LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Diario Oficial de la Federacin 7 de noviembre de 1996
ltima reforma publicada DOF 28 de enero de 2009
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Unidos Mexicanos.- Presidencia de la Repblica.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEN, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unin, se ha servido dirigirme el
siguiente
D E C R E T O
"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPTULO NICO
NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIN DE LA LEY
__________
Artculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas
para la investigacin, persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin
de las penas, por los delitos cometidos por algn miembro de la
delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y de
aplicacin en todo el territorio nacional.
ES UNA LEY ESPECIAL QUE ATENDIENDO AL PRINCIPO DE LA
ESPECIALIDAD, STA PREVALECE SOBRE OTRAS COMO SERA:
a) Cdigo Penal Federal.
- Figuras jurdica del Libro I:
Prescripcin.
- Acerca de las figuras delictivas que aparecen en la Ley
b) Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
Investigacin.
Persecucin.
Procesamiento.
Sancin
c) Ley de Normas Mnimas
Ejecucin de las penas._________________________
Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas se organicen de hecho
para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s
o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o
algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese solo
hecho, como miembros de la delincuencia organizada:
I. Terrorismo, previsto en los artculos 139 al 139 Ter y
terrorismo internacional previsto en los artculos 148 Bis al 148
Quter; contra la salud, previsto en los artculos 194 y 195, prrafo
primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los
artculos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia
ilcita, previsto en el artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo
424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal;II. Acopio y trfico de
armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos;
III. Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la
Ley General de Poblacin;
IV. Trfico de rganos, previsto en los artculos 461, 462 y 462
bis de la Ley General de Salud, y
V. Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo
previsto en el artculo 201; Pornografa de personas menores de
dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen
capacidad para resistirlo, previsto en el artculo 202; Turismo
sexual en contra de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del
hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo,
previsto en los artculos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas
menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas
que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artculo
204; asalto, previsto en los artculos 286 y 287; secuestro,
previsto en el artculo 366; trfico de menores o personas que no
tiene capacidad para comprender el significado del hecho, previsto
en el artculo 366 Ter, y robo de vehculos, previsto en los artculos
376 Bis y 377 del Cdigo Penal Federal, o en las disposiciones
correspondientes delas legislaciones penales Estatales o del
Distrito Federal, y
VI. Trata de personas, previsto y sancionado en los artculos 5 y
6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Artculo 16
...
Por delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho
de tres o ms personas, para cometer delitos en forma permanente o
reiterada, en los trminos de la ley de la materia.
DIFERENCIA ENTRE:
a) PANDILLA.-
Reunin de tres o ms personas sin fines delictivos
CAPITULO IV
Asociaciones delictuosas
Artculo 164 Bis.- Cuando se cometa algn delito por pandilla, se
aplicar a los que intervengan en su comisin, hasta una mitad ms de
las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos. Se
entiende por pandilla, para los efectos de esta disposicin, la
reunin habitual, ocasional o transitoria, de tres o ms personas que
sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comn algn
delito.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor pblico
de alguna corporacin policiaca, la pena se aumentar hasta en dos
terceras partes de las penas que le corresponda por el o los
delitos cometidos y se le impondr adems, destitucin del empleo,
cargo o comisin pblicos e inhabilitacin de uno a cinco aos para
desempear otro.b) ASOCIACIN DELICTUOSA.-
Reunin de 3 o ms personas con finalidad delictiva (Cualquier
delito).
Artculo 164.- Al que forme parte de una asociacin o banda de
tres o ms personas con propsito de delinquir, se le impondr prisin
de cinco a diez aos y de cien a trescientos das multa.
Cuando el miembro de la asociacin sea o haya sido servidor
pblico de alguna corporacin policial, la pena a que se refiere el
prrafo anterior se aumentar en una mitad y se impondr, adems, la
destitucin del empleo, cargo o comisin pblicos e inhabilitacin de
uno a cinco aos para desempear otro. Si el miembro de la asociacin
pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situacin de retiro, de
reserva o en activo, de igual forma la pena se aumentar en una
mitad y se le impondr, adems la baja definitiva de la Fuerza Armada
a que pertenezca y se le inhabilitar de uno a cinco aos para
desempear cargo o comisin pblicos.c) DELINCUENCIA ORGANIZADA
Reunin de 3 o ms personas con finalidad de cometer delitos
especficos (Artculo 2 de la LFCDO).
Caractersticas primordiales:
1.- Organizacin.
2.- Permanencia.
3.- Jerarqua.
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES.
Artculo 16 Constitucional
Por delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho
de tres o ms personas, para cometer delitos en forma permanente o
reiterada, en los trminos de la ley de la
materia._______________
Artculo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II,
III y IV del artculo anterior, que sean cometidos por algn miembro
de la delincuencia organizada, sern investigados, perseguidos,
procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley.
Los delitos sealados en la fraccin V de dicho artculo lo sern
nicamente si, adems de cometerse por un miembro de la delincuencia
organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin ejerce la facultad
de atraccin. En este caso, el Ministerio Pblico de la Federacin y
las autoridades judiciales federales sern las competentes para
conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn
las penas previstas en las legislaciones de las entidades
federativas.
REFORMAS A LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. JUNIO DE 2008.
La materia de Delincuencia Organizada es de naturaleza
FEDERAL.
PRINCIPIO DE EXCLUSIN para determinar un DELITO FEDERAL Y DEL
FUERO COMN
Artculo 73 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos.
Artculo 73, fraccin XXI.
Artculo 50 de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la
Federacin.__________
Artculo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el
delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia
organizada se le aplicarn las penas siguientes:
I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere
la fraccin I del artculo 2o. de esta Ley:
a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o
supervisin, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a
cuarenta aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa,
o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte
aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das
multa.
II. En los dems delitos a que se refiere el artculo 2o. de esta
Ley:
a) A quien tenga funciones de administracin, direccin o
supervisin, de ocho a diecisis aos de prisin y de quinientos a
veinticinco mil das multa, o
b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho
aos de prisin y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos das
multa.
En todos los casos a que este artculo se refiere, adems, se
decomisarn los objetos, instrumentos o productos del delito, as
como los bienes propiedad del sentenciado y aqullos respecto de los
cuales ste se conduzca como dueo, si no acredita la legtima
procedencia de dichos bienes.
___________
Artculo 5o.- Las penas a que se refiere el artculo anterior se
aumentarn hasta en una mitad, cuando:
I. Se trate de cualquier servidor pblico que participe en la
realizacin de los delitos previstos para la delincuencia
organizada. Adems, se impondrn a dicho servidor pblico, destitucin
e inhabilitacin para desempear cualquier cargo o comisin pblicos,
o
II. Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer
cualesquiera de los delitos a que se refiere esta Ley.
PRINCIPIOS DE LAS SANCIONES:
De legalidad
Exacta aplicacin
No a la analoga
Proporcionalidad.
Non bis in idem
La existencia de un mnimo y mximo.
________________
Artculo 6o.- Los plazos para la prescripcin de la pretensin
punitiva y de la potestad de ejecutar las penas y medidas de
seguridad correspondientes, se duplicarn respecto de los delitos a
que se refiere el artculo 2o. de esta Ley cometidos por miembros de
la delincuencia organizada.
PRINCIPIO DE SUPLETORIEDAD.- ES UNA REGLA ESPECIAL QUE PREVALECE
SOBRE LA GENERAL PREVISTA EN LOS ARTCULOS 100 AL 115 DEL CDIGO
PENAL FEDERAL.
Reglas en el extranjero._____________________
Artculo 7o.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las
disposiciones del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia
de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal,
las del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y las de la
legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas y
medidas de seguridad, as como las comprendidas en leyes
especiales.
PRINCIPIO DE SUPLETORIEDAD.
CDIGO PENAL INEXISTENTE.___________________________________
TTULO SEGUNDO
DE LA INVESTIGACIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
CAPTULO PRIMERO
DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA INVESTIGACIN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Artculo 8o.- La Procuradura General de la Repblica deber contar
con una unidad especializada en la investigacin y persecucin de
delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada,
integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin,
auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y peritos.
La unidad especializada contar con un cuerpo tcnico de control,
que en las intervenciones de comunicaciones privadas verificar la
autenticidad de sus resultados; establecer lineamientos sobre las
caractersticas de los aparatos, equipos y sistemas a autorizar; as
como sobre la guarda, conservacin, mantenimiento y uso de los
mismos.
El Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica, establecer los perfiles y requisitos que debern
satisfacer los servidores pblicos que conformen a la unidad
especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a
las atribuciones que les confiere esta Ley.
Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Pblico de la
Federacin, se entender que se refiere a aquellos que pertenecen a
la unidad especializada que este artculo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podr solicitar la
colaboracin de otras dependencias de la Administracin Pblica
Federal o entidades federativas.
________________________________
Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin
investigue actividades de miembros de la delincuencia organizada
relacionadas con el delito de operaciones con recursos de
procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en coordinacin
con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Los requerimientos
del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial
federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y
financiero, se harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y
de Valores, la Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y Fianzas, segn
corresponda. Los de naturaleza fiscal, a travs de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico.
La informacin que se obtenga conforme al prrafo anterior, podr
ser utilizada exclusivamente en la investigacin o en el proceso
penal correspondiente, debindose guardar la ms estricta
confidencialidad. Al servidor pblico que indebidamente quebrante la
reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los
documentos, se le sujetar al procedimiento de responsabilidad
administrativa o penal, segn corresponda.
DELINCUENCIA FINANCIERA
LEY CREADA EN 1996
ANTECEDENTE LA CRISIS FINANCIERA DE 1994 (El error de diciembre
de 1994).
DIVERSAS CRISIS PREVIAS.
EL NICO DELITO QUE MANTIENE REGLAS ESPECIALES ES ESTA LEY
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
PROBLAMTICA JURDICA DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILCITA. (ARTCULO 400 bis DEL CDIGO PENAL FEDERAL.
ANTECEDENTE DEL DELITO EN EL ARTCULO 115 bis DEL CDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIN.
___________________________________
Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin,
la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico podr realizar auditoras a
personas fsicas o morales, cuando existan indicios suficientes que
hagan presumir fundadamente que son miembros de la delincuencia
organizada.
INTERVENCIN DE LA SHCP EN EL COPMBATE CONTRA LA DELINCUENCIA
FINANCIERA
PARTICIPACIN DE OTROS RGANOS DE LA SHCP COMO:
LA COMISIN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. (UIF).
IMPORTANCIA DE LOS INDICIOS
___________________________________
Artculo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los
delitos a que se refiere esta Ley, la investigacin tambin deber
abarcar el conocimiento de las estructuras de organizacin, formas
de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el Procurador
General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes.En
estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que
pertenezcan a esta organizacin, sino las personas morales de las
que se valgan para la realizacin de sus fines delictivos.
INFILTRACIN DE AGENTES
________________________________________
Artculo 11 Bis.- El Titular del rgano previsto en el artculo 8
podr autorizar la reserva de la identidad de los agentes de la
polica infiltrados, as como de los que participen en la ejecucin de
rdenes de aprehensin, detenciones en flagrancia y cateos
relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, mediante
resolucin fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigacin,
imposibilitando que conste en la averiguacin previa respectiva su
nombre, domicilio, as como cualquier otro dato o circunstancia que
pudiera servir para la identificacin de los mismos.
En tales casos, se asignar una clave numrica, que slo ser del
conocimiento del Procurador General de la Repblica, del Titular del
rgano antes citado, del Secretario de Seguridad Pblica y del
servidor pblico a quien se asigne la clave.
En las actuaciones de averiguacin previa, en el ejercicio de la
accin penal y durante el proceso penal, el Ministerio Pblico y la
autoridad judicial citarn la clave numrica en lugar de los datos de
identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Pblico acreditar
ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se haya autorizado
el otorgamiento de la clave numrica y que sta corresponde al
servidor pblico respectivo, preservando la confidencialidad de los
datos de identidad del agente. En caso de que el agente de la
polica cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir
personalmente en diligencias de desahogo de pruebas, se podr
emplear cualquier procedimiento que garantice la reserva de su
identidad.
AGENTE INFILTRADO.- SLO SE CONOCER CON CLAVE NUMRICA.
_______________________________________
CAPTULO SEGUNDO
DE LA DETENCIN Y RETENCIN DE INDICIADOS
Artculo 12.- El Juez podr dictar el arraigo, a solicitud del
Ministerio Pblico de la Federacin, en los casos previstos en el
artculo 2o. de esta Ley y con las modalidades de lugar, tiempo,
forma y medios de realizacin sealados en la solicitud, siempre que
sea necesario para el xito de la investigacin, para la proteccin de
personas, de bienes jurdicos o cuando exista riesgo fundado de que
el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia, sin que esta
medida pueda exceder de cuarenta das y se realice con la vigilancia
de la autoridad, la que ejercer el Ministerio Pblico de la
Federacin y la Polica que se encuentre bajo su conduccin y mando
inmediato en la investigacin.
La duracin del arraigo podr prolongarse siempre y cuando el
Ministerio Pblico acredite que subsisten las causas que le dieron
origen, sin que la duracin total de esta medida precautoria exceda
de ochenta das. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARRAIGO.
Artculo 16
La autoridad judicial, a peticin del Ministerio Pblico y
tratndose de delitos de delincuencia organizada, podr decretar el
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que
la ley seale, sin que pueda exceder de cuarenta das, siempre que
sea necesario para el xito de la investigacin, la proteccin de
personas o bienes jurdicos, o cuando exista riesgo fundado de que
el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Este plazo
podr prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Pblico acredite
que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la
duracin total del arraigo no podr exceder los ochenta das.Ningn
indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por ms de
cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su libertad o
ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este plazo podr
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto ser sancionado
por la ley
penal.________________________________________________
CAPTULO TERCERO
DE LA RESERVA DE LAS ACTUACIONES EN LA AVERIGUACIN PREVIA
Artculo 13.- A las actuaciones de averiguacin previa por los
delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente debern tener
acceso el indiciado y su defensor, nicamente con relacin a los
hechos imputados en su contra, por lo que el Ministerio Pblico de
la Federacin y sus auxiliares guardarn la mayor reserva respecto de
ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base a
la informacin recibida, puedan presentar las pruebas de descargo
que juzguen oportunas.
No se conceder valor probatorio a las actuaciones que contengan
hechos imputados al indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso
a las mismas al Ministerio Pblico de la Federacin, se le haya
negado.
Artculo 20.
Apartado B
VI. Le sern facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrn acceso a los registros de la
investigacin cuando el primero se encuentre detenido y cuando
pretenda recibrsele declaracin o entrevistarlo. Asimismo, antes de
su primera comparecencia ante juez podrn consultar dichos
registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A
partir de este momento no podrn mantenerse en reserva las
actuaciones de la investigacin, salvo los casos excepcionales
expresamente sealados en la ley cuando ello sea imprescindible para
salvaguardar el xito de la investigacin y siempre que sean
oportunamente revelados para no afectar el derecho de
defensa;______________________________________
Artculo 14.- Cuando se presuma fundadamente que est en riesgo la
integridad de las personas que rindan testimonio en contra de algn
miembro de la delincuencia organizada deber, a juicio del
Ministerio Pblico de la Federacin, mantenerse bajo reserva su
identidad hasta el ejercicio de la accin penal.
TESTIGO
PROTEGIDO.
Artculo 20. Apartado A. De los principios generales:I. El
proceso penal tendr por objeto el esclarecimiento de los hechos,
proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y
que los daos causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez, sin que
pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoracin de las
pruebas, la cual deber realizarse de manera libre y lgica;
III. Para los efectos de la sentencia slo se considerarn como
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de
juicio. La ley establecer las excepciones y los requisitos para
admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza
requiera desahogo previo;
IV. El juicio se celebrar ante un juez que no haya conocido del
caso previamente. La presentacin de los argumentos y los elementos
probatorios se desarrollar de manera pblica, contradictoria y
oral;V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo
penal. Las partes tendrn igualdad procesal para sostener la
acusacin o la defensa, respectivamente;
VI. Ningn juzgador podr tratar asuntos que estn sujetos a
proceso con cualquiera de las partes sin que est presente la otra,
respetando en todo momento el principio de contradiccin, salvo las
excepciones que establece esta Constitucin;Artculo 20. Apartado B.
De los derechos de toda persona imputada:
V. Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o tribunal. La
publicidad slo podr restringirse en los casos de excepcin que
determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad
pblica, proteccin de las vctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelacin de datos legalmente protegidos, o
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para
justificarlo.
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la
fase de investigacin podrn tener valor probatorio, cuando no puedan
ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o vctimas.
Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o
impugnarlas y aportar pruebas en contra;
Artculo 20. Apartado C.- De los derechos de la vctima o del
ofendido:
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los
siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de
delitos de violacin, secuestro o delincuencia organizada; y cuando
a juicio del juzgador sea necesario para su proteccin,
salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Pblico deber garantizar la proteccin de vctimas,
ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan
en el proceso. Los jueces debern vigilar el buen cumplimiento de
esta obligacin;___________________________
CAPTULO CUARTO
DE LAS RDENES DE CATEO Y DE INTERVENCIN DE COMUNICACIONES
PRIVADAS
Artculo 15.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin
solicite por cualquier medio al juez de distrito una orden de cateo
con motivo de la investigacin de alguno de los delitos a los que se
refiere el presente ordenamiento, dicha peticin deber ser resuelta
en los trminos de Ley dentro de las doce horas siguientes despus de
recibida por la autoridad judicial.Si dentro del plazo antes
indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el
Ministerio Pblico de la Federacin podr recurrir al tribunal
unitario de circuito correspondiente para que ste resuelva en un
plazo igual.
El auto que niegue la autorizacin, es apelable por el Ministerio
Pblico de la Federacin. En estos casos la apelacin deber ser
resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas.
Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una
orden de aprehensin, deber tambin acompaarla de una autorizacin de
orden de cateo, si procediere, en el caso de que sta haya sido
solicitada por el agente del Ministerio Pblico de la Federacin,
debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aqul
que se seale como el de su posible ubicacin, o bien el del lugar
que deba catearse por tener relacin con el delito, as como los dems
requisitos que seala el artculo 16 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos.
__________________________
Artculo 16.- Cuando en la averiguacin previa de alguno de los
delitos a que se refiere esta Ley o durante el proceso respectivo,
el Procurador General de la Repblica o el titular de la unidad
especializada a que se refiere el artculo 8o. anterior, consideren
necesaria la intervencin de comunicaciones privadas, lo solicitarn
por escrito al juez de distrito, expresando el objeto y necesidad
de la intervencin, los indicios que hagan presumir fundadamente que
en los delitos investigados participa algn miembro de la
delincuencia organizada; as como los hechos, circunstancias, datos
y dems elementos que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervencin debern sealar, adems, la persona
o personas que sern investigadas; la identificacin del lugar o
lugares donde se realizar; el tipo de comunicacin privada a ser
intervenida; su duracin; y el procedimiento y equipos para la
intervencin y, en su caso, la identificacin de la persona a cuyo
cargo est la prestacin del servicio a travs del cual se realiza la
comunicacin objeto de la intervencin.
Podrn ser objeto de intervencin las comunicaciones privadas que
se realicen de forma oral, escrita, por signos, seales o mediante
el empleo de aparatos elctricos, electrnicos, mecnicos, almbricos o
inalmbricos, sistemas o equipos informticos, as como por cualquier
otro medio o forma que permita la comunicacin entre uno o varios
emisores y uno o varios receptores.
________________________
Artculo 17.- El juez de distrito requerido deber resolver la
peticin en los trminos de ley dentro de las doce horas siguientes a
que fuera recibida la solicitud, pero en ningn caso podr autorizar
intervenciones cuando se trate de materias de carcter electoral,
fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso
de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Artculo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de
distrito constatar la existencia de indicios suficientes que hagan
presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la
delincuencia organizada y que la intervencin es el medio idneo para
allegarse de elementos probatorios.
En la autorizacin el juez determinar las caractersticas de la
intervencin, sus modalidades y lmites y, en su caso, ordenar a
instituciones pblicas o privadas, modos especficos de
colaboracin.
La autorizacin judicial para intervenir comunicaciones privadas,
que nicamente llevar a cabo el Ministerio Pblico de la Federacin
bajo su responsabilidad, con la participacin de perito calificado,
sealar las comunicaciones que sern escuchadas o interceptadas, los
lugares que sern vigilados, as como el periodo durante el cual se
llevarn a cabo las intervenciones, el que podr ser prorrogado por
el juez de distrito a peticin del Ministerio Pblico de la
Federacin, sin que el periodo de intervencin, incluyendo sus
prrrogas pueda exceder de seis meses. Despus de dicho plazo, slo
podrn autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Pblico de la
Federacin acredite nuevos elementos que as lo justifiquen.
El juez de distrito podr en cualquier momento, verificar que las
intervenciones sean realizadas en los trminos autorizados y, en
caso de incumplimiento, podr decretar su revocacin parcial o
total.
El Ministerio Pblico de la Federacin solicitar la prrroga con
dos das de anticipacin a la fecha en que fenezca el periodo
anterior. El juez de distrito resolver dentro de las doce horas
siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado. De
negarse la prrroga, concluir la intervencin autorizada, debiendo
levantarse acta y rendirse informe complementario, para ser
remitido al juzgador.
Al concluir toda intervencin, el Ministerio Pblico de la
Federacin informar al juez de distrito sobre su desarrollo, as como
de sus resultados y levantar el acta respectiva.
Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes
citadas o fuera de los trminos en ellas ordenados, carecern de
valor probatorio.
_______________
Artculo 19.- Si en los plazos indicados en los dos artculos
anteriores, el juez de distrito no resuelve sobre la solicitud de
autorizacin o de sus prrrogas, el Ministerio Pblico de la Federacin
podr recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente,
para que ste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorizacin o la prrroga, es apelable por
el Ministerio Pblico de la Federacin. En estos casos la apelacin
deber ser resuelta en un plazo no mayor de cuarenta y ocho
horas.
Artculo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones
privadas, el Ministerio Pblico de la Federacin ordenar la
transcripcin de aquellas grabaciones que resulten de inters para la
averiguacin previa y las cotejar en presencia del personal del
cuerpo tcnico de control de la unidad especializada prevista en el
artculo 8o. anterior, en cuyo caso sern ratificadas por quien las
realiz. La transcripcin contendr los datos necesarios para
identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes
impresos que resulten de la intervencin sern igualmente integrados
a la averiguacin.
Las imgenes de video que se estimen convenientes podrn, en su
caso, ser convertidas a imgenes fijas y ser impresas para su
integracin a la indagatoria. En este caso, se indicar la cinta de
donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que
realiz la conversin.
_______________________
Artculo 21.- Si en la prctica de una intervencin de
comunicaciones privadas se tuviera conocimiento de la comisin de
delitos diversos de aqullos que motivan la medida, se har constar
esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepcin de los
relacionados con las materias expresamente excluidas en el artculo
16 constitucional. Toda actuacin del Ministerio Pblico de la
Federacin o de la Polica Judicial Federal, hechas en contravencin a
esta disposicin carecern de valor probatorio.
Cuando de la misma prctica se advierta la necesidad de ampliar a
otros sujetos o lugares la intervencin, el Ministerio Pblico de la
Federacin presentar al juez de distrito la solicitud
respectiva.
Cuando la intervencin tenga como resultado el conocimiento de
hechos y datos distintos de los que pretendan probarse conforme a
la autorizacin correspondiente podr ser utilizado como medio de
prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la intervencin
y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se
refieren a una persona distinta slo podrn utilizarse, en su caso,
en el procedimiento en que se autoriz dicha intervencin. De lo
contrario, el Ministerio Pblico de la Federacin iniciar la
averiguacin previa o lo pondr en conocimiento de las autoridades
competentes, segn corresponda.
________________________
Artculo 22.- De toda intervencin se levantar acta
circunstanciada por el Ministerio Pblico de la Federacin, que
contendr las fechas de inicio y trmino de la intervencin; un
inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de
audio o video que contengan los sonidos o imgenes captadas durante
la misma; la identificacin de quienes hayan participado en las
diligencias, as como los dems datos que considere relevantes para
la investigacin. Las cintas originales y el duplicado de cada una
de ellas, se numerarn progresivamente y contendrn los datos
necesarios para su identificacin. Se guardarn en sobre sellado y el
Ministerio Pblico de la Federacin ser responsable de su seguridad,
cuidado e integridad.
_____________________________
Artculo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, as como todas
las copias existentes y cualquier otro resultado de la intervencin
sern entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito, pondr las cintas a
disposicin del inculpado, quien podr escucharlas o verlas durante
un periodo de diez das, bajo la supervisin de la autoridad judicial
federal, quien velar por la integridad de estos elementos
probatorios. Al trmino de este periodo de diez das, el inculpado o
su defensor, formularn sus observaciones, si las tuvieran, y podrn
solicitar al juez la destruccin de aquellas cintas o documentos no
relevantes para el proceso. Asimismo, podr solicitar la
transcripcin de aquellas grabaciones o la fijacin en impreso de
imgenes, que considere relevantes para su defensa. La destruccin
tambin ser procedente cuando las cintas o registros provengan de
una intervencin no autorizada o no se hubieran cumplido los trminos
de la autorizacin judicial respectiva.
El auto que resuelva la destruccin de cintas, la transcripcin de
grabaciones o la fijacin de imgenes, es apelable con efecto
suspensivo.
__________________________
Artculo 24.- En caso de no ejercicio de la accin penal, y una
vez transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello
suceda, las cintas se pondrn a disposicin del juez de distrito que
autoriz la intervencin, quien ordenar su destruccin en presencia
del Ministerio Pblico de la Federacin. Igual procedimiento se
aplicar cuando, por reserva de la averiguacin previa u otra
circunstancia, dicha averiguacin no hubiera sido consignada y haya
transcurrido el plazo para la prescripcin de la accin penal.
_______________________________
Artculo 25.- En los casos en que el Ministerio Pblico de la
Federacin haya ordenado la detencin de alguna persona conforme a lo
previsto en el artculo 16 constitucional, podr solicitar al juez de
distrito la autorizacin para realizar la intervencin de
comunicaciones privadas, solicitud que deber resolverse en los
trminos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera
recibida, si cumpliera con todos los requisitos establecidos por la
ley.
_________________________________
Artculo 26.- Los concesionarios, permisionarios y dems titulares
de los medios o sistemas susceptibles de intervencin en los trminos
del presente captulo, debern colaborar eficientemente con la
autoridad competente para el desahogo de dichas diligencias, de
conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial
correspondiente.
_______________________________________
Artculo 27.- Los servidores pblicos de la unidad especializada a
que se refiere el artculo 8o. de esta Ley, as como cualquier otro
servidor pblico, que intervengan comunicaciones privadas sin la
autorizacin judicial correspondiente, o que la realicen en trminos
distintos de los autorizados, sern sancionados con prisin de seis a
doce aos, de quinientos a mil das multa, as como con destitucin e
inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos,
por el mismo plazo de la pena de prisin impuesta.
___________________________________________
Artculo 28.- Quienes participen en alguna intervencin de
comunicaciones privadas debern guardar reserva sobre el contenido
de las mismas.
Los servidores pblicos de la unidad especializada prevista en el
artculo 8o. de esta Ley, as como cualquier otro servidor pblico o
los servidores pblicos del Poder Judicial Federal, que participen
en algn proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que
revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de
otro la informacin o imgenes obtenidas en el curso de una
intervencin de comunicaciones privadas, autorizada o no, sern
sancionados con prisin de seis a doce aos, de quinientos a mil das
multa, as como con la destitucin e inhabilitacin para desempear
otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo que la
pena de prisin impuesta.
La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo,
cargo o comisin pblico tengan conocimiento de la existencia de una
solicitud o autorizacin de intervencin de comunicaciones privadas y
revelen su existencia o contenido.El fundamento constitucional
conforme a las reformas de junio de 2008.
Artculo 16
Ningn indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por
ms de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su
libertad o ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este
plazo podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto
ser sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr
expedir, a solicitud del Ministerio Pblico, se expresar el lugar
que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe
limitarse la diligencia, levantndose al concluirla, un acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la
autoridad que practique la diligencia.Las comunicaciones privadas
son inviolables. La ley sancionar penalmente cualquier acto que
atente contra la libertad y privaca de las mismas, excepto cuando
sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares
que participen en ellas. El juez valorar el alcance de stas,
siempre y cuando contengan informacin relacionada con la comisin de
un delito. En ningn caso se admitirn comunicaciones que violen el
deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticin de la
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio
Pblico de la entidad federativa correspondiente, podr autorizar la
intervencin de cualquier comunicacin privada. Para ello, la
autoridad competente deber fundar y motivar las causas legales de
la solicitud, expresando adems, el tipo de intervencin, los sujetos
de la misma y su duracin. La autoridad judicial federal no podr
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carcter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni
en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarn con jueces de control que
resolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
tcnicas de investigacin de la autoridad, que requieran control
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las
vctimas u ofendidos. Deber existir un registro fehaciente de todas
las comunicaciones entre jueces y Ministerio Pblico y dems
autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarn a los requisitos y
lmites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones
que no cumplan con stos, carecern de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podr practicar visitas domiciliarias
nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de polica; y exigir la exhibicin de los libros y
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las
disposiciones fiscales, sujetndose en estos casos, a las leyes
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas
estar libre de todo registro, y su violacin ser penada por la
ley.
En tiempo de paz ningn miembro del Ejrcito podr alojarse en casa
particular contra la voluntad del dueo, ni imponer prestacin
alguna. En tiempo de guerra los militares podrn exigir alojamiento,
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los trminos que
establezca la ley marcial
correspondiente.______________________
CAPTULO QUINTO
DEL ASEGURAMIENTO DE BIENES SUSCEPTIBLES DE DECOMISO
Artculo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan
presumir fundadamente que una persona es miembro de la delincuencia
organizada, el Ministerio Pblico de la Federacin podr disponer,
previa autorizacin judicial, el aseguramiento de los bienes de
dicha persona, as como de aqullos respecto de los cuales sta se
conduzca como dueo, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la
procedencia legtima de dichos bienes, en cuyo caso deber ordenarse
levantar el aseguramiento.
_____________________________
Artculo 30.- Cuando existan indicios suficientes que hagan
presumir fundadamente que hay bienes que son propiedad de un
miembro de la delincuencia organizada, o de que ste se conduce como
dueo, podrn asegurarse con autorizacin judicial previa. Si se
acredita su legtima procedencia, deber ordenarse levantar el
aseguramiento.
______________________________
Artculo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta
Ley, podr realizarse en cualquier momento de la averiguacin o del
proceso.
________________________________
Artculo 32.- Los bienes asegurados se pondrn a disposicin del
juez de la causa, previa determinacin del Ministerio Pblico de la
Federacin de las medidas provisionales necesarias para su
conservacin y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto por los
artculos 40, 41 y 193 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en
Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero
Federal y 181 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
CDIGO PENAL INEXISTENTE.
El fundamento constitucional conforme a las reformas de junio de
2008.
Artculo 22.
No se considerar confiscacin la aplicacin de bienes de una
persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni
cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de
responsabilidad civil derivada de la comisin de un delito. Tampoco
se considerar confiscacin el decomiso que ordene la autoridad
judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilcito en los
trminos del artculo 109, la aplicacin a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono en los trminos de las disposiciones
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare
extinto en sentencia. En el caso de extincin de dominio se
establecer un procedimiento que se regir por las siguientes
reglas:
I. Ser jurisdiccional y autnomo del de materia penal;
II. Proceder en los casos de delincuencia organizada, delitos
contra la salud, secuestro, robo de vehculos y trata de personas,
respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito,
an cuando no se haya dictado la sentencia que determine la
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para
determinar que el hecho ilcito sucedi.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del
delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o
mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se renan los
extremos del inciso anterior.
c) Aquellos que estn siendo utilizados para la comisin de
delitos por un tercero, si su dueo tuvo conocimiento de ello y no
lo notific a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
d) Aquellos que estn intitulados a nombre de terceros, pero
existan suficientes elementos para determinar que son producto de
delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado
por estos delitos se comporte como
dueo.________________________________
Artculo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el
proceso, tomar las determinaciones que correspondan para la
supervisin y control de los bienes asegurados conforme a las
disposiciones de esta Ley. La administracin de bienes asegurados
por el Ministerio Pblico de la Federacin, conforme a las
disposiciones de esta Ley y, en su caso, la aplicacin y destino de
los fondos que provengan de dichos bienes, sern determinados por el
Consejo Tcnico de Bienes Asegurados, previsto en la Ley Orgnica de
la Procuradura General de la Repblica.
_________________________________
CAPTULO SEXTO
DE LA PROTECCIN DE LAS PERSONAS
Artculo 34.- La Procuradura General de la Repblica prestar apoyo
y proteccin suficientes a jueces, peritos, testigos, vctimas y dems
personas, cuando por su intervencin en un procedimiento penal sobre
delitos a que se refiere esta Ley, as se requiera.
_______________________________________
CAPTULO SPTIMO
DE LA COLABORACIN EN LA PERSECUCIN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Artculo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste
ayuda eficaz para la investigacin y persecucin de otros miembros de
la misma, podr recibir los beneficios siguientes:
I. Cuando no exista averiguacin previa en su contra, los
elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguacin
previa iniciada por su colaboracin, no sern tomados en cuenta en su
contra. Este beneficio slo podr otorgarse en una ocasin respecto de
la misma persona;
II. Cuando exista una averiguacin previa en la que el
colaborador est implicado y ste aporte indicios para la consignacin
de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le
correspondera por los delitos por l cometidos, podr ser reducida
hasta en dos terceras partes;III. Cuando durante el proceso penal,
el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a
otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracin, direccin o supervisin, la pena que le correspondera
por los delitos por los que se le juzga, podr reducirse hasta en
una mitad, y
IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas,
suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros
miembros de la delincuencia organizada con funciones de
administracin, direccin o supervisin, podr otorgrsele la remisin
parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de
libertad impuesta.
En la imposicin de las penas, as como en el otorgamiento de los
beneficios a que se refiere este artculo, el juez tomar en cuenta
adems de lo que establecen los artculos 51 y 52 del Cdigo Penal
para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la
Repblica en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos
cometidos por el colaborador. En los casos de la fraccin IV de este
artculo, la autoridad competente tomar en cuenta la gravedad de los
delitos cometidos por el colaborador y las disposiciones que
establezca la legislacin sobre ejecucin de penas y medidas de
seguridad.
NEGOCIACIN CON EL DELINCUENTE
a) Fraccin I.- Caso en que no exista averiguacin previa.
b) Cmo puede contactarse con un miembro de la delincuencia
organizada.
_____________________
Artculo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la
autoinculpacin en contra de quien colabore con el Ministerio Pblico
de la Federacin, a solicitud de ste se le podrn reducir las penas
que le corresponderan hasta en tres quintas partes, siempre y
cuando, a criterio del juez, la informacin que suministre se
encuentre corroborada por otros indicios de prueba y sea relevante
para la detencin y procesamiento de otros miembros de la
delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarqua que el
colaborador.
Diferencia entre la AUTOINCULPACIN Y LA AUTOICRIMINACIN.
LAS PRUEBAS EN MATERIA PENAL.
LA CONFESIONAL. Ser considerada como reina de las pruebas.
Reformas a la Constitucin de junio de 2008.
__________
Artculo 37. Cuando se gire orden de aprehensin en contra de un
miembro de la delincuencia organizada, la autoridad podr ofrecer
recompensa a quienes auxilien eficientemente para su localizacin y
aprehensin, en los trminos y condiciones que, por acuerdo
especfico, el Procurador General de la Repblica determine.
En el caso de secuestro, la autoridad podr ofrecer recompensa a
quienes sin haber participado en el delito, auxilien con cualquier
informacin que resulte cierta y eficaz para la liberacin de las
vctimas o la aprehensin de los presuntos responsables. La autoridad
garantizar la confidencialidad del informante. FIGURA DEL
CAZARECOMPENSA.
ORIGEN ANGLOSAJN.
_________
Artculo 38.- En caso de que se reciban informaciones annimas
sobre hechos relacionados con la comisin de los delitos a que se
refiere esta Ley, el Ministerio Pblico de la Federacin deber
ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de verificarse la
informacin y que de ello se deriven indicios suficientes de la
comisin de estos delitos, se deber iniciar una averiguacin previa,
recabar pruebas o interrogar a testigos a partir de esta
comprobacin, pero en ningn caso dicha informacin, por s sola, tendr
valor probatorio alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la accin penal, se requerir necesariamente
de la denuncia, acusacin o querella correspondiente.
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD.
Acusacin.- Desde 1994 la Constitucin la determin como la
facultad del Ministerio Pblico
Denuncia.-
Querella.- Diversas acepciones.
Los delitos contra la delincuencia organizada son de OFICIO O
DENUNCIA.Artculo 16
No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley seale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en
su comisin.______________________
Artculo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o
documentos que puedan servir de pruebas tiene la obligacin de
exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el Ministerio Pblico
de la Federacin durante la averiguacin previa, o por el juzgador
durante el proceso, con las salvedades que establezcan las
leyes.
___________________________
TTULO TERCERO
DE LAS REGLAS PARA LA VALORACIN DE LA PRUEBA Y DEL PROCESO
CAPTULO NICO
Artculo 40.- Para efectos de la comprobacin de los elementos del
tipo penal y la responsabilidad del inculpado, el juez valorar
prudentemente la imputacin que hagan los diversos participantes en
el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa.
DIFERENCIA ENTRE CUERPO DE DELITO Y ELEMENTOS DEL TIPO.
DESARROLLO HISTRICO DEL CUERPO DEL DELITO Y DE LOS ELEMENTOS DEL
TIPO.
ELEMENTOS DEL DELITO.
Elementos objetivos, normativos y subjetivos.
ELEMENTOS DEL CUERPO DEL SELITO.
Elementos objetivos y normativos.____________________
Artculo 41.- Los jueces y tribunales, apreciarn el valor de los
indicios hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, segn
la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace que
exista entre la verdad conocida y la que se busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrn ser utilizadas por la
autoridad investigadora para la persecucin de la delincuencia
organizada y ser valoradas como tales en otros procedimientos
relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.
La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la
existencia de una organizacin delictiva determinada, ser prueba
plena con respecto de la existencia de esta organizacin en
cualquier otro procedimiento por lo que nicamente sera necesario
probar la vinculacin de un nuevo procesado a esta organizacin, para
poder ser sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
__________________________________________
TTULO CUARTO
CAPTULO NICO
DE LA PRISIN PREVENTIVA Y EJECUCIN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD
Artculo 42.- La autoridad deber mantener recluidos a los
procesados o sentenciados que colaboren en la persecucin y
procesamiento de otros miembros de la delincuencia organizada, en
establecimientos distintos de aquellos en que estos ltimos estn
recluidos, ya sea en prisin preventiva o en ejecucin de
sentencia.
LEY ESPECIAL SOBRE LA LEY DE NORMAS MNIMAS,
ARTCULO 18 DE LA CONSTITUCIN. (REFORMAS DE JUNIO DE 2008).
______________________________________
Artculo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere
la presente Ley no tendrn derecho a los beneficios de la libertad
preparatoria o de la condena condicional, salvo que se trate de
quienes colaboren con la autoridad en la investigacin y persecucin
de otros miembros de la delincuencia organizada.
COLABORACIN DE LOS SENTENCIADOS.
___________________________
Artculo 44.- La misma regla se aplicar en relacin al tratamiento
preliberacional y la remisin parcial de la pena a que se refiere la
ley que establece las normas sobre ejecucin de penas y medidas de
seguridad.
______________________________
Artculo 45.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere
esta ley no tendrn el derecho de compurgar sus penas en el centro
penitenciario ms cercano a su domicilio.
La legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas
y medidas de seguridad prever la definicin de los centros
especiales para la reclusin preventiva y la ejecucin de sentencias,
la restriccin de comunicaciones de los inculpados y sentenciados y
la imposicin de medidas de vigilancia especial a los internos por
delincuencia organizada.
REFORMAS A LA CONSTITUCIN DESDE 1999.
PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.
Artculo 18
Slo por delito que merezca pena privativa de libertad habr lugar
a prisin preventiva. El sitio de sta ser distinto del que se
destinare para la extincin de las penas y estarn completamente
separados.El sistema penitenciario se organizar sobre la base del
trabajo, la capacitacin para el mismo, la educacin, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinsercin del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los
beneficios que para l prev la ley. Las mujeres compurgarn sus penas
en lugares separados de los destinados a los hombres para tal
efecto.La Federacin, los Estados y el Distrito Federal podrn
celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del mbito
de su competencia extingan las penas en establecimientos
penitenciarios dependientes de una jurisdiccin diversa.La
Federacin, los Estados y el Distrito Federal establecern, en el
mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de
justicia que ser aplicable a quienes se atribuya la realizacin de
una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan
entre doce aos cumplidos y menos de dieciocho aos de edad, en el
que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta
Constitucin para todo individuo, as como aquellos derechos
especficos que por su condicin de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de doce aos que hayan
realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo sern
sujetos a rehabilitacin y asistencia social.
La operacin del sistema en cada orden de gobierno estar a cargo
de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la
procuracin e imparticin de justicia para adolescentes. Se podrn
aplicar las medidas de orientacin, proteccin y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la proteccin integral y el inters
superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia debern observarse en la
aplicacin de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos
los procedimientos seguidos a los adolescentes se observar la
garanta del debido proceso legal, as como la independencia entre
las autoridades que efecten la remisin y las que impongan las
medidas. stas debern ser proporcionales a la conducta realizada y
tendrn como fin la reintegracin social y familiar del adolescente,
as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El
internamiento se utilizar solo como medida extrema y por el tiempo
ms breve que proceda, y podr aplicarse nicamente a los adolescentes
mayores de catorce aos de edad, por la comisin de conductas
antisociales calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren
compurgando penas en pases extranjeros, podrn ser trasladados a la
Repblica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de
reinsercin social previstos en este artculo, y los sentenciados de
nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero
comn, podrn ser trasladados al pas de su origen o residencia,
sujetndose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado
para ese efecto. El traslado de los reclusos slo podr efectuarse
con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la
ley, podrn compurgar sus penas en los centros penitenciarios ms
cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegracin a la
comunidad como forma de reinsercin social. Esta disposicin no
aplicar en caso de delincuencia organizada y respecto de otros
internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Para la reclusin preventiva y la ejecucin de sentencias en
materia de delincuencia organizada se destinarn centros especiales.
Las autoridades competentes podrn restringir las comunicaciones de
los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con
terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de
vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos
establecimientos. Lo anterior podr aplicarse a otros internos que
requieran medidas especiales de seguridad, en trminos de la
ley.Artculo 19
El Ministerio Pblico slo podr solicitar al juez la prisin
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el
desarrollo de la investigacin, la proteccin de la vctima, de los
testigos o de la comunidad, as como cuando el imputado est siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisin de un
delito doloso. El juez ordenar la prisin preventiva, oficiosamente,
en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violacin, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, as como delitos graves que determine la ley en
contra de la seguridad de la nacin, el libre desarrollo de la
personalidad y de la salud.La ley determinar los casos en los
cuales el juez podr revocar la libertad de los individuos
vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculacin a proceso podr
prorrogarse nicamente a peticin del indiciado, en la forma que
seale la ley. La prolongacin de la detencin en su perjuicio ser
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del
establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que
dentro del plazo antes sealado no reciba copia autorizada del auto
de vinculacin a proceso y del que decrete la prisin preventiva, o
de la solicitud de prrroga del plazo constitucional, deber llamar
la atencin del juez sobre dicho particular en el acto mismo de
concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro
de las tres horas siguientes, pondr al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguir forzosamente por el hecho o hechos
delictivos sealados en el auto de vinculacin a proceso. Si en la
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deber ser objeto de investigacin
separada, sin perjuicio de que despus pueda decretarse la
acumulacin, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisin del auto de vinculacin a
proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la accin de
la justicia o es puesto a disposicin de otro juez que lo reclame en
el extranjero, se suspender el proceso junto con los plazos para la
prescripcin de la accin penal.Todo mal tratamiento en la aprehensin
o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribucin, en las crceles, son abusos que sern
corregidos por las leyes y reprimidos por las
autoridades.________________________________
TRANSITORIO
NICO.- Este Decreto entrar en vigor al da siguiente de su
publicacin en el Diario Oficial de la Federacin. Mxico, D.F., a 28
de octubre de 1996.- Sen. Melchor de los Santos Ordez, Presidente.-
Dip. Serafn Nez Ramos, Presidente.- Sen. Eduardo Andrade Snchez,
Secretario.- Dip. Severiano Prez Vzquez, Secretario.- Rbricas".
ANTES DE LA REFORMACON LA REFORMA
ARTCULO 16
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
No podr librarse ninguna orden de aprehensin o detencin, sino
por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia o querella de
un hecho que la ley seale como delito, sancionado cuando menos con
pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo
del delito y que hagan probable la responsabilidad del
indiciado.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensin, deber
poner al inculpado a disposicin del juez, sin dilacin alguna y bajo
su ms estricta responsabilidad. La contravencin a lo anterior ser
sancionada por la ley penal.
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede
detener al indiciado ponindolo sin demora a disposicin de la
autoridad inmediata y sta, con la misma prontitud, a la del
Ministerio Pblico.
Slo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la accin de la justicia, siempre y cuando no se
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razn de la hora, lugar
o circunstancia, el Ministerio Pblico podr, bajo su
responsabilidad, ordenar su detencin, fundando y expresando los
indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la
consignacin del detenido deber inmediatamente ratificar la detencin
o decretar la libertad con las reservas de ley.
Ningn indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por
ms de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su
libertad o ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este
plazo podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto
ser sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr
expedir y que ser escrita, se expresar el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y
los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe limitarse la
diligencia, levantndose al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique
la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privaca
de las mismas.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticin de la
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio
Pblico de la entidad federativa correspondiente, podr autorizar la
intervencin de cualquier comunicacin privada. Para ello, la
autoridad competente, por escrito, deber fundar y motivar las
causas legales de la solicitud, expresando adems, el tipo de
intervencin, los sujetos de la misma y su duracin. La autoridad
judicial federal no podr otorgar estas autorizaciones cuando se
trate de materias de carcter electoral, fiscal, mercantil, civil,
laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del
detenido con su defensor.
Las intervenciones autorizadas se ajustarn a los requisitos y
lmites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones
que no cumplan con stos, carecern de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podr practicar visitas domiciliarias
nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de polica; y exigir la exhibicin de los libros y
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las
disposiciones fiscales, sujetndose en estos casos, a las leyes
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas
estar libre de todo registro, y su violacin ser penada por la
ley.
En tiempo de paz ningn miembro del Ejrcito podr alojarse en casa
particular contra la voluntad del dueo, ni imponer prestacin
alguna. En tiempo de guerra los militares podrn exigir alojamiento,
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los trminos que
establezca la ley marcial correspondiente.
ARTCULO 16
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
No podr librarse orden de aprehensin sino por la autoridad
judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la
ley seale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y
obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que
exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en
su comisin.La autoridad que ejecute una orden judicial de
aprehensin, deber poner al inculpado a disposicin del juez, sin
dilacin alguna y bajo su ms estricta responsabilidad. La
contravencin a lo anterior ser sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en
que est cometiendo un delito o inmediatamente despus de haberlo
cometido, ponindolo sin demora a disposicin de la autoridad ms
cercana y sta con la misma prontitud, a la del Ministerio Pblico.
Existir un registro inmediato de la detencin.
Slo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave as
calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado
pueda sustraerse a la accin de la justicia, siempre y cuando no se
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razn de la hora, lugar
o circunstancia, el Ministerio Pblico podr, bajo su
responsabilidad, ordenar su detencin, fundando y expresando los
indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la
consignacin del detenido deber inmediatamente ratificar la detencin
o decretar la libertad con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a peticin del Ministerio Pblico y
tratndose de delitos de delincuencia organizada, podr decretar el
arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que
la ley seale, sin que pueda exceder de cuarenta das, siempre que
sea necesario para el xito de la investigacin, la proteccin de
personas o bienes jurdicos, o cuando exista riesgo fundado de que
el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Este plazo
podr prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Pblico acredite
que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la
duracin total del arraigo no podr exceder los ochenta das.
Por delincuencia organizada se entiende una organizacin de hecho
de tres o ms personas, para cometer delitos en forma permanente o
reiterada, en los trminos de la ley de la materia.
Ningn indiciado podr ser retenido por el Ministerio Pblico por
ms de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su
libertad o ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este
plazo podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como
delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto
ser sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que slo la autoridad judicial podr
expedir, a solicitud del Ministerio Pblico, se expresar el lugar
que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de
aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que nicamente debe
limitarse la diligencia, levantndose al concluirla, un acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la
autoridad que practique la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privaca
de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria
por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez
valorar el alcance de stas, siempre y cuando contengan informacin
relacionada con la comisin de un delito. En ningn caso se admitirn
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que
establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticin de la
autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio
Pblico de la entidad federativa correspondiente, podr autorizar la
intervencin de cualquier comunicacin privada. Para ello, la
autoridad competente deber fundar y motivar las causas legales de
la solicitud, expresando adems, el tipo de intervencin, los sujetos
de la misma y su duracin. La autoridad judicial federal no podr
otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carcter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni
en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarn con jueces de control que
resolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
tcnicas de investigacin de la autoridad, que requieran control
judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las
vctimas u ofendidos. Deber existir un registro fehaciente de todas
las comunicaciones entre jueces y Ministerio Pblico y dems
autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarn a los requisitos y
lmites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones
que no cumplan con stos, carecern de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podr practicar visitas domiciliarias
nicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de polica; y exigir la exhibicin de los libros y
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las
disposiciones fiscales, sujetndose en estos casos, a las leyes
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas
estar libre de todo registro, y su violacin ser penada por la
ley.
En tiempo de paz ningn miembro del Ejrcito podr alojarse en casa
particular contra la voluntad del dueo, ni imponer prestacin
alguna. En tiempo de guerra los militares podrn exigir alojamiento,
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los trminos que
establezca la ley marcial correspondiente.
ARTCULO 17
Ninguna persona podr hacerse justicia por s misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarn expeditos para impartirla en los plazos y
trminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio ser gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes federales y locales establecern los medios necesarios
para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecucin de sus resoluciones.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carcter puramente
civil.
ARTCULO 17
Ninguna persona podr hacerse justicia por s misma, ni ejercer
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarn expeditos para impartirla en los plazos y
trminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio ser gratuito, quedando,
en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes prevern mecanismos alternativos de solucin de
controversias. En la materia penal regularn su aplicacin, asegurarn
la reparacin del dao y establecern los casos en los que se requerir
supervisin judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales debern
ser explicadas en audiencia pblica previa citacin de las partes.Las
leyes federales y locales establecern los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecucin de sus resoluciones.
La Federacin, los Estados y el Distrito Federal garantizarn la
existencia de un servicio de defensora pblica de calidad para la
poblacin y asegurarn las condiciones para un servicio profesional
de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores
no podrn ser inferiores a las que correspondan a los agentes del
Ministerio Pblico.Nadie puede ser aprisionado por deudas de carcter
puramente civil.
ARTCULO 18
Slo por delito que merezca pena corporal habr lugar a prisin
preventiva. El sitio de sta ser distinto del que se destinare para
la extincin de las penas y estarn completamente separados.
Los Gobiernos de la Federacin y de los Estados organizarn el
sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del
trabajo, la capacitacin para el mismo y la educacin como medios
para la readaptacin social del delincuente. Las mujeres compurgarn
sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para
tal efecto.
Los Gobernadores de los Estados, sujetndose a lo que establezcan
las leyes locales respectivas, podrn celebrar con la Federacin
convenios de carcter general, para que los reos sentenciados por
delitos del orden comn extingan su condena en establecimientos
dependientes del Ejecutivo Federal.
La Federacin, los Estados y el Distrito Federal establecern, en
el mbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de
justicia que ser aplicable a quienes se atribuya la realizacin de
una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan
entre doce aos cumplidos y menos de dieciocho aos de edad, en el
que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta
Constitucin para todo individuo, as como aquellos derechos
especficos que por su condicin de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de doce aos que hayan
realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo sern
sujetos a rehabilitacin y asistencia social.
La operacin del sistema en cada orden de gobierno estar a cargo
de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la
procuracin e imparticin de justicia para adolescentes. Se podrn
aplicar las medidas de orientacin, proteccin y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la proteccin integral y el inters
superior del adolescente.Las formas alternativas de justicia debern
observarse en la aplicacin de este sistema, siempre que resulte
procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes
se observar la garanta del debido proceso legal, as como la
independencia entre las autoridades que efecten la remisin y las
que impongan las medidas. stas debern ser proporcionales a la
conducta realizada y tendrn como fin la reintegracin social y
familiar del adolescente, as como el pleno desarrollo de su persona
y capacidades. El internamiento se utilizar solo como medida
extrema y por el tiempo ms breve que proceda, y podr aplicarse
nicamente a los adolescentes mayores de catorce aos de edad, por la
comisin de conductas antisociales calificadas como graves.Los reos
de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en
pases extranjeros, podrn ser trasladados a la Repblica para que
cumplan sus condenas con base en los sistemas de readaptacin social
previstos en este artculo, y los reos de nacionalidad extranjera
sentenciados por delitos del orden federal en toda la Repblica, o
del fuero comn en el Distrito Federal, podrn ser trasladados al pas
de su origen o residencia, sujetndose a los Tratados
Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. Los
gobernadores de los Estados podrn solicitar al Ejecutivo Federal,
con apoyo en las leyes locales respectivas, la inclusin de reos del
orden comn en dichos Tratados. El traslado de los reos slo podr
efectuarse con su consentimiento expreso.Los sentenciados, en los
casos y condiciones que establezca la ley, podrn compurgar sus
penas en los centros penitenciarios ms cercanos a su domicilio, a
fin de propiciar su reintegracin a la comunidad como forma de
readaptacin social.
ARTCULO 18
Slo por delito que merezca pena privativa de libertad habr lugar
a prisin preventiva. El sitio de sta ser distinto del que se
destinare para la extincin de las penas y estarn completamente
separados.
El sistema penitenciario se organizar sobre la base del trabajo,
la capacitacin para el mismo, la educacin, la salud y el deporte
como medios para lograr la reinsercin del sentenciado a la sociedad
y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que
para l prev la ley. Las mujeres compurgarn sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres para tal efecto.La
Federacin, los Estados y el Distrito Federal podrn celebrar
convenios para que los sentenciados por delitos del mbito de su
competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios
dependientes de una jurisdiccin diversa.La Federacin, los Estados y
el Distrito Federal establecern, en el mbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia que ser aplicable a
quienes se atribuya la realizacin de una conducta tipificada como
delito por las leyes penales y tengan entre doce aos cumplidos y
menos de dieciocho aos de edad, en el que se garanticen los
derechos fundamentales que reconoce esta Constitucin para todo
individuo, as como aquellos derechos especficos que por su condicin
de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas
menores de doce aos que hayan realizado una conducta prevista como
delito en la ley, solo sern sujetos a rehabilitacin y asistencia
social.
La operacin del sistema en cada orden de gobierno estar a cargo
de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la
procuracin e imparticin de justicia para adolescentes. Se podrn
aplicar las medidas de orientacin, proteccin y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la proteccin integral y el inters
superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia debern observarse en la
aplicacin de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos
los procedimientos seguidos a los adolescentes se observar la
garanta del debido proceso legal, as como la independencia entre
las autoridades que efecten la remisin y las que impongan las
medidas. stas debern ser proporcionales a la conducta realizada y
tendrn como fin la reintegracin social y familiar del adolescente,
as como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El
internamiento se utilizar solo como medida extrema y por el tiempo
ms breve que proceda, y podr aplicarse nicamente a los adolescentes
mayores de catorce aos de edad, por la comisin de conductas
antisociales calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren
compurgando penas en pases extranjeros, podrn ser trasladados a la
Repblica para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de
reinsercin social previstos en este artculo, y los sentenciados de
nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero
comn, podrn ser trasladados al pas de su origen o residencia,
sujetndose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado
para ese efecto. El traslado de los reclusos slo podr efectuarse
con su consentimiento expreso.Los sentenciados, en los casos y
condiciones que establezca la ley, podrn compurgar sus penas en los
centros penitenciarios ms cercanos a su domicilio, a fin de
propiciar su reintegracin a la comunidad como forma de reinsercin
social. Esta disposicin no aplicar en caso de delincuencia
organizada y respecto de otros internos que requieran medidas
especiales de seguridad.Para la reclusin preventiva y la ejecucin
de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarn
centros especiales. Las autoridades competentes podrn restringir
las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por
delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su
defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se
encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podr
aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de
seguridad, en trminos de la ley.
ARTCULO 19
Ninguna detencin ante autoridad judicial podr exceder del plazo
de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a
su disposicin, sin que se justifique con un auto de formal prisin
en el que se expresarn: el delito que se impute al acusado; el
lugar, tiempo y circunstancias de ejecucin, as como los datos que
arroje la averiguacin previa, los que debern ser bastantes para
comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad
del indiciado.Este plazo podr prorrogarse nicamente a peticin del
indiciado, en la forma que seale la ley. La prolongacin de la
detencin en su perjuicio ser sancionada por la ley penal. La
autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre
internado el indiciado, que dentro del plazo antes sealado no
reciba copia autorizada del auto de formal prisin o de la solicitud
de prrroga, deber llamar la atencin del juez sobre dicho particular
en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia
mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondr al indiciado
en libertad.
Todo proceso se seguir forzosamente por el delito o delitos
sealados en el auto de formal prisin o de sujecin a proceso. Si en
la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deber ser objeto de averiguacin
separada, sin perjuicio de que despus pueda decretarse la
acumulacin, si fuere conducente.
Todo mal tratamiento en la aprehensin o en las prisiones, toda
molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o
contribucin, en las crceles, son abusos que sern corregidos por las
leyes y reprimidos por las autoridades.
ARTCULO 19
Ninguna detencin ante autoridad judicial podr exceder del plazo
de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a
su disposicin, sin que se justifique con un auto de vinculacin a
proceso en el que se expresar: el delito que se impute al acusado;
el lugar, tiempo y circunstancias de ejecucin, as como los datos
que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley seale como
delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometi o
particip en su comisin.El Ministerio Pblico slo podr solicitar al
juez la prisin preventiva cuando otras medidas cautelares no sean
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el
juicio, el desarrollo de la investigacin, la proteccin de la
vctima, de los testigos o de la comunidad, as como cuando el
imputado est siendo procesado o haya sido sentenciado previamente
por la comisin de un delito doloso. El juez ordenar la prisin
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada,
homicidio doloso, violacin, secuestro, delitos cometidos con medios
violentos como armas y explosivos, as como delitos graves que
determine la ley en contra de la seguridad de la nacin, el libre
desarrollo de la personalidad y de la salud.La ley determinar los
casos en los cuales el juez podr revocar la libertad de los
individuos vinculados a proceso.El plazo para dictar el auto de
vinculacin a proceso podr prorrogarse nicamente a peticin del
indiciado, en la forma que seale la ley. La prolongacin de la
detencin en su perjuicio ser sancionada por la ley penal. La
autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre
internado el indiciado, que dentro del plazo antes sealado no
reciba copia autorizada del auto de vinculacin a proceso y del que
decrete la prisin preventiva, o de la solicitud de prrroga del
plazo constitucional, deber llamar la atencin del juez sobre dicho
particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la
constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondr al
indiciado en libertad.
Todo proceso se seguir forzosamente por el hecho o hechos
delictivos sealados en el auto de vinculacin a proceso. Si en la
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deber ser objeto de investigacin
separada, sin perjuicio de que despus pueda decretarse la
acumulacin, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisin del auto de vinculacin a
proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la accin de
la justicia o es puesto a disposicin de otro juez que lo reclame en
el extranjero, se suspender el proceso junto con los plazos para la
prescripcin de la accin penal.Todo mal tratamiento en la aprehensin
o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribucin, en las crceles, son abusos que sern
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
ARTCULO 20
ARTCULO 20
El proceso penal ser acusatorio y oral. Se regir por los
principios de publicidad, contradiccin, concentracin, continuidad e
inmediacin.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendr por objeto el esclarecimiento de los
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede
impune y que los daos causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez, sin que
pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoracin de las
pruebas, la cual deber realizarse de manera libre y lgica;
III. Para los efectos de la sentencia slo se considerarn como
prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de
juicio. La ley establecer las excepciones y los requisitos para
admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza
requiera desahogo previo;
IV. El juicio se celebrar ante un juez que no haya conocido del
caso previamente. La presentacin de los argumentos y los elementos
probatorios se desarrollar de manera pblica, contradictoria y
oral;V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo
penal. Las partes tendrn igualdad procesal para sostener la
acusacin o la defensa, respectivamente;
VI. Ningn juzgador podr tratar asuntos que estn sujetos a
proceso con cualquiera de las partes sin que est presente la otra,
respetando en todo momento el principio de contradiccin, salvo las
excepciones que establece esta Constitucin;VII. Una vez iniciado el
proceso penal, siempre y cuando no exista oposicin del inculpado,
se podr decretar su terminacin anticipada en los supuestos y bajo
las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante
la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las
consecuencias, su participacin en el delito y existen medios de
conviccin suficientes para corroborar la imputacin, el juez citar a
audiencia de sentencia. La ley establecer los beneficios que se
podrn otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;VIII.
El juez slo condenar cuando exista conviccin de la culpabilidad del
procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violacin de derechos
fundamentales ser nula, yX. Los principios previstos en este
artculo, se observarn tambin en las audiencias preliminares al
juicio.B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la
causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su
detencin se le harn saber los motivos de la misma y su derecho a
guardar silencio, el cual no podr ser utilizado en su perjuicio.
Queda prohibida y ser sancionada por la ley penal, toda
incomunicacin, intimidacin o tortura. La confesin rendida sin la
asistencia del defensor carecer de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detencin
como en su comparecencia ante el Ministerio Pblico o el juez, los
hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratndose
de delincuencia organizada, la autoridad judicial podr autorizar
que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
La ley establecer beneficios a favor del inculpado, procesado o
sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigacin y
persecucin de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirn los testigos y dems pruebas pertinentes que
ofrezca, concedindosele el tiempo que la ley estime necesario al
efecto y auxilindosele para obtener la comparecencia de las
personas cuyo testimonio solicite, en los trminos que seale la
ley;
V. Ser juzgado en audiencia pblica por un juez o tribunal. La
publicidad slo podr restringirse en los casos de excepcin que
determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad
pblica, proteccin de las vctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelacin de datos legalmente protegidos, o
cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para
justificarlo.
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la
fase de investigacin podrn tener valor probatorio, cuando no puedan
ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o vctimas.
Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o
impugnarlas y aportar pruebas en contra;
VI. Le sern facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrn acceso a los registros de la
investigacin cuando el primero se encuentre detenido y cuando
pretenda recibrsele declaracin o entrevistarlo. Asimismo, antes de
su primera comparecencia ante juez pod
