1 INFORME DE AUDITORÍA CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. Sr. Miguel Ángel ROSETTO S. / D. En uso de las facultades conferidas por el artículo 118, inc. b) de la Ley Nº 24.156 la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN efectuó un examen en el ámbito del CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. con el objeto que se detalla. 1. OBJETO DE LA AUDITORÍA “CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. – Servicio Jurídico – Gestión”. 2. ALCANCE DEL EXAMEN El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por Resolución Nº 145/93, limitado a la gestión de la Dirección de Asuntos Legales y de la Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical dependiente de la Dirección de Recursos Humanos. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1., se llevaron a cabo, entre otros, los siguientes procedimientos: 1. Entrevistas con funcionarios del organismo. 2. Relevamiento de la Dirección de Asuntos Legales, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical , dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con sede en la localidad de Monte
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INFORME DE AUDITORÍA CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A.
AL SEÑOR PRESIDENTE DEL CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. Sr. Miguel Ángel ROSETTO S. / D.
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118, inc. b) de la Ley Nº
24.156 la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN efectuó un examen en el ámbito del
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. con el objeto que se
detalla.
1. OBJETO DE LA AUDITORÍA
“CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. – Servicio
Jurídico – Gestión”.
2. ALCANCE DEL EXAMEN
El examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa de
la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, aprobadas por Resolución Nº 145/93,
limitado a la gestión de la Dirección de Asuntos Legales y de la Gerencia de Gestión
Legal, Laboral y Sindical dependiente de la Dirección de Recursos Humanos.
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1., se llevaron a cabo,
entre otros, los siguientes procedimientos:
1. Entrevistas con funcionarios del organismo.
2. Relevamiento de la Dirección de Asuntos Legales, con sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y de la Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical,
dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con sede en la localidad de Monte
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Grande, provincia de Buenos Aires, en la que tramitan los juicios laborales.
3. Relevamiento y análisis de antecedentes normativos.
4. Constatación de juicios sobre la base de una muestra, conformada de la siguiente
manera: con respecto a los juicios laborales, sobre un universo de 115 juicios, se
seleccionaron aquellos que eran llevados internamente por los letrados del organismo
y que superaran los $ 50.000.- (total 29 juicios). Con relación a los juicios civil,
comercial y contencioso administrativo, sobre un universo de 58 juicios se
seleccionaron la totalidad de los llevados por los letrados internos del organismo (total
30 juicios). En definitiva, la muestra abarcó así un total de 59 juicios.
5. Revisión y control de carpetas internas del organismo y compulsa de los expedientes
judiciales respectivos, en sede judicial.
6. Verificación de la existencia de reglamentos y manuales de organización. Evaluación
de su cumplimiento.
7. Relevamiento y evaluación del sistema de información sobre juicios.
8. Verificación de la obligación de información y la utilización del sistema de gestión y
registro informático provisto por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN)
9. Verificación de la existencia de actividades de control.
10. Verificación de la existencia de planes de acción de las áreas y evaluación de su
cumplimiento.
11. Verificación de Registros de Entradas y Salidas de oficios, cédulas, expedientes,
mandamientos y demás comunicaciones. Registro de causas judiciales.
12. Relevamiento de los Recursos Humanos de las áreas: cantidad de profesionales y
administrativos, distribución y modo de asignación de funciones, cantidad y modo de
distribución de las causas, tipo de vinculación (personal de planta, contratados o
servicios tercerizados), existencia de métodos o indicadores de medición del
desempeño. Sistemas de ingreso al servicio y sistemas de capacitación profesional.
13. Verificación de la existencia de relaciones de información y comunicación entre las
áreas involucradas.
14. Evaluación de riesgos de litigiosidad y la remisión oportuna de información sobre la
litigiosidad a los sectores que correspondan.
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15. Evaluación de las tramitaciones relacionadas con la contratación de Estudios Jurídicos
en el interior del país.
16. Verificación de la obligación de presentar las declaraciones juradas patrimoniales con
arreglo a la normativa vigente.
17. Verificación de la intervención de las áreas competentes de acuerdo con la normativa
del Ente que regla su estructura y atribuciones.
El trabajo de campo ha sido desarrollado en el período comprendido entre el 1º
de febrero y el 6 de julio de 2007.
Las consideraciones planteadas en el presente informe fueron oportunamente
puestas en conocimiento del auditado (Conf. Nota Nº 42/09-A-02), para la formulación del
descargo pertinente, el cual resulta objeto de análisis en el Punto 5.
2.1. Limitación al Alcance
En los casos en que se hace referencia a sistemas de información vinculados con
métodos computarizados, las tareas no incluyeron la revisión del correcto funcionamiento
de los procesos computarizados existentes en las áreas relacionadas con el objeto de
auditoría, en cuanto a los programas de computación diseñados, los elementos de control
que ellos incluyen, la lógica de los lenguajes empleados y la configuración de los equipos
utilizados, sino de sus aspectos operativos, cuando las prácticas administrativas relevadas
requirieron de su utilización.
3. ACLARACIONES PREVIAS
3.1. Descripción del Ente. Antecedentes Normativos
Por el Decreto Nº 1075 del 19/11/03 se rescinde el contrato de concesión
suscripto entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A. creando una
Unidad Administrativa en la órbita de la Secretaría de Comunicaciones a los fines de
preservar la continuidad del servicio, las fuentes laborales y el resguardo de los bienes
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involucrados en la prestación. El art. 3º establece que la totalidad del personal de Correo
Argentino S.A. pasará a depender del Estado concedente, de conformidad con el numeral
26.3 del contrato de concesión.
Mediante el Decreto Nº 721 del 11 de junio de 2004 se dispuso la creación del
“Correo Oficial de la Republica Argentina” (CORASA) bajo el tipo societario “Sociedad
Anónima” y regulada bajo el régimen de la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984), Capitulo II, Sección
V, arts. 163 a 307.
En los considerandos del decreto se manifiesta que la figura societaria adoptada
es la que asegura la fluidez operativa del servicio, dado el entorno competitivo del mercado
postal, a los fines de garantizar la continuidad y regularidad de la prestación del servicio a
su cargo, luego de la rescisión que se efectuara mediante Decreto Nº 1075/03, y hasta tanto
se lleve a cabo su privatización.
Por el artículo 2º se establece que el cien por ciento (100%) del capital de la
sociedad pertenecerá al Estado Nacional, componiéndose de la siguiente manera: el
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS será el tenedor del noventa y nueve por ciento (99%) de las acciones y el
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN será el tenedor del uno por ciento (1%)
de las acciones, los cuales ejercerán los derechos societarios correspondientes.
El artículo 13 del Decreto Nº 721/2004 dispone que la empresa se regirá por las
normas y principios del derecho privado, por lo que no le serán aplicables las disposiciones
de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus modificatorias, del Decreto
Nº 1023/01 y sus modificatorios -régimen de contrataciones del estado- de la Ley Nº
13.064 de Obras Públicas, ni -en general- las normas o principios del derecho
administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la Ley
Nº 24.156 de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Publico
Nacional y sus modificatorias.
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En cuanto al personal, el art. 10 expresa que la nueva sociedad regirá las
relaciones con su personal por la Ley Nº 20.744 de contrato de trabajo y sus
modificatorias, y los Convenios colectivos de trabajo que hubieren sido celebrados con las
asociaciones gremiales representativas de su personal.
El 11 de agosto de 2004 son aprobados y firmados el Estatuto Social y el Acta
constitutiva del ente societario, inscribiéndose en la Inspección General de Justicia el 17 de
agosto de 2004, estableciéndose que la sociedad se regirá por el Decreto Nº 721, por los
estatutos y lo previsto en la Ley Nº 19.550 (t.o. 1984), Capítulo II, Sección V, arts. 163 a
307.
El objeto de la sociedad será la prestación del servicio oficial de correo,
comprendiendo todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía, nacional e
internacional, como así también la prestación del servicio electoral, y la realización de
todas aquellas actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y
objeto social ya sean propias, conexas y/o complementarias.
Finalmente, cabe aclarar que mediante Decreto Nº 1087/06 se prorrogó hasta el
31 de julio de 2007 el plazo otorgado para el llamado a Licitación Pública Nacional e
Internacional a fin de volver a privatizar el servicio público postal, ello a efectos de
consolidar la operatoria de la sociedad Correo Oficial de la Republica Argentina SA. Dicho
plazo fue a su vez prorrogado por sus similares Nº 1477/07 y Nº 2346/08, hasta el 31 de
julio de 2008 y 31 de julio de 2009, respectivamente.
3.2. Responsables de los juicios
Los juicios son llevados y gestionados por dos áreas diferentes: la Dirección de
Asuntos Legales, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Gerencia de
Gestión Legal, Laboral y Sindical dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con
sede en la localidad de Monte Grande, en la que tramitan los juicios laborales.
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Aquellos juicios radicados en el interior del país son gestionados por letrados
especialmente contratados al efecto (corresponsales).
También el Servicio Jurídico cuenta con los servicios de dos Estudios
especializados en temas específicos: el Estudio Gatti para marcas y patentes, y el Estudio
Curutchet-Odriozola para temas impositivos y de habilitaciones.
3.3. Áreas auditadas
3.3.1. Dirección De Asuntos Legales
Según Nota del 05/03/07 de la Dirección de Asuntos Legales el área tiene la
misión y función de representar y asesorar jurídicamente al Directorio y a la Empresa en su
conjunto.
En la Nota señalada se agrega que, dentro de ese ámbito, tiene como funciones,
entre otras, las siguientes:
Emitir opinión jurídica sobre los aspectos que las distintas áreas de la Empresa
sometan a su consideración; representar a la Empresa en asuntos judiciales (con excepción
de causas laborales); coordinar la labor de los corresponsales en el interior del país;
controlar la marcha de los procesos judiciales y/o administrativos a su cargo y las consultas
jurídicas que se le realizan a dichos corresponsales a fin de que su respuesta se ajuste a las
directivas y políticas de la Dirección; representar a la Empresa en trámites administrativos,
en especial ante organismos de control; y procesar y clasificar el flujo de información
respecto de la normativa de alcance general y particular, en especial en lo que atañe a la
actividad específica de la Empresa.
3.3.2. Dirección de Recursos Humanos
Adjuntos a Nota del 30/03/07 de la Gerencia de Gestión, Legal, Laboral y
Sindical se recibieron copia del Organigrama completo de la Dirección de Recursos
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Humanos y formularios de Misión y descripción de Acciones correspondientes a dicha
Gerencia. Según se informa en la mencionada Nota, dicha documentación fue aprobada por
la Gerencia de Recursos Humanos.
De acuerdo a ello, la misión de la Gerencia es proponer, implementar y
administrar las políticas referidas al manejo y gestión de las Relaciones Laborales,
conforme al plexo normativo que las regula, cumpliendo los requerimientos y objetivos de
la Dirección de Recursos Humanos de la Empresa.
Asimismo, efectúa la gestión de los juicios laborales. En este sentido debe
asegurar en tiempo y forma oportuna la eficiente contestación a las demandas laborales
interpuestas, su procuración e intervención en las subsiguientes etapas procesales. Asesora
jurídicamente, en materia laboral, a las distintas áreas de la Empresa.
3.4. Tipo y monto de los juicios
3.4.1. Juicios laborales
TIPO DE JUICIO Cantidad Monto Pesos ACCIDENTE – ENFERMEDAD 18 3.578.957 DEMANDA LABORAL – DESPIDO 53 8.339.023 DIFERENCIAS SALARIALES 14 697.973 EXCLUSIÓN TUTELA SINDICAL - REINSTALACIÓN 12 0 OTROS 18 957.145 TOTAL 115 13.573.098
DAÑOS Y PERJUICIOS 8 572.906 EJEC. FISCAL – APREMIO 10 103.764 CONCURSOS PREVENTIVOS 6 0 PROGRAMA DE PROP. PART. 7 0 AMPARO 4 0 AMPARO POR HABILITA CIÓN 1 0 ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA POR HABILITACIÓN 1 0 FALTA DE HABILITACIÓN MUNICIPAL 1 0 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 0 OTROS 19 64.940 TOTAL 58 741.610
Fuente: base de datos al 31/12/06
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3.5. Sistemas de Información.
Tanto la base de datos de los juicios obrantes en la Dirección de Asuntos
Legales, como la base de la Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical, se encuentran
bajo el software de Excel, conteniendo entre otros datos: fecha de inicio, tribunal, monto
de inicio, monto actualizado y porcentual de probabilidades.
En la Dirección de Asuntos Legales también existen (siempre en formato Excel)
bases informáticas para el tratamiento de temas y consultas genéricas denominadas
INGRESOS (en la cual se registran los movimientos de los temas que ingresan a la
Dirección a través de la Mesa de Entradas de la misma) y ARCHIVO (en cuya planilla se
registra el lugar donde queda archivada la documentación).
Finalmente tienen bases específicas relacionadas con temas tales como
mediaciones, defensa del consumidor, causas penales, impuestos y habilitaciones, reclamos
ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) y poderes.
No se encuentra instalado el sistema informático provisto por la Procuración del
Tesoro de la Nación (Advocatus).
3.6. El carácter de Funcionario Público y la obligación de presentar Declaración
Jurada
En cuanto al carácter de funcionarios públicos de los integrantes de la sociedad
auditada, el Dictamen de la PTN Nº 291 del 14 de julio de 2004, sostiene que los miembros
del Directorio de las sociedades con participación estatal son funcionarios públicos. En el
mismo sentido se había expresado mediante el Dictamen del 5 de marzo de 2001,
estableciendo que “son funcionarios públicos los directivos o empleados que representan al
Estado en las Sociedades Anónimas...y en suma todos aquellos que actúen por y para el
Estado, cualquiera sea la entidad total o parcialmente estatal en la que lo hagan o el
régimen jurídico laboral o contractual que se aplique a su relación con el Estado”.
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Un sector de la doctrina1 coincidente con el Dictamen de la PTN, determina que
quienes se desempeñan en la Administración Pública, centralizada o descentralizada,
tienen la calidad de funcionarios o empleados públicos y se rigen en consecuencia por el
derecho público.
Existen, también, antecedentes normativos (v.g. la Resolución Nº 440/04 del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión y Servicios) que en sus considerandos,
menciona a los Dres. Di Cola y Martínez Burett, como funcionarios que otorgaron el acta y
los estatutos de la sociedad.2
Asimismo, cabe señalar que el artículo 5º de la Ley Nº 25.188 de Ética Pública
establece que quedan comprendidos en la obligación de presentar la declaración jurada:
Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director o
equivalente, que presten servicio en las Sociedades del Estado... (inc. m); todo funcionario
publico que tenga por función administrar un patrimonio publico o privado... (inc. u) y los
Directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Congreso de
la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 120 de la Ley Nº 24.156, en los casos
en lo que la Comisión Nacional de Ética Publica se las requiera (inc. v).
El Directorio de CORASA, a través de la Dirección de Recursos Humanos ha
contemplado la obligación de la presentación de las declaraciones juradas hasta el nivel
jefatura, remitiendo luego la información a la Oficina Anticorrupción. También remiten al
mencionado Organismo, la información relacionada con la presentación de declaración
jurada de bienes personales.
1 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I (Parte General), Capítulo XIII, F.D.A., 8ª edición, Buenos Aires, 2003 (www.gordillo.com/pdf/1-8/1-8XIII.pdf); Linares, Juan Francisco. Derecho Administrativo, pág. 298. Ed. Astrea, Bs. As. 1986. 2 Por Resolución Conjunta 390 y 498/2004, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio de Economía y Producción, se asignó a los Doctores DI COLA y MARTINEZ BURKETT, las facultades otorgadas a los Señores Ministros de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de Economía y Producción a través del artículo 5° del Decreto 721/04.
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3.7. Relaciones del servicio jurídico con la Procuración del Tesoro de la Nación
3.7.1. Cuerpo de Abogados del Estado
Los letrados integrantes de la sociedad auditada no pertenecen al Cuerpo de
Abogados del Estado dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación. (Dictamen
37/06)3
3.7.2. Obligación de informar los juicios a la PTN
En virtud de las normas vigentes aplicables (Decreto Nº 2140/91, Ley Nº 25344
y Decreto Nº 1116/00), la doctrina y jurisprudencia imperante, y la aplicación del principio
de analogía, cabe concluir en que CORASA está comprendida en la obligación de informar
sus juicios a dicho Órgano Asesor.
3.8. Régimen de Contrataciones aplicable
En cuanto al régimen de contrataciones aplicable debe advertirse que es de
aplicación la normativa de sociedades comerciales, por disposición expresa de la normativa
constitutiva, la cual reitera lo establecido mediante el Decreto Nº 1023/01 cuyo artículo 2º
establece que el régimen de contrataciones será de aplicación en el ámbito de las
jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso a) del artículo 8º de la Ley Nº 24.156,
siendo que la empresa bajo análisis se encuentra comprendida en el inciso b) de dicha
norma.
En virtud de lo expuesto, el Directorio aprobó una serie de normas
reglamentarias y de procedimiento en materia contractual, entre las que se encuentran las
3 El Dictamen PTN 37/06 en su parte pertinente expresa: “... en tal sentido, cabe señalar que el Correo
Oficial de la Republica Argentina S.A. es una sociedad constituida ...en la órbita de la Secretaria de
Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y hasta tanto se
privatice, bajo el régimen de la ley 19.550 de sociedades comerciales –t.o 1984- ...y en consecuencia, su
Dirección de Asuntos Legales no integra el Cuerpo de Abogados del Estado...” Fdo. Osvaldo Cesar
Guglielmino Procurador del Tesoro de la Nación”.
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normas MM-010 y MM-AF-0023 referidas a gestión de compras, y la norma MM-OO-
0013 que determina el procedimiento de contrataciones especiales.
3.9. Habilitaciones e impuestos
De la información suministrada por el Organismo, surge que desde la
constitución de CORASA, han ingresado 309 reclamos administrativos por estos ítems, de
los cuales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, se
encuentran 8 expedientes en sede judicial.
3.9.1. Habilitaciones
El auditado sostiene que sus locales se encontrarían exentos del poder de policía
local en razón a la utilidad púb lica de los mismos (art. 75 inc. 30 de la Constitución
Nacional) y que sólo corresponde el control de la CNC como órgano de control del
servicio público postal, por lo que no le correspondería solicitar la habilitación municipal
de los locales donde funciona el correo oficial.
El argumento utilizado por la contraparte es que, el poder de policía de la CNC
no abarca aspectos relacionados con la salubridad, seguridad e higiene, sosteniendo que
corresponde a la autoridad local aquellos aspectos urbanísticos y comerciales, por lo que
se trataría de distintas materias: por un lado el servicio postal (poder de policía postal), y
por otro cuestiones de seguridad, salubridad, e higiene (poder de policía local), rigiendo
intereses, derechos y deberes de distinta na turaleza.
De las presentaciones efectuadas por la auditada no consta la existencia de
certificado de habilitación en materia de salubridad, higiene y seguridad extendida por
autoridad competente. Solo consta que por nota Nº 523/05 la CNC entiende que su
competencia en la materia es exclusiva y excluyente, según le fuera conferida por la
legislación vigente de la cual se desprende su poder de policía, citando en materia de
habilitación de locales al articulo 4º del Decreto Nº 431/98, incisos g), i), j) y k) del
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Reglamento de Control del Correo Oficial4.
De los juicios auditados pueden destacarse a título ilustrativo los siguientes
casos:
1. En el Expediente Nº 9563/05, radicado en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las sentencias allí dictadas son adversas en todas sus instancias
sosteniendo que el poder de policía en cuanto a salubridad, higiene y seguridad lo
tienen las autoridades locales sin perjuicio del poder de policía que la CNC tiene en
razón a la materia específica que hace al objeto de la sociedad. A la fecha la causa
llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde allí se encuentra aún sin resolución (Expte.
Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 22 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Unica, Correo Oficial de la República Argentina S.A. s. falta
de habilitación y otras).
2. En la jurisdicción del Municipio de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires,
se ordena la clausura de locales de CORASA y se intima al cobro de las tasas por
habilitación municipal. En razón de ello CORASA inicia una acción declarativa con el
objeto de que la justicia declare ilegitima e inconstitucional la pretensión de la
Municipalidad de Malvinas Argentinas de someter al Correo al poder de policía
municipal. Aún no hay resolución sobre el fondo de la cuestión aunque en forma
cautelar se resolvió levantar las clausuras hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo
(Expte. Nº 62.914/04, Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo Nº 1, Secretaría Nº 2 de San Martín, Provincia de Buenos
4 Titulo II. Capitulo I. Decreto 431/98. Articulo 3 : La CNC ejerce el poder de Policía de los servicios postales; aplicando y controlando el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en la materia, en particular de las obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, Circulares aclaratorias y el Contrato de Concesión. Articulo 4: Sus atribuciones, derechos y responsabilidades, son: …incisos .g) verificar que la población tiene acceso a la provisión de la mayor cantidad y calidad de servicios acordes con la evolución tecnológica d e la actividad postal y conexas; i) Controlar que, en los casos en que el Concesionario haya mudado oficinas de atención al público de la ubicación en que la recibió, se hayan arbitrado los medios para que la localidad en la que se encuentra la oficina mudada no quede sin la cobertura necesaria para satisfacer, como mínimo, el servicio en la forma en que se prestaba antes de la concesión; j) Comprobar que se mantienen como mínimo el número de puntos de atención que existían cuando se tomó la concesión; k) Verificar que, cuando se hayan
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Aires, Correo Oficial de la República Argentina S.A. c. Municipalidad de Malvinas
Argentinas s. acción declarativa de certeza).
3. En el Expediente Nº 116.861/06, radicado en los tribunales de San Martín (Provincia
de Buenos Aires), tramita un amparo interpuesto contra la Municipalidad de Tigre. La
sentencia de primera instancia resulta desfavorable a CORASA y se encuentra
recurrida. La sentencia declara abstracto el amparo ya que no existió clausura del local
(Expte. Nº, Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo Nº 1, Secretaría Nº 1 de San Martín, Provincia de Buenos Aires,
Correo Oficial de la República Argentina S.A. c. Municipalidad de Tigre s. amparo).
A la fecha de cierre de las tareas de campo, no existen sentencias firmes en las
causas en trámite, habiendo llegado una de ellas a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y encontrándose pendiente su resolución.
3.9.2. Impuestos
Si bien los argumentos son similares al de las habilitaciones, y por ende, el
auditado entiende que se encontraría exento del pago de tributos municipales y
provinciales, se han tramitado certificados de exención impositivas con diversas
provincias.
La Dirección de Asuntos Legales ha establecido como plan de acción para el año
2007, continuar con la elaboración y celebración de convenios.
3.10. Programa de Propiedad Participada (PPP)
El PPP se crea a partir de la sanción de la Ley Nº 23.696 del 17-08-89, a través
de las disposiciones incluidas en el Capítulo III de la mencionada ley. La Ley fue
reglamentada, en primera instancia, por el Decreto Nº 1.105 del 20-10-89. Con
posterioridad, dicha reglamentación fue modificada mediante el Decreto Nº 584 del 01-04-
93.
modificado las características de las oficinas, el servicio que se presta es igual o mejor que el que se prestaba
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En particular, los artículos 21 y 22 de la Ley disponen lo siguiente:
“Art. 21: El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o hacienda
productivas declaradas “sujeta a privatización”, podrá ser adquirido en todo o en parte a
través de un “Programa de Propiedad Participada” según lo establecido en los artículos
siguientes.”
“Art. 22: SUJETOS ADQUIRENTES Podrán ser sujetos adquirentes en un Programa
Propiedad Participada los enumerados a continuación:
a) Los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan relación de
dependencia. No podrá ser sujeto adquirente el personal eventual ni el contratado, ni
los funcionarios y asesores designados en representación del Gobierno o sus
dependencias.
b) Los usuarios titulares de servicios prestados por el ente a privatizar.
c) Los productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituye la
actividad del ente a privatizar.”
En tanto que por Decreto Nº 2.686 del 27-12-91 se dispone la intervención del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en todo proceso de privatización en la que
pudiera adoptarse un PPP en los términos del art. 21 de la Ley Nº 23.696.
En ese contexto por Decreto Nº 214 del 24-01-92 y a efectos de la
reestructuración de los servicios de Correo (Ley Nº 20.216), entre otras disposiciones, se
crea la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos S.A. (ENCOTESA) cuyo objeto es
atender la cobertura geográfica y prestacional que cumplía hasta entonces la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL).
En especial, por el art. 9º del citado decreto se establecía que el capital de
ENCOTESA estaba representado por acciones de diversas categorías, a saber:
al inicio de la concesión para la localidad de que se trate.
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“a) El 51% -como mínimo- de las acciones con derecho a voto a favor del Estado
Nacional.
b) Hasta el 14% de las acciones con derecho a voto será reservado para los empleados
de ENCOTESA, las que se canalizarán a través de un PPP.
c) Hasta el 35% del capital accionario estará reservado a sociedades o empresas
operadoras de correos.”
Recién con fecha 24-03-97 y a través del Decreto Nº 265/97 (art. 1º) se convoca
a Licitación Pública Nacional e Internacional a los fines de otorgar concesión de todos los
servicios postales, monetarios y de telegrafía que en ese entonces prestaba ENCOTESA.
Por el art 3º se aprueban el Pliego de Bases y Condiciones y el Modelo de
Contrato de Concesión que como Anexos integran el citado decreto. Asimismo, mediante
el art. 7º se deroga su similar Nº 9 del Decreto Nº 214/92.
No obstante, cabe resaltar que uno de los considerandos del decreto que se
comenta, textualmente se señala:
“Que el Poder Ejecutivo Nacional mantiene en el Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitación Pública Nacional e Internacional, el pleno respeto a las condiciones
laborales de los trabajadores de la ENCOTESA, y prevé la participación de los mismos,
con el CATORCE POR CIENTO (14%) de las acciones del capital social de la sociedad
concesionaria, mediante la constitución de un Programa de Propiedad Participada en los
términos del artículo 21 de la Ley Nº 23.696, encontrándose los aportes de capital de los
trabajadores a cargo del Estado Nacional, mediante la cesión de los bienes muebles de la
actual prestadora postal oficial”.
Con fecha 25-08-97 y por Decreto Nº 819, se designan:
a) Representante del PEN a los efectos de formalizar el acto de suscripción del Estatuto
de la sociedad concesionaria que tendrá a su cargo los servicios postales, monetarios y
de telegrafía que presta ENCOTESA.
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b) Directores Titular y Suplente en representación del 14% de las acciones en la sociedad
concesionada hasta tanto se instrumente el PPP en los términos de la Ley Nº 23.696.
c) Síndicos Titular y Suplente en representación del capital accionario mencionado
precedentemente.
En tanto, por Decreto Nº 840 de la misma fecha se disponen los aspectos
principales, que suc intamente, se detallan a continuación:
a) Se aprueba el Estatuto Social de Correo Argentino S.A. (e.f.) presentado por la
empresa adjudicataria.
b) Se adjudican todos los servicios que prestaba ENCOTESA a Correo Argentino S.A.
c) Se declara en proceso de liquidación a ENCOTESA y se constituye la Comisión
Liquidadora a tal efecto.
Con posterioridad, el 29/12/98 a través del Decreto Nº 1.560 se faculta a la
Secretaría de Comunicaciones a aprobar el Formulario de Adhesión al Programa de
Propiedad Participada, el Acuerdo General de Transferencia y el Convenio de Sindicación
de Acciones, que deberán suscribir los trabajadores de la empresa Correo Argentino S.A.
que adhieran al PPP (art. 1°) y la instruye para que, conforme la normativa vigente en la
materia, proceda a realizar todos los actos necesarios para instrumentar esta cesión (art.
2°).
Por el artículo 3° de dicho decreto se aclara que conforme al numeral 3.13 del
Pliego de Bases y condiciones de la licitación aprobada por Decreto N° 265, la cesión a
favor de los trabajadores del 14% del capital accionario, lo es con carácter gratuito, con
cargo a la adhesión al Programa, al Acuerdo General y al Convenio de Sindicación que
oportunamente se apruebe.
Con fecha 25/06/99 la Secretaría de Comunicaciones mediante la Resolución N°
18.317 establece los requisitos que deberá reunir el personal de la ex ENCOTESA para
adherir al PPP de Correo Argentino S.A. y por su similar Nº 18.318 aprueba el Formulario
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de Adhesión al PPP, el Acuerdo General de Transferencia y el Convenio de Sindicación de
Acciones.
Dichas Resoluciones fueron objeto de sucesivos recursos interpuestos, tanto por
las Entidades representativas como directas del propio personal de la ex ENCOTESA. En
tal sentido por Memorando N° 232/03 la Dirección de Asuntos Legales de Correo
Argentino S.A. dirigido a la Presidencia de la empresa se adjunta listado de reclamos
telegráficos vinculados al PPP, los que fueron recibidos por Correo Argentino S.A. desde
el inicio de la concesión hasta la fecha (Total 110 requerimientos).
La falta de definición en la implementación del mencionado Programa fue
materia de inquietud en sede parlamentaria manifestada a través del Proyecto de
Declaración (Sesiones Ordinarias 2003 - Orden del Día N° 3057) según el cual, con fecha
30/10/03, se señala que la Cámara de Diputados de la Nación “…vería con agrado que el
Poder Ejecutivo…arbitre los medios necesarios a fin de conformar definitivamente la
comisión de régimen de propiedad participada, correspondiente a la empresa Correo
Argentino S.A., de acuerdo a lo previsto en la ley 23.696 y la resolución SC 181/02,…).
En este escenario y sin que el PPP previsto por las normas antes de ahora
detalladas se haya implementado, se rescinde mediante Decreto N° 1075 del 19/11/03 el
contrato de concesión entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A.
Posteriormente y con fecha 11/06/04 se crea por Decreto N° 721 el “Correo
Oficial de la República Argentina - CORASA” sin que a esa altura la no implementación
del PPP para los ex agentes de ENCOTESA y las posibles consecuencias de ello se
hubieran resuelto.
Al respecto resulta pertinente destacar la existencia de un proyecto de ley
ingresado el 13/12/06 por la Mesa de Entradas del Senado de la Nación (expediente N°
4496/06) según el cual básicamente, se propone el reconocimiento por parte del gobierno
nacional de “una indemnización económica a favor de los ex agentes de ENCOTESA
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Sociedad del Estado -encuadrados en el artículo 22° de la ley 23.696, y que estuvieran en
relación de dependencia con la empresa al 24 de enero de 1992-, que no hayan podido
acogerse al Programa de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en
razón de la demora en la instrumentación del mismo, o que, incorporados hubiesen sido
excluidos.”
Por último corresponde tener en cuenta, dado que evidencia una situación sin
solución definitiva, que la propia CORASA recibió requerimientos de “indemnización
compensatoria” como consecuencia del PPP no realizado.
3.11. Tercerización de servicios - Solidaridad
El Correo Oficial ha tercerizado tareas vinculadas al desenvolvimiento de la
empresa mediante la adjudicación del “Pedido Abierto”5 a proveedores ya acreditados,
quienes prestan esos servicios con personal de su dependencia y/o subcontratando a otra
empresa que a su vez puede tener o no personal dependiente.
En este sentido, el art. 30 de la LCT establece que “quienes cedan total o
parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o
subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes
a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito,
deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas
relativas al trabajo y los organismos de seguridad social…. El incumplimiento de alguno
5 El “Pedido Abierto” es una modalidad de relación contractual con el proveedor bajo la figura del “Contrato Marco”. En el “Pedido Abierto”, se define el precio con el proveedor, no así las cantidades a adquirir. Los Requerimientos de Entrega se instrumentan conforme el procedimiento descripto en la Norma MM-AF-0023. Se utiliza para la adquisición sucesiva de materiales y/o servicios a mediano y largo plazo con el proveedor basada en el hecho de que los ítems adquiridos son insumos de uso permanente o consumo previsible ya se trate de bienes con o sin gestión de stock, de servicios o de pedidos de obra. Tiene un plazo de vigencia máximo de tres años, con cláusula de rescisión cuando las características del bien o servicio lo requieran. Gestión de Compras deberá recotizar los precios de los Pedidos Abiertos cada doce meses, siempre que no existan razones estratégicas o económicas para prorrogarlo, en este caso deberán documentarse los motivos y la prórroga no puede superar el plazo de tres meses renovables. Ver Informe de Auditoría aprobado por Resolución 107/07 (Auditoría de gestión – Contrataciones Relevantes y su Síntesis - Correo Oficial de la República Argentina SA).
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de los requisitos harán responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los
cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la
prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral
incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social".
Del análisis de la muestra de juicios laborales, se constata que el auditado es
demandado por quienes, aduciendo ser empleados del proveedor, responsabilizan
solidariamente al CORREO por aplicación del art. 30 de la LCT, no obstante que, en
algunos casos, su vínculo con el proveedor estaba encuadrado en una locación de servicio.
En los contratos aludidos se establecía, entre otros recaudos y sin hacer distingo
si las tareas eran o no propias del giro de la empresa, que el CORREO debía controlar al
contratista exigiéndole respecto del personal afectado al servicio, la exhibición de toda la
documentación que acredite el cumplimiento de todas las obligaciones que surjan de la
relación laboral en cuanto a los aportes, contribuciones, registros y otras formalidades
exigidas por la normativa vigente, con cada factura correspondiente al cierre de cada mes.
La verificación de las obligaciones mencionadas precedentemente, se hace extensiva al
subcontratista del contratista, a quien deberá exigírsela a su vez.
El incumplimiento de tales obligaciones dará derecho a la empresa a intimarlo a
regularizar la situación en un plazo de diez (10) días; si vencido dicho término subsistiera
su inobservancia, la empresa quedará facultada a rescindir el “Pedido Abierto” con causa,
respondiendo el contratista por los daños y perjuicios que tales incumplimientos pudiera
ocasionar, sin que lo asista derecho a ningún tipo de reclamos.
Dicho control propende por un lado, a encuadrar la actividad en lo normado por
el art. 30 de la LCT, como modo idóneo de evitar que estas prestaciones a cargo de
personal ajeno a la empresa, pueda convertirse en una fuente de litigiosidad en su perjuicio.
Por otra parte, resulta necesario puntualizar que la subcontratación de otros
prestadores autónomos queda condicionada a la aceptación formal de tal tercerización por
20
parte del organismo auditado.
Cabe advertir que a pesar de estar pactada la obligación de asegurar la
indemnidad del Correo por parte del proveedor, sus cesionarios o contratistas, el auditado
podría eventualmente verse constreñido a responder económicamente en forma solidaria en
el supuesto de insolvencia del proveedor, ante cualquier omisión de alguno de los
requisitos previstos por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
4. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
4.1. La empresa no ha implementado formalmente y aprobado por autoridad competente el
Organigrama integral de su estructura, ni consecuentemente, ha elaborado los respectivos
manuales de Misiones y Funciones.
Excepcionalmente la Dirección de Recursos Humanos se ha autoformulado un
organigrama del área y una descripción de funciones y acciones para cada sector, los que
no cuentan con el acto de aprobación por la máxima autoridad de la Empresa. En tanto la
Dirección de Asuntos Legales desarrolló un proyecto de dicho documento, el que
representa en parte su actual desempeño, pero tampoco se encuentra aprobado por
autoridad competente.
4.2. Ninguna de las áreas auditadas cuentan con manuales de procedimientos
implementados. La Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical solo ha definido algunas
premisas relacionadas con los procesos judiciales. Las pautas para su desenvolvimiento en
general son verbales, excepto la existencia de algunos instructivos específicos relacionados
a casos particulares de la gestión de juicios.
4.3. No obstante su dependencia jerárquica, de hecho no existe supervis ión jurídico-
profesional sobre la actividad desplegada por la Gerencia de Gestión Legal, Laboral y
Sindical, por parte del Director de Recursos Humanos, según surge de comunicación
interna del 12/6/06. Por otro lado, si bien existe obligación de remitir información a la
Dirección de Asuntos legales, se han verificado falencias de comunicación entre ambas
21
áreas auditadas a los efectos de permitir el seguimiento de las causas laborales por parte de
la Dirección de Asuntos Legales.
4.4. Si bien los letrados del área auditada no pertenecen al Cuerpo de Abogados del Estado,
no se da cumplimiento con lo dispuesto por el Decreto N° 1116/00 y la Resolución PTN Nº
2/2000 que obliga al servicio jurídico a informar a la Procuración del Tesoro de la Nación
sobre todos los juicios a su cargo. Solamente algunas causas judiciales son informadas -vía
juzgado y en cumplimiento de la Ley Nº 25.344- a la PTN. En este sentido, no se encuentra
implementado el sistema Advocatus.
En cuanto a los sistemas de información, la Dirección de Asuntos Legales y la
Gerencia de Gestión Legal, Laboral y Sindical carecen de un registro en el que se
consignen los vencimientos y las fechas de las audiencias, que permita efectuar el control
de los plazos y el seguimiento del estado de las causas.
En la base de datos, la información obrante en ella es insuficiente y/o errónea.
Así, de aquella no surge claramente el fuero en trámite (Expte. Nº 230.290, Juzgado en lo
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c.
Estado Nacional s. ejecución fiscal); o figura con monto “0” cuando existe una estimación
de monto del orden de $ 157.929.- (Expte. Nº 6707/4, Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9, Secretaría 17, VIDAL, José María y otros
c. Estado Nacional s. proceso de conocimiento); o consta como fecha de mora el año
“1900” (Expte. Nº 5838/05, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Federal Nº 10, Secretaría 20, CACERES, Germán Aldo c. Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y otro s. proceso de conocimiento).
4.5. Contratación de letrados en el interior
4.5.1. De los contratos suscriptos con los corresponsales en el interior del país
remitidos por la Dirección de Asuntos Legales, y de su cotejo con las bases de datos
entregadas por el organismo auditado, surge que existen letrados que llevan causas y que
no poseen contrato escrito, superponiéndose en algunas zonas con letrados contratados. En
22
este sentido se constata una falta de identificación y registración de convenios y
compromisos con los abogados del interior encargados de la gestión jurídica de causas
laborales allí radicadas.
4.5.2. De los antecedentes de las contrataciones de los corresponsales, brindados por el
auditado no surge que se hayan contemplado los principios de transparencia, competencia
y publicidad receptados en el artículo 12 del Decreto Nº 721/04. En este sentido no hay
constancias de convocatoria, publicación en la página web de la empresa, ni invitaciones a
los posibles oferentes.
4.6. Carpetas judiciales
4.6.1. En 5 causas donde se dirime la aplicabilidad del Programa de Propiedad
Participada (vgr. CANET, Rodolfo Gabino; VIDAL, José María y otros; NIGLIA, Miguel
Ángel; CACERES Germán Aldo y CARBALLO, Mario), existe confusión procesal en
cuanto a la dependencia del Estado Nacional que actúa como demandado o en carácter de
tercero citado a juicio. Ello ha causado que tomen intervención en los juicios, tres servicios
jurídicos (CORASA, Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo), pudiendo
ello poner en riesgo la defensa del Estado en juicio. En este sentido cabe recordar que la
Procuración del Tesoro de la Nación ha establecido un procedimiento de unificación de la
representación procesal para casos similares, entendiendo que el Estado Nacional debe ser
rigurosamente entendido como una unidad institucional, teleológica y ética.
4.6.2. Observaciones Formales. En las carpetas auditadas faltan elementos esenciales
de la causa respectiva o bien las copias obrantes en las mismas no poseen orden
cronológico (Ver Anexo I).
4.7. Evaluación de riesgos de litigiosidad
4.7.1. Habilitaciones
Del relevamiento de la normativa vigente respecto a la habilitación de locales,
no surge una clara conceptualización de las competencias atribuidas a la CNC en la
23
materia, provocando dicha imprecisión, la invocación por parte del auditado, de
argumentos jurídicos de base vulnerable.
4.7.2. Programa de Propiedad Participada
La no implementación del PPP a favor de los agentes de la ex ENCOTESA, en
instancias del otorgamiento en concesión de los servicios de correo a la empresa Correo
Argentino S.A., genera un escenario de litigiosidad que puede afectar económicamente
tanto al Estado Nacional como, eventualmente, a la propia empresa CORASA.
4.7.3. Tercerización - Solidaridad
Se ha constatado que el administrador del contrato (en el caso particular, la
Gerencia de Transporte y Logística con relación a la empresa Logística de Avanzada S.A.)
no cumple con la tarea de control que prevé el art. 30 LCT y el propio pedido abierto o
contrato, ni lo dispuesto por la normativa interna AD-OO-0103, en relación al
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas que surjan de la relación laboral en
cuanto a los aportes, contribuciones, registros y otras formalidades exigidas por la
normativa vigente, con cada factura correspondiente al cierre de cada mes, tanto para los
dependientes del contratista como los del subcontratista y otros posibles adquirentes de
esos derechos.
Tampoco se cumple con la previa exigencia y control de la existencia de la
autorización previa, expresa y por escrito por parte de CORASA, en los casos en que se
produzca una subcontratación.
5. DESCARGO DEL ORGANISMO
CORASA en su descargo indica haber realizado gestiones tendientes a
regularizar los aspectos observados en el punto 4.7.3.
24
Asimismo, manifiesta discrepancias respecto de las observaciones 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7.1 y 4.7.2., pero no ha aportado evidencia adicional a la que fuera
considerada al momento de las tareas de campo, o expresa haber tomado medidas
correctivas y cuya implementación y suficiencia podrán ser consideradas en el marco de
futuros proyectos de auditoría.
6. RECOMENDACIONES.
6.1. Aprobar por autoridad competente el organigrama integral de la Organización que
incluya los respectivos manuales de misiones y funciones desarrolladas por cada sector de
la empresa. (Cde. a 4.1).
6.2. Elaborar los manuales de normas y procedimientos que contemplen la regulación de
las responsabilidades asignadas a cada sector y las tareas en ellos desarrolladas, así como
la ejecución y control de los procedimientos aplicados a los fines de regular eficientemente
la gestión de las áreas auditadas. (Cde. a 4.2.).
6.3. Establecer mecanismos de gestión que permitan implementar una adecuada
supervisión jurídica de la Gerencia Legal, Laboral y Sindical por parte de la Dirección de
Asuntos Legales, así como también una óptima comunicación entre ambas unidades. (Cde.
a 4. 3.).
6.4. Coordinar con la Procuración del Tesoro de la Nación a fin de poder informarle
mensualmente los movimientos de los juicios de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Nº
1116/2000 y la Resolución PTN 2/2000. Confeccionar un registro en el que se consignen
los vencimientos y las fechas de las audiencias, de modo que permita efectuar el control
del cumplimiento de plazos y el seguimiento del estado de las causas. (Cde. a 4.4).
6.5. Evaluar la posibilidad de intervención de letrados contratados en aquellas causas
tramitadas por abogados sin contrato escrito, a fin de evitar la superposición de letrados en
una misma zona geográfica.
25
Seria deseable que se adopte un procedimiento que garantice la finalidad de
seleccionar la mejor oferta para celebrar un contrato, que sin perjuicio a estar dirigido a
personas o empresas determinadas por razones de especialidad garantice la mayor
concurrencia posible mediante un adecuado sistema de publicidad de la convocatoria y
transparencia en la adjudicación. (Cde. a 4.5.1 y.4.5.2.).
6.6. Adoptar los cursos de acción necesarios con el fin de unificar la representación en el
servicio jurídico que se encuentre en mejores condiciones técnicas y legales para continuar
el juicio, previa intervención del Sr. Procurador del Tesoro de la Nación atento la
existencia de dos servicios jur ídicos que integran el Cuerpo de Abogados del Estado -
Secretaría de Comunicaciones y el Ministerio de Trabajo-. (Cde. a 4.6.1.).
Establecer expresamente las formalidades que deben reunir las carpetas de
seguimiento de juicios como modo de posibilitar el control de los expedientes en trámite.
(Cde. a 4.6.2.).
6.7. Adoptar las medidas necesarias a fin de instar a la autoridad competente el
establecimiento de la definición normativa respectiva en lo referente a la habilitación de
los locales de la sociedad auditada. (Cde. a 4.7.1).
6.8. Proponer por ante las autoridades correspondientes la implementación de medidas que
resuelvan la situación producida por la no aplicación del PPP para agentes de la ex
ENCOTESA, prevista reiteradamente en la normativa analizada en el Punto 3. (Cde. a
4.7.2).
6.9. Cumplir estrictamente con las estipulaciones previstas en el respectivo “Pedido
Abierto” vigente o a suscribir en el futuro, debiendo implementarse un sistema que acredite
el cumplimiento por el empleador de los requisitos exigidos por el art. 30 de la L.C.T, de
conformidad con la normativa interna AD-OO-0103. Igual temperamento se debería
adoptar por cada subcontratista o cesionario, incluyendo la aceptación previa, expresa y
por escrito por parte de CORASA de la subcontratación (Cde. a 4.7.3).
26
7. CONCLUSIONES
Las condiciones de organización administrativa que se comentan en los Puntos
4.1., 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1 y 4.6 constituyen un obstáculo para el mejoramiento de la calidad
operativa de la entidad, y confluyen hacia un escenario propicio para que se produzcan
anomalías de funcionamiento y de control, que redundarían en ineficiencias en el
seguimiento de las causas judiciales.
La situación en la que se encuentran algunos letrados en el interior del país
(corresponsales) descripta en el punto 4.5.2, denota falta de transparencia, competencia y
publicidad en la contratación de los mismos.
Los ítems comentados en el punto 4.7, generan factores de litigiosidad que
requieren importantes despliegues de actividad por parte de las áreas auditadas, y que
podrían conllevar perjuicios patrimoniales.
BUENOS AIRES,
27
ANEXO I
CARPETA OBSERVACIÓN
CANET, Rodolfo c/ E.N. –Secr. de
Comunicaciones y otro s/ demanda por P.P.P.
No hay copia de demanda y la contestación no
tiene cargo
CORASA c/ Municipalidad de Tigre s/ amparo El informe del art 8 de la ley de amparo se
encuentra separado de la carpeta
ASOCIACIÓN FRANCESA FILANTRÓPICA
Y DE BENEFICENCIA s/ concurso preventivo
No existe en la carpeta la resolución que
prorroga el plazo de verificación
GIGENA, Esteban c/ CORASA s/ despido Falta copia de pericia
VAGO, Pablo c/ CORASA s/ despido Escrito solicitando nulidad no tiene cargo del
