que se manifestaron en el Fuerte, intentaron tomar Mazatlán, la
Fragata de Guerra inglesa, Alarma, captura al pailebot nacional Iturbide, armado
por los constitucionalistas, que tiene como objetivo hostilizar la plaza por mar y
bloquear el puerto con el apoyo de otras embarcaciones. 90
Mientras el gobernador, se encontraba tratando de resolver los problemas con la
marina inglesa, debido a que, un juez dictó el decomiso de sus mercancías por
contrabando, se descubrió una conspiración, por parte del comerciante español,
Martín Echeguren y un capitán conservador, que anteriormente había sido
perdonado llamado Higinio Seguame, solo que esta vez no corrió la misma
suerte, pues fue fusilado; el comerciante español, era uno de principales
instigadores de los motines y asonadas que continuamente estallan en el puerto
y para no correr la misma suerte que el capitán huyó a España.91
Todos estos factores y las diferencias con los demás grupos de poder del resto
del Estado, se conjugaron de tal manera que, por mucho tiempo se manifestaron
alborotos públicos, cuestiones internacionales, repentinos cambios de
gobernadores y autoridades residentes en Mazatlán, o bien desavenencias de los
oficiales de las aduana con particulares como el caso de un súbdito español de
nombre José Rois, residente de Altata, consignatario de los comerciantes de
estas costas, representante de casa Barrón y Compañía, con sede en Tepic,
que entró en conflicto con los empleados de la aduana que conseguía que estos
fueran removidos constantemente.92
90 Antonio Nakayama, Realidad y mentira de…, p. 59. 91 Ibíd, p. 68. 92 CM, 26 de mayo de 1866. p. 64.
72
2.5.- Organización de los poderes públicos y sus cambios constitucionales con la reforma liberal.
2.5.1.- El poder legislativo y el ejecutivo.
En 1823, una vez que México adoptó el sistema de gobierno federal, los poderes
se dividieron para su ejercicio en: ejecutivo, legislativo y judicial, a partir de
entonces, el poder legislativo, Congreso de la Unión, se conformó como una
asamblea única soberana con un amplio abanico de poderes.
Al poder legislativo, se le concedió amplio dominio sobre el presidente, a partir
de la formulación de la constitución de 1857, al ser esta el resultado de la
revolución de Ayutla, donde un grupo de liberales derrocó a la dictadura de
Santa Anna y por ende tuvo como herencia contrarrestar el poder que el ejecutivo
podía ejercer.
El ejecutivo se conformó como un cuerpo amplio de acuerdo al sistema federal,
donde figuraba el presidente de la república con sus respectivos secretarios a
cargo de las instituciones del gobierno nacional. Aunque la Constitución de 1857,
limitó sus facultades, al no poder ejercer ningún medio legal de presión sobre el
congreso, ni siquiera eran libres de crear nuevos ministerios, ni de nombrar a sus
diplomáticos, ni conferir grados militares superiores a coronel.
Pero ningún presidente actuó dentro de los limites de estos preceptos, incluso,
Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada gobernaron con suspensión de
ciertas garantías constitucionales, a pesar de lo establecido en la constitución
ellos ejercieron un poder muy amplio, era el actor esencial de la vida política
mexicana, o con facultades extraordinarias en diferentes ámbitos.93
De acuerdo con el sistema federal, en cada Estado residía una organización de
poderes inspiradas con pocas diferencias en el de la Federación. Al lado del
gobernador encontramos una legislatura local, que funcionaba como una
asamblea única y soberana, a esta le correspondía la aprobación de los
93 Ibíd, p. 56.
73
presupuestos, la elaboración de la constitución del estado, sus códigos y leyes
de impuestos.
La Constitución de 1857, consignó que todos los estados de la república
participaran en la elección popular de los poderes de la unión al elegir
presidente y magistrados de la Suprema Corte de Justicia y debían enviar cuatro
diputados y dos senadores al Congreso nacional.94
En lo que se refiere a Sinaloa poder ejecutivo en Sinaloa estaba depositado en
un gobernador que duraba cuatro años, que no debía ser reelecto en un periodo
inmediato sino habiendo pasado cuatro años de haber cesado en sus funciones,
por ello vemos a hombres que repitieron en el cargo del ejecutivo, pero en
periodos interrumpidos como Francisco Iriarte, Pomposo Verdugo, Plácido Vega,
Domingo Rubí, entre otros.
Sin embargo, debido al estado de lucha constante en el que se encontraba
Sinaloa casi dos décadas no pudieron llevar al pie de la letra los códigos que en
materia de ejercicio real del poder se refieren, pues los constantes
pronunciamientos y la lucha contra la intervención extranjera, provocaron que al
declararse el estado de sitio se concentrara el poder en manos del gobernador y
con la inexistencia de la legislatura local todos los poderes quedaban a su
mando.
Según lo estipulado tanto el legislador debían tener un año de residencia en el
Estado para poder electos. Al ausentarse el gobernador un vice gobernador lo
cubría, aunque legalmente estaba asentado que este puesto debía ser elegido
popularmente, el gobernador realmente lo depositaba en un familiar, amigo,
compañero de armas, y/o comandante militar, siendo esto prueba de los vínculos
tradicionales que dominaron la política.
Las instancias federales que existían en Sinaloa en los años cincuentas del siglo
XIX, existencia que se remontaba a 1823 con la aprobación del sistema
federalista, en 1823 por las provincias de Sonora y Sinaloa, siendo las
siguientes: El Tribunal de Circuito, el Juzgado del Distrito, la jefatura superior de 94 Ibíd., p. 87.
74
Hacienda, las administraciones principales de correos y del Timbre, la
administración de la aduana marítima de Mazatlán, todas las cuales funcionaron
en esta ultima población, así como la Capitanía del puerto.95
La división política del Estado se componía en 1861 por los distritos, del Rosario,
Mazatlán, San Ignacio, Cosalá, Culiacán y el Fuerte. Para organizar la
administración y definir las funciones de los ayuntamientos, Plácido Vega,
decretó una Ley de municipalidades, aprobada por el Congreso local. En ella se
determinó que en las poblaciones que unidas a las que estén anexas, tuvieran de
tres a cinco mil habitantes, se elegirían cuatro regidores y un síndico: en las que
hubiera más de cinco mil habitantes sin llegar a ocho, se elegirían seis regidores
y dos síndicos.
El ayuntamiento tenía un presidente elegido cada seis meses, había también un
vicepresidente y un secretario del ayuntamiento. Los ayuntamientos deberían
tratar y arreglar los negocios de acuerdo a los principios de los cuerpos
legislativos; para lo cual existía su reglamento interior. El poder ejecutivo del
municipio residía en el prefecto o director que ejercía dicha autoridad.
Las funciones que tenían los ayuntamientos era cuidar de las plazas y paseos
públicos; procurar la difusión del conocimiento, promover las bibliotecas y todo
género de establecimientos de enseñanza; cuidar la salubridad. Correspondía al
ayuntamiento decretar los impuestos que sean necesarios para cubrir su
presupuesto anual de gastos. Mantener en buen estado las cárceles, hospicios,
hospitales y casas de beneficencia. Vigilar que en los mercados, boticas y
expendios de materias alimenticias, no se vendieran sustancias perjudiciales a la
salud.
Entre las atribuciones del prefecto se encontraban tener a sus órdenes la fuerza
pública para cuidar de la seguridad de la población; los agentes de policía serán
nombrados y removidos de acuerdo con el ayuntamiento a quien corresponde
95 Eustaquio Buelna, Compendio histórico, Geográfico y Estadístico, Sinaloa 1877, Culiacán, Noroeste, 1978, p. 88.
75
fijar el número de ellos y sus sueldos. La tesorería municipal se encargaba de la
recaudación e inversión de los fondos municipales.
Los ayuntamientos no solo se establecen en las cabeceras de los Distritos, pues
en las juecías mayores deben residir también componiéndose de cuatro
regidores y un síndico. Según dicha Ley de 1861 las juecías mayores eran:
Escuinapa del Distrito del Rosario, Villa Unión, Siqueros y la Noria del de
Mazatlán; Coyotitan del de San Ignacio; Elota, Guadalupe de los Reyes del
Distrito de Cosalá; Badiraguato y Quilá del de Culiacán; y por último Choix del
Distrito del Fuerte.96
En los años en que Mazatlán estuvo ocupado por los franceses, se estableció el
Departamento de Sinaloa en Mazatlán, integran el órgano de gobierno con
residentes del propio puerto, aunque quien nombraba las autoridades era el
llamado cuerpo expedicionario de México, la primera división del ejército franco
mexicano bajo el mando del general De Castagny, con apoyo de los locales.97
El cuerpo político que nombrado era al siguiente: un prefecto político del
Departamento de Sinaloa, un prefecto municipal que correspondía a Mazatlán, su
respectivo ayuntamiento con un presidente del mismo y siete regidores, además
dos síndicos y tres alcaldes. También conformaron un órgano tribunal superior de
Justicia con un ministro, un fiscal y dos jueces de juzgado.
Como puede observarse los puestos del órgano de gobierno del Departamento
de Sinaloa no difiere mucho del programa de la república, porque ambas formas
de ejercer el poder están dentro del liberalismo, que se había alcanzado en
Europa y que estas ideas de república constitucional adoptó Maximiliano de
Habsburgo en el llamado segundo imperio mexicano.
Aunque había serie de lineamientos plasmados en la constitución, la realidad se
trastocaba, este sistema representativo inclusive de no reelección, era
infinitamente trastocado, la sociedad política estaba conformada por un sin
96 AHMM, Bandos y demás disposiciones del Ayuntamiento de la ciudad de Mazatlán, basados en la ley de 26 de 1861, 20 de enero de 1861. Acta de cabildo. F. 35. 97 DO., 8 de diciembre de 1868, Nº 343, f. 136, Columna 284.
76
número de caudillos que a la primer provocación enarbolaban banderas
reaccionarias en contra del gobierno federal o por conflictos entre las elites o
clanes familiares más focalizados en los estados.
Los gobernantes por su parte justificaban la permanencia, las arbitrariedades, los
abusos en los movimientos rebeldes; las elecciones casi nunca se llevaron en
paz, pues los partidarios de tal o cual candidato local o nacional que en su
mayoría participaron miembros del ejército (caudillos militares) que provocaban
disturbios, que manchaban los procesos electorales.
La legislatura que era una fuerza aparentemente representativa del pueblo, se
integró muchas veces por adeptos del gobernador en turno, así que la elección
de sus miembros manipulaba de acuerdo al interés del gobernador.
2.5.2.- El Poder judicial
La existencia del poder judicial en Sinaloa quedó estipulado en la constitución
local de 1831, con el llamado Tribunal Superior o Alta Corte de Justicia, que
residía en el lugar de la Asamblea legislativa, sus miembros eran letrados,
ciudadanos, mejicanos en el ejercicio de sus derechos y mayores de 28 años.
Con la constitución de corte liberal de 1852, promulgada durante la
administración de Francisco de la Vega, se reivindicó la idea de autonomía de
este poder y además quedó estipulado que su formación debía ser acorde con
las profesiones liberales que estaban adquiriendo gran trascendencia en la vida
del país, así los ministros del Tribunal de Justicia del Estado deberían ser
abogados con al menos cuatro años de ejercicio. El Supremo Tribunal de Justicia
tenía que estar compuesto por jueces y letrados inferiores. 98
El propio Francisco de la Vega, un mes después de la promulgación de la
constitución local, el 13 de febrero, emite un decreto para que los asuntos civiles
98 Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus constituciones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985, p. 171.
77
y judiciales de Mazatlán quedaran separados en un juzgado de primera instancia
y otro de segunda donde se resolverían los asuntos de ese partido. 99
Este poder fue reorganizado por algunas leyes nacionales con la llegada del
grupo liberal al poder ejecutivo de la república, en 1855, se promulgaron algunas
leyes para reorganizar la administración de la justicia entre ellas la llamada ley
Juárez que estipuló que Supremo Tribunal de Justicia debía coordinar a los
Tribunales de Justicia y a los de Distrito y de circuito así como controlar la
Justicia Civil y criminal del Distrito y territorios.100 De acuerdo a la ley, se ordenó
que todas las disposiciones de justicia fueran generales para toda la república y
que los Estados no pudieran variarlas ni modificarlas.
Con fecha del 27 de noviembre de 1855, Lázaro de la Garza y Ballesteros, que
había sido obispo de Sonora, y tenía el cargo de Arzobispo de México, en
contestación al Ministro de Justicia y negocios eclesiásticos, Benito Juárez
protestó contra los artículos 42 y 44 de la ley y el 4º. De los transitorios, por
atentar a los derechos de la iglesia, y contrariar la disciplina establecida en los
sagrados cánones.
De acuerdo al articulo 42, quedaron suprimidos los Tribunales especiales, que
juzgaban los asuntos de eclesiásticos y militares; se disponía que los tribunales
eclesiásticos cesaban de resolver los negocios civiles y continuarían conociendo
de los delitos comunes de su fuero, mientras se expedía una Ley que arreglara
este punto. Su poder se depositó en un tribunal supremo compuesto de tres
ministros y un fiscal, en jueces de primera instancia y en alcaldes. Los ministros
eran electos popularmente y duran en su cargo cuatro años y podían ser
reelectos.
Funcionaron solo en una sala con dos instancias, en cada cabecera de distrito
había un juez de primera instancia nombrado por el tribunal, cuya duración era
menor de cuatro años. El alcalde ubicado en cada alcaldía que era un agente
inmediato del poder ejecutivo en materia administrativa de la municipalidad,
99 AHMM, Decreto que comunica el gobernador a la prefectura, Presidencia, 1852-1860, caja 23, Exp. 1852. 100 Francois Xavier Guerra, op. cit., p. 51.
78
también ejercía funciones judiciales a excepción del realizado en las cabeceras
de municipalidad que solo ejercen como jueces.101 Hasta antes de la reforma de
1886, correspondía al presidente de la Suprema corte de Justicia reemplazar al
presidente en caso de muerte o destitución.
El articulo 42 de la misma ley declaró la supresión de los Tribunales especiales,
conexión de los eclesiásticos y militares; pero al mismo tiempo dispuso que los
tribunales eclesiásticos cesaran de conocer en los negocios civiles, continuarían
conociendo de los delitos comunes de su fuero, mientras se expedida una Ley
que arreglaría este punto.
En cuanto a los tribunales militares, el propio artículo 42 prescribe que dejarían
de conocer de los negocios civiles y que conocerían tan solo de los delitos
puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. 102
La ley de administración del Ministerio de Justicia encontró en los clérigos los
más fervientes opositores y fueron muchas las cartas pastorales emitidas desde
la sede apostólica, arzobispado de México, en contra de dichas disposiciones.
Con la expedición de las leyes de Reforma en 1859, el gobierno que residía en
Veracruz a causa de la guerra de los tres años, señaló que era necesaria la
formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y
sobre procedimientos, con la intención de uniformar la justicia en toda la nación,
para hacer expedita la acción de los tribunales y poniendo el conocimiento de las
leyes al alcance de todos.103
En 1861, en materia de administración judicial fueron suprimidos los Juzgados de
Distrito y Tribunales de circuito establecidos fuera de la capital de la república.
Las funciones de estos juzgados y Tribunales de Circuito, se desempeñaran por
los jueces de Hacienda de los Estados, la de los primeros y las de los segundos
por los Tribunales Superiores de los mismos, sujetándose dichos jueces y
tribunales a las leyes orgánicas de procedimientos y de responsabilidad de los
101 Ibíd., p. 90. 102 Jorge L. Tamayo, Benito Juárez, Documentos, Discursos y correspondencia, Tomo 4, (Documento de Reformas al poder judicial), México, 1971, p. 70. 103 Ibíd., tomo 2, p. 485-500.
79
estados respectivos en los negocios comunes y a las generales de la Unión en
los concernientes a ellas.
Este poder se encontraba, en este periodo, en la disyuntiva de defender las
garantías individuales aún cuando las autoridades civiles y militares, las
legislaturas de los Estados o el mismo Congreso de la Unión, fuera de los
términos constitucionales, expidan órdenes, decretos o leyes que suspendían o
atacaban las garantías, el poder judicial, buscando no provocar antagonismos
peligrosos entre los poderes públicos, se limitaba a proteger y amparar al
individuo cuyas garantías se atacaban.104
A los tribunales federales acudían los ciudadanos que creían violadas sus
garantías por leyes, o actos de las legislaturas de los Estados, de las
autoridades civiles o militares de la federación o de los mismos Estados y los
tribunales federales que administraban la justicia.
2.5.3.- Disputas entre los poderes y ejercicio real.
En materia constitucional los poderes debían regirse conforme a la Carta Magna
de 1857 y de las constituciones locales pero las elites políticas que dominaban el
poder en México en este periodo actuaban de manera muy diversa y se movían
por una serie de elementos.
Este orden institucional se relativizó, debido a que, los vínculos personales de
corte tradicional y moderno delineaban a los actores que ejercían el poder, el
asunto de la elección popular desde los gobernadores, diputados, los ministros
del tribunal, se determinaba en Sinaloa de acuerdo a grupos de poder como la
milicia, elite política y económica, donde las clases fuertes eran los comerciantes
de Culiacán, los de Mazatlán y los caudillos emergentes del periodo de luchas
armadas que se pronunciaban como partidarios de las ideas liberales,
republicanas y constitucionalistas.
La sociedad sinaloense estaba conformada no por individuos autónomos, sino
por conjuntos, por grupos de hombres unidos por vínculos familiares, a una
104 Ibíd., Tomo 13, p. 328- 330.
80
colectividad como la hacienda, un pueblo, por lazos personales; en el poder
existían los vínculos personales; el poder era relación y no un atributo de los
actores. Aunque también existían ciudadanos en el sentido moderno, individuos
asociados en logias, partidos, clubes, sociedades de pensamiento. 105
Además, al parecer, las facultades entre autoridades no estaban delimitadas de
manera exacta, porque los registros oficiales permiten conocer una serie de
disputas suscitadas entre representantes del poder ejecutivo, y judicial de tal
manera que, era común que ante la Secretaria de Gobierno se presentaron
quejas y acusaciones que fueron más recurrentes en el periodo de la llamada
república restaurada, por ejemplo: el prefecto de Cosalá, Conrado Bátiz se quejó
contra del juez de primera instancia; se inició la investigación contra el juez
mayor de Guadalupe de los Reyes por ebrio consuetudinario, en noviembre de
1867; un año después el director político de Agua Caliente, José Valdés, fue
causado por indicio de homicidio; el Director político de Conitaca, Luís Gómez, se
quejó ante el Gobierno del Estado de los procedimientos contra él, por el juez de
segundo de dicha cabecera, en mayo de 1869.
Lo cierto es que estas manifestaciones entre los encargados de la administración
de los recursos, que deberían estar al cuidado de acciones como la construcción
de caminos, la organización de la vida y el orden de las comunidades; al estar
plagado de quejas, reclamos, acusaciones por arbitrariedades de las propias
autoridades, tales como presidentes de ayuntamientos, prefectos, síndicos,
directores políticos, jueces, jefes militares, capitán de puerto, administradores de
rentas públicas, denotan la debilidad del ejercicio de la administración publica.
Prueba de esto fueron las desavenencias suscitadas entre el General de Marina
de Altata contra el juez mayor por denuncia de procedimiento arbitrarios del
primero contra un particular; en Mocorito, la prefectura acusa al administrador de
Rentas Jesús Pérez de malversador de fondos públicos, en febrero de 1860; el
Recaudador de contribuciones se queja contra el presidente del ayuntamiento, y
contra juez de primera instancia, en Cosalá, en septiembre de 1867; el
105 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen…p. 127.
81
comandante militar se quejó del teniente del segundo batallón; se inició una
averiguación en el Fuerte contra Octaviano Vega por cohecho e intrigas para ser
nombrado subteniente del Batallón Reforma.
El prefecto de Cosalá le impuso una multa al presidente del ayuntamiento de
Conitaca por haber desatendido sus deberes; en noviembre de 1868, Francisco
Cañedo, receptor de rentas de San Javier, Distrito de San Ignacio, se quejó del
procedimiento que contra el ejecutó el Director político del mismo pueblo;
protestó el director político de Choíx, José Maria Cota, contra el alcalde de aquel
lugar, Adolfo Valderrama por injerencia de este ultimo en atribuciones del primero
en enero de 1870; el director político de Quila se quejó ante la prefectura de
Culiacán de los ultrajes por parte de algunos jefes de las fuerzas federales, abril
de 1874. 106
El poder judicial, que por su parte tenía como atribuciones fundamentales el
ejercicio de las garantías individuales, reconoció en 1868, públicamente que las
resoluciones de este poder, no eran acatadas como se debía, ya que en muchos
casos se ha negado la obediencia por parte de las autoridades, sin explicar los
motivos de su conducta.
La violación de las garantías individuales, se manifestaba de forma diversa, y no
era extraño las quejas contra el los prefectos en Sinaloa, por azotar
públicamente a individuos por delitos menores, o la utilización del uso de la
fuerza y la represión de la libertad para acrecentar las filas de la guardia militar o
bien que oficiales militares siguieran ejerciendo justicia por sus propias manos.
Estas disputas a nivel más focalizado entre miembros o representantes del
gobierno llámense prefectos, directores políticos, jueces, síndicos, jefes militares,
lo que hicieron fue patentizar que no existía una armonía política y aunque el
registro en el Índice del Archivo de la Secretaria de Gobierno de Sinaloa no da
pormenores de los casos y al parecer no son abundantes pues en cinco años se
contabilizan alrededor de quince casos, más si lo conjugamos con las crónicas,
106 AHGES, Fondo Secretaría de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaría de Gobierno 1857- 1874.
82
notas periodísticas e informes de gobierno es posible deducir que los
gobernadores, los comandantes militares, los prefectos de distrito, entre otros,
reflejan en su actuar una especie de bipolarización de actitudes, pues mientras
había que ser fiel a los intereses de la facción política, para no perder la fortaleza
que significaba tener vínculos o nexos con el grupo gobernante, también
coexistía un factor que matiza sus acciones, lo personal, el creer que el poder no
se deroga sino que se ejerce, el tiempo que dure, es decir una especie de ¡él
poder soy yo!
83
CAPITULO III.
MILITARISMO Y CAUDILLISMO: NUEVAS CONFIGURACIONES POLITICAS Y REBELIONES INTERNAS.
3.1.- Caudillismo y levantamientos militares de mediados del siglo XIX.
La milicia, grupo que se consolidó como uno de los más poderosos del siglo XIX,
sostuvo su poder del ejercicio de la fuerza bruta demostrada en los años de
guerras civiles durante las cuales ejerció el imperio más absoluto. Por su parte,
caudillos y caciques encontraron campo abierto para extender sus dominios, con
la caída de la corona. Tanto las leyes, como la magistratura, gobierno, personas,
fondos públicos y particulares estuvieron sometidos al poder militar.107
Los grupos militares se consolidaron, con la necesidad de su existencia para
defenderse de naciones extranjeras, y debido a que el gobierno nacional
necesitaba conformar un grupo armado que garantizara la permanencia del
poder, en el enfrentamiento ante tantas sublevaciones e insurrecciones indígenas
y que fuera capaz de garantizar la paz. Su unión era un vínculo de carácter
tradicional, surgidos por compañerismo en épocas de conflictos armados,
integraron un tipo de relación afín y también de conveniencia de intereses, de
sentido de pertenencia, de lealtad.
Este cuerpo a veces parecía que atacaba al gobierno otras que actuaba en su
defensa, se consideró un cuerpo independiente, que vivía en la sociedad para
dominarla y hacerla cambiar de formas administrativas y principios políticos,
cuando no correspondían a los suyos.
Debido a los años de guerra, muchos jefes militares ambiciosos se convirtieron
en mandamases regionales o prototipos de caudillos, con control sobre la
política, las redes de influencias, la industria, la minería, la agricultura, la
ganadería, las comunicaciones, los transportes y el comercio. Extraían provecho
de la inestabilidad política de la autoridad central, movilizaron poblaciones de sus
107 José María Luis Mora, Dialéctica Liberal, México, Gobierno del Estado de Guanajuato, 1977, p. 135.
84
dominios para, en muchas ocasiones, consolidar de forma duradera las bases de
su poder.108
Los intelectuales liberales del siglo XIX, no se cansaban de expresar su profunda
aflicción por los tumultos, guerras, civiles, alzamientos y pronunciamientos
(insurrecciones en las que los jefes militares hacían público un plan con su
programa y lista de agravios) que una y otra vez desbarataban la paz y parecían
arruinar cualquier oportunidad de progreso de las nuevas naciones.109
Como ejemplo de estas afirmaciones al hacer una revisión de los hechos que
rescata Eustaquio Buelna se pueden enumerar las manifestaciones de desorden
protagonizadas por estos caudillos nada más en nuestra entidad: en 1834 las
fuerzas del gobierno del estado fueron atacadas por el destacamento federal que
estaba a las órdenes de Manuel María de la Bandera; el teniente coronel Juan
Ignacio Bram, encabezó una manifestación en noviembre de 1844, en
desconocimiento a Santa Anna; el coronel Rafael Téllez en enero de 1847, se
pronunció por la dictadura de Santa Anna, cuando los americanos casi
penetraban en el centro del país; nuevo escándalo de la guarnición federal en
Mazatlán en febrero de 1847 pidiendo la amnistía por su participación en
revueltas políticas; en 1852 Pedro Valdés, inició un pronunciamiento contra el
gobernador Francisco de la Vega, y así fue una constante permanente durante
buena parte del siglo XIX.
Para los militares era normal sublevarse contra una Constitución y deponer a un
gobierno que trataba de someter a la clase a la que pertenecía, ya sea
sujetándole a las leyes que le eran peculiares, o reformando esta en todo o en
partes; los hombres de esta clase se creían con derecho exclusivo ocupar todos
los puestos públicos y a consumir las rentas nacionales.110
La primera oportunidad real de domesticar al ejercito mexicano surgió en un
contexto caótico de intrigas, rebeliones, pronunciamientos militares, y guerra civil 108 Christon I. Archer, “Ejército y milicias, 1820-1870”, Josefina Z. Vázquez, (Directores del volumen), La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, París, UNESCO, TROTTA, Colección Historia General de América Latina, Volumen IV, p. 207. 109 Ibíd, p. 209. 110 José María Luis Mora, op cit. p. 134.
85
entre bandos enfrentados del ejercito, cuando Santa Anna cedió el poder
temporalmente al vicepresidente Valentín Gómez Farias, liberal ilustrado y de
corte político reformista. Durante un corto período entre 1833 y 1834, los liberales
promulgaron leyes en el Congreso encaminadas a reducir el tamaño del ejército y
abolir los fueros tanto militares como eclesiásticos. Los pronunciamientos no se
hicieron esperar; numerosos jefes castrenses regionales amenazaron con una
guerra civil y se negaron a tolerar la menor restricción de sus privilegios y
poderes.111
Los pronunciamientos militares que se suscitaron contra las reformas del
vicepresidente, proclamaban a Santa Anna como presidente y en ocasiones
como supremo dictador, se pensaba que la curación de todos los males del país
estaba en este caudillo. Santa Anna, asumió de nuevo la presidencia en 1834,
cargo que ocuparía en once ocasiones distintas a lo largo de su carrera,
consagrándose así como el máximo ejemplo de caudillismo de su tiempo.
Una segunda etapa sobrevendría contra la desaparición de los fueros militares.
En 1855, la Revolución de Ayutla, dirigido por antiguo cabecilla insurgente Juan
Álvarez, al poder a una generación de líderes mexicanos, opositores del
centralismo, conservadurismo que abogaban los numerosos oficiales del
ejército.112 Este grupo responsabilizaba a los militares de todos los desastres,
alzamientos y derrotas, incluida la reciente humillación sufrida ante los Estados
Unidos.
Uno de los cambios al respecto fue la denominada ley Juárez que imponía
restricciones a los tribunales militares y situaba tanto a los militares como al
clérigo bajo las jurisdicciones comunes de amito estatal o federal. Y los militares
como reacción resucitaron el grito religión y fueros.113
En Sinaloa se registró -el 5 de noviembre de 1857- una manifestación armada
comandada por Juan francisco Garay e Ignacio Rendón, proclamando este lema
de religión y fueros de los militares en contra de la ley Juárez, mas no parece
111 Ibíd.,, p. 211. 112 Ibíd., p. 212. 113 Ibíd.
86
tener grandes alcances en la entidad, pues se remitió a un asalto al mineral de
Guadalupe de los reyes, de Cosalá. Tres meses después, estos dos individuos,
presos en la cárcel de Cosalá a consecuencia de los asesinatos cometidos por el
asalto al mineral, se fugaron y dieron libertad a los demás presos; además,
atacaron el cuartel y levantaron un acta secundando el Plan de Tacubaya, más
fueron dispersados por el jefe de la guarnición de Guadalupe de los Reyes. La
gavilla que formaron estos hombres se volvió a reunir y causaron disturbios en el
Tominil, Ajoya y San Juan y en este último punto fueron definitivamente
dispersos.114
La lucha con el ejercito era principalmente política; un poder en el centro
disponiendo del ejercito permanente acabaría de seguro por imponerse a los
estados, débiles por tanta amenaza en su mayor parte o necesitados del auxilio
federal para ayudarlos contra las depredaciones de los salvajes de las fronteras,
o desgarrados por bandos que se disputaban el poder o las arcas públicas y uno
de los cuales buscaba siempre el arribo de la fuerza federal.
En Sinaloa hubo de manera permanente un numeroso destacamento del ejército
federal cuyo cuartel estaba en Mazatlán su función era resguardar el puerto y los
caudales de la aduana. En 1854 sus miembros eran: un jefe de división, tres
coroneles, seis tenientes, cuatro comandantes de batallón, cinco comandantes
de escuadrón, veinte capitanes, quince tenientes, veinticinco cornetas y
tambores, ochenta y tres cabos y los demás entre auditores de guerra, segundos
ayudantes, subtenientes y alférez, sargentos primeros, sargentos segundos, y
soldados daban el total de 1,129.115
Los comandantes de la fuerza federal no estaban sujetos a las autoridades
locales y con frecuencia abandonaban sus responsabilidades para intervenir, en
los asuntos políticos del estado. Muchas veces los soldados federales actuaron
114 AHGES, Fondo Secretaría de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaría de Gobierno, 1857-1870. 115 Karina Busto Ibarra, “Mazatlán: estructura económica y social de una ciudad portuaria, 1854-1869,” Manuel Miño Grijalva, (coordinador), Núcleos urbanos mexicanos siglos XVIII Y XIX, Mercado, perfiles sociodemográficos y conflictos de autoridad, México, El Colegio de México, 2006. p. 311.
87
como brazo armado de los comerciantes extranjeros, quienes remuneraban sus
servicios.116
El 24 de abril de 1865, Manuel Lozada entró a la ciudad de El Rosario y dio
muerte a todos los enfermos que encontraban en el hospital republicano. Y que
decir del incendio del pueblo de la Noria, por no querer cooperar con la causa de
los nacionalistas.1
Las consecuencias de los continuos enfrentamientos armados provocaron la
desolación de las poblaciones principalmente del sur de Sinaloa, campos talados,
tierras sin cultivo, caballerías sin forraje, soldados y vecinos, sin elementos de
subsistencia.
Eran tales los caudales que se destinaban para sostener este grupo que con
frecuencia se imponían préstamos forzosos para cubrir las filas de la milicia; los
sueldos de los empleados civiles del estado casi siempre estaban vencidos pues
se le daba prioridad al pago de los efectos militares; fueron muchas las peticiones
que se registraron luego de la muerte de hombres caídos en la lucha para que
se otorgaran pensiones a familiares cercanos; era necesario tener habilitado el
Hospital militar ubicado en Mazatlán; además otorgar una pensión a los soldados
retirados. Durante el periodo centralista el propio gobierno general nombraba
desde México al gobernador del Departamento y casi siempre esta autoridad
recayó en manos de militares; los nombres que se pueden mencionar al respecto
son Agustín Yañez, Rafael Téllez, Pedro Sánchez, Ángel Miramón, Ventura
Mora, Miguel Blanco, Manuel Zelayeta, José Maria Yañez.
La mayoría de los movimientos subversivos estuvieron acaudillados por los jefes
y oficiales de la guarnición de Mazatlán, al derrocamiento de la dictadura
santanista, fueron ellos los que en Sinaloa se levantaron en armas defendiendo
el Plan de Tacubaya, proclamado por Félix Zuluaga y secundado en Mazatlán por
116 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sin…. p. 195-196.
88
Pedro Espejo, jefe de la guarnición, el 17 de diciembre de 1857, declarando a
José María Yañez, gobernador y a Ignacio Comonfort como presidente.117
También los pronunciamientos militares a favor del federalismo, en defensa de la
constitución de 1857, les favoreció a algunos que pasaron a formar parte de la
elite político militar como: Rafael de la Vega, Plácido Vega, Jesús García
Morales, Antonio Rosales, Domingo Rubí, entre otros.
Estos grupos armados muchas veces ellos mismos provocaron los
enfrentamientos por conflictos internos o bien por alinearse a grupos de poder,
ocasionaron revueltas, asonadas y motines en Mazatlán, ya que el destacamento
del ejército federal se convirtió en un grupo de poder importante aunque su
función era resguardo del puerto conjuntamente con la aduana marítima. Sus
comandantes no estaban sujetos a las autoridades locales, y con frecuencia
abandonaban sus responsabilidades para intervenir, en los asuntos políticos del
Estado.
Ante todo esta serie de conflictos, el gobierno federal propuso la existencia de la
milicia cívica como una medida para disminuir el peso del ejército que con
frecuencia suscitaba movimientos sediciosos contra la misma autoridad
constituida.
Y es que la inestabilidad estaba a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, en el
puerto de Mazatlán, mucho tiempo capital del Estado, al aproximarse la estación
de arribo de expediciones procedentes de Europa, era costumbre del comercio
de mala fe promover asonadas con objeto de defraudar al erario los derechos de
importación y exportación de mercancías. Las asonadas se preparaban con
tiempo, usando del oro para seducir empleados o bien a los soldados que se
podían prestar a trastocar el orden para aprovecharse de la situación, seguros de
que cuanto el gobierno supremo calmara estos, los hechos habían sido
consumados y las mercancías de contrabando allanadas.118
117 AHMM, Acta de Cabildo donde el prefecto comunica al ayuntamiento de Mazatlán los documentos relativos al pronunciamiento, 2 de enero de 1858. 118 DO, “Correspondencia de Ramón Corona, jefe de la Cuarta División de Occidente, al Ministerio de Guerra y Marina”, 22 de septiembre de 1868, Nº 66.
89
En este periodo, la fuerza y el poder se fincaba en los caudillos que surgieron de
las filas del ejército, porque este representaba una forma de obtener los poderes
políticos, su significado también residía en la necesidad que tenían los nuevos
estados nación para mantenerse en plena lucha contra naciones extranjeras; por
los conflictos territoriales, y las disputas internas que se suscitaron entre las
facciones partidarias.
Plácido Vega, que gobernó en un periodo que va de 1860 a 1864, miembro de la
elite política militar, que gracias a su adhesión al lado de liberales como Ignacio
Pesqueira de Sonora y al vencer el liberalismo sobre el conservadurismo en
Sonora y Sinaloa, además, su posición en las familias de fuerte raigambre en el
norte de Sinaloa, le facilitó la entrada a la política de esta región.
Estableció el dominio general en el estado y fue culpado por los propios liberales,
seguramente enemigos suyos, en correspondencia enviada a Juárez,119 de
dictador, dominante, incluso, sultán de la entidad, al no obedecer las ordenes del
Gobierno General, y tener sujetos a los empleados federales a sus caprichos o
expuestos a ser embarcados o desterrados a la menor oposición.
Este caudillo llegó al poder en Sinaloa, gracias a un movimiento político
revolucionario, en 1859, enarbolando las causas del Plan de Ayutla en contra de
Santa Anna, ejerció gran poder en el Estado, con el carácter que le otorgaron los
tiempos, pues a todos las entidades de la república que fuesen declaradas en
estado de Sitio120, se les concedían facultades extraordinarias a los
gobernadores y comandantes militares, en defensa de la seguridad de su
territorio.
Gracias al llamado estado de sitio el poder residía en una solo persona, el
gobernador y comandante general del Estado, que sin la cámara del congreso las
decisiones eran de uno solo y respecto a los ingresos, los gobernadores al ver
amenazada su soberanía, tratarían de hacer frente a la situación organizando los
119 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 7, (Documentos José María Patoni, Manuel Doblado, Ramón Corona, envían información de Sinaloa a Benito Juárez), p. 210-220. 120 La declaración del Estado de Sitio se hizo valida gracias a un decreto presidencial de Benito Juárez de 17 de Julio de 1863, dado en Palacio Nacional de San Luis Potosí.
90
pocos recursos con que contaban y solicitando prestamos de comerciantes. Sólo
que Plácido Vega recibió muchas criticas, de parte de otros jefes militares como
Manuel Doblado, Patoni, el visitador de rentas federales, por excederse en el
manejo de los recursos federales, imponer préstamos y contribuciones, para
condonar pagos rentas del estado o de la federación.
La declaración del estado de sitio en abril de 1862, dejó en sus manos según la
respectiva ley nacional la promulgación de las providencias que condujeran a la
paz, el poder de legislar sobre otros asuntos, cesando así la cámara del
congreso, sin embargo debía notificar al gobierno federal los cambios en esta
materia y entregar un informe detallado sobre los ingresos mensuales de las
rentas del estado y las federales, no debiendo suspender las garantías
individuales a menos que fuera tomada la plaza por el enemigo.
Las desavenencias por los recursos de las rentas federales eran frecuentes entre
los visitadores de la renta y Plácido Vega, pues Juan de la Peña, acusó al
gobernador de estar acostumbrado a manejar las rentas federales sin restricción
alguna, y ver a estos recursos como propiedad de su gobierno, incluso de
atreverse a negociar la entrada de buques extranjeros con descuentos hasta del
cuarenta por ciento, cuando las entradas de cuotas aduanales eran
exclusivamente recursos federales. Los nombramientos de los principales
puestos en el estado, se daban por la gratitud, para que en caso de problemas
guardaran absoluta lealtad.121
En 1863, antes de partir Placido Vega al mando del batallón Brigada Sinaloa, con
destino al centro del país, celebró una serie de contratos con comerciantes ya
que este y el anterior visitador de rentas don Manuel Díaz Vera, estaban en
contubernio y no se reportaba completa las renta por el papel sellado.122
Además, Plácido Vega, se convirtió en uno de los defensores acérrimos del
proyecto republicano-democrático, a su vez era el caudillo por excelencia de la
revolución, de la lucha contra la intervención francesa, al organizar y partir al
121 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 7, (Documento donde Doblado recibe malas noticias de Placido Vega, desde Mazatlán, Diciembre 23 de 1862), p. 210-212. 122 Ibíd.
91
frente de la llamada Brigada Sinaloa, para sumarse a los ejércitos del oriente del
país. Vega consolidó el poder político del estado en sus manos, administrando
los negocios militares llegando a convertirse en el amo y señor de todo en el
Sinaloa.
Las recepciones organizadas a su alrededor al regreso de sus travesías
militares hacia el centro del país, comandando fuerzas en aras de la lucha por la
república, denotan la magnificente, algarabía que suscitaban las fuerzas militares
a su regreso.
La crónica de su llegada se convertía en una fiesta, el pueblo se acercaba a las
afueras de la ciudad para cerciorarse de su entrada, con alegría esperando ver
los rostros de sus allegados que habían partido a la lucha, otros se apresuran a
saludar a los jefes militares como Plácido Vega, el desembarque era solemne
con iluminaciones y serenata, donde el pueblo vitoreaba la bienvenida de los
patriotas, al caer la noche, el baile daba inicio con música de viento y cuerdas,
culminando con cohetes.123
Por otro lado, las desavenencias entre los caudillos que gozaban de poder de
mando, obtenido mediante relaciones establecidas con miembros o exmiembros
de sus bandos, provocaron que fueran frecuentes las diferencias por
inconformidades con sus iguales o sus rivales. Esta forma de caudillismo
manifestado en las esferas más altas, era capaz de mover ejércitos en contra de
los gobiernos estatales, afectando a la población, asaltando, robando bajo la
bandera de sublevación con fines de bien común.
Además, algunos que al haber probado las mieles del poder en tiempos,
anteriores ya fuese como gobernador y jefe de las fuerzas armadas demostrando
su entrega y valor a las causas liberales se asumen como potentados, capaces
de enarbolar la bandera de las armas y tener detrás de sí una gran cantidad de
hombres a sus órdenes, creyéndose capaces de salvar a los pueblos de las
iniquidades del gobierno y de la pésima condición en que se encontraban,
después de varias décadas de devastadora guerra civil.
123 El Pacifico (EP), 31 de Diciembre de 1861, Nº 20, Año 1.
92
Como ejemplo de estos hombres, Plácido Vega, al cual los juegos políticos
manejados en el gobierno federal, el jefe del Ejercito de Occidente y otros lideres
liberales, lo excluyeron de la esfera política dominante, buscó refugio en el
Cantón de Tepic, con Manuel Lozada, continuó desde allí organizando grupos
armados que mantuvieron en zozobra a las autoridades del Estado de Sinaloa,
sumándose a la vez al plan de García de la Cadena, levantado en Zacatecas
para derrocar a Benito Juárez, y haciendo valer aparentemente esta lucha en
las incursiones de 1870 y 1871, en el distrito del Rosario, Escuinapa y
Mazatlán.124
Los militares de las fuerzas armadas se adjudicaban muchas veces facultades
que no les correspondían el coronel, Fortino León, aprovechándose de la salida
de Plácido Vega, para reforzar los ejércitos del centro del país contra la
intervención francesa, hostiliza a Francisco P. Maldonado que fungía como
gobernador y dispone de caudales de la jefatura de hacienda para el pago de la
guarnición, separa a Maldonado del gobierno y nombra como sustituto a Ignacio
Lerdo de Tejada.
Evidentes muestras de caudillismo encontramos cuando militares que tenían
diferencias marcadas con la facción poderosa por su cercanía al presidente;
gobernadores desterrados o excandidatos a la gubernatura declararon elecciones
fraudulentas, manifestando sus inconformidades a través de proclamas públicas,
convocando al pueblo para que unidos se revelen contra sus opresores,
defiendan la justicia, la ley, manifestando que estaban dispuestos al sacrificio
para hacer valer los derechos del pueblo.
Las luchas entre si de caudillos militares, provocaban distorsión, conflictos y
desatenciones en algunas situaciones; en materia de administración de recursos
para la Guerra, se presentaron muchas inconformidades manifestadas en la
correspondencia entre los lideres de las fuerzas, comandantes militares que a la
vez eran gobernadores, jefes de los mandos mas altos de la milicia, o bien de los
menores como de batallones, etc.
124 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, p. 108-112.
93
La prensa publicaba grandes ejemplos de caudillismo en Sinaloa, pues el 14 de
agosto de 1861 tuvo lugar en la villa de El Fuerte una rebelión entre las fuerzas
que estaban temporalmente en dicho lugar, pues una facción de poco más de
cien hombres al mando de Antonio Estévez se sublevaron contra su jefe el
teniente coronel Eustaquio Cota.125 Sus acciones no se remitían sólo a
enfrentamientos armados sino que se acompañaban en la mayoría de robos y
saqueos a comercios y casas de particulares.
En septiembre de 1864, Francisco de la Vega, coronel retirado y exgobernador,
se levantó en armas en Culiacán, supuestamente contra el orden establecido,
poco antes de la toma de Mazatlán durante la intervención francesa, reunió gente
del pueblo, en septiembre de 1864, y sorprendió por la madrugada al cuartel de
Culiacán, puso presa a algunas autoridades ya gente poderosa, después
despachó una fuerza sobre Mocorito.126 Este caudillo y cacique, que en 1852
estuvo bajo la causa liberal proponiendo reformas hacendarias y preceptos
constitucionales reformistas, curiosamente se sumó en 1864 a las fuerzas
imperialistas y demostró con reclutamiento en Culiacán que era capaz de
aglutinar hombres no solo por su liderazgo sino para sumar adeptos a la
intervención.
Pero, en medio de las amenazas intervensionistas las facciones militares no
cedían ante sus inconformidades y desavenencias, así que en el Rosario, en
octubre del mismo 1864, Joaquín Sánchez Román, comandante del resguardo de
la Aduana Marítima de Mazatlán, Ramón Corona jefe de la Brigada de Tepic y
Antonio Rosales, se pronunciaron contra el gobernador Jesús García Morales,
después tomaron el puerto, el gobierno se rindió, se convoca a elecciones y
Rosales fue nombrado gobernador, sólo que no obtuvo el reconocimiento de
Benito Juárez, sino hasta luego del triunfo que logró contra los franceses en San
Pedro.127
125 EP, 4 de Septiembre de 1861. No. año. 1. 126 Ibíd., p. 36. 127 Ibíd.
94
En 1868, luego de las elecciones se reelige Domingo Rubí, y Ángel Martínez
apoyado por gran parte de los militares inició una revuelta armada contra el
resultado electoral; al regreso de Placido Vega, en 1870, tomó por asalto
algunos puertos del pacífico para allanar recursos que permitieran ascender
nuevamente el poder de Sinaloa, mientras Adolfo Palacio, iniciaba una rebelión
armada en contubernio con Placido Vega, y así podemos seguir encontrando
casos de esta naturaleza.
Las infamias a causa del militarismo fueron innumerables en tiempos de la
intervención francesa, por una parte, las tropas imperialistas, tratando de
claudicar el movimiento nacionalista y por el otro, los republicanos que en su
lucha contra el extranjero en ocasiones castigaron poblaciones enteras por
simpatizar con ellos.
De esto se pueden mencionar muchos ejemplos, el incendio de Concordia el 12
de febrero de 1865, después del saqueo de la ciudad, el robo a los pobladores en
busca de pertenencias de valor, lo mismo en Matatán, El Tamarindo y Zopilote,
poblaciones aledañas a Concordia.
Manuel Lozada el 24 de abril de 1865, entró al Rosario y da muerte a todos los
enfermos que encuentra en el hospital republicano. Y que decir del incendio del
pueblo de la Noria, por no querer cooperar con la causa de los nacionalistas.128
Las consecuencias de los continuos enfrentamientos armados fueron desolación
de las poblaciones principalmente del sur de Sinaloa, campos talados, tierras sin
cultivo, caballerías sin forraje, soldados y vecinos, sin elementos de subsistencia.
Las huestes de Lozada tenían su radio de acción en el cantón de Tepic, y las
fuerzas de Sinaloa que se unieron a las de Jalisco sufrieron en muchas
ocasiones bajas considerables, además desde principios de la guerra de reforma
comenzaron a emigrar liberales de Tepic, debido a, las persecuciones de Manuel
Lozada y -según Eustaquio Buelna- conformaron una colonia de hombres en su
128 Manuel Lozada, caudillo que enarboló un movimiento indígena por la defensa de la tierra en el llamado Cantón de Tepic, línea divisoria entre Sinaloa y Jalisco, que mantuvo en jaque a las fuerzas armadas y atacó en diversas ocasiones a la región del sur de Sinaloa, y se sumó a las causas imperialistas de Maximiliano de Habsburgo.
95
mayor parte industriosos y resueltos, que en muchas ocasiones pusieron en
conflicto al Estado, en el que desarrollaron un providencialismo inexplicable,
queriendo ellos absorber todos los principales destinos y dirigir el país.
Los miembros del ejército se convirtieron en actores políticos, en ocasiones
participaron como candidatos en campañas, otras eran los encargados de
amenazas en caso de derrotas, o bien financiados por los grandes comerciantes
para que se pusieran al frente de pronunciamientos y rebeliones, permitiéndoles
la evasión de impuestos, o manifestarse contra nuevas contribuciones.
Al concluir la guerra extranjera, el ejército nacional contaba con un número de
más de veinte mil hombres, pero viendo el gobierno que se destinaban muchos
recursos a la Guerra que ya no eran necesarios, ordenó una reducción en Julio
de 1867, donde se limita a cinco divisiones de cuatro mil cada una, distribuidos
convenientemente para reprimir cualquier desorden que apareciera en el extenso
territorio de la república.129
La cuarta división, la de Occidente, estaba al mando de Ramón Corona;
comprendía a las guarniciones de los puertos de Manzanillo y Mazatlán, y la de
Tepic, teniendo su cuartel general en Guadalajara. 130
Con esta reducción, se darían de baja en primer lugar a los soldados inútiles; en
segundo a los casados que tenían hijos y en tercero a los casados que no
tenían.131 Esta ordenanza perjudicó a todas las divisiones militares del país,
Ramón Corona, jefe de la Cuarta, expuso las dificultades que enfrentaría la
nueva organización, ya que al aproximarse la estación de llegada de
expediciones de Europa, que iniciaba en octubre y noviembre, el comercio de
mala fe, durante muchos años buscaba la manera de introducir sus efectos
129 DO, 17 de septiembre de 1868, n. 29, f, 51, Columna 210, 211. 130 DO, 30 de abril de 1869, N. 120, H. 1, Tomo III. 131 El Estado de Sinaloa. Periódico Oficial del Gobierno del Estado (ES), febrero 21 de 1876, Nº 17. p. 3.
96
defraudando los derechos del erario, a través de la utilización de toda clase de
medios, sin excluir el de las asonadas. 132
Estas se preparaban con anticipación, usando del oro para seducir empleados si
estos eran sobornables, o a los soldados si encontraban algunos, que se prestan
a trastocar el orden para aprovecharse de la situación, seguros de que cuando la
acción del supremo gobierno se hiciera sentir, los hechos habrían sido
consumados.
No faltaban militares que se prestaran a esto, y si el gobierno generaba
descontentos en los jefes y oficiales al darlos de baja de la Cuarta División
Militar, para reducir el número de cuerpos, evidentemente los pondría en
situaciones complicadas, al carecer de medios de subsistencia y de capital para
trabajar.
Las consecuencias del militarismo no solo se vivieron en los tiempos de la
intervención, porque después de esta, al quedar tantos hombres acostumbrados
al saqueo y la rapiña en la Guerra, no conocer durante tantos años otro medio de
vida que este, ni desempeñar oficio alguno, se acaudillaron en cualquier
movimiento sedicioso que se presentó, en otras ocasiones formaron gavillas que
merodean los caminos y asaltaban los pueblos, tomando ciudades, y otros en su
carácter de jefes militares, que organizaron pronunciamientos contra el gobierno
estatal o nacional.
En la cuarta división, había multitud de hombres originarios del cantón de Tepic,
de donde salieron abandonando sus familias e intereses para hacer la guerra a
Lozada. Estos hombres no pudieron volver a sus pueblos, porque serian victimas
de su poderoso enemigo, ¿qué harían, pues, dados de baja en tierra extraña y
sin medios de trabajar para subsistir honradamente?133
Con la reducción del ejército, las afectaciones en esta región fueron
innumerables, por ejemplo, se incrementó la colonia de jaliscienses que había
132 DO, Respuesta que envía Ramón Corona, Jefe de la cuarta División Militar, al Ministerio de Guerra y Marina, por la circular que envía de la reducción del ejercito en México, 22 de septiembre de 1868, N. 266, F. 162. 133 Ibíd.
97
participado en los tiempos de la intervención solo que en 1870, se dieron de Baja
del ejercito, provocando que a la menor intentona de revuelta los caudillos
encontrarán en ellos hombres que enarbolaran su causa provocando males en la
población pacifica de pueblos como, El Rosario, Escuinapa, Cósala, Mazatlán y
Concordia.
Acerca de esta colonia, Eustaquio Buelna refiere que los grupos militares,
conformados por hombres que venían huyendo de las huestes de Lozada,
desarrollaron un providencialismo inexplicable queriendo muchos de ellos
absorber los principales destinos y dirigir la política del país, pretendían dominar
los territorios donde residían, no había sosiego en los lugares donde ellos
abundaban, se les acusó de apoyar la rebelión de Placido Vega de 1870, muchos
de ellos habían sido jefes y oficiales solo aspiraban a la revolución para medrar,
cometiendo intolerables excesos. En el distrito de Mazatlán se quejaban de que
muchos de los traficantes y los encargados de robos eran soldados de la cuarta
división militar, disfrazados de gente de indígenas salían a los caminos a hacer
depredaciones y muertes.
Por otro lado, en la demarcación del Cantón de Tepic se formaron gavillas de
bandoleros que mas de tres ocasiones asaltaron y saquearon la villa de
Escuinapa y la ciudad del Rosario, y a pesar de las reclamaciones del gobierno,
no fueron aprehendidos, porque gozaban de impunidad, que en ocasiones les
permitió organizar elementos de guerra y pronunciarse.
Las gavillas se formaban de manera constante, pues son muchas las denuncias
que hicieron autoridades municipales, cuando estas merodean sus limites, como
lo harían Escuinapa y Siqueros en febrero de 1871, o cuando se manifestaron
ataques como la registrada en Culiacán por Cristóbal Andrade que trató de
sorprender la plaza con sesenta hombres, poniendo en libertad a los presos de la
cárcel, más la gavilla fue replegada por los soldados de seguridad y los vecinos,
o bien la del 7 de Julio de 1872 que asaltó a la población del Rosario por una
gavilla de bandidos, que robaron la mayoría de las casas de comercio.
98
Pero hubo otros casos en los cuales los movimientos políticos echaron mano de
las gavillas para maniobrar en contra de los procesos electorales normales, en
1875, con motivo de las elecciones, donde Buelna, debía ser sucedido, surgieron
movimientos revolucionarios pero también formas de rebelión disfrazados, donde
participaron gavillas en diferentes puntos del Estado, para hacer notar una
inconformidad social y que se declarara estado de sitio no pudiendo llevarse a
cabo las elecciones para tomar el poder por medio de las armas.134
3.2.- Las manifestaciones violentas de las aspiraciones políticas del poder.
3.2.1.- Rebelión de Ángel Martínez.
Los pronunciamientos, revueltas y rebeliones encontraron situaciones propicias
en el país, derrotada la intervención francesa, la gran cantidad de jóvenes que
habían fincado su vida, como proyecto y medio para alcanzar el poder, el honor y
el reconocimiento de la sociedad, al ver que no había para todos, que solo los
más fuertes, pueden alcanzar los triunfos anhelados, y a éstos intereses
personales se integra el hecho de que por orden del gobierno general, Benito
Juárez, quien además se reelige en más de dos ocasiones, con justificación en
reformas fiscales, redujo el ejercito de 60, 000 a 20,000, el número de hombres,
provocándose la desocupación de muchos que tenían como medio de vida el uso
de las armas, así que Sinaloa fue afectado incrementándose la inseguridad en
los caminos, pues muchos de estos acudían a la rapiña, los asaltos y el
bandidaje en general.135
Las irregularidades que la prensa y documentación de la época en materia
electoral registra permite observar que los problemas poselectorales eran una
constante, algunas rebeliones se generan a causa de las inconformidades de los
resultados de elecciones, como lo fue cuando Domingo Rubí es declarado
reelecto como gobernador, derrotando al general Ángel Martínez en 1867, las
134 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa… p. 167. 135 DO, Exposición que el Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina hace al Congreso de la Unión, sobre las dificultades en la ejecución de la ley de presupuesto del 17 de junio último, 22 de septiembre de 1868, N.266. F. 162.
99
acusaciones por parte de sus opositores consisten en el uso de fuerza y presión
para obtener sufragios.
En septiembre de 1867, después de la retirada de las tropas francesas se
convocó a elecciones y al celebrarse las mismas en medio de un clima de
pasiones encendidas en toda la republica, de los abusos del poder local en
manos de Domingo Rubí, por decisión casi unánime del jefe del Ejercito de
Occidente, Ramón Corona, y como contraparte la simpatía, los compromisos y
esperanzas que los miembros de las tropas tienen por uno de los candidatos,
Ángel Martínez, Comandante militar del Estado, por el cual, se atreven a
amenazar durante la campaña política con una rebelión de no resultar
ganadores.
En diciembre de 1868, al declarar el congreso reelecto a Domingo Rubí, surgen
los problemas pos-electorales, iniciándose la sublevación del general Ángel
Martínez, los coroneles militares Jorge G. Granados, Adolfo Palacio y el
licenciado Irineo Paz, quien recientemente renuncia al cargo de secretario de
gobierno, se pronunciaron en Culiacán contra la elección, desconociendo a Rubí
como gobernador constitucional, acusándole del uso de la fuerza y presión para
hacerse nombrar por el congreso. Pocos días después extraen de la casa de
moneda de Culiacán 72,000 pesos y se los reparten como motín. 136 Diez días
después, el general Jesús Toledo, y los coroneles Adolfo Palacio y Jorge G.
Granados, reforman el plan de Culiacán, proclamando en Elota un plan que
tiene como objetivos, desconocer a las autoridades emanadas de las elecciones
pasadas; proclamar a Ángel Martínez para el mando político ínterin, y que se
convoque a nuevas elecciones.
Según Ángel Martínez, las razones principales del movimiento conforme al plan
de Elota del 14 de enero de 1868 era: corresponder al llamamiento de los
pueblos oprimidos durante la administración de Rubí, despojados del derecho de
omitir libremente su voto en el último periodo electoral, barrenándose los
136 Eustaquio Buelna, op cit., p. 101.
100
principios constitucionales y las leyes electorales; y la segunda, salvar al referido
Estado de los horrores de la guerra civil.137
La guerra civil cunde en el estado, son muchos los pueblos que se integran a la
causa rebelde, se levantan actas secundando el plan en: la cabecera municipal
de Mocorito, en algunas de sus directorias o celadurías, tales como Alhuey, San
Benito, El valle, Capirato; la villa del Fuerte, la villa de Sinaloa, y Bamoa también
de este Distrito, en la prefectura de Badiraguato, y la directoria de la Ciénega, en
la celaduría de Culiacáncito, Aguaruto y San Pedro, del distrito de Culiacán, así
también en la ciudad de Concordia, Mesillas y Malpica, del mismo distrito. 138
En algunos pueblos fueron las propias autoridades las que firmaron estas
proclamas en sus respectivos lugares, que bien podía ser en la casa de gobierno
municipal, en la comandancia o domicilio particular de jueces mayores o
menores, de los pueblos, donde se reúnen ciudadanos, autoridades, municipales,
como prefectos o directores políticos, empleados públicos, vecinos del lugar, o
miembros de escuadrones militares, los cuales validan su posición política.
Del 14 de enero a 15 de abril del mismo 1868, la rebelión hizo alarde de una
serie de encuentros armados entre grupos militares disidentes que se alistaron a
la causa contra las fuerzas del gobierno estatal, que fue apoyado por el ejército
de Occidente, el Ministerio de Guerra y Marina federal, despachando
particularmente las fuerzas militares al mando del general Donato Guerra, para
acabar con este movimiento que en un principio parece circunscribirse
localmente pero que sus alcances demandaron el apoyo del gobierno nacional.
Es de considerarse que esta rebelión adquirió un gran número de adeptos, pues
se refiere que en una batalla en Villa Unión, el 8 de abril de 1868, Donato
Guerra, jefe de la columna de vanguardia de la cuarta División militar se enfrentó
137 DO, Documentos que decomisan las fuerzas armadas al derrotar y aprender a Ángel Martínez, 7 de mayo, 1868, N. 128, F. 73. 138 ES, Mazatlán, 28 de febrero de 1868, N. 18. foja 1-4.
101
contra un ejercito de mil setecientos hombres de las tres armas, al mando del
general Martínez.139
Ángel Martínez, se puso a la cabeza de un movimiento que parecía no tener
mayores alcances que manifestar la inconformidad contra los resultados de una
elección en el Estado, se ve envuelto en una guerra sin fin, ya que el congreso
del Estado, al ver rebasadas las fuerzas militares de Domingo Rubí, solicitó el
apoyo del gobierno federal, misma que no se escatima por la influencia que tiene
Ramón Corona, entrando estas fuerzas a allanar el movimiento, por su parte,
Martínez, buscando no entrar en hostilidades con el gobierno federal se
comunicó a través de correspondencia escrita con el Ministro de Gobernación,
Sebastián Lerdo de Tejada, a quien aseguró que su nombramiento como
gobernador a través del Plan de Elota, era expresión de la voluntad general del
Estado y consideraba necesario mandar a un comisionado para que
personalmente le explicara la situación, sin embargo la respuesta de Lerdo de
Tejada fue tajante ya que no aceptar el gobierno general que un grupo de
rebeldes tomaran el poder en Sinaloa, así que libró órdenes para que las fuerzas
competentes se trasladaran a Sinaloa para restablecer la paz y las autoridades
constitucionales.140
El cabecilla de esta rebelión, a pesar de, recibir esta orden el 11 de febrero del
mismo año, se resistió someterse a ella, pero con la derrota que Donato Guerra,
general del gobierno federal, les infringe, el 8 de abril, decidió días después en un
documento que oficializa el 15 del mismo mes, desde Culiacán, que deja las
armas para sacrificarse por los pueblos del Estado, pues la lucha ya no es contra
el gobernador Rubí, sino contra el gobierno supremo; ´´la lucha no debe
continuar, es mejor, nos obligan razones muy fuertes como son: no sacrificar a
los pueblos, y guardar la obediencia debida al poder supremo.´´ la confianza en
que el gobierno general respetaría la voluntad de los sinaloenses queda fuera de
sus pensamientos y hace un llamado a sus compañeros de armas para que se
139 DO, Parte militar que envía, Donato Guerra al Ministerio de Guerra y Marina, 1º de mayo 1868, N. 122, F. 60. 140 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México, la República restaurada, la vida política, México, El Colegio Nacional, Hermes, 1955.
102
retiren a la vida privada, mientras el viaja a la ciudad de México para pedir el
indulto.141
El coronel Adolfo Palacio, preso en Mazatlán por su complicidad en el
pronunciamiento de Ángel Martínez, se fugó de la cárcel el 25 de febrero de
1869, sorprende el 13 de marzo la guardia de la cárcel de Culiacán,
acompañado de 14 hombres, engrosó sus filas con los presos, imponiendo al
vecindario un préstamo de cinco mil pesos y de la casa de moneda saca otros
cinco mil, iniciando con esto, un movimiento para desconocer a Domingo Rubí y
proclama a Don Placido Vega, gobernador. En Mocorito, impone otro préstamo y
uno de sus hombres Victoriano Cruz en Escuinapa, recluta elementos y dinero
para la causa, en el Rosario este mismo, redujo a prisión a algunos de sus
vecinos.142
En una proclama, que remite Palacios el día de su levantamiento en Culiacán
hace un llamado para combatir una administración torpe y absurda, uniendo
esfuerzos para librarse de la esclavitud y abatimiento en que se vive, colocando a
Sinaloa en puesto que le corresponde por sus sacrificios continuos y por su amor
a la independencia, libertad y principios republicanos. En esta misma propone a
Placido Vega para asumir el gobierno provisional, por su carrera pública de más
garantías para el porvenir, mientras termina la guerra para luego proceder a
nueva elección.143
Sin embargo, esta revuelta no tuvo mayores alcances que la invasión de algunos
pueblos, principalmente del centro y norte del estado, porque el 18 de abril
Eulogio Parra, con las guardias nacionales de varias localidades que se alistaron
para acabar con los sublevados, el dieciocho de abril, después de derrotar a la
gavilla de Victoriano Cruz, encuentran a la fuerza pronunciada en la Sierra de la
141 DO, Documentos que se anexan a los resultados de la derrota de Ángel Martínez, 1º de mayo 1868, No. 122, F. 60. 142 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, pp. 106-107. 143 DO, Documentos que envía Eulogio Parra, Comandante militar, en comunicación con el Ministerio de Guerra y Marina, 20 de marzo de 1869. No. 88. F. 171.
103
Soledad, el Fuerte, derrotándola completamente y fusilando al mismo Adolfo
Palacios.144
Los problemas poselectorales en Sinaloa, se veían alentados, seguramente por
la situación que vivía el país, ya que la reelección de Benito Juárez como
presidente se cuestionaba incesablemente en la prensa nacional y local, la
revista, el Monitor y el Globo, aseguran que en las elecciones de 1869, se
evidenciaron personas como comisionados de candidaturas oficiales de compra
de votos; e incluso que el pueblo votante no participó, de la forma como arrojan
resultados, que fue mucha la indiferencia, el Diario Oficial, por su parte, rechaza
las críticas que se generan, señala que no es posible sembrar el terror en todo el
país con solo 16,000 hombres del ejército y que la voluntad del pueblo se ha
reconocido en el conteo de votos.145
3.2. 2.- Las revueltas de juaristas, porfiristas y lerdistas.
Las elecciones para presidente de la república, vinieron a complicar el panorama
de inestabilidad político–militar, las diferentes facciones juaristas, porfiristas, y
lerdistas que existían en el país, inician todo tipo de fricciones, utilizando
maniobras, y estrategias sin fin, para hacerse de adeptos a su partido.
La convocatoria electoral de 1871 en Sinaloa, se movía en dos facciones
políticas, contendieron como candidatos a la gubernatura, Eustaquio Buelna y el
general Manuel Márquez de León, cuyos bandos se movían el primero con Benito
Juárez y el segundo con Porfirio Díaz.
En los comicios celebrados el 2 de julio resultó triunfante Buelna, y Benito Juárez
en la presidencia de la república, el 20 de noviembre el primero es declarado
gobernador constitucional y entró a ejercer el día 27 de acuerdo con lo que
disponía la ley. Pero los derrotados que eran miembros del ejercito, en cuanto se
dieron cuenta que la elección no les favoreció, hicieron estallar en Culiacán un
levantamiento encabezado por Francisco Cañedo, contra los resultado de las
144 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa.. p. 107. 145 DO, 9 de julio 1869, N. 190, F. 17ª.
104
elecciones, pocos días más tarde, Eulogio Parra, secunda en el sur del estado la
revuelta de Cañedo, más este último es derrotado en Imala, cae prisionero y sus
tropas fueron dispersadas, en tanto que el segundo es derrotado por fuerzas
federales auxiliadas por la guardia nacional.146
A pesar de esto, la lucha no se detuvo pues los resultados de las elecciones
presidenciales generaron una serie de inconformidades, dándose una rebelión
que se propagó en todo el país, las facciones porfiristas no aceptaron su derrota
y, en Sinaloa, está revolución comenzó el 17 de noviembre en Mazatlán con el
cuartelazo de la guarnición del puerto, encabezado por José Palacio en contra de
Benito Juárez y de Eustaquio Buelna, que tiene como fin sumarse al llamado
Plan de la Noria, proclamado nueve días antes por Porfirio Díaz y que tiene por
fines: oponerse a la perpetuación de Benito Juárez en el poder, la observancia de
la constitución de 1857 y la consagración del sufragio libre.
Buelna, al escapar prácticamente de manos de los pronunciados, se trasladó a
Altata y de ahí a sucesivamente desembarcó en al estero del Tule para
finalmente llegar a Mocorito.147 Las fuerzas porfiristas en Sinaloa se habilitaron
con sin número de miembros, Francisco Cañedo y Eulogio Parra, que estaban
presos en Mazatlán quedan libres gracias al pronunciamiento de José Palacio,
Cañedo inició el 9 de diciembre una campaña recorriendo los distritos del sur y,
asechando los pasos de Eustaquio Buelna, que al verse en plena desventaja
solicitó y recibió ayuda del gobernador de Sonora Ignacio Pesqueira a sabiendas
de que defendía las causas juaristas.
Mientras tanto, en Culiacán en los primeros de diciembre, el general Manuel
Márquez de León, obtuvo el nombramiento para gobernador, de Donato Guerra,
quien habiendo sumado a las filas porfiristas, se convirtió en jefe de la llamada
Segunda División del Ejercito regenerador. Comenzando así la época en la que
146 Filiberto Leandro Quintero, op cit., p.488-489. 147 Ibíd., p. 489-490.
105
existen dos gobernadores, Buelna de las facciones Juarístas y Márquez de las
porfiristas en revolución.148
La lucha continúo hasta la toma de Culiacán el primero de marzo de 1872,
Buelna no pudo sostener sólo la campaña contra este movimiento, que se
convirtió en nacional, por ello el propio Ignacio Pesqueira, pisó tierras
sinaloenses, con sus tropas, destinando buena parte de los recursos del erario de
Sonora, para fortalecer y rehabilitar los ejércitos, luego de fuertes choques
violentos entre las facciones militares, Álamos se convirtió durante esta
revolución en el punto exclusivo por excelencia de los contingentes armados de
Sonora y Sinaloa para su fortalecimiento y reorganización.
En esta revuelta, se habla de poco más de mil quinientos hombres acaudillados
por Pesqueira y Buelna y más de mil con los porfiristas, y a esto agregamos que
el 5 de mayo llegó a Mazatlán, el General Sóstenes Rocha, con mas dos mil
hombres de las fuerzas federales, quien acudió a Culiacán para informar a
Pesqueira de sus operaciones, éste ultimo se embarcó de Mazatlán para Sonora
al no ser necesarias ya sus fuerzas. A solo tres días de que Buelna podía
considerar que logró el triunfo, la llegada de Sóstenes Rocha cambió el proyecto
político, la órdenes del gobierno nacional parecían ser otras, Rocha declaró a
Sinaloa estado de sitio y nombró como gobernador y comandante militar del
Estado a Domingo Rubí.
El desorden no terminó, los porfiristas se dispersaron en guerrillas en la sierra
limítrofe con Durango, hasta que una sorpresa alcanzó a la mayoría, el
fallecimiento de Benito Juárez en julio de 1872, el movimiento nacional ya no
tenía razón de ser, pero el local no terminó, Francisco Cañedo y el coronel
Doroteo López, continuó en su oposición a Buelna.
El orden legal, pudo restablecerse hasta el 5 de febrero de 1873, Buelna se hizo
cargo nuevamente del poder aunque sólo hasta el 11 de mayo de 1875, viéndose
obligado a renunciar pues la campaña política para gobernador suscita una vez
148 Ibíd., p. 492.
106
más grandes inspiraciones ahora entre porfiristas y lerdistas y lo mejor es que no
tome partido, por los candidatos José Rojo y Eseverri y Jesús Maria Gaxiola.
En año de 1876 se presentó otra revuelta militar con alcances nacionales: la de
Porfirio Díaz en Tuxtepec; en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de
Tejada, como presidente de la república. Los adeptos que ésta tuvo en Sinaloa,
hizo pensar a los partidarios de ésta, que cundiría en todo el estado, debido a la
aparición de varias partidas de pronunciados en los distritos del sur, a la vez que
los revolucionarios de Durango amagaban el distrito de Cosalá y los del Cantón
de Tepic al de Rosario.149 Además, las inconformidades indígenas le dieron otro
matiz a esta rebelión, pues entre mayo y junio, los indígenas de Ajoya, a las
órdenes de Feliciano Roque, atacaron San Ignacio primeramente y lo tomaron,
luego, Cosalá, haciendo lo mismo con éxito y además amenazaron Culiacán
aunque son repelidos.
Con este escenario político, Francisco Cañedo y Jesús Ramírez, Terrón se
pronunciaron el 11 de julio del mismo 1876, por el Plan de Tuxtepec de Porfirio
Díaz, solo que posteriormente serían derrotados por las fuerzas federales que
permanecieron fieles al gobierno. Cañedo se retractó de la sublevación y sólo
Jesús Terrón, permaneció en rebeldía en el sur del Estado. No así los
tuxpecanos triunfaron en todo el país, Ramírez Terrón fue reconocido gobernador
en marzo de 1877 y convocó a elecciones en abril, de las cuales, resultó
triunfador Francisco Cañedo.150
Según la prensa oficial del estado, la revuelta tuvo el rechazo de los sinaloenses
que se manifestó con la participación de los vecinos de algunas poblaciones
como Cosalá y El Rosario, que colaboraron con armas y recursos a la defensa
en contra de los partidarios que hicieron su entrada de Durango y el Cantón de
Tepic respectivamente, fortaleciéndose con este apoyo las fuerzas del estado y
federales. Aunque es necesario agregar, que el gobierno utilizó algunos medios
para infringir temor en la población, de tal forma que no es extraño que afirme el
periódico oficial, la inconveniencia de que un movimiento que inició en Oaxaca, 149 ES, “El Estado actual”, 29 de abril de 1876, No. 16, f. 139. 150 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sin., p. 240.
107
se haya extendido en otros estados de la república haciéndolos presas de la
guerra, invalidando las garantías que la ley concedía al hombre y al ciudadano.151
A pesar de que en Sinaloa, Francisco Cañedo y Jesús Ramírez Terrón fueron
derrotados, es decir, que el movimiento porfirista, no tuvo buen fin, los éxitos que
este alcanzó como movimiento nacional, al llegar Porfirio Díaz a la presidencia de
la Republica, a las facciones porfiristas le permitieron tomar el poder ejecutivo de
Sinaloa, de tal forma, que Ramírez Terrón ocupó el gobierno como interino y
convoca a elecciones en 1877, mismas que tuvieron una serie de denuncias
principalmente porque se presentaron algunas aprehensiones, por parte de
generales y comandantes militares.
3.3.- Los caudillos: sus rasgos y motivaciones.
La tipología de los hombres que militaron en las filas republicanas es variada y
debido a esto, se provocaron fricciones entre un caudillismo local que tuvo en un
momento como máximo representante a Plácido Vega, originario de El Fuerte,
que conformó su séquito de seguidores por amiguismos o compañerismo de
batalla o bien compromisos personales con Jesús García Morales y Fortino
León, principalmente.
Mismos que en poco tiempo se enfrentaron a una clase experimentada también
en la lucha militar solo que poseían la característica de ser letrados venidos de
Jalisco como Antonio Rosales y Adolfo Palacio, entre otros, aunque el primero de
estos fue colaborador de la administración de Plácido Vega como Secretario de
Gobierno por algunos meses.
Más Antonio Rosales poco tardó en entrar en fricciones y enemistarse por
completo con el caudillo sinaloense. Se unió a un pronunciamiento contra Fortino
León, gobernador interino de Vega y en la segunda ocasión en 1861 a tan sólo
ocho meses del primer caso fue culpado de organizar un movimiento subversivo
contra Plácido Vega, así que éste y Adolfo Palacio fueron encarcelados y
desterrados de la entidad.
151 ES, “El Estado actual”, 29 de abril de 1876, f. 139.
108
Este escenario de caudillos militares partidarios y defensores del liberalismo y la
Constitución de 1857 que lucharon en Sinaloa por restablecer el orden, auxiliados
por sonorenses como Ignacio Pesqueira y Jesús García Morales, se acrecentó
manifestándose las pugnas por el poder con los procedentes de Jalisco.
Con la toma de la capital de Sinaloa el proyecto de los liberales de Occidente
entre ellos Pedro Ogazón gobernador de Jalisco e Ignacio Pesqueira de Sonora,
ganaron como aliado para esta lucha en contra del conservadurismo al gobierno
del estado de Sinaloa. Además los jaliscienses ante la constante amenaza del
líder de los indígenas del Cantón de Tepic Manuel Lozada, que tenía amplias
relaciones con los conservadores, solicitaron la ayuda del gobernador de Sinaloa.
En esta ambiente de hostilidad entre el gobierno de Jalisco y Manuel Lozada,
aparecieron otros caudillos con un carácter regional que además establecieron
una relación directa con Benito Juárez como lo fue Ramón Corona. Este último
empezó a tener presencia en la entidad gracias a la comandancia de las
llamadas Brigadas de Sinaloa y Jalisco que después se denominaría
flamantemente Ejército de Occidente.
La comunicación que estableció Ramón Corona como jefe del ejercito le permitió
que en sus informes militares enviados al Ministerio de Guerra pusiera al tanto
obviamente de acuerdo a su percepción, punto de vista y conveniencia de lo que
en Sinaloa sucedía planeando en un principio la eliminación del poder alcanzado
por caudillo local Plácido Vega, señalando su resistencia a cooperar con recursos
para la lucha contra los imperialistas.
Para lograr el objetivo de derrocarlo llevaron a acabo una campaña de
desprestigio que tuvo varias fases: por órdenes del presidente Benito Juárez
nombraron a Juan de la Peña, jefe de la Aduana Marítima de Mazatlán, mismo
que a su llegada daría los pormenores del manejo arbitrario de los recursos de la
Aduana; después destituyó a los que en la oficina aduanal fueran partidarios del
gobernador de Sinaloa. A su vez a de la Peña se le otorgó el poder para hacer
entrega de dinero al jefe de las Brigadas de Sinaloa y Jalisco para continuar en la
lucha contra Lozada.
109
Los límites geográficos entre Jalisco y Sinaloa, y las derrotas infringidas contra el
ejército de los jaliscienses provocaba que se replegaran hasta la zona de
Escuinapa, El Rosario y Mazatlán para buscar la recuperación física y material de
las tropas, por ello, solicitaron la ayuda de los gobiernos de la entidad para
continuar la lucha que amenazó muchas veces al estado de Sinaloa, justamente
porque aquí los liberales administraban la política y participaban con fuerzas
armadas contra los lozadistas.
Los caudillos regionales procedentes en su mayoría de Jalisco al establecerse en
Sinaloa a causa de la guerra de intervención buscaron ocupar los puestos
públicos, formar parte de la institucionalidad y lo que lograron fue trastocarla por
los diversos intereses entre los mismos.
Antonio Rosales, caudillo que había tenido serias desavenencias con Plácido
Vega, logró sostenerse y maniobrar junto con Ramón Corona la caída de García
Morales,152 a través de la forma más común que los militares usaban para tomar
el poder, un pronunciamiento en Villa Unión en octubre de 1864. Con esto se
quitaron de encima a un caudillo más que sostenía el gobierno local en Sinaloa.
Por su parte, Rosales fue elegido gobernador a raíz de dicho pronunciamiento,
cargo que sostuvo por poco tiempo, porque también un movimiento rebelde de
carácter militar proclamado por Ascensión Correa, uno de los jefes de milicia de
Corona, que al mando del Batallón Hidalgo lo desconoció como gobernador, aun
en medio de la intervención francesa en la entidad.
En pocos días, Ramón Corona regresó a Culiacán, lugar donde se había dado el
reciente levantamiento, se entrevistó con Rosales, y este último pidió que Correa
sea procesado para reivindicar su investidura, con lo cual Corona no estuvo de
acuerdo adoptando una actitud conciliadora que el gobernador de Sinaloa no
aceptó presentando su renuncia al gobierno. Es aquí cuando apareció para
sustituirlo un jefe militar de origen sinaloense, Domingo Rubí; con estos hechos
Corona había logrado deshacerse de Rosales que con su personalidad tan fuerte
empañaba sus acciones políticas y militares.
152 Caudillo del grupo de Plácido Vega que fungía como gobernador en 1864.
110
A la renuncia de Rosales le siguieron la de los coroneles Sánchez Román,
Manuel Banda y los tenientes coroneles Jorge G. Granados y Francisco G.
Miranda. Este hecho demostraba que el nombramiento de Rubí era núcleo de un
grupo divisionista de partidarios, en el seno de las corporaciones militares
destacadas en Culiacán y explica las preferencias políticas, de ambas
facciones.153
Respecto a esto, los intereses por el control de los provechos fiscales también
eran motivo de disputas entre los caudillos. Prácticamente desde San Ignacio al
norte, el gobierno de Rosales había controlado durante su gobierno la totalidad
de los de recursos del fisco, del estado y federales, pues esta porción de la
entidad gozaba prácticamente de compl. eta paz. De San Ignacio al sur, es decir,
los distritos de Concordia, Mazatlán, El Rosario, quedaron como única fuente de
recursos para las tropas de Corona.154
Más con el nombramiento de Domingo Rubí como gobernador en 1866, Ramón
Corona consolidó su poder en Sinaloa, ya como jefe del llamado Ejército de
Occidente, pues incidió en la decisión federal para que Francisco Sepúlveda
antiguo conocido suyo fuese nombrado Administrador de la Aduana Marítima de
Mazatlán y Atanasio Aragón como Jefe Superior de Hacienda.
Con lo anteriormente descrito es posible confirmar que la unión entre caudillos
surgidos y sostenidos por la milicia estaba sostenida con vínculos de carácter
tradicional, surgidos por compañerismo en épocas de conflictos armados, se
integraban por relaciones afines y de conveniencia de intereses, de sentido de
pertenencia de lealtad, como lo afirma François-Xavier Guerra.
También es notable la lógica del poder individual, donde lo dominante es la
presencia de autores individuales, los caudillos, en detrimento de la
institucionalidad, pues estaba ausente el marco legal al no tener vigencia en el
espacio político de Sinaloa. La lucha por destacar de estos actores individuales,
los caudillos, dejaron fuera de las grandes esferas públicas a los actores
153 José Mena Castillo, Historia compendiada del Estado de Sinaloa, Segunda Parte, México, 1943, p. 164. 154 Ibíd, p. 165.
111
colectivos, ya que poco hicieron uso de voz o presencia en el escenario político
que se ilustra.
Los existencia del caudillismo y el escenario problemático que este fenómeno
propició permite encontrar a una sociedad que tenía rasgos pronunciados del
tradicionalismo, y que en buena medida se movía en torno a los caudillos porque
dominaron la política con rasgos ancestrales y curiosamente en muchos casos
fueron ellos los que anunciaban y defendían la adopción del régimen con carácter
modernizador donde encontramos a la ciudadanía, asunto que se trata en el
siguiente capítulo.
112
CAPITULO IV.
CIUDADANÍA, REPRESENTACIÓN POLÍTICA: PRIVILEGIO Y EXCLUSIÓN.
4.1.- La ciudadanía como concepto histórico y su inclusión constitucional en Sinaloa.
El concepto de ciudadanía surge ligado a otros como soberanía, nación, patria,
representación y estado, porque todos ellos constituyeron novedades del mundo
moderno, que empezaron a tener auge a partir de los primeros frutos de la
Revolución Francesa, con los llamados derechos del Hombre y del ciudadano,
con la Constitución de los Estados Unidos de América, que declaró, que el
principio de toda soberanía reside en la nación.
Fue en la Constitución de Cádiz en 1812 para el caso de las colonias españolas
donde por primera vez, se encontró el reconocimiento a la existencia del
ciudadano, así el poder soberano que antes residía en el rey, se otorgó al pueblo.
Con ello surgió la nueva forma de entender la soberanía como: atributo de la
comunidad ciudadana, pueblo o nación.
La crisis político social generada a partir de las intervenciones extranjeras, desde
la francesa en España en 1808, hasta la que sufrió América Latina, luego de las
independencias en muchas regiones, pusieron de nuevo a la soberanía en
jaque, y ésta fue discutida reconformándose como el derecho que tienen los
pueblos para organizarse políticamente ellos mismos, con autonomía, utilizando
toda su fuerza para contrarrestar el asecho de civilizaciones extranjeras en el
siglo XIX.
Los países de América Latina, buscaron hacer valer sus derechos como naciones
libres para no ser intervenidas, primero por España, luego por Estados Unidos o
bien Francia, otras veces por Inglaterra; de tal manera que, conceptos como
ciudadanía, soberanía, componentes básicos del liberalismo fueron adoptados y
plasmados en las constituciones, y en ocasiones reinterpretados en discursos
periodísticos o del presidente, gobernadores, diputados, etc.
113
Desde la mencionada constitución de Cádiz de 1812, era necesaria una idea de
pertenencia a una identidad colectiva común de la nación con derechos
universales, como propiedad, igualdad, seguridad, sufragio. En México estos
principios tomaron rumbos diferentes por el protagonismo de los pueblos y la
crisis del imperio español.155 Por su parte, los poderes locales aprovecharon a su
manera este precepto de ciudadanía y asientan algunos requisitos para definir
quien era ciudadano, quien no y quien dejaba de serlo en determinado caso.
Las discusiones sobre la ciudadanía en la historia europea y americana se
originaron cuando el poder soberano que reside en el monarca, trasmitido a
través de la dinastía, se pretende sea transmisible para entenderse y declararse
fenómeno social, derecho de la comunidad política.
La tradición de la monarquía española ofreció resistencia, los movimientos de
independencia y revolución surgieron como etapas previas al reconocimiento de
la soberanía como potestad emanada del pueblo, como parte de la comunidad
política, del ejercicio de la representatividad originada de los ciudadanos.
La sola idea de este tipo de soberanía generó conflictos en la monarquía, no sólo
por la común -y en general- asociación de la soberanía con monarquía y dinastía,
sino más aun, por la tradicional de distancia de comunicación de carácter político
entre rey y reino, ausentes de cuerpos de intermediación política entre ambos. A
su vez, existía una ausencia de instituciones donde desarrollar la dimensión
ciudadana de participación política de los súbditos, pues no existía una
constitución que integrara esto.156
El ciudadano se fue construyendo a la par de las autoridades civiles, los valores
públicos, lo cívico, es un sistema de usos y costumbres, de formas de acción,
dotadas de un sentido para hacer valer la razón de la existencia del poder
estatal, la organización de la función publica como tal, el porqué, el para qué, de
155 Francois Xavier Guerra, ´´El Soberano y su reino, reflexiones sobre el ciudadano en América Latina´´ en: Hilda Sabato, Ciudadanía política y formación de las naciones, perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, FCE, 1999, p. 30.
156 José Maria Portillo Valdés,´”Soberanía”, Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (directores), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial 2002. p. 648.
114
su existencia, con fines a resolver de manera pacífica las diferencias en
sociedad.
La aparición de la ciudadanía tuvo un rasgo fácilmente comprensible porque se
necesitaba de la lealtad individual hacia las crecientes instituciones públicas,
bajo la forma de Estado: para abandonar las maneras tradicionales,
reminiscencias del colonialismo español como las comunidades y corporaciones.
Fundando una forma particular establecida ya en Francia y Estados Unidos, que
implicaba un tipo de obediencia política con matices modernos, productos de la
Revolución Francesa.
En la Revolución Francesa la cuestión de la ciudadanía estaba implícita, por ser
una revolución de la igualdad, que tuvo su origen en el odio a los privilegios, se
conjuga con la reapropiación colectiva de la soberanía real para coronar al
pueblo, es decir, que el derecho al sufragio es entendido como un derecho
natural.157
En este marco, la institución de la ciudadanía ocupó un lugar central, porque le
otorgan derechos políticos al individuo, y lo convierten en miembro de una
comunidad. Este campo problemático se interroga por las elecciones, el sufragio,
las prácticas electorales, por la opinión pública y la esfera pública, por las milicias
y la ciudadanía armada, y por otras facetas de las relaciones entre la sociedad
civil y la sociedad política.158
Así se explica también la aparición en la mayoría de las constituciones locales de
los recientes estados federalizados en México, reafirmando la necesidad y
existencia de los poderes emanados del voto, de las elecciones. Aunque no se
agotó ahí porque se estipularon derechos y obligaciones para todos
independientemente que fueran reconocidos por el poder legislativo de las
cámaras locales o no como ciudadanos.
157 Pierre Rosanvallon, La Consagración del Ciudadano, Historia del Sufragio Universal en Francia, México, Instituto Mora, 1999, p. 39. 158 Hilda Sabato y Alberto Lettieri (Compiladores), La vida política en la Argentina del siglo XIX, armas, votos y voces, México, 2003.p. 10-12.
115
Al instaurarse el federalismo, la mayoría de los estados de la República Mexicana
asentaron en su constitución local las formas de alcanzar la ciudadanía. Por su
parte, el Estado Libre de Occidente compuesto por las provincias de Sonora y
Sinaloa en 1825 estipularon en su primera constitución los derechos políticos de
los ciudadanos del Estado, señalando que se necesitaba ser avecindado del
estado y con veintiún años cumplidos o en caso de ser casado sólo dieciocho,
también podían adquirir estos derechos los naturales de otras republicas
americanas o territorio de la federación que hayan obtenido por el estado su carta
de ciudadanía solo que se fijara con alguna industria o capital por un lapso
mínimo dos años siempre y cuando fueran fieles a la nación y forma de gobierno;
los extranjeros de cualquier otro país debían obtener del Congreso del estado su
carta de ciudadanía, que podía ser solicitada al tener cuatro años de residencia o
bien dos, si estaban casados con mujer natural del estado, o bien tener
propiedad territorial, profesión o industria productiva.
La ciudadanía podía perderse según la constitución en caso de adquirir
naturaleza en un país extranjero, cuando sin permiso de los Estados Unidos
Mexicanos se admitiese empleo, condecoración o pensión de un gobierno
extranjero, a los fueren procesados por delitos, en caso de vender o comprar
votos en las juntas electorales.
El ejercicio de estos derechos sería suspendido por incapacidad física o moral,
por no tener veinte años cumplidos, por ser deudor a los caudales públicos, los
ociosos y los vagos se excluían, y moralmente los que anduvieran desnudos, a
excepción de los indígenas hasta 1850, al no acudir al llamado de las
autoridades, al ser sirviente doméstico, a los hijos ingratos debiendo existir un
juicio demandado por los padres, a los que se hubiesen separado de su mujer
legítima sin las formalidades de las leyes, y también por no saber leer y
escribir.159
La ciudadanía de acuerdo a las decisiones del gobierno y lo que la prensa
expresa, empezó a replantearse como parte de una renovación democrática a
159 Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus… p. 42-45.
116
partir de la guerra de reforma. Los postulados de la constitución de 1857 y las
leyes secundarias del periodo, que se plantean de manera concreta cuando en la
carta magna se consignan una serie de principios, que a la vez que otorgan la
legitimidad como gobierno emanado de la voluntad del pueblo, de la soberanía
del mismo, compromete las aspiraciones a asegurar sin distinción de clases ni
condiciones, que los ciudadanos puedan disfrutar de cuantos derechos y
garantías sean compatibles con el orden de la sociedad.160
Así como también para que se administre, de manera que, todas las autoridades
cumplan sus deberes y atribuciones, sin excederse del círculo marcado por las
leyes y, finalmente a que los estados de la federación usen las facultades que les
corresponden para administrar libremente sus intereses, así como para promover
todo lo conducente a su prosperidad siempre y cuando no se oponga a los
derechos e intereses generales de la república.
La ciudadanía define, en particular, la naturaleza del vínculo del estado y sus
súbditos, era el eje de un modelo moral que exigía que el estado respondiese a la
Voluntad General- o a un consenso formado por el público, imponiendo la
obediencia como contribución al bien común. 161
Los liberales del periodo de la reforma expresaron a la ciudadanía como un
modelo de la Francia de la ilustración, fincada en los derechos del hombre; el
ideal de ciudadanía descansó sobre los valores y supuestos del individualismo,
porque antes que otra cosa el ciudadano era un individuo y como tal la realidad
básica de la vida social, era el valor, el producto idealizado de una configuración
histórica que dependía del desarrollo del mercado y de la soberanía estatal. 162
Aunque también, en esta concepción de mediados del siglo XIX, tiene un peso
importante el mercado que obliga a la individualidad, la jerarquía tiende a
160 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, (Justificación de las leyes de reforma, manifiesto a la nación). p. 485-500. 161 Ibíd., p. 51. 162 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos Imaginarios, memorial de los afanes y las desventuras de la virtud y la apología del vicio triunfante en la República Mexicana, Tratado de moral pública, México, El Colegio de México, 1992, p. 22.
117
desaparecer, el gobierno debe cambiar junto con esto, pues ahora le toca
brindar protección de los derechos e intereses individuales.
En Sinaloa, el fenómeno del liberalismo se manifestó en algunas ciudades como
Mazatlán; pues, desde los años cuarentas y cincuentas al puerto, se le empezó a
ver como ejemplo de prosperidad, donde el comercio se desarrollaba con
grandes concesiones por parte de la administración y según explicaban los
liberales, esto sería benéfico para el desarrollo del Estado, para las familias y los
residentes, entendiendo con esto que el mercado y la individualidad vendrían a
ser pormenores sugerentes de la consagración y del desarrollo de la propiedad
particular.
Tal como afirma Fernando Escalante Gonzalbo, ni la ciudadanía ni el
individualismo eran hechos espontáneos, si no integrados en un modelo cívico
que en todo el mundo se impuso de manera muy lenta a través de un proceso a
veces sangriento, por ello las luchas políticas del siglo XIX, en España, en
Francia, en Italia y en Latinoamérica, para crear ciudadanos.163
Sin embargo, en esta materia y en asuntos de ley justa y de democracia en
México era decepcionante, pues sobre cualquier asunto informaba la prensa con
sus exageraciones o bien decidía un magistrado corrupto, imponiéndose la
influencia de un político, amparándose en una logia o una camarilla, en el
desesperante paisaje de un pueblo distante, incomprensible.164
La propia interpretación que se hizo de la ley Lerdo, expedida en 1856, tendiente
a la desamortización de los bienes eclesiásticos y de propiedad comunal,
respecto a que dicha ley tenía por objeto quitar las trabas al desarrollo de la
economía mexicana y fomentar la creación de una ciudadanía de propietarios.165
163 Ibíd., p. 22. 164 Ibíd., p, 25. 165 Annick Lemperiere, “Reforma escenario complejo, dicotomía Estado pueblos”, Antonio Annino y Francois Xavier Guerra, Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX, (coordinadores), México, FCE, 2003, p. 343. Donde también señala que detrás del orden económico de las tierras y de la resistencia de las comunidades se encontraban una serie de razones simbólicas y culturales, que la posesión de bienes en las cofradías, pueblos, y comunidades indígenas las permitía cumplir con las obligaciones y deberes religiosos, tales como servicios públicos, como cultos, procesiones, fiestas a los santos, novenarios, etc.
118
4.2.- Vecindad: requisito, derecho o privilegio ciudadano
Uno de los requisitos para obtener la ciudadanía al instaurarse
constitucionalmente como derecho político, fue la residencia comprobada por la
vecindad, misma que seguiría teniendo gran peso para la diferenciación entre
ciudadanos y no ciudadanos, pues vagabundos y forasteros sin oficio, ni
propiedades comprobadas, jamás accedieron a este privilegio, que tiene una
explicación que se remonta hasta la época colonial.
Así, en 1776, un diccionario de la lengua española, define al ciudadano como el
vecino de una ciudad que goza de sus privilegios y está obligado a sus cargas,
no se pueden considerar ciudadanos los extranjeros, ni los vasallos del rey, ni los
que dependen de un señor laico o eclesiástico, en América, de un hacendado, o
los que viven dispersos en el campo o en localidades sin estatuto político
reconocido. Tampoco lo son, dentro de una ciudad los forasteros, o en los
pueblos, los agregados.166
Los vecinos gozaban de un estatuto privilegiado, lo que se deduce en
desigualdad obvia entre los que no eran ciudadanos, se dio también entre los
vecinos mismos. Incluso las propias ciudades tenían jerarquía de privilegios entre
sí, villas y pueblos, algunas de esas comunidades poseían fueros particulares.
Existía desigualdad porque dentro de una misma ciudad algunos vecinos poseían
privilegios suplementarios, resultado de nobleza o de hidalguía.167
Muy diferente es el ciudadano que surge de manera progresiva en los textos
constitucionales de la época revolucionaria y, sobre todo, el que definía la
constitución de Cádiz. En dicha constitución de la monarquía española se adoptó
la idea de la composición de la nación por individuos: ´”la nación española era la
región de todos los españoles de ambos hemisferios”.168
La ciudadanía obtuvo después de la independencia rasgos precisos, los
derechos políticos se le reconocen sólo a quien tenía el estatuto de vecino, quien
166 Francois Xavier Guerra, “El Soberano y su reino…” p. 32. 167
Ibíd. 168
Ibíd.
119
los ejercía al sufragar como elector. Todas las leyes electorales, de 1812 hasta
la 1855, establecían una serie de requisitos para ser acreditado como ciudadano,
como elector primario o secundario; el requisito primordial era ser vecino de una
localidad y tener un modo honesto de vivir.169
La vecindad siguió siendo de alguna manera la característica esencial de la
ciudadanía, se mantuvo como requisito principal para ser elector. Al ser
fundamental la importancia al reconocimiento social de los grupos locales, que
debían certificar, que el individuo viviera en una comunidad el tiempo que se
requería, para que representaran a determinada comunidad en la votación
indirecta. Así, Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández, señalan que México
nació a la vida independiente como una sociedad de sociedades, y que siguió
siéndolo hasta buena parte del siglo XIX.
La instauración del sistema federal, dejó en claro desde la Constitución de 1824,
las obligaciones y los derechos del ciudadano, en el periodo centralista de
Antonio López de Santa Anna, se asignaron nuevamente cargas concejiles a los
vecinos, por parte, de los alcaldes de los ayuntamientos, de acuerdo a una ley
del 20 de marzo de 1837, debido a, la necesidad de pedir guías o bestias para
bagajes requeridas para la policía. 170
De dichas cargas, en un principio, se liberaba a los empleados del ramo de
hacienda por la exigencia del buen servicio a su cargo, pero poco tiempo
después, llegó la noticia en correspondencia oficial al despacho de Gobernación
del Departamento de Sinaloa, que el presidente Antonio López de Santa Ana,
ordenaba que ningún individuo goce de la excepción de las cargas concejiles,
porque se decía que muchos con el objeto de liberarse de estos, procuraban
empleos o encargos de ramo de hacienda sin servirlos por si mismos y este
169 Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández, ´´Ciudadanía orgánica mexicana´´, en Hilda Sabato, Ciudadanía política y formación de las naciones, perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, FCE, 1999, p. 372. 170 AHMM, “Circular que recibe la Presidencia Municipal de Mazatlán enviada por el gobernador del Departamento de Sinaloa,” 13 de enero de 1854, Caja 23-1853-1860, Exp. 1854.
120
abuso reflejó un perjuicio de los vecinos de las poblaciones porque se limitó la
posibilidad de que otros ocuparan dichos puestos. 171
Pero, así como los vecinos tenían obligaciones con el gobierno también podían
ejercer derechos, de tal forma que en 1854, en Mazatlán se presentaron
solicitudes por parte de los mismos, claro en común, de donación de terrenos
para ejidos de la población y pidiendo además la aclaración de un nuevo
impuesto que sobre el carbón, madera y otros artículos por el uso de terrenos. 172
Las definiciones en diccionarios de la época afirmaron que en la acepción
ciudadanía se requiere del sujeto, el ciudadano, mismo que en 1849, se
comprende de acuerdo al origen etimológico de la palabra vecino de alguna
ciudad o la persona avecindada en ella, de tal forma que, la residencia seguía
teniendo gran peso. Desde el punto de vista político, ciudadano comprendía a
toda persona que tiene el derecho de ciudadanía, esto es, los privilegios,
deferencias, opción al desempeño de los cargos públicos, etc, que bajo ciertas
condiciones reconoce, concede y garantiza la constitución del Estado, así a los
indígenas como a los extranjeros naturalizados y de residencia fija.
Se consideraba ciudadano no exclusivamente al residente de la ciudad porque el
vecino de cualquier población, es también un ciudadano. No cualquiera podía
alcanzar la ciudadanía, ya que los requisitos solo posibilitaron a los hombres que
tenían un estatus medio en la estructura social. No había ciudadanas (lo expresa
un diccionario de la lengua Española de 1849), porque las mujeres siguieron
estando excluidas de este derecho reservado al género masculino.173
La idea expresada en este diccionario seguramente tuvo alguna profusión en la
zona del occidente y noroeste de nuestro país, señalaba la existencia de una
relación entre el origen del ciudadano y el residente de la ciudad, porque la
ciudad permite en un primer momento hablar de ciudadanía, aunque 171 AHMM, “Ordenanza del Presidente de México, Antonio López de Santa Anna que envía el gobernador de Sinaloa al Presidente Municipal de Mazatlán,” 2 de marzo de 1854, caja 23- 1853-1860, Exp. 1854.. 172 AHMM, “Solicitudes hechas al cabildo municipal, 22 de julio y de 1º de agosto de 1856,” Caja 23, Exp. 1856 (3). 173 Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española, el más completo de los léxicos publicados hasta el día, Tomo II, Madrid 1849, p. 50.
121
posteriormente el concepto no se limitó al habitante de la misma, pero de
cualquier manera, es necesario decir que la ciudad en 1849, se entiende como:
población comúnmente grande que goza de mayores preeminencias que las
villas. Algunas podían ser cabezas del reino (en este sentido dicho concepto
seguía manejando la organización política para el caso español en reinos) y
otras tienen este título por privilegio. También comprendía dicha acepción a los
espacios físicos, es decir, el conjunto de calles, casas, y edificios que componen
la ciudad, como cuerpo que moralmente la personifica. Pero a la vez, aparece la
idea de representación moderna que reside en el cuerpo de diputados o
procuradores con voto en cortes, que representaban las ciudades del reino.
La ciudadanía moderna, de la cual mucho presumen los liberales de la época de
la reforma, fuera de lo que pudiera pensarse, iba aparejada con una concepción
corporativa o comunitaria de lo social. Una ciudad, un pueblo, un barrio, una
comunidad, son cuerpos que constituyen la sociedad, el hombre se define a
través de la residencia por su pertenencia a un grupo, a un estado, territorio o
corporación. Todo aquel que no pertenecía a uno de estos grupos estaba fuera
de la sociedad: vagabundos, mendigos, marginales de todo tipo.
Por ultimo, hay que señalar que contrariamente al ciudadano moderno,
componente individual de una colectividad abstracta la nación o el pueblo-, el
vecino es siempre un hombre concreto, territorializado, enraizado: se es vecino
de esta ciudad o de esta otra, en esta pertenencia se basa su identidad y su
orgullo.174
El peso de la vecindad, siguió siendo importante, pues en documentos de las
décadas 1850, e incluso hasta 1870, ante las prefecturas los vecinos hacían
peticiones, proponiendo en común la organización de comités de obras publicas,
organización de fiestas como el carnaval, o quien ocupa el puesto de policía de la
ciudad, solicitan donación de terrenos para ejidos o bien exoneraciones del pago
de contribuciones o del servicio militar. 175
174 Francois Xavier Guerra, op cit., p. 33. 175 AHMM, Actas de Cabildo 1850-1870.
122
Denunciaban quejas contra las autoridades, que podían ser contra el
administrador de rentas, el prefectos, el sindico, el director político, contra
impuestos municipales, contra un juez, o pidiendo se anulen las elecciones
locales, para que se erija en municipalidad a alguna alcaldía.
En las quejas ante y contra autoridades eran muchos los individuos que al
manifestar sus inconformidades a veces personales y otras de afectación
colectiva se manifestaron como vecinos, aunque hubo otros que como
ciudadanos, esto tiene que ver con que no todos podían considerarse
ciudadanos, pero lo cierto, es que el derecho para opinar sobre tales o cuales
situaciones, por la mala administración publica, por un funcionario estatal o
municipal que arbitrariamente decidía algo que les afecta, era para todos los
vecinos.
De esto se pueden ofrecer muchos ejemplos; vecinos de Escuinapa hicieron
acusaciones contra el ex director político del mismo pueblo en febrero de 1867;
contra el director político de Villa Unión por tropelías e injurias, en noviembre de
1867, contra el Recaudador de contribuciones por sus procedimientos al hacer
efectivo el pago de sus adeudos; reclamaciones contra el director político de
Quilá por no haber devuelto un caballo en julio 1869; un individuo se manifestó
por haber sido azotado en la plaza pública de Concordia por orden del prefecto,
en noviembre de 1868; vecino de Culiacán emite una queja por el cobro de más
que le pidió el juez civil al facultarle una bóveda para inhumación, en noviembre
1868; incluso aparecen muchas quejas de mujeres, como la de vecina de
Escuinapa, se quejó contra el director político por actos arbitrarios en abril 1869;
en Bamoa se manifiestaron en contra del cobro que impuso el ayuntamiento para
construir un edificio, abril de 1869; contra el prefecto de Cosalá se quejó un
propietario, Leonardo Aguilar, por que repartió unos terrenos a indígenas, en abril
de 1869; un vecino de Culiacán se quejaba del Diputado de Minería que se negó
a admitirle el denuncio de una mina, en mayo de 1869.176
176 AHGES, Fondo Secretaria de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaria de Gobierno, 1857- 1870.
123
Las quejas registradas ante las autoridades son innumerables, no solo contra el
gobierno del estado también contra jueces, prefectos, ayuntamientos, quedando
de manifiesto el protagonismo del ciudadano o bien del vecino en la vida pública,
usando la institución liberal para dejar asentado su desacuerdo contra los que
detentaban el poder.
Por otro lado, se empezó a hablar de vecinos ya no en plural sino en singular,
encontramos un buen número de quejas de particulares donde se manifiestan de
manera personal ante las autoridades en muchos de los casos contra
funcionarios o empleados públicos por actos arbitrarios de jueces, prefectos y
directores políticos principalmente.
Para los liberales, la ciudadanía era una garantía para el cuerpo social, una
conquista de la libertad de pensamiento, de conciencia, como derechos propios
del ciudadano para conservar su libertad, de culto, de trabajo, de propiedad,
aludiendo a que solo con ella se podía alcanzar una verdadera igualdad y
fraternidad, condiciones esenciales de la democracia. 177
Sin embargo, es innegable que el carácter esencial de la sociedad era plural, en
buena medida por una notoria diferenciación económica y social, además cada
entidad federativa tenía sus propias leyes y reglamentos particulares, existían
derechos territoriales, que confieren a la vecindad una connotación distinta a
cada localidad, porque los regionalismos eran tan diversos, debido a, una serie
de factores como las distancias geográficas, los poderíos económicos, los
caciquismos, y la debilidad del poder político mexicano.178
Los asuntos relativos a los derechos territoriales, manifestaron gran resistencia
social y política, debido a, la oposición de transferir en propiedad privada los
derechos ancestrales, de tal manera que, la elite liberal debía reconocer el
respeto a la libertad de derechos y costumbres, para ofrecer armonía a través de
la ilustración y del progreso de la época. Dicho de otra forma, el paso de una
concepción relativa de la propiedad y el derecho a una, fundada en una ley igual
177 CM, 17 de septiembre de 1866, p. 24. 178 Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández, op cit., p. 374.
124
para todos, y aceptación del derecho individual, representó una radical
transformación social y cultural. En este sentido, los legisladores orientaron el
derecho territorial y la vecindad hacia un horizonte federal y liberal, pero debían
cuidarse de no violentar las partes, resguardando el derecho particular de cada
entidad.179
Los liberales mexicanos adquirieron muchos portavoces en los estados, así que,
en los diversos territorios del país, grupos políticos locales, se pronunciaron a
favor de la causa liberal, la constitución política de 1857, estipuló que está tendría
el significado de Ley Suprema o ley fundamental, porque en ella, constaban las
bases del ser social, los derechos o libertades de todo habitante del país en
virtud de ser hombre. Esto significó un pacto federal, que no es otra cosa sino un
consenso para respetar la ley Suprema. 180
De acuerdo a la Ley electoral de 1857, los derechos políticos que ya habían sido
definidos en leyes que regían la nación adquieren vigencia, y en los vecinos
continuó la titularidad de estos derechos, los vecinos se diferenciaron de los
forasteros, ya que estos no podían intervenir en los asuntos públicos, como
elector o como elegible, los residentes tampoco ejercían este derecho, a menos
que estuvieran de forma permanente en la localidad pero la perdían al salir del
lugar.181
Los derechos civiles no sólo se expresaban en el espacio de condena hacia los
funcionarios públicos, sino en la participación como agentes de la vida pública
con derechos políticos que podían ejercer como electores, cosa que se tratara
más adelante.
4.3.- Educación y formación ciudadana.
Respecto a la instrucción de los ciudadanos, el impulso para su formación se
generó en dos niveles: la búsqueda de que las jóvenes generaciones de las
179 Ibíd., p. 374-375. 180 Justo Sierra, Historia patria, lecciones para la niñez, Campeche, Gobierno del Estado, 1982, p. 65. 181 Ibíd., 375.
125
escuelas primarias y secundarias, conocieran y reflexionaran sobre la
Constitución política, pues según una circular del gobierno del Estado de Sinaloa
en 1857, se adoptó como uno de los libros de instrucción para los niños más
adelantados de las escuelas, por estar ellos más próximos a entrar en la
sociedad, y por otro lado, la capacitación al pueblo trabajador, como hombre,
ciudadano; además de ofrecer los conocimientos para el desempeño de sus
labores.
En relación a la formación de los niños, los directores de las escuelas tendrían a
cargo la responsabilidad de estar observando el seguimiento de esta ley. Los
resultados de esta ordenanza deberían ser la paz, el respeto al gobierno y con el
tiempo los jóvenes podrían ser dignos ciudadanos patriotas y conocedores de los
derechos y entonces, ya no será fácil que sobreviniese la turbulencia de los
enemigos de la libertad y del progreso.182
Una de las prioridades de su gobierno, según, el discurso juarista, sería,
aumentar los establecimientos de enseñanza primaria, pues para ellos la
instrucción, era la base de la prosperidad de un pueblo, comprometiéndose a la
publicación y circulación de manuales sobre derechos y obligaciones del hombre
en sociedad.
En otro aspecto, la educación cívica, fue una táctica del gobierno en aras de la
integración nacional, debido a, la lucha contra los franceses, utilizando discursos
que se difundían en eventos conmemorativos, claves para este fin, donde se
hacía alusión a la defensa del orden constitucional, la legalidad, los derechos
ciudadanos, publicándose estos en la prensa, porque de lo contrario la
indiferencia del ciudadano común seguiría caracterizando a las generaciones
venideras.
Los cambios en la educación vislumbraban los proyectos liberales pues
buscaban la implantación del conocimiento de las ciencias prácticas para que los
niños adquirieran conocimientos encaminados a la explotación de las actividades
182 Alejandro Hernández Tyler, De cómo fue jurada en Sinaloa La Constitución de 1857, Culiacán, Publicaciones del Gobierno del Estado, 1928, p. 5.
126
comerciales e industriales, para formar a los ciudadanos emprendedores,
capaces de proyectar la explotación de minas, de levantar fabricas en las orillas
de los ríos y de transformar los recursos naturales en objetos de industria, es
decir en estos proyectos estaba implícita la idea de progreso ligada ala desarrollo
económico.183
Las intensiones del gobierno en materia educativa podían ser muy ambiciosas
pero la realidad estaba lejos de conocer la efectividad de los mismos, mientras
tanto, en el país apenas se buscaba la laicización de la instrucción publica, solo
en la capital existían establecimientos de toda clase de diversas profesiones. En
la mayoría del país el sistema de educación era limitado, casi todas las escuelas
se encontraban en los principales centros de población y en algunos casos un
seminario donde se enseñaba un poco de latín y algo de lógica y metafísica.
En enero de 1861, en Mazatlán se estableció una escuela mercantil; el colegio
fue establecido y colocado bajo el patronazgo de una junta directora de estudios,
compuesta de las personas más respetables de este Puerto. El gobierno del
Estado, en busca de impulsar la educación expidió una ley disponiendo, que las
municipalidades del estado sostuviesen en el colegio veinte discípulos y cada
uno de estas tendría derecho a enviar alumnos al Colegio, pero la indiferencia
era tal que solamente los distritos de Mazatlán y de San Ignacio enviaron sus
alumnos y pagaron sus pensiones: Concordia, El Rosario, El Fuerte y Cosalá
mandaron alumnos pero después de ocho meses no remitieron fondos; de
Badiraguato escribieron que no había personas acaudaladas y tampoco jóvenes
que se interesaran en estudiar; en Mocorito se declararon insolventes para
sostener un alumno; en Sinaloa y Culiacán prefirieron no decir nada al
respecto.184
A pesar de los proyectos en esta materia, la guerra de los tres años y la lucha
contra los franceses, aplazó estas reformas, de tal manera que, en Sinaloa el
ramo de instrucción en 1866, estaba en completo abandono, razón por la cual, el
gobernador Domingo Rubí, expidió un decreto donde se estableció la Junta de 183 EP, “Editorial, instrucción pública,” 25 de septiembre de 1861, No. 8, Año 1. 184
Ibíd.
127
Instrucción Pública, y además, solicitó el apoyo de los prefectos, para que dieran
cuenta pormenorizada del número de escuelas existentes en sus localidades,
número de niños, materias que se enseñaban y fondos con que contaban. 185
Al restaurarse la república, se dieron nuevos impulsos a la formación de la
juventud, se expidió la Ley de Instrucción Pública en 1867, que se remitía a
través de una circular del gobierno estatal, donde era notable la influencia del
pensamiento de Gabino Barreda, formado en el positivismo europeo de la época,
quien consideraba que el estudio de los fenómenos de la naturaleza, cultivan el
entendimiento y los sentidos, sin la imposición de opiniones, dogmas políticos o
religiosos.
Esto se pensaba, traería una serie de satisfacciones, como preliminar de la paz y
del orden social, porque pondría a todos los ciudadanos en actitud de apreciar
los hechos de manera semejante y por lo mismo permitiría la igualdad de
opiniones hasta donde fuese posible, de tal forma que las nuevas generaciones
formadas en el conocimiento positivista, lograrían mejores consensos, en aras de
un ideal de la ciudadanía futura.
Las opiniones serían siempre el móvil de todos los actos de los hombres, y a
través de este, pasados diez, quince o veinte años en la vida de la nación, se
podrán cimentar los medios para conciliar la libertad con la concordia, el progreso
con el orden social. 186
Por otro lado, en materia de formación educativa, se presentaron referentes con
el fin de que el pueblo trabajador, pudiera acceder a la instrucción,
capacitándose, señalan los discursos oficiales, en tres caracteres de su vida:
como hombre, ciudadano y trabajador. Pues se le consideraba parte integrante
de la sociedad, igual a todos los hombres en naturaleza, e igual a todos los
hombres en derechos. La educación como hombre debía tener dos enseñanzas,
moral y religiosa; la educación como ciudadano otras dos: la enseñanza de los
derechos humanos y la enseñanza de sus deberes para con la sociedad en que
185 CM, “Decreto del Gobierno del Estado,” 24 de marzo de 1866. 186 Jorge L. Tamayo, op cit., Tomo 12, p. 754-755.
128
vivía. La educación como trabajador debía tener dos partes: la primera relativa a
las condiciones morales y económicas del trabajo; y la segunda, la enseñanza
del trabajo a que consagrara sus fuerzas.187
Con todo, presuponen que el trabajador dejaría de integrarse a la servidumbre,
procuraría no dejarse explotar o ser una traba a las leyes económicas. Ser buen
ciudadano, para no prestarse de instrumento de la tiranía, dar apoyó a la libertad
y a la justicia.
Está implícita la intención de eliminar las reminiscencias del régimen feudal, que
el trabajo se convirtiera en propiedad de quienes lo realizan, y no del señor
feudal, o de explotadores, a partir de aquí, se pretende que, el arte la ciencia, la
industria y en general todas las profesiones tanto mecanizadas, como científicas
y literarias sean libres para ofrecer salidas viables al desarrollo de la sociedad.
Consideraban que uno de los principales deberes que debía tener el gobierno era
infundir amor al trabajo, proteger la industria y todas las demás profesiones;
proteger la clase fabril y manufacturera promoviendo de este modo el adelanto
material de las localidades; organizando escuelas de adultos, escuelas de artes y
oficios; escuelas de agricultura, fundar cajas de ahorros, y dictar otras medidas
para mejorar la condición moral de las clases laboriosas, para que la ociosidad y
la vagancia no siguieran perjudicando el orden público.188
Los impulsos encaminados a la formación e instrucción de jóvenes y adultos,
eran más notables en periodos de estabilidad, aunque la mayoría de estos
proyectos conocidos por decretos y ordenanzas oficiales, discutidos o explicados
casi siempre de manera previa o posterior en la prensa, poco se puede
considerar que lograron avances evidentes, en este periodo, lejos de leyes de
instrucción, decretos de gobiernos de los Estados, impulsos por construir
escuelas y capacitar a los preceptores. Lo que si se percibe, es la intensión de
una formación encaminada al conocimiento de las leyes sociales y naturales,
porque el positivismo empieza a adquirir seguidores en México, y van a ser ellos,
187 CM, 18 de octubre de 1866, No. 25. p. 107-108. 188 Ibíd.
129
como Gabino Barreda, Justo Sierra, entre otros, quienes participaron de manera
directa en la construcción de proyectos en materia educativa.
Los cabildos municipales eran los encargados de coordinar la instrucción básica,
a través de la comisión del ramo integrada por miembros del propio cabildo, las
peticiones para apertura de escuelas, quejas por las grandes distancias para
llegar a estas, requerimiento de maestros, necesidades de contribución para los
mismos, abastecimiento de recursos didácticos, y materiales se hacían a los
munícipes.
En algunas ocasiones el municipio prorrogaba la entrega de recursos para el
establecimiento de escuelas porque le daba prioridad a la edificación de obras
públicas como la construcción del un cementerio, y el empedrado de calles,
etc.189
La organización de la educación básica era función de los municipios, las
carencias eran innumerables, constantemente vecinos de ranchos y poblaciones
menores se quejaban de la inexistencia de escuelas, suspensión de las mismas,
malas condiciones, falta de infraestructura adecuada, de la carencia de
instructores, la falta de pagos a los mismos, por ello enviaban propuestas a los
cabildos municipales para administrar con sus propios recursos las necesidades
de la escuela con la condición de que les fueran exceptuados algunos impuestos.
En Sinaloa, el cumplimiento de la implantación de una educación superior acorde
con las leyes de 1857 se retrasó más de una década, debido a una serie de
causas: el aislamiento por falta de vías de comunicación eficientes, el militarismo,
frecuentes rebeliones locales, la negación del clero por jurar las leyes de reforma,
incitando a que la sociedad sinaloense tampoco aceptara la educación laica
asentada en el articulo tercero constitucional, el dominio que se ejercía desde el
189 AMM, “Oficio que envía el ayuntamiento en contestación a la solicitud de recursos para abrir una escuela en Mazatlán de parte de David Urrea”, 4 de mayo de 1869, Presidencia, Caja 32, Exp.3.
130
Seminario Conciliar de Sonora como promotor de ideas en contra del liberalismo,
por ultimo la precaria situación del erario estatal y los municipales. 190
Las intensiones loables a este respecto se dieron durante la administración de
Plácido Vega, pues en enero 1861, se fundó el Colegio Mercantil, Centro de
Educación Superior que buscaba que la juventud se formara en el estudio de
profesiones laicas, para contrarrestar la influencia de la religión en esta
materia.191
Después sobrevino una etapa violenta donde los gobiernos se enfrascaron en la
defensa del territorio y después las luchas partidistas, así que no se conoce
instalación de instituciones educativas de renombre hasta que la Compañía
Lancasteriana, se inició en julio de 1869, con carácter filantrópico, que promovía
la ilustración de los niños que carecían de recursos por medio del método de
enseñanza mutua; y la fundación del Liceo Rosales, que se fundó el 5 de mayo
de 1873, como Colegio de Instrucción secundaria.
El impulso a la educación laica en manos del gobierno fue una medida
implantada donde el poder civil buscaba participar en los espacios de la vida
social de las personas para incidir en la formación o instrucción de las
generaciones futuras y con ello impulsar un modelo cívico y que la libertad de las
profesiones fueran la base medular del progreso de la nación. 192
4.4.- Una nueva normatividad electoral en Sinaloa.
Para nuestro país, la historia de la democracia es propia del siglo XIX: es parte
de la introducción de las ideas liberales que buscaron que la recién creada
nación mexicana, surgiera bajo el carácter, de Republica Representativa y
Popular, donde el voto de todos aquellos que cumplían con los requisitos que
estableció la ley para ser ciudadano, podían ejercer este derecho que va a 190 Héctor R. Olea, Eustaquio Buelna, fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, UAS, 1987, p.53. 191 Antonio Nakayama, Sinaloa un bosquejo… p. 311. 192 Se entendía como modelo cívico a la tendencia de que el individuo se formara con los conocimientos y la conciencia necesaria de la existencia de una serie de preceptos institucionales que otorgaban derechos y obligaciones como ciudadano capaz de participar en el espacio público.
131
permitir a las facciones partidistas ocupar los escaños más altos de la política
para administrar los recursos en aras del bien común.
Las elecciones en México durante la reforma, significaron un modo de legitimidad
política que se oponía a la derrocada administración centralista de Antonio López
de Santa Anna, argumentando los liberales que se daría inicio a una nueva etapa
para el país.
El sufragio de los ciudadanos se convirtió en la representación de la democracia,
pues el pueblo a través del voto otorgaba el poder soberano a sus gobernantes.
La participación ciudadana pasó a ser un momento culminante del día de la
elección y los resultados permitían el reconocimiento de los próximos
representantes del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, En 1857 Comonfort
contó con 8,084 votos, Benito Juárez en 1867, con 7, 282, en 1872, Lerdo de
Tejada por 9, 520 votos. 193
La organización de las elecciones, los tiempos previos a las mismas, provocaron
una serie de dimes y diretes entre las facciones políticas. La prensa oficial
pintaba las elecciones como justas, sin mancha, en cambio la oposicionista,
denunció, muchas veces indiferencia de electores, abusos, uso de la fuerza
militar etc.
En este periodo aparecen una serie de discusiones acerca del sufragio, mas se
estaba lejos de plantearse como acrecentar el padrón que era tan limitado, pues
en 1876, existían en el país, 14, 000 electores, con 198 distritos electorales, y en
promedio se solo alrededor de 62 electores que hacían valer su voto en promedio
en cada uno.
Las condiciones del periodo inmediatamente posterior a la Guerra de
intervención, le dieron a las discusiones del sufragio un matiz diferente a lo que
en tiempos de paz se podía cuestionar, porque se presentó una desconfianza
para otorgar el derecho de la emisión del voto a todos aquellos simpatizantes del
193 El Estado de Sitio (EES), “Elecciones en México”, 25 de noviembre de 1876, No. 21. p. 3.
132
imperio, parecía que en lugar de buscar la inclusión de mas ciudadanos, buscaba
la manera de excluirlos con tanta restricción. 194
De acuerdo a la ley de agosto de 1863, los considerados traidores de la patria se
fueron privados de los derechos de ciudadanos, no teniendo voto pasivo ni
activo, hasta que se les restituya por el Congreso de la Unión.
La libertad del derecho electoral en este periodo, es comprendido en torno a
activar los derechos ciudadanos a los llamados traidores de la patria, en agosto
de 1867, el gobierno general convocó a elecciones y además promulga una ley
para restablecer los derechos ciudadanos de los acusados de este delito.
Sin duda, en este escenario político, Juárez necesitaba legitimar su mandato,
por ello, en 1867 buscó la reelección inmediatamente de derrotado el imperio de
Maximiliano, convocando a elecciones de presidente de la republica, presidente
de la Suprema Corte de Justicia y magistrados de la misma. Además, hizo un
llamado a los gobernadores interinos de los Estados para que convocaran a
elecciones para designar diputados locales, gobernadores, autoridades
municipales y en general hagan elecciones para cubrir todos los puestos de
elección popular.
Para ampliar la acción electoral, el presidente decidió devolver la ciudadanía a
los que carecían de los ejercicios políticos de este derecho, voto activo a los que
prestaron servicios o ejercieron actos expresos de reconocimiento de la
intervención extranjera, o del llamado gobierno imperial y los que habían tenido
cargos o empleos públicos bajo el gobierno republicano, más sin embargo,
permanecieron después en lugares sometidos del enemigo. Para ejercer el voto
activo, habilitó a los que habiendo tenido cargos o empleos públicos durante la
194 A diferencia de Francia donde las luchas que se presentaron fueron por la universalización electoral, según afirma Pierre Rosanvallon en su investigación, La consagración del ciudadano, historia del sufragio universal en Francia, las luchas por la participación política se presentaron desde 1817 hasta 1830, cosa que permitió que en la elección de 1834 aunque no se logró el voto universal, el padrón electoral se incrementó- impresionantemente y un gran número de campesinos, artesanos pequeños comerciantes, y obreros se socializaron políticamente. Y fue en 1842 cuando el gobierno instituyó el sufragio universal directo y todos los hombres mayores de 21 anos, fueron llamados a elegir a sus diputados, sin restricción alguna.
133
administración juarista, permanecieron en lugares sometidos al enemigo sin
prestarle ningún servicio, a los que solo firmaron actas de reconocimiento del
enemigo o a aquellos que desempeñaron cargos municipales gratuitos bajo la
dominación del enemigo, los que sirvieron en la clase de tropa. También a los
que prestaron servicios al imperio ya sea con las armas o con empleos públicos.
Y rehabilitan aunque solo de voto pasivo195 a los que bajo el Gobierno nacional
tenían sueldos de menos de 2 mil pesos y permanecieron en lugares sometidos
del enemigo, sin ejercer actos expresos de reconocimiento, sin prestarle ningún
servicio; los que habiendo prestado servicio al enemigo, los prestaron luego a la
causa nacional antes del 1º de junio de 1866, ya con las armas o ya
desempeñando cargos o empleos públicos.
Los que necesitaron rehabilitación individual para ejercer el voto pasivo fueron los
que bajo el gobierno nacional tenían cargos o empleos, con sueldo de más de
2000 pesos anuales, permanecieron luego en territorio del enemigo sin ejercer
actos de reconocimiento, ni prestarle ningún servicio.
Por otra parte las personas que prestaron otros servicios o aceptaron
condecoraciones de cualquier clase y formaron actas de reconocimiento de la
intervención extranjera o del llamado gobierno que pretendió establecer, quedó
reservado al Congreso de la Unión, resolver sobre el modo y tiempo en que
debían ser rehabilitados.196
Por otra parte, las dos elecciones que tuvieron el mayor numero de votantes, fue
la presidencial de 1872 donde eligieron presidente y la de magistrados de la
Suprema Corte de Justicia, de mayo de 1873. La elección presidencial de 1871
en la que ninguno de los tres candidatos alcanzó la mayoría absoluta tuvo 12,363
votos, repartidos en 198 distritos, a razón de 62 electores cada uno por termino
195 Voto pasivo era el que se efectuaba por los ciudadanos de una comunidad, que elegían a un representante para que emitiera el voto directo en la junta electoral. Se pude considerar como un invento para dar a las masas la ilusión de participación. 196 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 12, p. 334.
134
medio, siendo esta la elección donde se computan más electores en la república
los que dejaron de votar son 1798, fueron 29 distritos los que dejaron de votar. 197
La elección de 1875 para la renovación de la suprema Corte de Justicia, aunque
en número de votos fue inferior a la de 1871, la superó en cuanto al número de
colegios que funcionaron. Sufragaron 12, 231, pero funcionaron 201 colegios en
promedio 60 votos cada uno.198
Las convocatorias nacionales eran para elegir presidente de la república,
presidente de la Suprema Corte de Justicia y magistrados de la misma y a las
locales se convocó para elegir gobernador del Estado, diputados, ministros del
Supremo tribunal de Justicia del Estado, así como las a las autoridades
municipales, directores políticos, alcaldes y síndicos de alcaldías.
4.4.1. Organización electoral en Sinaloa.
El requisito de demostrar ser residente o vecino de una ciudad, era también una
limitante para otorgar el derecho al sufragio a solo una parte de la población
adulta, este, requisito tuvo su origen en la teoría fisiócrata del siglo XVII, cuando
el ciudadano positivo, era el ciudadano propietario y con ello se ejercía la
referencia casi natural en materia de derecho político. La tesis sostenía que la
propiedad hacía al ciudadano; todo hombre al tener posesiones en el Estado, se
interesaba por él, que las asambleas representativas tenían como finalidad
discutir el impuesto y dar a conocer al soberano los recursos y las fuerzas del
país, interesando estas cuestiones a aquellos que están directamente implicados.
Pero, porque el ciudadano propietario y no solamente el ciudadano contribuyente,
a aquel que pagaba un impuesto. Para los fisiócratas, la riqueza residía en la
tierra y los únicos que debían tener derechos eran los que pagaban impuestos
por posesión de la tierra.199
197
EES, “Elecciones en México”, 25 de noviembre de 1876, No. 21. h. 3. 198 Ibíd. 199 Pierre Rosanvallon, La Consagración del ciudadano, Historia del sufragio Universal en Francia, México, Instituto Mora, 1999.
135
Al estipularse los requisitos para la ciudadanía en México, se impuso el carácter
de territorialidad, pues radicar en una población, ser reconocido como habitante
de tal asentamiento y además de condición honorable, quedando estipulada ésta
condición no solo por el conocimiento común de un ente social, sino por residir,
tener propiedad en un territorio determinado.
En el sistema representativo, las cifras poblacionales eran determinantes, sin la
existencia del sufragio universal, el levantamiento de los censos electorales,
estaba basado en la población total, para promediar los votantes activos, es decir
los representantes de cada quinientos habitantes.
Los censos de más tradición eran los que se realizaban para efectos de las
elecciones, ya que se necesitaba conocer los datos poblacionales de cada distrito
para determinar el número de secciones del Estado, y la cantidad de votantes
primarios y secundarios de cada una, pero la problemática era tal que algunos
gobernadores manifestaron en sus informes, como lo hizo Domingo Rubí en
1869, que los censos no arrojaban con exactitud la totalidad de la población. Ya
que a veces se apreciaba bastante disminuida, debido a la ocultación que hacían
los moradores de las poblaciones, por el temor de contribuciones o de servicios
militares.200
Por su parte, el gobierno de Juárez consideró a la formación de la estadística,
como una función más su gobierno y de los Estados, para reunir constantemente
cuantos informes fueran posibles, para conocer el verdadero estado que
guardaba la nación en todos sus ramos. Datos que debían ser publicados en la
prensa ya que eran de importancia no solo para el gobierno, sino para toda la
sociedad. 201
Al no ser exactos los censos, considerados de base para determinar el número
de votantes, la ciudadanía política se relativizó con estas inexactitudes y, por otra
parte, este temor ciudadano reflejaba la desconfianza del pueblo hacia las
autoridades, en el sentido de que la información que pudiera dar acerca de su
200 Domingo Rubí, Memoria de Gobierno del Estado de Sinaloa, p. 11. 201 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500.
136
familia fuera utilizada de forma lateral para otras cuestiones, como para
alistamiento de la guardia nacional.
Además de la problemática del levantamiento de los censos electorales, los
requisitos para la ciudadanía deslindaron a muchos de este derecho, y la realidad
arroja que en Sinaloa en 1877, de una población que, según Buelna,202 es mayor
a los 180,000 habitantes sólo 210 son votantes, ya que la ley electoral estipulaba
que de cada población con 500 habitantes de todo sexo y edad, era elegido un
elector y cuando fueran mayores de 251 también debían nombrar un elector, pero
los que tenían menos de esta cifra debían agregarse a la sección electoral más
inmediata. 203
Para la división de un distrito electoral, según la Ley electoral de 1857 que siguió
vigente hasta principios del porfiriato, debía tener cuarenta mil habitantes,
designando como centro de cada demarcación, el lugar o sitio que a su juicio
fuere más cómodo para la concurrencia de electores que se nombre en las
secciones de que se hablará.
En las poblaciones por cada 500 habitantes de todo sexo y edad debería
nombrarse un elector. Si quedare una fracción que no llegue a esta cifra, pero
que no bajara de 250, nombraban también un elector. Las fracciones menores de
251 habitantes se agregarían a la sección más inmediata, para que los
ciudadanos concurriesen a nombrar su elector.204 Los datos del padrón que
levantaban los ayuntamientos contenían, número de la sección y el número, letra
y seña de la casa: nombre de los ciudadanos, su estado, profesión, o ejercicio,
edad, y si sabían o no escribir.
Según decreto del gobernador del Estado de Sinaloa, Jesús Maria Gaxiola, a
partir de1857, las juntas electorales municipales debían renovarse anualmente
202 Eustaquio Buelna, Compendio histórico…1978, p, 94. 203 ES, 3 de septiembre de 1877, N. 28, Folio 172. 204
Ibíd., 4 de junio de 1876, Nº 21, Folio 169.
137
en la mitad de sus miembros, saliendo los más antiguos de primer nombramiento,
en los distritos en que se había verificado la elección de Junta Municipal.205
Con anticipación de ocho días, los empadronadores fijaban listas de los
ciudadanos a quienes juzgaban con derecho de votar, poniendo estas listas en el
paraje más público de la respectiva sección para que los ciudadanos que no
estaban comprendidos en el registro pudieran reclamar al empadronador, y si
este no los atendía ponían la queja ante la mesa de votación.
Los distritos electorales que tenia Sinaloa en 1876, según decreto del
gobernador, Jesús María Gaxiola, que con motivo de las elecciones de
Presidente de la República, y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y
Procurador General de la Nación, eran cuatro.
El primero estaba formado por Culiacán, Mocorito, y Badiraguato con sus
respectivas municipalidades y su cabecera era la capital del Estado; el segundo
conformado por Mazatlán, Concordia y Rosario, siendo cabecera Villa Unión; el
tercero Cosalá y San Ignacio, siendo cabecera el pueblo de Elota y el cuarto se
formaba con el Fuerte y Sinaloa y municipalidades anexas, teniendo por
cabecera el pueblo de Ocoroni.206
Las secciones electorales que tenía el Distrito de Culiacán eran cinco, la primera
conformada por las celadurías de la Lima, Itayé, Ayuné, que instalaría la mesa
electoral en casa de José Roiz; la segunda sección formada con las Juntas,
Humaya, Macurimi, Bella Vista, y Rosa, la mesa para votar se ubicaría en el
portal de La Lonja, la tercera con el Ballado, Palmito, y Flores, misma mesa se
instalaba la casa que don Fernando Escudero. La cuarta por el Llano, Barrio,
Moras, Carrizalgo y Laguna Colorada. la mesa se instalará en la casa de don
Valentín Vidaurreta, la quinta por las Celadurías de Mojolo, La Puerta,
Paredones, Mirasoles, Tierra Blanca y mezcales. Instalación casa de Miguel
Uriarte. 207
205 AHMM, “Documento que remite la Junta Municipal de Mazatlán que le ha enviado el vice – gobernador”, Enero 5, Presidencia Municipal, Caja 23, 1853-1860, Exp. 1857. 206 ES, 29 de abril de 1876, No. 16. f. 139. 207 AMC, Acta de Cabildo, 9 de diciembre de 1872, f. 44-46.
138
Por su parte, las demás municipalidades del distrito de Culiacán, como Quilá,
debían hacer las propias divisiones de sus respectivas funciones. Las alcaldías
que se dividieron en una sola sección fueron Imala, Aguaruto, las Tapias. Cada
una de las alcaldías debía enviar el padrón electoral para que se hiciera la
división de secciones electorales en la municipalidad de Culiacán.
Según la Constitución de 1857, para ser diputado se requería ser vecino del
estado, Distrito o territorio de la elección y pertenecer al estado seglar. Esto
quería decir que la territorialidad tenía un peso importante para representar a un
pueblo, por ello se necesitaba demostrar ser residente del distrito electoral de
donde sería elegido.
Sin embargo, en 1864, el gobierno nacional hizo modificaciones, en razón de la
guerra que se presentaba, debido a los cambios de sede administrativa del
gobierno republicano y de los ejércitos de un estado a otro, con el decreto del 16
de Julio, declaró no válidas las restricciones para que pudieran ser electos
diputados, aunque no fueran vecinos del estado o territorio en que se hiciere la
elección, además capacitó a los eclesiásticos para ser votados bajo este mismo
cargo y, a su vez, a los funcionarios federales.208
Además, hubo un momento de la guerra de intervención que los liberales
moderados, en aras de la unión y la libertad electoral, se pronunciaron por dejar
a los eclesiásticos hacerse nombrar diputados confiando en la discreción de los
electores al votar, y porque no consideraban tan peligrosa la influencia de los
eclesiásticos para hacerse elegir así mismos. 209
Respecto de los funcionarios federales, excluidos por el artículo 34 de la ley
electoral, tampoco parecía justo privarlos de su derecho; ni parecía motivo
suficiente para esto la sola presunción que puedan ejercer una influencia
ilegitima, supuesto que los excluía de la Ley electoral, sin excluir también a los
funcionarios de los Estados que en la generalidad de los casos pudieran ejercer
una influencia más eficaz.
208 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 12, p. 325-332. 209 Ibíd.
139
La coordinación de las elecciones estaba a cargo de los poderes locales, pues
eran los ayuntamientos los que tenían la responsabilidad de nombrar a los
individuos que conformaban el padrón electoral e instaban la casilla en cada
sección. El empadronamiento de los vecinos ciudadanos se formaba por medio
de comisionados, vecinos de las mismas secciones, quienes enlistaban a las
personas que había en las comunidades y tengan derecho a votar, a cada uno de
los cuales se daba una boleta para que votaran con ella. Para ello se calificaba a
partir de criterios como honradez, prestigio, modo de razonar, estima, servicios a
la comunidad y riqueza, si un habitante podía ejercer el derecho para votar o
no.210
Y las juntas electorales eran presididas por la primera autoridad política local,
para solo el nombramiento de la mesa. Cuando había más de un distrito electoral
en una municipalidad, presidían a la instalación, en una junta, dicha autoridad
política, en otra el presidente del ayuntamiento, y en las demás los regidores más
antiguos.211
El presidente de las juntas primarias, en quienes residía la elección de electores
primarios, era el alcalde del pueblo. Los electores primarios también eran
elegidos por votación, el que obtenía el mayor número de votos por parte de los
ciudadanos sería parte de la Junta electoral.
Para formar las juntas secundarias, de cada diez electores primarios, de todos
los pueblos del partido, se elegían tres secundarios. Las juntas secundarias
elegían a los diputados sufragaban para gobernador, vice gobernador y
consejeros de nombramiento popular.
Se nota solemnidad, porque al conformarse la junta secundaria es necesario
realizar un juramento ante el presidente de la Junta, en una mesa donde está la
imagen de cristo crucificado y el libro de los evangelios. Se juraba por Dios y los
santos evangelios, nombrar diputados por este departamento al Congreso a
particular del Estado, a aquellos ciudadanos que fuesen hombres de ilustración,
210 Ibíd., p. 377. 211 Ibíd.
140
de juicio y de probidad, adictos a la independencia de la nación y a su forma de
gobierno. 212
4.4.2.- Dificultades e irregularidades electorales.
Las irregularidades electorales eran una manifestación real de un sistema
representativo que dejaba fuera a una buena parte de la población
aparentemente integrada en los conteos generales, para que de 500 habitantes
de todo sexo y edad uno de ellos los representara.
Fueron muchas las quejas por faltas a la ley electoral, que ante los cabildos
municipales se presentaron, en votaciones de carácter nacional y local, incluso
llegaron al Congreso Estatal, que fungía como órgano regulador cuando las
inconformidades lo ameritaban. Entre sus facultades estaba considerar a favor o
en contra de una denuncia de nulidad de votos, más cuando los comicios eran
generales, es decir, que se elegía presidente de la república o integrantes de la
Suprema Corte de Justicia, era el Congreso de la Unión el encargado de
resolverlo.
Las causas por las que se podía declarar nula la elección podía ser, la falta de
algún requisito legal en el electo, porque en el nombramiento interviniera
violencia de la fuerza armada; por medio de soborno o cohecho en la elección;
por error o fraude en la computación de los votos, y para esto el inconforme
debía, presentar la denuncia por escrito antes del día de la resolución para
declarar ganadores virtuales, además probar la infracción de la ley. 213
La mayoría de las denuncias por delitos electorales giraron en torno a
ocultamiento y eliminación de boletas; robo, secuestro y extravió de las mismas,
la no instalación de mesas electorales, cierre a destiempo de estas y conteo de
los votos al día siguiente de la elección.
Ante los cabildos de Culiacán y Mazatlán se presentaron solicitudes para
invalidar elecciones locales, documentos firmados por ciudadanos denunciando
212 Héctor R. Olea, Sinaloa y sus constituciones…p. 45-50. 213 ES, 4 de junio de 1876, No. 21. f. 169.
141
irregularidades, tales como: un vecino de la hacienda de Palmillas, Mazatlán, se
queja en enero de 1870, ya que al instalarse la mesa e iniciarse la votación,
para elegir regidor, un residente del Rincón de Urías, Manuel Andrade, comenzó
a romper todas las postulaciones a favor de uno de los candidatos de apellido
Cortés y a escribir al reverso el candidato de su interés el señor Jesús M.
Ferreira.
Otras denuncias fueron en torno a que en una de las mesas de Culiacancito, en
las elecciones para Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, diputados locales
y prefectos, en una de las mesas electorales figuró como presidente Agustín
Camacho, criminal prófugo de Culiacán. Dicho individuo recibió la votación hasta
oscurecer y no hizo el conteo de votos al levantar la ánfora, sino hasta el día
siguiente.
Así pues, en las elecciones federales para diputados del Congreso de la Unión,
de 1873, en Badiraguato y Culiacán se registraron una serie de arbitrariedades:
en la municipalidad de Badiraguato al instalarse una de las mesas, el director
político don Javier Uriarte, salió a la plaza con diez hombres armados intimidando
a todos los ciudadanos y a dos de estos los encarcelo dejándolos libres hasta el
día siguiente. Este mismo funcionario, antes del cierre de las votaciones le quitó
la mesa al ciudadano encargado de la misma, llevándola a la casa del
empadronador y amenazando con la escolta del candidato a director político
Felipe Escobar, a quien se las pidiera para hacer el escrutinio.
En el camino real, dos individuos asaltaron a Juan Yañez que venía de
Badiraguato conduciendo cinco expedientes de las elecciones, uno de ellos era
empleado de seguridad pública de Culiacán esta y el otro colector municipal fue
quien le quitó los cinco expedientes y cuatro gamuzas que traía para vender.214
Tales infracciones a la ley electoral provocaron las protestas escritas que se
enviaron al cabildo municipal exigiendo se tomaran medidas en la ciudadanía, la
214 AMC, Acta de Cabildo, 21 de julio de 1873, f. 141.
142
equidad, la justicia, la armonía y la paz de los pueblos, porque de lo contrario el
podía una vez más envolverse en los horrores de los guerra civil.
El cabildo Culiacán resolvió la suspensión, es decir la eliminación en el conteo de
los expedientes de elecciones relativos a S. Luís Sonatita, S. Javier, Santiago y
Bamopa del municipio de Badiraguato, mismos que fueron los del asalto, así
como también los de las Tapias y Culiacancito de esta municipalidad.215
Hubo lugares donde no se llevaron a cabo las elecciones: Otameto y Altata, por
no concurrir el número de electores que marca la ley. Lo mismo en las sesiones
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del municipio de Culiacán.
Por otra parte, las autoridades municipales que se elegían a través del sufragio
eran directores políticos, alcaldes y síndicos de alcaldías. En tiempos electorales,
a través del periódico se hacía un llamado a los jefes del cuartel y sus
subalternos para que se abstuvieran de intervenir en los actos electorales y
dejaran a los ciudadanos en absoluta libertad para que ejerzan el derecho del
sufragio; en contra parte, se harían acreedores de un severo castigado por la
violación de dicha prescripción. 216
En las elecciones municipales de 1877 para prefecto político del Distrito
Mazatlán, y autoridades locales de Siqueros, Jesús Magaña pedía la declaración
de nulidad, de ambas, de donde resulta electo Alejandro Narcio, para prefecto,
más el consejo electoral del puerto, declara que dicha petición no puede ser
validada por que dicha solicitud es extemporánea de acuerdo a la ley electoral.217
Hubo lugares donde se requería convocar de nuevo a los pueblos, donde no se
instalaron las mesas electorales, en las elecciones de mayo de 1876, para
ministros del supremo tribunal de justicia.218
Por lo general, estos casos de denuncia para anular elecciones tuvieron las
mismas respuestas del consejo electoral que recaía en manos del Congreso
215 Ibíd. 216 Boletín Oficial, del Congreso del Estado, 10 de noviembre de 1873. 217 AMM, Presidencia, “Dictamen de la Comisión de elecciones,” 7 de junio de 1877, Caja 44, legajo 35, Exp. 32. 218 ES, 24 de mayo de 1876, No. 20. f. 161.
143
Local, señalando que estaban fuera de temporalidad las inconformidades
presentadas o que las pruebas escritas no eran suficientes, o bien que las quejas
eran infundadas, denotando con estas respuestas que el sistema de
representatividad era una falacia, un simulacro, pues los arreglos entre facciones
políticas se daban en otros campos, se llevaba a la lucha armada, abierta durante
las campañas o se levantaban en armas luego de los resultados electorales, más
cuando se daban en paz era por la coexistencia de los arreglos caciquiles con los
grupos en el poder.
4.5.- Ciudadanía irreal.
Durante buena parte del siglo XIX, las subsecuentes asonadas, revueltas,
rebeliones no permitían la ejecución de las prescripciones jurídicas instauradas
incluso desde la constitución de 1824; referente a derechos ciudadanos y libertad
de imprenta, así como propuestas revolucionarias de la reforma liberal de 1831 a
1833, para secularizar el poder civil, laicizar la educación, permitir la libertad de
pensamiento y de culto.
Dichas propuestas tuvieron una etapa decisiva entre 1855 y1859 al promulgarse
leyes como la de administración de justicia de 1855, la de desamortización de
bienes eclesiásticos de 1856, la Ley electoral de 1857, la de imprenta,
promulgada el mismo año, y las que declararon la nacionalización y ocupación de
bienes eclesiásticos en 1859, no obstante, la oposición que encontraron desató la
llamada guerra de los tres años y posteriormente la lucha contra la intervención
francesa, mismas que no permitieron que se llevaran a efecto lo que se
declaraba.
La reforma juarista buscó promover, organizar y difundir al registro civil, los
censos estadísticos, los comités electorales, la educación cívica, sin embargo, la
realidad se proyectó en la resistencia de acudir a declarar los nacimientos y los
matrimonios, pues siguieron asistiendo tradicionalmente a las parroquias
eclesiásticas, de tal forma que, hasta la consolidación, tanto del poder civil como
del eclesiástico, obviamente, cada uno por su lado, se logró estabilizar esta
situación. Por su parte, los gobernadores siguieron quejándose de la poca
144
asistencia a los juzgados del Registro Civil, así lo hicieron Domingo Rubí,
Eustaquio Buelna e incluso Francisco Cañedo; de este último, al menos en los
primeros años de su administración. 219
A pesar de circulares, disposiciones y demás, por parte de la Secretaria de
Gobierno e inclusive en ocasiones de la Comandancia Militar del Estado, para
que las prefecturas vigilarían el cumplimiento de la ley, y se aplicaran las penas
que señalaban a los contraventores, los estados que se remitían al gobierno
mensualmente de los juzgados del estado civil reflejaban que no se cumpla con
la ley en lo concerniente al deber que los ciudadanos tenían de registrar en las
respectivas oficinas los nacimientos matrimonios y fallecimientos.
El levantamiento de los censos estadísticos encontró toda una serie de
inconvenientes, porque la gente se resistía a declarar datos familiares que
podrían perjudicar a los suyos a la hora de requerirse miembros para las fuerzas
militares, o del mismo cobro de impuestos.
El impulso por el conocimiento de la civilidad provenía de las autoridades porque
de lo contrario para el ciudadano común la defensa de la constitución, las fiestas
cívicas y la historia nacional, hubieran pasado completamente desapercibidas.
La organización de las elecciones al quedar en manos de las autoridades
municipales, eran el incentivo de los cotos del poder político local, en manos del
presidente municipal y una comisión de regidores, en ellos recaía la organización,
el levantamiento del censo y del padrón electoral, es decir, la decisión de quien
ejercía el derecho ciudadano de acudir a emitir un sufragio, y la organización de
las mesas electorales, así como la conformación de sus integrantes y los lugares
donde deberían instalarse; el Congreso, en caso de elecciones locales
controvertidas, decidía la validez o nulidad de la elección, así que todo esto se
arreglaba en la esfera del poder, la perpetuidad en manos de un grupo lo
decidían sus vínculos y sus diferencias personales.
La obligatoriedad y la continua demanda de hombres para la conformación de
ejércitos, debido a la intervención francesa, poco, permitieron fuera de polémicas 219 François Xavier Guerra, México del antiguo régimen a la… p. 105.
145
en foros como el congreso, la prensa, protestas en tiempos postelectorales, para
hacer valer la igualdad de derechos, el respeto a la ley, la reforma de los
sistemas electorales, incluso, por ejemplo, algunas leyes secundarias, como
electoral de 1857, con un carácter nacional, fue traslapada y adicionada ya que
en 1871 tiene una serie de adiciones, y en 1877 se retoma y se publica para
hacerla efectiva en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Y que decir de la gran cantidad de la población que sólo fue aparentemente
tomada en cuenta en los conteos censales para determinar cuantos ciudadanos
los representarían en las elecciones, o bien los que nunca alcanzaron la
ciudadanía o la perdieron por causas diversas. Porque desde 1831, la
Constitución de Sinaloa como Estado Libre y Soberano, menciona la existencia
de los no ciudadanos, es decir los que pierden el derecho de ciudadanos, al estar
procesados por causas criminales o de responsabilidad, por quiebra fraudulenta
calificada, los vagos y mal entretenidos, y a partir de 1857 los tahúres de
profesión, y los ebrios consuetudinarios, tampoco ejercen ese derecho.
Con esto, se puede decir que, de acuerdo a los elementos requeridos como
residencia, edad, posición, ocupación, moral e instrucción, aunque ésta última no
sería motivo de exclusión a partir de las leyes electorales de 1857, para acceder
a la ciudadanía, como derecho político se excluía a un buen número de la
población, por ello, al revisar las listas de las juntas electorales tenemos a un
mínimo de habitantes ejerciendo el derecho a votar, además que la llamada
votación indirecta permitía a pocos emitir el sufragio.
A pesar de que en este periodo la institucionalidad republicana aseguraba tener
grandes avances, los tratos de los amos a sus sirvientes eran opresivos, los
sirvientes tampoco tenían derecho al ejercicio de la ciudadanía, por su condición
de dependientes de otro, siendo esto, una exclusión, una prueba de las
desigualdades existentes gracias al sistema de cacicazgo que regía la vida
económica, social y las reminiscencias del sistema colonial.
Aunque también las ausencias legales para protegerlos permitían que leyes
como la estatal del 16 de noviembre de 1831 que advertía que los amos podían
146
amarrar o aprisionar a sus sirvientes, se seguía aplicando, pues familias como los
de la Vega de Culiacán, fueron criticados por el abuso constante contra su
servidumbre. El hecho de no derogarse provocaba que algunos las efectuaran en
detrimento de este sector social. A pesar de que la constitución federal de 1857,
establecía en el artículo quinto que nadie podía ser obligado a trabajos
personales sin su consentimiento y sin ser debidamente retribuido. 220
En la etapa posterior a la intervención francesa el gobierno juarista buscó
recobrar el orden jurídico, discutir, reordenar algunas cuestiones como la justicia,
la educación, entre otras, sin embargo, en materia electoral seguían siendo
muchos los excluidos, en Sinaloa la ley de vagos, promulgada en 1861, recobró
vigencia pues el Congreso local, la publicó nuevamente el 22 de agosto de 1868
para que no cayera en desuso y se recordara su cumplimiento.
Los que no podían ser ciudadanos según dicha ley era una lista inmensa de
personas, considerados sin oficio ni ocupación a las que además se les podía
denunciar ante las autoridades como vagos, y de comprobarse su condición, se
les condenaba a pagar una multa o bien a trabajar, aún sin su consentimiento en
fábricas, obrajes, haciendas de labor, o minas.
Las persecuciones de individuos llamados vagos eran frecuentes, y el vago
reincidente, o que se fugare antes de cumplir su condena, era reaprendido y
condenado por la autoridad política, al servicio de las armas en algún cuerpo
permanente o activo.221
En la interminable lista de vagos estaban considerados aquellos sin oficio,
profesión hacienda, renta, sueldo, ocupación o medio lícito de vivir. Los que
teniendo oficio, profesión o industria, no trabajaban habitualmente en ella, los que
tenían renta o patrimonio, pero acostumbraban asistir a casas de juego de
prostitución, cafés, tabernas o amistaban con personas de mala fama. También
eran vagos los que sin oficio mendigaban por las ciudades o pueblos.
220 EP, “Artículo sobre la iniciativa de ley de sirvientes que presenta el diputado Eustaquio Buelna ante el Congreso local.” 15 de agosto de 1868, t.1. No. 3. 221 EP, “Ley de vagos,” 22 de agosto de 1868, t. I, No. 4. h. 3.
147
Esto comprendía también a los inhabilitados de algún miembro que necesitaban
de otros para subsistir; los jornaleros u operarios de minas que sin causa justa
trabajaban solamente la mitad, o menos de los días útiles de la semana, pasando
el resto de la semana sin ocupación honesta; los que andaban de un pueblo a
otro con títeres o algunos instrumentos de música, o bien con animales
adiestrados, chuzas, dados u otros juegos de suerte y azar para ganar su
subsistencia.
Aquellos que sin ocupación se dedicaban a dar música con arpas vihuelas u
otros instrumentos en las vinaterías; los demandantes que con imágenes de
mercancías andaban en las calles, o de pueblo en pueblo pidiendo limosna sin la
licencia del gobernador; los tahúres de profesión, o los que ocupaban mucho
tiempo en este vicio; los huérfanos o abandonados de sus padres que no tenían
otro ejercicio que pedir limosna y los ebrios consuetudinarios.222
Los conocidos como “huizacheros”, es decir que sin título ejercían como
abogados, catalogados como agentes intrusos que causantes de males a la
sociedad, ya que sacrificaban a los pobres, exigiéndoles crecidos honorarios, y
en otras apoderándose de los bienes o cantidades que en nombre de aquellas
demandan, a veces provocando pleitos sin necesidad.223 Así también a los
médicos cirujanos o del arte de obstetricia que ejercían sin titulo legal, en los
lugares donde residían facultativos.
Por otro lado, las mujeres no tenían derecho a la ciudadanía por ser
dependientes de un hombre, que podía ser según los casos de las solteras el
padre u hermanos y las casadas del marido. Se sabe que del periodo de la
reforma a que las mujeres obtengan los derechos para votar va a pasar alrededor
de un siglo, pero lo que es cierto es que los proyectos educativos juaristas les
reconocían su papel de formadoras de ciudadanos como madres de familia y el
rol que empezaron a jugar en la instrucción publica de carácter laico. Así también
222 Ibíd. 223 DO, “Informe del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que en aras de reorganizar el sistema judicial publica una Ley el 11 de septiembre de 1867, en la cual regula los negocios judiciales, prohibiendo a estos individuos el ejercicio de abogado sin titulo”, 5 de abril de 1868, No. 96, p. 3.
148
aparecían como propietarias de solares y de fincas tal vez por la presencia que
tenían en la vida familiar.
No obstante, todo parece indicar que, en materia de justicia, las mujeres casadas
requerían del permiso del esposo para interponer recursos judiciales, pues en
Mocorito una mujer de nombre Jesús Cázares de Pérez -vecina de Capirato-
protestó en el juzgado de primera instancia del distrito, por un juicio de rebeldía
que se le seguía manifestando no haber podido presentarse en el juzgado por el
hecho de que su marido no se encontraba y se requería licencia del mismo para
hacer presencia y defenderse de lo que se le acusaba.224
En 1868, Eustaquio Buelna, siendo diputado, promovió una ley de sirvientes en la
que era necesario matizar que no discutía nada sobre sus derechos políticos
pero si implicaba una critica a este sector pues consideraba que sus actitudes se
habían relajado gracias a la guerra alterándose las relaciones entre patrones y
sirvientes en perjuicio de las ganancias económicas de aquellos dedicados a la
agricultura y a la industria. Señalaba que se abusaba del uso de la aplicación del
artículo quinto de la Constitución Federal de 1857 pues los sirvientes solían
revelarse con frecuencia, a veces fomentados por algunos miembros de la
autoridad conspirando contra la propiedad al promover la abolición de deudas. 225
Este escenario daba como resultado el déficit en las cosechas, la paralización de
giros industriales y la pobreza general, así como la desconfianza para la
introducción de empresas que requieran de mano de obra.
La iniciativa de ley de sirvientes de Eustaquio Buelna de agosto de 1868 que fue
aprobada poco tiempo después, estaba implícita obviamente una critica contra
este sector social, por sus vicios y la poca afección al trabajo. Así que plantea
que con este precepto legal el sirviente firmaría un contrato en el que se
comprometía a no retirarse del servicio hasta cumplir el mismo.
Las pretensiones de establecer normas jurídicas, para el modelo de las acciones
de los ciudadanos estaban implícitas en un programa moderno que buscaba
224 ES, “Protesta de Jesús Cázares de Pérez”, 9 de mayo de 1876, t. I. No. 23. p. 4. 225 EP, ´”Artículo sobre la iniciativa de ley de sirvientes…loc cit.
149
contrarrestar el poder comunal, que había regido durante el periodo colonial para
optar por un régimen que tuviera presencia en acciones más ordinarias de la
sociedad como la recaudación tributaria, las etapas de la vida como el
nacimiento, matrimonio y muerte, las normatividades electorales que además
eran una forma de otorgar legitimidad a los gobiernos.
Es importante destacar que el ciudadano tenía obligaciones y una de ellas era
alistarse a la guardia militar que se convirtió en una necesidad extraordinaria para
luchar por la soberanía nacional, por lo cual, se ha dedicado el capitulo siguiente
entorno a esta cuestión.
150
CAPITULO V
LA NACIÓN: SURGIMIENTO Y DEFENSA DE UN IDEAL.
5.1.- La nación y la lucha por su soberanía.
Nación es un concepto que tuvo gran difusión en nuestro país durante la guerra
de reforma porque tanto liberales como conservadores, al enfrentarse por un
proyecto para el país se produce un choque pues sus visiones acerca de la
misma se contraponen, mientras los liberales pensaban que el futuro de la nación
dependía de los cambios radicales que permitieran consolidar el poder civil, laico,
separado de la iglesia y fuerte económicamente para administrar buena parte de
las acciones sociales.
Por otro lado, los conservadores consideraban que defender la nación era
rescatar las reminiscencias de la institucionalidad colonial, veían en la monarquía
la supervivencia de México como nación civilizada e independiente.226
La búsqueda por integrar políticamente a la nación, surgió como una necesidad
inaplazable debido a la reciente experiencia de fracasos contra las invasiones
extranjeras como fue la norteamericana, donde México al encontrarse
completamente disperso no hizo frente común ante la entrada y avance de las
tropas norteamericanas que tomaron ciudades y puertos.
Ante otra amenaza como la francesa, el gobierno republicano se refugió en una
idea de nación para llamar a la conformación de ejércitos conformados por
civiles, y con ello reforzar a la milicia regular y recolectar bienes que deberían
cubrir las necesidades de armas, vestido y municiones de las tropas. Los
liberales se justificaron en la defensa de la territorialidad, de la legalidad de las
autoridades, contra el proyecto de los conservadores de restablecer el orden
imperial para rescatar y evitar la destrucción del país en una guerra sin fin.
226 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo… p. 18.
151
Acerca del concepto de nación algunos de los estudiosos contemporáneos
señalan que es una comunidad histórico cultural con un territorio que considera y
sobre el que reclama una especie de soberanía, de forma que la comunidad
cultural se contempla así misma con una conciencia propia, como una comunidad
también territorial y política, más unida horizontalmente por razón de la autoridad
del Estado.227
El concepto nación está ligado al de estado, porque los proyectos de entrada a la
política moderna buscan construir a los llamados estados- nación. La idea del
estado moderno tiende a contrastar con el estado tradicional por su cantidad de
interferencias en la vida y la cultura locales mediante creaciones y la ampliación
de la institucionalidad, el refuerzo de los criterios de uniformidad, del control de
loso sistemas recaudatorios de impuestos y del control de la instrucción
formación educativa. 228
El liberalismo constitucional español de 1812 otorgó a la nación sus derechos y
señas de identidad ya que la entendía como soberana independiente y libre.
Tenía el derecho de establecer sus leyes fundamentales y debía proteger con
leyes justas los derechos de los españoles. Con esto el Rey pasaba a ser
ciudadano como los demás, que recibe su autoridad de la nación. La nación era
el nuevo soberano. 229
La idea de nación estaba ligada al concepto de soberanía pues en la Constitución
de 1812, por primera vez se estableció el principio de la soberanía nacional, con
la correspondiente “domesticación” constitucional del príncipe. A la nación se le
atribuyó el supremo poder o soberanía, y se definió, también como reunión de
todos los españoles de ambos hemisferios. Sin embargo, no a todos se les
asignó la soberanía, pues los ciudadanos españoles, sujetos capacitados
227 Adrian Hastings, La construcción de las nacionalidades, Madrid, Cambridge University Press, 2000, p. 40. 228 Ibíd, p.45. 229 José María Portillo Valdés, op. cit, “Soberanía”, Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (compiladores), op. cit., p. 470.
152
políticamente, eran un conjunto delimitado por el género masculino, religión
católica, cultura europea y condición social no dependiente.230
En este periodo la nación soberana no dio oportunidad a más soberanía que la
propia, es decir, las posibilidades de una evolución federal de la nación española
no fueron aceptadas, pues diputaciones provinciales y ayuntamientos, aun siendo
representativos no tenían derechos a más expresiones de soberanía, así la
reclamación que hicieron diputados americanos no fue tomada en cuenta.
Los historiadores de la ilustración española discutieron ampliamente sobre el
concepto nación, encontrando que el siglo XVIII ofrecía dos líneas sobre el
mismo. Por un lado la continuidad en el uso del término nación como indicativo
de procedencia e identidad cultural en la que se combinada una idea de
pertenencia a la monarquía española con otras formas de identidad de territorios,
reinos, provincias o lugares.231
Por otro lado este concepto se conectaba al de patria que se asociaba al de
ciudadanía, de posibilidades de participación política para la que lógicamente la
monarquía ofrecía menos posibilidades.
Esta definición se enriqueció con la aparición de una acepción distinta, soberanía
nacional, como poder que reside en el pueblo, que le permite en un dado caso
quitar o poner gobernantes; debido a, esta nueva atribución del pueblo, en varias
décadas del siglo XIX, las voces de líderes de movimientos sociales, se cobijaron
y se atribuyeron la potestad del pueblo para sublevarse contra del orden
establecido.
Aunque el soberano seguiría siendo un adjetivo entendido como excelso,
sublime, elevado, encumbrado, alto, supremo, rey, monarca, emperador, príncipe
investido de la suprema autoridad, aparece en esta definición, el jefe o cabeza
de Estado, que constitucionalmente ha sido nombrado, gracias al derecho de la
soberanía nacional. 232
230 Ibíd. 650. 231 Ibíd. 232 Ramón Joaquín Domínguez, op cit. p. 1595.
153
En el mundo hispánico la nación se afirma primero contra un adversario exterior.
Napoleón en una primera fase; la España peninsular después, una vez
comenzado el proceso de independencia. Se manifiesta la lucha por la soberanía
interna y externa, la primera implica una demanda social en el seno de las elites,
la segunda es independiente de la evolución de los espíritus y compatible con la
existencia de imaginarios tradicionales, impuesta por circunstancias exteriores e
inesperadas.233
A mediados del siglo XIX, en Europa, se abrió paso a una idea democrática,
donde la soberanía nacional se convirtió en el principio fundamental del derecho
político y de la democracia, su representación lógica. En México las luchas de
los liberales del periodo de la reforma juarista propugnaron por los derechos
democráticos para que por medio del sistema representativo el pueblo eligiera a
sus gobernantes, otorgando a estos la soberanía que reside en los ciudadanos.
El planteamiento de la soberanía como atribución a la nación de ciudadanos se
vio ampliado por la concepción federal. Si se aceptaba como criterio de libertad y
de organización del estado donde municipios y territorios podrían dotarse de
organización constitucional propia, también seria necesario reconocer la
existencia a esos efectos de soberanía local y territorial, que en México
alcanzaron matices distintos, debido a la defensa que harían buena parte de los
partidos, provincias, o comunidades, como lo fue Yucatán, Chiapas, o los pueblos
indígenas como la región de los yaquis y mayos, el caso de Chalco, y del Cantón
de Tepic, que se mantuvieron en rebeldía constante. 234
En la Constitución de 1857, se reiteró el federalismo constitucional, el artículo
cuarenta de la carta magna, declaró que la voluntad del pueblo mexicano era
constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una federación.
233 Francois-Xavier Guerra, El soberano y su reino…p. 36. 234 José Maria Portillo Valdés, op cit. p. 651.
154
Con el pacto federal, la soberanía de todo el pueblo mexicano se depositó en los
supremos poderes nacionales, y a su vez los ciudadanos de cada entidad que se
enuncia como libre y soberana, tienen el privilegio, de elegir a los diputados,
gobernadores, autoridades de distrito y municipal.
Internamente cada uno de los estados se administrarían así mismos, y no debía
existir ingerencia entre unos y otros, pues se violaba la soberanía de estos, el
artículo 41 constitucional, más en ningún caso podrán contravenir a las
estipulaciones del pacto federal, y por otro lado, el artículo 117, previene que las
facultades que no están expresamente concebidas en esta constitución a los
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.235
A partir de la intervención francesa y del establecimiento del imperio de
Maximiliano, la soberanía adquirió en su interpretación la idea de defensa, de
derecho del pueblo mexicano, contra la amenaza a su independencia y
autonomía para gobernarse como nación.
En la prensa sinaloense de la etapa de la intervención, se hizo un llamado
constante a los ciudadanos por parte del gobierno del estado, para luchar por la
patria, tomar las armas en defensa y rechazo del ataque francés al territorio
mexicano. Los gobiernos estatales buscaron la conformación de fuerzas armadas
para hacerse presentes en la lucha en el centro de la república en 1862, se
vieron obligados por decretos presidenciales a sumarse a la causa demostrando
el apoyo a través de la conformación de tropas o con dinero. Juárez hizo un
llamado general a los estados pidiendo víveres, municiones, tiendas de campaña,
para evitar la derrota del ejército por el hambre, pues estando enteramente
arruinadas las poblaciones inmediatas, a la zona de batalla, en junio de 1862, no
podían dar el auxilio que era preciso llevar.236
Todo esto puso de manifiesto la idea de defensa de la soberanía nacional donde
se requería de la participación de todos los estados de la federación que debían
235 Jorge L. Tamayo, op. cit., tomo 4, p. 207-209. 236 Ibíd., tomo 6, p. 779.
155
acudir al llamado de defensa por la nación, la patria, para defender los límites
territoriales, y las costas del enemigo externo que invadía a México.
Al iniciarse las hostilidades de los franceses contra México, el gobierno declaró la
ley de amnistía, tratando de lograr la unión entre los mexicanos, se convocó a la
guardia nacional para unir fuerzas en la defensa común de los estados, sabiendo
que las zonas de frontera marítima serían las más asechadas.
El vice gobernador, Manuel Márquez, decretó el 2 de diciembre de 1861, que el
gobierno del Estado de Sinaloa se encontraba facultado para disponer de todos
los recursos en los ramos de hacienda y guerra, con el fin de acudir a la defensa
del territorio nacional, dictando disposiciones para equipar armamentos, e instruir
a la guardia, se agrega que todo aquel que en tales circunstancias , y durante la
guerra extranjera promueva, motines, asonadas y sediciones contra la paz y el
orden publico, o incite a la desobediencia será considerado como traidor a la
patria y juzgado por un jurado establecido por la ley.237
5.2.- La guardia nacional: un garante de la soberanía.
Debido a la necesidad de contar con fuerzas armadas para la defensa y la
seguridad por el asecho de ejércitos enemigos, en la época colonial surge la
ordenanza de 1767, pues se intentan organizar fortalezas armadas, solo que no
tuvieron éxito.
Las llamadas Milicias Provinciales eran una especie de ejército de reserva y el
llamado al alistamiento fue general. Los hombres huían en cuanto se anunciada
un sorteo, los delegados retrazaban la publicación de las órdenes de
reclutamiento para evitar la oportunidad de su huida y los disturbios. Los que
podían pagaban por su exención del servicio, otros buscaban protección de las
autoridades o, de plano se fugaban. Los dueños de minas procuraban exceptuar
a sus trabajadores, lo mismo que los hacendados. 238
237 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la…, p. 6. 238 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 198.
156
Después de la independencia esta Milicia Provincial Novohispana, creó las bases
del nuevo ejército, solo que junto a ella prosperó la idea de la organización de la
milicia puramente civil bajo la responsabilidad de las autoridades locales, siendo
este el modelo de otro ejército posible, la ciudadanía armada. 239
Con el sistema de república para que no caiga victima de la indiferencia de sus
ciudadanos, estos deben poseer el valor y la determinación necesarios para
defenderlo hasta la muerte, además de la prudencia, la entrega y los valores
cívicos son necesarios su papel efectivo dentro de la política. De tal forma que la
libertad de la República depende directamente de los ciudadanos, de su
capacidad para sacrificar el interés individual en aras del bien común. 240
En la Constitución del Estado Libre de Occidente en 1825, entre las obligaciones
de los sonorenses era ser útil a la patria y defenderla con la armas cuando la ley
requiriese este deber. Y en la primera constitución del Estado de Sinaloa 1831,
se estipuló que todo aquel que siendo llamado para el auxilio de las autoridades y
se negara, dejaría de ser ciudadano. 241 Es en este mismo año cuando
constitucionalmente en el título XIV se estipula la existencia de una fuerza pública
del Estado, formada por su milicia cívica de acuerdo a las bases dictadas por la
unión, de la república.
Pero la Guerra con los Estados Unidos encontró desprevenidos al gobierno de
México y fue en ese momento cuando el gobernador de Sinaloa, Rafael de la
Vega que al valorar que Mazatlán sería un puerto clave para los
norteamericanos, hizo un llamado en aras del patriotismo para demandar la
cooperación de los habitantes del Departamento en abril de 1845, para sostener
las providencias de acuerdo con el Congreso Nacional. 242
En este mismo año, publicó en Cosalá, el título segundo del tratado número 13,
de la ordenanza del ejército, con el fin de intimidar a los soldados para que no
desertaran de las filas republicanas, en la guerra que se preparaba contra los
239 Ibíd. 240 Erika Pani, El Segundo imperio, Herramientas para la Historia, México, FCE, 2004, p. 30. 241 Héctor R. Olea, op.cit., pp. 118 y 119. 242 Francisco Xavier Gaxiola, La invasión norteamericana en Sin…p. 21.
157
norteamericanos. El gobernador, hizo notar el vicio de la deserción que habían
alcanzado los miembros del ejército, y deseaba poner fin a esos abusos para no
fracasar en la defensa nacional.243
Fue hasta la de 1861, cuando sen las constituciones locales se habla de una
guardia nacional propiamente dicha y se establece como una obligación del
ciudadano sinaloense alistarse a la misma y tomar las armas al ser llamados por
las autoridades, aunque en la práctica ya existía tal vez por leyes o decretos, en
las constituciones se había consignado como deber del ciudadano de acudir al
este llamado cuando una situación extrema lo requiriese.
En el periodo más intenso de la lucha contra la intervención francesa, las
guardias militares se convierten en carne de cañón, llamados ejércitos de sangre,
porque muchos de los hombres que engrosaron las filas de las fuerzas federales,
terminaron asesinados, más los gobiernos justificaron estos hechos como
hazañas heroicas, compromiso con la patria, con el pueblo, defensa del territorio,
de la familia.
Continuamente aparecían llamados de los prefectos de distritos, para defender a
la nación de la Francia, la libertad de la patria, defensa del honor, los derechos,
los hogares, la independencia, el pueblo soberano, los supremos poderes de la
nación. Se definía a la guardia nacional como la institución y base más sólida
para el descanso de la soberanía del pueblo, guardián de la forma de gobierno
democrático y garantía de la autonomía del país. Sin embargo, se acepta que
cometían una serie de abusos que la estaban convirtiendo en odiosa esta
institución.244
La alarma por el avance de los ejércitos franceses en 1862, era tal que se
convirtió en parte de lo ordinario que los jueves y los domingos en la capital del
estado, Mazatlán, se cerraran talleres y establecimientos, reuniéndose los
cuerpos de ciudadanos para ir a aprender los deberes del soldado.
243 Ibíd, p. 23. 244 EP, ”Arenga cívica del Prefecto de Cosalá”, 25 de mayo de 1862, N. 54, Año II.
158
Los batallones podían conformarse de individuos de todas las clases de la
sociedad, por patriotismo, afirmaba la prensa liberal:
el artesano se une con el marino, el labriego con el rico propietario, el
hombre inculto con los que profesan las ciencias del saber humano, es
decir, que el pueblo se levanta potente y amenazador cuando se trata de
su existencia política seriamente comprometida, no las dejara de la mano
hasta que no prueben su independencia y libertad de la patria o sucumba.
Hemos visto presentarse a formar los cuerpos de guardia nacional, aun a
los altos funcionarios de la federación y del estado.245
La guardia nacional alistada en Mazatlán se dividió en varios cuerpos: los
comerciantes y empleados formaban el batallón Guerrero 240 h. El Hidalgo y el
Abasto, eran artesanos; el primero de estos contaba con 845 plazas y el segundo
300. Había además una batería de artillería y un escuadrón con el nombre de
Guerrilla Independencia, la primera estaba formada por armeros y herreros que
combatieron en la pasada guerra anterior, y en la segunda se reúnen personas
de todas categorías, y aun de diversas comuniones políticas. 246
La prensa liberal, por su parte, relataba con pasión los pormenores de la revista
general de la guardia nacional, en los Distritos, como lo hizo el periódico, el
Pacífico, que describe que en el Rosario, habiendo un campo construido por el
prefecto para los ejercicios del guardia nacional, se preparó un templete,
adornado vistosamente. En su principal fachada y sobre un escudo se veían las
armas de la nación, y se hallaba colocado el pabellón tricolor, que ondeaba,
haciendo latir a millares de corazones.
Eran más de dos mil guardias nacionales que después de pasar revista,
desfilaron frente al pabellón nacional, dirigiéndose a sus cuarteles. En la tarde del
mismo día tuvo lugar la bendición de la bandera, acto que entusiasmó a la
concurrencia. Como a las cuatro de la tarde, el Primer pabellón ligero del
Rosario, en número de 800 hombres marchaban en columna hacía el campo de
245 EP, 27 de marzo de 1862, N. 32, Año II. p. 1. 246 Ibíd.
159
ejercicio, con sus dos primeras compañías a la cabeza, bien y uniformemente
vestidas y armadas.247
Estos eventos curiosamente se acompañaban de una ceremonia religiosa,
música del batallón, que resonaban en el aire arrancando entusiastas vivas a
México, a la independencia, al presidente, al ciudadano libertador del estado y al
jefe del distrito, así como mueras a Francia, a los invasores y a Napoleón III. A
estas practicas podían acudir, los familiares cercanos de los reclutas como
esposas, hijas, madres, que con gran entusiasmo los despedían y no pocas
veces con lagrimas en sus ojos, pues se concentraban para defender con las
armas el territorio nacional y la incertidumbre de un futuro a su lado estaba
presente.248
Y por otra parte, a partir de 1857, los individuos de clase de tropa permanente y
de milicia activa que estén sobre las armas o en asamblea deben votar como
simples ciudadanos en su respectiva sección a donde correspondan las casas en
que estén alojados. No podrán dar su voto, si se presentan formados
militarmente o son conducidos por jefes, oficiales, sargentos, cabos. Además se
requiere pertenecer al estado seglar y no ejercer mando político ni jurisdicción de
ninguna clase en la misma sección.249
El gobernador Jesús García Morales, expone que los ejércitos, que tiene Sinaloa
y que pudiera enviar al centro de la república para contrarrestar los avances
franceses no servirían de mucho ya que la gente que compone dichos cuerpos
no está acostumbrada a salir lejos de sus hogares-, sufriría en el transito tan
considerable deserción, que haría infructuosos los gastos que se emprendieron
en su equipo, armamento y envío al interior. Esto sin tomar en cuenta el tiempo
que se necesita para tales operaciones.
La conformación de la guardia civil, no se remite solo al periodo de la
intervención, si no a la etapa posterior a la misma, pues el país continúo en la
zozobra a causa de la inseguridad provocada por las constantes revueltas
247 EP, “Informe del Prefecto del Distrito del Rosario”, 23 de diciembre de 1863, N. 123, año III. 248
Ibíd. 249 ES, 4 de Junio de 1876, N. 21. Folio 169.
160
militares, el bandidaje, los problemas electoreros, los alzamientos indígenas, las
amenazas de buques internacionales, y por su puesto la reducción
presupuestaria para gastos de guerra de 1868, que disminuyó en gran medida
las fuerzas militares federales.
Con todo esto, no es extraño que el gobierno juarista haga un llamado
persistente a los ciudadanos para el servicio de las armas, promulgue una ley
orgánica de la guardia civil, que tenía como objeto garantizar la seguridad pública
en cada estado, defender la independencia, la integridad de la patria; y sostener
las instituciones y autoridades del país.
Esta guardia nacional tenía a su cargo, no solo la seguridad de las poblaciones y
caminos, sino la vigilancia de cárceles, y custodia de presos rondas, patrullas y
otros de esta especie, que en algunas poblaciones se hacía por carga vecinal,
sería obligatorio a los ciudadanos, como servicio de Guardia Nacional.
Los registros de la guardia nacional los levantaban los ayuntamientos y nadie
podía ser elector ni elegible, ni obtener empleo público sin estar escrito en estas
listas. Los que podían ser exceptuados, con una previa multa, de dos reales a
dos pesos, solían ser los funcionarios y empleados públicos de la federación y
del estado; los ministros de todos los cultos; los médicos cirujanos en ejercicio y
los profesores de farmacia que despachaban de medicinas; los preceptores y
directores de enseñanza primaria y secundaria, directores de fábricas y maestros
de talleres de artes y oficinas que tuvieran por lo menos 6 aprendices, mismos
que también quedaban exentos. Solteros y viudos sin hijos mayores de 55, los
que tenían 5 hijos varones y dos en servicio del ejercito y de la guardia; casados
o viudos con familia mayores de 55; Militares retirados; impedidos física y
perpetuamente; el hijo único de viuda o el que ésta eligiera si tenía dos o más, el
que tuviera hermanas huérfanas sin casar de cualquier edad o el que tenía
hermanos en esa condición menores de edad; y los recién casados, durante los
dos primeros años.250
250 DO, “Ley de la Guardia Nacional,” 22 de abril de 1869, N. 112, T. 111.
161
La conformación de la guardia nacional se convirtió en una obligación para los
gobiernos estatales, de tal forma que, en todas las poblaciones se levantan listas
de los individuos que están aptos para el servicio, en Sinaloa suman siete mil
ochocientos siete los hombres exceptuados de él pero tienen la obligación de
pagar la contribución de excepción, once mil ochocientos treinta y cinco; de tal
forma, servir o no, implica poseer o no dinero para cubrir la cuota. 251
Las prácticas de reclutamiento forzosa se siguieron realizando, en documentos
del gobierno del Estado de 1862 y 1866 de Sinaloa, se localiza que nombran
comisionados del gobierno para reclutar a todo individuo que sea vago,
pernicioso, desde la edad de 16 hasta 50 años para que sean remitidos como
reemplazos militares.
La necesidad por la conformación de las fuerzas armadas se intensifica a partir
de la amenaza y la intervención francesa en México, las luchas republicanas e
imperialistas, requieren que muchos hombres se sumen de manera voluntaria o
involuntaria a la milicia, pero la resistencia al alistamiento se manifiesta en no
pocas regiones, de formas diferentes, en Sinaloa en el pueblo de la Noria en
agosto de1862 una comisión encargada de recoger desertores es asaltada; las
listas de desertores se incrementan, persisten quejas de madres porque sus hijos
son consignados al servicio de las armas, la Cuarta división militar sufre de
deserciones y con frecuencia realiza campañas para la recuperación de
hombres; las deserciones a veces son numerarias como que se da en Agua
Caliente de 129 soldados del Batallón Juárez en Noviembre de 1866; incluso se
dan quejas de preso de cárceles que denuncian, se queja al juez de lo criminal
por consignarlos al servicio de las armas; vecinos de pueblos que solicitan al
gobierno del Estado para que se les exima de dar servicio militar. 252Llama la
251 Domingo Rubí, Memoria que el gobernador del Estado de Sinaloa presenta al Congreso, 15 de octubre de 1869, Mazatlán, Imprenta Retes, 1869. p. 10. 252 AHGES, Fondo de Gobierno, Índice del archivo de la Secretaria de Gobierno del Estado, 1860 – 1870.
162
Atención que en 1870 la legislatura del estado remite un acuerdo a través del
cual no se debía permitir tomar soldados de leva.253
Francisco de la Vega en septiembre de 1864 en su proclama donde reunió gente
para protestar en contra del gobierno, entre otras cosas, considera, que la leva
forzosa que se ha mandado levantar en este distrito y los del interior, es
notoriamente perjudicial, no solo porque deja sin brazos los diversos ramos de la
sociedad y sume a multitud de familias en la orfandad y la miseria, sino porque
esta clase de reclutamientos siempre recae en la clase más desvalida de la
sociedad.
Considera que el reclutamiento de hombres por la fuerza, contraria las leyes
fundamentales de la Nación, ataca la libertad individual del ciudadano, lo arranca
de la familia y sus quehaceres para reclutarlo en inmundos calabozos y luego
convertirlo en soldado de la patria. Propone que los gobernantes deben emplear
otros medios para proporcionar soldados que cumplan con los deberes de su
profesión, inculcando el honor, la disciplina, el sentimiento de la nacionalidad.254
5.3.- Los problemas por una soberanía estatal no definida.
Con la lucha entre conservadores y liberales, la soberanía entre los estados ,
aunado a que era muy endeble constitucionalmente, porque ambos grupos solían
tener adeptos en todo el país, incluso en un mismo estado de la república cuando
las fuerzas político militares dominaban o tomaban las plazas de un estado
buscaban expandir su poder a los pueblos aledaños.
Sinaloa, territorio donde los liberales dominaron, a excepción de las ocasiones en
que se levantan pronunciamientos armados para unirse al grupo conservador, y
donde fueron frecuentes las luchas contra los conservadores que se encontraban
en Durango, en el Cantón de Cantón de Tepic, así como también los asechos
de fuerzas militares de carácter conservador en los limites de Sinaloa, como
Cosalá, San Ignacio, Escuinapa, y las invasiones al Rosario.
253 AHGES, Fondo Secretaría de Gobierno, Indice del Archivo de la Secretaría de Gobierno, Julio de 1870. 254 Eustaquio Buelna, Breves apuntes, op cit., 1884, pp. 33- 35.
163
Debido a factores políticos y también geográficos con Durango se presentaron
varios problemas jurisdiccionales, pues la sierra entre Sinaloa y Durango se
prestaba para refugio de revolucionarios, como lo fue para el grupo de liberales
del Distrito de Culiacán, en 1855, que al ser rechazados por las fuerzas del
comandante militar José Inguanzo, se refugiaron en Tamazula Durango, Plácido
Vega, Miguel Ramírez, Eustaquio Buelna, entre otros, desde donde se dedicaron
a combatir a la gente de Inguanzo. Al ser nombrado gobernador, el 18 de octubre
de 1855, Pomposo Verdugo, por Juan Álvarez, se encontró con la oposición del
comandante Inguanzo, que se pronunció contra el gobierno federal y el de la
entidad, el gobernador pone al frente de una expedición militar a Plácido Vega
con el cargo de teniente.
La persecución de dicho comandante, dio lugar a que la “Sección Libertadora de
Sinaloa”, que así se denominó se internara en el Estado de Durango, motivando
serias reclamaciones del gobierno de aquel Estado, de tal forma que, el
gobernador de Durango solicitó la extradición de Plácido Vega para que fuera
juzgado por las autoridades competentes, llegando el asunto hasta el Ministerio
de Gobernación y la Presidencia del República.255
Antonio Rosales256 defendió con artículos periodísticos a Plácido Vega al
señalar en artículos de prensa oficiales en tres puntos este problema: la violación
del territorio de Durango por las fuerzas de Sinaloa; los excesos de estas
haciendo vejaciones en sus intereses y honor a habitantes pacíficos de aquella
demarcación, y la solicitud de que sean remitidos al gobernador de Durango los
culpables para que sean castigados.257
Rosales reconoció no estar seguro de la latitud del carácter de inviolabilidad de
los Estados, lo poco clara que era en esos tiempos la soberanía de los estados:
explica, que considera un absurdo que esta debiera sujetarse a las
255 Antonio Nakayama, Realidad y mentira… p. 28. 256 Antonio Rosales era Secretario de Gobierno y redactor del Periódico Oficial, de Sinaloa, tomó la defensa de Plácido Vega y acerca del caso escribió diversos artículos, como el del número 26 de La Bandera de Ayutla publicado el 28 de junio de 1856, donde remite un artículo titulado “Invasión de tropas de Sinaloa en el territorio de Durango.” 257 Antonio Nakayama, Realidad y mentira… p. 29.
164
prescripciones del derecho internacional, y que los delincuentes de uno pudieran
refugiarse en el territorio de otro como si fuera un pabellón extraño. No había
noticias de que entre los Estados de la Confederación Mexicana se hubiera
celebrado algún tratado de extradición.
A cerca de esto la prensa nacional también abordó el problema, el Monitor
Republicano refería que respecto a la solicitud del gobernador de Durango ante
el Supremo Gobierno de la Nación del 9 de mayo de 1856, la redacción de dicho
periódico opinaba - que no debería permitirse las incursiones de tropas de un
Estado a otro, pero tampoco debe llevarse al exclusivismo hasta el grado de
considerara como naciones independientes los Estados de la federación.258
La defensa que hizo Antonio Rosales, surgió efectos, pues comprobó que en la
revuelta de Inguanzo, que asaltó Cosalá, participaron individuos de los puntos
del estado vecino y que en todo caso, quien debería determinar la culpabilidad
era la autoridad judicial federal.
Durante la guerra de reforma Juarista y la intervención francesa, la soberanía de
los estados se relativizó, de manera constante, por la entrada y salida de
ejércitos que a razón de la declaración de sitio, siendo una de las prioridades de
los liberales la cooperación abierta de los gobiernos de los Estados para la
conformación de tropas, y además, mantenerse en la expectativa cuando grupos
invasores extranjeros, como los franceses pudieran atacar.
La soberanía nacional se convirtió en un discurso recurrente de los gobiernos,
pero las relaciones internas entre los Estados se descuidaron y con frecuencia
vemos afectaciones territoriales entre los mismos, fuerzas militares de un Estado
que invaden otro, en el ataque a grupos enemigos, se olvidan del respeto a las
líneas limítrofes.
De esto se pueden dar muchos ejemplos: en 1859, el gobernador de Sonora.
Ignacio Pesqueira, en apoyo al movimiento liberal para derrocar a los
conservadores, participa junto con su ejército en la tomó de la capital del Estado
de Sinaloa, Mazatlán y al efectuarse la misma se nombró gobernador de Sonora 258 Ibíd, p. 30.
165
y provisional de Sinaloa; por otro lado, Plácido Vega, siendo gobernador de
Sinaloa, el 3 de agosto de 1863, envió una carta al presidente Benito Juárez,
donde comunicó de las relaciones entre el gobernador de Durango, José María
Patoni y Sinaloa para unir fuerzas para la causa. 259
Sin embargo, hay otras decisiones que se salieron de la concordia entre los
gobiernos de los Estados, por ejemplo, en este mismo año, José María Patoni,
de Durango, interviene con sus fuerzas armadas para derrocar el movimiento
subversivo de Francisco de la Vega, en Sinaloa y Mocorito, desconociendo así a
Rosales que fungía como gobernador del Estado, suscitándose por esta
injerencia fricciones entre Patoni y el gobernador. 260
A su vez, en la correspondencia entre liberales no es extraño que los
gobernadores de diferentes estados se ofrezcan ayuda entre si para resolver
problemas políticos internos, que se consideran de carácter nacional. Por ello,
una vez más, en septiembre de 1864, el gobernador de Sonora envió una misiva
a su similar de Sinaloa Jesús G. Morales, donde señaló que de los sucesos de la
defensa de Mazatlán, depende la de Sonora, por ello reitera el apoyo del
gobierno de Sonora, estando resuelto Pesqueira a marchar personalmente con
mil o más hombres para reforzar la guarnición de Mazatlán. También añade que
escribirá al gobernador de Chihuahua para que colabore con la defensa de
Sinaloa. 261
La cuestión de la soberanía no se relativizó únicamente por el estado de guerra
en el país, ya que constitucionalmente -en la carta magna de 1857- no existía
una solución clara, expresa y terminante para este tipo de conflicto. Sólo se
refería a los casos de invasión exterior, de sublevación y de trastorno interior,
según el artículo 116 podía intervenir la fuerza federal; pero no precisaba,
entorno a conflictos entre los poderes de un Estado. Es decir, la constitución de
259 Jorge L. Tamayo, Juárez, op cit., tomo 9, p. 205-206. 260 Ibíd, p. 596 a 597. 261 Ibíd., 384.
166
1857, no consignó la ingerencia o intervención que los poderes federales debían
tener en las dificultades que aparecieran entre los Estados. 262
Y en caso de conflicto entre los poderes de un Estado, tampoco se señalaba el
papel de la intervención cuando esta debía asegurar la paz y hacer respetar las
instituciones republicanas. Si el conflicto tomaba el carácter de contienda
armada, una de las soluciones que empiezan a discutirse en la prensa nacional,
a raíz de una iniciativa de ley, es que cuando los poderes locales no llegan a las
vías del hecho para decidir sus diferencias, lo prudente era que el Congreso de
la Unión examinara el conflicto; y el medio más eficaz para hacer un examen
imparcial y detenido, sería someter la conducta de los gobernadores de los
estados al juicio del gran jurado nacional, en cuyo caso no ejerciese el Congreso
sino una facultad constitucional.263
Es hasta septiembre de1870, cuando apareció una iniciativa del ejecutivo que
buscaba acabar con estas arbitrariedades entre los estados, ocupándose de tres
casos: invasión exterior, sublevación o trastorno interior, y conflicto entre los
poderes de un Estado, ya que éstas afectaban las relaciones que debían tener
con los poderes federales; implicaban también cuestiones constitucionales y,
ponían en peligro el orden y buena administración de los Estados, y la paz y la
tranquilidad de la federación.
También empezaron a discutirse las relaciones del gobierno general con los
particulares de los Estados. Se planteó por primera vez, que el ejecutivo de la
unión debía proteger -conforme a la parte primera del art. 116 de la constitución-
disponiendo de la fuerza armada permanente, y si fuese necesario, incluso la
utilización de la guardia nacional fuera de sus respectivos Estados o territorios,
previo consentimiento del Congreso, o de la diputación permanente; el ejecutivo
de la Unión debiera proteger de la misma manera a los poderes de los Estados
en caso de sublevación o trastorno interior contra aquellos, siempre que fuese
262 DO., 18 de septiembre de 1870. N. 261, H.1. f. 154. 263 Ibíd.
167
requerido por la legislatura del Estado, o por su gobernador si aquella no
estuviese reunida.264
En dicha propuesta al ver que la invasión exterior podía provenir, no solo de un
Estado extranjero sino también de algunos de la federación. El Estado invadido
puede hacer valer el derecho de la protección, al verse amenazado en su
soberanía e independencia, aunque la amenaza proviniese de otro estado de la
federación, se reconoce, sin embargo, una causa exterior, porque se trata de
dos soberanías distintas.
5.4.- Los conflictos con extranjeros: complicaciones en la lucha por la nación y por la soberanía.
El gobierno de Sinaloa tuvo que lidiar de forma recurrente con la actitud de los
comerciantes extranjeros radicados en Mazatlán, que tenían apoyo de sus
respectivos cónsules que con cualquier pretexto amenazaban con la marina de
sus países. El gobernador Plácido Vega, con la necesidad de dinero para cubrir
los gastos de la guerra, el 13 de julio de 1859, expidió un decreto imponiendo
una contribución extraordinaria para nacionales y extranjeros, misma que los
segundos se resistieron a pagar.
Acostumbrados los comerciantes extranjeros a embarcar y desembarcar
mercancías sin pagar los respectivos gastos a la aduana marítima de Mazatlán,
vieron con desdén la postura del gobernador, así que se inicio el 9 de agosto de
1859, un conflicto con el vice cónsul inglés, porque el juez Pablo María Rivera
embargó unos efectos de su propiedad por causa de contrabando y selló las
puertas del almacén, dándose reiteradas quejas por parte del inglés que
consideró que se había atacado a las armas de la Gran Bretaña. 265
Además, durante el periodo de lucha entre conservadores y liberales, las marinas
de guerra de las potencias extranjeras no se mantuvieron neutrales, acerca de
esto se pueden mencionar un ejemplo, cuando el general conservador Leonardo
Márquez llevó a Tepic una conducta de caudales para ser embarcada, la fragata
264 DO., 18 de septiembre de 1870. No 261, h.1. 265 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sin…p. 55.
168
de guerra inglesa Calypso la recibió a bordo en Santa Cruz, a corta distancia de
San Blas, sin importarle las protestas del Coronel Manuel Márquez de León, y el
envió que el gobierno de Sinaloa había hecho del bergantín Ipala para que
impidiera el embarque, lo que no se logró porque la fragata amenazó con echarlo
a pique si oponía resistencia.266
El embarcó ilegal de la plata de los conservadores la hizo J. F. Allsop, quien
ejercía las funciones de cónsul de Inglaterra en Tepic, ésta operación la efectuó
como empleado de la casa Forbes, Barrón y Compañía, por lo que el general
Coronado le exigió el pago de los derechos aduanales. Al negarse Allsop fue
encarcelado por cinco horas, y así obligado a pagar poco más de 13, 578
pesos.
Pocos días después, Allsop se embarcó en la fragata de guerra inglesa
Amethyst, que al mando del capitán Sydney Greufell se dirigía a Mazatlán y ya en
el puerto, Greufell presentó una demanda ante el gobierno de Sinaloa,
amenazando el bloqueo del puerto sino aceptaban sus condiciones entre las
cuales pedía la destitución del general Coronado, que se devolviera la cantidad
de dinero entregada y que se rindieran honores a la fragata ofendida.
Estos problemas complicaban la marcha administrativa, pues el gobierno estaba
ocupado en la lucha contra los conservadores y además la nación no contaba
con una marina de guerra poderosa para hacer frente a la insolencia de cónsules
y marinas extranjeras.267
En diciembre de 1860 un nuevo incidente se presentó con las marinas de guerra
extranjeras, esta vez fue con Napoleón III, emperador de Francia, el gobierno de
Sinaloa había adquirido la goleta Swing, a la que artilló con ocho cañones
llamándola Reforma, destinada como guarda costa y estando en la bahía de San
Blas, fue aprendida como represalia por los daños causados al vice cónsul
francés por parte del comandante Antonio Rojas. Plácido Vega ordenó la salida
de una escuadrilla naval quien se puso en contacto con el comandante de la
266 Antonio Nakayama, Sinaloa, un bosquejo de su… p. 298. 267 Ibíd, p. 299.
169
fragata francesa M. Javin, el cual manifestó que la Reforma, continuaría como
presa de empeño hasta que se indemnizara al vicecónsul y se hiciera un saludo
de veintiún cañonazos al pabellón francés. 268
Los cónsules ingleses y franceses aprovechándose de los conflictos internos que
tenía el país, de la debilidad del poder político mexicano, y la endeble marina
mercante nacional y de la fuerza militar en general, obviamente comparada con
la suya, con cualquier diferencia con los oficiales de las aduanas, y a la menor
provocación, hacían reclamos a las autoridades estatales y si no se les
concedían sus antojos amenazaban con acciones severas, tales como bloquear
las entradas de las embarcaciones, inclusive bombardear ciudades porteñas.
No había mucho de extraño es este conflicto de carácter internacional, pues
dicha situación desde hacía mucho tiempo atrás se vivía en este puerto y en los
demás de la república, por causas más o menos idénticas, y con buques de la
propia escuadra. Son interminables las reclamaciones, apoyados casi en todas
las ocasiones en la fuerza de los cañones.
El puerto de Mazatlán padeció mucho tiempo este tipo de cuestiones, el 16 de
junio el capitán ingles, Mr. Walace, pagador del buque Chanticler, que pretendía
embarcarse, al pasar por la Aduana Marítima, no reportó el dinero que llevada,
los oficiales de la aduana procedieron a registrarlo encontrando en sus bolsillos
378 pesos que llevaba sin cubrir los requisitos necesarios.
En este incidente el coronel inglés Guillermo W. Bridge, manifestó al jefe de la
Cuarta División Militar, Ramón Corona, que dicho insultó debería ser
recompensado y devuelto el dinero decomisado. Ramón Corona, por su parte
manifestó la incompetencia para la resolución del caso, por ser exclusiva de los
tribunales de la federación.
El comandante inglés al no conformarse con esta contestación señaló que
tomaría las providencias necesarias para allanar el insulto, considerando los
empleados que lo insultaron, debían ser castigados en el buque ofendido y
solicitaba la devolución inmediata del dinero extraído. Daba como plazo para el 268 Ibíd, p. 309.
170
cumplimiento de sus peticiones 24 horas o de lo contrario se atuvieran a sus
maneras de hacer respetar su honorabilidad.
Los ingleses, anunciaron desde el medio día del 20 de junio de 1868, la toma del
puerto de Mazatlán, y señalaron que el gobierno mexicano ofrecía resistencia, ó
si sus reclamaciones, no se atiendan en 48 horas, tomaría otras medidas más
fuertes.269
El día 21 se desprendieron de la Chantincler, cuatro embarcaciones menores
armadas, que se dirigieron rumbo al muelle del puerto sinaloense, y frente al
edificio de la aduana marítima, amenazando con llevarse los buques nacionales
allí anclados.
Con anterioridad el ciudadano general en jefe de la 4ta. División, había situado
en la parte superior del edificio, tres piezas de artillería, a las órdenes del teniente
coronel Adolfo Riestra, y apoyados por una columna de doscientos infantes, cuya
fuerza al ver la actitud de los botes ingleses, se preparó á cumplir su deber y en
estos momentos, el pueblo se agrupó, en apoyando la causa. Los botes viraron
inmediatamente, volviendo sin detenerse al buque al que pertenecían. 270
Debido a este atentado, se vieron afectados los intereses de la población, y
amenazada la soberanía de la nación, por ocho días, más dejó de manifiesto que
el pueblo de Mazatlán no estaba conforme con la manera tan soberbia y altanera
como actuaban algunos extranjeros, así como tampoco con el intervensionismo
al que estaba propensa la capital sinaloense.
En otro escenario un sinaloense, del que se ha hablado anteriormente en este
trabajo, se convirtió en el actor principal, de la denuncia de la prensa nacional
que consideraba el siguiente hecho como un atentado a la soberanía mexicana.
En 1870, Plácido Vega provocó un escenario donde se cuestionó de forma
evidente la soberanía del país, porque este personaje, ordenó a un grupo de
facciosos procedentes del cantón de Tepic, para que asaltaran la Aduana de
269 DO. ´´Parte Oficial que envía el jefe de la Cuarta División Militar, Ramón Corona al Ministerio de Guerra y Marina,´´ 5 de julio de 1868, N. 187, F. 9. 270 Ibíd.
171
Guaymas, después de realizada esta acción, en un vapor de origen americano, el
forward, dirigido por Fortino Vizcaíno, denominado jefe de la expedición de
Sinaloa, se apoderaron de la población y exigieron un pago a los comerciantes
que tenían adeudos con la Aduana por el cargamento de una reciente barca.
Luego de este atraco, el Forward, fue mandado perseguir por el cónsul de los
Estados Unidos en Guaymas, con buques americanos. La persecución empezó
el 17 de junio y terminó el 18 con la destrucción del buque, acusado de pirata, así
que el incendio de este se efectuó en altamar. 271
Según comunicación que se decomisó a miembros de la expedición, Plácido
Vega encomendó que luego del puerto de Sonora le seguirían Sinaloa y Baja
California.
Los planes de Vega eran de carácter político, al ordenas a sus seguidores, que
robaran las armas de los depósitos públicos del puerto de Guaymas, mismas
que el había enviado de San Francisco,
Un interesante debate político se generó en torno a esto, el Diario oficial del
Federación lo retomó para minimizar los hechos y declarar su postura. Por otra
parte una de las cuestiones que se discuten es el hecho de que ¿Dónde queda la
soberanía mexicana, cuando un buque de guerra de los estados Unidos, el
Michigan, persigue en aguas mexicanas e incendia el Forward y cuyo capitán
ejecuta a seis marineros de la tripulación del mismo?
Además, el Forward llevada bandera mexicana como podía el Michigan, atacar
en nuestro territorio, sin autorización del gobierno mexicano. La prensa oficial por
su parte remite en La Opinión Nacional, lo que considera como legislación
vigente del 12 de abril de 1839, sobre el hecho de desconocer la bandera de la
nación en buques armados sin patente legal del gobierno mexicano, debiendo
estos ser considerados y tratados como piratas por los buques de guerra de
todas las naciones, salvándose el gobierno mexicano de toda responsabilidad de
los daños que los buques pueden causar al comercio de las naciones
271 DO., 2 de julio de 1870, N. 183, F.2.
172
extranjeras. Disposición que, se dice, fue aplicada al caso de la escuadrilla de
Marín capturado en Antón Lizardo por el Saratoga.272
Pero, señalan que en todo caso, el buque americano estaba obligado a
someterse a la jurisdicción de la república. Ante la serie de cuestionamiento el
gobierno mexicano, requería aclarar este suceso y lo hace en la prensa indicando
que en primer lugar se catalogó como un buque pirata, y no se puede asegurar
que el vapor Forward haya sido incendiado en las aguas territoriales de
México.273
5.5.- La prensa: espacio político nacionalista o medio de opinión pública.
5.5.1. Medio elitista para incentivar la integración nacional.
Debido a la guerra de reforma y la intervención francesa los liberales utilizaron al
periódico como medio impreso por excelencia para crear un efecto multiplicador
sobre la capacidad de las personas de imaginarse como miembros de una
nación, porque esto no podía dejarse a la imaginación ya que requería de bases
para crear o aumentar la conciencia de que existían ciertas características
comunes de importancia y de una preocupación por ellas.274
Ante la amenaza de las tropas francesas e imperialistas, los gobiernos
republicanos recurrieron al uso del discurso, patriótico, para buscar la unión de
los mexicanos, y que la indiferencia no ganara la batalla como lo fue en tiempos
de la intervención norteamericana, cuando por más esfuerzos que hubiese hecho
el gobierno nacional, las dificultades no fueron superables y los norteamericanos
tomaron la capital del país de 1846 a 1847.
Los gobiernos liberales incrementaron las llamadas festividades cívicas donde se
hacía alusión a la nación, patria, soberanía, para formar y educar, al ciudadano y
a la población en general, acerca del significado del momento crítico que vivía el
272 Ibíd. 273 DO, 10 julio de 1870, N. 191, H. 2. 274 Quien define este llamado efecto multiplicador del nacionalismo como fenómeno multicultural porque se manifiesta no solo en las culturas occidentales sino en las orientales aunque establece sus propios matices es Adrian Hastings en La construcción de las nacionalidades, Madrid, Cambridge University Press, 2000, p. 40.
173
gobierno, por el asecho extranjero, y con frecuencia hacían referencia a hechos
históricos que podían generar indicios de una conciencia común, de los
mexicanos; sus discursos aludían a la guerra de independencia, la declaración de
la misma en 1821, considerando que la constitución de 1857 debía ser defendida,
porque permitiría la consolidación de la autonomía nacional y del poder civil.
En estos momentos extremos los juaristas sabían que además de necesitar el
apoyo físico requerían del moral de todos los pueblos así que optaron por
concienciar a la población sobre la importancia de su participación para la
subsistencia de la nación. Porque en opinión de Adrian Hastings, el nacionalismo
es a menudo una presencia latente, algo que se inflama con extrema rapidez en
tiempos de guerra o cuando se produce una amenaza real o imaginaria y que
puede convertirse en una fuerza abrumadora e irracional, para apagarse de
manera casi tan rápida cuando las circunstancias cambian.275
Es cierto que para lograr esta difusión de las ideas los libros coadyuvan a que el
efecto se multiplique más en este proceso eran los periódicos, donde redactores
a veces dueños de imprentas se ocupaban de publicar sus ideas y posturas
acerca del momento, referente la modernización de la política que se estaba
presentando y las reacciones que provoca y el papel que asumen los gobiernos
como promotores su propia causa.
La prensa era un espacio público utilizado por las elites para educar, formar y
construir un espíritu ciudadano, a través de un discurso que asumía una función
didáctica buscando integrar o presentar al individuo como parte de una unidad,
que se dejaba a expensas de la decisión del mismo, y que la salvación de la
nación dependía de la defensa que se hiciera de ella.
Los discursos cívicos con carácter conmemorativo que se recitaban, organizados
por las juntas patrióticas de los ayuntamientos hacían uso de la oratoria ante el
público congregado en las plazas públicas y por ultimo se imprimían y se
difundían dejando prueba escrita, para que el discurso sobre la nación
contribuyera a la suma de adeptos de los republicanos.
275 Adrian Hastings, op cit, p. 37.
174
Esto se reflejaba en la prensa sinaloense de esos años. Por ejemplo, el periódico
El Pacífico en sus editoriales de 1861 a 1864 hizo una defensa de la república y
la constitución, preocupándose por definir frecuentemente conceptos como
patria, libertad, democracia, promovía la toma de las armas para la defensa de la
soberanía a través de la guardia nacional, hacía una critica constante a la iglesia.
Desde 1861 se observaba en las paginas de este periódico publicado en
Mazatlán la idea de que la república era una conquista de la nación que debía
defenderse a todo transe, pues implicaba la libertad como derecho y virtud de la
organización social de una nación para conseguir las bases de la libertad política
e individual de sus asociados. Anuncia la amenaza del despotismo que
provocaría la paralización del progreso de la nación.276
Señala que los opositores del sistema republicano confundían a la opinión
pública tachando a los seguidores del liberalismo como defensores de una
democracia que no existe que se estanca en la demagogia, en el discurso.
Obviamente que el redactor Jesús Río se defiende magistralmente acusando a
estos como enemigos de la libertad, de la ilustración, y del progreso. 277
Explica que su democracia no era la autorización de crímenes, tampoco el
empleo de la fuerza o la violencia, contra el derecho y la justicia, porque eso era
propio del despotismo, ya fuera por uno solo y por un grupo que usurpara el
poder de la nación. La propuesta democrática no estaba avalada como lo decían
las críticas por una clase de personas ignorantes, no aptas para dirigir el timón
de un estado, pues personas conocedoras de la ciencia y con bastante razón
para comprender el mecanismo de la administración.278
Deja en claro que el gobierno democrático debía ser ejercido por la clase media
que era la más activa e inteligente; apoyada por esa gran población formada de
ciudadanos honrados y laboriosos a los que se les quiere distinguir con el
276 EP, 21 de diciembre de 1861.n. 18, año 1. 277Jesús Río, formado en la abogacía fue nombrado Secretario de Gobierno, durante la administración de Manuel Márquez en el gobierno de Sinaloa en 1863, era redactor de El Pacifico, además era teniente coronel del Batallón Hidalgo de las Brigadas Unidas de Sonora y Sinaloa en este mismo año, véase El Pacífico, Febrero 18 de 1863. N. 77, año III. p.4. 278
EP. 9 julio de 1862, no. 47, año ll, p.1.
175
nombre de pueblo, siendo así que todos lo somos, y la cual no es otra cosa que
los brazos que se encuentran dispuestos a defender la patria, la libertad y la
justicia que son sus verdaderos derechos.
La preocupación por la conformación de fuerzas se manifestaba en este medio y
se proponía como viable que el ciudadano se concientizara y conociera a través
de la imprenta el deber que afrontaba para salvar a su patria, para que con esto
no se necesitara de apremios debido a la carencia de recursos, ni gente obligada
para conformar el numeroso ejército que se necesitaba.
El nacionalismo surge principalmente cuando una identidad étnica o nación
determinada se siente amenazada en lo referente a su propio carácter, extensión
o importancia, ya sea por un ataque externo o bien por el sistema estatal del que
hasta el momento ha formado parte. La idea de nación necesita de un efecto
multiplicador sobre la capacidad de las personas de imaginarse como miembros
de una comunidad tan amplia como una nación. Sin embargo, nunca podría ser
cuestión de imaginación sin base, sino un aumento de la conciencia de que
existen ciertas características comunes de importancia y de una preocupación
por ellas.279
El 31 de marzo de 1863 apareció en el Diario Oficial de la Federación la siguiente
nota:
He visto desfilar a esa brigada de todo elogio por su patriotismo, y que
tanto ha sufrido, atravesando después de un largo viaje desde su Estado,
más de cien leguas, de Zihuatanejo, por un clima mortífero y lleno de
privaciones, careciendo de medios de transporte y a veces hasta de
alimentos; de tal suerte, que el general y su estado mayor salieron a pie
de Acapulco, de donde algunos buenos vecinos les mandaron sus
caballos. Dejaron atrás sus equipajes y sus dos músicas, antes de
abandonar sus armas y pertrechos: también quedaron en Acapulco sus
uniformes que para la brigada llegaron de San Francisco y 500 fusiles.
Con lágrimas que la emoción hacía brotar a mis ojos, vi desfilar a esos
279 Adrian Hastings, op cit, p. 37.
176
fronterizos tan sufridos, enfermos y casi desnudos; la oficialidad en su
mayor parte a pie y de huaraches, pero saludando con cariño, llenos de
entusiasmo. La brigada tuvo algunas bajas por enfermos que han sido
enviados a Mazatlán o quedando por los pueblos de tránsito, y vienen
todavía un centenar de enfermos que han querido seguir trayendo el fusil
a remolque. También ha tenido la brigada bastantes muertos.280
Esta narración tan romántica que expresa el amor a la patria y con tanta
exaltación narra acciones heroicas, es un pasaje de la trayectoria de un cuerpo
militar acaudillado por Plácido Vega denominado Brigada Sinaloa, compuesta de
soldados sinaloenses aunque es probable que poco tenía de patriota ya que
muchos de sus miembros fueron levantados por la leva, de manera forzosa sin su
consentimiento. Pero el caudillo liberal, con ese reclutamiento demostraba en
1863 su colaboración “bienhechora” a la lucha contra la intervención, su
capacidad de integrar fuerzas bajo su mando y su adhesión al gobierno federal.
La lucha contra la intervención apareció en medio de la guerra civil, que tenía
como actores a conservadores y liberales, los primeros se trasladaron a Europa
solicitando el apoyo de algunas naciones y lo consiguieron de Francia, misma
que envió tropas al territorio mexicano, los conservadores consideraban que con
ello podían lograr la pacificación y el orden del país iniciándose así una campaña
de conquista y de defensa del proyecto imperialista que coronó al príncipe
austriaco Maximiliano de Hamsburgo como el segundo emperador en México.
Mazatlán era un punto estratégico para el dominio de la zona del pacífico y el 26
de marzo de 1864, la fragata francesa Cordeliere, se presentó ante el puerto,
desprendiendo catorce lanchas con cuatrocientos infantes de marina y seis
piezas rayadas, colocándose a medio tiro de cañón de la playa de Puerto Viejo,
para hostilizar las fortificaciones, pero el coronel Sánchez Ochoa, logró rechazar
el desembarque. 281
280 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia…op cit., p. 20. 281 Antonio Nakayama, “Las operaciones militares contra los franceses en Sinaloa,” Memoria del Primer Congreso Nacional de Historia de la guerra de intervención, México, 1963. pp.
177
Es menester mencionar el grado de patriotismo que tenían los mazatlecos a
pesar de que la historiografía tradicional ha estigmatizado a este pueblo en el
siglo XIX señalando que nunca ofrecieron resistencia a la intervención francesa,
como tampoco lo habían hecho contra la norteamericana.
Sin embargo, las descripciones acerca de una de las primeras batallas contra la
fragata francesa Cordeliere en marzo de 1864 coinciden en señalar que el
pueblo de Mazatlán se sumó a la lucha, que vitoreaba cada disparo del gobierno
nacional que hacía blanco en la fragata francesa.
La intervención no estuvo compuesta por solo un grupo de extranjeros que
incursionaron en un país a costa de todo, sino que fue acogida por aquellos que
no estaban de acuerdo con la introducción de las ideas liberales, con la llegada y
la permanencia de Juárez en el poder, con la constitución de 1857, que vino a
trastocar una serie de circunstancias, con la idea de que el dominio de la iglesia
desde la época colonial debía ser contrarestado, pues al término de poder
español, la propiedad feudal de la iglesia se encuentra intacta.
A esto es necesario agregar, que a su llegada al país, la unión del pueblo como
nación no existía aunque los liberales trataron de hacer un llamado a la
integración del pueblo mexicano a través del nacionalismo, con la
conmemoración de fechas como el 16 de septiembre, después el 5 de mayo,
organizando cada año celebraciones con vivas a la patria y discursos alusivos a
la fecha y música.
Pese a esto, recurrieron a la leva, reclutamiento forzoso para la conformación de
sus ejércitos, además muchos miembros o ex miembros de los ejércitos
republicanos se unieron a la causa imperialista, como lo hizo en Sinaloa, Jorge
Carmona, quien se alistó a las filas del imperio y en la incursión para tomar
Culiacán en 1864 trató de convencer a Rosales, para que se integrara a ellos.
El propio Francisco de la Vega, ex gobernador expulsado del poder por el
levantamiento de Pedro Valdés en 1852, contra las reformas fiscales; poco antes
de la toma de Mazatlán por los franceses, reunió gente del pueblo, en
septiembre de 1864, y sorprendió por la madrugada el cuartel en Culiacán, puso
178
presas a algunas autoridades y a gente poderosa, después despacha una fuerza
sobre Mocorito, pero es rechazada.282 Todo parecía indicar que el líder de dicho
pronunciamiento tenía planes con los imperialistas y subordinaría sus
operaciones con las de los franceses.
El 13 de noviembre llegó a Mazatlán el grueso de la escuadra francesa del
Pacífico, para bloquear el puerto, al mismo tiempo que Lozada lanzó sus fuerzas
contra el sur del Estado; Rosales y Corona decidieron desamparar la plaza, pues
el número de imperialistas los superó, y optaron por el sistema de guerrillas, ya
que un ejército unido sería muy difícil sostenerlo por la pobreza en que se
encontraban los pueblos, así que dispersaron sus fuerzas empezando a hostigar
al enemigo mediante golpes sorpresivos. 283
Los imperialistas utilizaron algunas estrategias para justificar el dominio político
que establecieron en las poblaciones, como la recolección de firmas de personas
que habiendo ostentado cargos públicos en tiempos de la republica, debían
declarar la no hostilidad al gobierno imperial, acción que realizada en Mazatlán
con carácter obligatorio para veintiuna personas en noviembre de 1865.284
Los cargos de gobierno que establecieron en el puerto, fueron los mismos que
tenía la prefectura antes de su llegada ya que nombraron prefecto político y
municipal, al presidente del ayuntamiento, a los siete regidores, al síndico y al
alcalde, con personas residentes de la misma ciudad, solo que es a través de la
fuerza como los nombramientos debían ser acatados, si algún elegido se resistía
era amenazado con seis mes de prisión por no tomar el cargo.
Tal es el caso que al hacer una renovación de poderes, el 17 de enero de 1865,
al nombrar a los miembros del Tribunal de Justicia, uno de los designados como
juez, José Gaona, envió una carta argumentando no poder aceptar el cargo por
encontrarse enfermo, la cual fue tomada por Castagny como resistencia, así que
lo manda encarcelar hasta que aceptó el cargo, solo pasan tres días para que
282 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, p. 33 283 Ibíd., p. 74. 284 DO., Correspondencia enviada el Departamento de Washington en noviembre de 1865 y publicada el 8 de Diciembre de 1868, N., 343, F. 142, Columna 247.
179
este cambie de opinión y sea puesto en libertad entrando a desempeñar el
puesto.285
La ocupación de Sinaloa se remite prácticamente a Mazatlán, y algunos pueblos
del sur pero no de manera permanente; Culiacán se vio amenazado el 22 de
diciembre de 1864, más la defensa de Antonio Rosales, no permitió la llegada de
la expedición.
La victoria de San Pedro, no solo salvó a Culiacán de la presencia del enemigo
extranjero, sino también del compromiso de muchos de sus vecinos con la
intervención. Con todo y que en Sinaloa dominaban las ideas constitucionalistas,
los excesos de los gobiernos atrajeron en el estado y en esta ciudad, muchos
partidarios al imperio.286
La salida de los imperialistas de Mazatlán no se debe solo a la capacidad de las
tropas republicanas si no una serie de circunstancias internas y externas del
gobierno imperial: el puerto las únicas entradas de dinero procedía de las
exportaciones, mismas que disminuían buena parte del año; a San Francisco,
California eran encargadas las armas, era necesario cubrir los gastos de
autoridades civiles y militares, y otros gastos de la guarnición francesa; el apoyo
a la tropa de Sonora, que estaba carente de haberes.
La evacuación del puerto de Guaymas se apresuraba por el avance de los
liberales y esto vino a inestabilizar la estancia de los franceses en Mazatlán, pues
el sostenimiento de tal ejército era imposible.287
Para cerrar, es cierto que el territorio sinaloense fue asechado por los franceses
que apoyaban el establecimiento del imperio mexicano, Mazatlán entonces,
capital del Estado, y uno de los puertos estratégicos del pacifico, para las
campañas imperialistas en el norte de México, se convirtió en blanco perfecto de
285 Ibíd. 286 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la guerra de intervención en Sinaloa, Culiacán, Universidad de Sinaloa, 1964, p. 95. 287 CM, Informe que rinde el Comisario imperial de la octava división sobre lo ocurrido desde el 14 de agosto hasta el 13 de noviembre de 1866, que fue abandonada a los disidentes por las guarniciones francesas de Mazatlán y Guaymas, dirigida al Ministro de Gobernación, México, 28 de febrero de 1867, p, 155.
180
la intervención, que se hizo más fuerte por la gran cantidad de mexicanos que
apoyaron el plan de Tacubaya, debiendo señalar, que existen fuentes que hacen
notar que las administraciones aparentemente francesas, tenían muchos
mexicanos que aportaron las ideas de dicho plan.
Aunque también muchos sinaloenses se armaron para la lucha contra el imperio,
en el ejército conformado por Placido Vega en 1863, fueron muchos los hombres
que se alistaron en la defensa de sus pueblos, aunque a veces no les quedaba
más alternativa que aceptar la milicia que también podía brindarles relativa
seguridad en medio de tanta rebelión, alzamiento, bandidaje.
Además los grupos indígenas con el afán de defender su medio único de
subsistencia, en contra de las leyes de desamortización, se levantaron en armas
de manera constante apoyando en algunas ocasiones al imperio; Culiacán que
nunca fue tomada por los imperialistas, no obstante si sufrió vejaciones por la
diferentes facciones del grupo liberal y asechada en diciembre de 1864, por los
franceses que habían desembarcado en Altata, con miras a tomarlo, más fueron
repelidos por Rosales.
Concordia se convirtió en la sede principal de las guerrillas republicadas; La
Noria al contrario fue famosa por la caballería de la guardia Rural a favor de los
Imperialistas, por ello, quemada y devastada por sus enemigos republicanos, por
considerarlos traidores a la patria; Villa Unión a favor de los republicanos y al
término de la guerra, irónicamente de las comunidades más afectadas por las
leyes de desamortización, pues Juárez declaró sus tierras propiedad nacional
expidiendo un título de propiedad a favor de un cónsul alemán y de Fortino León,
gobernador interino en varias ocasiones durante el mandato de Plácido Vega.
En Sinaloa, uno de los periódicos por excelencia del grupo liberal, era el Cinco de
Mayo, publicado en Culiacán 1866, fue portavoz de las intensiones republicanas,
su objeto era motivar la lucha que encausaba Sinaloa por la nacional, defendía
las leyes, la constitución, el sistema de gobierno y la lealtad al gobierno para que
no se inclinaran por el partido conservador.
181
Sus redactores consideraban que a su vez ocupaban cargos federales
administrativos o militares en Sinaloa,288 que el sacrificio de los ciudadanos que
formaban parte de las milicias cívicas sería recompensado porque la historia no
podría olvidarlos, los elevaría dignamente con el nombre de mexicanos
recociéndoles su lucha por la independencia y la libertad de la patria que sus
hijos serían reconocidos por la nación por ese precioso legado que habrían de
dejar.
El periódico aprovechaba cualquier batalla ganada por los republicanos por
pequeña que fuera para enaltecerla, magnificarla como lo fue la batalla de Villa
Unión del 3 de abril de 1863.
Además, el gobierno de Domingo Rubí publica en este órgano de difusión, un
decreto expedido por él y la Comandancia militar, para solicitar al Ministerio de
Guerra la erección de una medalla para incentivar el ideal de la lucha, y con ello
premiar el comportamiento de jefes, oficiales y tropa que participaron en los días
19, 20 y 21 de marzo en las batallas de Villa Unión, y 1º de abril en Concordia.
Las medallas serían de plata y en el anverso llevarían la inscripción al derredor
“Brigadas Unidas de Sinaloa y Jalisco.289
El 19 de mayo de 1866 apareció una narración sobre la forma como se celebró el
Aniversario del Cinco de Mayo, señalando que era una fecha de gloria nacional
ay que por tanto se festejaba en varios pueblos del estado con composiciones
poéticas leídas en los actos y que las jóvenes tomaban parte en las festividades
cantando el himno nacional.
Era una fuente que servía también para agradecer a todos los que colaboraban
con donativos para la recuperación de los heridos que se encontraban en los
llamados hospitales de sangre del ejército de Occidente. Destacando de esto la
colaboración de los norteamericanos residentes en pueblos como El Presidio y
Mazatlán así de mexicanos residentes en Estados Unidos, principalmente el
Estado de California. Y las listas que envían los prefectos de los donativos en los
288 Como lo fueron: Francisco Cortés, jefe de redacción y publicación, Francisco Cortés, Cipriano Piña, redactor encargado, y también José C. Valadés. 289 Ibíd, 20 de abril de 1866, p. 52.
182
pueblos de Sinaloa como un reconocimiento a todos los que colaboraban con
esta causa.
Es curioso como el redactor de El Cinco de Mayo utilizaba este medio para
plasmar su desacuerdo respecto a la exageración de las fechas conmemorativas
ya que debía ser indispensable reducir el número de las mismas en lo que fuese
posible para no cansar, ni gravar al pueblo, ya que antes de la reforma estaban
obligados a que la tercera parte del año guardaran tantos días de fiestas
religiosas perjudicando a la agricultura y a todos lo ramos de la riqueza.290
5.5.2.- Espacio de opinión publica.
Debido a los conflictos políticos e ideológicos la prensa en el siglo XIX, se
convirtió en uno de los primeros ámbitos de discusión pública y una manera de
hacer política, pero también fue protagonista de la historia y se convirtió en una
de las principales varas con las que se midió el grado de libertad de un gobierno
y el nivel de civilización de una sociedad.291
Los diarios y periódicos oficiales, así como otros órganos semi-oficialistas tenían
un papel clave en las elecciones, no exclusivamente por su capacidad en tanto
que vehiculo para su difusión de ideas, o por los argumentos y el efecto
persuasivo que podían producir en sus eventuales lectores, si no que lo decisivo
era su capacidad para generar hechos políticos (sea orquestando campañas
haciendo circular rumores, etcétera).292 Intervenían en la escena política
vanagloriando a la tendencia que pertenecían, dedicando artículos de crítica a los
opositores, denostando sus acciones cuando de candidatos oficiales se trataba.
En las editoriales la dirección de los periódicos trasmitía los mensajes que quería
hacer llegar a la sociedad, porque aunque también se dirigía en ciertas
290 CM, 6 de octubre de 1866, n. 24. 291 Paula Alonso (compiladora), Construcciones impresas, panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 8 292 Elías Palti, “Los diarios y el sistema político mexicano en tiempos de la República Restaurada (1867-1876),” Paula Alonso op cit., p. 177.
183
coyunturas a la parte oficial, su principal interés era influir en la primera para
crear una opinión pública ligada a su perspectiva de grupo.293
Por otra parte, la prensa de oposición facilitaba el camino de tal o cual candidato,
apoyado por un grupo o facción que además de utilizar la fuerza física armada
requería del poder de la pluma, del poder intelectual para ganar adeptos, y crear
una opinión pública a favor de un escenario político propicio a la facción que
buscaba acceder al poder.
Sin embargo al cubrirse el objetivo y los candidatos pasaban a ser gobierno, la
prensa a la que habían motivado para su encumbramiento era necesario aplacar
o eliminarla. A través de una nota del Diario Oficial es posible apreciar una crítica
que parece reproducirse en órganos locales; en el sentido de que se abusaba de
la libertad de expresión que tenía la prensa, pues la ha convirtió en un medio
eficaz de propaganda, que procuraba distraer el criterio de la sociedad para
cumplir el objetivo de una facción caprichosa que desconocía principios y
personas. Y que podían dar al traste con la nacionalidad mexicana, al generar
discordia con una revolución.294
La prensa también era un medio de defensa de ideales democráticos,
manifestados en el lenguaje que utilizado, en artículos de opinión, en las
proclamas de las facciones, en la utilización constante de nociones como libertad,
soberanía, legitimidad, e igualdad. El lenguaje político se reflejaba de manera
clara en los medios impresos aunque también en las correspondencias
personales y oficiales, entre autoridades, adeptos a un partido, a un régimen,
como prueba de relaciones que se establecían entre los individuos que formaban
parte de grupos o colectividades, en la búsqueda de discutir o resolver problemas
políticos en común.
Otro forma de información escrita eran los volantes, los cuales se convirtieron
en un medio para generar opiniones entre los ciudadanos o del publico en 293 Azalia López González y Mabel Sánchez Valencia, “Prensa y cultura política en Sinaloa: El Correo de la tarde (1885-1909),” Carlos Maciel (coordinador), Historias y estudios de género: una ventana a la cotidianidad, Culiacán, UAS, 2006, p. 141. 294 DO. 24 de julio 1869 No. 205, t. III, f. 39, p. 2.
184
general; informaban sobre acciones militares, la realidad podía tergiversarse a
favor del grupo que la expedía, otras veces se exageraba en datos para
amedrentar al enemigo; fueron también una estrategia, pero en conclusión un
mecanismo para persuadir sobre tal a cual propuesta rebelde. Los nombres de
caudillos sinaloenses que se pueden encontrar firmando volantes, proclamas y
demás son: Plácido Vega, Francisco de la Vega, Ignacio Pesqueira, Ángel
Martínez, Jaime Palacio, Ramón Corona entre otros.
Como vimos la prensa servia de órgano revolucionario con la publicación de
planes de pronunciamientos, y decretos en los que a veces amenazaban con el
desorden, la pérdida de las libertades otorgadas al ciudadano.
La promesa de una nueva libertad de expresión prometida por las elites liberales
fue puesta en dilema por la existencia de los jurados de imprenta, pues dicha
instancia limitaba la practica periodística al castigar los abusos de la libertad
escrita en medios públicos que atentaban contra la libertad y el honor de los
ciudadanos, y que siguió utilizándose durante las administraciones juaristas.295
Casi todos las disposiciones entorno a la libertad de prensa iniciaban el discurso
explicando que era inviolable la libertad y publicación de escritos de cualquier
materia, que ninguna ley podía censurar este derecho porque no se podía coartar
esa libertad, pero limitaba este derecho cuando atentaba contra la vida privada,
la moral y la paz pública.
Y con esto surgieron reglamentos de algunos artículos para organizar la forma
como debían operar los jurados de imprenta que estaban coordinados por los
ayuntamientos, mismos que en caso de una denuncia por la infracción a esta ley
debían reunir a un comité de personas que estuvieran gozando de derechos
ciudadanos.296
295 Pablo Piccato, “Jurados de imprenta en México: el honor en el construcción de la esfera pública, 1821-1882,” Paula Alonso, op cit., p. 139. 296 Los jurados de imprenta se utilizaban en México desde 1821, desde la Constitución de Cádiz en 1812 se garantizaba la libertad de escribir, imprimir y publicar las ideas políticas, pero el reglamento de la libertad de imprenta aparecido un año después advertía la existencia de delitos de prensa. Esto lo aborda Pablo Piccato, op cit., p. 141.
185
Cuando no se podía considerar como delito de imprenta tal o cual artículo que
aparecía en periódicos de oposición, la inmediata respuesta se presentaba en los
periódicos de corte oficial como lo hizo El Estado Sitio para minimizar lo que
publicó el Porvenir de Sinaloa, (ambos editados en Mazatlán) respecto a la critica
hacia la legislatura del estado pues consideraba que habían dejado activos una
exagerada cantidad de impuestos heredados de administraciones pasadas.297
El artículo séptimo de la constitución de 1857 garantizó la libre expresión de las
ideas que no infringieran el respeto a la vida privada, a la moral, y a la paz
pública. Benito Juárez decretó una ley de prensa el 2 de febrero de 1861 que
reglamentaba el jurado y establecía múltiples mecanismos para proteger a los
periodistas encausados: se eliminaba el fiscal de imprenta, penaban las faltas
con un máximo de prisión de doce meses de prisión o destierro del estado.
Muchas de las acusaciones que encontramos en Sinaloa y que llevaron a los
redactores de artículos periodísticos o impresores eran contra funcionarios
públicos y estos al denunciar matizaban la ofensa contra su familia, su vida
privada y el honor. En no pocos casos los miembros del jurado ciudadano
resolvieron a favor del ofendido, tal vez por que el carácter de funcionario de
gobierno era de gran valía en casos como este.
El movimiento nacional provocado por los porfiristas para derrocar a Sebastián
Lerdo de Tejada y debido a la Gran cantidad de adeptos que se había ganado
este caudillo (Porfirio Díaz), provocó que el presidente Sebastián Lerdo de
Tejada buscando contrarrestar el poder de la prensa oposicionista que se había
desbordado, haciendo uso de la libertad que concedía el art. séptimo de la
constitución. El presidente Lerdo de Tejada, suspendía algunas libertades
individuales publicando la Ley para castigar los delitos contra la nación y la plaza
pública, divulgó en el Diario Oficial La Ley de imprenta que había sido expedida
durante la administración de Ignacio Comonfort.
Es probable que por estas medidas algunos periodistas del puerto de Mazatlán
como José C. Cayetano Valadés, con una trayectoria por demás interesante
297 EES, 9 de enero de 1876, p. 5. t. 1
186
como impresor y redactor de periódicos en Sinaloa haya optado por abandonar la
línea política, (aunque también hay que decir que fungía como tesorero del
ayuntamiento del puerto), lo cierto es que opta por una línea menos complicada
para esos tiempos. Con un periódico titulado El trabajo optó ser medio
publicitario para el comerciante el agricultor, el industrial, con notas sobre
literatura y abordaba la problemática social en 1876.298
Aunque con estas medidas el presidente no logró acallar el movimiento suscitado
en torno a la oposición de Porfirio Díaz y en Sinaloa la prensa tuvo un papel muy
importante en el apoyo a este caudillo, periódicos como El clamor publicado en
Mazatlán que apoyaba a Francisco Cañedo en su rebelión contra Buelna, salió a
luz. Y por otro lado, La Tarántula con una prosa satírica criticaba a las
autoridades civiles y militares sin distinción.
298 El Trabajo 1876, Mazatlán junio 23 de 1876. AMM.
187
CAPITULO VI.
EL CIUDADANO IDEAL Y LA REALIDAD CORPORATIVA SINALOENSE.
6.1. Ciudadano: entre lo imaginario y lo real.
Aunque en el capitulo IV se hablaba de la ciudadanía, es necesario matizar cual
era el significado de ser ciudadano porque aquí podemos encontrar que oscila
entre lo imaginario y real, entre lo decían los discursos políticos y los cambios
que la sociedad pudo haber presentado.
El ideal acerca del ciudadano en el siglo XIX, estuvo ligado a una serie de
preceptos, conceptos, imaginarios y circunstancias presentes, así como los
escenarios del pasado por las críticas que surgieron hacia el orden colonial
donde lo que tenía peso era la colectividad, lo comunal.
El movimiento reformista mexicano, que buscaba consolidar el poder civil de
forma alterna, libre y separada de la iglesia, tuvo que enfrentar a buena parte de
la sociedad que se regía corporativamente porque de forma tradicional, dicha
manera de organizarse era una herencia que durante siglos se había mantenido.
Fueron muchos los programas estratégicos que necesitaban llevarse a cabo para
que las fuerzas tradicionales se dieran cuenta que el movimiento heredado de la
revolución de Ayutla no tenía vuelta atrás. La desamortización de los bienes
eclesiásticos y corporativos; la eliminación del poder económico acumulado por la
iglesia, que implicaba también congregaciones humanas en un núcleo de poder;
la preocupación para que se aceptara la tolerancia de cultos, con la intensión de
atraer al inmigrante extranjero que preferentemente tuviera un oficio o capital
para empresa. Laicizar la educación para que la iglesia no interviniera en la
formación de los futuros ciudadanos a los que se pretendía formar como hombres
conocedores de los códigos civiles, la constitución, la historia nacional,
preparados en un oficio, y en las ciencias naturales.
En el modelo “ciudadano” las leyes jugaron un papel trascendental para la
formación ciudadana, ya que el conocimiento de estas permitía el ejercicio de los
188
derechos y deberes individuales. Con el proceso de solidez y estabilidad de la
autoridad estatal se pretendía ofrecer al individuo, la seguridad a través de las
leyes, preceptos constitucionales, sistemas judiciales, es decir, reemplazar la
seguridad que otorgaba el hecho de ser miembro de una comunidad, cofradía,
pueblo, linaje, gremio, para que estas formas tradicionales dejaran de ser
absolutamente necesarias otorgando la confianza en las autoridades. 299
Se llevaron a cabo una serie de acciones con la intensión de ciudadanizar a los
mexicanos, incluso las reformas hacendarías estaban ligadas a esto, el hecho de
impulsar la recaudación por contribución directa, la formación de los individuos en
oficios por sus gustos, aptitudes y virtudes, la posibilidad de aceptar un credo
religioso de forma libre, y de ser tolerada una religión diferente a la católica por el
estado, promover legalmente la disgregación de las tierras de propiedad
comunal, impulsando la existencia de propietarios individuales.
Al pretender dar la definición del ciudadano resulta que se finca en un modelo
cívico que reside en los derechos de la humanidad, lo cierto es que se habían
apuntado en la constitución nacional y las locales desde 1824, para Sonora y
Sinaloa desde 1825, se estipularon entre los derechos de todos los pobladores
del Estado de Occidente, la libertad individual, seguridad personal, propiedad y la
igualdad ante la ley, se otorgaba la libertad de escribir, imprenta y publicación de
ideas políticas sin necesidad de licencia. Además se otorgaba la libertad
individual de ejercer una clase de industria y cultivo, para gozar y disponer de sus
propiedades, se hacía una declaración de igualdad de los hombres ante la ley,
estando en aptitud cualquiera de obtener los empleos públicos. 300
Muchos de estos preceptos que tenían su origen en el desarrollo de los derechos
humanos con mayores alcances en Europa, se estipularon en las constitución
mexicana, solo que se estuvieron aplazando o bien adoptaron vertientes
distintas, debido a, la inestabilidad política del país, cambio de régimen, etc, de
tal manera que, a partir de 1857, se retoman nuevamente, reelaborándose, y
detallando o explicitando por los cambios que estas materias estaban 299 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 37. 300 Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus…p. 40-41.
189
presentando, así podemos hablar de la renovación del sistema judicial, la ley de
imprenta, abolición de los grados de excelencia para que cualquiera pudiese
obtener un empleo público, y las intensiones de extinguir los oficios vendibles y
renunciables, entre otros.
El ciudadano, antes que otra cosa es un individuo, y la pretensión era que se
valorara como realidad humana; el individuo se construye en contra de las
fórmulas jerárquicas y corporativas, y transforma la trama entera de las
relaciones políticas. Ya no es un grupo sino un individuo el que se concibe como
ser real, la estructura jerárquica desaparece, en tanto surgen las atribuciones de
los agentes de autoridad, el gobierno. Se construye un poder por encima de los
individuos que se justifica en aras del bien común, ahora al gobierno le toca velar
por los intereses de los individuos 301
Al colocar al individuo como base de la sociedad el estado busca edificarse
solidamente y a la vez disgregar el poder que residía en los clérigos, y las
corporaciones civiles, pues ancestralmente dominaban varios aspectos de la
sociedad como la educación, la propiedad, la justicia, en las formas
administrativas orgánicas se resumía esta situación: parroquias, comunidades,
corporaciones, congregaciones, etc.
La construcción de un estado sobre la base de un sistema político republicano
implicaba el desmantelamiento de las reminiscencias del antiguo régimen, en
algunos aspectos todavía intactos. En parte implicaba imponer una única
soberanía en lugar de la infinidad de jurisdicciones antiguas y la constitución de
una sociedad integrada por ciudadanos jurídicamente iguales en lugar de la
jerarquía de diferencias del mundo colonial. 302
Luego de la independencia la discusión sobre el ciudadano y la nación soberana,
empiezan a sonar entre los grupos políticos, entendiendo que la nación se
componía, no ya de cuerpos y estamentos que normaban a la sociedad de la
colonia, sino de individuos autónomos. Todos al ser miembros de una entidad
301 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 38. 302 Roberto Di Estéfano, El Pulpito y la plaza, clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista, Argentina, Siglo XXI, 2004, p. 193.
190
soberana, serían, por tanto, ciudadanos, el estado debía asegurar o facilitar, la
felicidad y prosperidad de sus asociados, proteger los derechos de los
gobernados.303
Una de las intensiones más fuertes de la reforma juarista fue acabar con las
reminiscencias del periodo colonial, abolir privilegios heredados tradicionalmente
a corporaciones, grupos, familias, por ello, el gobernador Plácido Vega, recién
llegado al poder, al rodearse de liberales puros como Antonio Rosales, que
ocupaba el cargo de Secretario de Gobierno, expide un decreto, el 15 de
noviembre a través del Congreso local, en el que son abolidos los tratamientos
de excelencia y señoría.
Estos títulos se oponían a los principios democráticos por ser tratamientos
especiales que se daban a los ciudadanos encargados de la autoridad y empleos
públicos y que de tal distinción, no necesitaban pues la autoridad la confiere el
pueblo para que sean respetados y obedecidos en el ejercicio de gobiernos
legítimos.304
Al promoverse los gobernantes como garantes de la prosperidad y la felicidad de
los ciudadanos, el concepto libertad era parte del discurso reiterativo de la clase
política. Entre ellos se destacaba el derecho del individuo a “organizar su vida
como mejor le pareciera, decidir como vivir, en donde, a que dedicarse, en que
oficio formarse, por quien votar, que credo seguir. 305
Para otros incluso, era una obligación ciudadana procurar la paz y la tranquilidad,
así que en medio de la intervención en Sinaloa, Jesús Andrade, gobernador
provisional, pedía el reconocimiento a la opinión ciudadana, el 28 de octubre de
1864, solicitando de viva voz y por escrito a autoridades, empleados y vecinos de
303 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo… p. 27. 304 Antonio Nakayama, Realidad y Mentira de Plácido Vega, Culiacán, Colección
Documentos para la historia de Sinaloa (4), Centro de Estudios Históricos del Noroeste
A.C., 1993, p. 98. 305 Ibíd., p. 27.
191
la ciudad de Culiacán para que manifestaran su conformidad para reconocer la
autoridad de Andrade como Gobernador. 306
La cuestión de la tolerancia religiosa también significa para los liberales del siglo
XIX un derecho que debe ejercer el ciudadano, relacionado o equiparado con la
libertad de pensamiento y de la propiedad, derechos de los que el estado se
confirma como garante. La religión no como “una religión de padres” sino como
una elección racional y de conciencia absoluta libre de cada individuo, que no es
empujado a abrazarla u otra fe por tradición, sino guiado por “consejos de su
razón” y “los sentimientos de su conciencia”. 307
Además, en algunos países de Latinoamérica con ideología política y económica
liberal como Argentina y México, la tolerancia religiosa era un factor determinante
ya que permitiría admitir los cultos disidentes, pues de lo contrario se privarían
de la afluencia de extranjeros industriosos que no aceptarían vivir en un país que
les negase el derecho de profesar libremente su fe.
El trasfondo de la lucha entre la iglesia y el estado que se intensificó luego de la
promulgación y el juramento de la constitución de 1857, fue la lucha entre
modernidad y tradición donde el estado y sus representantes se convierten en los
defensores de una modernidad fundada en el individuo y por otro lado,
colectividades de todo tipo, clanes, corporaciones, barrios, cofradías, provincias,
grupos étnicos, que deseaban preservar su cohesión, sus fueros y su visión del
mundo, aunque fuese a costa de rebeliones y de guerras civiles, por la
resistencia a perder privilegios o derechos que habían tenido antes de las ideas
avasallantes de los representantes de la autoridad estatal.
Los programas políticos de los liberales, en nuestro país, tuvieron grandes
efectos, al introducirse las primeras leyes de reformistas y la constitución, las
diferentes facciones se enfrentaron, resurgiendo una resistencia de grupos que
conservaban privilegios procedentes desde la época colonial como el clero, los
306 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la… p. 54. 307 Roberto Di Estéfano, op. cit., p. 175.
192
militares y las comunidades indígenas a los que no convenía la desamortización
de la propiedad territorial.
Así pues, los conflictos bélicos, como revueltas, rebeliones, significaron un
enfrentamiento de ideas identificables en la prensa como proclamas, editoriales,
discursos de festividades, nuevas disposiciones y leyes, defendiendo la
introducción de preceptos modernos en materia de organización de la vida
pública, expresado en: el establecimiento de un gobierno civil para contrarrestar
el poder de la iglesia; pugnar porque las fuerzas locales encaminaran su
accionar político en torno a la unidad nacional, la conformación del carácter
ciudadano en el pueblo mexicano; la instauración del estado nación; medidas que
vinieron a atentar directamente contra el derecho de propiedad comunal, el
ejercicio de costumbres y de grupos locales de fuerte raigambre.308
A pesar de las reformas, leyes y discursos, la realidad de México, era otra, pues
con el análisis de la conducta política, queda reflejado que el orden comunitario
era el dominante, los vínculos tradicionales, donde las familias, los grupos, las
relaciones de origen, de pertenencia, de parentesco, compadrazgo, obstruían lo
que se estipulaba en el papel, en el discurso, es decir, lo que se oficializó como
cívico, entendido como lo relativo a la ciudadanía, porque era muy difícil de
lograr, pues, los hacendados, las elites económicas, continuaron con su sistema
clientelista.
El clero y el ejército se enfrascaron en defender los intereses corporativos, los
fueros; y los políticos procedentes muchos de los liderazgos militares, o del
caudillismo, del siglo XIX, más que ser representantes de la ciudadanía, eran
intermediarios, unas veces obedecían y otras no, de acuerdo a sus intereses o
posibilidades de obtener el poder.
En el siglo XIX, aparece un discurso en las editoriales periódicas, los informes de
gobierno, las intervenciones en las cámaras legislativas, en boletines militares,
entre otros documentos donde de forma constante utilizan una serie de
conceptos que pintan según su percepción la existencia de una nación, que lucha
308 Francois Xavier Guerra, México del antiguo régimen…p. 190.
193
por su soberanía, por conservar los preceptos democráticos que fueron
otorgados a través del voto del ciudadano.
Más la realidad era otra, el régimen político era sumamente contradictorio con los
principios de su sociedad; la consideraban individualista olvidando que la lucha
comunal por la posesión de tierras en manos de colectividades indígenas
causaron en muchas ocasiones el envió de tropas al norte de estado de Sinaloa y
su de Sonora, que cuando se sumaron a la causa imperialista que les ofreció
respetar sus derechos ancestrales debilitaron en buena medida las fuerzas
republicanas.
Mientras la política moderna exigía una función especifica del hombre, la
manifestación de sus inquietudes individuales, donde la voluntad del pueblo no
era representable sino que se expresó por el voto a favor de los gobernantes,
siendo esta una legitimidad que buscó reemplazar a las tradicionales, por la
legitimidad del pueblo, porque vino a ser de esta forma como se otorgaba el
prestigio a una institución de carácter civil.309
Supuestamente existía un sistema democrático pero el voto era meramente
ficticio, tenían gran peso en las elecciones los caciques de la región y los
caudillos figuraban en los procesos electorales como candidatos, se organizaban
facciones militares a favor o en contra de tales o cuales candidatos y cuando no
se veían favorecidos por los resultados se levantaban en armas provocando
movimientos sediciosos cuestionando los códigos electorales o las infracciones a
los mismos.
La iglesia seguía conservando legitimidad ante la mayoría de la población a ella
se acudía a bautizar, casarse y en buena parte para solicitar permiso para
enterramientos. Son muchos los casos de liberales que declararon que la
institucionalidad debería ser laíco, más no se podían considerar ateos, nunca
negaron la existencia del poder divino sino al contrario se casaron por la iglesia,
siguieron bautizando a sus hijos, en su lecho de muerte solicitaban los santos
oleos.
309 Francois-Xavier Guerra, México del antiguo régimen a la…p. 197.
194
Por ejemplo, Plácido Vega, se casó en El Fuerte con su prima Clara de la Vega,
requiriendo una dispensa matrimonial clerical por el parentesco entre él y la
novia. Ramón Corona bautizó a su hija en Durango, en 1870, siendo padrino, el
presidente Benito Juárez, aunque no hizo acto de presencia sino a través de un
poder escrito. En la mayoría de los decesos de reconocidos liberales, se
publicaban oraciones fúnebres en periódicos donde evidenciaban sus creencias
en lo divino, en la fe y la esperanza de una vida eterna al lado del todo poderoso.
Mientras la política moderna exige una función especifica del hombre, la
manifestación de sus inquietudes individuales, donde la voluntad del pueblo no
es representable sino que se expresa por el voto a favor de los gobernantes,
siendo esta una legitimidad que busca reemplazar las tradicionales, por la
legitimidad del pueblo, porque va a ser de esta forma como se otorga el prestigio
a una institución de carácter civil.310
El ejercicio de poder tenía un origen social más que político, articulado por lazos
primarios- estructurando en forma privilegiada a los actores individuales. La
sociedad sumergida en una trama de lazos personales, de vínculos variados. Su
permanencia daba lugar a conjuntos de individuos entre si, con toda seguridad
como actores colectivos. 311
6.2.- Obligación ciudadana y preocupación gubernamental: recaudación
tributaria.
Eran muchos los problemas del erario mexicano y en la óptica de las autoriddaes
era necesaria la concurrencia de los ciudadanos; por ello, los proyectos fiscales
requerían de mecanismos que permitieran aumentar la recaudación del tesoro
público, las interminables guerras no permitían que los caudales crecieran, las
aduanas eran la principal entrada de dineros, y en ellas el contrabando era el
ganador mas importante; además muchas de las actividades productivas se
paralizaban con la inseguridad que provocaban los movimientos armados, y el
asecho de bandidos en los caminos.
310 Ibíd., p, 197. 311 Ibíd, p. 22.
195
Debido a la pobreza en la que se encontraban los pueblos, las reformas
hacendarías y las cargas de impuestos a los contribuyentes, que entendían otro
tipo de ciudadanía, donde una de las obligaciones era el pago oportuno de las
contribuciones; las intensiones de establecer el sistema directo de recaudación,
la aplicación de impuestos por la posesión de fincas urbanas y rusticas, que
cobraban los ayuntamientos, así como los pagos por títulos territoriales,
sumadas eran cargas tributarias tan altas que se convertían en factor proclive de
resistencia e inconformidad, que muchas veces culminaron en rebeliones
armadas.
Corría el año de 1852, cuando en Sinaloa se promulgó una constitución que
provocó una serie de descontentos, en ella, se plasmaron los principios liberales
que dominaban en el mundo. Las reformas introducidas de administración fiscal
afectaban directamente los intereses particulares de las empresas, y comercios o
bien a las clases bajas, a su poder adquisitivo de recursos básicos de
subsistencia, así que en la mayoría de los casos provocó una reacción de
defensa que muchas veces imbricaría en lo político.
La ley hacendaría, aprobada el 31 de enero 1852, por el Congreso del Estado,
donde se abolía el sistema de alcabalas, implantaba las contribuciones directas
para la industria y el comercio, impuesto que se establecía en base a las
existencias en los establecimientos, provocó una serie de descontentos.312
Esta constitución que tanta resistencia tuvo en el puerto de Mazatlán había sido
jurada por la propia junta Municipal el día 23 de febrero en presencia del Jefe del
Distrito, de Hacienda federal, Administrador de la Aduana Marítima, administrador
de correos, juez de primera instancia, Tesorero real de Hacienda, alcaldes
conciliadores, jefes de cuartel, empleados municipales y un número considerable
de ciudadanos, quienes opusieron resistencia al jurarla y no asistieron al evento
312 Rigoberto Arturo Román, “El movimiento separatista de Mazatlán”, Memoria del VII Congreso de Historia Regional, Culiacán, IIES, Área de Historia, Escuela de Historia, 1991, p. 188.
196
fueron el Comandante General de la Guarnición quien envió su oposición en
correspondencia oficial.313
En un primer momento los comerciantes no se manifestaron porque las
llamadas juntas calificadoras, podían ser manipuladas, más al enterarse el
gobernador de esto aumentó al doble el pago de las contribuciones. Esto provocó
que los comerciantes extranjeros de Mazatlán auspiciaran nuevos motines,
reuniendo buena parte del pueblo ofreciendo dinero y bebidas embriagantes y
proporcionándoles una manta con una inscripción ¡abajo las contribuciones.
Sin duda alguna, esta era una forma tradicional de convocar, de hacer notar la
fuerza que eran capaces de obtener para no permitir la ejecución de cambios
administrativos del gobierno que afectaban directamente sus intereses y el poder
que ejercían sobre una región y sobre una actividad lucrativa.
Los comerciantes auspiciaron al coronel Pedro Valdés, para que se pusiera al
mando de los sublevados, apresaron al comandante general del estado y
atacaron las fuerzas gobiernistas, logrando tomar prisionero al propio
gobernador, quien tuvo que negociar su libertad dejándoles armas y dinero.
Mediante este movimiento solicitaron al gobierno federal la separación de
Mazatlán del Estado de Sinaloa, iniciativa que el gobierno rechazó pues no
convenía debido a la influencia que tenían los extranjeros en el puerto.
No conforme con el triunfo, Pedro Valdés se autonombró gobernador y
comandante general. Después, envió una expedición militar a tomar Culiacán,
donde causó destrozos y saqueó las mercancías que tenían almacenadas los De
la Vega, fruto de sus actividades comerciales y el contrabando; además asaltó
negocios que no tenían relación con los veguistas. Francisco de la Vega,
recuperó la plaza de Culiacán y, ante las amenazas de nuevas fuerzas militares
313 AHMM, “Acta de juramento a la Constitución del Estado,” febrero 23 de 1852, Cabildo Municipal, Caja 23, 1853-1860, carpeta N. 21.
197
provenientes de Mazatlán, se retiró a El Fuerte, donde en marzo de 1853 fue
derrotado contundentemente314.
Los preceptos liberales en su búsqueda por afianzar el poder civil introdujeron
una serie de reformas administrativas en materia hacendaría, establecen
principios en la constitución de 1857, y al publicar las leyes de reforma en 1859
también retoman el caso de la hacienda publica nacional, dejaron en claro cuales
eran sus propósitos en está materia, que requería de reformas muy radicales, en
el sistema de impuestos, destruyendo los errores del régimen colonial, para
buscar salir de la bancarrota al erario publico.
El asunto de la abolición de las alcabalas, era una decisión que el gobierno
nacional debía considerar para todos los estados, determinación que se había
estado aplazando, aunque se consideraban excesivos los gastos de
contrarregistros, los peajes, y en general, todos los impuestos que se recaudaban
en el interior de la república sobre el movimiento de transportes que conducían
unas y otras, porque tales impuestos eran, bajo todos aspectos, contrarios a la
prosperidad de la República.315
En materia de clasificación de rentas no estaba completamente definido, cuáles
pertenecían a los Estados y cuáles al Gobierno General, así que una de las
propuestas también contendientes en las leyes de reforma, que consistía en que
todos los impuestos directos sobre las personas, las propiedades, los
establecimientos de giro o industria, las profesiones y demás objetos imponibles,
pertenecerían a los primeros y los directos al segundo o sea al gobierno
nacional.316
La razón fundamental de esta separación, se apoyaba en el principio de que solo
el gobierno supremo, es quien atendía los gastos y obligaciones de la Nación, es
también quien tenía el derecho de recaudar impuestos que grabaran en general a
314 Antonio Nakayama, “El poderoso clan De la Vega”, pp. 273-290 y José G. Heredia, “Separatismo en Mazatlán”, en: Sergio Ortega Noriega. y Edgardo López Mañon, Sinaloa Textos de su…pp. 326-327. 315 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500. 316 Ibíd.
198
todos los habitantes, mientras que los de los Estados no lo tenían sino para
gravar los de sus respectivos territorios.
Así, los estados se verían libres del poder del centro en materia de recursos, que
era la base de la libertad de todos sus demás ramos. Adoptando este sistema no
habrá tampoco la obligación, por parte de los Estados, de contribuir con un
contingente de sus rentas para los gastos del Gobierno General.317
Estos proyectos nacionales no se realizaron se estuvieron aplazando debido a, la
etapa de guerra, así que entre 1866 y 1867 se busca nuevamente hacer valer las
disposiciones que pretendían organizar la recaudación de los recursos públicos.
Uno de los males que aquejaban a los gobernadores de zonas costeras como
Sinaloa era el contrabando y el sistema de alcabalas. Aunque en este Estado se
habían decretado artículos especiales aún en tiempo de lucha como el de 17 y 18
de marzo de 1866 para castigar el contrabando. Existía la intensión de suprimir
las aduanas interiores, los impuestos directos como medio equitativo buscando
conseguir que la propiedad, y la riqueza fueran los máximos contribuyentes para
los gastos públicos y no el trabajo. Y poniendo especial interés en las aduanas
marítimas porque era por donde se defraudaba. 318
Por ello, el Gobernador Domingo Rubí, lanza un decreto para el decomiso de
todas las cargas que fueran descubiertas de contrabando, en el cual los arrieros
o conductores serían castigados con una multa de la cuarta parte del valor del
efecto o consignados por un año al servicio de las armas. 319
A pesar de las pretensiones de regularizar el sistema rentístico en los proyectos
reformistas de 1857, entre ellos el cobro de alcabalas en los puertos, los
principios constitucionales, en 1866 no se habían realizado pues la guerra no lo
permitía.
Al término de la guerra de intervención se pensaba que muchos de los impuestos
que pesaban en la sociedad serian eliminados, sin embargo, los problemas del
317 Ibíd. 318 CM, 26 de mayo de 1866, p. 64. 319 CM, 24 de marzo de 1866, p. 34.
199
erario nacional no recomponían debido a que la recaudación por las aduanas
marítimas, se debilitaba en buen medida por las malas estaciones en los puertos,
además sobre el tesoro nacional pesaban aún los intereses de la deuda publica y
extranjera.
Una de las grandes aspiraciones del gobierno era la consolidación de la paz, con
el renacimiento de la confianza publica y el restablecimiento del imperio, de la
ley, del orden y moralidad en la nación, se pensaba que alcanzando esto, se
podían disminuir los gravámenes altos de las contribuciones
En septiembre de 1868, el gobierno federal consideraba que cualquier sacrificio
en aras de la paz era justa, incluso reconocía que había mucho que mejorar en
el sistema de impuestos pero al no encontrarse el país tranquilo no convenía
echar a andar reformas radicales, incluso recientes manifestaciones hechas por
los estados contra impuestos, lograron que el Congreso los derogara. 320
El gobierno consideraba que se percibía muy poco mediante el cobro de
impuestos por oficios vendibles y renunciables como el de escribano, alguaciles,
de audiencias, escribanos de cámara, de crimen, de juzgados, de cabildos,
depositarios con títulos, tesoreros de casas de moneda, ensayadores, escribanos
de casas de monedas, marcados, blanqueador, acuñadores, vaciadores,
contadores de cuentas, defensor general de bienes de difuntos y menores.
Oficios que desde la época colonial se habían mantenido con poco movimiento
no habían salido prácticamente de las mismas familias, no se habían vendido y
mucho menos renunciado a ellos desde la época colonial los poseían.
El gobierno reformista previendo que con la libertad de oficios podría no sólo
recaudar más impuesto si no agilizar la economía, en 1861 con la ley del 30 de
abril mandó extinguir todos los oficios vendibles y renunciables, para indemnizar
a sus dueños, pagándoles la mitad de lo que hubieran tenido en su última venta o
remate. Pero está medida se encontró con una serie de intereses de grupo, es
decir una vez más, las reformas liberales se toparon con la realidad comunal.
320 DO, 4 de octubre de 1868, “Memoria de Hacienda y Crédito Público, que el Secretario del ramo presenta al Congreso de la Unión,” el 28 de septiembre de 1868, n. 278, tomo II, f. 7 Y 8.
200
Pero, el 29 de noviembre de 1867, el presidente quiso que de nuevo se
suprimieran los oficios vendibles, dispuso que la supresión de los oficios se haría
gradual, para no reducir a la miseria a los actuales dueños, y que cuando que
cuando algunos de los poseedores fallezca, se indemnizaría a aquellos
herederos y sucesores del valor del oficio. De esto modo, además, consideraban
que los escribanos gozarían de ciertos estudios para bien de la sociedad, es
decir, mejores hombres para el servicio de los ciudadanos.321
En 1867, Benito Juárez, en correspondencia con Ramón Corona -Jefe del
Ejercito de Occidente- y Domingo Rubí -gobernador de Sinaloa- dejó clara su
postura de establecer un orden en la hacienda pública, informó a Corona el
rechazo de rebajar los aranceles y dar plazos para el pago de los derechos
aduanales a los comerciantes; y al respecto al gobernador, esta en tajante
desacuerdo con la idea de hacer un arreglo con comerciantes de Mazatlán para
disponer de fondos aduanales que requiere la administración sinaloense. 322
Pero las medidas hacendarías no solamente se encaminaron a restringir los
amplios intereses de los sectores prominentes, sino que también afectaron a los
intereses menesterosos. Así años más tarde debido a la depreciación de la
moneda de cobre en 1872, (durante el mandato de Eustaquio Buelna) se afectó
directamente el poder adquisitivo de las clases bajas en Mazatlán. Lo que
permitió la aparición de un amotinamiento el 12 de diciembre de 1872, en contra
de una medida gubernamental que decretó la depreciación de un diez por ciento
de la misma.
El problema de la amortización de la moneda de cobre que durante varios años
se veía venir provocó una serie de reacciones en el estado de Sinaloa en 1872,
pues su rebaja por disposición de la legislatura a una tercera parte de su valor,
fue una noticia que produjo en el comercio y especialmente en la clase proletaria
gran excitación, llegando al extremo de que algunos comerciantes se resistían a
321
DO., 7 de abril de 1868, “Memoria del Secretario de Estado y Despacho de Justicia e Instrucción Pública, presentada ante el Congreso de la Unión,” 5 de marzo de 1868, No. 98, h. 2. 322 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 12, p. 653-654.
201
recibir el cobre por el valor que representaba y, la prefectura de Mazatlán, porque
allí se concentraron los mayores descontentos, recibió innumerables quejas.
Los trabajadores al ver minado su poder adquisitivo por recibir un pago de jornal
de trabajo en una moneda de cobre denominada ``cuartilla`` cuando dos días
antes las casas comerciales del puerto, decidieron recibir esta moneda con un
descuento del 50 % cuando sólo había sido del diez. Los salarios de los
trabajadores quedan reducidos a la mitad al hacer cualquier compra y además
sobreviene la desconfianza general y los comerciantes decidieron no admitirla en
sus compras.323
Por otro lado, en Culiacán, el prefecto, acompañado de varios comerciantes de la
ciudad se presentó ante el ayuntamiento con el fin tomar una solución para
calmar la ansiedad pública que agitaba a todas las clases del pueblo. En una
reunión extraordinaria del 24 de diciembre de 1872, dictaron una disposición que
obligaba a todos los comerciantes del municipio a recibir la moneda por el valor
que representaba, omitiendo lo que había estipulado el Congreso por que no les
había llegado tal decreto, solo la noticia de este por rumores de viajeros.324
Así que la multitud se amotinó, ejerció presión primero ante el ejecutivo y
después sobre el congreso para que amortizara la moneda, llegando a abofetear
a uno de los diputados para obligarlo a asistir a las sesiones. Pero en todo este
movimiento esta el conflicto entre la problemática de contribuciones que tiene el
gobierno con los comerciantes de Mazatlán, incluso con el pago de derechos
aduanales y también las diferencias políticas entre el poder ejecutivo y el
legislativo porque éste último dictó resoluciones condonando contribuciones a
algunos comerciantes del puerto.
Este breve incidente corrobora lo afirmado por Goerge Rudé, relativo a que las
revueltas sufren cambios progresivos, pues de luchar contra el hambre se
transforman en movimientos directos contra las leyes y las acciones
gubernamentales. Aunque pesa sobre ellas un matiz o impulso suscitado por las
323 Rigoberto Arturo Román Alarcón, La amortización de la….P. 35. 324 AMC, Acta de Cabildo, 24 de diciembre de 1872, f. 48.
202
crisis económicas y por los acontecimientos políticos, así que no se les puede
considerar como explosión puramente espontánea. 325
La moneda de cobre se había emitido por el gobierno federal, y por el del estado,
en diversa épocas para salvar las necesidades publicas, más su valor era
representativo y no tenía buena recepción en los comerciantes; sin embargo se
asignó su circulación y al ser la única circulante se trastocaron todos los valores
incluso los de oro y plata.
Cuando más difundida estaba en todo el estado, y era el haber monetario de los
pequeños comerciantes y de las clases propietarias artesanas y jornaleras, vino
la idea en los altos comerciantes del Puerto de Mazatlán de repudiarla señalando
que existía de ella una gran cantidad falsificada.
Los efectos del descrédito de la moneda se generalizaron en Mazatlán, y se
produjo una conmoción popular que puso en peligro, la condición social de la
ciudad, alarmados los poderes del estado determinaron que se restableciera la
circulación del cobre, bajo la multa de 5 a 300 pesos que cobrarían a los que se
rehusaran a aceptarla. El comercio aceptó solo que con el intercambio de
mercancías redujo su valor a la mitad.
Fueron varias las interpretaciones que seguramente se dieron acerca de esté
fenómeno de crisis económica, por su parte Pomposo Verdugo, que los tiempos
en que la familia de la Vega, ejercía el poder del estado, fue gobernador como
miembro de este clan político, y que en marzo de 1873, fungía como presidente
del ayuntamiento, catalogo a este problema como castigo divino, pues el estado
acababa de pasar de una revolución, empobrecido, y afectando esta medida de
forma desesperante a las clases pobres.326
El estado buscando remediar dicha situación dictó el decreto número 35, donde
sancionó la repulsa del cobre en las oficinas del estado, así que la moneda de
cobre quedó fuera de circulación y el hambre pública no se hizo esperar apenas
325 George Rudé, La multitud en la historia, los disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-1848, México, Siglo XXI, 1998, p. 210. 326 AMM, Acta de Cabildo, 10 de marzo de 1873, f. 96-101.
203
aguantable. Por su parte, el 3 de marzo de 1873, el ayuntamiento de Culiacán
proponía que para clamar las agitaciones del pueblo el precio del amoneda se
restableciera.
6.2 .- Las reacciones e interpretaciones contra las leyes
La teoría liberal tenía una serie de antecedentes respecto a propuestas para
intervenir los bienes materiales que poseía la iglesia, sin embargo éstas que se
presentaron en varios periodos se enfrentaron a la resistencia de los clérigos y
de la sociedad mexicana, lograron que se aplazaran durante varias décadas, que
se derogaran en otros, pero al final que se mantuvieran inaplicables.327
El 11 de enero de 1847, se publicó un decreto para proporcionarse quince
millones de pesos, a fin de sostener la guerra con los Estados Unidos del norte,
hipotecando o vendiendo en subasta publica bienes de manos muertas, donde se
consideraba la enajenación de propiedades de la iglesia, por su parte, los
clérigos reaccionaron en contra de tal disposición, el obispo de Sonora, Don
Lázaro de la Garza y Ballesteros, residente en Culiacán, a través de una circular,
comunicó a sus fieles, que en correspondencia con el gobierno había
manifestado el 6 de febrero que no dará a los bienes otro destino que lo que la
iglesia determinara y que no debía la autoridad secular inferir en estos puntos. 328
Años más tarde la ley sobre desamortización de bienes eclesiásticos, también
llamada Ley Lerdo, aprobada el 25 de junio de 1856, donde se estipuló la
adjudicación de fincas rústicas y urbanas administradas por corporaciones, civiles
o eclesiásticas de la república encontró resistencia en las comunidades
agrarias.329
327 Acerca de esto, Maria del Carmen Azalia, López González, hace un estudio sobre la condición de la iglesia en Sinaloa en el siglo XIX, donde afirma que el obispado de Sonora era tan pobre que poco le afectó la desamortización de bienes clericales. [María del Carmen Azalia López González, La iglesia decimonónica en Sinaloa, XIV Congreso Nacional de Historia Regional, Culiacán, UAS, 1998.] 328 BPEJ, “Lázaro de la Garza y Ballesteros, cartas sobre diversas materias como obispo de Sonora 1847- 1861,” Fondo reservado, Miscelánea Nº 636. 329 Manuel Payno, op cit., 85.
204
Además, en la guerra civil desatada en nuestro país a partir de la promulgación
de la Constitución Política de 1857 y de las leyes de Reforma dos años después,
mucho tuvo que ver la interpretación que acerca de esto generaron las
instituciones eclesiásticas, ya que al percibir la afectación de sus fueros,
encomendaron a cada uno de los vicarios por medio de circulares y cartas para
que propagaran la resistencia civil del pueblo, apelando a las creencias sagradas
depositadas en las comunidades, utilizando la representación moral y espiritual
de que gozaban.
El clero buscó medios para apelar y combatir a sus adversarios a través de la
prensa, el púlpito, el confesionario.330 Cada obispo, cada curato, era un medio de
propagación de ideas, utilizó circulares, para con sus feligreses, las
informaciones y alteraciones de las consecuencias de las leyes llegaron hasta el
interior de las familias y las mujeres fueron un medio eficaz para propagar las
ideas en contra de los preceptos liberales.
Esta cadena de comunicación que podía ir del obispo al párroco, de este al
indígena, a las mujeres, trajeron manifestaciones, y desavenencias que cada vez
fue mas difícil controlar, porque, para el caso de las comunidades indígenas,
implicaba no solo el atentado a sus creencias religiosas tan arraigadas sino la
desorganización de la vida tradicional de las comunidades al perder su medio
de subsistencia, la tierra.
Los sacerdotes rurales, debido a la permanencia en las comunidades fueron los
promotores de lo que a nivel nacional se discutía, y se convirtieron en agitadores
subversivos, pues a menudo agitaban a las comunidades indígenas a las que
también afectaría la Ley Lerdo, a amotinarse contra el gobierno. 331
Era tal el analfabetismo y el tradicionalismo que difícilmente los pobladores
podían analizar por ellos mismos lo que acontecía y aunque estaba escrito en la
prensa a través de crónicas, artículos y editoriales, las formas tradicionales de la
transmisión de la información eran las que permitieron que los adeptos a la
330 José María Vigil, Ensayo Histórico del Ejercito de…p. 8. 331 T.G. Powell, El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850 a 1876), México, SEP Setentas, p, 65.
205
iglesia se integraran para defender lo que ellos consideraban un atentado a lo
divino. Muchas de las ideas se difundían por rumores en la vía pública, las fiestas
y ceremonias religiosas y círculos de estudio doctrinal, en ciudades los mercados
juegan un importante rol para buscar apoyos.
El clero, por su contacto cotidiano con la sociedad, ejercía gran influencia sobre
la misma, sabía que apoyado en el derecho divino y lo que la fe representaba en
el pueblo, podía con una serie de llamados, incitar reacciones en contra de los
atentados a sus intereses, hábitos y las leyes que sostenían dichos privilegios.
El asunto clave de los rumores que se propagaron en torno a las desavenencias
entre la clase clerical y los miembros del gobierno republicano, fue la exigencia
por parte de los segundos para jurar la Constitución de 1857.
Cierto era que a ésta ya le antecedía la ley de desamortización de bienes de
1856, más la mayor ofensa a la moral religiosa fue que el 17 de marzo de 1857,
se publicó un decreto que estipulaba que todas las autoridades y empleados del
gobierno, civiles y militares, juraran la constitución, de lo contrario perderían el
empleo. Obviamente que para los católicos no era propio jurar la constitución, y
los obispos en sus circulares condenaron el juramento.
El jueves santo se le negó la entrada a la catedral metropolitana al gobernador
del Distrito, Juan José Baz, y a los regidores del Ayuntamiento, dicho escándalo
provocó que se encarcelara al arzobispo y a los canónicos de la catedral. Las
fricciones eran obvias, para la iglesia los que juraran la constitución serían
culpables de un gran pecado. El arzobispo declaró que quedarían excomulgados.
El juramento al que obligaba el gobierno establecía como incuestionable la
autoridad del estado, al menos a quienes participaban en la administración. De
esta manera, la potestad civil se erigía suprema; no podía ser una lealtad dividida
entre Estado e iglesia. El estado quería expulsar de manera definitiva a la iglesia
del espacio público.332
Aunque era cierto que algunas constituciones estatales (como la de Sinaloa en
1852) ya habían asentado precedente respecto a que las manos muertas no
332 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo imperio… p.152-153.
206
podían adquirir ninguna propiedad raíz en el estado, pero debido a las
confrontaciones armadas, al periodo centralista y demás esto había quedado en
el olvido, y seguramente que el significado de que se estipulara en la Ley
Federal, es decir, para todo el país tendría otro tipo de repercusiones.
Era tal el significado que adquirió el hecho de los obispos enviaran circulares a
las parroquias señalando una rotunda oposición al juramento y ante la amenaza
de excomunión que el gobernador de Sinaloa, Pomposo Verdugo se negó a
hacerlo, razón por la cual, se reportó enfermo y delegó en Miguel Ramírez, de
facción liberal la facultad de hacerlo como gobernador interino.
Por su parte, el Obispo Pedro Loza de la Garza y Ballesteros, obispo de Sonora,
con sede en Culiacán encabezó las protestas contra la Constitución de 1857 en
la entidad, dirigió circulares a los jueces, celadores de los pueblos y católicos en
general prohibiendo el juramento pues ele que lo hiciere no podría ser absuelto ni
en su lecho de muerte.333
Al proceder el juramento en los pueblos del estado se convocó a las autoridades
y los pobladores, siendo necesaria la cooperación de los párrocos para que
permitieran la utilización de las campanas de la iglesia para el llamado de la
población y por lo significativo del acto solemne donde el juramento debía ser
ante el libro de los santos evangelios y un crucifijo. Por su puesto que en pocos
casos el requerimiento se efectuó y en muchos de los pueblos el juramento y el
acto cívico fueron desairados.
En el caso del Rosario al tener la negativa del vicario las autoridades civiles
forzaron la puerta para que pudiera haber repique. Por su parte, la población fue
atemorizada creyendo que la constitución atacaba los principios de la religión
católica, razón por la cual, muchos no se presentaron a jurarla.
En otros casos, como en Cacalotán, el alcalde procedió al juramento teniendo en
la mesa el libro de los santos evangelios, un santo cristo y dos velas ardiendo al
término del acto mando repicar las campanas y tirar cohetes en señal de
333 María del Carmen Azalia López González, “Reforma y desamortización en Mazatlán (1859-1889),” Arturo Carrillo Rojas y Guillermo Ibarra Escobar, op cit., p. 74.
207
solemnización de dicho acontecimiento. Se realizaron desfiles por las calles,
pero en otros pueblos como Ocoroni las propias autoridades locales se rehusaron
a jurarla, en muchas localidades habiéndose jurado por las autoridades locales
los párrocos hicieron negarla. 334
Después de haberla jurado en la mayoría de las regiones de nuestro país, hubo
oposiciones importantes, para el caso de Sinaloa se presentaron manifestaciones
bajo el lema de ¡religión y fueros!, en Guadalupe de los Reyes, un grupo de gente
armada, entró al mineral con ayuda de los operarios, para después atacar la
hacienda de Dolores, haciendo varias victimas, aunque se dijo que
especialmente hicieron robos y destrozos, según relata don Eustaquio Buelna.
Movimientos similares aparecieron en Cosalá bajo el mismo lema y en Villa Unión
entre 1858 y 1860 con efectos muy parecidos. Sin embargo, queda la duda que si
el motivo que los movía era creencia o el hambre porque el atentado era
directamente contra empresas que generaron un usufructo y no contra las
autoridades.
Por su parte el Obispo de Sonora y Sinaloa, Don Pedro Loza y Pardavé,
representante católico defiende los derechos del clero, suscitándose un conflicto
con el gobierno de Sinaloa, siendo desterrado el prelado a fines de 1858 y
retornando en 1860 para continuar con la defensa de la iglesia; Plácido Vega,
gobernador del Estado, por su parte, tratando de atacar el problema intenta que
éste jure la constitución y suspenda las circulares que había expedido, contra los
que jurasen la constitución, por lo cual, muchos incluso autoridades de los
pueblos, no lo hacen.
Así que el gobernador de Sinaloa lo acusó se apoyar al imperio y el 21 de
diciembre del mismo año, se embarca con destino a Acapulco con instrucciones
de rumbo a otro país. El gobernador al ver que la gente no vería con buenas ojos
esta acción justificó el hecho de la siguiente manera: he tenido la necesidad de
desterrar de la República al Sr. Loza para que así puedan vivir pacíficos los
334 Alejandro Hernández Tyler, op cit., p. 8.
208
habitantes del Estado, no teniendo quien explote por más tiempo sus creencias
religiosas en perjuicio de un gobierno constituido.
Entre 1860 y 1870 era común que la autoridades judiciales consignaran curas
debido a la exigencia que estos hacían a peticionarios de matrimonio para que se
retractaran del juramento a la constitución, por su resistencia a la adjudicación
de bienes eclesiásticos, o por el cobro de inhumaciones clandestinas, pues no
debían tener ingerencia en camposantos, en general eran merecedores de juicio
al contrariar las leyes de reforma y por negarse a obedecer las leyes del Registro
Civil, además los clérigos tenían prohibido el uso del traje eclesiástico, y
quedaban prohibidas las procesiones en las calles durante la semana mayor.335
Para algunos liberales que remitían artículos en los periódicos locales de la
capital sinaloense, Mazatlán, la lucha no debía parar, pues el pueblo mexicano, al
reivindicar sus derechos sellando con su sangre los códigos fundamentales y
leyes de reforma, abrió el camino de la era de la emancipación, libertándose del
yugo clerical. El clero oponiéndose obsesivamente a las leyes de reforma, y
apoyándose en la independencia que el Supremo de la nación ha querido se
resguarden, influía sobre el pueblo que desconocía en la mayoría de los casos el
significado de la Reforma.336
La resistencia de los curas en otros casos se manifestaba al oponerse
personalmente a casar o a otorgar los santos oléos a aquellos que se sabía eran
liberales y que en determinado momento asistían o solicitaban de su presencia
a recibir estos sacramentos, así lo hizo el padre de apellido Espinoza, al
encontrarse en su lecho de muerte, el 23 de septiembre de 1861, Manuel
Serrano, reconocido liberal, en ese entonces diputado del Congreso del Estado.
El cura para confesarlo le exigía se retractara del juramento a la Constitución de
1857, el diputado le aseguraba que esta no era herética, y que no por esto
335 AHGES, Fondo Secretaria de Gobierno, Índice del archivo de la Secretaría, 1862, 1867-1869 y 1874. 336 EP, “Remitido de Jesús Cuevas,” 2 de abril 2 de 1862, n. 33, año II, p. 2.
209
dejaba de ser católico. La insistencia del clérigo era tal que un familiar del
enfermo suplico que se fuera.337
La resistencia que presentaba el clero era parte de un escenario de disputas
divergentes de ideas, de la concepción del mundo, de los poderes celestiales y
los terrenales. Otro de los curas que ofreció gran resistencia contra las nuevas
leyes fue Manuel Lacarra, vicario de una iglesia en Mazatlán, que 1862,
manifestaba que teniendo el matrimonio dos propiedades esenciales una
temporal y civil, que era el contrato, y otra espiritual el sacramento, no era posible
que la primera estuviera sujeta al soberano temporal, es decir, al gobernante,
pues todo lo reconocía bajo la inspección de la iglesia, a quién le otorgaba el
derecho de estatuir en el matrimonio, por haber sido elevado al rango de
sacramento.338
En cambio, para muchos de los liberales el matrimonio debía sancionarse de
acuerdo a las leyes civiles, por las autoridades civiles, por ser este un acto civil y
temporal y profano en que no tienen injerencia la jurisdicción espiritual que ejerce
el obispo en su Diócesis.
Sin embargo, muchos defensores de las leyes, solían considerar que recibir el
sacramento con que dios santificó las nupcias, podía contribuir a la felicidad
eterna. Con esto quedaba claro que su idea de organizar el poder civil en la tierra
no significaba la negación de lo divino, lo espiritual, pues más allá de lo que
consideraban propio para la organización de la sociedad seguirían creyendo en lo
divino, lo sagrado, incluso el más allá.
Los párrocos Lácarra siguieron teniendo problemas en Mazatlán y el 25 de
septiembre de 1876 se editó una circular en el periódico el Estado de Sitio,
ordenando su salida de la ciudad por decisión del presidente de la republica,
Lerdo de Tejada, el gobernador y comandancia militar del Estado, el 25 de
septiembre, por menosprecio a las leyes y a la moral pública.339 A los pocos días
337 EP, 2 de octubre 1861, No. 9, año1, p. 4. 338 EP, 2 de abril de 1862, No. 33, año II, p. 3. 339 EES, 7 de octubre de 1876, No. 41, h. 1.
210
después, algunas señoras de Mazatlán dirigieron una solicitud al general Arce,
gobernador, para que no desterrase al cura siendo negada tal solicitud.
Otra de las cuestiones sumamente discutidas en el Congreso Nacional fue la
tolerancia de cultos, pues los liberales sostenían que debía otorgarse como un
derecho individual para decidir por una religión u otra, que garantizaría la libertad
de decisión, de opinión. Sin embargo, detrás de este argumento se ubicaban los
proyectos de atraer la inmigración extranjera y permitir el ejercicio de su religión.
Consecuentemente con el sustento a la colonización la propiedad de la tierra
también entró en discusión ya que según este proyecto se buscarían tratos con
propietarios de vastos terrenos en la parte central y más poblada de la república,
para que por su propio interés, y por el bien de la Nación, cedieran algunos a los
emigrados que vengan a establecerse, celebrando contratos de venta o
arrendamiento provechoso mutuamente. 340
Sin embargo esto no fue así y las resoluciones de desamortización de terrenos,
decretos por deslinde de terrenos considerados baldíos y/o de carácter nacional
se dictaban desde el centro del país a través del Ministerio de Fomento,
Cotización Industria y Comercio desconociendo las condiciones legales de tierras
que de manera ancestral o durante la colonia se habían entregado a
corporaciones civiles, muchas veces de origen indígena, donde un sin número de
familias perdía su medio de vida, la tierra.
Finalmente, congruentes con lo plasmado desde la promulgación de la
Constitución de 1857, los liberales -a pesar de la resistencia- promovieron las
llamadas leyes de reforma. Como también siguieron defendiendo la tolerancia de
cultos y prometiendo la redacción de leyes especiales de colonización, donde
estarían implícitos el ofrecimiento de terrenos y una serie de excepciones a los
inmigrantes. 341
340 Ibíd. 341 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500.
211
6.3.- Lo tradicional y lo moderno, resistencia por las leyes de Reforma.
Al promulgarse las leyes de Reforma en Veracruz el 7 de julio de 1859, se
suscitaron enfrentamientos mucho más fuertes y abiertos por la separación de la
iglesia y el Estado, los liberales de este periodo reconocieron que muchas de
estas ideas y principios ya habían sido consignados, con más o menos extensión,
en los diversos códigos políticos que había tenido el país desde su
independencia, y más recientemente en la Constitución de 1857.
El trasfondo de estas discusiones eran las pretensiones del liberalismo, de
constituir un poder civil fuerte, y lógicamente implicaba disminuir el religioso,
minar el poder económico de la iglesia católica, que aún era reminiscencia de la
etapa colonial, yugo del que había que liberarse, conformando una nación
moderna que abriera sus puertas al mundo principalmente europeo y
norteamericano.
En un etapa coyuntural como fue la guerra de reforma, se discutía sobre las
creencias, el culto, la divinidad, los principios morales, porque estaba en juego la
construcción de un gobierno civil poderoso que pudiera retomar las riendas del
país, que apostaba prácticamente todo a la constitución, a la legislación porque
debían ser estas las que dictaran las formas de ordenar la vida civil y esto trajo
una repercusión en las cuestiones que se refugiaban en lo espiritual porque la
iglesia católica mexicana en este periodo ejercía gran poder en lo económico, lo
político y lo social.
La pretensión era eliminar las riquezas e intereses que la iglesia había heredado
del sistema colonial y que servían de apoyo para su dominio, y que tenían como
fin último lograr la completa independencia entre los negocios del Estado y los
puramente eclesiásticos.
En las disposiciones de 1859 se estipulaba la supresión de todas las
corporaciones de regulares y los puramente regulares del sexo masculino, sin
excepción, secularizándose los sacerdotes que se encontraban en ellas, la
extinción de todas las corporaciones religiosas; el cierre de noviciados y
conventos de monjas; se declaró propiedad de la Nación todos los bienes que
212
administraba el clero secular y regular; se legalizó la enajenación de todos los
bienes eclesiásticos y por ultimo declararon que la autoridad civil no intervendría
más en los negocios de la iglesia ya que estos deberán administrarse con los
recursos que otorgaban los fieles por los sacramentos.342
Pocos días después de la promulgación de dichas leyes desde Veracruz, se
proclamó la Ley sobre el Estado Civil de las personas, el 28 de julio, siendo ésta
una de las cuestiones mas polémicas del periodo, los liberales, consideraban que
el establecimiento del registro Civil era una de las medidas que con urgencia
reclamaba la sociedad, para quitar al clero esa forzosa y exclusiva intervención
que ejercía sobre los principales actos de la vida.343
Esta ley de carácter oficial fue reconocida y estipulada como precepto legal en
los estados que simpatizaban con el liberalismo, así que en Sinaloa se sancionó
y publicó por el gobernador Plácido Vega.
Sin embargo, casi diez años después, fue necesario reiterar su ejercicio e
importancia, por eso Domingo Rubí, publicó en El Periódico Oficial en 1867 una
circular con carácter de disposición que prevenía a la población que si pasados
cinco días del nacimiento y éste no se había denunciado en el registro, se
castigaría con una multa de cinco pesos o bien con un mes de reclusión; para el
caso de los clérigos que efectuaran bautizos o matrimonios que no habían sido
registrados se multarían con veinticinco o dos meses de cárcel.344
No obstante, a pesar de sus disposiciones, Rubí dos años después reconoció
que la institución del Registro Civil no tenía eficacia, pues debido a la ignorancia
y a la desentendimiento, los nacimientos y los matrimonios jamás se registraban
sino es en una mínima parte, lo que no sucedía con los fallecimientos, porque los
Jueces de Registro Civil inspeccionaban los camposantos para que hiciera
inhumación sin su conocimiento.345
342 Ibíd. 343 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2. p. 490. 344 ES, 5 de febrero de 1867, n. 12. 345 Domingo Rubí, Memoria que el gobernador del…p. 17.
213
Los liberales justificaron a las leyes de reforma como una la prioridad para la total
separación de los asuntos de la iglesia y el Estado, y a su vez para la completa
organización de los negocios civiles procurando bajo principios liberales, la
búsqueda de que los ciudadanos disfrutaran de los derechos emanados de las
leyes, regular la justicia a través formación de códigos claros y sencillos sobre
negocios civiles y criminales, secularizar la instrucción pública, precisar las
relaciones del gobierno general con los particulares de los Estados; atender en la
seguridad de los caminos y poblaciones; organizar la hacienda pública, arreglar
el ejercito, subdividir la propiedad territorial; instaurar el registro civil.
Las disposiciones de Veracruz provocaron una reacción inmediata de los obispos
que hacían circular una serie de cartas pastorales en todas las diócesis del país,
consideraban justo declarar a todo al mundo, que las Leyes de Reforma, eran
anticatólicas, atacaban al dogma de la independencia de la iglesia. 346
El problema es que consideraron que el poder civil se salía de su esfera de
atribuciones incitando una conspiración contra la autoridad espiritual, con la
intensión de arreglar la iglesia sin considerarla a ella misma y no estaban
dispuestos a obedecer a una legislación profana.
Se defendieron de las declaraciones que se hicieron en el manifiesto a la nación
como introducción de las leyes de reforma de julio de 1859, en el sentido de
querer que permaneciera el despotismo, señalando que lo único que pretendían
era defender la libertad de culto y de la disciplina, negaron haber levantado el
estandarte de la rebelión.347
La soberanía de la iglesia para ellos implicaba libertad de administración de los
santos sacramentos; de su doctrina, de su legislación, de su moral, de sus
medios de perfección, de sus votos, de sus establecimientos religiosos, de sus
propiedades y bienes destinados al culto de Dios, al sostén de sus sacerdotes y
apoyo de los pobres.
346 BPEJ, “Manifestación que hace el obispo de Guadalajara contra las leyes de reforma,” Loc cit p. 1. 347 Ibíd, p.7.
214
Las leyes de Veracruz, para los clérigos eran el desconocimiento del derecho
natural y divino que tenían los eclesiásticos; derecho dado por Dios a su iglesia;
derecho que los soberanos pontífices, los concilios, los obispos, y los canonistas
habían reivindicado y sostenido; derecho que el clero mexicano tenía reivindicado
por sus capellanías y patrimonios eclesiásticos, y con la subsistencia común
organizada de los establecimientos monásticos.348
Consecuencias que vislumbraban los clérigos; para los mexicanos, al no contar la
iglesia, con recursos legítimos: la nacionalización de los bienes eclesiásticos
sería provechosa a los gobernantes y empleados civiles, pero sumamente
perjudicial al resto de la sociedad, porque quitarían a la iglesia la propiedad
bienhechora que había favorecido a todas las clases de la sociedad, como
agricultores de todo el país que contaban con los bienes eclesiásticos, como un
banco de avio, para dar impulso a sus giros; educación primaria y secundaria
gratuita en establecimiento eclesiásticos a niños pobres; o los que se
beneficiaban en hospitales; los asilos, evangelización de las tribus bárbaras por
misioneros. 349
Sus manifestaciones concluyeron en lo siguiente: rechazaron haber promovido y
fomentado la guerra, con el fin de independerse de la autoridad civil; declararon
que se había faltado a la verdad asegurando que con la ley del 25 de junio, se
mejoraron las rentas del clero; pues lo que realmente se hizo fue dejarlo de uso
fructuario, atacando la propiedad eclesiástica; desconocieron a Benito Juárez por
atentar contra los bienes de la iglesia y por quitar la subsistencia, expeler de sus
casas, hacer variar el vestido e impedir el cumplimiento de sus votos a tantos
mexicanos que componen las corporaciones religiosas, y que con la más cruel
injusticia ha intentado suprimir.350
Las cartas pastorales de los obispos, se convirtieron durante este periodo en un
espacio (con matices políticos) pues informaban acerca de la postura clerical,
daban seguimiento escrito a la relación con el gobierno civil, por ello, al revisar
348 BPEJ, Manifestación que hace el obispo de Guadalajara contra las… p. 14. 349 Ibíd, p. 21. 350 Ibíd, p. 34.
215
colecciones de documentos de origen eclesiástico de obispados o del
arzobispado, se encuentra una gran riqueza de contestaciones habidas entre los
altos mandos de la iglesia y Benito Juárez.
Documentos que seguramente se enviaron a las parroquias para que los fieles se
enteraran de las circunstancias a través de los curas y que con ellos se pudiera
incidir en la formación de la opinión pública respecto a la posición de la iglesia en
torno a la relación con el Estado.
Por otra parte, surgieron publicaciones periódicas como el caso de La ilustración
del Pueblo publicado en Culiacán, órgano de la sociedad católica, publicado en
1876, que entró en serios dilemas con medios como el periódico oficial respecto
a una circular expedida por el gobierno del estado que recomendaba a las
autoridades de los diferentes distritos el estricto cumplimiento de las Leyes de
Reforma en lo correspondiente a la prohibición de que los ministros del clero
portaran fuera de sus templos sus trajes distintivos.
Dicho periódico católico calificaba como crueles a los autores de esta
determinación y sostenía que las decisiones del Concilio de Trento deberían
superiores a las de las autoridades de la nación. Así las cosas, este órgano
católico y el periódico oficial discutieron este asunto en sus respectivas páginas,
tratando cada uno por su cuenta de generar puntos de vista u opiniones para
sus respectivas causas.
Mientras el periódico oficial soportaba su discurso en que en México el estado el
tutela del poder eclesiástico había terminado gracias a la Reforma que había
proclamado no la separación iglesia-estado sino la libertad de conciencia, la
libertad de cultos para abolir los privilegios de los gozaba la iglesia y sus
ministros y que por tanto el cumplimiento de las leyes era obligatoria a estos y a
todos los habitantes de la república. Por su parte, La ilustración del Pueblo,
manifestaba su repudio acerca de que los mandatarios exigieran el cumplimiento
216
de la ley, interviniendo en la disciplina de la iglesia atropellándola y
humillándola.351
6.4.- Una sociedad tradicional afectada.
La llamada Ley Lerdo no sólo pretendía la desamortización de propiedades
eclesiásticas sino también las comunales, donde se perjudicarían las
colectividades de todo tipo fuesen clanes, corporaciones, barrios, cofradías,
provincias, grupos étnicos, por lo cual muchos se rebelaron, principalmente los
indígenas, así se amplio la gama de reacciones en contra de los preceptos
legales.
Las leyes de Desamortización de tierras provocaron una serie de conflictos
acrecentándose el panorama de inestabilidad debido a las afectaciones de las
propiedades indígenas. Desde la visión de los liberales reformistas la destrucción
de este tipo de propiedad permitiría la integración y la modernidad de la
economía aludiendo a la laboriosidad y a la iniciativa del campesino individual,
pero se encontraron con una lucha de resistencia suscitándose un
enfrentamiento con las bases tradicionales fincadas en la jurisdicción colonial.
Uno de los fines de los postulados liberales era declarar las tierras como
propiedad nacional para luego enajenarlas a particulares.
La historia de la propiedad ha sido abordada por la historia social inglesa,
Edward Thompson352, sostiene que la tenencia es dependiente, definida por el
aspecto legal, en el derecho de precedentes, pero la costumbre tiene una
dimensión sociológica reconocida en el derecho por la reserva, por ello las leyes
deberían estar en equilibrio con las relaciones sociales y cuando esto se trastoca
o no se considera surgen conflictos entre las partes entre las autoridades y los
pueblos poseedores del derecho natural de la explotación de este recurso
natural. AsÍ que se generan conflictos entre las definiciones del derecho y la
351
ES, 13 de enero de 1876, Culiacán, 18 de enero de 1876, Nº 2, f. 9. 352 Edward Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase, España, Editorial Critica, 1979, p. 157.
217
costumbre local que pueden terminar en conflictos armadas como lo fue el caso
de las propiedades comunales de yaquis y mayos.
Thompson considera que de manera gradual el entramado hereditario por la
tierra, que tiene imbricaciones de derecho, costumbre, ligado a vínculos
familiares y le da peso como factor explicativo a los endeudamientos procesos
económicos con buenos abogados mas que una expropiación forzada, es decir el
viejo entramado comunal había sido consumido por la ley y el dinero pero en
muchos casos se procedía a la violencia, asesinato, amenaza, incendios, pues a
la gente desprotegida también le interesaba asegurar el futuro de sus familias.353
Las revueltas, aunque fincan su proceder en una mejora social, se enmarcan en
intereses políticos, las crisis sociales se agudizan a causa de la tensión política y
por la carestía de productos básicos.
La mayoría de la gente lucha en estos casos por un derecho colectivo como
tierra, trabajo, dinero y alimentación, agrupándose en torno de que el bienestar
de un estado y o de su población debería tener prioridad sobre el cualquier
segmento de éste, aunque el bienestar general quedaba sostenido con la
persecución individual de los intereses personales.
Por su parte, uno de los grupos más afectados y que ejerció gran resistencia en
Sinaloa contra la Ley Lerdo, fueron las comunidades indígenas que asestaron
una serie de golpes contra las autoridades locales, según registros oficiales de
1857, se suscitaron una serie de quejas contra uno de los caciques de la región,
Joaquín Vega por la afectación del predio de Culiacancito, dos años después los
indígenas mayos piden restitución de tierras y se inicia una campaña en su
contra.
En 1861, el denuncio de tierras por Ramón Félix Buelna, en los pueblos de
Mochicahui y San Miguel de la Villa del Fuerte, provoco la oposición de
diecinueve indígenas que alegaron que las fincas que tienen en las tierras
denunciadas pertenecen y que de ellas dependía la subsistencia de más de 200
familias y adjuntando los documentos necesarios para comprobar el 353 Ibíd.
218
reconocimiento legal de esas tierras. Además, solicitaban del supremo gobierno
del Estado, un nuevo título de esas tierras por habérseles perdido, el que les
expidió el gobierno español.354
En 1865, los indios de Mochicahui se levantaron contra las autoridades del
Estado debido a la propuesta del gobernador Domingo Rubí quien, al tratar de
resolver la falta de recursos del erario propone la revaloración de las fincas
urbanas y rústicas y la exigencia de que los terrenos comunales sean
desamortizados agilizando estas gestiones.
Las sublevaciones indígenas se manifiestan en la región de mayos y yaquis de
Sonora y Sinaloa, en algunos pueblos como: Álamos, Agiabampo, Mayari,
Tehueco, Charay, Ocoroni, Mochicahui, la Villa de Sinaloa, El Fuerte, entre 1865
y 1866; esto se ve con frecuencia, porque en tiempos del imperio, se sumaron a
la causa intervencionista, se declaran en lucha abierta contra los encargados de
ejecutar localmente las leyes de desamortización de tierras comunales, prefectos,
directores, políticos, autoridades del régimen republicano, de tal forma que, el
gobierno federal a través de la llamada Brigada de Occidente comandada por
Ángel Martínez, se encargaba de hacer el despliegue de fuerzas en su contra.
Las autoridades de la época atribuyeron como causa de estas sublevaciones a
la incitación e influencia de mexicanos adeptos al régimen intervencionista, así
que el jefe de la fuerza armada de Occidente Ángel Martínez decreta en Álamos,
Sonora, en marzo de 1866, considera que al ser engañada la clase indígena
respecto a sus verdaderos intereses merece
La fuerza indígena llevó a que en Álamos Sonora, un indulto a los indios del
Distrito del Fuerte y Sinaloa que hayan estado y estén con las armas en la mano
en oposición a las legítimas autoridades de la Nación y además se faculta a los
prefectos y comandantes militares de estos distritos para conocer y resolver
sobre las cuestiones pendientes de terrenos que hayan pertenecido o
354 Archivo del Registro Agrario Nacional (ARAN), Delegación Sinaloa, Caja 32, Exp. 115, del Ejido San Miguel Zapotitlán, F. 06 y 07.
219
pertenezcan a los indios; poniéndolos desde luego en posesión de aquellos
cuyos títulos no acrediten legalmente haber pasado a propiedad particular.355
En esto se considera, según el decreto, que uno de los deberes de prefectos y
comandantes militares de los distritos de El Fuerte y Sinaloa debe ser, vigilar
sobre los intereses de los indios, teniendo el mayor cuidado de evitarles
cualesquier perjuicio y, sobre todo, para que no se les defraude la paga y justas
retribuciones que se les dan por su trabajo, a fin de que ellos experimenten de un
modo material las ventajas y bienestar que les resulta el mantenerse fieles y
obedientes al gobierno legítimo de la nación. 356
A pesar de este decreto, las luchas continuaron y las familias pudientes,
afectadas por esto movimientos, organizaron una guerrilla de 40 hombres para
combatir contra los indios de Mochicahui y Tehueco, Charay promovían este
contraataque los Vega, Gaxiola, Buelna, Pacheco y sus vaqueros, rancheros
adinerados.
Los indígenas de El Fuerte y Sinaloa derrotaron al prefecto de Sinaloa; mataron y
atacaron propiedades; era tal el asecho, que no pocos rancheros y residentes de
pueblos pequeños se trasladaron al Fuerte o emigraron a Baja California.
En 1866, indígenas mayos incendiaron el puerto de Agiabampo y el pueblo de
Mavari al mando de su capitán y gobernador Galaviz, combatieron con el director
político del partido de Mochicahui, Patricio Robles. Este último personaje los
derrotó en el cantón de Jazoni, en respuesta intentaron tomar Higueras de
Zaragoza, pero fueron rechazados por un norteamericano, así que se refugiaron
en Sonora, para posteriormente ser desechos por fuerzas de Álamos.
Lo que estaba fuera de toda duda era que el proyecto del gobierno federal era la
subdivisión de la propiedad territorial; en la búsqueda de una mejora progresiva
que experimente la sociedad, a consecuencia de las reformas que en ella tienen
355 CM, 24 de marzo de 1866, p. 35 356 Ibíd., p. 35
220
que ejecutarse, así como de las mejoras de sus actuales vías de comunicación,
y del aumento de su población y consumos.357
El gobierno buscó a través de Leyes como la Lerdo, ley de terrenos baldíos de
1863, y los sucesivos decretos federales, a los que estaban obligados a ejecutar
los gobiernos locales terminar con los obstáculos para la subdivisión, en busca
también de ventas o arrendamientos, para mejorar la situación de los pueblos
labradores.358
Con estas intensiones los liberales tuvieron que esperar hasta vencer a los
imperialistas para llevar a cabo sus propósitos así que a partir en 1867,
empezaron a hacer efectivas sus proyectos. De tal manera que, por
disposiciones del Ministerio de Fomento, entre 1867 y 1868, se llevó a cabo el
reparto de tierras en pueblos donde tradicionalmente eran de propiedad comunal
como en las Vegas de los ríos a indios de pueblos ribereños, expidiendo
constancias de propiedad, en el Distrito de El Fuerte, haciendo la entrega el
prefecto, José Corona.359
Un año después, en otros lugares del estado, como en Cosalá, se registraron
quejas contra el prefecto por reparto de tierras indígenas, en ese mismo año en
Bachigualato se presentó un despojo de tierras a indígenas.
En el distrito de Mazatlán, el Ministerio de Fomento, colonización e industria,
declaró, tierras enajenables, de propiedad nacional, y con carácter de
adjudicables a 4 087 has, 6 aras, en el rancho de Palmillas, a favor de Carlos
Fuhrken y D. Fortino León, estipulando que resultaba ventajoso a la industria y a
la población, que terrenos baldíos se relucieran a propiedad particular. 360
Pero se daba casos donde los propietarios tradicionales en busca de hacer valer
sus derechos y de no ser despojados de la forma de subsistencia para sus
familias acudían a todas las instancias primero promueven un juicio ante el juez
357 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500. 358 Ibíd. 359 ARAN-Delegación Sinaloa, Expediente del Ejido San Miguel Zapotitlán, Caja 32, Exp. 115, f. 06 y 07. 360 DO, 23 de octubre 1867, No. 65.
221
de distrito de Sinaloa, y al negar esto el amparo, acuden a la Suprema Corte de
Justicia la Unión.
En resolución del 23 de junio de 1868, Benito Juárez declaró como tierras
propiedad de la nación y posteriormente terrenos baldíos, a los del antiguo
presidio de Mazatlán, hoy Villa de Unión, quienes poseen documentos legales de
la época colonial, de año, 1731, terrenos que desde antes, los poseedores de los
terrenos han ejecutado trabajos para hacerlos útiles, desmontado, cercado,
cultivando, y otras obras.361
Las familias 800 familias -o sea más de 5,000 personas- solicitaron un amparo
ante la Suprema Corte de Justicia de la Unión, y al realizar esta los estudios
necesarios consideraban como agravantes el hecho de que unos cuantos
denunciantes, proclamen dominio, los arrojen de sus casas, de sus campos y
propiedades. De acuerdo a estas consideraciones, la Suprema Corte revocó la
sentencia de juez de distrito de Sinaloa, ampara, y protegió a dichos vecinos y
ayuntamiento contra la resolución del ejecutivo, el 22 de diciembre de 1869.362
Estos movimientos que debía enfrentar el gobierno provocó que de enero de
1871 hasta 1874, se prohibieran las leyes que reglamentaban la repartición de
tierras indígenas, sin embargo en 1873, el fundo legal del pueblo de Navolato se
vio afectado por el denuncio legal a favor de la sociedad, ´“Jesús Almada y
Hnos”, quedando en sus manos una gran cantidad de tierras, propiedad de los
indígenas.363
Fueron una constante, las discusiones en los juzgados por la posesión de tierras,
dándose aquí una lucha entre autoridades y pueblos de indios, así como los
alegatos a favor o en contra de las causas indígenas registradas en la prensa.
*
361 DO, Resolución emitida por el Ministerio de Fomento, 23 de diciembre de 1869. N. 357, F. 137. 362 DO, Amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23 de diciembre de 1869. No. 357, F. 137. 363 AHGES, Fondo Secretaria de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaría de Gobierno, 1869-1874.
222
CONCLUSIONES
Los antecedentes del establecimiento de un sistema liberal en nuestro país no
son propios de la segunda mitad del siglo XIX, porque se manifestaron en una
lucha constante poco después de la independencia. Centralistas y federalistas
fueron los actores de los enfrentamientos en el ámbito intelectual y en las
acciones armadas.
Durante estos encuentros se estuvieron sucediendo diversas administraciones;
en la de centralistas todo se determinaba desde el centro del república y la
segunda forma, que había sido propuesta desde la constitución de 1824, donde
las llamadas provincias de la republica jugaron un importante papel para su
adopción, determinaron la conformación de una república con una serie de
órganos gubernamentales, donde existiría un congreso donde cada uno de los
estados estaría representado en el Congreso General.
Las provincias al federalizarse, se organizaron políticamente como los poderes
del centro en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, este sería el modelo adoptado
por todos, la constitución General el precepto legal de la nación y a su vez cada
Estado formularía la suya.
El surgimiento de la institucionalidad civil fue un proceso que se estuvo
interrumpiendo debido a la influencia de factores como el caciquismo y
caudillismo, porque se suscitaron continuas rivalidades entre las elites políticas
que aplazaron, derogaron u omitieron la política liberal que se había plasmado
desde la Constitución de 1824 y que Sinaloa adoptó en la local de 1831.
Los afanes modernizadores de las elites políticas se enfrentaron a una sociedad
que se regía comunalmente, con un carácter tradicional, que hacía valer su
presencia en corporaciones y que estuvo dispuesta a ofrecer resistencia con tal
de seguir manteniendo las antiguas formas de organización que le procuraba el
poder político.
Y en esto se puede mencionar a clérigos, caciques, caudillos militares y
comunidades campesinas que irrumpieron en el escenario sinaloense durante
223
varios periodos, sin embargo, lo que vino a prender la mecha para que los
pronunciamientos, las asonadas y revueltas no pararan fue la promulgación de la
Constitución de 1857 y las leyes que figuraron antes y después de la misma pero
que tenían el mismo carácter, reformar el régimen político y con ello construir un
poder civil fuerte que hiciera acto de presencia en acciones más ordinarias de la
sociedad que le permitirían tomar las riendas de la administración pública donde
había tenido clara incidencia de la iglesia.
Por, ello la carta magna de 1857, y las leyes como la de desamortización de
bienes de manos muertas, la nacionalización de bienes eclesiásticos, la
educación laica, para que el gobierno civil se encargara de la instrucción pública;
y las reformas al sistema tributario, la creación de una milicia civil que
contrarrestara la influencia política, amenazante que habían adquirido los
miembros del ejercito regular, por los privilegios que tenían y el poder que les
otorgaban las armas, fueron algunos de los mecanismos implementados por la
elite liberal para modernizar la política.
Los proyectos modernizadores se revelaron en el periodo juarista con las leyes
que buscaban la ciudadanía en sus respectivos aspectos, impulsados a través
del discurso pero también de leyes, ordenanzas y circulares que reglamentaban
los derechos de los individuos para participar en los procesos electorales; que
impulsaron la educación cívica para que las jóvenes generaciones se formaran
en el conocimiento de la existencia de códigos que normarían la vida de los
mexicanos, impulsando también a los hombres para que adquieran conciencia de
la defensa de la nación contra las intervenciones extranjeras siendo la prensa a
través de medios como el periódico el principal formador, educador de la
importancia de la unión y de los requerimientos de fuerzas armadas en los
tiempos de lucha.
En Sinaloa fueron muchos los actores que dominaron la política, primero los
clérigos tenían gran presencia, después los clanes familiares de fuerte raigambre
que maniobraron para la caída de los miembros del clero y en los periodos de
guerra civil una nueva clase política integrada por caudillos militares regionales
224
que entraron en serias disputas, trastocando la institucionalidad y se apoderaron
de los puestos públicos más importantes en Sinaloa.
Por otro lado, el uso y la utilización del discurso modernizador giró entorno a la
ciudadanía, la nación y la soberanía, preceptos procedentes de la ilustración
europea, que para el caso de nuestro país y del estado de Sinaloa, se
encontraron marcados cambios, en torno a los matices e interpretaciones que
alcanzan en las constituciones, fueron referentes de autoridad, representación y
derechos: En la etapa intervensionista, la soberanía significaba libertad de
gobernarse así mismo, derecho consuetudinario, que tienen las naciones para
conservar la independencia respecto a otros, y en la época de la república
restaurada, se pretende que el conocimiento de las leyes, la asimilación de los
hombres como ciudadanos permitiese los consensos y el restablecimiento del
orden democrático.
Los actores de la época: presidente, gobernadores, legisladores, pensadores,
articulistas de periódicos, sublevados, entendieron a estos conceptos en la
mayoría de los casos vistos en prensa, discursos oficiales, con una filosofía
liberal, venida de Europa, y respaldada en el desarrollo que alcanza el país
vecino, Estados Unidos.
Sin embargo, la ciudadanía y la soberanía no eran innovaciones de la etapa
reformista, porque estaban estipuladas desde la constitución de 1825, para el
caso del estado interno de Occidente, que comprendía a Sonora y Sinaloa
procedentes y ya planteadas en la Constitución de Cádiz en 1812. Tan así, que
uno de los requisitos fundamentales para obtener la ciudadanía como derecho,
era la vecindad, misma que antiguamente daba privilegios, y estatus sobre
personas sin oficio o extranjeros.
Los ayuntamientos desde su instauración fueron los encargados de establecer
las cargas concejiles a los vecinos, y proveer de tierras y pastos, derecho de
explotación predilecta para vecinos, y posteriormente, organizar las juntas
electorales donde los ciudadanos debían acudir a votar. De tal forma, que en este
225
sentido, el ayuntamiento practicaba de manera directa, el orden y la organización
para con los ciudadanos, en tiempos electorales y no electorales.
La soberanía nacional y la ciudadanía, se conjugaron y adquieron vigencia
durante la etapa intervencionista, en Sinaloa, porque según los partidarios del
sistema republicano mexicano, como así lo expresan, la soberanía del pueblo se
consolida con el respeto a la decisión del mismo para gobernarse, para elegir a
sus representantes. La soberanía de un pueblo, sostenían, emanaba de los
ciudadanos que otorgan su voto de confianza y también la facultad de que se
tomen las correctas decisiones en aras del bien común.
Más buena parte de la sociedad no gozaba, ni está integrada, en el carácter de
ciudadano que a solo algunos les permitía, decidir, representar o ser portavoces
de la llamada soberanía a través de la emisión del sufragio, otros simplemente
eran contados aunque con muchas imprecisiones, para aparentemente ser
considerados en esta forma de democracia, que era más excluyente que
incluyente, donde el voto universal parecía estar lejos de discutirse.
Lo que si es cierto, sus deberes eran más incluyentes, como la obligación de
alistarse a las filas militares, donde los vagabundos y personas sin oficio eran los
primeros en ser levantados por la leva, donde campesinos y padres de familia
tampoco se salvaron del reclutamiento en estos menesteres tan desagradables
para la mayoría. Y las autoridades, los militares, las familias ricas siguieron
gozando del poder que localmente ejercieron durante mucho tiempo,
manipulando preceptos legales, funcionarios del orden administrativo, fiscal o
judicial a sus propios intereses.
La misma soberanía adquirió acepciones distintas, cuando en la defensa de la
misma, los estados se organizan para cumplir con el gobierno nacional, la
exigencia de envío de tropas, y el movimiento de la mismas en diversas regiones
del país, requieren de la unión de gobernadores de estados, para el caso
nuestro, Sinaloa se une con Sonora, Durango, Chihuahua, a veces con Colima,
Jalisco, relativizando la soberanía de los estados para defender la de la nación,
por otra parte, los imperialistas a la vez se coordinaban y en muchos estados
226
surgieron simpatizantes de la intervención, mismos que, formaban sus propios
ejércitos y la soberanía era puesta en tela de juicio.
Por su parte, los historiadores, que escribieron durante la república restaurada y
en el porfiriato sobre Sinaloa, que expresaron su forma de entender la
ciudadanía, y la soberanía nacional estaban en busca de una historia común,
que permitiera integrar todas las posiciones políticas, para que la dispersión de
concepciones que generaron una serie de revueltas, no se herede a las nuevas
generaciones y que la formación patriótica de la nación permitiese integrar a los
sinaloenses en la historia, donde además, fuera reconocida la participación que
tuvieron en la defensa de la nación.
Las reacciones ante la implantación de las leyes de reforma chocaron con la
realidad mexicana que tenía fincada sus bases en un espacio donde la iglesia
poseía el poder espiritual y podía mover al pueblo para que lucharan en defensa
de sus privilegios consagrados.
Los antecedentes del establecimiento de un sistema liberal en nuestro país no
fueron propios de la segunda mitad del siglo XIX, porque se manifestaron en una
lucha constante poco después de la independencia. Centralistas y federalistas
fueron los actores de los enfrentamientos en el ámbito intelectual y en las
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las llamadas provincias de la republica jugaron un importante papel para su
adopción, determinaron la conformación de una república con una serie de
órganos gubernamentales, y a la vez existiría y congreso donde cada uno de los
estados estaría representado en el Congreso General.
227
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Secretaría de Gobierno.
• Índice del Archivo de la Secretaria de Gobierno
• Diario Oficial de la Federación
• Periódico Oficial del Estado
Archivo Histórico
Archivo Histórico de Mazatlán: Fondo Presidencia.
• Actas de Cabildo
• Fondo Presidencia Municipal.
• Periódicos: El Estado de Sitio, El trabajo, y El occidental.
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco
• Fondo reservado, colecciones especiales.
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada
Periódicos: El Pacífico, y El Fénix.
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