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ANALISIS DE LA LEY ANTILAVADO MEXICANA EN LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SUS REPERCUSIONES LEGALES Y
FISCALES
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XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS A.C. (ACACIA)
“De la regionalización a la globalización”
“ANALISIS DE LA LEY ANTILAVADO MEXICANA EN LAS PERSONAS FÍSICAS
CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES EFECTOS LEGALES Y FISCALES”
Mesa de trabajo: Contabilidad, Auditoría y Fiscal
Autores
CP Jorge Alberto Ramírez Graciano [email protected]
CP Ofelia Santos Torres [email protected]
LAE Silverio F. Cuarenta Garcia [email protected]
Institución: Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)
21 de abril del 2015
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ANALISIS DE LA LEY ANTILAVADO MEXICANA EN LAS PERSONAS FÍSICAS
CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y SUS REPERCUSIONES LEGALES Y
FISCALES
RESUMEN
La presente investigación se centra en analizar la repercusión legal y fiscal de la ley
federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia
ilícita hacia el sector de contribuyentes amparados en la ley del impuesto sobre la renta
en la sección I del capítulo II del título IV. Actualmente tras la reforma fiscal 2014 surgen
nuevas figuras jurídicas y nuevas características fiscales para ciertos sectores de
contribuyentes, por su parte con la aprobación de la LFPIORPI (LEY FEDERAL PARA
LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA) se limita considerablemente el uso de efectivo para todos los
contribuyentes en el país. Es así como a través del método hipotético deductivo
hacemos un análisis enfocándonos en las personas físicas, a partir del año 2014 el
manejo de las tarjetas de crédito resulta para la autoridad tributaria un nuevo medio de
fiscalización, pues la Ley de Impuestos Sobre la Renta (LISR) otorga la facultad al fisco
federal para realizar la sincronización entre los ingresos declarados y las
deducciones erogadas en las mencionadas tarjetas, realizando así un estudio del
fenómeno de la discrepancia fiscal. Complementando lo anterior, la LFPIORPI obliga a
informar un listado de actividades que contempla como vulnerables, teniendo como
claro ejemplo el uso de tarjetas de crédito o de servicios, que es el que nos interesa
conforme al tema de investigación.
Palabras clave: Ley Antilavado en México, Reforma fiscal 2014, Personas
físicas con actividad empresarial.
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INTRODUCCIÓN
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de activos,
blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) implica la inyección de dinero al sector
formal de la economía el cual proviene de fuentes de financiamiento ilícitas.
La Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos (2007) define el lavado de dinero como aquel en el cual los criminales tratan de
disfrazar la verdadera fuente de sus fondos obtenidos ilegalmente o ganancias de un
delito que involucra tres etapas diferentes, que algunas veces se superponen:
1. Colocar físicamente las ganancias criminales en el sistema financiero.
2. Separar las ganancias de la actividad criminal de sus orígenes mediante diferentes
capas de transacciones financieras.
3. Mover las ganancias de un delito a una forma “final” que proporciona una
explicación aparentemente legítima para los fondos obtenidos ilegalmente.
A lo largo de los años, se han establecido en todo el mundo un sin número de controles
que, si bien no han acabado con el delito tipificado, han tomado un valor positivo como
punto de control y disminución del blanqueo de capitales en las naciones. La Unidad de
Información Financiera de Argentina (2014) declara que “En la Edad Media podemos
encontrar un embrión de “lavado de dinero”, ya que los mercaderes y prestamistas
medievales, convertían sus ganancias provenientes de la usura, en ganancias lícitas”
La Real Academia Española define la usura como “ganancia, fruto, utilidad o aumento
que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo.” Si bien la usura como
embrión del lavado de dinero, no radica esencialmente en dicha figura como tal, pues
dicho fenómeno era totalmente desconocido en la Edad Media, se utiliza como
punto de partida por el hecho de que en la época de auge del cristianismo, el cobro
excesivo de intereses un delito altamente castigado.
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La persona que fuera declarada culpable del delito de usura, además de las penas
corporales, se le otorgaban castigos espirituales como “la negación de sepultura en
tierra santa, la excomunión, o la obligación de restituir los bienes ilícitos” (UIFA, 2014).
A pesar de las medidas anteriores dictadas por los gobernantes, los banqueros,
prestamistas y comerciantes en general, con el paso del tiempo empezaron a
implementar estrategias para no verse afectados por tal delito, recurriendo a la
falsificación de documentos como las letras de cambio, convenios de donación, y en
otros casos, crear una realidad surrealista en la que se indicaban que los excedentes
eran multas por faltas de pago oportuno. Conforme al paso de los años, y llegando a la
edad contemporánea, el delito del lavado de dinero retornó en mayor importancia y
logró enfocar la atención de los gobiernos y la sociedad en general.
Pérez de Serpa (2013) indica que “El término “lavado” comenzó en los Estados
Unidos, alrededor de 1920. Las Mafias, a efectos de esconder el producto de su
actividad ilícita, en especial el contrabando de bebidas alcohólicas… fundaron una red
de lavaderos…” El término lavado en sus comienzos fue utilizado por las mafias
americanas para incluir las ganancias de la venta bebidas alcohólicas, las cuales se
consideraban ilegales en los EEUU entre los años de 1920 a 1929, al mercado de
negocios formales, convirtiendo dichas ganancias en supuestos productos de
actividades lícitas, siendo las lavanderías el primer tipo de negocio redondo.
La UIFA (2014) indica que el término de blanqueo de capitales fue “acuñado a
principios del siglo XX, vinculado a las actividades ilícitas de Al Capone: cuyo
producido era convertido en ingresos lícitos a partir de su negocio de lavado y
entintado de textiles, esta modalidad delictiva, proviene de varias centurias atrás.”
El origen del nombre “lavado” surge debido al negocio legítimo que poseían las
personas que querían realizar el intercambio de los fondos, los cuales iniciaron como
lavanderías o lavaderos de ropa, en las que la totalidad de personas pagaba sus
cantidades en efectivo, produciendo un efecto inmediato en el que le intercambio del
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dinero “sucio” se producía en un corto periodo de tiempo y sin la intervención de
grandes estratificaciones.
La primera legislación de la que se tiene conocimiento sobre el lavado de dinero remite
a los Estados Unidos de América con la proclamación de la Ley de Secreto Bancario
(The Bank Secrecy Act) de 1970. Red Contra los Delitos Financieros del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2007) informa que: La Ley de
Secreto Bancario (BSA por sus siglas en inglés) fue promulgada por el Congreso en
1970 para combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros.
La BSA requiere que muchas instituciones financieras creen “rastros de papel”,
llevando registros y presentando informes de ciertas transacciones. Estos informes
son presentados a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos. FinCEN recolecta y analiza la información para apoyar
los esfuerzos de investigación de las agencias de la ley y el orden y para proporcionar
a las personas que elaboran las políticas de los Estados Unidos análisis estratégicos
de desarrollos, tendencias y patrones de lavado de dinero a nivel doméstico e
internacional.
Derivado de la anterior es posible afirmar que el primer intento por regular las
operaciones de lavado de dinero tuvo lugar en el año de 1970 en los EEUU, lo anterior
con la finalidad de obtener reportes por parte de las instituciones pertenecientes al
sistema financiero del citado país, que de acuerdo con Ortiz (2010) consistía en el
reporte es el documento que está obligado a generar cualquier institución (que forme
parte del sistema financiero) en el que deberá señalar si su cliente ha realizado alguna
operación financiera que la propia regulación legal califique de: relevante, inusual
o preocupante. La operación relevante es aquella que se hace con 10,000 (diez mil)
dólares – o su equivalente en moneda nacional– en efectivo; la operación inusual es
aquella que no es acorde con la forma en que regularme se comporta, financieramente
hablando, el cliente y la operación preocupante es aquella en la que se encuentra
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involucrado un empleado o funcionario del sistema financiero. Es así como en la
primera parte de esta investigación basada en el método hipotético deductivo, se
revisaran diversa bibliografía para de ahí partir a una deducción que como grupo de
expertos se puede considerar como recomendaciones.
En la primera parte se comentara el marco referencial relativo al lavado de dinero y sus
conceptos en la segunda parte se abordaran la explicación y revisión acerca de la
LFPIORPI, posteriormente se analizara los efectos y consecuencias que se derivan del
cumplimiento de dicha Ley, para terminar con las deducciones de los efectos que dicha
Ley ocasiona.
Conceptos y términos de Lavado de Dinero
En el presente apartado se abordaran los contenidos que fundamentan la presente
investigación para poder aclarar mayormente el panorama de la misma, separándose
por el tipo de investigación del área fiscal que se realiza, en marco teórico y en marco
legal, en el cual el marco legal.
Carrión y Riojas (2008) indica que etimológicamente la acepción de “lavado” que nos
ocupa deriva del inglés money laudering. Esta expresión se popularizó a finales de los
años setenta en la jerga utilizada por los mafiosos estadounidenses, que ironizaban
sobre las existencias de una cadena de lavanderías que era empleada para invertir el
dinero procedente de la venta de heroína colombiana, mezclándolos con fondos lícitos
para encubrir el origen. Antes de ser utilizado en el mundo jurídico, fue empleado en
ámbitos periodísticos y financieros.
Si bien el trasfondo del tema resulta poco inquietante y hasta ridículo, el delito del
lavado de dinero comenzó con algo tan simple como utilizar dinero proveniente del
narcotráfico para fines supuestamente lícitos, marcando así el inicio para un esquema
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mayor de utilización de fondos provenientes de actividades ilegales, inclusive mucho
antes de que existiera regulación alguna.
El blanqueo de activos no solo busca agregar dinero obtenido del narcotráfico a la
economía formal como lo fue en sus inicios, actualmente el lavado de dinero formula
un amplio esquema de actividades que van desde delincuencia organizada a menor
escala, fraudes financieros, delitos de defraudación fiscal, entre otras, el punto de
partida para la legislación es la identificación de operaciones que se asemejen al
blanqueo en un esquema amplio de intercambio de información.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y
Financiamiento al Terrorismo (2012) el lavado de dinero en términos generales es el
procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su
procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente.
Tondini (2013) indica que en sentido amplio podemos hablar de blanqueo de capitales
en referencia al proceso de legitimación de los bienes que tiene origen ilegal,
fundamentalmente originados fuera del control de las instituciones estaduales en
general y tributarias en particular. El blanqueo de capitales constituye un ejemplo
paradigmático de la nueva delincuencia de nuestros días: un fenómeno que se
desarrolla al abrigo de ese mercado pluridimensional e interactivo en el que nos
encontramos, pero que al mismo tiempo atenta contra su propia existencia.
LA LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)
Resulta importante indicar que el objeto de la LFPIORPI, de acuerdo con el artículo 2º
es: “… proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de
procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines
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recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su
financiamiento”.
La LFPIORPI marca las pautas para realizar la prevención e identificación de diversas
actividades que de acuerdo con la misma, son las más utilizadas para realizar el delito
del lavado de dinero en el país, las operaciones son consideradas como actividades
vulnerables y pueden ser informadas por instituciones del sistema financiero, personas
físicas o personas morales.
De acuerdo a la estructura de la Ley, en su artículo 3º se definen los principales
conceptos que son de utilidad para la mejor comprensión de la Ley, y a su vez, son
disposiciones de carácter general para el complemento con otras leyes de tipo fiscal.
En el mismo orden de ideas en el artículo 4º se mencionan las principales leyes
supletorias cuando no exista disposición alguna en la LFPIORPI indicadas como sigue:
“Artículo 4. En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán, conforme a su
naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en El Código de
Comercio, El Código Civil Federal, La ley Federal de Procedimiento Administrativo., La
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y La
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.”
La LFPIORPI establece en su artículo 17 un listado de actividades consideradas como
vulnerables, aclarándose que dichas actividades están limitadas a importes en veces
salarios mínimos, pues existen montos que son sujetos a aviso y otros no se
encuentran obligados a realizarlo, dichas actividades se resumen de la siguiente
manera:
1. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos.
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2. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de
crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de
almacenamiento de valor monetario.
3. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero.
4. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de
otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía.
5. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de
bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución
de derechos sobre dichos bienes.
6. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos
Piedras Preciosas, joyas o relojes.
7. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte.
8. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o
usados.
9. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres,
nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.
10. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o
valores.
11. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie
relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para
un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente.
12. La prestación de servicios de fe pública.
13. La recepción de donativos.
14. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal.
15. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
Respecto a las anteriores actividades, la Ley señala en el artículo 18 una serie de
obligaciones a las que se encuentran sujetas, las personas físicas o morales que las
ejecuten, las cuales se mencionan textualmente a continuación:
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I. “Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias Actividades
sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o
documentación oficial, así como recabar copia de la documentación;
II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente
o usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los
avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del
Registro Federal de Contribuyentes;
III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información
acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su
caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su
poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella;
IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la
información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como
la que identifique a sus clientes o usuarios.
La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá
conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir
de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la
materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente;
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación
en los términos de esta Ley, y
VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en
esta Ley.”
En cuanto a autoridades se refiere, la LFPIORPI contempla en su segundo capítulo a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la máxima autoridad en materia
contra lavado de dinero, estableciendo en el artículo 6º las facultades con que dicha
Secretaría cuenta, exponiéndose a manera de resumen a continuación:
1. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables.
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2. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el
ejercicio de sus facultades.
3. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, para
prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta Ley.
4. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la
Federación.
5. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas.
6. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra
de las sanciones aplicadas.
7. Emitir Reglas de Carácter
General.
8. Las demás previstas en otras disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos
jurídicos aplicables.
La Ley contempla una nueva figura que formará parte de la Procuraduría General
de la República, la cual se menciona textualmente a continuación:
“Artículo 7. La Procuraduría contará con una Unidad Especializada en Análisis
Financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado
con operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la
Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las
materias relacionadas con el objeto de la presente Ley, y estará adscrita a la oficina
del Procurador General de la República. La Unidad podrá utilizar las técnicas y
medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales
y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Conforme a lo anterior, el “ Artículo 8º otorga las siguientes facultades a la
mencionada Unidad Especializada en Análisis Financiero:
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I. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de
sus atribuciones;
II. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría,
sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
III. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la
información financiera y contable para que pueda ser utilizada por ésta y otras
unidades competentes de la Procuraduría, en especial la relacionada con los Avisos
materia de la presente Ley;
IV. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría, en el desarrollo de
herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e
investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para
conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y medir su riesgo regional y sectorial;
V. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de
conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de
procedencia ilícita;
VI. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y
especialización en las materias de análisis financiero y contable;
VII. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de
análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la
Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
VIII. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar
relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos
de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para la planeación del combate a
los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita;
IX. Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a
operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Capítulo II del
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Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, y coadyuvar con
la Unidad Especializada prevista en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
cuando se trate de investigaciones vinculadas en la materia;
X. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las
dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de
gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso
constitucionales, y a aquéllas personas responsables de dar Avisos en las
organizaciones con Actividades sujetas a supervisión previstas en esta Ley. En todos
los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación
formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una
averiguación previa. En el caso de las Entidades Financieras, los requerimientos de
información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría;
XI. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la
información disponible en los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades
federativas del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita;
XII. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que
se requieran, y
XIII. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias
determinen.
Con todo lo anterior podemos determinar que uno de los objetivos secundarios que
tiene inserto esta nueva Ley es eliminar progresivamente el uso de las operaciones con
dinero en efectivo en el país, pues bien, limita diversas operaciones que comúnmente
las personas realizaban sin necesidad de cuentas bancarias, orillando a que a partir de
su inicio de vigencia se cree un estándar nacional en el uso de las cuentas abiertas
dentro del sistema financiero mexicano.
Cabe mencionar que el artículo transitorio Primero indicó que la LFPIORPI iniciaría su
vigencia a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la
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Federación, teniendo como punto de partida su publicación en fecha 17 de octubre de
2012, dicha Ley entró en vigor a partir del 17 de julio de 2013.
Análisis de la LFPIORPI
La presente investigación es un estudio del método hipotético deductivo en la cual se
busca explicar algunos aspectos del comportamiento de un evento, siendo este los
efectos legales y fiscales de la LFPIORPI en las Personas Físicas con Actividades
Empresariales de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas.
Taylor y Bogdan (1992) indican que lo que define la metodología es, tanto la manera
cómo enfocamos los problemas, como la forma en que buscamos las respuestas a los
mismos. De tal manera que trateremos de darle respuesta a las siguientes preguntas
de investigación:
1) ¿Cuáles son las repercusiones fiscales que puede tener un contribuyente con
actividad empresarial derivadas de la nueva Ley Antilavado?
2) ¿Cuáles son las repercusiones legales que puede tener un contribuyente con
actividad empresarial derivadas de la nueva Ley Antilavado?
3) ¿Cuáles son las obligaciones fiscales a las que son sujetas las personas físicas con
actividad empresarial de acuerdo con la LFPIORPI.
1. Repercusiones fiscales que tiene un contribuyente con actividad
empresarial derivadas de la nueva Ley Antilavado.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este apartado, las personas físicas con
actividades empresariales de la zona conurbada ya mencionada, se ven afectados por
el fenómeno de la discrepancia fiscal, las limitaciones en el uso de dinero en efectivo,
limitaciones en el otorgamiento o recibimiento de préstamos y problemas de
deducibilidad.
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a) Discrepancia Fiscal.
La Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del ejercicio fiscal 2014, delimita
completamente las operaciones que pueden ser sujetas por parte de las personas
físicas dentro del proceso normal de fiscalización de la autoridad fiscal, si bien, el
sistema de auditorías por parte del fisco sigue siendo regulado por el CFF, en la LISR
se establece la figura de la discrepancia fiscal, en la cual se indica que una persona
puede ser sujeta a la misma cuando sus ingresos declarados en un año de calendario
sean inferiores a las erogaciones efectuadas en dicho ejercicio, por consiguiente, si la
autoridad fiscal detecta un mayor número de egresos facturados, ya sea que se hayan
deducido para efectos fiscales o no, determinará exhaustivamente dicha causal.
En el mismo sentido, hasta antes del ejercicio fiscal 2014, se determinó que los
usuarios personas físicas utilizaban mecanismos electrónicos denominados tarjetas de
crédito para realizar sus transacciones habituales, es decir, no hacían depósitos en
cuentas bancarias del sistema financiero mexicano para evitar ser informados por parte
de los bancos, evitar pagar el 3% de IDE cuando aplicaba, y a su vez obtenían ciertos
beneficios económicos y financieros por el usos de tarjetas de crédito, por consiguiente
el uso de estos plásticos constituyó una pérdida importante para la recaudación debido
a que se podían simular ciertas figuras de lavado de dinero u ocultar ciertas partidas
aptas a una discrepancia fiscal.
Por lo anterior a partir del año 2014, en el procedimiento de discrepancia fiscal se ven
reflejadas el uso de tarjetas de crédito de las instituciones pertenecientes al sistema
financiero mexicano o no, utilizando solamente el mecanismo de los depósitos
efectuados en dichas cuentas, por consiguiente la autoridad quiso poner un límite o un
tapón a las personas físicas que manejaban ciertas simulaciones u ocultaban prácticas
para no pagar impuestos en su totalidad, evitando hasta cierto punto, la caída a un
proceso de discrepancia fiscal o de evasión por no declarar la totalidad de ingresos
obtenidos tras ocultarlo en operaciones de crédito, todo lo anterior fundamentándose
en el Artículo 91, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
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Limitaciones en el uso de dinero en efectivo
Continuamente, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se ha establecido la figura del
pago de deducciones para efectos fiscales mediante cheque nominativo, transferencia
electrónica u otros medios de pago, evitando completamente el uso de efectivo para
operaciones mayores a 2 mil pesos, lo anterior fundamentado en el “Artículo 147
fracción IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta”; si bien las personas físicas
continúan manejando operaciones pequeñas o reembolsos de gastos sin la
necesidad de emisión de cheques individuales o elaboración de transferencias
bancarias cuando no se rebasan dichos importes, con la implementación de la Ley
Antilavado, la autoridad trata de eliminar poco a poco el uso del efectivo, pues si bien
en dicha Ley en su “Capítulo IV”, se prohíbe el uso de efectivo en las siguientes
operaciones:
I. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor
igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente
en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
($519,699.00).
II. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos,
nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior
al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. ($207,880.00).
III. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, Metales Preciosos y Piedras
Preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o
superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el
Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
($207,880.00).
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IV. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o
sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos
juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al
equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. ($207,880.00).
V. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la
fracción II de este artículo o bien, para bienes inmuebles por un valor igual o superior
al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. ($207,880.00).
VI. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre
los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un
valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo
vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
($207,880.00).
VII. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a
que se refieren las fracciones I, II y V de este artículo, por un valor igual o superior al
equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito
Federal, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.
($207,880.00).
Si bien las operaciones antes mencionadas no resultan de uso común para las
Personas Físicas con Actividades Empresariales, todas son sujetas a presentarse en
la vida activa de un contribuyente de ese género, a su vez, al someter las mismas al
punto anterior de la discrepancia fiscal conjunto con esta limitante en efectivo,
tenemos un mecanismo completo de fiscalización, pues se evita el uso de dinero
en efectivo para el manejo de operaciones normales de los contribuyentes y de
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posibles situaciones que son utilizadas para la evasión por falta de declaración de
ingresos.
Limitaciones en el otorgamiento o recibimiento de préstamos
Con la entrada en vigor de la Ley Federal para le Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se agregó la figura de informar los
préstamos otorgados y su contraparte al SAT por medio del aviso de actividades
vulnerables, teniendo como fundamento legal el Artículo 17 de la misma la cual indica
lo siguiente: IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de
garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de
sujetos distintos a las Entidades Financieras. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría
cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil
seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
De acuerdo con el texto anterior cuando una persona física o moral sea sujeta en
cualquiera de sus partes (deudor o acreedor) de operaciones de mutuo, garantía,
préstamos o créditos de cualquier tipo, al no ser parte del sistema financiero mexicano,
tienen que presentar el mencionado aviso ante el órgano fiscalizador, siempre y
cuando dichas operaciones rebasen de $ 108,000.45 por operación.
En este sentido, quien tiene que proporcionar la información es la persona que otorga
el préstamo ante lo cual tiene que recabar ciertos datos que son la identificación del
deudor y observarse lo siguiente:
• Verificar la identidad basándose en credenciales o documentación oficial, así como
recabar copia de dicha documentación.
• Solicitar información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño
beneficiario y, en su caso, exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si
ésta obrare en su poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella.
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• Para los casos en que se establezca una relación de negocios, solicitar información
sobre su actividad u ocupación.
Derivado de lo anterior, se limita el uso de las operaciones de crédito entre las
empresas, ya que se tiene como propósito el incentivar las operaciones con el sistema
financiero mexicano en primer punto, y en segundo punto eliminar la simulación de
créditos o prestamos mediante contratos que se realizaban por parte de los
contribuyentes y que en ocasiones no se encontraba soporte legal alguno, inclusive no
existía el soporte monetario de dichas operaciones.
El paquete fiscal 2014 tenía el propósito de combatir la informalidad y así evitar la
evasión fiscal en todo el país, pues se creó el nuevo régimen fiscal de
incorporación, así como la implementación de medidas complementarias a la Ley
Antilavado; si bien el fisco federal se ha visto completamente beneficiado por todos los
cambios estructurales que ha tenido durante el ejercicio 2014, los únicos perjudicados
han sido los contribuyentes al tener una carga administrativa y fiscal mayor que en otros
ejercicios fiscales anteriores, teniendo como ejemplo el uso total de medios electrónicos
para el manejo de las operaciones generales de las empresas, ya que actualmente
todas las operaciones fiscales deben de realizarse con comprobantes fiscales digitales
por internet, obligando a todos los contribuyentes a tener mínimo un equipo de
cómputo e internet para el trabajo normal de sus operaciones, aunado al anterior en las
leyes fiscales ya se hablaba de la limitante de que las operaciones con montos mayores
a $ 2,000.00 solo pueden realizarse utilizando como medios de pago las comprendidas
dentro del sistema financiero mexicano, es decir, limitar el uso de efectivo en las
mismas.
Si bien lo anterior no resulta en un gran problema para el sector de personas físicas
con actividades empresariales, si tiene la repercusión de informar operaciones en
efectivo y limitarlas, y a su vez causar consigo problemas a la hora de hacer efectivas
las deducciones autorizadas para cierto tipo de contribuyentes, un claro ejemplo son
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las empresas que comúnmente manejan viáticos o gastos de viaje para sus
empleados, lo común es realizar cierto tipo de reembolsos en efectivo a los
subordinados y éstos a su vez en cada transacción hacer el pago correspondiente con
dicha moneda de curso legal, la complicación viene a la hora de que si son
operaciones mayores a
$2,000.00 no serían deducibles en su totalidad, y si analizamos completamente el
padrón de contribuyentes, no en todas las poblaciones en México existe la posibilidad
de que te den un comprobante fiscal digital por internet al momento de realizar una
compra o solicitar un servicio, dejando en completo estado de indefensión al
contribuyente y a sus representantes.
Repercusiones legales que tiene un contribuyente con actividad empresarial
derivadas de la nueva Ley Antilavado.
En este apartado se presentan los resultados sobre las afectaciones legales que
tienen los sujetos ya mencionados, los cuales son principalmente implicaciones que
causan infracciones o delitos fiscales los cuales son sujetos a una multa que puede
ser monetaria, aunque en la mayoría de los casos resulta en penas corporales.
En su artículo 53, la Ley Antilavado indica que se impondrán multas a los
contribuyentes que caigan en los siguientes supuestos:
I.Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría
en términos de la citada Ley.
II. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la
Ley
(Recopilación de información, resguardo y presentación de avisos).
III. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los Avisos a que se refiere
el artículo 17 de la Ley.
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La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del Aviso se
realice a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió haber
sido presentado. En caso de que la extemporaneidad u omisión exceda este plazo, se
aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 55 de la Ley.
IV. Incumplan con la obligación de presentar los Avisos sin reunir los requisitos a
que se refiere el artículo 24 de la Ley;
V. Incumplan con las obligaciones que impone el artículo 33 de la Ley
(Fedatarios públicos).
VI. Omitan presentar los Avisos a que se refiere el artículo 17 de la Ley.
VII. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32
de la Ley (Uso de efectivo).
Por su parte el artículo 54 de la misma Ley indica los montos de las multas
que anteriormente se han indicado, los cuales son:
I. Se aplicará multa equivalente a doscientos y hasta dos mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el caso de las fracciones I, II,
III y IV del artículo 53 de la Ley (De $13,458.00 a $134,580.00).
II. Se aplicará multa equivalente a dos mil y hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal en el caso de la fracción V del artículo 53 de la
Ley (De $134,580.00 a $672,900.00).
III. Se aplicará multa equivalente a diez mil y hasta sesenta y cinco mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o del diez al cien por ciento del
valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor
en el caso de las fracciones VI y VII del artículo 53 de la Ley (De
$672,900.00 a $4’373,850.00).
Podemos observar con claridad que las multas anteriores resultan excesivas para el
tipo de infracciones de que se tratan, con lo cual podemos afirmar que el principal
objetivo de la autoridad es que los contribuyentes presenten correctamente los avisos
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y en tiempo y a su vez apliquen correctamente las limitantes de efectivo, pues las
multa mayor que es de hasta $4’373,850 es aplicable a la infracción de las mismas.
Por su parte en su Capítulo VIII la Ley indica los delitos que son castigados con
privación de la libertad los cuales son:
I. Prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos mil días multa conforme al Código
Penal Federal, a quien:
Proporcione de manera dolosa a quienes deban dar Avisos, información,
documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente
ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse.
De manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o
imágenes destinados a ser incorporados a los Avisos, o incorporados en avisos
presentados.
II. Se sancionará con prisión de cuatro a diez años y con quinientos a dos mil días
multa conforme al Código Penal Federal:
Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la
administración pública federal, del Poder Judicial de la Federación, de la
Procuraduría o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente
utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso
o reciban con motivo de esta Ley, o que transgreda lo dispuesto por el Capítulo
VI de la misma, en materia de la reserva y el manejo de información.
A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o
divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona
física o moral o servidor público con cualquier Aviso o requerimiento de
información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación
relacionada con las Actividades Vulnerables, independientemente de que el
Aviso exista o no.
Como parte medular de los delitos, en el Artículo 64 de la Ley se indica que las penas
previstas en los artículos 62 y 63, fracción II, de la Ley se duplicarán en caso de que
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quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los dos años
anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar
delitos.
A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de la
Ley, se les aplicará, además, una sanción de inhabilitación para desempeñar el
servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la
cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión.
En este apartado se puede observar que la autoridad prevé en los incumplimientos el
manejo de multas que generarían una fuente adicional de ingresos para la misma en
lugar de aplicar disposiciones penales, ya que como se observa en los delitos, solo se
estiman penas corporales por alteraciones o engaños a la autoridad y a servidores
públicos que participen en la comisión de alguno de los supuestos manejados.
Obligaciones fiscales a las que son sujetas las personas físicas con
actividad empresarial de acuerdo con la LFPIORPI.
En esta sección se explican detalladamente las obligaciones fiscales a las que son
sujetas las personas físicas con actividades empresariales de la zona mencionada, de
acuerdo con la LFPIORPI. En su artículo 18, La Ley Antilavado indica que
quienes realicen las Actividades vulnerables tendrán las obligaciones siguientes:
I. Identificar a los clientes y usuarios con quienes realicen las propias
Actividades sujetas a supervisión y verificar su identidad basándose en credenciales o
documentación oficial, así como recabar copia de la documentación.
II. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente o
usuario la información sobre su actividad u ocupación, basándose entre otros, en los
avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del
Registro Federal de Contribuyentes.
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III. Solicitar al cliente o usuario que participe en Actividades Vulnerables información
acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y, en su caso,
exhiban documentación oficial que permita identificarlo, si ésta obrare en su
poder; en caso contrario, declarará que no cuenta con ella.
IV. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la
información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como
la que identifique a sus clientes o usuarios.
La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá
conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años contado a partir
de la fecha de la realización de la Actividad Vulnerable, salvo que las leyes de la
materia de las entidades federativas establezcan un plazo diferente.
V. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de
verificación en los términos de la Ley.
VI. Presentar los Avisos en la Secretaría en los tiempos y bajo la forma prevista en la
Ley.
Por su parte el Artículo 20 se indica que las personas morales que realicen Actividades
Vulnerables deberán designar ante la Secretaría a un representante encargado del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha Ley, y mantener vigente dicha
designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de la Ley.
En tanto no haya un representante o la designación no esté actualizada, el
cumplimiento de las obligaciones que esta Ley señala, corresponderá a los integrantes
del órgano de administración o al administrador único de la persona moral.
Las personas físicas tendrán que cumplir, en todos los casos, personal y directamente
con las obligaciones que esta Ley establece, salvo en el supuesto previsto en la
Sección Tercera del Capítulo III de la Ley. El Artículo 21 de la Ley Antilavado
fundamenta que los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables
les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones que la Ley establece.
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Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad
alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o
usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación a que
se refiere el párrafo anterior.
Quienes realicen Actividades Vulnerables presentarán ante la Secretaría los Avisos
correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según
corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y
que sea objeto de Aviso, lo anterior con fundamento en el Artículo 23 de la Ley.
La presentación de los Avisos mencionados en el párrafo anterior se llevará a cabo a
través de los medios electrónicos y en el formato oficial que establezca la Secretaría.
Dichos Avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la
Actividad Vulnerable que se informe, lo siguiente:
I. Datos generales de quien realice la Actividad Vulnerable;
II. Datos generales del cliente, usuarios o del Beneficiario Controlador, y la información
sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción II de la Ley.
III. Descripción general de la Actividad Vulnerable sobre la cual se dé Aviso.
A los notarios y corredores públicos se les tendrán por cumplidas las obligaciones de
presentar los Avisos correspondientes mediante el sistema electrónico por el que
informen o presenten las declaraciones y Avisos a que se refieren las disposiciones
fiscales federales.
CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.
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Como se pudo observar durante todo el informe de la presente investigación, la
reforma fiscal 2014 en la parte del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la
Federación conjunto con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita forman un complejo candado y a la
vez un completo aparato fiscalizador para la autoridad tributaria en materia de
prevención, detección, control y eliminación del lavado de dinero en el país.
Si bien la Ley Antilavado por sí misma no comprende medidas completas para el
manejo de un delito de la magnitud que tiene en el país, resulta en una carga que
repercute en las actividades normales de las empresas, como resultado de la
presente se determinaron que las principales afectaciones que han tenido con la
implementación de la mencionada Ley y su conjunción con las modificaciones que se
hicieron en la reforma fiscal 2014 son la afectación de las mismas por el fenómeno de
la discrepancia fiscal, las limitaciones en el uso de dinero en efectivo para sus
operaciones, las limitantes en el otorgamiento o recibimiento de préstamos y la
causación a dichas personas físicas a problemas de deducibilidad de sus erogaciones
que ejercen con motivo de su actividad económica.
Por otra parte en cuanto a afectaciones legales que se han suscitado en los sujetos
ya mencionados, son principalmente implicaciones que generan a dichos
contribuyentes multas que van desde $13,458.00 hasta $4’373,850.00 dependiendo
de las infracciones cometidas que como ya se mencionó son principalmente por
errores en los avisos, la omisión de los mismo o la no aplicación de las medidas de las
limitaciones en el uso de efectivo, y por parte de los delitos fiscales se determinan
privación de la libertad a las personas que los cometan desde 2 hasta 10 años, y
aplican generalmente a conductas de engaño a la autoridad fiscal y daño causados
por parte de los servidores públicos.
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La presente investigación puede servir de base para la implementación de
modificaciones a la LFPIORPI y aumentar la eficacia de la misma y la
complementación de nuevas medidas que coadyuven en un mejor desempeño del
aparato fiscalizador en México, teniendo adicionalmente como futuras líneas de
investigación las repercusiones que causa las LFPIORPI a las personas morales en
México, y a su vez, las repercusiones que se generarían en la población en general
debido a la situación de inseguridad que se ha venido presentando en la última
década en el país, teniendo la vertiente de si dicha Ley ha resultado benéfica para la
población, los contribuyentes y en general para la disminución de los niveles de
lavado de dinero, inseguridad y narcotráfico en México.
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